Res. 09022-2009 Sala Constitucional — Montaña Tranquila Project and aquifer protectionProyecto Montaña Tranquila y protección de mantos acuíferos

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Resolución Nº 09022 - 2009

Fecha de la Resolución: 29 de Mayo del 2009 a las 10:11

Expediente: 08-007018-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

 

* 080070180007CO *

Exp: 08-007018-0007-CO

Res. Nº 2009-009022

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y once minutos del veintinueve de mayo del dos mil nueve.

Recurso de amparo interpuesto por FABIO RODRIGUEZ ALVAREZ, FERNANDO CALVO RODRIGUEZ, JESUS FRANCISCO ALVAREZ MOLINA, OSCAR ENRIQUE BARRANTES, RAMON DANILO PANIAGUA ARAYA, cédulas de identidad número 0202980278, 0202980278, 0202890966, 0303140904, 0105280071, a favor de LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE CARRIZAL, LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE CINCO ESQUINAS DE CARRIZAL, LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARRIZAL DE ALAJUELA, LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CINCO ESQUINAS DE CARRIZAL Y EL COMITE BANDERA AZUL ECOLOGICA, contra el PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGIA (MINAE), LA MINISTRA DE SALUD, EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DE HEREDIA, LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL (SETENA) Y EL GERENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10 horas y 06 minutos del 7 de mayo del 2008, los recurrentes interponen Recurso de amparo y manifiestan (Folio 1): a) Que se inició el desarrollo del Proyecto Turístico Montaña Tranquila, cuya razón social es Lácteos Romero S.A., documento de identidad 3-101-110231-28, cuyo representante legal es el señor Guillermo Escalante H.  b) Que el proyecto se encuentra ubicado en las faldas del Cerro Guararí o Concordia dentro del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, en la hoja cartográfica Barva escala 1:50.000 y se pretende ubicar sobre las áreas de recarga de los acueductos de las localidades de Cinco Esquinas, Carrizal y parte de Santa Bárbara y Alajuela, las cuáles se encuentran en las faldas del cerro Guararí o Concordia.  c) Que el proyecto se encuentra ubicado dentro de la zona de protección establecida según decreto N° LXV del 30 de julio de 1888, el cual declara inalienables las tierras en que tienen su origen las aguas que abastecen poblaciones de Heredia, Alajuela, Puntarenas y alimentan los mantos acuíferos Colima Superior e Inferior, de los cuáles depende la vida de toda la Gran Area Metropolitana y Puntarenas. Actualmente vigente según oficio O.J. 118-2004 de la Procuraduría General de la República de Costa Rica del 27 de setiembre de 2004.  d) Que de acuerdo a la propuesta de Zonificación de Protección Acuífera Micro-cuencas Heredia, el cantón de Santa Bárbara y en especial, el lugar donde se ubica el proyecto de marras, se denomina zona 1 la cuál es de mayor importancia hidrogeológica y de mayor vulnerabilidad. e) Que se realizaron extracciones de material de un tajo y la construcción y mejora de caminos dentro de la citada finca, con el agravante de que la tierra producto de los movimientos la están tirando en la Cuenca de la Conejera, provocando su contaminación. f) Que existe una naciente captada para abastecer el proyecto de marras y que los escombros y tierra los están vertiendo a menos de 50 metros arriba de la naciente en la misma micro-cuenca. g) Que según oficio SG-941-2007 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la viabilidad técnica otorgada al proyecto Montaña Tranquila es para la construcción de: caballeriza, casa para encargado, rancho, cabina y área para columpio. h) Que según oficio OAMSB 107-2008 del 28 de enero del 2008, la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara, dice..."por el momento no existe ningún permiso de construcción otorgado a la empresa Lácteos Romero, Sociedad Anónima que es la propietaria de los inmuebles mencionados en el proyecto. Que la misma no tiene los visados municipales, en los planos catastrados. Que no hay acceso libre al proyecto por ser calle privada, aunque el propietario del inmueble diga que es calle pública. Que tampoco los planos cumplen con los requisitos para otorgar el uso del suelo. Solamente se le ha otorgado para construcción de tapia y portón. Que las demás obras se encuentran clausuradas rotundamente por nuestra Municipalidad según notificaciones 0712, 0534 y 0464 sin embargo el propietario continúa realizando labores de construcción clandestinamente, pues como dije anteriormente es una propiedad privada de difícil acceso y pese a varios intentos de ingresar mi persona en conjunto con personeros de la asesoría legal de la municipalidad y testigos al proyecto en mención se han negado a darnos el ingreso, de ello constan actas en nuestros expedientes administrativos. (Ver nota adjunta)."...(sic).  i) Que según manifiesta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el punto noveno del descargo que hace al expediente 07-009989-0007-CO. “(…) Es cierto. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el SENARA han realizado estudios muy costosos en el Valle Central, entre ellos el denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica, realizado por el SENARA y avalado por la Junta Directiva de AyA, en el cuál entre otros aspectos se señala, que las zonas de mayor recarga potencial se encuentran en Alajuela, Heredia y San José y entre ellos el cantón de Barva, según lo indica el oficio DGAmb-EB-2007-332 del 29 de agosto, la Jefatura de Estudios Básicos señala en el punto 4: Otro punto de este estudio se basa en la propuesta de zonificación, donde no se permite la impermeabilización de las zonas de recarga de los acuíferos Colima y Barva, como también evitar el riesgo de contaminación de acuíferos se propone como área de protección, la zona agropecuaria definida por la GAM 1982. Para esta zona se propone los usos del suelo indicados por la Comisión Interinstitucional de Micro cuencas de Heredia CIMH 2005, que no permiten urbanizaciones de alta densidad poblacional, desarrollos turísticos intensos, industrias consideradas peligrosas tipo A y B, Código CHU, utilizar la matriz de criterios de uso del suelo según vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico propuesta por SENARA(…)”  j) Que el proyecto de marras no toma en cuenta criterios técnicos, postulados de la biología de la conservación, ni estudios de impacto ambiental. k) Que los diferentes tipos de proyectos turísticos y de otra índole que intentan implementar en el Área de protección establecida por el decreto N° LXV del 30 de julio de 1888 y en las zonas hidrogeológicamente vulnerables, es debido a la falta de delimitación de estas zonas y a la ausencia de participación activa de las diferentes instituciones del Estado en velar por su protección y control.  Consideran vulnerados los derechos constitucionales en virtud de que el desarrollo de las obras realizadas hasta la fecha, violentan el estado de derecho, alteraron el ecosistema y amenazan el recurso hídrico de la población y en consecuencia la salud y la vida y la Secretaría Técnica Ambiental no realiza las inspecciones debidas para constatar si es real o no el desarrollo de las obras a las que le da viabilidad técnica y están obviando las características hidrogeológicas y de vulnerabilidad del lugar.  Solicitan se declare con lugar el recurso y se ordene: a) Suspender las obras de construcción, movimientos de tierra y cualquier otra actividad en el Proyecto Turístico Montaña Tranquila. b) Que se condene por los daños ocasionados. c) Que se exija al Instituto Geográfico Nacional, al MINAE y cualquier otra institución la delimitación del amojonamiento del Area de protección establecida en el decreto no. LXV del 30 de julio de 1888. d) Que se exija al MINAE, al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), al AyA y al INVU realizar los trabajos de coordinación para establecer las áreas donde se prohíbe este tipo de instalaciones, edificaciones o actividades humanas en las zonas hidrogeológicamente vulnerables de recarga y descarga de los mantos acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior que amenacen la contaminación del agua prístina.  e) Que se exija al MINAE, al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), al AyA y al INVU realizar los trabajos de coordinación para realizar un Plan estratégico para la gestión ambiental sostenida de las aguas subterráneas en las zonas hidrogeológicamente vulnerables de recarga y descarga de los mantos acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior. f) Que se exija al MINAE, al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), al AyA, al INVU y otras instituciones, realizar los trabajos de coordinación para concretar los acuerdos con las municipalidades respectivas de los cantones inmersas en el área hidrogeológicamente vulnerable de carga y descarga de los mantos acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior, para recuperar, expropiar o comprar los terrenos para la preservación del recurso hídrico. g) Que se exija al MINAE, al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), al AyA, al INVU y otras instituciones,  realizar los trabajos de coordinación con las municipalidades de Barva y Santa Bárbara. h) Que se ordene abstenerse de otorgar permisos de construcción de urbanizaciones, fraccionamientos, segregaciones, condominios o cualquier otro asentamiento urbano, industrias, actividades agrícolas y comercios en las zonas protegidas de reserva o en las áreas que aún no han sido protegidas pero que sobreyacen las zonas de carga y descarga de los principales mantos acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior.  

2.  Mediante resolución de las ocho horas y cuarenta y seis minutos del 13 de mayo del 2008, se dio curso al presente Recurso y se tuvo como parte en este recurso de amparo a GUILLERMO ESCALANTE H. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "LACTEOS ROMERO".

3.- Informa bajo juramento DRA. LIDIETH CARBALLO QUESADA en su condición de VICEMINISTRA DE SALUD y en virtud de que la Titular de la Carretera se encuentra fuera del Despacho Ministerial, lo siguiente (Informe de folio 101): a) Que el presente asunto ha sido atendido por la Región Central Norte y la Dirección del Área Rectora de Santa Bárbara de Heredia. b) Que con  fecha 16 de mayo de 2008, el oficio ARSA-SB-0601-08 (Folio 104), suscrito por el Dr. Marco Tulio Zumbado Ulate, Director del área Regional de Santa Bárbara de Heredia, informa: Que en relación al proyecto turístico denominado “Proyecto Montaña Tranquila” en el Área Rectora de salud de Santa Bárbara no existe ningún trámite realizado por dicha razón social, ni ninguna otra con ese nombre. Que se habló con el Abogado Municipal, el Licenciado Goyenaga, quien indica que la Municipalidad se ha opuesto al proyecto en mención y que no ha habido permisos por parte de esa corporación, pero que los permisionarios han realizado algunos movimientos de tierra y reconstruido una campaña en el lugar. Que incluso fueron denunciados por el Ministerio de Ambiente y Energía ante la Fiscalía del Ministerio Publico. c) Que con fecha 20 de mayo de 2008, se recibe informe técnico numero RCN-AJ-172- 2008, que está referido a la inspección físico-sanitaria, realizado por funcionarios de la Región Central Norte, al proyecto sita: Los Cartagos, Roble Santo Domingo de Santa Bárbara de Heredia el día 19 de mayo del 2008, donde se concluye con lo siguiente: “El proyecto, es una zona que debería permanecer protegida y con restricciones consecutivas, debido a sus condiciones, y a la importancia para la conservación de la fauna y recursos hídrico. 1. Montaña Tranquila no cuenta con los permisos ni los documentos establecido para todo tipo de actividades”. Dentro del informe técnico dicho, se recomienda lo siguiente: “Se recomienda realizar visitas periódicas al Proyecto Montaña Tranquila, con el fin de dar un seguimiento adecuado a este caso y tomar las medidas que correspondan con base en el articulo 355 y 356 de la Ley General de Salud, para que se ordene la suspensión de cualquier tipo de obra en el lugar, incluyendo en movimiento de tierras y mejoras del camino que da acceso a la propiedad hasta tanto se analice la viabilidad del mismo”. d) Que el presente caso no ha sido atendido por funcionarios del Ministerio de Salud, donde conozcan y hayan realizado algún acto administrativo sobre el proyecto ni tampoco sobre la sociedad anónima, propietaria del citado proyecto. e) Que funcionarios municipales, se han opuesto al proyecto citado, pero los permisionarios del mismo han estado realizando obras como la reconstrucción de una cabaña y han sido denunciados por otros funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía ante la Fiscalía del Ministerio Publico.  Que solicita que sea declarado sin lugar el presente Recurso en relación con su ministerio por haberse demostrado que los funcionarios de este Ministerio, no han violado ningún precepto constitucional ni legal.

4.- Informa bajo juramento ROLANDO HIDALGO VILLEGAS en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE HEREDIA (Informe folio 114) lo siguiente: a) El día 26 de julio de 2006, los señores Fernando Calvo del Programa Bandera Azul Ecológica y Francisco Álvarez de ASADA Carrizal, solicitan en nombre de la Comunidad de Carrizal se investigue la eliminación del sotobosque de dos zonas boscosas ubicadas en la parte alta de Carrizal en el Distrito de Santo Domingo del Roble, Cantón Santa Bárbara de Heredia, pues dichos señores realizaron un recorrido por el área, constatando la eliminación del sotobosque en un área de pronunciada pendiente e irrespetando el área de protección de dos quebradas y de nacientes captados para el consumo humano. Según informaron en el lugar se pretendía habitar los terrenos para hacer la venta de lotes, siendo esto un problema para el recurso hídrico pues esta es área de recarga de naciente que abastecen los acueductos de Cinco Esquinas, Carrizal, Santa Bárbara y Alajuela, y la solicitud era para que el Consejo Municipal denunciara al Tribunal Ambiental para evitar daños a esos recursos. b) El Consejo Municipal de Santa Bárbara, mediante acuerdo No. 300-06 artículo 3 inciso u, de la sesión ordinaria No. 16 del día 15 de agosto de 2006 decide por votación unánime dirigirse al Ministerio del Ambiente y Energía y al Tribunal Ambiental para que se realicen las investigaciones pertinentes. c) También mediante acuerdo Municipal No. 35-2007 de fecha 28 de agosto de 2007 de la Municipalidad de Alajuela, se decide buscar solución conjunta entre municipalidades.  d) Que se han realizado tres notificaciones de clausura de obras de los caminos y movimientos de tierra en este lugar. En agosto de 2007 se notifica una orden de clausura por tercera vez al representante y de constató que sólo hay una caballeriza, cabaña, columpios y rancho construido. Que no han vuelto a irrespetar dicha disposición. Que han visitado el lugar en varias ocasiones, han tomado video, actas de inspección legal y consta que todo está actualmente sin ninguna construcción desde el momento último de clausura. e) El día 8 de octubre de 2007, se decide interponer una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo Expediente No. 246-06-02-TAA para que investiguen los hechos.  f) Que no consta que el Proyecto esté dentro de la zona de protección del decreto No. LXV del 30 de julio de 1888, pues quien tiene que delimitar estas coordenadas geográficas no es la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Que mediante oficio número DALMSB2008 se le solicitó a la Procuraduría General de la República, un criterio y mediante respuesta AAA-590- 2008, sin contestar lo solicitado, solamente hace referencia a la jurisprudencia administrativa y remite a los oficios AAA-901-2006 sin pronunciarse expresamente sobre el tema. g) Que es necesario darle contenido geográfico legal a la delimitación de los 2 kilómetros que se señala en el decreto supradicho, para lo cual debe exigirse al Instituto Geográfico Nacional hacerlo de inmediato. h) Que su Municipalidad ha sido protectora del recurso hídrico. En sesión ordinaria No. 20 del día 7 de diciembre de 2006, acuerdo 586-06, se analizó el estudio de la Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia, que trata sobre la delimitación de zonas de Protección Acuíferas en las microcuencas del río Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, estableciendo expresamente las zonas 1 y 2 de protección, y delimitando que actividades se puede o no hacer en la zona (Publicación de la Gaceta No. 172 del 7 de setiembre de 2007).  i) Las tres propiedades inmuebles registrales del Desarrollo Integral Montaña tranquila, son las pertenecientes al folio real de la Provincia de Heredia 4-107288-000, 4-066142-000, 4-31057- 000. La finca 4-31057-000, de acuerdo a las coordenadas, parece que no está afectada por el decreto LVX de 1888, ni tampoco por la zona 1 de microcuencas.  j) Los terrenos están ubicados dentro del Aéreas Silvestre Protegida denominada Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central en los términos del árticulo 32 y 37 de la Ley General del Ambiente. A quien le corresponde velar por el plan de manejo de recursos  es al Ministerio de Ambiente. Al Poder Ejecutivo también le corresponde intervenir cuando hay incumplimiento de limitaciones al plan de manejo y lo debe hacer a través de la Procuraduría General de la República.  De probarse que hubo incumplimiento de las sociedades Lácteos Romero S.A, Isla Tranquila S.A, BLUE PRINCE CORPORATION  S.A y finalmente del último fiduciario quien es el señor Carlos Enrique López Baltodano, cédula 5-0264-0017 (todas las anteriores de alguna u otra forma propietarias en algún momento registral del Desarrollo Integral Montaña Tranquila), los terrenos deben pasar a manos del Estado Costarricense incluso hasta la Hacienda la Concordia. k) Se ha solicitado al SETENA, MINAE, y a la Procuraduría, acerca de quién o qué institución va a delimitar  los alcances del pronunciamiento OJ-118-2004 de la Procuraduría General de La República. l) De la Denuncia Ambiental No.2246-06-02-TAA, se extrae la valoración del daño biofísico y ambiental y del costo de la recuperación, estudio que hicieron los expertos del MINAE, y que representan únicamente el 1% de los movimientos. m) Que tienen entendido que el MINAE interpuso una denuncia penal en la Fiscalía de Flores No. 07-003210-069-PE contra los señores Soto Kunh Adriana y Guillermo Escalante Henchoz por Infracción a la Ley Forestal y la Fiscal Debby Garay Boza, es la encargada del caso.  n) Que la actual propietaria es la señora Adriana Soto Kunh, representante de las propiedades en el Fideicomiso Blue Price Corporación S.A, y el señor Carlos Enrique López Baltodano, aparece en calidad de fiduciario en el  registro público.  o) Que sólo hay 3 nacientes visibles y permanentes concesionadas ante el Departamento de Aguas del Minae en el proyecto. Las demás son intermitentes y se secan en el periodo del verano. p) En la pagina web www.drh.go.cr  del Departamento de Aguas del Minae, aparecen 13 concesiones a nombre de Lacteos Romero, S.A, en el 2006, a la fecha de los movimientos de tierra, sólo se ensucio un poco, la que da a 50 metros de la Quebrada las Conejas, según lo inspeccionó el Minae y consta en el expediente del Tribunal Ambiental. q) Que con respecto al proyecto Montaña Tranquila, él como Alcalde ya había advertido desde el mes de enero del 2008 sobre este proyecto en Internet. r) Que todo el Cerro Guararí y el de Concordia son una herencia hidrológica para 500 años que debe ser protegida a toda costa, pues de allí sale agua para todo el Valle Central y algunas otras Provincias no sólo hay que pensar en Carrizal. s) Que pidió pronunciamiento al Setena mediante Oficio DLAMSB-0045-2008 del 5 de mayo del 2008 y está a la espera de la respuesta. t) Que la Municipalidad, desde el oficio OAMSB-290-2008 tiene suspendido todo tipo de trámite de autorización Municipal para la construcción de obras, hasta que el Tribunal Ambiental se pronuncie al respecto.  u) El Estado, a través de la Procuraduría General de la República, o el Minae deben establecer cuáles son los limites al plan de manejo de dichos recursos o en su efecto recuperar los terrenos para las futuras generaciones. En igual sentido apoyar al Estado para que expropie dichos terrenos.  Que la Municipalidad ha cumplido a cabalidad clausurando todo tipo de obra constructiva y trámite de autorización municipal y no han permitido más daño ambiental. Que considera que las demás instituciones le han dejado solo en esta tarea (Tribunal Ambiental, Fiscalía, SETENA, MINAE ni la Procuraduría General de la República). Solicita que se ordene la delimitación geográfica de las coordenadas tanto del contenido de la Ley LVX de 1888 y la delimitación de las zonas 1 de microcuencas.  Que se ordene a las autoridades dar seguimiento a los planes de manejo de los recursos naturales y se ordene la recuperación de los terrenos que no cumplan con las obligaciones establecidas para las áreas silvestres protegidas dentro de la Reserva Forestal Coordillera Volcánica Central.

5.- Informa bajo juramento ELADIO PRADO CASTRO en su condición de PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  (Informe folio 543) lo siguiente: a) Que sobre lo alegado por los recurrentes el INVU no tiene conocimiento ni es de su competencia, sino del Ministerio de Salud, MINAE, SETENA, SENARA y Municipalidad de Santa Bárbara. b) Que en sus registros no existe permiso o autorización para el desarrollo de este proyecto ni ningún tipo de estudio. c) Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y SENARA son los entes responsables en materia de aguas y les corresponde realizar los estudios respectivos y señalar las áreas de más recarga acuífera y dictaminar sus vulnerabilidades o peligros. De allí que la propuesta de Zonificación, donde se permite la impermeabilización de las zonas de recarga acuífera son de competencia de ellos y no se su institución. d) Que esta propiedad se encuentra en zona especial de protección, según las regulaciones provenientes del PLAN GAM y en donde todos los usos están limitados a favor del medio ambiente y del resguardo del recurso hídrico. e) Que los otorgamientos de uso de suelo los realiza la Municipalidad y de la Comisión Interinstitucional de micro cuencas de Heredia CIMH-2005, de la que el INVU no forma parte.  f)  Que el INVU no ha tenido ninguna intervención, ni conocimiento sobre el caso y no es de su competencia. Solicita se declare sin lugar el recurso contra e INVU.      

6.- Informa bajo juramento SONIA ESPINOZA VALVERDE en su condición de SECRETARIA GENERAL a.i. DE LA SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (Informe folio 550) lo siguiente: a) Que de conformidad con el informe técnico bajo oficio SG-DAP-400-2008 y el expediente administrativo D”-1952, en la Secretaría se realizó un proceso de evaluación ambiental de un proyecto denominado Montaña Tranquila ubicado en la Provincia de Heredia, Cantón Cuarto Santa Bárbara, Distrito Quinto Santo Domingo, número de plano H-1105122-2006, número de finca 4-107288-000 y 4-31057-000. b) El 11 de diciembre del 2006, la empresa Lácteos Romero S.A., representada por el señor Guillermo Escalante Henchoz, presentó el Documento de Evaluación Ambiental número D2- 1952-2006. En dicho formulario D-2, que tiene validez de declaración jurada, el interesado señala que el área neta del proyecto es de 537 metros cuadrados, que el proyecto se abastecerá de agua de una naciente, el consumo de agua no supera los 50 metros cúbicos al mes, que no se requiere talar árboles, que las aguas servidas se tratarán por medio de tanque séptico y que los volúmenes de material a remover no superan los 200 metros cúbicos. c) Que con esas características el proyecto analizado corresponde a una actividad de Bajo Impacto Ambiental Potencial. d) El 11 de diciembre del 2006, mediante oficio SGPDGI-1746-2006 se le solicita al desarrollador la presentación de la descripción detallada del proyecto y diseño de la obra a desarrollar. e) El 18 de diciembre del 2006, el interesado señala que el proyecto contempla los siguientes componentes: una caballeriza para 18 caballos (300 metros cuadrados), casa del encargado de los caballos (64 metros cuadrados), un rancho (88 metros cuadrados), una cabina (85 metros cuadrados), para un área de 537 metros cuadrados. Además contará con un área para ubicar un columpio infantil (60 metros cuadrados). f) El 19 de enero del 2007, como la actividad se considera de Bajo Impacto Ambiental Potencial se procedió a emitir la Viabilidad Ambiental mediante resolución RVLA-087-2007-SETENA, en el que se señaló: “(…) Se advierte al desarrollador que si llegare a verificar el incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 31849 o de comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada por el carácter de Declaración Jurada que tiene el instrumento presentado, esta Secretaría podrá proceder conforme a lo señalado en el artículo 15 de ese mismo Decreto, dejando sin efecto la viabilidad ambiental otorgada mediante este documento(…)”. Señala que esta Viabilidad Ambiental no abarca extracción de materiales de tajo, ni construcción y mejoras de caminos dentro de la propiedad. Contempla: una caballeriza para 18 caballos (300 metros cuadrados), casa del encargado de los caballos (64 metros cuadrados), un rancho (88 metros cuadrados), una cabina (85 metros cuadrados), para un área de 537 metros cuadrados y un área para ubicar un columpio infantil (60 metros cuadrados). g)   Que al tratarse de actividades consideradas de Bajo Impacto Ambiental Potencial no se les solicita estudios técnicos específicos como: estudios hidrogeológicos, estudio de amenazas naturales, estudios geotécnicos, estudios hidrológicos, estudio arqueológico, como si se solicita en el formulario D-1. h) Que según el decreto ejecutivo 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC en su artículo 15, SETENA no está obligada a nivel de evaluación preliminar, a realizar labores de inspección en desarrollos del formulario D-2, más bien es una potestad. Que para el caso en particular el seguimiento ambiental se dará en la etapa constructiva. i)  Que el 22 de octubre del 2007, recibieron denuncia de la puesta en marcha de un gran proyecto turístico en las faldas del Cerro Guararí, por ello el 30 de abril del 2008 se reunieron dos funcionarios de la Asesoría y Seguimiento Ambiental, con funcionarios de la Municipalidad de Santa Bárbara, del Sistema de Areas de Conservación, los denunciantes y el desarrollador.  

7.- Informa bajo juramento ROBERTO DOBLES MORA en su condición de MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGIA  (Informe folio 603) lo siguiente: a) El 11 de enero del 2007, la oficina de Heredia de la Subregión Central, conoció de estos hechos mediante denuncia de varias asociaciones. b)  La oficina Subregional realizó una inspección verificando la construcción de una cabaña, un rancho, una caballeriza, una cabaña restaurada y una granja avícola. No se determinó que hubiese corta de árboles. c) El 17 de abril del 2007, mediante informe SG-941-2007 el SETENA informó que el Proyecto Montaña Tranquila tenía viabilidad Ambiental, quedando abierta la etapa de gestión ambiental. d) El 10 de setiembre del 2007, los funcionarios de Heredia y Alajuela inspección al sitio generando el oficio SRC-OH-796. e) El 20 de setiembre del 2007, mediante oficio SRC-OA-971, se le solicitó al señor Rafael Gutierrez, Director del ACCVC nombrar una comisión externa para analizar la problemática. f) Que el tajo que se menciona en el recurso existe desde hace muchos años y el permiso de explotación es competencia de la Dirección de Geología y Minas. g) El 9 de julio del 2007, se recibió denuncia de la construcción del camino y la contaminación de la cuenca La Conejera y la oficina Heredia Subregional Central, procedió a hacer la visita  y mediante oficio OH-703 se menciona un mejoramiento del camino con tractor, fuera del area de protección, sin encontrar contaminación en la Quebrada La Conejera. De acuerdo a la visita realizada el 28 de setiembre del 2007, se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público el 11 de octubre del 2007 por los daños ambientales encontrados. h) Que la oficina Subregional Central de Heredia realizó una inspección al sitio y se verificó que los planos presentados por Lácteos Romero S.A. se encuentran fuera del área comprendida dentro del Decreto de Ley de 1888. Sólo existe una mínima parte en límite noreste que se encuentra dentro del área del decreto, del cual no se ha comprobado cuánto es el área. Las propiedades de Lácteos Romero se encuentran en la cumbre, parte media y faldas del cerro La Concordia, específicamente parte este del cerro, de acuerdo a las mediciones realizadas con el GPS y los planos presentados, las propiedades quedan fuera del área establecida mediante el decreto mencionado. i) Con respecto a la naciente captada para abastecimiento y que los escombros y tierra se están depositando a menos de 50 metros de la micro cuenca, el 12 de octubre se determinó: que los trabajos están paralizados; que la tierra depositada afectó el área de protección de la naciente; que el tajo se ubica a menos de 50 metros de la naciente captada dentro del área de protección; se encontraron árboles en el área de protección de la quebrada; que se acuerdo a la viabilidad ambiental emitida por SETENA se realizaron más obras de las autorizadas. j) Quien puede determinar las áreas de recarga y la denominada zona 1, es el SENARA. k) Que la actividad presentada por el desarrollador al SETENA para la viabilidad ambiental calificaba como actividad de Bajo Impacto Ambiental Potencial. Que al tratarse de actividades consideradas de Bajo Impacto Ambiental Potencial no se les solicita estudios técnicos específicos como: estudios hidrogeológicos, estudio de amenazas naturales, estudios geotécnicos, estudios hidrológicos, estudio arqueológico, como si se solicita en el formulario D-1. l) Que se han atendido todas las denuncias presentadas y por ello se han hecho las denuncias ante las autoridades competentes.  Solicita que se declare el Recurso de Amparo contra su Ministerio. 

8.- Contesta GUILLERMO ESCALANTE HENCHOZ en su condición de PRESIDENTE CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA DE LACTEOS ROMERO S.A. (Folio 722) lo siguiente: a) Que ya los recurrentes habían presentado denuncia ante el Tribunal Ambiental administrativo. b) Que ya no es el propietario de las fincas porque mediante escritura 81 de las 12 horas del 31 de marzo del 2006, del notario María Jesús Ugalde Zamora, traspasó las fincas propiedad de su representada Lácteos Romero S.A. al Fideicomiso Montaña Tranquila-2006 cuyo representante legal es el Lic. Carlos López Baltodano, cédula 5-274-017, pero quedó inscrito hasta el 2 de mayo del 2008. c) Que las omisiones que alegan los recurrentes no se han dado y no se van a dar.  d) Que ni la Municipalidad, ni el MINAE, ni SETENA, ni el INVU, ni AyA, ni SENARA han omitido sus funciones de control ambiental en el proyecto Montaña Tranquila.  Que todas han suspendido los permisos hasta tanto concluya el proceso ambiental administrativo. e) Que el proyecto Montaña Tranquila no atenta contra el medio ambiente y es un proyecto amigable con él. f)  Antes nunca hizo ningún tipo de desarrollo por falta de recursos, así que nunca incurrió en ningún daño al ambiente. g) Quien inició el desarrollo del proyecto fue la sociedad Blue Prince Corporation S.A. cédula jurídica 3-101-410047 representada por Adriana Lucía Soto Kuhn. h) Que el fiduciario Lic. Carlos Lopez Baltodano no es el que hizo los daños, sino la señora Kuhn y su esposo estadounidense Craig Brand.  i) El proyecto Montaña Tranquila no están dentro de los 2 kilómetros de protección del decreto ley LXV, sino en la parte de abajo. j) Que el MINAE le dio autorización para explotar el Tajo, pero eso no se hace desde hace muchos años. k) El desarrollo no es de alta densidad pues la venta es de parcelas agrícolas de 7000 metros cuya cobertura de construcción es de 15% y tiene que pasar por todos los permisos y controles y no daña las zonas de recarga de los mantos acuíferos. Ya se está anunciando en Internet, pero eso no es ilegal. l) Las construcciones que se autorizaron en la Viabilidad ambiental es lo único que se ha construido. m) El mantenimiento de los caminos es permitido conforme al contrato forestal suscrito desde 1993. n) Que los recurrentes no pueden pretender que sean zonas vírgenes pues se pueden hacer desarrollos de baja densidad. o) La corta no ocupa permisos del MINAE si se apega al contrato forestal y su plan de manejo. p) La zona no está determinada como vulnerable, ni de recarga de aguas. q) Que la Municipalidad de Santa Bárbara ya publicó las delimitaciones de las Zonas de Protección Acuífera de las cuencas de esta región según gaceta 172 del 7 de setiembre del 2007.  Solicita se declare sin lugar el recurso y no se le tenga como parte, pues éstas ya no son sus propiedades. 

9.-  En memorial de folio 834, GUILLERMO ESCALANTE HENCHOZ en su condición de PRESIDENTE CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA DE LACTEOS ROMERO S.A. indica:  Que reitera que ya ha demostrado que ni él ni la sociedad que representa son responsables de los hechos pues desde marzo del 2006, la entidad Blue Prince Corporation S.A. representada por la señora Adriana Soto Kuhn es quien ha realizado los actos de desarrollo en el proyecto.

10. Informa bajo juramento RICARDO SANCHO CHAVARRIA en su condición de PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  (Informe folio 812) lo siguiente: a) Que no se tiene gestión o aprobación de proyectos con los nombres Turístico Montaña Tranquila y El Marro, ubicado en las faldas del Cerro Guararí o Concordia dentro del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, en la hoja cartográfica Barva 1:50.000 planos catastrados H-1177149-2007, H-1177152- 2007, folios reales 4-031057-000 y 4-107288-000.  b) Que su institución desconoce la situación del citado proyecto. c)  Que todo proyecto debe venir para su aprobación al AyA de conformidad con la Ley de Planificación Urbana. Solicita se declare sin lugar el recurso en relación a la institución que representa.

11.- Informa bajo juramento BERNAL SOTO ZUÑIGA en su condición de GERENTE GENERAL CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO (Informe folio 819) lo siguiente: a) Que según el oficio ASUB-0228-2008, en el SENARA no se encuentra documentos relacionados con el proyecto turístico Montaña Tranquila, a nombre de Lácteos Romero S.A. por lo tanto no se  cuenta con una ubicación exacta con coordenadas para el proyecto. b) De acuerdo al Mapa de Areas de Conservación de la Cordillera Volcánica Central, el sector de Concordia y Cartagos se ubica fuera de la Zona de protección de Concordia, establecida según decreto  LXV del 30 de julio de 1888, pero se localiza dentro de la zona de Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central. c) De acuerdo al Mapa Hidrogeológico del Proyecto de Planificación Regional y Urbano de la Gran Area Metropolitana (GAM) del Valle Central de Costa Rica PRUGAM, para el cantón de Santa Bárbara, escala 1:200000, el área del proyecto se ubica en las inmediaciones de la zona correspondiente al acuífero Barva.  d) De acuerdo al Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica Proyecto de Planificación Regional y Urbano de la Gran Area Metropolitana  (GAM) del Valle Central de Costa Rica, PRUGAM, para el cantón de Santa Bárbara, escala 1:200000, el área del proyecto se ubica fuera de la zona de análisis de la vulnerabilidad, sin embargo, se ubica en las inmediaciones de las zonas de alta y media vulnerabilidad para la contaminación del acuífero Barva y debido a la localización del área en cuestión, las condiciones hidrogeológicas posiblemente sean similares a las de la zona de alta y media vulnerabilidad. e) Respecto del Mapa de Recarga de los Acuíferos Proyecto de Planificación Regional y Urbano de la Gran Area Metropolitana (GAM) del Valle Central de Costa Rica PRUGAM, para el cantón de Santa Bárbara, escala 1:200000 y el mapa de Recarga Potencial del Valle Central propuesto por Ramírez (2007), el área del proyecto se ubica fuera de la zona de análisis de la recarga, sin embargo, el sector en cuestión se localiza en las inmediaciones de la zona favorable para la recarga acuífera, por lo que debido a las condiciones hidrogeológicas y climáticas, el área del proyecto podría corresponder también con una zona favorable para la recarga de los acuíferos. f) Por ende se concluye, que las características geológicas del acuífero Barva (lavas y piroclastos) y posiblemente sus inmediaciones podrían convertir la zona del proyecto en una importante área de infiltración. Se recomienda no cambiar el uso de suelo actual en las zonas de amortiguamiento, sobre todo en los caminos de acceso a las instalaciones del proyecto y que el desarrollador debe elaborar los estudios hidrogeológicos detallados para que sean valorados por el SENARA, de manera que se pueda emitir criterio. g) Que su institución no tiene conocimiento de alguna gestión tendiente a valorar estudios o emitir criterios de viabilidad del proyecto o de posible impacto en los acuíferos en donde se encuentra ubicado, sin embargo hace las mismas observaciones de que: las características geológicas del acuífero Barva (lavas y piroclastos) y posiblemente sus inmediaciones podrían convertir la zona del proyecto en una importante área de infiltración. Se recomienda no cambiar el uso de suelo actual en las zonas de amortiguamiento, sobre todo en los caminos de acceso a las instalaciones del proyecto y que el desarrollador debe elaborar los estudios hidrogeológicos detallados para que sean valorados por el SENARA, de manera que se pueda emitir criterio. h)  Que su institución emite criterios cuando le son solicitados. Solicita declarar sin lugar el recurso en contra de la institución que representada.

12.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 

             Redacta el Magistrado González Quiroga; y,

Considerando:

I.-Objeto del recurso.- Los recurrentes acuden en tutela de su derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud de que se inició el desarrollo de un proyecto denominado Proyecto Turístico Montaña Tranquila, en las faldas del Cerro Guararí o Concordia dentro del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, en la hoja cartográfica Barva escala 1:50.000, propiamente sobre las áreas de recarga de los acueductos de las localidades de Cinco Esquinas, Carrizal y parte de Santa Bárbara y Alajuela y dentro de la zona de protección establecida según decreto N° LXV del 30 de julio de 1888, el cual declara inalienables las tierras en que tienen su origen las aguas que abastecen poblaciones de Heredia, Alajuela, Puntarenas y alimentan los mantos acuíferos Colima Superior e Inferior, de los cuáles depende la vida de toda la Gran Area Metropolitana y Puntarenas. Que en este proyecto, han realizado extracciones de material de un tajo, construcción y mejora de caminos y la tierra, producto de los movimientos, la están tirando en la Cuenca de la Conejera, provocando su contaminación. Todo lo anterior, a pesar de que la Viabilidad Técnica Ambiental otorgada a este proyecto es para la construcción de una caballeriza, una casa para encargado, un rancho, una cabina y un área para columpio y de que el permiso municipal estaba otorgado para la construcción de una tapia y un portón.  Por esta razón, la Municipalidad de Santa Bárbara clausuró las obras, pero siguen realizándolas. Considera que la Secretaría Técnica Ambiental no ha cumplido sus funciones.

II.- Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1.           El 26 de julio de 2006, los señores Fernando Calvo del Programa Bandera Azul Ecológica y Francisco Álvarez de ASADA-Carrizal, solicitan al Consejo Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, investigar la eliminación de sotobosque de dos zonas boscosas ubicadas en la parte alta de Carrizal, en las faldas del Cerro Guararí o Concordia, propiamente en la Provincia de Heredia, Cantón Cuarto Santa Bárbara, Distrito Quinto Santo Domingo y efectuar la denuncia ante el Tribunal Ambiental para evitar daños a los recursos hídricos. (Folio 176 e Informe de folio 114 del Alcalde de Santa Bárbara)

2.           El 15 de agosto de 2006, el Consejo Municipal de Santa Bárbara, mediante acuerdo No. 300-06 artículo 3) inciso u), de la sesión ordinaria No. 16 decide por votación unánime, dirigirse al Ministerio del Ambiente y Energía y al Tribunal Ambiental para que se realicen las investigaciones pertinentes en torno a la denuncia indicada. (Informe folio 114 del Alcalde de Santa Bárbara)

3.           El 23 de agosto del 2006, la Municipalidad de Santa Bárbara emite oficio en que comunica al Tribunal Ambiental administrativo el acuerdo en que solicita que se realicen las investigaciones necesarias en relación con la denuncia mencionada. (Folio 174 e informe de folio 114 del Alcalde de Santa Bárbara)

4.           En fecha no precisa pero posterior a ello, el Tribunal Ambiental Administrativo, asigna a esta denuncia el número de expediente No. 246-06-02-TAA. (Informe de folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara)

5.           El 24 de octubre del 2006, mediante boleta número 464, la Municipalidad de Santa Bárbara ordenó por primera vez, la clausura de las obras realizadas en las propiedades inmuebles denunciadas, que se ubican en la Provincia de Heredia, Cantón Cuarto Santa Bárbara, Distrito Quinto Santo Domingo, propiedad de la empresa Lácteos Romero S.A., cédula jurídica 3-101-110231-28. (Folio 568 e informe de folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara)

6.           El 11 de diciembre del 2006, la empresa Lácteos Romero S.A., cédula jurídica 3-101- 110231-28, representada por el señor Guillermo Escalante Henchoz, presentó el Documento de Evaluación Ambiental número D2-1952-2006 ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para el proyecto denominado “Montaña Tranquila” ubicado en las propiedades inmuebles antes descritas, en la Provincia de Heredia, Cantón Cuarto Santa Bárbara, Distrito Quinto Santo Domingo, número de plano H-1105122-2006, número de fincas de folio real 4-107288-000, 4-31057-000 y 4-66142-000. Según esta solicitud, el área neta del proyecto es de 537 metros cuadrados; se abastece de agua de una naciente; el consumo de agua no superaría los 50 metros cúbicos al mes; no se requiere talar árboles; las aguas servidas se tratarán por medio de tanque séptico y los volúmenes de material a remover no superan los 200 metros cúbicos. (Folio 591;  Informe folio 550 de SETENA e Informe folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara)

7.           Los terrenos mencionados están ubicados dentro del Aérea Silvestre Protegida denominada Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. Poseen 13 nacientes de agua, de ellas, 3 son visibles y permanentes concesionadas ante el Departamento de Aguas del MINAE y las demás son intermitentes y se secan en el periodo del verano y tiene un tajo de existencia previa. (Informe folio 603 del MINAE, Informe folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara)

8.           Ese mismo día, 11 de diciembre del 2006, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), inició el proceso de evaluación ambiental del proyecto, mediante expediente administrativo D-1952-2006-SETENA y mediante oficio SGPDGI-1746-2006 solicitó a Guillermo Escalante Henchoz, la presentación de la descripción detallada del proyecto y el diseño de la obra a desarrollar. (Folio 589, 590  e Informe folio 550 de SETENA)

9.           El 18 de diciembre del 2006, la sociedad descrita, presentó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), un oficio en que indica que el proyecto contempla los siguientes componentes: una caballeriza para 18 caballos (300 metros cuadrados), casa del encargado de los caballos (64 metros cuadrados), un rancho (88 metros cuadrados), una cabina (85 metros cuadrados), para un área de 537 metros cuadrados.  Además contará con un área para ubicar un columpio infantil (60 metros cuadrados). (Folio 583  e Informe folio 550 de SETENA) 

10.       El 11 de enero del 2007, la oficina del Ministerio de Ambiente y Energía de Heredia, de la Subregión Central (MINAE), recibió denuncia ambiental presentada por varias Asociaciones, sobre el Proyecto “Montaña Tranquila” antes descrito, pero indicando que se está planeando un proyecto de gran envergadura (lotes para quintas, hotel con casino, caballerizas, canopy, entre otros).  (Folio 719 e Informe folio 603 de MINAE)

11.       El 19 de enero del 2007, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), realiza el estudio sobre la solicitud recibida y al considerar el proyecto de Bajo Impacto Ambiental Potencial, emite la Viabilidad Ambiental mediante resolución RVLA-087-2007-SETENA en los siguientes términos:

“(…) En relación con el documento de Evaluación Ambiental (D2), el cuál se le asignó el Expediente administrativo número D2-1952-2006-SETENA, presentado por usted ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en fecha:6/01/07, e información adicional presentada el día 18/12/06, correspondiente a la actividad, obra o proyecto denominada: Montaña Tranquila (Area de construcción 537 m2) (…) me permito comunicarle que analizada la información recibida, se ha determinado que la misma cumple con lo establecido en los Decretos Ejecutivos No. 31849-MINAE-MAG-MEIC, del 28 de junio del 2004 y No. 32079-MINAE del 5 de noviembre del 2004. Por lo tanto; Se le otorga Viabilidad Ambiental, quedando abierta la etapa de gestión ambiental. Se le recuerda al Desarrollador que debe cumplir con el Código de Buenas Prácticas Ambientales y la Legislación Ambiental vigente. Se advierte al desarrollador que si llegare a verificar el incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 31849 o de comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada por el carácter de Declaración Jurada que tiene el instrumento presentado, esta Secretaría podrá proceder conforme a lo señalado en el artículo 15 de ese mismo Decreto, dejando sin efecto la viabilidad ambiental otorgada mediante este documento, debiendo presentar la documentación correspondiente, independientemente de la facultad de presentar las denuncias penales correspondientes (…)”. (Folio 581; Informe folio 550 de SETENA e Informe folio 603 del MINAE)

12.       El 18 de enero del 2007, la Subregión Central del Area de Conservación Coordillera Volcánica Central del Sistema Nacional de Areas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizó inspección en las propiedades inmuebles mencionadas y determinó:

“(…) 1. Existe un camino de acceso lastreado que nos lleva hasta la parte donde se ubica la infraestructura. (…) 3. Existe diversa infraestructura ya construida tal es el caso de cabaña, rancho principal, caballeriza, casita restaurada y granja avícola (…) 4. Que existe al menos tres terrazas de las cuales dos están con infraestructura (terraza no. 01, rancho principal, terraza no. 02, caballeriza, casita restaurada, granja avícola) y la última se observa en un estado de nivelación del terreno. (…) 6. Que la raleo no requiere de ningún tipo de aprobación por parte de la administración forestal del estado, siempre y cuando no esté dentro de un Area Silvestre Protegida. Para este caso en particular esta propiedad está dentro de de la Reserva Forestal Coordillera Volcánica Central y requiere tener un estudio de Impacto Ambiental, por parte de Setena. Quiere decir que este aprovechamiento se está dando de forma irregular a vista y paciencia de los compañeros que fueron al lugar y no actuaron como corresponde. (…) 8. Que la propiedad en cuestión tiene Areas de Protección y que por lo tanto se debe de respetar la Ley Forestal No. 7575, Capítulo IV, Artículo 33 en primera instancia. Además que de acuerdo a las características del terreno los distanciamientos deben ser 15 m y 50 m (…)”    (Folio 164 y 713 e Informe folio 603 de MINAE) 

13.       El 22 de enero del 2007, mediante boleta 534, la Municipalidad de Santa Bárbara ordenó, por segunda vez, la clausura de las obras realizadas en las propiedades inmuebles denunciadas. (Folio 569 e informe de folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara)

14.       El 9 de julio del 2007, la oficina Subregional del Ministerio de Ambiente y Energía de Heredia, de la Subregión Central (MINAE), recibió denuncia de la construcción de un camino y la contaminación de la cuenca La Conejera, por lo que procedió a hacer una visita al proyecto y mediante oficio OH-703, determinó que había un mejoramiento del camino con tractor, fuera del área de protección, sin encontrar contaminación en la Quebrada “La Conejera”.  (Informe de 603 del MINAE)

15.       El 22 de agosto de 2007 la Municipalidad de Santa Bárbara ordenó por tercera vez, la clausura de las obras realizadas en la propiedad de interés, mediante boleta número 712 y se constató que hasta el momento sólo se había construido una caballeriza, una cabaña, columpios y un rancho, que se levantó video, que se han levantado actas de inspección legal y que todo estaba sin ninguna construcción desde el momento último de clausura. (Folio 134, 135, 570, e Informe folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara).

16.       El 30 de agosto del 2007, mediante resolución 2902-07-TAA, de las siete horas con veinte minutos de ese día, en expediente No. 246-06-02-TAA, el Tribunal Ambiental Administrativo, solicita a la oficina Subregional de Heredia del MINAE realizar una valoración económica del daño ambiental en el sitio denunciado (Folio 157 e Informe folio 114 del Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara)

17.       En ese mismo mes, según la Valoración económica del Daño ambiental en el Proyecto “Montaña Tranquila”, realizada por la Oficina Subregional de Heredia del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, del Sistema nacional de Areas de conservación del MINAE, en el expediente administrativo 246-06-02-TAA), se indicó:

“(…) Descripción general del daño.

·   Que en un sector de la finca del proyecto denominado Montaña Tranquila, se realizó una corta y chapia (socola), de arbustos y plantas dentro de un área de bosque secundario.

·   Que en la propiedad donde se ubica el proyecto denominado Montaña Tranquila, se encuentran importantes cuerpos de agua (dos quebradas), que son captadas para el consumo humano y lecherías.

·   El área de bosque afectado se considera en 1 ha.

·   Que la eliminación de las áreas de bosque, generó impactos adversos sobre la flora y fauna silvestre existente, suelo; así como de una modificación del paisaje”

(…) El valor del daño ambiental causado en el área de bosque en la finca del proyecto Montaña Tranquila, da un monto de 378.987,45 (trescientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y siete colones con cuarenta y cinco céntimos).(…)”  (Ver folio 141)  

18.       El 10 de setiembre del 2007, funcionarios de la Oficina Subregional Central del Sistema Nacional de Areas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), realizaron inspección al sitio generando el oficio SRC-OH-796, que indicó:

“(…)  * En la parte superior de la finca se recorrió un sendero existente que conduce directamente a una catarata, en este sitio se evidenció la rehabilitación parcial de un camino en un tramo estimado en una longitud de 50 metros por dos de ancho, que luego se reducía a unsendero o picada que da directamente a una catarata. En este sector se observó un pequeño claro estimado en 60 mestros cuadrados. Este claro fue producto de la caída natural de un árbol, lo cual los peones de la finca optaron por seccionarlo, despuntarlo y extraerlo de cauce para evitar represamientos.

* Se ingresó al sector del tajo donde en un sitio cercano a una pendiente se había acumulado un montículo de tierra, el cual por la intensidad y frecuencia de las precipitación (lluvia), propia de la época. Se debilitó y se precipitó pendiente abajo, provocando un derrumbe que arrastró parte de la vegetación existente (…)” (Folio 669 e Informe folio 603 de MINAE)

19.       El 20 de setiembre del 2007, los funcionarios de la Subregión Central mencionada, mediante oficio SRC-OA-971, solicitaron al señor Rafael Gutierrez, Director del AREA DE CONSERVACION DE CORDILLERA VOLCANICA CENTRAL del MINAE (ACCVC) nombrar una comisión externa para analizar el caso. (Folio 660 e Informe folio 603 de MINAE)

20.       El 1 de octubre de 2007, mediante oficio OAMSB 469-2007, la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia traslada ante el Tribunal Ambiental Administrativo otras denuncias presentadas en torno al proyecto mencionado. (Folio 131 e Informe folio 114 de la Alcaldía de Santa Bárbara)

21.       El 11 de octubre del 2007, los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), interpusieron denuncia penal ante el Ministerio Público de la provincia de Heredia, en contra de los señores Guillermo Escalante Henchoz como representante de la firma Lacteos Romero S.A. y Adriana Soto Kuchn como representante del Proyecto Montaña Tranquila, a fin de que se investigara la posible comisión de los delitos de Violación a la Ley Forestal, Infracción a la Ley de Conservación de vida Silvestre y a la Ley de Aguas. (Folio 181; Informe 114 de la Municipalidad de Santa Bárbara; Informe de folio 101 del Ministerio de Salud e Informe 603 del MINAE)

22.       El 12 de octubre del 2007, mediante oficio D-1062 del Ministerio de Ambiente y Energía, Area de Conservación Cordillera Volcánica Central (MINAE) determinó: que los escombros y tierra se están depositando a menos de 50 metros de la micro cuenca; que los trabajos están paralizados; que la tierra depositada afectó el área de protección de la naciente y es responsabilidad de los propietarios; que el tajo se ubica a menos de 50 metros de la naciente captada dentro del área de protección de la naciente y ha sido explotada aunque de manera no extensiva; que no existe un daño severo por la explotación del material; que se encontraron árboles cortados en el área de protección de una quebrada y que de acuerdo a la viabilidad ambiental emitida por SETENA se realizaron más obras de las autorizadas. Que sólo se ensució un poco, la cuenca que da a 50 metros de la Quebrada las Conejas. (Folio 622, Informe folio 603 del MINAE)

23.       El 22 de octubre del 2007, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) recibió la denuncia por parte de varias Asociaciones, de la puesta en marcha de un gran proyecto turístico denominado “Montaña Tranquila”.  (Informe folio 550 de SETENA).

24.        El 22 de noviembre del 2007, los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ampliaron la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de Heredia. (Folio 613 e Informe folio 603 de MINAE )

25.       El 28 de enero del 2008, mediante oficio OAMSB 107-2008, la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara, indicó:

“(…) por el momento no existe ningún permiso de construcción otorgado a la empresa Lácteos Romero, Sociedad Anónima que es la propietaria de los inmuebles mencionados en el proyecto. Que la misma no tiene los visados municipales, en los planos catastrados. Que no hay acceso libre al proyecto por ser calle privada, aunque el propietario del inmueble diga que es calle pública. Que tampoco los planos cumplen con los requisitos para otorgar el uso del suelo. Solamente se le ha otorgado para construcción de tapia y portón. Que las demás obras se encuentran clausuradas rotundamente por nuestra Municipalidad según notificaciones 0712, 0534 y 0464 sin embargo el propietario continúa realizando labores de construcción clandestinamente, pues como dije anteriormente es una propiedad privada de difícil acceso y pese a varios intentos de ingresar mi persona en conjunto con personeros de la asesoría legal de la municipalidad y testigos al proyecto en mención se han negado a darnos el ingreso, de ello constan actas en nuestros expedientes administrativos. (…)"  (Folio 16)

26.       El 30 de abril del 2008 los funcionarios de la Asesoría y Seguimiento Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), funcionarios de la Municipalidad de Santa Bárbara, del Sistema de Areas de Conservación y los denunciantes iniciaron labores de coordinación para atender las denuncias   (Informe folio 550 de SETENA).

27.       El 19 de mayo del 2008, mediante informe técnico número RCN-AJ-172-2008, elaborado por la Región Central Norte del Ministerio de Salud, sobre la “Inspección del Proyecto Turístico Montaña Tranquila, se concluyó:

“(…) Durante la visita atendió el sr. David Chanto encargado, el cuál explicó de manera detallada la situación y descripción del proyecto. Según Chanto el área total de la propiedad son 226 hectáreas y el proyecto consiste en la futura construcción de una urbanización en la cual por el momento se están vendiendo lotes de 7000 metros cuadrados. Se trata de un proyecto residencial que se pretende realizar en los altos de las montañas.(…) los senderos que rodean la montaña fueron lastreados haciendo más accesible el ingreso, existe un rancho de maderas en pino tipo rústico, equipado y acondicionado. Una casa acondicionada y equipada donde vive una pareja que administra y cuida del lugar. Existe también una caballeriza y a lo largo del camino también se observan dos o tres cabañas sin uso (…) LEGALIDAD DEL PROYECTO: Los avances antes dichos fueron construidos según lo indicado por las autoridades de la municipalidad, sin ningún tipo de permiso, no tiene ni visado de planos ni permiso de construcción. En cuanto al Ministerio de Salud, no existen permisos otorgados en el Area Rectora, ni en la Dirección Regional Central Norte (…) Conclusiones: 1) El proyecto turístico Montaña Tranquila, es una zona que debería permanecer protegida y con restricciones consecutivas, debido a sus condiciones, y a la importancia para la conservación de la flora, la fauna y el recurso hídrico. 2) Montaña Tranquila no cuenta con los permisos ni los documentos establecido para todo tipo de actividades. Recomendaciones: Se recomienda efectuar visitas periódicas al Proyecto Montaña Tranquila, con el fin de dar un seguimiento adecuado a este caso y tomar las medidas que correspondan con base en el articulo 355 y 356 de la Ley General de Salud, para que se ordene la suspensión de cualquier tipo de obra en el lugar, incluyendo el movimiento de tierras y las mejoras del camino que da acceso a la propiedad (…)”. (Folio 111 e Informe de folio 101 del Ministerio de Salud)

28.       El 27 de mayo del 2008, a las 9 horas 29 minutos, funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo realizaron inspección a las propiedades inmuebles es cuestión y determinaron que no se observó en la zona de bosque y sotobosque la corta de árboles y lo que se denotan son árboles enfermos y deteriorados.  (Folio 855)

29.       El 19 de junio del 2008, mediante resolución 576-08-TAA de las siete horas con veinte minutos de ese mismo día, en expediente 246-06-02-TAA, el Tribunal Ambiental administrativo resolvió:

“(…)  Considerando Unico: Que visto el informe de inspección ocular realizada por los funcionarios de este Tribunal Ambiental Administrativo el día 27 de mayo del 2007 a las 9:29 horas, que corre agregado a folio 154, en donde se establece que no se observó en la zona de bosque y sotobosque la corta de árboles y lo que se denotan son árboles enfermos y deteriorados, se procede a desestimar la presente denuncia (…) SE ACUERDA: Proceder a desestimar la denuncia planteada por la Municipalidad de Santa Bárbara, los señores Fernando calvo, en su condición de representante del programa BAE, señor Francisco Alvarez, en su condición de representante de la ASADA de carrizal, Freddy Valerio Segura, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de heredia del Area de Conservación Cordillera Volcánica central y las ASADAS y las asociaciones de desarrollo de Carrizal y Cinco esquinas del Cantón Central de Alajuela y archivar el expediente administrativo número 246-06-02-TAA (…)” (Folio 210)     

30.       Que la oficina Subregional Central de Heredia del Ministerio de Energía y Minas (MINAE), determinó que las propiedades inmuebles de la Sociedad Lácteos Romero se encuentran en la cumbre, parte media y faldas del cerro La Concordia, específicamente parte este del cerro, de acuerdo a las mediciones realizadas con el GPS.  Que de éstas, las propiedades inmuebles que comprenden el proyecto en cuestión, quedan fuera del área establecida mediante el Decreto de Ley de 1888.  Sólo existe una mínima parte en límite noreste que se encuentra dentro del área del decreto. (Informe 603 del MINAE)

31.       Que en la Municipalidad de Santa Bárbara y la Comisión Interinstitucional de micro cuencas de Heredia CIMH-2005, no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila” y no han otorgado permiso o autorización con ese fin. Que desde el oficio OAMSB-290-2008 tiene suspendido todo tipo de trámite de autorización Municipal para este proyecto. (Informe folio 114 del Alcalde Municipal de Santa Bárbara)

32.       Que en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila” y no han otorgado permiso o autorización con ese fin.  (Informe de Folio 543 del INVU)

33.       Que en el Area Regional de Salud de Santa Bárbara de Heredia, no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila” y no han otorgado permiso o autorización con ese fin.  (Folio 104, Informe de folio 101 del Ministerio de Salud)

34.       Que en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila”, lo que existe es la aprobación de una Viabilidad Ambiental para la construcción de un proyecto que contempla los siguientes componentes: una caballeriza para 18 caballos (300 metros cuadrados), casa del encargado de los caballos (64 metros cuadrados), un rancho (88 metros cuadrados), una cabina (85 metros cuadrados), para un área de 537 metros cuadrados y un columpio infantil (60 metros cuadrados). (Folio 589, 590 e Informe folio 550 de SETENA)

35.       Que el proyecto Montaña Tranquila, se publicita en Internet como sitio en venta de lotes. (Informe folio 114 del Alcalde de Santa Bárbara de Heredia)

36.       Que en la Fiscalía de San Joaquín de Flores de Heredia se encuentran en  Fase preparatoria, los procesos penales 07-003210-369-PE y 08-002865-369-PE, contra ADRIANA SOTO KUHN y GUILLERMO ESCALANTE HENCHOZ, por los delitos de de Violación a la Ley Forestal, Infracción a la Ley de Conservación de vida Silvestre y a la Ley de Aguas.

 

III. HECHOS NO PROBADOS: Se tienen por indemostrados los siguientes hechos:

1.      Que se realizó extracción de material del tajo ubicado en las propiedades mencionadas y que la tierra producto de los movimientos fue tirada a menos de 50 metros de la naciente en la Cuenca de la Conejera.

2.      Que las autoridades recurridas no hacen inspecciones para constatar las situaciones denunciadas, ni le han dado seguimiento al caso. 

3.      Que la realización de las obras construidas bajo el amparo de la Viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, haya provocado lesión a los derechos fundamentales o al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 

IV. DEL DEBER DE PROTECCION ESTATAL AL AMBIENTE.- La posición de esta Cámara sobre el deber de protección estatal al ambiente, ha enfatizado en que el derecho a un ambiente sano y equilibrado, obliga al Estado a procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, a tomar las medidas necesarias para evitar que las alteraciones producidas por la actividad humana constituyan una lesión al ambiente.  De esa forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, los principios rectores del Derecho al Ambiente exigen que se adopten las medidas de precaución que se estimen convenientes para que esa afectación no se produzca, e inclusive permiten posponer la actividad de que se trate, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y sociales nocivas, la coacción a posteriori resulta ineficaz, y no tendría más que trascendencia moral, pues difícilmente compensaría los daños ocasionados al ambiente.  En este orden de ideas, el principio precautorio obliga a la Administración Ambiental a ponderar cuidadosamente si, la actividad del hombre compromete el medio, y a no conceder la autorización si las evaluaciones demuestran que la actividad puede producir consecuencias nocivas o irreparables al ambiente.  Así pues, el Estado costarricense se encuentra obligado a velar y a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del medio ambiente.  El Derecho a la Constitución exige utilizar todos los medios disponibles -sean estos jurídicos o fácticos- para preservar el ambiente. El artículo 50 constitucional obliga al Estado y a las demás instituciones públicas a intervenir activamente en protección del ambiente. La ley ordinaria es la encargada del desarrollo del canon constitucional y de propiciar en su contenido un desarrollo económico y social en compatibilidad total con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El país cuenta actualmente, con una abundante legislación de desarrollo entre las que podemos citar entre otras: Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Flora, Fauna y Vida Silvestre, Ley de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, Ley de Biodiversidad, Ley de Aguas y Ley de Planificación Urbana. Estas normativas, y otros similares que pueden adicionarse, materializan la obligación estatal en la protección del ambiente como derecho fundamental.   Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración (sentencia número 1763-94, de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994.). En este sentido se ha dicho:

 

"(…) La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (…)" (Sentencia número sentencia número 2002-04830 de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil, criterio reiterado en la sentencia 2002-8996 de las diez horas con catorce minutos del seis de setiembre de dos mil dos).

 

Como corolario de lo expuesto, se puede afirmar, que si bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos al trabajo y a la empresa privada, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad.

 

Propiamente SOBRE LA TUTELA AL RECURSO HÍDRICO, esta Sala ha indicado en sentencia 2008-12583 de las quince horas y dos minutos del diecinueve de agosto del dos mil ocho:

 

“(…) V.-  Sobre la tutela de los recursos hídricos, ante el problema de la escasez del agua. Ya en reiteradas ocasiones este Tribunal ha analizado la importancia de la tutela de los recursos hídricos subterráneos, en virtud de la escasez, cada vez mayor, del preciado líquido. Sobre el particular, resulta de relevancia lo dispuesto por la sentencia número 2008-12109 de las quince horas con dieciséis minutos del cinco de agosto de dos mil ocho, en la que se señaló en lo que interesa:

          "V.-Sobre el problema de la escasez del agua. Durante los últimos años, el tema del acceso al agua se ha convertido en un problema de índole mundial, en razón de la escasez, cada vez mayor, del preciado líquido. Según el segundo Informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, unas mil cien millones de personas, no tienen acceso al agua potable en el mundo, número que aumenta cada día más en razón de la contaminación o desaparición de las fuentes que abastecen al planeta. En el informe antes mencionado, se señala que más de cuatro mil niños mueren a diario por enfermedades provocadas por la falta de agua potable, como es por ejemplo la diarrea, que mata al año más de un millón ochocientas mil personas, la mayoría de ellas menores de cinco años. Asimismo, se menciona que para el año dos mil veinticinco, dos mil setecientos millones de personas –equivalente a un tercio de la población mundial-, tendrán problemas de escasez de agua, situación que podría generar catástrofes demográficas nunca antes vistas. La Organización de las Naciones Unidas, considera que cada año se podría salvar la vida un millón seiscientas mil personas si se les ofreciera la posibilidad de acceder a agua potable, no obstante en la mayoría de las  regiones del mundo no se han adoptado aún las acciones necesarias para cumplir con dicho objetivo. En el caso concreto, de América Latina, diversos estudios consideran que más de sesenta millones de personas no tienen acceso al agua potable de la región, esto a pesar de que América del Sur alberga sólo el seis por ciento de la población mundial, y disfruta del veintiséis por ciento de los recursos hídricos del planeta. Los datos antes expuestos generan gran preocupación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, quien ha llamado a los distintos gobiernos del orbe, a adoptar las medidas del caso a efecto de mitigar en sus territorios la problemática descrita con anterioridad.

           VI.-Sobre las aguas subterráneas y su protección. Las aguas subterráneas se han convertido en el principal medio de abastecimiento público en la región Centroamericana, ya que la mayoría de las fuentes superficiales han sido contaminadas por la acción del hombre. En el caso concreto de Costa Rica, se estima que aproximadamente un setenta por ciento del agua que consumen a diario los habitantes del país, proviene de las aguas subterráneas, situación que hace ver la importancia de proteger este recurso. Precisamente sobre este tema en particular, resulta de relevancia señalar lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia número 2004-01923, de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, en la que se indicó en lo que interesa:

“V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o  zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el  aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.

VI.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.”  

             De lo expuesto anteriormente, se deduce la importancia que tienen las aguas subterráneas como medio de garantizar el acceso del agua potable a gran parte de la población nacional. Por lo anterior, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar la protección de las mismas, mediante el uso de las potestades que al efecto le otorga el Ordenamiento Jurídico, ello con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 50 constitucional. (…)

VI.- Sobre el caso concreto.   Resulta incuestionable que el turismo se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes de Costa Rica, de ahí que no se pueda negar su importancia para la economía del país. No obstante lo anterior, dicha actividad, al igual que cualquier otra, no puede ser eximida del cumplimiento de los controles y requisitos dispuestos por la legislación nacional, pues de hacerlo se pondrían en riesgo una serie de derechos que son tutelados por el ordenamiento jurídico, y que como tales merecen protección por parte del Estado. En el caso concreto, se tiene por probado que el Ministerio de Ambiente y Energía procedió a oficializar el proyecto denominado Infraestructura para el Parque Nacional Braulio Carrillo, Sector Barva, SINAC- MINAE, con el fin de dotar al Parque Nacional Braulio Carrillo de la infraestructura necesaria para recibir turistas a lo largo del año, sin embargo de los elementos aportados a los autos se deduce que el citado proyecto se inicio sin contar con la totalidad de estudios técnicos necesarios a efecto de garantizar que el mismo no produjera daño alguno en la zona donde se ubica, la cual alberga gran parte de los mantos acuíferos que abastecen de agua a la población del Gran Área Metropolitana. (…) “

 

V.- SOBRE LA COORDINACIóN ENTRE LAS DEPENDENCIAS PúBLICAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIóN DEL AMBIENTE. En sentencia 2008-004790 de las doce horas y treinta y nueve minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho, esta Sala indicó:

“(…) III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).”

Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).(…)”

 

VI.- SOBRE EL DECRETO LEY NúMERO 65 DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO. En torno a este aspecto, esta Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia 2008-12109 de las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.

 

“(…) V.-Sobre el decreto ley número 65. Por medio del decreto ley número 65 del veintiocho de julio de mil ochocientos ochenta y ocho, el legislador ordenó proteger una de las zonas en las que se encuentran las nacientes de agua que abastecen a los habitantes de las provincias de Heredia, Alajuela y parte de San José, disponiendo para tal efecto en lo que interesa lo siguiente:

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,

Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela,

DECRETA:

Art. 1°—Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal.

Art. 2°—Se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar ó disminuir la extensión de la zona a que se refiere el artículo anterior si después de practicado el reconocimiento respectivo por medio de una comisión científica, juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión indique.

            Tal y como se desprende de la lectura de la norma de cita, la intención del legislador del siglo antepasado era la de asegurar que las provincias de Alajuela, Heredia y San José pudieran garantizarse en el futuro el recurso hídrico necesario para satisfacer las necesidades de la población. Para lograr lo anterior, el legislador dispuso la creación de una zona inalienable, la cual no podía ser objeto de ningún tipo de posesión en razón de su naturaleza pública, tal y como lo ha sostenido este Tribunal en una serie de pronunciamientos, como es el caso de la sentencia número  422-96 del veintidós de enero de dos mil seis, en la que se señaló en lo que interesa:

“(…)El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comuni_dad, al interés público.- Se trata de bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invaria_blemente es esencial en virtud de norma expresa. Por ello, son sus caracte_rís_ti_cas el ser inalie_nables, impres_criptibles, inembarga_bles; no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamien_to, no un derecho a la propiedad. (…)”

VI.- Partiendo de lo externado en los considerandos anteriores, esta Sala considera que en el caso concreto se constata una violación  a lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, la cual es achacable al Estado y a las municipalidades recurridas. En lo que respecta al Estado Costarricense, se tiene por probado que a lo largo de los años, éste no ha realizado las labores correspondientes a efecto de delimitar la zona comprendida por la ley número 65 de mil ochocientos ochenta y ocho, con el fin de garantizar que en dicho lugar no se llevara a cabo ningún tipo de actividad humana y cumplir así con la pretensión que tenía el legislador al momento de dictar la norma de cita. Dicha inercia se mantiene incluso hasta la actualidad, pues el Ministerio de Ambiente y Energía, como autoridad encargada de velar por los recursos naturales del país, ha incumplido con su labor de delimitar y vigilar en forma efectiva, la franja de terreno establecida por la  ley número 65, ello a pesar de que el legislador afectó dicha zona al dominio público con el fin de crear un área libre de cualquier tipo de injerencia de particulares, intención que no se ha cumplido a la fecha, ya que en los autos consta que incluso se han otorgado permisos de construcción en el terreno de cita. En el caso de las municipalidades accionadas, se deduce de la prueba aportada al expediente que dichas corporaciones han otorgado permisos de construcción en la zona comprendida por el decreto ley número 65, situación que vulnera no sólo el deseo que tenía el legislador al momento de promulgar la norma de cita, sino que además violenta lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, en razón de lo expuesto anteriormente. Conviene mencionar, que si bien en la ley número 65 no se establece claramente el grado de limitación al que estaba sometida la zona establecida por dicha ley, lo cierto es que en aplicación del principio de indubio pro natura, y tomando en cuenta el espíritu de la norma de cita, esta Sala considera que debe entenderse que dicha protección es total, por lo que no puede otorgarse ningún tipo de permiso o concesión en dicha franja de terreno. Asimismo, estima este Tribunal que ninguna de las autoridades recurrida puede alegar desconocimiento de lo dispuesto por la ley número 65, pues si bien ha transcurrido más de un siglo desde que la misma fuera creada, lo cierto es que dicha norma mantiene aún su vigencia, tal  y como se deduce de la Opinión Jurídica número OJ-118-2004 de la Procuraduría General de la República.   Así, en razón de lo expuesto anteriormente, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este extremo, ordenando al Ministerio recurrido coordinar lo correspondiente con el Instituto Geográfico Nacional para delimitar físicamente la zona comprendida por la ley antes citada, para luego recuperar los terrenos que se encuentren ahí y que estén siendo ocupados por particulares; y a las municipalidades accionadas abstenerse de otorgar cualquier tipo de permiso dentro del perímetro establecido por la ley número 65. (…) Por tanto:

Se declara  con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades  de Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro del Ambiente y Energía,  lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; (…) Se ordena a José Manuel Ulate Avendaño, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia, a Rolando Hidalgo Villegas, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y a Marta Lidia Segura Miranda, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Santa Bárbabara de Heredia,(…) lo siguiente: a) Que de inmediato se abstengan de otorgar cualquier tipo de permiso dentro de la zona establecida por la ley número 65 de 1888, en lo que respecta a sus jurisdicciones; b) Que  procedan a contratar a los profesionales necesarios para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por SENARA en su informe denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.”, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada.  (…) Se condena al Estado y a las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vasquez de Coronado al pago de las costas daños  y perjuicios que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a las demás autoridades recurridas, se declara sin lugar el recurso. (…)” (El subrayado no pertenece al original)

 

VI.- SOBRE EL FONDO. Los recurrentes acuden en tutela de su derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud de que se inició el desarrollo de un proyecto denominado Proyecto Turístico Montaña Tranquila, en las faldas del Cerro Guararí o Concordia dentro del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, en la hoja cartográfica Barva escala 1:50.000, propiamente sobre las áreas de recarga de los acueductos de las localidades de Cinco Esquinas, Carrizal y parte de Santa Bárbara y Alajuela y dentro de la zona de protección establecida según decreto N° LXV del 30 de julio de 1888, el cual declara inalienables las tierras en que tienen su origen las aguas que abastecen poblaciones de Heredia, Alajuela, Puntarenas y alimentan los mantos acuíferos Colima Superior e Inferior, de los cuáles depende la vida de toda la Gran Area Metropolitana y Puntarenas. Que en este proyecto, han realizado extracciones de material de un tajo, construcción y mejora de caminos. Además la tierra, producto de los movimientos, la están tirando en la Cuenca de la Conejera, provocando su contaminación. Todo lo anterior, a pesar de que la Viabilidad Técnica Ambiental otorgada a este proyecto es para la construcción de una caballeriza, una casa para encargado, un rancho, una cabina y un área para columpio y de que el permiso municipal estaba otorgado para la construcción de una tapia y un portón.  Por esta razón, la Municipalidad de Santa Bárbara clausuró las obras, pero siguen realizándolas. Considera que la Secretaría Técnica Ambiental no realiza las inspecciones debidas.  En el sub lite, son dos los planteamientos sustanciales de los recurrentes. El primero, que se ha producido un daño al ambiente en el proyecto “Montaña Tranquila”, lugar en el que además se planea construir un proyecto turístico de grandes dimensiones que afectará los mantos acuíferos de la zona y que las autoridades no han efectuado las acciones de control para evitarlo. El segundo, que deben delimitarse los alcances y límites del Decreto Ley número 65 del veintiocho de julio de mil ochocientos ochenta y ocho en esta zona. Sobre el primer punto, considera esta Cámara constitucional, que de los informes rendidos por los representantes de la autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, descrita ampliamente en el elenco de hechos probados, se deriva que no existen sustentos probatorios para estimar que se ha producido la infracción que se acusa. Efectivamente, no se cuenta con evidencia que respalde lo expuesto por los recurrentes, sino todo lo contrario. Al analizar individualmente las actuaciones de las autoridades recurridas, se observa, que en el caso de la Municipalidad de Santa Bárbara no existe ningún trámite o solicitud realizado por la empresa propietaria de los inmuebles o por ninguna otra persona, con el fin de desarrollar un Proyecto Turístico denominado “Montaña Tranquila” y no han otorgado permiso o autorización con ese fin. Se ha efectuado la clausura de las obras en tres oportunidades y se tiene suspendido todo tipo de trámite de autorización Municipal para este proyecto. Han constatado que no se ha efectuado ninguna otra construcción adicional en el sitio y se han realizado diversas visitas e inspecciones con ese fin.  Además estos funcionarios han insistido en realizar denuncias ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y ante el Tribunal Ambiental Administrativo y les ha dado seguimiento. Finalmente, han participado en labores de coordinación institucional para atender las denuncias presentadas.  Por su parte, en el Area Regional de Salud de Santa Bárbara de Heredia, tampoco existe ningún trámite o solicitud realizado con el fin de desarrollar ese Proyecto Turístico y no han otorgado permiso o autorización con ese fin. La jerarca indica que se realizó inspección al sitio y que se han estimado necesarias las visitas periódicas   Asimismo, en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), lo que se otorgó es la aprobación de una “Viabilidad Ambiental” para la construcción de un proyecto que contempla los siguientes componentes: una caballeriza para 18 caballos (300 metros cuadrados), casa del encargado de los caballos (64 metros cuadrados), un rancho (88 metros cuadrados), una cabina (85 metros cuadrados), para un área de 537 metros cuadrados y un columpio infantil (60 metros cuadrados). No hay aprobación alguna de un Proyecto de Viabilidad Ambiental para un desarrollo de gran escala.  Las oficinas regionales del MINAE, a su vez, han investigado las denuncias interpuestas por particulares y por otras instituciones estatales, han realizado inspecciones al sitio y han efectuado las mediciones respectivas para determinar los límites de la Ley 65 de 1888 en el caso concreto.  Esto último les ha permitido determinar que las propiedades inmuebles de la Sociedad Lácteos Romero se encuentran en la cumbre, parte media y faldas del cerro La Concordia, específicamente parte este del cerro, de acuerdo a las mediciones realizadas con el GPS.  Que de éstas, las propiedades inmuebles que interesan en este asunto, quedan fuera del área establecida mediante el Decreto de Ley de 1888. Sólo existe una mínima parte en límite noreste que se encuentra dentro del área del decreto. (Informe 603 del MINAE).  Asimismo, han interpuesto ante el Ministerio Público las denuncias penales a fin de que se investigue la posible comisión de infracción a la Ley Forestal, ley de Aguas y Vida silvestre, las que se encuentran en fase preparatoria. Por último, han participado en labores de coordinación institucional para atender las denuncias presentadas Finalmente, el Tribunal Ambiental Administrativo efectuó el proceso administrativo, realizó las inspecciones necesarias y descartó el daño ambiental en la zona. Por su parte, SENARA, INVU y AyA no han efectuado ningún trámite de autorización ni les ha sido solicitado. Todo lo anterior, permite afirmar, que hasta el momento no contamos con elementos que permitan sostener que las autoridades han brindado una atención desinteresada e ineficaz al caso.  Como se aprecia, toda iniciativa de desarrollo urbanístico, ha sido detenida en una labor integrada, hasta tanto se determinen las factibilidades. Ha sido precisamente por la intervención de las autoridades respectivas que todo daño ambiental ha sido detenido y al efectuar las denuncias penales respectivas, se ha trasladado a la vía idónea de legalidad, el conocimiento eventual de ilícitos penales, tal como corresponde. Las autoridades no han faltado a su obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales de interés y tampoco han faltado al deber de vigilancia de las actividades realizadas en estas propiedades inmuebles. Por las razones expuestas lo procedente es declarar sin lugar el recurso.  En cuanto al segundo punto, que está referido a definir los alcances del Decreto ley, ya esta Sala se pronunció al respecto en sentencia 2008-12109 de las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho –transcrita en lo conducente en el considerando VI de esta sentencia- y por ello deberán las partes estarse a lo ahí resuelto, de manera tal que les asiste el derecho de exigir el cumplimiento de lo ahí ordenado.

VII.- En conclusión.- Tomando como base lo dicho en el considerando anterior, de los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, no se comprueba que en este caso se ha producido una violación al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tampoco se observan infracciones a otros derechos constitucionales en las actuaciones de los recurridos. No obstante, se advierte a los recurridos del deber de vigilancia que les asiste ante cualquier vulneración presente o potencial al ambiente y al recurso hídrico de la zona, para que de manera objetiva y consciente sean atendidas. En torno a la solicitud de delimitar físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, deberán las partes estarse a lo resuelto en sentencia de esta Sala número 12109 de las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.

Por tanto:

Estese a lo resuelto en sentencia de esta Sala número 12109 de las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho, en tanto ordenó delimitar físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888.  En torno a los demás alegatos, se declara sin lugar el recurso. Notifiquese.

 

            

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta a.i.

 

 

            Luis Paulino Mora M.                                                          Gilbert Armijo S.

 

 

            Ernesto Jinesta L.                                                                 Rosa María Abdelnour G.

 

 

            Horacio González Q.                                                             Roxana Salazar C.

FCC/mquesadach(95)/car.-

EXPEDIENTE N° 08-007018-0007-CO

 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 07:36:28.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 09022 - 2009**

**Date of Resolution:** May 29, 2009 at 10:11 a.m.

**Case File:** 08-007018-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of Matter:** *Amparo* Appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the Resolution**

 

\* 080070180007CO \*

Exp: 08-007018-0007-CO

Res. No. 2009-009022

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and eleven minutes on the twenty-ninth of May, two thousand nine.

*Amparo* appeal filed by FABIO RODRIGUEZ ALVAREZ, FERNANDO CALVO RODRIGUEZ, JESUS FRANCISCO ALVAREZ MOLINA, OSCAR ENRIQUE BARRANTES, RAMON DANILO PANIAGUA ARAYA, identity card numbers 0202980278, 0202980278, 0202890966, 0303140904, 0105280071, on behalf of LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE CARRIZAL, LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE CINCO ESQUINAS DE CARRIZAL, LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARRIZAL DE ALAJUELA, LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CINCO ESQUINAS DE CARRIZAL, and EL COMITE BANDERA AZUL ECOLOGICA, against the EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, THE EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), THE MINISTER OF HEALTH, THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF SANTA BARBARA DE HEREDIA, THE SECRETARY OF THE SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL (SETENA), and THE MANAGER OF THE SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

**Whereas:**

1.- By a brief received in the Secretariat of the Chamber at 10 hours and 06 minutes on May 7, 2008, the appellants file an *amparo* appeal and state (Folio 1): a) That the development of the Montaña Tranquila Tourist Project was initiated, whose corporate name is Lácteos Romero S.A., identity document 3-101-110231-28, whose legal representative is Mr. Guillermo Escalante H. b) That the project is located on the slopes of Cerro Guararí or Concordia within the Area de Conservación Cordillera Volcánica Central, on the Barva cartographic sheet at a scale of 1:50,000, and it is intended to be located over the recharge areas (áreas de recarga) of the aqueducts of the communities of Cinco Esquinas, Carrizal, and part of Santa Bárbara and Alajuela, which are located on the slopes of Cerro Guararí or Concordia. c) That the project is located within the protection zone established by decree No. LXV of July 30, 1888, which declares inalienable the lands where the waters that supply populations of Heredia, Alajuela, Puntarenas originate and feed the Colima Superior e Inferior aquifers, upon which the life of the entire Greater Metropolitan Area and Puntarenas depends. Currently in force according to official communication O.J. 118-2004 of the Procuraduría General de la República de Costa Rica of September 27, 2004. d) That according to the proposed Aquifer Protection Zoning (Zonificación de Protección Acuífera) for the Micro-cuencas Heredia, the canton of Santa Bárbara and especially the place where the aforementioned project is located, is designated as zone 1, which is of greatest hydrogeological importance and greatest vulnerability. e) That material extractions were carried out from a quarry (tajo) and the construction and improvement of roads within the said estate, with the aggravating factor that the earth resulting from the earthworks (movimientos) is being dumped in the Cuenca de la Conejera, causing its contamination. f) That there is a spring (naciente) captured to supply the aforementioned project and that the debris and earth are being dumped less than 50 meters above the spring (naciente) in the same micro-watershed. g) That according to official communication SG-941-2007 of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the technical viability granted to the Montaña Tranquila project is for the construction of: a stable, a caretaker's house, a ranch-style shelter, a cabin, and an area for a swing. h) That according to official communication OAMSB 107-2008 of January 28, 2008, the Mayor's Office of the Municipality of Santa Bárbara, states... "at the moment there is no construction permit granted to the company Lácteos Romero, Sociedad Anónima, which is the owner of the properties mentioned in the project. That the same does not have the municipal approvals on the cadastral plans. That there is no free access to the project because it is a private road, even though the owner of the property says it is a public road. That the plans also do not meet the requirements to grant land use. Only permission has been granted for the construction of a wall and gate. That the other works are emphatically shut down by our Municipality according to notifications 0712, 0534, and 0464; however, the owner continues carrying out construction work clandestinely, since as I said before, it is private property with difficult access, and despite several attempts to enter by myself together with officers from the municipality's legal advisory office and witnesses, entry to the project in question has been denied to us, of which there are records in our administrative files. (See attached note)." ...(sic). i) That according to the statement from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the ninth point of the response made to case file 07-009989-0007-CO. “(…) It is true. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the SENARA have conducted very costly studies in the Central Valley, among them the one called Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica, carried out by SENARA and endorsed by the Board of Directors of AyA, in which, among other aspects, it is indicated that the zones of greatest potential recharge are found in Alajuela, Heredia, and San José, and among them the canton of Barva, according to official communication DGAmb-EB-2007-332 of August 29, the Head of Basic Studies indicates in point 4: Another point of this study is based on the proposed zoning, where the sealing (impermeabilización) of the recharge zones (zonas de recarga) of the Colima and Barva aquifers is not permitted, as well as avoiding the risk of aquifer contamination; the agricultural zone defined by the GAM 1982 is proposed as a protection area. For this zone, the land uses indicated by the Comisión Interinstitucional de Micro cuencas de Heredia CIMH 2005 are proposed, which do not permit high-population-density urbanizations, intense tourist developments, industries considered hazardous type A and B, CHU Code, to use the land-use criteria matrix according to aquifer contamination vulnerability for the protection of water resources proposed by SENARA (…)” j) That the aforementioned project does not take into account technical criteria, conservation biology postulates, or environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental). k) That the different types of tourist and other projects that are trying to be implemented in the Protection Area established by decree No. LXV of July 30, 1888, and in hydrogeologically vulnerable zones, is due to the lack of delimitation of these zones and the absence of active participation by the different State institutions in ensuring their protection and control. They consider constitutional rights violated by virtue of the fact that the development of the works carried out to date violates the rule of law, altered the ecosystem, and threatens the population's water resources and consequently health and life, and the Secretaría Técnica Ambiental does not carry out the proper inspections to verify whether or not the development of the works to which it grants technical viability is real, and is ignoring the hydrogeological and vulnerability characteristics of the place. They request that the appeal be declared with merit and that it be ordered: a) To suspend the construction works, earthworks (movimientos de tierra), and any other activity in the Montaña Tranquila Tourist Project. b) That condemnation be ordered for the damages caused. c) That the Instituto Geográfico Nacional, the MINAE, and any other institution be required to demarcate the boundary (amojonamiento) of the Protection Area established in decree no. LXV of July 30, 1888. d) That the MINAE, the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), the AyA, and the INVU be required to carry out coordination work to establish the areas where these types of installations, buildings, or human activities are prohibited in the hydrogeologically vulnerable recharge and discharge zones (zonas de recarga y descarga) of the Barva, Colima Superior e Inferior aquifers that threaten the contamination of pristine water. e) That the MINAE, the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), the AyA, and the INVU be required to carry out coordination work to implement a strategic plan for the sustained environmental management of groundwater in the hydrogeologically vulnerable recharge and discharge zones (zonas de recarga y descarga) of the Barva, Colima Superior e Inferior aquifers. f) That the MINAE, the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), the AyA, the INVU, and other institutions be required to carry out coordination work to finalize agreements with the respective municipalities of the cantons immersed in the hydrogeologically vulnerable recharge and discharge area of the Barva, Colima Superior e Inferior aquifers, to recover, expropriate, or purchase the lands for the preservation of water resources. g) That the MINAE, the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), the AyA, the INVU, and other institutions be required to carry out coordination work with the municipalities of Barva and Santa Bárbara. h) That they be ordered to refrain from granting construction permits for urbanizations, subdivisions (fraccionamientos), segregations, condominiums, or any other urban settlement, industries, agricultural activities, and commercial enterprises in the protected reserve zones or in areas that have not yet been protected but that overlie the recharge and discharge zones of the main Barva, Colima Superior e Inferior aquifers.

2. By a resolution at eight hours and forty-six minutes on May 13, 2008, the present Appeal was admitted, and GUILLERMO ESCALANTE H., LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY "LACTEOS ROMERO," was considered a party to this *amparo* appeal.

3.- DRA. LIDIETH CARBALLO QUESADA reports under oath, in her capacity as VICE MINISTER OF HEALTH and because the Head of the Portfolio is outside the Ministerial Office, the following (Report on folio 101): a) That the present matter has been attended to by the Central North Region and the Directorate of the Rector Health Area of Santa Bárbara de Heredia. b) That on May 16, 2008, official communication ARSA-SB-0601-08 (Folio 104), signed by Dr. Marco Tulio Zumbado Ulate, Director of the Regional Area of Santa Bárbara de Heredia, reports: That in relation to the tourist project called "Proyecto Montaña Tranquila," there is no process carried out by that corporate name, nor any other with that name, in the Rector Health Area of Santa Bárbara. That a conversation was held with the Municipal Attorney, Licenciado Goyenaga, who indicates that the Municipality has opposed the project in question and that there have been no permits from that corporation, but that the permittees have carried out some earthworks (movimientos de tierra) and rebuilt a campaign[^1] on the site. That they were even reported by the Ministry of Environment and Energy to the Public Prosecutor's Office. c) That on May 20, 2008, technical report number RCN-AJ-172-2008 was received, which refers to the physical-sanitary inspection carried out by officials from the Central North Region at the project located: Los Cartagos, Roble, Santo Domingo de Santa Bárbara de Heredia on May 19, 2008, where it concludes with the following: "The project is an area that should remain protected and with consequent restrictions, due to its conditions and the importance for the conservation of fauna and water resources. 1. Montaña Tranquila does not have the permits or documents established for any type of activities." Within the said technical report, the following is recommended: "It is recommended to carry out periodic visits to the Proyecto Montaña Tranquila, in order to provide adequate follow-up to this case and take the corresponding measures based on articles 355 and 356 of the Ley General de Salud, to order the suspension of any type of work on the site, including earthworks (movimiento de tierras) and improvements to the road that provides access to the property until its viability is analyzed." d) That the present case has not been attended to by officials of the Ministry of Health where they know of and have carried out any administrative act regarding the project, nor regarding the corporation that owns the cited project. e) That municipal officials have opposed the cited project, but the permittees thereof have been carrying out works such as the reconstruction of a cabin and have been reported by other officials of the Ministry of Environment and Energy to the Public Prosecutor's Office. She requests that the present Appeal be declared without merit in relation to her ministry because it has been demonstrated that the officials of this Ministry have not violated any constitutional or legal precept.

4.- ROLANDO HIDALGO VILLEGAS reports under oath, in his capacity as MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF SANTA BARBARA DE HEREDIA (Report folio 114), the following: a) On July 26, 2006, Mr. Fernando Calvo of the Programa Bandera Azul Ecológica and Francisco Álvarez of the ASADA Carrizal, requested on behalf of the Community of Carrizal that the elimination of the undergrowth (sotobosque) of two forested areas located in the upper part of Carrizal in the District of Santo Domingo del Roble, Canton of Santa Bárbara de Heredia be investigated, as these individuals made a tour of the area, confirming the elimination of the undergrowth (sotobosque) in an area of pronounced slope and disregarding the protection area of two streams and springs (nacientes) captured for human consumption. As they reported, there was an intent to develop the lands on the site for the sale of lots, this being a problem for water resources as this is a recharge area (área de recarga) for springs (nacientes) that supply the aqueducts of Cinco Esquinas, Carrizal, Santa Bárbara, and Alajuela, and the request was for the Municipal Council to report to the Tribunal Ambiental to prevent damage to those resources. b) The Municipal Council of Santa Bárbara, by agreement No. 300-06, article 3, subsection u, of ordinary session No. 16 of August 15, 2006, decided by unanimous vote to address the Ministry of Environment and Energy and the Tribunal Ambiental to carry out the pertinent investigations. c) Also, by Municipal Agreement No. 35-2007 dated August 28, 2007, of the Municipality of Alajuela, it was decided to seek a joint solution between municipalities. d) That three closure notifications have been issued for the road works and earthworks (movimientos de tierra) in this place. In August 2007, a closure order was notified for the third time to the representative, and it was verified that there is only a stable, cabin, swings, and a ranch-style shelter built. That they have not disregarded that provision again. That they have visited the site on several occasions, have taken video, legal inspection records, and it is evident that everything is currently without any construction since the last closure. e) On October 8, 2007, it was decided to file a complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo in Case File No. 246-06-02-TAA to investigate the facts. f) That it is not proven that the Project is within the protection zone of decree No. LXV of July 30, 1888, since the entity responsible for delimiting these geographic coordinates is not the Municipality of Santa Bárbara de Heredia. That by official communication number DALMSB2008, an opinion was requested from the Procuraduría General de la República, and via response AAA-590-2008, without answering what was requested, it only makes reference to administrative jurisprudence and refers to official communications AAA-901-2006 without expressly ruling on the issue. g) That it is necessary to give legal geographic content to the delimitation of the 2 kilometers indicated in the aforementioned decree, for which the Instituto Geográfico Nacional must be required to do so immediately. h) That his Municipality has been a protector of water resources. In ordinary session No. 20 of December 7, 2006, agreement 586-06, the study by the Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia was analyzed, which deals with the delimitation of Aquifer Protection Zones in the micro-watersheds of the Ciruelas, Segundo, Bermúdez, and Tibás rivers, expressly establishing protection zones 1 and 2 and defining what activities can or cannot be done in the zone (Publication in La Gaceta No. 172 of September 7, 2007). i) The three registered real properties of the Desarrollo Integral Montaña Tranquila are those belonging to the real folio of the Province of Heredia 4-107288-000, 4-066142-000, 4-31057-000. Farm 4-31057-000, according to the coordinates, appears not to be affected by decree LVX of 1888, nor by micro-watershed zone 1. j) The lands are located within the Protected Wilderness Area (Aéreas Silvestre Protegida) called Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central under the terms of articles 32 and 37 of the Ley General del Ambiente. The entity responsible for overseeing the resource management plan is the Ministry of Environment. The Executive Branch is also responsible for intervening when there is non-compliance with the limitations of the management plan and must do so through the Procuraduría General de la República. If non-compliance by the companies Lácteos Romero S.A., Isla Tranquila S.A., BLUE PRINCE CORPORATION S.A., and finally the last trustee, who is Mr. Carlos Enrique López Baltodano, identity card 5-0264-0017 (all of the above in one way or another owners at some point in the registry of the Desarrollo Integral Montaña Tranquila), is proven, the lands must pass into the hands of the Costa Rican State, even up to Hacienda la Concordia. k) An inquiry has been made to the SETENA, MINAE, and the Procuraduría, as to who or which institution will delimit the scope of pronouncement OJ-118-2004 of the Procuraduría General de La República. l) From Environmental Complaint No. 2246-06-02-TAA, the assessment of the biophysical and environmental damage and the cost of recovery is extracted, a study carried out by MINAE experts, and which represents only 1% of the earthworks (movimientos). m) That they understand that the MINAE filed a criminal complaint in the Prosecutor's Office of Flores No. 07-003210-069-PE against Soto Kunh Adriana and Guillermo Escalante Henchoz for violation of the Ley Forestal, and Prosecutor Debby Garay Boza is in charge of the case. n) That the current owner is Mrs. Adriana Soto Kunh, representative of the properties in the Fideicomiso Blue Price Corporación S.A., and Mr. Carlos Enrique López Baltodano appears as trustee in the public registry. o) That there are only 3 visible and permanent springs (nacientes) concessioned before the Department of Waters of MINAE on the project. The others are intermittent and dry up in the summer period. p) On the website www.drh.go.cr of the Department of Waters of MINAE, 13 concessions appear in the name of Lacteos Romero, S.A.; as of 2006, the date of the earthworks (movimientos de tierra), only the one located 50 meters from Quebrada las Conejas was slightly muddied, as inspected by MINAE and recorded in the Tribunal Ambiental file. q) That concerning the Montaña Tranquila project, he as Mayor had already warned about this project on the Internet since January 2008. r) That the entire Cerro Guararí and Cerro de Concordia are a hydrological heritage for 500 years that must be protected at all costs, since water for the entire Central Valley and some other Provinces comes from there; one must not only think of Carrizal. s) That he requested a pronouncement from the Setena via Official Communication DLAMSB-0045-2008 of May 5, 2008, and is awaiting the response. t) That the Municipality, since official communication OAMSB-290-2008, has suspended all types of Municipal authorization procedures for building construction until the Tribunal Ambiental rules on the matter. u) The State, through the Procuraduría General de la República, or the MINAE must establish what the limits are to the management plan for said resources or, as appropriate, recover the lands for future generations. In the same vein, support the State to expropriate said lands. That the Municipality has fully complied by shutting down all types of construction work and municipal authorization procedures and has not permitted further environmental damage. That he considers that the other institutions have left him alone in this task (Tribunal Ambiental, Prosecutor's Office, SETENA, MINAE, nor the Procuraduría General de la República). He requests that the geographic delimitation of the coordinates be ordered, both for the content of Law LVX of 1888 and the delimitation of micro-watershed zones 1. That the authorities be ordered to follow up on the natural resource management plans and that the recovery of lands not complying with the obligations established for protected wilderness areas within the Reserva Forestal Coordillera Volcánica Central be ordered.

5.- ELADIO PRADO CASTRO reports under oath, in his capacity as EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (Report folio 543), the following: a) That regarding what was alleged by the appellants, the INVU has no knowledge nor is it within its competence, but rather that of the Ministry of Health, MINAE, SETENA, SENARA, and Municipality of Santa Bárbara. b) That in its records, there is no permit or authorization for the development of this project nor any type of study. c) That the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and SENARA are the entities responsible for water matters, and it is their responsibility to conduct the respective studies and identify areas of greater aquifer recharge and determine their vulnerabilities or hazards. Hence, the proposed Zoning, where the sealing (impermeabilización) of aquifer recharge zones is permitted, is their competence and not that of their institution. d) That this property is located in a special protection zone, according to the regulations arising from the PLAN GAM, and where all uses are limited in favor of the environment and the safeguarding of water resources. e) That land use grants are made by the Municipality and the Comisión Interinstitucional de micro cuencas de Heredia CIMH-2005, of which the INVU is not a member. f) That the INVU has had no intervention, nor knowledge about the case, and it is not within its competence. He requests that the appeal be declared without merit against the INVU.

6.- SONIA ESPINOZA VALVERDE reports under oath, in her capacity as ACTING SECRETARY GENERAL OF THE SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (Report folio 550), the following: a) That in accordance with the technical report under official communication SG-DAP-400-2008 and administrative file D”-1952, in the Secretariat, an environmental assessment process (proceso de evaluación ambiental) was carried out for a project called Montaña Tranquila located in the Province of Heredia, Canton Cuarto Santa Bárbara, District Quinto Santo Domingo, plan number H-1105122-2006, farm numbers 4-107288-000 and 4-31057-000. b) On December 11, 2006, the company Lácteos Romero S.A., represented by Mr. Guillermo Escalante Henchoz, submitted the Documento de Evaluación Ambiental number D2-1952-2006. In said D-2 form, which has the validity of a sworn statement, the interested party indicates that the net area of the project is 537 square meters, that the project will be supplied with water from a spring (naciente), that water consumption does not exceed 50 cubic meters per month, that no tree felling is required, that the wastewater will be treated by means of a septic tank, and that the volumes of material to be removed do not exceed 200 cubic meters. c) That with these characteristics, the analyzed project corresponds to a Low Potential Environmental Impact activity. d) On December 11, 2006, by official communication SGPDGI-1746-2006, the developer was requested to submit a detailed description of the project and the design of the work to be developed. e) On December 18, 2006, the interested party indicated that the project contemplates the following components: a stable for 18 horses (300 square meters), house for the horse caretaker (64 square meters), a ranch-style shelter (88 square meters), a cabin (85 square meters), for a total area of 537 square meters. It will also have an area to place a children's swing (60 square meters). f) On January 19, 2007, since the activity is considered of Low Potential Environmental Impact, the Environmental Viability was issued through resolution RVLA-087-2007-SETENA, in which it was stated: “(…) The developer is warned that if non-compliance with the acquired environmental obligations is verified, in accordance with article 14 of Decreto Ejecutivo 31849, or if falsity or manipulation of the information provided is proven due to the Sworn Statement nature of the submitted instrument, this Secretariat may proceed as indicated in article 15 of that same Decree, rendering null and void the environmental viability granted by this document (…)”. She indicates that this Environmental Viability does not cover the extraction of materials from a quarry (tajo), nor the construction and improvement of roads within the property. It includes: a stable for 18 horses (300 square meters), house for the horse caretaker (64 square meters), a ranch-style shelter (88 square meters), a cabin (85 square meters), for a total area of 537 square meters, and an area to place a children's swing (60 square meters). g) That since these are activities considered of Low Potential Environmental Impact, they are not required to submit specific technical studies such as: hydrogeological studies, natural hazard studies, geotechnical studies, hydrological studies, archaeological studies, as is required in the D-1 form. h) That according to Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in its article 15, SETENA is not obliged, at the preliminary assessment level, to carry out inspections in D-2 form developments; rather, it is a power. That for this particular case, environmental follow-up will occur during the construction stage. i) That on October 22, 2007, they received a complaint about the start-up of a large tourist project on the slopes of Cerro Guararí; therefore, on April 30, 2008, two officials from the Environmental Advisory and Follow-up Department met with officials from the Municipality of Santa Bárbara, the Sistema de Areas de Conservación, the complainants, and the developer.

7.- ROBERTO DOBLES MORA reports under oath, in his capacity as MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY (Report folio 603), the following: a) On January 11, 2007, the Heredia office of the Central Subregion became aware of these facts through a complaint from various associations. b) The Subregional office carried out an inspection verifying the construction of a cabin, a ranch-style shelter, a stable, a restored cabin, and a poultry farm. It was not determined that there was any tree felling. c) On April 17, 2007, through report SG-941-2007, the SETENA reported that the Proyecto Montaña Tranquila had Environmental Viability, opening the environmental management stage. d) On September 10, 2007, officials from Heredia and Alajuela inspected the site, generating official communication SRC-OH-796. e) On September 20, 2007, by official communication SRC-OA-971, Mr. Rafael Gutierrez, Director of the ACCVC, was requested to appoint an external commission to analyze the problem. f) That the quarry (tajo) mentioned in the appeal has existed for many years, and the exploitation permit is the responsibility of the Dirección de Geología y Minas. g) On July 9, 2007, a complaint was received about the road construction and contamination of the La Conejera watershed, and the Heredia Central Subregional office proceeded to make the visit, and through official communication OH-703, a road improvement with a tractor is mentioned, outside the protection area, without finding contamination in the Quebrada La Conejera. According to the visit made on September 28, 2007, a complaint was filed with the Public Prosecutor's Office on October 11, 2007, for the environmental damage found. h) That the Central Subregional office of Heredia conducted an inspection of the site, and it was verified that the plans submitted by Lácteos Romero S.A. are outside the area included within the Decree Law of 1888. Only a minimal portion on the northeastern boundary is located within the decree area, the extent of which has not been verified. The properties of Lácteos Romero are located on the summit, mid-slope, and foothills of Cerro La Concordia, specifically on the eastern part of the hill; according to measurements taken with GPS and the submitted plans, the properties are outside the area established by the mentioned decree.

[^1]: The original text states "reconstruido una campaña," which likely contains a typo or unclear phrasing. The most probable intended meaning is "reconstruido una cabaña" (reconstructed a cabin), as mentioned later in the same paragraph (point e). If "campaña" is literal, it has no clear meaning in this context.

i) Regarding the spring (naciente) captured for water supply and that the rubble and earth are being deposited less than 50 meters from the micro-watershed (micro cuenca), on October 12 it was determined: that the works are halted; that the deposited earth affected the protection area of the spring; that the quarry (tajo) is located less than 50 meters from the captured spring within the protection area; trees were found in the protection area of the stream (quebrada); that according to the environmental viability (viabilidad ambiental) issued by SETENA, more works were carried out than those authorized. j) The entity that can determine recharge areas and the so-called zone 1 is SENARA. k) That the activity presented by the developer to SETENA for environmental viability was classified as a Low Potential Environmental Impact activity. That, as these are activities considered Low Potential Environmental Impact, specific technical studies such as: hydrogeological studies, natural hazard studies, geotechnical studies, hydrological studies, archaeological studies, are not required, as they are requested on form D-1. l) That all filed complaints have been addressed and, for this reason, complaints have been filed before the competent authorities. Requests that the Amparo Appeal (Recurso de Amparo) be declared against his Ministry.

8.- GUILLERMO ESCALANTE HENCHOZ, in his capacity as PRESIDENT WITH FULL POWERS OF GENERAL ATTORNEY WITHOUT SUM LIMIT OF LACTEOS ROMERO S.A. (Folio 722), responds as follows: a) That the appellants had already filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental administrativo). b) That he is no longer the owner of the properties because by deed 81 of 12:00 hours on March 31, 2006, of notary María Jesús Ugalde Zamora, he transferred the properties owned by his represented entity Lácteos Romero S.A. to the Fideicomiso Montaña Tranquila-2006, whose legal representative is Lic. Carlos López Baltodano, ID 5-274-017, but it was only registered until May 2, 2008. c) That the omissions alleged by the appellants have not occurred and will not occur. d) That neither the Municipality, nor MINAE, nor SETENA, nor INVU, nor AyA, nor SENARA have omitted their environmental control functions regarding the Montaña Tranquila project. That all have suspended permits until the administrative environmental process concludes. e) That the Montaña Tranquila project does not threaten the environment and is an environmentally friendly project. f) Previously, he never carried out any type of development due to lack of resources, so he never incurred in any environmental damage. g) The entity that initiated the project development was the company Blue Prince Corporation S.A., legal ID 3-101-410047, represented by Adriana Lucía Soto Kuhn. h) That the trustee Lic. Carlos Lopez Baltodano is not the one who caused the damages, but rather Mrs. Kuhn and her American husband Craig Brand. i) The Montaña Tranquila project is not within the 2 kilometers of protection of decree law LXV, but rather in the lower part. j) That MINAE gave him authorization to exploit the Quarry (Tajo), but this has not been done for many years. k) The development is not high density because the sale is of agricultural parcels of 7000 meters, whose construction coverage is 15%, and it must go through all permits and controls and does not damage the recharge zones of the aquifers (mantos acuíferos). It is already being advertised on the Internet, but this is not illegal. l) The constructions authorized in the Environmental Viability are the only things that have been built. m) The maintenance of the roads is permitted according to the forest contract (contrato forestal) signed since 1993. n) That the appellants cannot claim that these are pristine zones, as low-density developments can be carried out. o) Clearing (corta) does not require MINAE permits if it adheres to the forest contract and its management plan (plan de manejo). p) The zone is not determined as vulnerable, nor as a water recharge area. q) That the Municipality of Santa Bárbara has already published the delimitations of the Aquifer Protection Zones (Zonas de Protección Acuífera) of the watersheds of this region according to gazette 172 of September 7, 2007. Requests that the appeal be declared without merit and that he not be considered a party, since these are no longer his properties.

9.- In the brief at folio 834, GUILLERMO ESCALANTE HENCHOZ, in his capacity as PRESIDENT WITH FULL POWERS OF GENERAL ATTORNEY WITHOUT SUM LIMIT OF LACTEOS ROMERO S.A., indicates: That he reiterates that he has already demonstrated that neither he nor the company he represents are responsible for the events, since March 2006, the entity Blue Prince Corporation S.A., represented by Mrs. Adriana Soto Kuhn, is the one who has carried out the development acts on the project.

10. RICARDO SANCHO CHAVARRIA, in his capacity as EXECUTIVE PRESIDENT OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS), reports under oath (Report folio 812) as follows: a) That there is no management or approval of projects under the names Turístico Montaña Tranquila and El Marro, located on the slopes of Cerro Guararí or Concordia within the Cordillera Volcánica Central Conservation Area (Area de Conservación Cordillera Volcánica Central), on the Barva cartographic sheet 1:50,000, cadastral plans H-1177149-2007, H-1177152-2007, real estate folios 4-031057-000 and 4-107288-000. b) That his institution is unaware of the situation of the cited project. c) That every project must come to AyA for its approval in accordance with the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). Requests that the appeal be declared without merit in relation to the institution he represents.

11.- BERNAL SOTO ZUÑIGA, in his capacity as GENERAL MANAGER WITH FULL POWERS OF GENERAL ATTORNEY WITHOUT SUM LIMIT OF THE NATIONAL SERVICE FOR GROUNDWATER, IRRIGATION AND DRAINAGE (SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO), reports under oath (Report folio 819) as follows: a) That according to official communication ASUB-0228-2008, no documents related to the "Montaña Tranquila" tourist project were found at SENARA under the name Lácteos Romero S.A., therefore, an exact location with coordinates for the project is not available. b) According to the Map of Conservation Areas of the Cordillera Volcánica Central (Mapa de Areas de Conservación de la Cordillera Volcánica Central), the Concordia and Cartagos sector is located outside the Concordia Protection Zone (Zona de protección de Concordia), established according to decree LXV of July 30, 1888, but it is located within the Forest Reserve of the Cordillera Volcánica Central (Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central). c) According to the Hydrogeological Map of the Regional and Urban Planning Project of the Greater Metropolitan Area (Gran Area Metropolitana, GAM) of the Central Valley of Costa Rica, PRUGAM, for the canton of Santa Bárbara, scale 1:200000, the project area is located in the vicinity of the zone corresponding to the Barva aquifer (acuífero Barva). d) According to the Hydrogeological Vulnerability Map of the Regional and Urban Planning Project of the Greater Metropolitan Area (GAM) of the Central Valley of Costa Rica, PRUGAM, for the canton of Santa Bárbara, scale 1:200000, the project area is located outside the vulnerability analysis zone; however, it is located in the vicinity of high and medium vulnerability zones for contamination of the Barva aquifer, and due to the location of the area in question, the hydrogeological conditions are possibly similar to those of the high and medium vulnerability zone. e) Regarding the Aquifer Recharge Map of the Regional and Urban Planning Project of the Greater Metropolitan Area (GAM) of the Central Valley of Costa Rica, PRUGAM, for the canton of Santa Bárbara, scale 1:200000, and the Potential Recharge Map of the Central Valley proposed by Ramírez (2007), the project area is located outside the recharge analysis zone; however, the sector in question is located in the vicinity of the area favorable for aquifer recharge, so due to the hydrogeological and climatic conditions, the project area could also correspond to an area favorable for aquifer recharge. f) It is therefore concluded that the geological characteristics of the Barva aquifer (lavas and pyroclasts) and possibly its surroundings could turn the project zone into an important infiltration area. It is recommended not to change the current land use (uso de suelo) in the buffer zones (zonas de amortiguamiento), especially on the access roads to the project facilities, and that the developer must prepare detailed hydrogeological studies to be evaluated by SENARA, so that a criterion can be issued. g) That his institution has no knowledge of any action tending to evaluate studies or issue viability criteria for the project or its possible impact on the aquifers where it is located; however, it makes the same observations: that the geological characteristics of the Barva aquifer (lavas and pyroclasts) and possibly its surroundings could turn the project zone into an important infiltration area. It is recommended not to change the current land use in the buffer zones, especially on the access roads to the project facilities, and that the developer must prepare detailed hydrogeological studies to be evaluated by SENARA, so that a criterion can be issued. h) That his institution issues criteria when they are requested. Requests that the appeal be declared without merit against the institution he represents.

12.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate González Quiroga; and,

Considering:

I.- Purpose of the appeal.- The appellants seek the protection of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, due to the initiation of development of a project called "Proyecto Turístico Montaña Tranquila," on the slopes of Cerro Guararí or Concordia within the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, on the Barva cartographic sheet scale 1:50,000, specifically on the recharge areas of the aqueducts of the localities of Cinco Esquinas, Carrizal, and part of Santa Bárbara and Alajuela, and within the protection zone established according to decree No. LXV of July 30, 1888, which declares inalienable the lands where the waters that supply populations of Heredia, Alajuela, Puntarenas originate, and feed the Upper and Lower Colima aquifers, on which the life of the entire Greater Metropolitan Area and Puntarenas depends. That in this project, material extractions from a quarry, construction and improvement of roads have been carried out, and the earth, product of earthworks (movimientos), is being dumped in the Conejera Watershed (Cuenca de la Conejera), causing its contamination. All of the above, despite the Environmental Technical Viability granted to this project being for the construction of a stable for 18 horses, a caretaker's house, a ranch-style structure (rancho), a cabin, and a swing area, and that the municipal permit was granted for the construction of a wall and a gate. For this reason, the Municipality of Santa Bárbara closed the works, but they continue to be carried out. Considers that the Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental) has not fulfilled its functions.

II.- Proven facts.- Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

1. On July 26, 2006, Messrs. Fernando Calvo of the Ecological Blue Flag Program (Programa Bandera Azul Ecológica) and Francisco Álvarez of ASADA-Carrizal, requested the Municipal Council of the Municipality of Santa Bárbara de Heredia, to investigate the elimination of understory (sotobosque) in two forested areas located in the upper part of Carrizal, on the slopes of Cerro Guararí or Concordia, specifically in the Province of Heredia, Fourth Canton Santa Bárbara, Fifth District Santo Domingo, and to file a complaint before the Environmental Tribunal to prevent damage to water resources. (Folio 176 and Report of folio 114 from the Mayor of Santa Bárbara)

2. On August 15, 2006, the Municipal Council of Santa Bárbara, by agreement No. 300-06, article 3) subsection u), of ordinary session No. 16, decided by unanimous vote to address the Ministry of Environment and Energy and the Environmental Tribunal to carry out the pertinent investigations regarding the indicated complaint. (Report folio 114 from the Mayor of Santa Bárbara)

3. On August 23, 2006, the Municipality of Santa Bárbara issued an official communication informing the Administrative Environmental Tribunal of the agreement requesting that the necessary investigations be carried out in relation to the mentioned complaint. (Folio 174 and report of folio 114 from the Mayor of Santa Bárbara)

4. On an unspecified date but subsequent to that, the Administrative Environmental Tribunal assigned file number No. 246-06-02-TAA to this complaint. (Report of folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara)

5. On October 24, 2006, by summons number 464, the Municipality of Santa Bárbara ordered for the first time the closure of the works carried out on the denounced real estate properties, located in the Province of Heredia, Fourth Canton Santa Bárbara, Fifth District Santo Domingo, owned by the company Lácteos Romero S.A., legal ID 3-101-110231-28. (Folio 568 and report of folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara)

6. On December 11, 2006, the company Lácteos Romero S.A., legal ID 3-101-110231-28, represented by Mr. Guillermo Escalante Henchoz, submitted the Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental) number D2-1952-2006 to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for the project called "Montaña Tranquila" located on the real estate properties described above, in the Province of Heredia, Fourth Canton Santa Bárbara, Fifth District Santo Domingo, plan number H-1105122-2006, real estate folio numbers 4-107288-000, 4-31057-000 and 4-66142-000. According to this application, the net area of the project is 537 square meters; it is supplied with water from a spring; water consumption would not exceed 50 cubic meters per month; tree felling is not required; wastewater will be treated by septic tank; and the volumes of material to be removed do not exceed 200 cubic meters. (Folio 591; Report folio 550 of SETENA and Report folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara)

7. The mentioned lands are located within the Protected Wilderness Area (Aérea Silvestre Protegida) called Forest Reserve Cordillera Volcánica Central. They have 13 water springs, of which 3 are visible and permanent, concessioned before the Water Department of MINAE, and the others are intermittent and dry up in the summer period, and there is a pre-existing quarry. (Report folio 603 of MINAE, Report folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara)

8. That same day, December 11, 2006, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) initiated the project's environmental assessment process, via administrative file D-1952-2006-SETENA, and via official communication SGPDGI-1746-2006, requested Guillermo Escalante Henchoz to submit the detailed description of the project and the design of the work to be developed. (Folio 589, 590 and Report folio 550 of SETENA)

9. On December 18, 2006, the described company submitted to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) an official communication indicating that the project includes the following components: a stable for 18 horses (300 square meters), house for the horses' caretaker (64 square meters), a ranch-style structure (88 square meters), a cabin (85 square meters), for an area of 537 square meters. It will also have an area for a child's swing (60 square meters). (Folio 583 and Report folio 550 of SETENA)

10. On January 11, 2007, the Heredia office of the Ministry of Environment and Energy, Central Subregion (MINAE), received an environmental complaint filed by several Associations regarding the "Montaña Tranquila" Project described above, but indicating that a large-scale project is being planned (lots for country houses, hotel with casino, stables, canopy, among others). (Folio 719 and Report folio 603 of MINAE)

11. On January 19, 2007, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) conducted the study on the received application, and considering the project to be of Low Potential Environmental Impact, issued the Environmental Viability by resolution RVLA-087-2007-SETENA in the following terms:

"(...) Regarding the Environmental Assessment Document (D2), which was assigned Administrative File number D2-1952-2006-SETENA, submitted by you before the National Environmental Technical Secretariat on date: 6/01/07, and additional information submitted on 12/18/06, corresponding to the activity, work, or project called: Montaña Tranquila (Construction area 537 m2) (...) I am pleased to inform you that upon analyzing the information received, it has been determined that it complies with the provisions of Executive Decrees No. 31849-MINAE-MAG-MEIC, of June 28, 2004, and No. 32079-MINAE of November 5, 2004. Therefore; Environmental Viability is granted, opening the environmental management stage. The Developer is reminded that they must comply with the Code of Good Environmental Practices and current Environmental Legislation. The developer is warned that if non-compliance with the acquired environmental obligations is verified, in accordance with article 14 of Executive Decree 31849, or if it is proven that the information provided is false or has been manipulated, given the Sworn Declaration nature of the submitted instrument, this Secretariat may proceed in accordance with article 15 of the same Decree, rendering the environmental viability granted through this document null and void, and the corresponding documentation must be submitted, independently of the power to file the corresponding criminal complaints (...) ". (Folio 581; Report folio 550 of SETENA and Report folio 603 of MINAE)

12. On January 18, 2007, the Central Subregion of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) conducted an inspection of the mentioned real estate properties and determined:

"(...) 1. There is a ballasted access road that leads us to the part where the infrastructure is located. (...) 3. There is various infrastructure already built, such as a cabin, main ranch-style structure, stable, restored small house, and poultry farm (...) 4. That there are at least three terraces, of which two have infrastructure (terrace no. 01, main ranch-style structure, terrace no. 02, stable, restored small house, poultry farm) and the last one is observed in a state of land leveling. (...) 6. That thinning (raleo) does not require any type of approval from the state forestry administration, as long as it is not within a Protected Wilderness Area. For this particular case, this property is within the Forest Reserve Cordillera Volcánica Central and requires an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) by Setena. This means that this harvesting is occurring irregularly, in plain sight and with the tolerance of the colleagues who went to the site and did not act as appropriate. (...) 8. That the property in question has Protection Areas and that therefore the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, Chapter IV, Article 33 must be respected in the first instance. Furthermore, according to the characteristics of the terrain, the distances must be 15 m and 50 m (...)" (Folio 164 and 713 and Report folio 603 of MINAE)

13. On January 22, 2007, by summons 534, the Municipality of Santa Bárbara ordered, for the second time, the closure of the works carried out on the denounced real estate properties. (Folio 569 and report of folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara)

14. On July 9, 2007, the Subregional office of the Ministry of Environment and Energy of Heredia, Central Subregion (MINAE), received a complaint about the construction of a road and contamination of the La Conejera watershed, therefore it proceeded to make a visit to the project and, via official communication OH-703, determined that there was road improvement with a tractor, outside the protection area, without finding contamination in the "La Conejera" Stream. (Report of 603 of MINAE)

15. On August 22, 2007, the Municipality of Santa Bárbara ordered for the third time the closure of the works carried out on the property of interest, by summons number 712, and it was verified that, until that moment, only a stable, a cabin, swings, and a ranch-style structure had been built; that video was recorded; that legal inspection records have been raised; and that everything was without any construction since the last closure order. (Folio 134, 135, 570, and Report folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara).

16. On August 30, 2007, by resolution 2902-07-TAA, at seven hours and twenty minutes that day, in file No. 246-06-02-TAA, the Administrative Environmental Tribunal requested the Subregional Office of Heredia of MINAE to perform an economic valuation of the environmental damage at the denounced site. (Folio 157 and Report folio 114 from the Mayor of the Municipality of Santa Bárbara)

17. In that same month, according to the Economic Valuation of Environmental Damage in the "Montaña Tranquila" Project, conducted by the Subregional Office of Heredia of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, of the National System of Conservation Areas of MINAE, in administrative file 246-06-02-TAA), it was indicated:

"(...) General description of the damage.

·   That in a sector of the property of the project called Montaña Tranquila, cutting and clearing (corta y chapia, socola) of shrubs and plants was carried out within a secondary forest (bosque secundario) area.

·   That on the property where the project called Montaña Tranquila is located, there are important bodies of water (two streams), which are captured for human consumption and dairy farms.

·   The affected forest area is estimated at 1 ha.

·   That the elimination of the forest areas generated adverse impacts on the existing wild flora and fauna, soil; as well as a landscape modification"

(...) The value of the environmental damage caused in the forest area on the property of the Montaña Tranquila project amounts to 378,987.45 (three hundred seventy-eight thousand nine hundred eighty-seven colones and forty-five cents).(...)" (See folio 141)

18. On September 10, 2007, officials from the Central Subregional Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) conducted an inspection of the site, generating official communication SRC-OH-796, which indicated:

"(...) * In the upper part of the property, an existing trail was traversed that leads directly to a waterfall; at this site, the partial rehabilitation of a road was evidenced in a section estimated at a length of 50 meters by two meters wide, which then narrowed to a trail or path leading directly to a waterfall. In this sector, a small clearing estimated at 60 square meters was observed. This clearing was the product of the natural fall of a tree, which the farm workers chose to section, top, and remove from the watercourse to prevent damming.

* Entry was made to the quarry sector, where in a site near a slope, a mound of earth had accumulated, which, due to the intensity and frequency of precipitation (rain), typical of the season, weakened and slid down the slope, causing a landslide that dragged part of the existing vegetation (...)" (Folio 669 and Report folio 603 of MINAE)

19. On September 20, 2007, the officials of the mentioned Central Subregion, via official communication SRC-OA-971, requested Mr. Rafael Gutierrez, Director of the CORDILLERA VOLCANICA CENTRAL CONSERVATION AREA (ACCVC) of MINAE, to appoint an external commission to analyze the case. (Folio 660 and Report folio 603 of MINAE)

20. On October 1, 2007, via official communication OAMSB 469-2007, the Municipality of Santa Bárbara de Heredia forwarded other complaints filed regarding the mentioned project to the Administrative Environmental Tribunal. (Folio 131 and Report folio 114 of the Mayor's Office of Santa Bárbara)

21. On October 11, 2007, the officials of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) filed a criminal complaint before the Public Ministry of the province of Heredia against Messrs. Guillermo Escalante Henchoz as representative of the firm Lacteos Romero S.A. and Adriana Soto Kuchn as representative of the Montaña Tranquila Project, to investigate the possible commission of the crimes of Violation of the Forestry Law, Infraction of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de vida Silvestre), and the Water Law (Ley de Aguas). (Folio 181; Report 114 of the Municipality of Santa Bárbara; Report of folio 101 of the Ministry of Health and Report 603 of MINAE)

22. On October 12, 2007, by official communication D-1062 of the Ministry of Environment and Energy, Cordillera Volcánica Central Conservation Area (MINAE), it was determined: that the rubble and earth are being deposited less than 50 meters from the micro-watershed; that the works are halted; that the deposited earth affected the protection area of the spring and is the responsibility of the owners; that the quarry is located less than 50 meters from the captured spring within the spring's protection area and has been exploited, although not extensively; that there is no severe damage from the material exploitation; that felled trees were found in the protection area of a stream, and that according to the environmental viability issued by SETENA, more works were carried out than those authorized. That the watershed 50 meters from Quebrada las Conejas was only slightly dirtied. (Folio 622, Report folio 603 of MINAE)

23. On October 22, 2007, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) received the complaint from several Associations about the launch of a large tourist project called "Montaña Tranquila". (Report folio 550 of SETENA).

24. On November 22, 2007, the officials of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) expanded the criminal complaint filed before the Public Ministry of Heredia. (Folio 613 and Report folio 603 of MINAE )

25. On January 28, 2008, via official communication OAMSB 107-2008, the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Santa Bárbara, indicated:

"(...) at this time, there is no construction permit granted to the company Lácteos Romero, Sociedad Anónima, which is the owner of the real estate mentioned in the project. That it does not have the municipal approvals on the cadastral plans. That there is no free access to the project as it is a private road, although the property owner says it is a public road. That the plans do not meet the requirements to grant land use (uso del suelo) either. It has only been granted for the construction of a wall and gate. That the other works are firmly closed by our Municipality according to notifications 0712, 0534, and 0464; however, the owner continues to carry out construction work clandestinely, since, as I said before, it is a private property of difficult access, and despite several attempts by myself, together with representatives of the municipality's legal advisory office and witnesses, to enter the project in question, they have refused to give us entry, of which there are records in our administrative files. (...)" (Folio 16)

26. On April 30, 2008, the officials of the Environmental Advisory and Monitoring unit of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), officials of the Municipality of Santa Bárbara, of the System of Conservation Areas, and the complainants began coordination efforts to address the complaints. (Report folio 550 of SETENA).

27. On May 19, 2008, by technical report number RCN-AJ-172-2008, prepared by the Central North Region of the Ministry of Health, on the "Inspection of the Touristic Project Montaña Tranquila", the following was concluded:

"(...) During the visit, Mr. David Chanto, the caretaker, attended, who explained in detail the situation and description of the project. According to Chanto, the total area of the property is 226 hectares and the project consists of the future construction of a residential development (urbanización), in which, at the moment, lots of 7000 square meters are being sold. This is a residential project intended to be built in the mountain heights. (...) the trails that surround the mountain were ballasted, making access easier; there is a ranch-style structure in rustic pine wood, equipped and conditioned. A conditioned and equipped house where a couple lives who manages and watches over the place. There is also a stable, and along the path, two or three unused cabins are also observed (...) LEGALITY OF THE PROJECT: The aforementioned advances were built, as indicated by the municipal authorities, without any type of permit; there is neither plan approval nor construction permit. Regarding the Ministry of Health, there are no permits granted in the Rector Area, nor in the Central North Regional Directorate (...) Conclusions: 1) The Montaña Tranquila tourist project is an area that should remain protected and with consecutive restrictions, due to its conditions and its importance for the conservation of flora, fauna, and water resources. 2) Montaña Tranquila does not have the permits or documents established for all types of activities.

Recommendations: It is recommended that periodic visits be made to the Montaña Tranquila Project, in order to provide adequate follow-up to this case and take the corresponding measures based on articles 355 and 356 of the Ley General de Salud, so that the suspension of any type of work at the site be ordered, including earthworks (movimiento de tierras) and improvements to the road providing access to the property (…).” (Folio 111 and Report at folio 101 of the Ministry of Health)

28. On May 27, 2008, at 9:29 a.m., officials of the Administrative Environmental Tribunal conducted an inspection of the immovable properties in question and determined that no tree cutting was observed in the forest and understory area, and what are noted are diseased and deteriorated trees. (Folio 855)

29. On June 19, 2008, by resolution 576-08-TAA at seven hours and twenty minutes of that same day, in expediente 246-06-02-TAA, the Administrative Environmental Tribunal resolved:

“(…) Single Considering: That in view of the ocular inspection report carried out by the officials of this Administrative Environmental Tribunal on May 27, 2007 at 9:29 a.m., which is attached at folio 154, wherein it is established that no tree cutting was observed in the forest and understory area, and what are noted are diseased and deteriorated trees, this complaint is hereby dismissed (…) IT IS AGREED: To proceed to dismiss the complaint filed by the Municipality of Santa Bárbara, Messrs. Fernando Calvo, in his capacity as representative of the BAE program, Mr. Francisco Alvarez, in his capacity as representative of the ASADA of Carrizal, Freddy Valerio Segura, in his capacity as Head of the Subregional Office of Heredia of the Area de Conservación Cordillera Volcánica Central and the ASADAs and the development associations of Carrizal and Cinco Esquinas of the Central Canton of Alajuela and to archive administrative expediente number 246-06-02-TAA (…)” (Folio 210)

30. That the Central Subregional Office of Heredia of the Ministry of Energy and Mines (MINAE), determined that the immovable properties of Sociedad Lácteos Romero are located on the summit, midslope and foothills of the La Concordia hill, specifically the eastern part of the hill, according to measurements taken with GPS. That of these, the immovable properties comprising the project in question lie outside the area established by the Ley de 1888. There is only a minimal part on the northeastern boundary that lies within the area of the decree. (Report 603 of MINAE)

31. That in the Municipality of Santa Bárbara and the Interinstitutional Commission for Micro-watersheds of Heredia CIMH-2005, there is no procedure or application filed by the company owning the properties or by any other person, for the purpose of developing a Tourism Project called “Montaña Tranquila,” and they have not granted any permit or authorization for that purpose. That since official letter OAMSB-290-2008, all types of Municipal authorization procedures for this project have been suspended. (Report at folio 114 of the Municipal Mayor of Santa Bárbara)

32. That in the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), there is no procedure or application filed by the company owning the properties or by any other person, for the purpose of developing a Tourism Project called “Montaña Tranquila,” and they have not granted any permit or authorization for that purpose. (Report at Folio 543 of INVU)

33. That in the Regional Health Area of Santa Bárbara de Heredia, there is no procedure or application filed by the company owning the properties or by any other person, for the purpose of developing a Tourism Project called “Montaña Tranquila,” and they have not granted any permit or authorization for that purpose. (Folio 104, Report at folio 101 of the Ministry of Health)

34. That in the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), there is no procedure or application filed by the company owning the properties or by any other person, for the purpose of developing a Tourism Project called “Montaña Tranquila”; what exists is the approval of an environmental feasibility (Viabilidad Ambiental) for the construction of a project that includes the following components: a stable for 18 horses (300 square meters), a house for the horse caretaker (64 square meters), a ranch-style structure (88 square meters), a cabin (85 square meters), for an area of 537 square meters, and a children's swing set (60 square meters). (Folios 589, 590 and Report at folio 550 of SETENA)

35. That the Montaña Tranquila project is advertised on the Internet as a site for the sale of lots. (Report at folio 114 of the Mayor of Santa Bárbara de Heredia)

36. That in the Prosecutor's Office of San Joaquín de Flores de Heredia, criminal proceedings 07-003210-369-PE and 08-002865-369-PE, against ADRIANA SOTO KUHN and GUILLERMO ESCALANTE HENCHOZ, for the crimes of Violation of the Ley Forestal, Infraction of the Ley de Conservación de Vida Silvestre and the Ley de Aguas, are in the Preparatory Phase.


III. UNPROVEN FACTS: The following facts are deemed unproven:

1. That extraction of material was carried out from the quarry (tajo) located on the mentioned properties and that the earth resulting from the earthworks was dumped less than 50 meters from the spring (naciente) in the Cuenca de la Conejera.

2. That the respondent authorities do not carry out inspections to verify the reported situations, nor have they followed up on the case.

3. That the execution of the works constructed under the protection of the environmental feasibility granted by the National Environmental Technical Secretariat has caused injury to fundamental rights or to the right to a healthy and ecologically balanced environment.


IV. ON THE STATE'S DUTY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION.- This Chamber's position on the State's duty of environmental protection has emphasized that the right to a healthy and balanced environment obligates the State to ensure adequate protection of the environment; consequently, to take the necessary measures to prevent alterations produced by human activity from constituting an injury to the environment. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt in this regard—the guiding principles of Environmental Law require that precautionary measures deemed appropriate be adopted so that this impact does not occur, and even allow postponing the activity in question, since once the harmful biological and social consequences have already occurred, a posteriori coercion is ineffective, and would have nothing more than moral significance, as it would hardly compensate for the damages caused to the environment. In this vein, the precautionary principle obligates the Environmental Administration to carefully weigh whether man's activity compromises the environment, and not to grant authorization if the evaluations demonstrate that the activity could produce harmful or irreparable consequences for the environment. Thus, the Costa Rican State is obligated to ensure and adopt measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment. Constitutional Law requires using all available means—whether legal or factual—to preserve the environment. Article 50 of the Constitution obligates the State and other public institutions to actively intervene in environmental protection. Ordinary law is responsible for developing the constitutional canon and fostering in its content economic and social development in full compatibility with a healthy and ecologically balanced environment. The country currently has abundant implementing legislation, among which we can cite, among others: Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Flora, Fauna y Vida Silvestre, Ley de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, Ley de Biodiversidad, Ley de Aguas and Ley de Planificación Urbana. These regulations, and other similar ones that may be added, materialize the State obligation to protect the environment as a fundamental right. This Chamber has recognized that both the right to health and the right to an environment free from contamination—without which the former could not be effective—are fundamental rights, such that it is the State's obligation to provide for their protection, whether through general policies to achieve that end, or through specific acts by the Administration (ruling number 1763-94, at 4:45 p.m. on April 13, 1994.). In this sense, it has been stated:


"(…) Environmental contamination is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are most often lasting and cumulative. The Costa Rican State is obligated to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the execution of acts that injure the environment, and under the correlative and equally inescapable prohibition against fostering its degradation (…)" (Ruling number 2002-04830 at sixteen hours on May twenty-first, two thousand, a criterion reiterated in ruling 2002-8996 at ten hours and fourteen minutes on September sixth, two thousand two).


As a corollary to the foregoing, it can be affirmed that although it is true that the State must respect the right of individuals to work and to private enterprise, it is also true that it must ensure the well-being of the community.


Specifically ON THE PROTECTION OF WATER RESOURCES, this Chamber indicated in ruling 2008-12583 at fifteen hours and two minutes on August nineteenth, two thousand eight:


"(…) V.- On the protection of water resources, given the problem of water scarcity. On repeated occasions, this Court has analyzed the importance of protecting underground water resources, given the increasing scarcity of the precious liquid. In this regard, what was ordered by ruling number 2008-12109 at fifteen hours and sixteen minutes on August fifth, two thousand eight, is of relevance, in which it was stated, as relevant:

"V.-On the problem of water scarcity. In recent years, the issue of access to water has become a global problem, due to the ever-increasing scarcity of the precious liquid. According to the second United Nations World Water Development Report, some one billion one hundred million people lack access to potable water in the world, a number that increases daily due to the contamination or disappearance of the sources that supply the planet. The aforementioned report notes that more than four thousand children die daily from diseases caused by the lack of potable water, such as, for example, diarrhea, which kills more than one million eight hundred thousand people per year, the majority of them under five years of age. Likewise, it mentions that by the year two thousand twenty-five, two thousand seven hundred million people—equivalent to one-third of the world's population—will have water scarcity problems, a situation that could generate demographic catastrophes never before seen. The United Nations considers that the lives of one million six hundred thousand people could be saved each year if they were offered the possibility of accessing potable water; however, in most regions of the world, the necessary actions to meet this objective have not yet been adopted. In the specific case of Latin America, various studies consider that more than sixty million people lack access to potable water in the region, this despite South America containing only six percent of the world's population and enjoying twenty-six percent of the planet's water resources. The data presented above generate great concern within the United Nations, which has called upon the different governments of the world to adopt appropriate measures to mitigate the described problem in their territories.

VI.-On groundwater and its protection. Groundwater has become the primary means of public supply in the Central American region, since the majority of surface sources have been contaminated by human action. In the specific case of Costa Rica, it is estimated that approximately seventy percent of the water consumed daily by the country's inhabitants comes from groundwater, a situation that highlights the importance of protecting this resource. Precisely on this particular topic, it is relevant to note what was ordered by this Court in ruling number 2004-01923, at fourteen hours and fifty-five minutes on February twenty-fifth, two thousand four, in which it indicated, as relevant:

“V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and can be subject to common or special uses, there are groundwaters. Groundwater is that found beneath the earth's surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are as follows: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The water contained in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, is called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the altitude difference between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the velocity of groundwater movement depends, essentially, on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water of the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of which 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, as opposed to surface water, which is notably exposed to contamination and degradation from harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the particular case of our country, it has been estimated that the potential annual recharge of groundwater is approximately 47,000 million cubic meters per year, meaning 20% of precipitation; it has also been calculated that of the 750,000 cubic meters of daily water for human consumption that are used, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater intakes. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages, such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is made gradually depending on the increase in demand for the service, and collection areas can be located near the place where demand arises, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physico-chemical quality of groundwater is more constant than that of surface water and is potable with little or no treatment; c) as soil or rocks exist above groundwater, it is more protected from natural or human-origin contamination; d) variations in quantity and availability during dry seasons or rainfall are minimal compared to those of surface water; e) it constitutes a strategic reserve to face states of emergency due to public calamity, internal unrest (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.

VI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The topic of groundwater is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its article 50, sets forth the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Similarly, access to potable water ensures the rights to life—'without water, no life is possible,' affirms the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to the health of persons—indispensable for their food, drink, and hygiene—(article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the development and socioeconomic growth of peoples to ensure each individual well-being and a dignified quality of life (article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in great proportions. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025 nearly 5.5 billion people will have water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another vein, at present, a duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development) has been recognized, such that the needs of the present must be satisfied without compromising the ability of future generations to do so with their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems—non-contaminating or environmentally compatible water use—.”

From the foregoing, the importance of groundwater as a means of guaranteeing access to potable water for a large part of the national population is deduced. Therefore, the State is obligated to guarantee its protection, through the use of the powers granted to it by the Legal System, in order to comply with the provisions of article 50 of the Constitution. (…)

VI.- On the specific case. It is unquestionable that tourism has become one of the most important sources of income for Costa Rica, hence its importance for the country's economy cannot be denied. Nevertheless, this activity, like any other, cannot be exempted from compliance with the controls and requirements set forth by national legislation, for doing so would place at risk a series of rights that are protected by the legal system, and which as such deserve protection by the State. In the specific case, it is proven that the Ministry of Environment and Energy proceeded to formalize the project called Infrastructure for the Braulio Carrillo National Park, Barva Sector, SINAC-MINAE, in order to provide Braulio Carrillo National Park with the necessary infrastructure to receive tourists throughout the year; however, from the elements contributed to the record, it is deduced that the cited project was begun without the totality of technical studies necessary to guarantee that it would not produce any damage in the area where it is located, which harbors a large part of the aquifers supplying water to the population of the Greater Metropolitan Area. (…) "


V.- ON COORDINATION AMONG PUBLIC AGENCIES TO GUARANTEE ENVIRONMENTAL PROTECTION. In ruling 2008-004790 at twelve hours and thirty-nine minutes on March twenty-seventh, two thousand eight, this Chamber indicated:

"(…) III.- Coordination among public agencies must guarantee environmental protection. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that falls to everyone equally, that is, there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the citizenry. In this task, public institution must be understood to include both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which, by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding environmental conservation and preservation; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the National Institute of Housing and Urbanism, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Costa Rican Tourism Institute, or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewer Systems; a task in which, of course, the municipalities have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to be able to carry out the functions entrusted to them. This Chamber previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in achieving common goals—which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and decentralized institutions carry out in this important function—, for which it defers to what was indicated on that occasion (ruling number 5445-99, at fourteen hours thirty minutes on July fourteenth, nineteen hundred ninety-nine):

“So that coordination is the ordering of the relationships between these various independent activities, which addresses this concurrence on a same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, it is not possible to impose certain conduct on them, with which arises the essential interinstitutional ‘concert,’ in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on this preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of the municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through ‘administrative oversight’ of the State, and specifically, in the function of legality control that pertains to it, with powers of general vigilance over the entire sector).”

On the other hand, omissions of the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact study by the National Environmental Technical Secretariat, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, or allowing businesses to operate without health permits regarding the treatment of blackwater or residual water (Aqueducts and Sewer Systems and Ministry of Health), or failing to verify sonic controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard ruling number 2006-005159 at thirteen hours four minutes on April seventh, two thousand six).(…)”


VI.- ON DECREE LAW NUMBER 65 OF JULY TWENTY-EIGHTH, EIGHTEEN EIGHTY-EIGHT. Regarding this aspect, this Chamber already had the opportunity to rule in ruling 2008-12109 at fifteen hours and sixteen minutes on August fifth, two thousand eight.


"(…) V.-On decree law number 65. Through decree law number 65 of July twenty-eighth, eighteen eighty-eight, the legislator ordered the protection of one of the areas in which the water springs that supply the inhabitants of the provinces of Heredia, Alajuela, and part of San José are found, providing for this purpose, as relevant, as follows:

THE CONSTITUTIONAL CONGRESS OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA,

Whereas the conservation of the mountains in which originate the streams and springs that supply water to the province of Heredia and part of that of Alajuela is of public utility,

DECREES:

Art. 1.—A zone of land two kilometers wide is declared inalienable, on one side and the other of the summit of the mountain known by the name of Montaña del Volcán de Barba, from the hill called El Zurquí to that known by the name of Concordia, whether said zone is of national or municipal property.

Art. 2.—The Executive Branch is authorized to increase or decrease the extent of the zone referred to in the preceding article if, after carrying out the respective survey by means of a scientific commission, it deems it appropriate to modify it in the manner that said commission indicates.

As is evident from the reading of the cited regulation, the legislator of the century before last intended to ensure that the provinces of Alajuela, Heredia, and San José could guarantee themselves the water resources necessary to meet the needs of the population in the future. To achieve this, the legislator ordered the creation of an inalienable zone, which could not be subject to any type of possession due to its public nature, as this Court has held in a series of pronouncements, as is the case of ruling number 422-96 of January twenty-second, two thousand six, in which it was stated, as relevant:

“(…)The public domain is comprised of goods that manifest, by express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest. They are public things or public goods that do not belong individually to private individuals and are intended for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men, that is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these goods belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected to the service they provide, which is invariably essential by virtue of express regulation. Therefore, their characteristics are being inalienable, imprescriptible, unseizable; they cannot be mortgaged or be susceptible to encumbrance. Since they are outside of commerce, these goods cannot be the object of possession, although a right to use can be acquired, not a right to property.”

VI.- Based on the foregoing recitals, this Chamber finds that in the specific case a violation of the provisions of Article 50 of the Constitution is confirmed, which is attributable to the State and the respondent municipalities. With respect to the Costa Rican State, it has been proven that over the years, it has not carried out the corresponding tasks to delimit the zone covered by Law No. 65 of eighteen eighty-eight, in order to ensure that no type of human activity takes place in said location and thus fulfill the intent of the legislature at the time of issuing the cited regulation. This inaction persists even to the present day, since the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE), as the authority responsible for safeguarding the country's natural resources, has failed in its duty to effectively delimit and monitor the strip of land established by Law No. 65, despite the fact that the legislature placed said zone in the public domain with the aim of creating an area free from any type of interference by private parties, an intention that has not been fulfilled to date, since the case file shows that construction permits have even been granted on the cited land. In the case of the respondent municipalities, it is inferred from the evidence provided in the case file that said corporations have granted construction permits in the zone covered by Decree-Law No. 65, a situation that violates not only the desire of the legislature at the time of enacting the cited regulation, but also violates the provisions of Article 50 of the Constitution, for the reasons set forth above. It is worth mentioning that although Law No. 65 does not clearly establish the degree of limitation to which the zone established by said law was subject, the truth is that in application of the in dubio pro natura (in dubio pro natura) principle, and considering the spirit of the cited regulation, this Chamber finds that said protection must be understood as total, and therefore no type of permit or concession may be granted in said strip of land. Likewise, this Court considers that none of the respondent authorities may claim ignorance of the provisions of Law No. 65, for although more than a century has passed since its creation, the truth is that said regulation remains in force, as inferred from Legal Opinion (Opinión Jurídica) No. OJ-118-2004 of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República). Thus, for the reasons set forth above, the appropriate course is to grant the appeal on this point, ordering the respondent Ministry to coordinate with the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN) to physically delimit the zone covered by the aforementioned law, and then recover the lands located therein that are being occupied by private parties; and ordering the respondent municipalities to refrain from granting any type of permit within the perimeter established by Law No. 65. (...) Therefore:

The appeal is granted, solely with respect to the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the Ministry of Health (Ministerio de Salud), and the Municipalities (Municipalidades) of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado. Roberto Dobles Mora, or whoever holds his position as Minister of Environment and Energy (MINAE), is ordered as follows: a) Within seven months from the notification of this judgment, undertake the actions within the scope of his authority to physically delimit the zone established by Law No. 65 of 1888, and thereafter, initiate the recovery processes for the lands located in said sector that are being occupied by private parties; (...) José Manuel Ulate Avendaño, or whoever holds his position as Mayor (Alcalde Municipal) of the Central Canton of Heredia, Rolando Hidalgo Villegas, or whoever holds his position as Mayor (Alcalde), and Marta Lidia Segura Miranda, or whoever holds her position as President of the Municipal Council (Presidenta del Concejo Municipal), both of the Municipality (Municipalidad) of Santa Bárbara de Heredia, (...) are ordered as follows: a) To immediately refrain from granting any type of permit within the zone established by Law No. 65 of 1888, with respect to their jurisdictions; b) To proceed to hire the necessary professionals for the preparation of the hydrogeological vulnerability maps recommended by SENARA in its report called “Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica (Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica)”, which must be included in the urban planning regulations of their jurisdictions, as recommended by the aforementioned authority. (...) The State and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado are ordered to pay the costs, damages, and losses that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative contentious jurisdiction. With respect to the other respondent authorities, the appeal is dismissed. (...)”

VI.- ON THE MERITS. The appellants seek protection of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, because the development of a project called “Montaña Tranquila” (Montaña Tranquila) Tourist Project was initiated, on the slopes of Cerro Guararí or Concordia within the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Area de Conservación Cordillera Volcánica Central), on the Barva cartographic sheet at a scale of 1:50,000, specifically on the recharge areas of the aqueducts of the localities of Cinco Esquinas, Carrizal, and part of Santa Bárbara and Alajuela, and within the protection zone established by Decree No. LXV of July 30, 1888, which declares inalienable the lands where the waters that supply the populations of Heredia, Alajuela, Puntarenas originate and that feed the Upper and Lower Colima aquifer systems (mantos acuíferos), upon which the life of the entire Greater Metropolitan Area (Gran Area Metropolitana) and Puntarenas depends. That in this project, material has been extracted from a quarry (tajo), and roads have been built and improved. Furthermore, the earth (tierra) resulting from the earthworks (movimientos) is being dumped in the Conejera Basin (Cuenca de la Conejera), causing its contamination. All of the foregoing, despite the fact that the Environmental Technical Viability (Viabilidad Técnica Ambiental) granted to this project is for the construction of a stable for 18 horses, a caretaker's house, a ranch-style structure (rancho), a cabin, and a swing set area, and despite the fact that the municipal permit was granted for the construction of a wall (tapia) and a gate. For this reason, the Municipality (Municipalidad) of Santa Bárbara ordered the closure (clausuró) of the works, but they continue to be carried out. They consider that the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) does not conduct the required inspections. In the case sub lite, the appellants raise two substantive arguments. First, that environmental damage has been caused in the “Montaña Tranquila” project, a place where a large-scale tourist project is also planned that will affect the aquifer systems of the zone, and that the authorities have not carried out the control actions to prevent it. Second, that the scope and limits of Decree-Law No. 65 of July twenty-eighth, eighteen eighty-eight, must be delimited in this zone. On the first point, this Constitutional Chamber (Cámara constitucional) considers, from the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this matter, described extensively in the list of proven facts, that there is no evidentiary support to find that the alleged infringement has occurred. Indeed, there is no evidence to support what the appellants claim, but rather the opposite. Upon individually analyzing the actions of the respondent authorities, it is observed that, in the case of the Municipality (Municipalidad) of Santa Bárbara, there is no procedure or application filed by the company that owns the properties, or by any other person, for the purpose of developing a Tourist Project called “Montaña Tranquila,” and they have not granted any permit or authorization for that purpose. The closure (clausura) of the works has been ordered on three occasions, and all types of Municipal authorization procedures for this project are suspended. They have verified that no other additional construction has been carried out on the site, and various visits and inspections have been conducted for that purpose. Furthermore, these officials have insisted on filing complaints with the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), and have followed up on them. Finally, they have participated in institutional coordination efforts to address the complaints filed. For its part, in the Regional Health Area (Area Regional de Salud) of Santa Bárbara de Heredia, there is also no procedure or application filed for the purpose of developing that Tourist Project, and they have not granted any permit or authorization for that purpose. The head of the area states that an inspection of the site was conducted and that periodic visits have been deemed necessary. Likewise, at the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), what was granted was the approval of an “Environmental Viability (Viabilidad Ambiental)” for the construction of a project comprising the following components: a stable for 18 horses (300 square meters), house for the horse caretaker (64 square meters), a ranch-style structure (rancho) (88 square meters), a cabin (85 square meters), for an area of 537 square meters, and a children's swing set (60 square meters). There is no approval whatsoever for an Environmental Viability Project for large-scale development. The regional offices of MINAE, in turn, have investigated the complaints filed by private parties and other state institutions, have conducted site inspections, and have carried out the respective measurements to determine the limits of Law 65 of 1888 in the specific case. The latter has allowed them to determine that the real estate properties of Sociedad Lácteos Romero are located on the summit, mid-slope, and lower slopes of Cerro La Concordia, specifically the eastern part of the hill, according to measurements taken with GPS. That of these, the real estate properties that are relevant in this matter lie outside the area established by the Decree-Law of 1888. Only a minimal portion on the northeastern boundary is within the area of the decree (MINAE Report 603). Likewise, they have filed criminal complaints with the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) in order for the possible commission of infractions of the Forestry Law (Ley Forestal), Water Law (Ley de Aguas), and Wildlife Law (Ley de Vida Silvestre) to be investigated, which are in the preparatory phase. Finally, they have participated in institutional coordination efforts to address the complaints filed. Finally, the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) conducted the administrative process, carried out the necessary inspections, and ruled out environmental damage in the zone. For their part, SENARA, INVU, and AyA have not carried out any authorization procedure, nor has one been requested of them. All of the foregoing allows us to state that, to date, we have no elements to support the claim that the authorities have provided a disinterested and ineffective response to the case. As can be seen, any urban development initiative has been halted through integrated efforts, until feasibility can be determined. It has been precisely through the intervention of the respective authorities that all environmental damage has been stopped, and by filing the respective criminal complaints, the potential knowledge of criminal offenses has been transferred to the appropriate legality channel, as is proper. The authorities have not failed in their obligation to guarantee the protection of the fundamental rights at issue, nor have they failed in their duty of vigilance over the activities carried out on these real estate properties. For the reasons stated, the appropriate course is to dismiss the appeal. Regarding the second point, which refers to defining the scope of the Decree-Law, this Chamber has already ruled on this matter in judgment 2008-12109 of fifteen hours sixteen minutes on August fifth, two thousand eight—transcribed in relevant part in recital VI of this judgment—and therefore the parties must abide by what was decided therein, such that they have the right to demand compliance with what was ordered therein.

VII.- In conclusion.- Based on what was stated in the preceding recital, from the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this matter, it is not proven that a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment has occurred in this case. Nor are infringements of other constitutional rights observed in the actions of the respondents. However, the respondents are warned of their duty of vigilance regarding any present or potential harm to the environment and the water resources (recurso hídrico) of the zone, so that they may be addressed objectively and conscientiously. Regarding the request to physically delimit the zone established by Law No. 65 of 1888, the parties must abide by what was decided in judgment of this Chamber No. 12109 of fifteen hours sixteen minutes on August fifth, two thousand eight.

Therefore:

Abide by what was decided in judgment of this Chamber No. 12109 of fifteen hours sixteen minutes on August fifth, two thousand eight, in that it ordered the physical delimitation of the zone established by Law No. 65 of 1888. Regarding the remaining claims, the appeal is dismissed. Notify.

Ana Virginia Calzada M.
Acting Presiding Judge (Presidenta a.i.)

Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. Rosa María Abdelnour G.

Horacio González Q. Roxana Salazar C.

FCC/mquesadach(95)/car.-

EXPEDIENTE N° 08-007018-0007-CO

Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

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