Res. 09040-2009 Sala Constitucional — Water Contamination by Bromacil from Pineapple Plantation in SiquirresContaminación del agua con Bromacil por plantación de piña en Siquirres

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09040 - 2009

Fecha de la Resolución: 29 de Mayo del 2009 a las 10:29

Expediente: 07-013151-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias Relacionadas


Texto de la resolución

 

* 070131510007CO *

Exp: 07-013151-0007-CO

Res. Nº 2009009040

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y veintinueve minutos del veintinueve de Mayo del dos mil nueve.

Recurso de amparo interpuesto por ALEXIS CALVO FRANCIS,    cédula número 7-061- 704, ALEXIS GUTIERREZ ALVARADO, cédula número 3-258-619, CARLOS HERRA MUÑOZ, cédula número 1-522-636, CARMEN MORALES MORALES, cédula número 9- 096-225, DAISY LOPEZ ARRIETA, cédula número 7-186-995, DELROY MATTHEWS PORTER, cédula número  7-044-537, DIEGO PEREZ MONTERO, cédula número 7-193- 086, DORIS PEREZ MONTERO,  cédula número 9-097-895,  EDDIE SANDI MENDEZ, cédula número 7-057-843, EULOGIO JIMENEZ RODRIGUEZ, cédula número 6-072-403, FRANCISCA ARRIETA G., cédula número 7-059-041, GERARDO FERNANDEZ ARCE, cédula número  7-057-048, MARIA ELENA ARRIETA GUZMAN, cédula número 7-099-156, MARIO RODOLFO HUSTON, cédula número 7-046-199, PERCIBAL MATTHEWS PORTER, cédula número 7-038-316, ROGER CAMPOS ALVARADO, cédula número 3- 191-412, ALEXANDER  GAMBOA, cédula número 3-323-052, IRENA GARCIA RIVERA, cédula número 3-292-253, YORLENY GARCIA  RIVERA, cédula número 3-336-819, JOSE RAMIREZ PALMA, cédula número 3-146-612, FRESSY SOJO  SOLANO, cédula número 3- 292-196, CRISTINA SOJO SOLANO, cédula número 3-383-278, HAYDEE MURIAS OLIVARES, cédula número 3-173-919, MISAEL MIRANDA RAMIREZ, cédula número 3- 152-571, LEONEL  CARPIO ARGUEDAS, cédula número 2-415-090, MARIA ALFARO FUENTES, cédula número 4-141-372, ALFONSO MURILLO FUENTES, cédula número 2- 346-052, NEFTALI RAMIREZ ARIAS, cédula número 1-509-707, ANDREY BARQUERO CASTILLO, cédula número 7-161-698, MARIA  ELENA VARGAS CARVAJAL, cédula número 4-150-576, ANDREA RAMIREZ HERRERA, cédula número 1-1177-298, JORGE REAL SABORIO, cédula número 7-145-721, JUANA ARRIETA GUZMAN, cédula número 7-085-536, MARIA  EUGENIA M., cédula número 3-221-687, WILLIAM ARANA CORDERO, cédula número 1-828-167, NURIA GRANADOS ZUÑIGA, cédula número 7- 090-731, WILSON ANCHIA SOTO, cédula número 5-304-397, MAURICIO ANCHIA ALTAMIRANO, cédula número 7-187-658, CELENIA JIMENEZ  SOTO, cédula número 1- 1233-847, DAMARIS JIMENEZ SOTO, cédula número 3-326-615, CIANIE JAMES, cédula número 7-091-284, CARMEN MARIA VARELA HERNANDEZ, cédula número 1-591-652, WILLIAM CARRANZA  JIMENEZ, cédula número 6-159-615, LIXANIA ARIAS LOPEZ, cédula número 7-159-387, EVELIO LOPEZ SALAZAR, cédula número 3-273-046, YORLENY BERMUDEZ BERMUDEZ, cédula número 9-104-131, MAYELA ZAMORA GUTIERREZ, cédula número 7-093-547, ADRIAN SANCHEZ ALVARADO, cédula número 1-768-410, CLARENCE MATTHEWS, cédula número 7-035-740, MIRIAM MENA LOPEZ, cédula número 7-056-974, JORGE CASCANTE ALVARADO, cédula número 7- 147-480, DANILO MORALES CORRALES, cédula número 1-412-1151, ELVIA RAMIREZ GOMEZ, cédula número 6-158-043, HECTOR RAMIREZ VARGAS, cédula número 2-138- 300, JOSE MOLINA M., cédula número 5-245-487, EUNICE DIAZ  OVIEDO, cédula número 6-256-580, JULYETH ABARCA GARCIA, cédula número 6-357-782, MARIA EUGENIA  UMAÑA ROJAS, cédula número 1-392-1186, KATTIA LOPEZ TORRES, cédula número 7-158-457, MILENA VARGAS ANCHIA, cédula número 7-179-536, DANIELA DANIELS VARGAS, cédula número 7-181-899, ISABEL OCAMPO, cédula número 9-078-260, HERMINIA VARGAS V., cédula número 1-429-777, ADAN ANCHIA ANCHIA, cédula número 1-496-813, ROGUIDO LOPEZ MARTINEZ, cédula número 6-148- 287, ROSALBA OCAMPO ARGUEDAS, cédula número 6-102-1360, JULIO  ELIZONDO ZUÑIGA, cédula número 1-617-563, ERCILIA  PEREZ MORALES, cédula número 7-090- 963, ELIZABETH MORA  SOLANO, cédula número 1-677-595, IRIA VARGAS VARGAS, cédula número 7-067-081, TOBIAS MORA B., cédula número 9-048-409, ALBA VEGA MORA, cédula número 1-548-760,  e HIGINIO JIMENEZ MONGE, cédula número 9-793- 502, a su favor y en el de las comunidades de CAIRO, LA FRANCIA y LUISIANA del Cantón de Siquirres;  contra HACIENDA OJO DE AGUA S.A., la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA), el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA, la SECRETARÍA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), y el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.  También son partes -no recurridas-  en el proceso, la DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA), el INSTITUTO REGIONAL DE ESTUDIOS EN SUSTANCIAS TÓXICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HEREDIA, COSTA RICA (IRET-UNA), y el DIRECTOR DEL LABORATORIO NACIONAL DE AGUAS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 01 de octubre de 2007, los accionantes interponen este recurso y manifiestan, en resumen:

1.      Que el Ministerio de Salud otorgó permiso sanitario de funcionamiento a la empresa Hacienda Ojo de Agua;

2.      Que la Municipalidad de Siquirres extendió permiso de funcionamiento a la empresa Ojo de Agua;

3.      Que el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), aparentemente otorgó un permiso de funcionamiento a la empresa Hacienda Ojo de Agua;

4.      Que la parte recurrente desconoce las condiciones técnicas, legales y de plazo en que se otorgaron los anteriores permisos, dado que el Director del Área de Salud de Siquirres, la referida Municipalidad y la SETENA (ésta última en relación con la evaluación del impacto ambiental que debió haber realizado dicha empresa), no han suministrado la información precisa solicitada por la parte recurrente (se indica que la información fue solicitada por los representantes de las ASADAS de Cairo y Luisiana);

5.      Que la empresa Hacienda Ojo de Agua, ubicada en el Distrito de Cairo, inició operaciones en el año 2000, con una plantación de aproximadamente 20 hectáreas, que se ha expandido, presuntamente sin permiso ni estudios de impacto ambiental, en aproximadamente 300 hectáreas;

6.      Que la plantación de piña de la empresa Ojo de Agua, está sobre el manto acuífero que da origen a la naciente que nutre el acueducto de El Cairo y Luisiana;

7.      Que esa plantación de piña, por la ubicación, pendiente e intensificación del uso de agrotóxicos, ocasiona que sus residuos se conecten directamente con el flujo hidráulico del manto acuífero que da origen a la naciente donde está la toma de los acueductos de Cairo y Luisiana;

8.      Que estos suelos son muy permeables, se saturan de agua muy rápidamente, dando origen a grandes zonas de recarga acuífera, como la que nutre a los acueductos de Cairo y Luisiana;

9.      Que la referida empresa ha contaminado con agrotóxicos estos acueductos; 

10.  Que esta zona es muy lluviosa, lo que explica por qué la tecnología utilizada en el cultivo de la piña es de gran concentración y frecuencia de uso del agrotóxico, lo que agrava la contaminación permanente de los mantos acuíferos que están en los alrededores de esta plantación;

11.  Que lo que está pasando con el manto acuífero sobre el cual está dicha plantación de piña, es que sus residuos se filtran hasta la corriente hidráulica, contaminando el agua que consumen las familias de las comunidades circundantes a la empresa; 

12.  Que las asociaciones administradoras de los acueductos (ASADAS), conforman un comité denominado Pro Agua Saludable para las Familias de las Comunidades de Cairo, La Francia, Luisiana, comité que está constituido por las ASADAS de Cairo y Luisiana;

13.  Que este comité se constituyó para obtener una solución real a la problemática persistente de la contaminación del agua de dichos acueductos, por parte de la empresa Ojo de Agua; 

14.  Que sus familias están tomando agua con agrotóxicos desde hace más de 6 años; 

15.  Que la situación descrita viola los derechos a la vida, a la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio de legalidad y la legislación relacionada con la protección del ambiente, del agua, los recursos naturales y la biodiversidad; 

16.  Que estamos ante un caso de negligencia en el cumplimiento de la ley por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Municipalidad de Siquirres y la empresa Hacienda de Ojo de Agua;

17.  Que un estudio realizado por la Universidad Nacional (UNA), en el transcurso de los años 2002-2004, denominado “Vulnerabilidad de las Aguas Subterráneas a la contaminación por plaguicidas en Costa Rica”, encontró la sustancia “Bromacil” en el agua del acueducto de El Cairo de Siquirres; 

18.  Que el acueducto de Cairo nutre en una parte al acueducto de Luisiana; 

19.  Que ese estudio muestra que el compuesto contaminante con más frecuencia en las muestras de estas nacientes fue el “herbicida Bromacil”;

20.  Que esa sustancia fue detectada por el laboratorio del IRET (Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA), lo que fue confirmado por los laboratorios del USGS de Denver Estados Unidos y Omegan de Holanda;

21.  Que dicho estudio concluyó que la referida sustancia es relativamente móvil y persistente en el suelo, lo que ha causado en otras parte del mundo, contaminación de las aguas subterráneas, tal y como está ocurriendo en las nacientes de los acueductos de El Cairo y Luisiana; 

22.  Que los científicos del IRET han investigado sobre la gravedad de la expansión de cultivos como la piña, lo que de no cambiar, puede causar una contaminación más generalizada de las aguas subterráneas y de los pozos de la zona, como está sucediendo actualmente; 

23.  Que el estudio del IRET previene a la institucionalidad pública involucrada implementar las regulaciones sobre uso de plaguicidas y de protección de las aguas subterráneas; 

24.  Que de las indicaciones emitidas por el IRET desde hace cuatro años, ninguna ha sido implementada por las instituciones públicas responsables; 

25.  Que un estudio oficial del Laboratorio Nacional de Aguas (LAN) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encontró que en la naciente de El Cairo se presenta el tóxico Bromacil;

26.  Que con base en este estudio del LAN se observa que prácticamente cuatro años después, las aguas subterráneas que conforman la red hidrológica de estas nacientes, están expuestas a la contaminación por productos químicos (presencia de Bromacil) utilizados en el cultivo de la piña; 

27.  Que en ese estudio del LAN se indica que en el descriptor de cáncer de la “EPA” para los plaguicidas Bromacil, Diuron y Tradimefon, el Diuron tiene una clasificación L, de probablemente cancerígeno para los humanos, y de los otros se indica que no han sido evaluados, pero en el caso del Bromacil éste tiene una clasificación C, es decir, cancerígeno en animales, por lo que probablemente es cancerígeno para los humanos; 

28.  Que la norma europea para el Bromacil establece como límite tan solo 1 ug/L, y en el presente caso, este límite es muy cercano o superado por las concentraciones encontradas en el agua, lo cual es muy grave y presuntamente constituye la causa de los males a la salud que padecen los ciudadanos de las comunidades amparadas; 

29.  Que en el informe del LAN, entre otras cosas se recomienda, proponer soluciones en las áreas definidas como de interés para el abastecimiento por parte del AyA, desarrollar tareas para la protección del recurso agua que requieran de la presencia institucional y definir acciones preventivas en materia de uso de suelos en las áreas identificadas de interés para el AyA, para disminuir el peligro real o potencial de los recursos hídricos; 

30.  Que otro estudio oficial del LAN realizado en el mes de julio del año 2007, indicó que había presencia de los tóxicos dichos en las fuentes de abastecimiento de los Acueductos de El Cairo, además de que apareció otro tóxico conocido como Carbariol; 

31.  Que este último estudio demuestra que no es un asunto de poca o alta concentración de los tóxicos, sino que lo importante es que estas sustancias tóxicas están presentes en forma persistente en el agua que están consumiendo los amparados, lo cual pone en riesgo la vida de las personas; 

32.  Que es claro que mientras esté operando la empresa Ojo de Agua encima del manto acuífero, esta situación se va a seguir presentando; 

33.  Que en otro estudio oficial avalado por el LAN, realizado en agosto de 2007, se determinó nuevamente que hay presencia del tóxico Bromacil en las fuentes de abastecimiento de los acueductos de El Cairo; 

34.  Que sin embargo, en este último estudio el LAN cometió un error “adrede”, ya que aparentemente solo se analizó si había Bromacil, sin embargo, cuando el estudio se “triangula” con nuevos análisis del laboratorio IRET de la UNA, se vuelve a detectar una gran cantidad de tóxico y concentraciones alarmantes; 

35.  Que el estudio del IRET es más preciso ya que es realizado por un laboratorio científico que utiliza la misma metodología que otros estudios a nivel nacional e internacional;

36.  Que lo importante es recalcar que de los dos últimos estudios se desprende que los tóxicos prevalecen en el agua, en concentraciones determinadas pero persistentes, razón por la que el agua no es potable, sino dañina para la salud humana; 

37.  Que ante la gran cantidad de evidencias existentes de la contaminación del agua, no se han tomado las medidas que la legislación del país indica para estos casos;

38.  Que en el último muestreo oficial, realizado el 25 de setiembre, en el que estuvieron presentes el Ministerio de Salud y el AyA, no se tomó en cuenta al laboratorio del IRET de la UNA, que es un ente neutral y objetivo; 

39.  Que de los referidos estudios de los años 2004, 2006 y 2007, se puede apreciar que tanto el número de sustancias tóxicas presentes en el agua, como las concentraciones de las sustancias entre el primero y los otros estudios, se han duplicado y hasta triplicado en el agua que han estado tomando las familias de las comunidades afectadas; 

40.  Que esta situación ha tenido expuesta a las personas a los peligros potenciales del efecto de estas sustancias tóxicas por cerca de 7 años; 

41.  Que el Diuron y el Bromacil son agrotóxicos que prevalecen en los estudios, son sustancias peligrosas para la vida humana, son productos muy móviles y ya están en el torrente hidráulico del manto acuífero, por lo que una vez ahí, son muy persistentes, tal y como lo demuestran los diferentes análisis del agua que se han realizado; 

42.  Que en las condiciones de la zona atlántica se tienen que utilizar grandes concentraciones de estas sustancias, ya que la condición de la zona es muy lluviosa y obliga a esta práctica agrícola para poder tener el cultivo limpio de mala hierba; 

43.  Que por esta razón las sustancias prácticamente pasan directamente a la cañería de los acueductos; 

44.  Que estas sustancias se bioacumulan en los tejidos y órganos de los humanos lo que está causando gran cantidad de enfermedades en las personas de las comunidades afectadas; 

45.  Que en  estas comunidades se presenta una frecuencia persistente de enfermedades tales como pérdida de la visión, mareos y vómitos ocasionales, pérdida del pelo, diarreas, muertes extrañas sin diagnóstico claro, tumores, cáncer, alta frecuencia de abortos con alta incidencia de malformaciones mutagénicas, aumento de mortalidad perinatal y otros males como constantes problemas respiratorios; 

46.  Que las ASADAS han solicitado al Ministerio de Salud que realice un estudio epidemiológico para conocer exactamente los verdaderos alcances de esta situación de la salud de las personas, por el hecho de estar expuestas por más de 6 años a estas sustancias tóxicas, pero tampoco se ha tenido una resolución real por parte de las autoridades; 

47.  Que la información sobre las condiciones de la salud del Cantón de Siquirres, se pueden consultar en los boletines que emiten el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social; 

48.  Que sobre lo anterior se solicitó información al Director de Salud del Ministerio de Salud de Siquirres, sin embargo, no ha sido entregada con la precisión requerida; 

49.  Que existe evidencia de que en el Cantón de Siquirres existe una alta y anormal incidencia de una serie de enfermedades con respecto a los otros cantones de la Provincia de Limón, lo cual es probable que se deba entre otras causas, a los agrotóxicos; 

50.  Que por lo anterior, la institucionalidad pública encargada de velar por el cumplimiento de las leyes de protección del ambiente y de la salud humana, en la práctica no está cumpliendo con sus funciones ni con las leyes; 

51.  Que el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas le solicitó a la Municipalidad de Siquirres se realizara una sesión del concejo municipal para aportar prueba oficial sobre la situación de contaminación del agua del acueducto de Cairo;

52.  Que en la sesión de ese concejo municipal celebrada el 19 de julio ante toda la comunidad, ese órgano tomó un acuerdo a favor de la vida de las familias de estas comunidades, pero se tiene el problema de que el municipio no lo ha hecho efectivo, porque la citada empresa continúa realizando operaciones en desacato a lo establecido por el gobierno local, específicamente en lo relacionado con el numeral 1 del acuerdo, que versa sobre declarar “la moratoria inmediata y permanente de los procesos productivos que se realizan sobre el manto acuífero y zona de recarga que sirve de base para las captaciones de los acueductos de Cairo y Luisiana”; 

53.  Que esa Municipalidad tampoco ha dado respuesta a la solicitud de información que se le hizo sobre las condiciones de origen, técnica y legal en que se encuentra la patente otorgada a la empresa Ojo de Agua, por lo que presumiblemente, la Municipalidad no está cumpliendo con lo que establece el Código Municipal y las leyes nacionales para otorgar un permiso de operación de una empresa en su territorio;

54.  Que el 28 de junio de 2007, el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas, entregó en el Despacho de la Ministra de Salud, un escrito en el que formula una serie de peticiones relacionadas con la contaminación del agua del acueducto de Cairo y en el que se advertía sobre el grave peligro para la vida de las familias, sin embargo, no han obtenido respuesta por escrito, ni una pronta solución sostenible y permanente; 

55.  Que la Ministra de Salud en el mes de julio de 2007, declaró ante la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que el acueducto de El Cairo está efectivamente contaminado; 

56.  Que ante esa Comisión legislativa la Ministra también dijo que le parece que definitivamente hay que intervenir de una manera clara, no solamente en Siquirres, sino en todas las actividades productivas del país, para evitar el riesgo a las personas y el riesgo al medio ambiente; 

57.  Que el Ministerio de Salud no ha atacado los problemas de fondo, porque no ha hecho declaratoria de emergencia nacional sobre la situación de las comunidades amparadas, no ha puesto los filtros de carbono en las fuentes de agua y ha dejado por mucho tiempo que la gente siguiera consumiendo agua contaminada; 

58.  Que además, la referida empresa sigue operando sin control sobre el manto acuífero y no se han evaluado los planes operativos ni se han tomado las medidas sancionatorias legales que correspondan; 

59.  Que tampoco se le ha iniciado a la empresa un expediente judicial por incumplimiento de la ley, por el daño ocasionado a los recursos naturales y a la salud de las familias; 

60.  Que la situación expuesta parece complaciente con la empresa, ya que no se le ha revocado el permiso sanitario de funcionamiento, tal como lo indicó la Ministra de Salud en su visita a las comunidades afectadas y en la Asamblea Legislativa; 

61.  Que el titular del MINAE, también en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, dijo que se están utilizando agrotóxicos que no están autorizados oficialmente; 

62.  Que tampoco existe un proyecto para la construcción de un nuevo acueducto en otra naciente no contaminada; 

63.  Que la Ministra de Salud no ha ordenado la realización del muestreo oficial, con el objetivo de que el Organismo de Investigación Judicial realice pruebas toxicológicas en los habitantes y el Ministerio realice el estudio epidemiológico; 

64.  Que actualmente se está repartiendo agua en cisternas, pero lo están haciendo en forma inequitativa y cada dos días, lo cual empuja a la comunidad a tomar agua del acueducto; 

65.  Que el Director del Área de Salud de Siquirres no ha contestado un escrito que le remitió la parte recurrente, ni ha suministrado información de las acciones realizadas por su Ministerio, ni le ha dado participación al comité de ASADAS que gestiona el proceso de obtención de agua saludable; 

66.  Que el 28 de junio de 2007, el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas entregó en el despacho del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, un escrito en el que se le aporta prueba oficial sobre la situación de contaminación del agua y se le advierte que esto pone en peligro la vida de las familias; 

67.  Que en ese escrito se le formuló al Instituto de Acueductos y Alcantarillados una serie de peticiones relacionadas con su competencia, pero la realidad es que ese ente ha atacado la problemática solo parcialmente y no en el fondo de la situación, ya que no ha dado respuesta al escrito; 

68.  Que la Junta Directiva del AyA estableció directrices claras para el jerarca y los funcionarios de esa institución, dirigidas a una solución definitiva sobre la situación de los referidos acueductos, pero el Presidente Ejecutivo de ese Instituto no ha cumplido una serie de acciones con las que se comprometió en forma conjunta con la Ministra de Salud y el MINAE, por lo que es claro que el AyA ha incumplido con sus funciones legales; 

69.  Que el 28 de junio de 2007, el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades amparadas entregó en el Despacho del SETENA del MINAE un escrito donde se le solicita el estado en cuanto al estudio de impacto ambiental de la empresa Ojo de Agua, el cual es imprescindible para otorgarle el permiso de funcionamiento; 

70.  Que la anterior información solicitada es clave para dilucidar la situación legal y técnica en que la empresa opera y su relación con la ubicación espacial y la contaminación del agua del acueducto de Cairo; 

71.  Que sin embargo, esta dependencia no ha brindado la información solicitada; 

72.  Que en ese Instituto se le ha indicado a los recurrentes por vía telefónica que no encuentran el estudio de impacto ambiental de la empresa de Ojo de Agua, lo cual es recurrente en la Municipalidad de Siquirres, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 

73.  Que también resulta clara la negligencia del MINAE ya que no ha cumplido con sus funciones establecidas en su ley constitutiva y con la vigilancia y aplicación de la Ley Orgánica del Ambiente; 

74.  Que el Ministerio de Agricultura ha incumplido sus funciones establecidas en las leyes y el reglamento de vigilancia y prevención del uso de agroquímicos en las explotaciones agrícolas y pecuarias; 

75.  Que la empresa Ojo de Agua es la responsable de esta contaminación del agua, ya que está operando en forma ilegal sobre el manto acuífero que nutre los acueductos de Cairo y Luisiana y esto es lo que está causando el daño a la salud de las personas, al ambiente y los recursos naturales; 

76.  Que los resultados emitidos por el AyA ampliamente demuestran la contaminación provocada por la plantación de piña de la empresa Ojo de Agua; 

77.  Que los representantes de la empresa se comprometieron con la Asociación de Desarrollo Integral de Cairo a dejar de utilizar el Bromacil, pero en solo dos años vemos los resultados de que la contaminación continuó y con más peligro, que el número de tóxicos y la concentración son más altos, lo que demuestra la recurrencia y persistencia de la empresa en su mala praxis; 

78.  Que esa empresa temerariamente ha difundido resultados no oficiales en donde es evidente que en el estudio que contrataron se encuentra un cóctel de 21 tóxicos, pero le indican a las comunidades que no son perjudiciales para la salud; 

79.  Que lo anterior demuestra la falta de apreciación de la magnitud de la situación crítica por parte de esa empresa, porque la escala que ha utilizado en la medición la empresa CHEMLABS (empresa que ha hecho estudios de laboratorio sobre el agua), no es una escala científica como la utilizada por el IRET, lo que demuestra que la empresa es temeraria en cuanto a los recursos naturales y el ambiente e irrespetuosa de la ley, ya que lo único que ha demostrado es que lo que prevalece es su interés económico; 

80.  Que estos análisis de laboratorio de la empresa CHEMLAB demuestran que no es un asunto de poca o alta concentración de los tóxicos, porque lo importante es que estas sustancias tóxicas están presentes y en forma persistente y esto se llama contaminación, que pone en riesgo la vida de las personas; 

81.  Que desde el año 2004 cuando el IRET realizó el primer estudio, han transcurrido tres año, pero la empresa ya tiene aproximadamente seis años de operar sobre el manto acuífero de Cairo, esto a la vista y paciencia de la institucionalidad pública, la cual no ha ejercido el control y aplicación de las leyes respectivas; 

82.  Que por lo anterior, la empresa es responsable y las instituciones del Estado, por negligentes, son corresponsables de este desastre que está ocurriendo con la salud de las personas que han estado expuestas a la contaminación con estos tóxicos; 

83.  Que inclusive la gran cantidad de obreros de las empresas Ojo de Agua y Fructa, están sometidos al consumo de agua de los propios pozos de estas empresas que están ubicados en los mantos acuíferos contaminados y por la tanto, la institucionalidad pública debe velar por esta situación anormal; 

84.  Que la empresa no se ha acercado para darle una solución real a las comunidades afectadas y se ha centrado en defender nada más el interés económico; 

85.  Que esta empresa no ha acatado la resolución emitida en la sesión extraordinaria del 19 de julio del año 2007, en la que el Concejo Municipal tomó el acuerdo de establecer la situación como emergencia local y estableció una moratoria permanente de las operaciones de la empresa, ya que está demostrado a lo largo de los años, que mientras la empresa Ojo de Agua siga operando sobre el manto acuífero esta situación peligrosa se va a seguir presentando para la población de estas comunidades; 

86.  Que la Ley de Aguas N° 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas (en especial artículos 31, 32 y 33) declaran como reserva de dominio a favor de la Nación, todas aquellas tierras que circunden los sitios de recarga y descarga de las aguas subterráneas, autorizando la imposición de una serie de medidas proteccionistas de las cuencas, en beneficio de los recursos hídricos;

87.  Que no puede permitir el Estado que la actividad que realice un habitante en ejercicio de la libre empresa, lesione los derechos de otro, e incluso, cause daños irreparables a la salud de la comunidad;  que está claro y evidente que toda actividad que se realice debe darse en condiciones tales que permita la armonía con los derechos e intereses de la población; 

88.  Que no se trata de ninguna forma de limitar la libertad empresarial que pueda ser disfrutada por todos los habitantes de la República, se trata de establecer lineamientos claros para que en el ejercicio de las actividades empresariales, no se dé el menoscabo de los derechos del resto de los habitantes o se cause algún daño al ambiente; 

89.  Que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (Agenda XXI: Declaración de Río), se establece (en el Principio 15) que, “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”; 

90.  Que en este caso particular la SETENA debió realizar el estudio de impacto ambiental para garantizar que no se infringiera el principio pronatura, lo cual es evidente que no se garantizó en el caso que nos ocupa; 

91.  Que en el caso particular del agua es un bien de dominio público, por lo que se debe conservar y hacer de él un uso sostenible, ya que es de interés social; 

92.  Que en el caso particular de la contaminación por la Hacienda Ojo de Agua, se pone en evidencia que esta empresa no solo ha alterado el equilibrio del ciclo hidrológico, sino que también está dañando los recursos naturales y la biodiversidad; 

93.  Que en cuanto al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, es evidente que la empresa ha realizado actividades que generan residuos, materiales tóxicos o peligrosos, además de que ha realizado movimiento de tierras y construcciones, por lo tanto, no podía iniciar actividades hasta que se hubiere realizado la evaluación de impacto ambiental y que la SETENA le haya otorgado la viabilidad ambiental; 

94.  Que de no existir esta evaluación ambiental, el permiso de SETENA no se puede haber otorgado, por lo que estaríamos ante un claro caso de violación del criterio preventivo y el precautorio o indubio pronatura, establecido en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y el referido artículo 17; 

95.  Que en caso de no cumplir las normas antes señaladas se deben aplicar las sanciones administrativas que señala el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente; 

96.  Que es claro que a quien le compete cumplir el artículo 50 de la Constitución es al Ministerio de Salud, el cual debe prevenir y detectar los problemas ambientales para proceder a garantizar a la ciudadanía el derecho a la salud y a un ambiente sano; 

97.  Que hay una clara evidencia de que el Ministerio de Salud no ha cumplido con todo rigor lo que establece la Ley General de Salud; 

98.  Que es claro que la empresa violenta el principio Pronatura y toda la legislación nacional en materia ambiental y de garantía de la salud de las personas, al realizar sus operaciones en los mantos acuíferos donde se nutren los acueductos de las comunidades afectadas, con la actitud complaciente de las instituciones del Estado y la Municipalidad de Siquirres.

         Solicitan que se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 14:47 horas del 10 de octubre de 2007, se dio curso al amparo y se solicitaron los primeros informes a los recurridos (folio 277).

3.-  Informó bajo juramento Lidieth Carballo Quesada, en su calidad de Ministra de Salud a.i. (folio 289), en resumen: Que el 10 de agosto de 2007 se recibió en el Despacho de la Ministra de Salud, un informe del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), cuyo número de oficio es el PRE-2007-069, en el que se informa a ese Ministerio de la presencia de plaguicidas en el agua y se recomienda comunicar a la comunidad no consumir esa agua hasta estar seguros que los muestreos de agua no demuestran niveles peligrosos para la población;  Que el referido informe también recomienda la distribución de agua con camiones cisterna, lo cual se realiza a partir de mediados de agosto de 2007;  Que ese informe también plantea que se está estudiando la posibilidad de filtrar las aguas con carbón activado para eliminar los residuos de plaguicidas; Que al momento de rendir el informe a la Sala, se estudia la viabilidad de crear otro acueducto con aguas provenientes de otras fuentes;  Que el 14 de agosto en conferencia de prensa en las instalaciones del Ministerio de Salud, la Ministra de Salud y el Presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), señalaron ante la prensa sobre la citada presencia de plaguicidas en el agua de consumo humano en los distritos de Siquirres antes citados;  Que en ese momento el ICCA se comprometió a distribuir agua en camiones cisterna a las poblaciones afectadas;  Que el 15 de agosto de 2007 se recibió en el Despacho de la Ministra de Salud copia del oficio ARSS-PAH-SMR-139-2007, del Director del Área Rectora de Salud de Siquirres y otros dos funcionarios de la Unidad de Protección al Ambiente Humano de dicha área de salud, en el que se indica que en el mes de julio, los funcionarios del Área Rectora de Salud de Siquirres realizaron una inspección a la empresa Hacienda de Ojo de Agua, dándole lineamientos para que suspendiera el uso de esos tres plaguicidas;  Que el 18 de julio de 2007 se recibió en el Área Rectora de Siquirres una nota de la citada empresa, diciendo que se ordenó eliminar por completo el uso de Bromacil en la finca La Francia, la cual se encuentra en una zona limítrofe con la fuente de abastecimiento de agua;  Que el 18 de julio dicha empresa realizó análisis de muestreo de aguas, los cuales no determinaron presencia de plaguicidas;  Que funcionarios de esa empresa expusieron ese día su disposición de ayudar con las posibles soluciones para eliminar dicho problema;  Que el 3 de agosto la Ministra de Salud junto con los diputados Ovidio Agüero, Jorge Méndez y la comitiva que administra las ASADAS, visitaron los acueductos;  Que de esa visita surgió una serie de lineamientos que emitieron los funcionarios de Protección al Ambiente Humano del Área Rectora de Salud de Siquirres a la empresa Frutex para que corrigiera una serie de problemas encontrados durante esa visita y en anteriores inspecciones realizadas en julio de este año;  Que los funcionarios de la Unidad de Protección al Ambiente del Área Rectora de Siquirres, hicieron a la empresa Hacienda Ojo de Agua una serie de lineamientos relacionados con no usar más esos tres plaguicidas en las zonas cerca de la fuente de agua, que “se han estado cumpliendo”;  Que ante la presencia de plaguicidas en aguas de las fuentes de Milano y el Cairo, el 23 de agosto, el Ministerio de Salud convocó a una Comisión Interinstitucional Regional de Vigilancia de la Salud Ampliada (CIREVIS) con presencia de funcionarios del MAG, MINAE, AyA, Ministerio de Salud y la Unión Cantonal en el Área Rectora de Salud de Siquirres, con el fin de analizar la situación generada en Siquirres por la presencia de plaguicidas en las aguas de consumo humano (se invitó a funcionarios de la Municipalidad de Siquirres pero no llegaron); Que en esa CIREVIS se emitieron una serie de acuerdos, entre ellos la conformación de una “Comisión Regional Interinstitucional” para la atención inmediata del problema, cuyo coordinador es Edwin Cyrys, Director del MINAE en la Región Huetar Atlántica, con el fin de minimizar los riesgos que esto pueda traer a la población;  Que en las últimas reuniones se incorporó a un miembro de la Municipalidad de Siquirres a esa Comisión y allí se decidió tomar como guía de trabajo el Plan de Acción propuesto por el MINAE;  Que el 29 de agosto de 2007 el Ministerio de Salud convocó a una reunión intersectorial en el Servicio Fitosanitario del Estado del MAG, en la que participan funcionarios de los niveles centrales del MAG, MINAE, AyA y del Ministerio de Salud, en la que se aprobó la conformación de un equipo de trabajo intersectorial, con el nombre de Comisión Intersectorial para la Protección de las Fuentes de Agua de Consumo Humano;  Que ese equipo ha realizado una propuesta de Plan de Trabajo con el objeto de realizar un “Diagnóstico a Nivel Nacional de la Vulnerabilidad de las Fuentes de Agua de Consumo Humano” y su priorización, así como un plan sobre la forma en que se abordarían los sitios de riesgo, todo lo anterior con la intención de prevenir estos problemas en otras áreas del país;  Que esta Comisión está iniciando su trabajo con las fuentes de Milano y el Cairo para continuar con todas las fuentes de la Región Huetar Atlántica y posteriormente con todas las regiones del país;  Que el 28 de agosto de 2007 se recibió en el Despacho de la Ministra de Salud un muestreo de aguas, enviado por el Director del Laboratorio de Aguas del AyA, mediante el cual se indica que se detectó Bromacil en la fuente del Cairo (con 0.30 ug/L) y en el acueducto de Luisiana (con 1.10 ug/L), en la entrada al tanque (con 1.06 ug/L) y en el agua cruda sin airear (0.46 ug/L);  Que de tres informes recibidos por el Ministerio de Salud (de agosto de 2006 realizado por el AyA, de julio de 2007 realizado por la Empresa Frutex y de agosto de 2007 del AyA), se puede concluir que los residuos del plaguicida Bromacil en las dos fuentes, se siguen manteniendo actualmente en niveles muy parecidos a los que se presentaron en el año 2006, “Pero según los parámetros internacionales no hay riesgo para la salud de la población”; Que el 6 de setiembre de 2007, la Ministra de Salud, el Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados y funcionarios de esas dos instituciones, concedieron audiencia al Presidente de la Cámara de Exportadores y Productores de Piña y a funcionarios de la empresa Hacienda Ojo de Agua, quienes mostraron su interés para que pronto se restablezca la normalidad en la zona y se provea información a los pobladores acerca de la existencia de plaguicidas en el agua, que no representan riesgo a la salud de la población;  Que el 25 de setiembre de 2007 se realizó otro muestreo en los tanques de las fuentes de captación de Milano, el Cairo y Luisiana, realizado por el Laboratorio CHEMLABS;  que estos resultados fueron remitidos por el Director del Laboratorio del AyA, el 1 de octubre de 2007;  Que los resultados encontrados fueron: tanque de captación de la fuente de acueducto El Cairo con 0.70 ug/L (primera ronda), tanque de captación fuente de acueducto El Cairo con 0.62 ug/L (segunda ronda), tanque de captación fuente de acueducto Luisiana con 4.00 ug/L (primera ronda), tanque de captación fuente de acueducto Luisiana con 3.87 ug/L (primera ronda);  Que estos resultados recientes, según parámetros internacionales, no representan riesgo para la salud de la población;  Que para tomar la determinación de volver a recomendar el consumo de esta agua, el Ministerio de Salud estimó conveniente realizar un control cruzado, en los tanques de captación de las fuentes, con otro laboratorio resultando apto para tales efectos el del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA), dado que esto le daría seguridad a la comunidad y a las empresas sobre la confiabilidad de los resultados de los análisis;  Que la toma de muestras fue coordinada en forma intersectorial e interinstitucional, y durante el muestreo estuvo presente personal de la empresa Hacienda Ojo de Agua, Municipalidad de Siquirres, ASADA de Luisiana, ASADA de El Cairo, ASADA de Milano, MINAE, Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA);  Que actualmente se está a la espera de los resultados del laboratorio del CICA para analizarlos y finalmente realizar el control cruzado contra los resultados arrojados por el laboratorio CHEMLABS y de esta forma recomendar a la población el libre consumo del agua proveniente de los acueductos Milano, El Cairo y Luisiana, ya que, según la información con que se cuenta al momento de rendir este informe a la Sala, los niveles de residuos de plaguicidas presentes no representan riesgo para la salud pública;  Que el Ministerio de salud garantiza que gestionará lo pertinente y que exigirá a las empresas involucradas, una serie de medidas correctivas en aras de obtener el agua de consumo humano, totalmente libre de residuos de plaguicidas;  Que se considera que si todo resulta como hasta ahora, en los próximos días se podrá estar informando a la comunidad sobre el libre consumo de agua proveniente de los acueductos;  Que solicita que en cuanto al Ministerio de Salud sea declarado sin lugar el presente recurso de amparo, ya que sus funcionarios han sido diligentes en la atención de las denuncias interpuestas en este caso, brindando inclusive, el seguimiento debido a este asunto;  Que prueba de esto es que este Ministerio se ha reunido con todas las partes involucradas, conformando a la vez una comisión interdisciplinaria e interinstitucional con el objeto de atender debida y oportunamente los hechos denunciados;  Que no llevan razón los recurrentes cuando señalan que este Ministerio, no ha atendido sus solicitudes o gestiones, ya que al respecto fueron giradas y solicitadas las acciones sanitarias correspondientes, entre ellas la orden sanitaria N° 2 del 19 de setiembre de 2007, además de que han sido tomados en cuenta y han estado presentes, hasta en la toma de muestras inclusive, representantes de las ASADAS de Luisiana, Milano y El Cairo; y  Que, en cuanto al alegato de que la empresa Hacienda Ojo de Agua no cuenta con los permisos respectivos, en lo que compete a ese Ministerio, cabe señalar que al menos sí cuenta con el permiso sanitario de funcionamiento correspondiente.

4.-  Informó bajo juramento Heibel Rodríguez Araya, en su calidad de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 296), en resumen: Que no le consta el inicio de las operaciones de la empresa ni si cuenta con estudios de impacto ambiental, pues eso es competencia del Ministerio de Salud, del MINAE y de la SETENA;  Que en lo que a las competencias y obligaciones del AyA se refiere, no ha existido negligencia por parte del Instituto, puesto que se han cumplido todos los aspectos necesarios para asegurar el consumo de agua potable a las comunidades del Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres;  que lo anterior se desprende del informe de la Dirección de Acueductos Rurales (N. DAR-07-1845), que detalla las acciones que esa Institución está desarrollando para asegurar el suministro de agua potable a esas comunidades, pero sobre todo propiciar una solución sostenible al problema;  Que entre estas acciones se encuentran las siguientes:  a) sacar de operación el acueducto para el uso del agua para el consumo humano;  b) suministrar mediante camiones cisterna agua potable a las comunidades hasta tanto el problema se resuelva, situación que se ha mantenido hasta la fecha; c) elaboración de un protocolo interinstitucional para la atención del problema;  d) que en dicho protocolo se consignan las alternativas técnicas para atender el problema de una forma definitiva, sin embargo, los costos de la propuesta de interconectar estas comunidades al acueducto de Siquirres administrado por AyA, son altamente onerosos, por lo que en los 15 días del mes de octubre se ha procedido a realizar pruebas de bombeo en algunos pozos que se encuentran en la zona, para estudiar la posibilidad de interconectarlos a estos sistemas o bien la decisión de construir nuevos pozos;  Que estas alternativas técnicas estarán siendo analizadas integralmente y tomando la decisión definitiva antes del 30 de octubre de 2007;  Que en el referido protocolo se establece la delimitación de las zonas de recarga, acción que debe realizar el SENARA y el MINAE, como la recomendación de que los resultados de estos estudios sean comunicados a la Municipalidad para que sean incorporados en sus planes reguladores;  Que el AyA ha tomado las acciones necesarias para resolver el problema presentado por contaminación en las fuentes de agua de las comunidades descritas, las cuales coinciden con la medida cautelar impuesta por esta Sala;  Que no puede haber una justicia administrativa inmediata, puesto que la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final;  Que lo anterior significa que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario, impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de aquel y la mejor satisfacción posible de los intereses públicos;  Que el AyA ha actuado conforme al artículo 41 de la Constitución, garantizando a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, pero cumpliendo también con el dictado de resoluciones administrativas acertadas, debidamente fundamentadas y razonadas, así como atendiendo debidamente los principios constitucionales de salud y vida;  y Que, el AyA ha tomado las acciones necesarias para resolver el problema presentado por contaminación en las fuentes de agua de las comunidades descritas, las cuales, coinciden con la medida cautelar impuesta por la Sala.  Solicita que se rechace el recurso.

5.- Informó bajo juramento Jorge Rodríguez Quirós, en su calidad de Ministro a.i. del Ambiente y Energía (folio 302), en resumen: Que a raíz de las declaraciones en la prensa por parte de algunas autoridades públicas, donde se ponía de manifiesto la presencia de algunos plaguicidas de uso agrícola (Bromacil, Diuron y Triadimefon) en los acueductos del Cairo y Luisiana, el Ministerio del Ambiente y Energía se dio a la tarea de convocar el 22 de agosto de 2007, a sus dependencia vinculadas con este tema, con el fin de elaborar un plan de acción para la inmediata atención de la emergencia;  Que este plan contemplaba entre otras acciones:  a) la integración de un equipo técnico que valorara los daños en la zona afectada, incluyendo dentro de las actores al MINAE, el MAG, el Ministerio de Salud y AyA; b) elaboración de un protocolo unificado para realizar las inspecciones respectivas;  c) inspecciones de la actividad piñera en zonas prioritarias del Caribe; d) toma de muestras en las nacientes de los acueductos de la zona afectada; e) inspecciones de la actividad piñera en toda la zona del Caribe; f) estudio de vulnerabilidad de las fuentes de agua en la zona y posteriormente a nivel nacional;  Que ante esta situación se coordinó con el Ministerio de Salud, el que convocó el día 23 de agosto a una reunión con los niveles locales del MAG, MINAE, AyA, y la Unión Cantonal en el Área Rectora de Salud de Siquirres, ésta con el fin de analizar la situación generada por la presencia de plaguicidas en las aguas para consumo humano;  Que en esa sesión de trabajo se conformó una “Comisión Regional Interinstitucional” para la atención inmediata del problema, coordinada por el Director del MINAE en la Región Huetar Atlántica;  Que dentro de las actividades de esta comisión estaba hacer inspecciones conjuntas (MAG, MINAE, SALUD y AyA) en la zona afectada, incluyendo las fincas piñeras aledañas, las nacientes y los acueductos;  Que los días 14 de setiembre y 04 de octubre de 2007, la Comisión Regional envió una Subcomisión para las inspecciones en la empresa Hacienda Ojo de Agua;  Que para lo anterior se readecuó la guía de trabajo elaborada por un grupo de instituciones vinculadas con la problemática del cultivo intensivo de la piña, según sus diferentes competencias, en atención al recurso de amparo N° 05- 014235-0007-CO;  Que la comisión evaluadora estuvo integrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (sede Limón), la Unidad de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud de Siquirres, el Ministerio de Agricultura y la Subregional Siquirres-Matina del Ministerio del Ambiente y Energía;  Que la inspección se dividió en dos etapas: la primera de revisión de toda la documentación concerniente a los permisos respectivos de operación y la segunda relacionada con la inspección de campo, verificando y observando infraestructura, cauces y zonas de protección;  Que se aportaron dos mapas con el uso actual del suelo por 275 hectáreas;  Que dentro de la valoración de campo, se muestrearon tres cuerpos de agua principales (dos quebradas y el Río Peje) en las que se midieron las respectivas zonas de protección dadas por la Ley Forestal N°7575 en sus artículos 33 y 34, arrojando valores entre 14.3 a 22.3 metros;  Que la estructura arbórea de la zona de protección de estos ríos y quebradas actualmente está precedida por especies con dosel bajo, lo que demuestra que hubo un cambio en dicha estructura sustituyendo las especies originales en el sector;  Que las aguas residuales no presentaban mal olor, ni sólidos flotantes y si un aspecto transparente, lo que indica que el filtro de piedras funciona adecuadamente, pero la empresa no presenta el debido reporte operacional ante el Ministerio de Salud de Siquirres;  Que el equipo usado para aplicar plaguicidas es calibrado para esparcir las dosis apropiadas;  Que se siguen los lineamientos de las campañas de protección al medio ambiente donde se recolecta todo envase o empaque y se traslada a un lugar específico donde existe una bodega para almacenarlos;  Que de acuerdo a las entrevistas realizadas al personal de la empresa Hacienda Ojo de Agua no aplican Bromacil desde abril de 2007 en la finca de la Francia de Siquirres, debido a un comunicado interno de la empresa en donde la gerencia ordenó la no aplicación del producto en el campo;  Que en el manejo de la poscosecha se utiliza cloro para la desinfección del fruto y Triadimefón para el control fitosanitario, el agua que utilizan en las pilas de lavado y desinfección del fruto es liberada y drena hacia el río Destierro, esta agua es turbia debido a los restos  o sedimentos de materia orgánica que acumula;  Que sería importante y recomendable que se lleve a cabo un análisis de residuos de plaguicidas en el agua vertida a fin de determinar la presencia o ausencia de plaguicidas y se cree conveniente efectuar también análisis microbiológicos;  Que una vez emitido el informe de inspección el día 18 de octubre, se procedió a girar a la empresa Hacienda Ojo de Agua, las medidas correctivas mediante comunicaciones oficiales, la cuales contemplan: a) solicitar a la empresa una actualización del visto bueno por parte del INVU en cuanto al alineamiento específicamente del Río Cimarrones y al humedal que se encuentra ubicado dentro de sus terrenos, esto a razón que desde hace 3 años venció dicho documento; b) que debe presentar ante el Ministerio de Salud los reportes operacionales de las aguas residuales según corresponda, ya que a esa fecha no cuentan con el permiso para la planta procesadora de aguas residuales;  c) que en las zonas de protección en donde predomina el pasto de mayor tamaño se debe reforestar con especies nativas;  d) actualizar las bitácoras de aplicación de agroquímicos para realizar una correlación entre las épocas de grandes precipitaciones, esto con el fin de monitorear los diferentes químicos y sus tiempos de residencia;  e) solicitar a la empresa un plan para el mejoramiento de la pérdida de suelo evitando problemas de erosión y sedimentación aguas abajo;  f) Realizar un estudio hidrogeológico sobre las aguas subterráneas en la zona de interés (área de recarga, tránsito de contaminantes, etc.); g) se recomienda realizar un estudio edafológico para          con esto determinar el área de recarga de los mantos acuíferos y el arrastre de elementos, los cuales podrían ser los causantes de la contaminación química en las diferentes nacientes (Cairo, La Francia y Luisiana);  Que sobre la calidad del agua analizada el 25 de setiembre, se realizó un control cruzado de muestreos debidamente protocolizados, en las nacientes de Milano y el Cairo y de los tres acueductos (Cairo, Milano y Luisiana), en laboratorios acreditados (los laboratorios fueron: CHEMLABS y el del CICA de la Universidad de Costa Rica);  Que según los reportes de los análisis de agua realizados a los tanques de captación y a las nacientes que abastecen a estos acueductos en los distritos del Cairo y Luisiana, las concentraciones de estos plaguicidas (Bromacil y Diuron) se mantienen en el tiempo con valores muy similares, pero no sobrepasan los límites establecidos en otros países como Estados Unidos, Canadá o Australia, por lo que no cabe aún una denuncia penal o una denuncia ante el Tribunal Ambiental por contaminación, pues podría correrse el riesgo de no tener sustento;  Que en Costa Rica no se cuenta con legislación que regule las concentraciones de estos dos plaguicidas de forma específica, por lo que se ha contemplado por parte de las autoridades competentes en la materia, el plantear una reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable;  Que los acuíferos en cuestión están en zonas altamente vulnerables, ya que las piñeras se encuentran en las partes altas de las tomas de agua, por lo que al aplicar cualquier plaguicida existirá un riesgo potencial de que sus residuos sean arrastrados por escorrentía hasta las mismas; Que cuando ya se tengan los estudios se valorará en forma intersectorial una disposición de ordenamiento territorial, para delimitar ciertos tipos de cultivos en las distintas áreas para prevenir estos problemas;  Que las medidas de carácter preventivo que se tomaron al suspender el abastecimiento de agua, hasta tener pruebas de que el agua es apta para consumo humano, fueron debidas a que el muestreo más reciente que se tenía, era de agosto del 2006 y se necesitaba confirmar que estos niveles no habían aumentado en el lapso de un año, asegurando así a la población, la calidad de aguas que estaban consumiendo con otros muestreos, antes de recomendar el consumo del agua proveniente de estas dos fuentes;  Que como una medida preventiva la Unidad Ejecutora del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados ha suministrado el servicio de agua potable a las comunidades anteriormente citadas desde mediados del mes de agosto, a través de camiones cisterna;  Que en los primeros días del mes de setiembre el Ministerio de Salud giró directrices para que las empresas Frutex y Hacienda Ojo de Agua suspendieran la utilización de los plaguicidas Bromacil, Diuron y Tridiamefon como medida preventiva;  Que la posición del AyA es garantizar a la población el consumo de agua totalmente libre de impurezas, es decir un agua libre de toda presencia de plaguicidas, posición que este Ministerio como ente rector avala;  Que el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía no cuenta con los estudios pertinentes para poder afirmar y demostrar con precisión técnica sobre la caracterización del manto acuífero existente (extensión, zona de recarga y descargas, profundidad, capacidad hidráulica, nivel freático, dinámico y estático, abatimiento, etc.), así como se desconoce sobre el área de interferencia de este acuífero;  Que ese Departamento recomienda a esta Sala que ordene a la empresa accionada, elaborar el estudio hidrogeológico, mediante el cual se pueda caracterizar este acuífero de tal forma que se permita a la administración inferir y disponer sobre las medidas estratégicas para su gestión y atender la vulnerabilidad de éste, lo anterior en virtud del traslado de la carga de la prueba;  Que en relación con la afirmación de la recurrente de que la empresa accionada está utilizando productos químicos y agrotóxicos que están contaminando los mantos, así como los ríos y cuerpos de agua, el Departamento de Aguas no ha tenido conocimiento de esa situación específica y como prueba de ello, en sus archivos no existe ninguna denuncia;  Que conforme los registros de ese Departamento, la empresa Hacienda Ojo de Agua S.A., no posee “concesionarios” de aprovechamiento del recurso hídrico de conformidad con la Ley 276, ni permiso de drenaje agrícola;  Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)  ha dicho que, revisada su base de datos, así como el Archivo de expedientes, determinó que a nombre de la sociedad Hacienda Ojo de Agua S.A., no existe a la fecha de rendir el informe a esta Sala, ningún formulario o documento de evaluación ambiental presentado para un proyecto de plantación de piña;  Que el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas, presentó ante la SETENA un escrito donde solicita el “estatus” de la empresa Ojo de Agua en cuanto al estudio de impacto ambiental, a lo que la SETENA informa que efectivamente existe la presentación de la mencionada solicitud, sin embargo es importante aclarar que el escrito de la recurrente es sobre las sociedades Piñales de Costa Rica, Piñera Frutex, Fructa S.A., Piñera Hacienda Ojo de Agua, y según su base de datos de correspondencia recibida, la gestión ingresó a esa Secretaría el día 05 de octubre de 2007 y no el 28 de junio como se indica en el recurso;  Que la solicitud del Comité Pro Agua Saludable, ya fue atendida mediante el oficio AJ-938-2007-SETENA de fecha 17 de octubre de 2007, notificado el día 18 de octubre vía fax, en el cual se certifica “si las mencionadas sociedades, cuentan o no con expediente y viabilidad ambiental”;  Que debe considerar esta Sala la aplicación de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad sobre el principio de la carga de la prueba en materia ambiental, en el sentido de que la persona física o jurídica, privada o pública que pretenda acceder a elementos del medio ambiente, mediante una actividad, desarrollo o proyecto de cualquier tiempo, que mantengan un efecto constante, o intermitente, directo o indirecto, sobre los recursos naturales, tiene la obligación legal de demostrar que con su actividad, solicitud o proyecto, no ocasionará, o en su caso, no ha ocasionado (si ya se han verificado las acciones sobre los recursos) un daño al ambiente, siendo necesario en tal caso, que la prueba sea suficiente para calificar y categorizar a ciencia cierta o por lo menos con el mínimo de error técnico posible, el tipo, gravedad, y naturaleza de la afectación al medio ambiente, caso contrario, nos encontraríamos ante una carga de la prueba que por insuficiente en su exigencia legal, sería inútil;  Que la carga de la prueba en materia ambiental está a cargo de quien pretenda una aprobación de una actividad que incida sobre el medio ambiente y en el caso en que se acuse que esa actividad afectará al ambiente;  Que en razón de lo anterior y con base en los artículos 11 y 109 de la Ley de la Biodiversidad, sería legalmente procedente exigir a la empresa recurrida, la satisfacción del cumplimiento de las acciones que en materia probatoria se constituyan en indispensables para poder determinar la veracidad sobre las alegadas afectaciones al medio ambiente indicadas por los recurrentes;  Que no obstante, las instituciones involucradas en este asunto ya se encuentran trabajando en lo propio de sus competencias, según las acciones ya indicadas en este informe;  Que este Ministerio ha atendido debidamente la situación, tomando al efecto las medidas procedentes en cuanto a sus competencias, en coordinación con otras instituciones.  Solicita se desestime el recurso.

6.- Informó bajo juramento Tatiana Cruz Ramírez, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 335), en resumen: Que esa Secretaría no ha recibido ningún pronunciamiento o informe sobre contaminación de los mantos acuíferos a que este caso se refiere;  Que a nombre de la sociedad Hacienda Ojo de Agua S.A., no existe a la fecha de rendir este informe, ningún formulario o documento de evaluación ambiental presentado para un proyecto de plantación de piña;  Que con relación a la protección del recurso hídrico, las instituciones rectoras son el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Acueductos y Alcantarillados (AYA), el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, la Comisión Nacional de Emergencias y las Municipalidades, quienes llevan el control al respecto;  Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, utiliza los estudios que han sido realizados por dichas instituciones, a la hora de evaluar las actividades, obras o proyectos que se someten a su conocimiento, con el fin de que se les otorgue la viabilidad ambiental;  Que efectivamente existe la presentación de una gestión por el Comité Pro Agua Saludable para las familias de las comunidades de Cairo, La Francia y Milano, sin embargo, es importante hacer la aclaración, que en su escrito la recurrente consulta sobre el estudio de impacto ambiental para que puedan operar las sociedades Piñales de Costa Rica, Piñera Frutex S.A., Fructa S.A., Piñera Hacienda Ojo de Agua, y según su base de datos de correspondencia recibida, la gestión ingresó a esa Secretaría el día 05 de octubre de 2007, y no como lo indica la petente el 28 de junio;  Que la solicitud del Comité Pro Agua Saludable, ya fue atendida mediante el oficio AJ-938-2007-SETENA del 17 de octubre de 2007, notificado el 18 de octubre vía fax, y en el cual se certifica si las mencionadas sociedades, cuentan o no con expediente, el tipo de proyecto, y si dichos proyectos tienen o no viabilidad ambiental.  Solicita que se declare sin lugar el recurso interpuesto contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

7.- Informó bajo juramento Marco Antonio Vargas Díaz, en su calidad de Ministro de Agricultura y Ganadería (folio 341), en resumen: Que el artículo 21 de la Ley 7779, de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, establece que en materia de aguas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá coordinar con el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas;  Que la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos le otorga al Ministerio de Agricultura y Ganadería la competencia directa únicamente en relación al manejo del recurso “suelo”;  Que en cuanto al manejo del recurso “agua”, este Ministerio únicamente tiene participación en el proceso de otorgamiento de concesiones de agua para emitir criterios técnicos relacionados con las implicaciones que dichas concesiones puedan tener en relación a la afectación del suelo;  Que del análisis de la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (FODEA) y Orgánica de ese Ministerio, no existe competencia directa de esa Cartera en cuanto al manejo, uso y conservación del recurso hídrico, sino que las competencias otorgadas mediante esta ley están referidas a la creación del sector agropecuario y la coordinación que debe ejercer ese Ministerio respecto de los órganos del sector;  Que ese Ministerio no tiene competencia directa en el manejo del recurso hídrico, sino que en materia de agua se está ante la presencia de una competencia derivada únicamente, en cuanto la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos le impone a ese Ministerio la obligación de coordinar con el SENARA la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas, coordinación que hasta la fecha ha venido realizando ese Ministerio;  Que ante la presencia de plaguicidas en aguas de las fuentes Milano y el Cairo, el 23 de agosto, se instauró una Comisión Interinstitucional integrada por el MAG, MINAE, AYA, Ministerio de Salud y la Unión Cantonal en el Área Rectora de Salud de Siquirres, con el fin de analizar la situación generada en Siquirres por la presencia de plaguicidas en las aguas para consumo humano;  Que en el seno de esa comisión se emitieron una serie de acuerdos, entre ellos la conformación de una “Comisión Regional Interinstitucional” para la atención inmediata del problema, cuyo coordinador es el Director del MINAE en la Región Huetar Atlántica, con el fin de minimizar los riesgos que esto pueda traer a la población, atender coordinadamente entre los Ministerios e instituciones ahí representadas el problema y servir de informantes y de coordinadores entre instituciones, empresas privadas, ministerios, municipalidad y comunidad;  Que esa comisión decidió tomar como guía de trabajo el Plan de Acción propuesto por el MINAE;  Que el 29 de agosto de 2007 se realizó una reunión intersectorial en el Servicio Fitosanitario del Estado del MAG, en la que participan funcionarios de los niveles centrales del MAG, MINAE, AYA y Ministerio de Salud, en la cual se aprueba que un equipo de trabajo intersectorial (Comisión Intersectorial para la Protección de las Fuentes de Agua de Consumo Humano) atienda el problema;  Que ese equipo ha realizado un Plan de Trabajo para realizar un “Diagnóstico a Nivel Nacional de la Vulnerabilidad de las Fuentes de Agua de Consumo Humano” y su priorización y un plan sobre la forma en que se abordarían los sitios de riesgo;  Que con base en tres informes que cita en el informe a la Sala, ese Ministerio concluye que los residuos del plaguicida Bromacil en las dos fuentes (del Cairo y Luisiana), se siguen manteniendo actualmente en niveles muy parecidos a los que se presentaron en el año 2006, aunque “el criterio de los especialistas es que según los parámetros internacionales no hay riesgo para la salud de la población”;   Que recientes resultados de laboratorio muestran elevaciones en el tanque de captación y acueducto de Luisiana y en el tanque de captación de Milano, “pero según los parámetros internacionales no hay riesgo para la salud de la población”;  Que la finca de la Hacienda Ojo de Agua se encuentra destinada al cultivo de piña desde hace 17 años, fecha anterior a la promulgación de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos;  Que se inspeccionó el pozo y las fuentes de agua ubicados dentro de la finca La Francia, los cuales, son utilizados para la aplicación de agroquímicos en campo y abastecimiento del personal de las infraestructuras aledañas;  Que el 8 de octubre de 2007 el representante del Ministerio de Agricultura ante la Comisión Interinstitucional creada para la atención del problema, visitó la Hacienda Ojo de Agua, recomendando en el informe de su inspección, entre otras cosas: a) identificar las fuentes primarias y secundarias de agua así como tomar conciencia de la posibilidad de contaminación química y patógena; b) identificar fuentes de agua compartidas con potreros, repastos y otras actividades; c) realizar monitoreos, muestreos y análisis de plaguicidas en aguas, suelos, sedimentos y vegetales en una forma programada en fincas y fuentes de agua.  Solicita que se excluya a ese Ministerio como parte y que se declare sin lugar el recurso.

8.- La empresa Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima, contestó el recurso (folio 381), y en resumen, dijo: Que esa empresa no tiene ningún tipo de relación o vínculo con ninguna empresa de las que se mencionan en este expediente;  Que todo lo indicado por los recurrente es falso, ya que su percepción de contaminación ha surgido por una falta de rigurosidad de estudio por parte de las instituciones estatales recurridas sobre las normas técnicas internacionales que han servido de fuente a nuestro derecho interno, como son las Normas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO);  Que hubo un accionar apresurado de altos jerarcas de instituciones estatales, al salir a los medios de comunicación, sin tener criterio técnico certero, alarmando a la población;  Que una vez que comprobaron que magnificaron una situación que no existe, indican únicamente que la supuesta agua contaminada es apta para el consumo humano y se tomó la determinación de volver a recomendar el consumo de esta agua;  Que esa empresa tiene un absoluto respeto por el medio ambiente y la consecuente observación (cumplimiento) de las Normas Técnicas Ambientales y por lo tanto, cuenta con todos los permisos exigidos por el ordenamiento jurídico para poder operar la producción de piña;  Que esa empresa nada tiene que ver con la localidad de Milano;  Que siempre ha cumplido con las exigencias de las  normas técnicas ambientales nacionales como internacionales;  Que es una empresa con altos estándares internacionales y por ello ha obtenido: a) certificado por ISO 14001;  b) Euregap; c) ETI (norma inglesa);  d) bandera ecológica;  d) salud ocupacional (reconocimiento de buenas prácticas de salud ocupacional);  e) permiso sanitario de funcionamiento, que se encuentra vigente hasta enero de 2008; f) permiso de la Municipalidad de Siquirres, vigente hasta enero de 2008;  Que para poder obtener los permisos exigidos para una operación lícita, debió cumplir todos los requisitos exigidos por la legislación ambiental y administrativa vinculante;  Que se ha dedicado al cultivo de la piña en Distrito Cairo por más de diecisiete años, lo cual ha sido público y notorio;  Que se dedicaba a la producción de piña, mucho tiempo antes de la exigencia de la viabilidad ambiental de sus plantaciones y cultivos, por lo que de conformidad con el artículo 34 constitucional y el criterio de la Comisión Plenaria del SETENA N° CP-249-2006-SETENA del 08 de agosto de 2006, no se le exigió tal requisito a esta empresa;   Que sin embargo, para lo relacionado con el tratamiento de aguas residuales sí cuenta con la viabilidad ambiental, sea, con la valoración de los potenciales impactos ambientales al tener la aprobación por parte del Estado, según resolución N° 2599-2005-SETENA de las 11 horas del 05 de octubre de 2005;  Que en relación a la ubicación de la propiedad de esta empresa para la producción de piña, es una presunción que hacen los recurrentes y aún y cuando la presunción de los recurrentes sea la correcta, esa empresa no contamina ningún manto acuífero, río, etc., toda vez que existe una norma internacional otorgada por el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, que señala las posibilidades de riesgo a partir de concentraciones de 90 microgramos por litro, lo que otorga absoluta certeza científica y técnica de que esa empresa no contamina;  Que la OMS (Organización Mundial de la Salud) clasifica el Bromacil  en relación del peligro “improbable que presente peligro agudo en uso normal (OMS, 1996)”;  Que el Bromacil es una sustancia que tecnológicamente, científicamente, es aconsejable en su utilización en la eliminación selectiva de malas hierbas en los cultivos de piña y cítricos, que utilizada de forma correcta no representa ningún daño para el ambiente y la salud de las personas, según lo establece la norma citada;  Que el Bromacil no ha sido catalogado como un producto cancerígeno;  Que la norma de las Naciones Unidas es la que establece científica y técnicamente el valor del límite de exposición del producto, es decir que la ciencia y la técnica otorgan absoluta certeza a todos los estudios que existen dentro de este expediente, de que se cumple la norma internacional indicada, es decir, no existe contaminación por parte de esta empresa;  Que el documento de las Naciones Unidas citado establece como límite de exposición del Bromacil en agua un valor de 90 ug/L;  Que el consumo de agua con valores inferiores a 90 ug/L no representa un riesgo para la salud de las personas;  Que como se aprecia en los estudios que sirven de base para la presente acción, ninguno llega a 90 ug/L;  Que no llevan razón los recurrentes en indicar que esa empresa contamina las nacientes de agua, porque todos los estudios  -incluido el que le sirve de base probatoria a los recurrentes-  están por debajo de la norma técnica internacional de las Naciones Unidas, en 10.000 a 50.000 veces;  Que esa empresa tomó la decisión, desde el año 2005, de minimizar totalmente el uso del agroquímico Bromacil en sus plantaciones y a partir de abril del año 2007 suspendió su uso;  Que el señor Marco A. Sequeira, químico sanitario del Área Química del Laboratorio Nacional de Aguas, en su informe denominado “Informe sobre la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento de los acueductos de El Cairo, Luisiana y Milano Siquirres Marzo 2007”, concluyó que:  “5.7 Por lo niveles de concentración promedio determinados por este estudio, se concluye se puede indicar que en este momento las concentraciones [se refiere al herbicida Bromacil] son bajas;  por lo que se espera no cause o no tenga efecto cancerígeno adverso durante la exposición de toda la vida, de la población abastecida, siempre y cuando no aumenten las concentraciones de estas sustancias químicas, en el mediano y largo plazo”;  Que al día de la contestación de esta empresa, no se ha dictaminado que el Bromacil cause cáncer;  Que el citado señor Marco A. Sequeira, en su informe, entre otras, hizo las siguientes recomendaciones:  a) “6.1 Por aspectos de prevención y seguridad de la salud de las poblaciones abastecidas con esta agua, es necesario que el Laboratorio Nacional de Aguas implemente un programa de vigilancia, con muestreos y análisis mensual o bimensual sobre las aguas de las nacientes … 6.3 … es necesario que la Dirección de Gestión Ambiental de AYA, incorpore el estudio del área de influencia de la red hídrica, que recarga las fuentes evaluadas en este estudio para … Desarrollar tareas, labores y acuerdos para la protección del recurso agua, que requieren de una presencia institucional.  Definir acciones preventivas en materia de uso de suelos, en las áreas identificadas de interés para el AYA, para disminuir el peligro real o potencial del recurso hídrico”;  Que de conformidad con el señor Sequeiro Barquero, químico sanitario del Área de Química del Laboratorio Nacional de Aguas, determina que con una dosis diaria en cantidades mucho mayores que cualquier estudio aportado  -el estudio que sirve de base a la recurrente habla de 0.6 microgramos por litro de agua-  y con la Norma EPA [siglas en inglés de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos de Norteamérica] con 100 microgramos [se refiere al Bromacil] por litro de agua diarios, por un lapso de setenta años, habría un riesgo de afectación de uno por cada cien mil individuos de prueba;  Que de dos estudios por parte del Laboratorio CHAMLABS-Servicios de Análisis Ambientales, laboratorio que se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud, el primero por esa empresa, dispuso para Bromacil, Diuron y Triadamefon N/D, es decir, no detectado, nivel bajo el límite de detección, por lo tanto, no hay contaminación;  que el segundo de esos estudios, pedido por AYA, determinó que los estudios realizados determinaban que los valores estaban 10.000 a 5000 por debajo;  Que la lectura correcta es que el resultado es N/D, no detectable, lo que quiere decir que no hay trazas ni agroquímicos y/o detectables en el agua muestreada;  Que todos los cuadros de análisis en el hecho demuestran que no hay contaminación según la norma del Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente;  Que una de las consecuencias del accionar apresurado, sin fundamento de las dependencia estatales fue el daño a la imagen de Hacienda Ojo de Agua como empresa social y ambientalmente responsable.  Solicita que se declare sin lugar el amparo, dado que no ha contaminado en forma alguna.

9.- Informó bajo juramento Edgar Cambronero Herrera, en su calidad de Alcalde Municipal de Siquirres (folio 437), en resumen: Que es cierto que la Municipalidad recibió una invitación formal del Comité en fecha 28 de junio de 2007, y se decidió por parte del Concejo Municipal sesionar el día 19 de julio de 2007, tal y como lo señala la parte recurrente, demostrando con esto que la Municipalidad sí ha atendido oportunamente las inquietudes de los accionantes;  Que conforme fue solicitado por los recurrentes, tal y como ellos lo señalan, se realizó una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Siquirres, celebrada el 19 de julio de 2007 (sesión extraordinaria 034-07);  Que en dicha sesión se dispuso, en resumen:  a) declarar la “moratoria” inmediata y permanente de los procesos productivos que se realizan sobre el manto acuífero que sirve de base para los acueductos de Cairo y Luisiana, b) que se declare emergencia nacional la situación que ocurre en estas comunidades, c) inmediatamente contratar la elaboración de un estudio profundo sobre la situación hidrogeológica de dicho manto acuífero, d) exigir que en la elaboración del plan regulador del Cantón de Siquirres la variable hídrica sea asegurada en su protección y definida como el principal criterio de decisión del territorio del cantón;  Que de todo lo anterior se aprobó remitir comunicación a la Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Salud, Asamblea Legislativa y Ministerio del Ambiente;  Que en cuanto a la solicitud de información que se presentó el 17 de agosto ante el jefe del Departamento de Rentas de esa Municipalidad, el Alcalde la desconocía, pero una vez conocida a través de este recurso, giró las instrucciones para que se contestara en forma inmediata, en las siguientes 24 horas, a los recurrentes;  Que los requisitos que se establecen en la Ley de Patentes y que provienen de aspectos técnicos de otras instituciones son resorte exclusivo de éstas, por las competencias legales, técnicas y específicas que ellas obedecen y no puede el municipio contradecir o cuestionar lo indicado por ellas;  Que para otorgar la patente comercial a empresas agrícolas que producen en el cantón, incluida la empresa accionada, debe obtener del Ministerio de Salud, el debido permiso sanitario de funcionamiento;  Que en este caso en particular la empresa recurrida aportó dicho permiso el cual es el 020-2007 y éste se ha venido renovando, con fecha de vencimiento al 17 de enero de 2008;  Que se observa que la empresa presentó el respectivo plan de gestión ambiental, por lo que la Municipalidad no tiene la competencia para contradecir ni desvirtuar acreditaciones emitidas tanto por el Ministerio de Salud para el caso del permiso de funcionamiento y el respectivo plan de gestión ambiental que consideró el Ministerio de Salud para otorgar el permiso de funcionamiento también fue otorgado por un órgano del Ministerio del Ambiente;  Que reitera que no es competencia municipal desvirtuar las aprobaciones o autorizaciones o vistos buenos que dan estas instituciones;  Que lo único que se requiere de la Municipalidad es la patente municipal y por consiguiente la Municipalidad, para el caso que nos ocupa, no tiene responsabilidad;  Que los recurrentes manifiestan que el concejo municipal tomó un acuerdo sobresaliente a favor de la vida de las familias de las comunidades amparadas, lo que demuestra la diligente y oportuna gestión y apoyo a favor de los recurrentes;  Que no es cierto que la Municipalidad no le haya dado seguimiento a lo acordado, todo lo contrario, ha estado muy atenta y vigilante para que las instituciones que sí tienen que ver con el fondo del caso actúen de manera acelerada;  Que incluso ha sostenido reuniones y giras para apoyar las peticiones de los recurrentes, pero no es responsabilidad del municipio el accionar de las demás instituciones del Estado, pues no tiene competencia para que éstas actúen más aceleradamente o cumplan los lineamientos legales;  Que no es culpa de la Municipalidad que la empresa continúe sus operaciones de cultivo, pues la competencia para delimitar su acción, no es del municipio, y más bien es de las demás instituciones aquí recurridas;  Que se tome en cuenta que incluso el acueducto que suministra agua a las comunidades es de Acueductos y Alcantarillados, y sobre esa institución la Municipalidad no tiene competencia.  Solicita que se declare sin lugar el recurso interpuesto en contra de la Municipalidad.

10.- Roberto Thomas Solís, en su condición de Presidente de la Municipalidad de Siquirres, rindió el informe de ley, en los mismos términos en que lo hizo el Alcalde Municipal de Siquirres (folio 464).

11.- Mediante escrito recibido en esta Sala a las 11:34 horas del 11 de noviembre de 2008 (folio 525), un grupo de recurrentes replicó los informes rendidos por los accionados. Solicitaron al Tribunal pronunciarse sobre el asunto y declarar con lugar el recurso.

12.- En resolución dictada por el Magistrado Instructor, a las 18:32 horas del 20 de enero de 2009 (folio 545), se amplió la resolución que le dio curso al amparo y se ordenó tener como partes (no recurridas) en el asunto, a las instituciones que se indicaron en el encabezado. Asimismo, se solicitó a los accionados ampliar sus informes en diversos aspectos que ahí se indican.

13.- En escrito recibido en la Sala a las 15:02 horas del 28 de enero de 2009 (folio 570), Javier Flores Galarza, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, amplió su informe y contestó algunas interrogantes que se le formularon.

14.- En escrito recibido a las 20:45 horas del 29 de enero de 2009 (folio 574), Daniel Soley Gutiérrez, en su condición de Defensor Adjunto de los Habitantes rindió el informe que se le solicitó.  En resumen, indicó que ese órgano no había conocido previamente el caso que aquí se discute, pero citó una serie de precedentes en los cuales la Defensoría se ha pronunciado sobre la protección del derecho al agua y del medio ambiente.

15.-  En escrito recibido en la Sala a las 09:44 horas del 30 de enero de 2009 (folio 592), Roberto Dobles Mora, en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, amplió su informe y contestó algunas interrogantes que se le formularon.

16.- Mediante escrito recibido a las 15:15 horas del 29 de enero de 2009 (folio 594), Eduardo Doryan Garrón, en su condición de Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, rindió el informe que se le solicitó.  En resumen, dio información en el sentido de que, con base en una serie de datos que indica en el documento, “no se puede determinar a nivel local [en el Cantón de Siquirres] la correlación de la aparición de las enfermedades presentadas con la problemática en estudio [la contaminación del agua con agroquímicos], ya que algunas patologías se deben a otras etiologías, tales como virales y bacterianas”.

17.- En resolución dictada por el Magistrado Instructor, de las 20:25 horas del 30 de enero de 2009 (folio 610), se modificó la resolución de las 18:32 horas del 20 de enero de 2009, ampliando el plazo para rendir los informes y las adiciones que en ésta se solicitaron.

18.- En escrito recibido a las 11:52 horas del 30 de enero de 2009 (folio 611), Marco Antonio sequeiro Barquero, en su condición de Director a.i. del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, rindió el informe que se le solicitó. Este documento también lo suscribe Guillermo Arce Oviedo, como Jefe de la Dirección de Acueductos Rurales de esa Institución. En resumen, contestaron varios hechos y argumentos del recurso, que se les indicaron.  Asimismo, dijeron que “dado que no existe normativa nacional de este tipo de sustancias [Bromacil, Diuron y Triadimefon], para el agua de consumo humano, idealmente se puede admitir como valor meta la ausencia o una concentración por debajo de los límites de detección o cuantificación de los mejores métodos utilizados para este propósito”. Expresaron que “la política del AyA es que el agua para consumo humano no debe tener presencia de plaguicidas”.  Señalaron que “es política del AyA acoger la norma con el menor valor [de agroquímicos en el agua para consumo humano] que significa al mismo tiempo, menor riesgo para la salud, sea esta, la normativa Europea”.

19.- En escrito recibido en la Sala a las 17:30 horas del 30 de enero de 2009 (folio 700), María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, amplió su informe y contestó algunas interrogantes que se le formularon.  En resumen, argumentó que “Los análisis practicados en nuestro país para este plaguicida [Bromacil] y el establecimiento de tolerancias provisionales y de estudio realizados, de conformidad con las ‘Guías de la Organización Mundial de la Salud’ para contaminantes en aguas para consumo humano, han demostrado que con relación a los parámetros internacionales, los valores encontrados en Costa Rica están muy por debajo de las tolerancias para agua de consumo humano establecidas” en otros países. Asimismo, señaló que: “Dentro de este razonamiento, y considerando la importancia que tiene para la producción agrícola y el desarrollo económico derivado de esta actividad, sería deseable establecer tolerancias, en este caso específico, para el bromacil y el diuron.  No se justifica incluir dentro de estas tolerancias al fungicida triadimefon, ya que no hay razón, por el uso aprobado para el fungicida, que residuos de este plaguicida aparezcan en muestreos de agua”. Las consideraciones anteriores de la Ministra de Salud, proceden de un informe que suscriben tres funcionarios de la Dirección de Garantía de Acceso a Servicios de Salud de ese Ministerio (folios 701-705).

 20.- En escrito recibido en la Sala a las 16:10 horas del 11 de febrero de 2009 (folio 731), Sonia Espinosa Valverde, en su condición de Secretaria General a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, amplió su informe y contestó algunas interrogantes que se le formularon. En resumen, dijo que por tratarse de actividades en operación y no de proyectos nuevos, como corresponde a la descripción de la normativa que rige el quehacer institucional de la SETENA, ésta no debe considerarse competente respecto de la evaluación de impactos ambientales potenciales que pudieren haber producido las actividades de la empresa Hacienda Ojo de Agua S.A.;  que dado lo anterior, corresponde a otras instituciones la aplicación de otros instrumentos técnicos para mitigación, control y monitoreo de esas operaciones, conforme con sus competencias legales.

21.- Mediante escrito recibido a las 14:36 horas del 19 de febrero de 2009 (folio 740), Jaime Villalobos Vargas, en su condición de Vicepresidente de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, rindió el informe que se le solicitó.  En resumen, proporcionó información nueva sobre un estudio hidrogeológico que se está realizando en relación con las nacientes de agua a que se refiere este caso.

22.- Mediante escrito recibido a las 14:35 horas del 02 de marzo de 2009 (folio 756), Marco Vinicio Herrero Acosta, en su condición de Director del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, rindió el informe que se le solicitó.  En resumen, contestó varios hechos y argumentos y aportó el estudio científico que ese Instituto realizó sobre el problema de la contaminación de aguas a que se refiere este caso.

23.- En escrito recibido mediante fax, a las 19:36 horas del 08 de marzo de 2009 (folio 806), un grupo de recurrentes solicitó que se dictaran medidas cautelares para que el Poder Ejecutivo no promulgue dos proyectos de decretos, que aparecen en la página Web del Ministerio de Salud.  En resumen, alegan que esa normativa permitiría la contaminación con Bromacil y Diuron, de fuentes de agua de consumo humano, cuando lo que se requiere es que el agua esté libre de elementos contaminantes.

24.- En escrito recibido en esta Sala a las 10:50 horas del 30 de marzo de 2009 (folio 840), María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, manifestó, en lo que interesa, que ese Ministerio no está recomendando el consumo de agua con residuos de sustancia alguna ajena a su naturaleza química y física.

25.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado González Quiroga; y,

Considerando:

I.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1.      La empresa aquí demandada, denominada Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima, tiene una plantación de piña, con un uso actual del suelo de 275 hectáreas, situada en el Distrito de Cairo, Cantón de Siquirres de la Provincia de Limón (ver escrito de interposición del recurso a folio 01; contestación de la empresa a folio 382; informe del Ministerio del Ambiente a folio 303).

2.      Durante los años 2003 y 2004, un grupo de científicos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional de (Heredia) Costa Rica, realizó un estudio sobre aguas subterráneas en el distrito antes indicado,  encontrando la presencia del herbicida llamado “Bromacil” en el acueducto de agua potable de el Cairo.  Esa sustancia se encontró en concentraciones de 0,4 a 4  ug/L en casi todas las muestras de agua tomadas en la naciente del Cairo (ver informe del IRET a la Sala, a folio 757).

3.      El estudio de la Universidad pública antes indicado, “confirmó la presencia de plaguicidas en aguas subterráneas en la zona de estudio.  El plaguicida más encontrado fue el herbicida bromacil usado en el cultivo de piña.  Se encontró este herbicida en dos nacientes que suministran agua potable para comunidades cerca de Siquirres y en los pozos cercanos a ellas.  Esta sustancia, relativamente móvil y persistente en el suelo, ha causado, en otras partes del mundo contaminación de las aguas subterráneas.  Ello ha resultado en la restricción en su uso y hasta en su prohibición en varios países Europeos” (ver informe del IRET a la Sala, a folio 758).

4.      Entre los años 2003 y 2007, los académicos del IRET involucrados en dicha investigación, “alertaron” acerca de este problema de contaminación de aguas a las instituciones públicas, presentando los resultados de su estudio “Vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la contaminación por plaguicidas en Costa Rica”, en talleres llevados a cabo en las comunidades de Guápiles y Siquirres, con la participación de personas de la comunidad y funcionarios del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados  (ver informe del IRET a la Sala, a folio 758; copia a folio 798).

5.      El informe de ese estudio académico también concluye: “El conocimiento de esta situación de riesgo debe alertar a las partes involucradas y facilitar la toma de decisiones en cuanto a la necesidad de ampliar el monitoreo de las aguas subterráneas por la presencia de sustancias críticas en zonas críticas, y de implementar las regulaciones al uso de plaguicidas y a la protección de las aguas subterráneas.  Consideramos conveniente y oportuno desarrollar un sistema de vigilancia de la calidad del agua para asociaciones administradoras de acueductos rurales y los departamentos de gestión ambiental de empresas agrícolas. El Laboratorio Nacional de Aguas del AyA  [Instituto de Acueductos y Alcantarillados]  ha iniciado, con apoyo del LAREP-IRET, el seguimiento a las tendencias de la contaminación en las dos nacientes mencionadas” (ver informe del IRET a la Sala, a folio 759).

6.      Los “muestreos” realizados por el IRET en el agua que abastece al acueducto del Cairo, han proporcionado evidencia de que “los niveles [de Bromacil] “no se han modificado”.  Entre el 26 de febrero de 2003 y el 07 de julio de 2004, el IRET hizo cuatro tomas de muestras en la naciente principal del acueducto del Cairo, encontrando residuos de Bromacil en el agua, con medidas que oscilaron entre el 0,4 y el 0,6 ug/L.  Asimismo, en otro muestreo realizado el 19 de julio de 2008, en las nacientes de Luisiana se encontraron medidas de 4,5 ug/L de Bromacil y 1,0 de Diuron.  La lectura de la naciente El Cairo La Francia de ese mismo día arrojó 1,1 ug/L de Bromacil.  Asimismo, un estudio de muestras realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en diciembre de 2008, dio los siguientes resultados de la presencia de Bromacil en el agua: 0.40 ug/l en Luisiana, así como 0.355 en el Cairo y la Francia    (ver informe del IRET a la Sala, a folio 759; copias de informes a folios 802 y 804; informe del Director a.i. del Laboratorio Nacional de Aguas a folio 613).

7.      Las nacientes del Cairo (según los recurrentes el acueducto de Cairo nutre en una parte al acueducto de Luisiana) y La Francia son de abastecimiento público y son captadas para el consumo humano (ver informe del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento a folio 741; aclaración que formulan los recurrentes a folio 08; croquis a folio 693).

8.      Además del Bromacil y del Diuron que ya se han citado, también se ha encontrado en el agua de los acueductos del Cairo y Luisiana, la presencia del plaguicida de uso agrícola llamado Triadimefon (ver informe del Ministerio del Ambiente a folio 302).

9.      Según el Director a.i. del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, “el Bromacil está clasificado en el grupo C es posible que sea un carcinógeno humano, basado en aumento de la incidencia de tumores de hígado en ratones machos y tumores de tiroides en ratas machos”.  En el mismo sentido, el IRET informó a esta Sala que a través de la base de PANNA (pesticideinfo.org), encontró que la clasificación de la EPA [siglas en inglés de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos] para las sustancias indicadas en el acápite anterior es la siguiente: i) Bromacil: “C. [cancerígeno] Posible. Los datos muestran evidencia en animales y limitada evidencia en humanos”. ii) Diuron: “Conocido/probable, carcinógeno para humanos”. iii) Triadimefon: “C. [cancerígeno] Posible. Los datos muestran evidencia en animales y limitada evidencia en humanos”.  Por su parte, el Ministerio de Salud dijo al respecto: “A pesar de que el bromacil en estudios practicados en ratas y ratones a nivel de laboratorio, ha mostrado pruebas positivas de carcinogenicidad, las dosis que han provocado estos tumores han sido sumamente altas”   (ver informe de dicho Director a folio 613; informe del IRET a folio 760; ampliación de informe del Ministerio de Salud a folio 703).

10.  La empresa aquí demandada manifiesta que ha aplicado el Bromacil: “mi representada, tomó la decisión, desde el año 2005, de minimizar totalmente el uso del agroquímico Bromacil en sus plantaciones y a partir de abril del año 2007 suspendió su uso” (ver contestación de esa empresa a folio 385).

11.  El 10 de agosto de 2007, se recibió en el Despacho de la Ministra de Salud, un oficio del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (número PRE-2007-069), en el que informa de la presencia de plaguicidas en el agua que consumen las comunidades amparadas y recomienda comunicar a éstas “no consumir esa agua hasta estar seguros que los muestreos de agua no demuestran niveles peligrosos para la población” (ver informe rendido por la Ministra de Salud a.i., a folio 290).

12.  El 14 de agosto de 2007 en conferencia de prensa efectuada en las instalaciones del Ministerio de Salud, la Ministra de esta Cartera y el Presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, “señalaron ante la prensa sobre esta la citada presencia de plaguicidas en el agua para consumo humano en los distritos de Siquirres” a que este asunto se refiere.  En esa ocasión el Instituto de Acueductos y Alcantarillados se comprometió a distribuir agua en camiones cisterna a las poblaciones afectadas (ver informe rendido por la Ministra de Salud a.i., a folio 290).

13.  El 15 de agosto de 2007, se recibió en el Despacho de la Ministra de Salud, copia del oficio ARSS-PAH-SMR-139-2007, suscrito por el Director del Área Rectora de Salud de Siquirres  y otros dos funcionarios, que había sido dirigido al Director de la Región Huetar Atlántica, en el que se manifestaba que en el mes de julio del mismo año, funcionarios de esa Área Rectora, habían realizado una inspección a la empresa Hacienda Ojo de Agua, aquí demandada, dándole “lineamientos” para que suspendiera el uso de los tres plaguicidas que ya se han indicado (Bromacil, Diuron y Triadimefon) (ver informe rendido por la Ministra de Salud a.i., a folio 290).

14.  “A raíz de las declaraciones en la prensa por parte de algunas autoridades públicas, donde se ponía de manifiesto la presencia de algunos plaguicidas de uso agrícola (Bromacil, Diuron y Triadimefon) en los acueductos del Cairo y Luisiana en el cantón de Siquirres, el Ministerio del Ambiente y Energía se dio a la tarea de convocar el 22 de agosto del presente [2007], a sus dependencias vinculadas con este tema con el fin de elaborar un plan de acción para la inmediata atención de la emergencia” (ver informe rendido por el Ministro a.i. del Ambiente, a folio 302).

15.  Formulando observaciones de “carácter preliminar” extraídas de un estudio hidrogeológico contratado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, ha informado lo siguiente:  “De la información que se ha recabado en el estudio hidrogeológico que se encuentra en su etapa final, se desprende que la plantación de piña [de la empresa Ojo de Agua aquí demandada] se encuentra sobre un manto acuífero, el cual nutre las nacientes que son captadas por el acueducto de El Cairo y Luisiana  […]  La plantación de piña [antes referida] se encuentra sobre el manto acuífero y el flujo del agua en el acuífero descarga en las nacientes de El Cairo y Luisiana.  De los estudios que se encuentran en ejecución, se desprende que los niveles freáticos son superficiales y que los suelos son permeables (aunque localmente se puede encontrar sectores con materiales de cobertura de menor permeabilidad), por lo que, la aplicación de todo tipo de productos tóxicos llegan con facilidad al acuífero, permitiendo su traslado hacia las nacientes […]  La presencia de suelos permeables permiten la infiltración del agua a través del perfil del suelo hacia las capas inferiores alcanzando el nivel acuífero; al desarrollarse en estos suelos [de dicha plantación] una actividad donde se utiliza agroquímicos con características de alta solubilidad y movilidad como el bromacil, permite, en función de un suelo permeable, el arrastre de esos productos por infiltración hacia el flujo del agua del acuífero y por tanto hacia las nacientes de El Cairo y Luisiana, que se encuentran aguas abajo, según los resultados preliminares de las isofreáticas” (ver informe del Servicio Nacional de Aguas, a folios 742-743).

16.  La empresa demandada, Hacienda Ojo de Agua, ha contado con el permiso sanitario de funcionamiento correspondiente.  Asimismo, esa sociedad ha operado con la respectiva patente municipal (ver informe rendido por la Ministra de Salud a.i., a folio 295; informe de la Municipalidad de Siquirres a folios 440-442).

II.- CONCLUSIONES SOBRE LOS HECHOS.  Del análisis de los hechos probados se desprende una serie de conclusiones que resulta necesario anotar:

a.      Existe peligro para las comunidades amparadas por la presencia de agroquímicos en el agua para consumo humano.  En este sentido, hay evidencia de que los productos que se han venido indicando (Bromacil, Diuron, Triadimefon), pueden tener efecto cancerígeno.

b.      La plantación de piña de la empresa accionada está asentada sobre el manto acuífero correspondiente a las nacientes que abastecen de agua a los acueductos de las comunidades amparadas.

c.        En esa plantación de piña se ha utilizado el agroquímico Bromacil.

d.      Los Ministerios accionados, sean, el de Salud, el de Ambiente, el de Agricultura, así como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, conocían de la contaminación del agua en esas nacientes desde, al menos, el año 2003.

e.       Los niveles de contaminación por agroquímicos en el agua de esas nacientes prácticamente se han mantenido similares, desde el año 2003.

Estos son los aspectos más importantes a efecto de determinar el Derecho de la Constitución aplicable al caso.

III.-  EL PARÁMETRO DE MEDICIÓN A UTILIZAR.  En el informe que se le solicitó directamente al Director del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, al responder una de las preguntas que se le formularon, contestó algo que se considera esencial para establecer un parámetro de medición sobre la calidad del agua.  En lo que interesa, ese funcionario indicó:

“Dado que no existe normativa nacional de este tipo de sustancias, para el agua de consumo humano, idealmente se puede admitir como valor meta la ausencia o una concentración por debajo de los límites de detección o cuantificación de los mejores métodos utilizados para este propósito”.

“La normativa internacional es muy diversa y por un aspecto de prevención y seguridad a la población que consume dos litros de agua por día durante 70 años (esperanza de vida) es política del AyA acoger la norma con el menor valor que significa al mismo tiempo, menor riesgo para la salud, sea esta, la normativa Europea”.

“La norma europea establece un valor máximo de 0.1 ug/l para cualquier plaguicida” (ver informe a folios 612, 614 y 618).

Respecto del mismo tema, el Ministerio de Salud en determinado momento informó lo siguiente:

“Los análisis practicados en nuestro país para este plaguicida y el establecimiento de tolerancias provisionales y de estudio realizados, de conformidad con las ‘Guías de la Organización Mundial de la Salud’ para contaminantes en aguas para consumo humano, han demostrado que con relación a los parámetros internacionales, los valores encontrados en Costa Rica están muy por debajo de las tolerancias para agua de consumo humano establecidas en esos países  […]  Dentro de este razonamiento, y considerando la importancia que tiene para la producción agrícola y el desarrollo económico derivado de esta actividad, sería deseable establecer tolerancias, en este caso específico, para el bromacil y el diuron.  No se justifica incluir dentro de estas tolerancias al fungicida triadimefon, ya que no hay razón, por el uso aprobado para el fungicida, que residuos de este plaguicida aparezcan en muestreos de agua” (ver ampliación de informe a folios 703 y 704).

Sin embargo, posteriormente este Ministerio aclaró su postura expresando:

"...se evidenció de que el Ministerio de Salud en el mencionado oficio no está recomendando el consumo de aguas con residuos de sustancia alguna ajenas a su naturaleza química y física, como se ha malinterpretado.  Aceptar esta posición sería violentar lo dispuesto en el capítulo I 'Del Agua para el Uso y Consumo Humano y de los Deberes y Restricciones a que Quedan Sujetas las Personas en la Materia' de la Ley 5395 Ley General de Salud" (ver copia a folios 840-842).

Del examen de lo expuesto por los dos órganos del Estado responsables de velar por la calidad del agua que consume la población nacional, no es difícil tomar una posición.  La política del Instituto de Acueductos y Alcantarillados es apuntar al menor riesgo para las personas y por ello el mejor parámetro o método que ha escogido en su función es el europeo. Esta postura resulta además, avalada por el Ministerio de Salud, que aclaró que no recomienda el consumo de agua con residuos de sustancia alguna ajena a su naturaleza química y física, porque lo contrario violentaría  lo dispuesto por la Ley General de Salud.  Ahora bien, la Universidad Nacional ha dicho sobre ese método, algo que resulta relevante consignar:

“La Directiva Europea para Agua Potable 98/83/EC establece un valor límite de 0,1 ug/L para cualquier ingrediente activo individual de plaguicida; con excepción del aldrin, dieldrin, heptacloro y epóxido de heptacloro que tienen un valor límite de 0,03 ug/L.  Para la suma de ingredientes activos de plaguicidas individuales presentes en concentraciones por encima de los límites de detección el valor límite que la Unión Europea ha establecido es de 0,5 ug/L. Estos límites no están basados en evidencia científica de efectos en la salud sino más bien en un principio precautorio según el que cualquier presencia de plaguicidas en agua de consumo humano es inaceptable” (ver informe del IRET a folio 760).

Ahora bien, precisamente esa precaución es la que se quiere tomar en este caso.  De acuerdo con los hechos probados, los niveles de plaguicidas presentes en el agua de consumo de las comunidades afectadas, son superiores a la norma de protección europea.  Por eso y existiendo evidencia de que esos productos pueden causar cáncer, resulta imposible no conceder el amparo que solicitan los recurrentes.  En este sentido debe observarse que primero está la seguridad de que la población no sufrirá ningún daño.  Podría incluso replicarse que el parámetro que se está escogiendo es muy alto para un país como el nuestro, cuyos principales productos de exportación son agrícolas, es decir, que no podríamos aspirar a la norma europea, porque Europa hace mucho tiempo dejó de ser una región de preeminencia agrícola y en cambio, este país centroamericano todavía no sale de esa etapa. Sin embargo, ese es un viejo argumento que ya en el pasado ha causado problemas sociales y jurídicos, como cuando se pensó a mediados del siglo XX, que la legislación de trabajo no podía cubrir a los trabajadores del campo, porque eso podía poner en peligro la economía (agrícola) del país.

IV.-  LA RESERVA DE LEY.  En una de las citas anteriores se indica que no existe normativa nacional de este tipo de sustancias para el agua de consumo humano.  Por su parte, el Ministerio del Ambiente ha dicho lo mismo:

“En Costa Rica no se cuenta con legislación que regule las concentraciones de estos dos plaguicidas de forma específica” (ver informe a folio 306).

Ahora bien, del análisis de ese problema jurídico, es decir, la falta de un instrumento que regule esa situación, se desprende que la cuestión no puede ser decidida por normas de rango inferior a la ley formal.  En este sentido, deben verse los bienes jurídicos en juego, todos los cuales atañen a derechos fundamentales: derecho a la salud, derecho a un ambiente sano y equilibrado, derecho al agua.  Por ello no es posible que el asunto pueda ser regulado por la Administración sin base legal especial y específica.  El asunto, desde otra óptica, es también un problema que atañe a la Democracia, dado que debe ser el legislador de cara a la ciudadanía, el que decida el límite de las cargas que el poder público puede imponerle a la población, principalmente en un aspecto que atañe a su salud.

V.-  EL AMPARO CONTRA SUJETO PRIVADO.  En el recurso se ha tenido como parte demandada a la empresa Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima.  Al respecto, debe decirse que formalmente no procede admitir la acción interpuesta en su contra, dado que no se observa que esa entidad mercantil hubiere actuado en ejercicio de funciones o potestades públicas o que se encuentre, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos, conforme lo dispone el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  Por la razón expuesta, debe rechazarse el amparo que en su contra se interpuso; lo cual no significa una exoneración de las eventuales responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido, al estar claro (por lo menos de manera preliminar), que su concreta operación ha tenido que ver con las sustancias contaminantes encontradas en el agua de los referidos acueductos.

VI.- CONCLUSIÓN.  A la luz de lo expuesto este amparo es procedente como medio para proteger a las comunidades afectadas en sus derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  En consecuencia, corresponde ordenar a los recurridos que tomen las acciones que correspondan con el objetivo de eliminar la causa de la contaminación y sanear las referidas fuentes de agua.

 

 

 

 

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso.  Se ordena a María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, a Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a Javier Flores Galarza en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería y a Ricardo Sancho Chavarría en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que en forma inmediata se inice el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades amparadas de El Cairo, Luisiana y La Francia. Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta. Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud y a quienes ocupen ese cargo, lo que significa que el Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado.  Se les advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, podrán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a la  empresa Hacienda Ojo de Agua S. A., los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en su plantación y hasta ordenar el cierre inmediato de ésta, si esa empresa incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.  Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta sentencia en forma personal a los funcionarios antes indicados, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos. Notifíquese también al Presidente de la Asamblea Legislativa y al Ministro de la Presidencia, para lo de sus cargos. Comuníquese.-

            

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta a.i.

 

 

            Luis Paulino Mora M.                                                             Gilbert Armijo S.

 

 

            Ernesto Jinesta L.                                                                    Rosa María Abdelnour G.

 

 

            Horacio González Q.                                                              Roxana Salazar C.

 

 

HGQ/198/vah

EXPEDIENTE N° 07-013151-0007-CO

 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:15:10.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 09040 - 2009

Date of Resolution: May 29, 2009 at 10:29

Case File: 07-013151-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of Matter: Amparo action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

* 070131510007CO *

Exp: 07-013151-0007-CO

Res. No. 2009009040

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours and twenty-nine minutes on the twenty-ninth of May, two thousand nine.

Amparo action filed by ALEXIS CALVO FRANCIS, identification number 7-061- 704, ALEXIS GUTIERREZ ALVARADO, identification number 3-258-619, CARLOS HERRA MUÑOZ, identification number 1-522-636, CARMEN MORALES MORALES, identification number 9- 096-225, DAISY LOPEZ ARRIETA, identification number 7-186-995, DELROY MATTHEWS PORTER, identification number 7-044-537, DIEGO PEREZ MONTERO, identification number 7-193- 086, DORIS PEREZ MONTERO, identification number 9-097-895, EDDIE SANDI MENDEZ, identification number 7-057-843, EULOGIO JIMENEZ RODRIGUEZ, identification number 6-072-403, FRANCISCA ARRIETA G., identification number 7-059-041, GERARDO FERNANDEZ ARCE, identification number 7-057-048, MARIA ELENA ARRIETA GUZMAN, identification number 7-099-156, MARIO RODOLFO HUSTON, identification number 7-046-199, PERCIBAL MATTHEWS PORTER, identification number 7-038-316, ROGER CAMPOS ALVARADO, identification number 3- 191-412, ALEXANDER GAMBOA, identification number 3-323-052, IRENA GARCIA RIVERA, identification number 3-292-253, YORLENY GARCIA RIVERA, identification number 3-336-819, JOSE RAMIREZ PALMA, identification number 3-146-612, FRESSY SOJO SOLANO, identification number 3- 292-196, CRISTINA SOJO SOLANO, identification number 3-383-278, HAYDEE MURIAS OLIVARES, identification number 3-173-919, MISAEL MIRANDA RAMIREZ, identification number 3- 152-571, LEONEL CARPIO ARGUEDAS, identification number 2-415-090, MARIA ALFARO FUENTES, identification number 4-141-372, ALFONSO MURILLO FUENTES, identification number 2- 346-052, NEFTALI RAMIREZ ARIAS, identification number 1-509-707, ANDREY BARQUERO CASTILLO, identification number 7-161-698, MARIA ELENA VARGAS CARVAJAL, identification number 4-150-576, ANDREA RAMIREZ HERRERA, identification number 1-1177-298, JORGE REAL SABORIO, identification number 7-145-721, JUANA ARRIETA GUZMAN, identification number 7-085-536, MARIA EUGENIA M., identification number 3-221-687, WILLIAM ARANA CORDERO, identification number 1-828-167, NURIA GRANADOS ZUÑIGA, identification number 7- 090-731, WILSON ANCHIA SOTO, identification number 5-304-397, MAURICIO ANCHIA ALTAMIRANO, identification number 7-187-658, CELENIA JIMENEZ SOTO, identification number 1- 1233-847, DAMARIS JIMENEZ SOTO, identification number 3-326-615, CIANIE JAMES, identification number 7-091-284, CARMEN MARIA VARELA HERNANDEZ, identification number 1-591-652, WILLIAM CARRANZA JIMENEZ, identification number 6-159-615, LIXANIA ARIAS LOPEZ, identification number 7-159-387, EVELIO LOPEZ SALAZAR, identification number 3-273-046, YORLENY BERMUDEZ BERMUDEZ, identification number 9-104-131, MAYELA ZAMORA GUTIERREZ, identification number 7-093-547, ADRIAN SANCHEZ ALVARADO, identification number 1-768-410, CLARENCE MATTHEWS, identification number 7-035-740, MIRIAM MENA LOPEZ, identification number 7-056-974, JORGE CASCANTE ALVARADO, identification number 7- 147-480, DANILO MORALES CORRALES, identification number 1-412-1151, ELVIA RAMIREZ GOMEZ, identification number 6-158-043, HECTOR RAMIREZ VARGAS, identification number 2-138- 300, JOSE MOLINA M., identification number 5-245-487, EUNICE DIAZ OVIEDO, identification number 6-256-580, JULYETH ABARCA GARCIA, identification number 6-357-782, MARIA EUGENIA UMAÑA ROJAS, identification number 1-392-1186, KATTIA LOPEZ TORRES, identification number 7-158-457, MILENA VARGAS ANCHIA, identification number 7-179-536, DANIELA DANIELS VARGAS, identification number 7-181-899, ISABEL OCAMPO, identification number 9-078-260, HERMINIA VARGAS V., identification number 1-429-777, ADAN ANCHIA ANCHIA, identification number 1-496-813, ROGUIDO LOPEZ MARTINEZ, identification number 6-148- 287, ROSALBA OCAMPO ARGUEDAS, identification number 6-102-1360, JULIO ELIZONDO ZUÑIGA, identification number 1-617-563, ERCILIA PEREZ MORALES, identification number 7-090- 963, ELIZABETH MORA SOLANO, identification number 1-677-595, IRIA VARGAS VARGAS, identification number 7-067-081, TOBIAS MORA B., identification number 9-048-409, ALBA VEGA MORA, identification number 1-548-760, and HIGINIO JIMENEZ MONGE, identification number 9-793- 502, on their own behalf and on behalf of the communities of CAIRO, LA FRANCIA, and LUISIANA of the Canton of Siquirres; against HACIENDA OJO DE AGUA S.A., the MUNICIPALITY OF SIQUIRRES, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA), the MINISTRY OF HEALTH, the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), the SECRETARÍA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), and the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK. Also parties—not sued—in the proceeding are the DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), the SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA), the INSTITUTO REGIONAL DE ESTUDIOS EN SUSTANCIAS TÓXICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HEREDIA, COSTA RICA (IRET-UNA), and the DIRECTOR OF THE LABORATORIO NACIONAL DE AGUAS OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Whereas:

1.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber on October 1, 2007, the petitioners filed this action and state, in summary:

1. That the Ministry of Health granted a sanitary operating permit to the company Hacienda Ojo de Agua;

2. That the Municipality of Siquirres issued an operating permit to the company Ojo de Agua;

3. That the Ministry of Environment and Energy (MINAE) apparently granted an operating permit to the company Hacienda Ojo de Agua;

4. That the petitioner is unaware of the technical, legal, and term conditions under which the previous permits were granted, given that the Director of the Health Area of Siquirres, the aforementioned Municipality, and SETENA (the latter in relation to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) that said company must have conducted) have not provided the precise information requested by the petitioner (it is noted that the information was requested by the representatives of the ASADAS of Cairo and Luisiana);

5. That the company Hacienda Ojo de Agua, located in the District of Cairo, began operations in the year 2000, with a plantation of approximately 20 hectares, which has expanded, presumably without a permit or environmental impact studies, to approximately 300 hectares;

6. That the pineapple plantation of the company Ojo de Agua is located over the aquifer (manto acuífero) that gives rise to the spring (naciente) that supplies the aqueduct of El Cairo and Luisiana;

7. That this pineapple plantation, due to its location, slope, and intensified use of agrotoxins, causes its residues to connect directly with the hydraulic flow of the aquifer that gives rise to the spring where the intake for the aqueducts of Cairo and Luisiana is located;

8. That these soils are highly permeable; they become saturated with water very quickly, giving rise to large aquifer recharge zones (zonas de recarga acuífera), such as the one that supplies the aqueducts of Cairo and Luisiana;

9. That the aforementioned company has contaminated these aqueducts with agrotoxins;

10. That this zone is very rainy, which explains why the technology used in pineapple cultivation involves a high concentration and frequency of agrotoxin use, which aggravates the permanent contamination of the aquifers that are around this plantation;

11. That what is happening with the aquifer over which said pineapple plantation sits is that its residues filter down to the hydraulic current, contaminating the water consumed by the families of the communities surrounding the company;

12. That the associations that administer the aqueducts (ASADAS) form a committee called Pro Agua Saludable for the Families of the Communities of Cairo, La Francia, Luisiana, a committee that is made up of the ASADAS of Cairo and Luisiana;

13. That this committee was formed to obtain a real solution to the persistent problem of water contamination in said aqueducts by the company Ojo de Agua;

14. That their families have been drinking water with agrotoxins for more than 6 years;

15. That the situation described violates the rights to life, health, a healthy and ecologically balanced environment, the principle of legality, and the legislation related to the protection of the environment, water, natural resources, and biodiversity;

16. That we are facing a case of negligence in the fulfillment of the law by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Municipality of Siquirres, and the company Hacienda Ojo de Agua;

17. That a study conducted by the Universidad Nacional (UNA) over the years 2002-2004, called "Vulnerability of Groundwater to Pesticide Contamination in Costa Rica" (Vulnerabilidad de las Aguas Subterráneas a la contaminación por plaguicidas en Costa Rica), found the substance "Bromacil" in the water of the El Cairo de Siquirres aqueduct;

18. That the Cairo aqueduct supplies, in part, the Luisiana aqueduct;

19. That this study shows that the contaminant compound most frequently found in samples from these springs was the "herbicide Bromacil";

20. That this substance was detected by the laboratory of the IRET (Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, of the School of Environmental Sciences of the UNA), which was confirmed by the laboratories of the USGS in Denver, United States, and Omegan in Holland;

21. That said study concluded that the aforementioned substance is relatively mobile and persistent in the soil, which has caused, in other parts of the world, contamination of groundwater, just as is occurring in the springs of the El Cairo and Luisiana aqueducts;

22. That IRET scientists have investigated the seriousness of the expansion of crops such as pineapple, which, if unchanged, can cause more widespread contamination of groundwater and wells in the area, as is currently happening;

23. That the IRET study warns the public institutions involved to implement regulations on pesticide use and groundwater protection;

24. That of the recommendations issued by the IRET four years ago, none have been implemented by the responsible public institutions;

25. That an official study by the National Water Laboratory (Laboratorio Nacional de Aguas, LAN) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) found that the toxin Bromacil is present in the El Cairo spring;

26. That based on this LAN study, it is observed that practically four years later, the groundwater that makes up the hydrological network of these springs is exposed to contamination by chemical products (presence of Bromacil) used in pineapple cultivation;

27. That in this LAN study, it is indicated that in the EPA cancer descriptor for the pesticides Bromacil, Diuron, and Tradimefon, Diuron has an L classification, meaning probably carcinogenic to humans, and for the others, it is indicated that they have not been evaluated, but in the case of Bromacil, it has a C classification, that is, carcinogenic in animals, so it is probably carcinogenic to humans;

28. That the European standard for Bromacil establishes a limit of only 1 ug/L, and in the present case, this limit is very close to or exceeded by the concentrations found in the water, which is very serious and presumably constitutes the cause of the health ailments suffered by the citizens of the protected communities;

29. That in the LAN report, among other things, it is recommended to propose solutions in areas defined as of interest for supply by the AyA, to develop tasks for water resource protection that require institutional presence, and to define preventive actions regarding land use (uso de suelos) in areas identified as of interest to the AyA, to reduce the real or potential danger to water resources (recursos hídricos);

30. That another official LAN study conducted in July 2007 indicated that the aforementioned toxins were present in the supply sources of the El Cairo Aqueducts, in addition to the appearance of another toxin known as Carbariol;

31. That this latest study demonstrates that it is not a matter of low or high concentration of toxins, but rather that the important thing is that these toxic substances are persistently present in the water that the protected parties are consuming, which puts people's lives at risk;

32. That it is clear that as long as the company Ojo de Agua is operating on top of the aquifer, this situation will continue to occur;

33. That in another official study endorsed by the LAN, conducted in August 2007, it was again determined that the toxin Bromacil is present in the supply sources of the El Cairo aqueducts;

34. That however, in this latest study, the LAN made an error "on purpose," since apparently, they only analyzed whether there was Bromacil; however, when the study is "triangulated" with new analyses from the IRET laboratory of the UNA, a large quantity of toxin and alarming concentrations are again detected;

35. That the IRET study is more precise as it is conducted by a scientific laboratory using the same methodology as other studies nationally and internationally;

36. That what is important to emphasize is that from the last two studies, it can be deduced that the toxins prevail in the water, in specific but persistent concentrations, which is why the water is not potable but harmful to human health;

37. That given the large amount of evidence of water contamination, the measures indicated by the country's legislation for these cases have not been taken;

38. That in the last official sampling, conducted on September 25, in which the Ministry of Health and the AyA were present, the IRET laboratory of the UNA, which is a neutral and objective entity, was not taken into account;

39. That from the aforementioned studies of the years 2004, 2006, and 2007, it can be seen that both the number of toxic substances present in the water and the concentrations of the substances between the first and the other studies have doubled and even tripled in the water that the families of the affected communities have been drinking;

40. That this situation has exposed people to the potential dangers of the effect of these toxic substances for nearly 7 years;

41. That Diuron and Bromacil are agrotoxins that prevail in the studies; they are dangerous substances for human life, very mobile products, and are already in the hydraulic torrent of the aquifer, meaning that once there, they are very persistent, as demonstrated by the different water analyses that have been conducted;

42. That in the conditions of the Atlantic zone, large concentrations of these substances must be used, since the zone's conditions are very rainy and force this agricultural practice in order to keep the crop free of weeds;

43. That for this reason, the substances practically pass directly into the aqueduct pipes;

44. That these substances bioaccumulate in human tissues and organs, which is causing a large number of illnesses in the people of the affected communities;

45. That in these communities, there is a persistent frequency of diseases such as vision loss, occasional dizziness and vomiting, hair loss, diarrhea, strange deaths without a clear diagnosis, tumors, cancer, a high frequency of miscarriages with a high incidence of mutagenic malformations, increased perinatal mortality, and other ailments such as constant respiratory problems;

46. That the ASADAS have asked the Ministry of Health to conduct an epidemiological study to know exactly the true scope of this health situation for the people due to being exposed for more than 6 years to these toxic substances, but they have also not had a real resolution from the authorities;

47. That information on the health conditions of the Canton of Siquirres can be consulted in the bulletins issued by the Ministry of Health and the Caja Costarricense de Seguro Social;

48. That regarding the above, information was requested from the Health Director of the Ministry of Health of Siquirres; however, it has not been delivered with the required precision;

49. That there is evidence that in the Canton of Siquirres, there is a high and abnormal incidence of a series of diseases compared to the other cantons of the Province of Limón, which is probably due, among other causes, to agrotoxins;

50. That therefore, the public institutions charged with ensuring compliance with environmental and human health protection laws are, in practice, not fulfilling their functions or complying with the laws;

51. That the Pro Agua Saludable Committee of the affected communities asked the Municipality of Siquirres to hold a session of the municipal council to provide official evidence on the water contamination situation of the Cairo aqueduct;

52. That in the session of that municipal council held on July 19 before the entire community, that body took a resolution in favor of the lives of the families of these communities, but there is the problem that the municipality has not made it effective because the aforementioned company continues to carry out operations in defiance of what was established by the local government, specifically regarding numeral 1 of the resolution, which deals with declaring "the immediate and permanent moratorium on the productive processes carried out on the aquifer and recharge zone that serves as the base for the catchments of the Cairo and Luisiana aqueducts";

53. That this Municipality has also not responded to the request for information made to it regarding the origin, technical, and legal conditions of the patent granted to the company Ojo de Agua, which makes it presumable that the Municipality is not complying with what is established by the Municipal Code and national laws for granting an operating permit to a company in its territory;

54. That on June 28, 2007, the Pro Agua Saludable Committee of the affected communities delivered to the Office of the Minister of Health a brief in which it makes a series of requests related to the water contamination of the Cairo aqueduct and in which it warned of the grave danger to the lives of the families; however, they have not obtained a written response nor a prompt, sustainable, and permanent solution;

55. That the Minister of Health, in July 2007, declared before the Special Permanent Environmental Committee of the Legislative Assembly that the El Cairo aqueduct is effectively contaminated;

56. That before that legislative Committee, the Minister also said that she thought it was definitely necessary to intervene clearly, not only in Siquirres but in all the country's productive activities, to avoid risk to people and risk to the environment;

57. That the Ministry of Health has not attacked the root problems, because it has not made a declaration of national emergency regarding the situation of the protected communities, has not installed carbon filters at the water sources, and has allowed people to continue consuming contaminated water for a long time;

58. That furthermore, the aforementioned company continues to operate without control over the aquifer, and the operational plans have not been evaluated nor have the corresponding legal sanctioning measures been taken;

59. That a judicial file has also not been opened against the company for non-compliance with the law, for the damage caused to natural resources and the health of the families;

60. That the exposed situation appears complacent towards the company, since its sanitary operating permit has not been revoked, as indicated by the Minister of Health during her visit to the affected communities and in the Legislative Assembly;

61. That the head of MINAE, also in an appearance before the Legislative Assembly, said that agrotoxins that are not officially authorized are being used;

62. That there is also no project for the construction of a new aqueduct at another, uncontaminated spring;

63. That the Minister of Health has not ordered the official sampling to be carried out, with the objective that the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) perform toxicological tests on the inhabitants and the Ministry conduct the epidemiological study;

64. That water is currently being distributed in tanker trucks, but they are doing it inequitably and every other day, which forces the community to drink water from the aqueduct;

65. That the Director of the Health Area of Siquirres has not responded to a brief sent to him by the petitioner, nor has he provided information on the actions taken by his Ministry, nor has he given participation to the ASADAS committee managing the process of obtaining healthy water;

66. That on June 28, 2007, the Pro Agua Saludable Committee of the affected communities delivered to the office of the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a brief providing official evidence on the water contamination situation and warning that this endangers the lives of the families;

67. That in that brief, a series of requests related to its competence was made to the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, but the reality is that this entity has attacked the problem only partially and not at its root, since it has not responded to the brief;

68. That the Board of Directors of the AyA established clear guidelines for the head and officials of that institution, aimed at a definitive solution to the situation of the aforementioned aqueducts, but the Executive President of that Institute has not carried out a series of actions to which he committed jointly with the Minister of Health and MINAE, so it is clear that the AyA has failed to comply with its legal duties;

69. That on June 28, 2007, the Pro Agua Saludable Committee of the protected communities delivered to the Office of SETENA of MINAE a brief requesting the status of the environmental impact assessment (EIA) for the company Ojo de Agua, which is essential for granting the operating permit;

70. That the previously requested information is key to clarifying the legal and technical situation under which the company operates and its relationship with the spatial location and contamination of the water of the Cairo aqueduct;

71. That however, this agency has not provided the requested information;

72. That in that Institute, the petitioners have been told by telephone that they cannot find the environmental impact assessment (EIA) of the company Ojo de Agua, which is a recurrent situation in the Municipality of Siquirres, the Ministry of Health, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados;

73. That the negligence of MINAE is also clear, since it has not fulfilled its duties established in its organic law nor with the monitoring and application of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente);

74. That the Ministry of Agriculture has failed to fulfill its duties established in the laws and regulations for monitoring and preventing the use of agrochemicals in agricultural and livestock operations;

75. That the company Ojo de Agua is responsible for this water contamination, since it is operating illegally over the aquifer that supplies the Cairo and Luisiana aqueducts, and this is what is causing damage to people's health, the environment, and natural resources;

76. That the results issued by the AyA amply demonstrate the contamination caused by the pineapple plantation of the company Ojo de Agua;

77. That the company's representatives committed to the Integral Development Association of Cairo (Asociación de Desarrollo Integral de Cairo) to stop using Bromacil, but in just two years, we see the results that the contamination continued and with greater danger, that the number of toxins and the concentration are higher, which demonstrates the recurrence and persistence of the company in its malpractice;

78. That this company has recklessly disseminated unofficial results where it is evident that in the study they contracted, a cocktail of 21 toxins is found, but they tell the communities that they are not harmful to health;

79. That the foregoing demonstrates the company's lack of appreciation for the magnitude of the critical situation, because the scale used in the measurement by the company CHEMLABS (a company that has conducted laboratory studies on the water) is not a scientific scale like that used by the IRET, which demonstrates that the company is reckless regarding natural resources and the environment and disrespectful of the law, since the only thing it has shown is that its economic interest prevails;

80. That these laboratory analyses from the company CHEMLAB demonstrate that it is not a matter of low or high concentration of toxins, because what is important is that these toxic substances are present persistently, and this is called contamination, which puts people's lives at risk;

81. That since 2004, when the IRET conducted the first study, three years have passed, but the company has already been operating over the Cairo aquifer for approximately six years, all within sight and with the patience of public institutions, which have not exercised control and application of the respective laws;

82. That therefore, the company is responsible, and the State institutions, through negligence, are co-responsible for this disaster that is occurring with the health of the people who have been exposed to contamination with these toxins;

83. That even the large number of workers of the companies Ojo de Agua and Fructa are subject to consuming water from the very wells of these companies, which are located in the contaminated aquifers, and therefore, the public institutions must look after this abnormal situation;

84. That the company has not approached to give a real solution to the affected communities and has focused only on defending its economic interest;

85. That this company has not complied with the resolution issued in the extraordinary session of July 19, 2007, in which the Municipal Council took the resolution to establish the situation as a local emergency and established a permanent moratorium on the company's operations, since it has been demonstrated over the years that as long as the company Ojo de Agua continues operating over the aquifer, this dangerous situation will continue to present itself for the population of these communities;

86. That the Water Law (Ley de Aguas) No. 276 of August 27, 1942, and its amendments (especially articles 31, 32, and 33) declare as a reservation of ownership in favor of the Nation all those lands that surround the sites of recharge and discharge of groundwater, authorizing the imposition of a series of protective measures for river basins (cuencas) for the benefit of water resources;

87. That the State cannot permit that the activity carried out by an inhabitant in the exercise of free enterprise injures the rights of another and even causes irreparable damage to the health of the community; that it is clear and evident that any activity carried out must occur under conditions that allow harmony with the rights and interests of the population;

88. That it is in no way a matter of limiting the business freedom that can be enjoyed by all inhabitants of the Republic; it is a matter of establishing clear guidelines so that in the exercise of business activities, the rights of the rest of the inhabitants are not impaired or any damage is caused to the environment;

89. That in the United Nations Conference on Environment and Development (Agenda 21: Rio Declaration), it is established (in Principle 15) that, "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation";

90. That in this particular case, SETENA should have conducted the EIA to ensure that the pro natura principle was not violated, which it is evident was not guaranteed in the case at hand;

91. That in the particular case of water, it is a public domain good, so it must be conserved and used sustainably, as it is of social interest;

92. That in the particular case of contamination by Hacienda Ojo de Agua, it is evident that this company has not only altered the balance of the hydrological cycle but is also damaging natural resources and biodiversity;

93. That regarding article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), it is evident that the company has carried out activities that generate residues, toxic or hazardous materials, in addition to having carried out earthworks (movimiento de tierras) and construction; therefore, it could not begin activities until the EIA had been conducted and SETENA had granted it the environmental viability (viabilidad ambiental);

That in the absence of this environmental assessment, the SETENA permit could not have been granted, meaning we would be facing a clear case of violation of the preventive and precautionary or in dubio pro natura criteria, established in article 11 of the Biodiversity Law and the aforementioned article 17;

95. That in the event of non-compliance with the aforementioned rules, the administrative sanctions set forth in article 99 of the Organic Law of the Environment must be applied;

96. That it is clear that the entity responsible for complying with article 50 of the Constitution is the Ministry of Health, which must prevent and detect environmental problems in order to guarantee citizens the right to health and a healthy environment;

97. That there is clear evidence that the Ministry of Health has not complied with full rigor with the provisions of the General Health Law;

98. That it is clear that the company violates the Pro Natura principle and all national legislation on environmental matters and guaranteeing people's health, by carrying out its operations in the aquifers that feed the aqueducts of the affected communities, with the complacent attitude of State institutions and the Municipality of Siquirres.

        They request that the appeal be granted.

2.- By resolution at 2:47 p.m. on October 10, 2007, the amparo was admitted and the first reports were requested from the respondents (folio 277).

3.- Lidieth Carballo Quesada, in her capacity as Acting Minister of Health, reported under oath (folio 289), in summary: That on August 10, 2007, a report from the Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) was received at the Office of the Minister of Health, under official letter number PRE-2007-069, informing that Ministry of the presence of pesticides in the water and recommending that the community be notified not to consume that water until it is certain that water sampling does not show dangerous levels for the population; That the aforementioned report also recommends the distribution of water by tanker trucks, which has been carried out since mid-August 2007; That this report also states that the possibility of filtering the water with activated carbon to eliminate pesticide residues is being studied; That at the time of submitting the report to the Court, the feasibility of creating another aqueduct with water from other sources is being studied; That on August 14, at a press conference at the Ministry of Health facilities, the Minister of Health and the President of the Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) informed the press about the cited presence of pesticides in the water for human consumption in the aforementioned districts of Siquirres; That at that time, the ICCA undertook to distribute water by tanker trucks to the affected populations; That on August 15, 2007, a copy of official letter ARSS-PAH-SMR-139-2007 was received at the Office of the Minister of Health, from the Director of the Siquirres Health Governing Area and two other officials from the Human Environment Protection Unit of that health area, indicating that in the month of July, officials from the Siquirres Health Governing Area conducted an inspection of the company Hacienda de Ojo de Agua, giving it guidelines to suspend the use of those three pesticides; That on July 18, 2007, a note was received at the Siquirres Governing Area from the cited company, stating that it ordered the complete elimination of the use of Bromacil on the La Francia farm, which is located in an area bordering the water supply source; That on July 18, said company conducted water sampling analyses, which did not determine the presence of pesticides; That officials from that company expressed their willingness that day to help with possible solutions to eliminate said problem; That on August 3, the Minister of Health, together with deputies Ovidio Agüero, Jorge Méndez, and the committee that administers the ASADAS, visited the aqueducts; That from that visit arose a series of guidelines issued by the Human Environment Protection officials of the Siquirres Health Governing Area to the company Frutex to correct a series of problems found during that visit and in previous inspections carried out in July of this year; That the officials of the Environment Protection Unit of the Siquirres Governing Area issued a series of guidelines to the company Hacienda Ojo de Agua related to ceasing the use of those three pesticides in areas near the water source, which "have been being complied with"; That in light of the presence of pesticides in waters from the Milano and El Cairo sources, on August 23, the Ministry of Health convened an Expanded Interinstitutional Regional Health Surveillance Commission (CIREVIS) with the presence of officials from MAG, MINAE, AyA, Ministry of Health, and the Cantonal Union in the Siquirres Health Governing Area, for the purpose of analyzing the situation generated in Siquirres by the presence of pesticides in water for human consumption (officials from the Municipality of Siquirres were invited but did not arrive); That in that CIREVIS, a series of agreements were issued, including the formation of an "Interinstitutional Regional Commission" for the immediate attention of the problem, whose coordinator is Edwin Cyrys, Director of MINAE in the Huetar Atlántica Region, in order to minimize the risks this may bring to the population; That in the last meetings, a member of the Municipality of Siquirres joined that Commission and it was decided there to adopt the Action Plan proposed by MINAE as a work guide; That on August 29, 2007, the Ministry of Health convened an intersectoral meeting at the State Phytosanitary Service of MAG, in which officials from the central levels of MAG, MINAE, AyA, and the Ministry of Health participated, where the formation of an intersectoral work team was approved, named the Intersectoral Commission for the Protection of Human Consumption Water Sources; That this team has developed a Work Plan proposal with the aim of carrying out a "National-Level Diagnosis of the Vulnerability of Human Consumption Water Sources" and their prioritization, as well as a plan on how risk sites would be addressed, all with the intention of preventing these problems in other areas of the country; That this Commission is beginning its work with the Milano and El Cairo sources, to continue with all sources in the Huetar Atlántica Region and subsequently with all regions of the country; That on August 28, 2007, water sampling was received at the Office of the Minister of Health, sent by the Director of the AyA Water Laboratory, indicating that Bromacil was detected in the El Cairo source (at 0.30 ug/L) and in the Luisiana aqueduct (at 1.10 ug/L), at the tank inlet (at 1.06 ug/L), and in the raw non-aerated water (0.46 ug/L); That from three reports received by the Ministry of Health (from August 2006 conducted by AyA, from July 2007 conducted by the Company Frutex, and from August 2007 by AyA), it can be concluded that the residues of the pesticide Bromacil in the two sources remain currently at levels very similar to those found in 2006, "But according to international parameters, there is no risk to the health of the population"; That on September 6, 2007, the Minister of Health, the Executive President of Aqueducts and Sewers, and officials from those two institutions, granted an audience to the President of the Chamber of Pineapple Exporters and Producers and to officials from the company Hacienda Ojo de Agua, who showed their interest so that normality may soon be restored in the area and information may be provided to residents about the existence of pesticides in the water, which do not represent a risk to the health of the population; That on September 25, 2007, another sampling was conducted at the tanks of the Milano, El Cairo, and Luisiana collection sources, carried out by the CHEMLABS Laboratory; that these results were forwarded by the Director of the AyA Laboratory, on October 1, 2007; That the results found were: collection tank of the El Cairo aqueduct source with 0.70 ug/L (first round), collection tank of the El Cairo aqueduct source with 0.62 ug/L (second round), collection tank of the Luisiana aqueduct source with 4.00 ug/L (first round), collection tank of the Luisiana aqueduct source with 3.87 ug/L (first round); That these recent results, according to international parameters, do not represent a risk to the health of the population; That in order to make the determination to recommend the consumption of this water again, the Ministry of Health deemed it appropriate to conduct a cross-check, at the source collection tanks, with another laboratory, deeming the one at the Center for Research in Environmental Contamination of the University of Costa Rica (CICA) suitable for such purposes, given that this would provide security to the community and the companies regarding the reliability of the analysis results; That the sample collection was coordinated in an intersectoral and interinstitutional manner, and during the sampling, personnel from the company Hacienda Ojo de Agua, the Municipality of Siquirres, the ASADA of Luisiana, the ASADA of El Cairo, the ASADA of Milano, MINAE, the Ministry of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Center for Research in Environmental Contamination of the University of Costa Rica (CICA) were present; That we are currently awaiting the results from the CICA laboratory to analyze them and finally carry out the cross-check against the results produced by the CHEMLABS laboratory, and thus recommend to the population the free consumption of water from the Milano, El Cairo, and Luisiana aqueducts, since, according to the information available at the time of rendering this report to the Court, the levels of pesticide residues present do not represent a risk to public health; That the Ministry of Health guarantees that it will manage what is pertinent and will require from the companies involved a series of corrective measures in order to obtain water for human consumption that is completely free of pesticide residues; That it is considered that if everything goes as it has so far, in the coming days, the community can be informed about the free consumption of water from the aqueducts; That it requests that with regard to the Ministry of Health, this amparo appeal be dismissed, since its officials have been diligent in addressing the complaints filed in this case, even providing the appropriate follow-up to this matter; That proof of this is that this Ministry has met with all the involved parties, simultaneously forming an interdisciplinary and interinstitutional commission for the purpose of addressing the reported events properly and in a timely manner; That the appellants are not correct when they point out that this Ministry has not addressed their requests or procedures, since the corresponding health actions were issued and requested, including health order No. 2 of September 19, 2007, in addition to the fact that representatives of the ASADAS of Luisiana, Milano, and El Cairo have been considered and have been present, even during the sample collection; and That, regarding the claim that the company Hacienda Ojo de Agua does not have the respective permits, in matters that concern this Ministry, it is worth noting that it does at least have the corresponding operating health permit.

4.- Heibel Rodríguez Araya, in his capacity as General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reported under oath (folio 296), in summary: That he cannot attest to the start of the company's operations nor whether it has environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), as that is the competence of the Ministry of Health, MINAE, and SETENA; That regarding the competencies and obligations of AyA, there has been no negligence on the part of the Institute, since all necessary aspects have been fulfilled to ensure the consumption of potable water for the communities of El Cairo, Luisiana, and La Francia de Siquirres; that the foregoing stems from the report of the Directorate of Rural Aqueducts (N. DAR-07-1845), which details the actions this Institution is developing to ensure the supply of potable water to those communities, but above all to foster a sustainable solution to the problem; That among these actions are the following: a) taking the aqueduct out of operation for the use of water for human consumption; b) supplying potable water to the communities by tanker truck until the problem is resolved, a situation that has been maintained to date; c) development of an interinstitutional protocol for addressing the problem; d) that this protocol records the technical alternatives for dealing with the problem definitively; however, the costs of the proposal to interconnect these communities to the Siquirres aqueduct administered by AyA are highly onerous, so within the first 15 days of the month of October, pumping tests were conducted on some wells located in the area to study the possibility of interconnecting them to these systems or the decision to build new wells; That these technical alternatives will be analyzed comprehensively and the final decision will be made before October 30, 2007; That the aforementioned protocol establishes the delimitation of recharge zones, an action that SENARA and MINAE must carry out, along with the recommendation that the results of these studies be communicated to the Municipality for incorporation into their regulatory plans; That AyA has taken the necessary actions to solve the problem caused by contamination in the water sources of the described communities, which coincide with the precautionary measure imposed by this Court; That there cannot be immediate administrative justice, since the public administration and its bodies require a reasonable period to process the respective petition appropriately and issue the most accurate administrative resolution in accordance with the real truth of the facts that constitute the grounds for the final act; That the foregoing means that a physiologically necessary time must elapse between the initial petition formulated by the individual and its final resolution, imposed by the observance of that individual’s fundamental rights and the best possible satisfaction of public interests; That AyA has acted in accordance with article 41 of the Constitution, guaranteeing citizens the fulfillment of swift and completed justice without denial, which implies, in the realm of administrative justice, its obligation to decide with diligence and speed the claims raised by individuals, but also complying with the issuance of accurate, duly substantiated, and reasoned administrative resolutions, as well as duly addressing the constitutional principles of health and life; and That AyA has taken the necessary actions to solve the problem caused by contamination in the water sources of the described communities, which coincide with the precautionary measure imposed by the Court. It requests that the appeal be dismissed.

5.- Jorge Rodríguez Quirós, in his capacity as Acting Minister of Environment and Energy, reported under oath (folio 302), in summary: That following statements in the press by some public authorities revealing the presence of certain agricultural pesticides (Bromacil, Diuron, and Triadimefon) in the El Cairo and Luisiana aqueducts, the Ministry of Environment and Energy undertook the task of convening, on August 22, 2007, its dependencies linked to this issue, in order to develop an action plan for the immediate attention of the emergency; That this plan contemplated, among other actions: a) the integration of a technical team to assess the damages in the affected area, including MINAE, MAG, the Ministry of Health, and AyA as actors; b) development of a unified protocol for conducting the respective inspections; c) inspections of pineapple activity in priority areas of the Caribbean; d) taking samples from the springs (nacientes) of the aqueducts in the affected area; e) inspections of pineapple activity throughout the Caribbean zone; f) vulnerability study of the water sources in the area and subsequently at the national level; That faced with this situation, coordination was made with the Ministry of Health, which convened on August 23 a meeting with the local levels of MAG, MINAE, AyA, and the Cantonal Union in the Siquirres Health Governing Area, this for the purpose of analyzing the situation generated by the presence of pesticides in water for human consumption; That in that work session, an "Interinstitutional Regional Commission" was formed for the immediate attention of the problem, coordinated by the Director of MINAE in the Huetar Atlántica Region; That among the activities of this commission was conducting joint inspections (MAG, MINAE, SALUD, and AyA) in the affected area, including the nearby pineapple farms, the springs (nacientes), and the aqueducts; That on September 14 and October 4, 2007, the Regional Commission sent a Subcommission for inspections at the company Hacienda Ojo de Agua; That for this, the work guide developed by a group of institutions linked to the problem of intensive pineapple cultivation was adapted, according to their different competencies, in response to amparo appeal No. 05-014235-0007-CO; That the evaluating commission was composed of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Limón headquarters), the Human Environment Protection Unit of the Ministry of Health of Siquirres, the Ministry of Agriculture, and the Siquirres-Matina Subregional Office of the Ministry of Environment and Energy; That the inspection was divided into two stages: the first, the review of all documentation concerning the respective operating permits, and the second, related to the field inspection, verifying and observing infrastructure, watercourses, and protection zones; That two maps were provided showing the current land use for 275 hectares; That within the field assessment, three main water bodies were sampled (two streams and the Peje River) in which the respective protection zones mandated by the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 in its articles 33 and 34 were measured, yielding values between 14.3 and 22.3 meters; That the tree structure of the protection zone of these rivers and streams is currently dominated by species with a low canopy, which demonstrates there was a change in said structure, substituting the original species in the sector; That the wastewater did not present a bad odor, nor floating solids, and had a transparent appearance, indicating that the stone filter functions adequately, but the company does not present the corresponding operational report to the Ministry of Health of Siquirres; That the equipment used to apply pesticides is calibrated to spread the appropriate doses; That the guidelines of the environmental protection campaigns are followed, where all containers or packaging are collected and transferred to a specific place where there is a warehouse to store them; That according to interviews conducted with personnel of the company Hacienda Ojo de Agua, they have not applied Bromacil since April 2007 on the La Francia de Siquirres farm, due to an internal company memo where management ordered the non-application of the product in the field; That in post-harvest handling, chlorine is used for fruit disinfection and Triadimefon for phytosanitary control; the water used in the fruit washing and disinfection tanks is released and drains toward the Destierro River; this water is turbid due to the remains or sediments of accumulated organic matter; That it would be important and advisable to carry out an analysis of pesticide residues in the discharged water in order to determine the presence or absence of pesticides, and it is also deemed appropriate to conduct microbiological analyses; That once the inspection report was issued on October 18, corrective measures were issued to the company Hacienda Ojo de Agua through official communications, which include: a) requesting the company to provide an update of the approval from INVU specifically regarding the alignment of the Cimarrones River and the wetland located within its lands, on the grounds that this document expired 3 years ago; b) that it must present to the Ministry of Health the operational reports for the wastewater as appropriate, since as of that date, they do not have the permit for the wastewater processing plant; c) that in the protection zones where larger-sized grasses predominate, reforestation with native species must be carried out; d) update the agrochemical application logs to make a correlation between periods of heavy rainfall, in order to monitor the different chemicals and their residence times; e) request the company for a plan to improve soil loss, avoiding erosion and sedimentation problems downstream; f) Conduct a hydrogeological study on the groundwater in the area of interest (recharge area, contaminant transit, etc.); g) it is recommended to carry out a soil study (estudio edafológico) to thereby determine the recharge area of the aquifers and the drag of elements, which could be the cause of the chemical contamination in the different springs (nacientes) (Cairo, La Francia, and Luisiana); That regarding the water quality analyzed on September 25, a cross-check was performed using duly protocolized samplings at the Milano and El Cairo springs (nacientes) and from the three aqueducts (Cairo, Milano, and Luisiana), in accredited laboratories (the laboratories were: CHEMLABS and the CICA laboratory of the University of Costa Rica); That according to the reports of the water analyses conducted on the collection tanks and the springs (nacientes) that supply these aqueducts in the districts of El Cairo and Luisiana, the concentrations of these pesticides (Bromacil and Diuron) remain over time at very similar values, but do not exceed the limits established in other countries such as the United States, Canada, or Australia, meaning there is still no basis for a criminal complaint or a complaint before the Environmental Tribunal for contamination, as there could be a risk of lacking substantiation; That in Costa Rica, there is no legislation that specifically regulates the concentrations of these two pesticides, which is why the competent authorities have considered proposing a reform to the Regulation for the Quality of Potable Water; That the aquifers in question are in highly vulnerable areas, since the pineapple farms are located in the upper parts of the water intakes, so applying any pesticide will pose a potential risk that its residues will be carried by runoff to them; That once the studies are available, a territorial planning provision will be assessed in an intersectoral manner to delimit certain types of crops in different areas to prevent these problems; That the preventive measures taken when suspending the water supply until having proof that the water is suitable for human consumption were due to the fact that the most recent sampling available was from August 2006, and it was necessary to confirm that these levels had not increased over the span of a year, thus assuring the population of the quality of water they were consuming with other samplings, before recommending consumption of water from these two sources; That as a preventive measure, the Executing Unit of the National Institute of Aqueducts and Sewers has supplied the potable water service to the aforementioned communities since mid-August, via tanker trucks; That in the first days of September, the Ministry of Health issued directives for the companies Frutex and Hacienda Ojo de Agua to suspend the use of the pesticides Bromacil, Diuron, and Triadimefon as a preventive measure; That the position of AyA is to guarantee the population the consumption of water completely free of impurities, meaning water free of any presence of pesticides, a position that this Ministry as the governing body endorses; That the Department of Water of the Ministry of Environment and Energy does not have the pertinent studies to be able to affirm and demonstrate with technical precision the characterization of the existing aquifer (extension, recharge and discharge zone, depth, hydraulic capacity, phreatic, dynamic, and static level, drawdown, etc.), just as the area of interference of this aquifer is unknown; That this Department recommends that this Court order the respondent company to elaborate the hydrogeological study, through which this aquifer can be characterized, allowing the administration to infer and decide on strategic measures for its management and address its vulnerability, by virtue of the shifting of the burden of proof; That in relation to the appellant's claim that the respondent company is using chemical products and agro-toxins that are contaminating the aquifers, as well as the rivers and water bodies, the Department of Water has not been aware of that specific situation, and as proof thereof, there is no complaint in its files; That according to the records of that Department, the company Hacienda Ojo de Agua S.A. does not hold "concession holders" for the use of the water resource in accordance with Law 276, nor an agricultural drainage permit; That the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) has stated that, having reviewed its database, as well as the File Archive, it determined that in the name of the company Hacienda Ojo de Agua S.A., there exists, as of the date of submitting the report to this Court, no environmental assessment form or document presented for a pineapple plantation project; That the Pro-Healthy Water Committee of the affected communities submitted a document to SETENA requesting the "status" of the company Ojo de Agua regarding the environmental impact study (estudio de impacto ambiental), to which SETENA informs that the presentation of the mentioned request indeed exists; however, it is important to clarify that the appellants' document concerns the companies Piñales de Costa Rica, Piñera Frutex, Fructa S.A., Piñera Hacienda Ojo de Agua, and according to its database of received correspondence, the procedure was received by that Secretariat on October 5, 2007, and not on June 28 as indicated in the appeal; That the request of the Pro-Healthy Water Committee has already been addressed through official letter AJ-938-2007-SETENA dated October 17, 2007, notified on October 18 via fax, which certifies "whether the mentioned companies have or do not have an environmental file and viability"; That this Court should consider the application of the provisions of article 109 of the Biodiversity Law regarding the principle of the burden of proof in environmental matters, in the sense that the natural or legal person, whether private or public, who intends to access elements of the environment through an activity, development, or project of any time, which has a constant or intermittent, direct or indirect effect on natural resources, has the legal obligation to demonstrate that their activity, request, or project will not cause, or in its case, has not caused (if the actions on the resources have already taken place) damage to the environment, it being necessary in such a case that the proof is sufficient to qualify and categorize with certainty, or at least with the minimum possible technical error, the type, severity, and nature of the impact on the environment; otherwise, we would be faced with a burden of proof that, due to insufficiency in its legal requirement, would be useless; That the burden of proof in environmental matters lies with whoever seeks approval for an activity that impacts the environment, and in the case where it is alleged that this activity will affect the environment; That by reason of the foregoing and based on articles 11 and 109 of the Biodiversity Law, it would be legally appropriate to require the respondent company to satisfy the fulfillment of the actions that, in evidentiary matters, are essential to determine the veracity of the alleged impacts on the environment indicated by the appellants; That nevertheless, the institutions involved in this matter are already working on their own competencies, according to the actions already indicated in this report; That this Ministry has duly addressed the situation, taking the appropriate measures regarding its competencies in coordination with other institutions.

[It] requests that the appeal be dismissed.

6.- Tatiana Cruz Ramírez, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), reported under oath (folio 335), in summary: That this Secretariat has not received any pronouncement or report on contamination of the aquifers to which this case refers; That in the name of the company Hacienda Ojo de Agua S.A., as of the date of this report, no environmental assessment form or document has been submitted for a pineapple plantation project; That regarding the protection of water resources, the governing institutions are the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA), the Institute of Aqueducts and Sewers (Acueductos y Alcantarillados, AYA), the Department of Water of the Ministry of Environment and Energy, the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias), and the Municipalities, which maintain control over this matter; That the National Environmental Technical Secretariat uses the studies carried out by these institutions when evaluating the activities, works, or projects submitted to it, in order to grant environmental viability (viabilidad ambiental); That there is indeed the filing of a petition by the Committee for Healthy Water (Comité Pro Agua Saludable) for the families of the communities of Cairo, La Francia, and Milano; however, it is important to clarify that in its writing, the appellant inquires about the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to allow the companies Piñales de Costa Rica, Piñera Frutex S.A., Fructa S.A., Piñera Hacienda Ojo de Agua to operate, and according to its database of received correspondence, the petition was received by this Secretariat on October 5, 2007, and not on June 28 as indicated by the petitioner; That the request from the Committee for Healthy Water has already been addressed through official letter AJ-938-2007-SETENA of October 17, 2007, notified on October 18 via fax, which certifies whether the aforementioned companies have an administrative file (expediente) or not, the type of project, and whether or not these projects have environmental viability. It requests that the appeal filed against the National Environmental Technical Secretariat be declared without merit.

7.- Marco Antonio Vargas Díaz, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock (folio 341), reported under oath, in summary: That Article 21 of Law 7779, on the Use, Management, and Conservation of Soils (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos), establishes that regarding water matters, the Ministry of Agriculture and Livestock must coordinate with the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA) the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country's watersheds (cuencas hidrográficas), as well as in practices for soil improvement, conservation, and protection in those watersheds; That the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils grants the Ministry of Agriculture and Livestock direct competence only in relation to the management of the "soil" resource; That regarding the management of the "water" resource, this Ministry only participates in the process of granting water concessions to issue technical criteria related to the implications such concessions may have concerning soil impact; That from the analysis of the Law for the Promotion of Agricultural Production (Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, FODEA) and the Organic Law of this Ministry, there is no direct competence for this Ministry regarding the management, use, and conservation of water resources; rather, the competencies granted by this law refer to the creation of the agricultural sector and the coordination that this Ministry must exercise over the sector's bodies; That this Ministry has no direct competence in the management of water resources; rather, in water matters, we are in the presence of a derived competence only, insofar as the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils imposes on this Ministry the obligation to coordinate with SENARA the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country's watersheds, as well as in practices for soil improvement, conservation, and protection in those watersheds, coordination that this Ministry has been carrying out to date; That in response to the presence of pesticides in the waters of the Milano and Cairo springs (fuentes), an Interinstitutional Commission was established on August 23, composed of the MAG, MINAE, AYA, Ministry of Health, and the Cantonal Union in the Governing Health Area of Siquirres, to analyze the situation arising in Siquirres from the presence of pesticides in waters for human consumption; That within this commission, a series of agreements were issued, among them the formation of a "Regional Interinstitutional Commission" for the immediate attention of the problem, whose coordinator is the Director of MINAE in the Huetar Atlántica Region, in order to minimize the risks this may bring to the population, address the problem in a coordinated manner among the Ministries and institutions represented there, and serve as informants and coordinators among institutions, private companies, ministries, municipality and community; That this commission decided to adopt the Action Plan proposed by MINAE as a working guide; That on August 29, 2007, an intersectoral meeting was held at the State Phytosanitary Service of the MAG, involving officials from the central levels of the MAG, MINAE, AYA, and the Ministry of Health, in which it was approved that an intersectoral working team (Intersectoral Commission for the Protection of Sources of Water for Human Consumption) would address the problem; That this team has developed a Work Plan to conduct a "National-Level Diagnosis of the Vulnerability of Sources of Water for Human Consumption" and its prioritization, and a plan on how risk sites would be approached; That based on three reports cited in the report to the Court, this Ministry concludes that the residues of the pesticide Bromacil in the two sources (Cairo and Luisiana) continue to persist at levels very similar to those recorded in 2006, although "the specialists' criterion is that according to international parameters, there is no risk to the health of the population"; That recent laboratory results show elevations in the intake tank and aqueduct of Luisiana and in the intake tank of Milano, "but according to international parameters, there is no risk to the health of the population"; That the Hacienda Ojo de Agua farm has been dedicated to pineapple cultivation for 17 years, a date prior to the enactment of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils; That the well and water sources located within the La Francia farm were inspected, which are used for the application of agrochemicals in the field and for supplying water to personnel in the surrounding infrastructure; That on October 8, 2007, the representative of the Ministry of Agriculture before the Interinstitutional Commission created to address the problem visited Hacienda Ojo de Agua, recommending in his inspection report, among other things: a) to identify primary and secondary water sources and to become aware of the possibility of chemical and pathogenic contamination; b) to identify water sources shared with pastures, forage areas, and other activities; c) to carry out systematic monitoring, sampling, and analysis of pesticides in water, soils, sediments, and plants within farms and water sources. It requests that this Ministry be excluded as a party and that the appeal be declared without merit.

8.- The company Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima responded to the appeal (folio 381), and in summary, stated: That this company has no type of relationship or link with any of the companies mentioned in this administrative file (expediente); That everything indicated by the appellants is false, since their perception of contamination has arisen from a lack of rigorous study by the respondent state institutions concerning the international technical standards that have served as a source for our domestic law, such as the Standards of the United Nations Environment Programme and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); That there was hasty action by high-ranking officials of state institutions, going to the media without accurate technical criteria, alarming the population; That once it was verified that they had magnified a non-existent situation, they merely indicated that the allegedly contaminated water is fit for human consumption, and a determination was made to once again recommend consuming this water; That this company has absolute respect for the environment and consequent observance (compliance) with Environmental Technical Standards, and therefore, it has all the permits required by the legal system to operate pineapple production; That this company has nothing to do with the locality of Milano; That it has always complied with the requirements of both national and international environmental technical standards; That it is a company with high international standards and has therefore obtained: a) certification for ISO 14001; b) Euregap; c) ETI (English standard); d) ecological flag; e) occupational health (recognition of good occupational health practices); f) a sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento), which is valid until January 2008; g) a permit from the Municipality of Siquirres, valid until January 2008; That to obtain the permits required for lawful operation, it had to meet all the requirements demanded by binding environmental and administrative legislation; That it has been dedicated to pineapple cultivation in the Cairo District for more than seventeen years, which has been public and well-known; That it was engaged in pineapple production long before the requirement of environmental viability for its plantations and crops was mandated, and therefore, in accordance with Article 34 of the Constitution and the criterion of the Plenary Commission of SETENA No. CP-249-2006-SETENA of August 8, 2006, this requirement was not demanded of this company; That nevertheless, for matters related to wastewater treatment, it does have environmental viability, meaning, with the assessment of potential environmental impacts, having obtained approval from the State, according to resolution No. 2599-2005-SETENA of 11:00 hours on October 5, 2005; That regarding the location of this company's property for pineapple production, it is a presumption made by the appellants, and even if the appellants' presumption were correct, this company does not contaminate any aquifer, river, etc., since there is an international standard granted by the United Nations Environment Programme, which indicates the potential risks starting at concentrations of 90 micrograms per liter, providing absolute scientific and technical certainty that this company does not contaminate; That the WHO (World Health Organization) classifies Bromacil regarding danger as "unlikely to present an acute hazard in normal use (WHO, 1996)"; That Bromacil is a substance that technologically and scientifically is advisable for use in the selective elimination of weeds in pineapple and citrus crops, and when used correctly, it poses no harm to the environment or human health, as established by the cited standard; That Bromacil has not been classified as a carcinogenic product; That the United Nations standard is what scientifically and technically establishes the exposure limit value for the product, meaning that science and technology provide absolute certainty to all the studies in this administrative file, that the indicated international standard is met, that is, there is no contamination from this company; That the cited United Nations document establishes an exposure limit for Bromacil in water of a value of 90 ug/L; That the consumption of water with values below 90 ug/L does not represent a risk to human health; That as can be seen in the studies that serve as the basis for this action, none reaches 90 ug/L; That the appellants are wrong in indicating that this company contaminates the springs (nacientes) of water, because all the studies -including the one that serves as evidentiary basis for the appellants- are below the international technical standard of the United Nations, by a factor of 10,000 to 50,000 times; That this company made the decision, since 2005, to completely minimize the use of the agrochemical Bromacil in its plantations, and as of April 2007, it suspended its use; That Mr. Marco A. Sequeira, sanitary chemist of the Chemistry Area of the National Water Laboratory, in his report entitled "Report on the water quality in the supply sources of the aqueducts of El Cairo, Luisiana and Milano Siquirres March 2007," concluded that: "5.7 Based on the average concentration levels determined by this study, it can be concluded at this moment that the concentrations [referring to the herbicide Bromacil] are low; therefore, it is expected that they will not cause or have an adverse carcinogenic effect during the lifetime exposure of the supplied population, provided that the concentrations of these chemical substances do not increase in the medium and long term"; That as of the date of this company's response, it has not been determined that Bromacil causes cancer; That the aforementioned Mr. Marco A. Sequeira, in his report, made the following recommendations, among others: a) "6.1 For aspects of prevention and safety of the health of the populations supplied with this water, it is necessary for the National Water Laboratory to implement a surveillance program, with monthly or bimonthly sampling and analysis of the waters of the springs (nacientes) … 6.3 … it is necessary for the Environmental Management Directorate of AYA to incorporate the study of the area of influence of the water network that recharges the sources evaluated in this study to … Develop tasks, work, and agreements for the protection of the water resource, which require an institutional presence. Define preventive actions regarding land use, in the areas identified as of interest to the AYA, to reduce the real or potential danger to the water resource"; That according to Mr. Sequeiro Barquero, sanitary chemist of the Chemistry Area of the National Water Laboratory, he determines that with a daily dose in amounts much higher than any study provided -the study that serves as the basis for the appellant mentions 0.6 micrograms per liter of water- and with the EPA Standard [acronym in English for the Environmental Protection Agency of the United States of America] of 100 micrograms [referring to Bromacil] per liter of water daily, over a period of seventy years, there would be a risk of affecting one in every one hundred thousand test individuals; That from two studies by the CHAMLABS-Environmental Analysis Services laboratory, a laboratory authorized by the Ministry of Health, the first, requested by this company, found Bromacil, Diuron, and Triadamefon to be N/D, meaning not detected, a level below the detection limit, and therefore, there is no contamination; that the second of those studies, requested by AYA, determined that the studies conducted found values 10,000 to 5,000 times below; That the correct reading is that the result is N/D, not detectable, meaning there are no traces of agrochemicals and/or detectable substances in the sampled water; That all the analysis tables in the fact statement demonstrate that there is no contamination according to the United Nations Environment Programme standard; That one of the consequences of the hasty, unfounded actions of the state agencies was damage to the image of Hacienda Ojo de Agua as a socially and environmentally responsible company. It requests that the amparo be declared without merit, given that it has not contaminated in any way.

9.- Edgar Cambronero Herrera, in his capacity as Municipal Mayor of Siquirres (folio 437), reported under oath, in summary: That it is true that the Municipality received a formal invitation from the Committee on June 28, 2007, and it was decided by the Municipal Council to hold a session on July 19, 2007, as indicated by the appellant, thereby demonstrating that the Municipality has indeed promptly addressed the concerns of the petitioners; That as requested by the appellants, and as they themselves point out, an extraordinary session of the Municipal Council of Siquirres was held on July 19, 2007 (extraordinary session 034-07); That in said session, it was resolved, in summary: a) to declare an immediate and permanent "moratorium" on the production processes carried out on the aquifer that serves as the basis for the aqueducts of Cairo and Luisiana, b) to declare the situation occurring in these communities a national emergency, c) to immediately contract the preparation of a thorough study on the hydrogeological situation of said aquifer, d) to demand that in the preparation of the regulatory plan (plan regulador) of the Canton of Siquirres, the water variable be ensured in its protection and defined as the principal decision-making criterion for the canton's territory; That from all the above, it was approved to send communications to the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes), the Ministry of Health, the Legislative Assembly, and the Ministry of Environment; That regarding the request for information submitted on August 17 to the head of the Revenue Department of that Municipality, the Mayor was unaware of it, but once aware through this appeal, he issued instructions for it to be answered immediately, within the next 24 hours, to the appellants; That the requirements established in the Business License Law (Ley de Patentes), which originate from technical aspects of other institutions, are the exclusive domain of those latter institutions, due to the legal, technical, and specific competencies they possess, and the municipality cannot contradict or question what is indicated by them; That to grant a business license (patente) to agricultural companies producing in the canton, including the respondent company, it must obtain the proper sanitary operating permit from the Ministry of Health; That in this particular case, the respondent company provided said permit, which is 020-2007, and it has been renewed, with an expiration date of January 17, 2008; That it is observed that the company presented the respective environmental management plan (plan de gestión ambiental), and therefore the Municipality lacks the competence to contradict or discredit accreditations issued by both the Ministry of Health, in the case of the operating permit, and the respective environmental management plan, which the Ministry of Health considered in granting the operating permit, which was also issued by a body of the Ministry of Environment; That it reiterates that it is not municipal competence to discredit the approvals, authorizations, or endorsements given by these institutions; That the only requirement from the Municipality is the business license (patente municipal), and consequently, the Municipality has no responsibility in the case at hand; That the appellants state that the municipal council adopted an outstanding agreement in favor of the lives of the families of the protected communities, which demonstrates the diligent and timely management and support in favor of the appellants; That it is not true that the Municipality has failed to follow up on what was agreed upon; quite the opposite, it has been very attentive and vigilant so that the institutions that are indeed involved with the substance of the case act expeditiously; That it has even held meetings and tours to support the petitions of the appellants, but the actions of other State institutions are not the municipality's responsibility, as it lacks the competence to make them act more quickly or comply with legal guidelines; That it is not the Municipality's fault that the company continues its cultivation operations, as the competence to delimit its action does not belong to the municipality, but rather to the other institutions that are respondents here; That it should be taken into account that even the aqueduct that supplies water to the communities belongs to the Institute of Aqueducts and Sewers (AYA), and over that institution, the Municipality has no competence. It requests that the appeal filed against the Municipality be declared without merit.

10.- Roberto Thomas Solís, in his condition as President of the Municipality of Siquirres, rendered the statutory report, in the same terms as the Municipal Mayor of Siquirres did (folio 464).

11.- Through a writing received by this Court at 11:34 on November 11, 2008 (folio 525), a group of appellants replied to the reports rendered by the respondents. They asked the Chamber to rule on the matter and declare the appeal granted.

12.- In a resolution issued by the Investigating Magistrate at 18:32 on January 20, 2009 (folio 545), the resolution that granted leave to the amparo was expanded, and it was ordered to have the institutions indicated in the header be considered as parties (not respondents) in the matter. Likewise, the respondents were asked to expand their reports on various aspects indicated therein.

13.- In a writing received by the Court at 15:02 on January 28, 2009 (folio 570), Javier Flores Galarza, in his condition as Minister of Agriculture and Livestock, expanded his report and answered some questions that were posed to him.

14.- In a writing received at 20:45 on January 29, 2009 (folio 574), Daniel Soley Gutiérrez, in his condition as Deputy Ombudsperson (Defensor Adjunto de los Habitantes), rendered the report requested of him. In summary, he indicated that this body had not previously been aware of the case discussed here, but he cited a series of precedents in which the Office of the Ombudsperson has pronounced itself on the protection of the right to water and the environment.

15.- In a writing received by the Court at 09:44 on January 30, 2009 (folio 592), Roberto Dobles Mora, in his condition as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, expanded his report and answered some questions that were posed to him.

16.- Through a writing received at 15:15 on January 29, 2009 (folio 594), Eduardo Doryan Garrón, in his condition as Executive President of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social), rendered the report requested of him. In summary, he provided information to the effect that, based on a series of data indicated in the document, "it cannot be determined at a local level [in the Canton of Siquirres] the correlation of the appearance of the diseases presented with the problem under study [water contamination by agrochemicals], since some pathologies are due to other etiologies, such as viral and bacterial."

17.- In a resolution issued by the Investigating Magistrate at 20:25 on January 30, 2009 (folio 610), the resolution of 18:32 on January 20, 2009 was modified, extending the term for rendering the reports and the additions requested therein.

18.- In a writing received at 11:52 on January 30, 2009 (folio 611), Marco Antonio Sequeiro Barquero, in his condition as Acting Director of the National Water Laboratory of the Institute of Aqueducts and Sewers, rendered the report requested of him. This document is also signed by Guillermo Arce Oviedo, as Head of the Directorate of Rural Aqueducts of that Institution. In summary, they responded to various facts and arguments of the appeal that were indicated to them. Likewise, they stated that "given that there is no national regulation for this type of substance [Bromacil, Diuron, and Triadimefon] for water for human consumption, ideally, the target value can be admitted as the absence or a concentration below the limits of detection or quantification of the best methods used for this purpose." They expressed that "the policy of AyA is that water for human consumption should not contain pesticides." They pointed out that "it is AyA's policy to adopt the standard with the lowest value [of agrochemicals in water for human consumption] which simultaneously means the lowest risk to health, that is, the European regulation."

19.- In a writing received by the Court at 17:30 on January 30, 2009 (folio 700), María Luisa Ávila Agüero, in her condition as Minister of Health, expanded her report and answered some questions that were posed to her. In summary, she argued that "The analyses conducted in our country for this pesticide [Bromacil] and the establishment of provisional tolerances and studies performed, in accordance with the 'World Health Organization Guidelines' for contaminants in water for human consumption, have demonstrated that, in relation to international parameters, the values found in Costa Rica are far below the tolerances for water for human consumption established" in other countries. Likewise, she pointed out that: "Within this reasoning, and considering the importance of agricultural production and the economic development derived from this activity, it would be desirable to establish tolerances, in this specific case, for bromacil and diuron. It is not justified to include the fungicide triadimefon within these tolerances, as there is no reason, based on the approved use for the fungicide, for residues of this pesticide to appear in water samples." The preceding considerations from the Minister of Health originate from a report signed by three officials from the Directorate of Guarantee of Access to Health Services of that Ministry (folios 701-705).

20.- In a writing received by the Court at 16:10 on February 11, 2009 (folio 731), Sonia Espinosa Valverde, in her condition as Acting Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, expanded her report and answered some questions that were posed to her. In summary, she stated that because these are ongoing operations and not new projects, as described in the regulations governing the institutional work of SETENA, the latter should not be considered competent regarding the assessment of potential environmental impacts that the activities of the company Hacienda Ojo de Agua S.A. may have generated; that given the foregoing, it falls to other institutions to apply other technical instruments for mitigation, control, and monitoring of these operations, in accordance with their legal competencies.

21.- Through a writing received at 14:36 on February 19, 2009 (folio 740), Jaime Villalobos Vargas, in his condition as Vice President of the Board of Directors of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage, rendered the report requested of him. In summary, he provided new information about a hydrogeological study that is being conducted in relation to the springs (nacientes) of water referred to in this case.

22.- Through a writing received at 14:35 on March 2, 2009 (folio 756), Marco Vinicio Herrero Acosta, in his condition as Director of the Regional Institute for Studies on Toxic Substances (Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas) of the National University, rendered the report requested of him. In summary, he answered various facts and arguments and provided the scientific study that this Institute conducted on the problem of water contamination referred to in this case.

23.- In a writing received by fax at 19:36 on March 8, 2009 (folio 806), a group of appellants requested that precautionary measures be ordered so that the Executive Branch does not enact two draft decrees, which appear on the website of the Ministry of Health. In summary, they allege that these regulations would allow the contamination with Bromacil and Diuron of sources of water for human consumption, when what is required is that the water be free of contaminating elements.

24.- In a writing received by this Court at 10:50 on March 30, 2009 (folio 840), María Luisa Ávila Agüero, in her condition as Minister of Health, stated, in what is pertinent, that this Ministry is not recommending the consumption of water with residues of any substance foreign to its chemical and physical nature.

25.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Justice González Quiroga; and,

Considering:

I.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are estimated as duly proven:

1. The respondent company here, called Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima, has a pineapple plantation, with a current land use of 275 hectares, located in the District of Cairo, Canton of Siquirres, Province of Limón (see writing filing the appeal at folio 01; the company's response at folio 382; report from the Ministry of Environment at folio 303).

2. During the years 2003 and 2004, a group of scientists from the Regional Institute for Studies on Toxic Substances (IRET) of the National University of (Heredia) Costa Rica, conducted a study on groundwater in the aforementioned district, finding the presence of the herbicide called "Bromacil" in the drinking water aqueduct of Cairo. This substance was found in concentrations of 0.4 to 4 ug/L in almost all water samples taken from the spring (naciente) of Cairo (see IRET report to the Court, at folio 757).

3. The study by the aforementioned public University "confirmed the presence of pesticides in groundwater in the study area. The most frequently found pesticide was the herbicide bromacil used in pineapple cultivation."

This herbicide was found in two springs (nacientes) that supply potable water for communities near Siquirres and in the wells close to them. This substance, relatively mobile and persistent in the soil, has, in other parts of the world, caused contamination of groundwater. This has resulted in the restriction of its use and even its prohibition in several European countries" (see IRET report to the Court, at folio 758).

4. Between 2003 and 2007, the IRET academics involved in said research "alerted" public institutions about this water contamination problem, presenting the results of their study "Vulnerability of Groundwater to Pesticide Contamination in Costa Rica," in workshops held in the communities of Guápiles and Siquirres, with the participation of community members and officials from the Ministry of Environment, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture, and the Instituto de Acueductos y Alcantarillados (see IRET report to the Court, at folio 758; copy at folio 798).

5. The report of that academic study also concludes: "Knowledge of this risk situation should alert the involved parties and facilitate decision-making regarding the need to expand monitoring of groundwater for the presence of critical substances in critical zones, and to implement regulations on the use of pesticides and the protection of groundwater. We consider it convenient and timely to develop a water quality surveillance system for rural aqueduct management associations and the environmental management departments of agricultural companies. The Laboratorio Nacional de Aguas of AyA [Instituto de Acueductos y Alcantarillados] has begun, with support from LAREP-IRET, monitoring the contamination trends in the two mentioned springs" (see IRET report to the Court, at folio 759).

6. The "samplings" carried out by IRET in the water supplying the Cairo aqueduct have provided evidence that "the levels [of Bromacil] 'have not changed'." Between February 26, 2003, and July 7, 2004, IRET took four samples from the main spring of the Cairo aqueduct, finding Bromacil residues in the water, with measurements ranging between 0.4 and 0.6 ug/L. Likewise, in another sampling carried out on July 19, 2008, in the Luisiana springs, measurements of 4.5 ug/L of Bromacil and 1.0 of Diuron were found. The reading of the El Cairo La Francia spring on that same day yielded 1.1 ug/L of Bromacil. Likewise, a sample study carried out by the Laboratorio Nacional de Aguas of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in December 2008 yielded the following results for the presence of Bromacil in the water: 0.40 ug/l in Luisiana, as well as 0.355 in Cairo and La Francia (see IRET report to the Court, at folio 759; copies of reports at folios 802 and 804; report of the Acting Director of the Laboratorio Nacional de Aguas at folio 613).

7. The Cairo springs (according to the petitioners, the Cairo aqueduct partially feeds the Luisiana aqueduct) and La Francia are for public supply and are captured for human consumption (see report of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento at folio 741; clarification made by the petitioners at folio 08; sketch at folio 693).

8. In addition to Bromacil and Diuron, which have already been cited, the presence of an agricultural pesticide called Triadimefon has also been found in the water of the Cairo and Luisiana aqueducts (see report of the Ministry of Environment at folio 302).

9. According to the Acting Director of the Laboratorio Nacional de Aguas of AyA, "Bromacil is classified in group C, possibly a human carcinogen, based on increased incidence of liver tumors in male mice and thyroid tumors in male rats." In the same vein, IRET informed this Court that through the PANNA database (pesticideinfo.org), it found that the EPA [acronym for the United States Environmental Protection Agency] classification for the substances indicated in the preceding section is as follows: i) Bromacil: "C. [carcinogen] Possible. Data show evidence in animals and limited evidence in humans." ii) Diuron: "Known/probable human carcinogen." iii) Triadimefon: "C. [carcinogen] Possible. Data show evidence in animals and limited evidence in humans." For its part, the Ministry of Health stated on the matter: "Although Bromacil, in studies conducted on rats and mice at the laboratory level, has shown positive tests for carcinogenicity, the doses that have caused these tumors have been extremely high" (see report of said Director at folio 613; IRET report at folio 760; supplementary report of the Ministry of Health at folio 703).

10. The company sued herein states that it has applied Bromacil: "my represented party made the decision, as of 2005, to completely minimize the use of the agrochemical Bromacil in its plantations, and as of April 2007, it suspended its use" (see response of that company at folio 385).

11. On August 10, 2007, a communication from the Instituto de Acueductos y Alcantarillados (number PRE-2007-069) was received at the Office of the Minister of Health, reporting the presence of pesticides in the water consumed by the protected communities and recommending that these be advised "not to consume that water until it is certain that water samplings do not show dangerous levels for the population" (see report rendered by the Acting Minister of Health, at folio 290).

12. On August 14, 2007, at a press conference held at the facilities of the Ministry of Health, the Minister of that Portfolio and the President of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados "pointed out to the press this aforementioned presence of pesticides in water for human consumption in the districts of Siquirres" to which this matter refers. On that occasion, the Instituto de Acueductos y Alcantarillados committed to distributing water by tanker trucks to the affected populations (see report rendered by the Acting Minister of Health, at folio 290).

13. On August 15, 2007, a copy of communication ARSS-PAH-SMR-139-2007, signed by the Director of the Área Rectora de Salud of Siquirres and two other officials, was received at the Office of the Minister of Health. It had been addressed to the Director of the Huetar Atlántica Region and stated that, in July of the same year, officials of that Área Rectora had conducted an inspection of the company Hacienda Ojo de Agua, sued herein, giving it "guidelines" to suspend the use of the three pesticides already indicated (Bromacil, Diuron, and Triadimefon) (see report rendered by the Acting Minister of Health, at folio 290).

14. "As a result of the statements in the press by some public authorities, revealing the presence of some agricultural pesticides (Bromacil, Diuron, and Triadimefon) in the Cairo and Luisiana aqueducts in the canton of Siquirres, the Ministry of Environment and Energy undertook the task of convening, on August 22 of this [2007] year, its agencies linked to this issue in order to develop an action plan for the immediate attention of the emergency" (see report rendered by the Acting Minister of Environment, at folio 302).

15. While making observations of a "preliminary nature" drawn from a hydrogeological study contracted by the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento has reported the following: "From the information gathered in the hydrogeological study, which is in its final stage, it is inferred that the pineapple plantation [of the company Ojo de Agua, sued herein] is located over an aquifer layer (manto acuífero), which feeds the springs (nacientes) that are captured by the El Cairo and Luisiana aqueduct […] The [aforementioned] pineapple plantation is located over the aquifer layer, and the water flow in the aquifer discharges into the El Cairo and Luisiana springs. From the studies currently underway, it is inferred that the water table levels are superficial and that the soils are permeable (although locally, sectors with covering materials of lower permeability may be found), meaning that the application of all types of toxic products easily reaches the aquifer, allowing their transport towards the springs […] The presence of permeable soils allows water infiltration through the soil profile towards the lower layers reaching the aquifer level; by developing in these soils [of said plantation] an activity where agrochemicals with high solubility and mobility characteristics, such as Bromacil, are used, this allows, due to the permeable soil, the dragging of those products by infiltration towards the aquifer water flow, and therefore towards the El Cairo and Luisiana springs, which are located downstream, according to the preliminary results of the water-table contour lines (isofreáticas)" (see report of the Servicio Nacional de Aguas, at folios 742-743).

16. The sued company, Hacienda Ojo de Agua, has held the corresponding sanitary operating permit. Likewise, that company has operated with the respective municipal license (patente municipal) (see report rendered by the Acting Minister of Health, at folio 295; report of the Municipality of Siquirres at folios 440-442).

II.- CONCLUSIONS ON THE FACTS. From the analysis of the proven facts, a series of conclusions emerge that must be noted:

a. There is a danger to the protected communities due to the presence of agrochemicals in water for human consumption. In this sense, there is evidence that the products that have been indicated (Bromacil, Diuron, Triadimefon) can have a carcinogenic effect.

b. The pineapple plantation of the sued company is situated over the aquifer layer (manto acuífero) corresponding to the springs (nacientes) that supply water to the aqueducts of the protected communities.

c. The agrochemical Bromacil has been used on that pineapple plantation.

d. The sued Ministries, namely Health, Environment, and Agriculture, as well as the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, have known about the water contamination in those springs since at least 2003.

e. The levels of contamination by agrochemicals in the water of those springs have practically remained similar since 2003.

These are the most important aspects for determining the applicable Constitutional Law to the case.

III.- THE MEASUREMENT PARAMETER TO BE USED. In the report requested directly from the Director of the Laboratorio Nacional de Aguas of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, when answering one of the questions posed, he stated something considered essential for establishing a measurement parameter for water quality. As relevant, that official indicated:

"Given that there is no national regulation for this type of substance for human consumption water, ideally, the target value can be admitted as absence or a concentration below the detection or quantification limits of the best methods used for this purpose."

"International regulations are very diverse, and as a matter of prevention and safety for the population that consumes two liters of water per day for 70 years (life expectancy), it is the policy of AyA to adopt the regulation with the lowest value, which simultaneously means the lowest health risk, that being the European regulation."

"The European regulation establishes a maximum value of 0.1 ug/l for any pesticide" (see report at folios 612, 614, and 618).

Regarding the same topic, the Ministry of Health at a certain point reported the following:

"The analyses carried out in our country for this pesticide and the establishment of provisional tolerances, and from studies conducted, in accordance with the 'World Health Organization Guidelines' for contaminants in water for human consumption, have demonstrated that, in relation to international parameters, the values found in Costa Rica are well below the tolerances for human consumption water established in those countries […] Within this reasoning, and considering the importance that agricultural production and the economic development derived from this activity have, it would be desirable to establish tolerances, in this specific case, for Bromacil and Diuron. Including the fungicide Triadimefon within these tolerances is not justified, since there is no reason, given the approved use for the fungicide, that residues of this pesticide should appear in water samples" (see supplementary report at folios 703 and 704).

However, this Ministry later clarified its position, stating:

"...it was evidenced that the Ministry of Health, in the aforementioned communication, is not recommending the consumption of water with residues of any substance foreign to its chemical and physical nature, as has been misinterpreted. Accepting this position would violate the provisions of Chapter I 'Of Water for Human Use and Consumption and the Duties and Restrictions to Which Persons Are Subject in This Matter' of Law 5395, Ley General de Salud" (see copy at folios 840-842).

From the examination of the statements by the two State bodies responsible for ensuring the quality of the water consumed by the national population, it is not difficult to take a position. The policy of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados is to aim for the lowest risk for people, and therefore the best parameter or method it has chosen in its function is the European one. This position is also endorsed by the Ministry of Health, which clarified that it does not recommend the consumption of water with residues of any substance foreign to its chemical and physical nature, because doing otherwise would violate the provisions of the Ley General de Salud. Now, the Universidad Nacional has said something about that method that is relevant to record:

"The European Drinking Water Directive 98/83/EC establishes a limit value of 0.1 ug/L for any individual active ingredient of pesticide; with the exception of aldrin, dieldrin, heptachlor, and heptachlor epoxide, which have a limit value of 0.03 ug/L. For the sum of individual pesticide active ingredients present in concentrations above detection limits, the limit value that the European Union has established is 0.5 ug/L. These limits are not based on scientific evidence of health effects but rather on a precautionary principle according to which any presence of pesticides in water for human consumption is unacceptable" (see IRET report at folio 760).

Now, precisely that precaution is what is sought to be taken in this case. According to the proven facts, the levels of pesticides present in the drinking water of the affected communities are higher than the European protection standard. Therefore, and with evidence that these products can cause cancer, it is impossible not to grant the amparo sought by the petitioners. In this sense, it must be observed that the priority is the certainty that the population will suffer no harm. It could even be retorted that the parameter being chosen is too high for a country like ours, whose main export products are agricultural, that is, that we could not aspire to the European standard because Europe long ago ceased to be a region of agricultural preeminence, whereas this Central American country has not yet left that stage. However, that is an old argument that has caused social and legal problems in the past, as when it was thought in the mid-20th century that labor legislation could not cover rural workers because it could endanger the country's (agricultural) economy.

IV.- THE LEGAL RESERVE (RESERVA DE LEY). In one of the preceding citations, it is indicated that there is no national regulation for this type of substance for human consumption water. For its part, the Ministry of Environment has said the same:

"In Costa Rica, there is no legislation that specifically regulates the concentrations of these two pesticides" (see report at folio 306).

Now, from the analysis of that legal problem, that is, the lack of an instrument regulating that situation, it is inferred that the matter cannot be decided by norms of a rank lower than formal law. In this sense, the legal interests at stake must be considered, all of which concern fundamental rights: the right to health, the right to a healthy and balanced environment, the right to water. Therefore, it is not possible for the matter to be regulated by the Administration without a specific and special legal basis. The matter, from another perspective, is also a problem concerning Democracy, given that it must be the legislator, facing the citizenry, who decides the limit of the burdens that public power can impose on the population, mainly in an aspect concerning their health.

V.- THE AMPARO AGAINST A PRIVATE PARTY. In the appeal, the company Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima has been included as a sued party. In this regard, it must be stated that formally, the action filed against it is not admissible, given that it is not observed that this mercantile entity had acted in the exercise of public functions or powers, or that it is, in law or in fact, in a position of power against which the common jurisdictional remedies are clearly insufficient or untimely, as provided in Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. For the stated reason, the amparo filed against it must be rejected; this does not mean an exoneration from any legal liabilities it may have incurred, as it is clear (at least preliminarily) that its specific operation has been related to the contaminating substances found in the water of the referred aqueducts.

VI.- CONCLUSION. In light of the foregoing, this amparo is admissible as a means to protect the affected communities in their fundamental rights to health and a healthy and ecologically balanced environment. Consequently, it is appropriate to order the respondents to take the corresponding actions aimed at eliminating the cause of the contamination and remediating the referred water sources.

Therefore:

The appeal is granted. María Luisa Ávila Agüero, in her capacity as Minister of Health, Jorge Rodríguez Quirós in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, Javier Flores Galarza in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, and Ricardo Sancho Chavarría in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds those positions, are ordered to immediately begin the process of remediation and elimination of pesticide residues from the water sources that supply the protected communities of El Cairo, Luisiana, and La Francia. They are warned that each appealed body and entity shall determine, in accordance with its own legal competencies, the individual actions it is obligatorily required to carry out, within a SINGLE PLAN that, as parts of the State Administration, they must execute jointly. The Minister of Health and whoever holds that position is designated as the principal responsible party for that plan and for its complete fulfillment, meaning that the Health Authority must immediately inform this Court if any obstacle arises in its coordinating role to fulfill the objective ordered herein. The respondents are warned that, by reason of the objective ordered herein, they may order all actions that are technically and scientifically conducive to the complete cleaning and purification of the water from those sources, which implies ordering the company Hacienda Ojo de Agua S. A. to legally undertake the corresponding withdrawals, and even, if necessary, absolutely prohibiting it from using contaminating agrochemicals in its plantation and even ordering the immediate closure thereof, if that company fails to comply in any way with the orders and instructions given to it. The foregoing, under the warning that, should they fail to comply with this order, they will incur the crime of disobedience, and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Let this judgment be personally notified to the officials indicated above, or to whoever exercises those positions in their stead. Also notify the President of the Legislative Assembly and the Minister of the Presidency, for their respective purposes. Let it be communicated.-

Ana Virginia Calzada M.

Acting President

Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. Rosa María Abdelnour G.

Horacio González Q. Roxana Salazar C.

HGQ/198/vah

EXPEDIENTE N° 07-013151-0007-CO

Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

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SCIJ de la Procuraduría General de la República