Res. 00262-2009 Sala Constitucional — Exploitation of the Sardinal Aquifer and improvements to the El Coco-Ocotal aqueductExplotación del acuífero Sardinal y mejoras al acueducto El Coco-Ocotal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00262 - 2009

Fecha de la Resolución: 14 de Enero del 2009 a las 14:30

Expediente: 08-005154-0007-CO

Redactado por: Roxana Salazar Cambronero

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




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Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AGUAS.

00262-09. AMBIENTE. PROBLEMAS CON EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA. EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO SARDINAL POR DESARROLLADORES PRIVADOS. PROBLEMÁTICA DEL AGUA. PROYECTO DE MEJORAS AL ACUEDUCTO EL COCO-OCOTAL

“(…) XXIV.- A modo de conclusión. En el caso bajo estudio la Sala tiene por acreditado que se ha violentado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por violación al principio precautorio en materia ambiental, siendo así que el ICAA planteó el desarrollo de un proyecto de infraestructura y explotación de recursos hídricos careciendo de certeza sobre la disponibilidad de agua y la posibilidad de explotación del Acuífero Sardinal, por lo que toda autorización de aprovechamiento sin tal certidumbre sitúa al acuífero en una posición de vulnerabilidad, ocasionando con ello un innecesario riesgo ambiental. En este sentido, el ICAA deberá disponer de inmediato las actuaciones que se encuentren dentro de su ámbito de competencias para que una vez que exista certeza sobre el recurso hídrico disponible, su posibilidad de explotación, y la viabilidad ambiental correspondiente, elaborar un nuevo documento acorde con las competencias que tiene el ICAA en materia de otorgamiento de servicios de agua potable. De igual forma, deberá suspender el otorgamiento de nuevas cartas de disponibilidad, así como sujetar momentáneamente las disponibilidades ya concedidas a lo señalado en el informe emitido por la Escuela Centroamericana de Geología en noviembre de dos mil ocho, en el sentido que el caudal máximo a extraer es de 63,75 litros por segundo, y, en caso de no poder ajustarse a este caudal máximo, deberá reajustar o anular las disponibilidades existentes que sean necesarias; esto hasta tanto y con la salvedad que los estudios técnicos que el SENARA deberá elaborar -de conformidad con esta sentencia- informen la certeza técnica de una explotación distinta. Debe tomar en consideración el ICAA que del caudal máximo disponible que se puede extraer ahora y en el futuro, debe darse prioridad a la comunidad sobre cualquier proyecto turístico o comercial. En consecuencia, deberá igualmente establecer los canales de participación e información con las comunidades de Sardinal, El Coco y Ocotal sobre todos los extremos de  la ampliación del acueducto. (…)” VCG07/2020

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Otras Referencias: Sentencia: 3185-07, 1923-04

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 50 de la Constitución Política

“(…) XXIV.- A modo de conclusión. En el caso bajo estudio la Sala tiene por acreditado que se ha violentado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por violación al principio precautorio en materia ambiental, siendo así que el ICAA planteó el desarrollo de un proyecto de infraestructura y explotación de recursos hídricos careciendo de certeza sobre la disponibilidad de agua y la posibilidad de explotación del Acuífero Sardinal, por lo que toda autorización de aprovechamiento sin tal certidumbre sitúa al acuífero en una posición de vulnerabilidad, ocasionando con ello un innecesario riesgo ambiental. En este sentido, el ICAA deberá disponer de inmediato las actuaciones que se encuentren dentro de su ámbito de competencias para que una vez que exista certeza sobre el recurso hídrico disponible, su posibilidad de explotación, y la viabilidad ambiental correspondiente, elaborar un nuevo documento acorde con las competencias que tiene el ICAA en materia de otorgamiento de servicios de agua potable. De igual forma, deberá suspender el otorgamiento de nuevas cartas de disponibilidad, así como sujetar momentáneamente las disponibilidades ya concedidas a lo señalado en el informe emitido por la Escuela Centroamericana de Geología en noviembre de dos mil ocho, en el sentido que el caudal máximo a extraer es de 63,75 litros por segundo, y, en caso de no poder ajustarse a este caudal máximo, deberá reajustar o anular las disponibilidades existentes que sean necesarias; esto hasta tanto y con la salvedad que los estudios técnicos que el SENARA deberá elaborar -de conformidad con esta sentencia- informen la certeza técnica de una explotación distinta. Debe tomar en consideración el ICAA que del caudal máximo disponible que se puede extraer ahora y en el futuro, debe darse prioridad a la comunidad sobre cualquier proyecto turístico o comercial. En consecuencia, deberá igualmente establecer los canales de participación e información con las comunidades de Sardinal, El Coco y Ocotal sobre todos los extremos de  la ampliación del acueducto. (…)” VCG07/2020

 

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Texto de la resolución

Exp: 08-005154-0007-CO

Res. Nº 2009-000262

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta minutos del catorce de enero de dos mil nueve.

 

Recurso de amparo presentado por [NOMBRE 001], portador de la cédula de residencia número [VALOR 001]; [NOMBRE 002], portador de la cédula de identidad número [VALOR 002]e; [NOMBRE 003], portador de la cédula de identidad número [VALOR 003], y [NOMBRE 004], portadora de la cédula de identidad número [VALOR 004], a favor de la Asociación Confraternidad Guanacasteca, cédula de persona jurídica número tres-dos-trescientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y seis, contra la Municipalidad de Carrillo, la Contraloría General de la República, el Departamento de Aguas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Resultando

  1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas treinta y cinco minutos del veintiocho de marzo de dos mil ocho, los recurrentes presentan recurso de amparo argumentando violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a su derecho fundamental al agua. Señalan que se oponen a las obras de un acueducto privado que amenaza con llevarse el agua de su comunidad y que es apoyado por las autoridades recurridas. Indican que el acueducto es financiado por veintidós empresarios privados para llevar agua potable desde Sardinal hasta unos condominios ubicados carretera a Playa Hermosa, hasta Playas del Coco y la costa de Ocotal, y que pretende llevarse ciento sesenta y siete litros por segundo de su manto acuífero sin tener un Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Agregan que las obras sólo fueron detenidas por la presión del pueblo, y que es claro que no tienen los permisos en regla y que hay peligro para los mantos acuíferos. Añaden que las obras tenían un permiso de rompimiento de vías otorgado por la Municipalidad sin que se cumplieran los requisitos, a pesar de que el proyecto tiene un gran impacto social en las comunidades locales. Manifiestan que los permisos fueron gestionados y otorgados a favor del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a pesar de tratarse de una obra financiada, ejecutada y para beneficio de empresas privadas. Mencionan que el monto estimado de las obras sobrepasa los ocho millones de dólares, y que si la obra es pública se hecha de menos la aprobación de la Contraloría General de la República. Indican que el Ministerio de Obras Pública y Transportes dio la autorización para la rotura de las carreteras, sin exigencias y sin asegurarse de quién garantizaría que quedaran en buen estado. Señalan que no se le ha entregado a la comunidad la información necesaria para evaluar el impacto social y ambiental, y que la comunidad de Sardinal se encuentra con un abastecimiento de agua escaso. Exigen del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de todas y cada una de las mejoras necesarias, pues aún se les debe el alcantarillado sanitario. Agregan que la Municipalidad revocó el permiso de construcción pues el mismo no contaba con los requisitos básicos. Solicitan que antes de llevarse el agua de Sardinal se elabore un Plan Regulador de todo el distrito. Manifiestan que ningún órgano de la Contraloría conoce del proyecto, a pesar que en octubre de dos mil cuatro se les presentó una denuncia sobre el favorecimiento que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados otorgaba a proyectos privados, pero no se ha pronunciado sobre la misma. Refieren que los planes sólo contemplan el agua para El Coco y Ocotal, cuando lo deseado es que se incluya también a todo el distrito de Sardinal. Solicitan se ordene cumplir con todos los trámites necesarios, que se debe realizar el plan regulador y que se declare que el proyecto es privado. Solicitan declarar con lugar el recurso.

2.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas tres minutos del ocho de abril de dos mil ocho (folio 99), informa bajo fe de juramento el señor José Miguel Zeledón Calderón, Jefe del Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, quien señala que una actividad será servicio público si así lo define el legislador, y que tal definición no excluye la posibilidad de participación de los particulares en la gestión pública. Agrega que en virtud del artículo cinco de la Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, le compete al Ministerio del Ambiente y Energía otorgar la autorización para prestar el servicio público de suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, y a la ARESEP fijar los precios y tarifas correspondientes. Refiere que de conformidad con las competencias del Ministerio para otorgar concesión de servicio público a prestatarios privados, no se tiene otorgado ni en trámite concesión de agua y servicio público a nombre del Grupo Mapache o de la empresa MECO, por lo que cualquier obra que se esté haciendo está al margen de la ley porque el Ministerio no ha otorgado concesión de agua y de servicio público a las empresas involucradas si la prestación del servicio la hará un privado. Solicita declarar sin lugar el recurso.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas veintiséis minutos del nueve de abril de dos mil ocho (folio109), informa bajo fe de juramento la señora Sonia Espinoza Valverde, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, quien señala que sobre la construcción de un acueducto privado en la localidad de Sardinal para llevar agua hasta unos condominios del Grupo Mapache, y de los trabajos de construcción realizados por la empresa MECO, no existe en los archivos físicos de la SETENA un expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental que se refiera exactamente a la actividad denunciada, por lo que la Secretaría no puede pronunciarse sobre los efectos en el ambiente como lo planteado de un supuesto desabastecimiento de agua. Solicita declarar sin lugar el recurso.

4.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las trece horas cuarenta y dos minutos del diez de abril de dos mil ocho (folio 112), informa bajo fe de juramento la señora Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República, quien señala que los recursos utilizados para el financiamiento y ejecución de la obra son de naturaleza privada, por lo que no se requería contar con aprobación presupuestaria ni refrendo contralor al contrato respectivo. Agrega que la Asociación amparada presentó ante el órgano contralor en octubre de dos mil cuatro, una gestión en la que planteó algunas inquietudes vinculadas con presuntas irregularidades en el uso de recursos hídricos en los proyectos turísticos Conchal y Papagayo, a la cual se le dio acuse de recibo el diez de noviembre de dos mil cuatro, informando que se trasladaría al Área de Servicios Públicos Remunerados, y que el primero de agosto de dos mil siete se dio respuesta a algunas de las inquietudes planteadas y se anunció la incorporación de los restantes extremos como insumos en estudios de fiscalización que iniciaría la Contraloría General. Añade que en diciembre de dos mil siete se programó una reunión con participación del recurrente [NOMBRE 001], se puso a su disposición toda la documentación recabada y se le indicó que no se habían encontrado evidencias que llevaran a tener por ciertas eventuales irregularidades en el manejo de recursos hídricos, entendiendo que el señor [NOMBRE 001],  se dio por satisfecho porque no presentó gestiones posteriores. Menciona que se le indicó al señor [NOMBRE 001], que la Contraloría enfocaría sus acciones de fiscalización superior en la realización de dos estudios: el primero, relacionado con la gestión administrativa-financiera del proyecto Polo Turístico Papagayo, el cual ya se concluyó y cuyos resultados se documentaron en el informe DFOE-ED-5-2008, y que está en proceso de comunicación a la Asociación Confraternidad Guanacasteca; y el segundo informe se estará finalizando en el primer semestre de dos mil ocho y también se comunicará a la Asociación. Informa a la Sala que por acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Auditoría Interna de dicha institución se encuentra realizando un estudio sobre las acciones llevadas a cabo en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización y supervisión respecto al proyecto de acueducto El Coco-Ocotal, en orden a las obras por construir, así como los requisitos y permisos que debían obtenerse. Solicita declarar sin lugar el recurso.

5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas veintitrés minutos del diez de abril de dos mil ocho (folio 237), informa bajo fe de juramento el señor Ricardo Sancho Chavarría, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien señala que el acueducto referido es una obra pública, con fines públicos y de evidente interés público, fundamentado en la Ley Constitutiva del AyA, el artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana y el reglamento emitido al respecto. Agrega que el referido artículo treinta y ocho ofrece la posibilidad de participación de un desarrollador o grupo de desarrolladores interesados en costear las obras necesarias para suplir servicios básicos a la población, integrando la participación activa de un sujeto o grupo de sujetos interesados en un desarrollo urbanístico específico, siempre que el ente operador –el AyA- determine su viabilidad y sea vigilante desde la génesis del proyecto. Añade que el principio de esta normativa es la satisfacción de un interés público, sin que ello signifique que se trasladen las competencias de un ente público a uno privado. Menciona que en setiembre de dos mil siete se publicó en La Gaceta el “Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley No.4220) en obras de acueductos y alcantarillados de AyA”, el cual regula el planeamiento, ejecución y habilitación, bajo el costo del desarrollador o fraccionados, de todas las obras a ejecutarse fuera de su propiedad para obtener los servicios de agua potable o alcantarillado sanitario. Que para que el instituto se asegure la ejecución de las obras, se debe constituir una garantía satisfactoria mediante la adopción de alguna de estas modalidades: constitución de un fideicomiso, rendición de una póliza, hipoteca, garantía bancaria o cualesquiera otras formas legalmente establecidas, según lo define el artículo cinco del reglamento. Precisa que la figura del fideicomiso es un tipo de organización al que han recurrido algunos desarrolladores, y que la obligación del AyA es actuar dentro de sus competencias, velando por el cumplimiento de la normativa técnica y legal y de que la ejecución del proyecto guarde congruencia con los estudios técnicos elaborados al efecto, pues existen diversos grados de participación de la administración, que van desde la mera inspección, aprobación y recepción de obras hasta la elaboración de diseños y construcción de algunas obras. Indica que el modelo que  propone el artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana, ya reglamentado por el AyA, representa un beneficio para las poblaciones aledañas al proyecto, pues lejos de debilitar en el suministro del agua a los usuarios cercanos, representa un fortalecimiento tanto en las obras de infraestructura como en la capacidad hídrica del sistema. Menciona que dicha normativa permitiría el desarrollo de proyectos urgentes y que generen beneficios a las comunidades donde se realicen, con garantía de que se acatará lo regulado por AyA desde el punto de vista técnico y jurídico, manteniendo el estatus de obra pública que será entregada oportunamente al Instituto para su administración y operación. Manifiesta que en el caso en cuestión, se debe destacar que es una actividad asumida enteramente por AyA, quedando evidenciado en todo momento que la administración y operación del acueducto está bajo la égida del Instituto, por lo que se aclara que simplemente los particulares lo que hacen es financiar las obras, lo cual está muy lejos de hacer del proyecto una obra privada. Señala que alrededor de las mejoras del acueducto de El Coco existe todo un complejo proceso de planificación y organización de eminente interés público, y se ha derivado todo un compendio de búsqueda de soluciones y alternativas para la administración que le permitan de manera eficiente y bajo estrictos controles técnicos ampliar las posibilidades de abastecimiento de agua potable a zonas que han presentado dificultades de abastecimiento. Precisa que a partir del artículo siete del Reglamento para la aplicación del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana, de la Carta de Entendimiento para la ampliación del acueducto de Playas del Coco, y del Fideicomiso Acueductos Playas del Coco, se recalca la labor fiscalizadora de las obras por parte de AyA, realizando el Instituto bajo esa modalidad las gestiones de solicitud de autorización de apertura de vías, el trámite de viabilidad ambiental ante SETENA, y que posteriormente habrá una recepción o no conforme de las obras ejecutadas, y que se encuentran exentos del trámite de licencia de construcción por ser una obra construida por el Estado. Aclara que cuando ciudadanos particulares soliciten al AyA la instalación de una paja de agua para vivienda, tendrán el derecho de que esa paja les sea instalada con el pago de la tarifa vigente de AyA, y que se evidencia un error de interpretación al señalar la amenaza de llevarse el agua de la comunidad. Indica que el recurso hídrico es de dominio público, y que es muy grave para el desarrollo del país que se promueva la idea de que tal recurso es propiedad o de explotación exclusiva de la jurisdicción donde se ubica. Reitera que el acueducto que se está construyendo es una obra pública pero con capital privado, amparado a la figura del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana, que el fideicomiso es un mecanismo de garantía de que las obras se construyan bajo la supervisión y vigilancia del Instituto, y que del proyecto se verán beneficiadas también las comunidades vecinas, que sin invertir en la obra tendrán garantizado el acceso al servicio sin discriminación alguna frente a los inversionistas. Señala que es responsabilidad de AyA verificar que el recurso hídrico sea explotado racionalmente y conforme estudios serios para su aprovechamiento, por lo que se realizó un estudio hidrogeológico que indica que no se afectará el manto acuífero de la zona, y recalca que sí se cuenta con la viabilidad ambiental. Refiere que tal estudio hidrogeológico concluye que el acuífero Sardinal tiene suficiente capacidad de abastecimiento, y que el AyA sólo tomaría lo equivalente al ocho por ciento del total de la zona. Indica que lo concerniente a la apertura de vías y el pago de permisos son asuntos de mera legalidad, pero que la normativa autoriza al Instituto a realizar labores propias de su competencia como lo es la horadación de calles públicas para cumplir con las conexiones o instalación de tubería, según lo establece el artículo uno del Decreto sobre apertura y horadación de calles públicas, no obstante lo cual se realizaron los trámites pertinentes ante el gobierno local, quien autorizó al AyA a realizar las aperturas de vías indispensables; que resultó sorpresivo el acuerdo de revocación de tal permiso por los atrasos y permisos que significan para la ejecución de la obra. Agrega que en cuanto a la licencia de construcción, la Procuraduría General de la República ha señalado que el fin perseguido por el legislador es exonerar de la licencia y pago por construcción a los entes estatales de conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley de Construcciones, y que la Comisión Interdisciplinaria nombrada por la Municipalidad deja claro que cuando el Estado no es el que ejecuta directamente las obras constructivas, para que aplique la exención debe verificarse que existe supervisión estatal de las obras; que el pronunciamiento de la Procuraduría resalta que los entes descentralizados se encuentran exentos de la obligación de requerir licencia municipal para la construcción de obras públicas siempre que sean supervisadas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que en el caso concreto se debe insistir en que el AyA ha realizado una supervisión permanente y continua de las obras, y que en una buena interpretación la entidad que debe realizar la gestión evidentemente es la que tiene especialidad en el campo de las obras desarrolladas; siendo que los incisos a), f) y h) del artículo 2 de la Ley Constitutiva del AyA regulan claramente que el Instituto es el órgano sustitutivo de las Municipalidades y del Ministerio de Salud o el Ministerio de Obras Públicas en la materia de su competencia, es al Instituto a quien le corresponde supervisar las obras de acueducto y alcantarillado en obvia sustitución del Ministerio de Transportes, por lo que no cabe duda de que se cumple con los requisitos para ser sujeto de la exoneración de la licencia requerida. Con respecto a la autorización de la Contraloría General de la República, manifiesta que al ser la inversión de carácter privado no se requiere el refrendo contralor ni del procedimiento de licitación. Considera fundamental que los gobiernos locales cuenten con su respectivo plan regulador, y que en razón de que el servicio de agua potable es considerado un servicio público esencial, no se puede limitar el acceso y el desarrollo de proyectos siempre que sea técnicamente factible realizarlos sin ese instrumento ordenador. Reitera que existe certeza técnica de la no afectación del acuífero Sardinal y de la capacidad de abastecimiento. Solicita declarar sin lugar el recurso.

6.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas ocho minutos del once de abril de dos mil ocho (folio 273), informa bajo fe de juramento la señora Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes, quien señala que el artículo treinta de la Ley General de Caminos Públicos autoriza al Ministerio para otorgar permisos de ruptura de vías públicas a efecto de obras públicas y privadas, y que en el caso de obras públicas lo que opera son las debidas acciones de coordinación y colaboración entre las diversas administraciones. Agrega que el Departamento de Previsión Vial consigna que el proyecto es de interés público y desarrollado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y que la Dirección de Estudios y Proyectos de Acueductos y Alcantarillados solicitó ante el Departamento de Previsión Vial de la División de Obras Públicas el permiso de ruptura respectivo en setiembre de dos mil siete, siendo que se cumplió con el trámite de estilo y quedó patente el compromiso y obligación del A y A de restituir las vías a su estado debido. Solicita declarar sin lugar el recurso.

7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas treinta y cinco minutos del once de abril de dos mil ocho (folio 281), informan bajo fe de juramento los señores Carlos Gerardo Cantillo Álvarez y Claudio Franklin Rivas Ruiz, en su condición de Alcalde y Presidente Municipal de Carrillo, respectivamente, quienes señalan que en octubre de dos mil siete se autorizó el rompimiento de vía para la instalación de tuberías del proyecto de mejoras del acueducto El Coco, proyecto enmarcado en el artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana, dando por sentado que se trata de una obra pública que pertenece al A y A pero que es financiada con capital privado, razón por la que está exenta de la tramitación de la licencia de construcción y por consiguiente del pago del tributo correspondiente, de acuerdo con el artículo setenta de la Ley de Planificación Urbana. Agregan que el artículo primero del Decreto sobre Apertura y Horadación de Calles Públicas establece que es facultad y criterio exclusivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados decidir y efectuar la apertura y horadación de calles públicas cuando se trate de obras de nueva instalación, conexión, cambio o separación de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, por lo que el Instituto, si lo tiene a bien, ni siquiera debe solicitar el permiso de rompimiento de vías. Precisan que no es cierto que el permiso de rompimiento se haya revocado por faltar requisitos, sino porque en algún momento del proceso hubo dudas acerca de la naturaleza propia de la obra, las cuales fueron aclaradas mediante un recurso de revocatoria interpuesto por el Instituto que despejó cualquier duda y demostró el carácter de obra pública y de interés social que reviste el proyecto, por lo que se acogió el recurso. Añaden que omiten referirse a los supuestos problemas de la capacidad hídrica de la zona por ser competencia propia de otra institución. Solicitan declarar sin lugar el recurso.

8.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas veinte minutos del veintiocho de abril de dos mil ocho (folio 290), los recurrentes solicitan se amplíe las partes consignadas en el recurso al Banco de Costa Rica y al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA-.

9- Por resolución de las once horas cuarenta y tres minutos del treinta de abril de dos mil ocho (folio 401), se amplía las partes consignadas en el recurso y se solicita al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA- la rendición de informe sobre los hechos alegados por los recurrentes, así como el envío del expediente o documentos administrativos relacionados.

10.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas cincuenta y dos minutos del siete de mayo de dos mil ocho (folio 409), los recurrentes solicitan se notifique el presente recurso al Ministro de la Presidencia.

11.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cuarenta y seis minutos del trece de mayo de dos mil ocho (folio 412), informa bajo fe de juramento el señor Bernal Soto Zúñiga, Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, quien señala que en la institución existe el Archivo Nacional de Pozos, pero nunca se recibió solicitud alguna de análisis de la propuesta de perforación de los pozos que se indican en el recurso de amparo, ni de estudio hidrogeológico que respaldara la extracción de agua que se discute, así como tampoco consta expediente alguno. Refiere que por otros estudios que se han realizado sobre la explotación de los acuíferos en la zona, se ha determinado que los acuíferos de Playa Panamá, Coco, Hermosa y Ocotal son altamente susceptibles a la contaminación por su carácter intrínseco, por lo que es recomendable paralizar la perforación de nuevos pozos en esos pequeños acuíferos y acelerar la ejecución de estudios. Añade que también a la Municipalidad de Santa Cruz se le indicó que los sistemas acuíferos aluvionales costeros son altamente susceptibles a procesos de sobreexplotación, por lo que debe realizarse un estudio de demanda de agua e identificar la fuente de abastecimiento. Asimismo, que al Instituto Costarricense de Turismo se le informó que los acuíferos aluvionales costeros tienen áreas de recarga pequeños y que son, potencialmente, altamente vulnerables a la contaminación y la sobreexplotación, por lo que se recomendó considerarlos como de vulnerabilidad alta y aplicar ciertas restricciones, para que al igual que se le recomendó a la Municipalidad de Santa Cruz, se debe realizar una planificación hídrica para determinar la oferta real y la capacidad del sistema, pues tales estudios permitirán conocer si la oferta disponible que poseen los mantos acuíferos locales permiten garantizar la cobertura de la demanda estimada. Explica que el SENARA y el AyA trabajan en la búsqueda de soluciones para mejorar la oferta de agua en Guanacaste, pues la capacidad de los mantos acuíferos costeros del cantón de Carrillo y en general los acuíferos costeros de la región Chorotega es limitada y son sumamente vulnerables a la contaminación y la sobreexplotación. Precisa que en la zona no se encuentran pozos a nombre de Coco Water pero sí a nombre del AyA. Menciona que el SENARA no tuvo conocimiento del “Informe Proyecto Final Playas del Coco-Ocotal, Guanacaste” elaborado en el año 2006, pero que en sus conclusiones se indica el riesgo de contaminación del acuífero del Coco por el aporte de nitraros, lo que se incrementará con el crecimiento urbanístico y turístico sin contar con un sistema de alcantarillado, lo que puede provocar a mediano plazo la pérdida del acuífero de Coco. Manifiesta que el veinticuatro de abril de este año se les entregó copia del estudio hidrogeológico del acuífero de Sardinal, pero no lo ha recibido en forma oficial por parte del AyA y aún no ha sido valorado por el SENARA. Señala que debe contarse con estudios detallados del potencial acuífero de la zona de Sardinal, ya que la información disponible es para la totalidad del acuífero del Tempisque. Reitera que los acuíferos de las zonas costeras de Guanacaste son vulnerables a la contaminación, y que el desarrollo acelerado y sin planificación está creando condiciones que pueden llegar a provocar problemas de abastecimiento de agua potable, por lo que el SENARA prohibió desde el año 2007 la perforación de pozos en los acuíferos aluviales de Playa Panamá, Playa Hermosa, Playa del Coco y Ocotal. Precisa que con respecto a los pozos que se mencionan en este recurso de amparo, no hubo solicitud alguna para valorar su viabilidad, conveniencia o procedencia. Solicita declarar sin lugar el recurso.

12.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas veintisiete minutos del veintitrés de mayo de dos mil ocho (folio 470), la señora Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes, presenta coadyuvancia activa. Señala que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados omitió la consulta obligatoria al SENARA para la perforación de los pozos, por lo que incumplió el artículo once de la Constitución Política. Agrega que tampoco se presentaron estudios sobre la explotación del acuífero Tempisque, del cual forma parte el acuífero de Sardinal, lo que representa entonces una situación de riesgo. Estima que se evidencia una falta de planificación hídrica, pues no se está considerando los estudios y criterios con que cuenta SENARA para el acuífero Tempisque, y que llama la atención que las obras dieran inicio en octubre de dos mil siete, mientras que la viabilidad ambiental la otorgó SETENA recién en enero de dos mil ocho. Explica la importancia de dar aplicación a la participación ciudadana prevista en el artículo diez de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Convenio de Biodiversidad, lo cual permitiría una participación activa y responsable en temas de incidencia ambiental. Solicita declarar con lugar el recurso.

13.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las doce horas veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil ocho (folio 477), el señor Daniel Soley Gutiérrez, Defensor Adjunto de los Habitantes, manifiesta que mediante el oficio GE-308-08, suscrito por el Gerente General del SENARA, se exponen criterios contradictorios con respecto al informe presentado ante esta jurisdicción dentro de este recurso de amparo.

14.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas treinta y ocho minutos del veintisiete de mayo de dos mil ocho (folio 480), manifiesta Ricardo Sancho Chavarría, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que en virtud del artículo diecisiete de la Ley de Aguas y el artículo tres de la Ley número 6877, que regula las funciones del SENARA, el Instituto no requiere autorización ni consulta previas al SENARA para la explotación y perforación de pozos, lo cual ha acreditado la Procuraduría General de la República. Se refiere al oficio GE-308-08, del SENARA, en el que se indica que oferta hídrica del acuífero Tempisque supera con creces la cantidad que se demanda para el abastecimiento del proyecto sin que se ponga en peligro el balance hídrico del acuífero, por lo que reitera la certeza de la viabilidad del proyecto y el beneficio para toda la comunidad.

15.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las doce horas cuarenta minutos del ocho de abril de dos mil ocho (folio 500), Rosibel González, Isabel Briceño Briceño, Estela Bustos, Gerardo Méndez García, Ana Isabel Escobar, María Celina Cubillo, Juan Félix Espinoza, Luis Alberto Vargas, Gilda Canales, Oldemar Gutiérrez, Jun Félix Castro Soto, José Ramón Navarrete Contreras, Ana Victoria Arguedas, María del Carmen Mojica, Marvin Canales, Walter Navarro Bustos, María Eugenia Quirós Zumbado, Lía Vásquez, Flor Elena Vásquez, Liseth Cubillo Vallejos, Brenda Chavarría Pérez, Diego Alonso Alvarado Díaz, Misael Sáenz, Elena Araya Torres, Peggy Quesada Chamorro, Andrés Chaves Ramírez, Rafael Ángel Pizarro, Kathia Zamora Cubillo, Wilfredo Gutiérrez, Darling Espinoza Poveda, Margarita Chavarría, presentan recurso de amparo en similares términos al escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil ocho; este recurso de amparo fue tramitado inicialmente bajo el número de expediente 08-005663-0007-CO.

16.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas diecinueve minutos del veintiuno de abril de dos mil ocho (folio 545), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, informa bajo fe juramento la señora Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes, en similares términos al informe presentado el once de abril de dos mil ocho y visible a folio 273 del expediente.

17.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diecisiete horas veintiún minutos del veintiuno de abril de dos mil ocho (folio 550), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, informa bajo fe de juramento el señor Ricardo Sancho Chavarría, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien adiciona el informe rendido dentro de este recurso de amparo señalando que es erróneo el criterio de que por causa del proyecto ejecutado la comunidad tenga un escaso abastecimiento de agua, pues en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Carrillo número 17-2007, de veinticuatro de abril de dos mil siete, se indica que el problema que se presenta es por infraestructura. Agrega que por estudios técnicos realizados, se evidenció que el diámetro de la tubería actual es insuficiente para brindar un servicio óptimo, por lo que la primera etapa del proyecto de mejoras al sistema contempla el cambio e instalación de tubería, con la que se espera garantizar a la comunidad de Sardinal la prestación de un mejor servicio de abastecimiento de agua potable. Añade que dentro de las mejoras programadas para el acueducto de Sardinal se encuentra la construcción de un tanque para almacenamiento de agua, colocación de tuberías de conducción, cambio de tuberías de conducción y distribución y equipamiento, obras que son necesarias y urgentes. Expresa que el Departamento de Desarrollo Físico determinó que la problemática del acueducto no es de producción, la cual es suficiente hasta más allá del año dos mil veinticinco, sino que el problema de abastecimiento es el tanque de volumen insuficiente. Por ello, menciona, ha sido necesario recurrir a figuras novedosas, de manera que  proyectos de interés público sean financiados por el sector privado, dando como resultado una obra pública que mejorará las condiciones de la comunidad, aunque evidentemente también beneficiará a los inversionistas. Explica que se puede afirmar que el proyecto propuesto para el acueducto aumenta la capacidad de producción y almacenamiento para incrementar la cobertura en ocho mil servicios más, y que se cuenta con la autorización de continuar con las obras porque el gobierno local revocó la orden de suspensión. Manifiesta que el AyA ha fiscalizado y brindado el control necesario, se tiene la certeza técnica de que las obras son óptimas y no existirá un impacto negativo para el manto acuífero. Solicita declarar sin lugar el recurso.

18.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas treinta y seis minutos del veinticuatro de abril de dos mil ocho (folio 586), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, informa bajo fe de juramento el señor José Miguel Zeledón Calderón, Jefe del Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, quien señala que el Ministerio tiene el carácter de ente rector en materia de recurso hídrico, y que otras instituciones públicas con competencia nacional sí tienen un rol de operador de servicios. Agrega que por disposición del Código de Minería, las aguas subterráneas y superficiales se reservan para el Estado, por lo que existe una publificación y nacionalización de todas las aguas subterráneas del país, lo cual es reforzado por la Ley Orgánica del Ambiente, y que el MINAE cumple un rol fundamental en la administración, control y fiscalización del aprovechamiento de los recursos hídricos. Precisa que el AyA ostenta facultades y atribuciones para la administración, aprovechamiento y gobierno de todas las aguas públicas destinadas a las poblaciones y, consecuentemente, no requiere de concesión alguna para su aprovechamiento directo o por medio de acueductos rurales. Explica que la labor de gobierno del AyA implica aprobar la conveniencia, viabilidad, correcto diseño, construcción, operación, mantenimiento y ampliación del sistema de agua potable; mientras que los objetivos del SENARA están circunscritos al desarrollo agropecuario y a los distritos de riego. Menciona que el SENARA goza de competencia específica a nivel nacional para realizar investigación sobre los recursos hídricos, por lo que el SENARA genera información científica y técnica básica para el ejercicio del poder político. Reitera que el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, no ha otorgado concesión alguna a prestatarios privados para que otorguen un servicio público. Solicita declarar sin lugar el recurso.

19.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas treinta y seis minutos del veinticuatro de abril de dos mil ocho (folio 598), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, informa bajo fe de juramento la señora Sonia Espinoza Valverde, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, quien señala que mediante resolución número 110-2008-SETENA, del veintidós de enero de este año, la SETENA otorgó viabilidad ambiental al proyecto Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal, el cual es un proyecto cuyo control y responsabilidad se encuentra en manos públicas, por lo que no se trata de un acueducto privado. Precisa que no consta en el expediente ningún análisis que determine si el agua restante es o no suficiente para satisfacer la demanda actual, pues el desarrollador del proyecto –el AyA- el órgano público competente para garantizar que el abastecimiento de un sector de la población no haga peligrar la respuesta a la demanda actual del lugar de donde se tome el agua. Explica que por ello, la SETENA debe respetar la competencia del AyA. Añade que el hecho de que el desarrollador sea el órgano público competente para emitir criterio sobre la disponibilidad sustentable del agua, implica que el procedimiento de evaluación del impacto ambiental parta de la base de dar por cierta dicha disponibilidad. Manifiesta que es cierto que el proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental, porque la aplicación de la normativa técnico-ambiental vigente determinó que el instrumento procedente en este caso es una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y no un Estudio de Impacto Ambiental. Solicita declarar sin lugar el recurso.

20.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas nueve minutos del veinticinco de abril de dos mil ocho (folio 684), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, los señores Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal de Carrillo, y Claudio Franklin Rivas Ruiz, Presidente Municipal de Carrillo, informan bajo fe de juramento en similares términos al informe presentado ante esta Sala el once de abril de dos mil ocho y visible a folio 281 del expediente.

21.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas once minutos del seis de mayo de dos mil ocho (folio 694), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, el Presidente y el Alcalde Municipal de Carrillo aportan las personerías con las que actúan.

22.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las ocho horas cuarenta y seis minutos del siete de mayo de dos mil ocho (folio 697), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, los recurrentes aducen que a ese momento no se han paralizado las obras recurridas, al punto que están por finalizarse. Agregan que no se cumplieron los permisos de construcción correspondientes.

23.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas veintisiete minutos del veintitrés de mayo de dos mil ocho (folio 714), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, la señora Lisbeth Quesada Tristán presenta coadyuvancia activa en idénticos términos a los expresados en el escrito visible a folio 470 del expediente.

24.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las doce horas treinta minutos del veintisiete de mayo de dos mil ocho (folio 721), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, el señor Defensor Adjunto de los Habitantes manifiesta idénticas apreciaciones a las contenidas en el escrito visible a folio 477 del expediente.

25.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas treinta y ocho minutos del veintisiete de mayo de dos mil ocho (folio 731), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, el señor Ricardo Sancho Chavarría presenta informe bajo fe de juramento en idénticos términos al informe visible a folio 480 del expediente.

26.- Por resolución de esta Sala, número 2008-8882, de las dieciséis horas un minuto del veintinueve de mayo de dos mil ocho (folio 753), se ordena acumular el recurso de amparo tramitado bajo el expediente 08-005663-0007-CO, al tramitado bajo el número de expediente 08-005154-0007-CO, por ser este último el más antiguo.

27.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas treinta minutos del treinta de mayo de dos mil ocho (folio 755), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, el Defensor Adjunto de los Habitantes remite copia del informe elaborado por la Dirección de Aguas Subterráneas del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, sobre el análisis de los documentos presentados por el Instituto Costarricense de Electricidad en relación con el proyecto de ampliación del acueducto de Sardinal y el mejoramiento de los acueductos de El Coco y Ocotal.

28.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas treinta y un minutos del treinta de mayo de dos mil ocho (folio 769), dentro del expediente 08-005663-0007-CO, el señor Johnny Leiva Badilla, mayor, portador de la cédula de identidad número cinco-doscientos noventa y cinco-seiscientos setenta y tres, en su condición de representante legal de la Asociación Cámara Liberiana de Turismo, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-ochenta y cuatro mil ciento dos, presenta coadyuvancia pasiva. Señala que la posible paralización del acueducto cuestionado implicaría una amenaza inminente a la disponibilidad del agua, así como al turismo y al desarrollo de la provincia. Estima que la participación del sector privado en el desarrollo emprendido, no cambia la naturaleza del servicio, sino que tal servicio continuará siendo público. Explica que el acueducto se construye para abastecer de agua potable a toda la comunidad y no solamente a los condominios privados. Precisa que durante los años dos mil cinco y dos mil seis, el AyA inició la perforación de pozos en los poblados de Sardinal y El Coco en busca de establecer la infraestructura para un acueducto que permita el abastecimiento de agua para toda la zona, y que la institución ha velado para que la capacidad hídrica resultante del acueducto pueda cumplir con las necesidades de los desarrolladores y en general de toda la comunidad de Sardinal. Agrega que la Municipalidad de Carrillo tiene competencia para otorgar los permisos necesarios para la construcción del acueducto, y que no se está en presencia de un contrato administrativo, por lo que no se requiere el refrendo de la Contraloría General de la República ni de ningún tipo de procedimiento licitatorio. Refiere que el recurso hídrico es de dominio público, y que el Estado debe procurar un desarrollo sostenible entre la producción y la protección al ambiente. Aduce que en este caso, el AyA ha realizado todos los estudios necesarios para que el impacto ambiental sea el menor posible y no se afecte el acuífero Sardinal, pero también procura aumentar la capacidad de producción y almacenamiento para incrementar la cobertura en ocho mil servicios más. Solicita declarar sin lugar el recurso.

29.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas veinticuatro minutos del treinta de mayo de dos mil ocho (folio 779), el Defensor Adjunto de los Habitantes remite copia del informe elaborado por la Dirección de Aguas Subterráneas del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, sobre el análisis de los documentos presentados por el Instituto Costarricense de Electricidad en relación con el proyecto de ampliación del acueducto de Sardinal y el mejoramiento de los acueductos de El Coco y Ocotal.

30.- Mediante correo electrónico recibido en el Centro de Jurisprudencia Constitucional de esta Sala, a las diez horas cuarenta y siete minutos del diecisiete de junio de dos mil ocho (folio 812), la señora María Caravaca González, portadora de la cédula de identidad número cinco-dos mil seiscientos sesenta y tres-novecientos noventa y tres, aduce que las autoridades recurridas continúan con el desarrollo de las obras impugnadas, lo que estima un desacato a la orden de la Sala al dar curso al amparo.

31.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las doce horas del seis de junio de dos mil ocho (folio 813), el señor José Merino del Río, mayor, politólogo y sociólogo, portador de la cédula de identidad número ocho-cuarenta y seis-doscientos cuarenta y nueve, interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Señala que en los últimos años se ha producido un crecimiento exponencial de megaproyectos turísticos e inmobiliarios en la zona costera del cantón de Carrillo, lo que está multiplicando la demanda por la explotación de las fuentes de aguas subterráneas que abastecen la región, y se ejerce gran presión sobre los acuíferos costeros, al punto de que instituciones como el SENARA han recomendado no autorizar la perforación de nuevos pozos en la zona. Aduce que los acuíferos ubicados en esa región enfrentan una gran cantidad de amenazas, lo que ha motivado al SENARA a calificarlos de vulnerabilidad alta, pues dentro de estos riesgos están la sobreexplotación, el agotamiento y la contaminación. No obstante ello, indica, el AyA ha optado por desarrollar el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, el cual pretende extraer un caudal de agua de veinticuatro litros por segundo adicionales al acuífero El Coco, y ciento setenta y seis litros por segundo al acuífero Sardinal, para abastecer una demanda proyectada de ocho mil servicios, la que se concentra principalmente en nuevos proyectos turísticos y urbanísticos de gran envergadura. Agrega que el AyA ha perforado siete nuevos pozos, y se pretende construir tuberías de impulsión de siete kilómetros, tuberías de distribución de catorce kilómetros y dos tanques de almacenamiento. Explica que la mayor parte de las obras está siendo financiada con recursos que aportan veintidós inversionistas privados, agrupados a través de la sociedad mercantil Cocowater S.A., quienes han suscrito una carta de entendimiento y un contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica, pero que también el AyA ha invertido recursos propios en el desarrollo del proyecto. Alega que los habitantes de Sardinal nunca fueron informados ni consultados sobre el proyecto, pero la comunidad ha manifestado su rotunda oposición al mismo por los graves impactos negativos que puede tener sobre las fuentes de aguas que abastecen la población. Considera que el proyecto presenta graves irregularidades, y las obras están siendo ejecutadas incumpliendo importantes obligaciones y disposiciones del ordenamiento, pues se inició la construcción sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por la SETENA, toda vez que el AyA únicamente presentó varios meses después del inicio de las obras una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, siendo así que la SETENA otorgó la viabilidad ambiental de forma prácticamente automática tan solo un día después de que se presentó la declaración. Además, indica que el AyA omitió presentar copia del plano catastrado y certificación de propiedad de los terrenos donde se ubican seis de los pozos perforados, por lo que la SETENA ni siquiera tuvo a la vista información básica sobre tales inmuebles. Menciona que la perforación de los pozos fue realizada por el AyA sin consultar o requerir el criterio del SENARA, y tampoco se le consultó sobre los estudios hidrogeológicos para justificar la viabilidad ambiental de esa explotación de agua. Agrega que en enero de dos mil ocho, el AyA realizó un estudio hidrogeológico que supuestamente permite concluir que en el acuífero Sardinal hay suficiente disponibilidad de agua para la extracción pretendida de ciento setenta y seis litros por segundo, pero hay otros criterios técnicos emitidos con posterioridad por la Auditoría Interna de la misma institución –informe AU-2008-110, de veintiocho de marzo de dos mil ocho- y el Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA que señalan importantes omisiones, deficiencias, limitaciones y contradicciones en el estudio del AyA. Alega que en mayo de este año, el Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA emitió un nuevo criterio técnico sobre los estudios utilizados por el AyA, concluyendo que los estudios presentados no cuentan con la información suficiente y la requerida profundidad de análisis para garantizar suficiente disponibilidad de agua, por lo que recomienda realizar una serie de estudios que aún no se han llevado a cabo; menciona que la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica realizó un estudio que concuerda con el del SENARA, en el sentido de que el análisis utilizado por el AyA no refleja información técnicamente detallada sobre el acuífero. Agrega que la SETENA y el AyA han considerado que el proyecto es de bajo o poco significativo impacto ambiental, y por eso se exigió una Declaración y no  un Estudio de Impacto, y que ese comportamiento desconoce que el proyecto involucra la explotación de acuíferos altamente vulnerables. Explica que la administración cuenta con un margen limitado de discrecionalidad para definir las características y la rigurosidad de las evaluaciones de impacto ambiental que cada proyecto requiere, pero esa definición no puede ser arbitraria o carente de justificación; estima que la SETENA no hizo una adecuada valoración de las condiciones y características particulares del proyecto, pues ignoró elementos medulares como el hecho de que el proyecto implica la extracción de grandes cantidades de agua de acuíferos altamente vulnerables y el inminente riesgo de deterioro y sobreexplotación. Considera que las instancias técnicas que han realizado evaluaciones posteriores a los estudios presentados por el AyA, hacen estudios de mayor profundidad y complejidad para determinar el impacto real que dicho proyecto tendrá sobre las aguas subterráneas, por lo que los estudios del AyA son incompletos e insuficientes, al punto que el SENARA indicó que era necesario contar con algunos otros estudios que no se han realizado, todo lo cual evidencian la falta de sustento técnico de SETENA al prescindir de un adecuado Estudio de Impacto Ambiental. Señala que existen normas legales y reglamentarias expresas que exigen la realización de este tipo de estudio en esta modalidad de proyectos, y que la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales no es equivalente ni puede asimilarse a un verdadero Estudio de Impacto Ambiental, pues la declaración es una serie de compromisos que asume el desarrollador de un proyecto, pero que no implica la realización de un análisis técnico de los impactos ambientales –como sí lo hace un Estudio de Impacto Ambiental-, siendo que la realización de un Estudio implica mucha mayor garantía y protección para el ambiente y las aguas subterráneas. Reitera que el legislador ha dejado al Poder Ejecutivo un margen limitado de discrecionalidad para determinar el tipo de evaluación de impacto ambiental que cada actividad requiere, pero esa discrecionalidad desaparece cuando la ley expresamente exige la utilización de un instrumento específico, por lo que no puede el AyA burlar esa obligación legal mediante procedimientos abreviados, de menor profundidad y rigurosidad. Alega que durante el trámite de evaluación de impacto ambiental, el AyA ni siquiera cumplió con los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente para obtener la viabilidad ambiental, incumplimientos que fueron corroborados por la Auditoría Interna del AyA, lo que permite concluir que no sólo el AyA irrespetó la normativa vigente, sino que la SETENA concedió la viabilidad ambiental sin tener siquiera a la vista los planos de los terrenos donde se perforaron los pozos. Por otra parte, aduce que las autoridades recurridas han incumplido la obligación de aplicar los principios preventivo y precautorio del derecho ambiental, lo cual resulta necesario cuando no exista certeza absoluta fundada en estudios técnicos completos y debidamente realizados, por lo que las autoridades debieron abstenerse de aprobar la realización de las actividades e incluso suspender la ejecución de las obras hasta tanto no cese el estado de duda y se garantice la ausencia de daños al ambiente. Enfatiza que en el caso de este proyecto, existe peligro inminente de daños graves a los acuíferos altamente vulnerables de El Coco, Ocotal y Sardinal, daños que consideran la sobreexplotación del acuífero que abastece de agua a la población de Sardinal, y en el caso de los acuíferos de El Coco y Ocotal, las amenazas incluirían también un incremento considerable de los riesgos de contaminación e impermeabilización de áreas de recarga como consecuencia del notable incremento en las construcciones que se fomentaría con el proyecto cuestionado. Reitera que no existe certeza científica sobre los impactos que el proyecto podría tener sobre los acuíferos, pues los estudios del AyA son parciales e incompletos, y no tomó en cuenta la desaparición de los caudales de las quebradas cercanas que se produce en la época seca y que impediría la recepción de las aguas domésticas provenientes de los proyectos inmobiliarios. Refiere que el AyA y el SENARA presentan datos contradictorios sobre la disponibilidad real de agua del acuífero Sardinal, y según dice la Auditoría Interna del AyA, en el cálculo de la demanda proyectada no se tomó en consideración la población vegetativa y flotante que se mantiene en el poblado Ocotal, aspecto que podría variar la vida útil del sistema. Concluye que en el presente caso, se está muy lejos de alcanzar algún grado de certeza científica sobre los impactos ambientales del proyecto cuestionado, y ni siquiera existe la información científica suficiente para realizar una valoración integral de tales impactos. Requiere que se anulen las resoluciones de SETENA del veintidós de noviembre de dos mil siete y veintidós de enero de dos mil ocho, que conceden la viabilidad ambiental, y se ordene al AyA la paralización indefinida de las obras. Solicita declarar con lugar el recurso. Este recurso de amparo inició el trámite bajo el número de expediente 08-008440-0007-CO (folio 908).

32.- Mediante resolución de esta Sala, número 2008-9961, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil ocho, se ordena acumular el recurso de amparo tramitado bajo el número de expediente 08-008440-0007-CO, al que se tramita bajo el número de expediente 08-005154-0007-CO.

33.- Por medio de escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de junio de dos mil ocho (folio 918), dentro del recurso de amparo 08-008440-0007-CO, informa bajo fe de juramento la señora Sonia Espinoza Valverde, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, quien señala que mediante resolución número 110-2008-SETENA, del veintidós de enero de dos mil ocho, la SETENA otorgó viabilidad ambiental al proyecto Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal, a nombre del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y que no consta en el expediente administrativo oficio alguno del SENARA que comunique recomendaciones giradas por esa entidad. Aclara que SETENA sólo autorizó el mejoramiento del acueducto existente, y que la legislación ambiental vigente no establece que este tipo de proyectos deban presentar un Estudio de Impacto Ambiental, sino que lo que establece es que se debe contar con la correspondiente Viabilidad Ambiental, que para el caso en cuestión corresponde al Documento de Evaluación Ambiental D1. Explica que el artículo veinte del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental se pueden definir tres posibles rutas de decisión: la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, el Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental, y que en este caso concreto, el Documento de Evaluación Ambiental D1 presentado arrojó una Significancia de Impacto Ambiental con un puntaje de 87 puntos, por lo que el instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental a presentar corresponde a una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. Menciona que el proyecto se ha conceptualizado con dos zonas de presión independientes: una que abastecerá la zona de la localidad de Playas del Coco, y la otra la localidad de Ocotal; el primero de ellos será abastecido por cuatro pozos ya construidos y con una capacidad de producción de ciento setenta y cinco litros por segundo, situados en la cuenca del río Sardinal, para lo cual se construirá una línea de impulsión, mientras el segundo dispondrá de un tanque que se abastecerá con el agua proveniente de cuatro pozos que suministran un caudal de cuarenta y ocho punto siete litros por segundo, más la producción de otros tres pozos perforados. Indica que las obras a construir comprenden líneas de distribución, construcción de tanques de almacenamiento, equipamiento de campo de pozos Sardinal, cisterna, estación de bombeo y línea de impulsión, y que la actividad sometida a consideración por el AyA a la SETENA en ningún momento contempla lo referente a la concesión de agua ni a la perforación de los pozos, pues lo sometido a Evaluación de Impacto Ambiental es únicamente la construcción y mejoras de las líneas de conducción y distribución, lo mismo que la construcción de tanques de almacenamiento, y explica que es al Departamento de Aguas del MINAE a quien le corresponde otorgar el permiso de perforación de los pozos y el otorgamiento de la concesión de aguas. Precisa que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 32712-MINAE, el formulario D1 debe ser acompañado por diferente documentación, y que en este caso el AyA no adjuntó la documentación que demuestre que las obras se ubicarán en terrenos de su  propiedad. Agrega que también se exige realizar un estudio geotécnico de suelos, pero el interesado presentó una justificación para su no presentación, la cual fue aceptada por la Comisión Plenaria. Añade que el estudio de hidrogeología ambiental debe aplicarse a una serie de actividades, entre las cuales no se encuentra la explotación de acuíferos, por lo que tal estudio no era requerido en este caso. Adiciona que también se debe presentar un estudio arqueológico rápido, pero en el formulario D1 se presentó una justificación para no presentar tal protocolo, lo cual también fue aceptado por la Comisión Plenaria. Por su parte, explica que el estudio de biología básica debe presentarse en caso que las actividades se localicen parcial o totalmente dentro de un área ambientalmente frágil, lo cual no aplica para el proyecto cuestionado, por lo que tal estudio no debía realizarse; en todo caso, se presentó también una justificación que fue aceptada por la Comisión Plenaria. Reitera que el proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental, se cumplió con el análisis correspondiente y se evaluó el proyecto con la información suministrada por el AyA, mientras que los informes del SENARA o de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica no constan agregados al expediente administrativo. Solicita declarar sin lugar el recurso.

34.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diecinueve horas treinta y un minutos del dieciséis de junio de dos mil ocho (folio 1063), dentro del expediente 08-008440-0007-CO, informa bajo fe de juramento el señor Ricardo Sancho Chavarría, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien señala que para el Instituto es una preocupación constante la sobreexplotación del recurso hídrico en cualquier región del país. Reconoce que en la zona de Guanacaste ha proliferado la demanda del recurso y en esa medida ha proliferado la construcción de pozos, muchos de ellos ilegales y privados, lo que genera una explotación desordenada y sin controles adecuados. Precisa que el SENARA carece de los estudios técnicos a nivel nacional costeros, donde se determine que la extracción de los acuíferos está superando su capacidad de recarga, por lo que una aseveración en ese sentido no se ampara en estudios técnicos. Agrega que ahora se encuentran en ejecución diferentes estudios, como lo es sobre la disponibilidad y vulnerabilidad de acuíferos en el cantón de Santa Cruz, con recursos del SENARA y la Municipalidad local; sobre los acuíferos de Huacas Tamarindo, con la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica y con recursos del SENARA; sobre el acuífero Parrita, con recursos del AyA; y sobre el acuífero Tempisque, con la Escuela de Geología y el Laboratorio CICA de la Universidad de Costa Rica y auspiciado por la Organización de Energía Atómica. Precisa que el acuífero de Sardinal no es un acuífero costero y en ningún documento del SENARA se ha manifestado que no se puede emplear por sobreexplotación. Indica que el SENARA no cuenta con estudios en el área de Sardinal, y que en realidad la directriz que esta entidad ha emitido ha sido la recomendación de no construir pozos en un rango entre la línea costera y un kilómetro tierra adentro, con el fin de evitar intrusión salina por posible explotación, y enfatiza que el Instituto ha respetado en todo momento esa indicación técnica, así como ha mantenido altos niveles de coordinación con SENARA. En todo caso, menciona, el AyA no tiene ninguna obligación legal de someter a aprobación del SENARA los proyectos de infraestructura para abastecimiento de agua potable, lo cual se encuentra así previsto en el artículo dos de la Ley Constitutiva del Instituto, el artículo diecisiete de la Ley de Aguas y en un dictamen de la Procuraduría General de la República, normativa que establece que el AyA no requiere de previo, autorización ni consulta a SENARA para la explotación y perforación de pozos. Explica que el oficio GE-308-08 del SENARA, del veintidós de mayo de este año, y en relación con el proyecto Coco-Ocotal, manifestó no se tiene por facultad del SENARA el otorgamiento de criterio técnico para ello, pues los estudios dan cuenta que se tiene un acuífero cuya oferta hídrica supera con creces la cantidad que se demanda para abastecer el proyecto y sin poner en peligro alguno el balance hídrico del acuífero, por lo que se reitera la certeza de viabilidad del proyecto y el beneficio que traerá para toda la comunidad. En cuanto a la participación de la comunidad y la ordenación, aduce que el AyA ha tratado de promover diversos foros y a través de diferentes medios, la implementación de planes reguladores, pero que tal materia es competencia municipal y no puede considerarse que el AyA es responsable de las omisiones que existen en el país en materia de ordenamiento territorial. Refiere que desde el año dos mil tres, el Instituto creó la Dirección de Gestión Ambiental, la que tiene dentro de sus funciones representar el interés institucional en la elaboración de planes reguladores y de ordenamiento del territorio, mientras que en el año dos mil siete se conformó la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Sector Turismo. Menciona que la Ley Constitutiva de la institución le obliga a resolver el problema de abastecimiento de agua, y aunque el crecimiento costero no es un problema generado por el Instituto, sí genera necesidades y demandas que deben resolverse, por lo que se ha optado por soluciones que tengan un menor impacto sobre los usuarios. Explica que la investigación profesional realizada por el AyA generó como la mejor alternativa de aprovechamiento, la extracción del acuífero de Sardinal, conforme la producción de este de manera que no se genere sobreexplotación. Manifiesta que en octubre de dos mil seis se elaboró una proyección de la población vegetativa, flotante y proyectos, considerándose que para el dos mil diez habría una demanda de ocho mil servicios, pero que las condiciones cambiaron y al fideicomiso se comprometieron sólo cinco mil servicios, por lo que ha quedado una reserva para el AyA de tres mil servicios, los cuales serán utilizados para el abastecimiento del crecimiento de la demanda tanto vegetativa como flotante de las comunidades de El Coco, Ocotal y Sardinal, y otros posibles desarrollos que se puedan generar en el futuro sin necesitarse nuevas fuentes de producción. Es así que, indica, mediante el acuerdo 2007-367, la Junta Directiva del Instituto acepta la cesión de derechos y obligaciones realizada por la empresa Coco Water S.A. al Banco de Costa Rica. Refiere que la vida útil del sistema se ha aumentado, y la demanda no supera la producción, por lo que se garantiza además el abastecimiento de Sardinal y la producción de agua podrá ser escalonada en etapas y en jornadas de bombeo de menos de veinticuatro horas. Agrega que es erróneo afirmar que la demanda proyectada se concentra en los megaproyectos, porque para tales desarrollos sólo existe una demanda proyectada de dos mil servicios, de los cuales se requerirán de manera efectiva unos mil quinientos, por lo que queda un amplio margen de servicios que de manera inmediata y a mediano plazo servirán para satisfacer las demandas o necesidades de la población local, por lo que insiste que el proyecto en todo momento contempló ese aspecto, y se ha divulgado información errónea en la comunidad. Enfatiza que al utilizar una alternativa de financiamiento legalmente viable, se pretende evitar situaciones que podrían promover la privatización de acueductos en ciertas zonas en las que la demanda por el recurso hídrico podría llegar a ser desmedida, por lo que desde los orígenes, pasando por la inspección y recibo final de las obras, el proyecto se mantiene bajo el control directo del AyA. Reitera que el modelo gestionado garantiza que la obra nunca se sustraiga del control y supervisión pública, y se mantenga las características acordes al principio de solidaridad que debe regir esta materia, asegurando el acceso al acueducto sin costos adicionales. Señala que los denominados pozos uno, dos, tres y cuatro de Sardinal, y siete y ocho del Coco, están en trámite de ser trasladados al AyA con fundamento en la Carta de Entendimiento y el fideicomiso suscrito, y que los terrenos donde se ubican han sido incorporados al fideicomiso que trasladará todo su patrimonio al AyA, pero que el recibo de tales pozos no puede darse hasta que materialmente todas las obras estén concluidas y hayan sido recibidas por el Instituto. Refiere que en virtud de que actualmente el país no cuenta con información completa que señale la oferta hídrica, la única opción con que se cuenta es la construcción de pozos para realizar los estudios necesarios que brinden información indispensable y eventual certeza científica sobre el caudal subterráneo. Aclara que el agua de los pozos de Sardinal ingresará, reforzará y abastecerá a parte de las áreas cubiertas por el actual acueducto, y que con el proyecto se crean dos zonas de abastecimiento con sus fuentes de producción –El Coco y Sardinal- dentro del mismo sistema de acueducto, pudiendo pasar agua de una zona a la otra, por lo que la infraestructura que se construye no es autónoma, siendo así que la viabilidad ambiental se solicitó indicando que era una mejora de la infraestructura existente del sistema; es decir, es un solo acueductos con dos zonas de presión o abastecimiento que quedarán interconectadas, y el sistema está diseñado para operar de manera adecuada con las dos zonas separadas, aumentando la capacidad de trasiego de agua y mejorando las presiones en la red. Reitera que el proyecto se pensó en mejorar las condiciones de servicio a las comunidades aledañas al mismo, y que desde un punto de vista técnico el diseño se justificó para beneficiar a la población y no a los desarrolladores, lo cual fue un elemento esencial en la negociación. Manifiesta que se trata de una obra pública que ha sido financiada con recursos privados, lo que obliga al Instituto a ejercer un adecuado control y vigilancia de las obras, de manera que se garantice que se brindará un servicio óptimo, todo amparado al artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, y que lejos de debilitar el suministro del agua, representa un fortalecimiento tanto en las obras de infraestructura como en la capacidad hídrica del sistema, reforzado un servicio público esencial, pues cuando ciudadanos particulares soliciten que el AyA les instale una paja para su vivienda que no tenga fines de lucro, tendrán el derecho de que esa paja les sea instalada sin costo adicional alguno y con el solo pago de la tarifa vigente de AyA. Recalca que lo pretendido es solucionar el problema de distribución que existe en la zona y no de desabastecimiento, por lo que puntualiza que el sistema de acueducto de Sardinal no tiene problemas de disponibilidad del recurso hídrico sino de infraestructura. Agrega que el Instituto ha realizado esfuerzos por tener una comunicación activa y constante con el pueblo de Sardinal, y que sus funcionarios han asistido a diversas reuniones e incluso se programó una reunión con la comunidad el veintinueve de mayo para despejar las dudas, pero la comunidad no asistió, pero cuando ha asistido los funcionarios se han esmerado en explicar la situación técnica y legal del proyecto, al punto que como transparencia del proyecto se colocó información sobre el acueducto en la página web del AyA para que pueda ser consultada por cualquier interesado. Repite que el proyecto de mejoras El Coco-Ocotal no amenaza llevarse el agua de la comunidad, sino garantizar que el recurso hídrico disponible pueda ser aprovechado racionalmente por la zona donde se ubica, considerando que el recurso hídrico es de dominio público; explica que sería sumamente grave para el desarrollo del país que se promueva la idea de que el recurso hídrico es propiedad o para explotación exclusiva de la jurisdicción donde se ubica. Aclara que el AyA inició el trámite ante SETENA desde el año dos mil seis, y por un error de seguimiento institucional no se presentó en su momento la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, omisión que fue subsanada. Recalca que el proyecto de mejoras como tal es muy sencillo y no provoca daño ambiental, mientras el impacto que generan las labores propias del proyecto tienen un efecto mínimo y de corto plazo, por lo que es improcedente que el Instituto realice un estudio de impacto ambiental pensado para proyectos privados, toda vez que se realizó un estudio hidrogeológico conforme al cual no se afectará el manto acuífero de la zona. Destaca que el oficion SG-194-2008-SETENA indica que las obras propias de operación y mantenimiento del acueducto El Coco, referentes al equipamiento de los pozos existentes, su interconexión con los tanques y con la red de distribución, no requiere trámite de viabilidad ambiental ante la SETENA. Menciona que se sí se realizó la evaluación ambiental del proyecto soportada en la presentación del formulario D1, y que lo que se sometió a evaluación ante SETENA es la obra pública del acueducto, no así los proyectos a los cuales abastecerá, remarcando el interés público y que no se está en presencia de un trato preferencial, pues se garantiza una explotación ordenada y planificada del recurso hídrico con una visión integral y sistémica. En cuanto a los estudios técnicos, aduce que las aseveraciones realizadas por SENARA y la Universidad de Costa Rica carecen de una base técnica o un estudio científico bien documentado, y son más el producto de una apreciación particular y hasta subjetiva, y recalca que en el estudio realizado por el AyA  no existe contradicción de ninguna naturaleza; alega que el Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal se realizó con el objetivo de determinar las condiciones hidrogeológicas del acuífero a partir de estudios existentes e información nueva, determinándose la recarga aluvial del mismo, y se definió la extracción con información actual del SENARA. Explica que la recarga directa más la recarga por los ríos influentes da un caudal total de dos mil ciento treinta y cuatro litros por segundo, más un caudal de retorno de doscientos veintidós litros por segundo como recarga externa. Además, se determinó que se trata de un acuífero aluvional rodeado con un sistema montañoso, por lo que no es un acuífero costero. Señala que la información existente de los diferentes estudios realizados en la zona a nivel regional y local, han determinado que el acuífero Sardinal tiene un gran potencial subterráneo, el cual ha sido corroborado por las pruebas de bombeo que se han realizado en la zona de estudio. Aparte, informa que el AyA cuenta con el Estudio Hidrogeológico Integral de las cuencas hidrográficas de los poblados El Coco y Ocotal realizado por la hidróloga María Gómez, donde además se acredita que existe un volumen de descarga directa al mar del que se recomienda su explotación en un ochenta por ciento, y que es importante indicar que el aprovechamiento pretendido es de veinticuatro litros por segundo, incluidos en la demanda del Estudio.Reitera que la institución cuenta con la información técnica suficiente profesional del acuífero Sardinal y del acuífero El Coco-Ocotal. Explica que actualmente existe una Comisión Interinstitucional encargada de realizar un estudio integral del recurso hídrico subterráneo en la Región Chorotega, especificando que los argumentos presentados por el SENARA y la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica están fundados en una apreciación subjetiva y no aportan documentación base para contrastar sus alegatos. No obstante, aclara que el estudio del AyA se puede ampliar y complementar con más información, pero subraya que a la fecha los datos emanados del estudio no han sido científicamente cuestionados y ni desvirtuados, al punto que la información que ha generado la Comisión confirmar el estudio del AyA. Así, en la sesión del seis de junio se reconoció que el acuífero es altamente productor, y que la recarga ocurre en la zona montañosa y no en la parte plana; mientras que el nueve de junio se reconoció que el proyecto no vulnera el acuífero de Sardinal y que tiene una producción mayor a la proyectada por el Instituto. Concluye que el AyA realizó un estudio serio, y como resultado del mismo se ha contado con certeza científica de que el proyecto no vulnera la estabilidad y disponibilidad hídrica en la zona, y que el contar con un Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal-2008- que determine que el acuífero tiene capacidad de abastecimiento, no se está generando una estado de incerteza que configure el indubio pro natura, pues con la explotación prevista se dejaría en el sistema un caudal restante equivalente al ocho por ciento del total de la zona. Menciona que la Comisión conformada como producto de las declaraciones contradictorias suministradas por SENARA, evidencia que el proyecto no vulnerará la capacidad del acuífero, pues la producción es mayor a la proyectada. Solicita se declare sin lugar el recurso.

35.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas dieciocho minutos del quince de julio de dos mil ocho (folio 1152), informa para mejor resolver el señor Roberto Dobles Mora, Ministro del Ambiente y Energía, quien señala que es conocido que el AyA posee la responsabilidad por mandato de ley de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable, por lo que en ejercicio de esas competencias pretende el aprovechamiento del agua subterránea a partir de campo de pozos perforados en el acuífero de Sardinal. Agrega que el artículo dos de la Ley Constitutiva del Instituto le confiere la competencia para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, pero que se ha objetado que el AyA no hizo la consulta previa al SENARA. Al respecto, indica que de conformidad con el inciso ch) del artículo tres de la Ley número 6877, el AyA no debe realizar esa consulta, pues se encuentra exceptuado de solicitar la licencia de perforación al MINAE. Explica que esto no significa que exista incertidumbre científica sobre la situación de extracción de agua del acuífero de Sardinal, porque el proyecto que está realizando el AyA ha tenido respaldo en estudios científicos que no tienen que ser avalados por el SENARA, aspecto que se ha prestado a confusión. Explica que con el afán de atender la problemática que surge alrededor del aprovechamiento de las aguas del acuífero de Sardinal, así como en atención a la demanda de abastecimiento de agua, se dispuso la conformación de una Comisión Interinstitucional integrada por el Departamento de Aguas del MINAE, el AyA y el SENARA, con el objeto de realizar una evaluación en relación a la disponibilidad de agua de Sardinal y El Coco. Refiere que existen en desarrollo otros estudios de investigación gestionados por el sector hídrico, y que son un complemento a los trabajos de la Comisión, tales como el Estudio sobre disponibilidad y vulnerabilidad de acuíferos en el cantón de Santa Cruz, Flamingo, Plan Grande Diriá, Potrero, Brasilito, Cuajiniquil y Andomojo, realizados con recursos del SENARA y la Municipalidad de Santa Cruz, que estará concluido en diciembre de dos mil ocho; el estudio de los acuíferos de Huacas-Tamarindo, con la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica con recursos del SENARA, que estará concluido en octubre de dos mil ocho; sobre al acuífero de Parrita, realizado por el AyA y el SENARA con recursos propios; y sobre el acuífero Tempisque, a realizarse por la Escuela de Geología y el Laboratorio del CICA de la Universidad de Costa Rica, con auspicio de la Organización de Energía Atómica, listo para iniciar en el dos mil nueve, por lo que se espera contar con un perfil de la situación real de la región, incluido el acuífero Sardinal y las condiciones futuras de abastecimiento hídrico en la provincia de Guanacaste. Solicita declarar sin lugar el recurso.

36.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas dos minutos del treinta y uno de julio de dos mil ocho (folio 1196), dentro del expediente 08-8440-0007-CO, el señor Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa que en el dictamen C-218-2008, de quince de junio de dos mil ocho, la Procuraduría General de la República se pronunció favorablemente acerca de la legalidad de la aplicación del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana, por medio del cual el AyA ejecuta proyectos de infraestructura en acueductos y alcantarillados. Con este dictamen, aduce, hay garantía de que el AyA tiene control absoluto sobre las obras terminadas, y se avala la posición correcta, lega y transparente con que ha actuado la institución. Agrega que la Procuraduría también reitera la posibilidad del AyA de realizar una inversión conjunta con un urbanizador particular, y que tal documento coincide en un todo con la posición institución relacionada con la ejecución del proyecto de ampliación y mejoras al acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal.

37.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas diez minutos del dos de mayo de dos mil ocho (folio 1234), Melvin Vásquez Gallo, Kristian Faerrón Barrera, Álvaro Abarca Gutiérrez, Luis Fernando Rivas Li, Johel Dávila Angulo, Rónald Francisco Pizarro, José Luis Espinoza, Marlene Villagra Angulo, Carlos Pizarro, Fernando Pizarro, Mara Campos Aguirre, Manuel Enrique Chavarría, Gilda Hernández Murillo, Dylana Chavarría Hernández, Jeordany Accedo Rivera, Luis Carballo, José Benigno Líos Gutiérrez, Javier Suárez Acuña, Luis Alberto Navarrete, Mayra Li Abarca, Andrea Ampié, Carolina Obando Espinoza, Luis Jácamo Ampié, José Gabriel Orias Acevedo, Gerardo Pizarro Pizarro, Carlos Roberto Pizarro Núñez, Gerardo Pizarro, Pedro Joaquín Bustos, Luis Gallo, Elioth Bustamante Villagra, Dagoberto Guillén, Elena Uribe Villagra, María Eugenia Pizarro, María Celestina Villagra, Isabel Francina Uribe, María Leticia Villareal, Francel Gómez Castillo, Dinney Martínez, Máxima Gallo, Yolanda Torres Méndez, Ángela Rosa Peña, Ludy Alvarado, Masiel Zúñiga Vásquez, Álvaro Gutiérrez Apú, Luis Rojas Matamoros, Candelaria Rodríguez, Alcides Líos, Rónald Líos, José Carlos Urbina Espinoza, Aida Espinoza Caravaca, Noemy Acevedo García, Ricardo Acevedo García, Guadalupe Acevedo García, Kattia García Pizarro, Carmen Santana Guzmán; presentan recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Carrillo, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Señalan que el dieciséis de marzo de dos mil seis, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la empresa Coco Water, suscribieron carta de entendimiento para la ampliación del acueducto de Playas del Coco, como una solución al amparo del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana ante el reto planteado por el desarrollo urbanístico de la zona para el suministro de agua potable, estimando que la intención del acuerdo es traspasar la totalidad de las obras bajo administración y potestad de Acueductos y Alcantarillados, pues se menciona la donación de terrenos para la ubicación de cuatro tanques, cinco pozos, estaciones de bombeo y servidumbres. Estiman que se trata de la consumación de una obra pública para colaborarle al Estado, pero que en realidad es una obra privada sobre la que se tiene dudas de cómo hará el AyA para exigir el cumplimiento de los fines del fideicomiso sin que exista un contrato y sin que se regule el privilegio de los desarrolladores de proveerles sus pajas de agua en detrimento de las demás personas que soliciten el servicio, pues consideran que el citado artículo treinta y ocho no permite reservar pajas de agua para el desarrollador del acueducto, lo cual es abusivo y aducen que debió seguirse el régimen de contratación administrativa. Alegan que a pesar de lo dicho, la Municipalidad dispensó de todo trámite el permiso de construcción y dispensó también el pago de la tasa municipal correspondiente. Indican que la Municipalidad debe reconsiderar los permisos tramitados al AyA, porque la obra no se está ejecutando con su presupuesto ni su personal, sino que es una obra privada, siendo así que es la empresa privada quien debe tramitar los permisos. Mencionan que el proyecto no puede ser considerado como remodelación del acueducto existente, sino que es un nuevo acueducto que debe cumplir los requisitos exigidos por la Ley de Construcciones, toda vez que al ser privado no está dentro de las excepciones previstas en esa ley para estar exento de los permisos. Consideran que el AyA desvirtúa los procesos de contratación administrativa, pues su actuación no se encuentra amparada a ley alguna, por lo que la adjudicación de la obra está viciada de nulidad, donde se planea un acueducto independiente al que ya existe, sin interconexión y para garantizar a los desarrolladores privados cinco mil pajas de agua, aunque tienen menos de dos mil pajas aprobadas, privilegiando a los desarrolladores en perjuicio del pueblo al propiciar un acaparamiento arbitrario y desigual de tres mil pajas de agua. Transcriben una denuncia interpuesta ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por presunto incumplimiento de garantía ambiental, en la que reiteran los argumentos hasta ahora expuestos y cuestionan el monto de la garantía ambiental fijada de acuerdo al monto de las obras a realizar, pues se fijó una garantía de quince mil dólares cuando las obras tienen un costo de ocho millones de dólares, por lo que la garantía debería ser de ochenta mil dólares. Solicitan declarar con lugar el recurso. Este recurso inició el trámite bajo el número de expediente 08-006812-0007-CO.

38.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las doce horas quince minutos del veintitrés de mayo de dos mil ocho (folio 1341), dentro del expediente 08-006812-0007-CO, informa bajo fe de juramento la señora Sonia Espinoza Valverde, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, quien señala que mediante resolución número 110-2008-SETENA, del veintidós de enero de dos mil ocho, se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal, a nombre del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, proyecto ubicado en el distrito de Sardinal. Refieren que el proyecto consiste en una obra cuyo control se encuentra en manos públicas, por lo que no es un acueducto privado. Menciona que de la carta de entendimiento se entiende que se trata de la mejora de un acueducto y no la construcción de uno nuevo, y que en caso de no ser así será AyA quien deba responder. Aclara que la tardanza en la presentación de la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales se debió a una situación de fuerza mayor. Con respecto de la garantía ambiental, explica que el artículo veintiuno de la Ley Orgánica del Ambiente dispone que tal garantía será de hasta un uno por ciento, es decir, entre el cero y el uno por ciento, por lo que corresponde a los técnicos determinar la garantía dentro de ese parámetro. Indica que el ocho de abril de dos mil ocho se presentó el primer informe regencial, que comprende los meses de enero, febrero y marzo. Solicita declarar sin lugar el recurso.

39.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diecisiete horas treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil ocho (folio 1346), dentro del expediente 08-006812-0007-CO, informan bajo fe de juramento los señores Guillermo Arce Oviedo y José Luis Arguedas Negrini, Subgerente General y Director del Departamento de Estudios y Proyectos, respectivamente, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quienes señalan que el acueducto de El Coco es una muestra de coordinación de esfuerzos entre el sector público y el privado, manteniendo el carácter social del servicio que se presta, porque el modelo garantiza que la obra nunca se sustraiga del control y supervisión pública, porque el AyA tiene el control directo, lo que asegura el mantenimiento de características acordes con el principio de solidaridad, el acceso al acueducto sin costos adicionales y previendo que no se presente una sobreexplotación del recurso hídrico, abasteciendo en iguales condiciones a los inversionistas y a los pobladores que lo requieran. Precisan que el acueducto es una obra pública fundamentada en el artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana, el cual permite esta integración siempre que el órgano público determine la viabilidad del proyecto y sea vigilante del mismo hasta el recibo del producto final, todo lo cual desmiente que se trate de una obra privada, pues se reafirma el carácter público, por lo que pierde asidero teórico y legal la petición de revocar el permito de apertura de vías. Indican que en la Carta de Entendimiento se recalca la labor fiscalizadora de las obras por parte de AyA, que es la labor ordinaria que realiza la institución cuando contrata la construcción de mejoras de sistemas de acueductos, por lo que la ejecución de la obra está exenta del trámite licencia de construcción. Explican que el fideicomiso lo suscriben treinta y dos empresarios, pero se verán beneficiadas también las comunidades vecinas que tendrán acceso al servicio en las condiciones pactadas en el fideicomiso y sin discriminación alguna frente a los inversionistas, por lo que lejos de debilitar el suministro del agua, representa un fortalecimiento en las obras de infraestructura y en la capacidad hídrica del sistema. Aclaran que es responsabilidad del AyA verificar que el recurso hídrico de la Región Chorotega sea explotado racionalmente y conforme estudios serios para su aprovechamiento, por lo que se realizó un estudio hidrogeológico conforme al cual no se afectará el manto acuífero de la zona. Mencionan que el proyecto sí cuenta con la viabilidad ambiental, la cual consta en los estudios técnicos del expediente administrativo. Precisan que se cuenta con certeza científica al contar con un Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal – 2008, en donde se concluye que el mismo tiene capacidad de abastecimiento que determina que el caudal total permisible sea de ciento setenta y seis litros por segundo. Manifiestan que el proyecto consiste en aumentar la producción del campo actual de pozos en El Coco en veinticuatro litros por segundo y bombearlos al tanque de El Coco y de ahí conducirlos en una nueva tubería para distribuirlos a la población utilizando las tuberías existentes, e implementar un nuevo campo de pozos en Sardinal para aprovechar el acuífero ahí ubicado, explotando ciento setenta y seis litros por segundo, los cuales se bombean a un nuevo tanque para El Coco, para de ahí conducirlos en nuevas tuberías para distribuirlos a la población utilizando tuberías existentes y nuevas, quedando el sistema operando con dos zonas de presión interconectadas entre sí para darle redundancia y seguridad por cualquier eventualidad. Refieren que además de los pozos y tanques, el proyecto se desglosa en siete kilómetros de tuberías de impulsión y catorce kilómetros de tuberías de distribución, y lo pretendido es el desarrollo de la zona y facilitar el acceso al acueducto para las comunidades dentro del área de cobertura del proyecto. Señalan que el artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana no indica que las obras que ejecute el desarrollador sean de carácter privado, sino que se deja claro que son públicas y no limita la competencia del ente público, pues el AyA es quien suministra las especificaciones técnicas y suministra o aprueba los planos y diseños, manteniendo la inspección del proyecto y la posibilidad de girar instrucciones necesarias para la buena ejecución del mismo, todo lo cual son potestades propias de la naturaleza del ente público aunque no fuesen mencionadas en la Carta de Entendimiento. Refieren que no es necesario el procedimiento licitatorio en los términos del artículo ciento ochenta y dos de la Constitución porque no se están utilizando fondos públicos, sino que el origen de los fondos es privado, donde el deber de la administración es aportar los diseños y especificaciones técnicas, supervisar la ejecución de las obras y hacer los estudios pertinentes una vez ejecutada la misma para asegurarse que las obras cumplen el fin público al que fueron destinadas. Mencionan que el proyecto es de mejoras o ampliación del acueducto El Coco, que es para el mismo acueducto que administra y opera el AyA actualmente, y que el agua de los pozos de Sardinal ingresará, reforzará y abastecerá a parte de las áreas cubiertas por el actual acueducto, creando dos zonas de abastecimiento con sus fuentes de producción –pozos de El Coco y pozos de Sardinal-, las cuales están inteconectadas y pueden pasar agua de una zona a otra, por lo que la infraestructura que se construye no es autónoma, lo que explica que la viabilidad ambiental se solicitó indicando que era una mejora de la infraestructura existente. Explican que el acueducto que se construye trabajará integrado en su totalidad con el sistema existente, aumentando la capacidad de trasiego de agua y mejorando las presiones en la red, siendo que el interés institucional es optimizar la prestación del servicio en la zona y mejorar las condiciones de calidad de vida de la comunidad. Precisan que el estudio de diagnóstico realizado por el Departamento de Desarrollo Físico de la DEP, determina que la problemática del acueducto no es de producción, la cual es suficiente hasta más allá del año dos mil veinticinco, sino que el problema con el abastecimiento es el tanque de volumen insuficiente, por lo que una primera etapa es ampliar algunas tuberías de distribución, y una segunda etapa construir un tanque de cuatrocientos metros cúbicos. Mencionan que el proyecto aumenta la capacidad de producción y almacenamiento para incrementar la cobertura en ocho mil servicios más, lo cual beneficia a toda la zona. Aducen que el panorama de emergencia mencionado por el recurrente obedece en gran medida a la carencia de la infraestructura adecuada en la zona, por lo que el Instituto ha recurrido a figuras novedosas como la utilizada en este caso para que proyectos de interés público sean financiados por el sector privado. Agregan que el Instituto coordinó con la Municipalidad informando sobre las obras a realizar de apertura de vías e instalación de tuberías, por lo que en respeto a la decisión municipal se suspendieron oportunamente los trabajos de apertura de vías, y actualmente se cuenta con la autorización de continuar con los trabajos necesarios porque el gobierno local revocó el acto administrativo que había suspendido la autorización. Consideran que la apertura de vías y el pago de permisos de construcción son asuntos de mera legalidad que le corresponde resolver a la Municipalidad o al Juzgado Contencioso Administrativo, aunque explican que la normativa vigente autoriza al Instituto a realizar labores propias de su competencia con la sola comunicación al organismo encargado del mantenimiento de la vía, pero siempre realizaron los trámites ante la Municipalidad, quien por oficio MC-IM-531-07 autorizó la apertura de vías, por lo que luego resultó sorpresiva la revocación de la autorización porque se está ante una obra pública. En cuanto a la licencia de construcción, indican que el dictamen C-192-95 de la Procuraduría General de la República determina que si las obras son de una institución estatal y son obras de interés social se cumple con el requisito para exonerar lo dispuesto en el artículo setenta de la Ley de Planificación Urbana y el artículo setenta y cinco de la Ley de Construcciones, criterio reiterado en el dictamen número C-051-08 y en resoluciones de los tribunales de justicia. Refieren que el dictamen de la Procuraduría resalta que los entes descentralizados se encuentran exento de la obligación de requerir licencia municipal para la construcción de obras públicas siempre que sean supervisadas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Recalcan que se debe insistir que el AyA ha realizado una supervisión permanente y continua de las obras, y que en buena interpretación la entidad que debe realizar tal gestión es la que tiene la especialidad en el campo de las obras desarrolladas, siendo así que la Ley Constitutiva de AyA explica que el Instituto es el órgano sustitutivo de las Municipalidades y el MOPT en materia de su competencia, por lo que es al Instituto a quien le corresponde supervisar las obras de acueducto y alcantarillado en obvia sustitución del MOPT, todo lo cual se explica en el artículo dos de dicha ley. Es por ello que consideran que en el caso del proyecto se cumple con los requisitos para estar exonerados de la licencia municipal. Respecto a la autorización de la Contraloría General de la República, señalan que la inversión realizada es privada y no con fondos públicos, por lo que no se requiere refrendo contralor ni procedimiento de licitación. Estiman que es importante que los gobiernos locales cuenten con su respectivo plan regulador que garantice la adecuada planificación de los recursos, del uso del suelo y la disponibilidad de los servicios, pero no se puede limitar el acceso y el desarrollo de proyectos en materia de agua y acueductos siempre que sea técnicamente factible realizarlos sin ese instrumento ordenador. Reiteran que la viabilidad ambiental emitida por SETENA en resolución SG-017-2008-SETENA, clarifica que el proyecto consiste en la mejora de la infraestructura existente del acueducto que abastece las localidades de Playas de El Coco y Ocotal. Consideran que no se requiere de previa autorización ni consulta de parte del SENARA para la explotación y perforación de pozos por parte del AyA, pues así lo ha concluido la Procuraduría cuando precisó en el dictamen C-243-95 que el AyA no requería concesión alguna ni licencia de perforación extendida por el S.N.E. para la explotación de pozos destinados al consumo poblacional de agua potable, sino que basta con que informe al S.N.E. para lograr contar con un registro general hidrológico y coordinar un uso racional del recurso hídrico. Solicitan declarar sin lugar el recurso.

40.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cincuenta y siete minutos del treinta de mayo de dos mil ocho (folio 1399), dentro del expediente 08-006812-0007-CO, informa bajo fe de juramento la señora Mauren Brenes Acuña, Jefa del Departamento de Ingeniería Municipal de la Municipalidad de Carrillo, quien señala que el veintinueve de octubre de dos mil siete se autorizó el rompimiento de vía para instalación de tuberías del proyecto Mejoras del Acueducto El Coco, según oficio MC-IM-531-07, del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad. Indica que el citado proyecto fue enmarcado bajo los supuestos contemplados en el artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana, y que no se trata de un acueducto privado sino de una obra pública financiada con capital privado. Agrega que siendo una obra pública que pertenece al AyA, aunque sea financiada con capital privado, está exenta de la tramitación de la licencia de construcción y del pago del tributo correspondiente, todo de acuerdo al artículo setenta de la Ley de Planificación Urbana, el artículo setenta y cinco de la Ley de Construcciones, y los dictámenes C-192-95, C-051-08, y C-318-02 de la Procuraduría General de la República. Refiere que la normativa actual autoriza al AyA a realizar trabajos de rompimiento de vías incluso sin permiso municipal, siempre que tales trabajos sean necesarios para dotar a la población del servicio de agua potable, pero que se solicitó la autorización para estar acorde con el deber de coordinación que ordena el artículo seis del Código Municipal. Solicita declarar sin lugar el recurso.

41.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas treinta minutos del once de junio de dos mil ocho (folio 1416), la Jefa del Departamento de Ingeniería Municipal de la Municipalidad de Carrillo, solicita que vista la identidad entre causa y objeto de los amparos tramitados en los expedientes 08-005154-0007-CO, 08-005663-0007-CO, 08-6812-0007-CO y 08-7916-0007-CO, se acumulen los mismos al primero por ser ese el más antiguo.

42.- Mediante resolución de esta Sala número 2008-9579, de las catorce horas cuatro minutos del once de junio de dos mil ocho (folio 1412), se ordena acumular el amparo tramitado bajo el expediente 08-006812-0007-CO, al que se tramita bajo el expediente número 08-005154-0007-CO.

43.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas cuarenta y cuatro minutos del once de junio de dos mil ocho (folio 1417), el Subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solicita la acumulación de los amparos tramitados bajo los números de expedientes 08-005154-0007-CO, 08-005663-0007-CO, 08-6812-0007-CO y 08-7916-0007-CO-

44.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas dos minutos del treinta y uno de julio de dos mil ocho (folios 1419 y 1443)), el señor Ricardo Sancho Chavarría, Presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, adiciona el informe presentado dentro de los expedientes 08-005663-0007-CO y 08-006812-0008-CO, indicando que en el dictamen C-218-2008, la Procuraduría General de la República se pronunció de manera favorable acerca de la legalidad de la aplicación del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana en la ejecución de proyectos de infraestructura de acueductos y alcantarillados, como sucede en el caso bajo estudio. Aduce que con este dictamen hay garantía de que el AyA tiene control absoluto sobre las obras terminadas y que el servicio se presta de acuerdo a los criterios de interés público dispuestos por la Institución, y que la Procuraduría reitera la facultad del AyA para realizar inversión conjunta con un urbanizador particular en aquellos casos donde el interés público lo justifique.

45.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho (folio 1462), el señor Roberto Dobles Mora, Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Rector del Sector Hídrico, adiciona el informe del once de junio de dos mil ocho y ofrece prueba para mejor resolver. Explica que el sector hídrico está integrado entre otras instituciones, por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA-, en lo concerniente a aguas subterráneas; y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados salvo en materia de salud, por lo que al Ministerio le corresponde aprobar, emitir y dirigir las políticas nacionales relacionadas con la gestión del agua. Indica que el MINAET integró una Comisión Interinstitucional con el fin de evaluar la seguridad hídrica del Acuífero Sardinal, con el fin de atender discrepancias de los dirigentes comunales que han manifestado su preocupación por la posible vulneración del acuífero. Menciona que desde el tres de junio de dos mil ocho ha venido coordinando una Comisión Interinstitucional integrada por un Comité de Alto Nivel y un Comité Técnico, para mediante un proceso integral, sistemático y transparente, elaborar un dictamen amplio y de alto nivel técnico en torno al balance hídrico del Acuífero Sardinal, denominado Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal. Refiere que el proceso de análisis liderado por el MINAET, se inició con la conformación de la Comisión Interinstitucional con los jerarcas del MINAET, SENARA, AyA, y el Comité Técnico conformado por funcionarios de esas tres instituciones bajo coordinación del Director del Departamento de Aguas del MINAET, contando con el apoyo de otras instituciones como el Instituto Meteorológico Nacional, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC- y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria –INTA-. Agrega que el Comité Técnico inició labores evaluando todos los documentos e informes técnicos existentes, entre los que están el estudio realizado por el AyA y otros aportes del SENARA, de la Defensoría de los Habitantes, otro informe particular, una tesis de graduación y consultas de los vecinos. Indica que el estudio del Comité Técnico tiene como marco el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recurso Hídrico y el Plan de Abastecimiento de Agua y Gestión Integrada de las Aguas Residuales para Guanacaste, del cual forma parte el Acuífero Sardinal, por lo que no se trata de un estudio aislado sino de un trabajo integral. Añade que el Comité Técnico acordó realizar diversos trabajos complementarios y adicionales, tanto por parte de profesionales de las instituciones involucradas como del experto independiente Gunther Schosinsky, quien evaluó la recarga potencial del Acuífero Sardinal a partir de la metodología elaborada por él mismo, la cual es utilizada por la mayoría de los hidrogeólogos nacionales; asimismo, se realizaron diecinueve pruebas de campo georeferenciadas para obtener mayor información sobre la capacidad de infiltración o relleno del acuífero, así como se consideraron diferentes iniciativas para aumentar la oferta de agua en la región a partir de los proyectos e iniciativas regionales contemplados en los dos planes referidos. Explica que actualmente se cuenta con un documento preliminar del Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal, que contiene de manera consensuada y amplia los diferentes aspectos que permiten garantizar la seguridad hídrica en la gestión del acuífero, incluyendo un programa y protocolo de monitoreo y extracción controlada de las aguas, documento que ha sido avalado por el Gerente General del SENARA y el Presidente Ejecutivo del ICAA. Aclara que se realizará un proceso participativo con las comunidades involucradas para que expresen sus inquietudes y comentarios con respecto a las conclusiones de ese estudio técnico.

46.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas veintiún minutos del treinta de octubre de dos mil ocho (folio 1526), el señor Daniel Soley Gutiérrez, Defensor Adjunto de los Habitantes, se refiere al Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero de Sardinal, presentado por el señor Ministro del Ambiente y Energía el veintidós de octubre de dos mil ocho, señalando que los fines del fideicomiso suscrito constituye un derecho preferente en el suministro del agua potable a favor del fideicomisario, a pesar que el artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana indica que el único derecho que se otorga al urbanizador es el recibir dentro del plazo de cinco año un abono por cada unidad de vivienda que utilice la infraestructura construida, garantizando así una disponibilidad irrestricta de agua. Refiere que el MINEAT indica que el número de pajas que se asignarán al urbanizador dependerá de los estudios realizados y que no se comprometa el interés público, no obstante lo cual el contrato de fideicomiso no sujeta lo acordado a la satisfacción del interés público, por lo que cuestiona el cumplimiento de los principios del servicio público porque el contrato de fideicomiso fue formulado en función de la satisfacción de los intereses de los inversionistas privados. Continúa diciendo que el informe del MINEAT señala que el AyA no está priorizando el uso de agua potable para fines comerciales, pero el contrato de fideicomiso incluye disposiciones sobre el uso del agua, en contraposición a la política nacional del Estado de priorizar el uso del agua para el abastecimiento y consumo de poblaciones sobre cualquier otro posible. Estima que el AyA pasa por alto la tutela y protección de los intereses colectivos de suministro de agua, porque la institución está privilegiando el uso de agua para fines comerciales por encima del uso para consumo humano poblacional local, al garantizar a los fideicomitentes-fideicomisarios un número abierto de pajas de agua. Menciona que aunque el AyA indique que no ha renunciado a ejercer la rectoría y vigilancia en materia de agua, a criterio de la Defensoría es evidente que existen cláusulas dentro del contrato de fideicomiso en las cuales la institución ha renunciado a ejercer esa rectoría y vigilancia, lo que podría llevar a una extralimitación de facultades y a la violación del principio de legalidad; considera que hay una renuncia de potestades al comprometerse de manera irrevocable a asegurar la conexión al suministro de agua para los proyectos urbanísticos y hoteleros, pues se le impone al AyA la obligación de garantizar las pajas de agua para los fideicomisarios fundadores, por lo que a futuro no podría la institución factores de oportunidad, conveniente o mérito en el otorgamiento de las pajas, por lo que se reduce el margen de actuación discrecional de la administración. Aclara que la Defensoría no cuestiona la figura del contrato de fideicomiso, la que considera válida como mecanismo de garantía de la ejecución de obras construidas al amparo del Reglamento para la Aplicación del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana, pero sí valora como una violación al derecho fundamental de acceso al agua potable que a través del fideicomiso se obligue al AyA a reconocer derecho de suministro. Precisa que aunque el MINAET asegure que el AyA no es suscriptor del contrato de fideicomiso, el AyA sí es parte del contrato, pues se constituye como beneficiario principal, según se aprobó en sesión de Junta Directiva 2007-046, acuerdo 2007-367, al pasar a su propiedad las obras del acueducto y obligarse a garantizar el suministro del agua a los fideicomisarios fundadores, tal como se expresa en el punto d) de la sección II del contrato. Sobre el dictamen de la Procuraduría en cuanto a la figura utilizada para la realización de las obras, explica que el mismo dictamen dispone que la autorización de la inversión privada no puede otorgar un derecho preferente al urbanizador que las realiza, pues debe considerarse los principios de igualdad, universalidad, eficiencia y continuidad, siendo que el único derecho que puede otorgarse al urbanizador que realiza obras de infraestructura es el de recibir dentro del plazo de cinco años un abono por cada unidad de vivienda que utilice la infraestructura construida. Menciona que cuando se firmó el contrato de fideicomiso –veintitrés de mayo de dos mil siete- aún no había entrado en vigencia el Reglamento para la aplicación del artículo treinta y ocho, lo cual es relevante porque ese reglamento es el único instrumento normativo que faculta la utilización del contrato de fideicomiso para construir obras de acueductos bajo el costo de los desarrolladores, por lo que estima que hay una violación al artículo cincuenta y cinco de la Ley de Contratación Administrativa por utilizar una figura contractual que no estaba reglamentada. Además, indica, el mismo dictamen de la Procuraduría plantea un cuestionamiento sobre la constitucionalidad del referido reglamento. Por ello, agrega que llama la atención que el MINAET trate de minimizar los cuestionamientos de orden constitucional y legal formulados y llamarlos simples errores de interpretación del contrato de fideicomiso, y que son: la prestación del servicio público versus los derechos de suministro de los inversionistas; la alegada renuncia de competencias públicas por parte del AyA; y sobre el objeto del contrato de fideicomiso.

47.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas cincuenta y nueve minutos del diez de noviembre de dos mil ocho (folio 1577), el señor Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, presenta documentación adicional sobre el Estudio Modelo Conceptual SENARA, capítulos I y II, y copia del acta de la Comisión de Alto Nivel de la Comisión Interinstitucional, donde se recibe de parte del Comité Técnico el Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad del Acuífero Sardinal. Agrega que estos documentos y los presentados en el anterior informe serán entregados a la comunidad y a las organizaciones sociales de la zona en un acto público a celebrarse el nueve de noviembre de dos mil ocho en la Escuela de Sardinal, posterior al cual se abrirá un período de retroalimentación, así como serán entregados a la Municipalidad de Carrillo el diez de noviembre.

48.- Mediante escritos recibidos en la Secretaría de la Sala a las diecinueve horas cuarenta y nueve minutos del trece de noviembre de dos mil ocho (folios 1580, 1584, y 1592), el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presenta acta de seis de noviembre de dos mil ocho del Comité Técnico, donde se expresa que se ratificar que resulta viable la explotación del agua del acuífero Sardinal mediante los cuatro pozos allí indicados, sin que se ponga en riesgo la seguridad del agua destinada al abastecimiento de las comunidades a largo plazo.

49.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas cincuenta y tres minutos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho (folio 1599), los recurrentes aportan copia del oficio DFOE-ED-22-2008, el cual es “Informe del estudio especial realizado en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en relación con el desarrollo de los proyectos de los acueductos Sardinal y El Coco-Ocotal”, elaborado por la Contraloría General de la República.

50.- Por resolución de esta Sala, de las nueve horas veintinueve minutos del dos de diciembre de dos mil ocho (folio 1598), se solicita prueba para mejor resolver a la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, consistente en la certificación íntegra y completa del acta de la sesión de dicha Junta Directiva del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

51.- Mediante resolución de esta Sala, de las diez horas veintidós minutos del dos de diciembre de dos mil ocho (folio 1597), se solicita prueba para mejor resolver al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, consistente en el más reciente informe técnico preparado por dicha dependencia sobre el acuífero Sardinal.

52.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas del cinco de diciembre de dos mil ocho (folio 1655), el señor Jaime Villalobos Vargas, Vicepresidente de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, adjunta copia certificada del acta de la sesión ordinaria de dicha Junta Directiva número 550-08 de diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

53.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas del cinco de diciembre de dos mil ocho (folio 1669), el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, adjunta el “Estudio Hidrogeológico Detallado del Acuífero de la parte alta de la cuenca del Río Sardinal”, preparado por el grupo técnico del Área de Aguas Subterráneas de dicha entidad en octubre de dos mil ocho, así como el oficio ASUB-546-08, de tres de diciembre de dos mil ocho, en el que indica se hace mención de la capacidad hídrica y la posibilidad real de explotación presente y futura del acuífero Sardinal.

54.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas del dieciocho de diciembre de dos mil ocho (folio 1716), la Defensora de los Habitantes aporta el “Informe Final del Caso Sardinal” elaborado por dicha institución.

55.- Mediante copia de escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas del seis de enero de dos mil nueve (folio 1827), el Área de Servicios Económicos para el Desarrollo de la Contraloría General de la República, aporta copia de memorial enviado a la Defensoría de los Habitantes sobre las recomendaciones emitidas por dicha entidad.

56.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

            Redacta la Magistrada Salazar Cambronero; y,

Considerando

  I.- Cuestión de trámite. Las coadyuvancias presentadas. Lisbeth Quesada Tristán y Daniel Soley Gutiérrez, en su condición de Defensora y Defensor Adjunto de los Habitantes, respectivamente; y Johnny Leiva Badilla, en su condición de representante de la Asociación Cámara Liberiana de Turismo; se apersonan en escritos visibles a folios 470, 477, 714, 721 y 769, solicitando se les tenga como coadyuvantes activos los primeros, y como coadyuvante pasivo el segundo, por tener interés directo en la resolución de este asunto. En cuanto a la naturaleza jurídica de la coadyuvancia, la Sala, en sentencia número 3235-92 de las nueve horas veinte minutos del treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos, reiterada, entre otras, en la sentencia número 2007-003185 de las diez horas cuarenta y siete minutos del nueve de marzo del dos mil siete,  estableció que:

“La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter “erga omnes” que tiene la Jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)”

 

A partir de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acepta la gestión de estas personas y se les admite como coadyuvantes activos y pasivo en lo que respecta de manera particular y puntual al objeto concreto de este recurso de amparo, bajo la advertencia de que no resultarán directamente beneficiados por la sentencia, con lo cual la eficacia de ésta no podrá alcanzarles de manera directa e inmediata.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1.     Que el dieciséis de marzo de dos mil seis, se suscribe Carta de Entendimiento sobre la Ampliación del Acueducto de Playas del Coco, entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la empresa Coco Water Sociedad Anónima, especificando que el costo de las obras a ejecutar será asumido por la empresa; las obras se construirán de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas y aprobadas por el ICAA; se garantizará a la empresa el otorgamiento de cinco mil servicios siempre que exista disponibilidad; que los costos de conexión y tarifas serán las aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; que los proyectos de urbanización futuros deberán abonar a la empresa una cantidad proporcional por cada vivienda del nuevo proyecto, disposición que se aplica a viviendas unifamiliares, a las que se les otorgará disponibilidad sin abonar costo alguno; que las obras serán entregadas para la administración y operación de AyA; que la inspección del proyecto estará a cargo del AyA; y que la firma de la carta de entendimiento no implica el otorgamiento de la carta de disponibilidad de agua ni autorización para el inicio de las obras (folio 2 del tomo II del expediente administrativo).

2.     Que el doce de setiembre de dos mil seis, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presenta ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el proyecto de Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal (folio 40 del expediente administrativo).

3.     Que en octubre de dos mil seis, el Departamento de Desarrollo Físico de la Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, emite el Informe Proyecto Final Playas de El Coco-Ocotal, Guanacaste, recomendando realizar más y mejores pruebas de capacidad en los pozos utilizados, con el fin de establecer la capacidad máxima real de producción en la zona (folio 529).

4.     Que mediante resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, número 2219-2006-SETENA, de las diez horas cuarenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil seis, se estudia el Proyecto de Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal, presentado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y se solicita al Instituto la presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (folio 31 del expediente administrativo).

5.     Que mediante acuerdo número 2007-103, de la sesión ordinaria número 2007-012, de veintisiete de febrero de dos mil siete, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solicita a la Auditoría Interna de la misma institución una evaluación integral de las gestiones, procedimientos, convenios, aspectos administrativos y laborales, así como lo relacionado con la contratación administrativa y otros en la Región Chorotega (folio 212)

6.     Que el veintitrés de mayo de dos mil siete, se suscribe el Fideicomiso Acueducto Playas del Coco, entre veintidós empresas privadas denominadas Fideicomitentes Fundadores y Fideicomisarios Fundadores; la empresa Coco Water Sociedad Anónima, como Fideicomitente no Participativo; y el Banco de Costa Rica como Fiduciario; para financiar la ampliación del acueducto de conformidad con la Carta de Intenciones suscrita con Acueductos y Alcantarillados el dieciséis de marzo de dos mil seis (folio 33).

7.     Que mediante oficio número AU-2007-315, de nueve de julio de dos mil siete, la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solicita información a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sobre si las obras del proyecto Mejoras al Acueducto El Coco-Ocotal cuanta con la viabilidad ambiental, si el AyA asume las consecuencias de los impactos ambientales negativos que se deriven de la construcción y si se omitió lo dispuesto en el Decreto número 32712-MINAE, por cuanto la empresa subcontratada para las obras concluyó la construcción de un ramal de mil cien metros de longitud (folio 17 del expediente administrativo).

8.     Que mediante oficio número DEP-2007-838, de dieciocho de setiembre de dos mil siete, la Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, solicita a la Municipalidad de Carrillo autorización para realizar rompimientos de vías cantonales correspondientes a las mejoras al acueducto de El Coco, advirtiendo que el financiamiento del proyecto será manejado por un fideicomiso formado por un grupo de inversionistas privados (folio 8).

9.     Que en el Diario Oficial La Gaceta, número 180, de diecinueve de setiembre de dos mil siete, se publica el Reglamento para la Aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley N°4240) en obras de Acueductos y Alcantarillados de AyA (folio 269).

10. Que mediante permiso número DPV-RO-278-07, de cuatro de octubre de dos mil siete, el Departamento de Previsión Vial de la Dirección de Ingeniería de la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, otorga al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados permiso para la instalación de tubería de agua potable al acueducto El Coco, ya que la ley de creación de dicho instituto los faculta para realizar trabajos en los derechos de vía; asimismo, hace constar que el el permiso se encuentra exento del pago del depósito de garantía (folios 279 y 280).

11. Que mediante oficio número SG-2455-2007-SETENA, de ocho de octubre de dos mil siete, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental responde a la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que a la fecha el proyecto Mejoras al Acueducto El Coco-Ocotal carece de la correspondiente viabilidad ambiental para iniciar la actividad del proyecto y que el Instituto es el responsable directo del cumplimiento de los compromisos ambientales (folio 19 del expediente administrativo).

12. Que mediante oficio número MC-IM-531-07, de veintinueve de octubre de dos mil siete, la Ingeniera Municipal de la Municipalidad de Carrillo informa a la Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que se autoriza el permiso para realizar los trabajos en las vías cantonales (folio 1 del expediente administrativo).

13. Que mediante memorando número AU-2007-665, de veinte de diciembre de dos mil siete, la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa a la Junta Directiva de la misma institución que con respecto al proyecto Mejoras al acueducto El Coco-Ocotal Guanacaste, se están realizando labores de construcción al margen de lo que dispone la normativa vigente, siendo que las obras muestran cambios significativos con respecto a los diseños originales, no se cuenta con la viabilidad ambiental, no se cuenta con la bitácora oficial debidamente acreditada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que el Banco de Costa Rica mediante el fideicomiso asume competencias exclusivas del ICAA al certificar el otorgamiento de pajas de agua, por lo que requiere se revisen las actuaciones de la administración activa y se giren las instrucciones para suspender la continuación de la construcción del proyecto (folio 214).

14. Que mediante oficio número G-2008-0108, de veintiuno de enero de dos mil ocho, la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, presenta ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales relacionada con el proyecto Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal, indicando que el proyecto inició su fase constructiva en octubre del año anterior (folio 10 del expediente administrativo).

15. Que mediante resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, número 110-2008-SETENA, de las catorce horas cuarenta minutos del veintidós de enero de dos mil ocho, se aprueba la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y otorga la viabilidad ambiental al proyecto Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal (folio 3 del expediente administrativo).

16. Que mediante certificación del veintidós de enero de dos mil ocho, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental hace constar que el proyecto denominado Mejoras al Acueducto El Coco-Ocotal, cuenta con la licencia de viabilidad ambiental aprobada (folio 2 del expediente administrativo).

17. Que el veintitrés de enero de dos mil ocho, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mantuvo una reunión con la comunidad de Sardinal en relación con el proyecto de Acueducto El Coco-Ocotal (folio 375).

18. Que mediante memorando número DGAmb-EB-2008-04, de diecisiete de febrero de dos mil ocho, el Departamento de Estudios Básicos de la Dirección de Gestión Ambiental del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, entrega al Presidente Ejecutivo de la misma institución el Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal, de enero de dos mil ocho, elaborado por ese departamento (folio 127 del expediente administrativo).

19. Que el Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal, elaborado por el Departamento de Estudios Básicos de la Dirección de Gestión Ambiental del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, concluye que la recarga del Acuífero Sardinal es de 2134 l/s, mientras la descarga es de 778 l/s, dejando un caudal restante de 1356 l/s más 221 de retorno por riego (folio 148 del expediente administrativo).

20. Que mediante oficio número MC-IM-116-08, de veintiocho de febrero de dos mil ocho, la Ingeniera Municipal de la Municipalidad de Carrillo, informa a la Dirección de Estudios y Proyectos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que por resolución de la Alcaldía Municipal, número ciento treinta y siete-dos mil ocho, de veintiséis de febrero de dos mil ocho, se revoca la autorización de rompimiento de vías para la instalación de tuberías en las rutas cantonales como parte del proyecto acueducto El Coco (folio 10).

21. Que el veintiséis de marzo de dos mil ocho, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio MC-IM-116-08 (folio 262 del expediente administrativo).

22. Que mediante memorando número AU-2008-110, de veintiocho de marzo de dos mil ocho, la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, presenta a la Junta Directiva de la misma institución el doceavo informe estudio integral Chorotega “Perforación de los pozos”, en el que concluye que desde el año dos mil cinco las comunidades de Papagayo, Playa Hermosa, El Coco, Ocotal y Sardinal  mostraban un déficit de producción de agua potable para atender la demanda creciente proyectada en la zona; que las conclusiones del estudio hidrogeológico de Gómez Tristán no fueron atendidas por la administración superior y algunos responsables del diseño del anteproyecto de construcción de las mejoras al Acueducto El Coco y Ocotal; que se avaló la construcción de proyectos sin mediar los estudios particulares; que se inobservó la recomendación en relación con el potencial riesgo de contaminación del acuífero del Coco; y recomendando que se realicen los estudios, diseños y se presupuesten los recursos requeridos para la construcción del alcantarillado sanitario para las localidades de El Coco y Ocotal  (folio 118).

23. Que mediante resolución del Departamento de Ingeniería Municipal de la Municipalidad de Carrillo, oficio número MC-IM-209-08, de las once horas del nueve de abril de dos mil ocho, se declara con lugar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el ICAA contra el oficio MC-IM-116-08, anulando el mismo (folio 262 del expediente administrativo).

24. Que mediante oficio número ASUB-196-08, de siete de mayo de dos mil ocho, el Director del Área de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, acredita que el SENARA no ha recibido para su conocimiento el estudio hidrogeológico presentado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el cual no ha sido revisado ni valorado por la institución, e indica que solamente el SENARA posee el marco legal para llevar a cabo a nivel nacional la investigación y protección de los recursos hídricos subterráneos y que sus pronunciamientos son vinculantes (folio 430).

25. Que mediante oficio número GE-308-08, de veintidós de mayo de dos mil ocho, el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, comunica al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que en relación al proyecto de Acueducto del Coco-Ocotal, el SENARA ha venido realizando estudios hidrogeológicos del Acuífero Tempisque desde mil novecientos ochenta y cuatro, siendo el último de dos mil cuatro, los cuales dan cuenta que se tiene un acuífero cuya oferta hídrica supera la cantidad de demanda para abastecer dicho acueducto sin poner en peligro el balance hídrico del acuífero (folio 269 del tomo II del expediente administrativo).

26. Que mediante oficio número SG-194-2008-SETENA, de veintiséis de mayo de dos mil ocho, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental informa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que las obras de operación y mantenimiento del acueducto El Coco-Ocotal –equipamiento de pozos existentes, su interconexión con los tanques existentes y con la red de distribución existente- no requieren ningún trámite ante dicha dependencia porque corresponden a labores propias del AyA para brindar un buen servicio (folio 272 del tomo II del expediente administrativo).

27. Que mediante memorando número ASUB-230-08, de veintinueve de mayo de dos mil ocho, el Área de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, presenta al Gerente General de dicha entidad el análisis técnico de los estudios suministrados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sobre el acuífero Sardinal y el proyecto final de El Coco-Ocotal, concluyendo que los estudios presentados no cuentan con la información suficiente para valorar el efecto de la explotación de los campos de pozos de Sardinal y El Coco; que no se evaluó el impacto sobre los acuíferos de Ocotal y El Coco; que la evaluación del impacto en las aguas subterráneas debe realizarse en función de los acuíferos que están dentro del área de influencia del proyecto Acuífero Sardinal, El Coco y Ocotal; y refiere los estudios que se necesitan para que SENARA valore y emita un pronunciamiento para el referido proyecto (folio 756).

28. Que mediante minuta del seis de junio de dos mil ocho, se hace constar que el Ministro del Ambiente y Energía, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, constituyen una Comisión Técnica conformada por funcionarios de las tres instituciones para que evalúen la información técnica disponible, rindan un informe sobre la disponibilidad de agua en los acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal, y formulen recomendaciones que deberán seguirse para la gestión sostenible del Acuífero de Sardinal, acordando que con respecto al Acuífero Sardinal se generará un criterio integral de la Comisión, y en cuando al Acuífero El Coco-Ocotal, SENARA analizará el Estudio Hidrogeológico Integral de las Cuencas Hidrográficas de los poblados El Coco y Ocotal (folio 1135).

29. Que mediante dictamen número C-218-2008, de veinticinco de junio de dos mil ocho, la Procuraduría General de la República se pronuncia sobre el alcance del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana y su aplicación en materia de desarrollo de infraestructura de agua o alcantarillado sanitario (folio 1199).

30. Que el catorce de agosto de dos mil ocho, el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y su equipo de trabajo mantuvieron una reunión con dirigentes comunales y asociaciones de desarrollo, para informar del proceso y las etapas de elaboración de un informe técnico sobre la seguridad hídrica del Acuífero Sardinal (folio 1472).

31. Que el tres de octubre de dos mil ocho, una delegación de funcionarios del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones mantuvo una reunión con vecinos, dirigentes comunales y otros actores sociales en la Escuela de Sardinal, sobre la situación actual de aspectos relacionados con el Acuífero Sardinal (folio 1473 vuelto).

32. Que el “Estudio Hidrogeológico Detallado del Acuífero de la parta alta de la cuenca del Río Sardinal”, de octubre de dos mil ocho, elaborado por el Grupo Técnico del Área de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, concluye que el acuífero de la cuenta alta del río Sardinal no se encuentra en sobreexplotación; que el rendimiento seguro mínimo recomendado es de un veinticinco por ciento del agua rechazada naturalmente, y el agua disponible máximo responde al setenta y cinco por ciento de la recarga rechazada naturalmente; que no se debe dar ningún permiso de perforación ni concesión de agua adicional en la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal; que debe implementarse medidores de caudal para el control de la extracción y realizarse un análisis detallado de campo de la extracción mensual y el balance de aguas subterráneas; que se considera factible la explotación de setenta litros por segundo de los pozos del Acueducto de Sardinal, condicionado al monitoreo del comportamiento del acuífero contra su explotación durante un período no menor de dos años; que debe evaluarse el efecto de la extracción de los pozos del AyA en el río Sardinal por medio de la implementación de dos estaciones de aforo ubicadas aguas arriba y abajo del campo de pozos; que la explotación futura del acuífero estará condicionada a los resultados del “Plan de monitoreo de explotación, comportamiento de acuífero y extracción controlada”; que dicho plan debe ser analizado por las instituciones involucradas al cabo de dos años de ejecución del mismo; que el agua disponible en el acuífero para su explotación, será determinado una vez se concluya el proceso de monitoreo y control de dos años; se debe evitar el vertido de sustancias contaminantes en el río; se debe efectuar un inventario exhaustivo de los pozos legales e ilegales para cuantificar la extracción mensual real; se debe instalar dos limnígrafos para la medición del flujo base durante todo el año, así como una estación climática en la zona de Sardinal; debe realizarse un maña de vulnerabilidad hidrogeológica, amenazas a la contaminación y un mapa de riesgo de contaminación (folio 1674).

33. Que el resumen de conclusiones del Informe Técnico (Preliminar) para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal, de octubre de dos mil ocho, indica que el informe del experto independiente Gunther Schosinsky Neverman refiere que el caudal total que extraerá el AyA representa un quince por ciento de la recarga de agua del Acuífero; que la explotación ha de realizarse por etapas conforme al incremento real de la demanda; que la explotación se podrá aplicar conforme lo defina el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; que se establecerá en dos años una línea base del comportamiento del acuífero con el fin de definir su explotación futura, plazo durante el cual no se otorgarán nuevos permisos de perforación en la cuenca alta del río Sardinal; que la Dirección de Aguas Subterráneas del SENARA desarrollará un modelo hidrogeológico conceptual del acuífero, entendido como el que describe el tipo de acuífero, sus propiedades hidráulicas, unidades hidrogeológicas y dirección de flujo, para establecer de forma conjunta con el MINAET una explotación sostenible (folio 1481).

34. Que mediante oficio número GE-637-08, de ocho de octubre de octubre de dos mil ocho, el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, manifiesta al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones su conformidad con el Informe Técnico para la Gestión de Seguridad Hídrica del Acuífero de Sardinal (folio 1467).

35. Que mediante oficio número PRE-2008-0967, de nueve de octubre de dos mil ocho, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados manifiesta al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones su conformidad con el Informe Técnico para la Gestión de Seguridad Hídrica del Acuífero de Sardinal (folio 1466).

36. Que en reunión efectuada el seis de noviembre de dos mil ocho, el Comité Técnico del Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, acuerda que habiendo tomado en consideración el estudio hidrogeológico del experto Gunther Schosinsky, pero sin haber analizado a fondo las conclusiones del Estudio Hidrogeológico Detallado del Acuífero de la Parta Alta de la Cuenca del Río Sardinal elaborado por el SENARA, se concluye que resulta viable la explotación del agua del acuífero Sardinal mediante los pozos 06-07, 06-09, 06-04 y 06-03, para ser utilizados en el proyecto de abastecimiento de acueducto denominado Ampliación Acueducto El Coco-Ocotal, sin que se ponga en riesgo la seguridad del agua destinada al abastecimiento de las comunidades a largo plazo, teniendo en cuenta que: la explotación se realizará por etapas conforme al incremento real de la demanda; se debe desarrollar un plan de monitoreo de explotación, con base en el cual se definirá la explotación futura, explotación que se realizará según defina el MINAET de conformidad con la explotación controlada que realizarán las instituciones del Estado (folio 1582).

37. Que el siete de noviembre de dos mil ocho, la Comisión de Alto Nivel conformada por el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, reciben de parte del Comité Técnico el “Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal” (folio 1578).

38. Que mediante nota de once de noviembre de dos mil ocho, funcionarios del Área de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, comunican al señor Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y al Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, que en su condición de representantes del SENARA en el seno de la Comisión Técnica no conocieron el “Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal”; que no fueron presentados los resultados del informe técnico del SENARA “Estudio Hidrogeológico detallado del acuífero de la parte alta de la cuenca del río Sardinal”, cuyas conclusiones fueron presentadas parcialmente; que el único dato aceptado por el SENARA del estudio elaborado por el hidrogeólogo Gunther Schosinsky fue el valor de la recarga potencial (folio 1665).

39. Que en sesión ordinaria de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, número 550-08, de diecinueve de noviembre de dos mil ocho, la Comisión Interinstitucional conformada por el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, presentan a la Junta Directiva de dicha entidad el “Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal, en su versión preliminar”.

40. Que mediante informe número DFOE-ED-22-2008, de veintiuno de noviembre de dos mil ocho, el Área de Servicios Económicos para el Desarrollo de la Contraloría General de la República, emite el “Informe del Estudio Especial Realizado en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en relación con el desarrollo de proyectos de los acueductos Sardinal y El Coco-Ocotal”, concluyendo que: se autorizó el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal sin contar con estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal que realmente evidencien que existe agua suficiente para satisfacer cinco mil servicios requeridos por los desarrolladores y la demanda futura; que el AyA no ejerció adecuadamente su deber de fiscalizar que los desarrolladores del proyecto cumplieran con todos los trámites de ley; que el AyA permitió que se llevaran a cabo gran parte de las obras del proyecto de ampliación del acueducto sin contar con la viabilidad ambiental; que el AyA emitió cuarenta y nueve cartas de disponibilidad de agua y veintidós certificaciones que garantizan la disponibilidad de agua, comprometiendo el suministro de agua por un total de cuatro mil ciento veintisiete servicios; por lo que se ordena a la Presidencia Ejecutiva del AyA elaborar y presentar a la aprobación de la Junta Directiva un plan con las acciones, prioridades, plazos, responsables y resultados esperados, con el objeto de que se realicen los estudios técnicos necesarios para que el AyA pueda determinar con precisión científica la disponibilidad real de servicios de agua (folio 1601).

41. Que en el anexo 1 del informe número DFOE-ED-22-2008, de veintiuno de noviembre de dos mil ocho, el Área de Servicios Económicos para el Desarrollo de la Contraloría General de la República hace constar que entre el veinte de febrero de dos mil seis y el quince de febrero de dos mil siete, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitió cincuenta cartas de disponibilidad de agua para el proyecto de acueducto El Coco-Ocotal (folio 1644).

42. Que el anexo 2 del informe número DFOE-ED-22-2008, de veintiuno de noviembre de dos mil ocho, el Área de Servicios Económicos para el Desarrollo de la Contraloría General de la República, hace constar que entre el veintiocho de enero y el nueve de junio, ambos de dos mil ocho, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitió veintitrés certificaciones garantizando la infraestructura y disponibilidad de agua para los proyectos de los fideicomitentes fundadores del fideicomiso del acueducto El Coco-Ocotal (folio 1649).

43. Que el veintiuno de noviembre de dos mil ocho, la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, presentó ante la Defensoría de los Habitantes el estudio “Análisis del Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero de Sardinal”, concluyendo que para un rendimiento seguro del acuífero, el caudal máximo a extraer sería de 63.75 litros por segundo (folio 1787).

44. Que mediante oficio número ASUB-546-08, de tres de diciembre de dos mil ocho, el Director del Área de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, reitera al Gerente General de dicha entidad las conclusiones contenidas en el “Estudio Hidrogeológico detallado del acuífero de la parte alta de la cuenca del río Sardinal” (folio 1671).

III.- Objeto del recurso. Los recurrentes presentan recurso de amparo argumentando violación al derecho fundamental al agua y al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con motivo de que las autoridades recurridas han autorizado la explotación del acuífero Sardinal y la construcción de un proyecto de mejoramiento del acueducto El Coco-Ocotal por parte de desarrolladores privados, obra que sería alimentada con el recurso hídrico del referido acuífero, sin que exista certeza sobre su capacidad hídrica y desatendiendo en ambas situaciones los requisitos ambientales para dicha autorización.

III.- Sobre la protección del agua y la situación de las aguas subterráneas. La jurisprudencia de la Sala es clara en reconocer el derecho al agua como un derecho fundamental, siendo así que junto con la realización de esfuerzos serios para su otorgamiento a la población, existe el deber de las instituciones públicas de hacer un uso responsable y comedido del recurso hídrico disponible, lo cual implica la necesidad de adquirir certeza del agua susceptible de explotación –disponibilidad- garantizando su otorgamiento presente y la futura sostenibilidad del servicio, evitando que con la utilización actual del recurso se produzca un riesgo ambiental que comprometa la existencia y dotación futura del líquido. La Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse de manera contundente y detallada sobre la protección que debe otorgarse al recurso hídrico nacional, clarificando tanto el marco normativo de protección, como las instituciones que conforman el sector hídrico, reconociendo y precisando el ámbito de competencias de dichas instancias y la trascendencia de sus actuaciones en materia de otorgamiento, aprovechamiento y protección del agua. Es por ello que resulta particularmente importante referir los precedentes jurisprudenciales de la materia, los cuales resultan de exacta aplicación en el caso que ahora se conoce. De tal forma, mediante sentencia de esta Sala número 2004-1923, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil cuatro –reiterada por sentencias números 2008-14092, de las nueve horas veintiocho minutos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho, y 2008-15657, de las once horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil ocho-, estableció la Sala que:

“V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o  zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el  aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.

 

VI.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.  

 

VII.- NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, MANTOS ACUÍFEROS Y AREAS DE RECARGA: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. En nuestro sistema jurídico no existe un único cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos. Adicionalmente, la poca legislación existente se centra, preponderantemente, en las aguas superficiales obviando a las subterráneas. Como es propio y consustancial al Derecho Administrativo, se puede constatar en esta materia  una dispersión normativa y un conjunto fragmentado, caótico y ambiguo de normas sectoriales que regulan aspectos puntuales quedando serias lagunas y antinomias, todo lo cual también dificulta, seriamente, la gestión ambiental por parte de los entes públicos encargados de la materia. Obviamente, la escasa regulación de las aguas subterráneas no constituye la excepción a la regla anteriormente señalada. En el Derecho de Aguas se han sostenido diversas tesis acerca de su naturaleza jurídica –cuya variación depende de la evolución histórica-. Así a las aguas subterráneas se les ha reputado  como (a) bienes privados, por lo que son una res nullius apropiable por su alumbrador, esto es, por el propietario del terreno en el que surjan, siguiéndose la máxima del Derecho Romano según la cual la propiedad se extiende desde el cielo hasta el infierno. Las regulaciones decimonónicas  sobre el recurso hídrico (v. gr. Ley de Aguas española de 1879 que inspiró a muchas legislaciones latinoamericanas, entre ellas, a nuestra Ley de Aguas de 1942) le darán a las aguas subterráneas un carácter de (b) bien mixto, por lo que serán privadas las que el dueño de un terreno particular haga alumbrar y públicas las que nacen en un terreno de dominio público o las primeras  después de haberlas utilizado su propietario. Finalmente, a partir del siglo XX, muchas legislaciones van a calificar todas las aguas subterráneas como (c) bienes de dominio público, a partir de la indubitada unidad del ciclo hidrológico, con lo que pasan a conformar lo que se ha denominado el “dominio público hidráulico” como parte del dominio natural y no artificial; esta posición concibe el agua como un recurso unitario subordinado al interés general por lo que no se debe distinguir entre superficiales y subterráneas, puesto que, se encuentran íntimamente vinculadas para mantener su calidad y cantidad. De acuerdo con esta última tesis, las aguas subterráneas no son apropiables por ningún particular y su calificación como bienes de dominio público constituye título suficiente para someterlas a un régimen de intervención administrativa muy fuerte e intenso en aras de garantizar su integridad y calidad y de apartarlas de los modos de adquisición y disfrute propios del Derecho Privado. En nuestro ordenamiento jurídico, a partir de una serie de normas dispersas, se puede determinar la naturaleza jurídica  de las aguas subterráneas, con evidentes variaciones, según el devenir histórico- legislativo. La Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, en su artículo 1°, incisos IV, VIII y IX califica, respectivamente, como aguas de dominio público “Las de los (...) manantiales (...)”, “Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público”  y “Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de pozos”, puesto que, el ordinal 4°, inciso III, de ese texto legal reputa de dominio privado –y, por ende, pertenecientes al dueño del predio- “Las aguas subterráneas que el propietario obtenga de su propio terreno por medio de pozos”, siendo que los sobrantes – de pozos concesionados para obtener agua con fines no domésticos y necesidades ordinarias- que salgan del terreno se convertirán en aguas de dominio público. Evidentemente, la Ley de Aguas de 1942 sigue una tesis mixta acerca de la naturaleza jurídica de las aguas subterráneas, puesto que, conjuga el carácter res nullius y, por consiguiente, apropiable de éstas si son alumbradas en terrenos privados con el demanial si surgen en un terreno cuyo titular es un ente público. Serán dos leyes posteriores, dictadas durante el curso del último cuarto del siglo pasado, las que  reformaron o modificaron, tácitamente lo establecido en los artículos 1°, incisos IV, VIII y IX y 4°, inciso III, de la Ley de Aguas. En realidad, estos dos nuevos instrumentos normativos se inscriben en la corriente contemporánea de concebir las aguas subterráneas como bienes del dominio público en virtud de la unidad del ciclo hidrológico, por lo que son título habilitante suficiente para admitir un fuerte régimen de intervención administrativa para conservar la cantidad, calidad y asegurar una explotación racional y sostenida de los recursos hídricos. Así, el Código de Minería, Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, en su numeral 4° dispuso lo siguiente “(...) las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa (...)”, de esta forma se produjo una publificación y nacionalización de todas las aguas subterráneas del país, incluso las que son alumbradas mediante un pozo ubicado en un predio particular para uso domésticos o necesidades ordinarias. Ulteriormente, la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 13 de octubre de 1995 y sus reformas, en el numeral 50 -cuyo epígrafe es “Dominio público del agua”- reforzó esa declaratoria de demanialidad y preceptúo que “El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”, este instrumento legislativo supone una afectación expresa, de las aguas continentales (aguas superficiales y subterráneas -al no distinguirlas-) al demanio público del Estado y califica de interés social, con lo que se dejó expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón de interés social (artículo 45 de la Constitución Política), su protección, preservación o conservación y uso sostenido o racional.   

 

VIII.- MANTOS ACUÍFEROS, AREAS DE RECARGA Y DESCARGA. El acuífero es un estrato o formación geológica (depósitos no consolidados de materiales sueltos tales como arenas, gravas, mezclas de ambos, rocas sedimentarias como la caliza, rocas volcánicas, etc.) que permite la circulación del agua por sus poros o grietas, por lo que el ser humano puede aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para atender sus necesidades. En un sentido muy lato, los mantos acuíferos son las formaciones geológicas que contienen agua, la han contenido y por las cuales el agua fluye o circula.  Dos de los parámetros hidrogeológicos para definir el funcionamiento de un manto acuífero –relación entre la recarga y la extracción del agua o descarga- son la porosidad o permeabilidad –conductividad hidráulica- y el coeficiente de almacenamiento. Existen una serie de formaciones geológicas que no deben confundirse con los mantos acuíferos, así los (a) acuícludos son formaciones geológicas que contienen agua en su interior pero que no la transmiten impidiendo su explotación; en lo atinente a las aguas subterráneas no renovables, fósiles, muertas, estancadas o no fluyentes contenidas en éstos no cabe la menor duda que también son de dominio público, dado que, los artículos 4° del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente no distinguen entre aguas subterráneas y superficiales y, mucho menos, entre las subterráneas renovables y no renovables, por lo que no se les puede concebir como un res nullis susceptible de apropiación por el alumbrador particular. El (b) acuitardo, por su parte, comprende un conjunto de formaciones geológicas que contienen apreciables cantidades de agua pero las transmiten de forma muy lenta. Finalmente, el (c) acuifugo es aquella formación geológica que no contiene agua ni la puede transmitir. En lo relativo a la tipología de los acuíferos, la hidrogeología, los clasifica, según la presión hidrostática del agua encerrada en los mismos, de la forma siguiente: a) acuíferos libres, no confinados o freáticos en los que existe una superficie libre del agua encerrada en ellos en contacto directo con el aire, su tabla de agua se encuentra a presión atmosférica y no está limitado por una capa impermeable y b) acuíferos cautivos, confinados o a presión en los que el agua está sometida a una presión superior a la atmosférica. También existe la subcategoría de los acuíferos colgados que son aquellos libres con una distribución espacial limitada y existencia temporal.  La recarga natural de los mantos acuíferos se produce por el volumen de agua que penetra en éstos durante un período de tiempo a causa de la infiltración de las precipitaciones pluviales o de un curso de agua (v. gr. los ríos influentes). Las áreas de recarga, por consiguiente, son todas las zonas de la superficie del suelo donde las precipitaciones pluviales se filtran en el suelo hasta alcanzar la zona saturada incorporándose al acuífero. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 3°, inciso l), define las áreas de recarga acuífera como “Las superficies en las cuales ocurre la infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de los ríos (...)”. La descarga natural es el volumen de agua que, durante un período de tiempo, sale naturalmente del acuífero a través de los manantiales superficiales, subfluviales o submarinos, por evapotranspiración o por percolación vertical hacía acuíferos inferiores. La descarga artificial se produce a través de la extracción del agua mediante pozos, zanjas, trincheras o túneles. Las áreas de descarga de las aguas subterráneas comprenden todos aquellos puntos en los que la tabla de agua o nivel freáctico intersecta la superficie del suelo –manantiales, nacientes, filtraciones- el curso de un río o los lechos marinos o lacustres. 

 

IX.- TIPOLOGIA DE LOS MANTOS ACUÍFEROS EN COSTA RICA. En nuestro país se reconocen dos tipos de familias de acuíferos: a) Volcánicos o fisurados, formados en rocas ígneas (volcánicas e intrusivas), representan los de mayores dimensiones y mejor calidad y b) Sedimentarios o granulares en formaciones superficiales. En cuanto al primer tipo debe indicarse que las rocas ígneas, naturalmente, no tienen permeabilidad,  poseen una porosidad secundaria originada en la presencia de fracturas o fisuras originadas por enfriamiento o eventos tectónicos (áreas vinculadas a fallas geológicas) con lo que adquieren aptitud hidrogeológica. Este tipo de acuíferos surge en las zonas altas donde las precipitaciones son elevadas y particularmente existen rocas volcánicas, ejemplos conocidos y estudiados de éstos son los acuíferos del Valle Central (v. gr. Colima Superior e Inferior y Barva). Desde la perspectiva de la hidrogeología, nuestro país presenta condiciones ideales y excepcionales para la explotación racional y mesurada de las aguas subterráneas, puesto que la Cordillera Volcánica Central está constituida por suelos volcánicos con una elevada capacidad natural de infiltración, siempre y cuando no hayan sido compactados o erosionados por las actividades humanas, con lo que cumplen una función esencial al regular la escorrentía de las aguas superficiales y la recarga de los acuíferos. La alta permeabilidad de los mantos de lava fracturados y brechosos y las condiciones de alta precipitación pluvial favorecen la formación de acuíferos de alto potencial. Las tobas existentes, a su vez, se comportan como rocas de poca permeabilidad que permiten la constitución de acuitardos que son la base de los acuíferos y permiten la transferencia vertical de aguas entre éstos. La ubicación y geomorfología de la Cordillera Volcánica Central, con todos sus acuíferos, es una fuente de primer orden de agua para satisfacer las necesidades de, por lo menos, la mitad de la población del país, incluido la Gran Área Metropolitana y poblaciones circunvecinas. La utilización del agua subterránea en esta zona se efectúa mediante pozos o la captación de manantiales para usos domésticos, industriales, agropecuarios. En la Cordillera Volcánica Central, para el año 1996, el SENARA tenía registrados 3.460 pozos de uso variado y  353 manantiales para abastecimiento público empleados por el ICAA, las corporaciones municipales, las asociaciones administradoras de acueductos rurales y otros entes. También se han localizado este tipo de acuíferos en las formaciones de Liberia y Bagaces (Provincia de Guanacaste). Se encuentra plenamente establecido que este tipo de acuíferos, por sus características petrofísicas, son más vulnerables a la contaminación en sus áreas de recarga cuando no se encuentran en zonas protegidas o reservadas y expuestos a actividades antrópicas como la deforestación, urbanización descontrolada y actividades agropecuarias intensivas y extensivas que conllevan el uso de plaguicidas y agroquímicos, por lo que se encuentran expuestos a una peligrosa y lenta degradación en su calidad ambiental. Los acuíferos superficiales están conformados por capas de rocas no consolidadas de origen reciente y diverso, se trata de rellenos aluviales de algunos valles que pueden alcanzar espesores de unos pocos metros a cien metros, están separados de la superficie por una delgada y permeable capa de suelo por lo que son altamente vulnerables a la contaminación, sobre todo cuando se encuentran debajo de zonas de ocupación antrópica (desarrollo urbano, industrial o de cultivos agrícolas). Este tipo de acuíferos son explotados en la región del Pacífico Central, como, por ejemplo, el relleno aluvial del Valle del Río Barranca que contiene dos acuíferos costeros que son el de Barranca y El Roble. 

 

X.- CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero  para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación.   La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a  las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. La contaminación de las aguas subterráneas puede ser directa o indirecta, lo es del primer tipo cuando se introducen directamente las sustancias contaminantes en el acuífero como el caso de los pozos negros o pozos de inyección, lo es del segundo tipo cuando con dilución se produce por contaminación de la recarga natural. Los agentes de contaminación pueden ser de muy diversa índole, esto es, minerales, orgánicos degradables (excretas y purinas), órganicos poco o no degradables (pesticidas, detergentes, hidrocarburos), biológicos (bacterias, virus, algas), radioactivos y gaseosos. La contaminación de los acuíferos depende de los condicionantes geológicos, hidráulicos y químicos de cada lugar o emplazamiento, por lo que está en función de factores locales razón por la cual se precisa del conocimiento de cada zona y del estudio de casos similares. Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: a) contaminación por actividad doméstica, la cual es orgánica y biológica y nace de tanques sépticos, fugas del sistema de alcantarillado, vertido de aguas negras, a lo que se debe agregar el aumento de productos químicos de uso doméstico como los detergentes; b) contaminación por actividades agrícolas, tenemos aquí el uso de abonos artificiales a base de nitratos, fosfatos y potasa o naturales -a base de estiércol-, el riego con aguas residuales y de alta salinidad y el uso de pesticidas (insecticidas, herbicidas y plaguicidas); c) contaminación por la ganadería, esencialmente, es orgánica y biológica, similar a la doméstica pero más intensa cuando se trata de granjas intensivas; d) contaminación por aguas superficiales, cuando recargan y se encuentran, a su vez, contaminadas; e) contaminación por intrusión salina, se produce cuando las aguas marinas y saladas se introducen en las regiones costeras por la sobreexplotación, a través de pozos, de los acuíferos costeros; f) contaminación por actividades mineras – mineral –, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica; i) contaminación a través de pozos mal construidos, los pozos pueden intercomunicar varios mantos acuíferos y cuando tienen entubamientos rotos o corroídos en niveles de aguas de mala calidad o que permiten la entrada de aguas superficiales pueden provocarla; j) contaminación a través del vertido de aguas residuales a través de pozos negros, tanques sépticos, fugas de la red de alcantarillado o vertido indiscriminado a las cuencas hidrográficas; k) contaminación por vertido de desechos sólidos, se produce cuando se construye un relleno sanitario en terrenos permeables o no impermeabilizados a través de los lixiviados; l) contaminación por pozos de inyección -forma de utilización del subsuelo como almacén de residuales- mal proyectados, construidos o utilizados.

 

(…)

 

XII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.  Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas. En la legislación extranjera (v. gr. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto) se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras. Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. Este tipo de medidas administrativas suponen diversas restricciones y controles drásticos sobre los múltiples usos o aprovechamientos de agua –en especial los generales o especiales de carácter privado- y sobre las actividades preexistentes que puedan afectar el recurso en cuanto se justifican en un interés público, por lo que no afectan el derecho de propiedad o la integridad del patrimonio. En esencia, tales medidas deben ser reputadas como limitaciones de interés social que no vacían de contenido el derecho de propiedad o amplían el dominio público sobre las aguas subterráneas sin previa indemnización sino que moldean su contenido esencial por lo que deben ser soportadas, al tratarse de un sacrificio o una carga general, por todos los usuarios, los que, en último término, son los beneficiarios de éstas, en tanto están orientadas a corregir una situación coyuntural de carestía o contaminación inminente que afecta la economía del recurso hídrico en una zona determinada.  Tales medidas administrativas de intervención, virtualmente contenidas en los artículos 32 de la Ley de Aguas de 1942 y 10° del Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril del 2002), pueden ser las siguientes:

a) Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Una de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas-  y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales –MINAE e ICAA-  debe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.).  Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes,  etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC)  y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación  y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con  la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y  la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo  útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b)  áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones,  supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.   

b) Declaración de acuífero sobreexplotado: La sobreexplotación de un acuífero sobreviene cuando las extracciones o aprovechamientos son tan intensivos –descarga-  y fuertes que superan los volúmenes de la recarga, con lo que las reservas de agua del acuífero se disminuyen progresivamente y se degradan. La sobreexplotación provoca nefastos efectos económicos y naturales; entre los primeros, los usuarios pueden experimentar el encarecimientos de los costos de extracción –más energía para hacer fluir las mismas cantidades de agua o gastos para reprofundizar un pozo para alcanzar el nivel de agua-, agotamiento de los pozos ubicados en la zonas periféricas del acuífero y en las de mayor concentración de perforaciones; entre los efectos de carácter natural, está la merma en los caudales de aguas en manantiales, ríos, arroyos, quebradas, lagunas, lagos y humedales con lo que se pone en peligro la existencia de éstos y la afectación de la capacidad de las formaciones geológicas – acuíferos – para almacenar agua al disminuir el espacio intersticial en las rocas por falta de la presión interior que aporta el agua, la subsidiencia del terreno por compactación, con alteración del acuífero, aparición de grietas y corrimiento de laderas. En la hipótesis de la sobreexplotación del acuífero, la autoridad administrativa competente puede declarar ese estado para revertir el estado de cosas a través de una ordenación, restricción y reparto de las extracciones o aprovechamientos preexistentes para lograr una explotación racional y la inmediata suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones pendientes a ese momento. Desde luego, que, también, se pueden implementar medidas de ahorro y buena utilización de los recursos como el tratamiento y depuración de las aguas residuales para ser reutilizadas en el riego de ciertos cultivos, sistemas de riego por goteo o nocturno para paliar los efectos de la evapotranspiración, la recarga artificial, etc..    

c) Declaración de acuífero en proceso de intrusiones salinas: Se estima que un acuífero está en proceso de salinización cuando, como consecuencia directa de las extracciones, se registran aumentos generalizados y progresivos de concentración salina de las aguas captadas con lo que se corre el peligro de convertirse en inutilizables. La salinización supone una reducción del espesor de la capa de agua dulce bajo la que asciende el agua marina, de modo que el agua de los pozos deja de ser potable e, incluso, inservible para usos domésticos o de riego, siendo la recuperación de acuífero muy difícil o casi imposible. Este problema que se puede presentar en nuestro país, sobre todo, en los acuíferos costeros sobreexplotados –intrusión de origen marítimo- de forma gradual o generalizada, aunque no cabe descartar, en otros puntos, la intrusión de origen continental. La causa de la intrusión salina se encuentra en una explotación irracional o sobreexplotación, por lo que deben implementarse medidas similares a las dispuestas para cuando se produce ese problema tales como la ordenación, restricción y reparto de los aprovechamientos o usos preexistentes y suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones.

d) Estados de necesidad y crisis hídrica: En circunstancias anómalas, excepcionales y coyunturales que provocan una calamidad pública o conmoción interna (v. gr. sequías  extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o intrusión salina generalizada de éstos), el Estado –a través del Poder Ejecutivo- y, con fundamento en el principio de necesidad, puede adoptar las medidas necesarias e idóneas respecto a la utilización del dominio público hidráulico para superar ese estado de cosas o evitar que se agrave. Cuando cesa el estado de necesidad  y se restablece la normalidad se pueden adoptar otro tipo de medidas como las anteriormente expuestas (perímetros de protección, declaración de acuíferos sobreexplotados o en proceso de salinización).

     

XIII.- PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COSTA RICA. El artículo 31 de la Ley de Aguas No. 246 del 27 de agosto de 1942, declara como “reserva de dominio a favor de la Nación” lo siguiente: “a) Las tierras que circunden los sitios de captación  o tomas surtidoras de agua potables, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables (...)”. Esta declaratoria resulta de suma importancia, puesto que, a partir de la misma  surge la obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de fijar y determinar las áreas de protección perimetral de los pozos o áreas de captación –de 200 metros- y, desde luego, de las áreas de recarga de los mantos acuíferos –zona  en que “se produce la infiltración de aguas potables”- que cuenten o deban contar con una capa forestal para su protección que son tan sensibles para su conservación y protección. De la misma forma, a partir de tal afectación expresa, el Estado puede ejercer las acciones reivindicatorias y posesorias para garantizar la indemnidad de esas zonas y substraerlas de todo tipo de contaminación sometiéndolas a un fuerte régimen de control del uso del suelo, atribución que, muy probablemente, ha omitido ejercer de forma oportuna y exacta. El numeral 32 de la Ley de Aguas de 1942 establece que “Cuando en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables –actualmente ICAA- (...) dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”, esta norma le impone un ineludible deber de colaboración y cooperación al Poder Ejecutivo con el ICAA para adoptar todos los actos y providencias administrativas oportunas y convenientes para conjurar el peligro de contaminación en un área mayor a los perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación. El contenido de la norma es sumamente significativo y rico, puesto que, habilita al Estado para adoptar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles que podría provocar un estado de emergencia por crisis hídrica. Evidentemente se trata, también, de una competencia que no ha sido ejercida responsablemente o infrautilizada. La Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, en su artículo 2°, establece que “Son de dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública –órganos del Poder Ejecutivo que fueron sustituidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por virtud de su Ley de Creación No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y, más concretamente, el artículo 2°, inciso h), que le encomendó hacer cumplir la Ley General de Agua Potable- consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesarios de las mismas (...)”, evidentemente, esta norma tiene una enorme trascendencia, puesto que, se declara de dominio público las áreas de captación que pueden incluir los manantiales o nacientes –forma de descarga natural de las aguas subterráneas- y, lo que es más importante, le otorga la condición de bien demanial a todos aquellos terrenos necesarios para asegurar la protección sanitaria y física y su caudal, lo cual, necesariamente, incluye las áreas de recarga de los mantos acuíferos claramente delimitadas a través de la actividad perimetradora ya indicada, puesto que, la desprotección de estas zonas incide, necesariamente, en la calidad –por contaminación- y caudal –por impermeabilización o sobreexplotación- de las aguas para consumo y uso humanos que brotan de un manantial.  La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 33, incisos a) y d), respectivamente,  dispone que son áreas de protección las “ (...) que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” y “Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley”, evidentemente estas normas le dan sustento a la actividad o intervención administrativa para definir los perímetros de protección de los acuíferos y zonas de captación. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de octubre de 1995, en su artículo 51, indica que para la conservación y uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: “a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico”,  “b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico” y “c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”.  Se establece así la necesidad de proteger y conservar la integridad y unidad del ciclo hidrológico sin hacer distinciones, el cual comprende, especialmente, las aguas subterráneas.  Finalmente, los artículos 5°, inciso e), párrafo in fine de la Ley de Creación del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) y  15 de la Ley de Creación del SENARA (No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas) coronan el marco normativo para la protección institucional de las aguas subterráneas al indicar, respectivamente, “Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...)”  “Decláranse de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la protección y el uso racional de las aguas (...)”. En el ordenamiento jurídico-administrativo de las aguas nos encontraremos, también, con una serie de obligaciones y cargas impuestas a los particulares y sujetos de derecho público –entes y órganos públicos- para una adecuada protección del dominio público hidráulico subterráneo y superficial. Así la Ley de Aguas de 1942 y otros cuerpos legislativos, establecen una serie de prohibiciones y obligaciones para los propietarios y usuarios de los manantiales –que son un componente del área de descarga de un manto acuífero-, como las siguientes: a) los usuarios o concesionarios deben ajustarse a los reglamentos de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a un manantial para evitar contaminaciones o fetidez –de no hacerlo pueden perder el aprovechamiento especial y sufrir pena de multa- (artículos 57 y 166, inciso III, ibidem), de modo concordante, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 del 21 de octubre de 1992, en su artículo 132, párrafo 1°, prohíbe “(...) arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no (...) lagos (...)” y le impone al que incumpla la norma una multa de 50.000 a 100.000 colones convertible en pena de presión de uno a dos años. b) Se prohíbe la construcción de estanques para criaderos de peces en los manantiales destinados al abastecimiento de poblaciones (artículo 63 ibidem). c) Los propietarios de terrenos en los que existan manantiales en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques que les brindaban abrigo están obligados a plantar árboles en las márgenes a una distancia no mayor de 5 metros (artículo 148 ibidem). d) Se prohíbe destruir, tanto en bosques nacionales como particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales que nacen en los cerros o a menos de 50 metros de los que surgen en terrenos planos (artículo 149 ibidem), la Ley Forestal, No. 7575 del 13 de febrero de 1996, dispone, en su artículo 34, de forma coincidente, que “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección que bordean las nacientes permanentes y de recarga y los acuíferos de los manantiales”. e) Toda solicitud de aprovechamiento de aguas vivas, corrientes y manantiales deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente y Energía con la presentación de una serie de requisitos (artículo 178 ibidem). En lo tocante a los entes y órganos públicos que tienen competencia y responsabilidades en materia de protección de las aguas subterráneas, se establecen una serie de obligaciones y prohibiciones tales como las siguientes: a) Se le prohíbe a las Municipalidades enajenar, hipotecar o comprometer de otra manera, arrendar, dar en esquilmo, prestar o explotar por su propia cuenta –sobre todo si supone deforestación- las tierras que posean o adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tenga sus orígenes (artículos 154 y 155 ibidem). b) Se obliga a las Municipalidades a reforestar tales terrenos (artículo 156 ibidem). c)  Se obliga a toda Municipalidad, Junta de Educación, Junta de Protección Social y, en general, a todo “organismo de carácter público”, consultar para obtener el respectivo permiso al Ministerio de Agricultura para enajenar, hipotecar, dar en arriendo, esquilmo o explotar por su cuenta terrenos que posean o adquieran en los que existan aguas de dominio público utilizables (artículo 157 ibidem).  La Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, de su parte, contiene normas específicas para la protección y conservación efectiva de las aguas subterráneas, así el artículo 275 estipula que “Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas (...) directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.”, por su parte el numeral 276 establece que solo con permiso del Ministerio se podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, “(...) ciñéndose a las normas y condiciones de seguridad reglamentaria y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”. Los artículos 285 y 291 de ese cuerpo normativo, respectivamente, obligan a toda persona a eliminar las excretas y aguas negras de forma adecuada y sanitariamente para evitar la “contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano”  y prohíben la descarga de residuos industriales o de establecimientos de salud en el alcantarillado para “evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua”. Finalmente, el artículo 309 de esa ley establece que a los urbanizadores el Ministerio de Salud les aprobará el proyecto, entre otras cosas, si éste “(...) dispone de sistemas sanitarios adecuados (...) de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas”.

 

XIV.- ENTES Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS RESPONSABLES DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y, EN ESPECIAL, DE LOS MANTOS ACUÍFEROS. DELIMITACION DE COMPETENCIAS. La gestión de los recursos hídricos subterráneos comprende diversos aspectos tales como la investigación de su potencial, identificación, categorización, planificación de sus usos, protección, aprovechamiento racional, prevención y sanción del daño ecológico o contaminación, control y seguimiento ambiental de su uso, etc.. Consecuentemente, lo idóneo es que existiera un ente administrativo regulador y rector en la materia, sin embargo, las competencias para el manejo integrado de los recursos hídricos subterráneos se encuentran dispersas y fragmentadas, por lo que, ocasionalmente, son exclusivas o excluyentes de un solo ente y, la mayoría de las veces, concurrentes, compartidas o paralelas lo cual requiere de un esfuerzo de coordinación administrativa particular para asegurar su utilización sostenible. En el conjunto heterogéneo y disperso de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense se puede identificar un sector de éstos que tienen asignadas, por ley o reglamento, una serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer de forma efectiva en aras de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes del país. En ese sector del aparato público o de organizaciones serviciales para la satisfacción de las necesidades de toda la colectividad, se puede identificar un grupo que pertenece a la administración central o ente público mayor –Estado- que son, preponderantemente algunos Ministerios u órganos de éstos- y otro conformado por entes descentralizados funcionalmente o por servicios –de carácter técnico- y territorialmente –Municipalidades-.

 

1.- Administración Central.

 

a)      Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos el Departamento de Aguas y el Órgano Asesor de Aguas.

El artículo 3°, inciso l), de la Ley Forestal, No 7575 del 13 de febrero de 1996, le impone al Ministerio de Ambiente y Energía la competencia indeclinable de delimitar las áreas de recarga acuífera –por propia iniciativa o de organizaciones interesadas, y previa consulta al ICAA, el SENARA o cualquier otra entidad técnicamente competente en materia de aguas.

El artículo 17, párrafo 1°, de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre faculta y habilita al Ministerio de Ambiente y Energía para “(...) coordinar acciones con los entes centralizados (sic.) o descentralizados que ejecuten programas agropecuarios de conservación de suelos, aguas y bosques, con el fin de lograr el aprovechamiento “sostenible” de la vida silvestre”.

  Este Ministerio cumple un rol de fundamental importancia en una de las vertientes de la administración de los recursos hídricos como lo es el control o fiscalización en el aprovechamiento y uso de las aguas subterráneas para asegurar su explotación racional. El Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril de 2002), dispone en su ordinal 1° que “Toda empresa perforadora debe inscribirse (...) ante el Departamento de Aguas, con el fin de que se le extienda la licencia que le permita ejercer actividades de perforación y exploración de aguas subterráneas”. Estas funciones son compartidas con el SENARA y el ICAA, puesto que, el Departamento de Aguas del MINAE debe trasladarles el asunto para que, respectivamente, emitan criterio técnico, se asigne el número de pozo, se registre en el Registro Nacional de Pozos –SENARA- y se dictamine sobre el perjuicio o no a las fuentes de abastecimiento de agua destinadas al consumo humano –ICAA- (artículo 7°). Este reglamento establece que se denegará el permiso de perforación en las zonas que no permitan una explotación racional del recurso hídrico tales como las declaradas por el Estado u otra institución competente área de protección y reserva acuífera, las que sufran sobre-explotación, bajo condiciones de vulnerabilidad de la capacidad máxima de explotación del acuífero, las susceptibles de intrusión salina, contaminación y otras razones que a juicio del MINAE y SENARA afecten el acuífero e impidan su explotación y las de interferencia con otros pozos o nacientes de agua (artículo 10°). 

  Mención especial merece el Departamento de Aguas, adscrito al Instituto Metereológico Nacional –órgano del MINAE-, cuyas funciones de interés, entre otras, a tenor del artículo 3° del Decreto Ejecutivo No. 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997, son las siguientes:

“ a) Definir las políticas nacionales en cuanto al recurso hídrico.

b) Ejercer el dominio, vigilancia, control y administración de las aguas nacionales.

c) Tramitar las solicitudes de concesión para el desarrollo de fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad.

d) Tramitar y autorizar los permisos para la perforación de pozos para la extracción  de aguas. (...)

J) Inscribir las empresas perforadoras de pozos y las sociedades de usuarios, así como los movimientos que se realicen en sus estatutos y representantes (...)

n) Aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Aguas, previo cumplimiento del debido proceso (...)”

El Jefe de este Departamento, tiene, a su vez, importantes competencias en la materia (artículo 4°), tales como las siguientes: a) emitir informes de recomendación sobre concesiones, traspasos, aumentos de caudal, ampliación de uso o cualquier otro trámite referido al aprovechamiento del recurso hídrico; b) aprobar los permisos de perforación de pozos, etc.. En el ordinal 5° del referido decreto se crea el “Órgano Asesor de Aguas” integrado por representantes de diversos entes involucrados en el sector hídrico (ICAA, SENARA, ICE, Universidades Públicas, UNGL, etc.), entre cuyas funciones figuran las siguientes (artículo 7° ibidem): a) Asesorar y recomendar lineamientos de políticas en materia de recursos hídricos, considerando los planes de desarrollo nacional y sectorial, disponibilidad hídrica y la normativa legal existente); b) Revisar y pronunciarse sobre el Balance Hídrico propuesto por el Departamento de Aguas y su administración para cada región del país y c) Asesorar al Departamento de Aguas en la fijación de dotaciones por parte de éste, para el uso del agua según la actividad productiva y la región en que se desarrolle.

 

b) Ministerio de Salud.

  Las competencias de este ministerio se encuentran circunscritas a hacer efectivas las prohibiciones establecidas en los ordinales 275, 276, 285 y 291 de la Ley General de Salud – contaminación directa e indirecta de las aguas superficiales y subterráneas y  descarga de residuos industriales o de salud en el alcantarillado- y de sancionar su transgresión. Asimismo, le corresponde aprobar los proyectos urbanísticos cuando dispongan de sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas, aguas negras y servidas (artículo 309 ibidem).

 

c) Ministerio de Agricultura y Ganadería.

  El MAG tiene, realmente, una competencia secundaria o residual en la materia, puesto que, la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 30 de abril de 1998, en su artículo 21, le impone en materia de aguas el deber de coordinar con el SENARA y cualquier otra institución competente “(...) la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas (...).

 

2.- Administración descentralizada.

 

a)  ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)

  La Ley Constitutiva del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) le atribuye, en lo que es de interés, las siguientes competencias (artículo 2°): a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (...) c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (...) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al (...) control de la contaminación de los recursos de agua (...) siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones (...) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”. De su parte el artículo 5° de esa ley habilita al ICAA para “c) Adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles” y “e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, siendo que este mismo inciso en su párrafo 2° declara de utilidad pública y de interés social, pudiendo ser expropiados, “(...) los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...). El numeral 21 de la ley de Creación le confiere al ICAA la potestad de aprobar o improbar todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, siendo la misma obligatoria, so pena de nulidad, en tratándose de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones. Finalmente, el artículo 22 de su ley de creación establece que “Es obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado sufragar los gastos que demanden la conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de aguas, en las propiedades de aquellas Municipalidades donde asuma los servicios de aguas y alcantarillado”. 

De acuerdo con el artículo 2°, inciso h), de la Ley de Creación de este ente descentralizado (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) es parte de sus competencias la de hacer cumplir la Ley de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, siendo que el artículo 16 de este último cuerpo normativo prohíbe las instalaciones, edificaciones o labores comprendidas en las “zonas cercanas a fuentes de abastecimiento (...) que perjudique en forma alguna (...) las condiciones físicas, químicas o bactereológicas del agua; esta zonas serán fijadas por el Ministerio de Obras Públicas y Salubridad Pública” –órganos que, como ya se indicó fueron sustituidos, para todos los efectos legales, por el ICAA-. Consecuentemente, al ICAA, también, le compete definir las áreas de protección de fuentes de abastecimiento tales como los manantiales o nacientes que son una forma natural de descarga de las aguas subterráneas. El artículo 34, párrafo in fine, de la Ley Forestal  le impone la realización de los alineamientos de las áreas de protección al INVU. Se trata, en realidad, de una competencia que no es exclusiva o excluyente del ICAA o del INVU, sino concurrente o compartida, por lo que los dos entes públicos tienen el deber de ejercerla. 

  El artículo 3° de la Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, le impone la obligación al ICAA de “(...) seleccionar y localizar las aguas destinadas al servicio de cañería (...), con lo cual es responsabilidad de este ente efectuar un inventario pormenorizado de las nacientes que puedan ser utilizadas para proveer de agua de consumo humano a las poblaciones, lo anterior, independientemente, de encontrarse el suministro y distribución en manos de un Municipio en un cantón determinado.

 

b)  SENARA (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento).

  A pesar de tener aparentemente limitada su competencia a los distritos de riego, avenamiento y control de inundaciones –unidades físicas técnico-administrativas de carácter agropecuario para el logro de su desarrollo socioeconómico definidas por Decreto Ejecutivo a solicitud de este ente (artículos 17 y 18 de su Ley de Creación No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas)-, es lo cierto que su ley constitutiva le asigna importantes competencias en materia de aguas subterráneas, las cuales, evidentemente, tienen una vocación nacional y, por consiguiente, no se circunscriben a los meros distritos de riego. Lo anterior resulta corroborado por los antecedentes de este ente público, puesto que, la Ley No. 5438 del 17 de diciembre de 1973 –que ratificó y sustituyó el Decreto Ejecutivo No. 1878-P del 22 de julio de 1972-, actualmente derogada, creó el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS) con una vocación claramente nacional para la planificación, investigación y asesoría de todo lo relativo a la materia. Así, entre otros objetivos, el SENARA tiene el de procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos de (...) aguas –tanto superficiales como subterráneas- en las actividades agropecuarias (...) en los distritos de riego” (artículo 2°). Entre sus funciones figura la de “Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país tanto superficiales como subterráneos” y “Realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas (...)” (artículo 3°, incisos d y e). En el artículo 4°, se establece que le compete al SENARA promover y dirigir la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes en materias tales como “Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego”, “Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de aprovechamiento en los distritos de riego” y “Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los manos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego” (incisos c, ch y f). Dentro de las atribuciones de la Junta Directiva está la de expedir los acuerdos de solicitud de recuperación, expropiación o compra de las “(...) tierras en que asienten o subyazcan recursos hídricos (...)” (artículos 6° y 7°).     

  

c)  INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).

  El artículo 34, párrafo 2°, de la Ley Forestal dispone que los alineamientos de las áreas de protección contempladas en su artículo 33, entre las que figuran las que bordean las nacientes permanentes, las de recarga y los acuíferos de los manantiales, serán realizados por el INVU. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE del 12 de febrero de 1997, le impone a esa entidad la fiscalización del “Área de Control Urbanístico”  que comprende algunos de los distritos de las Provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, siempre que el Gobierno Municipal no haya promulgado un Reglamento de Zonificación, siendo que en la “zona de especial protección” toda edificación se debe construir bajo estricto control  debiéndose aprobar un Estudio de Impacto Ambiental  por el MINAE y  construir una planta de tratamiento para aguas residuales autorizada por el ICAA y el Ministerio de Salud para evitar “(...) la contaminación de los mantos acuíferos y de los cauces fluviales a que (sic) desemboquen”.

 

d) MUNICIPALIDADES.

     Las corporaciones municipales tienen un papel de primer orden en la protección y conservación de las aguas subterráneas a través de una serie de instrumentos indirectos. Así, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968), hace más de 35 años, con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución Política -en cuanto les compete “La administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón”- les impuso el deber de promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos (artículos 15 y siguientes). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.),  las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Por aplicación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida y la salud humanas (artículo 21 ibidem) y en aras de un desarrollo sostenible los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales y nacientes están especialmente llamados y  obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, de su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas, puesto que, es en beneficio de ellos, de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones y, desde luego, de las futuras generaciones.”

IV.- Sobre el principio precautorio en materia ambiental y su aplicación en materia de aguas subterráneas. Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río –Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-, se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños de imposible o difícil reparación. De lo anterior resulta que la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro. En otras palabras, si carece de certeza científica sobre la inocuidad de la actividad, la administración debe abstenerse de realizar actividades con impacto ambiental negativo; ante la incertidumbre científica sobre la inocuidad o bondad de las actuaciones, la administración está impedida para otorgar autorizaciones o realizar actos propios que originen situaciones de riesgo ambiental. Es claro que este principio tiene aplicación igualmente tratándose de la explotación de aguas subterráneas. Así, en la precitada sentencia número 2004-1923, estableció la Sala que:

“XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los  costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar  contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas  socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación.”

V.- Sobre la importancia de la viabilidad ambiental, los estudios de impacto ambiental y el procedimiento que debe observarse. El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la aplicación del referido principio precautorio, y el consecuente desarrollo normativo en materia de protección ambiental, impone el cumplimiento de diferentes requisitos y procedimientos que permiten a la administración conocer el impacto real que la ejecución de actividades y obras –públicas o privadas- puede tener sobre el ambiente, para una vez adquirida la certeza correspondiente, autorizar o improbar su realización. Es así como el ordenamiento interno crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –SETENA-, dependencia administrativa a la que le corresponde el otorgamiento de la viabilidad ambiental de los proyectos, una vez que se cumpla el procedimiento establecido –ver artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Ambiente-, mediante resoluciones fundamentadas donde se analice de manera pormenorizada la situación planteada. La realización de las evaluaciones ambientales ha sido reconocida por esta Sala igualmente como un principio rector en materia ambiental, de donde resulta que su observancia y aplicación es irrestricta para asegurar la debida protección del ambiente. Así, mediante sentencia número 2003-6322, de las catorce horas catorce minutos del tres de julio de dos mil tres, definió la Sala que:

“5.- de la realización del estudio de impacto ambiental previo a la iniciación de obras: Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, como la presencia de sustancias tóxicas o elementos externos que provoquen en el ambiente características negativas, tanto para la diversidad biológica -comprendiendo a la flora y la fauna-, como -y sobre todo- para la vida humana, que se ve reflejada en la salud o bienestar del hombre -suelo, hábitat, aire, agua, etc.-, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, este principio (de la realización previa del estudio de impacto ambiental) se constituye en corolario del principio anterior, y teniendo especial importancia su realización para todas las

"[...] actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta Ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos." (Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco).

Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran los Estudios de Impacto Ambiental, los que encuentran fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. A este efecto, es importante resaltar en virtud de mandato constitucional –artículo 50-, y en la Ley –artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente-, se establece como principio general, que toda actividad humana de modificación del entorno requerirá el estudio de impacto ambiental, de donde, será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del referido estudio técnico, y no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias (según lo indicado por este Tribunal, en sentencia número 1220-2002, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos).

Es al tenor de esta disposición que la jurisprudencia constitucional recientemente ha exigido este estudio técnico previo a la realización de cualquier proyecto en que se pueda afectar el medio ambiente, como una garantía para hacer efectivo el derecho del medio ambiente.

(…)

"III.- Obligación de las instituciones del Estado de cumplir con la legislación ambiental en su actividad ordinaria: El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente." (Sentencia número 2001-6503, supra citada).

El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría… de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado". En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente se estableció que "las resoluciones de la Secretaría Técnica Ambiental deberán ser fundamentadas y razonadas", con lo que se recoge en esta materia el principio general de fundamentación de los actos administrativos desarrollado también por la Ley General de la Administración Pública, que es a su vez una garantía que integra el debido proceso sustantivo.  La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA, un análisis pormenorizado que incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley del Ambiente, los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación  que hacen posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local,  tal como lo recoge el principio 11 de la Declaración de Río.  El daño que se puede causar al ambiente es siempre de difícil o imposible reparación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de la total certeza de mínima afectación de los recursos naturales, pues así lo impone por fuerza propia el artículo 50 de la Carta Política. En todo caso, debe hacerse la advertencia que la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no implica en sí misma la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por cuanto es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el proceso de autorización (sentencia número 5321-96, supra citada), que en algunos casos será la obtención del permiso de salud, la aprobación de los planos de la urbanización por la municipalidad respectiva, el visto bueno de la concesión por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, el otorgamiento de las licencias comerciales, etc. Ello es así debido a que, tratándose del  ambiente no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza el ambiente es, por sí mismo y con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante. La aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que a través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente, el permiso debe de revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el numeral 50 de la Constitución Política.”

VI.- Sobre el procedimiento de la evaluación ambiental y la necesaria comunicación, información y diálogo con la población. La realización de la evaluación ambiental en los términos dichos, implica el cumplimiento de los pasos normativamente establecidos para la actuación de las autoridades públicas involucradas, especialmente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Dentro de este procedimiento resulta particularmente relevante la necesidad de informar públicamente a la población que positiva o negativamente pueda verse afectada con la ejecución de obras con impacto ambiental, trascendiendo de la mera transmisión de información para propender al establecimiento de un diálogo que aporte insumos de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. Así, en la precitada sentencia 2003-6322, estableció la Sala que:

“11.- participación ciudadana en los asuntos ambientales: La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (Sentencias número 2001-10466, supra citada). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la requerida para la aprobación de los planes reguladores de las respectivas municipalidades, por ejemplo. Fue la Convención de Río la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio en materia ambiental, al señalar

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa Rica un Estado signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, pues esa es la consecuencia de su suscripción, según con consideró este Tribunal, en sentencia número 8319-2000, de las diez horas dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil:

"Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de una discusión que no se constriña a pequeños núcleos oficiales o de intereses parcializados, sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con la apertura necesaria para crear el debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, claro, los requisitos que establece la legislación correspondiente. No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso. Por eso mismo es que la cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a los particulares una legitimación especial, y de la que se reconoce como un «derecho reaccional» (vid. sentencia 2233-93 y 3705-93 de esta Sala).

«En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.» (vid. sentencia 3705-93)

Es por ello, que por Ley 7412 del 03 de junio de 1994, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 50 de la Constitución Política, garantizando a toda persona el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esta materia, entonces, existe la legitimación para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado, a través del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. De esta manera, cuando la Constitución Política hace mención de que el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino, además y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional, o eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. De los artículos 1 y 50 Constitucionales se rescata pues, la consideración que los ciudadanos merecen en un estado democrático, en el cual puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, tal y como lo señalan los recurrentes. El precepto comentado, entonces, recoge el principio citado a través del acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses. Ciertamente, que en la materia que ahora analizamos, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que los particulares pueden solicitar a la SETENA llevar a cabo audiencias públicas, para efecto de que se tomen en cuenta las posiciones formuladas por las comunidades interesadas en la toma de decisiones que afectan el ambiente, lo que ha sido recogido en la Ley Orgánica del Ambiente y de su Reglamento, como informó la autoridad recurrida."

Precisamente, la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio en los artículos 6 y 23, que textualmente disponen en lo que interesa:

"Artículo 6. Participación de los habitantes

El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente."

"Artículo 23. Publicidad de la información

La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización."

Asimismo, en el Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, también se recoge este principio, al disponerse en el Capítulo IV, en el que se regula lo relativo a la audiencia pública prevista dentro del procedimiento del estudio de impacto ambiental (artículos 35 a 40), en el que se tiene prevista la participación activa, tanto de la sociedad civil como de las municipalidades -en su condición de ente

"[...] constituido por el conjunto de vecinos residentes de un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal" (artículo 1° del Código Municipal).

Norma similar tiene la Ley de Planificación Urbana, en lo relativo a la aprobación por las municipalidades de los planes reguladores, al obligarlo a

"1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer el proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles"  (artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana).

Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-. Es importante resaltar que esta participación se puede lograr en forma individual, a través de grupos asociativos de orden particular, así como también a través de los gobiernos locales, a quienes, por su competencia asignada en el artículo 169 de la Constitución, se les reconoce plena competencia para promoverla en los asuntos que de algún modo puedan afectar la comunidad de su jurisdicción, y más bien, si no lo hace, estaría incumpliendo uno de sus cometidos que el constituyente le asignó, y que ha sido desarrollada en la legislación ordinaria

"Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las tomas de decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente" (artículo 5 del Código Municipal).

Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este principio ya había sido reconocido en voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas en sentencia número 4423-93, supra citada, no sólo como un derecho de participación, sino un deber de la comunidad y municipalidad en la toma de decisiones y discusiones sobre la ubicación de un relleno sanitario en Esparza. En este mismo sentido, en sentencia número 10466-2000, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil, la Sala señaló que en modo alguno

"[...] puede excluirse al ser humano que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta materia."

Con anterioridad, este Tribunal, reconoció la importancia de la participación de los gobiernos locales en este tipo de procesos (estudios de impacto ambiental) bajo las siguientes consideraciones:

"[...] queda claro para la Sala que en los procedimientos de estudio de impacto ambiental y declaratoria de viabilidad ambiental de los proyectos en los que se pretenda explotar recursos naturales, la participación de las municipalidades debe ser activa; sin embargo, en modo alguno puede pretenderse la sustitución del órgano director de los mismos -en este caso la Secretaría Técnica Nacional Ambiental- por las municipalidades. En el caso concreto, esa participación se traduce en la participación de los gobiernos locales en todo el procedimiento, y por ello es que en dicho procedimientos tienen plena cabida sus gestiones, pero como una parte más, motivo por el cual se le notifican todas las gestiones que se realicen dentro de ese procedimiento. En todo caso, el procedimiento previsto en los artículos 35 a 40 del Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Decreto Ejecutivo número 25.705-MINAE, prevé no sólo la participación de la sociedad civil, sino sobre todo, de las municipalidades, con las cuales coordinará la celebración de la audiencia pública (artículo 36), pero a modo de colaborador de esta entidad con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sin que en modo alguno pueda pretender la toma de decisiones. Por lo demás, las competencias municipales en lo que respecta a la preservación y protección del medio ambiente no pueden verse limitadas a la organización de la audiencia pública -que por disposición legal le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-, sino que va mucho más allá, como lo es la concientización de los munícipes en la participación ciudadana, la denuncia -con pruebas técnicas- ante entidades administrativas y los tribunales de justicia, el manejo adecuado de la basura y de los desechos industriales, el control y fiscalización para que las leyes ambientales se cumplan, y la promoción de los recursos legales pertinentes, como lo sería la solicitud de suspensión de los actos administrativos que estimen nocivos para el ambiente, pero no en la vía constitucional, sino en la jurisdicción contenciosa-administrativa y civil de Hacienda, entre otros cometidos" (sentencia número 2001-5737, de las catorce horas cuarenta y un minutos del veintisiete de junio del dos mil uno).

En este sentido, resulta indispensable que la audiencia se lleve  a cabo en el lugar donde los vecinos puedan asistir, y con preferencia en el lugar de los hechos, ya que lo contrario, la celebración de la audiencia ordenada por la Administración no lograría cumplir su finalidad, donde obviamente la falta de los recursos no puede constituirse en un obstáculo para hacer llegar al expediente todos los elementos probatorios que la Administración requiere para tomar una decisión en asuntos de tan fundamental importancia, ya que necesariamente tendrá implicaciones sobre el medio ambiente y la comunidad. Asimismo, la importancia de la participación de las municipalidades en la elaboración de los estudios de impacto ambiental ha sido reconocida en la propia Ley Orgánica Ambiental en el párrafo segundo del artículo 22, que prevé:

"Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración"

Con lo que se resalta que la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado, y a la vez es integrante del derecho fundamental de toda persona, en los términos previstos en el artículo 50 de la Constitución Política. Por ello, reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo y que es una forma de expresión de la democracia participativa (en este sentido, entre otras ver voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas de la sentencia número 4423-93, de las doce horas del siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres; 2331-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis; 3521-95, de las diecisiete horas tres minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y seis; 6640-00, de las nueve horas dieciséis minutos del veintiocho de julio del dos mil; y 10466-2000, de las diez horas dieciséis minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil). Sobre el tema de información en materia de ambiente, se ha indicado

"En materia del medio ambiente debemos trasladar este concepto sobre el derecho de información a una nueva perspectiva que tiene todo individuo o colectividad de solicitar información y de ser informado por cualquier ente estatal [información] que no puede ser obstruida por las instituciones estatales referentes a cualquier proyecto que pueda afectar el goce de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es entonces esta, la garantía que permitirá participar a cualquier individuo o colectividad, haciendo uso de los intereses difusos del acceso a la participación, dentro de los procesos de toma de decisiones que afecten ese derecho, pues lo contrario sería ilusorio y la norma constitucional resultaría superflua [...]" (sentencia número 2331-96, supra citada).

En esta especial materia, toda persona debe tener adecuada información sobre los materiales y las actividades o proyectos que pueden implicar un peligro o amenaza para las comunidades (derecho a la salud), y para la conservación y preservación del medio ambiente (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), así como para la efectiva oportunidad de participar en los procesos de adopción de tales decisiones; toda vez que tratándose del derecho al ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a este derecho fundamental la sufre tanto la comunidad –como un todo-, como el individuo en particular. Por ello, la Administración debe facilitar y fomentar la sensibilidad y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, no sólo de los miembros de la comunidad, sino también de la ciudadanía en general, en tanto en materia ambiental se ha considerado la existencia de un verdadero interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia).”

La debida observación de este mandato de informar adecuadamente a la población, ha sido precisado y efectivamente aplicado en la jurisprudencia de la Sala, cuando en sentencia número 2004-13414, de las nueve horas veintinueve minutos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, estableció que:

“Este Tribunal en anteriores oportunidades se ha referido a la consulta a las comunidades como parte del procedimiento administrativo para la obtención del estudio de impacto ambiental, que es requisito previo al inicio de labores de explotación, en el siguiente sentido:

 

 “IV.- “...Antes de analizar los alegatos de las partes, cabe señalar que el proceso de Evaluación Ambiental de Proyectos tiene por objeto identificar, predecir, interpretar, y comunicar a los interesados preventivamente, el efecto de un proyecto sobre el medio ambiente. Es un procedimiento administrativo de control de proyectos que, apoyado en un estudio técnico sobre las incidencias ambientales de una actividad determinada, denominado Estudio de Impacto Ambiental (documento técnico que debe presentar el promotor o titular del proyecto) y en un trámite de participación pública, permite a la autoridad ambiental competente emitir una declaración de impacto ambiental, rechazando, aprobando o modificando el proyecto. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente impone la obligatoriedad de que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental evalúe el impacto ambiental de las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, previo a que éstas inicien. La Evaluación Ambiental involucra una serie de fases en las que participan el desarrollador del proyecto, el ente fiscalizador competente (SETENA en el caso de Costa Rica), y la sociedad civil. Inicia con la presentación del Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, documento que debe evaluar el Grupo de Evaluación Preliminar de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Posteriormente, se determina qué instrumento de evaluación ambiental requiere la actividad, y el desarrollador presenta el documento que debe ser examinado a fin de determinar si se requiere o no información adicional. El desarrollador del proyecto debe rendir una garantía y nombrar un Regente Ambiental, además de dar una declaración de compromisos ambientales. No es sino hasta que se cumplen todas estas etapas que el proyecto obtiene la declaración de viabilidad ambiental por parte de SETENA, por lo que una vez que se ha llevado a cabo todo el proceso es que puede considerarse satisfecho el requerimiento del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. (sentencia número 2003-04818 de las diez horas con cincuenta y un minutos del treinta de mayo del dos mil tres).-

Así las cosas, en este caso, lleva razón el recurrente al acusar  que no se ha dado la consulta a las comunidades que pudieran resultar afectadas por el otorgamiento de la concesión de explotación cuestionada. Es claro que la audiencia que se echa de menos, debe en todo caso darse de previo a la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de ese Ministerio del Ambiente y Energía.  Para tal efecto la administración debe  informar en forma amplia, completa y veraz a las comunidades que se verán afectadas por la exploración y explotación minera en la zona de su actividad.”

Esta necesidad de brindar debida participación a la población que de alguna manera pueda verse afectada con la realización de este tipo de proyectos, guarda un fundamento especial en materia de utilización del recurso hídrico, en el sentido que partiendo del reconocimiento del derecho al agua como un derecho fundamental, la Sala ha reconocido que debe declararse la inconformidad constitucional de cualquier medida que por intereses patrimoniales o de otra índole, impidan a una comunidad determinada acceder al agua para la satisfacción de sus necesidades –ver sentencia número 2001-5217, de las diez horas trece minutos del quince de junio de dos mil uno- de forma que toda acción o disposición que impida que una comunidad tenga acceso al agua potable cuando se reúnan las condiciones para ello, debe ser declarada violatoria de los derechos constitucionalmente reconocidos.           

            VII.- En definitiva, es claro que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado otorga una protección especial a las aguas subterráneas, las cuales, en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, únicamente pueden ser explotadas cuando exista certeza científica de que su aprovechamiento no implica un riesgo o amenaza al ambiente. Es por esta razón que la administración debe realizar siempre la evaluación ambiental necesaria, la cual debe ser compartida públicamente con la población afectada, para que luego de un análisis riguroso y detallado la administración emita de manera fundamentada la viabilidad ambiental correspondiente. La desatención e inobservancia de estos aspectos definidos normativa y jurisprudencialmente, deviene en la vulneración del referido derecho a un ambiente sano, por lo que las actuaciones administrativas así dispuestas resultan igualmente violatorias de este derecho fundamental.

            VIII.- El caso concreto. La situación fáctica general. En el caso sometido a conocimiento de la jurisdicción constitucional, se constata que desde el año dos mil seis el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –ICAA- pretende la ejecución del denominado “Proyecto de Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal”, motivado por el interés de desarrolladores privados de la zona –especialmente empresarios turísticos y urbanísticos- de obtener acceso al agua para sus emprendimientos y, paralelamente, para la población vegetativa de la zona. Para el logro de este proyecto, el ICAA planteó la posibilidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, con base en estudios técnicos propios que según su criterio permitían su explotación, de forma que el recurso disponible alimentara el referido acueducto, para lo cual sería necesaria una infraestructura de interconexión para trasladar y distribuir el agua. Para ello suscribió desde ese mismo año, una Carta de Entendimiento con una empresa privada –Coco Water Sociedad Anónima-, para que al amparo del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana dicha sociedad aportara el financiamiento y la ejecución de las obras necesarias; en garantía, los desarrolladores privados constituirían un fideicomiso con una entidad bancaria nacional, y al finalizar la construcción, las obras serían cedidas al ICAA para su administración y manejo. Sin embargo, vecinos de la zona donde se ubica el Acuífero Sardinal, manifestaron su oposición al proyecto referido, aduciendo diferentes inconsistencias e incumplimientos de los compromisos ambientales, como la carencia de estudios técnicos que acreditasen la posibilidad de explotación del acuífero, la realización de obras sin viabilidad ambiental y la ausencia de información a la comunidad, violaciones a las que posteriormente –en otros recursos de amparo acumulados al presente- se adicionaron otras inconformidades sobre los compromisos asumidos por el ICAA en la carta de entendimiento y el fideicomiso, y la responsabilidad o no del ICAA de gestionar los diferentes permisos ante la Municipalidad de Carrillo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –SETENA-.

            IX.- Sobre las violaciones aducidas por los recurrentes. La ejecución de obras sin viabilidad ambiental. Señalan los recurrentes que el “Proyecto de Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal” dio inicio sin que se contara con un estudio de impacto ambiental que permitiera su realización. Del estudio de los autos y de los informes rendidos bajo fe de juramento, la Sala tiene por acreditado que el doce de setiembre de dos mil seis, el ICAA presentó el proyecto en cuestión ante la SETENA para lograr la viabilidad ambiental correspondiente, instancia que el veintidós de noviembre del mismo año –resolución 2219-2006-SETENA- le previno al ICAA la presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, por estimar que bastaba con ese tipo de instrumento para tener por acreditada la protección al ambiente, aduciendo para ello en la contestación de este recurso que solamente se estaba pronunciando sobre la construcción del acueducto, no así sobre la situación del agua. Sin embargo, aún con la prevención realizada y sin haber obtenido la viabilidad ambiental, el ICAA solicitó a la Municipalidad de Carrillo el permiso para el rompimiento de la vía, permiso que se concedió. Ante consultas realizadas por la Auditoría Interna del ICAA, el ocho de octubre de dos mil siete, SETENA informa que el proyecto carece de viabilidad ambiental, siendo así que es hasta el veintiuno de enero de dos mil ocho –habiendo incumplido las prevenciones realizadas desde hacía dieciocho meses- el ICAA presenta la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, por lo que al día inmediato siguiente, el veintidós de enero de dos mil ocho, mediante resolución 110-2008-SETENA, se otorga la viabilidad ambiental al proyecto. Sobre el particular, la Sala advierte que en el informe de la Contraloría General de la República, número DFOE-ED-22-2008, de veintiuno de noviembre de dos mil ocho, se hace referencia al informe de la propia Auditoría Interna del ICAA, número AU-2008-255, en el que se detalla la realización de obras entre el once de noviembre de dos mil seis y el dos de febrero de dos mil siete –instalación de más de un kilómetro de tubería-; además el ICAA gestionó y obtuvo tanto de parte de la Municipalidad de Carrillo –oficio MC-IM-531-07- como del Departamento de Previsión Vial de la Dirección de Ingeniería de la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes –permiso DPV-RO-278-07-, del cuatro y veintinueve de octubre de dos mil siete, respectivamente, los permisos para la instalación de tubería y de trabajos en las vías cantonales. Siendo que la viabilidad ambiental la otorgó SETENA recién el veintidós de enero de dos mil ocho, es claro entonces que efectivamente se ejecutaron obras de construcción de previo a obtener tal viabilidad ambiental, con lo cual tanto los permisos otorgados por la Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como la propia ejecución de las obras, atentan contra la protección del ambiente. La Municipalidad y el Ministerio, tomando en consideración el tipo de trabajos a realizar, debieron exigir el previo otorgamiento de la viabilidad ambiental; por su parte, el ICAA debió en todo momento ejercer su deber de coordinación y vigilancia a los desarrolladores privados para evitar que se ejecutaran obras de construcción sin el debido permiso ambiental, especialmente cuando era de su conocimiento que el proyecto aún no había sido validado por SETENA, entidad que, por el contrario, había emitido una prevención sobre la viabilidad respectiva. En este sentido, la Sala constata una primera violación a los principios que rigen la materia, puesto que se ejecutaron obras y se autorizaron permisos sin tener debidamente otorgada la correspondiente viabilidad ambiental, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar en cuanto a este extremo.

            X.- Sobre la procedencia de un Estudio de Impacto Ambiental. Por otra parte, cuestionan los recurrentes que el proyecto bajo estudio careciese de un Estudio de Impacto Ambiental. Según lo aducido por SETENA, se consideró que para dicho proyecto bastaba una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, no así un Estudio de Impacto Ambiental propiamente dicho. De conformidad con lo referido en el V considerando de esta sentencia, la realización de Estudios de Impacto Ambiental se erige en un principio que debe ser debidamente observado y aplicado, al punto que de manera paulatina y progresiva –como corresponde en el ámbito de los derechos humanos- la misma legislación y la propia jurisprudencia de esta Sala, ha perfilado la importancia y necesidad de contar con este tipo de evaluaciones debidamente realizadas de manera previa a la realización de determinado tipo de obras. En el caso bajo estudio, el proyecto presentado por el ICAA al SETENA el doce de setiembre de dos mil seis, implica ciertamente la realización de obras de remozamiento o mejoramiento del acueducto de El Coco y Ocotal, pero incluyendo la perforación de nuevos pozos y trasladando recurso hídrico desde la zona de Sardinal y el río Sardinal, según consta en el anexo 1 del proyecto presentado. Dicha circunstancia de nueva perforación y traslado de agua desde otra zona no explotada masivamente, debió motivar en SETENA la inquietud sobre la protección ambiental que está obligada a prestar, indagando, al menos, si la perforación de nuevos pozos no altera el recurso hídrico de la zona o de otras regiones aledañas, así como el impacto en el ecosistema circundante a las perforaciones. La autoridad recurrida –SETENA- refiere en su informe que no consta en el expediente información alguna para determinar si el agua disponible es suficiente para la atención de la demanda, pero que debe respetar el criterio del ICAA en esta materia, por lo que el instrumento procedente era la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y no un Estudio de Impacto Ambiental. Advierte la Sala que precisamente por ese reconocimiento de SETENA sobre la insuficiencia de la información sobre la disponibilidad de agua, debió ordenar los más rigurosos estudios ambientales para determinar si el proyecto resultaba ambientalmente viable; es cierto que SETENA confió en que el proyecto era presentado por la institución pública directamente especializada en el aprovechamiento del recurso hídrico para la dotación de agua potable, pero no por ello debió pasar por alto sus obligaciones constitucionales y legales, haciendo depender la viabilidad ambiental de un instrumento sensiblemente frágil –la Declaración Jurada- frente a la seriedad y rigurosidad que debe implicar un Estudio de Impacto Ambiental. La propia Contraloría identificó serias limitaciones en el ámbito de la legalidad en el procedimiento de otorgamiento de la viabilidad ambiental, que se citan en el referido informe DFOE-ED-22-2008, al definir que:

“En la citada resolución, simplemente se solicita una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, no obstante que por la magnitud del proyecto descrita en el Anexo No. 1 que se adjuntó al formulario D1, y por así disponerlo el artículo 9º del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, debió exigirse, como mínimo los siguientes documentos:

I.           Los planos catastrados y la certificación de propiedad de los inmuebles donde estarían ubicados los tanques, las estaciones de bombeo y los terrenos donde se perforaron los pozos para la extracción de agua para los fines del proyecto del acueducto. De acuerdo con la normativa se debe aportar la documentación legal que demuestre que las obras se ubicarán en terrenos propiedad del solicitante.

II.        El estudio geotécnico de suelos, el estudio de Ingeniería Básica del Terreno y el Estudio de Geología Básica del Terreno.

Sobre dichos estudios, simplemente el Sub Gerente del AyA presentó como Anexo una hoja donde brinda una breve explicación del porqué no se aportan, no obstante que los artículos 7º y 8° del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, establecen claramente que en caso de que el consultor ambiental responsable no considere necesario la elaboración del Estudio de Ingeniería Básica del Terreno y el Estudio de Geología Básica del Terreno, debe aportar una certificación en forma impresa o digital con los datos generales del proyecto (nombre y ubicación), el nombre completo, calidades, número de colegiado y firma del profesional correspondiente indicando el fundamento y las justificaciones técnicas por las cuáles no se requiere su elaboración.

III.     Como Anexo al D1, se aceptan dos hojas impresas con unos cuadros en los aparece un detalle del costo de las obras por un total de $3.292.448,79, no obstante que de acuerdo con lo establecido en el inciso 5° de artículo 9 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, debió exigirse una certificación emitida por un Contador Público Autorizado (CPA), sobre el monto total de inversión del proyecto, el cual debía incluir el costo de los inmuebles donde se perforaron los pozos y donde se edificarían los tanques de almacenamiento. Dicha normativa establece que “Cuando la actividad, obra o proyecto, involucre obras constructivas, se faculta al desarrollador para presentar en lugar de la certificación del CPA, una que contenga la tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la cual debe estar firmada por el profesional responsable de su diseño.”.

De tal forma, tomando en consideración el tipo de proyecto y la magnitud del mismo, es claro que SETENA debió exigir el cumplimiento de una serie de requisitos que la Contraloría ha debido señalarle. Asimismo, de conformidad con lo señalado en el V considerando de esta sentencia, concluye la Sala que resulta impropio y violatorio del principio constitucional del derecho a un ambiente sano el que SETENA haya tramitado la viabilidad ambiental de este proyecto mediante un instrumento inidóneo, cuando mantiene la obligación constitucional y legal de proteger debidamente el ambiente. Llama la atención de la Sala –y de la Contraloría- la celeridad con que SETENA resolvió la viabilidad ambiental, pues una vez que el ICAA presentó finalmente la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, y a pesar de las debilidades encontradas por el órgano contralor, al día hábil siguiente SETENA otorgó y emitió la certificación de la viabilidad del proyecto. Así, la Sala debe concluir que cuando esté de por medio la realización o ejecución de obras –aún por parte de instituciones públicas especializadas- que puedan comprometer el ambiente en torno a la zona de operación, o representen un riesgo para el ecosistema en sí, como lo son la perforación de nuevos pozos y el traslado del recurso hídrico de una zona a otra, podría otorgarse la viabilidad ambiental, emitida luego de la realización de un serio y contundente Estudio de Impacto Ambiental que informe detalladamente sobre los impactos, medidas de mitigación, previsiones correspondientes sobre obras o proyectos a realizarse. En este sentido, siendo que en el caso bajo estudio SETENA omitió exigir este tipo de evaluación rigurosa, a pesar de la obligación que la magnitud del proyecto le imponía, el recurso debe ser declarado con lugar en cuanto a este extremo, ordenando a SETENA proceder en consecuencia con la Evaluación de Impacto Ambiental que este tipo de proyecto merece, así como observar debidamente el pronunciamiento de la Contraloría aquí referido.

            XI.- Sobre la información a la comunidad. Refieren los recurrentes que las autoridades recurridas iniciaron la ejecución del proyecto sin haberlo socializado y sin que se hubiese brindado oportunidad a la comunidad de manifestar su posición por las vías institucionales correspondientes. Este es un aspecto íntimamente ligado con la obligatoriedad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental, pero al mismo tiempo esta circunstancia de la información pública tiene una entidad propia que permite que su realización u omisión sea apreciada por esta Sala. De conformidad con lo establecido en el VI considerando de esta sentencia, en materia ambiental el Estado se encuentra obligado a informar debida y certeramente a la comunidad de aquellos proyectos que puedan tener un impacto –positivo o negativo- en este ámbito, propiciando, más que la simple información, la realización de un diálogo primario que permita a la comunidad aportar insumos que deben ser conocidos por la administración, teniendo esta la obligación de otorgar este espacio y valorar las posiciones de la comunidad. En el caso bajo estudio, la Sala tiene por acreditado que de previo al inicio de las obras del proyecto de acueducto, las autoridades públicas involucradas no otorgaron esta posibilidad a las comunidades relacionadas –Sardinal, El Coco, Ocotal-. Es cierto que hubo reuniones con la comunidad los días veintitrés de enero, catorce de agosto, tres de octubre y nueve de noviembre, todos del dos mil ocho, todas cuando ya las obras habían iniciado, y todas –excepto la primera- con motivo de la interposición de este recurso de amparo. Es así, que de previo a la definición del proyecto, y del inicio de las obras del mismo, las comunidades relacionadas no fueron consultadas ni informadas por parte del ICAA sobre el proyecto a realizar, de donde resulta que en el proceso de implementación del proyecto, se evidencia otra violación a las obligaciones ambientales que deben cumplir las instituciones públicas. Por otra parte, tomando en consideración lo referido en el anterior considerando, la participación ciudadana resulta particularmente importante en el proceso de otorgamiento de la viabilidad ambiental, por lo que al haberse concedido aquella viabilidad sin la debida participación de la comunidad, la misma deviene igualmente en ineficaz. Del mismo modo, siendo que la Contraloría ha indicado los estudios que deben realizarse, y que igualmente esta Sala resuelve en este caso la imperiosidad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, deberá tomar nota el ICAA y la SETENA de la obligación de cumplir con la audiencia pública correspondiente, si pretenden continuar con el proyecto en cuestión y otorgar en su momento la respectiva viabilidad ambiental. En otras palabras, de previo a la continuación del proyecto de acueducto, deberá gestionarse la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, y en el proceso de elaboración de la misma, brindar el espacio adecuado para la información veraz a las comunidades relacionadas, propiciando así la debida participación ciudadana en los términos aquí reconocidos.

            XII.- Sobre la figura del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana. Aducen los recurrentes la incerteza sobre si el recurso hídrico del acuífero Sardinal será destinado particularmente para la atención de las necesidades de los desarrolladores privados en demérito de las necesidades comunales. Esta duda de los recurrentes surge de la figura utilizada por el ICAA para la promoción y realización del proyecto de mejoramiento del acueducto, pues se utiliza una previsión normativa que permite que desarrolladores particulares ejecuten obras que luego serán trasladadas o entregadas a la institución pública. En efecto, el artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana dispone, en lo conducente, que:

“Los proyectos de urbanización ubicados dentro o fuera del área zonificada que tengan los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario y electricidad alejados de sus linderos, deben ser aceptados para su análisis por la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo, si el urbanizador se compromete a costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer todos los servicios necesarios.

En este caso, todos los proyectos futuros de urbanización que intenten usar los servicios citados en el párrafo anterior en el período de cinco años, contado desde la terminación de esas construcciones, abonarían al urbanizador una cantidad por cada unidad de vivienda que contenga el nuevo proyecto. La cantidad a abonar será determinada por la institución que tenga a su cargo el servicio correspondiente y se cubrirá al hacerse la conexión física de cada unidad de vivienda.”

De tal forma, esta disposición permite que si un emprendimiento privado desea hacer uso de un servicio público, pero el inmueble se encuentra situado fuera del área de cobertura de ese servicio, el desarrollador puede bajo su propio peculio disponer las obras adecuadas para que el servicio llegue hasta él, pero sin que pueda reconocérsele exclusividad o preferencia en la prestación del servicio. Así, en el caso bajo estudio, los desarrolladores privados de la zona de El Coco y Ocotal, acordaron financiar el mejoramiento del acueducto con tal de disponer del recurso hídrico necesario para la operación de sus emprendimientos, beneficiando consecuentemente al resto de la población. Siendo que esta es una posibilidad legalmente establecida, la situación planteada en torno a la viabilidad de la utilización de esta figura en el caso concreto, resulta ser un asunto de legalidad ordinaria que debe ser conocido por las instancias administrativas o judiciales correspondientes. Sin embargo, la Sala aprecia que esta situación ya fue objeto de consideración de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría General de la República, cuyos dictámenes resulta importante referir en esta sede en lo que atañe a la protección ambiental que se analiza. En efecto, mediante el dictamen C-218-2008, de veinticinco de junio de dos mil ocho, señaló la Procuraduría que la norma de cita faculta al ICAA para «autorizar obras de cualquier naturaleza relativas a la creación, ampliación o modificación de infraestructura relacionada con alcantarillado y acueductos, incluso cuando dichas obras sean realizadas por particulares», pero precisando que sólo puede realizar una inversión conjunta cuando el interés público lo justifique, pues no puede invertir recursos públicos donde únicamente exista un interés particular, debiendo, en todo caso, contar con estudios técnicos que respalden la viabilidad y necesidad de la construcción. Así, manifestó la Procuraduría que:

“De lo indicado deriva la importancia de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como ente público, esté en capacidad de prever, programar y planificar, todo lo relativo al servicio que presta, y en consecuencia, únicamente autorice la creación, modificación o extensión de infraestructura nueva por parte de terceros cuando existan estudios técnicos que demuestren la viabilidad del proyecto y no se está comprometiendo en forma alguna los derechos de la colectividad actual o de los habitantes de los eventuales nuevos desarrollos.”

Estos estudios técnicos evidentemente son los necesarios para tener la certeza de que no se causará daño ambiental alguno, además de los otros estudios necesarios que aseguren la existencia, disponibilidad y posibilidad de explotación del recurso hídrico que alimente el acueducto en cuestión, lo que determina que esta figura legal no puede ser utilizada si tales estudios no existen o sus conclusiones no son favorables al ambiente. Por su parte, la Contraloría es clara en definir que tales obras ejecutadas por desarrolladores privados, son ciertamente obras de carácter privado y no público, pues serán públicas recién sean debidamente recibidas por la administración correspondiente. En efecto, en el ya citado informe DFOE-ED-22-2008, concluye el órgano contralor que:

“De acuerdo con las características antes descritas, en apego a nuestro ordenamiento jurídico, y lo establecido por la doctrina en materia de obra pública y la citada opinión de la Dirección Jurídica del AyA, el criterio de este órgano contralor es que el proyecto de acueducto El Coco–Ocotal es una obra privada que adquirirá el carácter de pública una vez que haya sido recibida por la Administración a entera satisfacción.”

En este sentido, debe tomarse nota que la figura establecida en el artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana es válida en cuanto a que particulares puedan desarrollar proyectos de infraestructura de servicios públicos –especialmente acueductos, alcantarillado y electricidad-, siempre que con ello se satisfaga un interés público y no sólo un interés particular, se hayan efectuado los estudios técnicos consecuentes, y teniendo conciencia de que estas obras son de carácter privado hasta que sean debidamente recibidas por la administración correspondiente. Fuera de estos parámetros, la utilización de esta figura no está autorizada por los órganos de legalidad correspondientes. De igual manera, al hacer uso de esta figura, debe atenerse la administración a la ya explicada inconformidad constitucional que acontece cuando se dispongan medidas que impidan a la comunidad acceder al agua para la satisfacción de sus necesidades –ver la referida sentencia 2001-5217-, por lo que si en el caso bajo estudio la utilización del recurso hídrico del Acuífero Sardinal puede poner en riesgo el acceso al agua por parte de la propia comunidad de Sardinal y las poblaciones vecinas –El Coco y Ocotal-, la administración deberá abstenerse de negociar o autorizar la realización de obras que impliquen tal riesgo. De igual manera, esta circunstancia impone el deber de la administración de velar primordialmente porque las necesidades de las comunidades sean satisfechas con prioridad a las necesidades o intereses comerciales, turísticos o de otra índole, de donde resulta que debe garantizarse que el recurso hídrico sea inicialmente utilizado por las comunidades para la satisfacción de sus necesidades esenciales, y luego, autorizar la utilización del recurso para otro tipo de intereses como lo pueden ser los comerciales o turísticos.

            XIII.- Sobre los instrumentos utilizados para la implementación del proyecto de acueducto. La Carta de Entendimiento y el Fideicomiso. Para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Acueducto de El Coco-Ocotal, el dieciséis de marzo de dos mil seis, el ICAA suscribió con la empresa privada Coco Water Sociedad Anónima, una Carta de Entendimiento, especificando que el costo de las obras a ejecutar será asumido por la empresa; que las obras se construirán de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas y aprobadas por el ICAA; que se garantizará a la empresa el otorgamiento de cinco mil servicios siempre que exista disponibilidad; que los costos de conexión y tarifas serán las aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; que los proyectos de urbanización futuros deberán abonar a la empresa una cantidad proporcional por cada vivienda del nuevo proyecto, disposición que se aplica a viviendas unifamiliares, a las que se les otorgará disponibilidad sin abonar costo alguno; que las obras serán entregadas para la administración y operación del ICAA; que la inspección del proyecto estará a cargo de dicha institución; y que la firma de este documento no implica el otorgamiento de la carta de disponibilidad de agua ni autorización para el inicio de las obras.

            XIV.- Por otra parte, con la finalidad de otorgar una garantía al ICAA sobre la ejecución de las obras del proyecto, el veintitrés de mayo de dos mil siete, veintidós empresas privadas, denominadas Fideicomitentes Fundadores o Fideicomisarios Fundadores; la empresa Coco Water S.A. como Fideicomitente no participativo; y el Banco de Costa Rica como Fiduciario; suscribieron el Fideicomiso Acueducto Playas del Coco, operación financiera que tiene el objetivo de financiar la ampliación del acueducto de conformidad con la referida Carta de Entendimiento. La Sala advierte que la naturaleza y contenido de ambos instrumentos aquí citados –Carta de Entendimiento y Fideicomiso-, representan asuntos de legalidad ordinaria cuyo impacto y consecuencias legales en el proyecto bajo estudio es competencia propia de los órganos de legalidad correspondientes, al punto que, en efecto, ambos instrumentos fueron debidamente analizados tanto por la Procuraduría General de la República –informe C-218-2008- como por la Contraloría General de la República –informe DFOE-ED-22-2008-, los cuales concluyen y ordenan acciones concretas que deben adoptar las entidades públicas citadas para la suscripción de instrumentos como los aquí descritos. Así, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá estarse a lo ya resuelto por la Procuraduría y la Contraloría en cuanto a la Carta de Entendimiento y el Fideicomiso.

            XV.- Sobre el cumplimiento de requisitos municipales y la gestión de permisos. Señalan los recurrentes que la Municipalidad de Carrillo otorgó el permiso para el rompimiento de vías sin exigir al ICAA el debido cumplimiento de los requisitos establecidos para dichas obras, como obtener la licencia municipal correspondiente y cancelar el tributo municipal. Sobre el particular, la Sala advierte que estas pretensiones tienen una alta dosis de legalidad más que de constitucionalidad, por lo que inicialmente deberían ser analizadas por los órganos administrativos y judiciales correspondientes. En efecto, esta situación fue objeto de análisis por parte de la Procuraduría y la Contraloría. Recuérdese que el criterio del ente contralor es que las obras ejecutadas al amparo del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana son obras de carácter privado, y no ostentan el carácter de públicas sino una vez que han sido debidamente recibidas por la institución que prestará el servicio público. En este sentido, el dictamen C-218-2008 de la Procuraduría General concluye que:

“El urbanizador particular que realiza las obras de infraestructura de acueductos y alcantarillado, no está excluido de solicitar el respectivo permiso constructivo ni habilitado legalmente para la exoneración a su favor del pago de los impuestos respectivos, pues dicha posibilidad aplica únicamente para las dependencias del gobierno y las instituciones públicas, en virtud de lo establecido en los numerales 74, 75 y 80 de la Ley de Construcciones, 70 de la Ley de Planificación Urbana, y 2 de la Ley N° 7293 del 31 de marzo de 1992, Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones.”.

Mientras que en el reiterado informe DFOE-ED-22-2008, la Contraloría precisó que:

“De lo comentado se resume que a pesar de que estaba contemplado en la carta de entendimiento la obligación de la empresa Coco Water S.A., de cumplir con todos los trámites de aprobación ante las entidades competentes de los planos de todas las obras del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, y de obtener la licencia municipal y por ende pagar el 1% del impuesto de construcción, se terminaron obras tales como la instalación de 1.115 metros lineales de tubería en calle Las Chorreas y 1.500 metros de tubería en el tramo correspondiente a la línea de impulsión del sitio donde se localiza el pozo conocido como “del Itabo (Boulevard) y se tienen otras en proceso como los tanques de captación de 2.500 m3 y 1.000 m3, así como las casetas para equipos de control y de cloración, sin cumplir con los trámites y requisitos legales. En relación con dichas obras, el AyA fue quien gestionó ante la Municipalidad de Carrillo los permisos para algunas de éstas, con lo cual el ente municipal no percibió los impuestos de ley.

En vista de lo anterior, es criterio de este órgano contralor, que los desarrolladores del proyecto del acueducto El Coco-Ocotal, para poder continuar con dicho proyecto, deben ponerse a derecho con la licencia municipal y el pago del 1% del impuesto de construcciones y la multa respectiva que establecen los artículos 74 y 79 de la Ley de Construcciones, sobre todas las obras del citado proyecto, de lo cual el AyA deberá velar para que se cumpla.”

En este sentido, las instancias de legalidad correspondientes ya se han pronunciado sobre esta situación, concluyendo que en el caso bajo estudio se produjo un actuar inadecuado por parte del ICAA, toda vez que si las obras a desarrollarse son de carácter privado, es a los desarrolladores a quienes les corresponde la gestión de los permisos correspondientes, no a la institución pública relacionada. Esta situación tiene el mismo impacto negativo en materia ambiental que ha sido referido hasta ahora, pues careciendo de los criterios técnicos precisos y concluyentes sobre el recurso hídrico, el ICAA actúa en primera persona para que sujetos de derecho privado obtengan un beneficio para sí, cual es la exoneración de trámites y requisitos administrativos, situación que es confirmada por la Procuraduría y la Contraloría. Por otra parte, aducen los recurrentes la inadecuada fijación de la garantía ambiental, tema eminentemente de legalidad ordinaria que deberá plantearse ante la propia SETENA.

            XVI.- Sobre la certeza científica en cuanto a la existencia del recurso hídrico y la explotación del Acuífero Sardinal. Punto medular en las violaciones aducidas por los recurrentes, es la carencia de estudios hidrogeológicos contundentes que aseguren la existencia del recurso hídrico suficiente en el Acuífero Sardinal, para que el mismo sea explotado en los términos previstos y queridos por el ICAA. Sobre el particular, la Sala reitera la obligación de las instituciones públicas de respetar y aplicar de manera sólida el principio precautorio en materia ambiental, de donde surge la obligación de impedir la realización de obras que carezcan de la certeza técnica necesaria para concluir que su ejecución resulta inocua para el ambiente, y, en el caso concreto, para el acuífero en cuestión. De conformidad con lo dicho, el estudio de los autos informa que desde el dieciséis de marzo de dos mil seis, el ICAA suscribió la referida Carta de Entendimiento, pero no es sino hasta el doce de setiembre de ese mismo año, que sometió al proyecto a consideración de SETENA. Sin embargo, más allá de esta situación ya analizada, en octubre de dos mil seis, la Dirección de Estudios y Proyectos del ICAA emite el Informe Proyecto Final Playa de El Coco-Ocotal, en el cual recomienda realizar más y mejores pruebas de capacidad en los pozos utilizados en el proyecto, con el fin de establecer la capacidad máxima real de producción de la zona. Es decir, desde octubre de dos mil seis, las propias instancias internas del ICAA encienden la luz de alerta y recomiendan realizar mayor estudios, pero ya para entonces estaba suscrita la Carta de Entendimiento. Posteriormente, el veintisiete de febrero de dos mil siete, la Junta Directiva del ICAA solicita a la Auditoría Interna de la institución que realice una evaluación integral de las gestiones, procedimientos, convenios, aspectos administrativos y laborales, y lo relacionado con la contratación administrativa en la Región Chorotega. Producto de este mandato, el veinte de diciembre de dos mil siete, mediante memorando número AU-2007-665, la Auditoría informa a la Junta Directiva que con respecto al proyecto Mejoras al acueducto El Coco-Ocotal Guanacaste, se están realizando labores de construcción al margen de lo que dispone la normativa vigente, por cuanto las obras muestran cambios significativos con respecto a los diseños originales, no se cuenta con la viabilidad ambiental, no se cuenta con la bitácora oficial debidamente acreditada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que el Banco de Costa Rica mediante el fideicomiso asume competencias exclusivas del ICAA al certificar el otorgamiento de pajas de agua, por lo que requiere se revisen las actuaciones de la administración activa y se giren las instrucciones para suspender la continuación de la construcción del proyecto. Es decir, una segunda llamada de atención sobre un actuar inapropiado de la administración. No obstante, el ICAA omite adoptar alguna decisión que permita suspender las obras y realizar nuevos y mejores estudios; por el contrario, el veintiuno de enero de dos mil ocho presenta la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, por lo que el veintidós de enero se emite la viabilidad ambiental. Por su parte, el diecisiete de febrero de dos mil ocho, el Departamento de Estudios Básicos de la Dirección de Gestión Ambiental del ICAA, entrega al Presidente Ejecutivo de la institución el Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal, informe que concluye que la recarga del Acuífero es de 2134 l/s, mientras la descarga es de 778 l/s, dejando un caudal restante de 1356 l/s. Llegados a este punto surge un cuestionamiento en cuanto a la certeza de los estudios previos que el ICAA adujo tener, pues es en febrero de dos mil ocho que ya se refieren datos concretos. No obstante, en el memorando AU-2008-110, de veintiocho de marzo de dos mil ocho, la Auditoría Interna de la institución presenta el doceavo estudio integral Chorotega, en el que concluye que desde el año dos mil cinco las comunidades de Papagayo, Playa Hermosa, El Coco, Ocotal y Sardinal  mostraban un déficit de producción de agua potable para atender la demanda creciente proyectada en la zona; que las conclusiones del estudio hidrogeológico de Gómez Tristán no fueron atendidas por la administración superior y algunos responsables del diseño del anteproyecto de construcción de las mejoras al Acueducto El Coco y Ocotal; que se avaló la construcción de proyectos sin mediar los estudios particulares; que se inobservó la recomendación en relación con el potencial riesgo de contaminación del acuífero del Coco; y recomendando que se realicen los estudios, diseños y se presupuesten los recursos requeridos para la construcción del alcantarillado sanitario para las localidades de El Coco y Ocotal. Es decir, una tercera llamada de atención por parte de las mismas instancias internas de la institución, sin que el proyecto fuera al menos suspendido por indicación expresa del ICAA mientras se allegan datos certeros sobre el Acuífero. En este sentido, la Sala aprecia que contrario a lo dicho por el ICAA en sus diferentes informes, los propios estudios de la institución distan de ser concluyentes y contundentes en cuanto a la existencia y disponibilidad del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, al punto que en tres oportunidades diferentes entre los años dos mil seis y dos mil ocho, se señaló la importancia y necesidad de realizar mayores estudios sobre el particular. Resulta importante apreciar que en esta relación de hechos es nula la mención o referencia al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA-, pues a pesar que desde marzo de dos mil seis el ICAA venía elaborando la idea del proyecto, y al ser el SENARA una entidad vital en cuanto a la utilización del recurso hídrico subterráneo –como lo es el Acuífero Sardinal- no fue sino con la interposición del recurso de amparo que esta entidad inició a evaluar las actuaciones del ICAA en el ámbito de sus competencias.

            XVII.- Sobre el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Según se ha explicado en el III considerando de esta sentencia, las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Asimismo, el artículo tres de la Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, dispone, en lo conducente que:

“ARTÍCULO 3º.- Son funciones del SENARA: (…)

ch) Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. (…)

h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por ese motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos, y a la explotación, mantenimiento y protección de las aguas -que realicen las instituciones públicas y los particulares- serán definitivas y de acatamiento obligatorio. No obstante, tales decisiones podrán apelarse dentro del décimo día por razones de ilegalidad, para ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo no mayor de noventa días.” (énfasis añadido)

Es evidente que por disposición expresa de su ley de creación, el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Por su parte, el artículo ciento cincuenta y siete de la Ley de Aguas, aún vigente, señala que:

“Artículo 157.- Es deber de las Municipalidades consultar al Departamento de Agricultura, y obtener de él el correspondiente permiso, antes de enajenar, hipotecar, dar en arriendo o a esquilmo o explotar por su cuenta, cualquier terreno que posean o adquieran cuando en dichos terrenos existan aguas de dominio público utilizables. El Departamento de Agricultura decidirá si tales terrenos están comprendidos entre los mencionados y si el destino que se deseare darles pudiera afectar la conservación de las aguas que utilizan las poblaciones. Igual obligación tendrán las Juntas de Educación, Juntas de Protección Social y, en general, todo organismo de carácter público.” (el destacado no es del original)

Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia- norma que claramente establece que:

“ARTÍCULO 21.- En materia de aguas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá coordinar, con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y cualquier otra institución competente, la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas, según las competencias del Servicio mencionado…”

De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras-. En este sentido, pretender ejecutar proyectos de extracción y explotación del recurso hídrico sin la debida autorización y vinculación del SENARA, resulta ser violatorio de las previsiones normativas de protección al ambiente, pues se carecería de los insumos técnicos necesarios que dictaminen la disponibilidad y posibilidad de aprovechamiento de las aguas de dominio público.

            XVIII.- Sobre la participación del SENARA en el caso concreto. De conformidad con la relación fáctica acontecida en el caso bajo estudio, es evidente que la participación del SENARA se produce con motivo de la interposición del amparo. Ciertamente, el siete de mayo de dos mil ocho, el SENARA acredita no haber recibido de parte del ICAA el estudio hidrogeológico que según dicha institución sustenta el proyecto de mejoramiento del acueducto de El Coco-Ocotal, definiendo en esa ocasión –oficio ASUB-196-08- que solamente el SENARA posee el marco legal para llevar a cabo a nivel nacional la investigación y protección de los recursos hídricos subterráneos, aclarando que sus pronunciamientos son vinculantes –tal como ha sido definido en el considerando precedente-. Es el veintinueve de mayo de dos mil ocho –oficio ASUB-230-08-, que el Área de Aguas Subterráneas del SENARA presenta al Gerente General de dicha entidad el análisis técnico de los estudios suministrados por el ICAA sobre el Acuífero Sardinal y el proyecto final de El Coco-Ocotal, concluyendo que los estudios presentados no cuentan con la información suficiente para valorar el efecto de la explotación de los campos de pozos de Sardinal y El Coco; que no se evaluó el impacto sobre los acuíferos de Ocotal y El Coco; que la evaluación del impacto en las aguas subterráneas debe realizarse en función de los acuíferos que están dentro del área de influencia del proyecto Acuífero Sardinal, El Coco y Ocotal; y refiere los estudios técnicos que deben realizarse para que SENARA valore y emita un pronunciamiento sobre el referido proyecto. Es decir, que la información con que contaba hasta entonces el ICAA resultaba abiertamente insuficiente para definir la disponibilidad del recurso hídrico y su posibilidad de explotación, lo que conduce a que lo actuado por el ICAA desde el año dos mil seis, carecía de pleno sustento técnico que arrojara certeza científica sobre dicha posibilidad, situación que torna aún más gravosa la seria de incumplimientos ambientales que han sido referidos en esta sentencia.

            XIX.- Ante la disyuntiva generada por la interposición de los recursos de amparo y la movilización social públicamente conocida en la zona de Sardinal, el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones -institución que igualmente forma parte del sector hídrico- decide conformar una Comisión Interinstitucional integrada por él mismo, el Presidente Ejecutivo del ICAA y el Gerente General del SENARA, la cual validará el resultado o el informe que al respecto emitirá una Comisión Técnica de la que forma parte personal especializado de dichas dependencias, quienes evaluarán la información técnica disponible y formularán las recomendaciones que deberán seguirse para la gestión sostenible del Acuífero Sardinal. La conformación de estas comisiones y la participación del ICAA en las mismas, son circunstancias que brindan a la Sala la certeza de la inidoneidad de los estudios previos con que contaba el ICAA para el planteamiento y desarrollo del proyecto en cuestión, y demuestran la carencia de elementos científicos concluyentes que posibilitasen la segura utilización del recurso hídrico del Acuífero Sardinal. Así, en octubre de dos mil ocho se publican dos informes sobre la situación del Acuífero y el proyecto de acueducto: el «Estudio Hidrogeológico Detallado de la parte alta de la cuenca del Río Sardinal», elaborado por el Grupo Técnico del Área de Aguas Subterráneas del SENARA; y el «Informe Técnico (Preliminar) para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal», emanado de la mencionada Comisión Técnica. El primero de ellos concluye que: a) el acuífero de la cuenta alta del río Sardinal no se encuentra en sobreexplotación; b) que el rendimiento seguro mínimo recomendado es de un veinticinco por ciento del agua rechazada naturalmente, y el agua disponible máximo responde al setenta y cinco por ciento de la recarga rechazada naturalmente; c) que no se debe dar ningún permiso de perforación ni concesión de agua adicional en la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal; d) que debe implementarse medidores de caudal para el control de la extracción y realizarse un análisis detallado de campo de la extracción mensual y el balance de aguas subterráneas; e) que se considera factible la explotación de setenta litros por segundo de los pozos del Acueducto de Sardinal, condicionado al monitoreo del comportamiento del acuífero contra su explotación durante un período no menor de dos años; f) que debe evaluarse el efecto de la extracción de los pozos del ICAA en el río Sardinal por medio de la implementación de dos estaciones de aforo ubicadas aguas arriba y abajo del campo de pozos; g) que la explotación futura del acuífero estará condicionada a los resultados del “Plan de monitoreo de explotación, comportamiento de acuífero y extracción controlada”; h) que dicho plan debe ser analizado por las instituciones involucradas al cabo de dos años de ejecución del mismo; i) que el agua disponible en el acuífero para su explotación, será determinado una vez se concluya el proceso de monitoreo y control de dos años; j) que se debe evitar el vertido de sustancias contaminantes en el río; k) se debe efectuar un inventario exhaustivo de los pozos legales e ilegales para cuantificar la extracción mensual real; l) se debe instalar dos limnígrafos para la medición del flujo base durante todo el año, así como una estación climática en la zona de Sardinal; ll) y debe realizarse un malla de vulnerabilidad hidrogeológica, amenazas a la contaminación y un mapa de riesgo de contaminación. Es decir, aunque este estudio sí concluye que la explotación del Acuífero Sardinal es posible a razón de setenta litros por segundo –cantidad evidentemente menor a la planteada inicialmente por el ICAA-, lo cierto es que dicha explotación resulta condicionada al cumplimiento de una serie de factores que involucra desde valorar el efecto de la explotación en los pozos, hasta la instalación de medidores de flujo, concluyendo de manera contundente que la explotación futura del Acuífero dependerá de los resultados del plan de monitoreo. En otras palabras, la conclusión del equipo técnico del SENARA es que la explotación es posible, pero se trata de una explotación altamente controlada y plenamente condicionada, al punto que sin el cumplimiento de tales condiciones, existirá incertidumbre absoluta sobre el futuro del Acuífero Sardinal.

            XX.- Por su parte, el segundo estudio, el emanado de la Comisión Técnica, indica que: a) el informe del experto independiente Gunther Schosinsky Neverman refiere que el caudal total que extraerá el ICAA representa un quince por ciento de la recarga de agua del Acuífero; b) que la explotación ha de realizarse por etapas conforme al incremento real de la demanda; c) que la explotación se podrá aplicar conforme lo defina el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; d) que se establecerá en dos años una línea base del comportamiento del acuífero con el fin de definir su explotación futura, plazo durante el cual no se otorgarán nuevos permisos de perforación en la cuenca alta del río Sardinal; e) que la Dirección de Aguas Subterráneas del SENARA desarrollará un modelo hidrogeológico conceptual del acuífero, entendido como el que describe el tipo de acuífero, sus propiedades hidráulicas, unidades hidrogeológicas y dirección de flujo, para establecer de forma conjunta con el MINAET una explotación sostenible. De tal forma, a pesar de estar conformado por técnicos en materia de utilización y aprovechamiento del recurso hídrico, el informe de la Comisión se centra en los resultados del estudio de un experto independiente contratado para la ocasión, cuyas conclusiones difieren en buena medida de las conclusiones del SENARA. Si bien ambos informes refieren la importancia de la realización de estudios posteriores, el estudio del grupo técnico del SENARA es concluyente en cuanto al condicionamiento de la explotación y la necesidad de un monitoreo constante para permitir una explotación limitada de 70 l/s. En todo caso, para la Sala adquiere particular relevancia la conclusión del experto independiente de que debe desarrollarse un modelo hidrogeológico conceptual del Acuífero que, en criterio de la Sala, defina aspectos básicos que resultan esenciales para el conocimiento del mismo. Esta particularidad informa que aún con los estudios realizados, se carece de información primordial que permita establecer con certeza científica las condiciones actuales del Acuífero Sardinal, la exacta disponibilidad de agua, y las reales posibilidades de explotación, razones todas por las que debe desaconsejarse su libre explotación, en aplicación del principio precautorio en materia ambiental.

XXI.- Por otra parte, si bien el Gerente General del SENARA manifestó el ocho de octubre de dos mil ocho su conformidad con el Informe Técnico, también cierto es que el seis de noviembre, la propia Comisión Técnica expresa que para la elaboración del informe conocido por la Comisión Interinstitucional, tomó en consideración el estudio del experto independiente sin haber analizado a fondo las conclusiones del grupo técnico del SENARA –ver hecho probado número 36-, reconocimiento que resulta particularmente grave por cuanto según lo establecido, es el SENARA quien tiene la competencia técnica apropiada para este tipo de estudios. Así, efectuada la presentación pública del Informe Técnico, los funcionarios del Área de Aguas Subterráneas del SENARA clarificaron ante los miembros de la Comisión Interinstitucional su posición y los resultados de su estudio, informándoles que consideraban que se estaba haciendo una presentación sesgada de las conclusiones, revelando incluso que en el seno de la Comisión Técnica ellos no conocieron el informe que se elevaría a la Comisión de Alto Nivel, que no se valoraron las conclusiones del grupo técnico del SENARA, y que el único dato que el SENARA acepta de las conclusiones del experto independiente, es el valor de la recarga potencial. Estas aseveraciones de los miembros del grupo técnico del órgano legalmente competente en esta materia, no hacen más que evidenciar la carencia de estudios técnicos o científicos concluyentes sobre la capacidad hídrica del Acuífero Sardinal, razón por la cual es igualmente evidente el riesgo ambiental que se presenta si se autoriza su explotación a efectos de otorgar agua potable en los términos previstos en el proyecto, y en cantidades como las establecidas en la referida Carta de Entendimiento.

XXII.- En el mismo orden de ideas, a petición de la Defensoría de los Habitantes, entidad que figura como coadyuvante activa en este recurso, la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica presentó el veintiuno de noviembre de dos mil ocho el estudio denominado “Análisis del Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero de Sardinal”, en el que partiendo de la ponderación de los dos informes técnicos de reciente comentario y los recálculos efectuados sobre la recarga rechazada del Acuífero, concluye que:

“Desde el punto de vista técnico hidrogeológico, se cuestiona el hecho de que se realice el balance hídrico del suelo, sin considerar un buen modelo conceptual. 

El modelo presentado por Schosinsky es muy diferente al modelo establecido por el SENARA.  En el primero, se considera un acuífero homogéneo, en capas horizontales y de características libre.  Por su parte; en el modelo del SENARA, se concluye que el “acuífero aluvial en el sector de Sardinal se clasifica como de tipo semiconfinado en la margen izquierda del río Sardinal, y de tipo libre cubierto el acuífero en la margen derecha del río Sardinal” (pág.8). Esto sin lugar a dudas, pone en tela de duda los resultados presentados en el estudio del balance hídrico del suelo.

Del análisis de datos, se concluye que la recarga rechazada, es decir cantidad de agua que puede ser utilizada, debería ser establecida en tan solo 85 l/s.  Si se pretende dar un rendimiento seguro del acuífero de Sardinal, el caudal máximo a extraer sería de 63,75 l/s. Por lo anterior, no es viable la asignación de los 70 l/s al AyA, ni siquiera para el plazo inicial de dos años y mucho menos para satisfacer la demanda de 175 l/s de este acueducto.

En el supuesto, que se considere que el caudal profundo (equivalente a 431 l/s) sea aprovechable, no se estaría gestionando el acuífero desde una perspectiva de rendimiento seguro (según el modelo planteado por el SENARA), con las implicaciones que ello tiene.”.

Se demuestra entonces, que aún con la elaboración de los informes por parte de la Comisión Técnica y del grupo técnico del Área de Aguas Subterráneas del SENARA, persiste la incerteza sobre la capacidad hídrica y las posibilidades de aprovechamiento del acuífero, al punto que se concluye en este nuevo informe que la explotación segura del Acuífero Sardinal debe ceñirse a los 63.75 litros por segundo y no a los 70 litros por segundo mencionados en los estudios precedentes. En este sentido, de conformidad con el principio precautorio que debe regir en materia ambiental, debe ordenarse a las instituciones involucradas, el deber de ajustarse en este momento y de manera temporal a la explotación máxima señalada por la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, hasta tanto sea emitido el informe correspondiente por parte de SENARA; una vez aprobado el informe de SENARA, la explotación deberá ajustarse a lo que allí se indique. Esta definición implica sujetar las actuales disponibilidades de agua otorgadas a esta posibilidad de explotación temporal, de donde resulta que si el caso lo amerita, deba anularse aquellas disponibilidades que no puedan ser cubiertas con este máximo de aprovechamiento; del mismo modo, al ajustarse a esta capacidad máxima, y de conformidad con lo establecido en los considerandos anteriores, deberán las instituciones, particularmente el ICAA, considerar la primaria satisfacción de las necesidades comunales de previo a la utilización del recurso para otro tipo de intereses de índole comercial o turística.

            XXIII.- De tal forma y de conformidad con lo dicho, desde el año dos mil seis el ICAA ha recibido información de sus propias instancias internas sobre la necesidad de elaborar mayores estudios técnicos para la ejecución del proyecto de acueducto El Coco-Ocotal utilizando el recurso hídrico del Acuífero Sardinal, por lo que desde entonces debía tener noción de la situación de riesgo que se maneja en torno a la explotación de dicho acuífero, sin que en momento alguno diera participación o información al SENARA. No obstante, prosiguió con la ejecución del proyecto, solicitando la viabilidad ambiental y los demás permisos relacionados ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y la Municipalidad de Carrillo. Es con ocasión de la interposición de los recursos de amparo que el SENARA emite sus criterios sobre el proyecto en cuestión, determinando inicialmente que los estudios aportados por el ICAA carecen de la información suficiente para arribar a conclusiones certeras, y luego definiendo de manera expresa la posibilidad de una explotación condicionada del acuífero, en clara contraposición a otro informe de un experto independiente utilizado como referencia por la Comisión Técnica y la Comisión Interinstitucional. Asimismo, se demuestra que aún con el pronunciamiento de la Comisión Técnica y las previsiones del grupo técnico del SENARA, la explotación segura del Acuífero Sardinal es un aspecto que todavía debe ser acotado y definido. Es por ello que la Sala concluye que se mantiene la incertidumbre científica sobre la realidad del recurso hídrico disponible y sus posibilidades de explotación, por lo que en atención al principio precautorio y según lo establecido en el considerando anterior, deberán las autoridades relacionadas, especialmente el ICAA, ajustarse por el momento a los parámetros de explotación identificados por la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, para que una vez elaborado el informe requerido al SENARA, y en pleno reconocimiento de sus competencias particulares según aquí han sido expuestas, las autoridades recurridas ajusten la explotación a lo establecido por el Área de Aguas Subterráneas del SENARA.

XXIV.- A modo de conclusión. En el caso bajo estudio la Sala tiene por acreditado que se ha violentado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por violación al principio precautorio en materia ambiental, siendo así que el ICAA planteó el desarrollo de un proyecto de infraestructura y explotación de recursos hídricos careciendo de certeza sobre la disponibilidad de agua y la posibilidad de explotación del Acuífero Sardinal, por lo que toda autorización de aprovechamiento sin tal certidumbre sitúa al acuífero en una posición de vulnerabilidad, ocasionando con ello un innecesario riesgo ambiental. En este sentido, el ICAA deberá disponer de inmediato las actuaciones que se encuentren dentro de su ámbito de competencias para que una vez que exista certeza sobre el recurso hídrico disponible, su posibilidad de explotación, y la viabilidad ambiental correspondiente, elaborar un nuevo documento acorde con las competencias que tiene el ICAA en materia de otorgamiento de servicios de agua potable. De igual forma, deberá suspender el otorgamiento de nuevas cartas de disponibilidad, así como sujetar momentáneamente las disponibilidades ya concedidas a lo señalado en el informe emitido por la Escuela Centroamericana de Geología en noviembre de dos mil ocho, en el sentido que el caudal máximo a extraer es de 63,75 litros por segundo, y, en caso de no poder ajustarse a este caudal máximo, deberá reajustar o anular las disponibilidades existentes que sean necesarias; esto hasta tanto y con la salvedad que los estudios técnicos que el SENARA deberá elaborar -de conformidad con esta sentencia- informen la certeza técnica de una explotación distinta. Debe tomar en consideración el ICAA que del caudal máximo disponible que se puede extraer ahora y en el futuro, debe darse prioridad a la comunidad sobre cualquier proyecto turístico o comercial. En consecuencia, deberá igualmente establecer los canales de participación e información con las comunidades de Sardinal, El Coco y Ocotal sobre todos los extremos de  la ampliación del acueducto.

XXV.- Del mismo modo, se acredita que las obras del proyecto de acueducto dieron inicio careciendo de la viabilidad ambiental correspondiente, viabilidad ambiental que debió acordar SETENA con base en una Evaluación de Impacto Ambiental y no con base en una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. De tal forma, debe anularse la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de acueducto, ordenando tramitar los estudios técnicos ambientales correspondientes que acrediten de manera fehaciente la viabilidad ambiental del proyecto de acueducto. Asimismo, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán realizar un mapa de vulnerabilidad hidrogeológica de amenazas de la contaminación y de riesgos del Acuífero Sardinal, así como instalar los mecanismos que permitan la medición o monitoreo constante de la carga y recarga del mismo según se ha definido en los informes «Estudio Hidrogeológico Detallado de la parte alta de la cuenca del Río Sardinal», elaborado por el Grupo Técnico del Área de Aguas Subterráneas del SENARA; y el «Informe Técnico (Preliminar) para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal», emanado de la mencionada Comisión Técnica.

XXVI.- Por su parte, deberá el SENARA abocarse a la realización de un estudio hidrogeológico completo sobre el Acuífero Sardinal, que deberá ser presentado en el plazo de seis meses posteriores a la notificación de esta sentencia. El estudio deberá considerar el tipo de acuífero, sus propiedades hidráulicas, las unidades hidrogeológicas, la dirección de flujo, la interrelación que mantiene dentro de la cuenca hidrográfica donde se ubica, la disponibilidad del recurso hídrico, y la posibilidad y modalidades de explotación del mismo. De conformidad con lo establecido, el informe que emita el SENARA sobre el particular, será definitivo y de acatamiento obligatorio para todas las entidades públicas. Por otra parte, en atención al principio precautorio en materia ambiental y con la finalidad de preservar el Acuífero Sardinal de amenazas ocasionadas por la perforación irrestricta de pozos, debe ordenarse al SENARA clausurar los pozos ilegales existentes en la localidad que provoquen o amenacen con provocar la sobreexplotación del acuífero, al mismo tiempo de abstenerse de otorgar nuevos permisos de perforación de pozos que incidan en la explotación del Acuífero Sardinal.

XXVII.- Asimismo, deberán las autoridades recurridas dar debido cumplimiento a las recomendaciones y disposiciones emitidas particularmente por la Contraloría General de la República en el informe DFOE-ED-22-2008, en la medida que este instrumento precisa las obligaciones de carácter legal que deben ser cumplidas por las autoridades recurridas.

XXVIII.- En definitiva, verificándose la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el recurso debe ser declarado con lugar, como en efecto se dispone.

Por tanto

Se declara con lugar el recurso. Por violación a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política en la aprobación y puesta en ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal; al no haber certeza técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, y la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo de interés patrimonial, comercial o turístico. Por violación al artículo 9 de la Constitución Política al omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto. En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas ajustar sus actuaciones en torno a la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, de conformidad con lo establecido en la sentencia. Los demás extremos de legalidad aducidos por los recurrentes, deberán ser atendidos por las autoridades recurridas en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su informe número DFOE-ED-22-2008. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, que de conformidad con el artículo setenta y uno de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, en forma personal. Comuníquese.-

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta a.i.

           

 

            Adrián Vargas B.                                                                Gilbert Armijo S.

 

 

 

            Ernesto Jinesta L.                                                               Fernando Cruz C.

 

 

 

            Rosa María Abdelnour G.                                                  Roxana Salazar C.

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 10:50:44.

SCIJ de Hacienda
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Constitutional Chamber

Resolution No. 00262 - 2009

Resolution Date: January 14, 2009 at 14:30

Case File: 08-005154-0007-CO

Drafted by: Roxana Salazar Cambronero

Type of Matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER


Relevance Indicators

Relevant ruling

Key ruling

Related Rulings


Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

WATERS.

00262-09. ENVIRONMENT. PROBLEMS WITH WATER SUPPLY. EXPLOITATION OF THE SARDINAL AQUIFER BY PRIVATE DEVELOPERS. WATER ISSUES. EL COCO-OCOTAL AQUEDUCT IMPROVEMENT PROJECT

“(…) XXIV.- By way of conclusion. In the case under study, the Chamber finds it proven that the right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated, due to a violation of the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, given that ICAA proposed the development of an infrastructure and water resource exploitation project lacking certainty as to the availability of water and the possibility of exploiting the Sardinal Aquifer, such that any authorization for utilization without such certainty places the aquifer in a position of vulnerability, thereby causing an unnecessary environmental risk. In this regard, ICAA must immediately order the actions within its scope of competence so that once certainty exists regarding the available water resource, its potential for exploitation, and the corresponding environmental feasibility (viabilidad ambiental), a new document be prepared in accordance with ICAA's powers regarding the provision of potable water services. Likewise, it must suspend the granting of new availability certificates (cartas de disponibilidad), as well as temporarily subject the availabilities already granted to what is stated in the report issued by the Central American School of Geology in November two thousand eight, to the effect that the maximum flow rate (caudal máximo) to be extracted is 63.75 liters per second, and, if it is not possible to adjust to this maximum flow rate, it must readjust or annul the existing availabilities as necessary; this until such time, and with the proviso that the technical studies that SENARA must prepare - in accordance with this ruling - inform of the technical certainty of a different exploitation. ICAA must take into consideration that, of the maximum available flow rate that can be extracted now and in the future, priority must be given to the community over any tourist or commercial project. Consequently, it must also establish channels for participation and information with the communities of Sardinal, El Coco and Ocotal regarding all aspects of the aqueduct expansion. (…)” VCG07/2020

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Other References: Ruling: 3185-07, 1923-04

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

Article 50 of the Political Constitution

“(…) XXIV.- By way of conclusion. In the case under study, the Chamber finds it proven that the right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated, due to a violation of the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, given that ICAA proposed the development of an infrastructure and water resource exploitation project lacking certainty as to the availability of water and the possibility of exploiting the Sardinal Aquifer, such that any authorization for utilization without such certainty places the aquifer in a position of vulnerability, thereby causing an unnecessary environmental risk. In this regard, ICAA must immediately order the actions within its scope of competence so that once certainty exists regarding the available water resource, its potential for exploitation, and the corresponding environmental feasibility (viabilidad ambiental), a new document be prepared in accordance with ICAA's powers regarding the provision of potable water services. Likewise, it must suspend the granting of new availability certificates (cartas de disponibilidad), as well as temporarily subject the availabilities already granted to what is stated in the report issued by the Central American School of Geology in November two thousand eight, to the effect that the maximum flow rate (caudal máximo) to be extracted is 63.75 liters per second, and, if it is not possible to adjust to this maximum flow rate, it must readjust or annul the existing availabilities as necessary; this until such time, and with the proviso that the technical studies that SENARA must prepare - in accordance with this ruling - inform of the technical certainty of a different exploitation. ICAA must take into consideration that, of the maximum available flow rate that can be extracted now and in the future, priority must be given to the community over any tourist or commercial project. Consequently, it must also establish channels for participation and information with the communities of Sardinal, El Coco and Ocotal regarding all aspects of the aqueduct expansion. (…)” VCG07/2020


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Text of the resolution

Exp: 08-005154-0007-CO

Res. No. 2009-000262


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and thirty minutes on January fourteenth, two thousand nine.


Amparo action filed by [NAME 001], holder of residency ID number [VALUE 001]; [NAME 002], holder of identity card number [VALUE 002]; [NAME 003], holder of identity card number [VALUE 003]; and [NAME 004], holder of identity card number [VALUE 004], on behalf of the Asociación Confraternidad Guanacasteca, legal entity ID number three-zero-two-three hundred ninety-five thousand seven hundred sixty-six, against the Municipality of Carrillo, the Comptroller General of the Republic, the Department of Waters and the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Energy, the Ministry of Public Works and Transport, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.

Whereas

  1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at thirteen hours thirty-five minutes on March twenty-eighth, two thousand eight, the petitioners file an amparo action arguing a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and their fundamental right to water. They state that they oppose the works of a private aqueduct that threatens to take the water from their community and that is supported by the respondent authorities. They indicate that the aqueduct is financed by twenty-two private businesspeople to bring potable water from Sardinal to some condominiums located on the road to Playa Hermosa, to Playas del Coco and the coast of Ocotal, and that it intends to take one hundred sixty-seven liters per second from their aquifer without having an approved Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental). They add that the works were only stopped by public pressure, and that it is clear they do not have the permits in order and that there is danger to the aquifers. They add that the works had a road-breaking permit (permiso de rompimiento de vías) granted by the Municipality without meeting the requirements, despite the project having a great social impact on the local communities. They state that the permits were processed and granted in favor of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, despite it being a work financed, executed, and for the benefit of private companies. They mention that the estimated cost of the works exceeds eight million dollars, and that if the work is public, the approval of the Comptroller General of the Republic is notably absent. They indicate that the Ministry of Public Works and Transport granted the authorization for breaking the roads, without requirements and without ensuring who would guarantee they remained in good condition. They state that the community has not been provided the necessary information to evaluate the social and environmental impact, and that the community of Sardinal is experiencing scarce water supply. They demand from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers each and every necessary improvement, as the sanitary sewer system is still owed to them. They add that the Municipality revoked the construction permit since it did not meet the basic requirements. They request that before taking the water from Sardinal, a Regulatory Plan (Plan Regulador) be prepared for the entire district. They state that no body of the Comptroller's Office is aware of the project, despite a complaint being filed in October two thousand four regarding the favoring of private projects by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, but it has not ruled on it. They refer that the plans only contemplate water for El Coco and Ocotal, when what is desired is that it also includes the entire district of Sardinal. They request that compliance with all necessary procedures be ordered, that the regulatory plan must be carried out, and that the project be declared private. They request that the action be granted.

2.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fifteen hours three minutes on April eighth, two thousand eight (folio 99), Mr. José Miguel Zeledón Calderón, Head of the Department of Waters of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath, stating that an activity will be a public service if the legislator so defines it, and that such definition does not exclude the possibility of participation by private individuals in public management. He adds that by virtue of article five of the Law Creating the Regulatory Authority for Public Services, it is the responsibility of the Ministry of Environment and Energy to grant authorization to provide the public service of aqueduct and sewer supply, and for ARESEP to set the corresponding prices and rates. He refers that in accordance with the Ministry's powers to grant public service concessions (concesión de servicio público) to private providers, no water and public service concession has been granted or is in process in the name of Grupo Mapache or the company MECO, so any work being done is outside the law because the Ministry has not granted a water and public service concession to the companies involved if the service provision will be done by a private entity. He requests that the action be dismissed.

3.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fifteen hours twenty-six minutes on April ninth, two thousand eight (folio 109), Ms. Sonia Espinoza Valverde, General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, reports under oath, stating that regarding the construction of a private aqueduct in the locality of Sardinal to bring water to some condominiums of Grupo Mapache, and the construction work carried out by the company MECO, there is no administrative file for environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) in SETENA's physical archives that refers exactly to the denounced activity, so the Secretariat cannot rule on the environmental effects such as the alleged water shortage raised. She requests that the action be dismissed.

4.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber at thirteen hours forty-two minutes on April tenth, two thousand eight (folio 112), Ms. Rocío Aguilar Montoya, Comptroller General of the Republic, reports under oath, stating that the resources used for the financing and execution of the work are private in nature, so budgetary approval and comptroller endorsement of the respective contract were not required. She adds that the protected Association filed a petition before the comptroller body in October two thousand four, in which it raised some concerns linked to alleged irregularities in the use of water resources in the Conchal and Papagayo tourist projects, which was acknowledged on November tenth, two thousand four, informing that it would be transferred to the Remunerated Public Services Area, and that on August first, two thousand seven, a response was given to some of the concerns raised and the incorporation of the remaining aspects as inputs in oversight studies that the Comptroller General's Office would initiate was announced. She adds that in December two thousand seven, a meeting was scheduled with the participation of petitioner [NAME 001], all the documentation collected was made available to him, and he was informed that no evidence had been found to confirm the alleged irregularities in the management of water resources, understanding that Mr. [NAME 001] was satisfied because he did not file subsequent petitions. She mentions that Mr. [NAME 001] was informed that the Comptroller's Office would focus its superior oversight actions on carrying out two studies: the first, related to the administrative-financial management of the Polo Turístico Papagayo project, which has already been concluded and whose results were documented in report DFOE-ED-5-2008, and which is in the process of being communicated to the Asociación Confraternidad Guanacasteca; and the second report will be finalized in the first half of two thousand eight and will also be communicated to the Association. She informs the Chamber that by agreement of the Board of Directors of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Internal Audit of said institution is conducting a study on the actions carried out in the fulfillment of its oversight and supervision functions regarding the El Coco-Ocotal aqueduct project, in order to the works to be built, as well as the requirements and permits that had to be obtained. She requests that the action be dismissed.

5.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fifteen hours twenty-three minutes on April tenth, two thousand eight (folio 237), Mr. Ricardo Sancho Chavarría, Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath, stating that the referenced aqueduct is a public work, with public purposes and of evident public interest, based on the Constitutive Law of AyA, article thirty-eight of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), and the regulation issued regarding it. He adds that the referenced article thirty-eight offers the possibility of participation by a developer or group of developers interested in financing the works necessary to supply basic services to the population, integrating the active participation of a subject or group of subjects interested in a specific urban development, provided that the operating entity –AyA– determines its feasibility and is vigilant from the project's genesis. He adds that the principle of this regulation is the satisfaction of a public interest, without this meaning that the powers of a public entity are transferred to a private one. He mentions that in September two thousand seven, the "Regulation for the application of article 38 of the Urban Planning Law (Ley No. 4220) in AyA aqueduct and sewer works" was published in La Gaceta, which regulates the planning, execution, and enabling, at the cost of the developer or subdividers (fraccionados), of all works to be executed outside their property to obtain potable water or sanitary sewer services. That for the institute to ensure the execution of the works, a satisfactory guarantee must be established through the adoption of one of these modalities: establishment of a trust (fideicomiso), issuance of a policy, mortgage, bank guarantee, or any other legally established forms, as defined by article five of the regulation. He clarifies that the trust figure is a type of organization that some developers have resorted to, and that AyA's obligation is to act within its powers, ensuring compliance with technical and legal regulations and that the execution of the project is consistent with the technical studies prepared for that purpose, as there are various degrees of administration participation, ranging from mere inspection, approval, and reception of works to the preparation of designs and construction of some works. He indicates that the model proposed by article thirty-eight of the Urban Planning Law, already regulated by AyA, represents a benefit for the populations surrounding the project, because far from weakening the water supply to nearby users, it represents a strengthening of both the infrastructure works and the water capacity of the system. He mentions that said regulation would allow the development of urgent projects that generate benefits for the communities where they are carried out, with a guarantee that what is regulated by AyA will be complied with from a technical and legal point of view, maintaining the status of a public work that will be duly delivered to the Institute for its administration and operation. He states that in the case in question, it must be highlighted that it is an activity entirely assumed by AyA, with it being evident at all times that the administration and operation of the aqueduct is under the aegis of the Institute, thus clarifying that what the private parties simply do is finance the works, which is very far from making the project a private work. He points out that around the improvements to the El Coco aqueduct, there is a whole complex planning and organization process of eminent public interest, and a whole compendium of solution and alternative searches has been derived for the administration that allow it to efficiently and under strict technical controls expand the possibilities of potable water supply to areas that have presented supply difficulties. He clarifies that based on article seven of the Regulation for the application of article thirty-eight of the Urban Planning Law, the Memorandum of Understanding (Carta de Entendimiento) for the expansion of the Playas del Coco aqueduct, and the Fideicomiso Acueductos Playas del Coco, the supervisory role of AyA over the works is emphasized, with the Institute carrying out, under this modality, the steps to request road opening authorization, the environmental feasibility processing before SETENA, and that subsequently there will be a conforming or non-conforming reception of the executed works, and that they are exempt from the construction license (licencia de construcción) procedure because it is a work built by the State. He clarifies that when individual citizens request from AyA the installation of a water connection (paja de agua) for housing, they will have the right to have that connection installed upon payment of AyA's current rate, and that an error of interpretation is evident in pointing out the threat of taking water from the community. He indicates that the water resource is public domain, and that it is very serious for the country's development to promote the idea that such resource is the property or for the exclusive exploitation of the jurisdiction where it is located. He reiterates that the aqueduct being built is a public work but with private capital, protected under the figure of article thirty-eight of the Urban Planning Law, that the trust is a guarantee mechanism ensuring that the works are built under the supervision and vigilance of the Institute, and that neighboring communities will also benefit from the project, who without investing in the work will have guaranteed access to the service without any discrimination compared to the investors. He points out that it is AyA's responsibility to verify that the water resource is exploited rationally and according to serious studies for its utilization, for which a hydrogeological study was carried out indicating that the aquifer of the zone will not be affected, and he emphasizes that they do have environmental feasibility (viabilidad ambiental). He refers that such hydrogeological study concludes that the Sardinal Aquifer has sufficient supply capacity, and that AyA would only take the equivalent of eight percent of the total for the zone. He indicates that matters concerning road opening and payment of permits are issues of mere legality, but that the regulations authorize the Institute to carry out tasks within its competence, such as the boring (horadación) of public streets to complete connections or pipe installation, as established by article one of the Decree on opening and boring of public streets, notwithstanding which the pertinent steps were taken before the local government, which authorized AyA to carry out the indispensable road openings; that the agreement to revoke such permit was surprising due to the delays and permits it means for the execution of the work. He adds that regarding the construction license, the Office of the Attorney General of the Republic has indicated that the purpose sought by the legislator is to exempt state entities from the license and construction payment in accordance with article seventy-five of the Construction Law (Ley de Construcciones), and that the Interdisciplinary Commission appointed by the Municipality makes it clear that when the State is not the one directly executing the construction works, for the exemption to apply it must be verified that there is state supervision of the works; that the pronouncement of the Attorney General's Office highlights that decentralized entities are exempt from the obligation to require a municipal license for the construction of public works provided they are supervised by the Ministry of Public Works and Transport, and that in the specific case it must be insisted that AyA has carried out permanent and continuous supervision of the works, and that in a sound interpretation, the entity that must carry out the procedure is evidently the one with specialty in the field of the developed works; given that subsections a), f) and h) of article 2 of the Constitutive Law of AyA clearly regulate that the Institute is the substitute body for the Municipalities and the Ministry of Health or the Ministry of Public Works in matters within its competence, it is the Institute that is responsible for supervising the aqueduct and sewer works in obvious substitution of the Ministry of Transport, so there is no doubt that the requirements to be subject to the exemption from the required license are met. Regarding the authorization of the Comptroller General of the Republic, he states that as the investment is private in nature, neither comptroller endorsement nor the bidding procedure is required. He considers it fundamental that local governments have their respective regulatory plan, and that because the potable water service is considered an essential public service, access and the development of projects cannot be limited as long as it is technically feasible to carry them out without that ordering instrument. He reiterates that there is technical certainty of the non-affectation of the Sardinal Aquifer and of the supply capacity. He requests that the action be dismissed.

6.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fourteen hours eight minutes on April eleventh, two thousand eight (folio 273), Ms. Karla González Carvajal, Minister of Public Works and Transport, reports under oath, stating that article thirty of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos) authorizes the Ministry to grant permits for breaking public roads for the purpose of public and private works, and that in the case of public works, the appropriate coordination and collaboration actions between the various administrations apply. She adds that the Department of Road Prevision recorded that the project is of public interest and developed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and that the Directorate of Studies and Projects of Aqueducts and Sewers requested the respective breaking permit from the Department of Road Prevision of the Division of Public Works in September two thousand seven, with the standard procedure being completed and the commitment and obligation of AyA to restore the roads to their proper state being evident. She requests that the action be dismissed.

7.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fifteen hours thirty-five minutes on April eleventh, two thousand eight (folio 281), Messrs. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez and Claudio Franklin Rivas Ruiz, in their capacity as Mayor and Municipal President of Carrillo, respectively, report under oath, stating that in October two thousand seven, road breaking was authorized for the installation of pipes for the El Coco aqueduct improvement project, a project framed within article thirty-eight of the Urban Planning Law, taking for granted that it is a public work belonging to AyA but financed with private capital, reason why it is exempt from the processing of the construction license and consequently from the payment of the corresponding tax, according to article seventy of the Urban Planning Law. They add that article one of the Decree on Opening and Boring of Public Streets establishes that it is the exclusive faculty and discretion of the Institute of Aqueducts and Sewers to decide upon and carry out the opening and boring of public streets when it involves works for new installation, connection, change, or separation of potable water and sanitary sewer systems, so the Institute, if it deems fit, does not even need to request the road breaking permit. They clarify that it is not true that the breaking permit was revoked for lacking requirements, but rather because at some point in the process there were doubts about the nature of the work itself, which were clarified through a revocation appeal (recurso de revocatoria) filed by the Institute that cleared up any doubt and demonstrated the public work and social interest character that the project has, so the appeal was granted. They add that they omit referring to the alleged problems of the water capacity of the zone as it is a matter within the sole competence of another institution. They request that the action be dismissed.

8.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at ten hours twenty minutes on April twenty-eighth, two thousand eight (folio 290), the petitioners request that the parties indicated in the action be expanded to include the Bank of Costa Rica and the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage –SENARA–.

9- By resolution issued at eleven hours forty-three minutes on April thirtieth, two thousand eight (folio 401), the parties indicated in the action are expanded and the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage –SENARA– is requested to submit a report on the facts alleged by the petitioners, as well as the sending of the administrative file or related documents.

10.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at ten hours fifty-two minutes on May seventh, two thousand eight (folio 409), the petitioners request that the present action be notified to the Minister of the Presidency.

11.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fourteen hours forty-six minutes on May thirteenth, two thousand eight (folio 412), Mr. Bernal Soto Zúñiga, General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage, reports under oath, stating that the National Well Archive exists within the institution, but no request was ever received for an analysis of the proposal for drilling the wells indicated in the amparo action, nor of a hydrogeological study supporting the water extraction under discussion, nor is there any file on record. He refers that through other studies that have been carried out on the exploitation of aquifers in the area, it has been determined that the aquifers of Playa Panamá, Coco, Hermosa and Ocotal are highly susceptible to contamination due to their intrinsic character, so it is advisable to halt the drilling of new wells in these small aquifers and accelerate the execution of studies. He adds that the Municipality of Santa Cruz was also informed that coastal alluvial aquifer systems are highly susceptible to overexploitation (sobreexplotación) processes, so a water demand study must be carried out and the supply source identified. Likewise, that the Costa Rican Tourism Institute was informed that coastal alluvial aquifers have small recharge areas and are, potentially, highly vulnerable to contamination and overexploitation, so it was recommended to consider them as high vulnerability and apply certain restrictions, so that, as was recommended to the Municipality of Santa Cruz, water planning must be carried out to determine the real supply and capacity of the system, as such studies will allow knowing if the available supply that the local aquifers possess allows guaranteeing coverage of the estimated demand. He explains that SENARA and AyA are working on finding solutions to improve the water supply in Guanacaste, as the capacity of the coastal aquifers of the canton of Carrillo and, in general, the coastal aquifers of the Chorotega Region is limited, and they are extremely vulnerable to contamination and overexploitation.

It specifies that there are no wells in the area registered to Coco Water but there are wells registered to AyA. It mentions that SENARA was not aware of the “Informe Proyecto Final Playas del Coco-Ocotal, Guanacaste” prepared in 2006, but that its conclusions indicate the risk of contamination of the Coco aquifer from nitrate inputs, which will increase with urban and tourism growth without a sewer system, which could cause the loss of the Coco aquifer in the medium term. It states that on April twenty-fourth of this year, a copy of the hydrogeological study of the Sardinal aquifer was delivered to them, but it has not been officially received from AyA and it has not yet been assessed by SENARA. It notes that detailed studies of the aquifer potential of the Sardinal area must be available, since the available information covers the entire Tempisque aquifer. It reiterates that the aquifers of the coastal areas of Guanacaste are vulnerable to contamination, and that accelerated, unplanned development is creating conditions that could lead to drinking water supply problems, which is why SENARA has prohibited the drilling of wells in the alluvial aquifers of Playa Panamá, Playa Hermosa, Playa del Coco, and Ocotal since 2007. It specifies that regarding the wells mentioned in this amparo action (recurso de amparo), there was no request whatsoever to assess their viability, advisability, or appropriateness. It requests that the action be dismissed.

12.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at fourteen twenty-seven hours on May twenty-third, two thousand eight (folio 470), Ms. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes, submits active joinder (coadyuvancia activa). She points out that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados omitted the mandatory consultation with SENARA for the drilling of the wells, thus violating article eleven of the Political Constitution. She adds that no studies on the exploitation of the Tempisque aquifer, of which the Sardinal aquifer is a part, were submitted either, representing a situation of risk. She considers that a lack of water planning is evident, since the studies and criteria held by SENARA for the Tempisque aquifer are not being considered, and that it is noteworthy that the works began in October two thousand seven, while the environmental viability (viabilidad ambiental) was granted by SETENA only in January two thousand eight. She explains the importance of implementing the citizen participation provided for in article ten of the Rio Declaration on Environment and Development and the Convention on Biological Diversity, which would allow active and responsible participation in matters of environmental impact. She requests that the action be granted.

13.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at twelve twenty hours on May twenty-seventh, two thousand eight (folio 477), Mr. Daniel Soley Gutiérrez, Defensor Adjunto de los Habitantes, states that through official communication GE-308-08, signed by the General Manager of SENARA, criteria contradictory to the report submitted to this jurisdiction within this amparo action are set forth.

14.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at fifteen thirty-eight hours on May twenty-seventh, two thousand eight (folio 480), Ricardo Sancho Chavarría, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, states that by virtue of article seventeen of the Ley de Aguas and article three of Law number 6877, which regulates the functions of SENARA, the Institute does not require prior authorization or consultation with SENARA for the exploitation and drilling of wells, which has been certified by the Procuraduría General de la República. He refers to official communication GE-308-08 from SENARA, which indicates that the water supply (oferta hídrica) of the Tempisque aquifer far exceeds the quantity demanded for the project’s supply without endangering the aquifer’s water balance, which is why he reiterates the certainty of the project’s viability and its benefit to the entire community.

15.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at twelve forty hours on April eighth, two thousand eight (folio 500), Rosibel González, Isabel Briceño Briceño, Estela Bustos, Gerardo Méndez García, Ana Isabel Escobar, María Celina Cubillo, Juan Félix Espinoza, Luis Alberto Vargas, Gilda Canales, Oldemar Gutiérrez, Jun Félix Castro Soto, José Ramón Navarrete Contreras, Ana Victoria Arguedas, María del Carmen Mojica, Marvin Canales, Walter Navarro Bustos, María Eugenia Quirós Zumbado, Lía Vásquez, Flor Elena Vásquez, Liseth Cubillo Vallejos, Brenda Chavarría Pérez, Diego Alonso Alvarado Díaz, Misael Sáenz, Elena Araya Torres, Peggy Quesada Chamorro, Andrés Chaves Ramírez, Rafael Ángel Pizarro, Kathia Zamora Cubillo, Wilfredo Gutiérrez, Darling Espinoza Poveda, Margarita Chavarría, file an amparo action in terms similar to the brief filed on March twenty-eighth, two thousand eight; this amparo action was initially processed under file number 08-005663-0007-CO.

16.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at fifteen nineteen hours on April twenty-first, two thousand eight (folio 545), within file 08-005663-0007-CO, Ms. Karla González Carvajal, Minister of Obras Públicas y Transportes, reports under oath in terms similar to the report submitted on April eleventh, two thousand eight, visible at folio 273 of the file.

17.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at seventeen twenty-one hours on April twenty-first, two thousand eight (folio 550), within file 08-005663-0007-CO, Mr. Ricardo Sancho Chavarría, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath, adding to the report rendered within this amparo action by noting that the opinion is erroneous that the executed project causes the community to have a scarce water supply, since ordinary session number 17-2007 of the Concejo Municipal de Carrillo, of April twenty-fourth, two thousand seven, indicates that the problem encountered is due to infrastructure. He adds that technical studies conducted showed that the diameter of the current pipeline is insufficient to provide optimal service, so the first stage of the system improvement project includes the replacement and installation of pipeline, which is expected to guarantee the community of Sardinal the provision of a better drinking water supply service. He adds that the planned improvements for the Sardinal aqueduct include the construction of a water storage tank, placement of conduction pipes, replacement of conduction and distribution pipes, and equipment, works that are necessary and urgent. He states that the Department of Physical Development determined that the aqueduct’s problem is not one of production, which is sufficient until beyond the year two thousand twenty-five, but rather that the supply problem is the insufficient tank volume. For this reason, he mentions, it has been necessary to resort to novel arrangements, so that public-interest projects are financed by the private sector, resulting in a public work that will improve the community’s conditions, although it will evidently also benefit the investors. He explains that it can be stated that the proposed aqueduct project increases production and storage capacity to expand coverage by eight thousand additional services, and that authorization exists to continue the works because the local government revoked the suspension order. He states that AyA has supervised and provided the necessary control, and there is technical certainty that the works are optimal and will not have a negative impact on the aquifer layer. He requests that the action be dismissed.

18.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at eleven thirty-six hours on April twenty-fourth, two thousand eight (folio 586), within file 08-005663-0007-CO, Mr. José Miguel Zeledón Calderón, Head of the Department of Waters of the Ministerio del Ambiente y Energía, reports under oath, noting that the Ministry has the character of governing body in matters of water resources, and that other public institutions with national competence do have a role as service operators. He adds that by provision of the Mining Code, underground and surface waters are reserved for the State, so there is a publicization and nationalization of all the country’s underground waters, which is reinforced by the Organic Law of the Environment, and that MINAE fulfills a fundamental role in the administration, control, and oversight of the use of water resources. He specifies that AyA holds powers and attributions for the administration, use, and governance of all public waters destined for populations and, consequently, does not require any concession for their direct use or through rural aqueducts. He explains that AyA’s governance role implies approving the advisability, viability, correct design, construction, operation, maintenance, and expansion of the drinking water system, while SENARA’s objectives are circumscribed to agricultural development and irrigation districts (distritos de riego). He mentions that SENARA enjoys specific competence at the national level to conduct research on water resources, so SENARA generates basic scientific and technical information for the exercise of political power. He reiterates that the Department of Waters of the Ministerio del Ambiente y Energía has not granted any concession to private providers for them to provide a public service. He requests that the action be dismissed.

19.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at sixteen thirty-six hours on April twenty-fourth, two thousand eight (folio 598), within file 08-005663-0007-CO, Ms. Sonia Espinoza Valverde, General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports under oath, noting that by resolution number 110-2008-SETENA, of January twenty-second of this year, SETENA granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the project Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal, which is a project whose control and responsibility rests in public hands, meaning it is not a private aqueduct. She specifies that the file does not contain any analysis determining whether or not the remaining water is sufficient to meet current demand, since the project developer –AyA– is the competent public body to guarantee that supplying one sector of the population does not endanger the response to current demand in the place from which the water is taken. She explains that for this reason, SETENA must respect AyA’s competence. She adds that the fact that the developer is the competent public body to issue an opinion on the sustainable availability of water implies that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure starts from the basis of assuming said availability to be true. She states that it is true that the project does not have an environmental impact study (estudio de impacto ambiental, EIA), because the application of the current technical-environmental regulations determined that the appropriate instrument in this case is a Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales) and not an EIA. She requests that the action be dismissed.

20.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at ten nine hours on April twenty-fifth, two thousand eight (folio 684), within file 08-005663-0007-CO, Mr. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Mayor of Carrillo, and Mr. Claudio Franklin Rivas Ruiz, Municipal President of Carrillo, report under oath in terms similar to the report submitted to this Chamber on April eleventh, two thousand eight, visible at folio 281 of the file.

21.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at ten eleven hours on May sixth, two thousand eight (folio 694), within file 08-005663-0007-CO, the Municipal President and the Mayor of Carrillo provide the legal capacities under which they act.

22.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at eight forty-six hours on May seventh, two thousand eight (folio 697), within file 08-005663-0007-CO, the petitioners argue that at that time the challenged works had not been halted, to the point that they are about to be completed. They add that the corresponding construction permits were not fulfilled.

23.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at fourteen twenty-seven hours on May twenty-third, two thousand eight (folio 714), within file 08-005663-0007-CO, Ms. Lisbeth Quesada Tristán submits active joinder in identical terms to those expressed in the brief visible at folio 470 of the file.

24.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at twelve thirty hours on May twenty-seventh, two thousand eight (folio 721), within file 08-005663-0007-CO, the Defensor Adjunto de los Habitantes states identical observations to those contained in the brief visible at folio 477 of the file.

25.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at fifteen thirty-eight hours on May twenty-seventh, two thousand eight (folio 731), within file 08-005663-0007-CO, Mr. Ricardo Sancho Chavarría submits a report under oath in identical terms to the report visible at folio 480 of the file.

26.- By resolution of this Chamber, number 2008-8882, at sixteen one hours on May twenty-ninth, two thousand eight (folio 753), it is ordered that the amparo action processed under file 08-005663-0007-CO be consolidated with the one processed under file number 08-005154-0007-CO, the latter being the oldest.

27.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at fourteen thirty hours on May thirtieth, two thousand eight (folio 755), within file 08-005663-0007-CO, the Defensor Adjunto de los Habitantes forwards a copy of the report prepared by the Dirección de Aguas Subterráneas of the Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, on the analysis of the documents presented by the Instituto Costarricense de Electricidad in relation to the project for the expansion of the Sardinal aqueduct and the improvement of the El Coco and Ocotal aqueducts.

28.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at sixteen thirty-one hours on May thirtieth, two thousand eight (folio 769), within file 08-005663-0007-CO, Mr. Johnny Leiva Badilla, of legal age, bearer of identity card number five-two hundred ninety-five-six hundred seventy-three, in his capacity as legal representative of the Asociación Cámara Liberiana de Turismo, legal entity card number three-zero zero two-eighty-four thousand one hundred two, submits passive joinder (coadyuvancia pasiva). He points out that the possible halting of the challenged aqueduct would imply an imminent threat to water availability, as well as to tourism and the development of the province. He considers that the private sector’s participation in the undertaken development does not change the nature of the service; rather, that service will continue to be public. He explains that the aqueduct is being built to supply drinking water to the entire community and not only to private condominiums. He specifies that during the years two thousand five and two thousand six, AyA began drilling wells in the towns of Sardinal and El Coco in an effort to establish the infrastructure for an aqueduct enabling water supply for the entire area, and that the institution has ensured that the resulting water capacity from the aqueduct can meet the needs of the developers and, in general, the entire community of Sardinal. He adds that the Municipalidad de Carrillo has the competence to grant the necessary permits for the aqueduct’s construction, and that this is not an administrative contract, so the endorsement of the Contraloría General de la República or any type of bidding procedure is not required. He states that the water resource is in the public domain, and that the State must ensure sustainable development balancing production and environmental protection. He argues that in this case, AyA has conducted all necessary studies to minimize the environmental impact and avoid affecting the Sardinal aquifer, but it also seeks to increase production and storage capacity to expand coverage by eight thousand additional services. He requests that the action be dismissed.

29.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at fourteen twenty-four hours on May thirtieth, two thousand eight (folio 779), the Defensor Adjunto de los Habitantes forwards a copy of the report prepared by the Dirección de Aguas Subterráneas of the Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, on the analysis of the documents presented by the Instituto Costarricense de Electricidad in relation to the project for the expansion of the Sardinal aqueduct and the improvement of the El Coco and Ocotal aqueducts.

30.- By email received at the Center for Constitutional Jurisprudence of this Chamber, at ten forty-seven hours on June seventeenth, two thousand eight (folio 812), Ms. María Caravaca González, bearer of identity card number five-two thousand six hundred sixty-three-nine hundred ninety-three, argues that the respondent authorities continue with the development of the challenged works, which she considers to be a disregard of the Chamber’s order upon admitting the amparo action.

31.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at twelve o’clock on June sixth, two thousand eight (folio 813), Mr. José Merino del Río, of legal age, political scientist and sociologist, bearer of identity card number eight-forty-six-two hundred forty-nine, files an amparo action against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. He points out that in recent years there has been exponential growth of mega tourism and real estate projects in the coastal zone of the canton of Carrillo, which is multiplying the demand for exploitation of underground water sources that supply the region, and great pressure is being exerted on the coastal aquifers, to the point that institutions such as SENARA have recommended not authorizing the drilling of new wells in the area. He argues that the aquifers located in that region face a large number of threats, which has led SENARA to classify them as having high vulnerability, since these risks include overexploitation, depletion, and contamination. Despite this, he indicates, AyA has chosen to develop the El Coco-Ocotal Aqueduct Expansion Project, which aims to extract an additional flow rate of twenty-four liters per second from the El Coco aquifer, and one hundred seventy-six liters per second from the Sardinal aquifer, to supply a projected demand of eight thousand services, which is mainly concentrated in new, large-scale tourism and urban development projects. He adds that AyA has drilled seven new wells, and the plan is to build seven kilometers of rising main pipes, fourteen kilometers of distribution pipes, and two storage tanks. He explains that most of the works are being financed with resources contributed by twenty-two private investors, grouped through the commercial company Cocowater S.A., who have signed a memorandum of understanding and a trust agreement with the Banco de Costa Rica, but that AyA has also invested its own resources in the development of the project. He alleges that the inhabitants of Sardinal were never informed about or consulted on the project, but the community has expressed its categorical opposition to it due to the serious negative impacts it could have on the water sources that supply the population. He considers that the project presents serious irregularities, and the works are being executed in breach of important obligations and provisions of the legal system, since construction began without an EIA duly approved by SETENA, given that AyA only submitted a Sworn Statement of Environmental Commitments several months after the works began, and SETENA granted the environmental viability practically automatically just one day after the statement was submitted. Furthermore, he indicates that AyA failed to submit a copy of the cadastral map and proof of ownership for the lands where six of the drilled wells are located, meaning SETENA did not even have basic information about those properties in view. He mentions that the drilling of the wells was carried out by AyA without consulting or requesting the opinion of SENARA, nor was it consulted regarding the hydrogeological studies to justify the environmental viability of that water exploitation. He adds that in January two thousand eight, AyA conducted a hydrogeological study that supposedly allows the conclusion that in the Sardinal aquifer there is sufficient water availability for the intended extraction of one hundred seventy-six liters per second, but there are other technical criteria issued subsequently by the Internal Audit of the same institution –report AU-2008-110, of March twenty-eighth, two thousand eight– and the Department of Underground Waters of SENARA that point out significant omissions, deficiencies, limitations, and contradictions in AyA’s study. He alleges that in May of this year, the Department of Underground Waters of SENARA issued a new technical criterion on the studies used by AyA, concluding that the studies presented do not have sufficient information or the required depth of analysis to guarantee sufficient water availability, and therefore recommends conducting a series of studies that have not yet been carried out; he mentions that the School of Geology of the Universidad de Costa Rica conducted a study that agrees with SENARA’s, in the sense that the analysis used by AyA does not reflect technically detailed information about the aquifer. He adds that SETENA and AyA have considered that the project has low or insignificant environmental impact, and for that reason a Statement was required rather than an EIA, and that this behavior disregards the fact that the project involves the exploitation of highly vulnerable aquifers. He explains that the administration has a limited margin of discretion to define the characteristics and rigor of the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental, EIA) that each project requires, but that definition cannot be arbitrary or lacking justification; he considers that SETENA did not make an adequate assessment of the project’s particular conditions and characteristics, as it ignored core elements such as the fact that the project implies the extraction of large quantities of water from highly vulnerable aquifers and the imminent risk of deterioration and overexploitation. He considers that the technical bodies that have conducted subsequent assessments of the studies presented by AyA are conducting studies of greater depth and complexity to determine the real impact that said project will have on the underground waters, meaning AyA’s studies are incomplete and insufficient, to the point that SENARA indicated that certain other studies that have not been carried out were necessary, all of which demonstrates the lack of technical support for SETENA’s decision to dispense with an adequate EIA. He points out that there are express legal and regulatory norms that require this type of study for this type of project, and that the Sworn Statement of Environmental Commitments is not equivalent to, nor can it be assimilated with, a true EIA, since the statement is a series of commitments assumed by the project developer, but does not imply conducting a technical analysis of environmental impacts—as an EIA does—with the completion of an EIA providing much greater guarantee and protection for the environment and the underground waters. He reiterates that the legislator has left the Executive Branch a limited margin of discretion to determine the type of EIA each activity requires, but that discretion disappears when the law expressly requires the use of a specific instrument, so AyA cannot circumvent that legal obligation through abbreviated procedures of lesser depth and rigor. He alleges that during the EIA procedure, AyA did not even comply with the minimum requirements established in the regulations in force to obtain environmental viability, non-compliances that were corroborated by the Internal Audit of AyA, which allows concluding that not only did AyA disregard the regulations in force, but that SETENA granted environmental viability without even having in view the plans of the lands where the wells were drilled. Furthermore, he argues that the respondent authorities have breached the obligation to apply the preventive and precautionary principles of environmental law, which is necessary when there is no absolute certainty based on complete and properly conducted technical studies, and therefore the authorities should have refrained from approving the activities and even suspended the execution of the works until the state of doubt ceases and the absence of environmental damage is guaranteed. He emphasizes that in the case of this project, there is an imminent danger of serious damage to the highly vulnerable aquifers of El Coco, Ocotal, and Sardinal, damages that include the overexploitation of the aquifer that supplies water to the population of Sardinal, and in the case of the El Coco and Ocotal aquifers, the threats would also include a considerable increase in the risks of contamination and sealing of recharge areas as a consequence of the notable increase in construction that the challenged project would encourage. He reiterates that there is no scientific certainty about the impacts the project could have on the aquifers, since AyA’s studies are partial and incomplete, and did not take into account the disappearance of nearby stream flows during the dry season, which would prevent the reception of domestic wastewater from the real estate projects. He states that AyA and SENARA present contradictory data on the real water availability of the Sardinal aquifer, and according to AyA’s Internal Audit, the calculation of projected demand did not take into consideration the permanent and floating population residing in Ocotal, an aspect that could alter the system’s useful life. He concludes that in the present case, we are very far from achieving any degree of scientific certainty about the environmental impacts of the challenged project, and there is not even sufficient scientific information to conduct a comprehensive assessment of such impacts. He requests that SETENA resolutions of November twenty-second, two thousand seven, and January twenty-second, two thousand eight, granting environmental viability, be annulled, and that AyA be ordered to halt the works indefinitely. He requests that the action be granted. This amparo action began proceedings under file number 08-008440-0007-CO (folio 908).

32.- By resolution of this Chamber, number 2008-9961, at sixteen forty-five hours on June seventeenth, two thousand eight, it is ordered that the amparo action processed under file number 08-008440-0007-CO be consolidated with the one processed under file number 08-005154-0007-CO.

33.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber at fifteen forty-two hours on June sixteenth, two thousand eight (folio 918), within the amparo action 08-008440-0007-CO, Ms. Sonia Espinoza Valverde, General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports under oath, noting that by resolution number 110-2008-SETENA, of January twenty-second, two thousand eight, SETENA granted environmental viability to the project Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal, in the name of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and that the administrative file does not contain any official communication from SENARA communicating recommendations issued by that entity. She clarifies that SETENA only authorized the improvement of the existing aqueduct, and that current environmental legislation does not establish that this type of project must submit an EIA, but rather establishes that it must have the corresponding Environmental Viability, which in this case corresponds to the D1 Environmental Assessment Document.

It explains that Article twenty of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) defines three possible decision paths: the Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), the Environmental Management Prognosis-Plan (Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental), and the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), and that in this specific case, the Environmental Assessment Document D1 submitted yielded an Environmental Impact Significance (Significancia de Impacto Ambiental) score of 87 points, so the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) instrument to be submitted is a Sworn Declaration of Environmental Commitments. It mentions that the project has been conceptualized with two independent pressure zones: one that will serve the locality of Playas del Coco, and the other the locality of Ocotal; the first of these will be supplied by four wells already built and with a production capacity of one hundred seventy-five liters per second, located in the Sardinal River basin, for which a pipeline (línea de impulsión) will be built, while the second will have a tank that will be supplied with water from four wells providing a flow of forty-eight point seven liters per second, plus the production of three other drilled wells. It indicates that the works to be built include distribution lines, construction of storage tanks, outfitting of the Sardinal wellfield, a cistern, a pumping station, and a pipeline, and that the activity submitted for consideration by AyA to SETENA in no way addresses the water concession or the drilling of wells, since what is submitted for Environmental Impact Assessment is solely the construction and improvements of the transmission and distribution lines, as well as the construction of storage tanks, and explains that it is the Water Department (Departamento de Aguas) of MINAE that is responsible for granting the well-drilling permit and the water concession. It specifies that according to Executive Decree 32712-MINAE, the D1 form must be accompanied by various documentation, and that in this case AyA did not attach documentation demonstrating that the works will be located on land it owns. It adds that a geotechnical soil study (estudio geotécnico de suelos) is also required, but the interested party submitted a justification for its non-submission, which was accepted by the Plenary Commission (Comisión Plenaria). It adds that the environmental hydrogeology study must be applied to a series of activities, among which aquifer exploitation is not found, so such a study was not required in this case. It further adds that a rapid archaeological study (estudio arqueológico rápido) must also be submitted, but a justification for not submitting such a protocol was presented in the D1 form, which was also accepted by the Plenary Commission. For its part, it explains that the basic biology study (estudio de biología básica) must be submitted if the activities are located partially or totally within an environmentally fragile area, which does not apply to the questioned project, so such a study did not have to be carried out; in any event, a justification was also submitted that was accepted by the Plenary Commission. It reiterates that the project has an environmental impact study, the corresponding analysis was completed, and the project was evaluated with the information provided by AyA, while the reports from SENARA or the School of Geology (Escuela de Geología) of the University of Costa Rica (Universidad de Costa Rica) are not included in the administrative file. It requests that the appeal be declared without merit.

34.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at nineteen hours thirty-one minutes on June sixteenth, two thousand eight (folio 1063), within file 08-008440-0007-CO, Mr. Ricardo Sancho Chavarría, Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), reports under oath, stating that for the Institute, the overexploitation of water resources in any region of the country is a constant concern. He acknowledges that in the Guanacaste area, demand for the resource has proliferated, and to that extent, the construction of wells has proliferated, many of them illegal and private, which generates disorderly exploitation without adequate controls. He specifies that SENARA lacks coastal technical studies at the national level determining that the extraction from aquifers is exceeding their recharge capacity, so an assertion to that effect is not supported by technical studies. He adds that various studies are currently being carried out, such as one on the availability and vulnerability of aquifers in the Santa Cruz canton, with resources from SENARA and the local Municipality; on the Huacas Tamarindo aquifers, with the School of Geology of the University of Costa Rica and with resources from SENARA; on the Parrita aquifer, with resources from AyA; and on the Tempisque aquifer, with the School of Geology and the CICA Laboratory of the University of Costa Rica, sponsored by the International Atomic Energy Organization. He specifies that the Sardinal aquifer is not a coastal aquifer and that no SENARA document has stated that it cannot be used due to overexploitation. He indicates that SENARA does not have studies in the Sardinal area, and that in reality, the directive this entity has issued has been the recommendation not to build wells within a range between the coastline and one kilometer inland, in order to avoid saline intrusion from possible exploitation, and he emphasizes that the Institute has at all times respected that technical indication, as well as maintained high levels of coordination with SENARA. In any event, he mentions, AyA has no legal obligation to submit water supply infrastructure projects to SENARA for approval, which is provided for in Article two of the Institute’s Constitutive Law (Ley Constitutiva), Article seventeen of the Water Law (Ley de Aguas), and in a legal opinion from the Attorney General’s Office (Procuraduría General de la República), regulations establishing that AyA does not require prior authorization or consultation with SENARA for the exploitation and drilling of wells. He explains that official letter GE-308-08 from SENARA, of May twenty-second of this year, regarding the Coco-Ocotal project, stated that SENARA does not have the authority to grant a technical criterion for it, as studies show there is an aquifer whose water supply (oferta hídrica) greatly exceeds the quantity demanded to supply the project without endangering the aquifer’s water balance whatsoever, so the certainty of the project’s viability and the benefit it will bring to the entire community is reiterated. Regarding community participation and planning, he argues that AyA has tried to promote various forums and, through different means, the implementation of regulatory plans, but that such matter is municipal jurisdiction and AyA cannot be considered responsible for the omissions that exist in the country regarding territorial planning (ordenamiento territorial). He relates that since two thousand three, the Institute created the Environmental Management Directorate (Dirección de Gestión Ambiental), which has among its functions representing the institutional interest in the preparation of regulatory and territorial planning plans, while in two thousand seven the Unit for Management of Drinking Water and Sanitary Sewer Infrastructure Projects in the Tourism Sector was formed. He mentions that the institution’s Constitutive Law obliges it to resolve the problem of water supply, and although coastal growth is not a problem generated by the Institute, it does generate needs and demands that must be resolved, so solutions with a lesser impact on users have been chosen. He explains that the professional investigation carried out by AyA identified the extraction from the Sardinal aquifer as the best utilization alternative, contingent upon its production such that overexploitation is not generated. He states that in October of two thousand six, a projection of the vegetative, floating, and project population was prepared, considering that by two thousand ten there would be a demand for eight thousand services, but that conditions changed and only five thousand services were committed to the trust, so a reserve of three thousand services has remained for AyA, which will be used to supply the growth in demand, both vegetative and floating, of the communities of El Coco, Ocotal, and Sardinal, and other possible developments that may arise in the future without needing new production sources. Thus, he indicates, through agreement 2007-367, the Institute’s Board of Directors accepted the assignment of rights and obligations made by the company Coco Water S.A. to the Bank of Costa Rica. He relates that the system’s useful life has been increased, and demand does not exceed production, so the supply of Sardinal is also guaranteed, and water production can be staggered in stages and in pumping shifts of less than twenty-four hours. He adds that it is erroneous to claim that projected demand is concentrated in megaprojects, because for such developments there is only a projected demand of two thousand services, of which about one thousand five hundred will be effectively required, so there remains a wide margin of services that will immediately and in the medium term serve to satisfy the demands or needs of the local population, so he insists that the project contemplated that aspect at all times, and that erroneous information has been disseminated in the community. He emphasizes that by using a legally viable financing alternative, the intention is to avoid situations that could promote the privatization of aqueducts in certain areas where demand for water resources could become excessive, so from its origins, through the inspection and final acceptance of the works, the project remains under the direct control of AyA. He reiterates that the managed model guarantees that the works are never removed from public control and supervision, and that characteristics consistent with the principle of solidarity that must govern this matter are maintained, ensuring access to the aqueduct at no additional cost. He points out that the so-called wells one, two, three, and four of Sardinal, and seven and eight of Coco, are in the process of being transferred to AyA based on the Memorandum of Understanding and the signed trust, and that the lands where they are located have been incorporated into the trust that will transfer all its assets to AyA, but that the acceptance of such wells cannot occur until all the works are materially completed and have been received by the Institute. He relates that due to the fact that the country currently does not have complete information indicating the water supply, the only option available is the construction of wells to carry out the necessary studies that provide indispensable information and eventual scientific certainty about the underground flow. He clarifies that the water from the Sardinal wells will enter, reinforce, and supply part of the areas covered by the current aqueduct, and that with the project, two supply zones are created with their production sources –Coco and Sardinal– within the same aqueduct system, being able to transfer water from one zone to the other, so the infrastructure being built is not autonomous, thus environmental viability (viabilidad ambiental) was requested indicating that it was an improvement to the existing system infrastructure; that is, it is a single aqueduct with two pressure or supply zones that will be interconnected, and the system is designed to operate properly with the two zones separate, increasing the capacity for water transfer and improving pressures in the network. He reiterates that the project was conceived to improve service conditions for the communities surrounding it, and that from a technical point of view, the design was justified to benefit the population and not the developers, which was an essential element in the negotiation. He states that this is a public work that has been financed with private resources, which obliges the Institute to exercise adequate control and supervision of the works, so as to guarantee that optimum service will be provided, all protected under Article thirty-eight of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and the Regulation for the application of Article 38 of the Urban Planning Law, and that far from weakening the water supply, it represents a strengthening of both the infrastructure works and the water capacity of the system, reinforcing an essential public service, since when individual citizens ask AyA to install a water connection for their non-profit dwelling, they will have the right to have that connection installed at no additional cost and with only the payment of AyA’s current rate. He stresses that what is intended is to solve the distribution problem that exists in the area, not a problem of undersupply, so he points out that the Sardinal aqueduct system does not have problems with water resource availability but with infrastructure. He adds that the Institute has made efforts to maintain active and constant communication with the people of Sardinal, and that its officials have attended various meetings and even a meeting with the community was scheduled for May twenty-ninth to clear up doubts, but the community did not attend; however, when they have attended, officials have strived to explain the technical and legal situation of the project, to the point that for transparency, information about the aqueduct was placed on AyA’s website so it can be consulted by any interested party. He repeats that the El Coco-Ocotal improvements project does not threaten to take the community’s water away, but rather to ensure that the available water resource can be rationally used by the area where it is located, considering that the water resource is public domain; he explains that it would be extremely serious for the country’s development to promote the idea that the water resource is property or for the exclusive exploitation of the jurisdiction where it is located. He clarifies that AyA initiated the proceeding before SETENA in two thousand six, and due to an institutional follow-up error, the Sworn Declaration of Environmental Commitments was not submitted at the time, an omission that was corrected. He stresses that the improvements project as such is very simple and does not cause environmental damage, while the impact generated by the project’s own tasks has a minimal and short-term effect, so it is inappropriate for the Institute to carry out an environmental impact study conceived for private projects, given that a hydrogeological study was conducted according to which the area’s aquifer will not be affected. He highlights that official letter SG-194-2008-SETENA indicates that the works inherent to the operation and maintenance of the El Coco aqueduct, regarding the outfitting of existing wells and their interconnection with tanks and the distribution network, do not require an environmental viability procedure before SETENA. He mentions that the environmental evaluation of the project was indeed carried out, supported by the submission of the D1 form, and that what was submitted for evaluation before SETENA is the public aqueduct works, not the projects it will supply, emphasizing the public interest and that there is no preferential treatment involved, since orderly and planned exploitation of the water resource with a comprehensive and systemic vision is guaranteed. Regarding technical studies, he argues that the assertions made by SENARA and the University of Costa Rica lack a technical basis or a well-documented scientific study, and are more the product of a particular and even subjective appreciation, and stresses that in the study carried out by AyA there is no contradiction of any nature; he claims that the Hydrogeological Study of the Sardinal Aquifer was carried out with the objective of determining the hydrogeological conditions of the aquifer based on existing studies and new information, determining its alluvial recharge, and extraction was defined with current information from SENARA. He explains that the direct recharge plus the recharge from influent rivers gives a total flow of two thousand one hundred thirty-four liters per second, plus a return flow of two hundred twenty-two liters per second as external recharge. Furthermore, it was determined that it is an alluvial aquifer surrounded by a mountainous system, so it is not a coastal aquifer. He indicates that the existing information from the different studies carried out in the area at a regional and local level has determined that the Sardinal aquifer has great underground potential, which has been corroborated by the pumping tests that have been carried out in the study area. Separately, he reports that AyA has the Integral Hydrogeological Study of the hydrographic basins of the towns of El Coco and Ocotal carried out by hydrologist María Gómez, where it is also certified that there is a volume of direct discharge into the sea, the exploitation of which is recommended at eighty percent, and that it is important to indicate that the intended utilization is of twenty-four liters per second, included in the demand of the Study. He reiterates that the institution has sufficient professional technical information on the Sardinal aquifer and the El Coco-Ocotal aquifer. He explains that there is currently an Interinstitutional Commission tasked with carrying out a comprehensive study of the underground water resource in the Chorotega Region, specifying that the arguments presented by SENARA and the School of Geology of the University of Costa Rica are based on a subjective appreciation and do not provide base documentation to contrast their claims. Nevertheless, he clarifies that AyA’s study can be expanded and supplemented with more information, but he underlines that to date, the data from the study have not been scientifically questioned or disproven, to the point that the information generated by the Commission confirms AyA’s study. Thus, in the session of June sixth, it was recognized that the aquifer is highly productive, and that recharge occurs in the mountainous zone and not in the flat part; while on June ninth, it was recognized that the project does not harm the Sardinal aquifer and that it has a greater production than that projected by the Institute. He concludes that AyA carried out a serious study, and as a result, there has been scientific certainty that the project does not harm the stability and water availability in the area, and that having a Hydrogeological Study of the Sardinal Aquifer-2008- determining that the aquifer has supply capacity is not generating a state of uncertainty that constitutes the in dubio pro natura principle, since with the planned exploitation, a remaining flow equivalent to eight percent of the zone’s total would be left in the system. He mentions that the Commission formed as a result of the contradictory statements provided by SENARA demonstrates that the project will not harm the aquifer’s capacity, since production is greater than projected. He requests that the appeal be declared without merit.

35.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at sixteen hours eighteen minutes on July fifteenth, two thousand eight (folio 1152), Mr. Roberto Dobles Mora, Minister of Environment and Energy, reports for better resolution, stating that it is known that AyA has the responsibility by legal mandate to resolve everything related to drinking water supply, so in the exercise of those powers, it intends to utilize groundwater from a wellfield drilled in the Sardinal aquifer. He adds that Article two of the Institute’s Constitutive Law confers on it the authority for the utilization of public domain waters, but it has been objected that AyA did not make the prior consultation with SENARA. In this regard, he indicates that in accordance with subsection ch) of Article three of Law number 6877, AyA need not make that consultation, as it is exempted from requesting the drilling license from MINAE. He explains that this does not mean there is scientific uncertainty about the situation of water extraction from the Sardinal aquifer, because the project AyA is carrying out has been supported by scientific studies that do not have to be endorsed by SENARA, an aspect that has led to confusion. He explains that in an effort to address the problems arising around the utilization of the waters of the Sardinal aquifer, as well as in response to the demand for water supply, the formation of an Interinstitutional Commission was arranged, composed of the Water Department of MINAE, AyA, and SENARA, with the purpose of conducting an evaluation regarding the availability of water from Sardinal and El Coco. He relates that other research studies managed by the water sector are in development, and are a complement to the Commission’s work, such as the Study on the availability and vulnerability of aquifers in the Santa Cruz canton, Flamingo, Plan Grande Diriá, Potrero, Brasilito, Cuajiniquil, and Andomojo, carried out with resources from SENARA and the Municipality of Santa Cruz, which will be completed in December two thousand eight; the study of the Huacas-Tamarindo aquifers, with the School of Geography (Escuela de Geografía) of the University of Costa Rica with resources from SENARA, which will be completed in October two thousand eight; on the Parrita aquifer, carried out by AyA and SENARA with their own resources; and on the Tempisque aquifer, to be carried out by the School of Geology and the CICA Laboratory of the University of Costa Rica, sponsored by the International Atomic Energy Organization, ready to begin in two thousand nine, so it is expected to have a profile of the real situation of the region, including the Sardinal aquifer and the future conditions of water supply in the province of Guanacaste. He requests that the appeal be declared without merit.

36.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at ten hours two minutes on July thirty-first, two thousand eight (folio 1196), within file 08-8440-0007-CO, the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers reports that in legal opinion C-218-2008, of June fifteenth, two thousand eight, the Attorney General’s Office (Procuraduría General de la República) ruled favorably on the legality of the application of Article thirty-eight of the Urban Planning Law, through which AyA executes infrastructure projects in aqueducts and sewers. With this opinion, he argues, there is a guarantee that AyA has absolute control over the completed works, and the correct, legal, and transparent position with which the institution has acted is endorsed. He adds that the Attorney General’s Office also reiterates AyA’s ability to make a joint investment with a private developer, and that such document fully coincides with the institution’s position regarding the execution of the Sardinal-El Coco-Ocotal aqueduct expansion and improvements project.

37.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at ten hours ten minutes on May second, two thousand eight (folio 1234), Melvin Vásquez Gallo, Kristian Faerrón Barrera, Álvaro Abarca Gutiérrez, Luis Fernando Rivas Li, Johel Dávila Angulo, Rónald Francisco Pizarro, José Luis Espinoza, Marlene Villagra Angulo, Carlos Pizarro, Fernando Pizarro, Mara Campos Aguirre, Manuel Enrique Chavarría, Gilda Hernández Murillo, Dylana Chavarría Hernández, Jeordany Accedo Rivera, Luis Carballo, José Benigno Líos Gutiérrez, Javier Suárez Acuña, Luis Alberto Navarrete, Mayra Li Abarca, Andrea Ampié, Carolina Obando Espinoza, Luis Jácamo Ampié, José Gabriel Orias Acevedo, Gerardo Pizarro Pizarro, Carlos Roberto Pizarro Núñez, Gerardo Pizarro, Pedro Joaquín Bustos, Luis Gallo, Elioth Bustamante Villagra, Dagoberto Guillén, Elena Uribe Villagra, María Eugenia Pizarro, María Celestina Villagra, Isabel Francina Uribe, María Leticia Villareal, Francel Gómez Castillo, Dinney Martínez, Máxima Gallo, Yolanda Torres Méndez, Ángela Rosa Peña, Ludy Alvarado, Masiel Zúñiga Vásquez, Álvaro Gutiérrez Apú, Luis Rojas Matamoros, Candelaria Rodríguez, Alcides Líos, Rónald Líos, José Carlos Urbina Espinoza, Aida Espinoza Caravaca, Noemy Acevedo García, Ricardo Acevedo García, Guadalupe Acevedo García, Kattia García Pizarro, Carmen Santana Guzmán, file an amparo appeal against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Carrillo, and the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental). They state that on March sixteenth, two thousand six, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the company Coco Water entered into a Memorandum of Understanding for the expansion of the Playas del Coco aqueduct, as a solution under Article thirty-eight of the Urban Planning Law to the challenge posed by the urban development of the area for drinking water supply, estimating that the intention of the agreement is to transfer all the works to the administration and authority of Aqueducts and Sewers, since it mentions the donation of land for the location of four tanks, five wells, pumping stations, and easements (servidumbres). They believe that this is the consummation of a public work to assist the State, but that in reality it is a private work regarding which there are doubts about how AyA will enforce compliance with the purposes of the trust without a contract and without regulating the privilege of the developers to provide them their water connections to the detriment of other persons requesting the service, since they consider that the cited Article thirty-eight does not permit reserving water connections for the developer of the aqueduct, which is abusive, and they argue that the administrative contracting regime should have been followed. They claim that despite what has been said, the Municipality waived all procedures for the construction permit and also waived the payment of the corresponding municipal fee. They indicate that the Municipality must reconsider the permits processed by AyA, because the work is not being executed with its budget or its personnel, but rather it is a private work, thus it is the private company that must process the permits. They mention that the project cannot be considered a remodeling of the existing aqueduct, but rather a new aqueduct that must meet the requirements demanded by the Construction Law (Ley de Construcciones), given that being private, it is not within the exceptions provided in that law to be exempt from permits. They consider that AyA distorts administrative contracting processes, since its actions are not protected by any law, so the awarding of the work is vitiated by nullity, where an aqueduct independent from the existing one is planned, without interconnection, and to guarantee private developers five thousand water connections, although they have fewer than two thousand approved connections, privileging the developers to the detriment of the people by fostering an arbitrary and unequal hoarding of three thousand water connections. They transcribe a complaint filed before the National Environmental Technical Secretariat for alleged breach of environmental guarantee, in which they reiterate the arguments presented so far and question the amount of the environmental guarantee set according to the amount of the works to be carried out, since a guarantee of fifteen thousand dollars was set when the works cost eight million dollars, so the guarantee should be eighty thousand dollars. They request that the appeal be granted. This appeal began processing under file number 08-006812-0007-CO.

38.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at twelve hours fifteen minutes on May twenty-third, two thousand eight (folio 1341), within file 08-006812-0007-CO, Ms. Sonia Espinoza Valverde, Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, reports under oath, stating that through resolution number 110-2008-SETENA, of January twenty-second, two thousand eight, environmental viability was granted to the Improvements to the El Coco-Ocotal Aqueduct project, in the name of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a project located in the district of Sardinal. They state that the project consists of a work whose control is in public hands, so it is not a private aqueduct. She mentions that it is understood from the Memorandum of Understanding that it involves the improvement of an aqueduct and not the construction of a new one, and that if that is not the case, it will be AyA that must respond. She clarifies that the delay in submitting the Sworn Declaration of Environmental Commitments was due to a force majeure situation. Regarding the environmental guarantee, she explains that Article twenty-one of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) provides that such guarantee shall be up to one percent, that is, between zero and one percent, so it is up to the technicians to determine the guarantee within that parameter. She indicates that on April eighth, two thousand eight, the first regency report was submitted, covering the months of January, February, and March.

Requests that the appeal be declared without merit.

39.- By document received in the Secretariat of the Chamber at seventeen hours thirty minutes on twenty-six May two thousand eight (folio 1346), within case file 08-006812-0007-CO, Messrs. Guillermo Arce Oviedo and José Luis Arguedas Negrini, Deputy General Manager and Director of the Department of Studies and Projects, respectively, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), report under oath, stating that the El Coco aqueduct is an example of coordination of efforts between the public and private sectors, maintaining the social character of the service provided, because the model guarantees that the work is never removed from public control and supervision, because AyA has direct control, which ensures the maintenance of characteristics consistent with the principle of solidarity, access to the aqueduct without additional costs, and foreseeing that overexploitation of the water resource does not occur, supplying under equal conditions to the investors and to the residents who require it. They specify that the aqueduct is a public work based on article thirty-eight of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), which allows this integration provided that the public body determines the viability of the project and oversees it until receipt of the final product, all of which refutes that it is a private work, as the public character is reaffirmed, so the petition to revoke the road opening permit loses theoretical and legal basis. They indicate that the Memorandum of Understanding emphasizes the oversight work of the works by AyA, which is the ordinary work performed by the institution when contracting the construction of improvements to aqueduct systems, so the execution of the work is exempt from the construction permit (licencia de construcción) process. They explain that the trust (fideicomiso) is entered into by thirty-two businessmen, but neighboring communities will also benefit, having access to the service under the conditions agreed upon in the trust (fideicomiso) and without any discrimination compared to the investors, so far from weakening the water supply, it represents a strengthening of the infrastructure works and the water capacity of the system. They clarify that it is AyA's responsibility to verify that the water resource of the Chorotega Region is exploited rationally and in accordance with serious studies for its use, for which a hydrogeological study was carried out pursuant to which the aquifer (manto acuífero) of the area will not be affected. They mention that the project does have environmental viability (viabilidad ambiental), which is on record in the technical studies of the administrative file. They specify that there is scientific certainty from having a Hydrogeological Study of the Sardinal Aquifer – 2008, in which it is concluded that it has supply capacity determining that the total allowable flow is one hundred seventy-six liters per second. They state that the project consists of increasing the production of the current well field in El Coco by twenty-four liters per second and pumping them to the El Coco tank and from there conveying them in a new pipeline to distribute them to the population using existing pipelines, and implementing a new well field in Sardinal to utilize the aquifer located there, exploiting one hundred seventy-six liters per second, which are pumped to a new tank for El Coco, and from there conveyed in new pipelines to distribute them to the population using existing and new pipelines, leaving the system operating with two pressure zones interconnected with each other to provide redundancy and security for any eventuality. They relate that in addition to the wells and tanks, the project is broken down into seven kilometers of conveyance pipelines and fourteen kilometers of distribution pipelines, and the intended purpose is the development of the area and facilitating access to the aqueduct for the communities within the project's coverage area. They point out that article thirty-eight of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) does not indicate that the works executed by the developer are of a private nature, but rather makes it clear that they are public and does not limit the competence of the public entity, as AyA is the one that provides the technical specifications and provides or approves the plans and designs, maintaining inspection of the project and the ability to issue necessary instructions for its proper execution, all of which are powers inherent to the nature of the public entity even if not mentioned in the Memorandum of Understanding. They relate that a bidding procedure is not necessary under the terms of article one hundred eighty-two of the Constitution because public funds are not being used, but the origin of the funds is private, where the administration's duty is to provide the designs and technical specifications, supervise the execution of the works, and conduct the pertinent studies once it is executed to ensure that the works fulfill the public purpose for which they were intended. They mention that the project is for improvements or expansion of the El Coco aqueduct, which is for the same aqueduct currently administered and operated by AyA, and that the water from the Sardinal wells will enter, reinforce, and supply part of the areas covered by the current aqueduct, creating two supply zones with their production sources –El Coco wells and Sardinal wells–, which are interconnected and can transfer water from one zone to another, so the infrastructure being built is not autonomous, which explains why the environmental viability (viabilidad ambiental) was requested indicating that it was an improvement to existing infrastructure. They explain that the aqueduct being built will work fully integrated with the existing system, increasing the water transfer capacity and improving pressures in the network, the institutional interest being to optimize the provision of service in the area and improve the community's quality of life conditions. They specify that the diagnostic study carried out by the Department of Physical Development of the DEP determines that the aqueduct's problem is not one of production, which is sufficient beyond the year two thousand twenty-five, but rather the problem with the supply is the insufficient volume tank, so a first stage is to expand some distribution pipelines, and a second stage to build a four hundred cubic meter tank. They mention that the project increases production and storage capacity to increase coverage by eight thousand more services, which benefits the entire area. They argue that the emergency situation mentioned by the appellant is largely due to the lack of adequate infrastructure in the area, so the Institute has resorted to novel figures such as the one used in this case so that projects of public interest are financed by the private sector. They add that the Institute coordinated with the Municipality, informing them about the works to be carried out for road opening and pipeline installation, so in respect of the municipal decision the road opening works were duly suspended, and currently there is authorization to continue with the necessary works because the local government revoked the administrative act that had suspended the authorization. They consider that road opening and payment of construction permits are matters of mere legality that it is up to the Municipality or the Administrative Litigation Court to resolve, although they explain that the current regulations authorize the Institute to carry out work within its competence with mere communication to the body responsible for road maintenance, but they always processed the procedures before the Municipality, which by official letter MC-IM-531-07 authorized the road opening, so the revocation of the authorization was later surprising because this is a public work. Regarding the construction permit (licencia de construcción), they indicate that opinion C-192-95 of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) determines that if the works are those of a state institution and are works of social interest, the requirement is met to exempt what is provided in article seventy of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and article seventy-five of the Constructions Law (Ley de Construcciones), a criterion reiterated in opinion number C-051-08 and in resolutions of the courts of justice. They relate that the Attorney General's opinion highlights that decentralized entities are exempt from the obligation to require a municipal license for the construction of public works provided they are supervised by the Ministry of Public Works and Transport (MOPT). They emphasize that it must be insisted that AyA has carried out permanent and continuous supervision of the works, and that in a proper interpretation the entity that must perform such management is the one with specialized expertise in the field of the developed works, it being so that the Constitutive Law of AyA explains that the Institute is the substitute body for the Municipalities and MOPT in matters of its competence, so it is the Institute that is responsible for supervising aqueduct and sewer works in obvious substitution of MOPT, all of which is explained in article two of said law. It is for this reason that they consider that in the case of the project the requirements are met to be exempt from the municipal license. Regarding the authorization of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), they point out that the investment made is private and not with public funds, so no comptroller approval or bidding procedure is required. They deem it important that local governments have their respective regulatory plan (plan regulador) that guarantees adequate planning of resources, land use, and availability of services, but access to and development of projects in matters of water and aqueducts cannot be limited provided it is technically feasible to carry them out without that planning instrument. They reiterate that the environmental viability (viabilidad ambiental) issued by SETENA in resolution SG-017-2008-SETENA, clarifies that the project consists of improving the existing infrastructure of the aqueduct that supplies the localities of Playas de El Coco and Ocotal. They consider that no prior authorization or consultation from SENARA is required for the exploitation and drilling of wells by AyA, as the Attorney General's Office (Procuraduría) so concluded when it specified in opinion C-243-95 that AyA did not require any concession or drilling license issued by the S.N.E. for the exploitation of wells intended for the population's consumption of drinking water, but rather it is sufficient that it inform the S.N.E. in order to have a general hydrological record and coordinate rational use of the water resource. They request that the appeal be declared without merit.

40.- By document received in the Secretariat of the Chamber at fourteen hours fifty-seven minutes on thirty May two thousand eight (folio 1399), within case file 08-006812-0007-CO, Ms. Mauren Brenes Acuña, Head of the Municipal Engineering Department of the Municipality of Carrillo, reports under oath, stating that on twenty-nine October two thousand seven, road breaking was authorized for the installation of pipelines for the El Coco Aqueduct Improvements project, pursuant to official letter MC-IM-531-07, from the Municipality's Engineering Department. She indicates that the cited project was framed under the assumptions contemplated in article thirty-eight of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), and that it is not a private aqueduct but a public work financed with private capital. She adds that being a public work belonging to AyA, even if financed with private capital, it is exempt from the processing of the construction permit (licencia de construcción) and payment of the corresponding tax, all in accordance with article seventy of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), article seventy-five of the Constructions Law (Ley de Construcciones), and opinions C-192-95, C-051-08, and C-318-02 of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República). She relates that the current regulations authorize AyA to carry out road breaking works even without municipal permission, provided such works are necessary to provide the population with drinking water service, but that authorization was requested to be in accordance with the duty of coordination ordered by article six of the Municipal Code (Código Municipal). She requests that the appeal be declared without merit.

41.- By document received in the Secretariat of the Chamber at thirteen hours thirty minutes on eleven June two thousand eight (folio 1416), the Head of the Municipal Engineering Department of the Municipality of Carrillo requests that, given the identity between cause and object of the amparos processed in case files 08-005154-0007-CO, 08-005663-0007-CO, 08-6812-0007-CO, and 08-7916-0007-CO, they be consolidated with the first as it is the oldest.

42.- Through resolution of this Chamber number 2008-9579, of fourteen hours four minutes on eleven June two thousand eight (folio 1412), it is ordered to consolidate the amparo processed under case file 08-006812-0007-CO with that processed under case file number 08-005154-0007-CO.

43.- By document received in the Secretariat of the Chamber at sixteen hours forty-four minutes on eleven June two thousand eight (folio 1417), the Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) requests the consolidation of the amparos processed under case file numbers 08-005154-0007-CO, 08-005663-0007-CO, 08-6812-0007-CO, and 08-7916-0007-CO.

44.- By document received in the Secretariat of the Chamber at ten hours two minutes on thirty-one July two thousand eight (folios 1419 and 1443), Mr. Ricardo Sancho Chavarría, President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), supplements the report submitted within case files 08-005663-0007-CO and 08-006812-0008-CO, indicating that in opinion C-218-2008, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) ruled favorably on the legality of applying article thirty-eight of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) in the execution of aqueduct and sewer infrastructure projects, as occurs in the case under study. He argues that with this opinion there is a guarantee that AyA has absolute control over the finished works and that the service is provided according to the public interest criteria established by the Institution, and that the Attorney General's Office reiterates AyA's power to make joint investments with a private developer in those cases where the public interest justifies it.

45.- By document received in the Secretariat of the Chamber at ten hours fifty-five minutes on twenty-two October two thousand eight (folio 1462), Mr. Roberto Dobles Mora, Minister of Environment, Energy and Telecommunications and Rector of the Water Sector, supplements the report of eleven June two thousand eight and offers evidence for a better resolution. He explains that the water sector is composed, among other institutions, of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA–), regarding groundwater; and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), except in health matters, so the Ministry is responsible for approving, issuing, and directing national policies related to water management. He indicates that MINAET formed an Interinstitutional Commission in order to evaluate the water security of the Sardinal Aquifer, in order to address discrepancies of community leaders who have expressed their concern about the possible impairment of the aquifer. He mentions that since three June two thousand eight he has been coordinating an Interinstitutional Commission composed of a High-Level Committee and a Technical Committee, to, through a comprehensive, systematic, and transparent process, prepare a broad and high-level technical opinion regarding the water balance of the Sardinal Aquifer, called the Technical Report for the Management of Water Security of the Sardinal Aquifer. He relates that the analysis process led by MINAET began with the formation of the Interinstitutional Commission with the heads of MINAET, SENARA, AyA, and the Technical Committee formed by officials from those three institutions under the coordination of the Director of the Department of Waters of MINAET, with the support of other institutions such as the National Meteorological Institute (Instituto Meteorológico Nacional, IMN), the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC–), and the National Institute for Agricultural Innovation and Technology Transfer (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria –INTA–). He adds that the Technical Committee began work evaluating all existing documents and technical reports, including the study carried out by AyA and other contributions from SENARA, from the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes), another private report, a graduation thesis, and inquiries from residents. He indicates that the Technical Committee's study has as its framework the National Plan for Integrated Water Resource Management and the Plan for Water Supply and Integrated Wastewater Management for Guanacaste, of which the Sardinal Aquifer forms a part, so it is not an isolated study but a comprehensive work. He adds that the Technical Committee agreed to carry out various complementary and additional works, both by professionals from the institutions involved and by the independent expert Gunther Schosinsky, who evaluated the potential recharge of the Sardinal Aquifer using a methodology developed by himself, which is used by the majority of national hydrogeologists; likewise, nineteen georeferenced field tests were carried out to obtain more information on the infiltration or replenishment capacity of the aquifer, and different initiatives were considered to increase the water supply in the region based on the regional projects and initiatives contemplated in the two referenced plans. He explains that currently there is a preliminary document of the Technical Report for the Management of Water Security of the Sardinal Aquifer, which contains, in a consensual and broad manner, the different aspects that make it possible to guarantee water security in the management of the aquifer, including a program and protocol for monitoring and controlled extraction of the waters, a document that has been endorsed by the General Manager of SENARA and the Executive President of ICAA. He clarifies that a participatory process will be carried out with the communities involved so that they may express their concerns and comments regarding the conclusions of that technical study.

46.- By document received in the Secretariat of the Chamber at fourteen hours twenty-one minutes on thirty October two thousand eight (folio 1526), Mr. Daniel Soley Gutiérrez, Assistant Ombudsman (Defensor Adjunto de los Habitantes), refers to the Technical Report for the Management of Water Security of the Sardinal Aquifer, presented by the Minister of Environment and Energy on twenty-two October two thousand eight, pointing out that the purposes of the trust (fideicomiso) signed constitute a preferential right in the supply of drinking water in favor of the trust beneficiary (fideicomisario), even though article thirty-eight of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) indicates that the only right granted to the developer is to receive, within a five-year period, a credit for each housing unit that uses the built infrastructure, thereby guaranteeing unrestricted availability of water. He relates that MINEAT indicates that the number of water connections (pajas) to be assigned to the developer will depend on the studies carried out and that the public interest is not compromised, notwithstanding which the trust (fideicomiso) contract does not subject what is agreed to the satisfaction of the public interest, so he questions the fulfillment of the principles of public service because the trust (fideicomiso) contract was formulated based on satisfying the interests of the private investors. He continues saying that MINEAT's report indicates that AyA is not prioritizing the use of drinking water for commercial purposes, but the trust (fideicomiso) contract includes provisions on water use, in contravention of the State's national policy of prioritizing water use for the supply and consumption of populations over any other possible use. He considers that AyA overlooks the guardianship and protection of the collective interests of water supply, because the institution is privileging water use for commercial purposes over use for local population human consumption, by guaranteeing the trustors-beneficiaries (fideicomitentes-fideicomisarios) an open number of water connections (pajas de agua). He mentions that although AyA indicates that it has not renounced exercising stewardship and oversight regarding water, in the Ombudsman’s Office's opinion it is evident that there are clauses within the trust (fideicomiso) contract in which the institution has renounced exercising that stewardship and oversight, which could lead to an excess of powers and violation of the principle of legality; he considers that there is a renunciation of powers by irrevocably committing to ensure connection to the water supply for urban and hotel projects, as AyA is imposed the obligation to guarantee the water connections (pajas de agua) for the founding trust beneficiaries (fideicomisarios fundadores), so that in the future the institution could not consider factors of opportunity, convenience, or merit in granting the connections, thereby reducing the administration's margin of discretionary action. He clarifies that the Ombudsman's Office does not question the figure of the trust (fideicomiso) contract, which it considers valid as a guarantee mechanism for the execution of works built under the protection of the Regulation for the Application of article thirty-eight of the Urban Planning Law (Reglamento para la Aplicación del artículo treinta y ocho de la Ley de Planificación Urbana), but does assess as a violation of the fundamental right of access to drinking water that through the trust (fideicomiso) AyA is obliged to recognize a supply right. He specifies that although MINAET assures that AyA is not a signatory to the trust (fideicomiso) contract, AyA is indeed a party to the contract, as it is constituted as the principal beneficiary, as approved in Board of Directors session 2007-046, agreement 2007-367, upon the aqueduct works passing to its ownership and obligating itself to guarantee the water supply to the founding trust beneficiaries (fideicomisarios fundadores), as expressed in point d) of section II of the contract. Regarding the Attorney General's Office's opinion on the figure used to carry out the works, he explains that the same opinion provides that the authorization of private investment cannot grant a preferential right to the developer that carries them out, as the principles of equality, universality, efficiency, and continuity must be considered, the only right that can be granted to the developer who carries out infrastructure works being that of receiving a credit within five years for each housing unit that uses the built infrastructure. He mentions that when the trust (fideicomiso) contract was signed –twenty-three May two thousand seven– the Regulation for the application of article thirty-eight had not yet entered into force, which is relevant because that regulation is the only normative instrument that authorizes the use of the trust (fideicomiso) contract to build aqueduct works at the cost of the developers, for which reason he considers there is a violation of article fifty-five of the Administrative Contracting Law (Ley de Contratación Administrativa) for using a contractual figure that was not regulated. In addition, he indicates, the same Attorney General's opinion raises a question about the constitutionality of the referenced regulation. Therefore, he adds that it is striking that MINAET tries to minimize the constitutional and legal questions raised and call them simple errors of interpretation of the trust (fideicomiso) contract, and that these are: the provision of public service versus the investors' supply rights; the alleged renunciation of public powers by AyA; and the object of the trust (fideicomiso) contract.

47.- By document received in the Secretariat of the Chamber at eleven hours fifty-nine minutes on ten November two thousand eight (folio 1577), the Minister of Environment, Energy and Telecommunications presents additional documentation on the SENARA Conceptual Model Study, chapters I and II, and a copy of the minutes of the High-Level Commission of the Interinstitutional Commission, where the Technical Committee's Technical Report for the Management of the Security of the Sardinal Aquifer is received. He adds that these documents and those presented in the previous report will be delivered to the community and social organizations of the area in a public event to be held on nine November two thousand eight at the Sardinal School, after which a feedback period will open, and they will also be delivered to the Municipality of Carrillo on ten November.

48.- By documents received in the Secretariat of the Chamber at nineteen hours forty-nine minutes on thirteen November two thousand eight (folios 1580, 1584, and 1592), the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) presents minutes of six November two thousand eight of the Technical Committee, where it is expressed that it is ratified that the exploitation of water from the Sardinal aquifer through the four wells indicated therein is viable, without putting at risk the security of the water intended for the long-term supply of the communities.

49.- By document received in the Secretariat of the Chamber at eleven hours fifty-three minutes on twenty-eight November two thousand eight (folio 1599), the appellants provide a copy of official letter DFOE-ED-22-2008, which is the "Report of the special study carried out at the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in relation to the development of the Sardinal and El Coco-Ocotal aqueducts projects," prepared by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).

50.- By resolution of this Chamber, of nine hours twenty-nine minutes on two December two thousand eight (folio 1598), evidence for a better resolution is requested from the Board of Directors of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), consisting of the complete and full certification of the minutes of the session of said Board of Directors of nineteen November two thousand eight.

51.- Through resolution of this Chamber, of ten hours twenty-two minutes on two December two thousand eight (folio 1597), evidence for a better resolution is requested from the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), consisting of the most recent technical report prepared by said unit on the Sardinal aquifer.

52.- By document received in the Secretariat of the Chamber at fifteen hours on five December two thousand eight (folio 1655), Mr. Jaime Villalobos Vargas, Vice President of the Board of Directors of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), attaches a certified copy of the minutes of the ordinary session of said Board of Directors number 550-08 of nineteen November two thousand eight.

53.- By document received in the Secretariat of the Chamber at fifteen hours on five December two thousand eight (folio 1669), the General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), attaches the "Detailed Hydrogeological Study of the Aquifer of the Upper Part of the Sardinal River Basin," prepared by the technical group of the Groundwater Area of said entity in October two thousand eight, as well as official letter ASUB-546-08, of three December two thousand eight, in which it indicates mention is made of the water capacity and the real possibility of present and future exploitation of the Sardinal aquifer.

54.- By document received in the Secretariat of the Chamber at fourteen hours on eighteen December two thousand eight (folio 1716), the Ombudswoman (Defensora de los Habitantes) provides the "Final Report of the Sardinal Case" prepared by said institution.

55.- Through a copy of a document received in the Secretariat of the Chamber at eleven hours on six January two thousand nine (folio 1827), the Area of Economic Services for Development of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) provides a copy of the memorandum sent to the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes) regarding the recommendations issued by said entity.

56.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Cambronero; and,

Considering

  I.- Procedural matter. The coadjuvancies filed. Lisbeth Quesada Tristán and Daniel Soley Gutiérrez, in their capacity as Ombudswoman and Assistant Ombudsman (Defensor Adjunto de los Habitantes), respectively; and Johnny Leiva Badilla, in his capacity as representative of the Cámara Liberiana de Turismo Association; appear in documents visible at folios 470, 477, 714, 721, and 769, requesting to be considered active coadjuvants the former, and passive coadjuvant the latter, having a direct interest in the resolution of this matter.

Regarding the legal nature of joinder (coadyuvancia), the Chamber, in judgment number 3235-92 of nine hours twenty minutes on October thirtieth, nineteen ninety-two, reiterated, among others, in judgment number 2007-003185 of ten hours forty-seven minutes on March ninth, two thousand seven, established that:

"Joinder (coadyuvancia) is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding adhering to the claims of one of the main parties; as a consequence, anyone who has a direct interest in the outcome of the appeal is legitimized to act as a joining party (coadyuvante), but not being a main actor, the joining party (coadyuvante) will not be directly affected by the judgment, that is, its efficacy cannot reach them directly and immediately, nor does the res judicata condition of the ruling affect them, although in amparo matters the efficacy of what is decided may favor them, due to the "erga omnes" character of the Jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction (Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction)"

Based on the foregoing and in accordance with the provisions of Article 34 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the petition of these persons is accepted and they are admitted as active and passive joining parties (coadyuvantes) with respect to the particular and specific subject matter of this amparo appeal, under the warning that they will not be directly benefited by the judgment, and therefore its efficacy cannot reach them directly and immediately.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

1. That on March sixteenth, two thousand six, a Memorandum of Understanding on the Expansion of the Playas del Coco Aqueduct was signed between the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the company Coco Water Sociedad Anónima, specifying that the cost of the works to be executed will be borne by the company; the works will be built according to the technical specifications provided and approved by the ICAA; the granting of five thousand services will be guaranteed to the company provided there is availability; that the connection costs and tariffs will be those approved by the Public Services Regulatory Authority; that future development projects must pay the company a proportional amount for each dwelling in the new project, a provision applicable to single-family homes, to which availability will be granted without paying any cost; that the works will be delivered for the administration and operation of AyA; that the project inspection will be in charge of AyA; and that the signing of the memorandum of understanding does not imply the granting of the water availability letter nor authorization for the start of works (folio 2 of volume II of the administrative file).

2. That on September twelfth, two thousand six, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados submitted to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental the project for Improvements to the El Coco-Ocotal Aqueduct (folio 40 of the administrative file).

3. That in October of two thousand six, the Department of Physical Development of the Directorate of Studies and Projects of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados issued the Final Project Report Playas de El Coco-Ocotal, Guanacaste, recommending more and better capacity tests in the wells used, in order to establish the maximum real production capacity in the area (folio 529).

4. That through resolution of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, number 2219-2006-SETENA, of ten hours forty minutes on November twenty-second, two thousand six, the Project for Improvements to the El Coco-Ocotal Aqueduct, submitted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, was studied, and the Institute was requested to submit a Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA) (folio 31 of the administrative file).

5. That by agreement number 2007-103, of ordinary session number 2007-012, of February twenty-seventh, two thousand seven, the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requested from the Internal Audit of the same institution a comprehensive evaluation of the proceedings, procedures, agreements, administrative and labor aspects, as well as matters related to public procurement and others in the Chorotega Region (folio 212).

6. That on May twenty-third, two thousand seven, the Playas del Coco Aqueduct Trust was signed between twenty-two private companies called Founding Trustors and Founding Trust Beneficiaries; the company Coco Water Sociedad Anónima, as Non-Participating Trustor; and Banco de Costa Rica as Trustee; to finance the expansion of the aqueduct in accordance with the Memorandum of Intentions signed with Acueductos y Alcantarillados on March sixteenth, two thousand six (folio 33).

7. That through official communication number AU-2007-315, of July ninth, two thousand seven, the Internal Audit of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requested information from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental regarding whether the works of the Mejoras al Acueducto El Coco-Ocotal project have the environmental viability (viabilidad ambiental), whether AyA assumes the consequences of the negative environmental impacts derived from the construction, and whether the provisions of Decreto number 32712-MINAE were omitted, since the company subcontracted for the works completed the construction of an eleven hundred meter branch (folio 17 of the administrative file).

8. That through official communication number DEP-2007-838, of September eighteenth, two thousand seven, the Directorate of Studies and Projects of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requested authorization from the Municipality of Carrillo to carry out road breaks on cantonal roads corresponding to the improvements to the El Coco aqueduct, advising that the project financing will be managed by a trust formed by a group of private investors (folio 8).

9. That in the Official Gazette La Gaceta, number 180, of September nineteenth, two thousand seven, the Regulation for the Application of Article 38 of the Urban Planning Law (Ley N°4240) in AyA Aqueduct and Sewer Works was published (folio 269).

10. That through permit number DPV-RO-278-07, of October fourth, two thousand seven, the Road Forecasting Department of the Engineering Directorate of the Directorate of Public Works of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, granted the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a permit for the installation of drinking water pipes for the El Coco aqueduct, as the law creating said institute empowers them to carry out works on rights-of-way; likewise, it notes that the permit is exempt from the payment of the security deposit (folios 279 and 280).

11. That through official communication number SG-2455-2007-SETENA, of October eighth, two thousand seven, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental replied to the Internal Audit of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that as of that date, the Mejoras al Acueducto El Coco-Ocotal project lacked the corresponding environmental viability (viabilidad ambiental) to begin the project activity, and that the Institute is directly responsible for compliance with the environmental commitments (folio 19 of the administrative file).

12. That through official communication number MC-IM-531-07, of October twenty-ninth, two thousand seven, the Municipal Engineer of the Municipality of Carrillo informed the Directorate of Studies and Projects of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that the permit to carry out works on cantonal roads was authorized (folio 1 of the administrative file).

13. That through memorandum number AU-2007-665, of December twentieth, two thousand seven, the Internal Audit of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informed the Board of Directors of the same institution that, with respect to the Mejoras al acueducto El Coco-Ocotal Guanacaste project, construction work is being carried out outside what the current regulations provide, given that the works show significant changes from the original designs, the environmental viability (viabilidad ambiental) is not in place, there is no official logbook duly accredited by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, and that Banco de Costa Rica, through the trust, assumes exclusive competencies of the ICAA by certifying the granting of water availability. Therefore, it requests that the actions of the active administration be reviewed and instructions be given to suspend the continuation of the project construction (folio 214).

14. That through official communication number G-2008-0108, of January twenty-first, two thousand eight, the General Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados submitted to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental the Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA) related to the Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal project, indicating that the project began its construction phase in October of the previous year (folio 10 of the administrative file).

15. That through resolution of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, number 110-2008-SETENA, of fourteen hours forty minutes on January twenty-second, two thousand eight, the Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA) was approved and the environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal project (folio 3 of the administrative file).

16. That through certification of January twenty-second, two thousand eight, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental certified that the project called Mejoras al Acueducto El Coco-Ocotal has the approved environmental viability license (viabilidad ambiental) (folio 2 of the administrative file).

17. That on January twenty-third, two thousand eight, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados held a meeting with the community of Sardinal regarding the El Coco-Ocotal Aqueduct project (folio 375).

18. That through memorandum number DGAmb-EB-2008-04, of February seventeenth, two thousand eight, the Department of Basic Studies of the Directorate of Environmental Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados delivered to the Executive President of the same institution the Hydrogeological Study of the Sardinal Aquifer, of January two thousand eight, prepared by that department (folio 127 of the administrative file).

19. That the Hydrogeological Study of the Sardinal Aquifer, prepared by the Department of Basic Studies of the Directorate of Environmental Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, concludes that the recharge of the Sardinal Aquifer is 2134 l/s, while the discharge is 778 l/s, leaving a remaining flow of 1356 l/s plus 221 of return from irrigation (folio 148 of the administrative file).

20. That through official communication number MC-IM-116-08, of February twenty-eighth, two thousand eight, the Municipal Engineer of the Municipality of Carrillo informed the Directorate of Studies and Projects of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that by resolution of the Municipal Mayor's Office, number one hundred thirty-seven-two thousand eight, of February twenty-sixth, two thousand eight, the authorization for road breaks to install pipes on cantonal routes as part of the El Coco aqueduct project was revoked (folio 10).

21. That on March twenty-sixth, two thousand eight, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados filed a motion for reconsideration with subsidiary appeal against official communication MC-IM-116-08 (folio 262 of the administrative file).

22. That through memorandum number AU-2008-110, of March twenty-eighth, two thousand eight, the Internal Audit of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presented to the Board of Directors of the same institution the twelfth report of the comprehensive Chorotega study "Drilling of the wells," concluding that since the year two thousand five, the communities of Papagayo, Playa Hermosa, El Coco, Ocotal, and Sardinal showed a deficit in potable water production to meet the projected growing demand in the area; that the conclusions of the hydrogeological study by Gómez Tristán were not heeded by senior administration and some responsible for the preliminary design of the construction of improvements to the El Coco and Ocotal Aqueduct; that the construction of projects was endorsed without intermediate specific studies; that the recommendation regarding the potential risk of contamination of the El Coco aquifer was disregarded; and recommending that studies and designs be carried out and the resources required for the construction of the sanitary sewer system for the localities of El Coco and Ocotal be budgeted (folio 118).

23. That through resolution of the Municipal Engineering Department of the Municipality of Carrillo, official communication number MC-IM-209-08, of eleven hours on April ninth, two thousand eight, the motion for reconsideration with subsidiary appeal filed by the ICAA against official communication MC-IM-116-08 was granted, annulling the same (folio 262 of the administrative file).

24. That through official communication number ASUB-196-08, of May seventh, two thousand eight, the Director of the Groundwater Area of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, attested that SENARA has not received for its knowledge the hydrogeological study presented by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which has not been reviewed or assessed by the institution, and indicates that only SENARA has the legal framework to carry out the research and protection of underground water resources nationwide and that its pronouncements are binding (folio 430).

25. That through official communication number GE-308-08, of May twenty-second, two thousand eight, the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, communicated to the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that, in relation to the El Coco-Ocotal Aqueduct project, SENARA has been conducting hydrogeological studies of the Tempisque Aquifer since nineteen eighty-four, the latest being from two thousand four, which show that there is an aquifer whose water supply exceeds the demand to supply said aqueduct without endangering the aquifer's water balance (folio 269 of volume II of the administrative file).

26. That through official communication number SG-194-2008-SETENA, of May twenty-sixth, two thousand eight, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental informed the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that the operation and maintenance works of the El Coco-Ocotal aqueduct – equipping existing wells, their interconnection with existing tanks and with the existing distribution network – do not require any procedure before said agency because they correspond to AyA's own tasks to provide good service (folio 272 of volume II of the administrative file).

27. That through memorandum number ASUB-230-08, of May twenty-ninth, two thousand eight, the Groundwater Area of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento presented to the General Manager of said entity the technical analysis of the studies provided by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on the Sardinal aquifer and the El Coco-Ocotal final project, concluding that the studies presented do not contain sufficient information to assess the effect of the exploitation of the Sardinal and El Coco well fields; that the impact on the Ocotal and El Coco aquifers was not evaluated; that the evaluation of the impact on groundwater must be carried out based on the aquifers that are within the area of influence of the Sardinal, El Coco, and Ocotal Aquifer project; and refers to the studies needed for SENARA to assess and issue a pronouncement for the referred project (folio 756).

28. That through minute of June sixth, two thousand eight, it is recorded that the Minister of Environment and Energy, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, constituted a Technical Commission composed of officials from the three institutions to evaluate the available technical information, render a report on water availability in the Sardinal and El Coco-Ocotal aquifers, and formulate recommendations to be followed for the sustainable management of the Sardinal Aquifer, agreeing that with respect to the Sardinal Aquifer a comprehensive criterion will be generated by the Commission, and regarding the El Coco-Ocotal Aquifer, SENARA will analyze the Comprehensive Hydrogeological Study of the Hydrographic Basins of the El Coco and Ocotal towns (folio 1135).

29. That through legal opinion number C-218-2008, of June twenty-fifth, two thousand eight, the Procuraduría General de la República issued its opinion on the scope of Article thirty-eight of the Urban Planning Law and its application in matters of development of water or sanitary sewer infrastructure (folio 1199).

30. That on August fourteenth, two thousand eight, the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications and his work team held a meeting with community leaders and development associations to report on the process and stages of preparing a technical report on the water security of the Sardinal Aquifer (folio 1472).

31. That on October third, two thousand eight, a delegation of officials from the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications held a meeting with residents, community leaders, and other social actors at the Sardinal School regarding the current situation of aspects related to the Sardinal Aquifer (folio 1473 verso).

32. That the "Detailed Hydrogeological Study of the Aquifer of the upper part of the Sardinal River basin," of October two thousand eight, prepared by the Technical Group of the Groundwater Area of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, concludes that the aquifer of the upper Sardinal River basin is not in overexploitation; that the minimum recommended safe yield is twenty-five percent of the naturally rejected water, and the maximum available water corresponds to seventy-five percent of the naturally rejected recharge; that no further drilling permits or water concessions should be granted in the micro-basin of the Vainilla and Nisperal streams; that flow meters must be implemented to control extraction, and a detailed field analysis of monthly extraction and groundwater balance must be carried out; that the exploitation of seventy liters per second from the Sardinal Aqueduct wells is considered feasible, conditioned on monitoring the aquifer's behavior against its exploitation for a period of no less than two years; that the effect of AyA's well extraction on the Sardinal River must be evaluated through the implementation of two gauging stations located upstream and downstream of the well field; that the future exploitation of the aquifer will be conditioned on the results of the "Exploitation Monitoring, Aquifer Behavior, and Controlled Extraction Plan"; that said plan must be analyzed by the institutions involved after two years of its execution; that the water available in the aquifer for its exploitation will be determined once the two-year monitoring and control process is concluded; that the discharge of contaminating substances into the river must be avoided; that an exhaustive inventory of legal and illegal wells must be carried out to quantify real monthly extraction; that two water level recorders must be installed to measure base flow throughout the year, as well as a climate station in the Sardinal area; and that a hydrogeological vulnerability map, pollution threat map, and pollution risk map must be created (folio 1674).

33. That the summary of conclusions of the Technical Report (Preliminary) for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer, of October two thousand eight, indicates that the report by independent expert Gunther Schosinsky Neverman states that the total flow that AyA will extract represents fifteen percent of the aquifer's water recharge; that exploitation must be carried out in stages according to the real increase in demand; that exploitation may be applied as defined by the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications; that a baseline for the aquifer's behavior will be established over two years in order to define its future exploitation, a period during which no new drilling permits will be granted in the upper basin of the Sardinal River; that the Groundwater Directorate of SENARA will develop a conceptual hydrogeological model of the aquifer, understood as one that describes the type of aquifer, its hydraulic properties, hydrogeological units, and flow direction, to jointly establish sustainable exploitation with MINAET (folio 1481).

34. That through official communication number GE-637-08, of October eighth, two thousand eight, the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, expressed to the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications his conformity with the Technical Report for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer (folio 1467).

35. That through official communication number PRE-2008-0967, of October ninth, two thousand eight, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados expressed to the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications his conformity with the Technical Report for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer (folio 1466).

36. That at a meeting held on November sixth, two thousand eight, the Technical Committee of the Sardinal and El Coco-Ocotal Aqueduct agreed that, having taken into consideration the hydrogeological study by expert Gunther Schosinsky, but without having thoroughly analyzed the conclusions of the Detailed Hydrogeological Study of the Aquifer of the Upper Part of the Sardinal River Basin prepared by SENARA, it is concluded that the exploitation of water from the Sardinal aquifer through wells 06-07, 06-09, 06-04, and 06-03 is viable, to be used in the aqueduct supply project called Expansión Acueducto El Coco-Ocotal, without jeopardizing the security of water intended to supply the communities in the long term, taking into account that: exploitation will be carried out in stages according to the real increase in demand; an exploitation monitoring plan must be developed, based on which future exploitation will be defined, exploitation that will be carried out as defined by MINAET in accordance with the controlled exploitation to be carried out by State institutions (folio 1582).

37. That on November seventh, two thousand eight, the High-Level Commission composed of the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, the President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, received from the Technical Committee the "Technical Report for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer" (folio 1578).

38. That through a note of November eleventh, two thousand eight, officials from the Groundwater Area of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento communicated to the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, that in their capacity as SENARA representatives within the Technical Commission, they were not aware of the "Technical Report for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer"; that the results of the SENARA technical report "Detailed Hydrogeological Study of the aquifer of the upper part of the Sardinal River basin" were not presented, and its conclusions were partially presented; and that the only data accepted by SENARA from the study prepared by hydrogeologist Gunther Schosinsky was the potential recharge value (folio 1665).

39. That in ordinary session of the Board of Directors of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, number 550-08, of November nineteenth, two thousand eight, the Inter-institutional Commission composed of the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, presented to the Board of Directors of said entity the "Technical Report for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer, in its preliminary version."

40. That through report number DFOE-ED-22-2008, of November twenty-first, two thousand eight, the Economic Services for Development Area of the Contraloría General de la República issued the "Report of the Special Study Conducted at the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in relation to the development of the Sardinal and El Coco-Ocotal aqueduct projects," concluding that: the expansion project of the El Coco-Ocotal aqueduct was authorized without sufficiently detailed water studies of the Sardinal and El Coco-Ocotal aquifers that truly demonstrate there is enough water to satisfy five thousand services required by the developers and future demand; that AyA did not adequately exercise its duty to supervise that the project developers complied with all legal procedures; that AyA allowed a large part of the works of the aqueduct expansion project to be carried out without having the environmental viability (viabilidad ambiental); that AyA issued forty-nine water availability letters and twenty-two certifications guaranteeing water availability, committing water supply for a total of four thousand one hundred twenty-seven services; therefore, the Executive Presidency of AyA is ordered to prepare and submit for approval by the Board of Directors a plan with actions, priorities, deadlines, responsible parties, and expected results, in order to carry out the necessary technical studies so that AyA can determine with scientific precision the real availability of water services (folio 1601).

41. That in Annex 1 of report number DFOE-ED-22-2008, of November twenty-first, two thousand eight, the Economic Services for Development Area of the Contraloría General de la República certifies that between February twentieth, two thousand six, and February fifteenth, two thousand seven, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados issued fifty water availability letters for the El Coco-Ocotal aqueduct project (folio 1644).

42. That Annex 2 of report number DFOE-ED-22-2008, of November twenty-first, two thousand eight, the Economic Services for Development Area of the Contraloría General de la República certifies that between January twenty-eighth and June ninth, both of two thousand eight, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados issued twenty-three certifications guaranteeing the infrastructure and water availability for the projects of the founding trustors of the El Coco-Ocotal aqueduct trust (folio 1649).

43. That on November twenty-first, two thousand eight, the Central American School of Geology of the University of Costa Rica presented to the Defensoría de los Habitantes the study "Analysis of the Technical Report for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer," concluding that for a safe yield of the aquifer, the maximum flow to be extracted would be 63.75 liters per second (folio 1787).

44. That through official communication number ASUB-546-08, of December third, two thousand eight, the Director of the Groundwater Area of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, reiterated to the General Manager of said entity the conclusions contained in the "Detailed Hydrogeological Study of the aquifer of the upper part of the Sardinal River basin" (folio 1671).

III.- Subject matter of the appeal. The appellants filed an amparo appeal arguing a violation of the fundamental right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment, on the grounds that the respondent authorities have authorized the exploitation of the Sardinal aquifer and the construction of an improvement project for the El Coco-Ocotal aqueduct by private developers, a work that would be supplied with the water resource of the said aquifer, without certainty regarding its water capacity and disregarding in both situations the environmental requirements for said authorization.

III.- On the protection of water and the situation of groundwater.

The jurisprudence of the Chamber is clear in recognizing the right to water as a fundamental right, such that along with the undertaking of serious efforts to provide it to the population, public institutions have a duty to make responsible and restrained use of the available water resource, which implies the need to obtain certainty regarding the water susceptible to exploitation – availability – guaranteeing its present provision and the future sustainability of the service, preventing the current use of the resource from producing an environmental risk that compromises the future existence and supply of the liquid. The Chamber has had the opportunity to rule emphatically and in detail on the protection that must be granted to the national water resource, clarifying both the normative framework for protection and the institutions that make up the water sector, recognizing and specifying the scope of competencies of said entities and the significance of their actions regarding the granting, use, and protection of water. It is therefore particularly important to refer to the jurisprudential precedents on the matter, which are of exact application in the case now being heard. Thus, through judgment of this Chamber number 2004-1923, of fourteen hours fifty-five minutes on the twenty-fifth of February of two thousand four – reiterated by judgments number 2008-14092, of nine hours twenty-eight minutes on the twenty-third of September of two thousand eight, and 2008-15657, of eleven hours forty-five minutes on the seventeenth of October of two thousand eight –, the Chamber established that:

“V.- GROUNDWATER. In contrast to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and can be subject to common or special uses, there are subterranean waters. Groundwater is that which is found beneath the earth's surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainwater that infiltrates the soil. The soil, in turn, is composed of two levels, which are the following: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another beneath this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The water contained in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in elevation between two points of the same water table – phreatic level – in relation to their horizontal distance; the movement velocity of groundwater depends, essentially, on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of which 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, compared to surface water, which is notably exposed to contamination and degradation from harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the specific case of our country, it has been estimated that the potential annual recharge of groundwater is approximately 47,000 million cubic meters per year, which represents 20% of precipitation; likewise, it has been calculated that of the 750,000 cubic meters of water used daily for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater extractions. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents clear and evident qualitative and quantitative advantages such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is made gradually depending on the increase in service demand, and the extraction areas can be located near the place where the demand arises, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physical-chemical quality of groundwater is more constant than that of surface water and is potable with little or no treatment; c) because there is soil or rocks above the groundwater, it is more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability during dry or rainy seasons are minimal compared to those of surface water; e) it constitutes a strategic reserve to face emergency situations due to public calamity, internal unrest (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.

VI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The issue of groundwater is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its article 50, enunciates the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to potable water ensures the rights to life – “without water there is no possible life” states the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968 –, to the health of individuals – indispensable for their food, drink, and hygiene – (article 21 of the Political Constitution), and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual a decent well-being and quality of life (article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development on a large scale. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reserves is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the proper development of any people. In 1995, it was estimated that 1,000 million inhabitants did not have access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, close to 5,500 million people will suffer water scarcity, while between 5 and 10 million people die annually from the use of untreated water. In another line of thought, the duty has currently been recognized to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development), so that the needs of the present must be met without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious asset, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems – non-polluting or environmentally compatible water use.

VII.- LEGAL NATURE AND REGIME OF GROUNDWATER, AQUIFERS, AND RECHARGE AREAS: PUBLIC DOMAIN ASSETS. In our legal system, there is no single, systematic, and coherent body of law that comprehensively regulates the protection, extraction, use, management, and efficient administration of water resources. Additionally, the little existing legislation focuses predominantly on surface water, ignoring groundwater. As is characteristic and inherent to Administrative Law, one can verify in this area a normative dispersion and a fragmented, chaotic, and ambiguous set of sectoral norms that regulate specific aspects, leaving serious gaps and antinomies, all of which also seriously hinders environmental management by the public entities responsible for the matter. Obviously, the scarce regulation of groundwater is no exception to the rule noted above. In Water Law, various theses have been maintained regarding its legal nature – whose variation depends on historical evolution. Thus, groundwater has been considered as (a) private assets, such that it is a res nullius appropriable by the one who brings it to light, that is, by the owner of the land on which it emerges, following the maxim of Roman Law according to which property extends from the sky to the underworld. The nineteenth-century regulations on water resources (e.g., Spanish Water Law of 1879, which inspired many Latin American legislations, among them, our Water Law of 1942) gave groundwater a character of (b) mixed asset, such that water brought to light by the owner of private land is private, and water emerging on public domain land, or the former after being used by its owner, is public. Finally, starting in the twentieth century, many legislations came to classify all groundwater as (c) public domain assets, based on the indubitable unity of the hydrological cycle, such that it forms part of what has been called the “public hydraulic domain” as part of the natural, and not artificial, domain; this position conceives water as a unitary resource subordinated to the general interest, so one should not distinguish between surface and groundwater since they are intimately linked to maintain their quality and quantity. According to this last thesis, groundwater is not appropriable by any private party, and its classification as a public domain asset constitutes sufficient title to subject it to a very strong and intense regime of administrative intervention in order to guarantee its integrity and quality and to separate it from the modes of acquisition and enjoyment characteristic of Private Law. In our legal system, based on a series of dispersed norms, the legal nature of groundwater can be determined, with evident variations according to the historical-legislative evolution. Water Law No. 276 of August 27, 1942, and its reforms, in its article 1, subsections IV, VIII, and IX, classifies, respectively, as public domain waters: “Those from (...) springs (...)”, “Those from springs that emerge on beaches, maritime zones, channels, basins, or banks of national property, and, in general, all those that arise on public domain land,” and “Subterranean waters whose emergence is not achieved by means of wells,” since section 4, subsection III, of that legal text considers as private domain – and, therefore, belonging to the owner of the property – “Subterranean waters that the owner obtains from his own land by means of wells,” with the surplus – from wells concessioned to obtain water for non-domestic purposes and ordinary needs – that leaves the land becoming public domain waters. Evidently, the Water Law of 1942 follows a mixed thesis regarding the legal nature of groundwater, since it combines the res nullius and, consequently, appropriable character thereof if brought to light on private land with the public domain character if it emerges on land whose owner is a public entity. Two subsequent laws, enacted during the course of the last quarter of the past century, reformed or modified, tacitly, the provisions of articles 1, subsections IV, VIII, and IX, and 4, subsection III, of the Water Law. In reality, these two new normative instruments subscribe to the contemporary current of conceiving groundwater as public domain assets by virtue of the unity of the hydrological cycle, thus constituting sufficient enabling title to admit a strong regime of administrative intervention to conserve quantity and quality and to ensure rational and sustained exploitation of water resources. Thus, the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982, and its reforms, in its numeral 4, provided the following: “(...) mineral sources and waters, and subterranean and surface waters, are reserved for the State and may only be exploited by it, by private parties in accordance with the law, or by means of a special concession granted for a limited time and subject to the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly (...).” In this way, a publicization and nationalization of all the country's groundwater occurred, including that brought to light by means of a well located on private property for domestic use or ordinary needs. Subsequently, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554 of October 13, 1995, and its reforms, in numeral 50 – whose heading is “Public domain of water” – reinforced that declaration of public domain status and prescribed that “Water is of public domain; its conservation and sustainable use are of social interest.” This legislative instrument implies an express designation of continental waters (surface and groundwater – since it does not distinguish them) to the public domain of the State and classifies it as of social interest, thereby clearing the path for eventual expropriations or limitations for reasons of social interest (article 45 of the Political Constitution), its protection, preservation or conservation, and sustained or rational use.

VIII.- AQUIFERS, RECHARGE AND DISCHARGE AREAS. An aquifer is a stratum or geological formation (unconsolidated deposits of loose materials such as sands, gravels, mixtures of both, sedimentary rocks like limestone, volcanic rocks, etc.) that allows the circulation of water through its pores or fissures, such that humans can utilize it in economically appreciable quantities to meet their needs. In a very broad sense, aquifers are the geological formations that contain water, have contained it, and through which water flows or circulates. Two of the hydrogeological parameters for defining the functioning of an aquifer – the relationship between recharge and water extraction or discharge – are porosity or permeability – hydraulic conductivity – and the storage coefficient. There are a series of geological formations that should not be confused with aquifers; thus: (a) aquicludes are geological formations that contain water inside but do not transmit it, preventing its exploitation; regarding the non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing groundwater contained in these, there is no doubt whatsoever that they are also of public domain, given that articles 4 of the Mining Code and 50 of the Organic Environmental Law do not distinguish between groundwater and surface water, much less between renewable and non-renewable groundwater, and therefore they cannot be conceived as a res nullius susceptible to appropriation by the private party who brings them to light. (b) An aquitard, on the other hand, comprises a set of geological formations that contain appreciable quantities of water but transmit it very slowly. Finally, (c) an aquifuge is that geological formation that neither contains water nor can transmit it. Regarding the typology of aquifers, hydrogeology classifies them, according to the hydrostatic pressure of the water enclosed within them, as follows: a) free, unconfined, or phreatic aquifers, in which there exists a free surface of the water enclosed within them in direct contact with the air; their water table is at atmospheric pressure and is not limited by an impermeable layer; and b) captive, confined, or artesian aquifers, in which the water is subjected to a pressure greater than atmospheric pressure. There is also the subcategory of perched aquifers, which are those free aquifers with limited spatial distribution and temporal existence. The natural recharge of aquifers occurs through the volume of water that enters them over a period of time due to the infiltration of rainwater or from a watercourse (e.g., influent rivers). Recharge areas, therefore, are all the zones of the soil surface where rainwater filters into the ground until reaching the saturated zone, joining the aquifer. Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, in its article 3, subsection l), defines aquifer recharge areas as “The surfaces on which infiltration occurs that feeds the aquifers and river channels (...).” Natural discharge is the volume of water that, over a period of time, naturally leaves the aquifer through surface, subfluvial, or submarine springs, by evapotranspiration, or by vertical percolation to lower aquifers. Artificial discharge occurs through the extraction of water by means of wells, ditches, trenches, or tunnels. Groundwater discharge areas include all those points at which the water table or phreatic level intersects the soil surface – springs (manantiales), springs (nacientes), seepages – the course of a river, or marine or lake beds.

IX.- TYPOLOGY OF AQUIFERS IN COSTA RICA. In our country, two types of aquifer families are recognized: a) Volcanic or fractured, formed in igneous rocks (volcanic and intrusive); they represent those of greatest dimensions and best quality; and b) Sedimentary or granular in superficial formations. Regarding the first type, it should be noted that igneous rocks naturally lack permeability; they possess a secondary porosity caused by the presence of fractures or fissures originating from cooling or tectonic events (areas linked to geological faults), thereby acquiring hydrogeological aptitude. This type of aquifer arises in high zones where precipitation is elevated and volcanic rocks particularly exist; known and studied examples of these are the aquifers of the Central Valley (e.g., Colima Superior e Inferior and Barva). From the perspective of hydrogeology, our country presents ideal and exceptional conditions for the rational and measured exploitation of groundwater, since the Cordillera Volcánica Central is constituted by volcanic soils with a high natural infiltration capacity, provided they have not been compacted or eroded by human activities, thereby fulfilling an essential function in regulating surface water runoff and aquifer recharge. The high permeability of the fractured and brecciated lava layers and the conditions of high rainfall favor the formation of high-potential aquifers. The existing tuffs, in turn, behave as rocks of low permeability that allow the constitution of aquitards, which are the base of the aquifers and allow the vertical transfer of water between them. The location and geomorphology of the Cordillera Volcánica Central, with all its aquifers, is a first-order source of water to meet the needs of at least half of the country's population, including the Gran Área Metropolitana and surrounding populations. The use of groundwater in this zone is carried out through wells or the capture of springs for domestic, industrial, and agricultural-livestock uses. In the Cordillera Volcánica Central, for the year 1996, SENARA had registered 3,460 wells of varied use and 353 springs for public supply used by ICAA, municipal corporations, rural aqueduct administrative associations, and other entities. This type of aquifer has also been located in the Liberia and Bagaces formations (Province of Guanacaste). It is fully established that this type of aquifer, due to its petrophysical characteristics, is more vulnerable to contamination in its recharge areas when they are not located in protected or reserved zones and are exposed to anthropic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural-livestock activities involving the use of pesticides and agrochemicals, and are therefore exposed to a dangerous and slow degradation in their environmental quality. Surface aquifers are composed of layers of unconsolidated rocks of recent and diverse origin; these are alluvial fills of certain valleys that can reach thicknesses from a few meters to one hundred meters; they are separated from the surface by a thin and permeable soil layer, making them highly vulnerable to contamination, especially when located under zones of anthropic occupation (urban, industrial, or agricultural crop development). This type of aquifer is exploited in the Central Pacific region, such as, for example, the alluvial fill of the Valle del Río Barranca, which contains two coastal aquifers, namely Barranca and El Roble.

X.- GROUNDWATER CONTAMINATION. Unlike the contamination of surface water, which is usually obvious and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, the contamination of groundwater, by its very nature, usually goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of water, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of contained water means that extensive contamination takes a prolonged period to manifest, or, when dealing with localized contamination, it is detected when it flows at some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to becoming contaminated; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and is sometimes irreversible due to the high cost of the means to achieve it. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer in order to achieve potable water levels again have not been successful; cleaning technologies have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very costly. To the foregoing must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in this last case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact extent of its contamination. The degradation and contamination of aquifers imposes on the legislator and public administrations the urgent and unpostponable task of protecting them. Groundwater contamination can be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, as in the case of cesspools or injection wells, and it is of the second type when, through dilution, it is produced by contamination of the natural recharge. The contaminating agents can be of very diverse kinds, that is, mineral, degradable organic (excreta and slurry), slightly or non-degradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. The contamination of aquifers depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each location or site, and is therefore a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following: a) contamination from domestic activity, which is organic and biological and arises from septic tanks, sewer system leaks, and the discharge of black water, to which must be added the increase in chemical products for domestic use such as detergents; b) contamination from agricultural activities: here we have the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash, or natural ones – based on manure –, irrigation with residual and high-salinity water, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and plaguicides); c) contamination from livestock farming, essentially organic and biological, similar to domestic but more intense when it involves intensive farms; d) contamination from surface waters, when they recharge and are themselves contaminated; e) contamination from saline intrusion, which occurs when marine and salt waters enter coastal regions due to overexploitation, through wells, of coastal aquifers; f) contamination from mining activities – mineral –, related to discharges of mine water and mineral washing; g) contamination from industrial activities: this type is as varied as the type of industry that originates it, with those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries being especially harmful; h) contamination from nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from irradiated fuel treatment plants, radioactive minerals, and medical activity; i) contamination through poorly constructed wells: wells can interconnect various aquifers, and when they have broken or corroded casings at levels of poor-quality water or that allow the entry of surface water, they can cause it; j) contamination through the discharge of residual water through cesspools, septic tanks, sewer network leaks, or indiscriminate discharge into hydrographic basins; k) contamination by solid waste dumping, which occurs when a sanitary landfill is built on permeable or non-waterproofed land through leachates; l) contamination from poorly designed, built, or used injection wells – a form of using the subsoil as a waste storage site.

(…)

XII.- PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the characteristics of contamination in aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to prevent contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in specific zones or by ordering security measures for certain potentially contaminating activities. Our legal-administrative system (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and groundwater extraction areas. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law 29/1985 of August 2), certain extraordinary powers of administrative intervention in water economics are foreseen that directly concern the protection of aquifers, in order to achieve sustained use of water resources, that is, to guarantee a availability of water in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted in our legal system – despite the lack of regulation – as implicit in the express and general competence of protection and conservation of groundwater attributed to the State and the decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced use of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to avoid its exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. These types of administrative measures involve various drastic restrictions and controls on the multiple uses or exploitations of water – especially general or special private ones – and on preexisting activities that may affect the resource, insofar as they are justified by a public interest, and therefore do not affect the right to property or the integrity of assets. In essence, such measures must be considered as limitations of social interest that do not empty the content of the right to property or expand the public domain over groundwater without prior compensation, but rather shape its essential content, and therefore must be borne, as a general sacrifice or burden, by all users, who, ultimately, are the beneficiaries thereof, as they are aimed at correcting a circumstantial situation of scarcity or imminent contamination that affects the economics of the water resource in a specific zone.

Such administrative intervention measures, virtually contained in Articles 32 of the 1942 Water Law (Ley de Aguas) and 10 of the Regulation for the Drilling and Exploitation of Subterranean Waters (Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas) (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), may be the following:

a) Protection perimeters of aquifers (perímetros de protección de los mantos acuíferos): One of the most novel instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the water contained but also of its container, that is, the geological formation called an aquifer. That activity consists of projecting and tracing on the surface a demarcation under which an aquifer or part of it lies, in which a specific regime is established for the use of the hydraulic domain—ordering and restriction of pre-existing water concessions (concesiones de agua), impediment to granting new ones—and for control of activities and installations that may affect it—through authorizations—(e.g., mines, quarries; urban activities that include septic tanks, cemeteries, sanitary landfills—storage, transport, and treatment of solid and liquid waste—; agricultural and livestock activities with deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with residual water, and farms; industrial activities with storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by the national authorities—MINAE and ICAA—must be respected by local governments (Municipalities) and INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) to make compatible, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of the protection perimeters in the regulations contained in the respective Regulatory Plans on land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, to the above must be added the protection around capture areas (wells—PPP: wellhead protection perimeters—, springs (manantiales), water sources (nacientes), etc.), through the definition of a zone around them in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the capture zone or wellhead capture zone (zona de captura o de carga del pozo, ZOC), and its extension depends on the characteristics and properties of the capture area and the recharge terrain, since the rules cannot be the same for permeable or fissured terrains as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with the mapping of vulnerability or natural susceptibility of water supply aquifers to anthropogenic contamination loads, depending on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the preparation of maps. Both measures, protection perimeters, and vulnerability mapping are suitable for relocating in time a certain type of activity, the supply source, or, ultimately, introducing technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability mapping vary depending on whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful for defining the activities that may or may not be installed in the future; (b) already occupied areas, in which case a mapping of natural vulnerability and of areas with greater susceptibility to contamination is carried out, and, faced with the threat of a high contamination index, activities and supply sources may be relocated, and technology for the treatment and disposal of contaminants may be introduced; (c) already contaminated areas, for which alternative sources may be sought, the propagation of contamination plumes avoided, and, if possible, given its high cost, the waters of the aquifer treated after extraction; (d) areas for new water catchments (captaciones), a case in which potentially contaminating activities and the impact area of each one of them must be inventoried.

b) Declaration of an overexploited aquifer (acuífero sobreexplotado): The overexploitation of an aquifer occurs when the extractions or uses are so intensive—discharge—and heavy that they exceed the recharge volumes, whereby the water reserves of the aquifer are progressively diminished and degraded. Overexploitation causes disastrous economic and natural effects; among the former, users may experience an increase in extraction costs—more energy to make the same quantities of water flow or expenses to redrill a well to reach the water level—, exhaustion of wells located in the peripheral zones of the aquifer and in those with the highest concentration of drillings; among the effects of a natural character is the reduction in water flows in springs (manantiales), rivers, streams (arroyos), creeks (quebradas), lagoons, lakes, and wetlands, thereby endangering their existence and affecting the capacity of geological formations—aquifers—to store water by reducing the interstitial space in the rocks due to the lack of internal pressure provided by the water, land subsidence due to compaction, with alteration of the aquifer, the appearance of cracks, and hillside movement. In the hypothesis of overexploitation of the aquifer, the competent administrative authority may declare that state to reverse the state of affairs through an ordering, restriction, and distribution of pre-existing extractions or uses to achieve rational exploitation and the immediate suspension of new applications or modifications of concessions (concesiones) pending at that moment. Of course, saving measures and good use of resources may also be implemented, such as the treatment and purification of residual water to be reused in the irrigation of certain crops, drip or nighttime irrigation systems to mitigate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc.

c) Declaration of an aquifer in a process of saline intrusion (intrusiones salinas): It is estimated that an aquifer is in a process of salinization when, as a direct consequence of the extractions, generalized and progressive increases in the saline concentration of the captured waters are recorded, thereby running the risk of becoming unusable. Salinization implies a reduction in the thickness of the freshwater layer under which marine water rises, so that the water from the wells ceases to be potable and even becomes unusable for domestic or irrigation uses, the recovery of the aquifer being very difficult or almost impossible. This problem may arise in our country, above all, in overexploited coastal aquifers—intrusion of maritime origin—in a gradual or generalized manner, although intrusion of continental origin cannot be ruled out in other places. The cause of saline intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, and therefore measures similar to those provided for when that problem occurs must be implemented, such as the ordering, restriction, and distribution of pre-existing uses or uses and the suspension of new applications or modifications of concessions (concesiones).

d) States of necessity and water crisis (estados de necesidad y crisis hídrica): In anomalous, exceptional, and conjunctural circumstances that cause a public calamity or internal disturbance (e.g., extraordinary droughts, serious overexploitation of aquifers, or generalized saline intrusion thereof), the State—through the Executive Branch—and, based on the principle of necessity, may adopt the necessary and suitable measures regarding the use of the public hydraulic domain to overcome that state of affairs or prevent it from worsening. When the state of necessity ceases and normality is restored, another type of measures may be adopted, such as those set forth above (protection perimeters, declaration of overexploited aquifers or aquifers in a process of salinization).


XIII.- LEGAL PROTECTION OF SUBTERRANEAN WATERS IN COSTA RICA. Article 31 of the Water Law (Ley de Aguas) No. 246 of August 27, 1942, declares as "domain reserve in favor of the Nation" the following: "a) The lands that surround the capture sites or intakes supplying potable water, within a perimeter of not less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or must protect the set of lands in which the infiltration of potable waters is produced (...)". This declaration is of utmost importance, given that, from it arises the obligation of the State, through its competent organs, to establish and determine the perimeter protection areas of the wells or capture areas—of 200 meters—and, of course, of the recharge areas of the aquifers—zone in which "the infiltration of potable waters is produced"—that have or must have a forest layer for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection. In the same way, from such express encumbrance, the State may exercise reivindicatory and possessory actions to guarantee the indeminty of those zones and subtract them from any type of contamination, subjecting them to a strong land-use control regime, an attribution that, very probably, it has omitted to exercise in a timely and exact manner. Article 32 of the 1942 Water Law (Ley de Aguas) establishes that "When in an area greater than the aforementioned there exists danger of contamination in the surface waters or in the subterranean ones, the Executive Branch, through the Potable Water Section—currently ICAA—(...) shall order in said area the measures it deems opportune to avoid the danger of contamination," this norm imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Executive Branch with the ICAA to adopt all opportune and convenient administrative acts and measures to avert the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of the aquifer recharge areas and capture zones. The content of the norm is extremely significant and rich, given that it enables the State to adopt any opportune measure to avoid the irreversible damages and losses that a state of emergency due to water crisis could cause. Evidently, this is also a competence that has not been exercised responsibly or has been underutilized. The General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable), No. 1634 of September 18, 1953, in its Article 2, establishes that "Those lands are of public domain which both the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Health—organs of the Executive Branch that were substituted by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) by virtue of its Creation Law No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms and, more specifically, Article 2, subsection h), which entrusted it with enforcing the General Potable Water Law—consider indispensable for constructing or for situating any part or parts of the potable water supply systems, as well as to ensure the sanitary and physical protection, and necessary flow of the same (...)", evidently, this norm has enormous transcendence, given that the capture areas that may include springs (manantiales) or water sources (nacientes)—a form of natural discharge of subterranean waters—are declared of public domain and, what is more important, it grants the condition of demanial good to all those lands necessary to ensure sanitary and physical protection and their flow, which, necessarily, includes the recharge areas of the aquifers clearly delimited through the perimeter-tracing activity already indicated, given that the lack of protection of these zones necessarily affects the quality—by contamination—and the flow—by impermeabilization or overexploitation—of the waters for human consumption and use that spring from a source. The Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 33, subsections a) and d), respectively, provides that protection areas are " (...) that border permanent water sources (nacientes), defined in a radius of one hundred meters measured horizontally" and "The recharge areas and the aquifers of the springs (manantiales), whose limits shall be determined by the competent organs established in the Regulation of this law," evidently these norms give support to the activity or administrative intervention to define the protection perimeters of the aquifers and capture zones. The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of October 13, 1995, in its Article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria, among others, must be applied: "a) Protect, conserve, and insofar as possible, recover the aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle," "b) Protect the ecosystems that allow regulating the hydrological regime," and "c) Maintain the balance of the water system, protecting each one of the components of the hydrographic basins." Thus, the need to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle without distinctions is established, which especially includes subterranean waters. Finally, Article 5, subsection e), final paragraph of the ICAA Creation Law (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms) and Article 15 of the SENARA Creation Law (No. 6877 of July 18, 1983, and its reforms) crown the normative framework for the institutional protection of subterranean waters by indicating, respectively, "Those lands necessary for the conservation and protection of water resources are declared of public utility and social interest, and may be expropriated, as well as for the constructions that become necessary in the catchment (...)" "The actions promoted by the State are declared of public interest, for the purpose of ensuring the protection and rational use of the waters (...)". In the legal-administrative water code, we will also find a series of obligations and burdens imposed on private parties and subjects of public law—public entities and organs—for the adequate protection of the subterranean and surface public hydraulic domain. Thus, the 1942 Water Law (Ley de Aguas) and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs (manantiales)—which are a component of the discharge area of an aquifer—, such as the following: a) users or concessionaires must comply with police and health regulations regarding surplus waters that are returned to a spring (manantial) to avoid contamination or fetidity—failing to do so may result in losing the special use and suffering a fine—(Articles 57 and 166, subsection III, ibidem), in a concordant manner, the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317 of October 21, 1992, in its Article 132, paragraph 1, prohibits "(...) throwing serviced water, black water, waste, or any contaminating substance into springs (manantiales), rivers, creeks (quebradas), permanent or non-permanent streams (arroyos) (...) lakes (...)" and imposes on whoever fails to comply with the norm a fine of 50,000 to 100,000 colones convertible into a prison sentence of one to two years. b) The construction of ponds for fish hatcheries in springs (manantiales) destined for the supply of populations is prohibited (Article 63 ibidem). c) The owners of lands on which there are springs (manantiales) in whose contours the forests that provided shelter have been destroyed are obliged to plant trees on the margins at a distance not greater than 5 meters (Article 148 ibidem). d) It is prohibited to destroy, in both national and private forests, the trees located less than 60 meters from springs (manantiales) that arise on hills or less than 50 meters from those that surge on flat lands (Article 149 ibidem), the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, provides, in its Article 34, coincidentally, that "The cutting or elimination of trees is prohibited in the protection areas that border permanent water sources (nacientes) and recharge areas and the aquifers of the springs (manantiales)." e) Every application for the use of running waters (aguas vivas), currents, and springs (manantiales) must be directed to the Ministry of Environment and Energy with the presentation of a series of requirements (Article 178 ibidem). Regarding the public entities and organs that have competence and responsibilities in the matter of protection of subterranean waters, a series of obligations and prohibitions are established, such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging, or otherwise encumbering, leasing, giving in usufruct, lending, or exploiting on their own account—above all if it involves deforestation—the lands they own or acquire on the margins of rivers, streams (arroyos), or springs (manantiales) or in basins or hydrographic watersheds where springs (manantiales) arise or where they have their origins (Articles 154 and 155 ibidem). b) Municipalities are obliged to reforest such lands (Article 156 ibidem). c) Every Municipality, Education Board, Social Protection Board, and, in general, every "public character organism," is obliged to consult the Ministry of Agriculture to obtain the respective permit to alienate, mortgage, lease, give in usufruct, or exploit on their own account lands they own or acquire on which there are usable public domain waters (Article 157 ibidem). The General Health Law (Ley General de Salud), No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, for its part, contains specific norms for the effective protection and conservation of subterranean waters; thus, Article 275 stipulates that "Every natural or juridical person is prohibited from contaminating surface, subterranean waters (...) directly or indirectly, by means of drainages or the discharge or storage, voluntary or negligent, of liquid, solid or gaseous, radioactive or non-radioactive residues or waste, black water, or substances of any nature, which, altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, make it dangerous for the health of persons, of terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses." For its part, Article 276 establishes that only with permission from the Ministry may drainages be made or proceed to the discharge of solid or liquid residues or waste or others that may contaminate surface, subterranean, or maritime water, "(...) abiding by the regulatory safety norms and conditions and the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous." Articles 285 and 291 of that normative body, respectively, oblige every person to eliminate excreta and black water in an adequate and sanitary manner to avoid "contamination of the soil and of the natural sources of water for human use and consumption" and prohibit the discharge of industrial residues or those from health establishments into the sewer system to "avoid the contamination of water sources or courses." Finally, Article 309 of that law establishes that the Ministry of Health shall approve urban development projects, among other things, if it "(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, black water, and serviced water."


XIV.- ADMINISTRATIVE ENTITIES AND ORGANS RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF SUBTERRANEAN WATERS AND, IN PARTICULAR, OF AQUIFERS. DELIMITATION OF COMPETENCES. The management of subterranean water resources includes diverse aspects such as the investigation of their potential, identification, categorization, planning of their uses, protection, rational use, prevention and sanction of ecological damage or contamination, environmental control and monitoring of their use, etc. Consequently, the ideal would be for there to exist a regulatory and governing administrative entity in the matter; however, the competences for the integrated management of subterranean water resources are dispersed and fragmented, so that, occasionally, they are exclusive or excluding of a single entity and, most of the time, concurrent, shared, or parallel, which requires a particular administrative coordination effort to ensure their sustainable use. In the heterogeneous and dispersed set of administrative entities and organs that make up the Costa Rican public administration, a sector of these can be identified that have assigned, by law or regulation, a series of inalienable, non-transferable, and imprescriptible competences in the matter of conservation and protection of subterranean waters that they cannot decline and must exercise effectively for the sake of a right to a healthy and ecologically balanced environment for all the inhabitants of the country. In that sector of the public apparatus or service organizations for the satisfaction of the needs of the entire community, a group can be identified that belongs to the central administration or larger public entity—State—which are, predominantly, some Ministries or organs thereof—and another made up of functionally decentralized entities or by services—of a technical nature—and territorially—Municipalities.

1.- Central Administration.

a) Ministry of Environment and Energy and its organs, the Department of Waters and the Advisory Organ on Waters.

Article 3, subsection l), of the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, imposes on the Ministry of Environment and Energy the non-declinable competence to delimit aquifer recharge areas—on its own initiative or that of interested organizations, and prior consultation with the ICAA, SENARA, or any other technically competent entity in water matters.

Article 17, paragraph 1, of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) empowers and enables the Ministry of Environment and Energy to "(...) coordinate actions with the centralized (sic.) or decentralized entities that execute agricultural programs for the conservation of soils, waters, and forests, in order to achieve the 'sustainable' use of wildlife."

This Ministry fulfills a role of fundamental importance in one of the aspects of water resource administration, such as control or oversight in the use and exploitation of subterranean waters to ensure their rational exploitation. The Regulation for the Drilling and Exploitation of Subterranean Waters (Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas) (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), provides in its Article 1 that "Every drilling company must be inscribed (...) before the Department of Waters, in order to be issued the license that allows it to exercise drilling and exploration activities of subterranean waters." These functions are shared with SENARA and the ICAA, given that the Department of Waters of MINAE must delegate the matter to them so that, respectively, they issue a technical criterion, assign the well number, register it in the National Wells Registry—SENARA—and issue a determination on the harm or not to the sources of water supply destined for human consumption—ICAA—(Article 7). This regulation establishes that the drilling permit will be denied in zones that do not allow a rational exploitation of the water resource, such as those declared by the State or another competent institution an aquifer protection and reserve area, those that suffer overexploitation, under conditions of vulnerability of the maximum aquifer exploitation capacity, those susceptible to saline intrusion, contamination, and other reasons that in the judgment of MINAE and SENARA affect the aquifer and impede its exploitation, and those of interference with other wells or water sources (nacientes) (Article 10).

Special mention deserves the Department of Waters, attached to the National Meteorological Institute—an organ of MINAE—, whose functions of interest, among others, according to Article 3 of Executive Decree No. 26635-MINAE of December 18, 1997, are the following:

"a) Define national policies regarding the water resource.

b) Exercise the domain, vigilance, control, and administration of the national waters.

c) Process concession applications for the development of hydraulic forces for the generation of electricity.

d) Process and authorize permits for the drilling of wells for the extraction of waters. (...)

J) Inscribe well-drilling companies and user associations, as well as the changes made to their statutes and representatives (...)

n) Apply the sanctions established in the Water Law (Ley de Aguas), prior compliance with due process (...)"

The Chief of this Department has, in turn, important competences in the matter (Article 4), such as the following: a) issue recommendation reports on concessions (concesiones), transfers, flow increases, expansion of use, or any other procedure related to the use of the water resource; b) approve well drilling permits, etc. In Article 5 of the referred decree, the "Advisory Organ on Waters" is created, integrated by representatives of various entities involved in the water sector (ICAA, SENARA, ICE, Public Universities, UNGL, etc.), among whose functions are the following (Article 7 ibidem): a) Advise and recommend policy guidelines on water resources, considering national and sectoral development plans, water availability, and the existing legal regulations; b) Review and pronounce on the Water Balance proposed by the Department of Waters and its administration for each region of the country; and c) Advise the Department of Waters in the establishment of water allotments by the latter, for water use according to the productive activity and the region in which it is developed.

b) Ministry of Health.

The competences of this ministry are circumscribed to making effective the prohibitions established in Articles 275, 276, 285, and 291 of the General Health Law (Ley General de Salud)—direct and indirect contamination of surface and subterranean waters and discharge of industrial or health residues into the sewer system—and to sanctioning their transgression. Likewise, it is responsible for approving urban development projects when they have adequate sanitary systems for the disposal of excreta, black water, and serviced water (Article 309 ibidem).

c) Ministry of Agriculture and Livestock.

The MAG has, really, a secondary or residual competence in the matter, given that the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils No. 7779 of April 30, 1998, in its Article 21, imposes on it in water matters the duty to coordinate with SENARA and any other competent institution "(...) the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological investigations in the hydrographic basins of the country, as well as in the practices of improvement, conservation, and protection of soils in the hydrographic basins (...)."

2.- Decentralized Administration.

a) ICAA (Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers)

The Constitutive Law of the ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms) attributes to it, insofar as is of interest, the following competences (Article 2): a) Direct and monitor everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of black water and liquid industrial residues, and rainwater in urban areas (...) c) Promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination (...) d) Advise the other organisms of the State and coordinate public and private activities in all matters relating to (...) the control of contamination of water resources (...) its consultation being obligatory, in every case, and compliance with its recommendations inexcusable (...) f) Utilize, use, govern, or monitor, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State has over them, in accordance with law number 276 of August 27, 1942, to which effect the Institute shall be considered the substitute organ of the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities." For its part, Article 5 of that law enables the ICAA to "c) Acquire movable and immovable property" and "e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its purposes, being that this same subsection in its paragraph 2 declares of public utility and social interest, and may be expropriated, "(...) the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the catchment (...)." Article 21 of the Creation Law confers on the ICAA the power to approve or disapprove any project for the construction, expansion, or modification of serviced water and rainwater disposal systems, public or private, it being obligatory, under penalty of nullity, in the case of construction of subdivisions (fraccionamientos), urban developments (urbanizaciones), or lotifications (lotificaciones).

Finally, article 22 of its enabling statute establishes that "It is the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado to defray the expenses demanded by the conservation, expansion, and security of the forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes water and sewer services."

According to article 2, subsection h), of the Enabling Statute of this decentralized entity (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments), among its powers is that of enforcing the Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, given that article 16 of this latter regulatory body prohibits installations, constructions, or works within the "zones near supply sources (...) that in any way impair (...) the physical, chemical, or bacteriological conditions of the water; these zones shall be established by the Ministry of Public Works and Public Health" —bodies that, as already indicated, were substituted, for all legal purposes, by ICAA—. Consequently, ICAA is also responsible for defining the protection areas of supply sources such as springs or eyes (manantiales o nacientes) that constitute a natural form of groundwater discharge. The final paragraph of article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) imposes on INVU the task of carrying out the delineation of protection areas. In reality, this is a power that is not exclusive or excluding to ICAA or to INVU, but rather concurrent or shared, meaning that both public entities have the duty to exercise it.

Article 3 of the General Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, imposes on ICAA the obligation to "(...) select and locate the waters destined for piped water service (...)", whereby this entity is responsible for preparing a detailed inventory of the springs (nacientes) that may be used to supply water for human consumption to the populations, the foregoing being irrespective of whether the supply and distribution are in the hands of a Municipality in a given canton.

b) SENARA (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento).

Despite apparently having its authority limited to irrigation districts, drainage, and flood control —physical technical-administrative units of an agricultural nature aimed at achieving their socioeconomic development, defined by Executive Decree at the request of this entity (articles 17 and 18 of its Enabling Statute No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments)—, the fact is that its constitutive statute assigns it significant authority in groundwater matters, which evidently have a national scope and are therefore not confined to mere irrigation districts. The foregoing is corroborated by the background of this public entity, since Law No. 5438 of December 17, 1973 —which ratified and replaced Executive Decree No. 1878-P of July 22, 1972—, now repealed, created the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS) with a clearly national scope for the planning, investigation, and advisory services regarding everything related to the subject. Thus, among other objectives, SENARA is responsible for ensuring the optimal and equitable utilization of (...) water resources —both surface and subterranean— in agricultural activities (...) within the irrigation districts" (article 2). Among its functions is that of "Investigating, protecting, and promoting the use of the nation's water resources, both surface and subterranean" and "Carrying out, coordinating, promoting, and keeping updated hydrological and hydrogeological investigations (...)" (article 3, subsections d and e). Article 4 establishes that SENARA is responsible for promoting and directing coordination and collaboration with other institutions and entities competent in matters such as "Prevention, correction, and elimination of all types of water pollution in the irrigation districts," "Preparation and updating of an inventory of national waters, as well as the evaluation of their potential use for utilization in the irrigation districts," and "Construction and maintenance of the works necessary for the conservation and renewal of the exploitable aquifer layers for agricultural activities in the irrigation districts" (subsections c, ch, and f). Among the powers of the Board of Directors is that of issuing the resolutions for the recovery, expropriation, or purchase of "(...) lands on which water resources rest or underlie (...)" (articles 6 and 7).

c) INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).

The second paragraph of article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) provides that the delineation of the protection areas contemplated in its article 33, among which are those bordering permanent springs (nacientes permanentes), recharge areas, and the aquifers of the springs (manantiales), shall be carried out by INVU. Additionally, Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, imposes on that entity the supervision of the "Urban Control Area" that comprises some of the districts of the Provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago, provided that the Municipal Government has not enacted a Zoning Regulation, given that in the "special protection zone" every construction must be built under strict control, an Environmental Impact Study must be approved by MINAE, and a treatment plant for wastewater authorized by ICAA and the Ministry of Health must be constructed to prevent "(...) contamination of the aquifer layers and the river channels into which they discharge."

d) MUNICIPALITIES.

Municipal corporations have a leading role in the protection and conservation of groundwater through a series of indirect instruments. Thus, the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968), more than 35 years ago, based on article 169 of the Political Constitution —insofar as they are responsible for "The administration of local interests and services in each Canton"— imposed on them the duty to enact a regulatory plan to plan and control urban development and the related urban development regulations (article 15 et seq.). Within that regulatory plan and the zoning regulation, the Municipalities must identify, for the purpose of regulating, controlling, and restricting human activities (industrial, urban, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer layer or its recharge or discharge area is located therein. By application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Political Constitution), to human life and health (article 21 ibidem), and in the interest of sustainable development, the cantons that, due to their geomorphological characteristics, possess within their jurisdiction lands that harbor aquifer layers, recharge and discharge areas thereof, springs (manantiales), and springs (nacientes) are especially called upon and obligated to regulate and govern such matters responsibly, efficiently, and effectively, since, on occasion, groundwater not only supplies the consumption and use of the populations of the canton but also of various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and development of the land and waters derived from the determination and establishment of such protected areas, since it is for the benefit of them, of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow through the aquifer layer and that emerge or discharge in other cantons, and, of course, of future generations."

IV.- Regarding the precautionary principle in environmental matters and its application in groundwater matters. Starting from the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in article fifty of the Political Constitution and principle number fifteen of the Rio Declaration —United Nations Conference on Environment and Development—, the so-called "precautionary principle in environmental matters" or "principle in dubio pro natura" has likewise been recognized, the observance of which implies that all actions of the public administration in matters sensitive to the environment must be performed with the appropriate zeal to avoid risks and damages of impossible or difficult reparation. From the foregoing it follows that the administration must possess a negative certainty that the environment will not be affected under any scenario, whence, in the face of doubt about the occurrence of a risk, the administration is obligated not to authorize or carry out actions, or to immediately cease the administrative activity that causes the danger. In other words, if it lacks scientific certainty about the innocuousness of the activity, the administration must abstain from carrying out activities with negative environmental impact; in the face of scientific uncertainty about the innocuousness or benefit of the actions, the administration is precluded from granting authorizations or performing its own acts that give rise to situations of environmental risk. It is clear that this principle applies equally to the exploitation of groundwater. Thus, in the aforementioned judgment number 2004-1923, this Chamber established that:

"XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudential avoidance. This principle is enshrined in the United Nations Conference on Environment and Development, or Rio Declaration, which literally states: "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, establishes the following principles as hermeneutic parameters: "1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protective measures." In the Ruling of this Chamber No. 1250-99 at 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Rulings Nos. 9773-00 at 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 at 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 at 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Tribunal held the following: "(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impairment of the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage —or any doubt in this regard—, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because, in environmental matters, a posteriori coercion proves ineffective, since once the biologically and socially harmful consequences have already occurred, the repression may have a moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment." Subsequently, in Ruling No. 3480-03 at 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Tribunal indicated that "Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the absence of knowledge of risk-generating facts, but in the absence of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment." In the case of groundwater contained in aquifer layers and recharge and discharge areas, the precautionary or in dubio pro natura principle presumes that when there are no studies or reports, carried out in accordance with the unequivocal and precisely applicable rules of science and technique, that allow one to reach a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be carried out on the environment, or when they are contradictory to one another, the entities and bodies of the central and decentralized administration must abstain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those that are in progress until the doubt is dispelled, and, simultaneously, adopt all measures aimed at their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation."

V.- Regarding the importance of environmental viability, environmental impact studies, and the procedure that must be observed. The recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the application of the aforementioned precautionary principle, and the consequent regulatory development in matters of environmental protection impose compliance with various requirements and procedures that allow the administration to know the real impact that the execution of activities and works —public or private— may have on the environment, so that, once the corresponding certainty is acquired, it may authorize or reject their execution. It is thus that the domestic legal system created the Secretaría Técnica Nacional Ambiental —SETENA—, an administrative agency responsible for granting the environmental viability of projects, once the established procedure has been fulfilled —see article seventeen of the Organic Law of the Environment—, through reasoned resolutions in which the situation raised is analyzed in detail. The carrying out of environmental assessments has also been recognized by this Chamber as a guiding principle in environmental matters, whence it follows that its observance and application is unrestricted to ensure the due protection of the environment. Thus, through judgment number 2003-6322, at fourteen hours fourteen minutes on July third, two thousand three, this Chamber held that:

"5.- Regarding the conducting of the environmental impact study prior to the commencement of works: The starting point is the principle that environmental norms must have a technical basis, since their application must be based on limits that determine the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be conducted. This is so because, given that environmental damage and contamination are assessable, such as the presence of toxic substances or external elements that provoke negative characteristics in the environment, both for biological diversity —including flora and fauna—, as well as —and above all— for human life, which is reflected in the health or well-being of humankind —soil, habitat, air, water, etc.—, the impact of these elements requires scientific evaluation and treatment. Therefore, this principle (of the prior completion of the environmental impact study) constitutes a corollary of the previous principle, its execution being of special importance for all

"[...] human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous residual materials shall require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this Law. Its prior approval, by this agency, shall be an indispensable prerequisite for initiating the activities, works, or projects." (Article 17 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five).

It is thus that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures in order to avoid its impairment; and among the main measures provided by the legislator in this regard are the Environmental Impact Studies, which are based on the provisions of the aforementioned article 17 of the Organic Law of the Environment. To this end, it is important to highlight that by virtue of a constitutional mandate —article 50—, and in the Law —article 17 of the Organic Law of the Environment—, it is established as a general principle that every human activity that modifies the environment shall require an environmental impact study, whence it is the condition of the project or the work that shall determine in each case whether or not the aforementioned technical study is required, and not the establishment of arbitrary conditions, be they administrative or regulatory (as indicated by this Tribunal in judgment number 1220-2002, at fourteen hours forty-eight minutes on February sixth, two thousand two).

It is in light of this provision that constitutional case law has recently required this technical study prior to the execution of any project in which the environment could be affected, as a guarantee to give effect to the right to the environment.

(...)

"III.- Obligation of State institutions to comply with environmental legislation in their ordinary activity: The third paragraph of constitutional article 50 clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are obligated not only to enforce —on private individuals and other public entities— environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective regulatory bodies. State institutions are the first to be called upon to comply with protective environmental legislation, and there is no justification whatsoever for exempting them from compliance with environmental requirements such as, for example, the environmental impact study required by the Organic Law of the Environment for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment." (Judgment number 2001-6503, cited supra).

The legislator entrusted the "Secretaría Técnica Nacional Ambiental" with the evaluations in charge of "an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat... in accordance with the guidelines developed by it. The cost of the environmental impact assessments shall be borne by the interested party." Article 19 of the Organic Law of the Environment established that "the resolutions of the Secretaría Técnica Ambiental must be substantiated and reasoned," thereby enshrining in this area the general principle of substantiation of administrative acts also developed by the General Law of Public Administration, which is in turn a guarantee that forms part of the substantive due process. The approval of an environmental impact study requires, in accordance with the international commitments undertaken by Costa Rica and entrusted to SETENA, a detailed analysis that includes, as required by article 24 of the Environment Law, the technical criteria and the weighting percentages that make possible the approval of the study. Furthermore, it must respond to the norms, management objectives, and environmental priorities of the national State and local government, as enshrined in principle 11 of the Rio Declaration. The damage that can be caused to the environment is always of difficult or impossible reparation, and the approval of an environmental impact study requires the total certainty of minimal impairment of natural resources, since article 50 of the Political Constitution necessarily requires it. In any case, it must be noted that the completion and approval of the environmental impact study does not in itself imply the start-up of the project in question, since it is merely one of the requirements demanded to complete the authorization process (judgment number 5321-96, cited supra), which in some cases will be the obtaining of the health permit, the approval of the development plans by the respective municipality, the approval of the concession by the Instituto Costarricense de Electricidad, the granting of commercial licenses, etc. This is so because, when dealing with the environment, one cannot speak of unchanging variables; quite the contrary, by its very nature, the environment is, in itself and even more so through human intervention, changeable. The approval of an environmental impact study under the terms specified in the Organic Law of the Environment also does not constitute an unmodifiable authorization to carry out a given human project, since, through the supervisory work conducted by the Administration, upon detecting damage to the environment, the permit must be revoked in order to guarantee the right established in article 50 of the Political Constitution."

VI.- Regarding the procedure for environmental assessment and the necessary communication, information, and dialogue with the population. Carrying out the environmental assessment under the aforementioned terms implies compliance with the steps normatively established for the actions of the public authorities involved, especially the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Within this procedure, the need to publicly inform the population that may be positively or negatively affected by the execution of works with environmental impact is particularly relevant, moving beyond the mere transmission of information to promote the establishment of a dialogue that provides input prior to the granting of environmental viability. Thus, in the aforementioned judgment 2003-6322, this Chamber established that:

"11.- Citizen participation in environmental matters: Citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information concerning environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making in these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only invite citizen participation, but must also promote and respect it when it occurs (Judgments number 2001-10466, cited supra). In this manner, it is of great importance that the information held by public offices on the subject be made available to those interested, as in the case of the information relating to environmental impact studies handled by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the information required for the approval of the regulatory plans of the respective municipalities, for example. It was the Rio Convention that, in principle 10, elevated this participation to the rank of a principle in environmental matters, by stating:

"The best way to deal with environmental issues is through the participation of all interested citizens, at the relevant level. At the national level, each individual must have appropriate information concerning the environment that public authorities hold, including information on dangerous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to everyone. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided."

From this principle, the importance given at the international level to environmental issues, and in general, above all, to the participation of civil society in decisions of great significance to the community, is clearly evident. As Costa Rica is a signatory State, this instrument certainly obligates and binds it, since that is the consequence of its signature, as this Tribunal considered in judgment number 8319-2000, at ten hours eighteen minutes on September eighth, two thousand:

"Thus, its purpose is that governmental decisions result from a discussion that is not constrained to small official circles or biased interests, but rather that other opinions are taken into consideration, with the necessary openness to create broadened debate, while still complying, of course, with the requirements established by the relevant legislation. It is not a matter of the deconstitutionalization of the principle of legality of the Public Administration, though it is, of course, a more democratic form of government, which expands the forums for debate on issues such as the protection of the environment, and that, by virtue thereof, remain open to citizen intervention and opinion. We are, therefore, before an option already widely accepted in the evolution of the concept of democracy, and this amparo offers a magnificent opportunity to give it clear and effective force, so that it does not remain mere rhetoric. For this very reason, the environmental issue is a topic that this Chamber has already recognized as one that grants private individuals a special legal standing, and is recognized as a 'reactional right' (vid. judgment 2233-93 and 3705-93 of this Chamber).

'In environmental law, the procedural prerequisite of standing tends to extend and amplify to such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being understood that, in general terms, any person can be a party and that their right does not arise from property titles, rights, or specific actions that they might exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern legal scholars call the diffuse interest, through which the original standing of the legitimately interested party, or even the simple interested party, is diffused among all the members of a given category of persons who thus find themselves equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that gives standing to the subject to bring an action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, into a true "reactional right," which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against the violation caused by illegitimate acts or omissions.' (vid. judgment 3705-93)

It is for this reason that, through Law 7412 of June 3, 1994, the Legislative Assembly reformed article 50 of the Political Constitution, guaranteeing every person the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this matter, then, standing exists to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused, through effective access to judicial and administrative procedures. In this way, when the Political Constitution mentions that the Government of the Republic is popular, representative, alternating, and responsible, we must be clear that citizen participation is not limited to the mere exercise of the right to vote, or to the aspiration of achieving a popularly elected public office, but also, and in this new vision, means that people must be offered a real opportunity to contribute to the making of the State's political decisions, especially when these have national significance, or could eventually affect the fundamental rights of certain sectors of the population. From constitutional Articles 1 and 50, then, the consideration that citizens deserve in a democratic state is rescued, where they can at least have access to information on the environment held by public authorities, as the petitioners state. The commented precept, then, enshrines the cited principle through access to the available information and its dissemination, so that decision-making is not circumscribed to a limited group of interests. Certainly, in the subject matter now under analysis, our legal system already provides that individuals may request SETENA to conduct public hearings, in order for the positions formulated by the communities interested in the making of decisions that affect the environment to be taken into account, which has been enshrined in the Organic Law of the Environment and its Regulations, as reported by the respondent authority."

Precisely, the Organic Law of the Environment recognizes this principle in articles 6 and 23, which textually provide, as relevant:

"Article 6. Participation of the inhabitants

The State and the municipalities shall foster the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment."

"Article 23.

Publicity of Information

The information contained in the environmental impact assessment file shall be of a public nature and shall be available for consultation by any person or organization."

Likewise, the Regulation on Procedures of the National Environmental Technical Secretariat also incorporates this principle, as provided in Chapter IV, which regulates the public hearing provided for within the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) procedure (Articles 35 to 40), and which provides for the active participation of both civil society and municipalities—in their capacity as an entity

"[...] constituted by the group of resident neighbors of the same canton, who promote and administer their own interests through the municipal government" (Article 1 of the Municipal Code).

The Urban Planning Law has a similar rule regarding the approval of regulatory plans by municipalities, requiring them to

"1) Call a public hearing through the Official Gazette and any additional necessary dissemination, indicating the location, date, and time to learn about the project and any verbal or written observations that neighbors or interested parties may wish to make. The notice must be given no fewer than fifteen business days in advance" (Article 17 of the Urban Planning Law).

This principle of citizen participation in environmental matters arises from and is justified precisely by the application of the positivization of the democratic principle—enshrined in Article 1 of the Political Constitution. It is important to highlight that this participation can be achieved individually, through private associative groups, as well as through local governments, which, by virtue of their competence assigned in Article 169 of the Constitution, are recognized as having full competence to promote it in matters that may in some way affect the community within their jurisdiction; indeed, if they fail to do so, they would be failing to fulfill one of the duties assigned to them by the framers, which has been developed in ordinary legislation:

"Municipalities shall foster the active, conscious, and democratic participation of the people in local government decision-making. Public institutions shall be obligated to collaborate so that these decisions are duly carried out" (Article 5 of the Municipal Code).

It is clear that citizen and municipal participation is of transcendental importance in order to promote awareness of environmental problems and to assist in the decision-making of institutions responsible for the preservation, monitoring, and protection of the environment and natural resources. This principle had already been recognized in a dissenting vote (voto salvado) of Magistrates Piza, Solano, and Arguedas in ruling number 4423-93, cited above, not only as a right of participation but also as a duty of the community and municipality in the decision-making and discussions regarding the location of a sanitary landfill in Esparza. In this same vein, in ruling number 10466-2000, of ten hours seventeen minutes of November twenty-fourth, two thousand, the Chamber stated that in no way

"[...] can the human being who will receive the effects of governmental decisions in environmental matters be excluded from participation in the decision on matters linked to this subject."

Previously, this Court recognized the importance of local government participation in these types of processes (environmental impact studies) under the following considerations:

"[...] it is clear to the Chamber that in the procedures for environmental impact studies and declarations of environmental viability (viabilidad ambiental) for projects intending to exploit natural resources, the participation of municipalities must be active; however, in no way can the substitution of the directing body for these procedures—in this case, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA)—by the municipalities be sought. In the specific case, that participation translates into the involvement of local governments throughout the entire procedure, and for that reason, their actions are fully accommodated within said procedures, but as one more party, which is why they are notified of all actions carried out within that procedure. In any event, the procedure provided for in Articles 35 to 40 of the Regulation on Procedures of the National Environmental Technical Secretariat, Executive Decree number 25.705-MINAE, provides not only for the participation of civil society but, above all, of the municipalities, with which it shall coordinate the holding of the public hearing (Article 36), but in the manner of a collaborator of this entity with SETENA, without in any way being able to seek decision-making authority. Furthermore, municipal competencies regarding the preservation and protection of the environment cannot be seen as limited to the organization of the public hearing—which by legal provision corresponds to SETENA—but goes much further, such as raising awareness among citizens about citizen participation, reporting—with technical evidence—to administrative entities and courts of justice, proper management of garbage and industrial waste, control and oversight to ensure that environmental laws are complied with, and the promotion of pertinent legal remedies, such as requesting the suspension of administrative acts deemed harmful to the environment, not through constitutional channels, but in the contentious-administrative and civil treasury jurisdiction, among other duties" (ruling number 2001-5737, of fourteen hours forty-one minutes of June twenty-seventh, two thousand one).

In this regard, it is essential that the hearing be held in a place where neighbors can attend, preferably at the site of the events, since otherwise, holding the hearing as ordered by the Administration would not achieve its purpose; obviously, lack of resources cannot constitute an obstacle to incorporating into the file all the evidentiary elements that the Administration requires to make a decision in matters of such fundamental importance, as it will necessarily have implications for the environment and the community. Likewise, the importance of municipal participation in the preparation of environmental impact studies has been recognized in the Organic Environmental Law itself, in the second paragraph of Article 22, which provides:

"Within the five business days following receipt of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), SETENA shall send an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall widely disseminate, through mass media, the list of studies submitted for its consideration."

This highlights that community participation in environmental decision-making forms part of the procedure to which the State must adhere and is simultaneously an integral part of the fundamental right of every person, under the terms provided in Article 50 of the Political Constitution. For this reason, constitutional jurisprudence has repeatedly held that the right to a hearing forms part of substantive due process and is a form of expression of participatory democracy (in this regard, see, among others, dissenting vote of Magistrates Piza, Solano, and Arguedas in ruling number 4423-93, of twelve hours of September seventh, nineteen ninety-three; 2331-96, of fourteen hours thirty-three minutes of May fourteenth, nineteen ninety-six; 3521-95, of seventeen hours three minutes of July tenth, nineteen ninety-six; 6640-00, of nine hours sixteen minutes of July twenty-eighth, two thousand; and 10466-2000, of ten hours sixteen minutes of November twenty-fourth, two thousand). On the subject of information in environmental matters, it has been stated:

"In environmental matters, we must transfer this concept of the right to information to a new perspective that every individual or collective has to request information and to be informed by any state entity [information] that cannot be obstructed by state institutions concerning any project that may affect the enjoyment of their right to a healthy and ecologically balanced environment. This, then, is the guarantee that will allow any individual or collective, making use of diffuse interests in access to participation, to participate within the decision-making processes that affect that right, since otherwise it would be illusory and the constitutional norm would be superfluous [...]" (ruling number 2331-96, cited above).

In this special matter, every person must have adequate information about the materials and activities or projects that may pose a danger or threat to communities (right to health) and to the conservation and preservation of the environment (right to a healthy and ecologically balanced environment), as well as for the effective opportunity to participate in the processes of adopting such decisions; since, when it comes to the right to the environment, standing belongs to the human being as such, because the injury to this fundamental right is suffered both by the community—as a whole—and by the individual in particular. Therefore, the Administration must facilitate and foster the awareness and participation of the population by making the information available to all, not only to members of the community but also to the general citizenry, insofar as in environmental matters the existence of a true diffuse interest has been considered (as noted earlier in this ruling)."

The due observance of this mandate to adequately inform the population has been specified and effectively applied in the Chamber's jurisprudence, when in ruling number 2004-13414, of nine hours twenty-nine minutes of November twenty-sixth, two thousand four, it established that:

"This Court on previous occasions has referred to consultation with communities as part of the administrative procedure for obtaining the environmental impact study, which is a prerequisite before commencing exploitation activities, in the following sense:

 

 "IV.- "...Before analyzing the arguments of the parties, it is worth noting that the Environmental Assessment of Projects process aims to preventively identify, predict, interpret, and communicate to interested parties the effect of a project on the environment. It is an administrative procedure for project control that, supported by a technical study on the environmental incidences of a given activity, called an Environmental Impact Study (technical document that the promoter or project owner must present) and by a public participation process, allows the competent environmental authority to issue a declaration of environmental impact, rejecting, approving, or modifying the project. Article 17 of the Organic Environmental Law imposes the obligation on SETENA to assess the environmental impact of human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste, before these activities begin. The Environmental Assessment involves a series of phases in which the project developer, the competent oversight entity (SETENA in the case of Costa Rica), and civil society participate. It begins with the submission of the Preliminary Environmental Assessment Form, a document that must be evaluated by the Preliminary Assessment Group of SETENA. Subsequently, it is determined which environmental assessment instrument the activity requires, and the developer submits the document that must be examined in order to determine whether or not additional information is required. The project developer must provide a guarantee and appoint an Environmental Regent (Regente Ambiental), in addition to providing a sworn statement of environmental commitments. It is not until all these stages are completed that the project obtains the declaration of environmental viability from SETENA; thus, once the entire process has been carried out, the requirement of Article 17 of the Organic Environmental Law can be considered satisfied. (ruling number 2003-04818 of ten hours fifty-one minutes of May thirtieth, two thousand three).-

Thus, in this case, the appellant is correct in claiming that consultation with the communities that could be affected by the granting of the questioned exploitation concession has not been conducted. It is clear that the hearing that is found lacking must in any event be held prior to the approval of the environmental impact study by said Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía). To this end, the administration must inform broadly, completely, and truthfully the communities that will be affected by mining exploration and exploitation in the area of its activity."

This need to provide due participation to the population that may in some way be affected by the execution of these types of projects has a special foundation in matters of water resource utilization, in the sense that, based on the recognition of the right to water as a fundamental right, the Chamber has recognized that any measure that, for patrimonial or other interests, prevents a given community from accessing water for the satisfaction of its needs must be declared constitutionally nonconforming—see ruling number 2001-5217, of ten hours thirteen minutes of June fifteenth, two thousand one—such that any action or provision that prevents a community from having access to potable water when the conditions for it are met must be declared violative of constitutionally recognized rights.

            VII.- Ultimately, it is clear that the right to a healthy and ecologically balanced environment grants special protection to groundwater, which, in application of the precautionary principle in environmental matters, may only be exploited when there is scientific certainty that its use does not entail a risk or threat to the environment. It is for this reason that the administration must always carry out the necessary environmental assessment, which must be publicly shared with the affected population, so that, after a rigorous and detailed analysis, the administration may issue the corresponding environmental viability in a reasoned manner. The disregard and non-observance of these normatively and jurisprudentially defined aspects results in the violation of the aforementioned right to a healthy environment, and therefore, administrative actions so ordered are equally violative of this fundamental right.

            VIII.- The specific case. The general factual situation. In the case brought before the constitutional jurisdiction, it is verified that since the year two thousand six, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados – ICAA) has sought the execution of the so-called "El Coco-Ocotal Aqueduct Improvement Project," motivated by the interest of private developers in the area—especially tourism and urban development entrepreneurs—in obtaining access to water for their ventures and, concurrently, for the vegetative population of the area. To achieve this project, the ICAA proposed the possibility of exploiting the water resource of the Sardinal Aquifer, based on its own technical studies that, in its opinion, allowed its exploitation, so that the available resource would supply the aforementioned aqueduct, for which interconnection infrastructure would be necessary to transfer and distribute the water. To this end, that same year it signed a Memorandum of Understanding with a private company—Coco Water Sociedad Anónima—so that, under Article thirty-eight of the Urban Planning Law, said company would provide the financing and execution of the necessary works; as a guarantee, the private developers would establish a trust with a national bank, and upon completion of construction, the works would be transferred to the ICAA for its administration and management. However, residents of the area where the Sardinal Aquifer is located expressed their opposition to the referenced project, claiming various inconsistencies and noncompliance with environmental commitments, such as the lack of technical studies proving the possibility of exploiting the aquifer, the execution of works without environmental viability (viabilidad ambiental), and the absence of information to the community; violations to which subsequently—in other amparo appeals accumulated to the present one—other objections were added regarding the commitments assumed by the ICAA in the memorandum of understanding and the trust, and whether or not the ICAA was responsible for processing the different permits before the Municipality of Carrillo and SETENA.

            IX.- Regarding the violations alleged by the appellants. The execution of works without environmental viability. The appellants state that the "El Coco-Ocotal Aqueduct Improvement Project" began without an environmental impact study that would allow its execution. From the study of the case file and the reports rendered under oath, the Chamber holds it as proven that on September twelfth, two thousand six, the ICAA submitted the project in question to SETENA to obtain the corresponding environmental viability; on November twenty-second of the same year—resolution 2219-2006-SETENA—SETENA advised the ICAA to submit a Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), deeming that this type of instrument was sufficient to deem environmental protection as accredited, arguing for this purpose in the response to this appeal that it was only ruling on the construction of the aqueduct, not on the water situation. However, even with the advisory made and without having obtained environmental viability, the ICAA requested permission from the Municipality of Carrillo for road breaking, a permit that was granted. In response to inquiries made by the ICAA's Internal Audit department, on October eighth, two thousand seven, SETENA reported that the project lacked environmental viability; it was not until January twenty-first, two thousand eight—having failed to comply with the advisories issued eighteen months earlier—that the ICAA submitted the Sworn Statement of Environmental Commitments, and therefore, on the very next business day, January twenty-second, two thousand eight, through resolution 110-2008-SETENA, environmental viability was granted to the project. In this regard, the Chamber notes that in the report of the Office of the Comptroller General of the Republic, number DFOE-ED-22-2008, of November twenty-first, two thousand eight, reference is made to the report of the ICAA's own Internal Audit office, number AU-2008-255, which details the execution of works between November eleventh, two thousand six, and February second, two thousand seven—installation of more than one kilometer of pipeline—; furthermore, the ICAA sought and obtained both from the Municipality of Carrillo—official letter MC-IM-531-07—and from the Road Prevision Department of the Engineering Directorate of the Public Works Directorate of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT)—permit DPV-RO-278-07—, dated October fourth and twenty-ninth, two thousand seven, respectively, permits for the installation of pipeline and work on cantonal roads. Given that SETENA granted environmental viability only on January twenty-second, two thousand eight, it is clear then that construction works were indeed executed prior to obtaining such environmental viability, and therefore, both the permits granted by the Municipality and the MOPT, as well as the execution of the works themselves, violate environmental protection. The Municipality and the Ministry, taking into consideration the type of work to be performed, should have required the prior granting of environmental viability; for its part, the ICAA should at all times have exercised its duty of coordination and oversight over the private developers to prevent construction works from being executed without the due environmental permit, especially when it knew that the project had not yet been validated by SETENA, an entity that, on the contrary, had issued an advisory regarding the respective viability. In this sense, the Chamber finds a first violation of the principles governing the matter, since works were executed and permits were authorized without having the corresponding environmental viability duly granted, and therefore, the appeal must be upheld on this point.

            X.- Regarding the appropriateness of an Environmental Impact Study. Moreover, the appellants question that the project under study lacked an Environmental Impact Study. According to what was argued by SETENA, it was considered that a Sworn Statement of Environmental Commitments was sufficient for said project, not an Environmental Impact Study proper. In accordance with what was stated in Considerando V of this ruling, carrying out Environmental Impact Studies constitutes a principle that must be duly observed and applied, to the point that progressively—as befits the field of human rights—the legislation itself and the jurisprudence of this Chamber have outlined the importance and necessity of having these types of evaluations duly performed prior to carrying out certain types of works. In the case under study, the project submitted by the ICAA to SETENA on September twelfth, two thousand six, certainly involves the execution of remodeling or improvement works for the aqueduct of El Coco and Ocotal, but includes the drilling of new wells and the transfer of water resources from the Sardinal area and the Sardinal River, as recorded in Anexo 1 of the submitted project. This circumstance of new drilling and transfer of water from another area not subject to massive exploitation should have prompted SETENA to inquire about the environmental protection it is obligated to provide, investigating, at least, whether the drilling of new wells alters the water resource of the area or other surrounding regions, as well as the impact on the ecosystem surrounding the drilling sites. The respondent authority—SETENA—states in its report that the file does not contain any information to determine if the available water is sufficient to meet the demand, but that it must respect the ICAA's criterion on this matter, and therefore, the appropriate instrument was the Sworn Statement of Environmental Commitments and not an Environmental Impact Study. The Chamber notes that precisely because of that acknowledgment by SETENA of the insufficiency of information regarding water availability, it should have ordered the most rigorous environmental studies to determine if the project was environmentally viable; it is true that SETENA trusted that the project was presented by the public institution directly specialized in water resource utilization for potable water supply, but it should not have, for that reason, overlooked its constitutional and legal obligations, making the environmental viability depend on a sensibly fragile instrument—the Sworn Statement—compared to the seriousness and rigor that an Environmental Impact Study must entail. The Office of the Comptroller itself identified serious limitations in the realm of legality in the procedure for granting environmental viability, which are cited in the referenced report DFOE-ED-22-2008, defining that:

"In the cited resolution, a Sworn Statement of Environmental Commitments is simply requested, even though, given the magnitude of the project described in Anexo No. 1 attached to form D1, and as provided by Article 9 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, the following documents should have been required, at a minimum:

I. Cadastral plans and certification of ownership of the properties where the tanks, pumping stations, and the lands where the wells were drilled for water extraction for the aqueduct project's purposes would be located. According to the regulations, legal documentation must be provided demonstrating that the works will be located on land owned by the applicant.

II. The geotechnical soil study, the Basic Terrain Engineering Study, and the Basic Terrain Geology Study.

Regarding these studies, the AyA's Deputy Manager simply submitted as an Annex a sheet providing a brief explanation of why they are not provided, even though Articles 7 and 8 of the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process clearly establish that if the responsible environmental consultant does not consider it necessary to prepare the Basic Terrain Engineering Study and the Basic Terrain Geology Study, they must provide a certification in printed or digital form with the general data of the project (name and location), the full name, qualifications, professional association number, and signature of the corresponding professional indicating the basis and technical justifications for which its preparation is not required.

III. As an Annex to D1, two printed sheets are accepted with tables showing a detail of the cost of the works totaling $3,292,448.79, even though, in accordance with subsection 5 of Article 9 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, a certification issued by an Authorized Public Accountant (CPA) on the total investment amount of the project should have been required, which should have included the cost of the properties where the wells were drilled and where the storage tanks would be built. Said regulations establish that "When the activity, work, or project involves construction works, the developer is authorized to present, in lieu of the CPA's certification, one containing the appraisal by the Federated College of Engineers and Architects (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA), which must be signed by the professional responsible for its design.".

Thus, taking into consideration the type of project and its magnitude, it is clear that SETENA should have required compliance with a series of requirements that the Office of the Comptroller has had to point out to it. Likewise, in accordance with what was stated in Considerando V of this ruling, the Chamber concludes that it is improper and violative of the constitutional principle of the right to a healthy environment for SETENA to have processed the environmental viability of this project using an unsuitable instrument, when it holds the constitutional and legal obligation to duly protect the environment. The Chamber's attention—and that of the Office of the Comptroller—is drawn to the speed with which SETENA resolved the environmental viability, since once the ICAA finally presented the Sworn Statement of Environmental Commitments, and despite the weaknesses found by the oversight body, on the next business day SETENA granted and issued the certification of the project's viability. Thus, the Chamber must conclude that when the execution or carrying out of works—even by specialized public institutions—that may compromise the environment around the operation area, or represent a risk to the ecosystem itself, such as the drilling of new wells and the transfer of water resources from one area to another, is involved, environmental viability could be granted, issued after conducting a serious and robust Environmental Impact Study that reports in detail on the impacts, mitigation measures, and corresponding provisions for the works or projects to be carried out. In this sense, given that in the case under study SETENA omitted to require this type of rigorous evaluation, despite the obligation imposed by the project's magnitude, the appeal must be upheld on this point, ordering SETENA to proceed accordingly with the Environmental Impact Assessment that this type of project merits, and to duly observe the Office of the Comptroller's pronouncement referenced herein.

            XI.- Regarding information to the community. The appellants state that the respondent authorities began the project's execution without having socialized it and without having provided the community the opportunity to express its position through the corresponding institutional channels. This is an aspect intimately linked to the obligation to carry out an Environmental Impact Study, but at the same time, this circumstance of public information has its own entity that allows its performance or omission to be assessed by this Chamber.

In accordance with the provisions set forth in the sixth recital (considerando) of this judgment, in environmental matters the State is obligated to duly and accurately inform the community of projects that may have an impact—positive or negative—in this sphere, fostering, beyond mere information, a primary dialogue that allows the community to contribute input that must be known by the administration, which has the obligation to provide this space and evaluate the community's positions. In the case under review, the Chamber finds it established that prior to the commencement of the aqueduct project works, the involved public authorities did not afford this opportunity to the related communities—Sardinal, El Coco, Ocotal. It is true that there were meetings with the community on January twenty-third, August fourteenth, October third, and November ninth, all in two thousand eight, all when the works had already begun, and all—except the first—due to the filing of this amparo action. Thus, prior to the definition of the project and the start of its works, the related communities were neither consulted nor informed by the ICAA about the project to be carried out, whence it follows that in the project implementation process, another violation of the environmental obligations that public institutions must fulfill is evident. Furthermore, taking into consideration what was stated in the preceding recital, citizen participation is particularly important in the process of granting environmental viability (viabilidad ambiental), so having granted that viability without due community participation, it likewise becomes ineffective. In the same vein, as the Comptroller General has indicated the studies that must be performed, and as this Chamber likewise resolves in this case the imperative need to carry out an environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental), the ICAA and SETENA must take note of the obligation to comply with the corresponding public hearing, should they intend to continue with the project in question and grant the respective environmental viability at the appropriate time. In other words, prior to the continuation of the aqueduct project, the corresponding environmental impact assessment must be processed, and during its preparation process, the adequate space must be provided for truthful information to the related communities, thus fostering due citizen participation in the terms recognized herein.

            XII.- On the figure of Article thirty-eight of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). The petitioners allege uncertainty as to whether the water resource of the Sardinal Aquifer will be designated particularly for the needs of private developers to the detriment of communal needs. This doubt on the part of the petitioners arises from the figure utilized by the ICAA for the promotion and execution of the aqueduct improvement project, as a regulatory provision is used that allows private developers to execute works that will later be transferred or delivered to the public institution. Indeed, Article thirty-eight of the Urban Planning Law provides, in the pertinent part, that:

"Urbanization projects located within or outside the zoned area that have aqueduct, sanitary sewer, and electrical services distant from their boundaries must be accepted for analysis by the Municipality and the Urban Planning Directorate (Dirección de Urbanismo), if the developer commits to financing the works executed outside their property to provide all necessary services.

In this case, all future urbanization projects that intend to use the services cited in the preceding paragraph within a period of five years, counted from the completion of those constructions, shall pay the developer an amount per each housing unit that the new project contains. The amount to be paid shall be determined by the institution in charge of the corresponding service and shall be covered upon making the physical connection of each housing unit."

Thus, this provision allows that if a private undertaking wishes to make use of a public service, but the property is located outside the coverage area of that service, the developer may, at their own expense, arrange the adequate works so that the service reaches them, but without being able to claim exclusivity or preference in the provision of the service. So, in the case under review, the private developers of the El Coco and Ocotal area agreed to finance the aqueduct improvement in order to have the necessary water resource for the operation of their undertakings, consequently benefiting the rest of the population. Given that this is a legally established possibility, the situation raised regarding the viability of using this figure in the specific case turns out to be a matter of ordinary legality that must be heard by the corresponding administrative or judicial instances. However, the Chamber notes that this situation was already the subject of consideration by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) and the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), whose opinions are important to reference in this venue regarding the environmental protection under analysis. Indeed, through opinion C-218-2008, dated June twenty-fifth, two thousand eight, the Attorney General's Office indicated that the cited norm empowers the ICAA to "authorize works of any nature relating to the creation, expansion, or modification of infrastructure related to sewer and aqueducts, even when said works are performed by private individuals," but specifying that it may only undertake a joint investment when the public interest so justifies, as it cannot invest public resources where only a private interest exists, and in any case, it must have technical studies that support the viability and necessity of the construction. Thus, the Attorney General's Office stated that:

"From the foregoing derives the importance that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), as a public entity, be capable of foreseeing, programming, and planning everything relating to the service it provides, and consequently, only authorize the creation, modification, or extension of new infrastructure by third parties when there are technical studies demonstrating the project's viability and the rights of the current community or the inhabitants of eventual new developments are not in any way being compromised."

These technical studies are evidently those necessary to have certainty that no environmental damage will be caused, in addition to the other necessary studies that ensure the existence, availability, and possibility of exploitation of the water resource that feeds the aqueduct in question, which determines that this legal figure cannot be used if such studies do not exist or their conclusions are not favorable to the environment. For its part, the Comptroller General's Office is clear in defining that such works executed by private developers are certainly works of a private nature and not public, as they will only become public once they are duly received by the corresponding administration. Indeed, in the already cited report DFOE-ED-22-2008, the comptroller body concludes that:

"In accordance with the characteristics described above, in adherence to our legal system, and what is established by doctrine regarding public works and the cited opinion of the Legal Directorate of AyA, the criterion of this comptroller body is that the El Coco–Ocotal aqueduct project is a private work that will acquire public character once it has been received by the Administration to its full satisfaction."

In this regard, it must be noted that the figure established in Article thirty-eight of the Urban Planning Law is valid insofar as private individuals may develop public service infrastructure projects—especially aqueducts, sewers, and electricity—provided that a public interest is thereby satisfied and not merely a private interest, the consequent technical studies have been performed, and with awareness that these works are of a private nature until they are duly received by the corresponding administration. Outside these parameters, the use of this figure is not authorized by the corresponding legality bodies. Likewise, when making use of this figure, the administration must adhere to the already explained constitutional nonconformity that occurs when measures are arranged that prevent the community from accessing water to satisfy its needs—see the referenced judgment 2001-5217—so if, in the case under review, the use of the water resource of the Sardinal Aquifer may jeopardize access to water by the community of Sardinal itself and neighboring populations—El Coco and Ocotal—the administration must refrain from negotiating or authorizing the execution of works that entail such risk. Similarly, this circumstance imposes the duty on the administration to ensure primarily that the needs of the communities are satisfied with priority over commercial, tourist, or other interests, whence it follows that it must be guaranteed that the water resource is initially used by the communities for the satisfaction of their essential needs, and thereafter, authorize the use of the resource for other types of interests such as commercial or tourist ones.

            XIII.- On the instruments used for the implementation of the aqueduct project. The Letter of Understanding (Carta de Entendimiento) and the Trust Agreement (Fideicomiso). For the execution of the El Coco-Ocotal Aqueduct Improvement Project, on March sixteenth, two thousand six, the ICAA entered into a Letter of Understanding with the private company Coco Water Sociedad Anónima, specifying that the cost of the works to be executed will be assumed by the company; that the works will be built in accordance with the technical specifications provided and approved by the ICAA; that the granting of five thousand services will be guaranteed to the company provided there is availability; that the connection costs and tariffs will be those approved by the Public Services Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos); that future urbanization projects must pay the company a proportional amount per each dwelling unit of the new project, a provision that applies to single-family dwellings, to which availability will be granted without paying any cost; that the works will be delivered for the administration and operation of the ICAA; that the inspection of the project will be the responsibility of said institution; and that the signing of this document does not imply the granting of the water availability letter (carta de disponibilidad de agua) nor authorization for the start of works.

            XIV.- Furthermore, with the purpose of providing a guarantee to the ICAA regarding the execution of the project works, on May twenty-third, two thousand seven, twenty-two private companies, denominated Founding Trustors or Founding Beneficiaries (Fideicomitentes Fundadores or Fideicomisarios Fundadores); the company Coco Water S.A. as Non-Participating Trustor (Fideicomitente no participativo); and the Bank of Costa Rica (Banco de Costa Rica) as Trustee (Fiduciario); entered into the Trust Agreement Acueducto Playas del Coco (Fideicomiso Acueducto Playas del Coco), a financial operation whose objective is to finance the aqueduct expansion in accordance with the referenced Letter of Understanding. The Chamber advises that the nature and content of both instruments cited herein—Letter of Understanding and Trust Agreement—represent matters of ordinary legality whose impact and legal consequences on the project under review are the proper competence of the corresponding legality bodies, to the point that, indeed, both instruments were duly analyzed by both the Office of the Attorney General of the Republic—report C-218-2008—and the Office of the Comptroller General of the Republic—report DFOE-ED-22-2008—which conclude and order concrete actions that the cited public entities must adopt for the execution of instruments such as those described herein. Thus, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers must abide by what has already been resolved by the Attorney General's Office and the Comptroller's Office regarding the Letter of Understanding and the Trust Agreement.

            XV.- On compliance with municipal requirements and the processing of permits. The petitioners indicate that the Municipality of Carrillo granted the permit for road cutting (rompimiento de vías) without requiring the ICAA to duly comply with the established requirements for said works, such as obtaining the corresponding municipal license and paying the municipal tax. On this matter, the Chamber advises that these claims have a high dose of legality rather than constitutionality, so they should initially be analyzed by the corresponding administrative and judicial bodies. Indeed, this situation was the subject of analysis by the Attorney General's Office and the Comptroller's Office. Recall that the criterion of the comptroller body is that the works executed under Article thirty-eight of the Urban Planning Law are works of a private nature, and do not hold public character until they have been duly received by the institution that will provide the public service. In this regard, opinion C-218-2008 of the Attorney General's Office concludes that:

"The private developer who carries out the aqueduct and sewer infrastructure works is not excluded from requesting the respective construction permit nor legally enabled for the exoneration in their favor of the payment of the respective taxes, as said possibility applies only to government agencies and public institutions, by virtue of the provisions in articles 74, 75 and 80 of the Construction Law (Ley de Construcciones), 70 of the Urban Planning Law, and 2 of Law N° 7293 of March 31, 1992, Regulatory Law on Existing Exonerations, Repeals and Exceptions (Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones)."

Meanwhile, in the reiterated report DFOE-ED-22-2008, the Comptroller's Office specified that:

"From what has been commented, it is summarized that despite the fact that the obligation of the company Coco Water S.A. was contemplated in the letter of understanding to comply with all approval procedures before the competent entities for the plans of all the works of the El Coco-Ocotal aqueduct expansion project, and to obtain the municipal license and therefore pay the 1% construction tax, works were completed such as the installation of 1,115 linear meters of pipe on Calle Las Chorreas and 1,500 meters of pipe in the section corresponding to the pipeline from the site where the well known as 'del Itabo (Boulevard)' is located, and others are in process such as the 2,500 m3 and 1,000 m3 catchment tanks, as well as the sheds for control and chlorination equipment, without complying with the legal procedures and requirements. In relation to said works, AyA was the one that processed the permits for some of these before the Municipality of Carrillo, whereby the municipal entity did not collect the taxes established by law.

In view of the foregoing, it is the criterion of this comptroller body that the developers of the El Coco-Ocotal aqueduct project, in order to continue with said project, must come into compliance with the municipal license and the payment of the 1% construction tax and the respective fine established by Articles 74 and 79 of the Construction Law, on all the works of the cited project, which AyA must ensure is complied with."

In this sense, the corresponding legality instances have already pronounced on this situation, concluding that in the case under review, inadequate conduct occurred on the part of the ICAA, since if the works to be developed are of a private nature, it is the developers who are responsible for managing the corresponding permits, not the related public institution. This situation has the same negative impact in environmental matters that has been referred to until now, as lacking the precise and conclusive technical criteria on the water resource, the ICAA acts in the first person so that private legal subjects obtain a benefit for themselves, that is, the exoneration of administrative procedures and requirements, a situation that is confirmed by the Attorney General's Office and the Comptroller's Office. Furthermore, the petitioners allege the inadequate setting of the environmental guarantee, an issue eminently of ordinary legality that must be raised before SETENA itself.

            XVI.- On the scientific certainty regarding the existence of the water resource and the exploitation of the Sardinal Aquifer. A core point in the violations alleged by the petitioners is the lack of conclusive hydrogeological studies that ensure the existence of sufficient water resource in the Sardinal Aquifer for it to be exploited in the terms foreseen and intended by the ICAA. On this matter, the Chamber reiterates the obligation of public institutions to solidly respect and apply the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, whence arises the obligation to prevent the execution of works that lack the necessary technical certainty to conclude that their execution is innocuous for the environment, and, in the specific case, for the aquifer in question. In accordance with the foregoing, the study of the case file informs that since March sixteenth, two thousand six, the ICAA entered into the referenced Letter of Understanding, but it was not until September twelfth of that same year that it submitted the project for consideration by SETENA. However, beyond this already analyzed situation, in October two thousand six, the Directorate of Studies and Projects (Dirección de Estudios y Proyectos) of the ICAA issued the Final Project Report Playa de El Coco-Ocotal (Informe Proyecto Final Playa de El Coco-Ocotal), in which it recommends performing more and better capacity tests in the wells used in the project, in order to establish the real maximum production capacity of the area. That is, since October two thousand six, the internal bodies of the ICAA themselves raised a red flag and recommended performing further studies, but by then the Letter of Understanding had already been signed. Subsequently, on February twenty-seventh, two thousand seven, the Board of Directors (Junta Directiva) of the ICAA requested the Internal Audit Office (Auditoría Interna) of the institution to perform a comprehensive evaluation of the procedures, agreements, administrative and labor aspects, and matters related to administrative contracting in the Chorotega Region. As a result of this mandate, on December twentieth, two thousand seven, through memorandum number AU-2007-665, the Internal Audit Office informed the Board of Directors that regarding the project Improvements to the El Coco-Ocotal Aqueduct, Guanacaste (Mejoras al acueducto El Coco-Ocotal Guanacaste), construction works are being carried out outside the bounds of current regulations, since the works show significant changes with respect to the original designs, environmental viability is not available, the official logbook duly accredited by the Federated College of Engineers and Architects (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) is not available, that the Bank of Costa Rica, through the trust, is assuming exclusive competencies of the ICAA by certifying the granting of water rights (pajas de agua), therefore requiring that the actions of the active administration be reviewed and instructions be given to suspend the continuation of the project construction. That is, a second call for attention regarding inappropriate conduct by the administration. Nonetheless, the ICAA omitted adopting any decision to suspend the works and perform new and better studies; on the contrary, on January twenty-first, two thousand eight, it submitted the Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), so on January twenty-second, the environmental viability was issued. For its part, on February seventeenth, two thousand eight, the Department of Basic Studies (Departamento de Estudios Básicos) of the Directorate of Environmental Management (Dirección de Gestión Ambiental) of the ICAA delivered to the Executive President of the institution the Hydrogeological Study of the Sardinal Aquifer (Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal), a report that concludes that the recharge of the Aquifer is 2134 l/s, while the discharge is 778 l/s, leaving a remaining flow of 1356 l/s. At this point, a question arises regarding the certainty of the prior studies that the ICAA claimed to have, since it is in February two thousand eight that concrete data is already referred to. Nonetheless, in memorandum AU-2008-110, dated March twenty-eighth, two thousand eight, the Internal Audit Office of the institution submitted the twelfth comprehensive Chorotega study, in which it concluded that since the year two thousand five, the communities of Papagayo, Playa Hermosa, El Coco, Ocotal, and Sardinal showed a deficit in drinking water production to meet the growing projected demand in the area; that the conclusions of the hydrogeological study by Gómez Tristán were not addressed by the upper administration and some persons responsible for the design of the preliminary project for the construction of the improvements to the El Coco and Ocotal Aqueduct; that the construction of projects was endorsed without the specific studies; that the recommendation regarding the potential risk of contamination of the El Coco aquifer was disregarded; and recommending that the studies, designs, and required resources be budgeted for the construction of the sanitary sewer system for the localities of El Coco and Ocotal. That is, a third call for attention by the very internal bodies of the institution, without the project being at least suspended by express instruction of the ICAA while certain data on the Aquifer is gathered. In this regard, the Chamber notes that contrary to what the ICAA stated in its various reports, the institution's own studies are far from being conclusive and compelling regarding the existence and availability of the water resource of the Sardinal Aquifer, to the point that on three different occasions between the years two thousand six and two thousand eight, the importance and need to perform further studies on the matter was indicated. It is important to note that in this relation of facts, any mention of or reference to the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento – SENARA) is absent, since despite the fact that from March two thousand six the ICAA had been developing the project idea, and given that SENARA is a vital entity regarding the use of underground water resources—such as the Sardinal Aquifer—it was not until the filing of the amparo action that this entity began evaluating the ICAA's actions within the scope of its competencies.

            XVII.- On the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage. As explained in the III recital of this judgment, the competencies of SENARA transcend matters concerning irrigation districts (distritos de riego), such that they prove to have a national vocation derived from their own institutional antecedents. Likewise, Article three of the SENARA Creation Law (Ley de Creación del SENARA), Law number 6877, provides, in the pertinent part, that:

"ARTICLE 3.- The functions of SENARA are: (…)

ch) To investigate, protect, and promote the use of the country's water resources, both surface and underground. (…)

h) To monitor compliance with legal provisions in matters within its purview. The decisions that the Service makes for that reason, referring to the drilling of wells, and to the exploitation, maintenance, and protection of waters—carried out by public institutions and private individuals—shall be final and of mandatory compliance. However, such decisions may be appealed within ten days on grounds of illegality, before the Superior Contentious Administrative Tribunal (Tribunal Superior Contencioso Administrativo). The Tribunal shall resolve within a period not exceeding ninety days." (emphasis added)

It is evident that by express provision of its creation law, SENARA has the competence to protect the country's water resources, which is why its decisions regarding exploitation, maintenance, and protection shall be final and of mandatory compliance. For its part, Article one hundred fifty-seven of the Water Law (Ley de Aguas), still in force, indicates that:

"Article 157.- It is the duty of Municipalities to consult the Department of Agriculture, and to obtain the corresponding permit from it, before alienating, mortgaging, leasing, or sharecropping, or exploiting on their own account, any land they possess or acquire when on said lands there exist usable public domain waters. The Department of Agriculture shall decide if such lands are among those mentioned and if the intended use could affect the conservation of the waters that the populations use. The same obligation shall apply to Education Boards (Juntas de Educación), Social Protection Boards (Juntas de Protección Social) and, in general, any public body." (highlighting not in the original)

This regulatory provision must be interpreted and applied in accordance with the provisions of Article twenty-one of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils (Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos)—from which it is defined that the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería) (or Department of Agriculture in the language used by the Water Law) maintains a secondary or residual competence in this matter—a norm that clearly establishes that:

"ARTICLE 21.- In water matters, the Ministry of Agriculture and Livestock must coordinate, with the National Irrigation and Drainage Service and any other competent institution, the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country's hydrographic basins, as well as in the practices of improvement, conservation, and protection of soils in the hydrographic basins, according to the competencies of the aforementioned Service…"

Thus, the integration of the recently cited norms indicates that for the use of public domain waters, every public entity—without distinction—has the obligation to obtain the corresponding permit from SENARA, to the point that the reasoned decisions adopted by SENARA in this regard shall be final and of mandatory compliance. This definition is far from being a rhetorical statement by the Chamber; on the contrary, it derives from the responsible integration of the broad regulatory framework that governs the matter, which, as stated, requires the progressive advancement and recognition inherent in the realm of human rights, given that the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber advises that this clarification places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of the national water resource, which is important considering the eminently technical nature of this administrative agency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved—ICAA, SETENA, MAG, Municipalities, among others. In this regard, attempting to execute projects for the extraction and exploitation of water resources without the due authorization and involvement of SENARA proves to be in violation of the regulatory provisions for environmental protection, since the necessary technical inputs to determine the availability and feasibility of using public domain waters would be lacking.

            XVIII.- On the participation of SENARA in the specific case. In accordance with the factual sequence that occurred in the case under review, it is evident that the participation of SENARA occurred due to the filing of the amparo action. Indeed, on May seventh, two thousand eight, SENARA attested to not having received from the ICAA the hydrogeological study that according to said institution supports the El Coco-Ocotal aqueduct improvement project, defining on that occasion—official letter ASUB-196-08—that only SENARA possesses the legal framework to carry out, at the national level, the investigation and protection of underground water resources, clarifying that its pronouncements are binding—as has been defined in the preceding recital. It is on May twenty-ninth, two thousand eight—official letter ASUB-230-08—that the Groundwater Area (Área de Aguas Subterráneas) of SENARA submits to the General Manager of that entity the technical analysis of the studies provided by the ICAA regarding the Sardinal Aquifer and the final project of El Coco-Ocotal, concluding that the submitted studies do not contain sufficient information to evaluate the effect of the exploitation of the well fields of Sardinal and El Coco; that the impact on the aquifers of Ocotal and El Coco was not evaluated; that the evaluation of the impact on groundwater must be carried out based on the aquifers that are within the area of influence of the Sardinal, El Coco, and Ocotal Aquifer project; and it references the technical studies that must be performed so that SENARA can evaluate and issue a pronouncement on the referenced project.

That is to say, the information available to ICAA up to that point was openly insufficient to determine the availability of the water resource and its potential for exploitation, which means that the actions taken by ICAA since 2006 lacked full technical support that would provide scientific certainty regarding that potential, a situation that makes the series of environmental breaches referred to in this judgment even more serious.

XIX.- Faced with the dilemma generated by the filing of amparo appeals and the publicly known social mobilization in the Sardinal area, the Minister of the Environment, Energy, and Telecommunications – an institution that also forms part of the water sector – decided to form an Interinstitutional Commission made up of himself, the Executive President of ICAA, and the General Manager of SENARA, which would validate the result or the report that would be issued in that regard by a Technical Commission composed of specialized personnel from those entities, who would evaluate the available technical information and formulate the recommendations to be followed for the sustainable management of the Sardinal Aquifer. The formation of these commissions and ICAA’s participation in them are circumstances that provide this Chamber with certainty of the inadequacy of the prior studies that ICAA had for the planning and development of the project in question, and they demonstrate the lack of conclusive scientific elements that would enable the safe use of the Sardinal Aquifer’s water resource. Thus, in October 2008, two reports were published on the situation of the Aquifer and the aqueduct project: the “Detailed Hydrogeological Study of the Upper Part of the Sardinal River Basin” (Estudio Hidrogeológico Detallado de la parte alta de la cuenca del Río Sardinal), prepared by the Technical Group of the SENARA Groundwater Area; and the “(Preliminary) Technical Report for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer” (Informe Técnico (Preliminar) para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal), emanating from the aforementioned Technical Commission. The first of these concludes that: a) the aquifer of the upper Sardinal River basin is not overexploited; b) the minimum recommended safe yield is twenty-five percent of the naturally rejected water, and the maximum available water corresponds to seventy-five percent of the naturally rejected recharge; c) no additional drilling permits or water concessions should be granted in the micro-basin of the Vainilla and Nisperal streams; d) flow meters must be implemented to control extraction and a detailed field analysis of monthly extraction and the groundwater balance must be conducted; e) the exploitation of seventy liters per second from the Sardinal Aqueduct wells is considered feasible, conditioned on monitoring the aquifer’s behavior against its exploitation over a period of no less than two years; f) the effect of the extraction from the ICAA wells on the Sardinal River must be evaluated through the implementation of two gauging stations located upstream and downstream of the well field; g) future aquifer exploitation will be conditioned on the results of the “Exploitation, Aquifer Behavior, and Controlled Extraction Monitoring Plan”; h) said plan must be analyzed by the involved institutions after two years of its execution; i) the water available in the aquifer for exploitation will be determined once the two-year monitoring and control process is completed; j) the discharge of polluting substances into the river must be avoided; k) an exhaustive inventory of legal and illegal wells must be conducted to quantify the actual monthly extraction; l) two limnigraphs must be installed for year-round base flow measurement, as well as a climatic station in the Sardinal area; ll) and a hydrogeological vulnerability grid, pollution threats assessment, and a pollution risk map must be produced. That is, although this study does conclude that exploitation of the Sardinal Aquifer is possible at a rate of seventy liters per second – a quantity evidently lower than that initially proposed by ICAA – the fact is that such exploitation is conditioned on the fulfillment of a series of factors that involve everything from assessing the effect of exploitation on the wells to installing flow meters, concluding forcefully that future exploitation of the Aquifer will depend on the results of the monitoring plan. In other words, the conclusion of SENARA’s technical team is that exploitation is possible, but it is a highly controlled and fully conditioned exploitation, to the point that without compliance with such conditions, there will be absolute uncertainty about the future of the Sardinal Aquifer.

XX.- For its part, the second study, emanating from the Technical Commission, indicates that: a) the report by independent expert Gunther Schosinsky Neverman states that the total flow to be extracted by ICAA represents fifteen percent of the Aquifer’s water recharge; b) exploitation must be carried out in stages according to the real increase in demand; c) exploitation may be applied as defined by the Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications; d) a baseline of the aquifer’s behavior will be established over two years in order to define its future exploitation, a period during which no new drilling permits will be granted in the upper basin of the Sardinal River; e) the SENARA Groundwater Directorate will develop a conceptual hydrogeological model of the aquifer, understood as one that describes the type of aquifer, its hydraulic properties, hydrogeological units, and flow direction, in order to establish, jointly with MINAET, a sustainable exploitation. Thus, despite being composed of technicians in matters of water resource use and utilization, the Commission’s report focuses on the results of the study of an independent expert contracted for the occasion, whose conclusions differ to a large extent from the conclusions of SENARA. While both reports refer to the importance of conducting further studies, the study by SENARA’s technical group is conclusive regarding the conditioning of exploitation and the need for constant monitoring to allow limited exploitation of 70 l/s. In any case, for this Chamber, the conclusion of the independent expert that a conceptual hydrogeological model of the Aquifer must be developed, which, in this Chamber’s opinion, defines basic aspects that are essential for its understanding, acquires particular relevance. This particularity indicates that even with the studies conducted, there is a lack of essential information that would allow the current conditions of the Sardinal Aquifer, the exact water availability, and the real possibilities of exploitation to be established with scientific certainty, all of which are reasons why its free exploitation must be discouraged, in application of the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters.

XXI.- On the other hand, although the General Manager of SENARA stated on October 8, 2008, his conformity with the Technical Report, it is also true that on November 6, the Technical Commission itself stated that for the preparation of the report reviewed by the Interinstitutional Commission, it took into consideration the independent expert’s study without having analyzed in depth the conclusions of SENARA’s technical group – see proven fact number 36 – an acknowledgement that is particularly serious since, according to what has been established, SENARA is the one with the appropriate technical competence for this type of study. Thus, after the public presentation of the Technical Report, the officials of the SENARA Groundwater Area clarified to the members of the Interinstitutional Commission their position and the results of their study, informing them that they believed a biased presentation of the conclusions was being made, even revealing that within the Technical Commission they did not see the report that would be elevated to the High-Level Commission, that the conclusions of SENARA’s technical group were not assessed, and that the only data that SENARA accepts from the independent expert’s conclusions is the potential recharge value. These assertions by the members of the technical group of the legally competent body in this matter do nothing more than demonstrate the lack of conclusive technical or scientific studies on the water capacity of the Sardinal Aquifer, which is why the environmental risk is equally evident should its exploitation be authorized for the purpose of providing potable water under the terms foreseen in the project, and in quantities such as those established in the referenced Letter of Understanding.

XXII.- In the same vein, at the request of the Ombudsman’s Office, an entity that participates as an active coadjuvant in this appeal, the Central American School of Geology of the University of Costa Rica presented on November 21, 2008, the study called “Analysis of the Technical Report for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer,” in which, based on the weighing of the two recently discussed technical reports and the recalculations made on the rejected recharge of the Aquifer, it concludes that:

“From a hydrogeological technical point of view, the fact that the soil water balance is performed without considering a good conceptual model is questioned.

The model presented by Schosinsky is very different from the model established by SENARA. In the first, a homogeneous aquifer, in horizontal layers and with unconfined characteristics is considered. Meanwhile, in the SENARA model, it is concluded that the ‘alluvial aquifer in the Sardinal sector is classified as semi-confined on the left bank of the Sardinal River, and as unconfined covered aquifer on the right bank of the Sardinal River’ (p.8). This undoubtedly calls into question the results presented in the soil water balance study.

From the data analysis, it is concluded that the rejected recharge, that is, the quantity of water that can be used, should be established at only 85 l/s. If one intends to provide a safe yield from the Sardinal Aquifer, the maximum flow to be extracted would be 63.75 l/s. Therefore, the allocation of 70 l/s to AyA is not viable, not even for the initial two-year period, much less to satisfy the demand of 175 l/s for this aqueduct.

In the event that the deep flow (equivalent to 431 l/s) is considered usable, the aquifer would not be managed from a safe yield perspective (according to the model proposed by SENARA), with the implications that this entails.”

It is thus demonstrated that even with the preparation of the reports by the Technical Commission and the technical group of the SENARA Groundwater Area, uncertainty persists regarding the water capacity and the exploitation possibilities of the aquifer, to the point that this new report concludes that the safe exploitation of the Sardinal Aquifer should be limited to 63.75 liters per second and not the 70 liters per second mentioned in the preceding studies. In this regard, in accordance with the precautionary principle that must govern in environmental matters, the involved institutions must be ordered to conform, at this time and temporarily, to the maximum exploitation indicated by the Central American School of Geology of the University of Costa Rica, until the corresponding report is issued by SENARA; once the SENARA report is approved, the exploitation must be adjusted to what is indicated therein. This definition implies subjecting the current water availabilities granted to this possibility of temporary exploitation, from which it follows that, if the case warrants it, those availabilities that cannot be covered with this maximum exploitation must be annulled; likewise, by adjusting to this maximum capacity, and in accordance with what has been established in the preceding considerations, the institutions, particularly ICAA, must consider the primary satisfaction of communal needs prior to the use of the resource for other types of commercial or tourism-related interests.

XXIII.- Consequently and in accordance with what has been stated, since 2006, ICAA has received information from its own internal bodies about the need to develop further technical studies for the execution of the El Coco-Ocotal aqueduct project using the water resource of the Sardinal Aquifer, and therefore, since then it should have been aware of the risk situation concerning the exploitation of said aquifer, without ever giving participation or information to SENARA. Nevertheless, it continued with the execution of the project, requesting environmental viability and other related permits from the Ministry of Public Works and Transport and the Municipality of Carrillo. It is on the occasion of the filing of the amparo appeals that SENARA issues its opinions on the project in question, initially determining that the studies provided by ICAA lacked sufficient information to reach certain conclusions, and then expressly defining the possibility of a conditioned exploitation of the aquifer, in clear contrast to another report by an independent expert used as a reference by the Technical Commission and the Interinstitutional Commission. Likewise, it is demonstrated that even with the pronouncement of the Technical Commission and the provisions of SENARA’s technical group, the safe exploitation of the Sardinal Aquifer is an aspect that still must be delimited and defined. It is for this reason that this Chamber concludes that scientific uncertainty remains about the reality of the available water resource and its exploitation possibilities, and therefore, in consideration of the precautionary principle and according to what is established in the preceding consideration, the related authorities, especially ICAA, must for the moment conform to the exploitation parameters identified by the School of Geology of the University of Costa Rica, so that once the report required from SENARA is prepared, and in full recognition of their particular competencies as set forth herein, the respondent authorities adjust the exploitation to what is established by the SENARA Groundwater Area.

XXIV.- By way of conclusion. In the case under study, this Chamber considers it proven that the right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated, due to a violation of the precautionary principle in environmental matters, given that ICAA proposed the development of an infrastructure and water resource exploitation project without certainty regarding the water availability and the exploitation potential of the Sardinal Aquifer, such that any authorization for exploitation without such certainty places the aquifer in a position of vulnerability, thereby causing unnecessary environmental risk. In this regard, ICAA must immediately arrange the actions within its scope of competencies so that, once there is certainty about the available water resource, its exploitation potential, and the corresponding environmental viability, a new document be prepared in accordance with the competencies that ICAA holds regarding the provision of potable water services. Likewise, it must suspend the granting of new availability letters, as well as momentarily subject the availabilities already granted to what is indicated in the report issued by the Central American School of Geology in November 2008, stating that the maximum flow to be extracted is 63.75 liters per second, and, if it is not possible to adjust to this maximum flow, it must readjust or annul the existing availabilities as necessary; this is to remain in effect until, and with the caveat that, the technical studies that SENARA must prepare – in accordance with this judgment – provide technical certainty of a different exploitation. ICAA must take into consideration that, from the maximum available flow that can be extracted now and in the future, priority must be given to the community over any tourism or commercial project. Consequently, it must also establish channels for participation and information with the communities of Sardinal, El Coco, and Ocotal regarding all aspects of the aqueduct expansion.

XXV.- Similarly, it is proven that the works of the aqueduct project began without the corresponding environmental viability, environmental viability that SETENA should have granted based on an environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) and not based on a Sworn Declaration of Environmental Commitments. Accordingly, the environmental viability granted to the aqueduct project must be annulled, with the order to process the corresponding environmental technical studies that credibly verify the environmental viability of the aqueduct project. Likewise, the Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications and the National Environmental Technical Secretariat must produce a hydrogeological vulnerability map of pollution threats and risks of the Sardinal Aquifer, as well as install the mechanisms that allow for the constant measurement or monitoring of its charge and recharge as defined in the reports “Detailed Hydrogeological Study of the Upper Part of the Sardinal River Basin,” prepared by the Technical Group of the SENARA Groundwater Area; and the “(Preliminary) Technical Report for the Water Security Management of the Sardinal Aquifer,” emanating from the aforementioned Technical Commission.

XXVI.- For its part, SENARA must undertake the completion of a complete hydrogeological study of the Sardinal Aquifer, which must be presented within a period of six months following notification of this judgment. The study must consider the type of aquifer, its hydraulic properties, the hydrogeological units, the flow direction, its interrelation within the hydrographic basin where it is located, the availability of the water resource, and the possibility and modalities of its exploitation. In accordance with what has been established, the report issued by SENARA on this matter shall be definitive and mandatory for all public entities. On the other hand, in consideration of the precautionary principle in environmental matters and with the aim of preserving the Sardinal Aquifer from threats caused by unrestricted well drilling, SENARA must be ordered to close the illegal wells existing in the locality that cause or threaten to cause overexploitation of the aquifer, while also refraining from granting new well drilling permits that affect the exploitation of the Sardinal Aquifer.

XXVII.- Likewise, the respondent authorities must duly comply with the recommendations and provisions issued particularly by the Comptroller General of the Republic in report DFOE-ED-22-2008, to the extent that this instrument specifies the legal obligations that must be fulfilled by the respondent authorities.

XXVIII.- In conclusion, the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment having been verified, the appeal must be granted, as is hereby ordered.

Por tanto

The appeal is granted. For violation of Article 50 of the Political Constitution in the approval and commencement of the El Coco-Ocotal aqueduct expansion project; because there is no technical certainty about the exploitation capacity of the water resource of the Sardinal Aquifer, and the consequent uncertainty about the impact on the priority of water availability to satisfy the interests of the community over any other type of patrimonial, commercial, or tourism interest. For violation of Article 9 of the Political Constitution by omitting due citizen participation in the project formulation process. Consequently, the respondent authorities are ordered to adjust their actions regarding the execution of the El Coco-Ocotal aqueduct expansion project in accordance with the provisions of this judgment. The other legal aspects raised by the appellants must be addressed by the respondent authorities in accordance with the provisions of the Comptroller General of the Republic in report number DFOE-ED-22-2008. The State and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative proceeding. Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, and Bernal Soto Zúñiga, or whomever occupies their positions, are warned that, pursuant to Article seventy-one of the Law of this Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The present resolution shall be personally notified to Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, and Bernal Soto Zúñiga, or whomever occupies their positions. Let it be communicated.-


Ana Virginia Calzada M.

Acting Presidenta


Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.


Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.


Rosa María Abdelnour G. Roxana Salazar C.


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