Res. 06922-2010 Sala Constitucional — Open-pit metallic mining and environmental protection in CrucitasMinería metálica a cielo abierto y protección del ambiente en Crucitas

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06922 - 2010

Fecha de la Resolución: 16 de Abril del 2010 a las 14:35

Expediente: 08-014068-0007-CO

Redactado por: Luis Paulino Mora Mora

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia clave

Sentencia estructural

Sentencias Relacionadas

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONCESION.

06922-10. AMBIENTE. PROYECTO MINERO CRUCITAS. SOBRE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LA MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO, SU AUTORIZACIÓN Y PROHIBICIÓN POR LOS PODERES PÚBLICOS, Y LA POSIBLE RESCISIÓN DE LAS CONCESIONES OTORGADAS POR EL PODER EJECUTIVO. PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. POR MAYORÍA SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE POR HABERSE APROBADO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIN EL CRITERIO PREVIO DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. EN LO DEMÁS, POR MAYORÍA SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO.

“(…) XVIII.- En definitiva, es claro que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado otorga una protección especial a la biodiversidad y las aguas subterráneas, razón por la cual y en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, las actividades económicas con impacto ambiental deben ser autorizadas cuando exista certeza científica de que ese impacto no implica un riesgo o amenaza al ambiente. Es por esta razón que la administración debe realizar siempre la evaluación ambiental necesaria, la cual debe ser compartida públicamente con la población afectada, para que luego de un análisis riguroso y detallado la administración emita de manera fundamentada la viabilidad ambiental correspondiente. La desatención e inobservancia de estos aspectos definidos normativa y jurisprudencialmente, deviene en la vulneración del referido derecho a un ambiente sano, por lo que las actuaciones administrativas así dispuestas resultan igualmente violatorias de este derecho fundamental. (…)” VCG07/2020

 RE/CO

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Otras Referencias: Sentencia: 5445-99, 2486-02, 13526-08, 1923-04, 14092-08, 15657-08, 1763-94, 9927-04, 6322-03, 13414-04, 4818-03

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 121- Atribuciones de la Asamblea Legislativa

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 121 y 140 de la Constitución Política

“(…) En un Estado Social y Democrático de Derecho es claro que la política ambiental es una competencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no del Judicial, en consecuencia no del Tribunal, Sala o Corte Constitucional. Lo anterior implica que resulta ajeno al ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional determinar en genérico si debe o no permitirse la minería metálica a cielo abierto en el país, pues como se indicó, ello es competencia y responsabilidad propia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes han valorado como viable esta forma de explotación de las riquezas del territorio nacional. Así, el caso bajo estudio es el resultado de decisiones y políticas de esos Poderes del Estado. Desde esta perspectiva, la minería a cielo abierto es posible en nuestro país, porque así lo han decidido esos Poderes en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales (Código de Minería, Ley Orgánica del Ambiente y sus reglamentos). (…)” VCG07/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 057- Amparo contra sujetos de derecho privado

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional

“(…)  II.- Sobre los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado. Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, se está ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para -posteriormente y en caso afirmativo- dilucidar si es estimable o no; esto resulta necesario en el caso bajo estudio por cuanto una de las partes recurridas es la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, la cual evidentemente es un sujeto de derecho de privado. El artículo cincuenta y siete de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que procede el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo dos, inciso a) de la misma Ley. En el caso concreto, es claro el cumplimiento de esos presupuestos, pues en su condición de desarrolladora de un proyecto de minería a cielo abierto, la empresa recurrida se encuentra en ejecución de actividades sensibles que pueden situar al ambiente en una posición de fragilidad o precariedad ante la cual los remedios jurisdiccionales comunes no serían suficientes u oportunos, lo que impone la necesidad de valoración del cumplimiento a la dimensión constitucional de la protección ambiental. (…)” VCG07/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 50 de la Constitución Política

“(…) En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo nueve de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. (…)” VCG07/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Coordinación

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN

“(…) IX.- La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. (…)” VCG07/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 069- Explotación racional de la tierra

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 69 de la Constitución Política

“(…) XIV.- La protección al ambiente y su relación con el desarrollo sostenible. Uso racional de los recursos. Un equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente. Partiendo del artículo 69 constitucional, en la medida que dispone el "uso racional de los recursos naturales", la Sala ha identificado los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos. En virtud de estos parámetros, la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político -desarrollo sostenible- para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no solo ganancias económicas -libertad de empresa- sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio. (…)” VCG07/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Publicidad.

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.

“(…) XVII.- Sobre el procedimiento de la evaluación ambiental y la necesaria comunicación, información y diálogo con la población. La realización de la evaluación ambiental en los términos dichos, implica el cumplimiento de los pasos normativamente establecidos para la actuación de las autoridades públicas involucradas, especialmente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Dentro de este procedimiento resulta particularmente relevante la necesidad de informar públicamente a la población que positiva o negativamente pueda verse afectada con la ejecución de obras con impacto ambiental, trascendiendo de la mera transmisión de información para propender al establecimiento de un diálogo que aporte insumos de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. (…)” VCG07/2020

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONCESION.

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS JINESTA Y CASTILLO

Los Magistrados Jinesta y Castillo, con redacción del primero, salvan el voto y declaran sin lugar el recurso, por las consideraciones siguientes:

I.- SOBRE EL “PREVIO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE TODA EL ÁREA DEL PROYECTO VALIDADO POR EL SENARA”. REQUISITO NO EXIGIDO POR EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE. El ordenamiento jurídico ambiental define, con precisión y claridad, por razones de seguridad y certeza jurídica –valores constitucionales de primer orden, artículo 34 constitucional- de los ciudadanos, empresarios e inversionistas o, en general, administrados, los requisitos que se deben observar para desarrollar una actividad que pueda lesionar el ambiente. Así, para el caso particular, tanto el Decreto Ejecutivo No. 25705 de 8 de octubre de 1996 –vigente hasta mayo de 2004- denominado “Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental” como el No. 31849 de 24 de mayo de 2004 llamado “Reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental”, no se refieren, directamente, a los estudios hidrogeológicos. Para el lapso en que estuvo vigente el Decreto Ejecutivo N. 25705, la normativa que hace referencia a los estudios hidrogeológicos son el Código de Minería y el Reglamento a ese instrumento legislativo. Así el Reglamento al Código de Minería en su artículo 26, punto 1.4 establece que el programa de explotación minera debe contener información sobre “1.4. Hidrogeología. 1.4.1 Modelos de acuíferos existentes. 1.4.2 Tomas de agua y nacientes”. De acuerdo con el artículo 77 del Código de Minería, la documentación técnica debe ser refrendada “(…) por un geólogo o por un ingeniero de minas, debidamente incorporado a su respectivo colegio profesional”. Al emitirse el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004, el numeral 27 de ese cuerpo normativo remite al “Manual de EIA” –Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de evaluación de impacto ambiental-, el que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. 32712 de 19 de julio de 2005. Este manual, sí hace referencia, en la Sección III al “Protocolo para la Hidrogeología ambiental de la finca”, con el cual deben cumplir las “canteras mineras o de minería subterránea” (punto 1.6), siendo que el punto 2, intitulado “Responsables de la realización del estudio de hidrogeología ambiental” preceptúa, de manera clara que “Los estudios de hidrogeología ambiental deberán ser realizados por profesionales en geología, debidamente habilitados por la legislación vigente en el país para realizar este tipo de estudio”. Bajo esta inteligencia, se encuentra suficientemente claro que la normativa vigente no impone, como parte del estudio de impacto ambiental que los estudios hidrogeológicos sean efectuados por el SENARA o, eventualmente, validados de manera ulterior por esta entidad. Este Tribunal Constitucional en votos precedentes no ha establecido este requisito adicional, si se interpreta de esa manera resulta errado. Lo que sí ha admitido este Tribunal, a través de la figura de la ampliación del curso o los informes, es que los estudios hidrogeológicos que han sido efectuados sean revisados por esa entidad pública, o bien que rinda informe acerca de la ubicación y extensión de un determinado manto acuífero –en el caso que lo tenga identificado o ubicado-, por cuanto, dentro de sus competencias expresas sí figura “Realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas (...)” y “Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales (…)”. Esto ha sucedido en casos pasados, cuando se trata de mantos acuíferos susceptibles de ser explotados para consumo humano, no cuando está suficientemente acreditado que no son aptos para tal efecto por tratarse de acuíferos confinados (acuitardos) o por contener altos niveles de acidez y otros metales y, por consiguiente idóneos para el consumo humano, como se tuvo por demostrado para el sub-lite. De tal proceder, facultativo, de este Tribunal, no cabe extraer o inferir un nuevo requisito no exigido por el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, el hidrogeólogo Virgilio Rodríguez Estrada, en el 2002 presentó como anexo al Estudio de Impacto Ambiental el estudio hidrogeológico que sustentaba la hidrografía en el área del proyecto (folios 196-208 del Estudio de Impacto Ambiental), adicionalmente, el mismo profesional, en el año 2007 realizó una actualización de dichos estudios para la propuesta de cambio del Estudio de Impacto Ambiental (capítulo 3, páginas 19-21). Cabe agregar que tales estudios se sustentaron, a su vez, en la investigación hidrogeológica precedente de 10 años y con fundamento en la perforación de más de 190 pozos “sacanúcleos” que permitieron conocer el detalle de la estructura geológica e hidrogeológica de la zona de ubicación del proyecto, tales como Geotest de 1996, Marcelino Losilla de 1996, Pitteau Associates de 1998, Golders de 1998 y 2006 y Hugo Rodríguez 2001 y 2007. Como se ve, la empresa desarrolladora del proyecto con tales estudios cumplió, cabalmente, con lo que impone el ordenamiento jurídico. Estimamos que exigir requisitos que no se encuentran predeterminados por el ordenamiento jurídico ambiental lo que provoca es un nivel considerable de inseguridad e incerteza entre las personas que pretenden emprender una actividad potencialmente contaminante, adicionalmente, lesiona, flagrantemente, el principio de la confianza legítima y de la buena fe de los administrados en las actuaciones previas de las administraciones públicas, los que, en esencia, no saben a qué atenerse perdiendo cualquier margen de predictibilidad en los trámites administrativos, por cuanto, un órgano de control jurisdiccional –de legalidad o de constitucionalidad- puede –con la tesis de la mayoría-, en cualquier momento, crear o idear nuevos requerimientos que no se establecen expresamente.

II.- SOBRE LAS ÓRDENES DE HACER IMPARTIDAS EN LA PARTE DISPOSITIVA DEL VOTO. Una sentencia estimatoria de carácter condenatorio, en materia de amparo, puede contener, con el fin de restablecer el goce efectivo de derechos fundamentales, órdenes de hacer, no hacer o de dar, cuando se verifica, respectivamente, que se han incumplido –omitido- obligaciones o se ha verificado alguna actuación irregular que demanda su cesación inmediata. Así se desprende del tenor literal y de la doctrina que informa el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin embargo, en el presente asunto la mayoría le impartió una serie de ordenes de hacer, tanto al MINAET, la SETENA, el SENARA, la propia empresa encargada de la explotación minera y al regente ambiental, todo en aras del principio precautorio. Sin embargo, la imposición de tales órdenes de hacer no estuvo antecedida de la verificación o demostración del incumplimiento de obligaciones o deberes previos. En otros términos, se imponen una serie de obligaciones de hacer o de actuar con el propósito de evitar cualquier daño o lesión ambiental futura, las que deberían tener fundamento en un incumplimiento previo y, sobre todo, no en el principio precautorio que impone, ante la incerteza científica la abstención en la ejecución de una actividad, sino del principio preventivo. Entendemos, que dentro de las obligaciones de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, los órganos y entes involucrados en la autorización y fiscalización del proyecto deben, por sobreentendido, cumplir con todas las órdenes que ahora se imparten. En nuestro criterio, al no haberse constatado omisiones o incumplimientos de obligaciones preexistentes que lesionen derechos fundamentales por parte de los órganos, entes y personas jurídicas condenadas a un hacer, lo que procedía era indicar tales previsiones en la parte considerativa de la sentencia y disponer que las partes involucradas “tomaran nota” de las mismas, lo que ha sido práctica usual de este Tribunal bajo tales circunstancias.

III.- COROLARIO. En mérito de las consideraciones expuestas, en nuestro criterio los recursos deben ser desestimados en todos sus extremos.

Ernesto Jinesta L. / Fernando Castillo V.

VCG08/2020

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONCESION.

Exp. 08-0014068-007-CO

NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ

El suscrito considera que el recurso de amparo debe ser rechazado, además de las razones esbozadas, por otras, las cuales explico de inmediato.

Como es bien sabido, la competencia del Tribunal Constitucional se limita a garantizar los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica (artículo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En el caso que nos ocupa, el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado (artículo 50 del Código Político) a todos los habitantes de la República e, incluso, a la Nación costarricense (lo que estamos y los que aún no han nacido). Para tal propósito, al igual que para otros derechos y libertades fundamentales, la jurisdicción constitucional, entendida ésta, y para este caso, como la facultad o poder del Estado de resolver en forma definitiva y coercitiva los conflictos surgidos por la amenaza o la violación de esos derechos y libertades, ha diseñado un proceso constitucional, en este caso de garantías, que tiene una serie de características, que lo diferencian de otros, tales como el hábeas corpus –también un proceso de garantías- y los procesos constitucionales de defensa de la Constitución, y definen su objeto.

El proceso constitucional de amparo, en nuestro medio, es directo, ordinario y sumario. Es un proceso sencillo, informal y de fácil acceso, en el cual se le otorgan a las partes involucradas las debidas garantías. A diferencia de los procesos de cognición plena, el proceso de amparo es una vía sumarísima, cuyo objeto, cuando está de por medio la violación o la amenaza al ambiente, es conocer de lesiones o amenazas graves a éste, lo que excluye, de entrada, la discusión y resolución de aspectos técnicos, que son propios de otra jurisdicción como se explicará más adelante, lo cual nos obliga a abordar el tema de la naturaleza de este proceso en relación con la materia ambiental.

I.- De la naturaleza propia del recurso de amparo y la materia ambiental

Esta Sala, en sentencia número 2001-13294 de las 12:05 horas del 21 de diciembre de 2001, conociendo de un amparo, había delimitado la competencia de la jurisdicción constitucional en este tipo de asuntos, cuando indicó:

“…Se desprende del escrito inicial que la recurrente se opone radicalmente a la explotación de hidrocarburos como tal, sea cual sea el manejo que se dé de esa actividad. Valga aclarar desde ahora que esta explotación está permitida por la Ley de Hidrocarburos, siempre y cuando se respeten las exigencias de protección al ambiente. Discutir si la actividad resulta en sí misma lesiva al ambiente, con independencia de las regulaciones técnicas y jurídicas que la sujeten, no es objeto de este amparo; tal discusión podría ser objeto de una eventual acción de inconstitucionalidad, pero no de un amparo. Valga aclarar también que esta Sala se pronuncia sobre las alegaciones de la recurrente en la medida en que esas supuestas violaciones lesionen un derecho fundamental. Al contrario, si los errores no violan, en el caso concreto, derecho fundamental alguno, estamos ante un vicio de mera legalidad que se debe atacar en la vía correspondiente…”. (El subrayado y resaltado no es del original).

Además, resulta importante para el tema que ahora nos ocupa en este amparo, que en la sentencia mencionada la Sala expresó: “No corresponde a este Tribunal evaluar técnicamente el impacto ambiental de la actividad de extracción de hidrocarburos: el recurso de amparo no es una vía plena que tenga a disposición los medios probatorios necesarios para tal cometido”. (El resaltado no es del original).

La anterior delimitación, conduce a una visión correcta de la jurisdicción constitucional, en la que, se debe partir de la naturaleza sumaria del recurso de amparo, diríamos incluso sumarísima, característica derivada de la apremiante necesidad de resolver sobre el objeto del recurso, según lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, circunscrita básicamente a la restitución del derecho fundamental como garantía del respeto a un mínimo de protección a las personas consagrado dentro del derecho de la constitución, por lo que, solo debe darse cabida a los reclamos planteados en esta sede especial, a aquellos que comporten una evidente vulneración al haz de derechos fundamentales. De lo contrario, cuando en un libelo el aspecto planteado versa sobre la legalidad de la actuación administrativa, aun ligándolo vagamente con un derecho fundamental, no es procedente el amparo, pues el resultado de recibir este tipo de reclamos, es la desnaturalización del proceso de amparo. El tema no es del todo carente de problemática, pues la delimitación de lo que es o no constitucional es un conflicto casuístico, sea que la Sala, en el proceso de admisibilidad, debe analizar cada caso, tomando en cuenta la existencia de un hilo conductor muy delgado entre la constitucionalidad y la legalidad de los asuntos, ello en el tanto todo aspecto legal tiene un raigambre constitucional, lo que no implica indefectible y necesariamente que deba ser analizado y resuelto en la jurisdicción constitucional. Precisamente, el no haberse delimitado claramente esta situación, a dado pie a un mal uso de la jurisdicción y las garantías establecidas en el numeral 48 de la Constitución Política, contando muchas veces con el apoyo de la misma Sala Constitucional, cuando se han resuelto asuntos en esta sede pese a su naturaleza ordinaria, interfiriendo en ámbitos que no le son propios, incluso, hasta sustituyendo la actividad de la Administración encargada en la Constitución al Poder Ejecutivo, en demérito del principio de división de los poderes o funciones.

Ante la conexidad entre la materia constitucional y la contenciosa, recientemente se ha robustecido el proceso ordinario contencioso administrativo, con la promulgación, por parte de la Asamblea Legislativa, de la Ley número 8508 de 28 de abril de 2006, en la que se desarrolló mejor la idea concebida en el artículo 49 de la Constitución Política, brindando una vez expedita para la resolución de asuntos contra la Administración, estableciendo el control objetivo y subjetivo; el objetivo sobre la legalidad de la función administrativa; y el subjetivo en la tutela de las situaciones jurídicas, los derechos subjetivos y los intereses legítimos. Sustentado en este artículo 49, así como en los principios de tutela judicial efectiva y de legalidad, toda controversia surgida contra la Administración, cuenta con la posibilidad de ser ventilada, en primera instancia, en la sede administrative –hoy en día el agotamiento de la vía administrativa es facultativa salvo las excepciones que más adelante se indicarán, sea mediante el procedimiento seguido al efecto, aplicando el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública o en una normativa especial, con lo cual se faculta a la Administración para resolver las controversias que presentan las partes, obteniendo el dictado de un acto o disposición de la Administración Pública que solucione el conflicto y que esté acorde con la aplicación de la normativa vigente. Aun sin agotar la vía administrativa, se cuenta ahora con un sistema jurisdiccional de protección de las situaciones subjetivas individualizadas, con ampliación de las facultades del juez, a fin de obtener un mayor resguardo de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, ello en contraste con lo que era público y notorio con el sistema anterior (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa), la que se caracterizaba por su tardío al resolver, al aplicar un diseño basado en la escritura y teniendo como centro el control del acto administrativo (control objetivo). Ahora, la moderna normativa procesal contenciosa, se basa en una amplia gama de principios como el de la oralidad, como punto de partida y apostando el legislador a la agilización de los trámites, pasando por los fundamentales del debido proceso y la igualdad procesal de las partes. También, algunos otros, entre los que se encuentran: El semi formalismo procesal; la amplitud de los poderes del juez; la flexibilidad impugnatoria; la apertura de la legitimación activa y pasiva, así como de la capacidad procesal; el alcance extensivo de las medidas cautelares; la inmediatez, contradicción y concentración de la prueba; el fortalecimiento de medidas alternativas de resolución de conflictos; la especialidad conciliatoria; la adaptación de la justicia a la realidad y necesidades sociales; el refuerzo del control pleno de la función administrativa; finalmente, el carácter facultativo del agotamiento de la vía administrativa, salvo para la contratación administrativa, Registro Civil –artículo 102 inciso 4) de la Constitución Política y la materia municipal (siempre que la agoten la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones o el Tribunal Contencioso Administrativo, respectivamente), siendo esta posibilidad del administrado otorgada primero por una sentencia de la Sala Constitucional, sea la número 2006-03669 de las 15 horas del 15 de marzo del 2006, en la que, entre otras razones, se indicó que no se podía someter al administrado a un vía crucis que significaba obligarlo a agotar la vía administrativa correspondiente, de previo a acudir al proceso judicial, ya que, no siempre en la práctica se conseguía por medio del agotamiento hacer que la Administración revocara su propia actuación, pese a determinar, por ejemplo, incluso la nulidad de lo actuado. Aspecto que con posterioridad a la sentencia mencionada, el Código Procesal Contencioso lo incorporó como un principio básico de su proceso.

Todo ello, ha dado como resultado un proceso contencioso más ágil y efectivo, así ya corroborado en la práctica desde inicios del año 2008, contándose con un sistema diseñado para que los administrados puedan ventilar sus problemas de legalidad, obteniendo de forma oportuna una solución. Además, de la tramitación más expedita que ahora trae de por sí el proceso contencioso en general, se da otra posibilidad, el llamado trámite preferente, dispuesto en el artículo 60 de la normativa procesal contenciosa, mediante el cual se permite tramitar sumariamente casos por urgencia, necesidad o trascendencia para el interés público. Además, merece hacerse distinguir un factor determinante, la valoración de la prueba en ambos procesos, ya que por la sumariedad del amparo, no es dable en la sede constitucional la amplitud en la recepción y análisis, por el contrario, en el proceso contencioso sí es más garantista. En efecto en el proceso ordinario la prueba se plantea y pasa por un filtro en la audiencia preliminar, teniendo las partes la oportunidad de definir concretamente las pruebas que serán analizadas en la audiencia final; así al llegar al juicio oral se ha saneado con anterioridad, facilitando su tratamiento en el debate de forma técnica y ampliamente, lo que redunda en una mayor garantía para los administrados, amén de la posibilidad que tienen las partes de recurrir al recurso extraordinario de casación, sea por violación de normas procesales sea por quebranto de normas sustantivas del ordenamiento jurídico; recurso de casación desprovisto de formalidades, lo que confirma el acceso efectivo a la justicia en la nueva jurisdicción contenciosa-administrativa. Razón por la cual, precisamente, los asuntos que requieran un estudio más técnico de las probanzas, deben ser remitidos a la jurisdicción contenciosa por su especialidad y por el diseño de procesos ágiles, garantistas y de cognición plena.

En pocas palabras, no sólo los aspectos de legalidad deben ser conocidos por la jurisdicción contencioso-administrativa, sino todo aquellos asuntos donde se discuten aspectos técnicos relacionados con el ambiente, toda vez que los procesos que prevé esa jurisdicción resultan los idóneos para resolver, conforme a Derecho y a Justicia, ese tipo de controversias, no así el proceso constitucional de amparo, cuya naturaleza impide abordarlas. A causa de su naturaleza, el proceso de amparo no es el medio idóneo para discutir los complejos aspectos técnicos y ecológicos propios de los conflictos ambientales. En este tipo de procesos, no es posible un adecuado abordaje de los elementos técnicos y científicos.

II.- De la competencia de la Sala Constitucional en materia ambiental en el proceso constitucional de amparo

A esta altura de nuestra exposición nos asalta una cuestión, y es determinar cuál es la competencia del Tribunal Constitucional entonces en materia ambiental en los proceso de amparo. En primer término, hay que decir que le compete verificar que no haya por parte de las autoridades competentes una irrazonabilidad manifiesta en su actuación o decisión. En estos casos, el estándar de control de las decisiones y actuaciones de la Administración por parte del Tribunal se limita a la verificación de que estén sustentadas en estudios técnicos que garanticen, precisamente, el derecho fundamental. Hasta aquí llega la competencia del Tribunal. Lo anterior significa, que el proceso de amparo no es una instancia para discutir si un estudio técnico es correcto o incorrecto, si un estudio técnico presenta falencias o no, mucho menos para rebatir los estudios técnicos que se sirvieron de fundamento a las actuaciones y resoluciones de la Administración, si un decreto ejecutivo está bien o mal motivado, si un decreto ejecutivo quebranta la normativa legal, etc., ya que estos asuntos son propios de otra jurisdicción, tal y como se indicó supra.

Por otra parte, también tiene competencia el Tribunal Constitucional, tanto en los procesos constitucionales de amparo como en los procesos constitucionales de defensa de la Constitución, de garantizar los principios constitucionales que regentan o informan el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Así las cosas, el Tribunal debe velar porque el Estado cumpla con la función tutelar y rectora en materia ambiental. “Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales” (2000-9193).

Además, debe garantizar el principio del uso racional de los recursos, a fin de que haya el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente. También debe tutelar el principio de la calidad del ambiente, el cual constituye un parámetro fundamental de la calidad de vida. Es así que ha sostenido que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, a través del ejercicio racional y el disfrute útil de este (2003-6322).

Igual ocurre con el principio precautorio, también llamado principio de la evitación prudente, el que adquiere fuerza con la Declaración de Río de 1992 (Cumbre de la Tierra). Con base en él, ha sostenido que, de previo a la iniciación de cualquier obra, se debe realizar el estudio de impacto ambiental. Adicionalmente, sólo en caso de estado de necesidad declarado, se puede excepcionar el cumplimiento de las normas ambientales. En esta misma línea de pensamiento, el Tribunal Constitucional no puede admitir el argumento de que la falta de recursos económicos de las instituciones públicas, justifiquen las omisiones en la materia ambiental. En efecto, “(…) la falta de presupuestos (recursos económicos, materiales y/o personal calificado) no puede constituirse en un límite entre el respeto y la violación de los derechos fundamentales, es decir, no puede ser motivo para que la Administración no actúe y tome acciones concretas a fin de que a través de su gestión encuentre solución a los problemas que los particulares les requieran en materia ambiental...” (2003-6322).

Por otra parte, no puede admitir que opere el silencio positivo en esta materia y de que la participación ciudadana pueda ser obviada, pues constituye una consecuencia del principio democrático y abarca el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente y a la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones.

III.- El control de la discrecionalidad administrativa compete a la jurisdicción contencioso-administrativa, no a la jurisdicción constitucional

Como es bien sabido, la discrecionalidad administrativa es la posibilidad que le otorga el ordenamiento jurídico a la Administración para elegir entre varias alternativas a aquella que satisfaga de mejor manera los intereses públicos. Desde este punto de vista, la discrecionalidad conlleva una actuación dentro del ordenamiento jurídico, a diferencia de la arbitrariedad, cuya actuación es al margen o a contrapelo de éste. En el caso de la discrecionalidad, la Administración debe realizar una valoración de las circunstancias, determinar cuál es la alternativa más viable y realizar una ponderación de intereses en una actividad tendente a la concreción del interés público. A diferencia de lo que ocurre con las potestades regladas, donde no existe ningún margen de apreciación, reduciéndose la actividad de la Administración a la comprobación del supuesto de hecho que prevé la norma para su ejercicio, en esa modalidad de función administrativa, la Administración tiene un mayor margen de actuación.

Ahora bien, por imperativo constitucional (artículo 49) el control de legalidad, y con ello el ejercicio de las potestades discrecionales por parte de la Administración, es una competencia exclusiva y excluyente del juez de lo contencioso-administrativo. Acorde con lo anterior, el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública indica, con claridad meridiana, que el juez –entiéndase el de lo contencioso-administrativo- controlará la conformidad de los elementos discrecionales de los actos de la Administración con base en las reglas unívocas de las ciencia o de la técnica o con fundamento en los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, como si ejerciera contralor de legalidad. Además, la doctrina ha diseñado una serie de técnicas para el control de la discrecionalidad administrativa, entre otras: los hechos determinantes, los principios generales de Derecho y los conceptos jurídicos indeterminados. Así las cosas, todo lo relacionado con la discrecionalidad de los aspectos técnicos que sustentan una decisión o una actuación de la Administración debe ser ventilados en la jurisdicción contencioso-administrativa, no en la jurisdicción constitucional. Por ello, si la discusión versa sobre distintas alternativas técnicas o científicamente sustentables mejores a la que adoptó o aprobó la Administración, es un tema propio de la discrecionalidad administrativa, el cual corresponde discutir en la sede contencioso-administrativa. Como se indicó atrás, en estos casos, el Tribunal Constitucional tiene limitada su competencia a determinar que la decisión o actuación de la Administración tiene un fundamento técnico y que respeta los principios o reglas que regentan el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado; ergo, no le competente dilucidar si el estudio técnico tiene errores o no, o si hay otras alternativas que mejor garantizan ese derecho fundamental.

IV.- Sobre el caso concreto

Tal y como ha quedado demostrado –hechos probados- las actuaciones de la Administración Pública están sustentadas en estudios técnicos, por lo que no estamos en presencia de actuaciones y decisiones irracionalmente manifiestas que afecten el derecho fundamental de los habitantes de la Nación costarricense a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. A manera de ejemplo: hay estudios de factibilidad del proyecto minero, hay estudios de impacto ambiental del proyecto, se celebró la audiencia pública para el proyecto, hay un estudio poblacional de las especies fustales, hay un plan de manejo forestal para garantizar el uso racional de los recursos naturales en las áreas bajo administración del proyecto minero, hay un plan de gestión ambiental, hay un estudio hidrogeológico, hay un informe “Cianuro y su Aplicación en Crucitas” donde se concluye que se logra los niveles exigidos de destrucción del cianuro cuando los efluentes son tratados con el proceso combinox, hay un informe sobre el potencial drenaje de ácido de roca, etc. Así las cosas, el recurso de amparo debe rechazarse, toda vez que después de analizar las actuaciones y resoluciones de la Administración se llega a la conclusión necesaria de que están sustentadas en estudios técnicos, con lo que se cumple con la exigencia constitucional de garantizar a los habitantes de la República el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Ahora bien, en todos los casos que la pretensión buscar poner entredicho la seriedad o solidez de esos estudios la vía correspondiente para ello es la contencioso-administrativa, no la jurisdicción constitucional. Más aún, en la jurisdicción contencioso-administrativa se tramita el proceso de conocimiento presentado por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre contra el Estado y la Empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, bajo el expediente judicial n.° 08-001282-1027-CA, cuyas pretensiones son –para que se declare en sentencia- las disconformidad con el ordenamiento jurídico de: a) la resolución número 3638-2005-SETENA del doce de diciembre del dos mil cinco, mediante la cual, se otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas (folio 37 de ese expediente); b) la resolución número 170-2008 SETENA del cuatro de febrero del dos mil ocho, en que se aprobaron modificaciones al estudio de impacto ambiental al Proyecto Minero Crucitas (folio 38 de ese expediente); c) la resolución número 217 dictada por la Dirección de Geología y Minas del veintiuno de abril del dos mil ocho, por medio de la cual, se otorgó la concesión de explotación minera a cielo abierto a favor de la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima (folio 38 de ese expediente); d) el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, en el cual, el Poder Ejecutivo declaró de interés público y de conveniencia nacional el proyecto Minero Crucitas que desarrolla la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima (folios 40 y 41 de ese expediente).

Fernando Castillo V. Magistrado

FCV/pmc.-

VCG08/2020

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONCESION.

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO ARMIJO: Respetuosamente me aparto de la decisión que adoptó la mayoría de la Sala, con base en los siguientes argumentos:

A. El Impacto del proyecto minero Crucitas sobre la biodiversidad. Considero que permitir que continúe ejecutándose el proyecto que se pone en entredicho en este recurso implica una palmaria lesión del derecho fundamental al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, evidenciada en los siguientes aspectos y basado en las manifestaciones, documentación y preguntas que ampliamente se analizaron en las audiencias celebradas ante la Sala los días 12, 13, 16 y 17 de noviembre de 2009:

A.1. La minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro causa, en sí misma, un grave daño ambiental.

a) Consideraciones generales de ese método minero y sus consecuencias: La explotación de oro, por diversas compañías, ha ido ganando terreno debido a los importantes aumentos en los precios del mineral (se disparó en el 2008 y superaba los $1.100 la onza en abril de 2010, de acuerdo con la información del sitio Internet www.kitco.com), así como por el empleo de métodos de extracción más rentables, en función de los costos de producción en yacimientos pobres, como es la tecnología de extracción por lixiviación con cianuro.

Esta tecnología ha venido a sustituir la recuperación de oro por amalgamación con mercurio, proceso menos eficiente, en términos de recuperación, ya que permite solo un 60% de recuperación del mineral, en comparación con más de un 97% en el caso de la extracción con cianuro.

Según se explicó en la vista de noviembre de 2009 y, principalmente, en el informe especial sobre minería química a cielo abierto, elaborado por una comisión creada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, y en el cual participaron especialistas en Biología, Química, Geografía y Geología, la extracción por lixiviación con cianuro, unida a la minería a cielo abierto, es capaz de impactar grandes extensiones de tierra. Apareja la remoción de los metales de las rocas y del suelo con el uso de compuestos químicos con alta afinidad a estos materiales. En su desarrollo a gran escala, esta tecnología permite la explotación de grandes volúmenes de roca y suelo, donde los metales se encuentran en bajas concentraciones. El proceso requiere la remoción, trituración y procesamiento químico de capas superficiales y profundas en áreas de gran extensión, donde toda forma de vida es destruida o removida. El proceso es intrínsecamente nocivo para el ambiente, pues la necesidad de extraer grandes volúmenes de suelo y roca para su procesamiento, tiene impactos graves, de tres órdenes, al obligar a eliminar la biodiversidad superficial y del suelo: a) del área de extracción, b) del área de procesamiento del mineral y c) del área de depósito de desechos del procesamiento. El resultado es una transformación, en gran escala, del paisaje y la apertura de amplios cráteres. Como los yacimientos pueden encontrarse bajo áreas de bosque, zonas de recarga acuífera, o en general en áreas con fragilidad ambiental, el desarrollo de proyectos mineros a cielo abierto requiere muchas veces la desaparición de ecosistemas de interés para la conservación y protección de servicios ambientales. En las operaciones se usa material de desecho previamente extraído. Se trituran las menas (rocas que contienen el mineral) y se les amontona en un cúmulo que se coloca sobre una plataforma de lixiviación. Una vez que el mineral triturado es apilado en la plataforma de lixiviación, se le rocía uniformemente con una solución de cianuro, que lixivia (lava y amalgama) las partículas microscópicas de oro del mineral mientras se filtra por el cúmulo. La solución de cianuro que contiene el oro -llamada la solución "encinta"- fluye por gravedad a un embalse de almacenamiento. Desde el embalse de almacenamiento se usan bombas o zanjas con forros para llevar la solución hacia la planta de recuperación de metales. Luego se funde el precipitado para recuperar el oro. Los productos finales de este proceso son el oro en barras y una solución de cianuro "estéril" (sin oro), la cual se transfiere con bombas a un embalse de almacenamiento. También se origina material de desecho que consiste en impurezas, incluyendo metales pesados. Normalmente se descargan estas escorias en un cúmulo de material de desecho.

Es conocida la alta toxicidad del cianuro y su reactividad natural. Se han documentado sus efectos perjudiciales en los peces, la vida silvestre y los humanos. Para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro (mg/l) son letales para especies acuáticas sensibles. Las dosis letales para humanos son, en caso de que sean ingeridas, de 1 a 3 mg/Kg. del peso corporal, en caso de ser asimilados, de 100-300 mg/Kg., y de 100-300 ppm si son aspirados. Esto significa que una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz sería suficiente para matar a un adulto. La exposición a largo plazo a una dosis subletal podría ocasionar dolores de cabeza, pérdida del apetito, debilidad, náuseas, vértigo e irritación de los ojos y del sistema respiratorio. Sin embargo, no constan casos de fatalidades humanas en las minas que usan las técnicas de lixiviación con cianuro.

Los trabajadores mineros suelen tener contacto con el cianuro, sobre todo durante la preparación de la solución de cianuro y la recuperación del oro de la solución. Para los trabajadores mineros, los riesgos son el polvo de cianuro, los vapores de cianuro (HCN) en el aire provenientes de la solución de cianuro y el contacto de la solución de cianuro con la piel.

Las minas que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro son bombas de tiempo para el medio ambiente, tal y como se indicó en el amplio estudio de la National Wildlife Federation de los Estados Unidos de 1992: se trastorna los hábitats de la vida silvestre y las cuencas hidrográficas, con problemas tales como que los estanques de cianuro seducen a la vida silvestre. Ha sido registrada frecuentemente la muerte de animales silvestres, en especial aves, atraídos por el señuelo de los espejos de agua de esos estanques; después de la lixiviación, el cúmulo de mineral ya procesado contiene todavía vestigios de la altamente tóxica solución de cianuro, así como de metales pesados concentrados que han sido precipitados del mineral (arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, níquel, selenio, talio) y otras sustancias tóxicas que se encuentran en el cúmulo y los lixiviados (sulfuros); si no se enjuaga totalmente el mineral usado y la roca de desecho, o si se le deja sin tratar, el cianuro puede seguir filtrándose al medio ambiente, amenazando quebradas, ríos o lagos, las fuentes subterráneas de agua, la vida silvestre y las plantas.

Por más que los accionados insisten en la supuesta inocuidad de la actividad, debido a las medidas de seguridad que se seguirían, lo cierto es que se han producido accidentes en los que el cianuro ha entrado en contacto con el medio ambiente (Reece), debido, por ejemplo, a que los forros (geomembranas colocadas debajo de los cúmulos y los estanques) permiten filtraciones por un diseño inadecuado, defectos de manufactura, inadecuada instalación o daños (agujeros) producidos durante el proceso de operación. Otro motivo de accidente es el desbordamiento de las soluciones de los embalses de almacenamiento. Estos escapes causan daños a las plantas y a los animales que tienen contacto con concentraciones letales de la solución de cianuro, y representan una amenaza a largo plazo para las aguas subterráneas (freáticas). A pesar que los embalses de almacenamiento son diseñados para resistir grandes tormentas y crecidas –y en este caso concreto se afirma que también eventos sísmicos–, no siempre impiden los desbordamientos. Los metales pesados y el agua contaminada con cianuro que escapan de un embalse de almacenamiento, ocasionan mayores daños cuando fluyen directamente a cursos naturales de agua. La solución que escapa puede ser suficiente para matar peces y otras formas de vida acuática, o para contaminar recursos de agua potable.

Otro aspecto relevante es el de la disposición del cianuro residual. En todo caso, los procedimientos de degradación del ion cianuro se deben ejecutar de forma estricta, para evitar que las aguas residuales a verter, contengan cantidades no letales de cianuro. Además, todos los métodos conocidos implican el manejo de grandes cantidades de productos químicos, lo cual produciría, igualmente, un impacto ambiental considerable.

b) Experiencias negativas anteriores de la minería a cielo abierto por lixiviación con cianuro en otros países: Algunos ejemplos sobre derrames de cianuro, demuestran que los temores no son simplemente teóricos o hipotéticos: en enero de 2000 ocurrió la denominada catástrofe de Baia Mare, en Rumania, por derrame de cianuro, que impactó Hungría, Rumania y Yugoslavia, y afectó al suministro de agua potable de dos y medio millones de personas y las actividades económicas de más de un millón y medio que viven del turismo, la agricultura y la pesca a lo largo del río Tisza (http://www.presseurop.eu), al punto que en los últimos años se discute en el Parlamento Europeo, una propuesta de resolución para prohibir el uso de cianuro en los países miembros de la Unión Europea. En diciembre de 1992 en Summitville, en Colorado (Estados Unidos de Norteamérica), ocurrió un derrame de cianuro y metales pesados; la reparación de daños ambientales se estimó en 150 millones de dólares y eliminó la vida acuática a lo largo de 27 kilómetros del río Alamosa (www.epa.gov). También en 1992 en Carolina del Sur (Estados Unidos de Norteamérica) más de 11.000 peces murieron a lo largo de 80 kilómetros por otro derrame de cianuro (www.epa.gov). En Sudáfrica, en 1994, diez mineros murieron al ser cubiertos por un mezcla de barro cianurizado cuando cedió una barrera de un dique de cola (www.dme.gov.za). En 1995 en Guyana, más de 3,2 millones de litros de solución de cianuro se volcaron al Río Essequibo. La Organización Panamericana de la Salud demostró que murió la vida acuática a lo largo de 4 kilómetros (www.rfi.fr). En 1998 en Dakota del Sur (Estados Unidos de Norteamérica) se derramaron siete toneladas de solución de cianuro, con la consecuente muerte de peces y vida acuática (www.epa.gov).

c) Experiencias negativas anteriores de la minería a cielo abierto por lixiviación con cianuro en Costa Rica: Pese a que la mayoría de la Sala considera que no son equiparables, a este caso, anteriores experiencias mineras negativas para el medio ambiente, en Costa Rica, solamente puedo conceder a esa posición que, efectivamente, han variado detalles técnicos del proceso, pero su grandes líneas continúan siendo las mismas en dos aspectos preocupantes: la destrucción de grandes extensiones de terreno y el empleo del cianuro. La mina Macacona se explotó con técnicas de cielo abierto. Jorge Alvarez Von Maack documenta que operó en nuestro país hacia la década de los ochenta, en la comunidad de Macacona, en Esparza, provincia de Puntarenas. Después de nueve años de operación, la compañía que la explotaba abandonó el país, sin una indemnización acorde con los daños provocados durante su operación. Dentro de los impactos provocados se cuentan: la contaminación de la quebrada Turbina por el depósito de materiales estériles, colas y aguas cianuradas; la reducción y alteración del cauce de la quebrada Turbina; deforestación de la zona de extracción del oro y la zona destinada a la construcción de la infraestructura; apertura de cráteres y afectación de acuíferos en la zona del proyecto. También causó daños ambientales el funcionamiento ilegal de la mina Beta Vargas, localizada en la cuenca del río Lagarto, en la Pita, Chomes de Puntarenas, explotada por la empresa canadiense Lyon Lake Mines. La mina operó de manera ilegal en 1997 y 1998, ya que nunca contó con la patente comercial de funcionamiento municipal. Después de operar un poco más de un año, repentinamente cesó sus actividades, identificándose como repercusiones ambientales negativas del proyecto la afectación del bosque donde se levantó la planta industrial, la zona de los tajos o cráter y la zona destinada a las escombreras y pilas de lixiviación; contaminación del río Lagarto por el depósito de materiales estériles, colas y aguas cianuradas; apertura de cráteres y afectación de acuíferos en la zona del proyecto; reducción y pérdida de biodiversidad.

En cuanto a la Mina Bellavista, ubicada en la parte alta del distrito Central de Miramar de Puntarenas, propiedad de la empresa canadiense Glencair Gold Corporation, después de dos años de operación, a mediados del año 2007, suspendió sus actividades de manera repentina, a raíz del deslizamiento de más de cien toneladas de materiales. Solo para el año 2006, la empresa reportó ganancias cercanas a los tres mil millones de colones, pese a lo cual los beneficios para el país se redujeron al pago de salarios a costarricenses, dado que, desde el inicio de sus operaciones, la empresa se acogió al régimen de Zona Franca, que la eximía del pago de impuestos, tanto municipales como nacionales. Este proyecto afectó el bosque, en medio de una zona de recarga acuífera y de alto riesgo sísmico; se produjo la ruptura de la membrana que retiene los metales pesados contenidos en alrededor de 100 millones de toneladas de desechos de la mina, con lo que se liberan metales pesados y aguas cianuradas que podrían estar contaminando aguas subterráneas y superficiales; se causó la sedimentación de ríos y quebradas, especialmente el posible taponamiento del cañón del río Ciruelas; se contaminó con polvo producto de la zona de influencia del proyecto, incluido el casco urbano de Miramar.

Insisto en que, la brecha temporal y tecnológica que separa estos casos del que se analiza hoy, no impide cotejarlas. La actividad es la misma y la sola diferencia que permite defender su ejecución actual es que se trata de un simple proyecto, lleno de promesas de conjurar los peligros propios de esta clase de minería, pero no de una verdadera experiencia documentada que haya transcurrido sin ningún resultado perjudicial. De hecho, no se ha traído prueba alguna, a este proceso, de un caso de extracción, como el que desea implementar Industrias Infinito, en que no se haya causado daño ambiental alguno. Y nótese que empleo adrede el término “daño”, en el sentido de repercusiones negativas serias para el ambiente, porque impacto, desde luego, que tiene, en general, toda industria. La posición de la mayoría de la Sala es, en este sentido, contraria a la lógica y espíritu del principio precautorio en materia ambiental. Por una parte, se tienen indicios técnicos y fácticos, que no se han desvirtuado, de las graves repercusiones ambientales de la minería a cielo abierto y, de otro, simples promesas que ellos no ocurrirán en Crucitas. Incluso, en el elenco de hechos probados, tiene la mayoría de la Sala por demostrado en el hecho 21 “Que la actividad minera a cielo abierto es tradicionalmente considerada como una actividad riesgosa para el ambiente en caso de no ejecutarse dentro de los parámetros establecidos para la protección ambiental (así planteado en la Vista celebrada los días doce, trece y diecisiete de noviembre de dos mil nueve)”, afirmación que, amén de no constituir un hecho en sentido estricto, simplifica groseramente lo discutido en esas sesiones e incluye un condicionante prácticamente mágico: la actividad es nociva, salvo que se ejecute dentro de determinados parámetros. En la sentencia se entiende que esos parámetros indispensables se cumplirán, sin mayor cuestionamiento. Lo cual resulta especialmente relevante, si se toma en cuenta que en la propia decisión de la mayoría se esgrime como uno de los causantes del supuesto deterioro forestal de la zona la debilidad de los controles públicos en temas ambientales, lanzando una inocua exhortativa a su fortalecimiento (considerando LXI).

A.2. El daño ambiental al Corredor Biológico San Juan-La Selva y al Corredor Biológico Mesoamericano: El área de Crucitas es un remanente de bosque del paisaje deforestado de la región norte del país y forma parte importante del corredor biológico San Juan-La Selva y del Corredor Biológico Mesoamericano. Está constituido por algunas especies de árboles de delicada conservación y la deforestación que implica la labor minera a cielo abierto fácilmente puede tener resultados irreversibles y presionar especies a un deterioro poblacional que las conduzca a la extinción. Son de especial cuidado especies endémicas, como el tostado (Sclerolobium costaricense), el almendro de montaña (Dipteryx panamensis) y otras cuyo hábitat se limita a esa región. El corredor biológico consiste en un espacio delimitado de conectividad de paisajes, ecosistemas y hábitats, asegurando el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. Permite unir hábitats seriamente fragmentados, dejando poblaciones aisladas. Contribuyen a mantener los flujos genéticos, la dispersión de especies, favorece las migraciones. De acuerdo con el estudio sobre ese Corredor concreto, elaborado por Guiselle Monge Arias y Olivier Chassot, pese a tratarse de un proyecto, contiene el último hábitat de conexión viable para mantener la continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano entre Nicaragua y Costa Rica. Su papel es el de unir la Reserva Biológica Indio-Maíz, en Nicaragua, con el Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central y la Estación Biológica La Selva, en Costa Rica. Mantener la conectividad es esencial para la viabilidad, a largo plazo, de las especies residentes y migratorias. Es el único sitio en Centroamérica en donde una gran área protegida de tierras bajas del Atlántico, tiene el potencial de mantener su conexión ecológica con hábitats de medianas y altas elevaciones. En la zona, ya se había logrado detener el proceso de fragmentación del ecosistema y se evidencia la recuperación de las áreas naturales y las poblaciones de especies en vías de extinción. La iniciativa de protección del Corredor nace en el 2001, con apoyo del Centro Científico Tropical. Su Comité Ejecutivo lo integran funcionarios del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; de las Municipalidades de San Carlos y Sarapiquí, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, la Organización para Estudios Tropicales, el Proyecto para la consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano, la Asociación para el Bienestar Ambiental de Sarapiquí, la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, la Asociación para el Manejo de las Áreas Forestales de San Carlos, los Amigos de la Lapa Verde, la Asociación VIDA, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, al Reserva Biológica la Tirimbina y la Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos.

Los accionados y funcionarios del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones argumentan que se realizarán procesos de restauración del bosque original, por medio del almacenamiento del suelo y siembra de árboles en plantaciones, así como la conservación de las propiedades para su recuperación después de la explotación minera. Por ejemplo, en la vista se indicó que en la zona quedaban 521 árboles de almendro y habían sido cortados 197; que se sembraron ya 7.300 árboles nuevos y, en total, se pensaba sembrar 27.000 árboles (Jorge Hernández, MINAET). Sin embargo, la fragmentación general de los bosques de Costa Rica, y en particular los de las regiones bajo interés de proyectos mineros, dificultan la recolonización del área por las especies de plantas del ecosistema original. En el caso del proyecto Crucitas, es importante mencionar que el paisaje boscoso de la región fronteriza se podrá fragmentar aún más con el desarrollo de nuevas exploraciones y minas a cielo abierto. Admitir la explotación de la concesión actual no hará más que abrir paso a futuras concesiones en la zona con el consecuente incremente de la deforestación. También merece consideración el hecho que el área abandonada por las minas contendrá un suelo muy diferente al original y tendrá características de menor riqueza de materia orgánica que disminuirá su fertilidad. Supuestamente se almacenará la capa de suelo superficial para ser utilizada en la recuperación de la mina, no obstante, este suelo estará biológicamente muerto y profundamente alterado después de su extracción, procesamiento y años de almacenamiento. Se necesitarán décadas para la recuperación de nutrientes y su riqueza orgánica original. De igual forma, me hace dudar del éxito de la sustitución ofrecida la inexistencia de experiencias o protocolos técnicos para la siembra de muchas especies de plantas y árboles que serán eliminadas, en particular de muchas especies arbóreas donde existe muy poco conocimiento sobre su germinación y ecología. El estudio de impacto ambiental del proyecto no contiene una verdadera planificación científica del proceso de restauración. Igual debe considerarse el tiempo de crecimiento prolongado de muchas de las especies de árboles de los ecosistemas forestales que desaparecerán con el proyecto. Mientras que muchas de estas especies pueden crecer rápidamente durante sus fases juveniles, su crecimiento se vuelve más lento con el tiempo, determinando edades de cientos de años para muchas especies de dosel y emergentes. La escala de estos procesos supera en mucho los ciclos económicos y la vida de las empresas mineras, por lo que su compromiso de “restaurar” no puede ser acompañado por la presencia de la empresa durante todo el proceso. Quiero recordar, sobre este tema, el voto salvado que suscribí con el Magistrado Sosto en el expediente 06-015904-0007-CO, oportunidad en la que nos manifestamos “…en desacuerdo con avalar el argumento de que la tala que se practicará quedará remediada con la posterior sustitución con nuevos árboles. En temas ambientales es de sobra conocido que la mayor parte de los daños que se causen tienen carácter irreversible, de suerte que los paliativos que se enuncian en el informe son, a nuestro juicio, insuficientes, al igual que las explicaciones sobre la necesidad de recurrir a la tala para la solución del problema vial del sector”. En ese caso se trataba de las cercanías del Parque Metropolitano La Sabana. A fortiori esas razones no deben soslayarse cuando estamos frente a una destrucción mayor en una zona más frágil, desde el punto de vista de la biodiversidad. Muchas veces se recurre a la siembra de plantaciones poco diversas como una forma de mostrar al público un bosque en restauración. Estas plantaciones son muy diferentes a la estructura de la vegetación de un bosque natural, caracterizada por una alta diversidad de especies de plantas, y una diversidad de edades y tamaños dentro de cada especie. Aun la propuesta de reparación en la que se sustituye los 197 almendros amarillos talados, por 6.093 árboles nuevos de esa especie, no tiene efectos equivalentes. De este modo, que en el Plan de Manejo Forestal en las áreas bajo administración del proyecto minero Crucitas, se indique que en la fase de cierre del proyecto se rehabilitarán las áreas impactadas, para devolverlas a un estado similar a las zonas boscosas cercanas, incluyendo la recuperación de la totalidad del área del cambio de uso de suelo (folios 235 y 237 del expediente administrativo), es insuficiente. De hecho, todas estas afirmaciones se ven sólidamente respaldas por el contenido del oficio CCT-PI 023-09 del 20 de febrero del 2009 emitido por el Centro Científico Tropical, visible a folio 3591, documento en el cual se hace ver que el proyecto minero afecta un ecosistema único y es por esa razón que las medidas de mitigación de la corta de individuos de almendro amarillo y sus impactos perjudiciales sobre la población de la lapa verde no contribuye a recuperarlo, ni permite que la lapa se pueda alimentar a corto o mediano plazo, pues esta ave, como ha sido explicado, no suele frecuentar árboles bajos. Comprar tierras en la cuenca alta del río San Carlos para la conservación del parque nacional Juan Castro Blanco no contribuye de ninguna manera a garantizar la viabilidad de la población del almendro amarillo y la lapa verde, en suma, la afectación al corredor biológico San Juan-La Selva, como ha quedado acreditado, será prácticamente irreparable.

A.3. Sobre la afectación de la lapa verde y el árbol de almendro amarillo.

a) Protección de las especies en vías de extinción como deber constitucional: La Sala, según se transcribe parcialmente en el voto de mayoría, ha conocido varios asuntos anteriores relacionados con el planteado dentro de este amparo, principalmente en las sentencias #2002-02486 de 10:54 horas del 8 de marzo de 2002 y #2008-13426. En relación con las especies en vías de extinción, el Estado costarricense se comprometió a proteger la flora y la fauna, en especial a las especies que se encuentren en la especial situación dicha, obligación que adquirió a través de diversos instrumentos de Derecho Internacional y que reforzó aprobando la legislación que vela por la preservación de aquellas. Esos compromisos resultan ser de acatamiento obligatorio para todos los poderes públicos, pues los órganos competentes para esos efectos decidieron aprobarlos e incorporarlos a nuestro ordenamiento. Esa situación impone, en consecuencia, una multiplicidad de exigencias a nuestro Gobierno, las cuales van desde el planeamiento y la ejecución de políticas públicas, la dotación de recursos y la promoción de una cultura, tendientes todas a la conservación del medio, hasta la necesidad de abstenerse de ejecutar una conducta o medida, adoptar cualquier resolución o aprobar alguna disposición normativa -de rango legal o infralegal- que acaso pueda lesionar o amenazar la preservación de cualquiera de esas especies que se hallen en peligro o vías de extinción. En ese sentido, en casi todas las normas incorporadas al ordenamiento, el Estado no solo se comprometió a velar por la flora y la fauna que se encuentra en riesgo, sino que, adicionalmente, contrajo la obligación de proteger el hábitat y el ecosistema en el que esta se relacione y desarrolle. Ese compromiso resulta más que razonable, pues cualquier especie muy difícilmente logrará sobrevivir por sí sola mientras su entorno no sea resguardado, debido a que, si su hábitat y ecosistema se ven amenazados, o acaso destruidos, se quedará sin un sitio donde habitar, alimentarse, crecer o reproducirse; es decir, estará destinada a la desaparición.

Desde esa arista, podemos afirmar que el Estado costarricense ha sido pionero en el impulso y ejecución de políticas públicas destinadas a la protección de las diversas especies de flora y de fauna que corren el riesgo de desaparecer del planeta. Esto nos condujo a tener hoy, aproximadamente, el 25% del territorio nacional destinado a la preservación y tutela del medio a través de los diversos modelos de sistemas y áreas de conservación.

En ese sentido, y como acciones complementarias, Costa Rica, como República libre, independiente y soberana optó, como dijimos, por suscribir diversos instrumentos de Derecho Internacional en el ejercicio de sus atribuciones como persona jurídica internacional. Estos instrumentos contienen diversas disposiciones y entre ellas podemos observar el contenido del Convenio sobre Diversidad Biológica y Anexos, aprobado por Ley número 7416 de 30 de junio de 1994, publicado en La Gaceta número 143 de 28 de julio de 1994, que al efecto dispone:

“Preámbulo

Las Partes Contratantes,

Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes.

Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera.

Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad.

[…]

Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos.

Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de determinadas actividades humanas.

[…]

Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica.

Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales.

Tomando nota de que, en definitiva, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre los Estados y contribuirán a la paz de la humanidad.

[…]

Resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

Han acordado lo siguiente:

[…]

ARTÍCULO 1. Objetivos

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.

ARTÍCULO 2. Términos utilizados

A los efectos del presente Convenio:

Por "área protegida" se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

[…]

Por "condiciones in situ" se entienden las condiciones en que existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

Por "conservación ex situ" se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales, y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos, y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.

[…]

Por "hábitat" se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población.

[…]

ARTÍCULO 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la parte contratante interesada. Y

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.

[…]

ARTÍCULO 8. Conservación in situ

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.

b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.

c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible.

d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales.

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas.

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación.

[…]

ARTICULO 9. Conservación ex situ

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, y principalmente a fin de complementar las medidas in situ:

a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, preferiblemente en el país de origen de esos componentes.

b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ y la investigación de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país de origen de recursos genéticos.

c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas.

[…]”

En el mismo sentido el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres, Ley número 7433 de 14 de septiembre de 1994, publicado en la Gaceta 193 de 11 de octubre de 1994 dispone:

“ARTÍCULO 1.- Objetivo. El objetivo de este Convenio es conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina, de la región centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.

ARTÍCULO 2.- Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de conservar y aprovechar sus propios recursos biológicos de acuerdo a sus propias políticas y reglamentaciones en función de:

a) Conservar y usar sosteniblemente, en función social, sus recursos biológicos; y

b) Asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones o control, no causen daños a la diversidad biológica de sus Estados o áreas que limitan su jurisdicción nacional.

[…]

ARTÍCULO 10.- Cada Estado miembro de este marco regional, se compromete de acuerdo a sus capacidades, programas nacionales y prioridades, a tomar todas las medidas posibles para asegurar la conservación de la biodiversidad, y su uso sostenible, así como del desarrollo de sus componentes dentro de su jurisdicción nacional, y a cooperar en la medida de sus posibilidades en las acciones fronterizas y regionales.

ARTÍCULO 11.- Los Estados miembros tomarán las acciones pertinentes para incorporar a las respectivas políticas y planes de desarrollo, los lineamientos para, y el valor socioeconómico de, la conservación de los recursos biológicos.

ARTÍCULO 12.- Las instituciones en los países de la región centroamericana, cooperarán tanto como sea apropiado, con las instituciones regionales e internacionales, para apoyarse mutuamente en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente Convenio, incluso relacionadas con aspectos de biotecnología, salud y seguridad alimentaria.

ARTÍCULO 13.- Con el propósito de cumplir a cabalidad con el presente Convenio, se deberá:

[…]

b) Implementar medidas económicas y legales para favorecer el uso sustentable y el desarrollo de los componentes de la diversidad biológica.

c) Asegurar el establecimiento de medidas que contribuyan a conservar los hábitats naturales y sus poblaciones de especies naturales.

[…]

f) Promover la conciencia pública en cada Nación, de la necesidad de conservar, usar sustentablemente y desarrollar la riqueza biológica de la región.

[…]

ARTÍCULO 14.- Cada país de la región deberá desarrollar sus propias estrategias de conservación y desarrollo, entre las cuales la conservación de la biodiversidad y la creación y manejo de áreas protegidas sea prioridad.”

Por otra parte, en nuestro Derecho Interno existen diversas leyes encargadas de velar por la protección y conservación de la flora, de la fauna y del medio en general, así, tenemos la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, número 7317; y, la Ley de Biodiversidad, número 7788. Todas estas normas van claramente dirigidas en un sentido progresivo en cuanto a la protección del ambiente se refiere, buscando el desarrollo socioeconómico del país; pero sin sacrificar el medio. Más bien esas disposiciones tienden a la armonización entre el progreso y la apropiada conservación y tutela del entorno.

Entonces, observamos que el Estado ha asumido como propia la tarea de velar por la subsistencia de las especies amenazadas, y para ello adquirió compromisos a nivel internacional y promulgó legislación a nivel nacional que, por supuesto, resulta de acatamiento obligatorio por parte de todos los órganos gubernamentales.

b) Sobre la situación de la lapa verde: La lapa verde o ara ambigua es un ave de mayor tamaño que la lapa roja, pues alcanza a medir hasta 84 centímetros de envergadura y puede llegar a poseer una masa de aproximadamente 1,3 kilogramos. Su contextura es bastante robusta, posee una cola ligeramente más corta que la lapa roja o ara macao. Su color -como lo designa su nombre- es verde amarillento, con las plumas cobertoras de las alas de color azul; por su parte, las de la cola, llamadas rectrices centrales, son rojas; y el resto de las rectrices color azul. La cara de este animal se encuentra desprovista de plumas, mostrando la piel descubierta, que tiene un color blanco hueso. Tiene un fuerte y ganchudo pico un poco más grande que el de la lapa roja, la estructura queratinosa de este le sirve para abrir las duras semillas de las que se alimenta. Su costumbre es anidar en troncos huecos. La lapa verde (ara ambigua) tiene una distribución limitada en tierras bajas y húmedas, principalmente del lado del Atlántico en bosques entre el este de Honduras y el norte de Colombia, con una población aislada en el Pacífico en Guayaquil, Ecuador. En Costa Rica, su rango de anidamiento se limita actualmente a la Zona Huetar Norte, más específicamente entre los ríos San Carlos, San Juan y Sarapiquí y las faldas del norte de la Cordillera Volcánica Central. Ella depende altamente del almendro (dipteryx panamensis) tanto para alimentarse como para anidar. Esta especie se encuentra en la lista del Apéndice I de CITES (ver http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml y http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, ambos consultados el 23 de marzo de 2010), lo que significa que se encuentra en peligro de extinción. Como se indicó, en el país la especie fue abundante, principalmente, en la Zona Atlántica y la Zona Norte, en donde era común ver volar ejemplares en bandadas hace pocos años. Sin embargo, hoy apenas se encuentran algunas parejas que anidan en la Zona Norte, entre Boca Tapada y las llanuras del Colorado. Existen algunos reportes de unas bandadas de entre 6 y 12 individuos en las estribaciones de la Cordillera Volcánica Central, sobre todo cerca del sector bajo atlántico del Parque Nacional Braulio Carrillo, en los alrededores de la carretera que conduce a Guápiles y algunos reportes esporádicos en la falda de la Cordillera Volcánica de Guanacaste por el sector Norte. El abrupto descenso en la población de la lapa verde se debe sobre todo a la destrucción de su hábitat mediante tala no sostenible en los sitios de anidación. En Costa Rica, el rango de distribución de la especie se ha reducido en un 90% desde el siglo pasado, y la amenaza que enfrenta radica en el hecho de que ella depende del árbol almendro de montaña (dipteryx panamensis), que desaparece con el mal manejo y la tala ilegal de los bosques. Entonces, existen dos peligros que representan una seria amenaza para esta especie: la pérdida de hábitat por la tala de árboles que constituyen su principal alimento y sitios de anidamiento, en especial del almendro (dipteryx panamensis) pues la lapa verde depende en un 80% del almendro para alimentarse y en un 90% para anidar; además, del comercio ilegal que realizan con ella, para utilizarla como mascota (información obtenida en parte de las páginas http://www.minae.go.cr, http://www.sinac.go.cr, http://www.lapaverde.or.cr, http://www.inbio.ac.cr, http://www.una.ac.cr, http://www.cct.or.cr y http://www.guiascostarica.com). En ese mismo sentido afirma el Sistema Nacional de Áreas de conservación en su página en Internet:

“[…] Probablemente el águila harpía (sic) llegó a su extinción en el país; mientras que otras especies como la lapa roja, la lapa verde, el piche careto y el oso hormiguero gigante, están fuertemente amenazadas de extinción. Nuestro sistema de áreas protegidas parece ser insuficiente para aquellas especies que, como el jaguar, requieren grandes extenciones (sic) de bosque virgen para sobrevivir. […]” (El destacado se suplió, descargado del sitio http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre.php a las 11:00 horas de 23 de marzo de 2010).

A lo anterior añaden en ese mismo sitio:

“[…] La flora y fauna silvestre son patrimonio de todos los costarricenses […]. Por tal motivo, la Dirección General de Vida Silvestre, por medio del Sistema Nacional de Areas (sic) de Conservación ha emprendido diferentes acciones tendientes a aumentar las posibilidades de conservación de la Vida Silvestre, entre las que cabe destacar: […] 2.-la elaboración de un decreto tendiente a proteger las poblaciones de almendro de montaña, árbol del cual se alimenta la lapa verde. […]” (El destacado es suplido, descargado del sitio http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre.php el 23 de marzo de 2010).

Se debe tomar en cuenta igualmente lo dispuesto por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación que, en su página en Internet, incluye en la lista oficial de especies en peligro de extinción a la lapa verde (sitio http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre5.php consultado el 23 de marzo de 2010). Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo “Crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque”, número 32405-MINAE de 23 de mayo de 2005, publicado en La Gaceta 113 de 13 de junio de 2005, señala:

“[…] 7º—Que el Ministerio del Ambiente y Energía, tiene entre sus proyectos más próximos, la declaratoria de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque situado en la zona fronteriza norte entre las desembocaduras de los ríos San Carlos y Sarapiquí. Es un área que por su interés científico es considerada de importancia para la conservación, pues presenta características especiales para la conservación de importantes especies de flora y fauna entre ellas: la Lapa verde (Ara Ambigua), Jaguar (Pantera onca), Almendro (Dypteryx panamensis), Manatí (Trichechus manatus), Gaspar (Atractosteus tropicus) y Pinillo (Podocarpus guatemalensis). La ubicación geográfica de esta zona resulta de gran importancia ya que esta área silvestre protegida estaría situada en el Corredor Biológico Binacional El Castillo-San Juan-La Selva, que es continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano entre Nicaragua y Costa Rica y constituye el último bloque de cobertura forestal natural significativo que permita mantener la conectividad biológica entre ambos países, por lo que esta área conectaría hábitat claves y corredores de vida silvestre, lo que prevendría el aislamiento de especies y de ecosistemas nativos.

8º—Que las áreas El Jardín, Cureña y Chaparrón constituyen núcleos muy importantes para la conservación de la biodiversidad, entre la cual se encuentran varias especies amenazadas tales como:

[…]

Especies de aves amenazadas

Especie Nombre común Situación

[…]

37 Ara ambigua lapa verde peligro

[…]

Especies de árboles amenazadas

Especie Nombre común Situación

[…]

12 Dipteryx panamensis almendro amenazada […]” (El destacado fue suplido).

Así, queda claro que tanto la lapa verde (ara ambigua) como el almendro amarillo (dipteryx panamensis) son especies que se encuentran en peligro de extinción -en el caso de la primera- y amenazada -en el de la segunda-, y que existe una dependencia directa de aquella respecto de esta.

En este caso, es claro que el proyecto minero en cuestión, tal y como se afirmó, en forma precedente, vendrá a remover por completo la capa vegetal en una zona vital para la interconectividad del corredor biológico El Castillo-San Juan-La Selva, talando varias unidades de almendros amarillos, incluidos en el apéndice III al CITES (ver http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml y http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, ambos consultados a las 10:00 horas de 23 de marzo de 2010), lo cual reducirá aún más el hábitat y el territorio de tránsito de las lapas verdes, las cuales se verán aún más amenazadas, a pesar de que ya corren un gravísimo peligro de extinción, tal y como consta en el apéndice I al CITES (ver http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml y http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, ambos consultados el 23 de marzo de 2010), esta especie se halla, en este momento, en una condición de extrema vulnerabilidad, situación que se verá agravada, colocando al borde de la extinción a esta ave, la cual había sido, hasta ahora, defendida por el Tribunal Constitucional, en virtud de su precario estado y la importancia que tiene dentro del ecosistema en aras de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A folio 4800 el Director a.i. del Área de Conservación Arenal Huetar Norte establece el recuento de la tala que restaría por ejecutar en la zona del proyecto: en el cerro Fortuna faltarían 6 has 5598.15m por cortar (342 árboles), en Relaves A y B faltarían 115 has 2165.56m (5520 árboles), en diques, caminos, tramos y líneas 7 has 8085.05m (1396 árboles) y en área no boscosas 8 has 8259.88 m (563 árboles). En total debe aún cortarse 7821 árboles, sin incluir la información del cerro Botija, donde todos los árboles se habían ya cortado. Todos los árboles de la especie almendro amarillo fueron cortados (se censaron 197 árboles de almendro, folio 1405 del expediente administrativo). En este sentido, se debe hacer ver que la mayoría de la Sala llega a invertir la carga de la prueba, en perjuicio de la protección del ambiente y, en específico de la lapa verde, al asegurar que solo debe protegerse el árbol de almendro amarillo cuando se haya demostrado, indubitablemente, que en la zona anida este tipo de ave (“…la explotación, extracción y aprovechamiento del almendro amarillo, está absolutamente prohibida por disposición de esta Sala, en la medida que los árboles que se pretenda cortar estén en una zona donde se haya acreditado plenamente que anida la lapa verde” considerando X, subrayado agregado), lo anterior aun cuando, en la sentencia 2008-13426 de 09:33 horas de 2 de septiembre de 2008, la propia Sala estableció una prohibición absoluta para la corta de esta especie vegetal, pues, al respecto se ordenó “[…] archivar cualquier diligencia o procedimiento destinado al aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo (dipteryx panamensis).”, además, se prohibió “[…] dar inicio o continuar cualquier procedimiento tendiente al aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo (dipteryx panamensis) mientras este árbol y la lapa verde (ara ambigua) se [encontraran] en la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción […]”, esto, justamente, por el estrechísimo vínculo que existe entre el ave y el almendro amarillo; no obstante, la Sala ha reinterpretado ese fallo, lo que causará un efecto altamente perjudicial para el medio y, sobre todo, para la lapa verde. Desde esa perspectiva, el proyecto minero analizado representa una agresión abierta a esta especie, razón por la que se impone la estimatoria del amparo en cuanto a este extremo.

A.4. Repercusiones de la minería a cielo abierto sobre el recurso hídrico de la zona. Sobre este punto, lo primero que se debe indicar es que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento no cuenta con mayor información sobre los mantos acuíferos existentes en la zona del proyecto minero Las Crucitas. Esto queda plenamente demostrado si se toma en cuenta que, a folio 1143 del expediente, el gerente general del SENARA señala que esa institución nunca ha realizado un estudio hidrogeológico en esa zona que le permita determinar la existencia, influencia, capacidad de carga y recarga de los acuíferos en el sitio donde se pretende construir la mina, menos aún se cuenta con estudios regionales que le permitan a esa institución establecer, con certeza, el impacto que tienen los mantos ubicados en las cercanías del proyecto sobre los que se encuentran adyacentes a él. Desde esa perspectiva, cabe insistir en lo señalado en la sentencia de la Sala #2004-01923 de 14:55 horas de 25 de febrero de 2004, ampliamente citada en el voto de mayoría, por lo cual se transcribe solamente los puntos esencialmente relacionados con este voto salvado:

“X.- CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación. La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. (…)

Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: (…) f) contaminación por actividades mineras -mineral-, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica;.

[…]

XII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes.(…)”

En este caso concreto, ya no se trata de que exista duda sobre la afectación o eventual peligro para el recurso hídrico, sino que, tal y como ha quedado acreditado, el acuífero se verá directamente afectado, pues la propia Secretaría General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental afirmó en su informe que:

“En lo que respecta a la extracción de roca dura, el efecto en relación al sistema de extracción de saprolita, consiste en la afectación de la cantidad de agua subterránea por el afloramiento del acuífero inferior durante la excavación de los tajos. Se espera el abatimiento del nivel del agua subterránea hasta la base de este acuífero esta situación tal y como se presentó en el estudio de impacto ambiental por las características que presenta de distribución y flujo, generaría un radio de influencia máximo esperado de 267 metros, situación que obviamente no afectaría propiedades que se encuentren fuera de ese radio que de por sí se ubica en su totalidad dentro de las propiedades de Industrias Infinito, por lo que no se verían afectadas tomas de agua o pozos en propiedades aledañas. El abatimiento se generaría en las inmediaciones de la excavación, pero la magnitud de ese descenso del nivel del agua puede ser prácticamente imperceptible fuera de ese radio de 267 metros. No hay extracciones de agua subterránea en esa distancia por lo que se consideró que ese impacto no tiene relevancia en términos de uso del acuífero. Este efecto sería permanente en el tajo Fortuna, pues el área del tajo Fortuna persistiría aún después del cese de las operaciones. El acuífero inferior presenta condiciones de confinamiento y en algunos sectores un comportamiento artesiano surgente, donde el nivel piezométrico presenta una dirección de flujo es aproximadamente noreste-suroeste, y donde la cota del nivel piezométrico en el sector donde se ubicarán los tajos es de aproximadamente 73 msnm, por lo que entonces el acuífero inferior será intersecado en ese punto, en ese caso, el afloramiento de agua conforme se avance la extracción por debajo de la cota 73, será bombeado hacia la laguna de relaves hasta que se finalice la extracción y entonces en el tajo Botija que se rellenará, el nivel de agua podrá recuperar aproximadamente su ubicación dentro del material que se ubicará dentro del tajo, para posteriormente recuperar con vegetación la superficie del terreno. En el caso del tajo Fortuna, el nivel recuperará su ubicación pero rellenará el pit formando un lago. Para evaluar los efectos de la excavación de los tajos sobre el acuífero inferior, se hizo una evaluación mediante modelación del abatimiento del nivel del agua en la propia excavación y en sus alrededores. Para ello se utilizó un modelo de flujo radial (Rushton y Redshaw, 1979) y se calculó el caudal necesario a extraer de la excavación para mantener el nivel del agua en el piso del tajo mientras se terminan las labores de extracción y se calculó también el radio de influencia. Para esto se hizo una simplificación geométrica de la forma de los tajos y se le dio énfasis al tajo Fortuna, ya que el agujero del Botija será rellenado. En términos generales, el área de la base del tajo Fortuna se tomó como 19103.8 m2. El área del espejo de agua una vez recuperado se calcula en 88096.6 m2. Este efecto de abatimiento del nivel en el acuífero inferior es temporal, ya que una vez que cesen los trabajos de explotación del material y ya no exista la extracción del agua desde la excavación, el nivel del agua subterránea empezará a recuperarse hasta alcanzar la cota de 73 msnm que presenta actualmente. (folio 3781, resultando 143).”

Nótese en este punto lo señalado por la secretaria general de la SETENA, en la siguiente dirección:

“Se espera el abatimiento del nivel del agua subterránea hasta la base de este acuífero esta situación tal y como se presentó en el estudio de impacto ambiental por las características que presenta de distribución y flujo, generaría un radio de influencia máximo esperado de 267 metros, situación que obviamente no afectaría propiedades que se encuentren fuera de ese radio que de por sí se ubica en su totalidad dentro de las propiedades de Industrias Infinito, por lo que no se verían afectadas tomas de agua o pozos en propiedades aledañas.”

Y contrástense esas afirmaciones con lo dicho en la sentencia #2004-1923 de este Tribunal:

“Finalmente, a partir del siglo XX, muchas legislaciones van a calificar todas las aguas subterráneas como (c) bienes de dominio público, a partir de la indubitada unidad del ciclo hidrológico, con lo que pasan a conformar lo que se ha denominado el “dominio público hidráulico” como parte del dominio natural y no artificial; esta posición concibe el agua como un recurso unitario subordinado al interés general por lo que no se debe distinguir entre superficiales y subterráneas, puesto que, se encuentran íntimamente vinculadas para mantener su calidad y cantidad. De acuerdo con esta última tesis, las aguas subterráneas no son apropiables por ningún particular y su calificación como bienes de dominio público constituye título suficiente para someterlas a un régimen de intervención administrativa muy fuerte e intenso en aras de garantizar su integridad y calidad y de apartarlas de los modos de adquisición y disfrute propios del Derecho Privado..

[…] en lo atinente a las aguas subterráneas no renovables, fósiles, muertas, estancadas o no fluyentes contenidas en éstos no cabe la menor duda que también son de dominio público, dado que, los artículos 4° del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente no distinguen entre aguas subterráneas y superficiales y, mucho menos, entre las subterráneas renovables y no renovables, por lo que no se les puede concebir como un res nullis (sic) susceptible de apropiación por el alumbrador particular.”

Es decir, en este caso se está permitiendo contaminar un manto acuífero en la zona del proyecto minero Las Crucitas y confunde, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la naturaleza y régimen jurídicos de las aguas subterráneas y los mantos acuíferos, pues prácticamente asimila que, por el hecho de que el acuífero se encuentre dentro de la propiedad de la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, se puede contaminar e impactar de forma directa y negativa. El recurso hídrico es un bien de dominio público y, en este momento, tal y como lo indican los paneles científicos a nivel global, es, además, un bien escaso, que a cada momento enfrenta mayores riesgos. Justamente, en este caso, nuestro país no solo está aumentando el riesgo de contaminación del recurso hídrico, sino que, abiertamente, está otorgando una autorización para que particulares contaminen todo un manto acuífero. Por otra parte, el apoderado generalísimo judicial de Industrias Infinito, indicó en el memorial de folio 4519 que, de la Laguna de Relaves, se prevé efectuar un vertido del agua excedente a la Quebrada La Mina, asegurando que cumplirá las normas de vertido nacional e internacional. Las aguas vertidas, junto con el agua que aporta el caudal natural, discurren una distancia de 1 km antes de desembocar en el Río Infiernito. Este último recorre una distancia de 20,3 kilómetros a lo largo de su cauce natural hasta su desembocadura al Río San Juan. Nuevamente se parte de una actividad completamente controlada e inocua y del único escenario del funcionamiento deseable. Es evidente que cualquier falla del sistema implicará contaminación de la quebrada que se mencionó y aún del Río San Juan. La actitud pasiva de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento en la protección del recurso hídrico, en el caso del proyecto minero Las Crucitas, es inexplicable, no se realizaron estudios propios, a pesar de la envergadura del proyecto, no se cuenta con datos que permitan determinar la influencia regional del acuífero que va a ser contaminado, con la autorización estatal, y no se cuenta con un plan remedial que permita determinar un protocolo de actuación frente a condiciones climáticas extremas, como las que presenciamos en nuestros días. Adicionalmente, no existe, como se ha reiterado a lo largo de este voto salvado, una estimación del costo que implica para el país el estropear, deliberada y consentidamente, un manto acuífero, contaminándolo con metales pesados, menos aún existe una estimación del costo y tiempo que podría tomar la recuperación de la polución que, de forma inexorable, sufrirá el acuífero. No comparto tampoco el argumento de la mayoría, basado en el de la empresa recurrida, según el cual no hay daño, en la medida en que el agua del acuífero no es apta para el consumo humano, debido a su acidez. El hecho que el agua, por su composición química, no sea potable, no implica que se pueda dar carta abierta para su contaminación. Son dos cosas completamente diferentes agua no potable, por acidez, y agua contaminada con residuos de metales pesados. La utilización de un manto dentro del plan remedial de la mina simplemente acarreará más problemas de los que pretende corregir y significará el deterioro, consentido por el Estado, de un bien de dominio público. Pese a que la mayoría de la Sala estima el amparo por negligencia de las autoridades recurridas, al no haber requerido, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto, el pronunciamiento de SENARA sobre la afectación del recurso hídrico en la región, a la sentencia se le confiere el solo efecto de condenar a las autoridades recurridas al pago de los daños y perjuicios causados, sin anular el Estudio de Impacto Ambiental, ni la viabilidad ambiental otorgada, por cuanto el SENARA dio un visto bueno posterior. La solución contradice los más básicos principios del derecho ambiental: se resta importancia a la autorización de una actividad sin las indagaciones técnicas previas pertinentes y se resuelve el problema por la mecánica del acceso a mecanismos indemnizatorios. Claramente, según lo expuesto hasta acá, esta situación no solo vulnera el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debido a que, además, lesiona el derecho fundamental de acceso a las fuentes del recurso hídrico, por lo que, en cuanto a este extremo, el amparo resultaba procedente.

B. El impacto socioambiental del proyecto de minería a cielo abierto. Ha sido recurrente, en la discusión de este caso, el argumento del beneficio social que acarrearía el proyecto, con el fin casi de acusar de mezquindad, en contra de la comunidad local –perteneciente a una zona de bajo desarrollo económico– a quien levante objeciones a la actividad. La noción de beneficio social, sin embargo, es altamente indeterminada, en parte porque tiene un componente axiológico: ¿qué es beneficioso o perjudicial?, pero además porque refiere a una colectividad que homogeniza (la sociedad), pese a su enorme diversidad y ser natural sede de intereses de toda clase, muchas veces contrapuestos. De este modo, hablar del beneficio social que causa una determinada actividad no es más que una fórmula vacía. Mientras no sea dotada de un contenido concreto, con necesario anclaje en la realidad que se evalúa, podría querer decir todo y nada.

El estudio de impacto ambiental es definido en el artículo 2° del Código de Minería como: “el análisis comparativo, técnico, económico, social, cultural, financiero, legal y multidisciplinario de los efectos de un proyecto sobre el entorno ambiental, así como la propuesta de medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar tales efectos.”

En el estudio preparado por Muñoz Giró para el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en febrero de 2009, aprobado mediante oficio SG-ASA-259-2008 del 10 de octubre de 2008 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 1682 del expediente administrativo), sobre los efectos ambientales y beneficios sociales del proyecto de minería de oro a cielo abierto Crucitas, se contempló efectos negativos biofísicos (efectos sobre el medio natural que impactan sobre un recurso natural, con énfasis en el bosque) y sociales (efectos en la sociedad). Entre los primeros se enlistó el valor comercial del bosque, el costo de oportunidad de crecimiento anual del bosque, la pérdida por biodiversidad, la pérdida por liberación de carbono y la pérdida por afectación de cursos de agua, para un total de $1.479.824,46. Se consideró como efectos sociales el valor de mercado del bosque, la pérdida por afectación de paisaje, fuentes de estudio, investigación y recreación, costo de la restauración general del área, para un total de $2.264.530,47 y la sumatoria de los dos rubros arroja el monto de $3.744.354,93. Se coteja esa suma de dinero con la inversión en medidas de compensación, mitigación y monitoreo propuestas, que ronda los $7.500.000 (800 hectáreas de bosque, 140 hectáreas de corredor biológico, 15 hectáreas reforestadas, mitigación y monitoreo, restauración); así como con aportes por compensación de los efectos sociales por $5.619.842,87 (compensación de belleza escénica de las 800 hectáreas de bosque, 140 hectáreas de corredor biológico y las 15 hectáreas reforestadas, aporte ambiental por donación venta árboles, fideicomiso de apoyo a las asociaciones comunales). Ahora bien, dentro de los beneficios se incluyó: los aportes efectivos hasta 2008 a favor de la comunidad (por $5.580.103,08) con obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, la construcción de una línea de transmisión eléctrica, proyectos de organización comunal y pymes, apoyo de servicios de salud y para adultos mayores, actividades recreativas y deportivas, material educativo y donaciones varias. Se contempló también, dentro de las contribuciones del proyecto, los salarios de los empleos directos, aportes a la seguridad social e ingresos por canon minero, sumando $140.030.000. Con base en los anteriores datos, el estudio concluye que hay una diferencia favorable de $154.036.000.

En cuanto a la metodología se explica que “se empleó un método de valoración directa, que se basa en precios o tarifas disponibles a partir de la observación del contexto actual o del mercado disponible, estimando el costo del uso de los recursos naturales” y la metodología para la evaluación económica de daños ambientales en Costa Rica de Barrantes y Di Mare para el Instituto de Políticas de Sostenibilidad (p. 24 del estudio), empleando fuentes oficiales de información como la Cámara Costarricense Forestal, Oficina Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Mundial, Banco Central y otras investigaciones. Se contó con ayuda de funcionarios del SINAC, el MINAET y la SETENA.

Llama la atención que dentro de los efectos negativos del proyecto no se incluyen sus secuelas ambientales a mediano y largo plazo, pese a que se ha reconocido que las desarrollará.

En el cuadro resumen del plan de gestión ambiental, se estipula que la fase de cierre y recuperación ambiental se extiende por 18 meses, lo que se ha demostrado, en la audiencia celebrada ante la Sala, que es totalmente irreal. En el caso de la minería metálica a cielo abierto, debe hacerse notar que el tiempo de recuperación suele ser extraordinariamente largo, e incluso, indefinido.

Un instrumento como el empleado para hacer la anterior comparación entre beneficios y costos es altamente manipulable. Combina variables que temporalmente no suceden en el mismo momento. Por ejemplo, la tala ocurrirá al inicio del proyecto y se le asigna un costo; la mitigación de algunos de los efectos no iniciará hasta después de finalizado el período de diez años de explotación y simplemente se le asigna el valor actual (por lo menos, no se especifica que haya indexación del monto). Se hace las valoraciones en dólares por ser una moneda evidentemente más estable que el colón, pero a diez años plazo o más, no permite una comparación cierta. De la misma forma, puntos que se plantean como beneficios, como son los salarios de los empleos directos, son proyectados a diez años plazo. La sola elaboración de los temas que han de considerarse beneficios o perjuicios es bastante subjetiva. Pondríamos en duda, por ejemplo, que los aportes a la seguridad social por empleos directos constituyan un beneficio que se deriva del proyecto. Se trata, más bien, del cumplimiento de un deber constitucional ineludible. El beneficio debería consistir en un componente adicional de ganancia social de la actividad, no el mero respeto de la normativa sobre seguridad social.

En cuanto al monitoreo se estipula una inversión anual de $446.000 durante la operación del proyecto, no en el período posterior al cese de actividades.

Como efectos sociales se consideró el precio de la madera, los efectos sobre la belleza escénica y el paisaje. Tales repercusiones se compensan con la protección, recuperación y reforestación de los bosques; conservación de los recursos naturales; y el establecimiento de un fideicomiso de apoyo de las comunidades del área de influencia de $4.600.000 a razón de $0,20 por cada tonelada de 23 millones de toneladas de mineral que se explotaría.

No hay un solo rubro, ni en lo biofísico ni en lo social, por efectos contaminantes de la explotación. Parte de una actividad absolutamente controlada y limpia. No se habla de contaminación del aire, la tierra o las aguas de la zona de influencia por drenaje ácido, ni por lixiviación con cianuro.

La estimación del costo total de restauración del recurso natural dependerá de sus características y de las actividades que deberán realizarse en la restauración. Cuanto más complejo sea el factor, más elementos por recuperar se presentarán.

En la minería metálica a cielo abierto la afectación del recurso natural es sumamente intensa y se da sobre la totalidad de los recursos, con supresión completa de los beneficios sociales que ellos representan.

La afectación principal ocurre sobre un período muy corto, aunque los elementos subsistentes, como el sustrato geológico y las aguas subterráneas continuarán siendo afectados por un período mayor.

El daño social en este supuesto se manifestaría en la pérdida de beneficios que el capital natural provee y que la sociedad aprovecha para el mejoramiento de su bienestar. Debería identificarse, entonces, de manera precisa, los beneficios sociales que se ven afectados por la alteración del recurso natural, lo cual no se plasma en el estudio analizado. El capital natural ofrece a la sociedad valores que pueden ser de uso actual (directo e indirecto) o de uso potencial (de opción o de existencia). La estimación del valor de un recurso natural en particular resulta, por ende, compleja e indirecta. Los costos de compensación deben estimarse mientras el recurso natural está en vías de restauración, o sea, desde que se inicia el daño hasta que el recurso natural sea recuperado satisfactoriamente.

Una actividad extractiva tan nociva, como la minería de oro a cielo abierto, tiene un costo ambiental y social tan alto, que es imposible que pueda resultar “rentable” para un país que ha puesto la defensa del ambiente como uno de sus estandartes más valiosos y que es medido y muy bien valorado internacionalmente gracias a dicho estandarte.

Desde la perspectiva ambiental, el valor de la vida y, de una cualidad concomitante, la diversidad de la vida constituye dos variables ambientales y sociales de valor inestimable desde el punto de vista económico.

La vida y la extraordinaria diversidad de la vida es un fenómeno único del planeta Tierra, dentro de lo que hasta ahora se conoce del Universo.

Al tratarse de un daño ambiental intenso, un alto costo social y tiempo de recuperación del daño ambiental excesivamente amplio, la actividad es prácticamente inviable desde esta perspectiva.

C. El respeto de las pautas jurídico constitucionales de protección del ambiente. Es incuestionablemente anejo a las repercusiones sobre diferentes componentes medioambientales de la zona, el fiel empleo de las herramientas jurídicas de fiscalización del ambiente, tema en el cual también se ha encontrado importantes inconsistencias en el presente caso.

C.1. Sobre el monto de la garantía ambiental. Según quedó acreditado en el expediente y en la vista oral y pública, el monto de la garantía ambiental para el proyecto minero Las Crucitas es de $600.000,00. Sin embargo, tal y como quedó evidenciado, ese monto resulta a todas luces escaso para paliar la totalidad de los invaluables daños ambientales que la extracción de minerales ocasionará en la zona donde se realizará la explotación. Esto se demuestra si se toma en cuenta que, según los datos aportados por los recurrentes, la regeneración de una hectárea de bosque, sembrada con una única especie vegetal, es decir, una hectárea monocultivada, tiene un costo de $500.000,00, es decir, una hectárea de terreno con un monocultivo prácticamente absorbería la totalidad de la pírrica garantía ambiental. Ese monto resulta, por demás, ridículo si se compara con el hecho de que la empresa Industrias Infinitos Sociedad Anónima pretende extraer entre 800.000,00 y 1.000.000,00 de onzas de oro, el cual se cotiza a más de $1.100,00 la onza, lo que deja ingresos totales que oscilarían entre los $880.000.000 y los $1.100.000.000,00, a lo que hay que sumar que esas ganancias podrían verse sensiblemente incrementadas si se pondera el hecho de que el oro ha reflejado una tendencia alcista durante los último años, pues pasó, hace unos 10 años, de poco más de $255.00 a, como se indicaba supra, más de $1.100,00 por onza. Desde esa perspectiva, la garantía ambiental resulta inexplicablemente baja si se compara con los incalculables daños ambientales que el proyecto minero Las Crucitas podría originar en la zona norte de nuestro país. Evidentemente, el monto de la garantía ambiental ni siquiera alcanzará para iniciar el proceso necesario para llevar adelante la tarea de restauración de una zona que podría quedar devastada una vez que termine la fase extractiva de este proyecto. Es de suma importancia acotar que en la vista oral y pública, al momento de consultar a las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones si ellos disponían de un monto presupuestado para hacer frente a un eventual desastre de carácter ambiental, ocasionado por el proyecto minero bajo examen, estos simplemente se limitaron a afirmar que ese monto no existía y lo único que se tenía era el dinero de la escasísima garantía ambiental, adicionalmente, al consultárseles si ellos tenían una estimación de cuánto podría significar en dinero la regeneración del medio ante una catástrofe, no hallaron respuesta para ofrecer, pues, claramente, estudios de ese tipo no se hicieron y no se tiene ni idea de cuál es el monto que puede costar la regeneración o contención de los efectos nocivos causados por el proyecto minero Las Crucitas en el supuesto de un siniestro ambiental. A todo lo anterior debe sumarse el hecho de que en ningún momento se aportaron datos fehacientes sobre cuánto costará y quién deberá hacer frente al proceso de cierre técnico de la mina, que es vital si se pretende hacer de esta una actividad que no implique un impacto aún mayor para el medio, una vez que la empresa haya finalizado la fase extractiva, de forma tal que no se cuenta con la certeza para determinar el manejo que recibirá la zona de Las Crucitas una vez que Industrias Infinito Sociedad Anónima se haya marchado, y tampoco queda claro quién deberá hacerse cargo de ese proceso, aunque, claro está, esa sería, en último caso, una responsabilidad del Estado, es decir, terminaría el país pagando para regenerar el medio que fue dañado por particulares, luego de que estos obtuvieran las ganancias correspondientes y depositaran una garantía ambiental de $600.000,00 contra los más de $850.000.000,00 que se extraerán en oro. Lo anterior es valioso para hacer ver que la garantía ambiental simplemente es ínfima frente a los daños que se pueden y de hecho se causarán al medio, y será una cantidad que simplemente no alcanzará para hacerle frente al deterioro que sufrirá el ambiente, lo cual constata que este proyecto no fue evaluado ni sopesado con la seriedad, profundidad y severidad requeridas, producto de los profundos e incalculables impactos que causará al medio. La realidad es una y los hechos no dan margen para especulación, el monto de la garantía ambiental será insuficiente para paliar los daños al medio, generar una estrategia de desarrollo para la zona de Las Crucitas luego del cierre de la mina, tratar los acuíferos contaminados y poner en marcha el proceso de cierre técnico, por citar cuatro de las más importantes tareas que se tienen de frente, una vez finalizada la actividad extractiva, obligaciones todas que derivan directamente del texto Constitucional que obliga al Estado a velar por una estrategia de desarrollo sostenible, dejada de lado en este caso. Todo lo expresado hasta acá no se trata del producto de unas meras especulaciones sin sustento fáctico, por el contrario, la realidad y los hechos, adustos ambos, conceden que la actividad de extracción de minerales a cielo abierto no es sustentable desde el punto de vista ambiental y sus consecuencias en todo el mundo son imponderables, además de harto onerosas. Las experiencias en los países tropicales, como el nuestro, son aún más nefastas y están estrechamente relacionadas con la pobre y laxa regulación que, desde el punto de vista legal, se hace de una actividad tan impactante para el medio. De hecho, en Latinoamérica, no existe un solo caso de un país que se haya embarcado en la aventura minera y hubiera resultado indemne desde el punto de vista socio-ambiental. En suma, los $600.000,00 que componen la garantía ambiental para este proyecto resultan insuficientes y, más que eso, minúsculos, si se los compara con la laceración que sufrirá el medio a causa de este proyecto.

C.2. El proyecto no cuenta con viabilidad ambiental, pues no se realizó un nuevo estudio de impacto ambiental. Como quedó acreditado en el expediente y durante la vista oral y pública, el Proyecto Minero Crucitas no cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado y, por ende, no cuenta con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, debido a que las modificaciones que sufrió el proyecto, en su diseño, fueron de tal significación que incrementó el volumen de material por extraerse en un 39%, pues, aun cuando el área a explotar se redujo en 76 hectáreas, de 126,4 a 50 hectáreas, lo que significa un decrecimiento del 60,31% en el área; Sin embargo, la profundidad aumentó considerablemente, pues pasó de 15 a 67 metros de excavación en el tajo, lo que se traduce en un aumento de la profundidad de un 446,67%. No obstante, estas modificaciones no fueron sometidas a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental para examinar los impactos que el cambio de diseño generaría en el entorno, los cuales en este momento no han sido sometidos al riguroso tamiz de un Estudio de Impacto Ambiental, situación que no cuenta con explicación alguna y que, en la vista oral y pública, los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no lograron aclarar satisfactoriamente. Lo anterior es relevante, pues si no se conoce el impacto que el proyecto minero causará en el ambiente, tampoco se puede conocer con certeza técnica y científica la forma en como mitigarlo, prevenirlo o recuperarlo, lo anterior es trascendental, si se toma en consideración que la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima tiene la intención de desarrollar una serie de medidas para paliar los efectos adversos que provocará el funcionamiento de la mina, pero, si no se han predicho metódica y sistemáticamente los efectos adversos que se producirán muy difícilmente estos podrán ser mitigados o evitados. Al respecto, la Sala Constitucional ha sostenido que:

“VI.- El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones.” (Sentencia 2005-05544 de 15:38 horas de 10 de mayo de 2005. El destacado se suplió.).

Asimismo, el tratar específicamente el tema de la minería, en concreto al anular la concesión minera a la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, por no contar con un estudio de impacto ambiental aprobado, la Sala, en la sentencia #2004-13414 de 09:29 horas de 26 de noviembre de 2004, consideró:

“V.- De la alegada violación al principio de prevención en el caso particular.- En este asunto la concesionaria Industrias Infinito S.A. aún y cuando no cuenta con la aprobación del estudio de impacto ambiental, ya tiene la concesión de explotación minera en la zona indicada. Sobre el punto se debe indicar que la concesión de explotación minera, sin haber obtenido la aprobación del estudio del impacto ambiental, - que constituye una medida para asegurarse de que la actividad que se aprueba no causará daños al ambiente -, riñe en consecuencia con el Principio de Prevención y la normativa citada del Código de Minería y el Decreto Ejecutivo N°29300-MINAE, que en su artículo 9 establece los requisitos para la concesión de explotación, entre los que está el estudio ambiental comentado. Expresamente dispone:“Artículo 9.- Requisitos para la concesión de explotación. ... La solicitud debe constar de original y dos copias, conteniendo:a)... b) Resolución de la SETENA de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a la explotación propuesta y copia del estudio de impacto ambiental aprobado.c)...”. En este asunto, respecto al estudio referido, éste fue presentado por la concesionaria ante la autoridad correspondiente para su debida aprobación y fue rechazado mediante la resolución N° 272-2003-SETENA de las once horas cuarenta y cinco minutos del once de marzo del dos mil tres de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; resolución que fuera impugnada por la interesada. El Ministro de Ambiente y Energía resolvió el recurso de apelación mediante la resolución R-569-2003 MINAE, de las nueve horas treinta minutos del veinte de octubre del dos mil tres, que declarándolo con lugar, por constatar vicios en el procedimiento (folio 191) y ordenó retrotraer el procedimiento al momento en que se presentó el estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Industrias Infinito S.A. En consecuencia, estima la Sala que la decisión de otorgar la concesión de explotación sin la aprobación del estudio de impacto ambiental puede originar daños en el medio ambiente que resultarían irreversibles y que luego, no quedaría más que lamentar y tratar de mitigar algunos de sus efectos, pudiendo haberse prevenido tal situación. Precaución que como se dijo, se establece en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de 1992 donde Costa Rica suscribió junto con otras naciones la Declaración de Río, para lo cual resulta preciso señalar el principio 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” y el principio 17: “Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”.

VI.-Consecuente con el análisis hecho, en atención al principio de protección de los recursos naturales, específicamente al Principio Prevención que contempla la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, deberá la interesada, de conformidad con el procedimiento del Código de Minería y su Reglamento, como requisito para obtener la concesión de explotación de minerales, contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental, en resguardo del criterio de precaución y principio in dubio pro natura. Observa además en este caso la Sala que, el Jefe del Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha podido rendir su criterio definitivo en el procedimiento de concesión de explotación minera, porque no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental en el que se haga referencia a las prácticas de recuperación de suelos; lo que hace innegable la utilidad de ese estudio para valorar la viabilidad de la concesión desde los distintos ángulos; y el acto de las autoridades recurridas de otorgar la concesión minera condicionando el desarrollo de la actividad extractiva al cumplimiento de los requisitos indicados en el Código de Minería, no resulta eficaz para cumplir la finalidad de preservar los recursos naturales y la integridad del medio ambiente y es contrario al Principio Precautorio en materia ambiental.”

Justamente, en este caso no se cuenta con un análisis que haya evaluado, con la profundidad de un estudio de impacto ambiental, las modificaciones sufridas en su diseño por el Proyecto Minero Las Crucitas, lo cual incluye, la utilización, a partir del cambio de diseño, de explosivos para poder intervenir la roca dura, que será aprovechada junto con la saprolita. Esa razón resulta más que suficiente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, para estimar el amparo, anular el Decreto Ejecutivo #34.801-MINAE y ordenar la realización de un estudio de impacto ambiental que analice las modificaciones sufridas en su diseño por el proyecto minero en cuestión.

C.3. La consecuencia directa del deficiente análisis de impacto ambiental del proyecto (omisión de elaborar un nuevo EsIA) es la nulidad de la concesión minera. La concesión de explotación, entendida como autorización para extraer los minerales no reservados para el Estado (121 inciso 14) b de la Constitución), de transformarlos y procesarlos y de disponer de ellos con fines industriales y comerciales, fue concedida, en este caso, mediante la resolución R-578-2001-MINAE del Ministerio del Ambiente y Energía de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2001, a favor de Industrias Infinito S.A., para la explotación de oro, plata, cobre y minerales asociados. El inicio de las actividades se supeditó a la posterior aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

En la sentencia #2004-13414 de las 9:29 horas del 26 de noviembre de 2004 declaró la Sala que la decisión de otorgar la concesión de explotación, sin la previa aprobación del estudio de impacto ambiental, podía originar daños ambientales irreversibles, por lo cual anuló el acto administrativo de concesión, bajo las siguientes consideraciones:

“…la decisión de otorgar la concesión de explotación sin la aprobación del estudio de impacto ambiental puede originar daños en el medio ambiente que resultarían irreversibles y que luego, no quedaría más que lamentar y tratar de mitigar algunos de sus efectos, pudiendo haberse prevenido tal situación. Precaución que como se dijo, se establece en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de 1992 donde Costa Rica suscribió junto con otras naciones la Declaración de Río, para lo cual resulta preciso señalar el principio 15: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente." y el principio 17: "Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.”

Por resolución #3638-2005-SETENA de las 9:25 horas del 12 de diciembre de 2005 se otorgó viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas, requiriéndole una garantía ambiental de $600.000, calculada a $3.000 por hectárea impactada por año, de acuerdo con lo establecido para proyectos mineros.

Por resolución #170-2008-SETENA de las 12:50 horas del 4 de febrero de 2008 se evaluó cambios al proyecto, principalmente en la profundidad de la extracción, que aumentó de 15 metros a 67 metros, en promedio, reduciéndose el área extractiva de 126,4 ha a 50 ha. Lo anterior, en vista de que Canadá (mercado de destino) no permite incluir los recursos mineros “inferidos o estimados” derivados de la saprofita, sino que debe también extraerse de la roca dura, lo que aumenta la calidad del oro y obliga a utilizar voladuras. Se aprobó la modificación y se ordenó conformar la comisión de fiscalización y monitoreo.

Posteriormente, por medio de la resolución R-217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008, se otorgó una nueva concesión de explotación minera a favor de la misma empresa por diez años para explotar iguales minerales. La licencia se condicionó, igualmente, a que el proyecto resultara ambientalmente viable.

Considero que la concesión vigente, de 2008, se otorgó en condiciones contrarias al derecho fundamental a un medio ambiente sano. Primero, porque se confirió, sin que se haya efectuado un nuevo estudio de impacto ambiental, comprensivo de las modificaciones planteadas por la empresa en diciembre de 2007, el cual es, a mi juicio, indispensable. El proyecto, que en este momento se pretende llevar a la realidad, es completamente distinto al que, en un inicio, se planteó ante la SETENA y al cual se le otorgó la correspondiente viabilidad ambiental, como resultado de la aprobación de una evaluación de impacto ambiental que fiscalizó obras diametralmente distintas a las que ahora se está intentando ejecutar. Pero, además, se autorizó la actividad sin que existiera un estudio integral elaborado por el SENARA de la afectación del recurso hídrico en la zona. A pesar de que existen estudios locales, sobre el área del proyecto, bastante específicos, no se efectuaron análisis regionales para determinar la influencia entre los mantos acuíferos, incluido el que será utilizado para la laguna de relaves. Al estimar el amparo, la mayoría de la Sala se fundamenta, precisamente, en esa omisión, pero resulta contradictorio con la protección del ambiente tenerla por subsanada con un estudio propuesto por la firma minera interesada, con un simple aval del Gerente del Servicio Nacional mencionado. La Sala ha insistido, incluso recientemente (p. ej, en la sentencia #2008-15760 de las 14:30 horas del 22 de octubre de 2008), en que es contraria al Derecho de la Constitución la alteración de la secuencia de los actos de autorización de una actividad que repercute negativamente sobre el medio ambiente, fundamentalmente si implica dictar el acto administrativo declarativo de derechos a favor del particular antes de establecer con seguridad que esa actividad es sostenible. Tal inconsistencia temporal entre los actos de autorización opera en el presente asunto y, desde la óptica ambiental, es obligada consecuencia del análisis que se ha efectuado, la nulidad de la concesión.

En síntesis, el orden de las autorizaciones administrativas ambientales se trastocó y se echa de menos dos estudios neurálgicos: un estudio de impacto ambiental completo sobre el proyecto después de sus importantes modificaciones y un análisis profundo e integral del SENARA sobre el recurso hídrico en la zona. La consecuencia directa de lo anterior es la anulación de la concesión minera y el sometimiento del proyecto a nuevas evaluaciones, de impacto ambiental e hidrogeológica, para obtener su viabilidad y, no sería hasta que se determinara su inocuidad ambiental, que podría emitirse el acto de autorización para explotar los minerales.

C.4. Sobre el Decreto de Conveniencia Nacional, #34801-MINAET y el cambio de uso de suelo previsto en el artículo 19 de la Ley Forestal.

El tema de la conveniencia nacional de la actividad autorizada ha sido también objeto de vivas controversias ante este Tribunal. Tal conveniencia fue declarada en el Decreto Ejecutivo #34801-MINAET del 13 de octubre de 2008, basándose en que el artículo 19 inciso b) de la Ley Forestal permite el cambio de uso de suelo y la corta de árboles, en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de protección, para los proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia Nacional, y que el artículo 6 del Código de Minería califica de utilidad pública la actividad minera. Se indica que el proyecto específico, de Industrias Infinito, S. A., traerá varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el gobierno central. En contraposición a los beneficios, en el Decreto se detalla que para la construcción y desarrollo del Proyecto Crucitas se requiere la corta de árboles en 191 Ha (7 782,66 m2) que poseen bosque, lo cual representa el 19.93 % del bosque existente en todas las propiedades, la corta de árboles en 66 Ha (9474,53 m2) en áreas de uso agropecuario sin bosque, lo cual representa el 14.00 % de las áreas de uso agropecuario sin bosque existente en todas las propiedades y la corta de árboles de 4 Ha (1 751,38 m2) que poseen plantaciones forestales, lo cual representa el 12.33 % de las plantaciones forestales existente en todas las propiedades. Dentro de las especies forestales de la zona, se presentan algunas vedadas, de acuerdo con el voto de la Sala #2002-2486 de las 10:54 horas minutos del 8 de marzo de 2002 y el Decreto Ejecutivo #25700 del 15 de noviembre de 1996. En las resoluciones #2008-17292 de las 14:45 horas del 19 de noviembre del 2008 y #2008-17293 de las 14:46 horas del mismo día, estimó la Sala –con voto salvado mío y del Magistrado Cruz Castro– que el Decreto no podía examinarse en vía de inconstitucionalidad, por consistir en una declaratoria de conveniencia concreta y no de una disposición normativa, relegando a este proceso la definición de su conformidad con la Constitución. Vinculada con este caso, se dictó también la sentencia #2009-17155 de las 14:00 horas del 5 de noviembre del 2009, donde, entre varios puntos discutidos, la mayoría de la Sala reiteró el antecedente del pronunciamiento #2006-17126, en el sentido que los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal no son contrarios al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siempre y cuando no sea una autorización para que las instituciones públicas lesionen "legítimamente" el ambiente, ni tampoco impliquen establecer un régimen de excepción. En aquella oportunidad se estableció claramente que la posibilidad del cambio del uso del suelo que se conoce, queda reservada únicamente para el patrimonio forestal privado, con lo cual, no se "afecta" el patrimonio natural del Estado (artículos 1, párrafo segundo y 18 de la Ley Forestal).

A mi juicio, y según las razones que he estipulado arriba de las serias consecuencias ambientales del proyecto, no hay un balance razonado entre los beneficios y los probables daños ambientales que van a derivar de él, con lo que su fundamentación es débil e inconstitucional. El efecto práctico de la emisión del Decreto en comentario es vaciar de contenido el derecho al medio ambiente, tal y como lo había plasmado la Sala en sus resoluciones #2002-2486 y #208-13426, anteriormente mencionadas. En ellas se defendió categóricamente la lapa verde, como especie en peligro de extinción, prohibiendo de forma inflexible la corta del almendro amarillo. La norma permite precisamente lo contrario y de ahí, repito, su inconstitucionalidad.

Señalé ya también, en mi voto salvado de la resolución #2009-17155, que las excepciones que permite el artículo 19 de la Ley Forestal quebrantan de manera flagrante el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No puede haber doble discursos ni hesitaciones en esta materia, se apuesta por la conservación o se prescinde de ella, en franco enfrentamiento a la Constitución y los instrumentos internacionales que buscan la protección del ambiente.

D. El incumplimiento del principio de participación ciudadana. En este caso, ha quedado demostrado que ha existido un flagrante incumplimiento del principio de participación ciudadana, lo anterior queda corroborado que se tome en cuenta que en el caso concreto se omitió por completo otorgar audiencia a la ciudadanía sobre las modificaciones realizadas al diseño en el proyecto minero en cuestión, de tal suerte que en ningún momento se ofreció la posibilidad de que los vecinos o, en general, los interesados que estuviera apersonados dentro del expediente pudieran emitir su criterio sobre las implicaciones sociales, ambientales, económicas y jurídicas que podrían tener los cambios realizados al diseño original presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y que había sido aprobado por ese órgano, de esa forma, al no otorgarse audiencia a la población, ese órgano vulneró este principio de profunda raigambre constitucional, sobre el cual la Sala ha señalado que:

“IX.- En virtud de lo anterior, el principio democrático tiene una triple connotación constitucional: en primer lugar, como característica esencial de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, que implica, una especial forma de elección de nuestros gobernantes, que se traduce en el sistema de democracia representativa, participativa y pluralista, como el ejercicio indirecto del Poder a través de los diversos puestos de elección popular; en segundo lugar, como fuente o parámetro de interpretación, en tanto se constituye en la fuente y norte del régimen jurídico, al permear todo el ordenamiento y formas jurídicas, de modo que se impone como principio rector en la organización política del Estado y de todas las formas de organización colectiva (como sucede con la integración de los órganos colegiados de los entes corporativos, tanto de las municipalidades, como los colegios profesionales y corporaciones de producción) y, la representatividad en su instrumento pragmático de realización; y en tercer lugar, como verdadero derecho, y en esa condición, justiciable ante instancias administrativas y jurisdiccionales, como sucede respecto del sistema de las cuotas femeninas (ante el Tribunal Supremo de Elecciones) a fin de lograr el cuarenta por ciento de la representación, tanto en las candidaturas de puestos elegibles, como en la organización de los partidos políticos; o en lo que respecta a la participación de los vecinos de la localidad afectada en la celebración de la audiencia oral y pública prevista dentro de los procedimientos de estudio de impacto ambiental (sentencias número 2000-9060, de las diez horas veintisiete minutos del trece de octubre del dos mil y número 2001-05737, de las catorce horas cuarenta y un minutos del veintisiete de junio del dos mil uno). (…) las autoridades públicas, siempre y dentro de la medida de lo posible, deben promover y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, pues ello no es más que el reconocimiento del carácter democrático de la sociedad costarricense.” (sentencia 2003-03475 de las 08:56 horas de 2 de mayo de 2003).

La obligación estatal de alentar la intervención de las personas en los asuntos relacionados con la explotación del medio no es un mero deseo o el fruto de una interpretación alejada de las normas constitucionales, sino que encuentra sustento en disposiciones de diverso rango dentro de nuestro sistema de fuentes, al respecto, la Constitución Política, en sus numerales 1 y 9, señala:

“Artículo 1.- Costa Rica es una República democrática, libre e independiente.

Artículo 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.”. (El destacado se suple).

Por otra parte, la Declaración de Río, en su principio 10, dispone:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”. (El destacado lo agregó el magistrado ponente).

Finalmente, la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, en sus numerales 22 y 23, deja clara la obligación de respetar y promover la participación de la gente en los asuntos ambientales, al respecto, prescriben:

“ARTÍCULO 22.- Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración.

ARTÍCULO 23.- Publicidad de la información. La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización.

No obstante, los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información integrada al estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial.”

En este caso se celebró audiencia pública el 31 de julio de 2004 en el Salón Comunal de Coopevega (hecho probado 14), acto temporalmente muy distante de la modificación del proyecto, aprobada el 4 de febrero de 2008 por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Es decir, que en el momento en que se celebró la audiencia no fue posible discutir las variaciones de la propuesta minera. Reitero que la importancia y peso de las modificaciones obligaban a repetir estos pasos, incluida la audiencia pública. Lo contrario implica que el momento en que los interesados pudieron preguntar, objetar y comentar el plan, este presentaba diferencias relevantes de lo que finalmente se aprobó. Con ello, se vulneró el principio de participación, uno de los pilares dentro de los procedimientos tendientes al otorgamiento de la viabilidad ambiental. No puede excluirse al ser humano que recibirá las consecuencias de las decisiones gubernamentales en materia ambiental, de la participación en la toma de decisiones en los asuntos vinculados con esta materia.

En suma, por las consideraciones expuestas es que salvo mi voto y declaro con lugar el amparo, dejando sin efecto la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que confiere viabilidad ambiental al proyecto (#170-2008-SETENA del 4 de febrero de 2008), la resolución del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que autorizó la concesión minera (R-217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008) y el Decreto Ejecutivo #34801-MINAET del 13 de octubre de 2008, que declaró el proyecto de conveniencia nacional, a efecto de permitir la tala de especies forestales vedadas, como el almendro amarillo.

Gilbert Armijo S.

VCG08/2020

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONCESION.

Exp: 08-014068-0007-CO

Voto particular del Magistrado Cruz Castro.

Disiento del voto de mayoría en varios de los temas planteados; considero que en un caso tan complejo como el que se plantea mediante este recurso de amparo, se evidencia la violación a varios derechos fundamentales, según se expondrá.

A. Sobre cómo la autorización y la tala del almendro amarillo En este aspecto existe una lesión al derecho al ambiente, destacando, además, que se contraviene la jurisprudencia de esta Sala que había establecido la prohibición de tala del almendro amarillo en todo el territorio nacional, sin excepción alguna.- El voto de mayoría hace una distinción que no es consecuente con la jurisprudencia de esta Sala respecto de la tala del almendro amarillo, pues prohíbe su tala únicamente en los lugares de anidación de la lapa verde, entendiéndose que es permitida –previo permiso- en lugares donde no anide la lapa verde. Sin embargo, esta distinción no es admisible, conforme a los siguientes argumentos: Primero, en la resolución anterior de esta Sala, número 2002-02486 de las 10:54 horas del 8 de marzo de 2002, se dijo expresamente que “por su relación con el árbol de almendro, también se debe impedir su tala en todo el territorio, claro está que ello debe respetarse principalmente en las zonas donde se encuentra el hábitat óptimo para la sobrevivencia de dicha especie” , con lo cual resulta claro el mandato –que no admite excepciones- que hizo previamente esta Sala en cuanto a la prohibición absoluta de la tala del almendro amarillo en todo el territorio nacional. De igual forma, la parte dispositiva de la resolución número 2008-13426, de las 09:33 horas del 02 de setiembre de 2008 ordenó prohibir el trámite de permisos para el aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo mientras este árbol esté en la lista de especies amenazadas, literalmente se dispuso: “Se prohíbe a ese funcionario dar inicio o continuar cualquier procedimiento tendiente al aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo (dipteryx panamensis) mientras este árbol y la lapa verde (ara ambigua) se encuentren en la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción”. Conforme a este criterio y su contenido esencial, no es admisible el argumento con el que se autoriza la tala, asumiendo que esta acción es legítima constitucionalmente, porque no se pretende el aprovechamiento, explotación o extracción de la madera. Claramente no es la finalidad última de la tala la que sustenta su prohibición, sino el simple hecho de la tala en sí; el destino que se le dé a los árboles cortados, es una cuestión secundaria que no puede llevar jamás a afirmar que si la finalidad de la tala no es la explotación, entonces sí se autoriza tal acción. No son las consecuencias eventuales, como el aprovechamiento de la madera, la que determina la tutela del almendro amarillo. En este punto disiento del argumento expuesto en el voto de mayoría. Segundo, siendo clara la obligación del Estado de velar por la supervivencia de las especies en peligro de extinción, y tendiendo presente que el almendro amarillo es una especie declarada en amenaza de extinción, se deriva, inevitablemente de tales presupuestos, que el Estado debe velar por la supervivencia del almendro amarillo en todo el territorio nacional, impidiendo su tala, sin que importe si tal acción se realiza con una finalidad ulterior. Lo que se indica en la sentencia de mayoría en el sentido que “la escasa o nula afectación ambiental con la corta de 197 árboles sobre una población de más de 700 individuos, partiendo que los árboles de almendro a cortar no son bosque primario sino secundario y joven, y que el plan establecido que ya se estaba cumpliendo a ese momento, implica la siembra de 103 almendros por cada árbol de esa especie que sea cortado” no modifica la grave amenaza de extinción que se cierne sobre el almendro; la siembra de árboles nuevos –contra la tala anterior- no compensa los efectos del acto mediante el cual se procedió a la tala de una especie en amenaza de extinción. En materia de medio ambiente los bienes tutelados no son fungibles. Nótese que en esta materia tan delicada, vulnerable y sensible como son los daños al ambiente, qué sentido tendría la resiembra de árboles, si para cuando estos ya hayan crecido al estado de los árboles talados, ya se habrán lesionado las especies que dependían de dicho hábitat. Tercero, el almendro amarillo merece una protección per se, que si bien resulta reforzada por su relación con la lapa verde, no puede desconocerse que es también una especie por sí misma, parte de la naturaleza, declarada en peligro de amenaza de extinción, que también merece protección por sí mismo. No es posible justificar la tala del almendro en los “sitios donde no anide el ave”, aún contando con los permisos, porque tal criterio no sería consistente con el expuesto en los precedentes de esta Sala, según votos 2002-002486 y 2008-013426. En conclusión, considero que según la línea jurisprudencial que había mantenido esta Sala en anteriores oportunidades, existe una prohibición absoluta y total de tala del almendro amarillo en todo el territorio nacional. Por lo tanto, al haberse comprobado en este recurso de amparo que el 17 de octubre del 2008 SETENA autorizó la corta de 197 árboles de almendro, y al haber la empresa recurrida procedido con dicha corta, resulta evidente la violación al derecho al ambiente, pues con ello se sitúa en posición de riesgo o amenaza al almendro amarillo y se compromete la existencia de la lapa verde, por lo que el recurso debe ser declarado CON lugar en cuanto a este extremo.

B. La variación del proyecto sin exigir estudio de impacto ambiental y consulta ciudadana. Sobre la aprobación de la modificación del proyecto original sin contar un nuevo estudio de impacto ambiental y sin convocar nuevamente a un proceso de audiencia pública, estimo que es violatorio del derecho al ambiente y del derecho de participación ciudadana.- Ciertamente, tal como lo consigna el voto de mayoría, “El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la aplicación del referido principio precautorio, y el consecuente desarrollo normativo en materia de protección ambiental, impone el cumplimiento de diferentes requisitos y procedimientos que permiten a la administración conocer el impacto real que la ejecución de actividades y obras –públicas o privadas- puede tener sobre el ambiente, para una vez adquirida la certeza correspondiente, autorizar o improbar su realización.”, de lo cual se desprende que es necesario que el Estado conozca el impacto que tendrá sobre el ambiente la ejecución de obras y actividades –públicas o privadas-, previo a autorizarlas o aprobarlas. En este sentido, también coincido con lo que se afirma en el voto de mayoría al aseverar que “La realización de las evaluaciones ambientales ha sido reconocida por esta Sala igualmente como un principio rector en materia ambiental, de donde resulta que su observancia y aplicación es irrestricta para asegurar la debida protección del ambiente.”, de donde se desprende que, la exigencia de las evaluaciones ambientales -como aquel procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones- comprende varias fases, entre ellas la confección de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), cuando se trate de actividades, obras o proyectos calificados de alta significancia. En el caso que se analiza, estando ya otorgada la viabilidad ambiental al proyecto, y a punto de vencerse el plazo de validez de dicha viabilidad (otorgada el día 12 de diciembre del 2005 por un plazo de validez de dos años, a vencer el 12 de diciembre del 2007) la empresa presentó ante SETENA, el 06 de diciembre de 2007, lo que denominó “Propuesta de Modificación al Proyecto Minero Crucitas”, aprobándose esta propuesta mediante decisión de la Comisión Plenaria, según resolución número 170-2008-SETENA, de 04 de febrero de 2008. Sin embargo, tal aprobación se otorga sin contar con un nuevo estudio de impacto ambiental y sin convocar nuevamente a un proceso de audiencia pública. En este asunto resulta evidente que una modificación a un proyecto de tal envergadura, requería algo más que “una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales de carácter unilateral” o una serie de “documentos técnicos que respalden la modificación propuesta”. Estas exigencias resultan insuficientes ante un proyecto de tanta trascendencia. Por esta razón considero que lo procedente y necesario, para la mejor protección del derecho al ambiente, era la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental, donde la administración pública tuviera una participación más activa, valorando la dimensión e impacto de los cambios propuestos. Respecto de las características del proyecto, tratándose de minería metálica a cielo abierto, no basta la aprobación de lo que presentó la empresa. Además, nótese la obligatoriedad de volver a convocar a una audiencia pública, partiendo de la reiterada jurisprudencia de esta Sala relacionada con el derecho fundamental de participación pública en la decisión de los asuntos relacionados con el medio ambiente, que este Tribunal Constitucional ha derivado de la correlación de los artículos 9 y 50 de la constitución política. Respecto de los principios constitucionales mencionados, se afirma en la sentencia número 2008-015760 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho:

“VIII.- SOBRE LA INFRACCIÓN AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA DECISIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE. CORRELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. (…) Sobre el particular y a partir del desarrollo realizado en torno a la importancia de la EIA, cabe reiterar que, según la más calificada doctrina, la evaluación es un procedimiento principalmente participativo para la ponderación anticipada de las consecuencias ambientales de una decisión para aprobar o denegar determinado proyecto. Según la doctrina, el estudio de impacto ambiental apareció, desde sus orígenes, relacionado con la tradición anglosajona de las encuestas y audiencias públicas, por lo que se debe resaltar la garantía que a lo largo de la evaluación y, en sus distintos momentos, serán oídos los afectados por la decisión final, que pueden ser no sólo las comunidades o sujetos inmediatamente involucrados, sino grupos que defienden intereses difusos, como lo es la oportuna protección al medio ambiente. Sobre la promoción de la participación pública en relación a los temas ambientales, la Declaración de Río dispone lo siguiente:

“PRINCIPIO 10

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”

La Carta Mundial de la Naturaleza citada supra, en el principio No. 23 dispone lo siguiente:

“23- Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernan directamente a su medio ambiente y, cuando este haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización.”

En el plano interno, la Ley Orgánica del Ambiente dispone lo siguiente:

“Artículo 22.- Expediente de la evaluación

Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración.

Artículo 23.- Publicidad de la información

La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización.

No obstante, los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información integrada al estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial.”

Por su parte, la Ley de Biodiversidad dispone, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 95.- Audiencias públicas

La Secretaría Técnica Nacional deberá realizar audiencias públicas de información y análisis sobre el proyecto concreto y su impacto, cuando lo considere necesario. El costo de la publicación correrá a costa del interesado.

La participación es todo proceso que involucra a la sociedad en la adopción de propuestas, solución de problemas y toma de decisiones en relación a la aprobación de determinada actividad o proyecto.”

En la sentencia No. 10693-2002 de las 18:20 hrs. del 7 de noviembre de 2002, este Tribunal Constitucional destacó que la garantía de la participación ciudadana es un instrumento que dota a los ciudadanos del poder para hacer efectivo su derecho a un medio ambiente sano, de ahí que sea parte intrínseca de las garantías consagradas en el artículo 50 de la Constitución Política. En dicha resolución se dispuso lo siguiente:

 

“(...) considera esta Sala que derivado propiamente del marco democrático que informa todo el ordenamiento y que se encuentra dado por el artículo primero de la Constitución Política, en conjunción con el derecho a un medio ambiente sano establecido en el artículo 50 de dicha Carta, además de los instrumentos internacionales y las normas legales respectivas, es necesario extraer como cierta la presencia de un derecho de todas las personas a la participación en la toma de decisiones que incumben asuntos de interés público, en este caso la protección del ambiente. Este derecho a participar, se constituye entonces como un instrumento esencial de los habitantes para hacer valer su derecho a un ambiente sano, sin embargo, no puede entenderse el mismo como un mero ejercicio de una opinión, pues contrariamente a lo que se podría considerar a primera vista, esta participación exige ser entendida en forma amplia, por lo que consecuentemente, la misma implica tres dimensiones básicas –como lo reconoce la Declaración de Río de 1992–: el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación “per se” y el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Estas tres dimensiones contienen a su vez, una serie de derechos básicos de orden procesal –tanto en sede administrativa como judicial– que en conjunto aseguran a las personas que sus opiniones no se convertirán en un ejercicio vacío y retórico de la libertad de opinión, y que por el contrario, efectivamente serán tomadas en cuenta por la autoridad pública.

(...)

ii.– El derecho a la participación pública. Implica esta vertiente, la posibilidad para aquellas personas que puedan verse afectadas o que tengan interés sobre una decisión referente al ambiente, a manifestar desde temprano sus criterios, opiniones, puntos de vista o cuestionamientos sobre la misma, sin tener estas que encontrarse sometidas a formalidades específicas para llegar a ser tomadas en cuenta. Consecuentemente, la información que se dé al administrado debe contener resúmenes no técnicos, que permita a las personas comprender la magnitud de la discusión. Asimismo, conlleva a la existencia de adecuados plazos para, de previo a la participación, se lleve a cabo una etapa para que los ciudadanos se informen.

El derecho de participación dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta Sala en un reciente precedente (ver sentencia número 2002-06466 de las quince horas cincuenta minutos del dos de julio de dos mil dos) ha establecido que la obligación de la evaluación previa de impacto ambiental, se deriva como una consecuencia necesaria del artículo 50 de la Constitución Política, siendo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente

(...)

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se caracteriza por ser un procedimiento administrativo con una nota diferenciadora, pues lo que busca es eludir o minimizar la eventual configuración de un daño ambiental, dentro de la ejecución de actividades sobre las que existe certeza acerca del efecto perjudicial que éstas producirían sobre el ambiente, de llevarse a cabo sin mediar contención alguna. En otras palabras, este instrumento corresponde a la materialización del principio de prevención, por cuanto ante una actividad que se sabe de antemano que es dañosa para el ambiente, el interesado propone una serie de medidas tendientes a evitar o mitigar el detrimento ecológico, al órgano o ente público –en este caso la SETENA– que se encarga de determinar si las mismas son las más adecuadas para tal fin. Por consiguiente, dado que este procedimiento lo que persigue en todo momento es el prever cualquier consecuencia negativa, a través de un amplio flujo de información, resulta natural entender que una de sus características es que las personas que puedan verse afectadas por el desarrollo del proyecto puedan aportar datos o puntos de vista fundamentales, que las autoridades competentes a raíz de una conducta omisiva o arbitraria podrían ignorar o dejar de lado, desprotegiendo consecuentemente al ambiente. Es así como el principio o derecho de participación implica dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, un alto grado de publicidad, al punto de que cualquier acto o solicitud que tenga un efecto significativo sobre el resultado final del mismo, debe ser de alcance general para todos los interesados, de modo que estos puedan ejercer sus opiniones en cualquier momento y no ser encasillados a un momento procesal determinado. El papel de la población como defensor de un ambiente sano, va desde ‘la cuna hasta la tumba’, es decir, desde el inicio de la actividad productiva como proyecto, hasta el fin de su vida útil, por lo que no sería admisible que en una explotación encaminada a durar por un período de tiempo indefinido, inclusive décadas –como es el caso de los proyectos hidroeléctricos–, y de consecuencias irreversibles, se limite la participación de aquellos sectores sociales que puedan verse afectados, a una etapa procesal, que como una audiencia, puede durar sólo unas cuantas horas. Así, en razón de su naturaleza preventiva, es exigible que desde el mismo momento de su inicio, un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental deba ser puesto en conocimiento de la población a efectos de iniciar un fenómeno abierto de participación. (...)” Lo que se encuentra resaltado no corresponde al original.

“… En virtud de lo expuesto, llevan razón los diputados consultantes puesto que la regulación que se pretende aprobar en el seno de la Asamblea Legislativa difiere el derecho a la participación ciudadana a un momento posterior a que se haya otorgado la concesión para la construcción, operación y administración de las marinas turísticas. En consecuencia, limita intensamente los derechos de los interesados a pronunciarse en relación a la conveniencia del proyecto en cuestión. Si bien, el artículo 9 del proyecto de ley prevé un procedimiento de consulta, audiencias públicas y oposiciones ante las autoridades competentes de otorgar la concesión, lo cierto es que, para ese momento, se carece de la información técnica apropiada de profesionales en la materia, que permita una participación fundamentada de parte de los interesados. Como se ha desarrollado a lo largo de esta consulta, la Evaluación de Impacto Ambiental se caracteriza por ser por un proceso de flujo de información relacionado con la conveniencia del proyecto, los eventuales efectos y los daños que se procuran minimizar. En consecuencia, realizar un procedimiento consultivo sin contar de previo con información apropiada de parte de profesionales en la materia, limita, sensiblemente, el derecho de las personas de participar activamente en el procedimiento que se analiza por carecer, hasta ese momento, de la información necesaria para oponerse o apoyar el proyecto que se trate. En efecto, se realiza una etapa consultiva sin que, hasta ese momento, se ponga en conocimiento de la ciudadanía el detalle del proyecto así como los eventuales efectos sobre el medio ambiente, siendo que, como se analizó en la sentencia supra citada el acceso a la información es un elemento trascendental al promover el derecho a la participación. Dicho propósito es destacado, igualmente, en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el cual, pone en evidencia que la intención de la audiencia que se realiza en el marco del EIA, es, precisamente, informar a la sociedad civil sobre la actividad, obra o proyecto que se pretende desarrollar y sus impactos (ver artículo 3, inciso 12). A la luz de lo anterior, postergar la Evaluación de Impacto Ambiental a un momento posterior al otorgamiento de la concesión, limita, sensiblemente, el derecho a la participación de las personas en relación a la defensa de un interés difuso, como lo es la efectiva y oportuna protección del medio ambiente. “

Tomando en cuenta el precedente mencionado, es evidente que la modificación del proyecto minero Crucitas requería, no sólo de un nuevo estudio de Impacto Ambiental, sino que era necesaria la convocatoria a una nueva Audiencia Pública. Según se dijo en la sentencia transcrita, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es un instrumento que corresponde a la materialización del principio de prevención, por cuanto ante una actividad que se sabe de antemano que es dañosa para el ambiente, el interesado propone una serie de medidas tendientes a evitar o mitigar el detrimento ecológico, al órgano o ente público –en este caso la SETENA– que se encarga de determinar si tales medidas son las más adecuadas para tal fin. Por consiguiente, toda persona que pueda verse afectada por el desarrollo del proyecto puedan aportar datos o puntos de vista fundamentales. Así entonces, Setena no solicitó un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo al variarse el diseño del Proyecto Crucitas presentado en diciembre del 2007 por la empresa (según el cual se modifica la extracción de 8.5 a 22 millones de toneladas en el total de rocas y suelo extraídos, multiplicándose por seis la profundidad de extracción), sino que lo aprueba el 04 de febrero del 2008, sin antes haber convocado nuevamente a audiencia pública, tal como lo hizo inicialmente, violándose así el derecho al ambiente y el derecho de participación ciudadana. Tómese en cuenta que, para quien suscribe este voto, la convocatoria a la ciudadanía es responsabilidad de SETENA y nunca puede considerarse que reuniones convocadas por la empresa interesada con algunos grupos de la comunidad, puedan suplir dicha obligación constitucional. Nótese además que la modificación presentada implicaba, entre otros, un cambio drástico en la profundidad de las excavaciones, que pasarían de 15 metros a 67 metros (ver la resolución no.170-2008-SETENA del 04 de febrero del 2008 donde aprueba la modificación al proyecto), lo cual requería nuevamente de un estudio de impacto ambiental. El plazo de aprobación de la modificación, dos meses después de presentada, es a todas luces insuficiente para realizar las valoraciones que las modificaciones ameritaban. No existe ninguna evidencia clara que demuestre que exista una similitud esencial entre el alcance y contenido del proyecto original y la modificación posterior, por esta razón un control técnico tan trascendental como el estudio de impacto ambiental y de igual forma, un control político tan importante como la consulta a los ciudadanos, no podían soslayarse.

C. La insuficiencia y debilidad del cálculo sobre el costo medioambiental del proyecto. A partir de la simplificación y las omisiones en torno a la declaratoria del proyecto como de interés nacional, se evidencian contravenciones al bloque de constitucionalidad.- La declaratoria de conveniencia nacional del proyecto minero fue uno de los requisitos necesarios para otorgar la autorización del cambio de uso de suelo en el inmueble donde la empresa recurrida desarrolla el proyecto, toda vez que tales terrenos se encontraban clasificados como de cobertura boscosa. En este sentido, en virtud de lo establecido en el inciso b) del artículo 19 y el artículo 34 de la Ley Forestal, si el Poder Ejecutivo declara el proyecto de conveniencia nacional, se elimina la prohibición de cambio de uso de suelo. Ahora bien, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria (véase el inciso m del artículo 3 de la Ley Forestal) para que el Poder Ejecutivo proceda con dicha declaratoria, debe tenerse por acreditado que los beneficios sociales del proyecto son mayores que los costos socio-ambientales. Por ello, es cierto, como lo dice el voto de mayoría que “En definitiva, si el Poder Ejecutivo estima que un proyecto minero puede o debe ser declarado de conveniencia nacional, deberá tener por acreditada la superioridad de los beneficios sobre los costos mediante la aplicación de los procedimientos o instrumentos apropiados.” Sin embargo, es justamente en este aspecto en que planteo mi voto disidente, pues el decreto del Poder Ejecutivo no fundamenta de forma debida, suficiente y certera que el proyecto minero en cuestión conlleve más beneficios que costos. Y los argumentos que brindan los recurridos para tener por cumplido este requisito -que resulta trascendental para este Magistrado, entratándose de materia tan sensible como la ambiental- resultan inadmisibles, tal como se explica. En primer lugar, el informe de valoración económica de efectos ambientales y beneficios sociales realizado por Juan Muñoz Giró, si bien es cierto concluye que los beneficios son mayores a los costos, fue realizado en febrero del 2009 cuando el decreto data del 17 de octubre del 2008. Es decir, este informe no puede venir a sustentar el decreto pues, no sólo el informe es emitido con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto, sino que además, dicho informe es realizado hasta con posterioridad a la solicitud de prueba para mejor resolver que hiciera esta Sala el 25 de noviembre del 2008. En segundo lugar, no puede asumirse que, por el sólo hecho de contar el proyecto minero en cuestión con viabilidad ambiental, debe suponerse que con ello queda ya demostrada la superioridad de los beneficios respecto de los costos, tal como lo hace la Secretaria de SETENA mediante oficio SG-ASA-259-2008 del 10 de octubre del 2008. En este sentido, el fundamento que debió haber quedado demostrado en el decreto en cuestión, no queda suplido per se por el hecho de contar con la viabilidad ambiental. Máxime cuando, según se dijo en el párrafo anterior, el proyecto original fue modificado sin contar con una audiencia pública previa y sin que se realizara un nuevo estudio de impacto ambiental. En tercer lugar, del examen minucioso de lo que dice el decreto en cuestión, se observa que los únicos considerandos referidos a dicho sustento son los VII, VIII y IX, concentrándose el VII y IX en los beneficios –básicamente económicos- y el VIII someramente a los costos. Con lo cual, el decreto se refiere a los beneficios, pero prácticamente es nulo en la explicación de los costos, omisión que torna imposible hacer el balance y la ponderación que requiere la minería metálica a cielo abierto. En este caso, por las características y el impacto de este tipo de actividad minera, cuyos efectos al medio ambiente no son inocuos, se debieron evaluar los costos al medio ambiente del proyecto; esta evaluación incluye el tema del costo del agua, la biodiversidad, la movilización y traslado de miles de toneladas de tierra y piedras, etc. En una actividad de minería de este tipo, según se expuso, la evaluación no puede concentrarse en los parámetros económicos tradicionales, sino que deben evaluarse otros insumos que usualmente pasan desapercibidos, especialmente los que se refieren al medio ambiente. Se requiere una valoración que determine el costo e impacto a la biosfera, al recurso hídrico, la diversidad biológica, etc. Sin duda alguna es importante evaluar el costo de los impactos irreversibles en cientos de hectáreas en la cobertura boscosa (flora y fauna), aire, suelo, aguas superficiales, aguas subterráneas, geomorfología, paisaje y en las comunidades. El hecho que se ignore el costo de estos impactos irreparables, que no se contabilizan tradicionalmente, no los convierte en bienes constitucionalmente irrelevantes. La trascendencia y la complejidad que tiene el costo medioambiental requiere una evaluación específica y cuidadosa, evitando su minimización, como se hace en la declaratoria de conveniencia nacional. La eliminación completa de cobertura vegetal y del suelo de un área de 227.6 has2., que incluye una extensión aproximada de 192 hectáreas de bosque (en diferentes grados de intervención y crecimiento) y 67 hectáreas de potrero, sin desconocer que el proyecto también incide sobre ecosistemas acuáticos como ríos, quebradas y caños. La formación de dos tajos de cincuenta hectáreas de extensión de cincuenta o sesenta metros de profundidad, son variaciones que tienen un costo medioambiental importante, cuyo efecto y contabilización no puede ignorarse. Los planes de compensación que de buena fe propone la empresa minera, quizás parte de una visión ingenua, de consecuencias impredecibles en las próximas décadas, pues bien sabemos que un bosque tropical y sus ambientes acuáticos, no se reponen de un día para otro; quizás se asume que se puede destruir la naturaleza y posteriormente restaurarla sin mayores quebrantos. Poco se conoce de muchas de las especies de árboles se cortarán en el proyecto, especialmente las más raras y endémicas. En este sentido, el proyecto minero “crucitas” contraviene el artículo cincuenta constitucional, porque no existe un fundamento cierto que demuestre que el costo y al daño al medio ambiente es inferior a los beneficios económicos que producirá el proyecto. El valor social que representa el medio ambiente, exige, en concordancia con la constitución, una evaluación privilegiada y cuidadosa. Todas estas omisiones e insuficiencias inciden en el fundamento mismo de la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto. Una actividad a cielo abierto que tiene un costo medioambiental tan alto, requiere una evaluación de este extremo para alcanzar la legitimidad constitucional que exige un derecho de tanta trascendencia como el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En cuarto lugar, no existió un único documento que se refiriera a los costos socio ambientales, tal como se admitió en la vista realizada, además tampoco existía una única metodología predeterminada normativamente sobre la forma de ponderación dichos costos, todo lo cual otorga un margen de discrecionalidad muy amplio, situación incompatible con la certeza que se necesita tener en materia ambiental. Debo destacar que durante la audiencia oral celebrada en noviembre del dos mil nueve, los representantes de SETENA manifestaron que no existía un estudio específico sobre los costos y beneficios socio-ambientales. Esta imprecisión, si bien no demuestra, por sí misma, una ignorancia absoluta sobre la evaluación mencionada, estimo que sí evidencia que ese punto no tuvo una consideración prioritaria y determinante, confirmándose la omisión e imprecisión que he mencionado respecto de la evaluación costo-beneficio socio-ambiental. En este sentido, sin pretender hacer una evaluación crítica sobre estudios específicos y especializados, cabe mencionar que la primera evaluación de costes que consta en el expediente del proyecto de minería metálica a cielo abierto de “CRUCITAS”, que es un documento de veinticinco páginas con un anexo que contiene un estudio de factibilidad de fecha seis de abril del dos mil uno, que presentó el master Edwin Vega Araya, no contiene ninguna referencia específica sobre costos y beneficios socio-ambientales. Posteriormente, se presenta un estudio sobre valoración socio-ambiental y beneficios sociales del proyecto, que suscribe el profesor Juan Muñóz Giró; sin embargo, este estudio, como se expuso supra, se conoció después que se emitió el decreto que declaraba de conveniencia nacional el proyecto. Es decir, que la evaluación de los beneficios y costos socio-ambientales se hizo después que la Administración había considerado de conveniencia nacional el proyecto. Esta evaluación tardía y extemporánea de un extremo tan trascendental, evidencia que el costo medio ambiental no era un parámetro significativo y de relevancia. Indudablemente debió ser un enfoque imprescindible en el nuevo estudio de impacto ambiental que debió exigirse ante la variación sustancial del proyecto de explotación minera a cielo abierto. Finalmente, también resulta cuestionable y quizás merecía un análisis de constitucionalidad, lo relativo a las normas que posibilitan la declaratoria de conveniencia nacional de un proyecto de minería metálica a cielo abierto. Tal estudio requería un análisis de constitucionalidad, sin embargo, en el voto de mayoría, se desechó tal posibilidad. La declaratoria de conveniencia nacional del proyecto, exigía una evaluación específica del costo socio-ambiental, superando su tradicional invisibilización o infravaloración. El Poder Ejecutivo no procedió de forma constitucionalmente aceptable a sustentar que los beneficios del proyecto en cuestión eran superiores a los costos, especialmente los socio-ambientales, por esta razón la declaratoria de interés nacional del proyecto minero “crucitas”, resulta inconstitucional, pues no cumple con las exigencias que contiene el artículo cincuenta de la constitución.

Conclusión: Conforme a los argumentos recién expuestos, quien suscribe este voto disidente estima que existían suficientes razones para declarar con lugar el recurso, por violación al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y al derecho de participación ciudadana, siendo lo procedente anular todo lo actuado con anterioridad a la aprobación del proyecto de modificación del proyecto minero, en cuento el decreto ejecutivo que declaró la actividad de conveniencia nacional, para que en su lugar SETENA procediera a convocar nuevamente a una audiencia pública antes de aprobar la modificación, y procediera nuevamente a realizar un estudio de impacto ambiental.

Fernando Cruz Castro

Magistrado

VCG08/2020

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONCESION.

Nota separa del magistrado Cruz Castro:

Las debilidades institucionales en la evaluación y el control de los temas de medio ambiente. En la discusión y análisis de la minería metálica a cielo abierto del proyecto crucitas, he identificado algunas debilidades que comprometen el control eficaz y oportuno de las actividades que inciden en el medio ambiente. Dentro de las posibles debilidades mencionadas, destaco las siguientes:

1- No es conveniente que la financiación del costo del regente ambiental lo asuma la corporación sometida al control medio ambiental. Este vínculo entre el contralor y el controlado, podría distorsionar seriamente las funciones que debe cumplir el regente ambiental.

2- En proyectos de trascendencia medioambiental, el estudio de impacto ambiental (EIA) debe tener un procedimiento de control y evaluación que no dependa, exclusivamente, del Poder Ejecutivo; en este sentido, se podría potenciar un régimen jurídico legal que le reconozca a los centros universitarios del país un mayor protagonismo en el análisis y evaluación de los estudios de impacto ambiental. El fortalecimiento de la instancia de control y evaluación es conveniente, porque no puede ignorarse que el estudio de impacto ambiental lo financia la empresa que pretende demostrar que su actividad no contraviene las exigencias del artículo cincuenta de la Constitución.

3- Las graves limitaciones de recursos de las instituciones estatales encargadas del medio ambiente, es palpable en el caso de la concesión de la minería a cielo abierto de crucitas, ya que SENARA no pudo realizar un estudio hidrogeológico, debiendo validar el que presentó la empresa ECOAMBIENTE S.A. y que fue sufragado por la misma corporación que gestiona la concesión.

4- La debilidad estatal en las actividades de control y supervisión de la concesión minera crucitas, también se evidencia ante las obligaciones que asume la empresa Industrias Infinito, al establecer el contrato de concesión que la empresa deberá prestar colaboración con el Gobierno en la capacitación de funcionarios públicos de las dependencias que deben ejercer control de la actividad minera. Esta capacitación pretende que los funcionarios adquieran criterios idóneos. Nuevamente la empresa fiscalizada tiene una clara incidencia en la definición y el perfil de los parámetros a los que podría ser sometida.

Las debilidades mencionadas evidencian las graves limitaciones que tiene la Administración frente a un mandato de tanta trascendencia como el que contiene el artículo cincuenta de la Constitución. La tutela de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado requiere una mejor definición institucional y mayor cantidad de recursos, especialmente si se pretende evitar que la actividad minera ocasione daños graves e irreparables al ambiente.

Fernando Cruz C.

VCG08/2020

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Texto de la resolución
*080140680007CO*

Exp: 08-014068-0007-CO

Res. Nº 2010006922

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril del dos mil diez.

 

Recurso de amparo, interpuesto por Edgardo Vinicio Araya Sibaja, mayor, soltero, Abogado, con cédula de identidad número 2-483-663, a favor de la Asociación Norte por la Vida, contra el Ministerio de la Presidencia; el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; e Industrias Infinito Sociedad Anónima.

Resultando

  1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las una hora y dieciocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil ocho, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Industrias Infinito S.A. y SETENA, en razón de que, según su criterio, la empresa minera para llevar a cabo el Proyecto en Crucitas va a arrasar una zona de protección de quebradas y nacientes en el área de las excavaciones y de las zonas de relaves donde se construirán lagunas para almacenar material cianurado. Además, deberá desviar quebradas y afectar zonas de recarga acuífera, con lo que se afectarán importantes acuíferos superficiales como las quebradas “La Plata” y “La Mina”, así como zonas de recarga acuífera. Señala que el 21 de mayo del 2008 la empresa solicitó ante el MINAE cambio de uso de suelo, para lo cual se aprobó un plan de manejo que va a arrasar con 262 hectáreas. Indica que el 17 de julio del 2008 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número 201 el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, en el que la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones decretaron de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero las Crucitas. Asimismo, autorizaron a cortar los árboles que requiera el proyecto incluyendo especies en veda (almendro amarillo, hábitat de la lapa verde) omitiendo las hectáreas que se cortarán, asimismo refiere que los beneficios ahí establecidos son sólo meras expectativas. Refiere que este Decreto no tiene asidero técnico y que el considerando IV no fundamentó la declaratoria de corta, además de que es absolutamente omiso en cuanto a la valoración del costo socio-ambiental que implicaría la destrucción total de más de 196 hectáreas de bosque, de zonas de protección de ríos y quebradas que invadirá y destruirá la empresa minera, con su consecuente afectación del recurso hídrico. Todo lo anterior, en su criterio, lesiona el derecho a un ambiente sano, por lo que solicita que se declare con lugar el recurso y se anule por inconstitucional el decreto impugnado.

2.- Por escrito presentado el 23 de octubre de 2008 a folio 45, José Merino del Río, mayor, casado, con cédula 8-046-249, politólogo y sociólogo, diputado, y Heidi Murillo Quesada, mayor, soltera, con cédula 2-522-758, contadora, vecina de Ciudad Quesada de San Carlos, en su condición de representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) presentan recurso de amparo contra el Presidente de la República, por cuanto acusan que la solicitud de cambio de uso de suelo de bosque a minería de oro a cielo abierto, con lixiviación de cianuro, que se pretende realizar en una zona de alta vulnerabilidad ambiental que se encuentra a menos de tres kilómetros en línea recta de la margen costarricense del río San Juan, área que es muy cercana a varias áreas silvestres protegidas destinadas a proteger especies en peligro de extinción, como es el caso de la lapa verde. Señalan que del total del área que resultaría afectada por el cambio del uso del suelo, al menos 191 hectáreas 7782.66 metros cuadrados son terrenos cubiertos de bosque. Acusan que el plan de cambio de uso del suelo pretende realizar la tala rasa, es decir, la eliminación total de árboles y de cobertura vegetal en un área total de 262 hectáreas.  Además, podrían afectar las áreas de protección de quebradas y nacientes superficiales, como quebradas La Plata y La Mina, así como zonas de recarga acuífera. El 21 de mayo del 2008 la empresa solicitó ante el MINAE cambio de uso de suelo. Indican que el 17 de julio del 2008 se publicó en el Diario Oficial la Gaceta Número 201 el Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAET de las trece horas del día trece de octubre del dos mil ocho, en el que la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones decretaron de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Las Crucitas. Asimismo, autorizaron a cortar los árboles que requiera el proyecto incluyendo especies en veda. Refieren que este decreto no tiene asidero técnico y que permite la actividad minera y la declara de interés público, a pesar de cambiar el uso de suelo en terrenos de bosque y talar árboles en áreas de protección del recurso hídrico. El decreto es omiso en la necesaria valoración del costo socio-ambiental que implicaría la destrucción total de zonas de protección de ríos y quebradas, con su consiguiente afectación del recurso hídrico y de especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción. El decreto carece de una base científico-técnica que, en forma objetiva, permita valorar el costo socio-ambiental de la destrucción del bosque y de áreas de protección del recurso hídrico y que permita determinar con certeza que el beneficio social de esa destrucción es mayor que el costo socio-ambiental de la misma. El mismo 17 de octubre de 2008 la Subregión San Carlos-Los Chiles de MINAE autorizó el plan de cambio de uso del suelo de la empresa minera, por lo que al menos desde esa fecha y durante los días siguientes se realizaron actos de tala de árboles y destrucción de la cobertura vegetal en el área del proyecto minero “Las Crucitas” sin que hasta la fecha se hayan cuantificado los daños ambientales ocasionados al bosque, la biodiversidad, la vida silvestre en peligro de extinción y los cuerpos de agua. En su criterio, el término de conveniencia nacional utilizado en el artículo 2 del Decreto cuestionado está viciada de inconstitucionalidad, por lesionar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Indican que cualquier interpretación al respecto debe realizarse en forma restrictiva y a favor del principio pro homine. Solicitan que se les conceda plazo para interponer acción contra el artículo 2 del Decreto en cuestión y se acumule este recurso al 08-014068-0007-CO. 

3- A folio 72 consta escrito presentado por Gladis Martínez de L. quien en representación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), mediante el cual aporta escrito en que ofrece información ya que le pidió al Presidente de la República la suspensión de la autorización del proyecto Minero.

4.-  Informan bajo fe de juramento Roberto Dobles Mora, en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Sonia Espinoza Valverde en su calidad de Secretaria General de SETENA (folio 95 del expediente) que es cierto que la empresa solicitó al SINAC el permiso para el cambio de uso de suelo, solicitud que fue tramitada mediante el expediente AH-O1-PM-003 2008 para lo cual se le pidieron los requisitos correspondientes. Aclaran que no son 262 hectárea de bosque lo que autorizó talar, sino 191.77 en área de bosque, 66.94 en áreas de uso agropecuario sin bosque y 4.17 en plantaciones.  Indican que el Decreto del Presidente se publicó efectivamente el 17 de octubre del 2008 y no reviste ilegalidad alguna. Refieren que la Ley Forestal permite el manejo forestal de los bosques en propiedad privada para obras o proyectos que fueron declarados de interés público y conveniencia nacional por la necesidad de hacer el cambio de uso de suelo con planes de manejo forestal, de conformidad con los artículos 33 y 34.  Indican que el proyecto contó con una evaluación de impacto ambiental y se le otorgó la viabilidad ambiental número 3638-2005 SETENA. Por otro lado, indican que el recurrente citó parcialmente los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal, y que el legislador mediante el numeral 19 estableció claramente la manera de manejo de los bosques, donde aún cuando se prohíbe el cambio de uso de suelo con fines maderables, esta prohibición no es irrestricta, por el contrario, previsoramente el legislador le dejó al Estado la herramienta para poder autorizar actividades en casos en los que la conveniencia nacional así lo justifiquen y siempre que la finalidad del cambio de uso sea distinta al puro aprovechamiento del recurso maderable, declaratoria que le corresponde al Poder Ejecutivo. Refieren que los estudios se han realizado durante diez años y que los impactos han sido debidamente evaluados, las medidas de mitigación y compensación para los impactos no mitigables. Señalan que para la declaratoria de interés público y conveniencia nacional medió un amplio estudio del caso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos de Paz con la Naturaleza, ambos documentos regidos por el principio de desarrollo sostenible en tanto exigen la triple viabilidad del proyecto (ambiental, social y económico). Indican que existe suficiente certeza científica de que no va a hacer peligrar la población de la lapa verde ni su hábitat. Según el plan de gestión ambiental adscrito al Estudio de Impacto Ambiental, el área total del proyecto es sólo objeto de paso ocasional de la lapa verde, además se determinó que no es un área de anidamiento para esta especie, por lo que sólo debe garantizar la fuente de alimento de las aves, para lo que se prevé el mantenimiento y enriquecimiento de un corredor biológico internúmero. El proyecto cuenta con un área a reforestar de 382 hectáreas totales de las cuales se han reforestado 42 con la especie de almendro para un total de 2500 árboles de esa variedad, además se conformó un vivero de 2 hectáreas con capacidad de producir 67.500 árboles por año. Dentro de los compromisos ambientales se estableció: 1- Instalación de un centro de capacitación para el INA con el fin de dar cursos de corte y confección, acuicultura, agricultura orgánica, producción de queso, pintura sobre tela y manipulación de alimentos; lo cual genera nuevas pequeñas empresas y beneficios. 2- Empleos directos en fase de construcción: 300, indirectos: 1.265, en fase de operación: 250. 3- Mejoraría de la calidad de vida de 7 comunidades: apoyo a la cooperativa de productores de las comunidades, programas de mejoramiento de calidad de vida, mejoramiento del acueducto. 4- Previo a la construcción del proyecto la empresa dio inicio a una serie de programas (Capacitación para microempresarios, capacitación laboral, crear Oficina de Atención al Ciudadano, la construcción de 4 puentes, mantenimiento de caminos, entre otros) 5- Mano de obra durante 11 años. 6- la inversión será de US $65.000.000 lo cual se usará para comprar materiales, servicios profesionales, maquinaria, contratistas, etc. 7- Una planilla anual en US $4.132.859, 8- La obtención de un impuesto local en ocho años de -US $11.529.263 y al gobierno central por un total de $70.322.309. 9- Se maneja un fideicomiso para desarrollar obras sociales y acciones en la comisión de monitoreo que recibiría por año US $364.063. Indican que además que por acción se declaró constitucional la excepción contemplada en el artículo 19 y 34 de la Ley Forestal  en sentencia número 2006-17126. Rechazan lo acusado en cuanto al Decreto, por cuanto indican que éste sí cuenta con fundamento técnico científico suficiente. Refieren que el Plan de Gestión Ambiental garantiza el balance hídrico, para ello se adjuntó un estudio hidrogeológico. Para ese balance es importante el lago, ya que así el material estéril quedará cubierto y no se producirá drenaje ácido y los ecosistemas acuáticos no van a ser objeto de daño ambiental. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

      5.-  Por escrito presentado el 24 de octubre de 2008, Marcos Elizondo A. manifiesta su oposición al proyecto y solicita que se declare con lugar el recurso (folio 116).

6.- Por resolución de  las once horas y trece minutos del veintiocho de octubre de dos mil ocho la Magistrada Instructora ordenó desglosar el escrito presentado por FECON para que se tramitara como un asunto nuevo por acusar la inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto Ejecutivo 25721-MINAE. (folio 118).

 7.- En resolución de las catorce horas y nueve minutos del veintiocho de octubre de dos mil ocho, la Magistrada Instructora aclara la medida cautelar de suspensión y ordena suspender toda tala e incluso la aplicación del decreto ejecutivo 34801-MINAET (folio 119).

8.-  A folios 127 y 128 del expediente consta la solicitud que hizo la Fiscalía General de los expedientes administrativos en relación con el proyecto minero por la causa penal abierta contra el Presidente de la República por el delito de Prevaricato.

9-  Por escrito presentado por Carlos Navarro Fumero pide que se revoque el permiso de destrucción del bosque (folio 129).

10-. Por escritos presentados a folios 130 a 139, Henry Arias, Sharling Arcia Arce, Adriana Garuolis, Estefanía Fresno Vega, Elena González, Adult Dentistry of Costa Rica, Daniel Sánchez, la Asociación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú, se manifiestan en contra del proyecto Crucitas y abogan por la protección del ambiente. 

11- Por escrito presentado el 31 de octubre de 2008, José Merino del Río y FECON solicitan a la Sala que se le otorgue plazo para interponer acción (folio 141).

12.- El 31 de octubre de 2008 se apersonaron a la Sala los diputados de la Fracción del Partido Acción Ciudadana: Patricia Romero B, Marvin Rojas, Sergio Alfaro Salas, José Joaquín Salazar, Leda Zamora Chaves, Alberto Salom, Orlando Hernández Murillo, Patricia Quirós Quirós, Lesvia Villalobos Salas, Olivier Pérez González, Rafael Elías Madrigal Brenes, Francisco Molina, así como José Merino del Río y Oscar López como coadyuvantes activos solicitando la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo número  34801-MINAET (folio 143).

13.- En escrito presentado el 3 de noviembre de 2008, V. Vargas Elizondo, Wyna Araya Salazar, Víctor Peña N., Rolando Solano, Eduardo Chinchilla Blanco, Cristian Villegas Araya, Mario Alfaro, Daniel Campos Rodríguez, César Stiven León Solís, Mainor Q. B., Marta Quirós, Jorge Miranda Porras, Vilmer Castro, Carlos Luis Rojas Porras, Adrián Ramírez, Luis A. Suárez, Jeffrey Morera Chacón, Walter Rojas Oviedo, Deylin Bolaños Araya, Franciny Alfaro piden que se les tenga como coadyuvantes aunque no indican si pasivo o activo (folio 148 a 152).

14- Por escritos adjuntos del folio 154 a 158 del expediente, Jonathan Rodríguez Berrocal, Franklin Araya Gamboa y  Priscila Gamboa Calvo, piden que se les tenga como coadyuvantes aunque no indican si pasivo o activo.

15- Juan José Bolaños, José Luis Rosales, Jeannina Barrientos Ching, Diego Grooscors Antillón, Leonor Isabel Antillón, Ronaldo Hirsch Keibel, Isaac Jiménez Morera, manifiestan su desaprobación respecto al proyecto y abogan por un ambiente sano (folios 160 a 167).

16- Por escritos adjuntos del folio 169 a 171 y 183 del expediente, Erica Camacho Sánchez, Sonia Arce Torres y Sonia Isabel Villegas Salas piden que se les tenga como coadyuvantes aunque no indican si pasivo o activo.

17- María Adilia Chavarría, Jorge Arturo Barrantes Murillo, Manuel Rojas Monge, Hansel Ramírez Rodríguez, Andrea Mariela Araya Sobaja, Dionisio Jorge Cabal Antillón, F. Arroyo Rojas, David Rueda Vega, Iván Alonso Murillo, Marta Eugenia López Subirós, Edgar Francisco Mora Guerrero, Marcos Chinchilla Montes, Seidy Jiménez Tabash, María Isabel Watson, Hannia Rodríguez Mora, José Luis Rosales, Sol Fernández Bustamante, Marcela Zamora Cruz, Rosaura Castro Torres, Laura Chinchilla Alvarado, Marianela Valverde Varela, Roberto Aguilar Rodríguez, Claudio Madrigal, José Heriberto M., Asdrúbal Vargas Molina, Iván López Quesada, Eduard Rodríguez, Yendry Rodríguez, nombre ilegible cédula 2-324-021, Fabricio Vargas, Isidro Marín Díaz, Carlos Campos, Jimmy Araya Villalobos, Luis Angel Arroyo, Eduardo Salazar, Adolfo Sánchez, Miguel Paniagua Guzmán, Juan Carlos Arce, Mauricio Miranda Zeledón, José Enrique Sandí, Jonathan Villalobos Chaverri, Heriberto González Carballo, Iván Francisco Sancho Solano, Hilda Quesada Carvajal, Jorge Mario Madrigal Huertas y Blanca Arguello Fernández,   manifiestan su apoyo al amparo contra el proyecto minero (folios 173 a 181 y 185 a 197, 202, 204, 207, 217, 219, 223, 231, 233, 235, 237, 239 al 249, 255) 

18- Por escrito presentado a folio 199, el recurrente solicita a la Sala que se realice un peritaje y una inspección al lugar, así como evacuación de prueba testimonial de dos vecinos.

19- El 3 de noviembre de 2008 Nicolás Boeglin remitió a la Sala las manifestaciones de la Universidad Nacional y la de Costa Rica rechazando la explotación de minería a cielo abierto (folio 209).

20- El 3 de noviembre de 2008 José Eduardo Vargas Rivera en su condición de Presidente del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y La Paz Social se apersona a favor del gobierno, pues se refiere a una deforestación controlada que no produce impacto sino un programa de mayor reforestación. Indica que es necesario mejorar la educación y fuentes de trabajo para erradicar la pobreza y la delincuencia (folio 226).

21-Del folio 257 al 436 varias personas se apersonan al expediente en apoyo de este recurso de amparo.

22- Informa John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, ambos en su condición de apoderados generalísimos de Industrias Infinito S.A. (folio 437) que el proyecto en cuestión, se trata de un proyecto cuya fase de exploración se inició desde 1993 a 1998. En el año 2001 se le otorgó la concesión minera, en el siguiente se presentó a SETENA el estudio de impacto ambiental. En el año 2004 se realizó la audiencia pública en la comunidad, en el siguiente SETENA otorgó la viabilidad ambiental para el modelo saprolita. En el 2008 SETENA otorgó viabilidad ambiental para hacerle modificaciones al proyecto entre las cuales: 1- se redujo el área de extracción en un 60%, de manera que sólo ocupará un 15% de la propiedad, 2-se aumentó el área a reforestar de 336 hectáreas  a 382 y con especies nativas para conservación, se plantarán 611 mil árboles, de modo que se conectarán más de 800 hectáreas existentes de bosque fragmentado, lo que equivale a conservar aproximadamente un millón de árboles más. 3- No se utilizará 30 mil litros diarios de diesel para generar electricidad con una planta de generación aprobada por SETENA, por lo que no se emitirán 3.3 toneladas de CO2. 4- Para dotar de electricidad a Crucitas, la compañía donará a COOPELESCA una línea de transmisión de 69 KW de $6 millones de 74 km, por lo que otras empresas podrán conectarse. 5- En el proceso de minado: se obtendrán materiales arcillosos o saprofita y la roca dura que contiene el oro, los que serán procesados mediante un lixiviado en un circuito cerrado de cianuración en tanques completamente cerrados y controlados que se ubicarán en zona segura para contener en una emergencia todo el volumen existente, lo que garantiza más de un 20%  adicional como factor de seguridad, que funcionará de manera independiente permitiendo la recirculación del agua del proceso, así como de insumos para su procesamiento, es decir un circuito hidráulicamente cerrado. En forma permanente funciona además una planta de destrucción de cianuro a través del proceso Cyplus, con la cual se bajan los niveles incluso a niveles más bajos que los que exige la normativa vigente. El uso de explosivos será seguro y acorde a la legislación. Existe ya una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental conformada por 14 miembros que representan a cada una de las siete comunidades de la zona, la DGM, la Municipalidad, la empresa, el Ministerio de Salud, ACAHN, SETENA, Asociación Ambientalista involucrada, y además una Comisión de Monitoreo Ambiental. Respecto al drenaje ácido, éste ocurre cuando la oxidación de los minerales sulfurosos contenidos en las rocas son expuestos al aire y al agua, si alguno de esos factores no interacciona con el resto, no se produce. En todo caso utilizan un factor de seguridad en el que mantienen todo sumergido a 2 metros bajo el nivel del agua en el área de relaves, al igual que en Canadá y en Europa, por eso se llama Laguna de Relaves. La empresa lleva invertidos $57.553.519.00 en el proyecto. Con respecto al tema de aguas: mediante el oficio número IMN-DA-1358-2008 del diecinueve de mayo del año pasado, el Departamento de Aguas validó el inventario de Corrientes en la Zona de Explotación, el Embalse de Relaves y Aforos en los Sitios de Captación. Asimismo, SENARA mediante el oficio número ASUB-279-2008 del catorce de julio siguiente avaló el estudio denominado “Estudio Hidrogeológico” (pero este se refiere sólo al tanque de combustible), además se realizan constantes inspecciones al proyecto;  existen más de 20 planes de monitoreo y protocolos ambientales y se cuenta con un plan de Cierre Técnico de la Mina. Hace tres años implementó la instalación y mantenimiento de un vivero forestal con especies nativas de la zona y a la fecha existen más de 67.500 árboles nativos de los que 15,000 son almendros amarillos y se han reforestado unas 15 hectáreas correspondientes a unos 24.000 árboles ya plantados, y desde hace diez años se han reforestado áreas de potrero. Con el cambio de uso de suelo, las especies a cortar no son de bosque primario sino secundario. El cambio de uso de suelo se permitió por todas las compensaciones que se debieron hacer con relación a la reforestación, pues por cada árbol cortado se deben sembrar cincuenta y por cada almendro se sembrarán cien, en las áreas a reforestar que comprenden 382 hectáreas. Con la venta de madera se financian otras áreas de protección, se financiarán monitoreos, y un fideicomiso para inversiones en la comunidad. Refiere que en el área del proyecto no existe ningún área silvestre protegida. Indican que en el estudio de impacto ambiental y su anexo se estudiaron adecuadamente las condiciones de las quebradas y ríos de la zona de influencia del proyecto, así como de los cauces. Refiere que el acuífero regional no es explotado por la comunidad y no es potable (por los valores de ph o acidez). Con relación al acuífero que es más superficial, es muy limitado por las variaciones topográficas y por la distancia a que se encuentran ni siquiera alcanzaría la distancia de los tajos. Refiere que en ese acuífero se albergan materiales arcillosos, o sea de baja a muy baja productividad y cubierto de una superficie muy impermeable, por lo que la posibilidad de que alguna contaminación pueda infiltrarse es muy baja a nula. La lapa verde tiene su área de anidación fuera del área del proyecto, sí es zona de paso y de busca de alimentos, lo cual se está previendo con las medidas a tomar. La zona tiene múltiples áreas de árboles de almendro, existen 3.200 árboles de almendro por cada pareja de lapas. Argumenta que el proyecto está bien sustentado técnicamente. Tanto SETENA como la Dirección de Geología y Minas valoraron su viabilidad social, ambiental y económica. Indican que el recurrente no aporta prueba técnica que desmienta los criterios técnicos que le dan sustento, ni que demuestre que se esté produciendo un daño ambiental. El Decreto cuestionado se fundamenta en normas que autorizan la minería y la declaran de interés público. Asimismo, el proyecto se ajusta a las consideraciones que esta Sala ya ha emitido con relación al desarrollo sostenible (ver sentencia Número 2005-16376). Refieren que el proyecto ha cumplido con todas las disposiciones legales y que el recurrente lo que pretende es que la Sala se pronuncie sobre aspectos de índole totalmente técnicos, lo cual es improcedente. No se está poniendo en riesgo el ambiente, pues de todos los estudios se desprende que con la actividad en cuestión no se llegará a producir un daño grave o irreversible. La actividad minera no contradice tampoco los Convenios de índole internacional, así lo ha señalado la Sala en los amparos 98-1742-007-CO y 02-2714-007-CO. Indican que producto de la paralización ordenada por la Sala la empresa tuvo que suspender los contratos vigentes, lo que implicó que los contratistas despidieran cerca de 100 trabajadores y que no se les permite aplicar las medidas de mitigación ambiental correspondientes. Solicita que se declare sin lugar el recurso y se les permita aplicar las medidas de mitigación necesarias.

23- De los folios 567 al 876, 879 al 899,  966 al 971, 993 al 1007, 1087, 1089, 1091, 1095, 1096, 1098, 1133, 1134, 1316, 1318, 1345, 1348 al 1366, 1371, 1373, 1796, 1807 y 1808 varias personas se apersonan al expediente en apoyo del presente recurso de amparo.

24- El 22 de noviembre de 2008 el MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES solicitó adición y aclaración de la medida cautelar dictada por este Tribunal, por cuanto la medida se amplió al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección (folio 877).

25- Por escrito presentado el 24 de octubre del 2008 Rodolfo Leandro Ulloa, presenta el recurso de amparo 08-014454-0007-CO, en el que acusa que  no está conforme con el Proyecto Minero Las Crucitas, en Cutris de San Carlos. En virtud de ello, menciona que dicho proyecto fue señalado como de interés público -por medio de Decreto Ejecutivo-, sin considerar las especies arbóreas en peligro de extinción, así como la lista de especies arbóreas prohibidas para su "corta". Sostiene que se le otorgó el permiso de explotación a la Empresa Minera Industrias Infinito S.A, la cual procedió a la tala de árboles en la zona en que se pretendía desarrollar dicho proyecto, talando incluso árboles protegidos como el Almendro -según voto de la Sala Constitucional 13426-2008-. En razón de lo anterior, estima que las autoridades recurridas permitieron "la tala indiscriminada de especies nativas en peligro de extinción" (ver folio 1 el expediente). Asimismo, indica que la Ley Forestal y su Reglamento, no permiten el cambio total de uso del suelo, por consiguiente considera que, "la remoción  de toda la cobertura arbórea es un cambio en el uso del suelo". Aunado a ello, señala que los proyectos mineros a cielo abierto representan una amenaza para la salud pública, debido a la utilización de productos químicos muy tóxicos, lo cual podría perjudicar a los habitantes de la Zona de Cutris de San Carlos. En consecuencia, según su entender, el contenido de dicho Decreto es contrario a derecho y por ende resulta ilegal, motivo por el cual, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, declarándose nulo dicho Decreto (folio 901).

26- Por resolución Número 16489 de las veinte horas y veintiocho minutos del treinta de octubre del dos mil ocho se acumuló el amparo 08-14454 a este expediente (folio 911).

27- Con relación al amparo que se tramita en expediente número 08-14454-0007-CO informa bajo juramento Sonia Espinoza Valverde en su condición de Secretaria General de SETENA (folio 913), que a la respuesta dada se le deben agregar los informes remitidos en los amparos 08-008647-0007-CO, así como al 08-014068-0007-CO y 08-014464-0007-CO. Indica que el área boscosa que se afectará es de 191.78 hectáreas de los cuales se han cortado 66 o sea un 30% del total. El área neta del bosque será de 804 hectáreas dedicadas a la protección forestal, el área de potreros a reforestar será de 382, de los cuales ya se sembraron 16 con especies nativas. Al finalizar el proyecto será de 1.186 hectáreas de bosque de protección y se sembrarán 611.200 árboles. Indica que con las medidas tomadas en el estudio de impacto ambiental no se producirá contaminación por sustancias químicas, e indica que el proyecto cuenta con un balance hídrico adecuado, por lo que no se van a modificar sustancialmente los flujos naturales del agua por debajo del suelo, tanto en lo que respecta a las aguas superficiales como a las subterráneas. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

28-  En atención al amparo 08-14454-0007-CO informa bajo juramento Rodrigo Arias Sánchez en su condición de Ministro de la Presidencia (folio 917) que previo a la publicación del Decreto, se contaba con la viabilidad ambiental de SETENA en dos oportunidades con todas las modificaciones del caso que mejoraron sustancialmente el proyecto y los beneficios de la zona que actualmente depende de un monocultivo. Reitera los beneficios que ya fueron señalados en el informe de SETENA. Con respecto a la tala dispuesta, indica que la compensación por el cambio de uso de suelo propuesto se encuentra en el considerando IX del Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET. Indica que se valoró la triple viabilidad que tiene este Proyecto (ambiental, social y económica), lo cual es acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Paz con la Naturaleza. Refiere que no se ha escondido información, se trata de una decisión consciente en la que no se puede evitar la eliminación de dicha zona, pero sí tomar otras medidas compensatorias y de mitigación, responsablemente asesoradas y ajustadas a la Ley Forestal. Indica que ambos acuíferos fueron valorados en el estudio de impacto ambiental pero que no hay afectación, al igual que con respecto a la acusada contaminación de los ríos y quebradas por el sistema a implementar denominado CYPLUS. Indica que con relación a una eventual contaminación por emergencia existe un Capítulo dentro del estudio de impacto ambiental denominado Plan de Contingencia que incorpora todo tipo de eventualidades que podrían ocurrir. En caso de sismos la laguna de relaves contará con una estructura de rebalse o vertedor de excedencias que ha sido diseñada y aprobada en el estudio de impacto ambiental y su Anexo, con el fin de darle una estabilidad permanente al dique y para manejar en forma independiente excedentes de agua en los períodos de máxima precipitación. Además, de mantener un control permanente de la calidad del agua de rebalse, se instalará una planta dosificadora de cal al igual que en la salida de los tajos, para en caso necesario poder neutralizar el ph. La ubicación de esta planta es una medida adicional y un factor de seguridad extra, con la cual la calidad de agua del vertido es aceptable, pues cumple con la normativa internacional. El área del proyecto minero presenta las mismas características de degradación de la zona donde predominan las formaciones tipo mosaico, intercalándose áreas de grandes pastizales y algunos agroecosistemas, con parches boscosos aislados de tamaño variable. Lo que ha quedado durante el tiempo es un bosque natural empobrecido con el desarrollo de un bosque secundario. El almendro amarillo es una especie presente en toda la finca donde se desarrolla el proyecto (1474 hectáreas), no solamente en el área en que se implantará la infraestructura o el área de extracción. Con relación a la Lapa Verde precisa: 1- la finca es zona de paso para las áreas donde anidan, el remanente de árboles de almendro y treinta y siete más incorporados a su dieta que también le proporcionan frutos y forraje garantizan que no se coarta la posibilidad de alimento para estas aves. 2- el árbol de almendro amarillo en la zona, en condición de áreas abiertas tiene un promedio de crecimiento de 1.8 m de altura por año en los primeros seis años. Esto aunado a que se tienen datos de fructificación entre siete y ocho años, lo que permite tener certeza de la recuperación de áreas degradadas en pocos años. 3- el área del proyecto no es zona de anidamiento, lo cual es confirmado con los árboles que fueron talados en los cuales no se encontró vestigio alguno de nidos. El compromiso de la empresa desarrolladora del proyecto Minero Crucitas es reforestar 382 hectáreas dentro de la finca con la siembra de 611.200 árboles de especies nativas; terrenos que incluyen los que ya habían sido degradados por acción de la ganadería extensiva. Durante el desarrollo del proyecto se estipula dentro del Plan de Gestión Ambiental 20 planes de monitoreo incluyendo el medio físico y biológico que permitan tener certeza de que las medidas propuestas para la mitigación de impactos han sido las idóneas. Además, es compromiso de la empresa desarrolladora también la disposición y reubicación adecuada de especies de flora y fauna que serán impactadas dentro del área de proyecto. Sobre la inquietud de que las medidas de mitigación no son proporcionales con los impactos que genera la tala rasa, el muestreo realizado de especies herbáceas arrojó un total de 115 registros, de los cuales 56 son especies que no fueron determinadas con anterioridad. Se observa una dominancia de Araceaes, en su mayoría epífitas, así como de la familia Rubiaceae y Melatomataceae. Se reportan especies de aráceas en las zonas con algún grado de regeneración; mientras que en las zonas más degradadas, pastizales con árboles dispersos y charrales, se encontró un menor número de especies y con dominancia de pastos. Menciona que en el mes de diciembre del dos mil seis, se realizó un estudio poblacional de especies de fustales que se encuentran entre los diámetros 10-29,9 centímetros, por parte de FUNDATEC perteneciente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por parte de la Escuela de Ciencias Forestales. Este análisis permitió entregar al Área de Conservación local información científica adecuada relacionada con un estrato de bosque secundario intervenido que se ubica en el AP. Como conclusión general del estudio se obtuvo que el AP, presenta una diversidad florística de fustales que puede ser desarrollada apropiadamente en las áreas a reforestar que forman parte de las medidas de mitigación y compensación del aspecto de cobertura vegetal del proyecto, sobre todo porque estas medidas se realizarán no solo como una actividad de reforestación, más bien se pretenden desarrollar los hábitats adecuados para conformar un corredor biológico que permita el tránsito de especies de fauna pequeñas y medianas que permitan un trasiego de semillas y fauna entre los sectores este y oeste del AP que presentan mejores condiciones de hábitats que los bosques intervenidos tan fragmentados que presenta el AP. El inventario de especies forestales muestra datos en cuanto al número de árboles, volumen y área basal por hectárea, que los caracterizan como áreas muy explotadas. Aunque se observa y se muestran en algunas parcelas del estudio, datos más altos, los mismos no alcanzan a los promedios generalizados para los bosques primarios de la zona. Los bosques naturales explotados, se consideran bosques naturales “descremados” de los cuales fue extraído de forma sistemática, prácticamente todo el material que produjera ganancias. De acuerdo a la intensidad de las intervenciones, lo que queda y permanece por mucho tiempo es un bosque natural empobrecido, o bien se desarrolla un bosque de segundo crecimiento. Adicionalmente la empresa concesionaria presentó un censo elaborado por un regente forestal ante el Área de Conservación respectiva, el cual contempla diámetros mayores o iguales a 30 centímetros al igual de un estudio de regeneración natural con diámetros menores. Mientras que a la SETENA se remitió la cantidad de árboles a remover con las correspondientes medidas de prevención, mitigación y compensación, información contenida dentro del Plan de Gestión Ambiental que fueron valoradas y aprobadas por esa instancia. Indica que con esos estudios se puede asegurar que se tiene pleno conocimiento de los recursos con que se cuenta y permitió valorar si las medidas contenidas de mitigación y compensación incorporadas en el Plan de Gestión Ambiental son las pertinentes, de esta forma se llegó al otorgamiento de la Viabilidad Ambiental. Sobre el corredor que une el Refugio Maquenque con lndio Maíz, dicho corredor se encuentra en el área de influencia indirecta (no directa) del proyecto, y su impacto fue objeto de análisis en la evaluación de impacto ambiental, determinándose su viabilidad. Refiere que el artículo 50 Constitucional no ha sido violentado por la Administración como tampoco el principio precautorio con la emisión del Decreto Ejecutivo y de la  resolución de permiso forestal para el cambio de uso del suelo, por cuanto son actos ajustados al principio de legalidad y dentro del marco de las competencias constitucionales del Ejecutivo. Tampoco desconoce los votos que esta Sala Constitucional ha dictado en la materia, las disposiciones de carácter general que disponen la veda del almendro y los emitidos sobre el tema están siendo respetados y no hay derogatoria ni disposición en contrario. El decreto de conveniencia nacional es un procedimiento de excepción previsto en la ley y adoptado por el Ejecutivo con plena certeza de los impactos y la validez de las medidas de compensación propuestas. Para la declaratoria de interés público y conveniencia nacional decretada por el Poder Ejecutivo ha mediado un amplio estudio del caso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos de Paz con la Naturaleza que como ya se indicó se ajustan al Principio de Desarrollo Sostenible. Pero también se han considerado otros factores como son las manifestaciones de los otros ciudadanos costarricenses que están apoyando el proyecto y que han enviado cartas que constan en el expediente, ciudadanos que demandan al país la toma de decisiones que les permitan opciones de desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades. La toma de decisiones ha estado motivada y fundamentada en el conocimiento de los diferentes temas y la evaluación científica que el Estado ha tenido a disposición y ha apreciado como idónea y suficiente para actuar con certeza científica. En todos los actos ha mediado el acceso a la información precisa y exacta de los impactos ambientales previstos para el proyecto, el área de cobertura forestal a eliminar y los estudios y acciones del Estado para contar con la certeza científica de que no se afectará la población de la Lapa Verde. El Estado no tiene en absoluto falta de certeza, al contrario la falta de certeza y conocimiento de los expedientes es del recurrente quien tiene dudas, mismas que pudieron ser evacuadas por la Administración si las hubiera consultado. No es cierto como indica el recurrente que el Decreto número 34801-MINAET, no ha considerado lo referente al bosque, las especies de flora y fauna, o el recurso hídrico, ya que como se ha venido explicando, el hecho de que el Decreto como tal no lo indique, existen todos los estudios que le dan el soporte técnico. Respecto al hecho acusado de que el proyecto conlleva “destruir y arrasar toda zona de protección de quebradas” y “desviar una o más quebradas” con lo cual se afectarán cuerpos de agua superficial y las zonas de recarga acuífera, el Plan de Gestión garantiza el balance hídrico. El desarrollador adjuntó un estudio hidrogeológico detallado, donde se asegura que al final del proyecto tanto las aguas subterráneas como las superficiales van a contar con un balance hídrico adecuado. Para ese balance hídrico es muy importante el lago, dado que con su creación, el material estéril quedará cubierto, de modo que no se producirá drenaje ácido y los ecosistemas acuáticos no van a ser objeto de daño ambiental. Indica que la actuación del Poder Ejecutivo se ha ajustado a derecho y el decreto en cuestión fue dictado dentro del ámbito legal de sus competencias. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

29- Roberto Dobles Mora en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Sonia Espinoza Valverde en su calidad de Secretaria General de SETENA rindieron el informe respecto al amparo 08-014454-0007-CO, en exactos términos que lo hizo el Ministro de la Presidencia. Solicitaron además que se tuvieron por contestados los amparos acumulados 08-014164-0007-CO, 08-014454-0007 CO, 08-014488-0007 y 08-014593. (folio 938)

30- Por escrito presentado el 24 de noviembre de 2008, Sandra Arredondo en su condición de regente ambiental del proyecto Mina Crucitas externa a la Sala su preocupación respecto a la suspensión del proyecto como medida cautelar por las consecuencias que se puedan producir al no poder aplicar medidas de mitigación (folio 973).

31- En escrito recibido el 25 de noviembre de 2008 (folio 1008), Roberto Dobles Mora en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones manifiesta en el amparo 08-0014592-0007-CO, que presenta solicitud de levantamiento parcial de la medida interpuesta por la Sala, lo anterior en virtud de que por inspección realizada por la Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto del 13 de ese mes de noviembre se determinó que las actividades llevadas a cabo no han generado impactos ambientales no previstos en los estudios, que la empresa ha cumplido con la paralización de obras del caso, sin embargo se solicita la autorización para realizar determinadas actividades pues la paralización del proyecto sí puede producir efectos ambientales adversos que no fueron contemplados. Lo solicitado es permiso para extraer la madera cortada, disponer y dar tratamiento adecuado a los desechos vegetales presentes en el área de los tajos y de la laguna de relaves, se liberen drenajes de agua superficial y sus respectivas zonas de protección y se mantenga un control fitosanitario adecuado dentro del proyecto. Adoptar medidas de protección forestal, que se permita implementar y concluir obras para el control del sedimento y conservación de suelos y desarrollar el proceso de monitoreo.

32- El 25 de noviembre de 2008, John Thomas y Arnoldo Rudín Arias en su condición de apoderados generalísimos de la empresa Industrias Infinito S.A. solicitan la celebración de una vista (folio 1021)-

33- Por escrito presentado el 23 de octubre de 2008, Jorge Rodríguez Fonseca, con cédula 3-234-169 presenta el amparo 08-0014375-0007-CO en el que manifiesta que no está conforme con el Proyecto Minero que se pretende desarrollar en la zona de Cutris de San Carlos. Indica que con la aprobación de dicho proyecto, hectáreas de bosque serán deforestadas. Manifiesta que se dedica únicamente al turismo; por ello, considera que con la aprobación del proyecto referido muchas personas perderán el empleo, principalmente las que se dedican al turismo. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita el recurrente que  se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

34- Por resolución número 2008-16545 se acumuló el expediente 08-14375 a este expediente (folio 1027).

35- Mario José Suazo Palma, con cédula 8-062-004 presenta el amparo 08-0014461-0007-CO y acusa que se ha otorgado permiso a una empresa privada para realizar labores de minería a cielo abierto en Las Crucitas, lo cual va a producir daño de la naturaleza y de las especies de aves y mamíferos que habitan en ese lugar. Manifiesta que se habla de conservar la naturaleza, y por el contrario se van a destruir las montañas y todos sus seres vivos que están en el bosque.  Solicita que se declare con lugar el recurso (folio 1030).

36- Por resolución número 16549 de las catorce horas y treinta y cinco minutos del cinco de noviembre del dos mil ocho se acumuló el amparo 08-0014461-0007-CO a este expediente (folio 1035).

37- Rebeca Naranjo Unfried, mayor, soltera, con cédula 1-1297-553, vecina de Plaza González Víquez presenta el amparo 08-014533-0007-CO, en el que acusa que analizando los artículos utilizados por el Poder Ejecutivo en el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, se evidencia que se utilizó una interpretación propia de la ley, incurriendo en atribuciones no propias a su naturaleza, por lo que solo utiliza partes de los artículos, no los contextualiza y no utiliza las definiciones que el artículo 33 establece para la aplicación del artículo 34 de la Ley Forestal. Manifiesta que las especies de árboles vedadas que se encuentran en esta zona no recaen bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 33 de la Ley citada, por lo tanto tampoco son sujetos de los supuestos del artículo 34, por lo que es evidente el quebrantamiento del artículo 11 de nuestra Constitución Política al atribuirse, los funcionarios públicos responsables de este decreto, facultades que no poseen al interpretar la ley, y además la ruptura del Principio de Legalidad, de contenido constitucional, por cuanto el fin que se pretende alcanzar con este decreto no se puede fundamentar con las leyes utilizadas para hacerlo. Estima que el contenido de dicho Decreto es contrario a derecho y por ende resulta ilegal, motivo por el cual, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, declarándolo nulo, debiéndose dejar sin efecto todas las resoluciones otorgadas a la luz del mismo  (folio 1037).

38- Por resolución Número 16547 de las catorce horas y treinta y tres minutos del cinco de noviembre del dos mil ocho se acumuló el amparo 08-0014533-0007-CO a este expediente (folio 1047).

39- En escrito presentado el 29 de octubre de 2008 por Adriana Naranjo Rojas, mayor, soltera, con cédula 1-1149-229, vecina de Guadalupe, presenta el amparo 08-014653-0007-CO (folio 1052), en el que indica que el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, dado en la Presidencia de la República a las trece horas del trece de octubre del dos mil ocho, por el Presidente de la República de Costa Rica, y el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, basa su autorización de tala de especies vedadas por sentencia de la Sala Constitucional número 2002-002486 de las diez horas y cincuenta y cuatro minutos del 08 de marzo del 2002, en este caso del almendro, en los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal.  Indica que de los artículos citados se desprende que se podrá cambiar el uso de suelo para proyectos que tengan conveniencia nacional, sin embargo, el régimen de protección de las especies de almendro que se encuentran en la zona del Proyecto Minero Las Crucitas no es por regulación de uso de suelo, por lo que la resolución citada tiene un carácter erga omnes, y solo puede ser modificada por voto de la misma Sala Constitucional y no por Decreto Ejecutivo. Señala que analizando los artículos utilizados por el Poder Ejecutivo en el Decreto mencionado, se evidencia que se utilizó una interpretación propia de la ley, incurriendo en atribuciones no propias a su naturaleza, por lo que solo utiliza partes de los artículos, no los contextualiza y no utiliza las definiciones que el artículo 33 establece para la aplicación del artículo 34 de la Ley Forestal.  Manifiesta que las especies de árboles vedadas que se encuentran en esta zona no recaen bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 33 de la Ley citada, por lo tanto tampoco son sujetos de los supuestos del artículo 34, por lo que es evidente el quebrantamiento del artículo 11 de nuestra Carta Magna al atribuirse, los funcionarios públicos responsables de este decreto, facultades que no poseen al interpretar la ley, y además la ruptura del principio constitucional que es el Principio de Legalidad, por cuanto el fin que se pretende alcanzar con este decreto no se puede fundamentar con las leyes utilizadas para hacerlo.  Estima que el contenido de dicho Decreto es contrario a derecho y por ende resulta ilegal, motivo por el cual, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, declarándolo nulo, debiéndose dejar sin efecto todas las resoluciones otorgadas a la luz del mismo.  Considera que tales hechos lesionan los derechos fundamentales establecidos en los artículos 10, 11, 50, 56, 140, 148 y 149 de la Constitución Política.  Solicita la recurrente que  se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

40- Por resolución número 16548 de las catorce horas y treinta y cuatro minutos del cinco de noviembre del dos mil ocho se acumuló el amparo 08-0014653-0007-CO a este expediente (folio 1057).

41- El 30 de octubre de 2008 Esteban Dato Morice, mayor, soltero, vecino de Cartago, con cédula 1-1206-450 presenta el amparo 08-0014715-0007-CO (folio 1065) en el que señala que el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, dado en la Presidencia de la República a las trece horas del trece de octubre del dos mil ocho, por el Presidente de la República de Costa Rica, y el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, basa su autorización de tala de especies vedadas en sentencia de  Sala Constitucional número 2002-002486 de las 10:54 horas del 08 de marzo del 2002, en este caso del almendro, en los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal.  Indica que de los artículos citados se desprende que se podrá cambiar el uso de suelo para proyectos que tengan conveniencia nacional, sin embargo, el régimen de protección de las especies de almendro que se encuentran en la zona del Proyecto Minero Las Crucitas no es por regulación de uso de suelo, por lo que la resolución citada tiene un carácter erga omnes, y solo puede ser modificada por voto de la misma Sala Constitucional y no por Decreto Ejecutivo. Señala que analizando los artículos utilizados por el Poder Ejecutivo en el Decreto mencionado, se evidencia que se utilizó una interpretación propia de la ley, incurriendo en atribuciones no propias a su naturaleza, por lo que solo utiliza partes de los artículos, no los contextualiza y no utiliza las definiciones que el artículo 33 establece para la aplicación del artículo 34 de la Ley Forestal. Manifiesta que las especies de árboles vedadas que se encuentran en esta zona no recaen bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 33 de la Ley citada, por lo tanto tampoco son sujetos de los supuestos del artículo 34, por lo que es evidente el quebrantamiento del artículo 11 de nuestra Carta Magna al atribuirse, los funcionarios públicos responsables de este decreto, facultades que no poseen al interpretar la ley, y además la ruptura del principio constitucional que es el Principio de Legalidad, por cuanto el fin que se pretende alcanzar con este decreto no se puede fundamentar con las leyes utilizadas para hacerlo. Estima que el contenido de dicho Decreto es contrario a derecho y por ende resulta ilegal, motivo por el cual, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, declarándosele nulo, debiéndose dejar sin efecto todas las resoluciones otorgadas a la luz del mismo.  Considera que tales hechos lesionan los derechos fundamentales establecidos en los artículos 10, 11, 50, 56, 140, 148 y 149 de la Constitución Política. Solicita el recurrente que  se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

42- Por resolución número 16546 de las catorce horas y treinta y dos minutos del cinco de noviembre del dos mil ocho se acumuló el amparo 08-0014715-0007-CO a este expediente (folio 1073).

43- En escrito presentado el 4 de noviembre de 2008, Manuel Antonio Brenes Corrales, con cédula 3-203-250 presenta el amparo 08-014905-0007-CO (folio 1078)  y señala que el Presidente y el Ministro de Ambiente firmaron un Decreto en el que dieron permiso a la empresa Industrias Infinitas S.A. para explotar el proyecto Las Crucitas en Cutris de San Carlos, con el fin de sustraer oro. Afirma que con el Decreto se violenta toda ley ambiental, a sabiendas de que la zona está protegida. Además, se amenaza el terreno, la flora,  la fauna y al Río San Juan. Estima violados los artículos 50 y 51 de la Constitución Política. Solicita se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

44- Por resolución número 16544 de las catorce horas y treinta minutos del cinco de noviembre del dos mil ocho se acumuló el amparo 08-014905-0007-CO a este expediente (folio 1081).

45- La Magistrada Salazar solicitó mediante resolución de las once horas y trece minutos del veinticinco de noviembre del dos mil ocho, como prueba para mejor resolver (folio 1084), informe al SETENA a fin de que refiriera y certificara cuáles fueron los instrumentos autorizados y utilizados para determinar la relación costo-beneficio para determinar que la eliminación de ciento noventa y dos hectáreas de bosque autorizadas en el caso bajo estudio, producirá al Estado un beneficio socio-económico mayor al costo socio-ambiental, así como el resultado de dicha valoración, explicando detalladamente las razones técnicas para arribar a la conclusión correspondiente.

46- La Magistrada Salazar solicitó mediante resolución de las once horas y veintinueve minutos del veinticinco de noviembre del dos mil ocho (folio 1085) como prueba para mejor resolver, que el Director de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica aportara los análisis realizados por tres profesores de dicho centro al estudio de impacto ambiental del proyecto minero presentado por la Escuela a SETENA el 3 de julio del 2002, según oficio GD-371-02.

47- La Magistrada Salazar solicitó mediante resolución de las once horas y cuarenta y nueve minutos del veinticinco de noviembre del dos mil ocho (folio 1086), como prueba para mejor resolver, solicitar informe a SENARA a fin de que acreditara si existen acuíferos en la región donde se encuentra el poblado de Las Crucitas, distrito Cutris, cantón San Carlos de la provincia de Alajuela, en la zona norte del país, su utilización, tamaño, sitios de carga, recarga y descarga, y trascendencia de los mismos en relación con el recurso hídrico regional y nacional. Informar igualmente si existen estudios sobre el impacto que la actividad minera desarrollada en la zona puede tener sobre los acuíferos presentes y en los sitios donde los mismos pudiesen descargar.

48- Por escrito presentado el día 2 de diciembre de 2008, Arnoldo Rudín en su condición de Gerente General de Industrias Infinito S.A. reitera su solicitud a la Sala para la celebración de vista (folio 1100).

49- El 2 de diciembre de 2008, Luis Guillermo Obando Acuña en su condición de Director a.i. de la Escuela Centroamericana de Geología contestó la audiencia conferida por esta Sala (folio 1104), indicando que no tiene certeza de los documentos aportados en aquel momento, pero que en este acto aporta el oficio SG 1045-2002 del 2 de julio del 2002, el oficio GD-371-02 del 3 de julio del 2002 y otros documentos recibidos en dicha Escuela por parte de un geólogo minero el día 20 de junio de 2002, un profesor de geología ambiental el 10 de junio del 2002 y un Auditor Ambiental el 3 de junio del 2002.

50- Por escritos presentados el día 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2008, Arnoldo Rudín en su condición de Gerente General de Industrias Infinito S.A. reitera su solicitud a la Sala para la celebración de vista  (folios 1137 y 1138).

51- A folio 1139 consta remisión que hace la Presidencia de la Sala a este expediente de la nota de fecha 9 de diciembre de 2008 en que la empresa recurrida solicita vista en el presente asunto.

52- Por escrito presentado el 3 de diciembre de 2008, Sonia Espinoza Valverde en su condición de Secretaria General de SETENA (folio 1140) contesta resolución en que se le solicitó prueba para mejor resolver, sobre lo cual manifestó que es competencia del Presidente y del Ministro del ramo declarar un proyecto de conveniencia nacional, sobre la cual SETENA no tiene injerencia alguna. Por otro lado indica que SETENA no determina la corta de árboles sino que ello le corresponde al SINAC. Lo que respecta a su competencia SETENA lo que analiza son los impactos ambientales del proyecto. Reitera que el área a impactar no es 192 hectáreas sino de 191.77 y reitera los fundamentos que ha dado en los informes anteriores.

53- En escrito presentado el 4 de diciembre de 2008 a folio 1143, Bernal Soto Zúñiga en su condición de Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) rinde informe e indica que para el análisis que le solicita la Sala comisionó al Área de Aguas Subterráneas del SENARA a fin de que acredite si en el poblado Las Crucitas, Distrito Cutris, existen acuíferos, su utilización, tamaño, sitios de carga y recarga y descarga y trascendencia de los mismos en relación con el recurso hídrico regional y nacional, así como si existen estudios sobre el impacto que la actividad minera desarrollada en la zona puede tener sobre los acuíferos presentes. De conformidad con el oficio número ASUB 543-08 de fecha 3 de diciembre del 2008 no se encuentran registrados pozos o nacientes en un radio de 10 kilómetros a partir de la coordenada 316000-501000 Lambert Norte. Tampoco se registran nacientes o pozos ilegales, lo cual no quiere decir que no existan. El SENARA no ha realizado estudios hidrogeológicos en la zona. Indica que no se han presentado estudios de impacto ambiental del proyecto Crucitas que valore el impacto de la actividad minera en la zona sobre los acuíferos. Únicamente se ha tramitado la valoración de un caso para instalación de un tanque de combustible, la cual fue atendida por medio de nota ASUB 279-08. El estudio hidrogeológico presentado indica que en la zona se encuentran 2 acuíferos. Este estudio presentó datos geológicos de toda el área, así como isofreáticas del acuífero inferior, a partir de perforaciones exploratorias realizadas para evaluar la factibilidad de la explotación minera. Indica que el estudio presentado en aquella oportunidad define las condiciones puntuales del sitio donde se pretende instalar el tanque de combustible y no las condiciones hidrogeológicas regionales, dado que el estudio era una evaluación puntual.

54- Por escrito presentado el 8 de diciembre de 2008, Eliécer Rodríguez Carmona en su condición de Presidente de la Junta de Educación de Las Crucitas de Cutris se manifiesta en favor del proyecto Minero por todos los beneficios obtenidos (folios 1219 al 1221).

55- Por escritos recibidos el 8 y 14 de diciembre de 2008 que constan a folios 1222, 1227, 1258 al 1298, varios trabajadores de la empresa recurrida se apersonan al expediente y manifiestan su conformidad con la actuación de las autoridades y la empresa recurridas.

56- En escritos recibidos el 8 de diciembre de 2008, Lorena Castro Sandoval en su condición de Directora de la Escuela Llano Verde y Warner Rojas Quirós en su condición de Presidente del Comité de Caminos 2-110-104 trayecto Chamorro a Crucitas, manifiestan su conformidad con el proyecto y la actuación desplegada por la empresa recurrida (folios 1226 y 1228).

57- Por escrito presentado el 8 de diciembre de 2008 a folio 1229, los Fundadores de COOPEVEGA DE CUTRIS, MORAVIA DE CUTRIS, CHAMORRO DE CUTRIS, CRUCITAS DE CUTRIS, LLANO VERDE DE POCOSOL y JOCOTE DE POCOSOL presentan su coadyuvancia pasiva y avalan por un desarrollo sostenible de una comunidad que estaba en abandono y que la empresa ha logrado reactivar.

58- Por escritos presentados el 8 de diciembre de 2008 la Asociación de Desarrollo Integral de Boca Arenal de Cutris, el Almacén Coopevega y Estación de Servicio Coopevega, la Asociación Pro Mejoras Chamorro y El Roble de Cutris, la Asociación de Desarrollo Integral Llano Verde de Pocosol y Crucitas de Cutris y ASOCRUCITAS manifiestan su apoyo al proyecto (folio 1234, 1235, 1239, 1241, 1243).

59- El 9 de diciembre de 2008 vecinos de las comunidades de Ciudad Nelly, Corredores, Puntarenas, Palmar Sur, Osa presentan coadyuvancia activa en el presente asunto (folios 1245 al 1250).

60- En escrito recibido el 10 de diciembre de 2008, el Director Ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (folio 1252) adjunta el pronunciamiento del Colegio de Geólogos de Costa Rica respaldando el proyecto.

61- El 11 de diciembre de 2008 la Municipalidad de San Carlos presenta certificación en la que hace constar que el Concejo Municipal del mismo por mayoría apoya el proyecto Minero (folios 1292 al 1298).

62- En escrito recibido el 11 de diciembre de 2008, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos manifiesta su apoyo al proyecto Minero Crucitas (folios 1299 a 1303).

63- De folio 1304 al 1315 del expediente constan escritos de vecinos de la zona, del Gerente General de la Asociación Deportiva San Carlos, del Director del Ebais de Coopevega de Cutris, del Presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de Coopevega de Cutris, del Presidente del Comité de Deportes de Coopevega, de la Asociación de Mujeres Unidas de Coopevega, del grupo pro-centro de despacho de la Cruz Roja de Coopevega y el Centro Turístico el Ranchón apoyando el proyecto Minero.

64- Con relación al amparo que se tramita en expediente número 08-14454-0007-CO, el 12 diciembre de 2008 Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro a.i. de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (folio 1320), manifestó  que por oficio DAJ-1829-08 de fecha 24 de noviembre de 2008, se presentó solicitud de levantamiento parcial de la medida interpuesta por la Sala, lo anterior en virtud de que por inspección realizada por la Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto del 13 de noviembre del 2008, se determinó que las actividades llevadas a cabo no han generado impactos ambientales no previstos en los estudios, que la empresa ha cumplido con la paralización de obras del caso, sin embargo se solicita la autorización para realizar determinadas actividades pues la paralización del proyecto sí puede producir efectos ambientales adversos que no fueron contemplados. Lo solicitado es permiso para extraer la madera cortada, disponer y dar tratamiento adecuado a los desechos vegetales presentes en el área de los tajos y de la laguna de relaves, se liberen drenajes de agua superficial y sus respectivas zonas de protección y se mantenga un control fitosanitario adecuado dentro del proyecto. Adoptar medidas de protección forestal, que se permita implementar y concluir obras para el control del sedimento y conservación de suelos y desarrollar el proceso de monitoreo. En inspección realizada el 27 de noviembre de 2008 se mantenían las mismas condiciones, razón por la cual le solicitan a la Sala pronunciarse al respecto. Adjuntan resultados de las inspecciones realizadas.  

65- El 15 de diciembre de 2008 Luis Obando Acuña en su condición de Director a.i. de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica aportó pronunciamiento a favor de las actividades mineras responsables (folio 1341).

66- El 16 de diciembre de 2008 la recurrente Analive Arce solicita que se resuelva este amparo (folio 1344).

67- Por escrito del 19 de diciembre de 2008, Sonia Espinoza Valverde en su condición de Secretaria General de SETENA reitera los argumentos dados en los informes anteriores al cumplir la prevención de prueba para mejor resolver que se le había solicitado y que rindió mediante el oficio SG-AJ-1317-2008-SETENA  (folio 1345).

68- El 12 de enero de 2009 Jorge Herrera Ocampo en su condición de Director Ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica se apersona al expediente, por considerar que le corresponde dar su opinión al respecto (folio 1347).

69- Por escrito recibido el 20 de diciembre de 2008, Sonia Espinoza Valverde en su condición de Secretaria General de SETENA a folio 1367, contesta la prueba solicitada e indica que el Decreto número 32966-MINAE, correspondiente al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) — Parte IV publicado en La Gaceta 85 del jueves 04 de mayo del 2006, estipula en su Anexo 2, l metodología mínima que permite valorar los impactos ambientales generados por un proyecto, obra o actividad. El desarrollo metodológico para la valoración de impactos, estipula el uso de una Matriz de Importancia de Impactos Ambientales (MIIA), la cual permite determinar los efectos del proyecto y su significancia, y por consiguiente plantear las medidas de prevención, mitigación y compensación correspondientes. Aclara que aunque la emisión del Decreto se da con posterioridad a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Crucitas, este instrumento sí incorpora una matriz de interacción que permitió la valoración de los impactos ambientales, tal como se puede constatar en las páginas 301-429 de su Volumen II. A la vez el documento denominado Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto, presentado el día 6 de diciembre del 2007, constituye una actualización de la MIIA en las páginas 32-53. La MIIA es una herramienta mundialmente aceptada para la valoración cualitativa de proyectos que presentan instrumentos de evaluación ambiental, incluidos los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); la misma ayuda a determinar el efecto de cada acción impactante sobre cada factor y aspecto ambiental impactado, incluido el componente social y económico, con lo cual se determina la importancia del impacto. La importancia del impacto está en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, el cual responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como intensidad, extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, capacidad de recuperación, sinergia- acumulación, periodicidad, importancia. Esta importancia del impacto, es representada mediante un modelo matemático, el cual toma valores entre 13 y 100; los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes a sea, compatibles, o bien las medidas ambientales se contemplaron en el diseño del proyecto; los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. La matriz permite la interacción de los factores socioeconómicos con los demás componentes ambientales, que necesariamente deben ser analizados, lo cual permite a su vez plantear las medidas preventivas, de mitigación y compensación respectivas que son incorporadas al Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental (P-PGA). Una vez aprobado el P-PGA con las medidas correspondientes, su ejecución se convierte en un compromiso ambiental que debe ser asumido por el desarrollador. La MIIA es un elemento de gran relevancia en el análisis de los Estudios de Impacto Ambiental, la cual ayuda al equipo evaluador multidisciplinario de técnicos, a recomendar o no la Viabilidad (Licencia) Ambiental de los proyectos, obras o actividades presentados en la SETENA. La valoración bajo esta metodología exigida par la SETENA, implica la obtención de un impacto final, que es la diferencia entre la situación del medio ambiente con y sin el proyecto, tomando en cuenta no solo el efecto de las acciones impactantes, sino los efectos continuados. Para el caso específico del Proyecto Minero Crucitas, la MIIA incorporó en el análisis del ámbito socioeconómico elementos como uso de la tierra, características de la población, necesidades de poblados en áreas de influencia directa e indirecta y empleo entre otros, donde los valores obtenidos arrojan un resultado positivo para el desarrollo del proyecto, por lo que se prevé en términos generales un aumento en la calidad de vida y un impacto positivo en la economía local. En este sentido, y a manera de ejemplo, se puede constatar en las páginas 45-46 de la Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos para el Proyecto Minero Crucitas, que dentro de los impactos considerados como severos se encuentran la afectación de la calidad de vida con un puntaje de +68 y la generación de empleo e ingresa también con un puntaje de +68; en ambas casos el impacto es positivo, para lo que no se proponen medidas de mitigación adicionales a todas las ya contempladas en el instrumento correspondiente. La calidad de vida evalúa en forma exhaustiva la interacción de los componentes del medio natural (físico, biológico y otros componentes del medio socioeconómico), tales como aire, agua, suelo, ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres, para los cuales en el proyecto Mina Crucitas se tomaron las medidas necesarias para asegurar que el proyecto se desarrollará en un ambiente controlado. Para todos los impactos negativos significativos se han previsto las medidas ambientales necesarias, de modo que no se ha generado ningún déficit en la atención de los elementos del ambiente, y ello precisamente explica el saldo positivo del componente calidad de vida. El documento Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto, aprobado mediante Resolución 170-2008-SETENA del día 04 de febrero del 2008, determina que, todos los impactos identificados como severos y críticos en el ámbito socioeconómico, fueron positivos para el desarrollo del proyecto y su ambiente circundante. El P-PGA incorporado al EIA aprobado por la SETENA (incluyendo la actualización del P-PGA realizada en el documento Evaluación de Cambios Propuestos al Proyecto) es la base del documento denominado “Balance Socioeconómico del Proyecto Minero Crucitas”, el cual fue presentado a la Sala. Indica que el instrumento idóneo según la ley ambiental vigente y la significancia del impacto ambiental para realizar la valoración del impacto ambiental del Proyecto Minero Crucitas es el Estudio de Impacto Ambiental, por medio del cual se pueda determinar que el proyecto es ambientalmente viable, donde los beneficios sociales son mayores que los costos socio-ambientales.

70-  Por escrito presentado el 26 de octubre de 2008 Carlos Alberto Alfaro Mata, mayor, casado, abogado, vecino de Florencia de San Carlos, con cédula 3-207-739 presenta recurso de amparo 08-014464-0007-CO (folio 1376), e indica que el 17 de julio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número 201, página 5, el Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAET, dado en la Presidencia de la República a las trece horas del 13 de octubre del 2008, por el Presidente de la República de Costa Rica, y el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, decretándose en lo que interesa: "…Artículo 1°. Se declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S.A.; Artículo 2°- En virtud de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto; Artículo 3°- La empresa desarrolladora deberá cumplir con cada una de las medidas de compensación previstas en el Considerando IX. Para el seguimiento y control de lo anterior, la misma rendirá un informe a la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la que por su parte certificará el cumplimiento; Artículo 4°- Rige a partir de su publicación…". Refiere que Industrias Infinito S.A. es titular de la Concesión de Explotación Minera inscrita en el Registro Nacional Minero de la Dirección de Geología y Minas,  bajo expediente número 2594. El Ministerio del Ambiente y Energía por medio de la resolución número 217 de las quince horas del 21 de abril del año en curso, otorgó la concesión de explotación minera a dicha empresa. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas el 12 de diciembre del 2005, por resolución 3638-2005-SETENA y por resolución número 170-2008-SETENA del 04 de febrero del 2008, procedió a aprobarle modificaciones. El contenido de dicho Decreto es contrario a derecho y por ende resulta ilegal, motivo por el cual, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, declarándolo nulo, debiéndose dejar sin efecto todas las resoluciones otorgadas a la luz del mismo, amén de que debe suspenderse de inmediato todos los actos que son su consecuencia, ordenándose además la restauración del daño provocado al ecosistema con la emisión y aplicación del cuestionado Decreto. 

71- Informa bajo juramento Sonia Espinoza Valverde, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental respecto al amparo 08-014464-0007-CO (folio 1398), que sobre el Decreto 34801-MINAET que declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, habrá de informar el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, dado que es el ente que tramitó y aprobó dicho Decreto. Es cierto que esa Secretaría otorgó viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas (expediente número 129-2002-SETENA), mediante la resolución número 3638-2005-SETENA, del 12 de diciembre del 2005. Asimismo resulta verídico que, en virtud de resolución número 170-2008-SETENA del 4 de febrero del 2008, la SETENA aprobó la modificación del proyecto propuesta por el desarrollador. En cumplimiento de la orden girada por la Sala Constitucional a esa Secretaría (expediente 08-014068-0007-CO), la misma ordenó la paralización de la tala de árboles mediante oficio número SG-AJ-1150-2008-SETENA, del 21 de octubre del 2008. Por oficio número SG-AJ-1196-2008-SETENA del 30 de octubre del 2008, se paralizó la construcción en las zonas de protección referentes al proyecto. Mediante oficio número SG-AJ-1039-2008-SETENA del 19 de setiembre del 2008, esa Secretaría declaró con lugar la solicitud del desarrollador de que se comunicase al Área de Conservación Huetar Norte: “que los beneficios sociales, ambientales y económicos evaluados en el estudio de impacto ambiental permitieron otorgarle la viabilidad ambiental que mantiene a la fecha”; “el proyecto, de desarrollarse de acuerdo con las medidas ambientales establecidas, será viable desde la perspectiva ambiental, social-ambiental y económico-ambiental”. Por oficio número SG-ASA-259-2008 del 10 de octubre del 2008, se emite un criterio adicional al Área de Conservación respectiva. Solicita se desestime el recurso planteado.

72.- Informan bajo juramento Rodrigo Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora y Sonia Espinoza Valverde, en su calidad de Ministro de la Presidencia, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental respecto al amparo 08-014464-0007-CO (folio 1409), que desde el punto de vista social el proyecto no solo ofrece fuentes de trabajo para la zona y una serie de compromisos, sino que a la fecha ya ha iniciado la ejecución de algunos convenios firmados con la Municipalidad de San Carlos, tendientes a mejorar la situación de los caminos y a Coopelesca R.L. para poder suministrar electricidad a las poblaciones de influencia del proyecto. Como parte del programa de responsabilidad social, la empresa ha suscrito un convenio de cooperación con la Región Huetar Norte del Instituto de Desarrollo Agrario para desarrollar programas de capacitación y formación profesional a los pobladores de la zona, en aras de promocionar la pequeña y mediana empresa, como una alternativa de desarrollo comunal. No es conveniente que una o varias comunidades, por pequeñas que sean, dependan de un monocultivo, ello tiene la consecuencia de éxodo a otros centros de población, incluso a la capital, en busca de mejores oportunidades. Desde el punto de vista económico, el proyecto traerá beneficios fiscales al país, tómese en cuenta que la empresa deberá de cumplir con el pago de todos los tributos nacionales y municipales impuestos por ley, además deberá cancelar el 2% establecido en el artículo 55 del Código de Minería. Aunado a lo anterior, la empresa deberá obtener las patentes requeridas para toda industria. De acuerdo con la normativa atinente debe cancelar las cargas sociales. Con el fin de asegurarse el pago total de los impuestos, en la resolución 217-2008-MINAE del 21 de abril del 2008, mediante la que se otorga la concesión, se estableció la condicionante de que la empresa no podrá acogerse al régimen de zona franca. Es cierto que la compensación por el cambio de uso del suelo propuesto por Industrias Infinito S.A. se encuentra en el considerando IX del Decreto Ejecutivo número 34801, pero debe aclararse a la Sala y al recurrente que es solo un extracto por cuanto los estudios en ese proyecto son muy amplios y complejos y no es posible materialmente incluirlos en el Decreto aunque si constan en los expedientes. El amparado desconoce el procedimiento que la empresa ha cumplido paso a paso a lo largo de 17 años para llegar a obtener todas las  licencias y permisos que la ley exige para poder iniciar la explotación minera. Es desde esa perspectiva que se debe relacionar el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, en cuanto a todo el procedimiento, ya que la Declaratoria de Conveniencia Nacional es un paso o etapa previa con la que la actividad debe contar para poder llevar a cabo la corta o eliminación de los árboles y así poder dar inicio a las labores para acceder al material minero que desea explotar. En el caso de marras, el proyecto lleva en discusión muchos años, se cuenta con la viabilidad ambiental, requisito que echó de menos la Sala Constitucional en la sentencia número 2004-13414 de fecha 26 de noviembre del 2004. Indican que el acto está motivado y tiene fundamento técnico científico suficiente para la adopción responsable del mismo. El Estado no tiene en absoluto falta de certeza, al contrario la falta de certeza y conocimiento de los expedientes es del recurrente, quien tiene dudas, mismas que pudieron ser evacuadas por la Administración si las hubiera consultado, pero no fue su voluntad, en cambio acude a la sede Constitucional con el afán de que la Sala entre a suplantar las labores de la administración activa y juzgue y evalúe la herramienta de evaluación ambiental definida por la SETENA, órgano colegiado multidisciplinario con desconcentración máxima técnica del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones,, así como que la Sala suplante la voluntad del Poder Ejecutivo en la decisión de declarar la conveniencia nacional de un proyecto específico. En resumen, pretende cuestionar un tema de legalidad en sede constitucional y más aún convertir a la Sala Constitucional en un tramitador de permisos competencia de la administración activa. Solicitan se desestime el recurso planteado.

73- Por resolución Número 16.572 de las trece horas y treinta y nueve minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho se le dio curso al amparo 08-14464-007-CO (folio 1432).

   74- Por escrito presentado el 18 de noviembre de 2008 el diputado de la Fracción del Partido Acción Ciudadana José Joaquín Salazar Rojas, presenta coadyuvancia activa, e indica que la intención del legislador para tratar el tema de los bosques fue autorizar el manejo no la tala rasa de los árboles, lo cual es un instituto jurídico ausente en nuestra legislación (folio 1437).

75- A folios 1441 y 1458 del expediente consta la misma gestión de reconsideración de la medida cautelar dispuesta por este Tribunal, presentada por Roberto Dobles Mora en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones con relación al expediente 08-014464-0007-CO.

76-  El 11 y 12 de febrero de 2009 el recurrente Araya Sibaja solicita que se le otorgue plazo para interponer acción (folios 1479 y 1504).

77- Por escrito presentado el 12 de febrero de 2009 el recurrente Araya Sibaja aporta prueba al expediente (comunicados periodísticos, de Semanarios Universitarios, del Comité Patriótico de Pérez Zeledón, de la Municipalidad de Grecia) (folio 1482).

78- El 13 de febrero del 2009, John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, ambos en su condición de apoderados generalísimos de la empresa Industrias Infinito S.A. (folio 1505) manifiestan: El Drenaje Acido de Roca (DAR) es el producto formado por la oxidación atmosférica (a causa del agua, oxígeno y dióxido de carbono presentes) de minerales sulfurosos de hierro relativamente comunes y algunos otros productos generados como consecuencia de esas reacciones de oxidación. El resultado son soluciones fuertemente corrosivas, que lixivian e incorporan metales pesados desde la roca (los metales pesados se pueden encontrar en solución, solo cuando el pH presente condiciones ácidas; en medios básicos o neutros estos se fijan en los sedimentos o suelos y son inmóviles). El vertido de estas soluciones afecta la química de las aguas superficiales y subterráneas, planteando problemas ambientales de diversa índole. Para el manejo de este problema se tienen dos líneas de acción enunciadas en orden de preferencia: Prevención del proceso de generación y el Tratamiento de las soluciones generadas. Desde el año de 1996 se iniciaron los estudios para determinar la presencia del Drenaje Acido en Las rocas del yacimiento de oro Crucitas. Para ello se realizaron pruebas en el material oxidado, roca fresca y los materiales de relaves o colas. Las pruebas incluyeron análisis Acido-Base estático (ABA), mineralogía/petrología y el análisis del tamaño de partículas y pruebas cinéticas, todas recomendadas por los mejores especialistas mundiales en la materia (el estudio inicial fue llevado adelante par Graham A. Johnson, P. Eng., y posteriormente los estudios fueron revisados por Richard Donald, PhD, P.Ag y Peter Pheeney, MSc.E,eng. de Jacques Whitford ltd. 2007). Se analizaron más de 380 muestras de roca, saprofita y colas que son representativos de todas las litologías presentes, además se analizaron materiales procesados o colas utilizando métodos de análisis de drenaje ácido estáticos, incluyendo el análisis ácido-base (ABA), análisis de celda húmeda y análisis mineralógicos y de metales totales. Los resultados de los análisis de las muestras denotan que los minerales de sulfuros, tenderían a reaccionar bajo condiciones particulares y que existe presencia de minerales que neutralicen los procesos de acidificación en cantidades menores, además se encuentran presentes en niveles bajos los metales en yacimiento y en las colas. A pesar de la existencia de potencial de oxidación de sulfuros en la roca inerte y colas, un manejo apropiado debe ser implementado para aislar completamente la reacción con el aire, agua y sulfuros. La disposición de estos materiales (roca estéril y colas) bajo el agua anula por completo el potencial de generación de ácido. Manejo del Drenaje Acido propuesto: La roca estéril con potencial de drenaje ácido, proveniente de los tajos de Botijas y de Fortuna se depositará en el sector de laguna de relaves. Con el fin de prevenir la generación del drenaje ácido el material proveniente del proceso de obtención de oro, denominado “colas”, así como el material de roca fresca, será ubicado en forma sub-acuática, o sea totalmente sumergida bajo el agua, en el área de relaves, denominada “Laguna de Relaves”. Durante la operación al agua de proceso se agregarán aguas de lluvia y escorrentía local, con lo cual se mantendrá un espejo de agua de aproximadamente 2 metros de espesor, cubriendo toda el área de relaves. Después del cierre del proyecto las colas de proceso van a permanecer bajo nivel de agua, con la profundidad de 1 metro, esta profundidad será controlada permanentemente por un vertedero ubicado en el dique principal de la represa de colas. Durante la operación de tajos se efectuará la evaluación de potencial de DAR de aguas filtradas por las paredes del tajo y se establecerá un monitoreo de DAR de filtraciones. Una explicación en detalle del sistema a utilizar se encuentra en el documento adjunto denominado “Manejo de Roca y de Colas Proceso con Potencial de Drenaje Acido”. Con base en la revisión detallada de diferentes escenarios de manejo de roca estéril y de las colas de proceso con potencial de drenaje ácido, se concluye que la reposición sub acuática de colas y de material estéril es el método más eficiente de manejo y de mitigación de potencial de evento de DAR. Esta conclusión es concordante con las recomendaciones proporcionadas por William A. Price y John C. Errinqton, del Ministerio de Energía y minas de Canadá, quienes en 1998, publicaron “Guidelines for metal leaching and acid rock drainage at minesite in British Columbia”.  La empresa le solicitó al Sr. Arauz una opinión sobre la forma en que se realizará el control de DAR en el desarrollo del proyecto, quien emitió una opinión profesional al respecto, indicando  que el Proyecto Crucitas se ajusta a los requisitos técnicos y lineamientos recomendados por la US EPA y otros entes ambientales norteamericanos. La calidad de la información generada es de alto nivel y constituye una base sólida para la predicción del DAR y la elaboración de las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación desarrolladas por los expertos y adoptadas por Industrias Infinito es la más adecuada. La técnica de sumergir el material sospechoso de tener potencial de DAR debajo de una capa de agua quieta ha demostrado ser la más eficaz para evitar la generación de aguas ácidas. Esto se debe que a partir de esa profundidad, el intercambio de oxígeno entre la roca y el aire a través del agua es mínimo. Existen numerosos estudios y experiencias que así lo confirman (SRK Consulting, 1989). Concluye que la metodología propuesta por la empresa para manejar el potencial de drenaje ácido de la roca es la mejor, con lo cual se garantizará que no se producirá un daño al ambiente.

79-  El 12 de febrero de 2009 el recurrente Araya Sibaja solicita que se le otorgue plazo para interponer acción (folio 1509).

80- El 13 de febrero del 2009, John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, ambos en su condición de apoderados generalísimos de la empresa Industrias Infinito S.A. (folio 1533) manifiestan: El cianuro es la sustancia química elegida para recuperación de oro. Es uno de los pocos reactivos químicos que disuelven el oro en agua. Por razones técnicas y económicas, el cianuro es utilizado para la recuperación del oro del mineral. Las operaciones mineras utilizan soluciones muy diluidas de cianuro de sodio, típicamente entre 0.01% y 0.05% (100 a 500 partes por millón). La mayor parte del cianuro producido en el mundo se utiliza como compuesto de partida (básico) para la industria química. El cianuro se encuentra en muchas plantas y frutos que son de nuestro consumo diario. Así, entramos en contacto con el cianuro constantemente, pero este es eliminado por el hígado en la medida en que su concentración sea pequeña, y por tanto, no dañina. No obstante, el cianuro es una sustancia “potencialmente” letal en la medida en que se use sin tomar las precauciones necesarias. El envenenamiento por cianuro dependerá de la cantidad a la que haya estado expuesta una persona, la forma de exposición y la duración de la misma. Dependiendo de ella se presentarán síntomas como respiración rápida, dolor de cabeza, náuseas, convulsiones, presión sanguínea baja, pérdida de la conciencia, entre otros. Sin embargo, es importante mencionar que estos síntomas no son únicos del envenenamiento con cianuro ni permiten identificar la presencia del mismo en nuestros organismos. Al igual que muchas de las otras sustancias químicas que se usan en nuestros procesos productivos, el conocimiento de los procedimientos adecuados, el uso de tecnologías modernas y eficientes, el respeto estricto a las normas de seguridad, así como una actitud responsable son fundamentales para el uso correcto del cianuro. El cianuro no es persistente, ya que en la naturaleza se destruye por acción de la luz solar, descomponiéndose por oxidación en gases de carbono y nitrógeno. El nivel máximo de cianuro permitido en el agua potable es 0.2 partes de cianuro por millón de partes de agua (0.2 ppm). La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA, por sus siglas en inglés) ha establecido un límite para el cianuro de hidrógeno y para la mayoría de las sales de cianuro de 10 partes de cianuro por un millón de partes de aire (10 ppm), en el aire del trabajo. Cianuro en el Proyecto Crucitas: El reactivo principal para lixiviar el metal de interés, el cianuro llegará a sus instalaciones en envases herméticamente sellados, de una tonelada cada uno, los cuales se dispondrán en una bodega especialmente habilitada y vigilada para ella. Los protocolos de control incluirán importantes medidas de seguridad que van desde el traslado, almacenamiento, manipulación del reactivo y controles en los procesos de lixiviación y de destrucción de cianuro (Cyplus, Combinox). Tal como se señala en el anexo al estudio de impacto ambiental, en el apéndice 2-a, b Plan de Protección Ambiental, PM-PPA-100, se detalla el programa de manejo de desechos peligrosos, procedimiento PM­PPA-105 y en el anexo 3, manejo del cianuro en proyectos mineros. Sólo personal entrenado para la preparación de reactivos con todos los elementos de protección personal, llevará a cabo las labores de traslado y preparación dentro de las instalaciones. Destaca que se contratará un técnico con dedicación exclusiva para dar seguimiento al manejo y análisis del cianuro dentro del circuito. Las colas de lixiviación con cianuro (material resultante después de la extracción del oro), serán tratadas en un reactor de destrucción de cianuro de operación continua. El diseño del sistema de destrucción de cianuro se basó en especificaciones de operación y de sitio proporcionadas por Industrias Infinito S.A. a expertos internacionales, quienes con base en la información elaboraron el diseño de la planta. Los procesos se realizarán en circuitos cerrados a fin de controlar todas las etapas del proceso, así la preparación de soluciones, aplicación, tratamiento y área de relaves, serán en espacios cerrados a fin de evitar cualquier contaminación al ambiente. Las condiciones de tratamiento y dosificación de reactivos han sido basadas en trabajos de laboratorio desarrolladas por personal de Cyplus sobre muestras proporcionadas por Industrias Infinito S.A. Se demostró que el proceso CombinOx® es el que produjo los mejores resultados, de tal forma que garantizan el cumplimiento de las normas ambientales nacionales e internacionales. Como conclusión sobre este tema, indica que la aplicación de la tecnología y procedimientos adoptados por su representada, garantizan que el cianuro no representa un riesgo para el ambiente.

81- El 13 de febrero del 2009, John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, ambos en su condición de apoderados generalísimo de la empresa Industrias Infinito S.A. (folio 1563) manifiestan: Con base en los considerandos de la sentencia número 13246-08, se concluye que la restricción para la explotación, aprovechamiento o extracción del almendro se aplica en los siguientes presupuestos: I. Que el aprovechamiento afecte el hábitat (anidación) de la lapa, ii. Que el aprovechamiento afecte los sitios de alimentación de la lapa. iii. Que su sitio de anidación se localiza entre los ríos San Carlos y Sarapiquí. iv. Que cualquier aprovechamiento (maderero) del almendro debe efectuarse mediante resolución razonada técnica y jurídicamente. Refiere que las restricciones impuestas por la Sala Constitucional al aprovechamiento del almendro no tienen aplicación al caso del proyecto Crucitas, por lo que la corta de los árboles es legal. Con base en estudios técnicos se define que el área donde se ubica esta especie (lapa verde), es básicamente el sector huetar norte entre la desembocadura del río Sarapiquí y el río San Carlos. Existen varias especies de árboles nativos que pueden albergar nidos de lapas, sin embargo, tanto por la coincidencia de la época de fructificación como por la existencia de cavidades que permiten su albergue, los árboles de almendro amarillo son los que preferiblemente son utilizados por la lapa verde. Hay varias consideraciones importantes para que estos árboles cuenten con condiciones apropiadas para ser puntos de anidación y estas son de que deben tener medidas diamétricas (DAP) mayores a 124 cm. En el área de cobertura forestal del proyecto Crucitas y a partir del estudio realizado por el Ing. forestal Rolando Barrientos, en promedio, las medidas diamétricas de los árboles de almendro que se encuentran dentro del área solicitada para corta son menores de 80 cm. Las medidas diamétricas de algunos de los árboles talados no superan los 80 cm de DAP, validando la justificación de que no es un bosque primario y de que son individuos forestales remanentes de la extracción maderera de hace 30 o 40 años atrás. Adicionalmente estos estudios realizados de la lapa verde identifican claramente que los sitios de anidación se ubican fuera del área del proyecto Crucitas, por ello se adjuntan los mapas generados por Chassot, 2003 y se presenta un mapa resumen del mismo estudio (ver prueba documental número 123). Por otro lado, el estudio realizado por Bernardo Madriz, en el año 2004, verifica que las condiciones de anidación de la lapa verde en la zona huetar norte se mantienen similares, para ello se presenta un mapa (ver prueba documental N° 124). Por otro lado, si se evalúa la ubicación del proyecto en relación con las áreas protegidas de la zona, se verifica que el proyecto Crucitas no afectará ninguna de ellas ya que se encuentra a más de 15 km de distancia de estas zonas protegidas. Indica que los estudios de línea base realizados para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto establecieron que las actividades a realizar por el proyecto no afectan la existencia de esta especie y además las medidas de mitigación y compensación generarán mejores condiciones para que puedan establecerse condiciones de hábitats apropiados para la fauna en general. b. Crucitas Sitio de Alimento de las Lapas: Dentro del área del proyecto el almendro de montaña (Dypterix panamensis) es una especie que existe, sin embargo, la época no reproductiva de la lapa, cuando se espera que los grupos de esta especie se dispersan hacia la zona, no coincide con la época de fructificación del almendro. c. Aprovechamiento maderero o comercial del almendro: La corta del almendro en el caso del Proyecto Crucitas se da como un fin accesorio, no con el fin de aprovechar comercialmente la madera. La corta del almendro se da como consecuencia que para la construcción de las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del proyecto minero es necesario proceder a habilitar las zonas sin que cuenten las mismas con árboles, es decir, necesitan limpiar el área. Los árboles cortados que resultan del cambio de uso -debidamente identificados en la resolución que otorgó el permiso de corta- serán vendidos a aserraderos existentes en el área de influencia del proyecto con el fin de reactivar a zona. Los dineros recaudados por la venta de los árboles serán donados a la Asociación Pro Desarrollo del Parque Nacional Juan Castro Blanco, (APANAJUGA), asociación que vela por la protección y conservación del Parque Juan Castro Blanco. La importancia del Parque Juan Castro Blanco radica en que el 60% de la producción de la leche de Costa Rica se produce en San Carlos y el 80% de esa producción necesita agua del Parque Juan Castro Blanco. Este parque cuenta con tres volcanes, Volcán Viejo, Volcán Platanar, Volcán Porvenir. Este parque abastece de agua potable a cantones como: San Carlos, Alfaro Ruiz, Valverde Vega y Naranjo. Refiere que estima que la suma de dinero que se donará a APANAJUCA es aproximadamente US $ 700,000.00. d. Permiso de Corta bajo la modalidad Cambio de Uso: La empresa incorporó el tema del cambio de uso en el Estudio de Impacto Ambiental y su Anexo presentado y aprobado por la SETENA. La SETENA en su resolución 2351-2006-SETENA, confirmó lo indicado en relación a la naturaleza del bosque existente en las propiedades de su representada. SETENA le solicitó a la empresa un inventario (Muestreo), de los bosques a intervenir, especialmente de los Cerros Botija y Fortuna. Los datos dasométricos aportados por la empresa en el anexo, cumplen con lo solicitado por la SETENA, confirmando la tesis preliminar que se trata de bosques naturales intervenidos a juzgar por los volúmenes, área basal, número de árboles por hectárea obtenidos, así como la composición florística involucrada. Según el citado anexo, la composición florística de estas parcelas, muestra algunas especies amenazadas, tal es el caso del Tostado y Cola de Pavo, los cuales por lo general aparecen con muy poca frecuencia y abundancia relativa o representatividad. Se indica que para estos casos la empresa tomará las acciones que señale el Área de Conservación Huetar Norte como medidas de mitigación o compensación. En la resolución número 2351-2006-SETENA que responde los cuestionamientos técnicos presentados por los recurrentes del presente recurso de amparo, al otorgamiento a la viabilidad ambiental, la SETENA se refiere al tema forestal, al cambio de uso y los aspectos biológicos. Indica que ninguno de los presupuestos que utiliza la Sala Constitucional para prohibir la corta de los almendros se aplica al proyecto Crucitas. El proyecto cumplió con todos los presupuestos fácticos (exclusión como lugar de anidación y alimento de la lapa) y jurídicos (no aprovechamiento con fines comerciales y contando con las valoraciones técnicas de los órganos técnicos) para que se le permitiera la corta del almendro amarillo.  3. Régimen de Cambio de Uso — Régimen de Excepción: Conforme lo establece la Ley Forestal número 7575, el principio que rige el aprovechamiento forestal de terrenos propiedad privada cubiertos de bosque es la prohibición de cambio de uso del suelo y las limitaciones de uso (incluido el aprovechamiento forestal) en el caso de las áreas de protección descritas en los artículos 33 y 34 de la Ley.  Bajo esta regla general el manejo forestal de los bosques en propiedad privada del país permite su aprovechamiento sostenible y es común a la opinión pública en el país el trámite de permiso en terrenos de bosque con planes de manejo forestales (Ver el artículo 1 de la Ley 7575). La excepción a la regla está contenida en la misma Ley Forestal, dado que el legislador, consciente de las posibles situaciones que se presentarían, dejó previsto el instrumento jurídico para que el Poder Ejecutivo (a través de la Administración Forestal del Estado) pudiera otorgar los permisos de cambio de uso del suelo en terrenos propiedad privada para aquellas obras o proyectos que fueran declarados de interés público y conveniencia nacional, declaratoria que además permite la eliminación de árboles en áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal, que es precisamente lo que hizo, en el caso de la concesión minera de Las Crucitas, el decreto cuestionado. 4. Compensación por la corta de los árboles: Un aspecto fundamental de la solicitud de cambio de uso es la propuesta, evaluación y resultado de la compensación propuesta por la solicitud de corta de 191 hectáreas de bosque intervenido en el proyecto. Este análisis es el que define las condiciones de proporcionalidad y razonabilidad de la corta que deben superar en gran medida el impacto potencial de talar esas 191 hectáreas de bosques intervenidos y “descremados” en el proyecto Crucitas. Dentro de las medidas de compensación propuestas y establecidas como compromisos ambientales para el plan de corta están: i. Reforestación de 382 has de potrero a bosque natural, actualmente ya se han reforestado 16 hectáreas de potreros con los árboles provenientes del vivero forestal del proyecto. ii. Mantenimiento de un vivero forestal con especies nativas, en la actualidad se cuenta con más de 67 500 árboles nativos que fueron extraídos como brinzales de las áreas que se ubican dentro del plan de corta. Adicionalmente existen árboles de zotacaballo para revegetación de taludes y áreas de protección de cauces. iii. Se mantendrán como bosque natural que ya existen, en las más de las 800 hectáreas de cobertura boscosa que no serán utilizadas para el proyecto y que forman parte de las 1474 hectáreas de propiedades con que cuenta la empresa Industrias Infinito. iv. Se sembrarán 50 árboles por cada árbol cortado, y por cada almendro se sembrarán 100 en las áreas a reforestar que comprenden 382 hectáreas y que albergarán un desarrollo de bosque natural con la siembra de más de 600.000 árboles nativos. v. Se mantendrá un monitoreo biológico y forestal tal que verifique la regeneración de las áreas a reforestar para un desarrollo de hábitats efectivos que permitan la conexión de sectores boscosos en forma continua y mitiguen la fragmentación de hábitats existentes. vi. Se conformará un corredor biológico que permitirá la movilidad de especies con transferencia genética de flora y fauna. vii. Se depositará un monto por $250 000 (doscientos cincuenta mil dólares americanos) a un fideicomiso del MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, con el fin exclusivo de compra de terrenos en alguna zona protegida de la región de San Carlos. Se apoyará a las comunidades con parte de la madera recogida en la corta para necesidades de la población. ix. Las utilidades esperadas con la venta de la madera que asciende aproximadamente a $1.000.000 (un millón de dólares americanos) será depositada en el fideicomiso existente de APANAJUCA, que es la Asociación del Parque Nacional Juan Castro Blanco cuyo objetivo único es la compra de terrenos privados para conservación del Parque Nacional, también conocido en San Carlos como el parque del Agua, y que actualmente tiene más del 90 % de su área bajo propiedad privada. Con fundamento en todo lo anterior, concluye que la corta de los almendros, con fundamento en el permiso de corta de árboles bajo la modalidad del cambio de uso (artículo 19 de la Ley Forestal) es constitucional y legal, con base en nuestro ordenamiento jurídico.

            82- El 13 de febrero del 2009, John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, ambos en su condición de apoderados generalísimos de la empresa Industrias Infinito S.A. (folio 1577) se manifiestan respecto a los informes rendidos por diversos profesores de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica en relación con el proyecto. Indican que un inicio que SETENA solicitó informes a esta Universidad de los cuales no puso en conocimiento a la empresa de los mismos, razón por la cual interpusieron un recurso de amparo que fue declarado con lugar según sentencia número 2004-9220. Cuando tuvieron oportunidad de manifestarse, la Escuela de Geología señaló que lo enviado era el criterio de tres profesionales pero no la posición institucional. SETENA pidió un anexo al Estudio en el cual se dio respuesta a cada uno de los profesores. Con relación al profesor Rivera (2002), se trata de un informe desde la perspectiva de la Norma ISO 14001 lo cual es absurdo, ya que dicha norma es para proyectos en operación mientras que un estudio de impacto ambiental es un estudio predictivo por naturaleza, por lo que se deben considerar los impactos potenciales, pero nunca reales como él afirma. La certeza de los impactos es desconocida, solamente se les puede considerar dentro del rango entre muy probables o poco probables. Refiere que en todo caso las observaciones expuestas tanto por el profesor Rivera como Astorga fueron subsanadas en el anexo presentado al estudio de impacto ambiental. El informe del profesor Gabriel Segura resultó positivo al proyecto determinando que éste era ambientalmente viable, sin embargo no fue tomado en consideración por SETENA en aquel momento.

83- El 13 de febrero del 2009, John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, ambos en su condición de apoderados generalísimo de la empresa Industrias Infinito S.A. (folio 1602) manifiestan que los argumentos presentados por el recurrente constituyen vicios que no se dirigen en contra del decreto y permiso de corta, sino de la disposición que le da sustento (artículo 19 de la Ley Forestal), sobre lo cual la Sala se pronunció en el expediente número 05-16376. Indican que el proyecto Crucitas cumple con todos los permisos y los requerimientos que disponen un uso racional de los recursos y los beneficios económicos y sociales correspondientes, fundamentado en Estudios de Factibilidad revisados en la Dirección de Geología y Minas. La actividad minera es declarada de conveniencia nacional y de utilidad pública de conformidad con el artículo 3 del Reglamento a la Ley Forestal y 6 del Código de Minería.

84-  El 17 de febrero del 2009, John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, ambos en su condición de apoderados generalísimo de la empresa Industrias Infinito S.A. (folio 1615)  manifiestan con relación a la lapa verde que la empresa realizó un inventario de las especies de aves presentes en el Proyecto, donde se recolectaron datos de campo para poder evaluar aspectos ecológicos como la diversidad, abundancia y hábitats presentes en el lugar. Además se hizo una revisión de bibliografía que se utilizó, siendo la más actualizada. Se concluyó que la avifauna de la zona, principalmente aquella asociada a hábitats boscosos, presenta una abundancia de especies y de individuos relativamente baja. Uno de los factores que mayor influencia puede tener en esto lo constituye la alteración que sufrió la zona en el pasado por una extracción selectiva de especies forestales con importancia maderable. Asimismo, otros biólogos  indicaron que la lapa verde no de depende exclusivamente del árbol de almendro amarillo para su alimentación, sino de 36 especies más de flora que incluyen plantas leñosas y no leñosas. La lapa verde no depende exclusivamente de la zona de las Crucitas para su alimentación. La mayor zona de alimentación de la lapa verde lo compone la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque. Además de otras áreas como las que se localizan en las tierras bajas del Atlántico cerca del Puerto Viejo de Sarapiquí y Chilamate, a lo largo de la costa en Tortuguero, así como en las faldas de la cordillera Volcánica Central y Tilarán, donde llegan hasta alturas de 1.000 m y ocasionalmente cruzan la división continental hacia las faldas del Pacífico. Por otro lado, la lapa verde no anida exclusivamente en árboles de almendro amarillo, tampoco anida en la zona de Crucitas. Tampoco esta zona es exclusiva como ruta de paso para la migración de lapas verdes. El proyecto minero no interrumpirá el proceso de reproducción de las 25 parejas o 35 parejas de lapas verdes que anidan en la reserva Maquenque, porque hay suficientes árboles de almendro y titor en el área donde anidan. Por ello es que la corta de los árboles autorizados tampoco interrumpirá el ciclo de alimentación de la lapa verde. Dentro de las propiedades del proyecto minero se realizó un censo de los árboles de almendro amarillo y hay 521 árboles adultos que no se cortarán. Además, como ya fue indicado la lapa verde no se alimenta sólo del almendro amarillo sino también de 36 especies de frutos más. 

85- El 17 de febrero del 2009, John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, ambos en su condición de apoderados generalísimo de la empresa Industrias Infinito S.A. (folio 1660), reiteran las manifestaciones que ya han realizado con relación al almendro amarillo, haciendo alusión además a otros aspectos del tema forestal. Indican que según estudios realizados por diversos ingenieros se llegó a determinar que en el área a desarrollar en el Proyecto Minero el bosque es secundario y primario intervenido. Los resultados de dichos estudios determinaron diferentes tipos de bosque: Bosque primario de ladera y de planicie que en total sumaron un porcentaje de 5,6%, el cual se encuentra localizado fuera del proyecto Minero Crucitas, Bosque primario intervenido tanto de ladera como de planicie que sumados presentan un porcentaje de 52%, bosque secundario con 6.9%, el resto del área en estudio corresponde a charrales, usos agrícolas y plantaciones forestales, lagunas e infraestructura (35.3%).  Según estos estudios el plan de mitigación y compensación del componente forestal propuesto para el proyecto cumple con los fundamentos de racionalidad y proporcionalidad, ya que de acuerdo al análisis realizado se plantea la siembra de 611.392 árboles en un área de 382 hectáreas de potrero versus la corta de 11.427 árboles en un área de 262 hectáreas (cobertura boscosa y potrero). Además de la recuperación de 55,3 hectáreas del Área de Desarrollo, que involucra la siembra de 88.480 árboles más. Esto quiere decir que se sembrarán aproximadamente sesenta y un árboles por cada uno que se corta. Se dará un aumento de cobertura boscosa en el área del proyecto de 277,41 hectáreas con respecto al área de bosque actual, o sea pasa del 65% a 84% del total del AP. En el área del proyecto no se detectaron bosques de tipo primario, por lo contrario la cobertura boscosa  se clasifica como muy intervenida (bosques aprovechados por la actividad maderera) o secundaria (áreas que fueron potreros o charrales y que se regeneraron naturalmente). En sitios aledaños al área del proyecto se observaron áreas boscosas de igual categoría. Fue muy importante que en el Plan de Compensación se establecieran áreas de Corredor Biológico, lo cual evita la fragmentación de la cobertura boscosa tanto en el área de proyecto como entre el AP y los sectores aledaños. Refieren que de la documentación revisada se concluyó que la especie de avifauna lapa verde no será afectada por la corta de los 197 árboles de almendro amarillo localizados en el área de Desarrollo, ya que no es un cantidad significativa en comparación con la existencia de esta especie tanto en el área del proyecto como en la Región Huetar Norte.   

86- En escrito de fecha 17 de febrero de 2009, Roy Ramírez  manifiesta que tiene derecho a un ambiente sano (folio 1721).

87- El 30 de octubre del año pasado Adriana Calvo Aguilar, mayor, soltera, con cédula 1-981-719, presentó el recurso de amparo que se tramita en expediente número 08-0014706-007-CO (folio 1722) en el que cuestiona la constitucionalidad del decreto Ejecutivo número 34801-MINAET por haberse excedido el Poder Ejecutivo en sus potestades, por haber autorizado la tala de árboles en peligro de extinción y por resultar arbitrario al autorizar la actividad minera en dicha zona. que no está conforme con el Proyecto Minero Las Crucitas, en Cutris de San Carlos. Refiere que dicho proyecto fue señalado como de interés público -por medio de Decreto Ejecutivo-, sin considerar las especies arbóreas en peligro de extinción como es el caso del Almendro. Sostiene que el cuestionado decreto basó su autorización de tala de especies vedadas en sentencia de la Sala Constitucional número 2002-002486 de las diez horas y cincuenta y cuatro minutos del 08 de marzo del 2002, en este caso del almendro, en los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal.  Indica que de los artículos citados se desprende que se podrá cambiar el uso de suelo para proyectos que tengan conveniencia nacional, sin embargo, el régimen de protección de las especies de almendro que se encuentran en la zona del Proyecto Minero Las Crucitas no es por regulación de uso de suelo, por lo que la resolución citada tiene un carácter erga omnes, y sólo puede ser modificada por la misma Sala Constitucional y no por Decreto Ejecutivo. Señala que analizando los artículos utilizados por el Poder Ejecutivo en el Decreto mencionado, se evidencia que se utilizó una interpretación propia de la ley, incurriendo en atribuciones no propias a su naturaleza, por lo que sólo utiliza partes de los artículos, no los contextualiza y no utiliza las definiciones que el artículo 33 establece para la aplicación del artículo 34 de la Ley Forestal. Manifiesta que las especies de árboles vedadas que se encuentran en esta zona no recaen bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 33 de la Ley citada, por lo tanto tampoco son sujetos de los supuestos del artículo 34, por lo que es evidente el quebrantamiento del artículo 11 de nuestra Carta Magna al atribuirse, los funcionarios públicos responsables de este decreto, facultades que no poseen al interpretar la ley, y además la ruptura del principio constitucional que es el Principio de Legalidad, por cuanto el fin que se pretende alcanzar con este decreto no se puede fundamentar con las leyes utilizadas para hacerlo. Refiere que el decreto basó su declaratoria de interés público y conveniencia nacional en datos expuestos en el punto VII del Considerando, que establece que la mina tendrá una vida útil de 11 años, la cual creará un desarrollo en las comunidades cercanas a  las Crucitas y necesitará mano de obra, pero no contempla este criterio que al finalizar la vida útil de la mencionada mina de oro, la zona quedará completamente inutilizada para realizar otro tipo de actividades económicas, pues por la naturaleza de la minería a cielo abierto, implica la total destrucción del área utilizada, no cumpliendo así con la garantía que el Estado debe brindar al ciudadano de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al que se refiere el numeral 50 de la Carta Magna, también a largo plazo deniega el derecho al trabajo de los actuales y futuros residentes de la zona donde se localiza el Proyecto citado. Aduce que las especies que se encuentran en esta zona están sometidas a un régimen de protección distinto al que  mencionan los artículos base de ese decreto y que su contenido es contrario a derecho y por ende resulta ilegal, motivo por el cual, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, declarándosele nulo, debiéndose dejar sin efecto todas las resoluciones otorgadas a la luz del mismo. Solicita que se declare con lugar el recurso

88- Por resolución número 16790 de las doce horas y siete minutos del siete de noviembre del dos mil ocho se acumuló el amparo 08-014706-0007-CO a este expediente (folio 1733).

89-  Juan Carlos Bermúdez Barboza, mayor, casado, con cédula 1-537-022, vecino de Paso Ancho presenta el recurso de amparo 08-015072-0007-CO (folio 1737), en el cual indica que no está conforme con el Proyecto Minero Las Crucitas, en Cutris de San Carlos. Refiere que dicho proyecto fue señalado como de interés público -por medio de Decreto Ejecutivo-, sin considerar las especies arbóreas en peligro de extinción como es el caso del almendro. Sostiene que el cuestionado decreto basó su autorización de tala de especies vedadas por sentencia de la Sala Constitucional, número 2002-002486 de las diez horas y cincuenta y cuatro minutos del 08 de marzo del 2002, en este caso del almendro, en los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal.  Indica que de los artículos citados se desprende que se podrá cambiar el uso de suelo para proyectos que tengan conveniencia nacional, sin embargo, el régimen de protección de las especies de almendro que se encuentran en la zona del Proyecto Minero Las Crucitas no es por regulación de uso de suelo, por lo que la resolución citada tiene un carácter erga omnes, y sólo puede ser modificada por voto de la misma Sala Constitucional y no por Decreto Ejecutivo. Señala que analizando los artículos utilizados por el Poder Ejecutivo en el Decreto mencionado, se evidencia que se utilizó una interpretación propia de la ley, incurriendo en atribuciones no propias a su naturaleza, por lo que sólo utiliza partes de los artículos, no los contextualiza y no utiliza las definiciones que el artículo 33 establece para la aplicación del artículo 34 de la Ley Forestal. Manifiesta que las especies de árboles vedadas que se encuentran en esta zona no recaen bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 33 de la Ley citada, por lo tanto tampoco son sujetos de los supuestos del artículo 34, por lo que es evidente el quebrantamiento del artículo 11 de nuestra Carta Magna al atribuirse, los funcionarios públicos responsables de este decreto, facultades que no poseen al interpretar la ley, y además la ruptura del principio constitucional que es el Principio de Legalidad, por cuanto el fin que se pretende alcanzar con este decreto no se puede fundamentar con las leyes utilizadas para hacerlo. Refiere que el decreto basó su declaratoria de interés público y conveniencia nacional en datos expuestos en el punto VII del Considerando, que establece que la mina tendrá una vida útil de 11 años, la cual creará un desarrollo en las comunidades cercanas a  las Crucitas y necesitará mano de obra, pero no contempla este criterio que al finalizar la vida útil de la mencionada mina de oro, la zona quedará completamente inutilizada para realizar otro tipo de actividades económicas, pues por la naturaleza de la minería a cielo abierto, implica la total destrucción del área utilizada, no cumpliendo así con la garantía que el Estado debe brindar al ciudadano de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al que se refiere el numeral 50 de la Carta Magna, también a largo plazo deniega el derecho al trabajo de los actuales y futuros residentes de la zona donde se localiza el Proyecto citado. Aduce que las especies que se encuentran en esta zona están sometidas a un régimen de protección distinto al que  mencionan los artículos base de ese decreto. Estima que el contenido de dicho Decreto es contrario a derecho y por ende resulta ilegal, motivo por el cual, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, declare nulo dicho Decreto, y deje sin efecto las resoluciones otorgadas a la luz del mismo.

90- Por resolución 16933 de las ocho horas y cincuenta minutos del once de noviembre del dos mil ocho se acumuló el amparo 08-015072-0007-CO a este expediente (folio 1747).

      91- El 26 de febrero del año en curso, Roberto Dobles Mora en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones se apersona a ampliar sus argumentos de descargo (folio 1751). Indica que el decreto cuestionado es legal y constitucional, pues respeta los límites de la ciencia y de la técnica, está respaldado por estudios técnicos realizados y aprobados por SETENA. Con relación al almendro amarillo como explotación comercial refiere que los recurrentes citan mal los antecedentes 2008-13426, 2002-2486, dado que se trataba de circunstancias muy diversas, no de cortar árboles, sino de explotar el almendro para fines comerciales. El antecedente más vinculado con el presente sería la sentencia 2005-5790 respecto a la Mina Bellavista. Refiere que para desarrollar una mina es necesario cortar los árboles, lo cual causa el cambio de uso del suelo y ésta es posible si se dicta una declaratoria de conveniencia nacional. Para tomar esa decisión se requiere haber aprobado el estudio de impacto ambiental y haber obtenido la concesión minera, posteriormente es que se otorga el permiso forestal. Asimismo fueron valorados otros estudios adjuntos. A partir de ello se formó una Comisión Interdisciplinaria conformada por SETENA, la Dirección de Geología y Minas, el SINAC y la asesoría jurídica del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en coordinación con el Viceministro, comisión que valoró las medidas de compensación y mitigación que constan en el expediente y que dieron lugar a la viabilidad ambiental. Asimismo, indica que la Sala ya convalidó los artículos 19.b y 34 de la Ley Forestal y 2 del Reglamento a la Ley Forestal en la sentencia número 2006-17126. Refiere que el código de minería declara la actividad como de utilidad pública en el artículo 6. Señala que esta es la norma general aplicable, la declaratoria de conveniencia nacional para cada sitio en particular es el instrumento de materialización de esa norma para el caso concreto. En la sentencia 2004-13414 la Sala anuló la resolución que le otorgó la concesión de explotación minera a la empresa recurrida porque no existía un estudio de impacto ambiental, lo cual fue saneado con posterioridad. Fueron tomados en cuenta aspectos relacionados con los beneficios económicos generados de proyecciones y estudios serios (no a meras especulaciones como indica el recurrente) aportados a los expedientes administrativos del proyecto. Se analizaron los que para efecto de esta administración están en dos sedes (SETENA y Dirección de Geología y Minas) sin dejar de indicar el tercer expediente de la AFE relacionado con el permiso forestal. En el expediente consta certificación de la SETENA oficio SG-ASA-259-2008 de fecha 10 de octubre de 2008 donde establece que la Evaluación Ambiental ha contemplado el análisis del beneficio en relación con el costo ambiental del proyecto y que cumple con el Balance del Costo Ambiental y Social. Pero esa no es la única fundamentación del acto, todos los argumentos del recurrente son temas ampliamente estudiados, la valoración del costo socio ambiental del cambio de uso del suelo está considerada en la evaluación ambiental realizada por la SETENA, no es en el decreto como instrumento jurídico que se incluyen los estudios científicos que se realizaron para valorar el tema, para eso se hace la mención expresa de que el       proyecto cuenta con la viabilidad ambiental, misma que está compuesta de amplísimos elementos y estudios, sin que ello invalide el acto. No es con el decreto que el Estado viene a darse cuenta del cambio de uso, ni de la corta de especies vedadas, este es un aspecto técnico conocido y estudiado. Estima que el Decreto  Ejecutivo 34801-MINAET es constitucionalmente válido, porque fue precedido de un largo y prolijo estudio de impacto ambiental. La Ley Orgánica del Ambiente establece los siguientes criterios, para la aprobación de un proyecto productivo que deben observarse de previo al otorgamiento de una concesión minera: a) La relación adecuada entre el uso potencial y la capacidad económica del suelo y el subsuelo; b) El control de prácticas que favorezcan la erosión y otras formas de degradación; c) Las prácticas u obras de conservación de suelos y aguas que prevengan el deterioro del suelo (artículos 53 y 54). La normativa establece que para poder declararse conveniencia nacional a un determinado proyecto debe existir un balance positivo que analice costos socio ambientales en relación con beneficios socioeconómicos. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados. En el expediente de trámite de la declaratoria de conveniencia DAJ-077-08, consta el Oficio SG-ASA-259-2008, que establece que la evaluación ambiental ha contemplado el análisis del beneficio en relación con el costo ambiental del proyecto y que es positivo el Balance del Costo Ambiental y Social. Aunado a ello, el Decreto número 32966-MINAE, correspondiente al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de estudio de impacto ambiental)- Parte IV, estipula en su Anexo 2, la metodología mínima que permite valorar los impactos ambientales generados por un proyecto, obra o actividad. El desarrollo metodológico para la valoración de impactos, estipula el uso de una Matriz de Importancia de Impactos Ambientales (MIIA), que permite determinar los efectos del proyecto y su significancia, y por consiguiente plantear las medidas de prevención, mitigación y compensación correspondientes. Aclara que la emisión del Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET se hizo una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Crucitas. Este estudio incorpora una matriz de interacción que permitió la valoración de los impactos ambientales, tal como se puede constatar en las páginas 301-429 de su Volumen II. A la vez el documento denominado Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto presentado el seis de diciembre del dos mil siete, constituyó una actualización de MIIA en las páginas 32-53. La MIIA es una herramienta mundialmente aceptada para la valoración cualitativa de proyectos que presentan instrumentos de evaluación ambiental, incluidos los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). Ayuda a determinar el efecto de cada acción impactante sobre cada factor y aspecto ambiental impactado, incluido el componente social y económico, con lo cual se determina la importancia del impacto. La importancia del impacto está en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, el cual responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como intensidad, extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, capacidad de recuperación, sinergia acumulación, periodicidad, importancia. Tal trascendencia, es representada mediante un modelo matemático, el cual toma valores entre 13 y 100; los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o sea, compatibles, o bien las medidas ambientales se contemplaron en el diseño del proyecto; los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. La matriz permite la interacción de los factores socioeconómicos con los demás componentes ambientales, que necesariamente deben ser analizados, lo cual permite a su vez plantear las medidas preventivas, de mitigación y compensación respectivas que son incorporadas al Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental (P-PGA). Una vez aprobado el P-PGA con las medidas correspondientes, su ejecución se convierte en un compromiso ambiental que debe ser asumido por el desarrollador. Para el caso específico del Proyecto Minero Crucitas, la MIIA incorpora en el análisis del ámbito socioeconómico elementos como uso de la tierra, características de la población necesidades de poblados en áreas de influencia directa e indirecta y empleo entre otros, donde los valores obtenidos arrojan un resultado positivo para el desarrollo del proyecto, por lo que se prevé en términos generales un aumento en la calidad de vida y un impacto positivo en la economía local. En este sentido, y a manera de ejemplo, se puede constatar en las páginas 45-46 de la Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos para el Proyecto Minero Crucitas, que dentro de los impactos considerados como severos se encuentran la afectación de la calidad de vida con un puntaje de +68 y la generación de empleo e ingreso también con un puntaje de +68; en ambos casos el impacto es positivo, por lo que no se proponen medidas de mitigación adicionales a todas las ya contempladas en el instrumento correspondiente. El documento Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto, aprobado mediante Resolución 170-2008-SETENA del cuatro de febrero del dos mil ocho, determina que todos los impactos identificados como severos y críticos en el ámbito socioeconómico, fueron positivos para el desarrollo del proyecto y su ambiente circundante. Por último, la Sala Constitucional ha declarado que no le compete revisar todos los informes y estudios científicos y técnicos necesarios para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental. Es por ello que solicitan que sea declarado que todos los permisos fueron otorgados conforme a la ley y que la Sala Constitucional no revisará de nuevo todo el Estudio de Impacto Ambiental. Reiteran que los científicos que intervinieron en el proyecto minero Las Crucitas durante el proceso de obtención de permisos y autorizaciones, todos concluyeron que el proyecto cumplía y cumple la ley y además se ajustaba a las normas unívocas de la ciencia y de la técnica aplicable. Indica que las investigaciones hechas por científicos para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por SETENA, permitió estudiar todos los aspectos ambientales del proyecto y por ello la viabilidad ambiental y la declaración de conveniencia nacional fueron correctamente dictados. Sin embargo, ante los cuestionamientos hechos por los recurrentes y para los efectos de estos recursos de amparo, el caso fue sometido por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones a diferentes científicos con el objeto de hacer una auditoría o evaluación profesional y comprobar si era confiable la información que existía en el momento de dictarse el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET. El resultado es de nuevo positivo como se expone a continuación. El informe preparado por los biólogos 0livier Chassot y Giselle Monge Arias, los máximos expertos en biología de la lapa verde claramente concluye que el proyecto minero Las Crucitas no interrumpirá el proceso de reproducción de la lapa verde, ni interrumpirá el ciclo anual de alimentación de la lapa verde. El informe dice que durante el período más critico de reproducción (octubre-febrero), la lapa verde se alimenta en un 74.4% de los frutos del Almendro Amarillo. La Lapa Verde no se reproduce en áreas donde la abundancia de Almendro Amarillo es baja o inexistente. Durante el período post-reproductivo (marzo ­noviembre), en el cual hay menos, poca, muy poca o nula disponibilidad de frutos de Almendro Amarillo, la Lapa Verde se alimenta principalmente de Titor (Sacoglottis - trichogyna) y en algunos meses del año (septiembre) cuando hay poca disponibilidad del almendro Amarillo y Titor, hasta de treinta y cinco otras diferentes especies. Concluyen que la lapa verde depende totalmente de una combinación de almendro amarillo y de titor para alimentarse durante todo un año culminar su ciclo reproductivo. La población de lapa verde hace uso de un extenso territorio compartido entre Nicaragua-Reserva Biológica lndio-Maíz y su zona de amortiguamiento en los municipios de El Castillo, San Juan de Norte, así como con la Región Autónoma del Atlántico Sur y Costa Rica (parte de los cantones de San Carlos, Sarapiquí y Pococí). Por lo tanto, la extensión geográfica en la cual la lapa verde conduce sus actividades de forrajeo, estimada en 1.275.621 hectáreas supera el área de influencia del proyecto minero Las Crucitas (aproximadamente 1.500 hectáreas). La información de anidamiento que han recopilado indica que la Lapa Verde anida en un 87% en árboles maduros de Almendro Amarillo (N=66) que presentan cavidades aptas para el tamaño corporal de la Lapa Verde (DAP promedio de 129 cm). Por lo tanto, existe una fuerte relación de dependencia de la Lapa Verde con la disponibilidad de árboles de almendro Amarillo. EI nido más cercano de Las Crucitas se encuentra a 8,7 Km. Posiblemente las Crucitas no forman parte de la zona de anidamiento de la Lapa Verde, debido a la alta fragmentación del hábitat en esta zona y la falta de árboles maduros de Almendro Amarillo. Debido a que Las Crucitas se encuentra fuera del rango de reproducción de la Lapa Verde, el proceso de reproducción de la población de esa especie no será interrumpido. El ciclo de alimentación de los individuos de Lapa Verde que visitan la zona de influencia  Las Crucitas será afectada, debido a la remoción de una­ cantidad significativa de árboles de Almendro Amarillo, por lo que es probable que la visitación de Lapa Verde en la zona del proyecto minero disminuya en los próximos años debido a la extracción de árboles de Almendro Amarillo y a los disturbios producidos por la actividad humana intensa en el área de extracción de oro. El cambio de uso del suelo en 192 hectáreas del proyecto  minero en Las Crucitas no interrumpirá el ciclo alimenticio de la población de Lapa Verde que anida en el RNVSM Maquenque, el cual se encuentra a 8,1 kilómetros. Sin embargo, el proyecto minero podría provocar un desplazamiento de la población de Lapa Verde que visita la zona de Las Crucitas, posiblemente hacia el RNVSM Maquenque donde tendrá que competir con otras especies para el acceso a fuentes de alimentación. Estima que las conclusiones de los científicos Chassot y Monge son incuestionables. El proyecto minero Las Crucitas no interrumpirá el ciclo de reproducción de la lapa verde ni interrumpirá el ciclo anual de alimentación de la lapa verde. Por ello, no existe peligro para esa especie. Esta tesis es corroborada por otro científico que objetivamente ha estudiado el tema para estos casos de amparo. Con relación a la protección del árbol de almendro amarillo, el informe de los científicos Dr. Olman Murillo, M.S.c Braulio Vilchez e Ing. Yorleny Badilla, de la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de Febrero del año en curso, concluye que la eliminación de 196 árboles de un total de poco más de 700 individuos de almendro (Dipteryx panamensis) no significan un deterioro significativo de la posibilidad de alimentación de la lapa verde (Ara ambigua). También concluyen que la eliminación de población de poco más de 700 individuos, implica la permanencia de más de 500 individuos, que significa un tamaño de población efectivo suficiente para garantizar su variabilidad genética y descartar cualquier grado de amenaza en las próximas generaciones. Existe una base científica sólida y de validación de la información sobre los bosques de la propiedad de Industrias Infinito SA., que sustenta la propuesta del plan de manejo y mitigación formulada por los técnicos de la empresa para el proyecto Minero Crucitas. Los bosques existentes en la propiedad de la empresa Industrias Infinito en la zona de Las Crucitas, con base en su estructura y composición, deben ser técnicamente considerados como bosques secundarios en su gran mayoría, y en una proporción menor, bosques primarios fuertemente intervenidos, causado por el proceso de madereo que sufrieron aproximadamente treinta años atrás. Los bosques secundarios que hay se pueden apreciar en la propiedad en mención, fueron en realidad potreros para la producción ganadera hace treinta o treinta y cinco años atrás. La eliminación de las 92 hectáreas de bosques secundarios a favor de la concesión minera, no implica una pérdida relevante en la biodiversidad y representatividad de los ecosistemas de la zona norte del país. Se debe abordar el manejo sostenible de la empresa y la región, no solo desde el punto de vista de la gravedad de las amenazas a la biodiversidad, sino también de las oportunidades que ofrecen esos bosques para contribuir a la conservación. Un manejo deficiente es una amenaza, un correcto manejo puede hacer una contribución importante. El proyecto Minero Crucitas debe ser una oportunidad para demostrar que se puede lograr un equilibrio sano de los componentes a nivel de país, región y paisaje a partir de la unidad de manejo forestal de sus ecosistemas. El resultado del plan de manejo y mitigación forestal propuesto para la empresa, aumentará de 968 hectáreas a 1182 la cobertura de bosques (aproximadamente un 20%), eliminará la fragmentación existente, y permitirá que ocurra, paulatinamente, un proceso de enriquecimiento en su biodiversidad. La eliminación de 196 árboles de un total de poco más de 700 individuos de almendro (Dipteryx panamensis) a favor de la zona de explotación minera directa, en terrenos propiedad de la empresa Industrias Infinito S.A., no significan un deterioro significativo de la posibilidad de alimentación de la lapa verde (Ara ambigua), ni se puede considerar tampoco como una pérdida de hábitat importantes, dado que ha sido una zona que no ha registrado la existencia de anidamiento de la lapa verde en los últimos catorce años y, al grado de deterioro en que ya estaban estos bosques desde su última intervención maderera ocurrida en los años ochenta.  Dado que la alimentación de la lapa verde (Ara ambigua) se basa en al menos treinta y siete especies vegetales, y que el árbol de almendro (Dipteryx panamensis) proporciona frutos únicamente durante 2 o 3 meses al año, no se puede argumentar la dependencia alimentaria exclusiva de estas aves en una sola especie forestal. La eliminación de ciento noventa y seis árboles de almendro de una población de poco más de setecientos individuos, implica la permanencia de más de 500, que significa un tamaño de población efectiva suficiente para garantizar su variabilidad genética y descartar cualquier grado de amenaza en las próximas generaciones. La siembra de más de 5000 árboles de almendro ocurrida en los últimos tres años en áreas sin bosque dentro de la propiedad, incrementarán considerablemente el tamaño de población efectivo de la especie en el muy corto plazo. La presencia de la empresa en la zona impidió que continuara el deterioro de los bosques, suelos y aguas de la propiedad adquirida. El plan de manejo propuesto permitirá que ocurra un proceso de recuperación y enriquecimiento de los bosques, apoyado en la presencia de abundante semilla en los bosques residuales de las propiedades vecinas. Una población natural de especies de árboles se encuentra en un equilibrio relativo y libre de amenaza de extinción para varias generaciones, cuando su tamaño efectivo de población (individuos en reproducción) no sea inferior a cincuenta individuos, la población existente de almendro amarillo en la propiedad de Industrias Infinito S.A. es de más de esa cantidad con capacidad de reproducción. El programa del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a que sembrás un árbol, logró sembrar en San Carlos, cantón en el que está la mina Las Crucitas, 1.437.974 árboles o sea el 20.5% del total sembrado en todo el país. El Programa Fonafifo invirtió en el Distrito de Cutris, cantón de San Carlos, en el periodo 1998-2007, 2.500 millones de colones en el pago de Servicios Ambientales, por un área de 17,064.72 hectáreas. En el 2007 se plantaron 7,007.323 árboles en todo el país, lo que nos convierte en el primer país en plantar más árboles per capita y por kilómetro cuadrado. Es importante resaltar que del total plantado el 30% se plantó en Alajuela (2.081.023) y que San Carlos, cantón en donde se encuentra el proyecto minero Las Crucitas plantó 1.437.974 árboles o sea el 20.5% del total a nivel de todo el país. El informe del científico M.S.C Hugo Virgilio Rodriguez Estrada, Hidrogeólogo, Credencial Colegio de Geólogos de Costa Rica Número 45, Registro de Consultor SETENA Número 01-97, concluyó que el proyecto Crucitas es viable y no se espera ninguna afectación negativa a las aguas subterráneas. Dice el informe que según el diseño del Proyecto Minero Crucitas, el acuífero superior no representa limitaciones para su desarrollo debido a que no se contaminará por efecto del proceso de extracción del material, ni por los procesos industriales, siempre y cuando se cumplan con las medidas de prevención y mitigación propuestas. El acuífero inferior está formado en rocas ígneas del basamento, es de carácter confinado y no presenta afloramientos en la superficie, esta característica implica que las áreas de recarga se ubican fuera del Área del Proyecto Crucitas, muestra un flujo regional de noroeste a suroeste, con una gradiente hidráulica promedio de 3.2%, lo que implica que el flujo de agua no drena hacia el Río San Juan. La capa confinante no la conforma la saprolita, sino que está formada por algunos horizontes de baja permeabilidad ubicados dentro de las propias rocas del basamento. Actualmente no se tienen registros de que este acuífero se capte en la región y en cuanto a la calidad del agua del acuífero inferior, presenta una concentración más alta en todos los parámetros químicos, la cual es comprensible debido a que es un acuífero más profundo, en el que el agua tiene un mayor tiempo de residencia y está más propenso a ser afectado por las alteraciones hidrotermales relacionadas con el yacimiento mineral. Por esta razón este acuífero presenta condiciones de baja calidad en sus aguas, y  los valores de amonio, hierro, potasio, sulfatos, color, turbidez están fuera de las normas nacionales de calidad de agua para abastecimiento humano. Debido a que este acuífero se ubica a profundidades mayores a 50 metros bajo el suelo en el área del proyecto, no se verá afectado por la actividad del proyecto en cuanto a posibilidad de infiltración desde la superficie. Los análisis realizados a los datos existentes indican como conclusión general que desde el punto de vista de la hidrogeología, el proyecto Crucitas es viable y no se espera ninguna afectación negativa a las aguas subterráneas si se aplican todas las medidas de control, prevención y mitigación establecidas. Por su parte, la evaluación hidrogeológica realizada por el SENARA se comunicó a través de un oficio, firmado por el Ing. Bernal Soto Zúñiga Gerente General, también validó el proyecto y consideró que no se causa peligro a los mantos acuíferos. El estudio hidrogeológico realizado por la empresa ECOAMBIENTE, S.A. para el Proyecto Crucitas y evaluado por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, define con claridad la situación de la zona del proyecto Crucitas e identifica el modelo hidrogeológico conceptual, tal que permite desarrollar el análisis del impacto potencial a las aguas subterráneas por el desarrollo del proyecto. Una vez evaluado el modelo hidrogeológico conceptual propuesto por la empresa desarrolladora del proyecto, procedió a validar el mismo en el marco de los compromisos asumidos por la empresa para mitigar el impacto potencial a las aguas subterráneas de la zona de interés. El informe de los científicos, doctor en geología Jorge Laguna Morales y del M.Sc Franz Ulloa Chaverri, concluyeron que es nulo el riesgo de un accidente con cianuro por derrames o malos manejos. También concluyeron que son técnicamente inexistentes los riesgos de intoxicación de seres humanos y otros seres vivientes por efecto del cianuro. En cuanto al drenaje ácido, que ya fue estudiado en el caso de la Mina Bellavista, concluyeron que la generación de drenaje ácido no es posible bajo las condiciones de control y técnicas de manejo a ser implementadas para eliminar ese efecto. La tecnología; la infraestructura, los protocolos de transporte, manejo, almacenamiento, control, uso, recirculación y destrucción del cianuro y sustancias cianuradas expresados en los documentos oficiales de la empresa Industrias Infinito S.A. a ser utilizados e implementados en la explotación de oro en la mina Las Crucitas, indican que el riesgo de un accidente por derrames o malos manejos técnicos son nulos. Las medidas de seguridad y de vigilancia que se van a implementar en el manejo del cianuro y sustancias cianuradas son las más adecuadas y actualizadas a aplicar para ese tipo de actividad, por lo que los riesgos de intoxicación de seres humanos y otros seres vivientes son técnicamente inexistentes. El riesgo de contaminación por derrames o mala disposición de residuos cianurados es considerado también como inexistente siempre y cuando se actúe baja la aplicación de las medidas técnicas (infraestructuras) y de manejo (protocolos) expresadas en los documentos analizados, con lo que se desestima la posibilidad de una eventual contaminación tanto de aguas superficiales como aguas subterráneas. También se concluye que la generación de drenaje ácido no es posible bajo las condiciones de control y técnicas de manejo a ser implementadas para eliminar ese efecto. Los análisis realizados a los datos existentes indican como conclusión general que desde el punto de vista de la hidrogeología el proyecto Crucitas es viable y no se espera ninguna afectación negativa a las aguas subterráneas si se aplican todas las medidas de control, prevención y mitigación establecidas. El informe de la socióloga Sonia Cervantes, concluye que la zona es clasificada como pobre o de extrema pobreza y que la gente vivía muy mal, por debajo de la línea de pobreza. Que la inversión hecha por la mina es positiva, ha cambiado los caminos y ha capacitado a la gente para que puedan vivir mejor. El balance del proyecto es positivo, Costa Rica tuvo la visión, hace unas tres décadas, de implementar políticas para asegurar la protección absoluta de gran parte del territorio nacional, sin embargo el territorio nacional no crece, en tanto la población sí lo hace, no solo como producto del proceso natural de reproducción, sino por la inmigración proveniente de naciones vecinas. El éxito de las próximas políticas de protección del ambiente en Costa Rica y el mundo, se basará en encontrar el equilibrio entre el ser humano y el reto de los seres vivos y no colocarlos en situaciones de competencia por la sobrevivencia. En el área de influencia del proyecto Crucitas existen muchas familias esperando desesperadamente una oportunidad de vida, cuando visitó a finales del dos mil siete la zona, le pareció difícil aceptar que era parte de nuestro país, dado las difíciles condiciones en que vivían estas familias, sin caminos, sin servicios básicos, sin comunicación, sin empleo, sin comida y el proyecto Crucitas está ofreciendo cubrir  muchas de estas necesidades. Corresponde a las Autoridades Ambientales de nuestro país, en un estricto plan de gestión ambiental, con adecuada y responsable mecanismos de supervisión, garantizar que se brinde protección a la flora y fauna de la zona, la que a todo costarricense responsable le interesa, pero brindando además calidad de vida a la población de esta olvidada región del país.  La población de las comunidades, Crucitas, Chamarra, Moravia, El Roble y Coopevega del distrito de Cutris y Jocote y Llano Verde, del distrito de Pocosol, todas del cantón de San Carlos tienen que ser integradas al desarrollo del país, se les debe otorgar las oportunidades para alcanzar los niveles de vida que tienen otras comunidades rurales del país. Si el Estado o el gobierno local no tienen la capacidad, para hacer la inversión que requiere la zona, debe dársele la oportunidad de que la empresa privada lo haga. Industrias Infinito ha demostrado que el compromiso social que asumieron con la población y con las autoridades ambientales nacionales se está convirtiendo en una realidad, aún antes de comenzar a operar y la explotación de la mina, se ha constituido para estas comunidades en una esperanza de cambio de las difíciles condiciones que actualmente enfrentan. Las expectativas que tienen son muy altas y expresan una gran confianza en que IISA se apegue a los compromisos adquiridos con las comunidades. Esta confianza está fundamentada en la labor que por casi doce años, ha llevado a cabo la empresa, fomentando y brindando capacitación a grupos organizados, contribuyendo con la infraestructura de caminos, educativa y de salud y respondiendo a múltiples solicitudes de apoyo en muchos ámbitos del quehacer local. Muchos ambientalistas olvidan que el ser humano cuando tiene hambre puede convertirse en el principal depredador de la naturaleza, pero puede también llegar a ser el principal aliado en la protección del medio ambiente, cuando encuentra oportunidades para tener una vida digna, a través de procesos de concientización y capacitación ambiental. El Informe del economista Lic. Juan Muñoz, concluye que con la metodología apropiada, la información disponible y los supuestos razonables para el cálculo, se concluye  que el impacto biofísico del Proyecto Crucitas asciende a US $ 1,48 millones y de US $ 2.26 millones el impacto social, para un total de US $ 3,74 millones. Los beneficios sociales derivados del Proyecto superan los US $ 158,11 millones en el orden de empleos, impuestos o inversión en las comunidades de su área de influencia. Una diferencia a favor del Proyecto de $ 154,36 millones. El Proyecto Crucitas otorga al país, al Cantón de San Carlos y a las comunidades de su área de influencia, beneficios que superan en gran medida los posibles impactos negativos  que ése pudiera generar. El proyecto Crucitas, ha realizado un buen número de actividades que incluyen inversión social, donación para la reconstrucción y mejoramiento de infraestructura, de servicios básicos para las comunidades, la salud física y mental de la población y la capacitación en oficios y herramientas, así como formas de organización comunal que permitan a estas poblaciones un mayor dinamismo social y economía. Hasta el 2008 el Proyecto había invertido un monto superior a $5.58 millones, cifra que se incrementará a lo largo de las operaciones del mismo. EI Proyecto Crucitas es de interés público por su alto valor agregado en materia de beneficios sociales, con lo que se cumple el criterio de conveniencia nacional exigido por la Ley Forestal y su reglamento para la autorización del proyecto. El proyecto minero ha sido tramitado conforme a la legislación costarricense y la empresa ha cumplido paciente y diligentemente todos los trámites y peticiones del Gobierno de Costa Rica. Ninguna de las leyes, reglamentos, directrices o circulares ha dispuesto nunca que es prohibida la actividad minera en lugares en que hay bosques, ni en lugares en que hay árboles de almendro amarillo. Es la razón por la cual, la empresa ha continuado sus trámites de obtención de permisos y autorizaciones bajo las reglas actuales para el cambio de uso del suelo del bosque, de manera que para la empresa y para el Gobierno de Costa Rica, las reglas legales y técnicas actuales son claras en cuanto permiten la actividad minera del proyecto Las Crucitas. La seguridad jurídica que ha brindado el gobierno de Costa Rica es fundamental para el desarrollo de las actividades privadas, sean hechas con capital local o internacional. Pero sobretodo, la seguridad jurídica es el elemento fundamental de atracción de inversiones vitales para el sostenimiento y crecimiento de la economía del país. De hecho, la Promotora de Comercio Exterior, Procomer, así lo describe en el informe. Las controversias que puedan surgir producto del irrespeto a la seguridad jurídica que debe imperar en nuestro país; genera un clima desfavorable para la inversión que inhibe la instalación de nuevas empresas y pone en riesgo el arraigo de las ya existentes. Solicita que se declare sin lugar en todos sus extremos los recursos de amparo acumulados.

92- Por escrito presentado el 2 de marzo de 2009 (folio 1798) Enid Gamboa Robles en su condición de Presidenta del Consejo Técnico Asesor en Minería del Poder Ejecutivo se apersona a manifestar que en nuestro país por razones de génesis geológica los depósitos de oro se encuentran en suelos generalmente no aptos para la agricultura y la ganadería, por ello es que las zonas con vocación aurífera albergan comunidades con bajo perfil de desarrollo social, como Las Juntas de Abangares, Desmontes y Crucitas entre otros. La minería puede ser a cielo abierto o subterráneo. El desarrollo de una mina de oro afecta áreas muy puntuales, contrario a otras actividades de orden extensivo como la ganadería, desarrollo humano (urbanismo) y agricultura. Los procesos de extracción de oro han sido prolongadamente probados y científicamente estudiados por lo que su impacto ambiental es muy conocido, medible y remediable. La minería de oro es motor de otras actividades económicas, ya que, para su propio funcionamiento y operación debe construir carreteras, servicio de electricidad y teléfonos, infraestructura médica, suministro de agua potable e Internet, que se integran a las comunidades donde se asienta el proyecto. Un caso es el de Miramar, que se benefició considerablemente con el proyecto de la Mina Bellavista, la minería es además una actividad que no goza de ningún tipo de exoneración y además el oro es el único metal que no es afectado por recesiones financieras mundiales. El impacto de la explotación puede ser controlado y monitoreado con gran precisión y a un bajo costo, por ser esta una actividad muy localizada y ampliamente conocida a nivel mundial.  

93- A folio 1803 del expediente se apersonan Luis Evelio Segura Morales, Dora Alicia Araya Saborío, Guisela Rodríguez Rodríguez, Margarita Durán Acuña, Norma Quirós Arce, Tito Antonio Guerrero Sánchez, José Antonio Acuña Salas, María Estelita Vásquez, Edgar Chacón Pérez, Efrén Zúñiga Pérez y Edgar Rodríguez Alvarado a presentar coadyuvancia a favor de la empresa recurrida por los beneficios que ha otorgado a la comunidad.

94- El 2 de diciembre de 2008 Arnoldo Rudín en su condición de Gerente General de Industrias Infinito S.A. (folio 1809) solicita llevar a cabo una vista.

95- Por escritos presentados el veinticinco de marzo del año en curso, Jorge Rodríguez en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones solicita que en los expedientes 08-14068-0007-CO, 08-14592-0007-CO, 08-14454-0007-CO, 08-14464-0007-CO, se tenga por presentado el oficio SG-196-2009-SETENA, donde amplió los argumentos de descargo, en el cual se indicó que SETENA sí contempló el análisis del componentes hidrológico en el estudio de impacto ambiental (ver tomo I Apartado 6.5 páginas 190-211). Una vez que el desarrollador solicitó una modificación al proyecto para extraer a mayor profundidad, los impactos de tal modificación fueron adecuadamente valorados en el documento denominado Evaluación de Cambios Propuestos al Proyecto. En éstos se logró demostrar que el acuífero circula en sentido contrario al río San Juan, por lo que no drena hacia éste; el acuífero inferior ya presenta una concentración muy alta de parámetros químicos, por ello sus aguas no son de alta calidad, no es potable, y el acuífero superior está confinado, no se comunica con otras áreas, está limitado por la topografía del terreno, porque los flujos de agua pluvial van de las partes superiores a las inferiores. El tiempo del tránsito del agua es muy lento, de un centímetro por día, por ello no se contaminará por el efecto del proceso de extracción del material ni por los procesos industriales, siempre y cuando se cumplan las medidas de prevención y mitigación propuestas. Además como ya fue indicado, se descartó el drenaje ácido de roca (folios 1811 y 1820, 1829, 1838).

96- El 26 de marzo del 2009, John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, ambos en su condición de apoderados generalísimos de la empresa Industrias Infinito S.A. (folio 1847) aportan un cuadro que expone los alegatos y respuestas de las partes en este amparo.

97- El veintiséis de marzo de este año la diputada de la Fracción del Partido Acción Ciudadana, Patricia Romero Barrientos aporta un video del proyecto Crucitas (folio 1879).

98- A folios 1881, 2958, 2960, 2963, 2970, 2973, 2976, 2983, 2984, 2987, 2989, 2991, 2993, 2995, 2999, 3002, 3004, 3007, 3009, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3023, 3025, 3029 a 3073, 3161 a 3183, 3188 a 3203, 3208 a 3311, 3314 a 3318 y 4371 varias personas se apersonan al expediente en apoyo de este recurso de amparo.

99- El 1 de abril de 2009 José Andrés Soto Rivera en su condición de Gerente de Responsabilidad Social del Proyecto de Crucitas aporta un dvd y una publicación que resume los principales aspectos técnicos relacionados con el proyecto (folios 1883 y 1884).

100- A folio 1890 del expediente consta adjunto un escrito desglosado y ordenado tramitar como amparo, presentado por Alvaro Sagot Rodríguez y Mario Peña Chacón  en el que acusan la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008, que declara de interés público y conveniencia nacional el “Proyecto Minero Crucitas”, por considerarlo contrario a los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política; los principios de proporcionalidad y razonabilidad; el artículo 4 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (ley 5980); y el artículo 5 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (ley 3763). Alegan que la norma cuestionada violenta la “lógica ambiental” y los criterios de proporcionalidad que deben estar presentes cuando se trata de conceptos indeterminados como la “conveniencia nacional” o el “interés público”. Se debe efectuar una ponderación y posterior toma de decisión, donde se mida la conveniencia social, sobre lo socio-ambiental. Deben existir estudios científicos donde lo precautorio debe imperar, pero en ninguno de los considerandos del decreto se cita el estudio que eche luz sobre si lo social está por sobre lo socio-ambiental. El decreto cuestionado tiene un serio vicio de inconstitucionalidad por violación, entre otros, del principio precautorio o cautelar ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Sala y contenido en instrumentos internacionales tales como el Principio 15 de la “Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, el Principio 11 de la “Carta de la Naturaleza” y en el preámbulo de la “Convención sobre la Diversidad Biológica”. Dicho principio precautorio significa que, ante la incerteza absoluta, por falta de estudios, el criterio se debe inclinar por no otorgar una autorización, o como en este caso, una declaratoria de conveniencia nacional y de interés público. Indica que no se deben confundir los estudios ambientales de viabilidad del proyecto en sí, con los estudios socio-ambientales necesarios para la declaratoria de conveniencia nacional e interés público, pues son cosas muy diferentes. Como se puede leer en el fundamento del decreto cuestionado, se ha hecho una enumeración de posibles ingresos en dinero, pero en ningún momento, se mencionan los efectos ambientales o costo ambiental de realizar la obra pretendida por una empresa minera. Ante ello se aprecia un vacío que genera una gran incerteza y es que la fundamentación en criterios como la conveniencia nacional o el interés público no pueden darse como han sido concebidos en el decreto relacionado, pues en ese caso, todo podría ser de conveniencia y de entrega de riqueza de la colectividad y de generaciones futuras, a una empresa transnacional, que al final, podría dejarnos con perdidas irreparables en la biodiversidad. Es por ello que se insiste en que esa falta de fundamentación genera un vacío que deja al decreto sin contenido real de ponderación de bienes que son de todas y todos los costarricenses, por lo que es manifiesto un vicio de constitucionalidad y la violación de los principios de racionalidad ambiental, proporcionalidad y al precautorio. Se autoriza un cambio de uso del suelo por supuesta “conveniencia nacional” pero no se puede ir contra el ordenamiento jurídico y principios de rango constitucional como lo son el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el principio de irreductibilidad del bosque, el principio precautorio y el derecho a gozar de un paisaje y el principio de equidad intrageneracional y solidaridad intergeneracional, aspectos que no solo están contemplados en normas de rango constitucional, sino que han sido desarrollados por la jurisprudencia de esta Sala. Debería haber una mesura, una ponderación y estudios ambientales que justifiquen una declaratoria como la ahora impugnada; pero -insisten- el decreto es totalmente omiso en datos que justifiquen dicha autorización y, contrario a ello, más bien se hace hasta cierto punto una apología de la degradación al señalar, en el artículo 2 del decreto, que se autoriza la tala inclusive de especies vedadas, como en este caso, el almendro amarillo. Nuestro país, por medio del Ministerio de Ambiente, Energía y  Telecomunicaciones, incluyó voluntariamente dicha especie en el apéndice 111 de la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES), pues es vital su preservación a nivel nacional e internacional y por ello se restringe su comercio internacional y se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para protegerla dentro de nuestras fronteras. La apología del “ecocidio” y el irrespeto de la jurisprudencia constitucional se aprecian al autorizar la tala de almendros amarillos, cuando se ha ordenado al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que preserve esa especie (voto 2008-13426). Pide que se declare inconstitucional el decreto en cuestión.

101- Por resolución Número 17570 de las once horas tres minutos del cinco de diciembre del dos mil ocho se acumuló a este expediente el amparo número 08-016115-0007-CO. (folio 1909)

102-  A folio 1914 del expediente consta recurso de amparo número 08-016200-0007-CO presentado por Yamileth Astorga Ezpeleta y Jorge Arturo Lobo Segura, en el que acusan  que el seis de agosto del dos mil siete, la empresa Industrias Infinito S.A. solicitó a la SETENA le fuera aprobada la viabilidad ambiental a una modificación al diseño original del proyecto Mina Crucitas al cual la SETENA le había otorgado la viabilidad ambiental por medio de la resolución número 3638-2005-SETENA del dos de diciembre del dos mil cinco. Señala que el seis de diciembre del presente año, la empresa desarrolladora presentó un documento denominado "Evaluación Ambiental de la Modificación Propuesta al Proyecto" Mina Crucitas, que contenía un Plan de Gestión Ambiental y una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, que explicaban en qué consistía la modificación y los impactos positivos y negativos que se generarían. Indica que la modificación fue planteada y tramitada ante la SETENA como una reducción de área, y fue aprobada por esa Secretaría por medio de la resolución número 170-2008-SETENA de las doce horas con cincuenta minutos del cuatro de febrero del dos mil ocho, dictada por la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en sesión ordinaria Número 12-2008, artículo 5, cuyo por tanto indica: "PRIMERO: Aprobar la Modificación del proyecto denominado Proyecto Minero Crucitas (Minado y Procesamiento de Minerales de oro, incluyendo el Plan de Gestión Ambiental actualizado y los planes de monitoreo propuestos. SEGUNDO: Ordenar la conformación y funcionamiento de la Comisión de Fiscalización y Monitoreo del proyecto Crucitas; para lo cual se designa a la Secretaría General de SETENA para que proceda a solicitar los nombres de los representantes de las diferentes entidades que la conforman (…).". Considera que la SETENA actuó contrario a los principios que esta Sala ha indicado deben cumplirse en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que si bien la modificación solicitada reduce el área horizontal a explotar, en realidad consiste, en un proyecto nuevo que debió ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental y a una audiencia pública tal y como sucedió en el proyecto originalmente aprobado, todo lo cual no se dio. Afirma que la modificación aprobada es un proyecto nuevo por las siguientes razones: a.-Amplía la profundidad a ser explotada de 15 metros a 67 metros en promedio. b.-Amplía el volumen de material a explotar en más de un 100% c.-Amplía la producción de oro en casi un 70% d.- Amplía el tiempo de la extracción de 6 a 9 años. e.- Amplía el material a extraer, ya que originalmente era solo la saprolita (suelo o material blanco) y mediante la modificación se solicita la extracción de roca dura. f.- Implica la utilización de una nueva tecnología de extracción mediante explosivos, sin embargo no se analizó adecuadamente los impactos que esto puede causar, y las medidas de seguridad que deben seguirse para evitar accidentes que perjudiquen a personas o los recursos naturales, y que permitan cumplir la legislación vigente. g.- No se analizaron posibles impactos que la modificación puede causar. Estima que la resolución supra citada es contraria al artículo 50 de la Constitución Política, así como a los principios precautorio, preventivo y el derecho de participación ciudadana en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental consagrados en varias resoluciones de la Sala Constitucional. Añade que la SETENA no comunicó a ninguna de las partes del procedimiento administrativo sobre las modificaciones presentadas por la empresa, ni el otorgamiento de la viabilidad ambiental a tales modificaciones, a pesar de que muchos de ellos, como el geólogo Allan Astorga, habían hecho observaciones técnicas al Estudio de impacto ambiental. Solicitan los recurrentes que  se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

103- Por resolución Número 17970 de las once horas tres minutos cuarenta y ocho minutos del doce de diciembre del dos mil ocho se acumuló a este expediente el amparo número 08-016200-0007-CO. (folio 2035)

104- Por escrito presentado el 17 de abril de 2009 la regente ambiental del proyecto Minero Las Crucitas aporta escrito en el que resume las condiciones actuales de las áreas que fueron cortadas y que se encontraban dentro de los permisos para el cambio de uso de suelo, así como el plan de corta. (folio 2039)

  105- A folio 2050 Lorenzo Cambronero Méndez en representación del Frente de Oposición a la Minería de Oro de la Zona Norte de Costa Rica interpone recurso de amparo contra la Dirección de Geología y Minas del Ministerio del Ambiente y Energía, y manifiesta, que se acusa la violación de lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política, el Tratado Cañas-Jerez de mil ochocientos cincuenta y ocho, la Convención sobre el Derecho de Usos No Navegables de Cursos de Agua Internacionales de mil novecientos noventa y siete, El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de mil novecientos noventa y seis, la Declaración de Río sobre ambiente y Desarrollo de mil novecientos noventa y dos, y la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de mil novecientos setenta y dos, todo lo anterior debido a que el cinco de junio del dos mil dos, se promulgó el Decreto Ejecutivo DE 30477-MINAE, el cual estableció la moratoria indefinida de la actividad de minería a cielo abierto en Costa Rica. Indica que la Sala Constitucional anuló, mediante resolución número 2004-13414 de las nueve horas del veintiséis de noviembre del dos mil cuatro, la concesión de explotación minera otorgada a la empresa Industria Infinito, Sociedad Anónima, debido a que no se realizó la audiencia de ley y que el estudio de impacto ambiental no se presentó antes de la aprobación de la concesión, violentándose así el principio precautorio o in dubio pro natura reconocido por la Ley de Biodiversidad. No obstante lo anterior, el veinte de mayo del dos mil ocho, por resolución R-217-2008-MINAE de las quince horas del veintiuno de abril del dos mil ocho, fue otorgada nuevamente la concesión para explorar oro en la mina Crucitas, o sea, encontrándose vigente aún el Decreto que establecía la moratoria en el país de la actividad de minería a cielo abierto. Que el cuatro de junio del dos mil ocho, catorce días después del otorgamiento de la concesión que se impugna, se emitió el Decreto Ejecutivo N° 34492-MINAET, el cual derogó dicha moratoria. Refiere que dicha concesión es contraria al derecho constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues en el presente caso, se afectan severamente los bosques con daños ambientales irreparables.

106- Por resolución Número 521 de las once horas cincuenta minutos del dieciséis de enero del dos mil nueve se acumuló a este expediente el amparo número 08-017475-0007-CO. (folio 2071)

107- Por escrito presentado por Juan Carlos Hernández Jiménez en su condición de apoderado generalísimo especial de la sociedad Industrias Infinito S.A. solicita a la Sala permiso para realizar las medidas de mitigación ambiental y forestal dentro del área cubierta por el permiso de corta, con el fin de evitar riesgos ambientales innecesarios. (folio 2075)

108- Por escrito presentado el 20 de abril de 2009 por Juan Carlos Hernández Jiménez en su condición de apoderado generalísimo especial de la sociedad Industrias Infinito S.A. aclara el sistema de extracción, de las reservas contenidas y de las partes que componen el yacimiento minero del Proyecto. La viabilidad ambiental del proyecto Crucitas se encuentra íntimamente ligada a la naturaleza del yacimiento: saprolita y roca dura. Reitera que la reducción del área de extracción será de un 60% del que actualmente está aprobado, lo que incidirá en una mayor área de reforestación en los alrededores de los pits o tajos. La extracción se realizará utilizando maquinaria pesada (excavadoras), vagonetas y voladuras a partir del nivel de roca. El uso de voladuras en la actualidad es un proceso seguro si cuenta con todos los protocolos de manejo, almacenamiento y uso. Inclusive en la ciudad y en tajos de materiales no metálicos (para agregados de construcción), se utilizan voladuras controladas para ampliación o construcción de sótanos en el primer caso y para el avance de los bloques de extracción en el segundo caso. Para el caso del proyecto se contratará una empresa especializada que cuente con todos los permisos al día. El consumo eléctrico se espera suplir a través del servicio que brinda COOPELESCA en la zona, por lo que no se instalará la planta de generación eléctrica de unos 5.4 MW, incidiendo favorablemente en una eliminación de generación de gases en 3.3 toneladas de CO2 por hora a la atmósfera. Lo anterior repercutirá en una disminución de almacenamiento de combustibles en el AP, por lo que se reducirá de 1500 de diesel a 50 m3 y de 38 a 3.7 m3 de gasolina. La planta de destrucción de cianuro contará con una tecnología más moderna por lo que en lugar de utilizar el proceso INCO,  ahora se instalará el proceso CYPLUS que es más eficiente y logra los resultados esperados con una descarga a relaves que presentará menos de 1 ppm de cianuro. En el aspecto social, los compromisos se mantienen a través de todos los programas de capacitación, promoción de PYMES, colaboración en obras de infraestructura comunal, etc. En la actualidad se propone finalizar el cierre con dos lagunas, una que correspondería a la utilizada como relaves en la fase operativa y una en el tajo Fortuna, el resto de las propiedades serían reforestadas con especies nativas para regeneración de bosque natural. Refiere que además se informó debidamente a las siete comunidades del área de influencia del proyecto y se cuenta con el estudio de una socióloga. Indica que nunca existió improvisación ni favoritismos en la aprobación de la modificación al proyecto Crucitas por parte de la SETENA. (folio 2091) 

109- De folio 2115 a 2831 del expediente, varias personas presentan escritos en los que solicitan a la Sala avalar la continuación del proyecto Minero.

110-  A folio 2834 del expediente consta escrito de acción de inconstitucionalidad  presentada por Jorge Enrique Romero Pérez que fue desglosada y tramitada como el amparo Número 08-16125-0007-CO, en el que solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008, que declaró de interés público y conveniencia nacional el denominado “Proyecto Minero Crucitas”. Alega que en el decreto indicado, el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente, con la justificación de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional, autorizan a una empresa minera a cortar todos los árboles que requieran, incluyendo las especies en veda, entre las que se encuentran gran cantidad de la especie almendro amarillo (dipteryx panamensis), especie que además de estar amenazada per se, constituye el hábitat fundamental y principal fuente de alimento en época reproductiva de la lapa verde (ara ambiguus), especie que se encuentra seriamente amenazada de extinción. Todo esto a pesar de lo establecido por el propio Poder Ejecutivo en el decreto Nº 25700 del 15 de noviembre de 1996 con respecto a otras especies amenazadas y a jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional, vertida en los votos 2486-2002 y 13426-2008, en los cuales se le prohíbe expresamente al Ministerio del Ambiente otorgar cualquier tipo de permiso de corta o aprovechamiento de la especie de árbol almendro amarillo. Con esta autorización, sin ningún tipo de justificación técnica y de forma arbitraria, se atenta directamente contra el equilibrio ambiental y la biodiversidad de toda la Región Huetar Norte de Costa Rica y el sur de Nicaragua, incluyendo el Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, el Refugio Nacional Mixto Maquenque y el Corredor Biológico San Juan-La Selva. La justificación para la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas únicamente se fundamenta en los posibles beneficios económicos que se especula que va a generar. El decreto impugnado además es absolutamente omiso en cuanto a la valoración del costo socio-ambiental que implicaría la destrucción total de más de 196 ha. de bosque (incluyendo las especies con protección especial por su importancia en el ecosistema) y de zonas de protección de ríos y quebradas que invadirá y destruirá la empresa minera, con su consiguiente afectación del recurso hídrico. El decreto no tiene ninguna base científico-técnica que en forma objetiva permita valorar el costo socio-ambiental de tal destrucción y que permita con algún grado de certeza establecer que el beneficio social de esta destrucción es mayor que el costo socio-ambiental de la misma, como lo exige la legislación forestal vigente. Además de lo anterior, en toda el área del bosque que se pretende desaparecer, no se pretende construir ningún tipo de infraestructura, entendida como “Conjunto de servicios básicos para el funcionamiento de una economía moderna”, sino que lo que se va a llevar a cabo son grandes excavaciones en la tierra para procesar el material mediante lixiviación de cianuro, con el fin de extraer el oro que se encuentra diseminado en la tierra. El procesamiento se hará en otra zona distinta de donde se harán las excavaciones, que incluyen la utilización de explosivos. También se contempla en esa zona de bosques construir las lagunas de relaves para almacenar el material cianurado. Es evidente entonces que lo decretado por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente va en contra de nuestro derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. Primeramente porque el decreto impugnado autoriza, en forma arbitraria y sin ninguna justificación, la corta de árboles de almendro amarillo, sobre los cuales existe prohibición expresa de tala, emanada directamente por esta Sala Constitucional, entre otros, mediante los votos 2486-2002 y 13426-2008, por estimar esta Sala que es una especie clave en la protección de la lapa verde, que -a su vez- es una especie amenazada de extinción. En segundo lugar, porque la declaratoria de conveniencia nacional que hace el Poder Ejecutivo, mediante el decreto que se impugna, va más allá de lo establecido en la legislación ambiental-forestal, al declarar de conveniencia nacional una actividad económica que no podría ser considerada como un “proyecto de infraestructura”, a la luz de lo que tal término significa y en consonancia con la intención del legislador reflejada en la norma, de limitar al máximo la eliminación de los bosques, en aplicación del principio de irreductividad del bosque, vaciando entonces de contenido la norma de referencia. En tercer lugar, la declaratoria de conveniencia nacional cuestionada carece de la más mínima base científico-técnica que permita establecer, sin lugar a dudas y de manera objetiva, que los beneficios sociales que traería la operación de la mina de oro a cielo abierto con lixiviación de cianuro son mayores que el costo socio-ambiental que implicaría la devastación de las más de 196 ha. de bosque, incluyendo la desaparición de todos los árboles de almendro amarillo existentes en la zona que se destruirá, la irremediable extinción en la zona de la lapa verde, la destrucción de la biodiversidad existente y su repercusión en las áreas silvestres protegidas que se encuentran en el área de influencia de la destrucción autorizada, con el agravante de que la Administración no ha establecido los instrumentos apropiados para llevar a cabo la medición del beneficio social versus el costo socio-ambiental, como lo exige la ley. Todo lo anterior va en contra de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad que deben aplicarse en este caso, en el que está en juego el equilibrio ambiental y su protección, previsto en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. Solicita que se declare con lugar y se anule el decreto cuestionado.

111- Por resolución Número 50 de las nueve horas diecinueve minutos del seis de enero del dos mil nueve se acumuló a este expediente el amparo Número 08-016125-0007-CO. (folio 2845)

112- A folio 2850 consta recurso de amparo presentado por Alain Murillo Bolaños, en el que indica que recurre contra la autorización de la explotación denominada Proyecto minero Las Crucitas de la empresa Industrias Infinito S.A., mediante el Decreto Ejecutivo 34801-MINAET, proyecto minero respecto del cual considera que no hay información al público. Estima el recurrente que con este decreto se están violentando los Convenios Internacionales sobre la protección de la flora y fauna, especialmente las especies en vías de extinción, firmados por Costa Rica en la Organización de las Naciones Unidas, que se pretende violentar el Bolsón protector boscoso mesoamericano y los tratados fronterizos con Nicaragua. Indica que este proyecto de infraestructura minera a cielo abierto destrozará los microclimas, la belleza escénica del lugar, el recurso hídrico, y en consecuencia se atenta contra la vida humana, y la de las especies de flora y fauna, incluyendo la marítima.  Considera que no es admisible el argumento que esto se realiza por conveniencia nacional, ya que el Estado no tiene medios para frenar una contaminación por accidente o sabotaje internúmero Explica que aún hoy día se sufren las consecuencias del envenenamiento por cianuro en más de tres kilómetros en una red de ríos de agua dulce. Manifiesta que no hay quien controle la salida de la riqueza que eventualmente se extraiga, asegura que con el desarrollo de este proyecto se aumentará la sequía, se alterará el rumbo de los cursos de agua y se destruirá el hábitat existente. Considera que el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (S.E.T.E.N.A.), deben permitir un estudio histórico-geológico y satelital de la cuenca y subcuencas de aguas subterráneas afectadas, ríos, riachuelos y el impacto ambiental sobre los cerros y la llanura. Considera que se debe solicitar ayuda de expertos internacionales para medir el impacto ambiental regional. Manifiesta que debe aclararse por qué la S.E.T.E.N.A. y otros órganos relacionados dieron permisos. Considera que se debe presentar al pueblo los estudios de impacto ambiental para legitimar el origen del Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET,  estima que éste constituye un precedente que luego permitirá la destrucción de otros hábitats de fauna y flora. Argumenta que el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones debe presentar un inventario de las especies que están en peligro con la creación de esa fosa en un bosque primario. Alega que en el área existen muchas de las especies de árboles que hay en el país, en consecuencia, cree que debe realizarse toda una clasificación de las plantas del bosque tropical que tienen aplicaciones en la medicina, en productos farmacéuticos, industriales y comestibles, también hacer un inventario de lo que se va a impactar, además cree que debe presentarse un proyecto que justifique como se van a proteger las aguas superficiales y subterráneas, porque la eliminación total de la cobertura boscosa producirá graves efectos negativos sobre la calidad del agua, lo mismo con la producción de oxígeno, y el impacto ambiental que habrá sobre el hábitat y el microclima, la erosión, el aumento de la sedimentación, y la pérdida de fertilidad de los suelos. Explica que el lugar tiene gran belleza escénica, es hogar de aves, reptiles, mamíferos y microorganismos. Señala que el estudio que se haga debe estudiar también el impacto sobre las zonas de amortiguamiento, que ese estudio  debe contener lo relativo a la prevención de incendios, manifiesta que también deben quedar claros los controles sobre el manejo de tóxicos como el cianuro, y cómo van a ser protegidas las áreas aledañas del empleo de esos tóxicos, porque en un radio de diez kilómetros, hay ríos y riachuelos, cuencas y subcuencas hídricas. Considera que el sitio se verá drásticamente afectado y pasarán cientos de miles de años para recuperar lo destruido y por eso debe realizarse un estudio geofísico para conocer las características físicas del material subyacente y determinar cuáles deben ser los métodos utilizables para la exploración geofísica.  Se pregunta el recurrente cuánta agua utilizará la mina a cielo abierto para poder operar, y manifiesta que las aguas subterráneas son actualmente el recurso mineral más importante del planeta, está acumulado debajo de la superficie de la tierra, por eso debe haber un estudio que detalle el nivel freático del suelo, que en los trópicos es más alto debido a la precipitación, por eso estima deben haber estudios serios y certificados por profesionales colegiados en la materia. El recurrente argumenta que habrá que determinar el impacto de este proyecto sobre el turismo de Costa Rica, que desde hace años ha escrito a diversas instancias internacionales sobre la conveniencia de proteger el corredor biológico Bolsón y zonas de amortiguamiento de Mesoamérica, con énfasis en la frontera norte que es un paraíso natural que muchos países desearían tener.  Señala que no es cierta la idea que venden el Viceministro y el Alcalde de San Carlos en el sentido que la zona no vale nada y que este proyecto generará trabajo como factor de desarrollo nacional y además dejará impuestos que recibirá el municipio, que los políticos no razonan sobre la necesidad de proteger y conservar para las generaciones venideras, a favor de las cuales está presentando este amparo, estima que el país debe tener espacio para las urbanizaciones, campos agrícolas, turismo, conservación, y no una normativa de muerte y destrucción que altere la paz con la naturaleza. Solicita que se declare con lugar el recurso.

113- A folio 2865 del expediente consta la resolución de curso del amparo 08-14488-0007-CO presentado por Alain Murillo Bolaños.

114- A folio 2871, Roberto Dobles Mora en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones rinde el informe del amparo 08-14488-0007-CO indicando bajo fe de juramento que analizados los alegatos del recurrente no existe fundamento técnico que los sustente, por lo que son meras interpretaciones subjetivas, ya que los temas aludidos han sido ampliamente valorados por el Ministerio en apoyo con sus dependencias durante todo el proceso administrativo. El recurrente desconoce el proceso de 17 años que ha llevado la empresa para poder iniciar la explotación minera. Todos los argumentos del recurrente son temas ampliamente estudiados, la valoración del costo socioambiental del cambio de uso del suelo está considerada en la evaluación ambiental realizada por la SETENA, no es en el decreto como instrumento jurídico que se incluyen los estudios científicos que se realizaron para valorar el tema, para eso se hace la mención expresa de que el proyecto cuenta con la viabilidad ambiental, misma que está compuesta de amplísimos elementos y estudios, sin que ello invalide el acto. No es con el decreto que el Estado viene a darse cuenta del cambio de uso ni de la corta de especies vedadas, este es un aspecto técnico conocido y estudiado. Cuando el proyecto fue consultado en audiencia pública el tema forestal ya se había diagnosticado y fue expuesto públicamente. Refiere que el acto está motivado y tiene fundamento técnico científico suficiente para la adopción responsable del mismo. El Estado no tiene en absoluto falta de certeza, al contrario la falta de certeza y conocimiento de los expedientes es del recurrente, el cual si tenía dudas pudo haber evacuado las mismas consultando a la administración. Solicita que se rechace el amparo. 

115- Por resolución Número 17403 de las diez horas seis minutos del veintiuno de noviembre del dos mil ocho se acumuló a este expediente el amparo número 08-014488-0007-CO. (folio 2910)

116- A folio 2913 Roberto Dobles Mora en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones presenta en el amparo 08-14592-0007-CO solicitud de levantamiento parcial de la medida interpuesta por la Sala, lo anterior en virtud de que por inspección realizada por la Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto del 13 de noviembre del 2008 se determinó que las actividades llevadas a cabo no han generado impactos ambientales no previstos en los estudios, que la empresa ha cumplido con la paralización de obras del caso, sin embargo se solicita la autorización para realizar determinadas actividades pues la paralización del proyecto sí puede producir efectos ambientales adversos que no fueron contemplados. Lo solicitado es permiso para extraer la madera cortada, disponer y dar tratamiento adecuado a los desechos vegetales presentes en el área de los tajos y de la laguna de relaves, se liberen drenajes de agua superficial y sus respectivas zonas de protección y se mantenga un control fitosanitario adecuado dentro del proyecto. Adoptar medidas de protección forestal, que se permita implementar y concluir obras para el control del sedimento y conservación de suelos y desarrollar el proceso de monitoreo.

117- A folio 2926, Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro a.i. del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones manifiesta en el amparo 08-14488-0007-CO que presenta solicitud de levantamiento parcial de la medida interpuesta por la Sala, lo anterior en virtud de que por inspección realizada por la Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto del 13 de noviembre del 2008 se determinó que las actividades llevadas a cabo no han generado impactos ambientales no previstos en los estudios, que la empresa ha cumplido con la paralización de obras del caso, sin embargo se solicita la autorización para realizar determinadas actividades pues la paralización del proyecto sí puede producir efectos ambientales adversos que no fueron contemplados. Lo solicitado es permiso para extraer la madera cortada, disponer y dar tratamiento adecuado a los desechos vegetales presentes en el área de los tajos y de la laguna de relaves, se liberen drenajes de agua superficial y sus respectivas zonas de protección y se mantenga un control fitosanitario adecuado dentro del proyecto. Adoptar medidas de protección forestal, que se permita implementar y concluir obras para el control del sedimento y conservación de suelos y desarrollar el proceso de monitoreo.

118- En escrito presentado el 25 de marzo de 2009, Jorge Rodríguez en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones adjunta la ampliación de argumentos de descargo realizado al amparo Número 08-014488-0007-CO. (folio 2947)

119- A folio 3076 del expediente consta escrito de recurso de amparo presentado el 28 de octubre de 2008 por Javier Berrocal Obando, mayor, soltero, vecino de Escazú, con cédula 1-1828-012 en el que acusa la violación de lo dispuesto en los artículos 10, 11, 50, 56, 140, 148 y 149 de la Constitución Política, ya que el Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAET, dado en la Presidencia de la República a las trece horas del trece de octubre del dos mil ocho, por el Presidente de la República de Costa Rica, y el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, basa su autorización de tala de especies vedadas por el voto de la Sala Constitucional número 2002-002486 de las 10:54 horas del 08 de marzo del 2002, en este caso del almendro, en los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal.  Indica que de los artículos citados se desprende que se podrá cambiar el uso de suelo para proyectos que tengan conveniencia nacional, sin embargo, el régimen de protección de las especies de almendro que se encuentran en la zona del Proyecto Minero Las Crucitas no es por regulación de uso de suelo, por lo que la resolución citada tiene un carácter erga omnes, y solo puede ser modificada por voto de la misma Sala Constitucional y no por Decreto Ejecutivo. Señala que analizando los artículos utilizados por el Poder Ejecutivo en el Decreto mencionado, se evidencia que se utilizó una interpretación propia de la ley, incurriendo en atribuciones no propias a su naturaleza, por lo que solo utiliza partes de los artículos, no los contextualiza y no utiliza las definiciones que el artículo 33 establece para la aplicación del artículo 34 de la Ley Forestal. Manifiesta que las especies de árboles vedadas que se encuentran en esta zona no recaen bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 33 de la Ley citada, por lo tanto tampoco son sujetos de los supuestos del artículo 34, por lo que es evidente el quebrantamiento del artículo 11 de nuestra Carta Magna al atribuirse, los funcionarios públicos responsables de este decreto, facultades que no poseen al interpretar la ley, y además la ruptura del principio constitucional que es el Principio de Legalidad, por cuanto el fin que se pretende alcanzar con este decreto no se puede fundamentar con las leyes utilizadas para hacerlo. Estima que el contenido de dicho Decreto es contrario a derecho y por ende resulta ilegal, motivo por el cual, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, declarándose nulo dicho Decreto, debiéndose dejar sin efecto todas las resoluciones otorgadas a la luz del mismo.

120- A folio 3089 del expediente el Ministro de la Presidencia, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la Secretaria General de SETENA rinden el informe del amparo 08-14593-0007 en los mismos términos de los informes rendidos anteriormente.  

121- El 4 de noviembre de 2008 Sonia Espinoza Valverde en su condición de Secretaria General de SETENA presenta un escrito en el amparo 08-14593-0007-CO indicando que en el escrito del recurrente no se le tiene como parte recurrida, sin embargo hace algunas precisiones respecto de lo acusado por el recurrente. Indica que el área que se utilizará para el tajo es de 50 hectáreas. Se van a reforestar 382 hectáreas. De las 50 hectáreas de tajos, 25 hectáreas van a recuperarse totalmente y las otras 25 desempeñarán un papel ambiental importante. Se van a crear las condiciones propicias para los ecosistemas, por lo cual no se puede hablar de inutilización de la tierra. En lo que concierne al uso de cianuro, el mismo será neutralizado por el sistema CYPLUS, el cual ofrece un rendimiento superior al establecido por la normativa nacional y reúne estándares internacionales. Asimismo existe un capítulo dentro del Estudio de impacto ambiental denominado Plan de Contingencia que incorpora todo tipo de eventualidades que podrían ocurrir, por su parte en caso de sismos la laguna de relaves contará con una estructura de rebalse o vertedor de excedencias que ha sido apropiadamente diseñada y aprobada desde el Estudio de Impacto Ambiental y su Anexo, con el fin de darle una estabilidad permanente al dique y para manejar en forma independiente excedentes de agua en los períodos de máxima precipitación. A la salida de este vertedor de excedencias, se mantendrá un control permanente de la calidad del agua de rebalse y además se instalará una planta dosificadora de cal al igual que en la salida de los tajos, para en caso necesario poder neutralizar el ph del mismo. La ubicación de esta planta dosificadora es una medida adicional y un factor de seguridad extra, debido a que a partir de los estudios detallados que realizaron los expertos canadienses de la empresa Jacques Withford, se ha pronosticado que la calidad de agua de vertido tendría una calidad aceptable que cumplirá con las normas internacionales e internacionales para ser liberadas al ambiente. Con relación a la tala de árboles remite a la documentación que ha sido aportada con anterioridad y reitera que al finalizar el proyecto habrá 1.186 hectáreas de bosque de protección. (folio 3107)

122- A folio 3113 del expediente consta escrito presentado por Roberto Dobles Mora en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en el que manifiesta en el amparo 08-014592-0007-CO: que presenta solicitud  de levantamiento parcial de la medida interpuesta por la Sala, lo anterior en virtud de que por inspección realizada por la Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto del 13 de noviembre del 2008 se determinó que las actividades llevadas a cabo no han generado impactos ambientales no previstos en los estudios, que la empresa ha cumplido con la paralización de obras del caso, sin embargo se solicita la autorización para realizar determinadas actividades pues la paralización del proyecto sí puede producir efectos ambientales adversos que no fueron contemplados. Lo solicitado es permiso para extraer la madera cortada, disponer y dar tratamiento adecuado a los desechos vegetales presentes en el área de los tajos y de la laguna de relaves, se liberen drenajes de agua superficial y sus respectivas zonas de protección y se mantenga un control fitosanitario adecuado dentro del proyecto. Adoptar medidas de protección forestal, que se permita implementar y concluir obras para el control del sedimento y conservación de suelos y desarrollar el proceso de monitoreo.

123- La misma solicitud  de levantamiento parcial de la medida interpuesta por la Sala, fue presentada por Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro a.i. del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en el amparo 08-014593-0007-CO (folio 3126).

124- Mediante escrito recibido el 25 de marzo del 2009, Jorge Rodríguez en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (folio 3148) adjunta un escrito de ampliación de argumentos de descargo al amparo 08-014593-0007-CO.

125- Por resolución Número 8178 de las trece horas treinta minutos del diecinueve de marzo del dos mil nueve se acumuló a este expediente el amparo número 08-014593-0007-CO. (folio 3157)

126- El 9 de junio de 2009 Alberto Cortés Ramos en su condición de miembro del Consejo Universitario solicita a la Sala que se le otorgue una audiencia a fin de exponer y entregar la posición del Consejo respecto al proyecto en cuestión. (folio 3186)

127- A folio 3204 consta un documento del proyecto de Crucitas presentado ante SETENA en el que proponen una auditoría ambiental internacional, a fin de disipar cualquier duda respecto a diversos criterios técnicos.

128- Por resolución de las once horas y seis minutos del diecisiete de junio de dos mil nueve el Magistrado Instructor resolvió: “Mediante escritos visibles a folios 437, 1008, 1320, 1441, 1458, 2039, 2075, 2913 y 2926 del expediente, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la empresa recurrida y la Regente Ambiental del Proyecto Minero Crucitas, solicitan autorización para la realización de medidas de mitigación con respecto a la corta de árboles realizada en el proyecto minero de previo al dictado de la medida cautelar dispuesta en esta acción de garantía. Las medidas de mitigación propuestas están referidas en términos generales a la extracción de la madera cortada y su disposición en patios de acopio dentro del área del proyecto; a la disposición y tratamiento de los desechos vegetales para disminuir la posibilidad de incendios forestales y la liberación de drenajes de agua superficial; a la adopción de medidas de protección y conservación del recurso forestal en zonas límite de las áreas de protección; y a la implementación de obras para el control de sedimento y conservación de suelos. Particularmente, la Regente Ambiental del proyecto minero indica que las medidas concretas deben enfocarse hacia cuatro puntos principales, cuales son: a) la prevención de incendios forestales; b) la mitigación del efecto en las áreas de protección de ríos y quebradas; c) la mitigación de la erosión en los suelos; y, d) el programa de vida silvestre; determinando acciones específicas en cada uno de estos aspectos. Sobre el particular, y de conformidad con el principio precautorio en materia ambiental; en atención al impacto que se está generando por la imposibilidad de retirar del sitio la madera cortada y los desechos vegetales que obstruyen caminos internos y drenajes de aguas superficiales; y para evitar mayores riesgos ambientales por la dificultad de regeneración de la cobertura vegetal e incluso la amenaza de incendios forestales que no puedan ser atendidos; la Sala autoriza la realización de las medidas de mitigación propuestas visibles a folios 2048 y 2078 del expediente, excepción hecha de la construcción de cunetas en los caminos de acceso y la construcción de plantas de sedimentación, toda vez que estas dos medidas concretas implican la ejecución de obras cuya realización involucra otro tipo de maquinaria, la colocación de materiales exógenos y la participación de un mayor número de operarios en la zona. Se ordena al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ejercer con rigurosidad todas las acciones de control y supervisión necesarias para que se ejecuten únicamente las medidas de mitigación aquí autorizadas, y que lo sean de forma tal que no implique un daño o riesgo ambiental diverso.” (folio 3313)

129- Por escrito presentado el 23 de junio de 2009 vecinos de las comunidades Coopevega, Chamorro, El Roble y Las Crucitas del distrito de Cutris, El Jocote y Llano Verde solicitan a la Sala que se realice una visita a fin de comprobar la pobreza y abandono en que se encuentra esa zona y piden que se autorice el proyecto en cuestión por los beneficios que han otorgado a las comunidades. (folios 3322 a 3351)

130- De folios 3352 a 3575 del expediente constan gestiones en que los vecinos de la localidad del proyecto solicitan que se resuelva el asunto con prontitud para poder trabajar y se le permita al proyecto continuar para poder levantar a esa comunidad (con caminos, escuelas, capacitación, empleo, luz e ingresos) de la pésima situación en que viven.

131- El 30 de junio de 2009 consta aportado un documento que remitió el Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones a la Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, en el que emite las medidas de mitigación que fueron aprobadas por la Sala. (folio 3578)

132- A folio 3582 del expediente consta el amparo 08-018101-0007-CO presentado por ESTEBAN ZAMORA QUESADA, cédula de identidad número 1-1048-824, FANNY MARÍA GONZÁLEZ QUIRÓS, cédula de identidad número 1-750-192, LUIS FERNANDO UREÑA DELGADO, cédula de identidad número 1-1006-584, PABLO CHACÓN VARGAS, cédula de identidad número 4-196-833, PATRICIA DOMÍNGUEZ VILLALOBOS, cédula de identidad número 4-158-795, VERA AGUERO V, cédula de identidad número 1-613-661, JEANNETH CHAVARRÍA MUÑOZ, cédula de identidad 4-155-185, RODRIGO ALFARO CAMBRONERO cédula de identidad 04-0171-0903, YENDRY HERNÁNDEZ SOLÍS, cédula de identidad 01-1151-0778, JOSÉ ANTONIO MEJÍA C, cédula de identidad 04-0119-0995, HAZEL LÓPEZ ALPIZAR, cédula de identidad 01-1098-0446, WILLIAM GUADAMUZ CASTRO, cédula de identidad 01-1280-0224, JENNIFFER RAMÍREZ VINDAS, cédula de identidad 02-0578-0071, GILDO LÓPEZ CARBALLO, cédula de identidad 04-0195-0369, SONIA REYES BOLAÑOS, cédula de identidad 01-0690-0851, WILLIAM CHINCHILLA MORA, cédula de identidad 01-0609-0815, MARÍA ISABEL CHAVES LEÓN, cédula de identidad 04-0122-0054, ERICK ALFARO CAMACHO, cédula de identidad 04-0182-0554, LAURA GRANDA VARGAS, cédula de identidad 04-0169-0275, FRANK MORALES CONEJO, cédula de identidad01-0798-0586, LETICIA LORÍA PRENDAS, cédula de identidad 05-0212-0556, MARISOL ZAMORA SALAZAR, cédula de identidad 04-0179-0445, LAURA DELGADO ULATE, cédula de identidad 01-0739-0987, AXEL HERNÁNDEZ VARGAS, cédula de identidad 01-0968-0694, WATSON LAWRENCE 07-0127-0432, KAREN SIBAJA CASCANTE, cédula de identidad 04-0190-0354, LIDIA CHANTO CANTILLANO, cédula de identidad 01-0773-0296, RANDALL GERARDO GARRO QUESADA, cédula de identidad 01-0819-0983, MARÍA ISABEL QUIRÓS E, cédula de identidad  01-0339-0408, RONALD GONZÁLEZ Q, cédula de identidad 01-0914-0127, LUIS DIEGO GONZÁLEZ QUIRÓS, cédula de identidad 04-0192-0436, ROSA ELENA CHACÓN COTO, cédula de identidad 03-0310-0912, HASSELL GONZÁLEZ QUIRÓS, cédula de identidad 01-1013-0264, JOSÉ J. GONZÁLEZ CH, cédula de identidad 01-0969-0219 y BARRANTES B,  cédula de identidad 01-0654-0016, en el que alegan que como todo costarricense tienen derecho a que se respete el ambiente, por lo que se oponen a la autorización de "la Mina de Oro a Cielo Abierto en la Zona de Crucitas". 

133- Por resolución Número 86 de las nueve horas del nueve de enero del dos mil nueve se acumuló a este expediente el amparo número 08-018101-0007-CO. (folio 3585)

134- A folio 3588 del expediente se hace constar que la resolución 2009-86 no se pudo notificar a los recurrentes por no haber señalado lugar para recibir notificaciones.

135- El 3 de julio de 2008 Guiselle Méndez Vega en su condición de Directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, aporta escrito en el que le comunica al señor Oldemar Corrales del Área de Conservación Huetar Norte, que será el responsable de supervisar el cumplimiento de las medidas de mitigación autorizadas por la Sala. (folio 3589)

136- El 7 de julio de 2009 Juan Carlos Hernández Jiménez en su condición de apoderado generalísimo  especial de la sociedad Industrias Infinito S.A. (folio 3590), informa a la Sala las medidas de mitigación que fueron tomadas con el visto bueno de la Oficina Subregional de San Carlos de ACAHN.

137- Se adjunta al expediente el oficio CCT-PI 023-09 del 20 de febrero del 2009 emitido por el Centro Científico Tropical, en el que se le contestan varios interrogantes al Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Entre algunos de ellos, se indica que la lapa verde no depende exclusivamente de la zona Las Crucitas para su alimentación, ya que ésta hace uso de un extenso territorio compartido entre Nicaragua y Costa Rica (parte de cantones de San Carlos, Sarapiquí y Pococí). El área de forrajeo de la lapa supera el área de influencia del proyecto minero aproximadamente en 1.500 has. La lapa verde no anida en la zona de las Crucitas. El nido más cercano se encuentra a 8.7 km. Indica que ello probablemente es así debido a la alta fragmentación del hábitat en esa zona y la falta de árboles maduros de almendro amarillo. Tampoco es zona exclusiva para el tránsito de la lapa verde, ésta hace uso de un extenso territorio compartido entre Nicaragua (Reserva Biológica indio-Maíz y su zona de amortiguamiento en los municipios de El Castillo, San Juan del Norte, así como en la Región Autónoma del Atlántico Sur)  y Costa Rica (parte de cantones de San Carlos, Sarapiquí y Pococí). El proceso de reproducción de las 25 o 35 parejas de lapas verdes que anidan en Maquenque no se verá interrumpido con el proyecto minero, por cuanto las Crucitas se encuentra fuera del rango de reproducción de la lapa verde. Lo que puede disminuir en la visita de la lapa verde al proyecto minero debido a la disminución de los árboles de almendro amarillo y a la actividad humana presente. Sin embargo, indica que el cambio de uso de suelo en 192 has del proyecto no interrumpirá el ciclo alimenticio de la población de la lapa verde que anida en el Maquenque, el cual se encuentra a 8.1 km, lo que puede producir es el desplazamiento ya referido. Indica que el proyecto se encuentra en el noroeste del Corredor Biológico San Juan-La Selva y forma parte de una de las áreas más importantes para la Conservación de Aves, de la Reserva de Biosfera Agua-Paz y del Corredor Binacional El Castillo-San Juan-La Selva. Esta zona ha sido definida como un núcleo importante para la conservación dentro del  Corredor Biológico San Juan-La Selva y ha sido priorizada por el SINAC. Indica que el proyecto minero afecta un ecosistema único y es por esa razón que las medidas de mitigación de la corta de individuos de almendro amarillo y sus impactos perjudiciales sobre la población de la lapa verde deben ser orientadas a reparar los daños causados. Sembrar una cantidad aún muy alta de almendro amarillo para compensar los cortados no contribuye a recuperar este ecosistema, ni permite que la lapa verde se pueda alimentar a corto o mediano plazo, ya que no suele frecuentar árboles bajos. Comprar tierras en la cuenca alta del río Sala Carlos  para la conservación del parque nacional Juan Castro Blanco no contribuye de ninguna manera a garantizar la viabilidad de la población del almendro amarillo y la lapa verde. Por lo tanto, los proyectos de compensación y mitigación del proyecto deben perseguir los siguientes objetivos: 1-consolidar el Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque por medio de la implementación de su Plan de Manejo (funcionarios del SINAC, vigilancia, infraestructura, compra de tierra, educación, monitoreo y ciencia, etc.) 2-Fortalecer la conectividad del Corredor Biológico San Juan –La Selva por medio de actividades de restauración ecológica en los nexos críticos de las rutas de conectividad identificadas. Así como un mayor compromiso del gobierno para consolidar el RNVSM Maquenque con el apoyo de la sociedad civil. (folio 3591)

138- El 27 de julio de 2009 Juan Carlos Hernández Jiménez en su condición de apoderado generalísimo  especial de la sociedad Industrias Infinito S.A. (folio 3645), adjunta el informe denominado “Los Recursos Hídricos y el Proyecto Minero Crucitas” elaborado por la Hidrogeóloga Sandra Arredondo Lee, el cual concluye que el proyecto desde el punto de vista de uso y protección de los recursos hídricos es viable y no generará afectación durante su operación y cierre.

139 Por escrito presentado el 27 de julio de 2009 el recurrente Edgardo Araya Sibaja en su condición de representante de la Asociación Norte por la Vida manifiesta su preocupación respecto de las medidas de mitigación que le fueron autorizadas a la empresa recurrida. Le preocupa cómo se logrará acopiar la madera talada sin que se afecte la cobertura vegetal que aún queda en el lugar. Refiere que no sabe si las medidas autorizadas por esta Sala son de conocimiento del Ministerio Público, lo cual sería importante a fin de evitar fugas de madera en forma ilegítima (folio 3738).

140- Mediante resolución de las once horas y trece minutos del veintiocho de octubre del dos mil ocho, se desglosó el escrito en el que José Merino del Río, en su condición de ciudadano y diputado, y Heidi Murillo Quesada en su calidad de representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente presentan recurso de amparo contra el Presidente de la República y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones e indican que se vulnera lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, toda vez que, en su criterio, las autoridades recurridas autorizaron el cambio de uso de suelo en los terrenos de bosque ubicado en Las Crucitas de Cutris de San Carlos, Alajuela, así como la eliminación de la cobertura vegetal en áreas de protección de las fuentes de agua, a efecto de construir un proyecto de minería a cielo abierto con lixiviación de cianuro sustentado en el Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAET de 30 de octubre de 2008, el cual, a su vez, se encuentra fundamentado en la definición de conveniencia nacional señalada en el artículo 2° del Decreto Ejecutivo Número 25721-MINAE, denominado Reglamento a la Ley Forestal y que consideran de inconstitucional. De este modo, argumentaron, de modo expreso, lo siguiente: “(…) Tal y como consta en los considerandos III y IV del citado Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET el Poder Ejecutivo fundamenta la autorización otorgada para la corta de árboles (incluyendo especies vedadas y a la realización de obras de infraestructura en áreas cubiertas de bosque y áreas de protección del recurso hídrico), en lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE (…) Esta norma reglamentaria define –en lo que interesa- el concepto de actividades de “conveniencia nacional” para efectos de lo dispuesto en los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal como actividades “relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas y la empresa privada, que brinden beneficios a toda o gran parte de la sociedad tales como: “(…) actividades mineras”. Entonces, según la motivación del acto realizada por el Poder Ejecutivo en la parte final del considerando IV, “con ocasión de esta declaratoria”, es decir, con base en lo establecido en la definición citada del artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal “la empresa puede proceder a solicitar la autorización para la corta de árboles y la realización de obras en el área de protección de quebradas y ríos”. Así las cosas, tenemos que el razonamiento seguido por el Poder Ejecutivo para justificar su decisión es el siguiente: el artículo 6 del Código de Minería declara de forma genérica todas las actividades mineras de “interés público” y el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal declara de “conveniencia nacional” las “actividades de interés público” incluyendo “las actividades mineras”, entonces, automáticamente debe concluirse que el proyecto minero “Las Crucitas” es de conveniencia nacional y la empresa interesada queda autorizada para cambiar el uso del suelo en terrenos de bosque y talar árboles en áreas de protección del recurso hídrico (…)”. En consecuencia, sostuvieron que la definición de conveniencia nacional contenida en el artículo 2° del Reglamento a la Ley Forestal se encuentra viciada de inconstitucionalidad por lesionar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual, acarrearía como consecuencia directa la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAET. Para tales efectos, explicaron que la Ley Forestal establece, en principio, una prohibición general para el cambio de uso de suelo en terrenos privados cubiertos de bosque, así como para la eliminación de árboles en áreas de protección del recurso hídrico enlistadas en su artículo 33. Asimismo, indicaron que, inmediatamente, después, esa misma Ley Forestal, en sus artículos 19, inciso b) y 34 establece una serie de excepciones a esa prohibición, entre las que se encuentran, respectivamente, “los proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional” y los “proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional”. Bajo dicha inteligencia, argumentaron que, en atención al principio “pro homine”, tales excepciones deben de interpretarse de forma limitada y restrictiva, por cuanto, se trata de prohibiciones que protegen el derecho de la persona humana a disfrutar de los bosques, el agua, la biodiversidad, etc. Por lo tanto, sostuvieron que el Poder Ejecutivo no se encuentra facultado para ampliar, vía reglamento, tales excepciones, más allá de lo, expresamente, dispuesto por la ley. Añadieron, que la inclusión de la frase “actividades mineras” en la norma impugnada, constituye, entonces, un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo que sobrepasa los límites establecidos en los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal, desnaturalizando por completo los fines de protección del bosque y del agua frente al cambio del uso del suelo y la corta de árboles en general. Manifestaron, que, en ninguna parte, la Ley Forestal establece una autorización para cambiar el uso de suelo en terrenos de bosque para fines de explotación minera. De otra parte, señalaron que la norma impugnada incluye dentro de las actividades que se consideran de conveniencia nacional los proyectos de minería, ignorando que existen muchos tipos de actividad minera con muy diversos impactos sociales y ambientales. En ese sentido, explicaron que existe la minería no metálica (explotación de tajos y canteras, extracción de materiales en cauces de ríos, etc.), así como la minería metálica a cielo abierto, incluyendo la explotación de metales pesados con técnicas altamente riesgosas como la lixiviación con cianuro u otros químicos tóxicos. Solicitaron, que, de conformidad con lo estipulado por el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les conceda plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de la definición de conveniencia nacional contenida en el artículo 2°, del Decreto Ejecutivo Número 25721-MINAE de 17 de octubre de 1996 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley Forestal.  

141.- Por resolución de las quince horas y veinte minutos del once de noviembre de dos mil ocho se le dio curso al amparo 08-014992-0007-CO (folio 3772).

142.- El 18 de noviembre de 2008 José Merino del Río solicita a la Sala que se adicione la resolución de las quince horas con veinte minutos del once de noviembre de dos mil ocho y se les conceda plazo para interponer acción (folio 3778).

143- Informó bajo juramento, Sonia Espinoza Valverde, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en relación con el amparo 08-014992-0007-CO (visible a folio 3781), que con un criterio errado los recurrentes contraponen el principio “pro homine” a la realización del proyecto, identificando éste último con el derecho a un ambiente sano y adecuado. Las características geomorfológicas predominantes en el área de influencia directa del Proyecto Crucitas, no se consideran como una limitante para su desarrollo; si es evidente que constituye uno de los componentes del medio físico que serán más afectados por la excavación que se requiere para la extracción del oro, lo cual provocará un impacto mayor sobre las áreas denominadas Formas de Origen Volcánico a las cuales pertenecen los cerros Botija y Fortuna. En cuanto a la red hídrica en términos del patrón de drenaje, se tiene que éste aún cuenta con las características típicas de la red hídrica de la zona, la cual hasta la fecha no se ha visto modificada por influencia antrópica, su distribución es conforme las condiciones topográficas, edáficas y litológicas ha permitido su paso, moldeando las características del relieve y la distribución de la red hídrica. Con respecto a la calidad del agua se determinó la no potabilidad del agua que drena el área de influencia del Proyecto Minero Crucitas, asociado a las características del uso del suelo predominante en la zona, donde la ganadería es una de las principales actividades productivas. El desarrollo de las actividades de remoción y corte del terreno, en conjunto con la ocurrencia de fuertes lluvias, conforman la fórmula para que se desencadenen procesos erosivos y arrastre de materiales hacia los cuerpos de agua que drenan el área del proyecto, efectos que se estarán dando durante la operación del proyecto, por lo que en el Plan de Gestión Ambiental se han tomado medidas necesarias para su control y mitigación. Hidrogeológicamente, bajo el área del proyecto se encuentran 2 acuíferos; en el acuífero superficial se alberga en materiales superficiales meteorizados, con nivel freático aproximadamente a 4 m de profundidad, con características de afluencia en algunas quebradas y flujo gobernado por el relieve del terreno, por lo que no se puede establecer un flujo regional. Análisis físico-químicos realizados en setiembre de 2000 y 2006, indican que el acuífero superior cumple con las normas de potabilidad excepto por el pH, el cual es bajo, los datos reportados registran el pH entre 5.76 y 4.92, por debajo de la norma mínima nacional (6.5 pH). Según el diseño del Proyecto Minero Crucitas, el acuífero superior no representa limitaciones para su desarrollo. En el acuífero inferior se alberga en rocas ígneas del basamento, de carácter confinado sin afloramientos en la superficie; este acuífero sí presenta un flujo regional este-oeste y este suroeste, con gradiente hidráulica de 3.2%. Aparentemente, la capa confinante no la conforma la saprolita, sino que está formada por algunos horizontes de baja permeabilidad ubicados dentro del propio basamento. El acuífero inferior presenta una concentración más alta en todos los parámetros químicos, lo cual es comprensible debido a que es un acuífero más profundo, en el que el agua tiene un mayor tiempo de residencia y está más propensa a ser afectada por las alteraciones hidrotermales relacionadas con el yacimiento mineral. Por lo que este acuífero presenta condiciones de baja calidad de aguas, ya que los valores de amonio, hierro, potasio, sulfatos, color y turbidez superan la norma de potabilidad. En cuanto a la posibilidad de contaminación de ríos y quebradas incluido el río San Juan, se indica que el sistema para la reducción del cianuro se denomina CYPLUS, el mismo se constituye en una herramienta indispensable para la gestión ambiental del proyecto de tal forma que por ser un sistema de punta y probado en otros países como Estados Unidos donde ha sido avalado por la Agencia de Protección Ambiental de este país (EPA), permite garantizar los niveles que la normativa actual fija en el país (menor 1 ppm).ppm=partes por millón. La planta está diseñada para que la descarga a la laguna de relaves posea una concentración entre 30-90 ppb (partes por billón), lo cual permite que el desarrollo del proyecto cumpla con la norma internacional que es de 100 ppb (0.1 ppm), adicionalmente el proceso remueve exitosamente todos los materiales base incluido el cobre. El proceso final de pulimiento de desechos mediante la degradación natural del cianuro se realiza en la laguna de relaves, entendiéndose este proceso como la reducción completa de cianuro de las aguas residuales en ausencia de la intervención humana, por lo que las aguas tanto superficiales como subterráneas en el área del proyecto y su área de influencia no serán contaminadas. En lo que respecta a la extracción de roca dura, el efecto en relación al sistema de extracción de saprolita, consiste en la afectación de la cantidad de agua subterránea por el afloramiento del acuífero inferior durante la excavación de los tajos. Se espera el abatimiento del nivel del agua subterránea hasta la base de este acuífero esta situación tal y como se presentó en el estudio de impacto ambiental por las características que presenta de distribución y flujo, generaría un radio de influencia máximo esperado de 267 metros, situación que obviamente no afectaría propiedades que se encuentren fuera de ese radio que de por sí se ubica en su totalidad dentro de las propiedades de Industrias Infinito, por lo que no se verían afectadas tomas de agua o pozos en propiedades aledañas. El abatimiento se generaría en las inmediaciones de la excavación, pero la magnitud de ese descenso del nivel del agua puede ser prácticamente imperceptible fuera de ese radio de 267 metros. No hay extracciones de agua subterránea en esa distancia por lo que se consideró que ese impacto no tiene relevancia en términos de uso del acuífero. Este efecto sería permanente en el tajo Fortuna, pues el área del tajo Fortuna persistiría aún después del cese de las operaciones. El acuífero inferior presenta condiciones de confinamiento y en algunos sectores un comportamiento artesiano surgente, donde el nivel piezométrico presenta una dirección de flujo es aproximadamente noreste-suroeste, y donde la cota del nivel piezométrico en el sector donde se ubicarán los tajos es de aproximadamente 73 msnm, por lo que entonces el acuífero inferior será intersecado en ese punto, en ese caso, el afloramiento de agua conforme se avance la extracción por debajo de la cota 73, será bombeado hacia la laguna de relaves hasta que se finalice la extracción y entonces en el tajo Botija que se rellenará, el nivel de agua podrá recuperar aproximadamente su ubicación dentro del material que se ubicará dentro del tajo, para posteriormente recuperar con vegetación la superficie del terreno. En el caso del tajo Fortuna, el nivel recuperará su ubicación pero rellenará el pit formando un lago. Para evaluar los efectos de la excavación de los tajos sobre el acuífero inferior, se hizo una evaluación mediante modelación del abatimiento del nivel del agua en la propia excavación y en sus alrededores. Para ello se utilizó un modelo de flujo radial (Rushton y Redshaw, 1979) y se calculó el caudal necesario a extraer de la excavación para mantener el nivel del agua en el piso del tajo mientras se terminan las labores de extracción y se calculó también el radio de influencia. Para esto se hizo una simplificación geométrica de la forma de los tajos y se le dio énfasis al tajo Fortuna, ya que el agujero del Botija será rellenado. En términos generales, el área de la base del tajo Fortuna se tomó como 19103.8 m2. El área del espejo de agua una vez recuperado se calcula en 88096.6 m2. Este efecto de abatimiento del nivel en el acuífero inferior es temporal, ya que una vez que cesen los trabajos de explotación del material y ya no exista la extracción del agua desde la excavación, el nivel del agua subterránea empezará a recuperarse hasta alcanzar la cota de 73 msnm que presenta actualmente. Debe tenerse presente que, tal y como se especificó en el Estudio de Impacto Ambiental, el acuífero inferior no es utilizado en la zona del proyecto. Su agua no es potable por los altos valores de turbidez, color, sulfatos (parcialmente) amonio, hierro y potasio, entre otros. Asevera que el proyecto es ambientalmente viable, por lo que no cabe contraponer la realización de éste a la preservación del ambiente, dado que, se ha previsto un estado de equilibrio armonioso en la evaluación de impacto ambiental. Manifestó, que la identificación del principio, únicamente, con el derecho a un ambiente adecuado en su faceta de naturaleza no es exacta, por cuanto, en el concepto de ambiente se incluye un componente social que será beneficiado con el proyecto, así como un aspecto natural que es objeto de las medidas ambientales correspondientes. Añadió, que se respetan los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Afirmó, que lo relevante es el proceso de evaluación de impacto ambiental al que se ha sujetado la actividad, de modo que ha demostrado su viabilidad ambiental y el equilibrio debido entre la misma y el medio. Finalmente, indicó, de modo expreso, lo siguiente: “(…) La clasificación del proyecto, tanto por el Código de Minería, como por el Reglamento, como de un alto impacto ambiental potencial (A), ha implicado que la evaluación de impacto ambiental (EIA) se realizó exigiendo la elaboración del instrumento más fuerte y riguroso de evaluación, cual es el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), llegándose por parte del proceso de evaluación a la conclusión de que el proyecto es ambientalmente viable (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

144- Informa bajo juramento, Roberto Dobles Mora, en su condición de Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en relación con el amparo 08-014992-0007-CO (visible a folio 3800), que el Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAET, no sólo se encuentra fundamentado en el artículo 2° del Reglamento a la Ley Forestal, sino, también, en los artículos 3, inciso m), 19 y 34 de la Ley Forestal. Manifestó, que la norma impugnada ha sido conocida, de previo, por la Sala Constitucional (Voto Número 2006-17126), quien la ha considerado como uno de los límites a la discrecionalidad administrativa al momento de realizarse la declaratoria de conveniencia nacional. Adujo que la declaratoria de interés público y conveniencia nacional está dada por ley, siendo que la norma en cuestión, únicamente, se limita a realizar un listado numerus apertus de las posibles actividades para orientar al operador jurídico y a la misma administración pública. En consecuencia, afirmó que lo dispuesto por el artículo 2° del Reglamento a la Ley Forestal se encuentra acorde con lo dispuesto a nivel legal. Reitera los alegatos señalados en los demás amparos acumulados. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

145.- En relación con el amparo 08-014992-0007-CO, Rodrigo Arias Sánchez en su condición de Ministro de la Presidencia informó bajo juramento, en similares términos a lo manifestado por el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y a los informes rendidos anteriormente en los amparos acumulados a este expediente. (visible a folio 3905),

146.- A folio 3930 consta la solicitud anterior de Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, del levantamiento de la medida cautelar a fin de aplicar las medidas de mitigación correspondientes.

147- Por resolución Número 523 de las once horas cincuenta y dos minutos del dieciséis de enero de dos mil nueve, la Sala anuló la resolución de las quince horas y veinte minutos del once de noviembre de dos mil ocho y ordenó acumular a este expediente el amparo Número 08-014992-0007-CO. (folio 3951)

148- En escrito presentado el 25 de marzo de 2009, Jorge Rodríguez en su condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones adjunta la ampliación de argumentos de descargo realizado al amparo Número 08-014992-0007-CO. (folio 3962)

149- El 30 de julio de 2009 el recurrente Edgardo Araya Sibaja en su condición de representante de la Asociación Norte por la Vida reitera su preocupación respecto de las medidas de mitigación que le fueron autorizadas a la empresa recurrida. Le preocupa cómo se logrará acopiar la madera talada sin que se afecte la cobertura vegetal que aún queda en el lugar. Refiere que no sabe si las medidas autorizadas por esta Sala son de conocimiento del Ministerio Público, lo cual sería importante a fin de evitar fugas de madera en forma ilegítima (folio 3971).

150.- Por resolución de las doce horas y cuarenta y ocho minutos del tres de agosto de dos mil nueve, se ordenó como prueba para mejor resolver la inspección ocular en el proyecto Minero Las Crucitas, para lo cual se fijaron las once horas del once de setiembre de 2009 (folio 3973).

151- Por escrito presentado el 13 de agosto de 2009, Gustavo Oreamuno Vignet en su condición de Presidente de la Asociación de Iniciativas Populares DITSO, manifiesta apoyar el presente recurso y solicita que sea declarado con lugar el mismo (folio 4022).

152- El 13 de agosto de 2009 Juan Carlos Hernández Jiménez en su condición de apoderado generalísimo especial de la sociedad Industrias Infinito S.A. solicita al Tribunal que se aclare la dinámica de la inspección, las personas autorizadas a participar y los lugares a inspeccionar (folio 4025).

153- La Regente Ambiental del proyecto en cuestión, Sandra Arredondo, se refiere en el escrito presentado el 14 de agosto de 2009 a las condiciones físicas del lugar, a efecto de tomarlas en consideración para la inspección ocular.

154- Por resolución de las trece horas y cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de agosto de dos mil nueve, la Sala  aclaró que la diligencia a realizarse es una inspección ocular y no la celebración de una vista, razón por la cual, las partes sólo se manifestarán ante cualquier eventual pregunta que formule el Tribunal. Asimismo, que si bien es cierto en las áreas públicas cualquier persona que tenga interés puede acudir, en las zonas restringidas únicamente podrán ingresar aquellos que estén apersonados como recurrentes en el expediente y máximo dos representantes de cada una de las instituciones recurridas y de la empresa Industrias Infinito S.A., lo cual deberá ser previsto por esta última, a efecto de asegurar el ingreso de los mismos y de la delegación de esta Sala que asista. Los lugares que se visitarán serán: el área donde se produjo la corta de árboles y la extensión que cubre el área autorizada para ser talada, el vivero, el área de extracción de oro, las lagunas de relave y áreas de contingencia, afloramientos del acuífero superior, quebradas, yurros y ríos en el área del proyecto, área donde se almacenará el cianuro y cualquier contenedor, los proyectos implementados en la zona para beneficio social, así como cualquier otra área en que las partes manifiesten interés en el acto y que el Tribunal considere pertinente. Para dichos efectos el Ministerio de Seguridad Pública deberá tomar las medidas correspondientes, a fin de garantizar el debido acceso a los caminos y mantener el orden público.

155- Por escrito presentado el 19 de agosto de 2009, el recurrente Lorenzo Cambronero Méndez solicita que se aclare si todas las personas van a participar en la inspección, el lugar en que dará inicio la misma, el tiempo con que cuenta las partes para sus preguntas, quiénes los pueden acompañar y cuánto tiempo tienen para argumentar.

156- El 21 de agosto de 2009, Jorge Rodríguez Q. en su condición de Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, solicitó a la Sala que se convocara a la inspección al Departamento de Aguas, la Dirección de Geología y Minas y al Área de Conservación Huetar Norte.

157-  El 27 de agosto de 2009, Juan Carlos Hernández Jiménez en su condición de apoderado generalísimo especial de la sociedad Industrias Infinito S.A. solicita al Tribunal que se indique expresamente cuáles personas están autorizadas a ingresar al proyecto y si los coadyuvantes podrán participar en la inspección a realizar (folio 4123).

158- A folio 4128 del expediente consta el amparo 08-014592-0007-CO presentado por Alexa Villavicencio Córdoba contra el MINAET, SETENA y el Ministerio de la Presidencia, en el que acusa que no está conforme con el Proyecto Minero Las Crucitas en Cutris de San Carlos. Indica que dicho proyecto fue señalado como de interés público -por medio de Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET-, sin considerar las especies arbóreas en peligro de extinción como es el caso del Almendro. Sostiene que el cuestionado Decreto basó su autorización en los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal para la tala de especies que fueron consideradas vedadas por sentencia de la Sala Constitucional número 2002-002486 de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del ocho de marzo del dos mil dos; sin embargo, indica que de los artículos citados se desprende que se podrá cambiar el uso de suelo para proyectos que tengan conveniencia nacional, pero el régimen de protección de las especies de almendro que se encuentran en la zona del Proyecto Minero Las Crucitas, no está establecido por regulación de uso de suelo sino por la resolución citada que tiene un carácter erga omnes y por tanto solo puede ser modificada por votación de la misma Sala Constitucional y no por Decreto Ejecutivo. Señala que analizando los artículos utilizados por el Poder Ejecutivo en el Decreto mencionado, se evidencia que se utilizó una interpretación propia de la ley, incurriendo en atribuciones no propias a su naturaleza, por lo que solo utiliza partes de los artículos, no los contextualiza y no utiliza las definiciones que el artículo 33 establece para la aplicación del artículo 34 de la Ley Forestal. Manifiesta que las especies de árboles vedadas que se encuentran en esta zona no recaen bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 33 de la Ley citada, por lo tanto tampoco son sujetos de los supuestos del artículo 34, por lo que es evidente el quebrantamiento del artículo 11 de la Constitución Política al atribuirse, los funcionarios públicos responsables de este Decreto, facultades que no poseen al interpretar la ley, y además la ruptura del principio constitucional que es el Principio de Legalidad, por cuanto el fin que se pretende alcanzar con el Decreto no se puede fundamentar con las leyes utilizadas para hacerlo, constituyéndose entonces ese acto en un abuso de poder y en una extralimitación en las actuaciones del Poder Ejecutivo. Agrega que el artículo 6 del Código de Minería no faculta a las empresas a realizar actividades de minería en cualquier terreno público o privado, simplemente autoriza la actividad minera la cual se supedita a permisos para los cuales se deben hacer estudios y se deben fundamentar en criterios técnicos, sometidos a lo que estipulen leyes especiales en cuanto a protección ambiental, así como también a resoluciones de la Sala Constitucional que afecten esa materia.  Estima que no es competencia del Poder Ejecutivo realizar interpretaciones de normas en aras de fundamentar sus actuaciones. Añade que el decreto que cuestiona establece en el punto VII del Considerando que la mina tendrá una vida útil de once años pero no contempla que al finalizar la vida útil de esa mina de oro, la zona quedará completamente inutilizada para realizar otro tipo de actividades ya que por la naturaleza de la minería a cielo abierto, ello implica la total destrucción del área utilizada así como el riesgo previo a su cierre por ejemplo en materia de aguas utilizadas para el proceso de separación del oro que quedan en pilas de lixiviación de cianuro. Considera que esta situación no cumple con la garantía que el Estado debe brindar al ciudadano de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al que se refiere el artículo 50 constitucional, así como tampoco está garantizando el derecho al trabajo digno de los actuales y futuros residentes de la zona donde se localiza el proyecto minero Las Crucitas. Estima que el contenido de dicho Decreto es contrario a derecho y por ende resulta ilegal, motivo por el cual, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, declarándose nulo dicho Decreto, debiéndose dejar sin efecto todas las resoluciones otorgadas a la luz de éste.

159.- Informa bajo juramento Sonia Espinoza Valverde en su calidad de Secretaria Técnica Nacional Ambiental en el expediente No. 08-14592-0007-CO (folio 4145),  que sobre el Decreto número 34801-MINAET que declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, habrá de informar el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones dado que es el ente que tramitó y aprobó dicho decreto. Agrega que en cuanto al permiso para la corta de árboles, la autoridad para pronunciarse es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Indica que sobre las actuaciones de su representada en el Proyecto Mina Crucitas, se remite a los informes que constan en los recursos de amparo 08-008647-0007-CO, 08-014068-0007-CO, 08-014464-0007-CO, 08-014454-0007-CO y 08-014593-0007-CO. Agrega que en cumplimiento de la orden girada por la Sala a su representada en el expediente 08-014068-0007-CO, se ordenó la paralización de la tala de árboles mediante oficio número SG-AJ-1150-2008-SETENA del veintiuno de octubre del dos mil ocho y por oficio número SG-AJ-1196-2008-SETENA del treinta de octubre siguiente, se paralizó la construcción en las zonas de protección referentes al proyecto. Indica que es imposible aportar el expediente administrativo porque éste se encuentra en el Poder Judicial al haber sido secuestrado por la Fiscalía General de la República el veintiuno de octubre del dos mil ocho. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso.

160.- Informa bajo juramento Roberto Dobles Mora en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en el expediente No. 08-14592-0007-CO (folio 4148) que la especie del Almendro no se encuentra en peligro de extinción. Señala que el artículo 6 inciso e) de la Ley Forestal 7575 dispuso como competencia de la Administración Forestal del Estado establecer vedas de las especies forestales en vías o en peligro de extinción o que pongan en peligro de extinción otras especies de plantas, animales u otros organismos, de acuerdo con los estudios técnicos respectivos y conforme a otras disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, sin que se aplique dicha veda a las plantaciones forestales. Indica que con base en esa competencia, su representado establece la veda del Almendro Amarillo con el fin de proteger la Lapa Verde que está en peligro de extinción, lo que se hizo en decreto  25167-MINAE del doce de junio de mil novecientos noventa y seis. Agrega que bien conoce ese Ministerio la restricción de tala del Almendro Amarillo para aprovechamiento maderable y por tanto se protege esta especie para proteger en última instancia a la lapa verde; reconocimiento que no ha sido violentado por el Poder Ejecutivo al emitirse el Decreto impugnado 34801-MINAET que declara de conveniencia nacional y de interés público el Proyecto Minero Crucitas. Agrega que la resolución de la Sala Constitucional número 2002-02486 del ocho de marzo del dos mil dos expresamente indica que se debe respetar el impedimento de tala de esa especie principalmente donde se encuentra el hábitat óptimo para la sobrevivencia de la especie y según los estudios técnicos que constan en el expediente 129-2002 bajo el cual se tramitó la Evaluación de Impacto Ambiental y en el Plan de Gestión Ambiental presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se tiene que de los diferentes estudios sobre la protección de la lapa verde así como en los mapas oficiales de hábitat de dicha especie se desprende que dentro del área del proyecto no existen en la actualidad nidos activos de lapa verde, razón por la que se descarta la afectación a sitios de anidación. Recalca que científicamente está comprobado que la especie del almendro amarillo es sólo una de las 36 especies de las que se alimenta la lapa verde y que la especie del almendro amarillo da fruto solamente entre los meses de noviembre a marzo. Argumenta que la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental valoró todos los impactos ambientales previstos y se aprobaron las medidas de mitigación necesarias para la no afectación de la especie en peligro de extinción. Señala que debe tenerse en cuenta que las resoluciones 3638-2005 SETENA del doce de diciembre del dos mil cinco que aprobó la viabilidad ambiental del proyecto y 170-2008-SETENA del cuatro de febrero del dos mil ocho que aprobó modificaciones al proyecto, son actos firmes y fueron emitidos después de realizar un amplio análisis a través del instrumento previsto, sea el Estudio de Impacto Ambiental.  Agrega que en el caso concreto, la veda que impide la corta del almendro ha sido analizada por la Sala Constitucional únicamente en el supuesto de aprovechamiento maderable, nunca en el de conveniencia nacional, de manera que se está frente a dos supuestos distintos donde concurren diferentes elementos en la configuración de la especie fáctica. Señala que la corta del almendro en función del instrumento denominado Conveniencia Nacional previsto por la Ley Forestal, amerita otras consideraciones al realizarse el análisis frente al numeral 50 de la Constitución Política, ello dada la connotación social de dicho instrumento y su relación con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la no existencia en los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal de excepciones frente a especies ni distinciones dentro del ecosistema del bosque sobre el que puede declararse la conveniencia nacional. Agrega que la propia Sala Constitucional ha señalado en las sentencias números 2006-17126 y 2008-13426 que los artículos 19 y 34 en cuanto establecen la conveniencia nacional son absolutamente  conformes con la Constitución.  Manifiesta que sobre el tema del desarrollo sostenible, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo preceptúa que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; así como también que el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Considera que en relación con tales principios la herramienta de conveniencia nacional resulta totalmente acorde. Añade que la declaración de la conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas no implica en ningún momento un levantamiento de la veda ni un acto violatorio a ésta por cuanto la tala permitida se realiza al amparo de la normativa, en aplicación de un instrumento jurídicamente dado como excepción y respaldado en estudios técnicos.  En su criterio la recurrente ha realizado una interpretación equívoca del fundamento jurídico del Decreto Ejecutivo 34801-MINAE y afirma que la Sala Constitucional en la sentencia número 2002-002486 analizó una conducta específica que es el aprovechamiento maderable del almendro frente a la protección de la lapa verde y consideró que era imperante para un verdadero auxilio a dicha especie, restringir de una manera más amplia la corta del almendro en los términos ya indicados. Indica que la corta de los árboles del almendro existentes en el área del proyecto se autoriza no con fundamento en el cambio de uso como aplicación específica para la veda porque como es de conocimiento general, dicho supuesto no existe; sino como consecuencia inmediata de la aplicación de la conveniencia nacional permitida normativamente como excepción para cambiar el uso de un bosque (sin excepción) y que no fue contravenida en la resolución 2002-002486 de la Sala Constitucional. Agrega que en el caso de Crucitas se está declarando la conveniencia para un proyecto privado de infraestructura en la categoría de minería y de interés nacional, lo cual es totalmente acorde con el numeral 2 del Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE que es el Reglamento a la Ley Forestal. Indica que la tala de bosque responde a una actividad implícita del proyecto cuyo impacto fue valorado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la evaluación de impacto ambiental. Añade que la conveniencia nacional como instituto legal y como instrumento de desarrollo sostenible permite la tala de bosque en general y ello lleva necesariamente a estudiar el sustento de la conveniencia nacional a fin de que la recurrente pueda comprender su correcta aplicación.  Argumenta que la conveniencia nacional es un instrumento legal que se rige por los artículos 19, 34 inciso m) de la Ley Forestal y por el artículo 2 de su Reglamento y esa declaratoria es necesaria para autorizar legalmente la corta de árboles en dos supuestos establecidos en esos artículos: a) cambio de uso de suelo establecido en el artículo 19 de la Ley Forestal y b) corta de árboles en áreas de protección descritas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Indica que sobre dichas estipulaciones la Sala Constitucional mediante resolución número 2006-17126 ha considerado que no son contrarias a los preceptos constitucionales. Estima que dichos artículos son una materialización de la posibilidad que debe darse el país para un desarrollo sostenible real. Indica que el concepto de conveniencia nacional puede ser leído en los artículos 3 inciso m) de la Ley Forestal y en el artículo 2 de su Reglamento.  Agrega que de lo dicho se desprende que la actividad minera puede ser declarada de conveniencia nacional y este instrumento parte del supuesto de la existencia de costos socio ambientales. Indica que precisamente el tipo de permiso forestal tramitado para la concesión minera es para el cambio de uso del suelo y eso implica una decisión técnica inevitable de eliminación total en el área autorizada de la cobertura vegetal; decisión técnica que no tiene otras opciones pues se requiere para lograr la explotación propuesta. Destaca que el permiso de cambio de uso del suelo tiene la característica de que su fin no es el aprovechamiento del recurso forestal propiamente, sino su eliminación para el desarrollo de una actividad con la que resulta incompatible mantener los árboles y el suelo durante la fase de explotación, unido al hecho que la Administración Forestal del Estado está facultada para otorgar este tipo de permisos regidos por el principio de legalidad. Manifiesta que la correcta aplicación de las normas indicadas implica que cumpliéndose los requisitos se declara la conveniencia nacional y ello involucra la corta del bosque independientemente de las especies que se encuentren en el área del proyecto. Añade que no implica lo anterior que no se hayan realizado los estudios necesarios para determinar la no afectación de la lapa verde pues en estricto apego al principio preventivo, en el momento procesal oportuno, sea la evaluación ambiental, la entidad competente que es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental consideró que no se afectaba a dicha especie y aprobó las medidas de mitigación  necesarias, por lo tanto considera que no se puede pensar que haya existido quebranto del principio de legalidad. Concluye que siendo que la declaratoria de conveniencia nacional es una competencia expresa del Poder Ejecutivo dada por Ley y siendo que el Proyecto Minero Crucitas cumplía con los requisitos legalmente establecidos para la declaratoria, hubiera incurrido la Administración en omisión contraria al principio de legalidad si no se hubiera emitido el Decreto 34801-MINAET que ahora se cuestiona, ello no solo por no realizar una conducta legalmente establecida sino porque el rechazo a la declaratoria de conveniencia nacional hubiera sido contrario a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Considera que la actuación del despacho a su cargo ha estado en estricto apego a las disposiciones legales que rigen la materia y el principio de legalidad, sin que se haya violentado norma o principio constitucional por lo que pide que se declare sin lugar el recurso.

161.- Informa bajo juramento Rodrigo Arias Sánchez en su condición de Ministro de la Presidencia en el expediente 08-14592-0007-CO (folio 182) en los mismos términos en que lo hizo el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Únicamente agrega que según el artículo 70 de la Ley General de la Administración Pública, la competencia será ejercida por el titular del órgano respectivo, y lo relaciona con lo dispuesto en el artículo 129 de ese mismo cuerpo legal. Añade que el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República junto con los Ministros de Gobierno y ambos tienen como deberes y atribuciones para la validez de los decretos, acuerdos, resoluciones, el suscribirlos conjuntamente. Señala que al Presidente de la República le compete firmar los decretos, acuerdos, órdenes o resoluciones junto con el Ministro correspondiente o rector de la materia y con base en un procedimiento administrativo interno institucional según el cual al Despacho del Presidente le presentan un proyecto de decreto, resolución o acuerdo pues ello es materia exclusiva de los distintos Ministerios, entes técnicos y conocedores de la materia específica. Se somete a aprobación del Presidente de la República para su rúbrica y posterior eficacia y validez del Decreto, Acuerdo o Resolución.  Con fundamento en lo dicho considera que en el caso concreto el actuar del jerarca ministerial y del Presidente de la República, ha sido en estricto apego a las disposiciones legales que rigen la materia y al principio de legalidad, sin que se haya violentado norma o principio constitucional alguno, por lo que solicita que se declare sin lugar el recurso.

162.- Mediante escrito de folio 4319 se apersona Roberto Dobles Mora en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones  y manifiesta que mediante oficio DAJ-1757-08 del doce de  noviembre del dos mil ocho, se ordenó a la Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto Minero Crucitas, realizar una inspección en el área del proyecto indicado a fin de determinar si existían impactos ambientales no previstos. Indica que en atención a la orden emitida y como parte del seguimiento para el control y fiscalización de ese proyecto, la Comisión Institucional integrada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Dirección de Geología y Minas, realizaron inspección en el área del proyecto el trece de noviembre del dos mil ocho. Manifiesta que los resultados de esa inspección constan en el informe DAP-1379-2008-SETENA que ha sido remitido al Despacho Ministerial mediante oficio CP-274-2008-SETENA el diecinueve de noviembre del dos mil ocho.  Indica que conforme consta en aquél informe, las actividades realizadas por la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima en el área del proyecto y autorizadas por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, no han generado impactos ambientales no previstos en la evaluación ambiental. Agrega que conforme se constató, la empresa Infinito Sociedad Anónima ha cumplido con la paralización de obras ordenada por la Sala Constitucional en el área que denominó protección. Señala que mediante informe DAP-1379-2008-SETENA las instancias técnicas competentes han recomendado a ese Ministerio, solicitar a la Sala Constitucional permitir al desarrollador del proyecto minero realizar determinadas actividades en carácter de medida de mitigación, ello a fin de evitar que por la paralización de actividades se generen efectos ambientales adversos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y en su correspondiente Plan de Gestión Ambiental. Agrega que en virtud de lo anterior y con fundamento en el principio de prevención que informa la materia ambiental, solicita se autorice al desarrollador del proyecto Industrias Infinito Sociedad Anónima, realizar las siguientes medidas de mitigación dentro del área denominada de “protección”: 1) realizar labores de extracción de la madera cortada y su disposición adecuada en un patio de acopio dentro del área del proyecto; 2) disponer y dar tratamiento adecuado a los desechos vegetales presentes en las áreas de tajos Fortuna y Botija y el área destinada a la conformación del dique de la Laguna de Relaves, de tal forma que se disminuya la posibilidad de que se produzcan los incendios forestales, se liberen de obstrucciones los drenajes de agua superficial y sus respectivas zonas de protección y se mantenga un control fitosanitario adecuado dentro del área del proyecto; 3) adoptar las medidas de protección y conservación del recurso forestal de las áreas que son límite de esta área de “protección”; 4) se permita implementar y concluir obras para el control de sedimento y conservación de suelos tales como: la conformación de disipadores de energía y zanjas para retener y canalizar el agua que pudiera contener sedimento, limpiar los accesos existentes y confeccionar canales perimetrales de manejo de escorrentía; y 5) permitir que se desarrolle el proceso de monitoreo para el seguimiento de datos de línea base en cuanto a suelos, aguas superficiales, aguas subterráneas, ictiofauna, macroinvertebrados acuáticos, anfibios y reptiles, avifauna, componente florístico, mamíferos y componente forestal dentro de esta área.  

163.- En escrito de folio 4332 se apersona Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro a.í. de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones e indica que conforme consta en autos, mediante oficio DAJ-1829-08 del veinticuatro de noviembre del dos mil ocho, se presentó solicitud de levantamiento parcial de la medida cautelar interpuesta por la Sala al Proyecto Minero Crucitas. Añade que la solicitud se hizo en virtud de que la Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto Minero Crucitas integrada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Dirección de Geología y Minas, realizó inspección en el área del proyecto el trece de noviembre del dos mil ocho y mediante informe DAP-1379-2008-SETENA señalaron: a) que las actividades realizadas por la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima en el área del Proyecto Minero Crucitas y autorizadas por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones no han generado impactos ambientales no previstos en la evaluación ambiental; b) que conforme se constató la empresa Infinito Sociedad Anónima ha cumplido con la paralización de obras ordenada por la Sala Constitucional en el área que los Magistrados han denominado de protección; c) la recomendación al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para que solicitara  a la Sala Constitucional permitir al desarrollador del Proyecto Minero Crucitas realizar determinadas actividades en carácter de medida de mitigación, ello a fin de evitar que por la paralización de actividades se generen efectos ambientales adversos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y en su correspondiente Plan de Gestión Ambiental. Manifiesta que la autorización solicitada pretendía que se le permitiera al desarrollador del proyecto Industrias Infinito Sociedad Anónima realizar las siguientes medidas de mitigación dentro del área denominada de “Protección”: 1) Realizar labores de extracción de la madera cortada y su disposición adecuada en un patio de acopio dentro del área de proyecto; 2) disponer y dar tratamiento adecuado a los desechos vegetales presentes en las áreas de tajos Fortuna y Botija y el área destinada a la conformación del dique de la Laguna de Relaves, de tal forma que se disminuya la posibilidad de que se produzcan incendios forestales, se liberen de obstrucciones los drenajes de agua superficial y sus respectivas zonas de protección y se mantenga un control fitosanitario adecuado dentro del área del proyecto; 3) adoptar las medidas de protección y conservación del recurso forestal de las áreas que son límite de esta área de “protección”; 4) se permita implementar y concluir obras para el control de sedimento y conservación de suelos tales como la conformación de disipadores de energía y zanjas para retener y canalizar el agua que pudiera contener sedimento, limpiar los accesos existentes y confeccionar canales perimetrales de manejo de escorrentía; 5) permitir que se desarrolle el proceso de monitoreo para el seguimiento de datos de línea base en cuanto a suelos, aguas superficiales, aguas subterráneas, ictiofauna, macroinvertebrados acuáticos, anfibios y reptiles, avifauna, componente florístico, mamíferos y componente forestal dentro de esta área.  Indica que el veintisiete de noviembre del dos mil ocho la Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto Minero Crucitas realizó nueva inspección en el área del proyecto y como resultado de ello la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha emitido el informe DAP-1448-2008-SETENA. Señala que en dicho informe consta que se mantienen las condiciones, conclusiones y recomendaciones indicadas en el informe DAP-1379-2008-SETENA y recomienda nuevamente al Ministro solicitar a la Sala permitir a la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, realizar las actividades indicadas. Agrega que a la fecha el Ministerio no ha recibido respuesta a lo peticionado en el oficio DAJ-1829-08. Manifiesta que en razón de lo dicho, reitera la petición de permitir al desarrollador realizar las medidas de mitigación indicadas en los informes DAP-1379-2008-SETENA, DGM-CMRHN-120-2008 y DAP-1448-2008-SETENA.

164.- Por resolución de las diecinueve horas y veintiocho minutos del veintiséis de mayo de dos mil nueve se acumuló el amparo 08-014592-0007-CO a este expediente (folio 4354).

165.- El 1 de setiembre de 2009, Juan Carlos Hernández Jiménez en su calidad de apoderado generalísimo especial de Industrias Infinito S.A., solicitó que se notificara a la recurrente Alexa Villavicencio Córdoba (folio 4364).

166.-   El 1 de marzo de 2009 el Colegio de Geólogos de Costa Rica apersonó dos representantes suyos para la inspección ocular (folio 4365).

167-  Por resolución de las nueve horas treinta y un minutos del tres de setiembre de dos mil nueve, se reiteró que la inspección ocular no constituye una audiencia, razón por la cual las partes no tienen derecho a formular preguntas. De tener interés en que se observe un lugar determinado, así lo pueden indicar al Tribunal y ahí se resolverá lo que se estime pertinente. Siendo Coopevega la primera comunidad en el trayecto a seguir hacia el Proyecto, la diligencia dará inicio oficialmente en dicho lugar. Como se indicó anteriormente, para mantener el orden de la diligencia, las partes son las únicas autorizadas a ingresar al terreno a inspeccionar, las cuales podrán, si así lo estiman pertinente, hacerse acompañar de un representante legal debidamente acreditado en el expediente. En recursos de amparo las coadyuvancias se admiten únicamente a efectos de valorar los hechos alegados por las partes, pero no son consideradas parte en el expediente, razón por la cual las personas apersonadas en esa condición, no están autorizadas a participar en la diligencia a realizar. Asimismo, se modificó la resolución de las doce horas y cuarenta y ocho minutos del tres de agosto de dos mil nueve, en el sentido de que la audiencia dará inicio a las diez horas y no a las once como anteriormente se había señalado (folio 4374).

168.-  El 6 de setiembre de 2009, el recurrente Edgardo Araya Sibaja solicita que se acredite la participación de Alfredo Arias Elizondo (vecino del lugar a inspeccionar), Quírico Jiménez Madrigal (ingeniero forestal) y Oscar Villalobos Chavarría (camarógrafo profesional), a fin de resguardar el principio de igualdad y equidad procesal (folio 4375).

169.-  El 7 de setiembre de 2009, Alfredo Córdoba Soro en su condición de Alcalde Municipal de San Carlos solicitó a la Sala que se le permitiera su participación en la inspección a realizar el 11 de setiembre.

170.-  El 7 de setiembre de 2009, la recurrente Yamileth Astorga Ezpeleta apersonó como su representante legal a la licenciada Gabriela Cuadrado Quesada, así como solicitó que se autorizara a llevar como consultores técnicos a Allan Astorga Gatgens y a Rafael Arce Mesén (folios 4408 y 4409).

171.- Por resolución de las nueve horas y trece minutos del ocho de septiembre del dos mil nueve, se dispuso: En cuanto a la solicitud presentada por el recurrente Araya Sibaja para permitir la participación del señor Quírico Jiménez Madrigal en su condición de Ingeniero Forestal en la respectiva diligencia, su autorización quedará sujeta a la cantidad de personas de las cuales pretendan todas las partes hacerse acompañar, en el momento de hacer el ingreso al Proyecto propiamente, por evidentes razones de orden. No se autoriza el ingreso del señor Alfredo Arias Elizondo solicitado por el recurrente por ser conocedor de la zona, por cuanto los lugares a inspeccionar están predeterminados por la Sala. De igual modo, se rechaza la solicitud de autorización del camarógrafo Oscar Villalobos Chavarría, toda vez que para efecto de respaldo técnico audiovisual la Sala se hará acompañar de los profesionales correspondientes, cuyas pruebas quedarán posteriormente a disposición de las partes. Con relación a la solicitud que plantea el señor Alfredo Córdoba Soro en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, se autoriza la participación de un representante de dicha corporación en la audiencia a realizar el próximo 11 de setiembre, tomando en consideración la representación constitucional que ostentan los gobiernos locales respecto a los intereses de la localidad.

172.- El 8 de setiembre de 2009 Carlos Alberto Alfaro Mata solicitó a la Sala que se autorizara en la inspección el ingreso del vehículo placa provisional 00052670282 y del chofer respectivo (folio 4433).

173.- El recurrente Lorenzo Cambronero Méndez solicitó el 8 de setiembre de 2009 que se tuviera como acreditado el Lic. Freddy Humberto Vargas Chavarría y al asesor Félix Díaz Rivera (folios 4434 y 4435).

174.- El 8 y 10 de setiembre de 2009 el recurrente José Merino del Río solicitó a la Sala que se autorizara en la inspección a los señores biólogos Gabriel Rivas Ducca, Javier Baltodano Aragón y del abogado José María Villalta  (folios 4438 y 4496).

175.- A folios 4442 y 4443, se apersonan Cristina Werdlich Hidalgo y Tony Villalobos Ayros, y solicitan se declare con lugar el presente recurso de amparo, por cuanto estiman que no se puede permitir la destrucción de los bosques con especies protegidas.

176.- La recurrente Heidy Murillo Quesada solicitó el 9 de setiembre de 2009 que se tuviera como acreditado al Lic. Jorge Antonio Mora Portugués y el recurrente Alain Murillo Bolaños al Lic. Ronald Joaquín Campos Arias (folios 4445 y 4447).

177.- Por escrito presentado el 10 de setiembre de 2009, el Ministro de la Presidencia de la República acreditó al Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para asistir a la inspección ocular (folio 4446).

178.- Por resolución de las catorce horas y nueve minutos del diez de setiembre de dos mil nueve, la Presidenta de la Sala acreditó al Luis Francisco Cervantes Gamboa, Letrado de la Sala Constitucional, como secretario ad hoc únicamente a efectos de la diligencia de inspección ocular (folio 4495).

            179.- A folio 4494 (con copia a folio 4447), se apersona Alain Murillo Bolaños y manifiesta que nombra a Ronald Joaquín Campos Arias como su abogado para las diligencias del día once de setiembre de dos mil nueve.           

180.- El once de setiembre de dos mil nueve, se realizó una Inspección Judicial en la zona del proyecto minero Crucitas (folio 4621).

            181.- Durante los días doce, trece y diecisiete de noviembre de dos mil nueve, se realizó una vista pública al efecto de que las partes informaran sobre sus pretensiones a la Sala. En la vista se aportaron pruebas, y fueron aceptadas señalándose en cada caso en el capítulo de Hechos Probado cuándo se toman en consideración.

            182.- Por escrito de fecha catorce de setiembre de dos mil nueve (folio 4497), se apersona Denise Echeverría Robert, en su condición de experta en materia de Manejo y Protección de los Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y manifiesta que solicita la aplicación del Principio Precautorio Pro Natura ante la seria amenaza de abrir el país a la actividad de la Minería Metálica a Cielo Abierto.

            183.- Mediante resolución de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del dieciocho de setiembre de dos mil ocho, suscrita por el Magistrado Instructor (folio 4514), se solicita prueba para mejor resolver al Gerente General de SENARA y al representante legal de la empresa Industrias Infinito S.A., para que informen cuál es la desembocadura a la cual discurren la o las quebradas que serán afectadas con la laguna de relaves.

            184.- Por documento aportado en fecha dieciséis de setiembre de dos mil ocho (folio 4515), se aporta copia del oficio No.4134-09-DGFP del once de setiembre de dos mil nueve, suscrito por el Director General de la Fuerza Pública, Erick Lacayo Rojas y dirigido a la Directora de la Dirección Regional de San Carlos, en el que le indica que se deben tomar las medidas necesarias para garantizar el orden público en la visita del once de setiembre.

            185.- Por escrito de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil nueve (folio 4519), se apersona Juan Carlos Hernández Jiménez, en su condición de Apoderado Generalísimo Especial de la sociedad Industrias Infinito Sociedad Anónima, y da cumplimiento a lo prevenido en la resolución de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve. Manifiesta que en el área del Proyecto Minero Crucitas existen dos quebradas, las cuales se denominan “Quebrada Descubrimiento” y “Quebrada la Mina”. Indica que la Quebrada Descubrimiento no será afectada por la Laguna de Relaves, esto por cuanto la cuenca de la quebrada se encuentra físicamente aislada de este componente del proyecto. Señala que la Quebrada La Mina se modificará parcialmente por la Laguna de Relaves, esta modificación consistirá en que una parte del área de drenaje será embalsada, esto no implica que el caudal de la quebrada desaparecerá, dicho caudal se mantendrá debajo de la represa de colas hasta su confluencia con el Río Infiernito. Explica que durante la construcción de la Laguna de Relaves el caudal y los sistemas ecológicos relacionados a la quebrada no se verán afectados. Expone que durante la etapa constructiva, operativa y de clausura del proyecto se mantendrán en ejecución los Planes de Monitoreo y Control de los aspectos de calidad y cantidad de aguas, fauna acuática, vegetación y fauna terrestre, entre otros, de forma periódica y permanente. Manifiesta que la Laguna de Relaves consiste en un área de almacenamiento de roca molida y agua, los cuales no contienen sustancias tóxicas, esta Maguana de relaves no es lo mismo que una laguna de lixiviación utilizada por otros proyectos mineros, son dos sistemas diferentes. Indica que la Laguna de Relaves recibirá las aguas y roca que han sido tratadas en la planta de destrucción de cianuro (CyPlus), la alta eficiencia del sistema, asegurará que ni el cianuro, ni los metales pesados estarán presentes en las aguas y roca enviadas a la Laguna de Relaves. Señala que como consecuencia de ello, la laguna de relaves será utilizada en la planta del proceso, esto se denomina un “sistema hidráulicamente cerrado”, lo que demuestra es que el agua no es “consumida” sino más bien reutilizada,  vuelta a tratar y devuelta a la laguna de relaves. Destaca de que la Laguna de Relaves se efectuar un vertido del agua excedente a la Quebrada la Mina, la cual cumplirá con las normas de vertido nacional e internacional.  Resalta que las aguas vertidas de la Laguna de Relaves a la Quebrada La Mina, junto con el agua que aporta el caudal natural discurre una distancia de 1 km antes de que desemboque en el Río Infiernito. Posteriormente, el Río Infiernito recorre una distancia de 20,3 kilómetros a lo largo de su cauce natural hasta su desembocadura al Río San Juan.

            186.- Por escrito de fecha veinticinco de setiembre de dos mil nueve (folio 4580), se apersona Bernal Soto Zúñiga, Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento-SENARA-, quien señala que dentro de la laguna de relaves se encuentra la quebrada llamada La Mina, que tiene una serie de afluentes sin nombres, drena hacia el Río Infiernillo, la distancia que existe desde el dique de la laguna de relave que se construirá y el río Infiernillo es de un kilómetro.  Indica que la distancia que recorre el río Infiernillo hasta desembocar en el río san Juan es de veinte kilómetros, más específicamente de la intersección con la quebrada La Mina hasta la desembocadura del río San Juan. Expone que en el sector de la laguna de relaves drena la Quebrada Caño Crucitas hacia el río San Juan; sin embargo, pertenece a otro sistema de drenaje superficial.

            187.- Por escrito de folio 4583, se apersona Edgardo Vinicio Araya Sibaja y solicita que se amplíe la prueba solicitada en la resolución de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, para que SENARA e Industrias Infinito S.A. informen cuál es el recorrido total de los cursos de agua que se verán afectados por las lagunas de relaves, hasta su desembocadura final en el mar Caribe.

            188- Por escrito del treinta de setiembre de dos mil nueve (folio 4589), se apersona Warner Rojas Quirós, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de ASOCRUCITAS y solicita a esta Sala resolver el presente amparo de manera pronta.

            189.- Por escrito de fecha primero de octubre de dos mil nueve (folio 4591), se apersonan Francisco Alfaro Bolaños, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Desarrollo Coopevega, Oldemar Durán Cordero, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Desarrollo Llano Verde, Rodrigo Blanco Solís, en su condición de Presidente Asociación Pro-mejoras Chamorro-El Roble y Eliécer Rodríguez Carmona, en su condición de Presidente Asociación Pro-Mejoras Crucitas y reiteran su apoyo a la empresa Industrias Infinito que desarrolla el proyecto minero Crucitas.

            190.- A folio 4594 (ver original a folio 4610), se apersona Vladimir Arroyo Rojas, en su condición de Presidente de Grupo Ocho Zona Norte S.A. y manifiesta su apoyo a la empresa Industrias Infinito.

            191.- A folio 4596 (ver original a folio 4611), se apersona Alfredo Córdoba Soro, en su condición de Alcalde  de la Municipalidad de San Carlos y expresa su preocupación por el conflicto social que el proyecto minero Crucitas ha causado en la comunidad.

            192.- Por escrito de fecha veintidós de setiembre de dos mil nueve (folio 4600), se apersona Bernal Soto Zúñiga, en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, y expone las razones por las cuales no pudo participar durante toda la visita del once de setiembre de dos mil nueve.

            193.- A folio 4603, 4605 y 4607 se apersonan Alexis Jiménez, Helvetia Jiménez Díaz y Beatriz Herrero Elizondo para reiterar su apoyo a la parte recurrente dentro del presente amparo.

            194.- A folio 4613, se apersona Jennifer Segura Ramírez, y manifiesta su apoyo a la posición de la parte recurrente.

            195.- Por escrito de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, se apersonan Carlos Alberto Vega Rojas, Hannia Mena Molina, Petrona Serrano Ruiz, Freddy Rojas, Rebeca Mora Sandoval, Arturo Barrantes Alfaro, Marlene Varela Acuña, Lauren Barrantes Varela, Karen Barrantes Varela, Ademar Amador González, Natalia vega Amador, José Alberto Vega Amador, Carlos Vega Amador, Cecilia Amador González, Oldemar Durán Cordero, Ángela Alemán Cortés, Ricardo Miranda Jarquín y José Antonio Vega Corrales y manifiestan su agradecimiento por la visita realizada el once de setiembre de dos mil nueve.

             196.- A folios 4621 a 4640 corre agregada el Acta de Visitas Preliminares y el Acta de Inspección Judicial practicada el once de setiembre de dos mil nueve.

            197.- Por escrito visible a folio 4642 se apersona Rafael Ángel Rojas Jiménez y solicita ser coadyuvante activo a favor de los recurrentes.

            198.- Mediante resolución de las ocho horas seis minutos del veinte de octubre de dos mil ocho (folio 4644), se dispone desglosar las manifestaciones realizadas por el recurrente Edgardo Araya Sibaja visibles a folio 4627 del expediente, donde interpone recurso de hábeas corpus contra el Ministerio de Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial, para que se tramite como un asunto nuevo.

            199.- Por resolución de las quince horas cincuenta y tres minutos del veintitrés de octubre de dos mil nueve, se señaló las nueve horas del doce de noviembre de dos mil nueve para realizar una Vista pública dentro de este recurso.

            200.- Por escrito del veintisiete de octubre de dos mil nueve, se apersona Juan Carlos Hernández Jiménez, en su condición de Apoderado Generalísimo de Industrias Infinito Sociedad Anónima y realiza manifestaciones sobre el tiempo del que dispondrán de palabra en la vista del doce de noviembre de dos mil nueve.

            201.- A folio 4704 se apersona Jorge Herrera Ocampo, en su condición de Director Ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica y pregunta si a la vista del doce de noviembre de dos mil nueve, deben apersonarse los representantes del Colegio que representa.

            202.- Por escrito de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve (folio 4706), se apersona Rodolfo Alberto Leonardo Ulloa. Debido a que actualmente considera que el Proyecto Minero Crucitas puede generar bienestar social en las comunidades aledañas al mismo, a través del desarrollo del empleo y la riqueza, desiste tu intención para continuar con el presente recurso de amparo.

            203.- Por escrito de folio 4707 se apersona Lorenzo Cambronero Méndez y manifiesta que nombra como su representante legal a Freddy Humberto Vargas Chavarría.

            204.- Por escrito de fecha treinta de octubre de dos mil nueve, se apersona Heidi Murillo Quesada, en su condición de Apoderada Generalísima de Federación Costarricense para la Conservación del Ambiental –FECON-, y manifiesta que otorga Poder Especial Judicial a Marcos Alexander Piedra Rodríguez.

            205.- A folio 4709 y 4716, se apersonan Sergio Quirós Marín y Marlon Chaves Jiménez, y manifiestan su apoyo a la posición de la parte recurrente.

            206.- Por escrito de fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve (folio 4719), se apersona José Eduardo Vargas Rivera, en su condición de Presidente del Instituto Latinoamericano de los derechos humanos y Paz Social, y manifiesta que asistirán a la vista del doce de noviembre de dos mil nueve. Reitera su apoyo a la parte accionada.

            207.- Por escrito del cuatro de noviembre de dos mil nueve (folio 4722), se apersona José Merino del Río y manifiesta que nombra como su representante para la vista del doce de noviembre de dos mil nueve al señor José María Villalta Flores-Estrada.

            208.- Por resolución de las nueve horas veintiocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil nueve,  se solicitó prueba para mejor resolver al Jefe del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

            209.- A folio 4725 del expediente se apersonan Yamileth Astorga y Edgardo Araya y formulan dudas con respecto a la resolución de las quince horas cincuenta y tres minutos del veintitrés de octubre de dos mil nueve. Asimismo, por escrito visible a folio 4725, Yamileth Astorga manifiesta que nombra como representante para el día de la vista al Ph.D. Allan Astorga Gatgens.

            210.- Por escrito de fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve, se apersona Bernal Soto Zúñiga, en su condición de Apoderado Generalísimo del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA-, y manifiesta que se hará acompañar el día de la audiencia del Geólogo Roberto Ramírez Chavarría y el M.Sc. Juan Alberto Corrales Ramírez.

            211.- Por escrito de folio 4729, se apersona Gladis Martínez, en su condición de Asesora Legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, para confirmar su apersonamiento a la vista del doce de noviembre de dos mil nueve.

            212.- Mediante escrito de fecha seis de noviembre de dos mil nueve (folio 4730), se apersona Cristhian González Chacón, en su condición de apoderado de Sonia Espinoza Valverde, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y requiere equipo técnico para realizar presentación en power-point en la vista del doce de noviembre de dos mil nueve.

            213.- Por escrito del seis de noviembre de dos mil nueve (folio 4733), se apersona Jorge Rodríguez, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía a efecto de indicar el equipo técnico que requerirán el día de la vista. Asimismo, por escrito viable a folio 4734, indica que acredita para la vista a Cynthia Cavallini Chinchilla, Jorge Hernández Benavides y Oldemar Corrales Jiménez.

            214.- Por medio de escrito de fecha seis de noviembre de dos mil nueve (folio 4735), se apersonan John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, en su condición de Apoderados Generalísimos de Industrias Infinito Sociedad Anónima y manifiestan que los representantes de la empresa el día de la vista serán John Thomas, Juan Carlos Obando Umaña y Juan Carlos Hernández Jiménez.

            215.- Por escrito de fecha seis de noviembre de dos mil nueve (folio 4736), se apersona Rodrigo Arias Sánchez, en su condición de Ministro de la Presidencia y manifiesta que los representantes que designa para el día de la vista son el señor Jorge Rodríguez Quirós, el señor Fabián Volio y la señora Lorena Polanco Morales.

            216.- A folio 4737 (ver original a folio 4739) del expediente, se apersona Edgardo Vinicio Araya Sibaja e indica el equipo técnico que requerirá el día de la vista.

            217.- Por escrito del nueve de noviembre de dos mil nueve, se apersona Álvaro Sagot Rodríguez y manifiesta que para el día de la vista designa al doctor en geografía Rafael Arce Mesén.

            218.- Por escrito de fecha nueve de noviembre de dos mil nueve (folio 4741), se apersonan John Thomas y Arnoldo Rudín Arias, en su condición de Apoderados Generalísimos de Industrias Infinito Sociedad Anónima y manifiestan que de conformidad con lo solicitado en la resolución de las nueve horas veintiocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, exponen que el oro que se encuentra contenido  en la roca se extraerá de dos lugares: cerro Botija y cerro Fortuna. Indican que en los sitios de extracción se encuentran tres tipos de materiales: suelo o capa vegetal, roca con oro, roca sin oro. Señalan que de conformidad con el Plan de Explotación aprobado por la Dirección de Geología y Minas, se extraerá la roca del cerro Botija y del cerro Fortuna en forma simultánea, una vez sacado el material del cerro Botija, este sitio se rellenará con materiales del cerro Fortuna.

            219.- A folio 4772, se apersona Manuel Antonio Brenes Corrales y manifiesta que no podrá hacerse presente el día doce de noviembre de dos mil nueve, día de la vista.

            220.- Mediante resolución de las once horas cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil nueve, se dio respuesta a la gestión presentada por Yamileth Astorga visible a folio 4725.

            221.- Por escrito de fecha diez de noviembre de dos mil nueve (folio 4776), se apersona Álvaro Salas Orozco e indica que no podrá asistir a la vista del doce de noviembre de dos mil nueve.

            222.- A folio 4778 se apersona Uriel Juárez Baltodano, en su condición de Secretario General a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y manifiesta que cumple con lo solicitado en la resolución de las nueve horas veintiocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil nueve. Indica que en relación con el destino que se le va a dar al material de desecho -rocas y tierra- que se va a extraer en el proyecto minero Crucitas, todo suelo vegetal que sea removido de las áreas de extracción deberá ser trasladado al sitio para depósito de suelos, donde se aplicarán todas las medidas necesarias para asegurar su adecuado almacenaje, manteniendo sus condiciones originales al máximo para ser utilizado sin problemas en labores posteriores de recuperación. Indica que como es conocido en todos los proyectos mineros metálicos, existe material que no contiene oro por lo que se les conoce como roca estéril o saprolita estéril; en caso del proyecto minero Crucitas estos materiales no serán enviados al proceso de producción de la planta, por lo que serán trasladados adecuadamente al área de relaves, parte de la saprolita que no contiene oro será utilizada para la construcción del dique de relaves. Señala que la roca estéril será trasladada y ubicada dentro del área de relaves, principalmente en el sector este. Acota que el material a manejar que se extraerá como roca estéril y el que se procesará en la planta de producción permite ubicar el volumen total en forma adecuada en el área de relaves y en el relleno y además permitirá recuperar el volumen extraído del tajo Botija a partir del año seis, o sea, el tajo Botija será rellenado por completo para el final de la fase operativa. Menciona que los estudios  de ingeniería e hidráulica realizados para el proyecto Crucitas indican que sí es posible manejar los volúmenes de material en forma adecuada dentro de los componentes del proyecto destinados para tal fin. Menciona que con el fin de anular el potencial de generación de drenaje ácido, los relaves y la roca estéril deberán ser depositados en la laguna de manera para que queden sumergidos bajo una columna de agua de una profundidad promedio de 2 metros, evitando su exposición al aire y su eventual oxidación; el manejo será utilizando una tubería flotante móvil que distribuya homogéneamente el material en la laguna en el sector oeste, la roca estéril se depositará en forma inmediata sin almacenamiento, mecánicamente en el sector este controlando que en forma inmediata sin almacenamiento, mecánicamente en el sector este controlando que permanezca inundada. Adicionalmente, se utilizará el exceso de saprolita para respaldar la cobertura del dique de colas y cubrir la roca estéril en el área de almacenamiento y taludes de los pits de extracción para inhibir la oxidación. Informa que de ser posible,  se depositará una capa de relaves inertes provenientes de material estéril al final de la fase de operación, con el fin de conformar una capa de sellado sobre el resto de relaves y material con potencial de generar drenaje ácido.  Indica que la roca estéril de desecho deberá ser depositada de la misma manera que los relaves en la laguna.

            223.- A folios 4780 a 4791 corre agregada información aportada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

            224.- A folio 4792 el señor Jorge Rodríguez Fonseca otorga Poder Especial Judicial al Lic. Edgar Vinicio Araya Sibaja y nombra como asesor técnico al Ing. Allan Astorga Gatgens.

225.- A folio 4793, Manuel Antonio Brenes Corrales otorga Poder Especial Judicial al Lic. Freddy Vargas Chavarría y nombra como asesor técnico al Ing. Allan Astorga Gattgens.

226.- A folio 4795 Adriana Calvo Aguilar, otorga Poder Especial Judicial a Gabriela Cuadrado Quesada y nombra como asesor técnico al biólogo Javier Baltodano Aragón.

            227.- Por escrito de fecha doce de noviembre de dos mil nueve, se apersona Leda María Zamora Chaves, en su condición de Diputada del Partido Acción Ciudadana (folio 4795), y manifiesta que confiere Poder Especial Judicial al Lic. Diego Pacheco Alvarado.

            228.- A folio 4797 del expediente se apersona  Gladis Martínez, en nombre de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, para aclarar que la citada Asociación no ha solicitado constituirse como  coadyuvante; solamente pretenden informar sobre sus análisis.

            229.- Por escrito de fecha trece de noviembre de dos mil nueve (folio 4800), se apersona Alberto Delgado Artavia, en su condición de Director a.i. del Área de Conservación Arenal Huetar Norte y manifiesta que en el cerro Fortuna faltan 6 has 5598.15m por cortar, es decir 342 árboles, en Relaves A y B faltan 115 has 2165.56m 5520 árboles, en diques, caminos, tramos y líneas 7 has 8085.05m, es decir 1396 árboles y en área no boscosas 8 has 8259.88 m 563 árboles para un total de 7821 árboles. Aclara que no se incluye la información del cerro Botija, ya que todos los árboles se habían cortado inicialmente. Sobre la pregunta de cuántos de esos árboles son almendros, informa que todos los árboles de la especie almendro amarillo, fueron cortados, tanto los ubicados en áreas de bosque, como en áreas no boscosas.

            230.- Por escritos  del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, se apersona José Eduardo Vargas Rivera, en su condición  de representante y vocero del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Paz Social (folio 4807), y manifiesta que apoya el proyecto Crucitas porque estima beneficia al país, al generar trabajo en época de crisis.

            231.- A folios 4811 a 4826, se apersonan Armando Zúñiga Alvarado, Estefanny Zúñiga Alvarado, Miriam Alvarado Rodríguez, José Alberto Zúñiga Alvarado para reiterar su apoyo a la parte recurrente del amparo, ya que consideran que no se puede permitir la destrucción de más de 192 hectáreas de bosque con especies protegidas.

            232.- Por escrito de fecha dieciséis de noviembre de dos mil nueve (folio 4877), Rodrigo Arias Sánchez, en su condición de Ministro de la Presidencia, remite lista de personas autorizadas para acudir a la Vista.

            233.- Por escritos que corren agregados a folios 4878 y 4882, se apersonan Marcos Gómez Martínez y José Luis Cruz Borbón, para reiterar su apoyo a la parte recurrente del amparo, ya que consideran que no se puede permitir la destrucción de más de 192 hectáreas de bosque con especies protegidas.

            234.- Por escrito de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, (folio 4886), Javier Baltodano aporta informe denominado Corredores Biológicos de Costa Rica.

            235.- A folio 4929, Javier Baltodano aporta la Evaluación Florística de los Bosques de la Zona Norte de Costa Rica, realizada por Nelson Zamora del Instituto Nacional de Biodiversidad.

            236.- El diecisiete de noviembre de dos mil nueve, Ricardo Araya aporta por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Comité Nacional de Costa Rica, el comunicado de prensa “No a la minería a cielo abierto”. Aporta además artículos de su interés en idioma inglés y español, con los que apoya su conclusión de impacto negativo en el ambiente del proyecto minero Crucitas.

237.- A folios 5244 del día diecisiete de noviembre de dos mil nueve, Yamileth Astorga Espalda adjunta un documento denominado “Sobre la valoración de costo-beneficio ambiental que debió haber hecho la SETENA”, el “Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental”, un documento titulado “Sobre la existencia de una posible falla geológica bajo el sito de presa del embalse de colas del Proyecto Crucitas” y el “Estudio de Impacto Ambiental” elaborado por Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A.

            238.- Mediante resolución de las quince horas diecinueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, se solicitó prueba para mejor resolver al Director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, para que informe si en la zona de Crucitas en San Carlos existe alguna falla sísmica.

            239.- A folio 5315, se apersona Jorge Rodríguez, en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y aporta prueba para mejor resolver. Indica que los documentos que adjunta conforman un resumen sobre lo expuesto en la vista, titulado “Alegato de Bien Probado” en el que se destacan temas como el otorgamiento de concesión minera, la evaluación de impacto ambiental, el permiso de corta de árboles para al cambio de uso de suelo, el decreto de conveniencia nacional, el proceso de corta de árboles, el estudio de factibilidad técnico, matriz de SETENA, medidas compensatorias forestales entre otros.

            240.- A folio 5419 y 5420 corre agregada el Acta de la Vista celebrada a las nueve horas del doce de noviembre de dos mil nueve.

            241.- A folio 5421 se apersona Jennifer Zúñiga Alvarado y manifiesta su apoyo a la posición de la parte recurrente.

            242.- Por medio de escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, se apersona Edgardo Vinicio Araya Sibaja,  y aporta un disco compacto que contiene su exposición hecha en la vista, documento elaborado por el Geólogo Allan Astorga Gattjens denominado “Sobre el procedimiento seguido por la SETENA para la revisión ambiental de la Ampliación del Proyecto Crucitas y la participación de un geólogo en el proceso”, estudio denominado “Destrucción del Bosque y de la Biodiversidad Florística por el proyecto Minero Crucitas”, resumen impreso de la exposición del biólogo Javier Baltodano en la vista, documento denominado “Evaluación Ambiental del Cambio Propuesta al Proyecto presentado por Infinito S.A. en el 2007”, currículo vital de la M.Sc. Yamileth Astorga Ezpeleta y transcripción de la exposición hecha ante la Sala en la vista realizada.                      

            243.- Por resolución de las once horas veintinueve minutos del veinticinco de noviembre de dos mil nueve, se solicitó prueba para mejor resolver a la Secretaría General de SETENA y al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

            244- Por escrito que corre agregado a folio 5501 del expediente (original visible a folio 5535), se apersona Juan Segura Torres, en su condición de Director de OVSICORI-UNA, y manifiesta que referente a la solicitud realizada por la Sala el dieciocho de noviembre de dos mil nueve. Indica que dentro de los dos días siguientes a la notificación de la solicitud de la Sala, solo está en capacidad de informar sobre la actividad sísmica registrada en la región por la red sísmica propia, desde la fundación de este Instituto (1984) hasta el presente, información sísmica existente desde los inicios de la red sísmica mundial (1990) y sobre fallas existentes en la región de estudio que han sido descritas en publicaciones especializadas. Expone que en el caso de Crucitas las principales fallas detectadas en la región son dos, la falla San Carlos al Este del mapa, la cual ha sido interferida por medios remotos y se presume es una falla activa o que ha presentado actividad durante el período Cuaternario; sin embargo, ninguno de los sismos registrados por el OVSICORI se relaciona con dicha falla. Explica que la otra falla se ubica al Oeste del mapa y se denomina Falla Recreo, esta falla estuvo activa durante el Terciario; sin embargo, no se ha comprobado actividad durante el Cuaternario, sobre esa falla no se registra actividad sísmica desde 1984. Señala que el catálogo sísmico de la red sísmica mundial no reporta ningún sismo importante en el área cubierta por el mapa, esto es, no han ocurrido sismos con magnitud mayor a 7 entre 1900 y 0954, sismos con magnitud mayor a 6.5 entre 1954 y 1964, ni sismos con magnitud mayor o igual a 4.5 desde 1964 a 1984. Acota que los sismos que logra localizar el OVSICORI-UNA entre 1984 y el presente (60 en total) en esa zona tiene magnitudes en un rango entre 2.5 y 4.1, por lo tanto la actividad sísmica registrada por el OVSICORI-UNA y la red sísmica mundial indican que la actividad sísmica en la zona estudiada es muy baja comparada con otras regiones del país y se puede considerar insignificante.

            245.- Por escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil nueve (folio 5505), se apersona Jorge Rodríguez, en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y aporta como prueba el Apéndice y Anexos del Estudio de Impacto Ambiental, documento impreso de la Evaluación de Cambios Propuestos al Proyecto y documentos relacionados, todos los documentos al uso de explosivos, autorizados para el Proyecto Minero Crucitas.

            246.- Por escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil nueve (folio 5532), se apersona Sonia Espinoza Valverde, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y manifiesta que la información solicitada en la resolución de las once horas veintinueve minutos del veinticinco de noviembre de dos mil nueve, fue remitida mediante oficio SG-AJ-1090-2009-SETENA al Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, quien hará entrega de dicha documentación.   

            247.- Por escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil nueve (folio 5538), se apersona Sandra Arredondo, en su condición de Regente Ambiental del Proyecto Minero Crucitas y manifiesta que aporta información y aclaraciones técnicas para mejor resolver.

            248.- Por escrito del veintisiete de noviembre de dos mil nueve (folio 5575), se apersona Juan Carlos Hernández, en su condición de Apoderado Judicial de Industrias Infinito Sociedad Anónima  y aporta un documento titulado “Preguntas y Respuestas”, en el que exponen las respuestas a las principales preguntas formuladas en la vista.

            249.- A folio 5576 (ver original a folio 5583), se apersona Sandra Arredondo, en su condición de Regente Ambiental del Proyecto Minero Crucitas y solicita una copia del video de la vista.

            250.- Por escrito de fecha veintiocho de noviembre de dos mil nueve (folio 5577), se apersona Eduardo Vargas Rivera, en su condición de representante del Instituto Latinoamericano de Derechos y Paz Social y manifiesta que apoya el proyecto Crucitas porque estima beneficia al país.

            251.- Por escrito del dos de diciembre de dos mil nueve, se apersona Sandra Arredondo, en su condición de Regente Ambiental del Proyecto Minero Crucitas (folio 5579), y manifiesta que aporta información y aclaraciones técnicas para mejor resolver.

            252.- Por escritos visibles a folios 5587 y 5589, Gustavo Ulate Vargas muestra su oposición al proyecto minero y su apoyo al recurso de amparo presentado.

            253.- Por escrito recibido el ocho de diciembre de dos mil nueve (folio 5595), el señor Juan Carlos Hernández, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa recurrida, solicita copia del registro de video de la Vista celebrada los días doce, trece y diecisiete de noviembre de dos mil nueve.

            254.- Mediante escrito recibido el primero de enero de dos mil diez (folio 5596), se apersona Francella Amador Rodríguez y manifiesta su apoyo a la pretensión del recurrente.

            255.- Por escritos recibidos el trece de enero de dos mil diez (folios 5600 y 5602), se apersonan Luis Diego Cárdenas Pereira y Günther Hauser, quienes solicitan ser tenidos como coadyuvantes activos.

            256.- En escrito presentado el 14 de enero de 2010 la señora Daniela González C. y otros firmantes (folio 5604) solicitan ser tenidos como coadyuvantes pasivos en el presente recurso y solicitan que se declare con lugar el mismo.

257.- A folio 5610, el señor Carlos Alberto Alfaro Mata, solicita a este Tribunal anular la concesión minera R-217-2008-MINAE, el Decreto Ejecutivo No. 34801-MINAET, así como la resolución No. 244-2008-SCH.

258.- El 19 de enero de 2010 Juan Carlos Alvarado Molina solicita que se declare con lugar este recurso, que se ordene un peritaje de un grupo interdisciplinario, otra inspección y audiencia oral.

259.-  A folio 5637 consta la solicitud de inhibitoria presentada por la Magistrada Salazar Cambronero, la cual fue acogida por la Presidencia de la Sala (ver folio 5649).

260.- El 9 de marzo de 2010 la Secretaría del Concejo Municipal de San Carlos presentó un escrito solicitando a la Sala la resolución final de este recurso de amparo (folio 5638).

261.- El 19 de marzo de 2010, el representante de la empresa recurrida solicita a la Sala emitir sentencia en el presente recurso.

            262.- En los procedimientos se ha observado las prescripciones de ley.

           

Redacta el Magistrado Mora Mora; y,

 

Considerando

 

  I.- De previo. Sobre la responsabilidad política en la minería metálica a cielo abierto, su autorización y prohibición por los Poderes públicos, y la posible rescisión de las concesiones otorgadas por el Poder Ejecutivo.-  En un Estado Social y Democrático de Derecho es claro que la política ambiental es una competencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no del Judicial, en consecuencia no del Tribunal, Sala o Corte Constitucional. Lo anterior implica que resulta ajeno al ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional determinar en genérico si debe o no permitirse la minería metálica a cielo abierto en el país, pues como se indicó, ello es competencia y responsabilidad propia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes han valorado como viable esta forma de explotación de las riquezas del territorio nacional. Así, el caso bajo estudio es el resultado de decisiones y políticas de esos Poderes del Estado. Desde esta perspectiva, la minería a cielo abierto es posible en nuestro país, porque así lo han decidido esos Poderes en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales (Código de Minería, Ley Orgánica del Ambiente y sus reglamentos). Ahora bien, con independencia de las consideraciones dadas en cuanto al fondo del proyecto minero a que se refiere este amparo, y habiéndose determinado que la autorización o prohibición de este tipo de explotación minera es una cuestión de política pública fundamentada en las potestades y competencias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. La mayoría de este Tribunal Constitucional, estima que por una decisión legislativa, adoptada a iniciativa tanto de ese poder de la República como del propio Poder Ejecutivo, bien puede prohibirse, a futuro, la minería metálica a cielo abierto. Decisión que se enmarca dentro de los márgenes de discrecionalidad política y de libertad de conformación que tiene el legislador ordinario. Incluso, eventualmente, el Poder Ejecutivo tiene plenas competencias y atribuciones para rescindir, por razones de oportunidad, conveniencia, mérito o de interés público las concesiones y permisos otorgados en el pasado a cualquier empresa, debiendo enfrentar las eventuales responsabilidades consecuentes. Debe tomarse en consideración que el artículo 6°, párrafo in fine, del Código de Minería, Ley No. 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas,  dispone que en caso de rescisión de los permisos o concesiones “el interés nacional será declarado por la Asamblea Legislativa”. Bajo esta inteligencia, tanto el Poder Legislativo como el  Ejecutivo deben ejercer, respectivamente, la última palabra en materia de prohibición de la minería metálica a cielo abierto a futuro, así como de una eventual rescisión de las concesiones y permisos hasta ahora otorgadas si estima que esto resulta oportuno, conveniente o necesario para el interés público, asumiendo las responsabilidades correlativas. En otras palabras, las consideraciones que de seguido se hacen, se refieren al caso concreto sometido a conocimiento de la Sala, deben ser entendidas de manera particular en cuanto al objeto de esta acción de garantía y para este proyecto minero en especial, sin que el criterio vertido por el Tribunal deba o pueda apreciarse como una validación en genérico para el desarrollo en el país de la minería metálica a cielo abierto, pues según lo dicho, la autorización y prohibición de esa actividad, es competencia y responsabilidad de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. De tal forma, en esta sentencia se hará un análisis de los aspectos de base constitucional planteados por los recurrentes, sin que lo que aquí se considere inhiba a las autoridades legislativas y ejecutivas de modificar la política pública sobre la minería metálica a cielo abierto.

II.- Sobre los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado. Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, se está ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para -posteriormente y en caso afirmativo- dilucidar si es estimable o no; esto resulta necesario en el caso bajo estudio por cuanto una de las partes recurridas es la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, la cual evidentemente es un sujeto de derecho de privado. El artículo cincuenta y siete de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que procede el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo dos, inciso a) de la misma Ley. En el caso concreto, es claro el cumplimiento de esos presupuestos, pues en su condición de desarrolladora de un proyecto de minería a cielo abierto, la empresa recurrida se encuentra en ejecución de actividades sensibles que pueden situar al ambiente en una posición de fragilidad o precariedad ante la cual los remedios jurisdiccionales comunes no serían suficientes u oportunos, lo que impone la necesidad de valoración del cumplimiento a la dimensión constitucional de la protección ambiental.

            III.- Cuestión de trámite. Las coadyuvancias presentadas. Los señores Patricia Romero B., Marvin Rojas R., Sergio Alfaro Salas, José Joaquín Salazar A., Leda Zamora Chaves, Alberto Salom E., Orlando Hernández Murillo, Patricia Quirós Quirós, Lesvia Villalobos Salas, Olivier Pérez González, Rafael Elías Madrigal Brenes, Francisco Molina G. Óscar López A., José Joaquín Salazar Rojas, Rafael Ángel Rojas Jiménez, Luis Diego Cárdenas Pereira y Günther Hauser se apersonan solicitando se les tenga como coadyuvantes activos por tener interés directo en la resolución de este asunto en cuanto a la protección del ambiente. Por otra parte, el señor José Eduardo Vargas Rivera, solicita se le tenga como coadyuvante pasivo, en cuanto estima conveniente la continuidad del proyecto minero Crucitas, el cual considera favorable para la región, el país y su propia condición particular. Sobre la naturaleza jurídica de la coadyuvancia, la Sala, en sentencia número 3235-92 de las nueve horas veinte minutos del treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos -reiterada, entre otras, por sentencia número 2007-3185 de las diez horas cuarenta y siete minutos del nueve de marzo del dos mil siete-,  estableció que:

“La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter “erga omnes” que tiene la Jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)”

 

A partir de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo treinta y cuatro de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se aceptan las gestiones formuladas y se les admite como coadyuvantes activos y pasivos en lo que respecta de manera particular y puntual al objeto concreto de este recurso de amparo, bajo la advertencia de que no resultarán directamente beneficiados por la sentencia, con lo cual la eficacia de ésta no podrá alcanzarles de manera directa e inmediata.

            IV.- Cuestión de trámite. La solicitud de un peritaje. En múltiples escritos aportados al expediente, se ha solicitado a la Sala que requiera la realización de un peritaje para con él respaldar las afirmaciones de las partes recurrentes. Sobre el particular, debe indicarse a los gestionantes, que en autos obra diversidad de estudios técnicos elaborados por profesionales en distintas áreas del conocimiento, tales como Geología, Biología, Ingeniería, Arquitectura, Química, Economía, Sociología, así como en especialidades relacionadas con Hidrología, Vulcanología, Sismología, Ingeniería Química, entre otras, de donde resultaría sobreabundante acudir a nuevas pericias para intentar respaldar pretensiones cuya demostración es responsabilidad de las partes proponentes. En todo caso, durante la substanciación de esta acción de garantía, la Sala ha solicitado en diferentes oportunidades pruebas para mejor resolver para la ampliación de temas concretos o la evacuación de dudas sobre aspectos puntuales, tendiendo así a clarificar la validez o improcedencia de las alegaciones planteadas y resolver cada una de ellas de la forma indicada en esta sentencia. Del mismo modo, se realizó también una Inspección Judicial el doce de setiembre de dos mil nueve, así como también se celebró una Vista oral y pública durante los días doce, trece y diecisiete de noviembre del mismo año, oportunidad en la cual todas las partes involucradas hicieron uso de la palabra para explicar sus pretensiones y plantear su defensa, así como se les brindó la oportunidad de aportar en el acto y después de él –como en efecto aconteció- nuevo material probatorio en respaldo de sus manifestaciones. De tal forma, la Sala concluye que para la resolución de este amparo resulta suficiente la prueba que ha sido allegada a los autos; en consecuencia, se desestima la pretensión de los gestionantes en cuanto a este extremo.

V.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Que en la localidad de Crucitas de Cutris, cantón de San Carlos, la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima pretende desarrollar el denominado Proyecto Minero Crucitas (documento número 7 del tomo I del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Que ante la Dirección de Geología y Minas se tramitó el expediente administrativo número 2594, para la concesión de explotación minera a favor de Industrias Infinito Sociedad Anónima, en el cual consta Estudio de Factibilidad del proyecto minero y el apéndice 5, denominado “Manejo de Explosivos y Voladuras, proyecto minero Crucitas, San Carlos, Alajuela”, elaborado por el Ingeniero en Minas Tomás Goic (folios 5507 y 5517).

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>Que el veinticuatro de enero de dos mil, ingresa a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el expediente minero número 2594, procedente de la Dirección de Geología y Minas (folio 1318 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>4.      <![endif]>Que mediante resolución número 486-2000-SETENA, de trece de junio de dos mil, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se comunica a la Dirección de Geología y Minas que para determinar la viabilidad ambiental de la actividad propuesta se requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, ajustado a los términos de referencia adjuntos (anexo 2 de documentación aportada por la Regencia Ambiental del proyecto el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, y folio 1318 del expediente administrativo ).

<![if !supportLists]>5.      <![endif]>Que el seis de abril de dos mil uno se emite el “Informe de Aspectos Económicos sobre la revisión de anexos al Estudio de Factibilidad del Proyecto Crucitas (expediente 2594 de explotación) de Industrias Infinito S.A.” (anexo 5 de documentación presentada por la Regencia Ambiental el veintisiete de noviembre de dos mil nueve).

<![if !supportLists]>6.      <![endif]>Que mediante oficio número DGM-DC-320-2001, la Dirección de Geología y Minas refiere, entre otros aspectos, el procedimiento seguido con respecto al Estudio de Factibilidad Económica presentado dentro del expediente número 2594 (documento número 7 del tomo I del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>7.      <![endif]>Que el doce de marzo de dos mil dos, la empresa recurrida presenta ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Crucitas (folio 1 del Estudio de Impacto Ambiental).

<![if !supportLists]>8.      <![endif]>Que mediante resolución del Ministerio del Ambiente y Energía, número R-578-2001 MINAE, de las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil uno, dentro del expediente 2594 de la Dirección de Geología y Minas, se otorga concesión de explotación minera a Industrias Infinito S.A., sobre inmuebles situados en Crucitas, Cutris de San Carlos (documento número 7 del tomo I del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>9.      <![endif]>Que mediante resolución número 272-2003-SETENA, de once de marzo de dos mil tres, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental comunica a la empresa recurrida que no se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto minero por no cumplir los objetivos del mismo (documento número 9 del Tomo I del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>10.  <![endif]>Que el catorce de marzo de dos mil tres, la empresa recurrida interpuso incidente de nulidad y recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución número 272-2003-SETENA (anexo 2 de documentación presentada por la Regencia Ambiental del proyecto el veintisiete de noviembre de dos mil nueve).

<![if !supportLists]>11.  <![endif]>Que mediante resolución número 811-2003-SETENA, de las catorce horas veinte minutos del siete de julio de dos mil tres, se rechaza el incidente de nulidad y el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución número 272-2003-SETENA, y admite el recurso de apelación ante el superior jerárquico (anexo 2 de documentación presentada por la Regencia Ambiental del proyecto el veintisiete de noviembre de dos mil nueve).

<![if !supportLists]>12.  <![endif]>Que mediante resolución número R-569-2003-MINAE, de las nueve horas treinta minutos del veinte de octubre de dos mil tres, el Ministro del Ambiente y Energía declara con lugar el incidente de nulidad y el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 272-2003-SETENA, ordenando retrotraer el expediente administrativo al momento en que se presentó el Estudio de Impacto Ambiental (anexo 2 de la documentación presentada por la Regencia Ambiental del proyecto el veintisiete de noviembre de dos mil nueve).

<![if !supportLists]>13.  <![endif]>Que mediante resolución número 831-2004-SETENA, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del dos de junio de dos mil cuatro, se acuerda realizar el proceso de audiencia pública para el proyecto minero Crucitas, la cual se programó para el treinta y uno de dos mil cuatro (anexo 2 de documentación presentada por la Regencia Ambiental el veintisiete de noviembre de dos mil nueve).

<![if !supportLists]>14.  <![endif]>Que el treinta y uno de julio de dos mil cuatro se celebró la Audiencia Pública convocada para el proyecto minero Crucitas, la cual se celebró en el Salón Comunal de Coopevega de Cutris (documento número uno de copia del anexo 1 del expediente administrativo DAJ-077-08, Boletín Informativo Crucitas Informa, año III, número 10, de agosto de dos mil cuatro).

<![if !supportLists]>15.  <![endif]>Que mediante resolución número 119-2005-SETENA, de las ocho horas del diecisiete de enero de dos mil cinco, se previene a la empresa recurrida que en un plazo máximo de seis meses presente un anexo al Estudio de Impacto Ambiental que cumpla con los elementos señalados en la resolución (folio 1318 del expediente administrativo y anexo 2 de la documentación aportada por la Regencia Ambiental el veintisiete de noviembre de dos mil nueve).

<![if !supportLists]>16.  <![endif]>Que el veintiséis de abril de dos mil cinco, la empresa recurrida presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el anexo requerido mediante resolución número 119-2005-SETENA (folio 1318 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>17.  <![endif]>Que mediante resolución número 2237-2005-SETENA, del treinta de agosto de dos mil cinco, se aprueba la documentación presentada por la empresa recurrida y se le previene efectuar el depósito de la garantía ambiental, nombrar un responsable ambiental, presentar un libro de actas para Bitácora, y presentar la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (anexo 2 de documentación presentada por la Regencia Ambiental del proyecto el veintisiete de noviembre de dos mil nueve).

<![if !supportLists]>18.  <![endif]>Que el treinta de setiembre de dos mil cinco, la empresa recurrida presenta ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la documentación requerida mediante resolución número 2237-2005-SETENA (documento 11 del Tomo I del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>19.  <![endif]>Que mediante resolución número 3638-2005-SETENA, de las nueve horas veinticinco minutos del doce de diciembre de dos mil cinco, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorga viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas (folio 1318 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>20.  <![endif]>Que para el desarrollo del Proyecto Minero Crucitas es necesaria la corta de ciento noventa y dos hectáreas.

<![if !supportLists]>21.  <![endif]>Que la actividad minera a cielo abierto es tradicionalmente considerada como una actividad riesgosa para el ambiente en caso de no ejecutarse dentro de los parámetros establecidos para la protección ambiental (así planteado en la Vista celebrada los días doce, trece y diecisiete de noviembre de dos mil nueve).

<![if !supportLists]>22.  <![endif]>Que la tala que se observa en el área administrativa del Proyecto Minero Crucitas se aprecia que obedece a antiguos procesos de extracción maderera en la zona de previo al establecimiento de la empresa recurrida, mientras la tala en los cerros Botija y Fortuna aparenta ser producto de procesos de corta más recientes (ver Acta de Inspección Judicial visible a folio 4621 del expediente).

<![if !supportLists]>23.  <![endif]>Que la existencia del almendro amarillo y la posibilidad de su tala para la implementación del proyecto minero, es de preocupación por tratarse de una especie protegida cuyos frutos sirven de alimento a la lapa verde, y cuyos troncos son utilizados por el ave en época de anidación.

<![if !supportLists]>24.  <![endif]>Que mediante cuadros números 8, 11, 14, 17 del Informe de Consultoría sobre Estudio Poblacional de las Especies Fustales que se encuentran entre los diámetros 10-29.9 cm en el Proyecto Industrias Infinito, elaborado por el Departamento Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se informa que es escasa la presencia del almendro en las áreas de extracción Botija y Fortuna, y en el área de relaves, y se trata de una especie valorada como en peligro (folios 39, 50, 51, 61, 63, 72 y 74 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>25.  <![endif]>Que el Plan de Manejo Forestal para garantizar el uso racional de los recursos naturales en las áreas bajo administración del proyecto minero Crucitas, indica que las áreas a reforestar en su totalidad son terrenos que se encuentran principalmente en áreas no forestales (folio 276 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>26.  <![endif]>Que el Plan de Manejo Forestal para garantizar el uso racional de los recursos naturales en las áreas bajo administración del proyecto minero Crucitas, indica que las parcelas de los bosques del área de extracción Botija, Fortuna, relaves, caminos a construir y parte del tramo de tubería fijas, son áreas caracterizadas como muy explotadas que no alcanzan los promedios generalizados para los bosques primarios de la zona (folio 1139 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>27.  <![endif]>Que el Plan de Manejo Forestal para garantizar el uso racional de los recursos naturales en las áreas bajo administración del proyecto minero Crucitas, indica que dentro del proyecto se establecerá un vivero forestal de especies nativas con semillas certificadas, dando prioridad al almendro y al titor para el caso de la lapa, y al spondias bombín para el tepezcuintle y otros (folio 270 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>28.  <![endif]>Que el Plan de Manejo Forestal para garantizar el uso racional de los recursos naturales en las áreas bajo administración del proyecto minero Crucitas, indica que en la fase de cierre del proyecto se rehabilitarán las áreas impactadas para devolverlas a un estado similar a las zonas boscosas cercanas, incluyendo la recuperación de la totalidad del área del cambio de uso de suelo (folios 235 y 237 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>29.  <![endif]>Que el Plan de Manejo Forestal para garantizar el uso racional de los recursos naturales en las áreas bajo administración del proyecto minero Crucitas, indica que la mayoría de árboles en las parcelas inventariadas tienen diámetros inferiores a cincuenta centímetros (folio 1139 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>30.  <![endif]>Que en el área de extracción Botija del proyecto minero Crucitas se censaron nueve árboles de almendro (folio 1460 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>31.  <![endif]>Que en el área de extracción Fortuna del proyecto minero Crucitas se censaron dieciséis árboles de almendro (folio 1454 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>32.  <![endif]>Que en el área de relaves A del proyecto minero Crucitas, se censaron cuarenta y cuatro árboles de almendro (folio 1447 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>33.  <![endif]>Que en el área de relaves B del proyecto minero Crucitas, se censaron sesenta y siete árboles de almendro (folio 1440 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>34.  <![endif]>Que en las áreas de caminos del proyecto minero Crucitas, se censaron treinta y dos árboles de almendro (folio 1433 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>35.  <![endif]>Que en las áreas de cobertura boscosa del proyecto minero Crucitas, se censaron ciento sesenta y ocho árboles de almendro (folio 1427 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>36.  <![endif]>Que en el área de potreros del proyecto minero Crucitas, se censaron veintinueve árboles de almendro (folio 1418 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>37.  <![endif]>Que en el área total del proyecto minero Crucitas sobre la que se solicitó autorización de cambio de uso de suelo, se censaron ciento noventa y siete árboles de almendro (folio 1405 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>38.  <![endif]>Que mediante resolución número R-053-2005-AGUAS-MINAE, de las nueve horas veinticinco minutos del doce de enero de dos mil cinco, el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, otorga a Industrias Infinito S.A. concesión de aprovechamiento de aguas de nacimiento sin nombre, para uso doméstico por un plazo de diez años (documento 21 del tomo I del expediente administrativo aportado por la empresa)

<![if !supportLists]>39.  <![endif]>Que mediante oficio número DST-773-2006, de cuatro de octubre de dos mil seis, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria –INTA- informa a la Dirección General de Geología y Minas que de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental y las declaraciones juradas presentadas por Industrias Infinito Sociedad Anónima ante INTA y SETENA, no se perderá la capacidad productiva de los suelos, siempre que se cumpla con las actividades técnicas de manejo detalladas en las declaraciones (folio 1338 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>40.  <![endif]>Que mediante resolución número 2351-2006-SETENA, de las diez horas cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil seis, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental rechaza recursos de revocatoria interpuestos contra la resolución número 3638-2005-SETENA, y admite la apelación ante el Ministerio del Ambiente y Energía (documento 117 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>41.  <![endif]>Que mediante Inventario de Corrientes en la zona de explotación del proyecto minero Crucitas, de noviembre de dos mil siete, se concluye que en el área de explotación no existe ninguna quebrada o corriente de tamaño significativo que pudiera ser afectada por la explotación (documento 119 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>42.  <![endif]>Que mediante Inventario de Corrientes en la zona de explotación del proyecto minero Crucitas, de noviembre de dos mil siete, se concluye que en el área de embalse se afectarían cuatro yurros y la quebrada Mina, las cuales serían inundadas por el embalse de relaves (documento 119 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>43.  <![endif]>Que la quebrada Mina discurre hacia el río Infiernillo, el cual sigue su curso hacia el río San Juan (folio 4521).

<![if !supportLists]>44.  <![endif]>Que mediante Inventario de Corrientes en la zona de explotación del proyecto minero Crucitas, de noviembre de dos mil siete, se concluye que en el área de la planta de proceso no se afectaría ningún tipo de corriente (documento 119 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>45.  <![endif]>Que el agua procedente de la planta de tratamiento de cianuro del proyecto minero que se depositará en la laguna de relaves, se prevé que esté libre de cianuro y otros contaminantes (folio 3661).

<![if !supportLists]>46.  <![endif]>Que el dique que se pretende construir en la zona donde se ubicará la laguna de relaves tiene una sismoresistencia a efectos telúricos de 8.2 grados en la escala de Richter (ver Acta de Inspección Judicial visible a folio 4621).

<![if !supportLists]>47.  <![endif]>Que mediante Inventario de Corrientes en la zona de explotación del proyecto minero Crucitas, de noviembre de dos mil siete, se concluye que el efecto de la explotación minera se manifestaría en un aumento de la escorrentía, el cual sería despreciable en el caudal de los ríos receptores (documento 119 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>48.  <![endif]>Que el seis de diciembre de dos mil siete, la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, presenta a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental la propuesta de modificación al proyecto minero Crucitas, adjuntando la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y el Plan de Gestión Ambiental actualizado para cada etapa del proyecto (folio 1292 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>49.  <![endif]>Que mediante resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, número 170-2008-SETENA, de las doce horas cincuenta minutos del cuatro de febrero de dos mil ocho, se aprueba el Plan de Gestión Ambiental aportado por Industrias Infinito S.A. para la modificación del proyecto minero Crucitas (folio 1293 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>50.  <![endif]>Que mediante resolución del Ministerio del Ambiente y Energía, número R-217-2008-MINAE, de las quince horas del veintiuno de abril de dos mil ocho, dentro del expediente 2594 de la Dirección de Geología y Minas, se otorga concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A., por el plazo de diez años (folio 1339 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>51.  <![endif]>Que mediante oficio número IMN-DA-1358-2008, de diecinueve de mayo de dos mil ocho, el Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional, acredita que en el área de explotación minera del cerro Fortuna existen diez quebradas sin nombre de caudal intermitente y de dominio público; que en el área de explotación minera en el cerro Botija existen dos quebradas sin nombre de caudal intermitente y de dominio público; y en el área de embalse de relaves existen cinco quebradas de caudal permanente de dominio público, entre ellas las quebradas Minas y Campamento (documento 83 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>52.  <![endif]>Que mediante escrito recibido por el Ministerio del Ambiente y Energía el veintiuno de mayo de dos mil ocho, Industrias Infinito S.A. solicita autorización para cambio de uso forestal (folio 1348 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>53.  <![endif]>Que mediante oficio número 456-2008 SCH, de tres de junio de dos mil ocho, el Área de Conservación Arenal Huetar Norte, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, informa a Industrias Infinito S.A. que resulta de suma importancia contar con el decreto de conveniencia nacional para el trámite de cambio de uso de suelo solicitado por la empresa (documento 108 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>54.  <![endif]>Que mediante oficio número 137-AJ-ACAHN-08, de diecinueve de junio de dos mil ocho, la asesoría legal de la Dirección Regional del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, informa al Jefe de la Sub región San Carlos-Los Chiles que ante la solicitud de cambio de uso de suelo presentada por Industrias Infinito S.A., se requiere de una declaratoria de conveniencia nacional en cada caso, donde se fundamente que la eliminación de bosque natural redundará en un beneficio para la colectividad (documento 109 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>55.  <![endif]>Que mediante oficio número 540-2008-SC, de tres de julio de dos mil ocho, la Sub región San Carlos-Los Chiles del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, solicita al regente forestal de Industrias Infinito la aclaración de una serie de dudas con respecto a la solicitud de cambio de uso de suelo (folio 1364 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>56.  <![endif]>Que mediante nota de ocho de julio de dos mil ocho, el Regente Forestal de Industrias Infinito S.A., presenta documentación para dar cumplimiento a la solicitud planteada en el oficio número 540-2008-SC de la Sub región San Carlos-Los Chiles del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía (folio 1605 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>57.  <![endif]>Que por oficio número ASUB-279-2008, de catorce de julio de dos mil ocho, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, comunica a la Sección de Hidrocarburos del MINAET, que visto el estudio hidrogeológico presentado por la geóloga Sandra Arredondo, que califica el sitio del proyecto Mina Crucitas como de vulnerabilidad hidrogeológica específica media, se puede permitir la instalación de una estación de combustibles para autoconsumo (documento 23 del tomo I del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>58.  <![endif]>Que mediante oficio número 559-2008 SC, de dieciséis de julio de dos mil ocho del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Minas, se informa a Industrias Infinito S.A. que previo a emitir la resolución final en el Plan de Manejo Forestal solicitado, se requiere aportar al expediente administrativo el decreto de declaratoria de conveniencia nacional e interés público del proyecto minero Crucitas (folio 1608 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>59.  <![endif]>Que mediante oficio número SINAC-AL-428-2008, de veinte de agosto de dos mil ocho, la Asesoría Legal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, informa al Jefe de la Sub región San Carlos-Los Chiles, que sería redundante y dilatorio para el interés público solicitar un decreto de declaratoria de conveniencia nacional (documento 113 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>60.  <![endif]>Que mediante oficio número ACAHN-DR-0165, de primero de setiembre de dos mil ocho de la Dirección Regional del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, del Sistema Nacional de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se solicita al Director Ejecutivo del SINAC consultar a la Procuraduría General de la República si se requiere la Declaratoria de Conveniencia Nacional para realizar actividades en obras o proyectos que requieran cambio de uso de suelo en el proyecto de Industrias Infinito Sociedad Anónima (folio 1657 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>61.  <![endif]>Que mediante oficio número ACAHN-DR-0166, de primero de setiembre de dos mil ocho, de la Dirección Regional del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, del Sistema Nacional de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se informa al señor Viceministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que se ha solicitado a la Dirección Ejecutiva del SINAC consultar a la Procuraduría General de la República si se requiere la Declaratoria de Conveniencia Nacional para realizar actividades en obras o proyectos que requieran cambio de uso de suelo (folio 1673 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>62.  <![endif]>Que mediante oficio número 695-2008 SC, de veinticuatro de setiembre de dos mil ocho de la Subregión San Carlos-Los Chiles, del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se comunica a Industrias Infinito que se requiere el decreto de conveniencia nacional e interés público para emitir la resolución final ante la petición de permiso de cambio de uso de suelo (folio 1660 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>63.  <![endif]>Que mediante informe de aspectos forestales, de octubre de dos mil ocho, se acredita que en el área del proyecto minero Crucitas se ha reforestado a esa fecha la cantidad de seis mil noventa y tres árboles de almendro (documento 98 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>64.  <![endif]>Que mediante informe de aspectos forestales, de octubre de dos mil ocho, se acredita que las áreas de cobertura boscosa del proyecto minero Crucitas sometidas a cambio de uso de suelo, se definen como vegetación leñosa de carácter sucesional que se desarrolla sobre tierras originalmente destruidas por actividades humanas (documento 98 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>65.  <![endif]>Que mediante informe de aspectos forestales, de octubre de dos mil ocho, se acredita que la clasificación diamétrica para cada una de las parcelas inventariadas en el proyecto minero Crucitas, la mayoría de árboles se encuentran en las clases diamétricas inferiores a cincuenta centímetros DAP (documento 98 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>66.  <![endif]>Que mediante informe de aspectos forestales, de octubre de dos mil ocho, se indica que los bosques a intervenir en Botija y Fortuna del proyecto minero Crucitas, no se pueden considerar como bosque primario, sino como bosques naturales intervenidos hace más de treinta años, cuyos árboles no alcanzan en general los veinticinco metros de altura incluida la altura de las copas,  por lo que tienden a ser bosques secundarios (documento 98 del tomo II del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>67.  <![endif]>Que mediante oficio número SINAC-SE-1692-2008, de seis de octubre de dos mil ocho del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se informa al señor Viceministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que la Procuraduría General de la República rechazaría ad portas una consulta sobre si es de conveniencia nacional cambiar el uso de suelto en áreas de bosque en lo que respecta a la minería (folio 1714 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>68.  <![endif]>Que mediante oficio SG-ASA-259-2008, de diez de octubre de dos mil ocho, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental comunica al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental que la evaluación para determinar el balance del costo ambiental en relación con los beneficios socio-ambientales del proyecto Crucitas, se realizó ante la SETENA en un período de tres años, determinándose que los últimos son mayores al costo ambiental (folio 1682 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>69.  <![endif]>Que mediante resolución R-0289-2008-AGUAS-MINAET, de las ocho horas veintiún minutos del dieciséis de octubre de dos mil ocho, el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones otorga a Industrias Infinito S.A. concesión de aprovechamiento de aguas de las quebradas Mina y Descubrimiento, por el plazo de diez años (documento 22 del tomo I del expediente administrativo aportado por la empresa recurrida).

<![if !supportLists]>70.  <![endif]>Que en La Gaceta número 201, del diecisiete de octubre de dos mil ocho, aparece publicado el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas (folio 1683 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>71.  <![endif]>Que mediante resolución número 244-2008-SCH, de las nueve horas cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil ocho, el Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Sub-región San Carlos-Los Chiles, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, aprueba y autoriza la solicitud de cambio de uso de suelo solicitada por Industrias Infinito Sociedad Anónima (folio 1706 del expediente administrativo)

<![if !supportLists]>72.  <![endif]>Que la resolución del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Sub-región San Carlos-Los Chiles, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, número 244-2008-SCH, de las nueve horas cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil ocho, autoriza la corta de ciento noventa y siete árboles de almendro (folios 1690 y 1694 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>73.  <![endif]>Que mediante resolución del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Sub-región San Carlos-Los Chiles, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, número 247-2008-SCH, de las diez horas del veintiuno de octubre de dos mil ocho, se suspenden los efectos de la resolución del mismo despacho, número 244-2008-SCH, de las nueve horas cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil ocho (folio1708 del expediente administrativo).

<![if !supportLists]>74.  <![endif]>Que mediante informe “Cianuro y su Aplicación en Crucitas”, de enero de dos mil nueve, elaborado por Natalia Pleshcheeva y Miguel Arriaza, se concluye que se logra los niveles exigidos de destrucción del cianuro cuando los efluentes son tratados con el proceso Combinox (folios 1544 y 1557).

<![if !supportLists]>75.  <![endif]>Que mediante informe Potencial de Drenaje Ácido de Roca en el Proyecto Crucitas y los Planes de Mitigación Existentes, de febrero de dos mil nueve, elaborado por Alejandro Arauz, se concluye que la técnica de sumergir el material sospechoso de tener potencial de drenaje ácido de rocas debajo de una capa de agua quieta, ha demostrado ser la más eficaz para evitar la generación de aguas ácidas, porque al suprimir el contacto con el oxígeno se evita la reacción química que genera aguas ácidas (folios 1509 y 1516).

<![if !supportLists]>76.  <![endif]>Que mediante informe Revisión y evaluación de la información técnica sobre la aplicación, control y destrucción del cianuro en el proceso del proyecto minero Crucitas, de febrero de dos mil nueve, elaborado por Sherman Thomas Jackson, se concluye que el proyecto contará con eficientes controles para el traslado, uso y destrucción del cianuro, cumpliendo con la normativa nacional e internacional vigente; y que el proceso de destrucción del cianuro permite que las descargas de efluentes puedan ser manejadas y controladas de manera segura (folios 1537 y 1541).

<![if !supportLists]>77.  <![endif]>Que mediante informe de Manejo de Roca y de Colas de proceso con potencial drenaje ácido en el proyecto minero Crucitas, de enero de dos mil nueve, elaborado por Gregory Pleshcheev, se concluye que la reposición subacuática de colas y de material estéril es el método más eficiente de manejo y mitigación de potencial de evento de drenaje ácido de rocas, y que el pH del agua en la laguna se mantendrá dentro del rango de características de aguas superficiales locales (folios 1519 y 1531).

<![if !supportLists]>78.  <![endif]>Que mediante Auditoría del Componente Forestal del Proyecto Minero Crucitas, de enero-febrero de dos mil nueve, elaborado por Igor Zúñiga Garita, se concluye que el plan de mitigación y compensación del  proyecto plantea la siembra de 611,392 árboles en un área de 382 hectáreas de potrero, contra la corta de 11,427 árboles en un área de 262 hectáreas, sembrándose aproximadamente sesenta y un árboles por cada árbol cortado y generando un aumento de la cobertura boscosa de 277.41 hectáreas con respecto al bosque actual; que no se detectaron bosques de tipo primario, sino que se clasifica como muy intervenida o secundaria; que la lapa verde no será afectada por la corta de 197 árboles de almendro amarillo; que otras treinta y cinco especies de árboles sirven de alimento a la lapa verde; y que el proyecto asegura la existencia del almendro amarillo, porque al momento se están sembrando 103 árboles por cada árbol cortado (folios 1673, 1703 y 1704).

<![if !supportLists]>79.  <![endif]>Que mediante informe DIGH-0034-2009, de once de febrero de dos mil nueve, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento analiza el Estudio Hidrogeológico aportado por el proyecto minero Crucitas, y concluye que la excavación no afectará las fuentes de abastecimiento público ni alcanzará el área de la laguna de relaves; que el acuífero inferior no cumple con las normas de potabilidad; que se podría contaminar las aguas superficiales si la laguna de relaves no llega a tener suficiente aportación de agua para mantener el espesor del espejo de agua; que debe garantizarse la condición de funcionamiento de la presa; que como medida de mitigación debe implementarse un sistema de tratamiento para mejorar la calidad del agua de la laguna que descarga al sistema fluvial (anexo 8 de memorial de veintiséis de febrero de 2009).

<![if !supportLists]>80.  <![endif]>Que mediante informe de la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de trece de febrero de dos mil nueve, denominado “Consideraciones científicas sobre la propuesta de manejo y rehabilitación del bosque, como parte de las medidas de mitigación a originarse con la explotación minera en la concesión Las Crucitas”, se concluye que los bosques de la empresa Industrias Infinito en la zona de Las Crucitas son bosque secundario; que la eliminación de 192 hectáreas de bosque secundario no implica una pérdida relevante en la biodiversidad y representatividad de los ecosistemas; que el plan de manejo y mitigación forestal aumentará la cobertura boscosa en un veinte por ciento; que la eliminación de ciento noventa y seis árboles de almendro de una población de más de setecientos árboles, no es un deterioro significativo de la posibilidad de alimentación de la lapa verde ni pérdida de su hábitat; que el remanente de árboles de almendro en pie garantiza la variabilidad genética y descarta cualquier grado de amenaza; que el ave no tiene dependencia alimentaria del almendro (anexo 3 de memorial de veintiséis de febrero de 2009).

<![if !supportLists]>81.  <![endif]>Que mediante informe DIGH-039-2009, de trece de febrero de dos mil nueve, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, establece que no existe comunicación hidráulica entre las actividades del proyecto y las fuentes de agua potable; que el acuífero inferior no descarga hacia el río San Juan sino hacia Costa Rica; y que ninguno de los acuíferos es potable (anexo 8 de memorial de veintiséis de febrero de 2009).

<![if !supportLists]>82.  <![endif]>Que mediante oficio GE-097-2009, de trece de febrero de dos mil nueve, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento comunica al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que por evaluación realizada por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de dicha dependencia, se valida el estudio hidrogeológico realizado por la empresa ECOAMBIENTES S.A. para el proyecto minero Crucitas (anexo 8 de memorial de veintiséis de febrero de 2009).

<![if !supportLists]>83.  <![endif]>Que mediante informe CCT-PI-023-09, de veinte de febrero de dos mil nueve, el Centro Científico Tropical concluye que la lapa verde no depende para su alimentación exclusivamente de la zona de Las Crucitas; que el ave anida en árboles maduros de almendro con DAP promedio de 129 cm; que no anida en Las Crucitas; que el área de Las Crucitas no es zona exclusiva de tránsito; que el proyecto no interrumpirá el proceso de reproducción del ave ni su ciclo de alimentación; que el ave no quedará sin alimentación por el cambio de uso de suelo sobre las 192 ha. del proyecto (anexo 1 de memorial de veintiséis de febrero de 2009).

<![if !supportLists]>84.  <![endif]>Que mediante “Informe sobre los Aspectos de Conservación Biológica de la Lapa Verde y el Almendro Amarillo”, del biólogo Jorge Hernández Benavides, concluye que el almendro no es exclusiva fuente de alimento para la lapa verde; que el ave se alimenta de al menos treinta y siete especies diferentes de árboles; que se ha observado nidos en otras especies; que el sitio del proyecto Crucitas se encuentra fuera del área de anidación del ave; que la lapa anida en árboles con DAP mayores a 120 cm.; que los árboles cortados en el proyecto presentan un DAP promedio de 64 cm, y sólo cuatro árboles tenían un DAP mayor a 120 cm; que La Crucitas es sólo zona de paso de la lapa verde; que el hábitat óptimo de la lapa verde es el Refugio Maquenque. (anexo 2 de memorial de veintiséis de febrero de 2009).

<![if !supportLists]>85.  <![endif]>Que mediante “Resumen de condiciones hidrogeológicas y efectos esperados en el proyecto Minero Crucitas”, se concluye que el acuífero superior descarga en ríos y quebradas; cumple con las normas de potabilidad excepto por el pH; que el diseño del proyecto minero no representa limitaciones para su desarrollo; no se contaminará por el proceso de extracción del mineral, siempre que se cumpla las medidas de prevención y mitigación; que el proyecto no afectará otras fuentes de agua de la zona; que el acuífero inferior no presenta afloramientos; que sus áreas de recarga están fuera del área del proyecto; que no corre en dirección al río San Juan; que la calidad de sus aguas es baja y fuera de las normas nacionales de calidad de agua para abastecimiento humano; que no se verá afectado por la actividad del proyecto; que en el área de extracción, este acuífero comenzará a aflorar a los 73 metros, por lo que el agua será bombeada a la laguna de relaves durante la fase de operación (anexo 7 de memorial de veintiséis de febrero de 2009).

<![if !supportLists]>86.  <![endif]>Que mediante “Informe sobre Manejo y Control de Sustancias Cianuradas y de Generación de Drenaje Ácido en el proyecto minero Crucitas”, elaborado por los geólogos Jorge Laguna Morales y Franz Ulloa Chaverri, se concluye que todos los procesos cubren todas las normativas internacionales de manejo y control dictadas; que la infraestructura ha sido diseñada con controles de seguridad que exceden hasta un quince por ciento las normas internacionales; que se utilizará el proceso de mayor efectividad para la destrucción de sustancias cianuradas (folio 9 de memorial de veintiséis de febrero de 2009).

<![if !supportLists]>87.  <![endif]>Que mediante valoración económica de efectos ambientales y beneficios sociales del proyecto minería a cielo abierto Crucitas, de febrero de dos mil nueve, elaborado por Juan Muñoz Giró, se concluye que el costo de oportunidad del proyecto es de US$3.74 millones, mientras los beneficios generados por empleo e ingresos sería de US$158.11 millones (anexo 10 de memorial de veintiséis de febrero de 2009).

<![if !supportLists]>88.  <![endif]>Que el proyecto minero Crucitas ha realizado una serie de actividades que incluyen inversión social, donación para la reconstrucción y mejoramiento de infraestructura, de servicios básicos para las comunidades, la salud física y mental de la población y la capacitación en oficios y herramientas, así como formas de organización comunal que permitan a estas poblaciones un mayor dinamismo social y economía (folio 1751).

<![if !supportLists]>89.  <![endif]>Que dentro de los compromisos ambientales acordados con la empresa recurrida se estableció: a) instalación de un centro de capacitación para el INA con el fin de dar cursos de corte y confección, acuicultura, agricultura orgánica, producción de queso, pintura sobre tela y manipulación de alimentos; lo cual genera nuevas pequeñas empresas y beneficios; b) empleos directos en fase de construcción: 300, indirectos: 1.265, en fase de operación: 250; c) mejoraría la calidad de vida de 7 comunidades: apoyo a la cooperativa de productores de las comunidades, programas de mejoramiento de calidad de vida, mejoramiento del acueducto; d) de previo a la construcción del proyecto la empresa dio inicio a una serie de programas -capacitación para microempresarios, capacitación laboral, crear Oficina de Atención al Ciudadano, la construcción de 4 puentes, mantenimiento de caminos, entre otros-; e) mano de obra durante 11 años; f) la inversión será de US $65.000.000 lo cual se usará para comprar materiales, servicios profesionales, maquinaria, contratistas; g) una planilla anual valorada en US$4.132.859; h) obtención de un impuesto local en 8 años por US$11.529.263 y al gobierno central por un total de US$70.322.309; i) un fideicomiso para desarrollar obras sociales y acciones en la comisión de monitoreo que recibiría por año US$364.063 (folio 95).

<![if !supportLists]>90.  <![endif]>Que el informe de la socióloga Sonia Cervantes concluye que la zona es clasificada como pobre o de extrema pobreza dado las difíciles condiciones en que vivían estas familias de las comunidades Crucitas, Chamorro, Moravia, El Roble y Coopevega del distrito de Cutris y Jocote y Llano Verde, del distrito de Pocosol, todas del cantón de San Carlos, las cuales a finales del 2007 estaban sin caminos, sin servicios básicos, sin comunicación, sin empleo, sin comida (folio 1785).

<![if !supportLists]>91.  <![endif]>Que en la actualidad existe una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental conformada por catorce miembros que representan a cada una de las siete comunidades, la Dirección de Geología y Minas, la Municipalidad, la empresa recurrida, el Ministerio de Salud, el Área de Conservación Arenal Huetar Norte, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Asociación Ambientalista involucrada, y además una Comisión de Monitoreo Ambiental. (hecho incontrovertido)

<![if !supportLists]>92.  <![endif]>Que en relación con una eventual contaminación por emergencia existe un Capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental denominado Plan de Contingencia que incorpora todo tipo de eventualidades que podrían ocurrir: en caso de sismos la laguna de relaves contará con una estructura de rebalse o vertedor de excedencias que ha sido diseñada y aprobada en el estudio de impacto ambiental y su Anexo, con el fin de darle una estabilidad permanente al dique y para manejar en forma independiente excedentes de agua en los períodos de máxima precipitación. Además, de mantener un control permanente de la calidad del agua de rebalse, se instalará una planta dosificadora de cal al igual que en la salida de los tajos, para en caso necesario poder neutralizar el ph. La ubicación de esta planta es una medida adicional y un factor de seguridad extra, con la cual la calidad de agua del vertido tendría una calidad aceptable que cumple con la normativa internacional (folio 917).

<![if !supportLists]>93.  <![endif]>Que como conclusión general del estudio realizado por FUNDATEC, entidad perteneciente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por parte de la Escuela de Ciencias Forestales de 2006, se obtuvo que el área del proyecto presenta una diversidad florística de fustales que puede ser desarrollada apropiadamente en las áreas a reforestar que forman parte de las medidas de mitigación y compensación del aspecto de cobertura vegetal del proyecto, sobre todo porque estas medidas se realizarán no solo como una actividad de reforestación, más bien se pretenden desarrollar los hábitats adecuados para conformar un corredor biológico que permita el tránsito de especies de fauna pequeñas y medianas que permitan un trasiego de semillas y fauna entre los sectores este y oeste del área del proyecto que presentan mejores condiciones de hábitats que los bosques intervenidos tan fragmentados que presenta también el área del proyecto. (folios 929 y 930)

<![if !supportLists]>94.  <![endif]>Que el informe de los científicos Jorge Laguna Morales, Doctor en Geología, y Franz Ulloa Chaverri, M.Sc, concluye que es nulo el riesgo de un accidente con cianuro por derrames o malos manejos y que son técnicamente inexistentes los riesgos de intoxicación de seres humanos y otros seres vivientes por efecto del cianuro según el tratamiento previsto para el proyecto en cuestión (folio 1784).

<![if !supportLists]>95.  <![endif]>Que en mayo de dos mil nueve, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica aprueba el denominado «Informe Especial Minería Química a cielo abierto: el caso de Las Crucitas» (documento aportado por los recurrentes en la vista celebrada el doce de noviembre de dos mil nueve).

<![if !supportLists]>96.  <![endif]>Que el once de setiembre de dos mil nueve se realizó una inspección judicial al proyecto minero Crucitas, ocasión en que se visitó la zona donde se tiene previsto ubicar la laguna de relaves, el sector donde aflora el acuífero superior, los cerros Botija y Fortuna, el vivero, el afloramiento del acuífero inferior, el lugar donde se pretende ubicar la bodega de cianuro y la planta de tratamiento, el mirador, el Centro Educativo Las Crucitas, la finca del señor Alfredo Arias Elizondo, las instalaciones administrativas de la empresa recurrida, un presunto puente sobre la vía de acceso al proyecto, y la bifurcación del camino que conduce a la zona de relaves (folio 4621).

<![if !supportLists]>97.  <![endif]>Que mediante oficio número OVSICORI-D-544-2009, de veintiséis de noviembre de dos mil nueve, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, de la Universidad Nacional, aporta información sobre fallamientos locales y actividad sísmica en la zona de Crucitas de Cutris, San Carlos (folio 5501).

<![if !supportLists]>98.  <![endif]>Que desde el área de la laguna de relaves del proyecto minero Crucitas, la Quebrada Minas recorre una distancia de un kilómetro hasta desembocar en el río Infiernito, el cual a su vez, desde ese punto recorre veinte kilómetros hasta desembocar en el río San Juan (folio 4580).

VI.- El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo cincuenta de la Constitución Política establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo cincuenta para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos veintiuno –derecho a la vida y a la salud-, sesenta y nueve –explotación racional de la tierra- y ochenta y nueve –protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. Así, mediante sentencia número 5893-095, de las nueva  horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres, la Sala estableció que:

“[E]l Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental"

VII.- El deber del Estado en la tutela del ambiente. A partir de la reforma del artículo cincuenta constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos veinte, sesenta y nueve y ochenta y nueve de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo dos de la Ley Orgánica de este ministerio, número siete mil ciento cincuenta y dos, de cuatro de junio de mil novecientos noventa. Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio de la Sala, comprende no solo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo cincuenta seis de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo nueve de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.

VIII.- La prevención del riesgo ambiental. Estableciéndose a nivel constitucional esta obligación del Estado, resulta importante apreciar cómo a nivel de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos también se establecen obligaciones concretas que deben ser respetadas. En materia ambiental se ha definido el deber de prevención que debe existir en este ámbito; la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, dispone que:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

 

La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables; la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Tal como lo señala el instrumento internacional de cita como el mismo artículo cincuenta constitucional, es el Estado el llamado a efectuar esta labor de prevención, y así lo ha reconocido esta Sala al afirmar, mediante sentencia número 2001-6503, de seis de julio de dos mil uno, que:

“El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente." (énfasis añadido)

IX.- La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, que:

"[L]a coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).”

 

Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto como consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales -Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud-, o no verificar los controles sónicos en bares, restaurantes o centros de fiestas -municipalidades y Ministerio de Salud-.

            X.- La protección reconocida al almendro amarillo y a la lapa verde. La Sala ha tenido oportunidad de valorar la problemática planteada en torno a la íntima relación existente entre la lapa verde –ara ambigua- y el árbol de almendro amarillo –dipteryx panamensis-, partiendo de su consideración como especies protegidas y amenazadas. La valoración efectuada ha llevado a esta jurisdicción a pronunciarse sobre la protección particular que debe otorgarse a cada una de estas especies en situaciones concretas, y a reconocer la relación existente entre ellas. Así, mediante sentencia número 2002-2486, de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del ocho de marzo de dos mil dos, consideró la Sala que:

“Acerca de la Lapa Verde. Esta Sala ha tenido por demostrado, que la lapa verde (Ara Ambigua), es considerada como una especie en vías de extinción, no solo por la documentación aportada, sino también por el mismo reconocimiento hecho por los decretos impugnados. Por otra parte, la Administración en el informe rendido, ha reconocido la situación de peligro en la cual se encuentra la lapa verde, y la relación de ésta con el árbol de almendro. Según estudios aportados, demuestran como la población de lapas verdes ha ido en constante disminución, y que la razón de la misma, ha sido por un lado la caza ilegal en razón de ser un especie exótica, y por otro lado, la eliminación progresiva de sus fuentes de alimentación y refugio, principalmente el árbol de almendro (Dipteryx panamensis). De autos se desprende que existe una estrecha relación entre la lapa verde y el árbol de almendro. El reconocimiento de ese vínculo esencial, no deviene solo de las investigaciones científicas, sino que también, el mismo Estado lo ha afirmado mediante los Decretos Ejecutivos 25167-MINAE y 25663-MINAE. En este sentido el Decreto 25167-MINAE reza en sus considerandos lo siguiente:

"6º.- Que la Lapa Verde (Ara Ambigua) constituye una de las aves más impresionantes de Costa Rica y que se encuentra en peligro de extinción, en caso de continuar la deforestación en la zona norte del país (…)

8º.- Que según los estudios científicos, la lapa verde anida en hoyos naturales, principalmente en árboles grandes de almendro (Dipteryx panamensis), ubicados en la zona Atlántica del país.

9º.- Que en Costa Rica el hábitat óptimo para la sobrevivencia ha sido reducido en un sustancialmente hábitat que se encuentra entre el río de San Carlos y el río Sarapiquí.

10.- Que según los estudios científicos respectivos, durante la estación de reproducción, las lapas se alimentan casi exclusivamente del fruto del almendro.

11.- Que se estima existen únicamente entre 25 y 35 parejas reproductivas de lapas verdes en Costa Rica. Asimismo los ciclos de reproducción de las mismas frecuentemente son afectados, ya sea por la acción del uso irracional del árbol de anidamiento o debido a los cazadores que sacan los pichones del nido para venderlos como mascotas.

 12.- Que de continuar con la extracción irracional del árbol de almendro se perderá el hábitat de la especie y por lo tanto la misma se extinguirá…”

IV.- Ahora bien, con base en el marco fáctico y normativo expuesto, en el caso concreto, la Administración mediante los Decretos Ejecutivos 25167-MINAE y 25663-MINAE, determinó una serie de restricciones a la tala del árbol de almendro, en consideración a los argumentos de conservación expuestos, sin embargo tal y como lo alega el recurrente, estas medidas contravienen el espíritu de los convenios ratificados por la administración, ya que otorgan la oportunidad de continuar con la tala del almendro con lo cual se destruye el hábitat de la lora verde. Si bien es cierto, como lo señala la Administración en su informe, las medidas patrocinadas por ambos decretos, en especial el 25167-MINAE son una evidencia del interés estatal en materia de conservación, en este caso de la lapa verde y su hábitat, a criterio de esta Sala y de conformidad con la documentación aportada, las medidas adoptadas a pesar de que tratan de regular el proceso de deforestación, no constituyen las medidas legales apropiadas, por cuanto permiten que el proceso de reducción del hábitat continúe, no sólo facultando la tala, sino también mediante la limitación de la protección a una sola área del país. Aunado a lo anterior, los recurrentes acusan que las autoridades de la Administración, no sólo no han reducido el "portillo" para el uso comercial del almendro, sino que lo han ampliado otorgando un mayor número de permisos para su explotación, además de descuidar la labor de fiscalización de la que es responsable. En el informe presentado, el Ministro a.i. de Ambiente y Energía fue omiso con relación a esos aspectos, por lo que de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tienen por ciertos tales actuaciones. Aunado a ello, observa este Tribunal que la parte recurrida no ha demostrado que los alegatos de los recurrentes carezcan de fundamento, más bien se ha limitado a argumentar la ausencia de presupuesto como una excusa para no asumir de forma diligente sus funciones, cuando el eje del asunto está en la aplicación estricta tanto de los convenios internacionales, como de la normativa interna. Por ejemplo, la Ley Forestal número 7575 en su artículo 6 establece:

"Art. 6.- Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes:

e) Establecer vedas de las especies forestales en vías o en peligro de extinción, o que pongan en peligro de extinción otras especies de plantas, animales u otros organismos, de acuerdo con los estudios técnicos respectivos y conforme a otras disposiciones del ordenamiento jurídico vigente."

 En el expediente bajo estudio, no se desprende que la promulgación de los Decretos cuestionados haya sido resultado de un análisis ni de las investigaciones correspondientes en aras de proteger la especie. Tampoco se extrae que hayan tomado en cuenta los Convenios y la legislación que pretende proteger esta especie y muchas otras que se encuentran en peligro de extinción, lo que demuestra, en definitiva, también una lesión de los artículos 7 y 89 de la Constitución Política al no cumplirse con la protección establecida en los Convenios Internacionales, desprotegiéndose en esa forma el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

V.- Así las cosas, a pesar de que existe una obligación del Estado de velar por la supervivencia de las especies en peligro de extinción -y en este caso de la lapa verde- lo cierto del caso es que, las autoridades públicas encargadas de darle vida y sustento a la protección de estas especies, todavía para este momento, no han acreditado elementos que lleven a este Tribunal a concluir que se han dispuesto las medidas pertinentes para evitar la extinción de la especie. De este modo, considera la Sala que se ha desconocido con ello lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y en el artículo 60 del Reglamento a esta Ley, por lo que no cabe duda alguna de que la Administración recurrida, ha permitido que se lesione el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se encuentra tutelado en el artículo 50 constitucional, pues al haber sido la lapa verde declarada como una especie en peligro de extinción, -LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE, No. 7317- el Estado tiene la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger esta especie, lo que conlleva la obligación de impedir el comercio de tal especie y por su relación con el árbol de almendro, también se debe impedir su tala en todo el territorio, claro está que ello debe respetarse principalmente en las zonas donde se encuentra el hábitat óptimo para la sobrevivencia de dicha especie, la cual según Decreto N. 25167-MINAE se ha visto reducida sustancialmente. En razón de lo dicho, se recomienda a la Ministra de Ambiente y Energía, verificar si las acciones adoptadas son tanto económica como legalmente efectivas para favorecer el mantenimiento y el desarrollo de las áreas destinadas a los árboles de Almendro y en aras de cumplir con las obligaciones que legalmente le han sido impuestas por la ley, deberá implementar las medidas legales y sancionatorias necesarias para procurar un efectivo resguardo de la especie "Ara Ambigua", ello necesariamente deberá de darse concomitantemente con un plan de vigilancia hacia la lapa verde y la tala del árbol de almendro, en todo el país. En virtud de las consideraciones externadas, no procede otra cosa más que la estimación del presente recurso como en efecto se ordena.”

 

Más recientemente, ahondando sobre la frágil situación de la lapa verde y precisando su relación con el árbol de almendro amarillo, mediante sentencia número 2008-13426, de las nueve horas treinta y tres minutos del dos de setiembre de dos mil ocho, estableció la Sala que:

“Sobre la situación de la lapa verde. La lapa verde o ara ambigua es un ave de mayor tamaño que la lapa roja, pues alcanza a medir hasta 84 centímetros de envergadura y puede llegar a poseer una masa de aproximadamente 1,3 kilogramos. Su contextura es bastante robusta, posee una cola ligeramente más corta que la lapa roja o ara macao. Su color -como lo designa su nombre- es verde amarillento, con las plumas cobertoras de las alas de color azul; por su parte, las de la cola, llamadas rectrices centrales, son rojas; y el resto de las rectrices color azul. La cara de este animal se encuentra desprovista de plumas, mostrando la piel descubierta, que tiene un color blanco hueso. Tiene un fuerte y ganchudo pico un poco más grande que el de la lapa roja, la estructura queratinosa de este le sirve para abrir las duras semillas de las que se alimenta. Su costumbre es anidar en troncos huecos. La lapa verde (ara ambigua) tiene una distribución limitada en tierras bajas y húmedas, principalmente del lado del Atlántico en bosques entre el este de Honduras y el norte de Colombia, con una población aislada en el Pacífico en Guayaquil, Ecuador. En Costa Rica, su rango de anidamiento se limita actualmente a la Zona Huetar Norte, más específicamente entre los ríos San Carlos, San Juan y Sarapiquí y las faldas del norte de la Cordillera Volcánica Central. Ella depende altamente del almendro (dipteryx panamensis) tanto para alimentarse como para anidar. Esta especie se encuentra en la lista del Apéndice I de CITES, lo que significa que se encuentra en peligro de extinción. Como se indicó, en el país la especie fue abundante, principalmente, en la Zona Atlántica y la Zona Norte, en donde era común ver volar ejemplares en bandadas hace pocos años. Sin embargo, hoy apenas se encuentran algunas parejas que anidan en la Zona Norte, entre Boca Tapada y las llanuras del Colorado. Existen algunos reportes de unas bandadas de entre 6 y 12 individuos en las estribaciones de la Cordillera Volcánica Central, sobre todo cerca del sector bajo atlántico del Parque Nacional Braulio Carrillo, en los alrededores de la carretera que conduce a Guápiles y algunos reportes esporádicos en la falda de la Cordillera Volcánica de Guanacaste por el sector Norte. El abrupto descenso en la población de la lapa verde se debe sobre todo a la destrucción de su hábitat mediante tala no sostenible en los sitios de anidación. En Costa Rica, el rango de distribución de la especie se ha reducido en un 90% desde el siglo pasado, y la amenaza que enfrenta radica en el hecho de que ella depende del árbol almendro de montaña (dipteryx panamensis), que desaparece con el mal manejo y la tala ilegal de los bosques. Entonces, existen dos peligros que representan una seria amenaza para esta especie: la pérdida de hábitat por la tala de árboles que constituyen su principal alimento y sitios de anidamiento, en especial del almendro (dipteryx panamensis) pues la lapa verde depende en un 80% del almendro para alimentarse y en un 90% para anidar; además, del comercio ilegal que realizan con ella, para utilizarla como mascota (información obtenida en parte de las páginas http://www.minae.go.cr, http://www.sinaccr.net, http://www.lapaverde.or.cr, http://www.inbio.ac.cr, http://www.una.ac.cr, http://www.cct.or.cr y http://www.guiascostarica.com). [énfasis añadido] En ese mismo sentido afirma el Sistema Nacional de Áreas de conservación en su página en Internet:

“[…] Probablemente el águila harpía (sic) llegó a su extinción en el país; mientras que otras especies como la lapa roja, la lapa verde, el piche careto y el oso hormiguero gigante, están fuertemente amenazadas de extinción. Nuestro sistema de áreas protegidas parece ser insuficiente para aquellas especies que, como el jaguar, requieren grandes extenciones (sic) de bosque virgen para sobrevivir. […]” (El destacado se suplió, descargado del sitio http://www.sinaccr.net/vidasilvestre.php a las 14:50 horas de 8 de agosto de 2008).

A lo anterior añaden en ese mismo sitio:

“[…] La flora y fauna silvestre son patrimonio de todos los costarricenses […]. Por tal motivo, la Dirección General de Vida Silvestre, por medio del Sistema Nacional de Areas (sic) de Conservación ha emprendido diferentes acciones tendientes a aumentar las posibilidades de conservación de la Vida Silvestre, entre las que cabe destacar: […] 2.-la elaboración de un decreto tendiente a proteger las poblaciones de almendro de montaña, árbol del cual se alimenta la lapa verde. […]” (El destacado es suplido, descargado del sitio http://www.sinaccr.net/vidasilvestre.php a las 14:50 horas de 8 de agosto de 2008).

Se debe tomar en cuenta igualmente lo dispuesto por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación que, en su página en Internet, incluye en la lista oficial de especies en peligro de extinción a la lapa verde (sitio http://www.sinaccr.net/vidasilvestre5.php consultado a las 14:58 horas de 8 de agosto de 2008). Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo “Crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque”, número 34205-MINAE de 23 de mayo de 2005, publicado en La Gaceta 113 de 13 de junio de 2005, señala:

“[…] 7º-Que el Ministerio del Ambiente y Energía, tiene entre sus proyectos más próximos, la declaratoria de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque situado en la zona fronteriza norte entre las desembocaduras de los ríos San Carlos y Sarapiquí. Es un área que por su interés científico es considerada de importancia para la conservación, pues presenta características especiales para la conservación de importantes especies de flora y fauna entre ellas: la Lapa verde (Ara Ambigua), Jaguar (Pantera onca), Almendro (Dypteryx panamensis), Manatí (Trichechus manatus), Gaspar (Atractosteus tropicus) y Pinillo (Podocarpus guatemalensis). La ubicación geográfica de esta zona resulta de gran importancia ya que esta área silvestre protegida estaría situada en el Corredor Biológico Binacional El Castillo-San Juan-La Selva, que es continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano entre Nicaragua y Costa Rica y constituye el último bloque de cobertura forestal natural significativo que permita mantener la conectividad biológica entre ambos países, por lo que esta área conectaría hábitat claves y corredores de vida silvestre, lo que prevendría el aislamiento de especies y de ecosistemas nativos.

8º-Que las áreas El Jardín, Cureña y Chaparrón constituyen núcleos muy importantes para la conservación de la biodiversidad, entre la cual se encuentran varias especies amenazadas tales como:

[…]

Especies de aves amenazadas

Especie Nombre común Situación

[…]

37 Ara ambigua lapa verde peligro

[…]

Especies de árboles amenazadas

Especie Nombre común Situación

[…]

12 Dipteryx panamensis almendro amenazada […]” (El destacado fue suplido).

Así, queda claro que tanto la lapa verde (ara ambigua) como el almendro amarillo (dipteryx panamensis) son especies que se encuentran en peligro de extinción -en el caso de la primera- y amenazada -en el de la segunda-, y que existe una dependencia directa de aquella respecto de esta.”

 

En este sentido, queda claro que las autoridades gubernativas han reconocido la situación de amenaza a la que se ven enfrentadas tanto la lapa verde como el almendro amarillo. El ave por su necesidad del árbol para la reproducción y alimentación, y el árbol por la tala no sostenible, factores que unidos –tala no sostenible en los sitios de anidación- provoca un riesgo adicional en la preservación del ave. Es por ello, que en la misma sentencia 2008-13426, se estableció que:

“[S]e debe prohibir la iniciación de cualquier procedimiento tendiente al aprovechamiento de la madera del almendro amarillo (dipteryx panamensis) mientras éste y la lapa verde (ara ambigua) se encuentren en la lista de especies en peligro de extinción o amenazadas. (…) Se ordena (…) archivar cualquier diligencia o procedimiento destinado al aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo (dipteryx panamensis). Se prohíbe a ese funcionario dar inicio o continuar cualquier procedimiento tendiente al aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo (dipteryx panamensis) mientras este árbol y la lapa verde (ara ambigua) se encuentren en la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción, sin que esa prohibición exima al servidor indicado de resolver y notificar lo correspondiente a quienes hubieran planteado alguna gestión en ese sentido…”

De tal forma, la Sala consideró que la debida protección que debe otorgarse a estas especies, implica que no puede procederse a la explotación y aprovechamiento del almendro mientras el árbol y el ave permanezcan en la lista de especies protegidas. Esta prohibición o restricción que parece absoluta, debe ser apreciada en el contexto de la propia sentencia de comentario, de donde resulta que la prohibición de explotación y aprovechamiento existe de manera plena cuando tal actividad pretenda desarrollarse en los sitios de anidación del ave. En otras palabras, la explotación, extracción y aprovechamiento del almendro amarillo, está absolutamente prohibida por disposición de esta Sala, en la medida que los árboles que se pretenda cortar estén en una zona donde se haya acreditado plenamente que anida la lapa verde. Sin embargo, esta definición no puede ser entendida como un permiso irrestricto para la tala de árboles de almendro en sitios donde no anide el ave, pues en estos casos, y partiendo de que se trata de una especie amenazada, siempre se deberá contar previamente con todos los permisos otorgados por la administración forestal, que con la rigurosidad científica del caso garanticen la inocuidad para el ambiente y la debida preservación de esta especie y de otras que guarden estrecha relación con él.

  XI.- Sobre la protección del agua y la situación de las aguas subterráneas. La jurisprudencia de la Sala es clara en reconocer el derecho al agua como un derecho fundamental, siendo así que junto con la realización de esfuerzos serios para su otorgamiento a la población, existe el deber de las instituciones públicas de hacer un uso responsable y adecuado del recurso hídrico disponible, lo cual implica la necesidad de adquirir certeza del agua susceptible de explotación –disponibilidad- garantizando su otorgamiento presente y la futura sostenibilidad del servicio, evitando que con la utilización actual del recurso se produzca un riesgo ambiental que comprometa la existencia y dotación futura del líquido. La Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse de manera contundente y detallada sobre la protección que debe otorgarse al recurso hídrico nacional, clarificando tanto el marco normativo de protección, como las instituciones que conforman el sector hídrico, reconociendo y precisando el ámbito de competencias de dichas instancias y la trascendencia de sus actuaciones en materia de otorgamiento, aprovechamiento y protección del agua. Es por ello que resulta particularmente importante referir los precedentes jurisprudenciales de la materia, los cuales resultan de exacta aplicación en el caso que ahora se conoce. De tal forma, mediante sentencia de esta Sala número 2004-1923, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil cuatro –reiterada por sentencias números 2008-14092, de las nueve horas veintiocho minutos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho, y 2008-15657, de las once horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil ocho-, consideró la Sala que:

“V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o  zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el  aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.

 

VI.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.  

 

VII.- NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, MANTOS ACUÍFEROS Y AREAS DE RECARGA: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. En nuestro sistema jurídico no existe un único cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos. Adicionalmente, la poca legislación existente se centra, preponderantemente, en las aguas superficiales obviando a las subterráneas. Como es propio y consustancial al Derecho Administrativo, se puede constatar en esta materia  una dispersión normativa y un conjunto fragmentado, caótico y ambiguo de normas sectoriales que regulan aspectos puntuales quedando serias lagunas y antinomias, todo lo cual también dificulta, seriamente, la gestión ambiental por parte de los entes públicos encargados de la materia. Obviamente, la escasa regulación de las aguas subterráneas no constituye la excepción a la regla anteriormente señalada. En el Derecho de Aguas se han sostenido diversas tesis acerca de su naturaleza jurídica –cuya variación depende de la evolución histórica-. Así a las aguas subterráneas se les ha reputado  como (a) bienes privados, por lo que son una res nullius apropiable por su alumbrador, esto es, por el propietario del terreno en el que surjan, siguiéndose la máxima del Derecho Romano según la cual la propiedad se extiende desde el cielo hasta el infierno. Las regulaciones decimonónicas  sobre el recurso hídrico (v. gr. Ley de Aguas española de 1879 que inspiró a muchas legislaciones latinoamericanas, entre ellas, a nuestra Ley de Aguas de 1942) le darán a las aguas subterráneas un carácter de (b) bien mixto, por lo que serán privadas las que el dueño de un terreno particular haga alumbrar y públicas las que nacen en un terreno de dominio público o las primeras  después de haberlas utilizado su propietario. Finalmente, a partir del siglo XX, muchas legislaciones van a calificar todas las aguas subterráneas como (c) bienes de dominio público, a partir de la indubitada unidad del ciclo hidrológico, con lo que pasan a conformar lo que se ha denominado el “dominio público hidráulico” como parte del dominio natural y no artificial; esta posición concibe el agua como un recurso unitario subordinado al interés general por lo que no se debe distinguir entre superficiales y subterráneas, puesto que, se encuentran íntimamente vinculadas para mantener su calidad y cantidad. De acuerdo con esta última tesis, las aguas subterráneas no son apropiables por ningún particular y su calificación como bienes de dominio público constituye título suficiente para someterlas a un régimen de intervención administrativa muy fuerte e intenso en aras de garantizar su integridad y calidad y de apartarlas de los modos de adquisición y disfrute propios del Derecho Privado. En nuestro ordenamiento jurídico, a partir de una serie de normas dispersas, se puede determinar la naturaleza jurídica  de las aguas subterráneas, con evidentes variaciones, según el devenir histórico- legislativo. La Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, en su artículo 1°, incisos IV, VIII y IX califica, respectivamente, como aguas de dominio público “Las de los (...) manantiales (...)”, “Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público”  y “Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de pozos”, puesto que, el ordinal 4°, inciso III, de ese texto legal reputa de dominio privado –y, por ende, pertenecientes al dueño del predio- “Las aguas subterráneas que el propietario obtenga de su propio terreno por medio de pozos”, siendo que los sobrantes – de pozos concesionados para obtener agua con fines no domésticos y necesidades ordinarias- que salgan del terreno se convertirán en aguas de dominio público. Evidentemente, la Ley de Aguas de 1942 sigue una tesis mixta acerca de la naturaleza jurídica de las aguas subterráneas, puesto que, conjuga el carácter res nullius y, por consiguiente, apropiable de éstas si son alumbradas en terrenos privados con el demanial si surgen en un terreno cuyo titular es un ente público. Serán dos leyes posteriores, dictadas durante el curso del último cuarto del siglo pasado, las que  reformaron o modificaron, tácitamente lo establecido en los artículos 1°, incisos IV, VIII y IX y 4°, inciso III, de la Ley de Aguas. En realidad, estos dos nuevos instrumentos normativos se inscriben en la corriente contemporánea de concebir las aguas subterráneas como bienes del dominio público en virtud de la unidad del ciclo hidrológico, por lo que son título habilitante suficiente para admitir un fuerte régimen de intervención administrativa para conservar la cantidad, calidad y asegurar una explotación racional y sostenida de los recursos hídricos. Así, el Código de Minería, Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, en su numeral 4° dispuso lo siguiente “(...) las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa (...)”, de esta forma se produjo una publificación y nacionalización de todas las aguas subterráneas del país, incluso las que son alumbradas mediante un pozo ubicado en un predio particular para uso domésticos o necesidades ordinarias. Ulteriormente, la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 13 de octubre de 1995 y sus reformas, en el numeral 50 -cuyo epígrafe es “Dominio público del agua”- reforzó esa declaratoria de demanialidad y preceptúo que “El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”, este instrumento legislativo supone una afectación expresa, de las aguas continentales (aguas superficiales y subterráneas -al no distinguirlas-) al demanio público del Estado y califica de interés social, con lo que se dejó expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón de interés social (artículo 45 de la Constitución Política), su protección, preservación o conservación y uso sostenido o racional.   

 

VIII.- MANTOS ACUÍFEROS, AREAS DE RECARGA Y DESCARGA. El acuífero es un estrato o formación geológica (depósitos no consolidados de materiales sueltos tales como arenas, gravas, mezclas de ambos, rocas sedimentarias como la caliza, rocas volcánicas, etc.) que permite la circulación del agua por sus poros o grietas, por lo que el ser humano puede aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para atender sus necesidades. En un sentido muy lato, los mantos acuíferos son las formaciones geológicas que contienen agua, la han contenido y por las cuales el agua fluye o circula.  Dos de los parámetros hidrogeológicos para definir el funcionamiento de un manto acuífero –relación entre la recarga y la extracción del agua o descarga- son la porosidad o permeabilidad –conductividad hidráulica- y el coeficiente de almacenamiento. Existen una serie de formaciones geológicas que no deben confundirse con los mantos acuíferos, así los (a) acuícludos son formaciones geológicas que contienen agua en su interior pero que no la transmiten impidiendo su explotación; en lo atinente a las aguas subterráneas no renovables, fósiles, muertas, estancadas o no fluyentes contenidas en éstos no cabe la menor duda que también son de dominio público, dado que, los artículos 4° del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente no distinguen entre aguas subterráneas y superficiales y, mucho menos, entre las subterráneas renovables y no renovables, por lo que no se les puede concebir como un res nullis susceptible de apropiación por el alumbrador particular. El (b) acuitardo, por su parte, comprende un conjunto de formaciones geológicas que contienen apreciables cantidades de agua pero las transmiten de forma muy lenta. Finalmente, el (c) acuifugo es aquella formación geológica que no contiene agua ni la puede transmitir. En lo relativo a la tipología de los acuíferos, la hidrogeología, los clasifica, según la presión hidrostática del agua encerrada en los mismos, de la forma siguiente: a) acuíferos libres, no confinados o freáticos en los que existe una superficie libre del agua encerrada en ellos en contacto directo con el aire, su tabla de agua se encuentra a presión atmosférica y no está limitado por una capa impermeable y b) acuíferos cautivos, confinados o a presión en los que el agua está sometida a una presión superior a la atmosférica. También existe la subcategoría de los acuíferos colgados que son aquellos libres con una distribución espacial limitada y existencia temporal.  La recarga natural de los mantos acuíferos se produce por el volumen de agua que penetra en éstos durante un período de tiempo a causa de la infiltración de las precipitaciones pluviales o de un curso de agua (v. gr. los ríos influentes). Las áreas de recarga, por consiguiente, son todas las zonas de la superficie del suelo donde las precipitaciones pluviales se filtran en el suelo hasta alcanzar la zona saturada incorporándose al acuífero. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 3°, inciso l), define las áreas de recarga acuífera como “Las superficies en las cuales ocurre la infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de los ríos (...)”. La descarga natural es el volumen de agua que, durante un período de tiempo, sale naturalmente del acuífero a través de los manantiales superficiales, subfluviales o submarinos, por evapotranspiración o por percolación vertical hacía acuíferos inferiores. La descarga artificial se produce a través de la extracción del agua mediante pozos, zanjas, trincheras o túneles. Las áreas de descarga de las aguas subterráneas comprenden todos aquellos puntos en los que la tabla de agua o nivel freáctico intersecta la superficie del suelo –manantiales, nacientes, filtraciones- el curso de un río o los lechos marinos o lacustres. 

 

IX.- TIPOLOGIA DE LOS MANTOS ACUÍFEROS EN COSTA RICA. En nuestro país se reconocen dos tipos de familias de acuíferos: a) Volcánicos o fisurados, formados en rocas ígneas (volcánicas e intrusivas), representan los de mayores dimensiones y mejor calidad y b) Sedimentarios o granulares en formaciones superficiales. En cuanto al primer tipo debe indicarse que las rocas ígneas, naturalmente, no tienen permeabilidad,  poseen una porosidad secundaria originada en la presencia de fracturas o fisuras originadas por enfriamiento o eventos tectónicos (áreas vinculadas a fallas geológicas) con lo que adquieren aptitud hidrogeológica. Este tipo de acuíferos surge en las zonas altas donde las precipitaciones son elevadas y particularmente existen rocas volcánicas, ejemplos conocidos y estudiados de éstos son los acuíferos del Valle Central (v. gr. Colima Superior e Inferior y Barva). Desde la perspectiva de la hidrogeología, nuestro país presenta condiciones ideales y excepcionales para la explotación racional y mesurada de las aguas subterráneas, puesto que la Cordillera Volcánica Central está constituida por suelos volcánicos con una elevada capacidad natural de infiltración, siempre y cuando no hayan sido compactados o erosionados por las actividades humanas, con lo que cumplen una función esencial al regular la escorrentía de las aguas superficiales y la recarga de los acuíferos. La alta permeabilidad de los mantos de lava fracturados y brechosos y las condiciones de alta precipitación pluvial favorecen la formación de acuíferos de alto potencial. Las tobas existentes, a su vez, se comportan como rocas de poca permeabilidad que permiten la constitución de acuitardos que son la base de los acuíferos y permiten la transferencia vertical de aguas entre éstos. La ubicación y geomorfología de la Cordillera Volcánica Central, con todos sus acuíferos, es una fuente de primer orden de agua para satisfacer las necesidades de, por lo menos, la mitad de la población del país, incluido la Gran Área Metropolitana y poblaciones circunvecinas. La utilización del agua subterránea en esta zona se efectúa mediante pozos o la captación de manantiales para usos domésticos, industriales, agropecuarios. En la Cordillera Volcánica Central, para el año 1996, el SENARA tenía registrados 3.460 pozos de uso variado y  353 manantiales para abastecimiento público empleados por el ICAA, las corporaciones municipales, las asociaciones administradoras de acueductos rurales y otros entes. También se han localizado este tipo de acuíferos en las formaciones de Liberia y Bagaces (Provincia de Guanacaste). Se encuentra plenamente establecido que este tipo de acuíferos, por sus características petrofísicas, son más vulnerables a la contaminación en sus áreas de recarga cuando no se encuentran en zonas protegidas o reservadas y expuestos a actividades antrópicas como la deforestación, urbanización descontrolada y actividades agropecuarias intensivas y extensivas que conllevan el uso de plaguicidas y agroquímicos, por lo que se encuentran expuestos a una peligrosa y lenta degradación en su calidad ambiental. Los acuíferos superficiales están conformados por capas de rocas no consolidadas de origen reciente y diverso, se trata de rellenos aluviales de algunos valles que pueden alcanzar espesores de unos pocos metros a cien metros, están separados de la superficie por una delgada y permeable capa de suelo por lo que son altamente vulnerables a la contaminación, sobre todo cuando se encuentran debajo de zonas de ocupación antrópica (desarrollo urbano, industrial o de cultivos agrícolas). Este tipo de acuíferos son explotados en la región del Pacífico Central, como, por ejemplo, el relleno aluvial del Valle del Río Barranca que contiene dos acuíferos costeros que son el de Barranca y El Roble. 

 

X.- CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero  para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación.   La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a  las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. La contaminación de las aguas subterráneas puede ser directa o indirecta, lo es del primer tipo cuando se introducen directamente las sustancias contaminantes en el acuífero como el caso de los pozos negros o pozos de inyección, lo es del segundo tipo cuando con dilución se produce por contaminación de la recarga natural. Los agentes de contaminación pueden ser de muy diversa índole, esto es, minerales, orgánicos degradables (excretas y purinas), órganicos poco o no degradables (pesticidas, detergentes, hidrocarburos), biológicos (bacterias, virus, algas), radioactivos y gaseosos. La contaminación de los acuíferos depende de los condicionantes geológicos, hidráulicos y químicos de cada lugar o emplazamiento, por lo que está en función de factores locales razón por la cual se precisa del conocimiento de cada zona y del estudio de casos similares. Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: a) contaminación por actividad doméstica, la cual es orgánica y biológica y nace de tanques sépticos, fugas del sistema de alcantarillado, vertido de aguas negras, a lo que se debe agregar el aumento de productos químicos de uso doméstico como los detergentes; b) contaminación por actividades agrícolas, tenemos aquí el uso de abonos artificiales a base de nitratos, fosfatos y potasa o naturales -a base de estiércol-, el riego con aguas residuales y de alta salinidad y el uso de pesticidas (insecticidas, herbicidas y plaguicidas); c) contaminación por la ganadería, esencialmente, es orgánica y biológica, similar a la doméstica pero más intensa cuando se trata de granjas intensivas; d) contaminación por aguas superficiales, cuando recargan y se encuentran, a su vez, contaminadas; e) contaminación por intrusión salina, se produce cuando las aguas marinas y saladas se introducen en las regiones costeras por la sobreexplotación, a través de pozos, de los acuíferos costeros; f) contaminación por actividades mineras – mineral –, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica; i) contaminación a través de pozos mal construidos, los pozos pueden intercomunicar varios mantos acuíferos y cuando tienen entubamientos rotos o corroídos en niveles de aguas de mala calidad o que permiten la entrada de aguas superficiales pueden provocarla; j) contaminación a través del vertido de aguas residuales a través de pozos negros, tanques sépticos, fugas de la red de alcantarillado o vertido indiscriminado a las cuencas hidrográficas; k) contaminación por vertido de desechos sólidos, se produce cuando se construye un relleno sanitario en terrenos permeables o no impermeabilizados a través de los lixiviados; l) contaminación por pozos de inyección -forma de utilización del subsuelo como almacén de residuales- mal proyectados, construidos o utilizados.

 

(…)

 

XII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.  Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas. En la legislación extranjera (v. gr. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto) se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras. Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. Este tipo de medidas administrativas suponen diversas restricciones y controles drásticos sobre los múltiples usos o aprovechamientos de agua –en especial los generales o especiales de carácter privado- y sobre las actividades preexistentes que puedan afectar el recurso en cuanto se justifican en un interés público, por lo que no afectan el derecho de propiedad o la integridad del patrimonio. En esencia, tales medidas deben ser reputadas como limitaciones de interés social que no vacían de contenido el derecho de propiedad o amplían el dominio público sobre las aguas subterráneas sin previa indemnización sino que moldean su contenido esencial por lo que deben ser soportadas, al tratarse de un sacrificio o una carga general, por todos los usuarios, los que, en último término, son los beneficiarios de éstas, en tanto están orientadas a corregir una situación coyuntural de carestía o contaminación inminente que afecta la economía del recurso hídrico en una zona determinada.  Tales medidas administrativas de intervención, virtualmente contenidas en los artículos 32 de la Ley de Aguas de 1942 y 10° del Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril del 2002), pueden ser las siguientes:

a) Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Una de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas-  y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales –MINAE e ICAA-  debe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.).  Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes,  etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC)  y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación  y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con  la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y  la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo  útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b)  áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones,  supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.   

b) Declaración de acuífero sobreexplotado: La sobreexplotación de un acuífero sobreviene cuando las extracciones o aprovechamientos son tan intensivos –descarga-  y fuertes que superan los volúmenes de la recarga, con lo que las reservas de agua del acuífero se disminuyen progresivamente y se degradan. La sobreexplotación provoca nefastos efectos económicos y naturales; entre los primeros, los usuarios pueden experimentar el encarecimientos de los costos de extracción –más energía para hacer fluir las mismas cantidades de agua o gastos para reprofundizar un pozo para alcanzar el nivel de agua-, agotamiento de los pozos ubicados en la zonas periféricas del acuífero y en las de mayor concentración de perforaciones; entre los efectos de carácter natural, está la merma en los caudales de aguas en manantiales, ríos, arroyos, quebradas, lagunas, lagos y humedales con lo que se pone en peligro la existencia de éstos y la afectación de la capacidad de las formaciones geológicas – acuíferos – para almacenar agua al disminuir el espacio intersticial en las rocas por falta de la presión interior que aporta el agua, la subsidiencia del terreno por compactación, con alteración del acuífero, aparición de grietas y corrimiento de laderas. En la hipótesis de la sobreexplotación del acuífero, la autoridad administrativa competente puede declarar ese estado para revertir el estado de cosas a través de una ordenación, restricción y reparto de las extracciones o aprovechamientos preexistentes para lograr una explotación racional y la inmediata suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones pendientes a ese momento. Desde luego, que, también, se pueden implementar medidas de ahorro y buena utilización de los recursos como el tratamiento y depuración de las aguas residuales para ser reutilizadas en el riego de ciertos cultivos, sistemas de riego por goteo o nocturno para paliar los efectos de la evapotranspiración, la recarga artificial, etc..    

c) Declaración de acuífero en proceso de intrusiones salinas: Se estima que un acuífero está en proceso de salinización cuando, como consecuencia directa de las extracciones, se registran aumentos generalizados y progresivos de concentración salina de las aguas captadas con lo que se corre el peligro de convertirse en inutilizables. La salinización supone una reducción del espesor de la capa de agua dulce bajo la que asciende el agua marina, de modo que el agua de los pozos deja de ser potable e, incluso, inservible para usos domésticos o de riego, siendo la recuperación de acuífero muy difícil o casi imposible. Este problema que se puede presentar en nuestro país, sobre todo, en los acuíferos costeros sobreexplotados –intrusión de origen marítimo- de forma gradual o generalizada, aunque no cabe descartar, en otros puntos, la intrusión de origen continental. La causa de la intrusión salina se encuentra en una explotación irracional o sobreexplotación, por lo que deben implementarse medidas similares a las dispuestas para cuando se produce ese problema tales como la ordenación, restricción y reparto de los aprovechamientos o usos preexistentes y suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones.

d) Estados de necesidad y crisis hídrica: En circunstancias anómalas, excepcionales y coyunturales que provocan una calamidad pública o conmoción interna (v. gr. sequías  extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o intrusión salina generalizada de éstos), el Estado –a través del Poder Ejecutivo- y, con fundamento en el principio de necesidad, puede adoptar las medidas necesarias e idóneas respecto a la utilización del dominio público hidráulico para superar ese estado de cosas o evitar que se agrave. Cuando cesa el estado de necesidad  y se restablece la normalidad se pueden adoptar otro tipo de medidas como las anteriormente expuestas (perímetros de protección, declaración de acuíferos sobreexplotados o en proceso de salinización).

     

XIII.- PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COSTA RICA. El artículo 31 de la Ley de Aguas No. 246 del 27 de agosto de 1942, declara como “reserva de dominio a favor de la Nación” lo siguiente: “a) Las tierras que circunden los sitios de captación  o tomas surtidoras de agua potables, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables (...)”. Esta declaratoria resulta de suma importancia, puesto que, a partir de la misma  surge la obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de fijar y determinar las áreas de protección perimetral de los pozos o áreas de captación –de 200 metros- y, desde luego, de las áreas de recarga de los mantos acuíferos –zona  en que “se produce la infiltración de aguas potables”- que cuenten o deban contar con una capa forestal para su protección que son tan sensibles para su conservación y protección. De la misma forma, a partir de tal afectación expresa, el Estado puede ejercer las acciones reivindicatorias y posesorias para garantizar la indemnidad de esas zonas y substraerlas de todo tipo de contaminación sometiéndolas a un fuerte régimen de control del uso del suelo, atribución que, muy probablemente, ha omitido ejercer de forma oportuna y exacta. El numeral 32 de la Ley de Aguas de 1942 establece que “Cuando en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables –actualmente ICAA- (...) dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”, esta norma le impone un ineludible deber de colaboración y cooperación al Poder Ejecutivo con el ICAA para adoptar todos los actos y providencias administrativas oportunas y convenientes para conjurar el peligro de contaminación en un área mayor a los perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación. El contenido de la norma es sumamente significativo y rico, puesto que, habilita al Estado para adoptar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles que podría provocar un estado de emergencia por crisis hídrica. Evidentemente se trata, también, de una competencia que no ha sido ejercida responsablemente o infrautilizada. La Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, en su artículo 2°, establece que “Son de dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública –órganos del Poder Ejecutivo que fueron sustituidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por virtud de su Ley de Creación No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y, más concretamente, el artículo 2°, inciso h), que le encomendó hacer cumplir la Ley General de Agua Potable- consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesarios de las mismas (...)”, evidentemente, esta norma tiene una enorme trascendencia, puesto que, se declara de dominio público las áreas de captación que pueden incluir los manantiales o nacientes –forma de descarga natural de las aguas subterráneas- y, lo que es más importante, le otorga la condición de bien demanial a todos aquellos terrenos necesarios para asegurar la protección sanitaria y física y su caudal, lo cual, necesariamente, incluye las áreas de recarga de los mantos acuíferos claramente delimitadas a través de la actividad perimetradora ya indicada, puesto que, la desprotección de estas zonas incide, necesariamente, en la calidad –por contaminación- y caudal –por impermeabilización o sobreexplotación- de las aguas para consumo y uso humanos que brotan de un manantial.  La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 33, incisos a) y d), respectivamente,  dispone que son áreas de protección las “ (...) que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” y “Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley”, evidentemente estas normas le dan sustento a la actividad o intervención administrativa para definir los perímetros de protección de los acuíferos y zonas de captación. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de octubre de 1995, en su artículo 51, indica que para la conservación y uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: “a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico”,  “b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico” y “c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”.  Se establece así la necesidad de proteger y conservar la integridad y unidad del ciclo hidrológico sin hacer distinciones, el cual comprende, especialmente, las aguas subterráneas.  Finalmente, los artículos 5°, inciso e), párrafo in fine de la Ley de Creación del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) y  15 de la Ley de Creación del SENARA (No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas) coronan el marco normativo para la protección institucional de las aguas subterráneas al indicar, respectivamente, “Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...)”  “Decláranse de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la protección y el uso racional de las aguas (...)”. En el ordenamiento jurídico-administrativo de las aguas nos encontraremos, también, con una serie de obligaciones y cargas impuestas a los particulares y sujetos de derecho público –entes y órganos públicos- para una adecuada protección del dominio público hidráulico subterráneo y superficial. Así la Ley de Aguas de 1942 y otros cuerpos legislativos, establecen una serie de prohibiciones y obligaciones para los propietarios y usuarios de los manantiales –que son un componente del área de descarga de un manto acuífero-, como las siguientes: a) los usuarios o concesionarios deben ajustarse a los reglamentos de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a un manantial para evitar contaminaciones o fetidez –de no hacerlo pueden perder el aprovechamiento especial y sufrir pena de multa- (artículos 57 y 166, inciso III, ibidem), de modo concordante, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 del 21 de octubre de 1992, en su artículo 132, párrafo 1°, prohíbe “(...) arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no (...) lagos (...)” y le impone al que incumpla la norma una multa de 50.000 a 100.000 colones convertible en pena de presión de uno a dos años. b) Se prohíbe la construcción de estanques para criaderos de peces en los manantiales destinados al abastecimiento de poblaciones (artículo 63 ibidem). c) Los propietarios de terrenos en los que existan manantiales en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques que les brindaban abrigo están obligados a plantar árboles en las márgenes a una distancia no mayor de 5 metros (artículo 148 ibidem). d) Se prohíbe destruir, tanto en bosques nacionales como particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales que nacen en los cerros o a menos de 50 metros de los que surgen en terrenos planos (artículo 149 ibidem), la Ley Forestal, No. 7575 del 13 de febrero de 1996, dispone, en su artículo 34, de forma coincidente, que “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección que bordean las nacientes permanentes y de recarga y los acuíferos de los manantiales”. e) Toda solicitud de aprovechamiento de aguas vivas, corrientes y manantiales deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente y Energía con la presentación de una serie de requisitos (artículo 178 ibidem). En lo tocante a los entes y órganos públicos que tienen competencia y responsabilidades en materia de protección de las aguas subterráneas, se establecen una serie de obligaciones y prohibiciones tales como las siguientes: a) Se le prohíbe a las Municipalidades enajenar, hipotecar o comprometer de otra manera, arrendar, dar en esquilmo, prestar o explotar por su propia cuenta –sobre todo si supone deforestación- las tierras que posean o adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tenga sus orígenes (artículos 154 y 155 ibidem). b) Se obliga a las Municipalidades a reforestar tales terrenos (artículo 156 ibidem). c)  Se obliga a toda Municipalidad, Junta de Educación, Junta de Protección Social y, en general, a todo “organismo de carácter público”, consultar para obtener el respectivo permiso al Ministerio de Agricultura para enajenar, hipotecar, dar en arriendo, esquilmo o explotar por su cuenta terrenos que posean o adquieran en los que existan aguas de dominio público utilizables (artículo 157 ibidem).  La Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, de su parte, contiene normas específicas para la protección y conservación efectiva de las aguas subterráneas, así el artículo 275 estipula que “Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas (...) directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.”, por su parte el numeral 276 establece que solo con permiso del Ministerio se podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, “(...) ciñéndose a las normas y condiciones de seguridad reglamentaria y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”. Los artículos 285 y 291 de ese cuerpo normativo, respectivamente, obligan a toda persona a eliminar las excretas y aguas negras de forma adecuada y sanitariamente para evitar la “contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano”  y prohíben la descarga de residuos industriales o de establecimientos de salud en el alcantarillado para “evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua”. Finalmente, el artículo 309 de esa ley establece que a los urbanizadores el Ministerio de Salud les aprobará el proyecto, entre otras cosas, si éste “(...) dispone de sistemas sanitarios adecuados (...) de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas”.

 

XIV.- ENTES Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS RESPONSABLES DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y, EN ESPECIAL, DE LOS MANTOS ACUÍFEROS. DELIMITACION DE COMPETENCIAS. La gestión de los recursos hídricos subterráneos comprende diversos aspectos tales como la investigación de su potencial, identificación, categorización, planificación de sus usos, protección, aprovechamiento racional, prevención y sanción del daño ecológico o contaminación, control y seguimiento ambiental de su uso, etc.. Consecuentemente, lo idóneo es que existiera un ente administrativo regulador y rector en la materia, sin embargo, las competencias para el manejo integrado de los recursos hídricos subterráneos se encuentran dispersas y fragmentadas, por lo que, ocasionalmente, son exclusivas o excluyentes de un solo ente y, la mayoría de las veces, concurrentes, compartidas o paralelas lo cual requiere de un esfuerzo de coordinación administrativa particular para asegurar su utilización sostenible. En el conjunto heterogéneo y disperso de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense se puede identificar un sector de éstos que tienen asignadas, por ley o reglamento, una serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer de forma efectiva en aras de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes del país. En ese sector del aparato público o de organizaciones serviciales para la satisfacción de las necesidades de toda la colectividad, se puede identificar un grupo que pertenece a la administración central o ente público mayor –Estado- que son, preponderantemente algunos Ministerios u órganos de éstos- y otro conformado por entes descentralizados funcionalmente o por servicios –de carácter técnico- y territorialmente –Municipalidades-.

 

1.- Administración Central.

 

<![if !supportLists]>a)      <![endif]>Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos el Departamento de Aguas y el Órgano Asesor de Aguas.

El artículo 3°, inciso l), de la Ley Forestal, No 7575 del 13 de febrero de 1996, le impone al Ministerio de Ambiente y Energía la competencia indeclinable de delimitar las áreas de recarga acuífera –por propia iniciativa o de organizaciones interesadas, y previa consulta al ICAA, el SENARA o cualquier otra entidad técnicamente competente en materia de aguas.

El artículo 17, párrafo 1°, de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre faculta y habilita al Ministerio de Ambiente y Energía para “(...) coordinar acciones con los entes centralizados (sic.) o descentralizados que ejecuten programas agropecuarios de conservación de suelos, aguas y bosques, con el fin de lograr el aprovechamiento “sostenible” de la vida silvestre”.

  Este Ministerio cumple un rol de fundamental importancia en una de las vertientes de la administración de los recursos hídricos como lo es el control o fiscalización en el aprovechamiento y uso de las aguas subterráneas para asegurar su explotación racional. El Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril de 2002), dispone en su ordinal 1° que “Toda empresa perforadora debe inscribirse (...) ante el Departamento de Aguas, con el fin de que se le extienda la licencia que le permita ejercer actividades de perforación y exploración de aguas subterráneas”. Estas funciones son compartidas con el SENARA y el ICAA, puesto que, el Departamento de Aguas del MINAE debe trasladarles el asunto para que, respectivamente, emitan criterio técnico, se asigne el número de pozo, se registre en el Registro Nacional de Pozos –SENARA- y se dictamine sobre el perjuicio o no a las fuentes de abastecimiento de agua destinadas al consumo humano –ICAA- (artículo 7°). Este reglamento establece que se denegará el permiso de perforación en las zonas que no permitan una explotación racional del recurso hídrico tales como las declaradas por el Estado u otra institución competente área de protección y reserva acuífera, las que sufran sobre-explotación, bajo condiciones de vulnerabilidad de la capacidad máxima de explotación del acuífero, las susceptibles de intrusión salina, contaminación y otras razones que a juicio del MINAE y SENARA afecten el acuífero e impidan su explotación y las de interferencia con otros pozos o nacientes de agua (artículo 10°). 

  Mención especial merece el Departamento de Aguas, adscrito al Instituto Metereológico Nacional –órgano del MINAE-, cuyas funciones de interés, entre otras, a tenor del artículo 3° del Decreto Ejecutivo No. 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997, son las siguientes:

“ a) Definir las políticas nacionales en cuanto al recurso hídrico.

b) Ejercer el dominio, vigilancia, control y administración de las aguas nacionales.

c) Tramitar las solicitudes de concesión para el desarrollo de fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad.

d) Tramitar y autorizar los permisos para la perforación de pozos para la extracción  de aguas. (...)

J) Inscribir las empresas perforadoras de pozos y las sociedades de usuarios, así como los movimientos que se realicen en sus estatutos y representantes (...)

n) Aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Aguas, previo cumplimiento del debido proceso (...)”

El Jefe de este Departamento, tiene, a su vez, importantes competencias en la materia (artículo 4°), tales como las siguientes: a) emitir informes de recomendación sobre concesiones, traspasos, aumentos de caudal, ampliación de uso o cualquier otro trámite referido al aprovechamiento del recurso hídrico; b) aprobar los permisos de perforación de pozos, etc.. En el ordinal 5° del referido decreto se crea el “Órgano Asesor de Aguas” integrado por representantes de diversos entes involucrados en el sector hídrico (ICAA, SENARA, ICE, Universidades Públicas, UNGL, etc.), entre cuyas funciones figuran las siguientes (artículo 7° ibidem): a) Asesorar y recomendar lineamientos de políticas en materia de recursos hídricos, considerando los planes de desarrollo nacional y sectorial, disponibilidad hídrica y la normativa legal existente); b) Revisar y pronunciarse sobre el Balance Hídrico propuesto por el Departamento de Aguas y su administración para cada región del país y c) Asesorar al Departamento de Aguas en la fijación de dotaciones por parte de éste, para el uso del agua según la actividad productiva y la región en que se desarrolle.

 

b) Ministerio de Salud.

  Las competencias de este ministerio se encuentran circunscritas a hacer efectivas las prohibiciones establecidas en los ordinales 275, 276, 285 y 291 de la Ley General de Salud – contaminación directa e indirecta de las aguas superficiales y subterráneas y  descarga de residuos industriales o de salud en el alcantarillado- y de sancionar su transgresión. Asimismo, le corresponde aprobar los proyectos urbanísticos cuando dispongan de sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas, aguas negras y servidas (artículo 309 ibidem).

 

c) Ministerio de Agricultura y Ganadería.

  El MAG tiene, realmente, una competencia secundaria o residual en la materia, puesto que, la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 30 de abril de 1998, en su artículo 21, le impone en materia de aguas el deber de coordinar con el SENARA y cualquier otra institución competente “(...) la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas (...).

 

2.- Administración descentralizada.

 

a)  ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)

  La Ley Constitutiva del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) le atribuye, en lo que es de interés, las siguientes competencias (artículo 2°): a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (...) c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (...) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al (...) control de la contaminación de los recursos de agua (...) siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones (...) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”. De su parte el artículo 5° de esa ley habilita al ICAA para “c) Adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles” y “e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, siendo que este mismo inciso en su párrafo 2° declara de utilidad pública y de interés social, pudiendo ser expropiados, “(...) los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...). El numeral 21 de la ley de Creación le confiere al ICAA la potestad de aprobar o improbar todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, siendo la misma obligatoria, so pena de nulidad, en tratándose de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones. Finalmente, el artículo 22 de su ley de creación establece que “Es obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado sufragar los gastos que demanden la conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de aguas, en las propiedades de aquellas Municipalidades donde asuma los servicios de aguas y alcantarillado”. 

De acuerdo con el artículo 2°, inciso h), de la Ley de Creación de este ente descentralizado (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) es parte de sus competencias la de hacer cumplir la Ley de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, siendo que el artículo 16 de este último cuerpo normativo prohíbe las instalaciones, edificaciones o labores comprendidas en las “zonas cercanas a fuentes de abastecimiento (...) que perjudique en forma alguna (...) las condiciones físicas, químicas o bactereológicas del agua; esta zonas serán fijadas por el Ministerio de Obras Públicas y Salubridad Pública” –órganos que, como ya se indicó fueron sustituidos, para todos los efectos legales, por el ICAA-. Consecuentemente, al ICAA, también, le compete definir las áreas de protección de fuentes de abastecimiento tales como los manantiales o nacientes que son una forma natural de descarga de las aguas subterráneas. El artículo 34, párrafo in fine, de la Ley Forestal  le impone la realización de los alineamientos de las áreas de protección al INVU. Se trata, en realidad, de una competencia que no es exclusiva o excluyente del ICAA o del INVU, sino concurrente o compartida, por lo que los dos entes públicos tienen el deber de ejercerla. 

  El artículo 3° de la Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, le impone la obligación al ICAA de “(...) seleccionar y localizar las aguas destinadas al servicio de cañería (...), con lo cual es responsabilidad de este ente efectuar un inventario pormenorizado de las nacientes que puedan ser utilizadas para proveer de agua de consumo humano a las poblaciones, lo anterior, independientemente, de encontrarse el suministro y distribución en manos de un Municipio en un cantón determinado.

 

b)  SENARA (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento).

  A pesar de tener aparentemente limitada su competencia a los distritos de riego, avenamiento y control de inundaciones –unidades físicas técnico-administrativas de carácter agropecuario para el logro de su desarrollo socioeconómico definidas por Decreto Ejecutivo a solicitud de este ente (artículos 17 y 18 de su Ley de Creación No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas)-, es lo cierto que su ley constitutiva le asigna importantes competencias en materia de aguas subterráneas, las cuales, evidentemente, tienen una vocación nacional y, por consiguiente, no se circunscriben a los meros distritos de riego. Lo anterior resulta corroborado por los antecedentes de este ente público, puesto que, la Ley No. 5438 del 17 de diciembre de 1973 –que ratificó y sustituyó el Decreto Ejecutivo No. 1878-P del 22 de julio de 1972-, actualmente derogada, creó el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS) con una vocación claramente nacional para la planificación, investigación y asesoría de todo lo relativo a la materia. Así, entre otros objetivos, el SENARA tiene el de procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos de (...) aguas –tanto superficiales como subterráneas- en las actividades agropecuarias (...) en los distritos de riego” (artículo 2°). Entre sus funciones figura la de “Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país tanto superficiales como subterráneos” y “Realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas (...)” (artículo 3°, incisos d y e). En el artículo 4°, se establece que le compete al SENARA promover y dirigir la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes en materias tales como “Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego”, “Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de aprovechamiento en los distritos de riego” y “Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los manos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego” (incisos c, ch y f). Dentro de las atribuciones de la Junta Directiva está la de expedir los acuerdos de solicitud de recuperación, expropiación o compra de las “(...) tierras en que asienten o subyazcan recursos hídricos (...)” (artículos 6° y 7°).     

  

c)  INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).

  El artículo 34, párrafo 2°, de la Ley Forestal dispone que los alineamientos de las áreas de protección contempladas en su artículo 33, entre las que figuran las que bordean las nacientes permanentes, las de recarga y los acuíferos de los manantiales, serán realizados por el INVU. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE del 12 de febrero de 1997, le impone a esa entidad la fiscalización del “Área de Control Urbanístico”  que comprende algunos de los distritos de las Provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, siempre que el Gobierno Municipal no haya promulgado un Reglamento de Zonificación, siendo que en la “zona de especial protección” toda edificación se debe construir bajo estricto control  debiéndose aprobar un Estudio de Impacto Ambiental  por el MINAE y  construir una planta de tratamiento para aguas residuales autorizada por el ICAA y el Ministerio de Salud para evitar “(...) la contaminación de los mantos acuíferos y de los cauces fluviales a que (sic) desemboquen”.

 

d) MUNICIPALIDADES.

     Las corporaciones municipales tienen un papel de primer orden en la protección y conservación de las aguas subterráneas a través de una serie de instrumentos indirectos. Así, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968), hace más de 35 años, con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución Política -en cuanto les compete “La administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón”- les impuso el deber de promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos (artículos 15 y siguientes). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.),  las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Por aplicación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida y la salud humanas (artículo 21 ibidem) y en aras de un desarrollo sostenible los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales y nacientes están especialmente llamados y  obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, de su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas, puesto que, es en beneficio de ellos, de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones y, desde luego, de las futuras generaciones.”

 

XII.- Sobre el principio precautorio en materia ambiental y su aplicación en materia de aguas subterráneas. Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río –Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-, se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles. En otras palabras, si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades. Es claro que este principio tiene aplicación igualmente tratándose de la explotación de aguas subterráneas. Así, en la precitada sentencia número 2004-1923, estableció la Sala que:

“XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los  costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar  contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas  socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación.”

De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida que se carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación o reparación que deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo o magnitud del daño ambiental que puede producirse y de las medidas que deberán adoptarse en cada momento, se elimina todo sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría impropio dar aplicación al principio precautorio. Dicho de otro modo, el principio precautorio debe ser aplicado en supuestos de duda razonable o incerteza, mas no cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las medidas que deban adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable la aplicación de este principio. En el caso bajo estudio, tal como se verá en las consideraciones de esta sentencia, se demuestra que se ha acreditado los impactos ambientales que se presentarán con el desarrollo del proyecto minero, al mismo tiempo que se ha previsto y aprobado las medidas de mitigación y compensación conducentes a la evitación de aquellos daños graves e irreparables, por lo que de conformidad con lo dicho, el principio precautorio resulta de inviable aplicación. En consecuencia, partiendo de que la propia Declaración de Río reconoce la existencia y correlación de los principios precautorio y de desarrollo humano sostenible, debe en todo momento asegurarse que se cumpla el adecuado juicio de ponderación que permita el debido respeto y aplicación de ambos principios, de forma que las actividades sean valoradas de acuerdo tanto al impacto ambiental como a su aporte al desarrollo humano sostenible.

            XIII.- La protección otorgada a los denominados acuíferos o cursos de agua transfronterizos. Partiendo del reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano y la protección que por ello debe otorgarse a los recursos hídricos, la comunidad internacional se ha abocado a definir instrumentos normativos que permitan la preservación de los mantos acuíferos situados entre diferentes países o que discurran de un territorio nacional hacia otro, estableciendo así obligaciones asumidas por los Estados para evitar que por su actuación se generen impactos negativos en los recursos hídricos de otro Estado. Así, la «Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación», de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, dispone que los Estados se comprometen a otorgar todas las medidas de protección y colaboración necesarias para evitar este tipo de daños en los recursos hídricos de otros países tributarios o beneficiarios del acuífero o curso de que se trate. En lo conducente, los artículos 5, 6 y 7 de la Convención señalan que:

“Artículo 5

Utilización y participación equitativas y razonables (…)

 

2. Los Estados del curso de agua participarán en el uso, aprovechamiento y protección de un curso de agua internacional de manera equitativa y razonable. Esa participación incluye tanto el derecho de utilizar el curso de agua como la obligación de cooperar en su protección y aprovechamiento, conforme a lo dispuesto en la presente Convención.

 

Artículo 6

Factores pertinentes en una utilización equitativa y razonable

 

1. La utilización de manera equitativa y razonable de un curso de agua de conformidad con el artículo 5 requiere que se tengan en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, entre otros:

 

a) Los factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos, ecológicos y otros factores naturales; (…)

 

d) Los efectos que el uso o los usos del curso de agua en uno de los Estados del curso de agua produzcan en otros Estados del curso de agua; (…)

 

Artículo 7

Obligación de no causar daños sensibles

 

1. Los Estados del curso de agua, al utilizar un curso de agua internacional en sus territorios, adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros Estados del curso de agua. (…)”

 

Más recientemente, y de manera concreta sobre acuíferos transfronterizos y ya no sólo sobre aguas de uso internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su sexagésimo tercer período de sesiones, adoptó la resolución número 63/124, de once de diciembre de dos mil ocho, denominada «El derecho de los acuíferos transfronterizos”, en la cual recoge diversos principios ya establecidos en la Convención de cita, otorgándoles aplicación a este otro tipo de acuíferos; a los efectos del caso bajo estudio resulta particularmente ilustrativo la disposición del artículo 6 de la resolución, norma que reedita una fórmula similar a la ya establecida en el artículo 7 de la Convención, disponiendo que:

“Artículo 6 Obligación de no causar un daño sensible

1. Al utilizar un acuífero o sistema acuífero transfronterizo en su territorio, los Estados del acuífero adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir que se cause un daño sensible a otros Estados del acuífero o a otros Estados en cuyo territorio se halle situada una zona de descarga.”

De tal forma, es claro que a través de estos instrumentos internacionales –por principio aplicables en el ámbito interno costarricense en virtud del artículo 48 de la Constitución y la dimensión reconocida al denominado Derecho de la Constitución- se establece a los Estados la obligación de evitar daños sensibles que puedan afectar o impactar de manera negativa los recursos hídricos de otro Estado con el que se comparta regiones fronterizas, o acuíferos que transcurran de un Estado hacia otro. En el caso bajo estudio, este es el caso del Río San Juan –fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica- y del llamado acuífero inferior identificado en la zona del proyecto minero Crucitas –que transcurre en dirección noroeste sureste desde Nicaragua hacia Costa Rica-, por lo que lo dispuesto en los instrumentos normativos de referencia debe ser tenido en cuenta al momento de valorar la prueba técnica allegada al expediente, para determinar si el país ha observado estas disposiciones o si, eventualmente, pudiera ser objeto de alguna imputación por presunto incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

  XIV.- La protección al ambiente y su relación con el desarrollo sostenible. Uso racional de los recursos. Un equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente. Partiendo del artículo 69 constitucional, en la medida que dispone el "uso racional de los recursos naturales", la Sala ha identificado los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos. En virtud de estos parámetros, la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político -desarrollo sostenible- para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no solo ganancias económicas -libertad de empresa- sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio. Así, la Sala ha considerando que:

"[T]anto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro" (sentencia número 1763-94, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro).

 

La Sala ha indicado que el ambiente debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida, pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida. Otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, pero más importante que ello es entender que si bien el ser humano tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra entidad nacional, de sus recursos naturales y su medio para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, la tecnología y el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje, conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, la economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales. Por otro lado, las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación. La declaración formulada en la Cumbre de la Tierra en 1992, proclamó y reconoció la naturaleza integral e independiente del planeta; ello significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sostenibilidad. Los Estados signatarios, entre los que figura Costa Rica, se comprometieron, dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a la protección sobre todo del ser humano, partiendo del principio de que toda persona tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; se incluyó el derecho de las generaciones presentes y futuras a que el desarrollo se realice de modo tal que satisfaga sus necesidades ambientales y de progreso; se mantuvo la potestad soberana de los Estados de explotar sus recursos, recalcando su responsabilidad de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción y control no causen daños ambientales a otros Estados o áreas más allá de los límites de su jurisdicción nacional. Establecieron el deber de los Estados de cooperar en la conservación, protección y restauración del ambiente y sus responsabilidades comunes en ese sentido. De este modo, la cooperación internacional para la promoción y apoyo del crecimiento económico y el desarrollo sostenible permitirá abordar mejor los problemas de la degradación ambiental. Asimismo, se impuso un deber especial a los países desarrollados fundado en su responsabilidad en la búsqueda del desarrollo sostenible, dada la evidente presión que ejercen en el ambiente global las tecnologías que desarrollan y los recursos financieros que poseen –ver, en similar sentido, sentencia de esta Sala número 2004-9927, de las once horas un minuto del tres de setiembre de dos mil cuatro-.

            XV.- Sobre el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Según se ha explicado en el X considerando de esta sentencia, las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Asimismo, el artículo tres de la Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, dispone, en lo conducente que:

“ARTÍCULO 3º.- Son funciones del SENARA: (…)

ch) Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. (…)

h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por ese motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos, y a la explotación, mantenimiento y protección de las aguas -que realicen las instituciones públicas y los particulares- serán definitivas y de acatamiento obligatorio. No obstante, tales decisiones podrán apelarse dentro del décimo día por razones de ilegalidad, para ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo no mayor de noventa días.” (énfasis añadido)

Es así, que por disposición expresa de su ley de creación, el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Por su parte, el artículo ciento cincuenta y siete de la Ley de Aguas -aún vigente- señala que:

“Artículo 157.- Es deber de las Municipalidades consultar al Departamento de Agricultura, y obtener de él el correspondiente permiso, antes de enajenar, hipotecar, dar en arriendo o a esquilmo o explotar por su cuenta, cualquier terreno que posean o adquieran cuando en dichos terrenos existan aguas de dominio público utilizables. El Departamento de Agricultura decidirá si tales terrenos están comprendidos entre los mencionados y si el destino que se deseare darles pudiera afectar la conservación de las aguas que utilizan las poblaciones. Igual obligación tendrán las Juntas de Educación, Juntas de Protección Social y, en general, todo organismo de carácter público.” (el destacado no es del original)

Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas)- mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia- norma que claramente establece que:

“ARTÍCULO 21.- En materia de aguas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá coordinar, con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y cualquier otra institución competente, la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas, según las competencias del Servicio mencionado…”

De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- deberá obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deriva de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Municipalidades, entre otras-. En este sentido, pretender ejecutar proyectos de extracción y explotación del recurso hídrico sin la debida autorización y vinculación del SENARA, resulta ser violatorio de las previsiones normativas de protección al ambiente, pues se carecería de los insumos técnicos necesarios que dictaminen la disponibilidad y posibilidad de aprovechamiento de las aguas de dominio público.

  XVI.- Sobre la importancia de la viabilidad ambiental, los estudios de impacto ambiental y el procedimiento que debe observarse. El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la aplicación del referido principio precautorio, y el consecuente desarrollo normativo en materia de protección ambiental, impone el cumplimiento de diferentes requisitos y procedimientos que permiten a la administración conocer el impacto real que la ejecución de actividades y obras –públicas o privadas- puede tener sobre el ambiente, para una vez adquirida la certeza correspondiente, autorizar o improbar su realización. Es así como el ordenamiento interno crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –SETENA-, dependencia administrativa a la que le corresponde el otorgamiento de la viabilidad ambiental de los proyectos, una vez que se cumpla el procedimiento establecido –ver artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Ambiente-, mediante resoluciones fundamentadas donde se analice de manera pormenorizada la situación planteada. La realización de las evaluaciones ambientales ha sido reconocida por esta Sala igualmente como un principio rector en materia ambiental, de donde resulta que su observancia y aplicación es irrestricta para asegurar la debida protección del ambiente. Así, mediante sentencia número 2003-6322, de las catorce horas catorce minutos del tres de julio de dos mil tres, definió la Sala que:

“5.- de la realización del estudio de impacto ambiental previo a la iniciación de obras: Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, como la presencia de sustancias tóxicas o elementos externos que provoquen en el ambiente características negativas, tanto para la diversidad biológica -comprendiendo a la flora y la fauna-, como -y sobre todo- para la vida humana, que se ve reflejada en la salud o bienestar del hombre -suelo, hábitat, aire, agua, etc.-, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, este principio (de la realización previa del estudio de impacto ambiental) se constituye en corolario del principio anterior, y teniendo especial importancia su realización para todas las

"[...] actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta Ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos." (Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco).

Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran los Estudios de Impacto Ambiental, los que encuentran fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. A este efecto, es importante resaltar en virtud de mandato constitucional –artículo 50-, y en la Ley –artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente-, se establece como principio general, que toda actividad humana de modificación del entorno requerirá el estudio de impacto ambiental, de donde, será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del referido estudio técnico, y no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias (según lo indicado por este Tribunal, en sentencia número 1220-2002, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos)."

La jurisprudencia constitucional exige una evaluación previa del riesgo que pueda producir una actividad económica determinada, la cual deberá realizarse con el instrumento técnico que corresponda según el caso. Al respecto la Sala ha considerado:

"d-El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas dirigidas a proteger al ambiente deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio evaluables, el impacto de estos elementos requiere de un análisis y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una valoración del impacto en el ambiente que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el medio, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De conformidad con el Reglamento citado, que es decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC publicado el 28 de junio del 2004, y que reformó el decreto ejecutivo No. 25705-MINAE, la evaluación del impacto ambiental abarca tres fases: a) una evaluación ambiental inicial, que consiste en un procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar la relevancia del impacto, de este análisis previo se puede otorgar incluso una viabilidad ambiental potencial (que es temporal) o el condicionamiento de la misma a la presentación de otros instrumentos de valoración de dicho impacto; b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de evaluación según corresponda. El estudio de impacto ambiental es un documento de naturaleza u orden técnico de carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de análisis del ambiente, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el medio y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra o actividad objeto del estudio; y c) el control y seguimiento de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad…El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría… de conformidad con las guías elaboradas por ella…” (sentencia No. 2004-9927)

 

            XVII.- Sobre el procedimiento de la evaluación ambiental y la necesaria comunicación, información y diálogo con la población. La realización de la evaluación ambiental en los términos dichos, implica el cumplimiento de los pasos normativamente establecidos para la actuación de las autoridades públicas involucradas, especialmente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Dentro de este procedimiento resulta particularmente relevante la necesidad de informar públicamente a la población que positiva o negativamente pueda verse afectada con la ejecución de obras con impacto ambiental, trascendiendo de la mera transmisión de información para propender al establecimiento de un diálogo que aporte insumos de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. Así, en la precitada sentencia 2003-6322, estableció la Sala que:

“11.- participación ciudadana en los asuntos ambientales: La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (Sentencias número 2001-10466, supra citada). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la requerida para la aprobación de los planes reguladores de las respectivas municipalidades, por ejemplo. Fue la Convención de Río la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio en materia ambiental, al señalar

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa Rica un Estado signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, pues esa es la consecuencia de su suscripción, según con consideró este Tribunal, en sentencia número 8319-2000, de las diez horas dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil:

"Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de una discusión que no se constriña a pequeños núcleos oficiales o de intereses parcializados, sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con la apertura necesaria para crear el debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, claro, los requisitos que establece la legislación correspondiente. No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso. Por eso mismo es que la cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a los particulares una legitimación especial, y de la que se reconoce como un «derecho reaccional» (vid. sentencia 2233-93 y 3705-93 de esta Sala).

«En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.» (vid. sentencia 3705-93)

Es por ello, que por Ley 7412 del 03 de junio de 1994, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 50 de la Constitución Política, garantizando a toda persona el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esta materia, entonces, existe la legitimación para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado, a través del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. De esta manera, cuando la Constitución Política hace mención de que el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino, además y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional, o eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. De los artículos 1 y 50 Constitucionales se rescata pues, la consideración que los ciudadanos merecen en un estado democrático, en el cual puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, tal y como lo señalan los recurrentes. El precepto comentado, entonces, recoge el principio citado a través del acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses. Ciertamente, que en la materia que ahora analizamos, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que los particulares pueden solicitar a la SETENA llevar a cabo audiencias públicas, para efecto de que se tomen en cuenta las posiciones formuladas por las comunidades interesadas en la toma de decisiones que afectan el ambiente, lo que ha sido recogido en la Ley Orgánica del Ambiente y de su Reglamento, como informó la autoridad recurrida."

Precisamente, la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio en los artículos 6 y 23, que textualmente disponen en lo que interesa:

"Artículo 6. Participación de los habitantes

El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente."

"Artículo 23. Publicidad de la información

La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización."

Asimismo, en el Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, también se recoge este principio, al disponerse en el Capítulo IV, en el que se regula lo relativo a la audiencia pública prevista dentro del procedimiento del estudio de impacto ambiental (artículos 35 a 40), en el que se tiene prevista la participación activa, tanto de la sociedad civil como de las municipalidades -en su condición de ente

"[...] constituido por el conjunto de vecinos residentes de un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal" (artículo 1° del Código Municipal).

Norma similar tiene la Ley de Planificación Urbana, en lo relativo a la aprobación por las municipalidades de los planes reguladores, al obligarlo a

"1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer el proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles"  (artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana).

Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-. Es importante resaltar que esta participación se puede lograr en forma individual, a través de grupos asociativos de orden particular, así como también a través de los gobiernos locales, a quienes, por su competencia asignada en el artículo 169 de la Constitución, se les reconoce plena competencia para promoverla en los asuntos que de algún modo puedan afectar la comunidad de su jurisdicción, y más bien, si no lo hace, estaría incumpliendo uno de sus cometidos que el constituyente le asignó, y que ha sido desarrollada en la legislación ordinaria

"Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las tomas de decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente" (artículo 5 del Código Municipal).

Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este principio ya había sido reconocido en voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas en sentencia número 4423-93, supra citada, no sólo como un derecho de participación, sino un deber de la comunidad y municipalidad en la toma de decisiones y discusiones sobre la ubicación de un relleno sanitario en Esparza. En este mismo sentido, en sentencia número 10466-2000, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil, la Sala señaló que en modo alguno

"[...] puede excluirse al ser humano que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta materia."

Con anterioridad, este Tribunal, reconoció la importancia de la participación de los gobiernos locales en este tipo de procesos (estudios de impacto ambiental) bajo las siguientes consideraciones:

"[...] queda claro para la Sala que en los procedimientos de estudio de impacto ambiental y declaratoria de viabilidad ambiental de los proyectos en los que se pretenda explotar recursos naturales, la participación de las municipalidades debe ser activa; sin embargo, en modo alguno puede pretenderse la sustitución del órgano director de los mismos -en este caso la Secretaría Técnica Nacional Ambiental- por las municipalidades. En el caso concreto, esa participación se traduce en la participación de los gobiernos locales en todo el procedimiento, y por ello es que en dicho procedimientos tienen plena cabida sus gestiones, pero como una parte más, motivo por el cual se le notifican todas las gestiones que se realicen dentro de ese procedimiento. En todo caso, el procedimiento previsto en los artículos 35 a 40 del Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Decreto Ejecutivo número 25.705-MINAE, prevé no sólo la participación de la sociedad civil, sino sobre todo, de las municipalidades, con las cuales coordinará la celebración de la audiencia pública (artículo 36), pero a modo de colaborador de esta entidad con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sin que en modo alguno pueda pretender la toma de decisiones. Por lo demás, las competencias municipales en lo que respecta a la preservación y protección del medio ambiente no pueden verse limitadas a la organización de la audiencia pública -que por disposición legal le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-, sino que va mucho más allá, como lo es la concientización de los munícipes en la participación ciudadana, la denuncia -con pruebas técnicas- ante entidades administrativas y los tribunales de justicia, el manejo adecuado de la basura y de los desechos industriales, el control y fiscalización para que las leyes ambientales se cumplan, y la promoción de los recursos legales pertinentes, como lo sería la solicitud de suspensión de los actos administrativos que estimen nocivos para el ambiente, pero no en la vía constitucional, sino en la jurisdicción contenciosa-administrativa y civil de Hacienda, entre otros cometidos" (sentencia número 2001-5737, de las catorce horas cuarenta y un minutos del veintisiete de junio del dos mil uno).

En este sentido, resulta indispensable que la audiencia se lleve  a cabo en el lugar donde los vecinos puedan asistir, y con preferencia en el lugar de los hechos, ya que lo contrario, la celebración de la audiencia ordenada por la Administración no lograría cumplir su finalidad, donde obviamente la falta de los recursos no puede constituirse en un obstáculo para hacer llegar al expediente todos los elementos probatorios que la Administración requiere para tomar una decisión en asuntos de tan fundamental importancia, ya que necesariamente tendrá implicaciones sobre el medio ambiente y la comunidad. Asimismo, la importancia de la participación de las municipalidades en la elaboración de los estudios de impacto ambiental ha sido reconocida en la propia Ley Orgánica Ambiental en el párrafo segundo del artículo 22, que prevé:

"Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración"

Con lo que se resalta que la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado, y a la vez es integrante del derecho fundamental de toda persona, en los términos previstos en el artículo 50 de la Constitución Política. Por ello, reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo y que es una forma de expresión de la democracia participativa (en este sentido, entre otras ver voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas de la sentencia número 4423-93, de las doce horas del siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres; 2331-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis; 3521-95, de las diecisiete horas tres minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y seis; 6640-00, de las nueve horas dieciséis minutos del veintiocho de julio del dos mil; y 10466-2000, de las diez horas dieciséis minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil). Sobre el tema de información en materia de ambiente, se ha indicado

"En materia del medio ambiente debemos trasladar este concepto sobre el derecho de información a una nueva perspectiva que tiene todo individuo o colectividad de solicitar información y de ser informado por cualquier ente estatal [información] que no puede ser obstruida por las instituciones estatales referentes a cualquier proyecto que pueda afectar el goce de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es entonces esta, la garantía que permitirá participar a cualquier individuo o colectividad, haciendo uso de los intereses difusos del acceso a la participación, dentro de los procesos de toma de decisiones que afecten ese derecho, pues lo contrario sería ilusorio y la norma constitucional resultaría superflua [...]" (sentencia número 2331-96, supra citada).

En esta especial materia, toda persona debe tener adecuada información sobre los materiales y las actividades o proyectos que pueden implicar un peligro o amenaza para las comunidades (derecho a la salud), y para la conservación y preservación del medio ambiente (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), así como para la efectiva oportunidad de participar en los procesos de adopción de tales decisiones; toda vez que tratándose del derecho al ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a este derecho fundamental la sufre tanto la comunidad –como un todo-, como el individuo en particular. Por ello, la Administración debe facilitar y fomentar la sensibilidad y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, no sólo de los miembros de la comunidad, sino también de la ciudadanía en general, en tanto en materia ambiental se ha considerado la existencia de un verdadero interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia).”

 

La debida observación de este mandato de informar adecuadamente a la población, ha sido precisado y efectivamente aplicado en la jurisprudencia de la Sala, cuando en sentencia número 2004-13414, de las nueve horas veintinueve minutos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, estableció que:

“Este Tribunal en anteriores oportunidades se ha referido a la consulta a las comunidades como parte del procedimiento administrativo para la obtención del estudio de impacto ambiental, que es requisito previo al inicio de labores de explotación, en el siguiente sentido:

 

 “IV.- “...Antes de analizar los alegatos de las partes, cabe señalar que el proceso de Evaluación Ambiental de Proyectos tiene por objeto identificar, predecir, interpretar, y comunicar a los interesados preventivamente, el efecto de un proyecto sobre el medio ambiente. Es un procedimiento administrativo de control de proyectos que, apoyado en un estudio técnico sobre las incidencias ambientales de una actividad determinada, denominado Estudio de Impacto Ambiental (documento técnico que debe presentar el promotor o titular del proyecto) y en un trámite de participación pública, permite a la autoridad ambiental competente emitir una declaración de impacto ambiental, rechazando, aprobando o modificando el proyecto. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente impone la obligatoriedad de que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental evalúe el impacto ambiental de las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, previo a que éstas inicien. La Evaluación Ambiental involucra una serie de fases en las que participan el desarrollador del proyecto, el ente fiscalizador competente (SETENA en el caso de Costa Rica), y la sociedad civil. Inicia con la presentación del Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, documento que debe evaluar el Grupo de Evaluación Preliminar de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Posteriormente, se determina qué instrumento de evaluación ambiental requiere la actividad, y el desarrollador presenta el documento que debe ser examinado a fin de determinar si se requiere o no información adicional. El desarrollador del proyecto debe rendir una garantía y nombrar un Regente Ambiental, además de dar una declaración de compromisos ambientales. No es sino hasta que se cumplen todas estas etapas que el proyecto obtiene la declaración de viabilidad ambiental por parte de SETENA, por lo que una vez que se ha llevado a cabo todo el proceso es que puede considerarse satisfecho el requerimiento del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. (sentencia número 2003-04818 de las diez horas con cincuenta y un minutos del treinta de mayo del dos mil tres).-

Así las cosas, en este caso, lleva razón el recurrente al acusar  que no se ha dado la consulta a las comunidades que pudieran resultar afectadas por el otorgamiento de la concesión de explotación cuestionada. Es claro que la audiencia que se echa de menos, debe en todo caso darse de previo a la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de ese Ministerio del Ambiente y Energía.  Para tal efecto la administración debe  informar en forma amplia, completa y veraz a las comunidades que se verán afectadas por la exploración y explotación minera en la zona de su actividad.”

 

Esta necesidad de brindar debida participación a la población que de alguna manera pueda verse afectada con la realización de este tipo de proyectos, guarda un fundamento especial en materia de utilización del recurso hídrico, en el sentido que partiendo del reconocimiento del derecho al agua como un derecho fundamental, la Sala ha reconocido que debe declararse la inconformidad constitucional de cualquier medida que por intereses patrimoniales o de otra índole, impidan a una comunidad determinada acceder al agua para la satisfacción de sus necesidades –ver sentencia número 2001-5217, de las diez horas trece minutos del quince de junio de dos mil uno- de forma que toda acción o disposición que impida que una comunidad tenga acceso al agua potable cuando se reúnan las condiciones para ello, debe ser declarada violatoria de los derechos constitucionalmente reconocidos.           

            XVIII.- En definitiva, es claro que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado otorga una protección especial a la biodiversidad y las aguas subterráneas, razón por la cual y en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, las actividades económicas con impacto ambiental deben ser autorizadas cuando exista certeza científica de que ese impacto no implica un riesgo o amenaza al ambiente. Es por esta razón que la administración debe realizar siempre la evaluación ambiental necesaria, la cual debe ser compartida públicamente con la población afectada, para que luego de un análisis riguroso y detallado la administración emita de manera fundamentada la viabilidad ambiental correspondiente. La desatención e inobservancia de estos aspectos definidos normativa y jurisprudencialmente, deviene en la vulneración del referido derecho a un ambiente sano, por lo que las actuaciones administrativas así dispuestas resultan igualmente violatorias de este derecho fundamental.

            XIX.- El caso concreto. Breve descripción del proyecto minero Crucitas. El complejo del proyecto minero Crucitas está dividido en tres partes: un área de extracción o tajo, un área de relaves y un área administrativa industrial. En el área de extracción se ubica el yacimiento de oro, la cual se divide entre el cerro Botija, de 20 hectáreas,  y el cerro Fortuna, de 30 hectáreas. El área administrativa es de 33.8 hectáreas, en la cual se ubica la planta de proceso y una zona de relaves o de disposición de materiales procesados de 143.8 hectáreas. La descripción del proceso de extracción del oro, indica que el mineral extraído de la mina será transportado en camiones articulados hasta el triturador. Del triturador, el mineral es conducido por bandas transportadoras hasta la etapa de molienda donde será demolido y clasificado por tamaño. En esta área, el mineral se muele y se mezcla con agua y cal, se continúa al circuito de lixiviación de oro o disolución del oro en cinco tanques de acero, donde se coloca el material que contienen el mineral con una solución de cianuro y cal hidratada bajo estrictas normas de seguridad; esa pulpa será agitada mecánicamente y fluirá de un estanque a otro por gravedad. La pulpa llega a siete tanques con carbón activado de cáscara de coco con la capacidad de absorber el oro.  Se saca el oro con carbón del circuito y es bombeado a otra zona de procesamiento. Todas las áreas de la planta  están metidas en una especie de contenedor acuífero similar a una gran piscina, que es un sistema de contención secundaria que con pisos de concreto detendría cualquier derrame accidental. Para la destrucción del cianuro y recirculación del agua se dispone el siguiente proceso: la pulpa residual del cianuro será enviada a una planta de destrucción de cianuro denominada Cyplus Combinox, cuya tecnología garantiza que los materiales procesados y enviados al área de relaves estén libres de cianuro o se disminuya a niveles mínimos legales. Después de sedimentar los sólidos, el agua del área de relaves será rebombeada a la planta de proceso para que reinicie un nuevo ciclo de producción.

            XX.- Sobre el proyecto minero Crucitas y su comparación con otros proyectos mineros desarrollados anteriormente en el país. Durante la substanciación del recurso de amparo que ahora se conoce, y de manera concreta durante la realización de la vista celebrada el doce de noviembre de dos mil nueve, las partes recurrentes han señalado su preocupación por la experiencia minera desarrollada en el país en años anteriores, las cuales según su criterio, han sino negativas, nocivas y contraproducentes en materia ambiental, situación por la que plantean la interrogante sobre las garantías que actualmente existen o se ofrecen para evitar que las circunstancias acontecidas se presenten de nuevo en esta otra explotación minera; el argumento de las partes recurrentes se resume en que si ya hubo presuntos desastres anteriores, nada exime que en nuevo proyecto se presenten las mismas circunstancias. Sobre el particular, observa la Sala que en el denominado “Informe Especial Minería Química a Cielo Abierto: el caso de Las Crucitas”, aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en mayo de dos mil nueve, se enuncia cuáles son aquellos proyectos mineros y sus negativos impactos. Así, sobre la denominada mina Macacona, se indica que la misma fue la primera mina a cielo abierto que operó en el país hacia la década de los años ochenta del siglo pasado, y que a los nueve años de iniciada su operación hizo abrupto abandono del país, sin dejar indemnización adecuada por los daños causados. En este caso, aprecia la Sala que esta situación se presentó en un momento histórico en el cual el país carecía de la regulación ambiental –normativa e institucional- de la que ahora se dispone, situación que por sí misma determina la imposibilidad de comparación entre proyectos mineros realizados con una diferencia temporal de treinta años entre sí.

            XXI.- De igual forma, también se menciona en dicho informe la denominada mina Beta Vargas, en Chomes de Puntarenas, la cual el mismo documento señala que operó de manera ilegal durante los años mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho, y que luego de funcionar por poco más de un año también cesó sus actividades y a la fecha el proyecto se encuentra abandonado. Así, tampoco resulta comparable esta mina con el actual proyecto minero Crucitas, toda vez que mientras aquel se implementó al margen de toda actividad regulatoria, el proyecto que ahora se conoce está pretendiendo desarrollarse dentro de un marco normativo e institucional que permita acreditar el debido cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos.

            XXII.- Por otra parte, se menciona en este estudio la denominada mina Bellavista, señalada por las partes recurrentes como la experiencia más reciente y evidente de los negativos impactos de la minería a cielo abierto. Sin embargo, tampoco es de recibo el argumento de comparar esta mina con el actual proyecto minero Crucitas, por cuanto según señala el mismo documento, la mina Bellavista se acogió desde el principio al régimen de Zona Franca, lo cual la eximió del pago de impuestos nacionales y locales, situación que no acontece con el proyecto de la empresa recurrida, pues según se verá en el apartado correspondiente, como parte de los beneficios económicos de esta nueva actividad minera se señala justamente el pago de las obligaciones tributarias correspondientes. Asimismo, refiere el documento presuntos impactos negativos -«metales pesados y aguas cianuradas que podrían estar contaminando», «posible taponamiento»- que como tales no están plenamente acreditados aún, lo cual, aunado a la diferencia técnica entre ambos proyectos –los procesos de lixiviación y de destrucción de cianuro son distintos, la disposición del material estéril es diferente (ver descripción comparativa que consta a folio 4541)- implican que tampoco en este caso pueda equipararse una situación con la otra. La Sala no soslaya que en efecto puede haber consecuencias negativas para el ambiente con motivo de la ejecución de actividades económicas sin la debida regulación y control, pero también reconoce como inviable descartar una actividad determinada partiendo de su comparación con otras actividades que ciertamente no son puntos de referencia. Así, lo que se impone es precisamente determinar si en el caso concreto del proyecto minero que ahora se conoce, se ha cumplido con las previsiones que el Derecho de la Constitución define para la adecuada protección al ambiente.

XXIII.- Antecedentes jurídico-materiales del proyecto minero Crucitas. La empresa recurrida inició su etapa de exploración en la zona de Las Crucitas desde el año 1993, año en que le fue otorgada la concesión de exploración. En 1999 presentó el estudio de factibilidad económica, y mediante la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, números 3638-2005-SETENA de las nueve horas veinticinco minutos del doce de diciembre de dos mil cinco, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y concedió la Viabilidad Ambiental al Proyecto Minero Crucitas; el seis de diciembre de dos mil siete, la empresa presentó ante SETENA una propuesta de modificación del proyecto minero, aportando al mismo tiempo la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y el Plan de Gestión Ambiental actualizado para cada etapa del proyecto. Así, por resolución número 170-2008-SETENA, de las doce horas cincuenta minutos del cuatro de febrero de dos mil ocho, se aprobó la Modificación del Proyecto Minero Crucitas. Posteriormente, el veintiuno de abril de dos mil ocho, el Ministerio del Ambiente y Energía, mediante la resolución número 217, de las quince horas del día veintiuno de de abril de dos mil ocho, otorgó a Industrias Infinito S.A. la concesión de explotación minera –más adelante se verá con mayor detalle lo relativo a esta concesión, tramitada bajo el número de expediente 2594 de la Dirección de Geología y Minas-. En virtud de que el proyecto minero Las Crucitas está destinado a desarrollarse en un terreno cuya naturaleza es de bosque, resultaba necesaria la declaratoria previa de conveniencia nacional por parte del Poder Ejecutivo que autorizara el cambio de uso de suelo del terreno, por lo que el veintiuno de mayo de dos mil ocho la empresa recurrida solicitó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación el permiso para el cambio de uso de suelo, solicitud que fue tramitada mediante el expediente AH-O1-PM-003 2008, dentro del cual se le solicitaron los requisitos correspondientes, particularmente la declaratoria de conveniencia nacional por parte del Poder Ejecutivo. El decreto de conveniencia nacional es un procedimiento de excepción previsto en la Ley Forestal y adoptado por el Poder Ejecutivo con plena certeza de los impactos y la validez de las medidas de compensación que sean propuestas. En el caso concreto, mediante el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, de las trece horas del trece de octubre de dos mil ocho, emitido por el Presidente de la República de Costa Rica y el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito S.A. De conformidad con el artículo 2 de dicho Decreto, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles –incluso de las especies que estén vedadas- y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto. Sin embargo, en el artículo 3 se indica que la empresa desarrolladora deberá cumplir con cada una de las medidas de compensación previstas en el Considerando IX. Además, para el seguimiento y control de lo anterior, deberá rendir un informe a la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la que por su parte certificará el cumplimiento. Lo anterior fundamentado normativamente en los artículos 11, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, el numeral 27 de la Ley General de la Administración Pública, los artículos 3 inciso m), 19 inciso b),  33 y 34 de la Ley Forestal y el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 25721-MINAE, de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis. Asimismo, el Decreto sustenta su declaratoria en que la empresa recurrida cuenta según el Registro Nacional Minero de la Dirección de Geología y Minas, con el otorgamiento de la concesión de explotación minera dado por el Ministerio del Ambiente y Energía mediante la referida resolución número 217; con el otorgamiento por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –SETENA- de la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas, mediante resolución número 3638-2005-SETENA, de las nueve horas veinticinco minutos del doce de diciembre de dos mil cinco; a la cual posteriormente SETENA aprobó modificaciones al Proyecto mediante resolución número 170-2008-SETENA, de las doce horas cincuenta minutos del cuatro de febrero de dos mil ocho; y tomando en consideración que el proyecto minero Crucitas traerá varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el gobierno central.

XXIV.- Sobre la realización del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto minero Crucitas. El veinticuatro de enero de dos mil, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental recibió de parte de la Dirección de Geología y Minas el expediente minero número 2594, con la indicación de que se realizara el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. Ante ello, SETENA, mediante resolución número 486-2000-SETENA, de trece de junio del mismo año, informó a la Dirección de Geología y Minas que para atender esa solicitud requería la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, por lo que a partir de entonces se evidencia que dio inició el proceso de elaboración de dicho estudio. Así, mediante resolución número 119-2005-SETENA, de diecisiete de enero de dos mil cinco, SETENA requirió a la empresa recurrida la presentación de un anexo al Estudio de Impacto Ambiental bajo consideración, lo cual se cumplió el veintiséis de abril de dos mil cinco y, en consecuencia, se solicitó a la empresa el cumplimiento de otra serie de requisitos como el depósito de la garantía ambiental, el nombramiento de un regente ambiental y la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, entre otros, requerimientos cuyo cumplimiento la empresa informó a SETENA el treinta de setiembre de dos mil cinco. Así, mediante resolución número 3638-2005-SETENA, de doce de diciembre de dos mil cinco, se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y el Anexo presentado por la empresa recurrida, al mismo tiempo que se define una garantía ambiental de seiscientos mil dólares estadounidenses que deberá actualizarse año con año contemplando el número de hectáreas que se vaya a intervenir en cada período –por ejemplo, este primer monto fijado de seiscientos mil dólares estadounidenses se fijó en esa fecha con una vigencia hasta el dieciocho de junio de dos mil ocho-. De tal forma, es claro que sí existe un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad administrativa competente, y en el cual se fijó una garantía ambiental actualizable anualmente de conformidad con el área impactada año con año. Así, acreditándose la existencia de este estudio, lo que corresponde es determinar el ámbito de su cobertura de acuerdo a las violaciones aducidas por los recurrentes.

XXV.- Detalle cronológico de la realización y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas.  De conformidad con los artículos 3, 24 inciso ch), 101 y 102 del Código de Minería, así como del Anexo primero del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, todo permiso de exploración o concesión de explotación minera requiere de la elaboración previa de un estudio de impacto ambiental. Según consta en autos -ver folio 1318 del tomo IV del expediente administrativo No. AH01-PM-03-08-, tal como se ha indicado en el considerando precedente, el veinticuatro de enero de dos mil, la Dirección General de Geología y Minas remitió a SETENA una solicitud de revisión de lo que debía contener el estudio de impacto ambiental requerido para el Proyecto Minero Crucitas. En atención a esta gestión, SETENA emitió la resolución No. 486-2000-SETENA de trece de junio de dos mil, indicando que la presentación del mismo debía ajustarse a los términos de referencia ahí expuestos, lo cual le fue notificado también a la empresa desarrolladora el veintiuno de junio de  dos mil. Dicho estudio fue presentado por la empresa recurrida ante SETENA el día doce de marzo de dos mil dos -ver primer folio del Estudio de Impacto Ambiental-. De conformidad con la fecha de realización del Estudio, el mismo se hizo en atención a la resolución No. 486-2000-SETENA de trece de junio del dos mil y al Manual de Instrumentos Técnicos de Evaluación Impacto Ambiental de mil novecientos noventa y siete, que fue derogado posteriormente por el artículo 12 del decreto ejecutivo No. 32712 de diecinueve de  julio de dos mil cinco.  Las pautas establecidas para el Estudio de Impacto Ambiental de ese entonces, según el artículo 8.3, eran:

“i. Identificación de los impactos y riesgos: elaboración de un diagnóstico preliminar de las condiciones ambientales de la zona escogida e identificación inicial de los impactos y riesgos ambientales potenciales y su relación causal con las actividades propias del proyecto, obra o actividad a realizar. Se hace la primera identificación de posibles costos y beneficios.

ii. Selección de las prioridades de estudio: dadas las características del proyecto, obra o actividad (tamaño, localización, procesos, etc.) y las condiciones ambientales de la zona, se determinan cuales son los aspectos fundamentales que deben ser estudiados más detalladamente.

iii. Descripción del estado inicial del sitio o diagnóstico: se realiza un diagnóstico más detallado (biofísico, social y económico) del área de influencia del proyecto, obra o actividad.

iv. Selección de variables: Se escogen las variables (biológicas, químicas, físicas, sociales, y económicas) que servirán para sistematizar la información acerca del proyecto, obra o actividad a realizar y sus impactos ambientales potenciales. Además, se realiza la estimación de los costos y beneficios ambientales que servirán para realizar la evaluación económica del proyecto, obra o actividad.

v. Predicción de los impactos potenciales: se determina la intensidad de los impactos y riesgos ambientales a través de la predicción de los valores futuros de las variables de referencia.

vi. Tipificación de los impactos y riesgos ambientales: se definen las características de los impactos potenciales de acuerdo, entre otras características, con la duración del impacto, periodicidad, extensión, proximidad de la fuente, reversibilidad, y probabilidad de ocurrencia

vii. Elaboración de un Plan o Sistema de Gestión Ambiental: se determinan alternativas que permitan cambiar los impactos negativos a otros de menos magnitud o más favorables. Se hace el cálculo de las inversiones necesarias para la implantación de las medidas preventivas, mitigantes o compensatorias de los impactos y riesgos ambientales, y de los beneficios económicos y sociales que generan. Se incluye en este un subplan de Regencia Ambiental que desarrolla el grupo de acciones para la incorporación de las medidas preventivas, mitigantes o compensatorias dentro del proceso de implantación y operación del proyecto, obra o actividad, asignando las responsabilidades correspondientes de ejecución y evaluación del plan.”

Se utilizaba un formato creado por SETENA que se denominaba OCE -Orientador Conceptual para la Elaboración de EsIA- y, según el artículo 10.2, los impactos debían ser valorados por la matriz de importancia de impactos ambientales –MIIA-. El estudio aportado en aquella oportunidad incluyó un resumen ejecutivo, una introducción referida básicamente a los alcances del estudio físico-biótico, estudio socioeconómico, de evaluación arqueológica, objetivos, metodología, duración e instrumentalización. Asimismo, un capítulo de información general -sobre la persona jurídica, el equipo profesional que lo elaboró y los términos de referencia del EsIA realizado-, un capítulo de descripción del proyecto que abarca la ubicación geográfica, ubicación político-administrativa, resumen del proyecto, legislación aplicada, área estimada del proyecto y área de influencia, fases de desarrollo, actividades a realizar en cada fase, tiempo de ejecución, flujograma de actividades –procesos- que incluye transporte, reducción de tamaño y concentración gravimétrica, lixiviación y adsorción en circuito CIP, deserción del oro del carbón, lavado ácido y recuperación del carbón, electrodepositación y función, destrucción del cianuro, manejo de relaves y reciclaje de agua; infraestructura a desarrollar, equipo a utilizar en cada fase, necesidades de recursos durante la operación, disposición de desechos en cada fase, sistema de manejo ambiental, salud y seguridad -Plan de protección ambiental, Plan de respuesta ante emergencias, Plan de salud y seguridad ocupacional, Plan de impactos y beneficios comunales, Plan de manejo de Aguas, Plan de Manejo de Colas, Plan de Cierre y Recuperación-, contingencias -accidentes, malfuncionamiento y eventos no planeados como ruptura de represa de relaves, ruptura de tuberías, incendios, derrame de materiales peligrosos, accidentes públicos, accidentes laborales, descubrimiento de recurso arqueológico-, concordancia con el plan del uso de la tierra, análisis financiero y ajuste económico preliminar -Estudio Financiero-, descripción del ambiente físico -formaciones geológicas regionales, unidades geológicas locales, análisis estructural y evaluación, caracterización geotécnica, mapa geológico del área del proyecto y del área de influencia indirecta, evaluación de potencial drenaje ácido en saprofita, geomorfología, caracterización de suelos, clima, hidrografía, calidad del aire (ruido), amenazas naturales (sísmica: fuentes, historia, períodos de recurrencia, modelo de sismicidad, máxima duración probable de la sacudida sísmica, aclaración máxima; movimientos en masa, erosión, inundaciones, mapa de susceptibilidad)-; descripción del ambiente biológico -flora, unidades vegetales, pastos con árboles dispersos, charral, crecimiento secundario, bosque intervenido, plantación forestal, especies amenazadas, endémicas o en peligro de extinción, especies indicadoras, fauna, ecosistemas frágiles; descripción del ambiente socioeconómico -uso de la tierra, características de la población, empleo, tenencia de la tierra, seguridad vial, servicios básicos y de emergencia disponibles, percepción local sobre el proyecto, infraestructura comunal, sitios históricos, culturales, sitios arqueológicos, paisaje; diagnóstico ambiental (medio físico, biótico y socioeconómico), evaluación de impactos (aspectos metodológicos, actividades del proyecto y Contingencias), identificación de componentes ambientales valorados (CAV´s), matriz de interacción, criterios para valoración de impactos (cuantitativos y cualitativos), Impactos Ambientales en las Fases de desarrollo del proyecto sobre el Medio Físico y biótico (en el aire, agua, suelo, ecosistemas acuáticos y terrestres, en Especies en estado especial de conservación); Impactos Ambientales en fases de desarrollo del proyecto sobre el medio socioeconómico (uso del suelo, infraestructura comunal, servicios comunales, calidad de vida, empleo, economía local); Impactos ambientales por contingencias sobre el medio físico y biótico y sobre el medio socioeconómico, Medidas de Mitigación y/o Compensación, Plan de Gestión Ambiental (incluye costos), Equipo profesional que elaboró el EsIA, Referencias y Apéndices.

XXVI.- Mediante resolución Nº 272-2003-SETENA, de once de marzo de dos mil tres, SETENA comunicó a la empresa recurrida que en sesión ordinaria Nº 008-2003, de veinticinco de febrero de dos mil tres, se acordó en el artículo 38 no otorgar la viabilidad ambiental al proyecto, dado que el Estudio de Impacto Ambiental no cumplía con los objetivos del mismo y se dispuso archivar el expediente. El catorce de marzo de dos mil tres, la empresa recurrida presentó un Incidente de Nulidad, recurso de revocatoria y subsidiariamente de apelación, contra la resolución Nº 272-2003-SETENA, y por resolución Nº 811-2003-SETENA, de las catorce horas veinte minutos del siete de julio de dos mil tres, la Comisión Plenaria de la Secretaría procedió a rechazar el recurso de revocatoria y el incidente de nulidad. Posteriormente, en resolución Nº R-569-2003-MINAE, de las nueve horas treinta minutos del veinte de octubre de dos mil tres, el Ministro declaró con lugar el incidente de nulidad y el recurso de apelación en subsidio interpuesto por Industrias Infinito S.A., ordenando a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental retrotraer el expediente administrativo al momento en que se presentó ante SETENA el Estudio de Impacto Ambiental.

XXVII.- Así, el diecinueve de febrero de dos mil cuatro se publicó en el Periódico Al Día la lista de Estudios de Impacto Ambiental que se encontraban en esa Secretaría para su respectivo análisis, incluyendo en la lista al Proyecto Minero Crucitas, Expediente 129-2000-SETENA, otorgando un plazo de diez días para que cualquier interesado hiciera llegar sus observaciones técnicas en forma escrita, y se puso a disposición dicho estudio en el Área de Conservación y en la Municipalidad respectiva. Los días veintinueve y treinta de abril de dos mil cuatro, los miembros de la Comisión Plenaria realizaron una gira al Proyecto en cuestión, y el dieciséis de junio del mismo año se recibió en tiempo una oposición por parte de los señores Elí Roque Salas Herrera y la señora Blanca Lidia Vargas Monzón. Por resolución Nº 831-2004-SETENA, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del dos de junio de dos mil cuatro, la Comisión Plenaria de esa Secretaria, en Sesión Ordinaria Nº 018-2004, celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, en el artículo 68 acordó realizar el proceso de Audiencia Pública para el proyecto Minero Crucitas, la cual se programó para el treinta y uno de julio de ese mismo año en el Salón Comunal de COOPEVEGA. El veinticuatro de junio del año dos mil cuatro SETENA recibió nota por parte de los señores Sara Obando Cantón y el señor Elí Roque Salas en la cual solicitaban el traslado de la fecha de dicha audiencia, por considerar que el Frente de oposición a la Minería tenía poco tiempo para dar lectura y revisar el estudio de impacto ambiental; esta solicitud fue denegada mediante oficio SG-2271-2004-SETENA, de primero de julio de dos mil cuatro, aclarando que la fecha de la convocatoria no podía ser trasladada ya que se había venido realizando un trabajo de planeamiento y una serie de actividades de divulgación que hacían difícil dicho cambio. Se indicó además que dicho expediente corresponde al presentado aproximadamente hacía dos años, por lo cual el estudio ya era de conocimiento público. El cinco de julio de dos mil cuatro se publicó en el diario Oficial La Gaceta la resolución de Convocatoria a Audiencia Pública,  y el nueve de julio del mismo año se publicó en los periódicos El Norte, Al Día, Diario Extra y La República.  Además, se realizaron emisiones radiales y de televisión en la Zona Norte, con la finalidad de ampliar la participación ciudadana. Como parte del proceso de información y divulgación por parte de la empresa desarrolladora, el diecinueve de julio de dos mil cuatro se celebró en la Universidad Latina una exposición relacionada con el manejo de cianuro en la extracción de oro, el proceso INCO SO/2, la utilización y transporte del cianuro.  Finalmente, el treinta y uno de julio de ese año se llevó a cabo la Audiencia Pública, tal como se referirá en detalle más adelante.

XXVIII.- Sobre la participación de la sociedad civil en relación con el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas. De conformidad con lo dicho en considerandos precedentes, de previo a la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, debe permitirse y contarse con la participación de la comunidad, participación que trasciende la simple información de la actividad y los resultados del estudio, hacia la generación de un diálogo efectivo con la sociedad, de manera que se reciban sus insumos, se evacuen sus consultas y se les dé una efectiva e igualitaria participación. Según lo indicado, en el caso del proyecto minero Crucitas, a través de una publicación en un periódico de alcance nacional, el diecinueve de febrero se comunica al público que se había presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el respectivo Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas; el veintiséis de mayo de dos mil cuatro se comunicó a todos los apersonados al expediente 129-2002-SETENA que el Estudio de Impacto Ambiental se encontraba a disposición del público, y mediante resolución número 831-2004-SETENA, de dos de junio de dos mil cuatro, se convoca a una audiencia pública para conocer el Estudio, convocatoria que se difundió en distintos medios de comunicación nacionales y regionales. Así, el treinta y uno de julio de dos mil cuatro se realizó la audiencia pública en el Salón Comunal de Coopevega de Cutris, Esta audiencia tuvo una duración de once horas y en ella participaron los miembros de la Comisión Plenaria de SETENA –conformada por un representante de las universidades estatales, del Instituto Costarricense de Electricidad, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la propia SETENA-. Se indica que en esta actividad participaron mil ciento treinta y cinco personas, al punto que más de un centenar de personas debieron seguir la audiencia fuera del salón mediante un sistema de audio y video, y se asegura que al menos unas ciento cincuenta personas participantes manifestaron su oposición al proyecto minero. Se informa que la presentación del Estudio de Impacto Ambiental se realizó en un espacio de cuarenta y cinco minutos; se dio la participación de la Municipalidad de San Carlos durante quince minutos, y se otorgó treinta minutos a quienes se oponían al proyecto. Posteriormente se realizaron ciento nueve preguntas, las cuales fueron contestadas por la empresa recurrida. Más adelante se promovió la participación de aproximadamente cien personas para la formulación de comentarios –no preguntas-, y finalmente, treinta minutos más para que la empresa se refiriera a los criterios planteados. El veinte de agosto siguiente, la empresa desarrolladora aportó a SETENA la trascripción impresa y digital de la audiencia pública, así como un video De tal forma, es claro que durante la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas, el mismo sí fue debidamente socializado entre la comunidad, con lo cual se tiene por acreditado el mandato de informar y sostener un diálogo sobre el contenido y alcance de la actividad que se pretende desarrollar, y con ello, el respeto a la normativa que así lo dispone.

XXIX.- Sobre la continuidad de la tramitación y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas. Así, mediante resolución 119-2005-SETENA, de las ocho horas del diecisiete de enero de dos mil cinco, se previno a la empresa que a efecto de continuar con el proceso de evaluación de impacto ambiental, debía presentar un anexo en un plazo máximo de 6 meses, el cual contuviera los siguientes elementos:

“ANÁLISIS TÉCNICO Y LEGAL

1.  OBSERVACIONES LEGALES:

<![if !supportLists]>1.1  <![endif]>Aportar certificación actualizada de la personería jurídica del desarrollador.

<![if !supportLists]>1.2  <![endif]>Aportar los planos catastrados debidamente certificados por el Registro de la Propiedad o Notario Público, de los inmuebles en los cuales se va a desarrollar el proyecto.

<![if !supportLists]>1.3  <![endif]>Aportar certificaciones de la Propiedad, en la que se llevará a cabo el proyecto. Si las propiedades no se encuentran a nombre del desarrollador deberá aportar las respectivas autorizaciones con las firmas debidamente autenticadas, para llevar a cabo dicho proyecto.

<![if !supportLists]>1.4  <![endif]>Analizar e interpretar la situación jurídica del proyecto con respecto a los Convenios Internacionales ratificados con Costa Rica.

 

2-OBSERVACIONES TÉCNICAS:

2.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS:

2.1.1 Anotaciones a nivel de formulación de EsIA Proyecto Minero Crucitas

<![if !supportLists]>·         <![endif]>A nivel de formulación los planes de mitigación, prevención, emergencias y en general todos los planes de implementación para la etapa constructiva y operativa se encuentran definidos de manera genética. Dada la magnitud de la obra y la ejecución en fases del mismo,  se debe contar, a nivel de esta Secretaría, con dichos planes de manera concreta y detallada, referida a los primeros años de la construcción  y operación del proyecto.

 

2.1.2 A nivel de redacción y contenido del EsIA se obtiene lo siguiente:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>El estudio detallado de diseño presentado como un anexo se presentó en idioma inglés por lo tanto, no ha sido ni analizado, ni se puede utilizar como información para la toma de decisión.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Lo presentado dentro del EsIA para el análisis de la estabilidad de la presa relaves es relativo al comportamiento de diseño para condiciones estratégicas y dinámicas.  No se analizan los efectos de agentes erosivos como el agua dentro de la estabilidad de la misma, dado que la zona presenta altas precipitaciones debe de indicarse y analizarse otras fuentes de desestabilización propias de las inclemencias  y otros riesgos asociados.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Tampoco se detallan los sitios de préstamos de material para la presa de relaves ni su evaluación ambiental. Por tanto, esto debe ser debidamente detallado en el Anexo.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Aunque se indica en las páginas 153-154, las medidas de mitigación ante una posible ruptura de la presa de relaves, como son la contención o reducción de la extensión de la migración de los sólidos aguas abajo no se especifica cómo se lograría este punto sin el desarrollo de represas adicionales aguas abajo, su ubicación, diseño, etapa de construcción, sitios de préstamos, y en general toda la evaluación de eficiencia-eficacia de las mismas, así como la evaluación ambiental de las mismas. Por tanto, esto debe ser debidamente explicado en el Anexo.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>No se ubica ni se especifican las modificaciones que sufrirá el relleno sanitario propio con el inicio de la fase de construcción y la operación de la mina.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Aunque se establece una manera satisfactoria la eventualidad de la ruptura de las tuberías de lodos que se dirigen a la represa de relaves, no se indica, describe ni analiza, la tubería que transporta lodos desde las parcelas de explotación y su posibilidad de ruptura con el análisis de planes de contingencia o emergencia. Por tanto, esto debe ser debidamente explicado en el Anexo.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Existen datos contradictorios en la generación de drenaje ácido de minas; por lo tanto no queda claro si se generará drenaje ácido de mina y, si es del caso, que medidas de mitigación, prevención o compensación se tomarán

<![if !supportLists]>·         <![endif]>     Los datos de precipitaciones aportados dentro del EsIA como dato para diseño son de 450 mm/mes pero los datos de la estación Crucitas, mientras estuvo activa, indica valores muy superiores dejando la impresión de que se está efectuando una sub-valoración de un factor primordial al establecer los diseños y factores de seguridad de la obra, por tanto se deberá indicar claramente los datos utilizados en el diseño y si es del caso modificar los mismos para incluir las condiciones extremas detectadas por la estación Crucitas.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>No hay definición de la topografía final del tajo o del patio de lamas. Por tanto esto debe ser debidamente explicado en el Anexo.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>El análisis sísmico efectuado y aportado dentro del EsIA define un período de retorno para la aceleración pico de 50 años. El Código Sísmico  (2002) define el período de retorno para la aceleración pico de 500 años y especifica que construcciones más complicadas como puentes o represas deben realizar estudios complementarios o específicos, por lo tanto se deberá realizar un nuevo análisis de amenaza sísmica ajustado a un parámetro acorde al tipo de obra en cuestión, adicionalmente se deberá elaborar un estudio de respuesta de suelo para conocer los períodos de predominancia, factores de amplificación, (espectros de respuesta) con lo cual conocer la resonancia del suelo ante eventos sísmicos y tener un análisis de amenaza sísmica ajustado a la magnitud de la obra a realizar.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Aunque se incluye como un elemento de la obra, la planta de generación eléctrica, ésta no es evaluada ambientalmente, ni incluida dentro de los planes de mitigación, prevención o de emergencia, así como en los controles de monitoreos propuestos. Este particular deberá ser subsanado adecuadamente.

 

De los informes preexistentes se pueden señalar las siguientes deficiencias:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Respecto de las áreas de influencia directa e indirecta, deben ser explicados los criterios mediante los cuales se definieron dichas áreas, ya que, corresponde al equipo consultor definir, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, si el AID es de 500 m  o es mayor o incluso menor. Se debe considerar que un proyecto de estas características, implica actividades tales como el transporte de sustancias peligrosas, implementación de lagunas de relaves, transporte de productos dentro y fuera del área, entre otros. Por otra parte, la lámina 5.4 que corresponde al Mapa de Areas de influencia debe incluir los elementos mencionados en el cuadro dentro de la página 60, como son: Quebrada Tamagá (mina), hasta la confluencia con la Quebrada Chamorro, la Microcuenca de la Quebrada Descubrimiento hasta la confluencia con el Caño Crucitas y las comunidades de Crucitas, Chamorro, Moravia, El Roble, Coopevega del distrito Cutris y las comunidades de Jocote y Llano Verde, debido a que estos elementos marcan los límites de las áreas de influencia definidas.

 

<![if !supportLists]>·         <![endif]>De la página 384 a la página 388, se resumen en un cuadro las medidas de mitigación y compensación, sin embargo, éste no es práctico para realizar el análisis e induce a confusión al analista, de manera que se debe hacer un análisis conjunto de los factores ambientales y sus interrelaciones, el impacto producido y las medidas de mitigación propuestas.

 

2.2 ASPECTO BIOLÓGICO:

El análisis del ambiente biológico se basa en listas taxativas a partir de referencias bibliográficas de 1966. El análisis carece de un estudio de campo consistente. Los impactos que se anticipan se propone mitigarlos mediante propuestas muy genéricas.

Así mismo se presentan algunas medidas compensatorias y se propone la recuperación de los terrenos afectados mediante regeneración natural y/o mediante plantaciones forestales. No se contemplaron aspectos como territorios de especies existentes (sobre todo de especies en peligro como felinos, monos y aves como lapas etc) ni se incluyeron en las listas presentadas las especies no leñosas con lo que se hace imposible analizar realmente el ecosistema de manera integral.

Por el tipo de proyecto y las diferentes comunidades bióticas existentes en el área del proyecto es necesario realizar un estudio biológico sistémico que responda satisfactoriamente a lo señalado anteriormente y que garantice,  con cierto grado de certeza, la no afectación de especies, en particular, aquellas con algún grado de protección especial (endémicas, en peligro etc.) y la recuperación efectiva de las comunidades bióticas que necesariamente deberán ser afectadas. Por lo anteriormente señalado se deberá reforzar la información existente mediante estudios específicos de campo según las siguientes directrices:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Realizar un inventario exhaustivo de la fauna y la flora existentes en el área a ser afectada por el proyecto. (dentro de la flora deben incluir las plantas no leñosas)

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Realizar un muestreo significativo de las zonas aledañas al área del proyecto. Para lo anterior deberá delimitar un Area de influencia indirecta del proyecto, según sean las especies de fauna y sus requerimientos de hábitat (extensión) que se encuentren o utilicen en Area del proyecto (AP).

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Realizar un estudio significativo del estado de las poblaciones (flora y fauna) de las especies que estén con algún grado de protección (en peligro, amenazadas, endémicas etc) en el AP.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Dado que el Area del Proyecto es utilizada por alguna (s) especie (s) de felino (s), según lo afirmado por el Biólogo Manuel Mora en la Audiencia Pública realizada, que las especies de felinos poseen un territorio considerablemente extenso, que dichas especies se encuentran bajo algún grado de protección por ser especies en peligro, que dichas especies serán afectadas (directa o indirectamente) por el proyecto: Realizar un estudio exhaustivo de dichas especies en el Area del Proyecto, realizar un estudio que refleje, con cierto grado de certeza, cómo se afectarán las poblaciones existentes de felinos en el área de influencia indirecta ya que los felinos que utilicen el AP se deberán desplazar a sitios aledaños y demarcar nuevos territorios, con lo que otros individuos de esta y otra especie se podrán ver afectados por la nueva competencia. Realizar un estudio de hábitats alternativos según sea la duración del proyecto y la recuperación efectiva del hábitat existente (deberá tomarse en cuenta que muchas especies no utilizarán el hábitat restaurado hasta tanto el ruido, la presencia, humana etc, sean adecuados o inexistentes)

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Realizar lo mismo que se estipula en el punto anterior, para todas aquellas especies que se indique en el AP y que posean territorios lo suficientemente grandes (monos, lapas, etc.) como para afectar las poblaciones existentes en el Area de influencia indirecta incluir aspectos relacionados con las mitigaciones en relación con los hábitos alimenticios y reproductivos

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Plantear medidas de recuperación  (en forma de un compromiso específico) del área que se afectara por la extracción de metales u otras actividades de proyecto de modo que: se restaure o mejore el hábitat existente en la actualidad. En este punto el compromiso y las medidas a aplicar deberán ser muy específicas para RECUPERAR EL HABITAT Y NO PARA SUSTITUIRLO POR ECOSISTEMAS FORESTALES U OTROS.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Del mismo modo, realizar un estudio de las posibilidades de organismos acuáticos que se podrían ver afectadas o indirectamente por el proyecto. Incluir en este ítem el concepto de “Afectación Potencial”, por tanto, no bastará afirmar que no se afectarán dichos cursos de agua.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Justificar científicamente y de manera detallada el por qué esta zona puede o no ser deforestada y luego recuperarse de manera efectiva. (No hacer referencia a aspectos socioeconómicos, ni legales en este ítem)

 

2.3- ASPECTO FORESTAL:

<![if !supportLists]>1.                  <![endif]>Areas a invertir

 

De acuerdo al cuadro siguiente, se requiere intervenir parcial o totalmente, áreas boscosas con una extensión aproximada  a las 225.27 hectáreas. Los sitios más intervenidos serán los conocidos como Cerro Fortuna (60 hectáreas), Cerro Botija (45 hectáreas), área de relaves (113.4 hectáreas) y área de embalse (7.48 hectáreas).

Sector

	

Area a intervenir en Hectáreas

	

Observaciones




Relaves

	

113.4

	

Bosque natural e intervenido




Embalse

	

7.48

	

Bosque natural sin intervención




Extracción

	

103.81

	

Incluido Cerros Botija y Fortuna compuestos por bosques intervenidos




Estanques de Clarificación

	

1.03

	

 




Planta

	

0.00

	

 




Edificaciones

	

0.23

	

 




Depósito temporal de materia orgánica V suelo

	

0.35

	

 




TOTAL

	

225.27

	

 

 

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Los Cerros Botija y Fortuna muestran un tipo de bosque con indicaciones claras de que fueron sometidos a una fuerte extracción de madera hace unos 15 o 20 años atrás. Esta situación se evidencia por la poca presencia de árboles comerciales mayores a 60 cm DAP y la observación de varios troncos de árboles cortados, especialmente de especies como caobilla, pilón y otras.

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>El Estudio de Impacto Ambiental es omiso en cuanto a los datos exactos de la estructura, datos volumétricos y composición florística de los bosques que serán intervenidos o eliminados. Por otra parte, en el estudio se indica que se trata de bosques de crecimiento secundario y bosques intervenidos, sin que se aporten datos científicos que permitan estratificar adecuadamente las zonas a las que se aplicará una eliminación temporal de la cobertura forestal y de aquellas con un efectivo cambio de uso. Esto requiere una ampliación de los estudios de campo que impliquen la estratificación normal para áreas sin intervenir e intervenidas en los bosques AP.

<![if !supportLists]>4.            <![endif]>Se debe solicitar a la empresa la realización de estudios más profundos de la cobertura forestal del área, con una secuencia como la que se indica a continuación:

<![if !supportLists]>a.          <![endif]>Realización de un mapa de zonificación de las áreas a intervenir a fin de identificar claramente las áreas de repastos, repastos arbolados, zonas de reforestación, charrales y bosques. Para el caso de los bosques se debe realizar una estratificación de los mismos a fin de  diferenciar cuando se trata de bosques primarios, secundarios e intervenidos.

<![if !supportLists]>b.          <![endif]>Para el caso de los repastos arbolados y charrales a intervenir, debe realizarse un inventario pie a pie a fin de conocer el número de árboles a cortar por especie y el volumen en m3 de madera rolliza que deberá ser eliminada de este tipo de cobertura.

<![if !supportLists]>c.           <![endif]>Para el caso de las áreas de bosques debidamente estratificadas, debe realizarse primeramente un muestreo preliminar con una intensidad de muestreo no menor al 5%. Este muestreo nos dará información clara del número de árboles/ha, el volumen/ha, el área basal de estrato en estudio, la distribución diamétrica por especie y la composición florística de la masa forestal.

<![if !supportLists]>d.          <![endif]>Con los datos obtenidos, los profesionales forestales podrán clasificar los tipos de bosque a intervenir o eliminar, debido a que la Administración Forestal del Estado ya cuenta con parámetros que permiten realizar esta diferenciación.

Por otra parte,  la composición florística obtenida nos permitirá conocer si en el área de corta existen especies de flora amenazadas o en peligro de extinción, para lo cual deberán plantearse recomendaciones específicas  para la protección y reproducción de las mismas.

<![if !supportLists]>e.           <![endif]>Los diferentes tipos de bosque identificados (primarios, secundarios o intervenidos),  debidamente ubicados en un mapa a escala adecuada, que necesariamente requieran ser eliminados, deberán ser sometidos a un inventario forestal total (Pie a pie) a partir de 30 cm DAP o bien el Diámetro Mínimo de corta que se señale el Area de conservación correspondiente del MINAE. Lo anterior debido a que las eventuales autorizaciones de corta o permisos oficiales están basados en especies, número de árboles y volumen total en metros cúbicos de madera rolliza.

<![if !supportLists]>f.            <![endif]>Los datos volumétricos obtenidos para la composición florística, serán básicos para los programas de recuperación que deberán aplicarse en términos de áreas especies. En los diferentes foros que se han realizado sobre el proyecto, se dice que se reforestarán 336 hectáreas como medida compensatoria, sin embargo esta cifra puede ser suficiente o insuficiente, hasta tanto no se tengan datos claros del volumen de la masa forestal afectada.

<![if !supportLists]>g.          <![endif]>El inventario forestal debe hacerse de tal manera que se tengan datos exactos de número de árboles a cortar por especie y su volumen en m3, para cada uno de los cuarteles anuales de intervención (21 hectáreas), lo anterior debido a que posiblemente las autorizaciones oficiales de corta podrían ser anuales.

<![if !supportLists]>5.            <![endif]>Debe tenerse presente que la eliminación de algunas áreas de bosque por el proyecto representaría un cambio de uso del suelo. Sin embargo en otras, está programado que al empezar la extracción del próximo bloque de 21 hectáreas, se estaría avanzando con la recuperación técnicamente controlada y aprobada, del bloque anterior. Por lo anterior, la empresa, con los datos de los muestreos, inventarios forestales y composición florística obtenida, debe aportar un plan de manejo forestal que garantice una adecuada recuperación de las áreas a intervenir, en términos de volumen y representación de las especies forestales presentes en el AP, así como las medidas compensatorias para aquellas áreas que impliquen un cambio de uso permanente.

 

2.4-ASPECTO SOCIAL: 

Con relación a las medidas de mitigación propuestas en la página 380, en general se presentan como una lista descriptiva y no necesariamente como acciones correctivas concretas para mitigar los impactos:

<![if !supportLists]>2.4.1        <![endif]>Se menciona en el número 34 que se promoverán instancias de participación con los representantes de la empresa y las comunidades, sin embargo, se debe indicar concretamente con cuáles acciones será promovida dicha participación.

<![if !supportLists]>2.4.2        <![endif]>En la misma página en la medida número 37 indicar cuál es ese programa de capacitación empresarial para los habitantes de las comunidades aledañas o cómo se implementaría, puesto que está estipulado como una intención y debe ser una medida concreta.  Igualmente indicar las acciones concretas específicas para llegar a cumplir el objetivo planteado en la medida 38.

<![if !supportLists]>2.4.3        <![endif]>Además se debe realizar un análisis detallado sobre los siguientes aspectos:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Evaluar la dinámica poblacional antes, durante y después del proyecto.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Estimar la situación social Post-Proyecto

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Proponer medidas sociales Post-Proyecto

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Diagnóstico y estimación de la calidad de vida de la población antes, durante y después del proyecto.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Evaluar y proponer medidas en torno a la seguridad ciudadana.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Evaluar conflictos sociales y proponer soluciones.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Cuantificar la generación de empleo directo a los habitantes de la zona.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Proponer medidas socioeconómicas específicas para mitigar la situación post proyecto de acuerdo con los resultados que se obtengan del análisis de los ítems solicitados anteriormente en esta Resolución.”

El veintiséis de abril de dos mil cinco, la empresa recurrida presentó ante SETENA el anexo prevenido, el cual fue aprobado y mediante resolución 2237-2005-SETENA, de treinta de agosto de ese mismo año, se le previno efectuar el depósito de garantía ambiental, nombrar un responsable ambiental, presentar un libro de actas para habilitarlo como bitácora y adjuntar la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, todo lo cual fue aportado por la desarrolladora el treinta de setiembre de dos mil cinco. Finalmente, mediante resolución No. 3638-2005-SETENA, de las nueve horas veinticinco minutos del doce de diciembre del dos mil cinco, se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto minero en estudio por un período de dos años para el inicio de la extracción -ver folios 1313 y 1318 del tomo IV del expediente administrativo No. AH01-PM-03-08-.

XXX.- Señalado lo anterior, debe indicarse que SETENA, como órgano técnico competente para determinar la viabilidad ambiental del Proyecto Minero Crucitas, solicitó de acuerdo a los parámetros vigentes en aquella oportunidad -entiéndase doce de marzo de dos mil dos, momento en el cual fue presentado el Estudio de Impacto Ambiental- el cumplimiento de los requisitos técnico-legales del mismo, lo cual se evidencia y desprende de todas las actuaciones expuestas. En este sentido, este Tribunal en forma unánime ha sido enfático en establecer en reiterados pronunciamientos, que no es una instancia técnica a la que competa determinar si el estudio de impacto ambiental se ajusta o no a los requerimientos profesionales; ha indicado la Sala que:

“…Así las cosas, debe dejarse claro que este Tribunal no es una instancia técnica a la cual le competa verificar si un estudio de impacto ambiental fue bien preparado o no, sobretodo cuando los mismos profesionales que lo cuestionan indican que se debe revisar más minuciosamente el mismo (folio 371) y que los recurridos cuestionan el que se ha realizado una revisión parcial del estudio impugnado (folios 469 y 470). Precisamente SETENA que es la entidad encargada de tal verificación estimó que el mismo sí cumple con la información necesaria para evaluar y predecir el impacto que la construcción del túnel tendría en la zona, y en razón de ello lo aprobó. En todo caso, si los recurrentes consideran que en este estudio no se realizaron todas las mediciones adecuadas o contemplaron todos los aspectos, es un asunto que debe ser dirimido ante esa instancia [SETENA], conocedora técnica en esta materia.” (sentencia No. 2004-9927)

“…Precisamente estas entidades -en particular SETENA- que son las encargadas de revisar dichos estudios, estimaron que los mismos sí cumplen con la información necesaria para evaluar y predecir el impacto del proyecto minero en la zona, y en razón de ello éste fue aprobado, otorgándose la Viabilidad Ambiental y los demás permisos que en los considerandos anteriores se citaron. En todo caso, si los promoventes consideran que los estudios no se realizaron de manera adecuada o estiman que no se contemplaron todos los aspectos necesarios –por tratarse de empresas privadas contratadas por la empresa concesionaria-, ello constituye un asunto que debe ser dirimido ante las instancias conocedoras de los aspectos técnicos en esta materia, y no ante la jurisdicción constitucional, en virtud de que se trata de un aspecto que escapa de la esfera de su competencia.” (sentencia No. 2005-5790)

En consecuencia, de lo expuesto y no encontrando motivo para variar de criterio, debe señalarse que lo relevante a efectos de esta jurisdicción, es que se hayan realizado los estudios que establece nuestra legislación y que una vez revisados por los profesionales técnicos oficiales correspondientes se determine la viabilidad o no del proyecto, contemplando a priori los impactos que puedan producirse en el ambiente, su valoración, mitigación y compensación.

XXXI.- Sobre los aspectos técnicos considerados en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas. El Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para el proyecto minero Crucitas –realizado de conformidad con el Decreto 25705-MINAE, denominado “Procedimientos de SETENA”-, es un documento de 437 páginas que incluye, entre otros y según lo ya indicado en los considerandos precedentes, los siguientes aspectos técnicos: situación del proyecto con relación a los sismos; la precipitación promedio anual; el área de influencia del proyecto; el área total del proyecto y las zonas de impacto; los relaves que se producirá; la situación del dique de la laguna de relaves; las contingencias y riesgos ante una eventual ruptura de la laguna y la represa de relaves; el agua que se utilizará en el proceso; cómo se dispondrán los materiales extraídos; los planes de cierre para cada una de las fases; la situación climática de la región; la hidrografía de la zona; la calidad del aire; las amenazas naturales al proyecto; el ambiente biológico en las áreas de impacto del proyecto, con particular énfasis y detalle de las especies de flora y fauna existentes en la zona –explicitando que no existen especies de flora endémica en peligro de extinción y que existen áreas de bosque intervenido-; la descripción del ambiente socio-económico; el diagnóstico ambiental de los medios físico y biótico; las medidas de mitigación y compensación. De igual forma, considera la evaluación de impactos en materia de contingencias; calidad del agua; ruptura de la represa de relaves; ruptura de tuberías; derrame de materiales peligrosos; capacidad de uso de suelo. En este sentido, es claro que el Estudio de Impacto Ambiental evaluado y aprobado por SETENA es un amplio documento que considera y valora variados elementos que podrían ser impactados con la actividad propuesta. Este estudio, al ser aprobado por la autoridad administrativa correspondiente, acredita que la administración ha tenido la oportunidad de valorar los diferentes aspectos allí considerados, y ha concluido que en los términos propuestos, la actividad bajo estudio puede ser ejecutada.

XXXII.- Sobre la Propuesta de Modificación al Proyecto Minero Crucitas. Estando ya otorgada la viabilidad ambiental al proyecto, y tomando en consideración una serie de factores externos por los cuales se consideró conveniente la modificación del proyecto inicial –legislación interna del país de origen de la empresa desarrolladora, precio internacional de la onza de oro y factibilidad económica de la empresa-, el seis de diciembre de dos mil siete la empresa recurrida presentó ante SETENA lo que denominó “Propuesta de Modificación al Proyecto Minero Crucitas”, adjuntando para ello la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, la cual incluye el Plan de Gestión Ambiental actualizado para cada etapa del proyecto y los Planes de Monitoreo -folio 1292 del tomo IV del expediente administrativo No. AH01-PM-03-08)-. La Propuesta de Modificación fue preparada por profesionales en Arquitectura, Ingeniería Forestal, Biología -especialistas en Mastozoología, ecosistemas terrestres, herpetología, entomología, botánica, recuperación de hábitats acuáticos-, Geología, Hidrología, Sociología y Geografía. El documento consta de Justificación, Introducción, Ubicación geográfica, Ubicación político-administrativa, Cambios propuestos al proyecto, Cuadro comparativo del proyecto en relación a los cambios propuestos, Descripción del medio -Medio físico, Medio biológico, Medio socioeconómico-, Identificación de impactos -Actividades del proyecto, Identificación de componentes ambientales valorados, Matriz de interacción-, Valoración de impactos ambientales durante las fases de construcción, de operación y de cierre; Medidas de mitigación y/o compensación en esas mismas tres fases, Cuadro resumen del plan de gestión ambiental. Se aportaron también láminas de Ubicación del proyecto, Componentes del proyecto, Manejo de relaves, Ubicación de toma de agua y un capítulo de apéndices que incluye el Manual de Procedimientos de Voladura de EXPLOTEC, Estudio del conocimiento y la percepción local de la modalidad de explotación roca dura, así como Recomendaciones para un Plan de Restauración Ecológica del Lago Artificial y la Laguna de Relaves del Proyecto Minero Crucitas. Para su realización se contó con la actualización de los siguientes estudios realizados en el año 2007:

<![if !supportLists]>§         <![endif]>Fernando Nietzen Rovira, 2007: Actualización de las condiciones geológicas y de amenazas naturales en el área del Proyecto Minero Crucitas.

<![if !supportLists]>§         <![endif]>Hugo Rodríguez Estrada, 2007: Actualización de las condiciones hidrogeológicas en el área del Proyecto Minero Crucitas.

<![if !supportLists]>§         <![endif]>Luis Carlos Paniagua Carvajal, 2007: Actualización de las condiciones hidrográficas y climáticas en el área del Proyecto Minero Crucitas.

<![if !supportLists]>§         <![endif]>Rolando Barrientos Saborío, 2007: Inventario y Plan de Manejo Forestal Proyecto Minero Crucitas.

<![if !supportLists]>§         <![endif]>Tania Bermúdez Rojas, 2007: Plantas no leñosas en el área del Proyecto Minero Crucitas.

<![if !supportLists]>§         <![endif]>Mónika Springer y Danny Vásquez Acosta, 2007: Actualización del estudio biológico del área del Proyecto Minero Crucitas, con énfasis en macroinvertebrados acuáticos.

<![if !supportLists]>§         <![endif]>Mario Espinoza Mendiola, 2007: Descripción y evaluación ecológica de la ictiofauna. Informe base para la evaluación de impacto ambiental del Proyecto Minero Crucitas. (ver capítulo 3)

Según los datos aportados en el capítulo 3.3 de la Propuesta –referido al medio socioeconómico-, el cambio en la modalidad de explotación que propone la empresa no ha generado actitudes negativas en la población; por el contrario, las comunidades consideran que esta modalidad además de ser menos impactante para el ambiente por reducir significativamente el área de explotación –y por ende reducir el área donde debe quitarse la cobertura boscosa-, generará aumento en los empleos, lo que redundará en mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas al sitio. La modalidad de explotación de la roca dura fue ampliamente difundida entre la población local, pues la empresa propició un proceso de divulgación y análisis de las características de esa modalidad de explotación y de sus efectos, información que ha estado disponible a todos los sectores de las siete comunidades que integran el área de influencia del proyecto –detalle de esta socialización se encuentra más adelante al analizar algunos de los cambios propuestos-.

            XXXIII.- En términos generales sobre la modificación del proyecto y los cambios relacionados. La propuesta de modificación al proyecto minero se puede resumir en los siguientes aspectos. El área de extracción se reduce de 126.4 hectáreas a 50 hectáreas, lo que significa una reducción de un 60% del área que cuenta con viabilidad ambiental, al mismo tiempo que disminuye el número de árboles a cortar, los cuales pasan de 7,409 a 2,942 árboles, es decir, no cortar un 60% de los árboles previstos. En materia de recuperación del suelo o aspectos forestales, se propone reforestar 382 hectáreas contra las 336 hectáreas del proyecto inicial, sembrándolas con especies nativas plantadas en el vivero del proyecto –antes se sembrarían especies comerciales como la Melina o la Teca-; así, a modo de compensación por las áreas que permanecerán como lagunas -relaves y lago Fortuna- esta reforestación de 382 hectáreas de potreros representará una compensación de un 57% del espejo de agua total que permanecerá en la zona. A partir del cambio propuesto, la vida útil del proyecto aumenta en dos años, lo cual redunda en un beneficio económico para las comunidades y el Cantón de San Carlos, lo que se verá reflejado en los impuestos y permanencia de la empresa apoyando los compromisos socioeconómicos que ha iniciado incluso antes de la fase constructiva. En materia de empleo, en la fase constructiva se generará un aumento de un 144%, ya que bajo el modelo anterior se esperaba contratar ciento veintitrés personas y ahora se contratarán trescientas personas; mientras que en la fase operativa habrá un incremento en empleos directos de un 67%, ya que en lugar de contratar ciento cincuenta, se contratarán doscientos cincuenta personas. También se informa una modificación positiva en los aspectos económicos, pues durante la producción de la mina se pagará aproximadamente ¢2,369 millones de colones por año en Impuesto de la Renta; ¢515 millones de colones anuales en pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social; en impuesto de minas -establecido en el Código de Minería- que corresponde a un 2% de las ventas brutas, se pagarán ¢474.8 millones de colones anuales que se deben dividir en partes iguales, o sea, un 1% que corresponde a ¢237.4 millones de colones anuales para la Municipalidad de San Carlos, y el otro 1% para las Asociaciones de Desarrollo de la zona. Todo esto aunado a los pagos de cánones y patentes, entre otros aspectos -ver capítulo 2 Introducción-.

            XXXIV.- La valoración de impactos ambientales de la propuesta de modificación. El capítulo cinco de la Propuesta de Modificación al proyecto minero Crucitas, contiene la valoración de impactos ambientales en cuanto al aire, el agua, el suelo, los ecosistemas acuáticos y terrestres, la calidad de vida, el empleo y el ingreso. Especifica que el aire manifiesta un impacto positivo moderado de +50 en lo que atañe a la reducción de las necesidades de transportes de suministros y trabajadores, y un impacto positivo severo de +57 por la reducción del área de extracción. En cuanto al recurso hídrico, señala un impacto negativo moderado de -37 por la cantidad de trabajadores en la fase de construcción, pero también un impacto positivo severo de +60 por la reducción del área de extracción. En lo que atañe al suelo, refiere un impacto positivo moderado de +45 por la ubicación del campamento en un área menor compuesta actualmente por potreros, así como un impacto positivo severo de +69 por la reducción del área de extracción. También en los sistemas acuáticos se refleja un impacto positivo severo de +51 por la disminución en el arrastre de sedimentos, mientras que sobre los ecosistemas terrestres se muestra un impacto positivo moderado de +43, también por la reubicación del campamento y la utilización del sitio original para planes de regeneración natural e inducida, y un impacto positivo severo de +67 al reducir el área afectada por la corta de árboles. En lo que respecta a la calidad de vida, se señala un impacto positivo moderado de +50 por la seguridad de los trabajadores y su acceso a los servicios que se prestará; un impacto positivo moderado de +50 al no alterarse un área con cobertura boscosa; y un impacto positivo severo de +68 por brindar una solución al desempleo en la zona. También se acredita un impacto positivo severo de +68 en materia de empleo e ingreso, por la generación de empleos directos e indirectos, así como por los programas de capacitación impartidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje en virtud de un convenio suscrito con la empresa, y los programas de promoción de pequeñas y medianas empresas en la zona.

            XXXV.- Un ejercicio similar se repite en materia de la valoración de impactos durante la fase de operación, en cuyo caso se señala para el aire un impacto negativo moderado de +29 por el reducido impacto de la posible emisión de gases y partículas con motivo de la utilización de explosivos, pero un impacto positivo crítico de +76 por no requerir el proyecto del funcionamiento de una planta a combustible para la generación de electricidad. En cuanto al agua se informa un impacto negativo moderado de -49 por la posible intersección del acuífero inferior en el proceso de excavación; un impacto negativo moderado de -43, por la existencia de la laguna de relaves; de un impacto negativo moderado de -39 por el aumento en la cantidad de empleados; y un aumento positivo moderado de +49 por la eliminación de la planta generadora de electricidad. Los ecosistemas acuáticos mostrarían un impacto negativo moderado de -45 por la disposición del material estéril en la laguna de relaves; un impacto negativo moderado de -44 por el aumento en la mano de obra; y un impacto positivo moderado de +47 por la eliminación de la planta de generación. Por su parte, los ecosistemas terrestres aparecen con un impacto negativo moderado de -38, por la utilización controlada de voladuras; un impacto negativo moderado de -45 por el manejo de roca estéril; un impacto negativo moderado de -37 por el aumento en la demanda de mano de obra; y un impacto positivo moderado de +40 por la disposición de un área mayor de regeneración, lo cual también genera un impacto positivo moderado de +40 en el uso de suelo. Un impacto positivo crítico de +77 se muestra en materia de infraestructura y servicios comunales, incluyendo la instalación de una red de distribución de energía eléctrica. La calidad de vida muestra un impacto negativo moderado de -48 por los temas de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, pero hay un impacto positivo severo de +66 por la eliminación de la posibilidad de generar drenaje ácido; también se aprecia un impacto positivo severo de +68 por la generación de empleo, y un impacto positivo moderado de +40 por el aumento en la vida útil de la mina –lo que trae aparejado el aumento en el pago de impuestos, cuotas obrero-patronales, entre otros-; hay un impacto positivo crítico de +78, nuevamente por eliminar la planta generadora de electricidad, y un impacto positivo moderado de +40 por existir una mayor área de reforestación. En cuanto al empleo y el ingreso, se indica un impacto positivo severo de +68 por el aumento de empleos directos.

            XXXVI.- La fase de cierre técnico del proyecto también fue valorada en términos socio-ambientales. Así, en lo que atañe al agua, se concluye un impacto positivo moderado de +49 por la eliminación de la posibilidad de impactos sobre el recurso hídrico; mientras, el suelo muestra un impacto negativo moderado de -42 por la formación del lago Fortuna, pero un impacto positivo severo de +58 por la regeneración con especies nativas. Los ecosistemas acuáticos también aparecen con impacto positivo severo de +67 por el potencial que reviste el lago Fortuna y la laguna de relaves, así como un impacto positivo severo de +64 por la regeneración con vegetación nativa en los alrededores de estos cuerpos de agua. Por su parte, los ecosistemas terrestres aparece con un impacto negativo moderado de -41, precisamente por la formación de un lago que antes no existía, pero con un impacto positivo severo de +61 al crearse las condiciones idóneas para la regeneración de la vegetación. El uso de suelo también aparece con un impacto negativo moderado de -42 por la formación del lago, pero un impacto positivo crítico de +80 por la reforestación con especies nativas.

            XXXVII.- Así, se evidencia que la Propuesta de Modificación del proyecto minero Crucitas sí se incluye una relación de impactos, costos y beneficios socio-ambientales, asignando a cada uno de los ítemes puntuaciones concretas que son tenidas en cuenta por la administración para la adopción de las resoluciones técnicas que corresponda.

            XXXVIII.- Sobre las medidas de mitigación planteadas en la Propuesta de Modificación. El capítulo 6 de la Propuesta considera qué medidas de mitigación o compensación se implementarán con motivo de la modificación del proyecto. Durante la fase de construcción, se indica en el documento que el vertedor de excedencias de la laguna de relaves se construirá en una zona alejada al punto de descarga de los tubos que movilizan las colas desde la planta de destrucción de cianuro, con el fin de conformar un área de clarificación de aguas, que ayude a reducir el nivel de sólidos suspendidos totales en el efluente; este vertedor se construirá en forma de una torre de rebalse como las implementadas en proyectos hidroeléctricos como Arenal, desde donde el agua será conducida por medio de tuberías hacia una planta de adición de cal para un monitoreo constante y estabilizar el pH en el caso necesario, sin embargo este impacto se espera que no sea significativo ya que el pronóstico final de calidad del agua de rebalse se considera apropiado y dentro de las normas de vertidos nacionales. Asimismo, se indica que las instalaciones para la planta de generación eléctrica de emergencia y componentes relacionados contará con una adecuada ventilación mediante la instalación de ventanas y ventiladores que propicien la circulación horizontal del aire; que las actividades de compensación de las áreas de bosque intervenido y crecimiento secundario, contemplarán la regeneración inducida en una mayor área posible con especies nativas, utilizando prioritariamente especies forestales amenazadas o con poblaciones reducidas, con el fin de compensar el valor ecológico de los terrenos afectados, al punto que a ese momento la empresa había iniciado ya la instalación de un vivero temporal con especies nativas –actualmente en funcionamiento según se pudo constar durante la Inspección realizada el doce de setiembre de dos mil nueve- que se extraen del sotobosque de las futuras áreas de tajo, con el fin de desarrollar las áreas de bosque con las mismas especies nativas y la misma distribución de biodiversidad como la que existe en las futuras áreas de extracción. En el vivero se cuenta con una población de especies nativas de unos 45,000 árboles, y a la fecha ya se han reforestado más de 11 hectáreas, a pesar que todavía no se ha iniciado la fase constructiva, pero se desea iniciar la recuperación de áreas de potreros y reforzar el sector del corredor biológico que fue propuesto y aprobado desde el EsIA y su Anexo. También se considera que para las actividades de preparación del terreno que involucren la corta de vegetación se deberá seguir medidas que consideren el transporte de biomasa en vagonetas tapadas por un toldo hasta el sitio predestinado o escombrera autorizada, así como el traslado expedito de la madera y biomasa al sitio de almacenamiento temporal. También se considera dar continuidad a los proyectos y programas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, incluyendo los programas de promoción del deporte y otras actividades recreativas sanas, tales como los ya establecidos con la Escuela de Fútbol Crucitas, el patrocinio a la Asociación Deportiva San Carlos, la Vuelta Ciclística a San Carlos y las Cabalgatas, al mismo tiempo que continuar con la colaboración en la gestión ante las autoridades respectivas para la ampliación y el mejoramiento del acueducto que abastece a las comunidades de Coopevega, Moravia, Chamorro, El Roble, y Llano Verde, Jocote y Crucitas. De igual forma, continuar con la promoción de actividades productivas posibles en la zona, que integren a miembros de las comunidades del área de influencia del proyecto, así como dar continuidad a la elaboración de un programa de capacitación empresarial, técnica, en servicios u otros, para los habitantes de las comunidades en el área de influencia del proyecto. De igual manera, refiere el desarrollo de programas de capacitación denominados Proyectos de Desarrollo Comunal –PCDC-, dirigidos a los miembros de las asociaciones de desarrollo de las comunidades del área de influencia del proyecto, a los miembros de los Concejos de Distrito y a los miembros de la Municipalidad de San Carlos; continuar con el desarrollo de canales y estrategias de comunicación efectiva con las comunidades para mantenerlos informados de las actividades del proyecto; crear una oficina de atención al ciudadano, como centro de recepción de los comentarios, sus opiniones y problemas asociados a la ejecución del proyecto, que provea un mecanismo formal de información y comunicación; así como cumplir con todos los otros compromisos sociales establecidos y aprobados desde el Estudio de Impacto Ambiental y su Anexo.

            XXXIX.- Por otra parte, la misma Propuesta de Modificación hace un recuento de los beneficios sociales que se habían obtenido hasta noviembre de dos mil siete, dentro de los que destacan las actividades de capacitación en pequeñas y medianas empresas, así como en diversos tipos de oficios mediante cursos impartidos con motivo de los convenios suscritos entre la empresa y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Así, se señala que a ese momento se había otorgado doscientos treinta y dos certificaciones en acuicultura, cursos de cómputo, agricultura orgánica, elaboración de quesos en dos diferentes localidades, pintura sobre tela, confección de prendas de vestir, operación de máquinas textiles, entre otros, al tiempo que hace un recuento de la ubicación del laboratorio de cómputo en el Liceo de Coopevega –y por el cual los estudiantes tienen acceso a cursos de informática-, del nacimiento de una empresa textil y de otras iniciativas de carácter productivo, como la agricultura orgánica y la creación de una cooperativa de vecinos de Coopevega.

            XL.- De igual forma, la propuesta también contempla las medidas de mitigación o compensación a implementar durante la fase de operación del proyecto minero. Señala que todo suelo vegetal que sea removido de las áreas de extracción deberá ser trasladado apropiadamente al sitio para depósito de suelos, donde se aplicarán todas las medidas necesarias para asegurar su adecuado almacenaje, de manera que mantenga al máximo sus condiciones originales y pueda ser utilizado sin mayores problemas en la posterior recuperación de áreas afectadas por los diferentes componentes del proyecto. También refiere que para la conformación de taludes en roca dura, la separación vertical de terrazas se estima en veinte metros, y que cuando la calidad de la roca sea favorable, el ángulo de las paredes puede ser de 70º; estas dimensiones se obtuvieron a partir del estudio de estabilidad de laderas realizado, pero además, se mantendrá un control permanente de las condiciones de la roca y saprolita con base en el avance de la extracción para verificar las dimensiones o, si es necesario, modificarlas; el objetivo es asegurar la estabilidad apropiada. De igual forma, indica que se realizará una adecuada implementación del control de explosivos, implementando y dando seguimiento al protocolo de transporte, almacenamiento y uso de explosivos, contratando una empresa experta en el tema que cuente con todos los permisos y protocolos vigentes; menciona que se mantendrá un control de vibraciones, ruido y emisiones en las áreas de los tajos. Señala que se continuará con las labores ya iniciadas de reforestación con especies nativas en las zonas de potrero y áreas no utilizadas por los componentes del proyecto. Con el fin de anular el potencial de generación de drenaje ácido, los relaves y la roca estéril deberán ser depositados en la laguna de manera que queden sumergidos bajo una columna de agua de una profundidad promedio de dos metros, evitando su exposición al aire y su eventual oxidación. El manejo será utilizando una tubería flotante móvil que distribuya homogéneamente el material en la laguna en el sector oeste, la roca estéril se depositará de manera mecánica en forma inmediata sin almacenamiento, en el sector este, controlando que permanezca inundada. Adicionalmente, se utilizará el exceso de saprolita para respaldar la cobertura del dique de colas y cubrir la roca estéril en el área de almacenamiento y taludes de los pits de extracción para inhibir la oxidación. De ser posible se depositará una capa de relaves inertes provenientes de material estéril al final de la fase de operación, con el fin de conformar una capa de sellado sobre el resto de relaves y material con potencial de generar drenaje ácido. La roca estéril de desecho deberá ser depositada de la misma manera que los relaves en la laguna. Se deberá diseñar un Plan de Manejo de Roca Estéril que reduzca al mínimo el tiempo de manejo, acarreo y exposición de este material. Por su parte, el vertedor de la laguna de relaves se localizará lo más lejos posible del sitio de descarga de relaves, esto con el fin de conformar un área de clarificación de aguas dentro de la laguna, que reduzca el nivel de sólidos suspendidos totales en el efluente. El vertedor de la laguna de relaves se conformará mediante la construcción de una torre de rebalse localizada en el área de clarificación de agua. Esta torre deberá ser diseñada para mantener un nivel óptimo de agua que asegure la operación adecuada de la laguna de relaves durante toda su vida útil. El agua será conducida de esta torre mediante tuberías a una planta de adición de cal, en el caso muy improbable de que el efluente requiera de estabilización de pH previo a su descarga, por ejemplo mediante la adición de cal diluida. El agua proveniente de los tajos de minado será tratada en el sitio mediante la adición de cal para estabilización del pH. Esta agua tratada que contará con altos niveles de pH deberá ser bombeada hacia el área de depositación de roca estéril en la laguna de relaves, donde ayudará a estabilizar posibles niveles bajos de pH como producto de la oxidación de roca no sumergida.

            XLI.- Del mismo modo, la Propuesta de Modificación refiere las medidas de mitigación y compensación a implementar durante la fase de cierre del proyecto minero. Así, señala que la conformación final de taludes en el área rellenada del tajo Botija deberá buscar además de las condiciones más aptas de estabilidad, acercarse en la medida de lo posible a la configuración original del sitio. Para ello, el área de extracción Botija se reforestará con especies nativas pioneras una vez finalizadas las actividades de conformación de taludes y aplicación de suelo orgánico; luego se continuará con el plan de reforestación con especies nativas. Durante el cierre de la mina se deberá implementar un monitoreo continuo de la calidad del agua en el efluente de la planta de tratamiento hasta que se pueda asegurar que el sistema se mantendrá estable indefinidamente. Una vez alcanzadas las condiciones esperadas de estabilidad de aguas y otras variables relacionadas en la laguna de relaves y el lago del área de extracción Fortuna, se aplicarán todas las recomendaciones establecidas en el Plan de Restauración Ecológica de Ambientes Acuáticos elaborado para el proyecto por la empresa Hábitat Crítico. Dentro de estas medidas destacan las siguientes: a) implementar la re-vegetación de la zona litoral y riparia del lago Fortuna y de la laguna de relaves con especies de flora cuyos hábitos de vida sean acuáticos, anfibios y que se asocien a ambientes húmedos para que logren establecerse en el área del proyecto según su afinidad con el agua; b) previo a la introducción de especies, se deberá realizar ensayos de sobrevivencia de diversas especies a las condiciones predominantes en la laguna de relaves y el lago Fortuna; las especies a seleccionar deben ser nativas de la región o con una distribución geográfica que incluya la vertiente norte; c) preparar un plan de investigación, y los diseños experimentales que se pondrán en práctica, tanto en laboratorio como in-situ; d) la grada que coincida cerca de la cota de la altura esperada del lago, deberá modificarse con un diseño que incluya una pendiente suave para crear una batimetría heterogénea pero con un patrón básico que vaya desde los cero metros en la orilla hasta un máximo entre dos y cuatro metros en el final de la grada y hacia la parte interna del lago -dependiendo del ancho del piso de la grada-, buscando que el piso de la misma tenga una concavidad que incremente hacia el final de la grada, de tal forma que se forme o se construya un freno o muro de contención para atrapar sedimentos. Se sugiere colocar bloques de roca para crear escondrijos y microambientes para la biota. Los bloques de roca que se utilicen deben tener un potencial de generación ácida nulo; e) en virtud de que el Plan de Gestión Ambiental incorpora medidas de recuperación forestal, se sugiere que a partir de los tres metros sobre la línea de agua, en la zona de ladera, se inicie el plan establecido con especies forestales nativas, tomando en consideración la topografía final para elegir las especies adecuadas para el crecimiento en esa zona; f) se recomienda el recubrimiento de la futura zona de riparia con una capa base de grava y arena de río y la colocación en la parte superior una capa delgada de limos y detritos, en una franja de al menos cinco metros para la laguna de relaves; g) en las pozas someras se recomienda colocar un fondo de arena, grava y piedra, así como bloques medianos y grandes de roca o piedras -con potencial nulo de generación de drenaje ácido-;  esto ayudará a crear una mayor heterogeneidad en el piso de la zona litoral, creando una serie de microambientes para peces, y otra biota acuática que eventualmente logre colonizar el lago. En la zona de pozas profundas en el borde externo de la zona litoral, se recomienda colocar bloques grandes y medianos contra la pared que da hacia la zona litoral, esto podría ayudar a crear hábitats para peces de mayor tamaño, como guapotes; h) el plan de restauración ecológica requiere de un plan de monitoreo para darle seguimiento a la evolución de la sucesión ecológica. Finalmente, indica que el periodo de cierre del proyecto se extenderá por un periodo adicional de seis meses posteriores al final de todas las actividades de cierre, con el fin de establecer un periodo adicional de monitoreo que asegure el debido funcionamiento de todos los componentes de cierre.

XLII.- La aprobación de la Propuesta de Modificación. Así, valorados todos estos aspectos sucintamente expuestos, mediante resolución número 170-2008-SETENA, de cuatro de febrero de dos mil ocho, la Comisión Plenaria aprobó la modificación solicitada por la empresa recurrida, haciendo alusión expresa a los siguientes cambios:

<![if !supportLists]>a.         <![endif]>El proyecto inicial contemplaba la extracción de saprolita hasta una profundidad de 15 metros, por implicar un menor costo de extracción; sin embargo, en atención a los cambios del proceso del oro y por no cumplir la empresa con una norma exigida por Canadá, se solicitó como parte de los cambios extraer además la roca dura -donde aumenta la probabilidad de una mayor cantidad de oro- con profundidades de 67 metros y reducir el área de extracción de 126.4 hectáreas a 50 hectáreas. Asimismo, como la extracción de roca dura implica la utilización de voladuras para el avance apropiado de bloques de extracción y de la adecuada conformación de los taludes de las paredes de los tajos, la empresa se comprometió a contratar una empresa certificada para este tipo de actividad. El resto de las áreas que contemplaba el proyecto se mantienen incólumes.

<![if !supportLists]>b.        <![endif]>Para la degradación del cianuro en un inicio se contemplaba la tecnología denominada INCO; sin embargo, la empresa se compromete a utilizar una nueva tecnología que mejora la anterior y que es el sistema CYPLUS, con el fin de mejorar la gestión ambiental cumpliendo la normativa tanto nacional como internacional, la cual funciona de la misma forma que la anterior pero constante.

<![if !supportLists]>c.         <![endif]>Dentro del proceso final de tratamiento de cianuro o pulimento de los desechos se prevé la degradación natural del mismo en la laguna de relaves, con lo cual se estaría realizando la reducción completa de cianuro en las aguas residuales.

<![if !supportLists]>d.        <![endif]>Se estableció que los “Estudios de Línea Base” en material de cobertura, roca dura y los materiales de relaves o colas, muestran que existe un potencial bajo para la generación de drenaje ácido; no obstante, la empresa desarrolladora prevé un manejo adecuado que controle su eventual producción, sumergiendo bajo el agua el material proveniente de la roca estéril y las colas.

<![if !supportLists]>e.         <![endif]>Con respecto a la utilización de energía eléctrica, se aclara que ya no se utilizará la planta de generación eléctrica que había sido aprobada de 5.4 W, lo cual eliminará la emisión a la atmósfera de 3.3 ton/hora de CO2.

<![if !supportLists]>f.         <![endif]>Esto último, a su vez, disminuye el almacenamiento de combustible que pasa de 1500 m3 diesel y 38 m3 de gasolina, a 50 m3 diesel y 3.7 m3 de gasolina.     

<![if !supportLists]>g.        <![endif]>En el aspecto forestal se pasa de reforestar 336 hectáreas -donde 227 hectáreas serían de tipo comercial-, a reforestar 382 hectáreas de bosque natural con especies nativas -1600 árboles por hectárea para un aproximado de 611.200 árboles-.

<![if !supportLists]>h.        <![endif]>En el aspecto social se mantienen los mismos compromisos.

<![if !supportLists]>i.          <![endif]>En cuanto al cierre, se pasa de la conformación de una laguna de relaves, reforestación con especies nativas y comerciales, a la conformación de una laguna de relaves, el lago Fortuna y la reforestación total con especies nativas.

<![if !supportLists]>j.          <![endif]>Se adjuntó un diagnóstico actualizado de las condiciones ambientales, sociales y económicas del proyecto validadas por profesionales afines para cada componente: medio físico, medio biológico, medio socioeconómico,  indicando que prevalecen los factores considerados en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la SETENA.

<![if !supportLists]>k.        <![endif]>Se presentó una identificación de impactos y su valoración dentro del proyecto incluyendo las actividades estipuladas como modificación para las tres fases que conlleva la ejecución del proyecto -construcción, operación y cierre-, con las medidas de mitigación y compensación correspondientes.

<![if !supportLists]>l.          <![endif]>Dentro de los planes de monitoreo propuestos por el desarrollador se incorporó el seguimiento a datos de línea base en cuanto a suelos, aguas superficiales, ictiofauna, macroinvertebrados acuáticos, anfibios y reptiles, avifauna, componente florístico, mamíferos, componente forestal y social; así como se incorpora el protocolo de manejo de sustancias peligrosas.

<![if !supportLists]>m.      <![endif]>Se mantiene en el Plan de Gestión Ambiental la Comisión de Fiscalización y Monitoreo del Proyecto Crucitas.

            XLIII.- En este sentido, es claro que la solicitud de modificación del proyecto minero dista de ser una simple gestión administrativa, para convertirse en una petición amplia y concreta acompañada de diferentes estudios técnicos relacionados con cada uno de los cambios propuestos, así como de apéndices o anexos igualmente técnicos como complemento a la información de los aspectos allí considerados. Según lo dicho, la propuesta de modificación incluye no sólo una descripción de los cambios, sino también la relación de impactos en lo ambiental y social, así como las medidas de mitigación a implementar en cada una de las fases del proyecto. Adicionalmente, además de los estudios técnicos, se informó también de la debida socialización de la propuesta de cambio, por lo que fue una vez cumplido todo este proceso –elaboración de estudios; identificación de cambios, impactos y medidas de compensación; y socialización de la propuesta- que la empresa interesada presentó a SETENA la solicitud de modificación, la cual fue valorada y aprobada por la administración técnica competente al acreditarse en dicha sede el beneficio para la situación ambiental. Ante ello, es evidente que no se trata de una simple solicitud ni de la sola emisión de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales de carácter unilateral, sino de documentos técnicos que por una parte respaldan la modificación propuesta, al mismo tiempo que acreditan la bondad para el ambiente que esa modificación conlleva. Así, logra acreditarse que la solicitud planteada por la empresa recurrida cumple con allegar a la administración información técnica suficiente con respecto a los cambios concretos en similar sentido a la finalidad buscada con la exigencia de estudios de impacto ambiental, por lo que desde el punto de vista constitucional resulta inexacto afirmar que la propuesta de modificación fue planteada y aprobada sin que la administración tuviere acceso a información técnica y sin que se le diera la oportunidad de valorar la dimensión e impacto de los cambios propuestos. En todo caso, debe tomarse en consideración las ya citadas sentencias de esta Sala números 2004-9927 y 2005-5790, en cuanto se ha definido de manera reiterada que escapa al ámbito de competencias de esta jurisdicción detenerse en valorar si los estudios han sido bien realizados o si cumplen con la información necesaria, aspectos que de suyo deben ser dirimidos por las instancias técnicas que corresponde.

XLIV.- Sobre los aducidos impactos en flora y fauna. La situación del almendro amarillo en la zona del proyecto minero Crucitas. Refieren los recurrentes que lo pretendido con la modificación de uso de suelo en el proyecto minero Crucitas, es arrasar con 262 hectáreas, de las cuales 192 están totalmente cubiertas de bosque, para excavar allí la mina a cielo abierto. Aducen, igualmente, que para permitir tal cometido, el Decreto 34801 autoriza la corta de especies en veda, como lo es el almendro amarillo, a pesar que tal especie se encuentra amenazada, que el Estado había reconocido previamente esa situación mediante el Decreto 25700, y que la jurisprudencia de esta Sala prohibió expresamente cualquier tipo de permiso de corta o aprovechamiento del almendro. Del estudio de los autos y de los informes rendidos bajo fe de juramento, la Sala aprecia que los informes técnicos emitidos en diferentes momentos –uno de ellos por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica-, si bien reconocen la situación de peligro del almendro, concluyen que el almendro amarillo no se concentra en el área del tajo, al punto que su presencia es escasa en las áreas de extracción y relaves del proyecto minero, y que las parcelas de bosque allí localizadas están caracterizadas como muy explotadas –posiblemente para utilizar las tierras para agricultura y ganadería-, donde los árboles existentes no alcanzan el promedio generalizado para ser tenidos como bosques primarios, toda vez que sus diámetros son inferiores a cincuenta centímetros y su altura no alcanza en general los veinticinco metros, incluyendo las copas, por lo que se trata de bosques secundarios. En el mismo sentido, se ha comprobado que las áreas de cobertura boscosa del proyecto minero sometidas a cambio de uso de suelo, se definen como vegetación leñosa de carácter sucesional, plantada sobre tierras inicialmente destruidas por actividades humanas, por lo que no se pueden considerar como bosques primarios sino como bosques naturales intervenidos hace más de treinta años. Asimismo, consta que en el área total del proyecto minero sobre la que se solicitó autorización de cambio de uso de suelo, se censaron 197 árboles de almendro que serían los individuos a cortar, mientras a octubre de dos mil ocho se había reforestado un total de 6,093 árboles de almendro, lo cual garantiza la existencia del almendro amarillo porque se están sembrando 103 árboles por cada árbol cortado y se ha constituido un vivero de dos hectáreas con capacidad de producir 67,500 árboles al año. De igual forma, la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico concluye que la eliminación de 192 hectáreas de bosque secundario no implica una pérdida relevante en la biodiversidad y representatividad de los ecosistemas; que el plan de manejo y mitigación forestal aumentará la cobertura boscosa en un veinte por ciento; que la eliminación de 196 árboles de almendro de una población de más de 700 árboles no es un deterioro significativo de la posibilidad de alimentación de la lapa verde, ni pérdida de su hábitat; y que el remanente de árboles que queda en pie garantiza la variabilidad genética.

            XLV.- De manera concreta, el informe de los científicos doctor Olman Murillo, M.S.c Braulio Vílchez y la ingeniera Yorleny Badilla, todos de la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, emitido en febrero de dos mil nueve -visible como anexo número 3 adjunto al expediente-, concluye entre otras cosas que la eliminación de 196 árboles de un total de poco más de 700 individuos de almendro (Dipteryx panamensis) a favor de la zona de explotación de manera directa, en terrenos propiedad de la empresa, no significa un deterioro significativo de la posibilidad de alimentación de la lapa verde (Ara ambigua), ni se puede considerar tampoco como una pérdida de hábitat importante, dado que ha sido una zona que no ha registrado la existencia de anidamiento de la lapa verde en los últimos 14 años y, al grado de deterioro en que ya estaban estos bosques desde su última intervención maderera ocurrida en la década de los años ochenta del siglo pasado. Dado que la alimentación de la lapa verde (Ara ambigua) se basa en al menos treinta y siete especies vegetales, y que el árbol de almendro (Dipteryx panamensis) proporciona frutos únicamente durante dos o tres meses al año, no se puede argumentar la dependencia alimentaria exclusiva de estas aves en una sola especie forestal. También concluyen que la eliminación de población de poco más de 700 individuos dentro de la finca, implica la permanencia de más de 500 árboles, lo que representa un tamaño de población efectivo suficiente para garantizar su variabilidad genética y descartar cualquier grado de amenaza en las próximas generaciones. La siembra de más de 5000 árboles de almendro ocurrida en los últimos tres años en áreas sin bosque dentro de la propiedad, incrementarán considerablemente el tamaño de población efectiva de la especie en el muy corto plazo. En las conclusiones 9 y 10 se establece que la presencia de la empresa en la zona impidió que continuara el deterioro de los bosques, suelos y aguas de la propiedad adquirida; y que el plan de compensación y mitigación propuesto dentro de la propiedad supera en una relación aproximada a tres veces la eliminación en área de cobertura boscosa causado por la explotación minera. De igual forma, se indica que las medidas adicionales de compensación propuestas en términos de reforestación y asignación de fondos para la compra de tierras dentro de áreas protegidas de la zona norte, permitirán superar notablemente la relación de proporcionalidad y racionalidad exigida por la normativa vigente en la materia –ver páginas 15 y 16 de dicho informe-.        

            XLVI.- Bajo estas consideraciones técnicas establecidas en el trasanterior considerando, y luego reforzadas por las valoraciones del reciente informe de cita, el veintiuno de mayo de dos mil ocho la empresa recurrida solicitó al Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Sub-región San Carlos-Los Chiles el cambio de uso forestal de los terrenos donde se ubica la concesión minera. Para tramitar y resolver tal solicitud, el Área de Conservación respondió a la empresa que resultaba importante contar con un decreto que declarara de conveniencia nacional el cambio de uso de suelo, criterio que fue ratificado luego por la asesoría legal de esa misma Área. Paralelamente, la administración solicitó al regente forestal de la empresa la aclaración de una serie de dudas con respecto a la solicitud, apercibimiento que fue cumplido por la empresa el ocho de julio, por lo que una semana después -dieciséis de julio- se confirma a la empresa que previo a emitir la resolución final, es necesario aportar al expediente el decreto de declaratoria de conveniencia nacional e interés público del proyecto minero Crucitas. Consta en el expediente que hubo alguna divergencia de criterio al interno del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones sobre la necesidad de tal decreto, mas siempre se mantuvo la decisión de solicitar el mismo, por lo que el veinticuatro de setiembre de dos mil ocho se comunica a la empresa que sí se debe aportar el decreto de declaratoria de conveniencia nacional. Tal como se acreditó en el considerando anterior, en el transcurso del procedimiento de autorización de cambio de uso de suelo, se aportó al expediente documentación técnica que informa que para octubre de dos mil ocho se había sembrado ya la referida suma de 6,093 árboles de almendro; que las áreas de cobertura boscosa sujetas al cambio de uso se definen como vegetación leñosa sobre tierras originalmente destruidas; que la clasificación diamétrica de las parcelas inventariadas es inferior a cincuenta centímetros DAP (diámetro de altura al pecho); y que los bosques a intervenir son bosques naturales intervenidos con altura inferior a los veinticinco metros. Así, finalmente, el Poder Ejecutivo adopta el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, el cual es publicado en La Gaceta número 201 del diecisiete de octubre del mismo año, por lo que ese mismo día el Área de Conservación Arenal Huetar Norte aprueba y autoriza la solicitud de cambio de uso de suelo solicitada por la empresa recurrida, autorizando de manera expresa la corta de 197 árboles de esa especie.

            XLVII.- En este sentido, la Sala advierte que la administración recurrida autorizó el cambio de uso de suelo y la corta de árboles de almendro previa realización del procedimiento administrativo necesario, el cual consideró tanto la demostración técnica del impacto de la corta a realizar, como la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto a ejecutar. Cumplidos estos requisitos, la administración autorizó la solicitud planteada, por lo que debe descartarse que tal decisión administrativa sea arbitraria, pues según se ha dicho, la administración tomó las previsiones necesarias para asegurar que lo propuesto no impactaría de manera negativa al ambiente. Según lo dicho en los considerandos precedentes, la Sala no soslaya que el almendro amarillo sea una especie que se ha encontrado amenazada, que el Poder Ejecutivo había reconocido previamente ese peligro, ni que la Sala había dispuesto la prohibición de corta del almendro; sin embargo, debe hacerse notar que los criterios técnicos establecidos durante la substanciación del procedimiento administrativo informan la escasa o nula afectación ambiental con la corta de 197 árboles sobre una población de más de 700 individuos, partiendo que los árboles de almendro a cortar no son bosque primario sino secundario y joven, y que el plan establecido que ya se estaba cumpliendo a ese momento, implica la siembra de 103 almendros por cada árbol de esa especie que sea cortado, razones por las cuales no se disminuye la población de almendros sino que se aumenta sustancialmente la misma e incluso la cobertura boscosa general en un veinte por ciento.

XLVIII.- Asimismo, debe tenerse en consideración los motivos por los cuales se procedería a la corta de esos árboles de almendro, pues la prohibición expresa establecida por la Sala en la sentencia 2008-13426 está referida por una parte a la explotación, extracción y aprovechamiento de los árboles de almendro, y por otra –según lo establecido previamente-, a que esos árboles se encontraren en los sitios de anidación de la lapa verde. Con respecto a la primera situación, es claro que en el caso bajo estudio el motivo de la corta de los árboles de almendro no era la explotación ni el aprovechamiento económico de la madera de esos árboles; por el contrario, bajo juramento la administración afirma que los árboles cortados no serían vendidos, sino donados para realizar obras sociales en la zona de influencia del proyecto –más adelante se vuelve sobre este punto-. Por su parte, en cuanto a si en el caso concreto resulta de aplicación la restricción de eliminar el almendro en los sitios de anidación de la lapa verde, debe necesariamente estudiarse la situación del ave con respecto a la autorización de corta de 197 árboles de almendro.

XLIX.- La situación de la lapa verde con respecto al cambio de uso de suelo en el proyecto minero Crucitas y la autorización de corta del almendro amarillo. Señalan los recurrentes que la tala de árboles de almendro autorizada por el Área de Conservación Arenal Huetar Norte, con base en el Decreto 34801-MINAET, dará como resultado la irremediable extinción de la lapa verde, por lo que el Estado está incumpliendo los compromisos ambientales voluntariamente asumidos y propiciando la extinción de esta especie. Sobre el particular merecen destacarse diferentes aspectos, tanto del almendro en sí como de la lapa y la relación existente entre ambas especies.

L.- Sobre la existencia del almendro, la alimentación y la reproducción del ave. Tal como se ha referido, la corta de 197 árboles de almendro no compromete su existencia en la zona, al punto que la presencia del almendro se encuentra garantizada con la reforestación que se está efectuando en el área global del proyecto, reforestación que es impulsada por el vivero implementado. El Plan de Manejo Forestal del proyecto, indica que el vivero dará prioridad a especies nativas con semillas certificadas de almendro y titor, árboles que proveen buena parte de la cuota alimentaria de la lapa verde, por lo que con ello tiende a garantizarse no sólo la existencia del almendro –y reducir la amenaza de su disminución sin planes de sustitución-, sino que también asegura fuentes de alimentación para el ave. En todo caso, en cuanto a los aspectos alimentarios de la lapa, el Centro Científico Tropical acredita que para su alimentación la lapa verde no depende exclusivamente de la zona de Crucitas, así como tampoco esa zona es la zona exclusiva de tránsito del ave –no es sólo por allí que el ave transita-; por el contrario, afirma el Centro que el proyecto minero no interrumpirá el proceso de reproducción del ave ni su ciclo de alimentación, misma conclusión a la que arriba el Informe sobre los Aspectos de Conservación Biológica de la Lapa Verde y el Almendro Amarillo, informe que también establece que la lapa obtiene su alimentación de al menos treinta y siete especies diferentes de árboles.

LI.- Con respecto a la reproducción de la lapa verde, se ha acreditado en autos que la lapa anida en árboles maduros de almendro con un DAP –diámetro de altura al pecho- promedio de 129 centímetros –ver informe del Centro Científico Tropical-, aunque también se indica que anida en árboles de Guanacaste, Blanco, Botarrama y Caobilla. Sin embargo, ya desde octubre de dos mil ocho, el Informe de Aspectos Forestales concluye que la clasificación diamétrica de la mayoría de los árboles en el área del proyecto es de un DAP inferior a 50 centímetros, y, según el Centro, solamente cuatro árboles mostraban un diámetro mayor a 120 centímetros. Estas apreciaciones y los hallazgos encontrados en los árboles cortados, hacen concluir que el ave no anida en la zona de Crucitas, sino que el hábitat óptimo de la lapa verde es el Refugio Maquenque, lo cual concuerda con las manifestaciones de la empresa en el sentido que estudios del año dos mil tres demuestran que el ave anida en un área de mil kilómetros cuadrados situada fuera del área del proyecto, y de la propia administración, quien afirma que no se encontraron nidos ni vestigios en los árboles removidos. Asimismo, se ha explicado dentro del recurso, que la época reproductiva del ave abarca de diciembre a junio, poniendo los huevos en huecos grandes formados en los troncos de almendro, y durante esa época sí depende en un noventa por ciento de los frutos de almendro; sin embargo, pasada la época de reproducción –durante julio a noviembre- las aves se dispersan y obtienen el alimento de más de treinta especies diferentes de árboles, porque durante esa época no reproductiva el almendro no da frutos. Es en esta época no reproductiva que el ave llega o transita por la zona de Crucitas.

LII.- Resultan de interés también las conclusiones a las que arriba el M.Sc Jorge Hernández Benavides en su informe sobre los Aspectos de Conservación Biológica de la Lapa Verde y el Almendro Amarillo -aportado como Anexo No. 2-, que ratifica que la lapa verde no depende exclusivamente de la zona Las Crucitas para su alimentación, ya que ésta hace uso de un extenso territorio compartido entre Nicaragua y Costa Rica -parte de cantones de San Carlos, Sarapiquí y Pococí-. Se indica que el área de forrajeo de la lapa supera el área de influencia del proyecto minero aproximadamente en 1.500 hectáreas y concluye que la lapa verde no anida en la zona de Crucitas. El nido más cercano se encuentra a 8.7 kilómetros, y explica que ello probablemente es así debido a la alta fragmentación del hábitat en esa zona y a la falta de árboles maduros de almendro amarillo. También refiere que dicha zona no es exclusiva para el tránsito de la lapa verde, pues el ave hace uso de un extenso territorio compartido entre Nicaragua -Reserva Biológica Indio-Maíz y su zona de amortiguamiento en los municipios de El Castillo, San Juan del Norte, así como en la Región Autónoma del Atlántico Sur-  y Costa Rica -parte de cantones de San Carlos, Sarapiquí y Pococí-. Señala que el proceso de reproducción de las 25 ó 35 parejas de lapas verdes que anidan en Maquenque no se verá interrumpido con el proyecto minero, por cuanto Las Crucitas se encuentra fuera del rango de reproducción de la lapa verde. Lo que puede disminuir es la visita de la lapa verde al proyecto minero debido a la disminución de los árboles de almendro amarillo y a la actividad humana presente; sin embargo, indica que el cambio de uso de suelo en 192 hectáreas del proyecto no interrumpirá el ciclo alimenticio de la población de la lapa verde que anida en Maquenque, el cual se encuentra a 8.1 kilómetros, lo que puede producir es el desplazamiento ya referido. Indica que el proyecto se encuentra en el noroeste del Corredor Biológico San Juan-La Selva y forma parte de una de las áreas más importantes para la Conservación de Aves, de la Reserva de Biosfera Agua-Paz y del Corredor Binacional El Castillo-San Juan-La Selva. Esta zona ha sido definida como un núcleo importante para la conservación dentro del Corredor Biológico San Juan-La Selva y ha sido priorizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Refiere que el proyecto minero afecta un ecosistema único y es por esa razón que las medidas de mitigación de la corta de individuos de almendro amarillo y sus impactos perjudiciales sobre la población de la lapa verde deben ser orientadas a reparar los daños causados. Sin embargo, señala que desde su punto de vista, sembrar una cantidad aún muy alta de almendro amarillo para compensar los cortados no contribuye a recuperar este ecosistema, ni permite que la lapa verde se pueda alimentar a corto o mediano plazo en la zona, ya que no suele frecuentar árboles bajos. Agrega que comprar tierras en la cuenca alta del río San Carlos para la conservación del Parque Nacional Juan Castro Blanco, no contribuye de ninguna manera a garantizar la viabilidad de la población del almendro amarillo y la lapa verde, por lo que recomienda que los proyectos de compensación y mitigación del proyecto persigan los siguientes objetivos: “1-consolidar el RNVSM Maquenque por medio de la implementación de su Plan de Manejo (funcionarios del SINAC, vigilancia, infraestructura, compra de tierra, educación, monitoreo y ciencia, etc) 2-Fortalecer la conectividad del Corredor Biológico San Juan –La Selva por medio de actividades de restauración ecológica en los nexos críticos de las rutas de conectividad identificadas. Así como un mayor compromiso del gobierno para consolidar el RNVSM Maquenque con el apoyo de la sociedad civil.”

LIII.- En resumen, la lapa verde anida en árboles maduros de almendro –u otras especies- con DAP mayores a 120 centímetros, de los cuales no hay en la zona de Crucitas, por lo que en esa zona no existen nidos de lapa verde; mientras se reproduce –fuera del área del proyecto-, el ave sí se alimenta de almendro, y una vez superada la época reproductiva sí vuelan y pasan por la zona de Crucitas, pero para entonces el almendro no está dando frutos, por lo que no se alimentan de él sino de las más de treinta especies arbóreas de las cuales obtienen alimento. En consecuencia, resulta inexacto afirmar que la tala de 197 árboles de almendro en la zona de Crucitas conlleva a la irremediable extinción de la lapa verde, pues no pone en riesgo ni su reproducción ni su alimentación. Por el contrario, el impulso de las labores de reforestación de almendro amarillo y la conservación de esta especie en zonas aledañas, permitirá en el futuro que el ave encuentre más opciones de anidación y, por ende, alimentación durante la época reproductiva.

LIV.- Sobre la ubicación del proyecto minero Crucitas en el área del Corredor Biológico Mesoamericano. Durante la vista celebrada los días doce, trece y diecisiete de noviembre de dos mil nueve, se planteó y externó la preocupación de que el proyecto minero Crucitas se encuentra ubicado en una zona del denominado Corredor Biológico Mesoamericano, por lo que el proyecto podría tener un impacto negativo en la biodiversidad e incidir en los fines de protección del Corredor. Sobre el particular, tal como indica el estudio Corredores Biológicos de Costa Rica, compilado por Luis Rojas y María Isabel Chavarría –ver folio 4886-, un corredor biológico «es un espacio delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales y modificados, asegurando el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos (…). Tiene como objetivo fundamental conectar integralmente bosques con bosques, agua con agua, especies con especies, seres humanos con seres humanos». De manera concreta sobre el Corredor Biológico Mesoamericano, señala este estudio que el mismo está orientado hacia un desarrollo socio-productivo más sostenible, la seguridad alimentaria en la región y la valoración de los conocimientos de las comunidades locales, el mejoramiento de la participación de la gente en la toma de decisiones referentes a su desarrollo, y la reducción de la fragmentación social por medio del establecimiento de alianzas entre los grupos y los sectores de interés. En este sentido, entiende la Sala que la existencia de un corredor biológico no impide la realización de actividades económicas o productivas, siempre que las mismas sean realizadas dentro de un marco de protección ambiental que impida efectos negativos contra la biodiversidad y favorezca el desarrollo económico y social, de donde resulta que una actividad económica determinada sí puede ser permitida si la misma asegura el mantenimiento de los fines del corredor biológico y posibilita un mejor desarrollo económico-social. En el caso de la zona donde se ubica el proyecto minero, y como parte del Corredor Biológico Mesoamericano, refieren las autoridades recurridas que ciertamente existe el denominado Corredor San Juan-La Selva –según lo dicho en el considerando trasanterior, el proyecto se sitúa al noroeste de este corredor-, el cual busca  rescatar la zona norte del país del proceso de deforestación generado en los años setenta del siglo XX, por lo que este Corredor pretende consolidar seis áreas protegidas en una sola unidad geográfica, que suman un millón doscientos cuatro mil ochocientos doce hectáreas, y que tiene como unidad de conservación central el Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque –superficie de sesenta mil hectáreas-, ubicado al sur de la Reserva Indio Maíz de Nicaragua, y colindando con el límite oeste de Barra del Colorado. Indican las autoridades que se espera que ese Corredor permita ordenar las acciones, inversiones e intervenciones necesarias, así como priorizar las que se estén desarrollando, tanto para el desarrollo social-económico como para la conservación de la biodiversidad. En este sentido, si justamente dentro de los objetivos del Corredor Biológico Mesoamericano y del Corredor San Juan-La Selva se encuentra el fomento del desarrollo socio-económico con protección de la biodiversidad, es claro que en estas áreas puede autorizarse la implementación de iniciativas productivas cuyo impacto sobre el ambiente no sea negativo. Asimismo, si la unidad central del Corredor San Juan-La Selva es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque, se ha documentado que el área donde se piensa desarrollar el proyecto minero se encuentra a una distancia cercana a los veinte kilómetros de este Refugio, así como a cuarenta y tres kilómetros ochocientos metros del Refugio Caño Negro, y a una distancia aún mayor del Refugio Barra del Colorado, que como tales sí son áreas con especiales regímenes de protección que por su naturaleza son distintos a los que operan en materia de corredores biológicos. En todo caso, debe tomarse en consideración que tal como se informa, para la ejecución del proyecto minero será necesaria la eliminación de ciento noventa y dos hectáreas de bosque ya intervenido, lo cual se indica no representa una pérdida relevante en la biodiversidad y representatividad de los ecosistemas, pues esa cantidad es el 0.38% de la cobertura boscosa del distrito de Cutris, y donde se determina una frecuencia de árboles de almendro amarillo de 1.12 árboles por cada hectárea, por lo que aún efectuando la corta, perviven en la zona más de quinientos árboles de almendro amarillo. De tal forma, si se acredita la inocuidad de actividades dentro de los corredores biológicos,  las autoridades competentes pueden autorizar el desarrollo de las mismas, para lo cual deberán asegurarse los estudios técnicos que corresponda, tal como lo puede ser las definiciones que sobre el impacto sobre la biodiversidad contenga un estudio de impacto ambiental. Así, en el caso bajo estudio y según se ha definido en los considerandos precedentes, una vez realizado el procedimiento correspondiente –incluyendo la socialización y participación de la comunidad- la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas, por lo que se tuvo por validados los estudios técnicos presentados y se tomó en consideración la percepción social de la actividad; asimismo, según se ha indicado, las autoridades técnicas refieren que no existe amenaza o riesgo para la pervivencia de especies como el almendro amarillo y la lapa verde, lo que aunado a los beneficios socio-económicos de la actividad productiva, llevaron a la administración a validar su desarrollo bajo los compromisos y mecanismos de control aprobados. En todo caso, debe tomarse en consideración que tal como lo propuso la empresa al solicitar la modificación del proyecto minero, y así fue aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental mediante resolución 170-2007-SETENA, esta modificación implica una reducción en el área de extracción, la cual pasa de 126.4 hectáreas a 50 hectáreas, situación que por sí misma implica una reducción cercana al 60% del área a impactar con la corta de árboles; es decir, la modificación planteada y aprobada significa talar menos árboles, evitando la afectación de 75 hectáreas que inicialmente serían taladas. Asimismo, los compromisos asumidos por la empresa indican –tal como lo señala la resolución de cita- que aumentará el área a reforestar, pues se pasará de reforestar 336 hectáreas –de las cuales 272 hectáreas lo serían con especies comerciales-, a reforestar 382 hectáreas y sólo con especies nativas de la zona, ya no con especies comerciales; esto implica 46 hectáreas más que ahora serán reforestadas. En este sentido, la reforestación que deberá implementar la empresa como parte del proyecto, a razón de 1,600 árboles por hectárea, da un gran total de 611,200 árboles reforestados al finalizar la fase de cierre del proyecto. De tal forma, lejos de representar una afectación negativa para el Corredor Biológico Mesoamericano, la reducción del área a impactar y el aumento del área a reforestar implican a mediano plazo una mejoría en la cobertura boscosa del área, al pasar de una región de bosques intervenidos con evidentes espacios no conectados entre sí, hacia una cobertura forestal amplia y nativa que sí debe permitir la conexión o interconexión de tales espacios, favoreciendo con ello la integración de los diferentes elementos biológicos involucrados, y cumpliendo así con la definición y los objetivos de un corredor biológico según se indica en el informe de comentario. De tal forma, ante la existencia del criterio técnico reseñado y de los compromisos asumidos por la empresa recurrida, resulta impropio aducir ante la jurisdicción constitucional la presunta afectación del Corredor Biológico Mesoamericano como un factor para impedir el desarrollo de esta actividad. De tal forma, ante la existencia del criterio técnico reseñado, resulta impropio aducir ante la jurisdicción constitucional la presunta afectación del Corredor Biológico Mesoamericano como un factor para impedir el desarrollo de esta actividad.

LV.- Sobre la utilización de explosivos y su aducido impacto en el entorno biológico del proyecto minero Crucitas. Un aspecto adicional señalado durante la realización de la vista, fue la afectación que para la biodiversidad puede representar el uso de explosivos en el desarrollo de la actividad de extracción del material, habida cuenta que se adujo que el ruido y el polvo producto de las explosiones afectarían el entorno biológico del proyecto. Sobre el particular, tal como se ha señalado en el capítulo de Hechos Probados, debe indicarse que el proyecto minero Crucitas fue inicialmente tramitado, conocido y estudiado por la Dirección de Geología y Minas del Ministerio del Ambiente y Energía bajo el número de expediente 2594. Al valorar el proyecto minero Crucitas, la Dirección de Geología y Minas solicitó a la empresa desarrolladora la presentación de un documento anexo a su solicitud en el que se aclarara el uso de explosivos en los frentes de explotación, aportando para ello el diseño de las voladuras y el manejo integral de los explosivos, lo cual se indica fue aportado por la empresa, consignando también la carga típica a utilizar tanto en roca dura como en la saprolita –ver folio 5379-. En efecto, dentro del referido expediente 2594 consta el denominado «Estudio de Factibilidad», el cual en sus páginas 4-6 a 4-8, y 4-18 a 4-23, define lo relativo a cómo se realizarán las perforaciones, cómo se harán las voladuras y las cargas de los explosivos, cómo se transportarán los mismos y qué mantenimiento debe darse a los caminos; también se indica en este estudio, cómo debe disponerse la planta de servicio de explosivos, el personal relacionado con el proceso y los diseños de las voladuras. En adición a este estudio, consta también ante la Dirección de Geología y Minas y dentro del mismo expediente 2594, como anexo al Estudio de Factibilidad, el apéndice 5, denominado «Manejo de Explosivos y Voladuras, Proyecto Minero Crucitas, San Carlos, Alajuela», de octubre de dos mil, elaborado por el Ingeniero en Minas Tomás Goic. Este apéndice considera el diseño de las voladuras a cielo abierto, el diámetro de perforación, el espaciamiento entre ellas, la distribución de la carga explosiva y la necesaria para roca saprolita y roca dura, todo lo cual se hace acompañar de diagramas que explican estos diferentes aspectos. Así, dentro de ese expediente 2594 se dictó la resolución número R-578-2001-MINAE, de las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil uno, por la cual se otorgó a la empresa recurrida la concesión de explotación minera. En esta resolución la Dirección de Geología y Minas reconoce que el proyecto minero Crucitas utilizará explosivos en el proceso de extracción del oro; haciendo referencia a los estudios técnicos realizados y al oficio número DGM-DC-320-2001 –para todos los efectos incorporado a la resolución de cita- el Ministerio del Ambiente define que «[e]n cuanto al uso de explosivos, esta Dirección velará porque se emplee la tecnología que cause el menor impacto al ambiente y en apego a la normativa vigente en esta materia», y bajo estas condiciones otorga la concesión de explotación minera. De tal forma, es claro que ante la Dirección de Geología y Minas ya se había analizado la utilización de explosivos en el procedimiento de extracción del oro. Sin embargo, esta resolución fue anulada por esta misma Sala Constitucional mediante sentencia número 2004-13414, de veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, indicando la Sala que esa anulación lo era sin perjuicio de lo que determinara el Estudio de Impacto Ambiental de ese proyecto de explotación, esto por cuanto la Sala definió en aquel momento que dicho Estudio debía aprobarse de previo al otorgamiento de la concesión de explotación. Mientras tanto, como se ya se ha acreditado, desde el doce de marzo de dos mil dos la empresa recurrida había iniciado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el procedimiento de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas; cumplidas las prevenciones ya explicadas emitidas por SETENA, la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, el cual fue finalmente aprobado mediante la resolución 3638-2005-SETENA. Sin embargo, a pesar de la valoración inicial efectuada en sede de la Dirección de Geología y Minas, al presentarse el Estudio de Impacto Ambiental –doce de marzo de dos mil dos-, el proyecto no consideró la necesidad de utilizar explosivos por cuanto la profundidad pretendida sería menor a la que luego se propuso, esto por cuanto en aquel momento las condiciones económicas en torno a la explotación del oro y la condición financiera de la empresa así lo determinaban, pues se trataba de una explotación más superficial que no implicaba la extracción de roca dura, y por tanto, sin utilizar explosivos, solamente remoción de tierra y excavación. Al haberse aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, el treinta de mayo de dos mil siete la empresa solicitó a la Dirección de Geología y Minas la convalidación de la mencionada resolución 578-2001-MINAE, pero estando en curso esta tramitación, la empresa también presentó ante SETENA la solicitud de modificación del proyecto minero, pues al variar aquellas condiciones iniciales bajo las cuales se presentó el Estudio de Impacto Ambiental –y al exigir la legislación canadiense que las empresas mineras de su nacionalidad emitiesen información indiscutible en cuanto al recurso minero disponible-, la empresa desarrolladora consideró importante efectuar una modificación al proyecto en el sentido de disminuir el área de explotación, pero aumentando la profundidad de la misma; al aumentar la profundidad, sería distinto el material a extraer, porque al aumentar la profundidad sí se encuentra roca dura, razón por la cual debía acudirse nuevamente a la propuesta inicial de utilización de explosivos, cuyo uso, en todo caso, había sido ya valorado por la Dirección de Geología y Minas. Así, tal como se ha indicado, la empresa solicitó a SETENA la aprobación de una propuesta de modificación al proyecto, solicitud que fue acompañada de la denominada «Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto Minero Crucitas»; como apéndice 1 de esta evaluación figura el «Manual de Procedimientos de Voladura” elaborado por la empresa Explotec, el cual define cómo debe ser el almacenamiento de los explosivos, cómo debe disponerse la zona de los polvorines, los mecanismos de uso y seguridad de estos materiales –control de operaciones, protección, preparación, qué hacer con el material no utilizado, cómo se carga, la seguridad del área de voladura y la protección del personal-, así como la forma de transportar los explosivos –incluyendo cómo debe disponerse su transporte, en qué tipo de vehículos y el mantenimiento y operación que debe darse a los mismos-. Esta modificación fue aprobada por la Secretaría Técnica mediante resolución 107-2008-SETENA, de cuatro de febrero de dos mil ocho. Así, finalmente y mediante resolución número R-217-2008, del veintiuno de abril de dos mil ocho, y reconociendo todo el procedimiento aquí descrito, el Poder Ejecutivo otorgó la concesión de explotación minera a favor de Industrias Infinito Sociedad Anónima; en esta nueva resolución se tiene por acreditado igualmente que la empresa desarrolladora utilizará explosivos en el proceso de extracción, y contiene una referencia en idénticos términos a los ya citados en cuanto a que la Dirección de Geología y Minas velará porque la empresa utilice la tecnología que cause el menor impacto al ambiente. De tal forma, es claro que el uso de explosivos en el proyecto minero Crucitas, es un aspecto que ha sido planteado y resuelto favorablemente tanto por la Dirección de Geología y Minas como por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ambos órganos técnicos de la administración con competencia específica para pronunciarse sobre el particular. En todo caso, dado el cuestionamiento planteado ante la Sala, y aunque se ha demostrado que el tema de los explosivos sí fue considerado en sede administrativa, se considera importante formular las siguientes apreciaciones.

LVI.- Sobre el tipo de explosiones y sus efectos. Es importante mencionar que la empresa recurrida afirma que en materia de explosivos y explosiones se utilizará el sistema de «voladura controlada», la cual se define como «aquella que tiene por objetivo evitar el rompimiento de la roca fuera de límites previamente establecidos. Las cargas explosivas son de baja energía y se colocan de forma cercana entre sí, controlando la dispersión de las rocas y el ruido producido»; en este sentido, al utilizar este sistema de «voladura controlada», la vibración, el ruido, el polvo y los gases generados son de baja intensidad y periodicidad, limitándose a un máximo de dos explosiones por semana. A manera de ejemplo, explica la empresa que una voladura a una distancia de doscientos a quinientos metros produce un ruido máximo de 103.8 y 95.3 decibeles, respectivamente, mientras que criterios técnicos acreditan que un trueno produce un ruido de 120 decibeles –ver página 50 de documento aportado por la empresa del veintisiete de noviembre de dos mil nueve-. Es ante ello, que las autoridades recurridas concluyen que debido al tipo de explosivos que se utilizará, la fauna no se verá afectada –ver folio 5379-, pues sus efectos serán muy puntuales y localizados en tiempo y espacio, sin que se prevea afectación para la fauna local –incluyendo las lapas-, pues los efectos durarán poco tiempo y solamente provocará el alejamiento temporal de las especies en los días siguientes, volviendo a sus actividades normales en muy corto plazo.

LVII.- Esta conclusión de las autoridades competentes coincide con lo explicado en torno a este tipo de explosiones en el curso de capacitación sobre explosivos impartido en junio de dos mil siete a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por el Ingeniero Orlando Reyes, Gerente Técnico de la empresa ORICA Mining Services Centroamérica Sociedad Anónima –copia del material utilizado en este curso fue aportado al expediente por la Regente Ambiental del proyecto minero Crucitas-. En esta actividad de capacitación, se explica que el término «voladura» se refiere a un mecanismo de rotura de las rocas por acción de los explosivos, pero aclara que estos explosivos –denominado pólvora de minas- son mezclas de azufre, carbón vegetal y nitrato potásico, y se diferencian de los explosivos convencionales en que deflagran en lugar de detonar, y por ello son muy apropiadas para el arranque de rocas ornamentales como granito, mármol y pizarra. Tanto la detonación como la deflagración son fenómenos de óxido-reducción, pero la deflagración es de carácter subsónico, mientras que la detonación es de carácter supersónico, pues en este último caso, las ondas de compresión se propagan a velocidad mayor que la del sonido. De tal forma, una detonación es una reacción química a alta velocidad que crea una onda de choque, mientras que la deflagración es una reacción térmica que no produce ondas de choque. En cuanto a los aspectos técnicos, menciona que la energía del explosivo debe estar confinada a lo largo de la perforación para producir el fracturamiento y desplazamiento de la roca, y que los resultados de una voladura dependen más de las propiedades y estructuras de la roca que de las propiedades de los explosivos. Así, refiere que los efectos de las voladuras pueden afectar potencialmente el medio ambiente principalmente de tres maneras: acústica –ruido producido-, vibraciones –vibración del terreno- y gases producidos. Afirma la presentación que la contaminación acústica producida por las voladuras puede ser absolutamente controlada utilizando apropiadas y conocidas técnicas modernas de control, dentro de las cuales se encuentra la detonación secuenciada, por la cual se diseña y establece adecuadamente la cantidad de explosivo para cada evento, de forma tal que las vibraciones producidas estén dentro de los parámetros aceptados en las regulaciones locales o internacionales. Indica que lo más importante es que el control de afectación potencial producido durante las voladuras por efecto de las vibraciones, pasa única y exclusivamente por la distribución de las cargas explosivas en el tiempo, y en la dosificación de estas y esto es totalmente controlable y se diseña para cada caso específico. El curso profundiza en cuanto a la contaminación acústica, explicando que el sonido causado por una voladura puede ser minimizado y controlado utilizando adecuadamente los elementos de retardo y eliminando el uso de cordón detonante en la superficie de la voladura; de esta forma, el sonido que se perciba será principalmente el de las cargas en superficie, sonido que en todo caso no sobrepasa los 50 decibeles en el sitio exacto de la detonación, recordando que en toda voladura, las personas deben estar a lo menos a una distancia de trescientos metros por razones de seguridad, y a esta distancia el sonido es en ocasiones apenas perceptible. La explosión de las cargas dentro de las perforaciones no aporta mayor sonido si estas se encuentran apropiadamente confinadas, como debe ser para conseguir el efecto deseado -que la energía liberada se utilice para el fracturamiento de la roca- y lo que se percibe por los seres humanos y fauna es principalmente la vibración producida por estas detonaciones pero en un rango máximo aproximado de unos trescientos metros, la cual se puede predecir y controlar hasta los valores mínimos. En materia de gases, explica que así se denomina al conjunto de productos resultante de una voladura, que comprende los gases inocuos de vapor de agua, nitrógeno, dióxido de carbono, algunos productos sólidos y líquidos y los gases como el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno; los gases producidos durante la detonación del explosivo en  tajo abierto son los que provocan la ruptura de la roca, dada sus altas presiones y temperatura, pero estos gases se diluyen al entrar en contacto con el aire, llegando a presentar concentraciones en el aire que no se consideran riesgosas para el ser humano ni la flora y fauna, pues el control y diseño adecuado de las voladuras son las que disminuyen la posibilidad de generación de gases a la atmósfera. De tal forma, lo indicado en este curso impartido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se encuentra en el mismo sentido de lo resuelto por las autoridades recurridas en cuanto a la declaración que el tipo de explosiones a implementar en el proyecto minero, carecerá de efectos negativos sobre el entorno biológico, siempre que se observe de manera adecuada los protocolos de aplicación y seguridad correspondientes.

LVIII.- En el mismo sentido, la Regente Ambiental del proyecto expone como ejemplo las voladuras que se realizan en casos urbanos para la construcción de sótanos, indicando un caso concreto en una zona de edificios de oficinas, donde se han desarrollado explosiones al lado de edificaciones que mantienen su plena ocupación, es decir, sin desalojar a las personas, y donde el radio de percepción de la explosión no fue más allá de sesenta metros de distancia, datos que fueron verificados por geófonos, los cuales son instrumentos que miden las ondas sísmicas. Además, explica que este mismo tipo de voladuras como las que se realizarán en el proyecto minero, se implementan regularmente en tajos ubicados en el Valle Central, alrededor de los cuales se encuentran zonas residenciales o urbanizadas a tan sólo doscientos metros de distancia, todo lo cual demuestra, en su criterio y de acuerdo con lo aquí indicado, que el proceso de voladuras controladas no representa riesgo significativo para la flora y fauna que habita en zonas aledañas al proyecto minero Crucitas.

LIX.- El conocimiento social sobre la utilización de explosivos. Al incluirse la utilización de explosivos en la propuesta de modificación del proyecto, la referida Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto Minero Crucitas contempló como Apéndice 2 el “Estudio del conocimiento y la percepción local de la modalidad de explotación de roca dura”, elaborado en octubre de dos mil siete, en el cual se acredita ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que dadas las modificaciones planteadas, se repitió el análisis de la percepción local del proyecto para determinar el grado de conocimiento que la población tenía de los cambios propuestos en relación con la reducción del área de extracción y el procesamiento de saprolita y roca dura, así como sus efectos en las condiciones sociales y económicas de las comunidades en el área de influencia del proyecto. Se informa que se realizaron grupos focales y conversación abierta con representantes de organizaciones y personas en su carácter individual, cumpliéndose así diez diferentes reuniones celebradas en Ciudad Quesada, Coopevega, Moravia de Cutris, Chamorro, el Roble, Crucitas, Llano Verde y Jocote, así como otras visitas individuales a personas o familias de poblaciones más pequeñas y alejadas. Las convocatorias se realizaron de manera verbal y a través de comunicados escritos pegados en las comunidades y sitios de reunión de vecinos, y su contenido consideró de manera expresa los antecedentes, las razones técnicas y financiera para cambiar el modelo de explotación, la viabilidad del modelo saprolita, los principales cambios en el área del proyecto con el modelo roca dura, los impactos sociales y ambientales asociados al nuevo modelo de explotación y la generación de impuestos con el nuevo modelo. El estudio concluye que los entrevistados destacaron principalmente efectos positivos en el cambio, porque se reduce considerablemente el área a impactar y habrá mayor generación de empleo con la modalidad propuesta. Este estudio sobre percepción social, se acompaña también de otros apéndices propios como son la guía de entrevistas, el cuestionario para la consulta individual, la lista de personas entrevistadas y participantes en grupos focales y resúmenes de los resultados de entrevistas grupales.

LX.- La aprobación de la propuesta de modificación en lo que atañe al uso de explosivos. De tal forma, habiéndose presentado la solicitud de modificación del proyecto adjuntando los estudios correspondientes al uso de explosivos y la percepción social sobre esta modalidad, mediante resolución No. 170-2008-SETENA, de cuatro de febrero de dos mil ocho, la Comisión Plenaria aprobó la modificación solicitada por la empresa, haciendo alusión de manera concreta a que el proyecto inicial contemplaba la extracción de saprolita hasta una profundidad de 15 m., por implicar un menor costo de extracción; sin embargo, en atención a los cambios del proceso del oro y por no cumplir la empresa con una norma exigida en su país de origen –Canadá-, se solicitó como parte de los cambios extraer además la roca dura -donde aumenta la probabilidad de una mayor cantidad de oro- con profundidades de 67 m y reducir el área de extracción de 126.4 hectáreas a 50 hectáreas. Asimismo, como la extracción de roca dura implica la utilización de voladuras para el avance apropiado de bloques de extracción y de la adecuada conformación de los taludes de las paredes de los tajos, la empresa se comprometió a contratar un desarrollador certificado para este tipo de actividad. En este sentido, la Sala advierte que la entidad técnica competente en esta materia sí tuvo conocimiento tanto del contenido de la modificación propuesta, de los mecanismos de aplicación y utilización de explosivos, y de la difusión social que se realizó a estas modificaciones –uso de explosivos incluido-, todo lo cual llevó a la administración a considerar que el uso de explosivos no generaría impacto negativo sobre el entorno biológico, razón por la cual aprobó la solicitud planteada por la empresa recurrida. Debe reiterarse que el conocimiento técnico de las solicitudes y pretensiones como las aquí indicadas, son del resorte de entidades técnicas de la administración, por lo que si los órganos pertinentes han vertido su criterio científico sobre el particular, escapa al ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional discutir si tal criterio se encuentra ajustado al carácter también técnico de los elementos tenidos en cuenta por la administración para la emisión de su pronunciamiento; en consecuencia, si los interesados consideran que existe alguna inconformidad al respecto, deberán interponer las acciones pertinentes ante los órganos que corresponda.

LXI.- La Sala es conciente de las alarmantes afirmaciones tanto de los recurrentes como de los recurridos, en el sentido que se ha acreditado la existencia de tan sólo veinticinco parejas de lapas verdes, mas este inquietante dato y el temible escenario que se cierne de mantenerse las condiciones actuales no es atribuible de manera alguna a la autorización de cambio de uso de suelo, sino a la ausencia de monitoreos y controles anteriores sobre esta situación, que llevaron a la explotación indiscriminada de coberturas boscosas sin parámetros técnicos como los que ahora se implementan y deben mejorarse, y la sustracción del ave de su entorno natural con fines comerciales y de entretención doméstica. En este sentido, y tomando en cuenta las recomendaciones técnicas pronunciadas, la Sala insta a la administración a fortalecer los controles adecuados y el monitoreo pertinente, para dar seguimiento a la situación de la lapa verde y aminorar los riesgos de extinción que ahora se vislumbran. En consecuencia, se ordena al Área de Conservación Arenal Huetar Norte y al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, implementar programas interdisciplinarios de seguimiento para la preservación y conservación de la lapa verde en la zona norte y atlántica del país.

LXII.- Por otra parte, en lo que respecta a la utilización de la madera de los árboles que deberán ser cortados para permitir la implementación del proyecto minero, procede autorizar su uso única y exclusivamente bajo el compromiso asumido por la propia empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, visible y reiterado a folios 500, 534 y 557 del expediente, donde de manera expresa indica que "[l]as utilidades esperadas con la venta de la madera que asciende aproximadamente a $1.000.000 (un millón de dólares americanos) será depositada en el fideicomiso existente de APANAJUCA, que es la Asociación del Parque Nacional Juan Castro Blanco cuyo objetivo único es la compra de terrenos privados para conservación del Parque Nacional, también conocido en San Carlos como el parque del Agua, y que actualmente tiene más del 90% de su área bajo propiedad privada", pues no es de su "interés sacar la madera y obtener un beneficio económico de la misma [sino que] los recursos económicos que se obtengan de la venta de la madera serán donados a una institución reconocida en Ciudad Quesada para la compra de terrenos dedicados a la conservación". De tal forma, si una vez ejecutadas las medidas de mitigación autorizadas, la empresa decide disponer de la madera de los árboles cortados y de los desechos vegetales removidos, tal disposición debe serlo únicamente a efectos de incrementar en lo que corresponda el fideicomiso de la Asociación del Parque Nacional Juan Castro Blanco, y solamente para la adquisición de los terrenos propiedad privada que conforman el Parque Nacional, para lo cual debe el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones ejercer de manera rigurosa las acciones de control y monitoreo para verificar el cumplimiento de este mandato.

LXIII.- En definitiva, la autorización de cambio de uso de suelo y el permiso otorgado para la corta de 197 árboles de almendro en la zona del proyecto minero Crucitas, no contraviene la protección ambiental ni sitúa en posición de riesgo o amenaza al almendro amarillo. De igual forma, la corta autorizada y la modificación aprobada al proyecto minero, tampoco compromete la existencia de la lapa verde pues carece de impacto negativo sobre sus sitios de anidación y fuentes de alimentación, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar en cuanto a estos extremos.

LXIV.- Sobre la existencia de recurso hídrico en la zona de Crucitas y el riesgo de contaminación. Acusan los recurrentes que la empresa minera para llevar a cabo el Proyecto en Crucitas va a arrasar una zona de protección de quebradas y nacientes en el área de las excavaciones y de las zonas de relaves donde se construirán lagunas para almacenar material cianurado. Además, deberá desviar quebradas y afectar zonas de recarga acuífera, con lo que se afectarán importantes acuíferos superficiales como las quebradas “La Plata” y “La Mina”, así como zonas de recarga acuífera, incluso afectando el río San Juan por su cercanía. Del estudio de los autos y de los informes rendidos bajo fe de juramento, la Sala aprecia que la situación planteada ha sido valorada tanto por la empresa como por las instancias administrativas correspondientes. En primer lugar, vale precisar que el Inventario de Corrientes en la zona de explotación del proyecto, elaborado en noviembre de dos mil siete, concluyó que: a) en el área de explotación no existe ninguna quebrada o corriente de tamaño significativo que pudiera ser afectado por la explotación minera; b) que en el área del embalse se afectarían cuatro yurros y la quebrada Mina, los cuales serían inundados por el embalse de relaves; c) que en el área de la planta de proceso no se afectaría ningún tipo de corriente, y; d) que la explotación minera se manifestaría en un aumento de la escorrentía, el cual sería despreciable en el caudal de los ríos receptores. Por su parte, el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, acredita en mayo de dos mil ocho que: a) en el área de explotación minera del cerro Fortuna existen diez quebradas sin nombre de caudal intermitente y de dominio público; b) que en el área de explotación del cerro Botija existen dos quebradas sin nombre de caudal intermitente y de dominio público; c) que en el área de embalse de relaves existen cinco quebradas de caudal permanente de dominio público, tales como las quebradas Minas y Campamento. Según los estudios realizados por la empresa recurrida durante la etapa de exploración se analizaron los siguientes cuerpos de agua: Quebrada Descubrimiento, Caño Crucitas, Quebrada Chamorro, Quebrada la Mina, Río Infiernito, Quebrada Llano Verde, Río San Juan y Laguna -ubicada cerca del campamento ver página 194 del Estudio de Impacto Ambiental “EsIA”-. No obstante,  ninguna de ellas es potable porque los niveles de contaminación por coliformes superan en todo caso los valores máximos admisibles -ver página 196 del EsIA-. Además, se identificaron 3 pozos de abastecimiento doméstico en el pueblo Crucitas a 3 kilómetros al norte de la excavación minera, los cuales penetran el acuífero superior -ver página 196 del EsIA-. Existen dos manantiales que son utilizados para abastecimiento doméstico, uno para el campamento del proyecto y el otro, se ubica 50 metros al este de la escuela -página 197 del EsIA-, ambos obtienen agua del acuífero superior. Asimismo, se logró demostrar la existencia en la zona del proyecto minero Crucitas de dos acuíferos: 1- Un acuífero superior de tipo freático a 4 metros o más por debajo de la superficie, que se presume su recarga debe ser local, por infiltración de las lluvias. Tiene una serie de direcciones de flujo que discurre de acuerdo a la topografía -página 198 del EsIA-. Para esta determinación en la fase de exploración se hicieron aproximadamente 24 perforaciones de pozos para establecer la permeabilidad de la saprolita y del basamento -página 205 del EsIA-.  2- Un acuífero inferior que está confinado dentro de rocas volcánicas fracturadas a profundidades superiores a los 80 metros -página 23 del EsIA-. No hay evidencias de afloramientos naturales de esta agua en todo el área de estudio y se determinó que este acuífero sí tiene una dirección regional de flujo subterráneo -pág. 207 del EsIA-. Quedó debidamente demostrado que este acuífero presenta condiciones de baja calidad de aguas, ya que los valores de amonio, hierro, potasio, sulfatos, color y turbidez superan la norma de potabilidad; y que los pozos que se hagan en esas áreas y que penetren el acuífero inferior se comportarán como pozos surgentes -ver página 208 del EsIA, según muestras realizadas en el año 2000-. De acuerdo a los estudios realizados, la calidad de las aguas de ambos acuíferos es baja y fuera de las normas nacionales para abastecimiento humano por el nivel de ph, el cual es bajo, ya que los datos reportados registran el pH entre 5.76 y 4.92, por debajo de la norma mínima nacional (6.5 pH). Sobre el particular, el Resumen de Condiciones Hidrogeológicas y Efectos Esperados en el proyecto minero Crucitas, concluye que el acuífero superior no se contaminará con el proceso de extracción del mineral siempre que se cumpla con las medidas de prevención. Sobre el acuífero inferior, señala este Resumen que el mismo no presenta afloramientos, y que sus áreas de recarga se encuentran fuera del proyecto y no discurre hacia el río San Juan. El acuífero inferior presenta condiciones de confinamiento y en algunos sectores un comportamiento artesiano surgente, donde el nivel piezométrico presenta una dirección de flujo que es aproximadamente noreste-suroeste, y donde la cota del nivel piezométrico en el sector donde se ubicarán los tajos es de aproximadamente 73 m.s.n.m., por lo que entonces el acuífero inferior será intersecado en ese punto. En ese caso, el afloramiento de agua conforme se avance la extracción por debajo de la cota 73, será bombeado hacia la laguna de relaves hasta que se finalice la extracción y entonces en el tajo Botija que se rellenará, el nivel de agua podrá recuperar aproximadamente su ubicación dentro del material que se ubicará dentro del tajo, para posteriormente recuperar con vegetación la superficie del terreno. En el caso del tajo Fortuna, el nivel recuperará su ubicación pero rellenará el pit formando un lago. Para evaluar los efectos de la excavación de los tajos sobre el acuífero inferior, se hizo una evaluación mediante modelación del abatimiento del nivel del agua en la propia excavación y en sus alrededores. Para ello se utilizó un modelo de flujo radial -Rushton y Redshaw, 1979- y se calculó el caudal necesario a extraer de la excavación para mantener el nivel del agua en el piso del tajo mientras se terminan las labores de extracción y se calculó también el radio de influencia. Para esto se hizo una simplificación geométrica de la forma de los tajos y se le dio énfasis al tajo Fortuna, ya que el agujero del Botija será rellenado. En términos generales, el área de la base del tajo Fortuna se tomó como 19103.8 m2. El área del espejo de agua una vez recuperado se calcula en 88096.6 m2. Este efecto de abatimiento del nivel en el acuífero inferior es temporal, ya que una vez que cesen los trabajos de explotación del material y ya no exista la extracción del agua desde la excavación, el nivel del agua subterránea empezará a recuperarse hasta alcanzar la cota de 73 m.s.n.m. que presenta actualmente.

LXV.- Al respecto, el informe rendido bajo juramento por SETENA a folio 3781 del expediente, admite que el desarrollo de las actividades de remoción y corte del terreno, en conjunto con la ocurrencia de fuertes lluvias, pueden desencadenar procesos erosivos y arrastre de materiales hacia los cuerpos de agua que drenan el área del proyecto durante la operación del proyecto, sin embargo en el Plan de Gestión Ambiental se han previsto las medidas necesarias para su control y mitigación. En cuanto a la posibilidad de contaminación de ríos y quebradas incluido el río San Juan, se indica que el sistema para la reducción del cianuro se denomina CYPLUS, el cual constituye una herramienta indispensable para la gestión ambiental del proyecto, de tal forma que por ser un sistema de punta y probado en otros países como Estados Unidos donde ha sido avalado por la Agencia de Protección Ambiental de este país (EPA), permite garantizar los niveles que la normativa actual fija en el país (menor 1 ppm).ppm=partes por millón. La planta está diseñada para que la descarga a la laguna de relaves posea una concentración entre 30-90 ppb (partes por billón), lo cual permite que el desarrollo del proyecto cumpla con la norma internacional que es de 100 ppb (0.1 ppm), adicionalmente el proceso remueve exitosamente todos los materiales base incluido el cobre. De igual forma, el proceso final de pulimento de desechos mediante la degradación natural del cianuro se realiza en la laguna de relaves, entendiéndose este proceso como la reducción completa de cianuro de las aguas residuales en ausencia de la intervención humana, por lo que las aguas tanto superficiales como subterráneas en el área del proyecto y su área de influencia no serán contaminadas. En lo que respecta a la extracción de roca dura, el efecto en relación al sistema de extracción de saprolita, consiste en la afectación de la cantidad de agua subterránea por el afloramiento del acuífero inferior durante la excavación de los tajos. Se espera el abatimiento del nivel del agua subterránea hasta la base de este acuífero, sin embargo esta situación, tal y como se presentó en el estudio de impacto ambiental, por las características que presenta de distribución y flujo, generaría un radio de influencia máximo esperado de 267 metros, situación que obviamente no afectaría propiedades que se encuentren fuera de ese radio, y que en todo caso se ubicaría en la totalidad de la propiedad de Industrias Infinito, por lo que no se verían afectadas tomas de agua o pozos en propiedades aledañas. El abatimiento se generaría en las inmediaciones de la excavación, pero la magnitud de ese descenso del nivel del agua puede ser prácticamente imperceptible fuera de ese radio de 267 metros.  Se concluyó que ese impacto no tiene relevancia en términos de uso del acuífero. De manera que, ambos acuíferos fueron valorados en el estudio de impacto ambiental y su propuesta de cambio, pero no se determinó la existencia de una afectación, al igual que con respecto a la acusada contaminación de los ríos y quebradas por el sistema a implementar denominado CYPLUS (ver informe a folio 1751).

LXVI.- Asimismo, ante una eventual contaminación por emergencia existe un Capítulo dentro del estudio de impacto ambiental denominado Plan de Contingencia, que incorpora todo tipo de eventualidades que podrían ocurrir. En caso de sismos, la laguna de relaves contará con una estructura de rebalse o vertedor de excedencias que ha sido diseñada y aprobada en el estudio de impacto ambiental y su Anexo, con el fin de darle una estabilidad permanente al dique y para manejar en forma independiente excedentes de agua en los períodos de máxima precipitación. Además, de mantener un control permanente de la calidad del agua de rebalse, se instalará una planta dosificadora de cal al igual que en la salida de los tajos, para que en caso necesario se pueda neutralizar el ph. La ubicación de esta planta es una medida adicional y un factor de seguridad extra, con la cual la calidad de agua del vertido es aceptable, pues cumple con la normativa internacional -ver informe a folio 1751-. Lo anterior es reforzado por el estudio del científico M.Sc. Hugo Virgilio Rodriguez Estrada, Hidrogeólogo, citado anteriormente, al indicar que según el diseño del Proyecto Minero Crucitas, el acuífero superior no representa limitaciones para su desarrollo, debido a que no se contaminará por efecto del proceso de extracción del material, ni por los procesos industriales siempre y cuando se cumplan con las medidas de prevención y mitigación propuestas. El acuífero inferior está formado en rocas ígneas del basamento, es de carácter confinado y no presenta afloramientos en la superficie, esta característica implica que las áreas de recarga se ubican fuera del Área del Proyecto Crucitas. Reitera que este acuífero muestra un flujo regional de noroeste a suroeste, con una gradiente hidráulica promedio de 3.2%, esto implica que el flujo de agua de este acuífero no drena hacia el Río San Juan. La capa confinante no la conforma la saprolita, sino que está formada por algunos horizontes de baja permeabilidad ubicados dentro de las propias rocas del basamento. Actualmente no se tienen registros de que este acuífero se capte en la región y que la calidad del agua del acuífero inferior, presenta una concentración más alta en todos los parámetros químicos, lo cual es comprensible debido a que es un acuífero más profundo, en el que el agua tiene un mayor tiempo de residencia y está más propenso a ser afectado por las alteraciones hidrotermales relacionadas con el yacimiento mineral. Por esta razón este acuífero presenta condiciones de baja calidad en sus aguas, y  los valores de amonio, hierro, potasio, sulfatos, color, turbidez están fuera de las normas nacionales de calidad de agua para abastecimiento humano. Los análisis realizados a los datos existentes indican como conclusión general que desde el punto de vista de la hidrogeología, el proyecto Crucitas es viable y no se espera ninguna afectación negativa a las aguas subterráneas si se aplican todas las medidas de control, prevención y mitigación establecidas. Por su parte, la evaluación hidrogeológica realizada por el SENARA y comunicada mediante oficio GE-097-2009 del 13 de febrero de 2009, por el Gerente General, también validó el proyecto en el marco de los compromisos asumidos por la empresa para mitigar el impacto potencial a las aguas subterráneas de interés. El informe DIGH-0034-2009 del 11 de febrero de 2009 dirigido al gerente general de SENARA y que sirvió de sustento a al oficio recién citado indica: “…De acuerdo a los radios de influencia por el abatimiento, producto de la excavación al intersecar los niveles de agua de los acuíferos superior e inferior, no se afectaría las fuentes de abastecimiento público como pozos o nacientes, ni tampoco alcanza el área de la laguna de relaves…”, sin embargo hace énfasis en los mecanismos de control y prevención que deben realizarse.

LXVII.- En este sentido, la Sala tiene por acreditado que sí existen recursos hídricos en la zona del proyecto Crucitas, pero ninguno de los acuíferos existentes resultan ser potables, a pesar que el acuífero superior sí descarga en ríos y quebradas cercanas. Asimismo, se demuestra que no existe riesgo de contaminación con motivo del desarrollo de la actividad minera, siempre que al respecto se observe las medidas de prevención y mitigación establecidas en los planes de manejo, de donde resulta el deber ineludible de la empresa y de la administración, de ejercer con particular celo el monitoreo de la situación para evitar un descuido en los referidos planes de prevención y mitigación.

LXVIII.- De igual manera, la prueba técnica allegada al expediente sobre la geografía del terreno y la dirección en que corre el acuífero inferior, descarta el riesgo de contaminación de este curso de agua de carácter transfronterizo en los términos planteados por los recurrentes. Por el contrario, dadas las obligaciones establecidas en la «Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación», y lo estatuido en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 63/124, es claro que el Estado costarricense es tributario de la protección que debe otorgar el Estado del curso de agua del que proviene el acuífero, mientras que Costa Rica es la responsable de brindar la plena protección dentro de su territorio, pues tal como se ha acreditado, no existe riesgo de impacto negativo alguno hacia el Estado del curso de agua del cual proviene el acuífero regional –acuífero inferior-. Distinto sería en el supuesto que el acuífero transcurriera desde Costa Rica hacia otro país, en cuyo caso sí está obligado a adoptar en ese caso todas las medidas de protección necesarias para evitar daños sensibles en el otro Estado del curso de agua; al no ser así, las obligaciones costarricenses sobre el particular están constreñidas a la protección que debe brindar dentro de su propio territorio.

LXIX.- No obstante lo anterior, este Tribunal logró constatar ante una consulta que se le realizó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, que esta dependencia no había realizado estudio hidrogeológico alguno en la zona, y que ante el SENARA no se había presentado ningún Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas, sino que sólo se tramitó la valoración para la instalación de un tanque de combustible a través de un estudio puntualmente elaborado para la zona del tanque sin reflejar las condiciones hidrogeológicas generales, por lo que se carecía de información que permitiera definir zonas de recarga y descarga y el impacto de la actividad minera sobre los mantos acuíferos. Lo expuesto amerita, de acuerdo a las competencias técnicas del SENARA en la protección del recurso hídrico, que se advierta una irregularidad por parte de las autoridades recurridas en cuanto a la valoración del riesgo ambiental, pues tratándose de una actividad sujeta a valoración ambiental, la autoridad competente para el otorgamiento de la viabilidad debía contar con todos los elementos técnicos necesarios, siendo uno de ellos, determinar en mayor medida, la  posibilidad de afectación o no del recurso hídrico, no sólo sobre un área determinada dentro del proyecto minero, sino sobre toda el área a impactar por el proyecto, valoración integral que ciertamente no fue presentada ante el SENARA, ni ante SETENA de previo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Es con posterioridad a la aprobación de dicho estudio que la empresa recurrida presentó al SENARA un Estudio Hidrogeológico para que fuera analizado, gestión que dio como resultado el informe número DIGH-0034-2009, de once de febrero de dos mil nueve, por el cual la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA concluyó que la excavación no afectará las fuentes de abastecimiento público, pero sí se podrían contaminar las aguas superficiales si la laguna de relaves no tuviese el caudal suficiente para mantener el espesor del espejo de agua, por lo que debe garantizarse la condición de funcionamiento de la presa e implementar un sistema de tratamiento que mejore la calidad del agua de la laguna que descarga al sistema fluvial. De igual forma, mediante informe número DGIH-0039-2009, de trece de febrero de ese año, SENARA concluyó que no existe comunicación hidráulica entre las actividades del proyecto y las fuentes de agua potable, que ninguno de los dos acuíferos –superior e inferior- son potables, y que el acuífero inferior no descarga hacia el río San Juan, sino hacia territorio nacional, por lo que el Estudio Hidrogeológico presentado es finalmente validado por el SENARA y así fue informado al MINAET el propio trece de febrero de dos mil nueve. De conformidad con lo expuesto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo, toda vez que las autoridades recurridas actuaron negligentemente al no haber requerido previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto, el pronunciamiento de SENARA, de conformidad con los fundamentos que en reiteradas ocasiones ha dispuesto este Tribunal. No obstante lo anterior, esta declaratoria debe entenderse únicamente a efecto de condenar a las autoridades recurridas al pago de daños y perjuicios,  causados con la omisión de la administración de no requerir ni validar un estudio hidrogeológico completo del área del proyecto de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental, mas no anular el Estudio de Impacto Ambiental, ni la viabilidad ambiental otorgada, por cuanto la autoridad competente –SENARA- confirmó la viabilidad del proyecto según los estudios aportados. Esto no significa que la Sala valide el otorgamiento de permisos ambientales sin el cumplimiento de los requisitos legales siempre que los mismos se cumplan posteriormente; por el contrario, es una reiteración de que no es válido otorgar permisos ambientales si los estudios exigidos por el ordenamiento no están completos, pero si en el caso concreto donde las actividades de impacto aún se encuentran detenidas, y se cuenta ya con elementos técnicos que concluyen la no afectación del recurso hídrico de la zona y así ha sido declarado por la autoridad competente, las reglas de la lógica y la ciencia indican que pueda continuarse con el proyecto en los términos planteados sin ocasionar mayores dilaciones que las estrictamente necesarias. En este caso específico, resulta inconsecuente retrotraer la validación del Estudio de Impacto Ambiental para que la administración valore estudios que ya están aprobados, cuando los mismos acreditan la protección del recurso hídrico de la zona y no se han ejecutado en el proyecto actividades que eventualmente pudiere afectar dicho recurso hídrico. De ahí que, el efecto de la acreditada violación es en la condena de daños y perjuicios contra el Estado, con la advertencia de abstenerse en incurrir en omisiones o situaciones como las que dieron lugar a la estimatoria de este extremo.

LXX.- Sobre el riesgo contaminación acuífera con cianuro o material cianurado. Un aspecto adicional aducido por los recurrentes en cuanto al riesgo de contaminación acuífera, es la utilización del cianuro en el proceso de lixiviación del oro, toda vez que el mismo es altamente contaminante si su manejo no es el apropiado. Debe indicarse que para la extracción del oro la tierra excavada debe someterse a un proceso de lavado, dentro del cual se incorpora el cianuro para separar el mineral, extraerlo y, posteriormente, desechar el material restante, que se denomina material estéril. Este proceso de lavado se realiza dentro de un mecanismo cerrado que impide el contacto del cianuro con el ambiente y que elimina el cianuro del agua utilizada y del material sometido al proceso, de forma que el agua y materiales que salen del sistema y que luego serán depositados en la laguna de relaves, carecen de concentraciones importantes de cianuro, por lo que no generan riesgo para los recursos hídricos y el entorno biológico del proyecto. Este sistema cerrado se dispondrá sobre una plancha de concreto que impide filtraciones hacia el suelo, la roca y los recursos hídricos, y ha sido diseñado bajo las normas de sismicidad adecuadas para soportar eventos de magnitud de hasta 8.4 gados en la escala Richter –así se informó durante la Inspección Judicial realizada el doce de setiembre de dos mil nueve-. De tal forma, se indica que el riesgo de contaminación acuífera con cianuro es prácticamente nulo. Otro aspecto relacionado con el cianuro es lo relativo a su transporte, almacenamiento y aplicación. Sobre el particular, en cumplimiento de la resolución número 2237-2005-SETENA, de treinta de agosto de dos mil cinco –es decir, de previo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental-, la empresa recurrida presentó ante la Secretaría Técnica el «Protocolo para el Transporte, Manejo y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”, dentro de las cuales se incluye necesariamente al cianuro. En efecto, en los apéndices del Estudio de Impacto Ambiental se incluye el apéndice 2.b, denominado «Protocolo de Gestión para el transporte, manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas en el proyecto minero Crucitas, el cual considera un protocolo de transporte, uno de manejo y otro de almacenamiento. Así, este protocolo contempla aspectos como la clasificación de peligrosidad de diversas sustancias –figura el cianuro dentro de la clase 6.1-, y dispone cómo debe efectuarse el transporte, cómo debe etiquetarse la carga, cómo debe embalarse la misma, qué prohibiciones cubren y qué especificaciones debe tener el vehículo que las transporte, cómo debe elaborarse la ruta para su traslado y la coordinación que debe ejercerse con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuáles con las condiciones de carga, acondicionamiento y descarga de las sustancias; cuál es el personal involucrado en esas operaciones; la documentación que deben portar los vehículos; y los procedimientos en casos de emergencia, accidente o avería. También contempla diferentes aspectos relacionados con el manejo y almacenamiento, como la seguridad y diseño del almacén, la recepción de las sustancias, la separación de otros productos, el equipo de protección a utilizar, las inspecciones que debe practicarse y los planes de emergencia. Adicionalmente, este apéndice 2.b. incluye como anexo 3 el documento denominado «Manejo del Cianuro en proyectos mineros”, el cual considera otros aspectos directamente relacionados con la producción y almacenamiento del cianuro, cómo debe venir el producto desde el proveedor, dónde y cómo se debe almacenar, el manejo y evaluación del riesgo y cómo se manejan esos riesgos en la planta y en la propia mina de oro, cómo debe ser su transporte y la necesaria información sobre los riesgos. Así, es claro que todos estos aspectos fueron aportados por la empresa, valorados y aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental al validar el Estudio de Impacto Ambiental y sus anexos, y otorgar la viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas.

LXXI.- Sobre el riesgo de drenaje ácido de rocas. Concluido el tratamiento con cianuro, y eliminado el mismo del agua y del material, tanto agua como material tratado serán trasladados a la laguna de relaves. Aducen los recurrentes que ante la extracción del material de los cerros Botija y Fortuna, y por la disposición de este en la laguna de relaves, podría sobrevenir un drenaje ácido y la contaminación abierta más allá de los mantos acuíferos. Por drenaje ácido de rocas se entiende una reacción química que se produce cuando una roca que contiene minerales sulfurosos de hierro, es expuesta a la oxidación atmosférica mediante la combinación de agua, oxígeno y dióxido de carbono. El drenaje ácido puede ocurrir de forma natural o como consecuencia de la actividad humana, pero si alguno de los tres factores  -sulfuros, aire y agua- no reaccionan o no están presentes, no se produce el drenaje ácido; otro factor importante, es que no todos los minerales sulfurosos poseen la misma reactividad ni producen acidez en igualdad de condiciones, así como tampoco todas las rocas o materiales sulfurosos son potencialmente generadores de ácido. Sobre este tema, se ha informado a la Sala que el sistema implementado para el tratamiento del material cuenta con un área de excedencias para evitar la contaminación en caso de sismos –la situación en torno a la sismicidad se trata en detalle más adelante-, la cual es capaz de contener todo el volumen del sistema de aplicación del cianuro más un veinte por ciento adicional como seguridad; se ha indicado a la Sala que toda la estructura –tanto el dique de la laguna de relaves como las plantas de lixiviación y obtención del oro- reúnen las condiciones de sismoresistencia establecidas en el Código Sísmico de Costa Rica, al punto que pueden soportar movimientos telúricos mayores a los ocho grados en la escala Richter –ver acta de inspección judicial realizada el once de setiembre de dos mil nueve-. Adicionalmente, el área de la laguna cuenta también cuenta con una planta dosificadora de cal para neutralizar el pH, y se encuentra confinada tanto por edificios geográficos naturales como por estructuras de concreto que, aunadas a las condiciones del terreno, impiden la contaminación de acuíferos por gravedad o filtración. Tanto el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, como la empresa recurrida, refieren que en el proceso de destrucción del cianuro se utilizará el método Cyplus, el cual permite reducir el cianuro a niveles menores de los deseados, es decir, acrecentando los requeridos niveles de destrucción. En efecto, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental informa que el sistema Cyplus ofrece un rendimiento superior al establecido en la normativa nacional, y que la degradación natural del cianuro se realiza en la referida laguna de relaves, por lo que las aguas superficiales y subterráneas en el proyecto y su área de influencia no serán contaminadas.

LXXII.- De manera concreta sobre el drenaje ácido aludido, la Propuesta de modificación es clara en indicar que los análisis realizados permiten concluir que:

<![if !supportLists]>a.         <![endif]>El material cubierto con saprolita tiene niveles muy bajos de sulfuro.  El lixiviado de bajo pH de este material que existe actualmente de forma natural en el acuífero superior y drenajes fluviales, se debe a la acidez residual en el agua intersticial que drena, sin embargo no presenta potencial de generación actual de ácido, por lo que este material se clasifica prácticamente como inerte.

<![if !supportLists]>b.        <![endif]>El yacimiento rocoso y los relaves se caracterizan por niveles moderados de sulfuro con un pH bajo; sin embargo, contiene poco carbonato que es el compuesto que puede desarrollar neutralización natural del sistema, por lo que la mayor parte del material de roca inerte y colas que se ubicarán en el área de relaves presentan potencial de generación de ácido.

<![if !supportLists]>c.         <![endif]>El basamento de roca volcánica se clasifica como generadora potencial de drenaje ácido. Estos materiales presentan alguna capacidad neutralizante; sin embargo los materiales que presentan esta condición existen en muy poca proporción en el yacimiento, por lo que se podría clasificar como ligeramente potencial generadora de ácido con algunos materiales rocosos categorizados como inertes.

<![if !supportLists]>d.        <![endif]>A pesar de la existencia del potencial de oxidación de sulfuros en la roca inerte y colas, un manejo apropiado que aísle completamente la posibilidad de reacción entre el aire, agua y sulfuros, como lo es el manejo de estos materiales (roca estéril y colas) sumergidas permanentemente bajo agua, anula por completo el potencial de generación de ácido.

En la audiencia oral realizada ante este Tribunal, explicó la Regencia Ambiental del proyecto, que en el caso de Crucitas se realizaron en mil novecientos noventa y seis más de trescientos cincuenta análisis en muestras de rocas, cuyos resultados fueron presentados ante SETENA junto con el Estudio de Impacto Ambiental en el año dos mil dos –en idioma Inglés-, y también en el Anexo ordenado por SETENA al Estudio  en el año dos mil cinco –ya traducido al Castellano-; luego, esos mismos resultados fueron actualizados en el año dos mil siete, concluyéndose lo que se indica en la propuesta de modificación en el sentido de que las rocas de la zona presentan un bajo potencial de generar ácido. A modo de ejemplo, señala que el porcentaje de sulfuros es de 1.5%, lo cual es bajo porque en minas con fuerte drenado ácido los porcentajes de sulfuro son cercanos al 10%, y en casos de minas de sulfuros se llega hasta el 50% o más. De tal forma, es evidente que el tema del drenaje ácido de rocas sí fue considerado tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en la propuesta de modificación al proyecto, resultando finalmente que ambos documentos fueron debidamente validados por la autoridad administrativa competente.

LXXIII.- Sobre estos dos últimos temas –manejo del cianuro y riesgo de drenaje ácido- constan en el expediente otros informes técnicos que refieren la pertinencia de este sistema de destrucción del cianuro y de los mecanismos previstos por la empresa para este procedimiento. Así, mediante Informe sobre Manejo y Control de Sustancias Cianuradas y de Generación de Drenaje Ácido en el proyecto minero, elaborado por los geólogos Jorge Laguna Morales y Franz Ulloa Chaverri, se concluye que todos los procesos cubren la normativa internacional de manejo y control, así como que la infraestructura ha sido diseñada con controles de seguridad que exceden hasta en un quince por ciento las normas internacionales; sobre el sistema Cyplus, explica que es el de mayor efectividad para la destrucción de sustancias cianuradas. Por su parte, el Informe de Manejo de Roca y de Colas de proceso con potencial drenaje ácido, de enero de dos mil nueve, elaborado por Gregory Pleshcheev concluye que la reposición subacuática de colas y material estéril es el método más eficiente de manejo y mitigación de potencial drenaje ácido de rocas, y que el pH de la laguna de relaves se mantendrá dentro del rango característico de aguas superficiales locales. De igual forma, el Informe Cianuro y su Aplicación en Crucitas, también de enero de ese año, explica que los niveles exigidos de destrucción del cianuro se alcanzan cuando los efluentes son tratados con el proceso Combinox, el cual incluye el sistema Cyplus. En adición a estos estudios, el Informe Potencial de Drenaje Ácido de Roca en el Proyecto Crucitas y los Planes de Mitigación Existentes, de febrero de dos mil nueve, elaborado por Alejandro Arauz, reitera que la técnica de sumergir el material sospechoso de drenaje ácido debajo de una capa de agua quieta, ha demostrado ser la más eficaz para evitar la generación de aguas ácidas, porque al suprimir el contacto con el oxígeno se evita la reacción química que da origen a las aguas ácidas. Finalmente, el Informe Revisión y Evaluación de la información técnica sobre la aplicación, control y destrucción del cianuro en el proceso del proyecto minero Crucitas, también de febrero de ese año, elaborado por Sherman Thomas Jackson, asevera que el proyecto contará con eficientes controles para el traslado, uso y destrucción del cianuro, cumpliendo con la normativa nacional e internacional vigente, así como que el proceso de destrucción del cianuro permite que las descargas de efluentes puedan ser manejadas y controladas de manera segura.

LXXIV.- Sobre la actividad sísmica y su posible impacto en el proyecto minero Crucitas. Durante la vista celebrada los días doce, trece y diecisiete de noviembre de dos mil nueve, se planteó la interrogante sobre la sismografía del área donde se encuentra el proyecto minero, y los posibles efectos o impactos de sismos sobre la laguna de relaves y el dique de la misma, esto por cuanto los recurrentes, aduciendo información del Atlas Tectónico de Costa Rica, aseguran que el área de la laguna de relaves y otras zonas del proyecto son intersecadas por una falla tectónica –ver documentos visibles a folios 5271 a 5277 del tomo XIX de este recurso de amparo-, por lo que en su criterio se requiere un estudio neotectónico que analice el riesgo de actividad sísmica –estudio que estiman debió ser realizado para la aprobación inicial del proyecto-. Sobre el particular, la Sala verifica que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental sí considera la situación sísmica de la región, así como que ante la SETENA consta el denominado «Estudio de Amenaza Sísmica para el Proyecto Minero Crucitas, San Carlos», elaborado por la Sección de Sismología y Vulcanología de la Universidad de Costa Rica en octubre de mil novecientos noventa y seis. Señala el Estudio que el área del proyecto puede verse afectada por sismos interplaca o intraplaca, pero serían eventos tan sólo posibles con magnitud 7.7M de aceleración 4 en suelo de 2.19 m/s2, con períodos de retorno de 50 y de 3.97 m/s2 para quinientos años, sin que existan evidencias de movimiento en masa o cicatrices de eventos antiguos –ver página 24 del Estudio.- El estudio sobre amenaza sísmica se concentra entre las páginas 214 a 221 del documento, y allí se indica que por la profundidad que tienen los eventos procedentes de esta fuente sísmica, el grado de amenaza sobre el área del proyecto es mediano, difícilmente superando el grado de intensidad VII. Agrega que los fallamientos activos de carácter zonal que podrían representar algún grado de amenaza para el proyecto, son los que se localizan en la Placa Caribe, a profundidades menores de 20 km. Se indica que el estudio realizado abarcó desde el año mil quinientos a mil novecientos noventa y cinco, y la distribución epicentral de sismos superficiales muestra que la sismicidad es muy baja y que la principal concentración de sismos se encuentra al suroeste de San Jorge de Los Chiles y cerca de las estructuras caldéricas localizadas al sur del área del proyecto. Las investigaciones refieren que las fallas de la zona se caracterizan por generar sismos esporádicamente. También se valoraron los parámetros de las fuentes sísmicas más relevantes que podrían tener alguna influencia en el área del proyecto, y se consideró la duración máxima que podría tener una sacudida sísmica y la aceleración máxima del suelo. Así, es claro que el Estudio de Impacto Ambiental sí consideró la sismicidad de la zona, la cual no fue valorada como un factor que impidiese la realización del proyecto porque tal Estudio fue en su momento aprobado por  la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. De igual forma, las autoridades recurridas refieren en sus informes que la misma documentación aportada por los recurrentes –obtenida del denominado Atlas Tectónico de Costa Rica- es clara en advertir que los mapas que muestran las fallas geológicas, son instrumentos que por la escala en que se presentan no son adecuados para ser utilizados como base para la ubicación de obras civiles, para cuyo cometido debe realizarse estudios específicos. Así, resaltan el estudio sísmico que consta ante la SETENA –uno de cuyos autores es justamente también autor del Atlas Tectónico de Costa Rica-, y en el cual se indica que la zona donde se ubicará el proyecto minero es de baja sismicidad. Afirman, igualmente, que en los mapas que constan en el documento aportado por los recurrentes se evidencia que la falla aducida por ellos es la denominada falla Recreo, la cual se encuentra dentro de las fallas “inferidas o probables” –figura 19 del Atlas-, por lo que no se ha demostrado su existencia. Asimismo, indican que el Atlas Tectónico informa que no existen registros de sismos de importancia durante los siglos XIX y XX –figura 8 del Atlas-, y que según el  Código Sísmico esta zona se ubica en la zona II de intensidad sísmica, es decir, la de menor intensidad del país. Así, las autoridades recurridas arriban a la misma conclusión ya establecida en el Estudio de Impacto Ambiental y su aprobación por SETENA, en el sentido que no habría afectación de la laguna de relaves ni su dique con motivo de eventos sísmicos en la zona.

LXXV.- Finalmente, ante solicitud concreta de la Sala, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica –instituto de investigación adscrito a la Universidad Nacional- indica que para descartar la completa existencia de fallas en la zona debería realizar un estudio de campo que requiere varios meses de trabajo. No obstante, sí acredita que las principales fallas detectadas en la región son dos: la falla San Carlos, que se presume es una falla activa o que ha presentado actividad durante el período Cuaternario, pero ninguno de los sismos registrados se relaciona con la misma; y la falla Recreo –tal como lo afirmaron las autoridades públicas recurridas-, que estuvo activa en el período Terciario y no se ha comprobado actividad sísmica durante el Cuaternario, ni se registra actividad alguna desde mil novecientos ochenta y cuatro. Ante ello, partiendo de sus propios estudios y de los de la red sismológica mundial, concluye el OVSICORI que la actividad sísmica en la zona es muy baja comparada con otras regiones del país, y se puede considerar como insignificante. Así, observa la Sala que la conclusión a que arriba el OVSICORI se encuentra en el mismo sentido de lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que tanto lo expresado en el Estudio, las valoraciones efectuadas por las autoridades recurridas y la información técnica del OVSICORI, arriban a la misma conclusión de un mínimo riesgo sísmico en la zona donde se ubica el proyecto minero Crucitas.

LXXVI.- Sobre la resistencia del dique de la laguna de relaves y el riesgo de ruptura. De tal forma, acreditan las autoridades recurridas que la posibilidad de ruptura del dique de la laguna de relaves sigue siendo prácticamente nula, pues aunque el desarrollador insistió que el factor de seguridad impediría que el dique cediera, SETENA solicitó que se modelara de forma adecuada las posibles consecuencias de una ruptura; esa modelación incluyó aspectos constructivos, hidrológicos, curvas de intensidad y duración de frecuencia, diseño del vertedor de excedencias, morfología de los cuerpos de aguas superficiales, caudal formativo, transporte de sedimentos y ancho del canal, y que el desarrollo de los procesos constructivos y metodologías de diseño han contribuido al aumento en la seguridad de la presa. En todo caso, la eventualidad de una ruptura de la laguna de relaves había sido ya prevista en el propio Estudio de Impacto Ambiental, al definirse las medidas a implementar en caso de riesgo de ruptura de este tipo. Así, se indica en el Estudio que debe emplearse medidas para mitigar el efecto, reduciendo la migración de sólidos aguas abajo, algunas de ellas con represas adicionales aguas abajo, desviaciones de agua y remoción de sólidos desplazados y confinamiento, pero que aún en un supuesto de ruptura, el impacto sería de carácter temporal y reversible, se produciría en un contexto ya medianamente degradado y donde no se encontrarían soluciones cianuradas provenientes de la planta de proceso –ver página 361 del Estudio-. Sí señala el documento que el principal impacto en caso de una muy eventual ruptura, sería sobre la cobertura del suelo con potencial de utilización por aporte de las colas depositadas en el área de relaves, pero que, según lo dicho, no contendrían soluciones cianuradas; en este caso, se considera que el suelo cubierto por las colas tendría una pérdida en términos de su utilización como área cultivable y como área de conservación y protección de la cobertura vegetal. En este sentido, los impactos estimados para una ruptura de la represa serían de carácter negativo, con magnitud alta y con capacidad de afectación local, pero igualmente sería de carácter temporal y tendría un carácter reversible –ver página 363 del Estudio-, lo mismo que sucedería en cuanto a la Quebrada Mina, la cual recibiría una cantidad de sedimentos que podría alterar temporalmente su medio acuático y el del río Infiernito, pero igualmente con carácter reversible –páginas 365 y 366-. El Estudio sí muestra preocupación en caso que la ruptura genere una avalancha, pues en ese caso habría mayor material depositado sobre el suelo, no obstante lo cual y dependiendo de su magnitud, refiere que podría aplicarse técnicas de limpieza y recuperación –páginas 367 y 368-, lo cual coincide con la información que el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria remitió a la Dirección General de Geología y Minas mediante oficio número DST-773-2006, de cuatro de octubre de dos mil seis –dentro del expediente 2594-, indicando que no se perderá la capacidad productiva de los suelos siempre que se cumpla con las actividades técnicas de manejo detalladas en las declaraciones.

LXXVII.- Sobre el riesgo de ruptura del fondo de la laguna y la posible amenaza para el acuífero inferior. Partiendo del tema de la sismicidad, durante la vista también surgió la interrogante de si el suelo, piso o fondo de la laguna podría romperse o agrietarse en caso de un evento sísmico, y cuál sería el efecto de esa ruptura sobre el acuífero inferior. Sobre el particular, se ha informado que las condiciones geológicas del área del proyecto impiden la ruptura del fondo de la laguna y eliminan el riesgo de contaminación acuífera. Se acredita que el acuífero inferior es de carácter confinado, y que sobre él existen ya de manera natural capas de arcilla de entre nueve a dieciocho metros de espesor –incluso de hasta veinticinco metros-, que cubren toda el área de la laguna de relaves y mantienen al acuífero inferior bajo presión, lo cual evita que el agua de la laguna se filtre hacia el acuífero. Además, no es posible la ruptura de estas capas de arcilla porque por su propia naturaleza se comportan de forma plástica, es decir, moldeable, por lo que en caso de afrontar fuerzas sísmicas, la arcilla solamente tenderá a deformarse pero no a romperse ni reventarse –ver explicación aportada por la empresa recurrida el veintisiete de noviembre de dos mil nueve-.

LXXVIII.- De tal forma, es claro que el riesgo sísmico en la zona del proyecto minero Crucitas sí fue considerado en el Estudio de Impacto Ambiental y validado por la administración técnica responsable de su aprobación, por lo que deberán todas las partes relacionadas estarse a lo dispuesto en los documentos científicos que respaldan la ejecución del proyecto en los términos acordados en cuanto a este extremo.

LXXIX.- Sobre el cambio climático, el riesgo de sequía y la afectación del nivel del agua de la laguna de relaves. Por otra parte, tomando en consideración la situación en torno al drenaje ácido por la composición mineral del material a depositar en la laguna de relaves, durante la Vista surgió la preocupación sobre el impacto del cambio climático en la zona y la eventual afectación de la laguna por un descenso en el nivel del agua o procesos de sequía que amenacen el recurso hídrico necesario para su alimentación. Sobre el particular, el Estudio de Impacto Ambiental sí se refiere de manera expresa a la situación de cambio climático –ver páginas 184 y siguientes del Estudio-. Allí se refiere que el promedio anual de precipitación está por encima de los tres mil mm, repartidos en siete meses lluviosos y cinco meses secos, con una humedad relativa del 85%. Para el estudio sobre el cambio climático se utilizó la información de cinco estaciones meteorológicas ubicadas en las comunidades de Upala, Los Chiles, San Jorge, Pital y Coopevega, y se informa que en ninguna de ellas parece existir un patrón anual definido de eventos secos extremos de sequía –se considera evento extremo de sequía cuando se presenta una reducción del 21% en la lluvia anual-, pues las sequías extremas en la zona norte han sido estacionales, es decir, ubicadas dentro de un período definido del año –el seco o el lluvioso- sin que superen más de dos meses. Se explica que diciembre es el mes de mayor variabilidad en la precipitación, pues así como puede dejar de llover totalmente, puede también aportar cantidades suficientes de lluvia como para crear problemas de inundaciones. Se afirma que si la sequía se presenta durante la época lluviosa, se produce una mayor sensación de sequía porque lo habitual es una fuerte precipitación. Se añade que el período de retorno de los eventos de sequía tampoco es muy claro, pero tomando en consideración tres momentos anteriores de aparición de sequía en un período que comprende veintitrés años –mil novecientos ochenta y dos a dos mil cinco- un evento seco extremo podría presentarse entre seis y ocho años. En cuanto a la situación de lluvia, los estudios refieren que entre mayo y diciembre de cada año llueve casi el 80% de las precipitaciones anuales. El estudio de cambio climático define que la comunidad de Las Crucitas se encuentra ubicada en un área de transición, situada entre regiones de condición más lluviosa –como la costa del Caribe- y zonas menos lluviosas –como la región montañosa de la Zona Norte-, y que la precipitación en la región de Las Crucitas debería comenzar a disminuir paulatinamente, siendo imperceptible a principios de siglo, y más acentuada en la segunda mitad del siglo –figura 6 del estudio, folio 5374-, por lo que al final del año 2100, se proyecta una reducción de 650 mm aproximadamente, pero siempre con alternancia de años más secos y años más lluviosos. De igual forma, se considera la variación en la temperatura, pues el incremento hacia el año 2100 será de uno a seis grados centígrados sobre la temperatura de referencia de 27.5°C. Por otra parte, informa la empresa recurrida que para que la laguna de relaves se llegare a secar se requeriría de una sequía de aproximadamente dos años, pues los estudios climatológicos realizados informan que la tasa de evaporación media del agua de la represa de relaves es de 1000 mm al año, por lo que si se aplica esa tasa al volumen de agua contenida en la laguna, se tiene esa estimación de dos años; además, afirma que con una precipitación media anual de 3000 mm al año, una sequía completa de dos años sería imposible, tal como se indica en el apéndice 3 del Estudio de Impacto Ambiental. En este sentido, se evidencia que la situación de cambio climático sí fue considerada en los estudios ambientales del proyecto minero, concluyéndose un impacto mínimo de este proceso durante los años de operación del proyecto; así, resulta inexacto aducir la inexistencia de los mismos y que este factor no fue considerado por la administración técnica.

LXXX.- Punto importante en cuanto a la eventual afectación del nivel de la laguna de relaves con motivo del aumento de la temperatura y posibles eventos de sequía –que según lo dicho, su impacto es mínimo durante la primera mitad de este siglo-, lo constituye el carácter técnico previsto para la ejecución del proyecto minero –aspecto validado por los órganos competentes- que refieren que al producirse el afloramiento del acuífero superior –que según se ha visto no es potable-, el agua que aflore será bombeada hacia la laguna de relaves, de donde resulta que el nivel del agua de la laguna no depende de manera exclusiva del recurso hídrico superficial –quebrada Minas- sino también de otras fuentes que por su naturaleza son impactadas de manera diferente por el cambio climático. De tal forma, esta consideración técnica, así como el limitado impacto que el cambio climático tendría en la zona del proyecto durante su fase de ejecución y cierre, determina que deba atenuarse de manera significativa la preocupación que sobre este aspecto se planteó durante la vista, pues según lo dicho, los estudios técnicos determinan que el riesgo para el proyecto minero es mínimo, y con ello, eliminando el aducido riesgo de drenaje ácido con motivo del cambio climático.

LXXXI.- Sobre el riesgo de desbordamiento de la laguna de relaves. En contraposición al aducido riesgo por sequía y efectos del cambio climático, se planteó el tema de la capacidad de la laguna de relaves en dos aspectos: primero, para disponer en ella el material extraído –tomando en cuenta que se hará una explotación a mayor profundidad-, así como; y, segundo, si su diseño permite que el agua no se desborde y afecte el entorno biológico y geográfico de la laguna. Sobre el primero de los aspectos, en la página 10 de la Propuesta de Modificación al Proyecto Minero Crucitas, se indica que la laguna de relaves fue diseñada para albergar toda la roca extraída de los tajos, tanto la saprolita como la roca dura, al punto que existe una holgura de volumen o capacidad de dos y medio millones de metros cúbicos. En cuanto al segundo aspecto –riesgo de desbordamiento-, las previsiones ambientales adoptadas versan a su vez en un doble sentido. Por una parte, en las páginas 20 a 23 del tomo I del anexo al Estudio de Impacto Ambiental, se indica que el nivel de agua de la laguna será regulado a través de tres tubos de sifón con la capacidad de drenar el líquido hacia la Quebrada Mina –la posible afectación de la quebrada se analiza más adelante-; que se construirá un vertedor provisional con capacidad de asegurar y evitar el desbordamiento en el caso de fuertes lluvias durante la etapa constructiva, y que cuando se finalice la construcción del dique se construirá asimismo el vertedor definitivo, que podrá disponer el agua de exceso, como lo puede ser la lluvia provocada por fenómenos atmosféricos. Este vertedor de excedencias se indica en la propuesta de modificación al proyecto, que se construirá en forma de una torre de rebalse o “Morning Glory” tal y como se maneja en las regulaciones de descarga de los proyectos hidroeléctricos como Arenal, desde donde el agua será conducida por medio de tuberías hacia una planta de adición de cal para un monitoreo constante y estabilizar el pH si fuera necesario; sin embargo este impacto se espera que no sea significativo ya que el pronóstico final de calidad del agua de rebalse se considera apropiado y dentro de las normas de vertidos nacionales. En todo caso –y este es el segundo aspecto del riesgo de desbordamiento-, en páginas 15 a 18 del anexo al Estudio de Impacto Ambiental acredita que el diseño de la laguna y el dique permite soportar de diez a veinte veces más la cantidad de lluvia que cae en un día bajo condiciones normales; de ahí que si la cantidad de lluvia promedio anual en la zona norte es de tres mil trescientos setenta y un milímetros, la laguna y el dique han sido diseñados para soportar mil sesenta y nueve milímetros en un solo día. De tal forma, es claro que la situación de un posible desbordamiento sí fue considerada dentro del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por SETENA, de donde resulta que la autoridad competente en la materia sí consideró y validó los aspectos técnicos relacionados.

LXXXII.- Sobre la posible afectación de la quebrada Minas. La laguna de relaves –que para efectos de esta valoración debe aclararse que no es una laguna de lixiviación de cianuro-, se alimenta del agua de lluvia, del agua utilizada en el proyecto y parte del caudal de la quebrada Minas; así, tomando en consideración que la laguna de relaves utiliza recurso hídrico de la quebrada, que la misma quebrada tiene conexión con otros cursos de agua, y que existirán vertederos que permitirían la eventual evacuación de excedentes de agua hacia la Quebrada, se planteó la interrogante sobre la afectación en caso de desbordamiento, ruptura del dique o desagüe de la laguna. Esta preocupación surge por el impacto que podría tenerse en la zona inmediata al proyecto –situación ya analizada- como, especialmente, en lo que atañe al riesgo de contaminación de recursos acuíferos transfronterizos. Esto es así porque se ha documentado que desde la laguna de relaves, la quebrada Minas recorre una distancia cercana a un kilómetro hasta su desembocadura en el río Infiernito, el que a su vez desde allí continúa por veinte kilómetros hasta desembocar en el río San Juan.

 En cuanto a la ruptura del dique, debe estarse a lo ya indicado en los considerandos precedentes donde se consideró lo relativo al riesgo sísmico y su mínimo impacto negativo, pero debe precisarse qué sucedería con el recurso hídrico de la quebrada y los ríos citados. Sobre el particular, se ha documentado reiteradamente que el agua de la laguna de relaves se encuentra libre de cianuro y de sustancias cianuradas, pues en la laguna se recibirá aguas y rocas que han sido tratadas en la planta de destrucción de cianuro, por lo que la laguna es un área de almacenamiento de roca molida y agua que no contienen sustancias tóxicas; además, los planes de monitoreo propuestos para la Planta de Proceso, tienden a garantizar que no se enviarán materiales si contienen niveles de cianuro. En todo caso, se tienen previstos planes de monitoreo de las fuentes de agua, los cuales se realizarán tanto aguas arriba como aguas abajo –ver páginas 148 a 150 del Estudio de Impacto Ambiental-. El Estudio sí prevé que ante una eventual ruptura se aportarían sedimentos a la Quebrada, los cuales tendrían la capacidad de afectar su hábitat acuático y los del río Infiernito; este impacto se considera de carácter negativo porque generaría una degradación en las condiciones del medio acuático, pero, dice el Estudio, es de extensión limitada a esa zona y de carácter temporal y reversible, en un contexto ya medianamente degradado por actividades antrópicas anteriores, y donde eventualmente podría haber pérdida de peces pero con afectación únicamente local –ver páginas 365 y 366 del Estudio—. Así, se indica que ante un evento extremo en este sentido, el tramo afectado se localizaría en las cercanías de la desembocadura de la Quebrada con el río Infiernito, la cual es una zona plana que almacenaría un volumen de agua y sedimento que disminuiría de manera significativa el caudal pico y el nivel máximo aguas abajo; en ese sentido, la dilución en el río San Juan disminuiría en términos de concentración de sedimentos en una proporción, afirman las autoridades recurridas, de treinta al nueve por ciento, con lo cual el nivel de agua esperado como afectación al río San Juan sería de cuarenta y un centímetros sobre el nivel del caudal promedio anual. De tal forma, se evidencia que la situación con respecto a una posible afectación del entorno ante una ruptura o desbordamiento del agua de la laguna de relaves, sí fue tomado en cuenta en las valoraciones ambientales efectuadas y así validadas por las autoridades recurridas.

LXXXIII.- Aspecto igualmente relacionado con esto es la situación en torno a un eventual desbordamiento de la laguna de relaves. En primer término, debe estarse a lo ya indicado en cuanto a la calidad del agua de la laguna y el impacto en el medio terrestre y acuático relacionado, pero igualmente debe precisarse que según se ha informado, las valoraciones efectuadas se han realizado tomando en consideración el máximo de precipitaciones de la zona, considerando incluso los niveles de pluviosidad de fenómenos atmosféricos como huracanes, determinándose así que un dique que presenta una zona de seguridad de un metro veinticinco centímetros es apto para retener el contenido líquido de la laguna de relaves. En todo caso, debe recordarse que el agua de la laguna se afirma que estará libre de contaminantes –libre de cianuro y otros metales pesados-, aspecto que también implica un mínimo riesgo para el entorno en caso de desbordamiento.

LXXXIV.- De tal forma, tomando en consideración las valoraciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como las indicadas en los demás documentos técnicos aportados, se evidencia que son mínimos los riesgos de ruptura del dique de la laguna de relaves o de desbordamiento de la misma laguna, con limitados efectos sobre el entorno terrestre y acuático, que, en todo caso, serían de carácter temporal y reversibles. En este sentido, no se aprecia ninguna vulneración constitucional con respecto a la valoración efectuada.

LXXXV.- Sobre la valoración preliminar de impactos ambientales. En cumplimiento de sus deberes de control y fiscalización, mediante oficio DAJ-1757-08 del doce de  noviembre del dos mil ocho, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones ordenó a la Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto Minero Crucitas, realizar una inspección en el área del proyecto a fin de determinar si existían impactos ambientales no previstos. Esta Comisión, integrada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Dirección de Geología y Minas, realizó la inspección en el área del proyecto el trece de noviembre de dos mil ocho. Los resultados de esa inspección constan en el informe DAP-1379-2008-SETENA, el cual concluye que las actividades realizadas por la empresa recurrida en el área del proyecto y autorizadas por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, no han generado impactos ambientales no previstos en la evaluación ambiental. De tal forma, se acredita que las autoridades recurridas han estado haciendo uso de sus competencias para fiscalizar que las actividades de la empresa se ajusten a los compromisos ambientales asumidos por la empresa en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad administrativa competente.

LXXXVI.- En este sentido, la prueba técnica allegada al expediente resulta altamente favorable a la utilización del sistema reportado por la empresa recurrida para el tratamiento y eliminación del cianuro, así como a los planes de manejo y seguridad que se implementarán a efectos de evitar un drenaje ácido de rocas como el temido por los recurrentes por causa de accidentes o producto de eventos sísmicos. La coincidencia y complementariedad de los informes referidos, permite a la Sala concluir que de manejarse el cianuro de la forma prevista ciertamente se aminora sustancialmente el riesgo de una contaminación por cianuro, tanto acuífera como general, pues técnicamente se ha demostrado que el cianuro será destruido y debidamente eliminado del material estéril. Sin embargo, deben tomar nota el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la empresa recurrida, que la certeza que se informa depende, nuevamente, en gran medida del pleno respeto a las medidas de prevención, control, monitoreo y mitigación, por lo que se ordena que en todo momento se preste el máximo de atención para evitar incumplimientos a los protocolos establecidos y garantizar la continua e ininterrumpida supervisión, para lo cual la empresa deberá extremar el cuidado en el manejo del cianuro, su aplicación y destrucción, y la administración ejercer de manera rígida y constante el monitoreo a las tareas de la empresa en este campo.

LXXXVII.- Sobre la construcción de puentes y el eventual cierre de un camino público por parte de la empresa recurrida. Durante la Inspección Judicial realizada el doce de setiembre de dos mil nueve, el recurrente Edgardo Araya Sibaja solicitó que la Sala tomara nota de dos puentes que había construido la empresa recurrida, así como del presunto cierre al que se someterá un camino público que ha servido como acceso tradicional a la comunidad de Crucitas, esto por estimar que ambos aspectos evidencian que la empresa se ha extralimitado buscando facilidades de acceso al área del proyecto, aún a costa de obligar a los vecinos a realizar un trayecto mayor, y para el cual se erigieron algunas obras que en su criterio implicaron la corta de árboles y la desmejora de su entorno biológico. Sobre el particular, advierte la Sala advierte las manifestaciones del recurrente están referidas a quejas puntuales que por su carácter y naturaleza deben ser planteadas y conocidas inicialmente por las instancias administrativas que corresponda. Asimismo, debe tomar en consideración el recurrente, que tanto el presunto cierre de un camino público - lo cual es aún un hecho impreciso e incierto porque el camino se encuentra abierto-, como que una vía de acceso ha sido mejorada o construida fuera de los parámetros establecidos en la legislación ordinaria, son aspectos que de manera evidente trascienden el objeto de este recurso de amparo, pues tales situaciones, aún presentándose en el entorno del proyecto minero, carecen de una relación directa con las situaciones de fondo aducidas en este recurso de amparo. En consecuencia, de mantener alguna inconformidad sobre estas situaciones, deberá el recurrente interponer las acciones que estime pertinentes ante los órganos administrativos competentes.

 LXXXVIII.- Sobre la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto minero. El conflicto que ahora se conoce tiene su origen inmediato en la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto minero, tema que se desarrolla y es consustancial con la autorización del cambio de uso de suelo en el inmueble donde la empresa recurrida desarrolla el proyecto, toda vez que tales terrenos se encuentran clasificados como de cobertura boscosa. Este Tribunal, en sentencia Nº 2009-17155, se pronunció respecto a los artículos aquí cuestionados por los recurrentes en el siguiente sentido:

“VI. Sobre el artículo 19 inciso b) de la Ley Forestal impugnado. Refiere la Defensoría de los Habitantes en su condición de accionante, que la aplicación del  artículo 19.2 de la Ley Forestal  es inconstitucional, por cuanto establece como excepción a la protección del bosque la “conveniencia nacional”. Reconoce que para aplicar tal excepción, los beneficios sociales deben ser mayores que los costos socio-ambientales, sin embargo refiriéndose al caso particular del Proyecto Minero Crucitas, indica que la interpretación y aplicación que se está dando es inconstitucional, ya que los costos socio-ambientales son mayores que los costos sociales. El artículo impugnado se ubica dentro de la Ley Forestal en el Título III “Propiedad Forestal Privada”, Capítulo I “Manejo de Bosques”, el cual dispone que en terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado puede otorgar permiso en esas áreas, con algunos fines determinados, entre los cuales está el inciso b, que lo autoriza para llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. Esta norma en particular fue objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal en la sentencia No. 2006-17126, en la cual luego del análisis de los principios rectores en materia ambiental, la Sala concluyó que tanto el artículo 19 inciso b) aquí impugnado como el artículo 34 de la Ley Forestal no son contrarios al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siempre y cuando no sea una autorización para que las instituciones públicas lesionen "legítimamente" el ambiente, ni tampoco de un régimen de excepción. En aquella oportunidad se estableció claramente que la posibilidad del cambio del uso del suelo que se conoce, queda reservada únicamente para el patrimonio forestal privado, con lo cual, no se "afecta" el patrimonio natural del Estado (artículos 1, párrafo segundo y 18 de la Ley Forestal). Asimismo, sólo es con ocasión de una situación de emergencia o excepción en los términos previstos en el artículo 180 constitucional ("para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción o calamidad pública") que puede excepcionarse la vinculatoriedad de la normativa ambiental –al igual que el resto del ordenamiento jurídico, como lo consideró este Tribunal en la citada sentencia número 1992-2340. En virtud de ello, la normativa ambiental (principios y normas) son de aplicación irrefutable para las instituciones públicas, en lo relativo al cumplimiento de los fines encomendados (gestión pública), en atención a lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Es cierto que las normas impugnadas sí prevén el caso en que se puede modificar el destino de los inmuebles particulares sobre los que pese una afectación al patrimonio forestal del Estado, para permitir la construcción de obras de infraestructura de conveniencia social, pero como quedó debidamente establecido, no es un régimen de excepción que autorice a las instituciones públicas a contaminar el ambiente, pues de igual modo, el caso al cual se pretenda aplicar, debe sujetarse a la normativa ambiental vigente. Lo establecido en esta disposición está referido a inmuebles a los que se les ha impuesto una limitación de evidente interés social, sustentada en la finalidad de la preservación y tutela del ambiente, de ahí que se contemplara como regla general la imposibilidad de su cambio de uso (párrafo primero del artículo 19 y frase primera del primer párrafo del artículo 34 de la Ley Forestal); sin embargo, ante la finalidad del interés general de la colectividad nacional se deben ponderar ambos derechos y equilibrar su utilización atendiendo a un principio de desarrollo humano sostenible, según el cual se reconoce la necesidad de una inter-relación equilibrada entre los elementos críticos del desarrollo económico (turismo, inversión, empleo, infraestructura, finanzas sanas y sistema tributario) de la política social (educación, salud, seguridad) y de la protección medioambiental. Este desarrollo ha sido definido por la Organización de las Naciones Unidas, como la ampliación de las opciones para todas las personas de una sociedad, el cual es un concepto compresivo porque incluye a los hombres y mujeres como centro del desarrollo, la protección de las oportunidades en la vida de las futuras generaciones y los sistemas naturales de los que depende la vida en su totalidad. El propósito fundamental es la creación de un ámbito posibilitante en que todos puedan disfrutar de vidas largas, saludables y creativas, ya que el crecimiento económico también es un medio para el desarrollo humano. De ahí que lo relevante es permitir un desarrollo industrial y tecnológico de los pueblos, pero tolerable al utilizar el entorno físico y social, con el fin de lograr un progreso económico y social. La responsabilidad consiste en equilibrar la protección del ambiente, el desarrollo económico y las actividades de los particulares, que justifique la intervención del Estado. Ahora bien, es precisamente por la vinculatoriedad del ordenamiento ambiental, que la decisión no puede ser arbitraria y por ello la discrecionalidad de la Administración está condicionada al respeto del bloque de legalidad, referidos a la naturaleza del bosque y del proyecto u obra, calificado como de "conveniencia nacional", el cual está definido en el artículo 2 del Reglamento de la Ley Forestal, número 25.721-MINAE, de la siguiente manera:

"Las actividades de conveniencia nacional son aquellas relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las dependencias centralizadas o instituciones autónomas o la empresa privada, que brindan beneficios a toda o gran parte de la sociedad tales como: captación, transporte y abastecimiento de agua; oleoductos, construcción de caminos, generación, transmisión y distribución de electricidad, transporte de actividades mineras, canales de riego y drenaje, recuperación de áreas de vocación forestal, conservación y manejo sostenible de los bosques, y otras de igual naturaleza que determine el MINAE según las necesidades del país."

Así como también, al respeto de los principios y regulaciones ambientales, en virtud de los cuales se impone la realización de estudios técnicos (artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente) para acreditar, la pertinencia del proyecto en la ubicación dispuesta, el impacto que tales obras tendrán sobre el ambiente a fin de determinar las medidas compensatorias necesarias para mitigar los efectos negativos, el sometimiento a los controles técnicos anteriores, durante y posteriores al levantamiento de las obras a cargo de las autoridades públicas correspondientes (en particular, el MINAE y SETENA); se requiere de un regente forestal y un plan de manejo (artículos 20 y 21 de la Ley Forestal) para su implementación, y por supuesto, cabe la posibilidad de la revocatoria del permiso si no se cumplen las exigencias que permitieron la autorización, esto es, si se daña al ambiente; y por supuesto, a la razonabilidad o proporcionalidad de la medida, como bien lo prevén las normas de referencia, de manera que "la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos". La posibilidad de cambio del uso de suelo de los inmuebles particulares que han sido afectados previamente para la preservación del recurso forestal, fue fundamentada precisamente en el  concepto de desarrollo sostenible que debe ser incorporado al contenido de la debida tutela ambiental; con lo cual, como ya se indicó,  no sólo es posible, sino necesario el fomento del desarrollo económico y social de la población –en cumplimiento del precepto contenido en el primer párrafo del artículo 50 constitucional, según el cual el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza; claro está, conforme al respeto de las normas ambientales, caso contrario se causaría una grave paralización en el desarrollo de nuestro país, no querido ni pretendido por los constituyentes, ni tampoco por los legisladores que tuvieron la responsabilidad de promulgar la Ley en cuestión. Así las cosas, este Tribunal mantiene el criterio vertido con anterioridad, señalando que lo dispuesto en la norma impugnada no resulta lesivo del derecho a un ambiente sano y equilibrado, pues al momento de concretarse un proyecto como de conveniencia nacional, se deben verificar previamente los impactos ambientales que con él se producen y realizar una comparación con los beneficios sociales que éste implique, lo cual no se puede verificar abstractamente en la norma, sino en el análisis de cada caso concreto, vía recurso de amparo y no de acción de inconstitucionalidad (…)

VII.- Sobre el artículo 6 del Código de Minería. La Defensoría accionante solicita la inconstitucionalidad del párrafo primero de este artículo argumentando que la palabra “toda” reconoce a toda actividad minera como de utilidad pública, ignorando que hay tipos más contaminantes que otros de minería que violentan en forma directa lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Igualmente alega que “las alteraciones ambientales producidas por la minería de interior son menores, menos radicales, menos extensas y menos generales que las producidas por la minería de superficie”. Este Tribunal considera que no se puede afirmar en forma generalizada que toda actividad minera lesiona el ambiente, sin considerar la mitigación de sus impactos, y sin valorar los efectos sociales y económicos que se producen alrededor de esta industria en cada caso concreto. Como bien indica la Procuraduría General de la República esta actividad ejecutada de manera sostenible, tanto a nivel nacional como mundial, reviste una gran importancia desde el punto de vista de obtención de materiales (arena, la grava, los áridos, las arcillas para ladrillos, la caliza y los esquistos para la fabricación de cemento, así como algunos combustibles y otros minerales) y de materias primas indispensables para la elaboración final de productos o la realización de obras de infraestructura. Además, tampoco es preciso afirmar que toda minería a cielo abierto sea más dañina que la subterránea, pues esto dependerá de los procesos de aplicación a cada de una ellas. Si el Poder Ejecutivo estima que un proyecto minero puede o debe ser declarado de conveniencia nacional, deberá tener por acreditada la superioridad de los beneficios sobre los costos socio-ambientales mediante la aplicación de los procedimientos o instrumentos apropiados. De modo que, incentivar una actividad determinada, es una cuestión de oportunidad y conveniencia, como se ha hecho en otras áreas económicas del país. Actualmente por ejemplo, en la Ley No. 6990 “Ley de Incentivos de desarrollo Turístico”, en el artículo 1 se declara de utilidad pública la industria del turismo y en la “Ley sobre el régimen de productores, beneficiadores y exportadores de café”, Ley No. 2762, en el artículo 2 se declara de interés público lo relativo a producción, elaboración, mercadeo, calidad y prestigio del café de Costa Rica, para todos los efectos que señala la presente ley.” Por otro lado, se debe hacer una lectura integral del artículo 6 en cuestión, pues si bien inicia señalando que se declara de utilidad pública toda la actividad minera, tanto en los trabajos de exploración, como en los de explotación y que tendrán el mismo carácter la concentración, beneficio, transformación, transporte de sustancias minerales y los terrenos de propiedad particular o estatal necesarios para esos fines, la norma continúa señalando lo siguiente: “Excepto con autorización expresa de la Asamblea Legislativa, los permisos o concesiones podrán negarse o condicionarse, de acuerdo con el análisis de los estudios sobre el impacto social y ambiental que se hagan, en los cuales participarán las comunidades afectadas, cuando tales estudios tengan relación con la salud y la seguridad de los habitantes de comunidades ubicadas en las cercanías de las vías de transporte, acueductos, oleoductos, depósitos de combustible, explosivos, obras de defensa civil, poblaciones, cementerios, aeropuertos, plantas hidroeléctricas u obras de importancia pública. Los estudios sobre el impacto social y ambiental contemplarán un análisis del uso alternativo de la tierra en varias actividades económicas. El análisis del impacto ambiental comprenderá las distancias y las otras condiciones para cada permiso específico a que se refiere este artículo. Los permisos o concesiones podrán negarse o condicionarse en razón del interés nacional. En caso de rescisión, el interés nacional será declarado por la Asamblea Legislativa.” De modo que no estamos frente a una autorización irrestricta, pues esta normativa debe aplicarse de conformidad con la tutela ambiental que garantiza la Constitución Política en el artículo 50. Según la interpretación que esta Sala ha dado a esta disposición y a los convenios internacionales suscritos por nuestro país en materia ambiental, el ambiente debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos naturales y su medio para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional. El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales. Por otro lado, las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación. La declaración que se hizo en la Cumbre de la Tierra en 1992, se proclamó y reconoció la naturaleza integral e independiente del planeta, ello significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sostenibilidad. Los Estados signatarios, entre los que figura Costa Rica, se comprometieron, dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a la protección sobre todo del ser humano. Se partió del principio de que toda persona tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; se incluyó el derecho de las generaciones presentes y futuras a que el desarrollo se realice de modo tal que satisfaga sus necesidades ambientales y de progreso; se mantuvo la potestad soberana de los Estados de explotar sus recursos, recalcando su responsabilidad de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción y control no causen daños ambientales a otros Estados o áreas más allá de los límites de su jurisdicción nacional. Establecieron el deber de los Estados de cooperar en la conservación, protección y restauración del ambiente y sus responsabilidades comunes en ese sentido; de ese modo la cooperación internacional en la promoción y apoyo del crecimiento económico y el desarrollo sostenible permitirá abordar mejor los problemas de la degradación ambiental. Asimismo, se impuso un deber especial a los países desarrollados fundado en su responsabilidad en la búsqueda del desarrollo sostenible, dada la evidente presión que ejercen en el ambiente global las tecnologías que desarrollan y los recursos financieros que poseen. Es por ello que las normas dirigidas a proteger al ambiente deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio evaluables, el impacto de estos elementos requiere de un análisis y tratamiento científico. Factores sociales, económicos y ambientales fueron aspectos valorados por los legisladores cuando reformaron el Código de Minería mediante Ley No. 6797 de 4 de octubre de 1982. De las actas del expediente legislativo respectivo, se desprende que su intención fue promulgar un nuevo Código de Minería que resultaba indispensable para modernizar la legislación vigente y proporcionar un marco legal adecuado a las necesidades de la nueva etapa del desarrollo del sector minero, pues la legislación existente en aquella oportunidad era muy deficiente y no existía una política nacional minera de fomento y desarrollo, como sucedía en otros sectores de la economía. En su discusión contaron con un diagnóstico del sector minero en Costa Rica emitido en diciembre de 1978, por parte de la OEA (folio 598 del tomo III), con el fin de identificar los problemas de la actividad minera en el país, así como se le pidió un estudio a la Universidad Nacional  Facultad de Ciencias, Tierra y Mar, Escuela de Ciencias Ambientales, el cual fue emitido por el Ingeniero Carlos Torres Acosta en enero de 1980. Asimismo, se hicieron asesorar con la presencia de varios especialistas en geología, ambientalistas y otros, así como de la asesoría extranjera por parte del gobierno de Venezuela, donde incluso se llevó a cabo una inspección, y finalmente se modificó el texto legislativo, incluyéndose un capítulo en materia de protección ambiental. Así las cosas, quedó claro para el legislador, que si bien su intención era incentivar una actividad económica que estaba abandonada en nuestro país por una deficiente legislación, no se dejaba de lado la importancia de prevenir cualquier daño que se produjera al ambiente y por ello se exigió un estudio previo a cualquier exploración o explotación minera. Como se indicó anteriormente, la Sala reconoce la necesidad de una inter-relación equilibrada entre los elementos críticos del desarrollo económico (turismo, inversión, empleo, infraestructura, finanzas sanas y sistema tributario) de la política social (educación, salud, seguridad) y de la protección medioambiental. Sin embargo, la responsabilidad consiste en equilibrar la protección del ambiente, el desarrollo económico y las actividades de los particulares, que justifique la intervención del Estado. Lo anterior, por cuanto una protección excesiva del ambiente que anule toda actividad económica, puede hacer incurrir a los particulares en costos desproporcionados e innecesarios, tornando algunas actividades productivas en ruinosas y generando pobreza y desempleo, lo cual impactaría negativamente a la gente. Pero de igual modo, una actividad económica descontrolada e irresponsable puede producir un daño irreversible en el ecosistema, razón por la cual se impone la aplicación del principio “in dubio pro natura”, en el sentido de que si existe duda sobre si una actividad produce o no daños al ambiente, debe priorizarse en su protección y en consecuencia, limitarse o prohibirse  dicha actividad. No obstante, la determinación de esa duda, no puede, ni debe, quedar al arbitrio de los grupos sea cual sea, sino de estudios técnicos, pues este aplicará cuando haya peligro de daño grave o irreversible en el ambiente. Precisamente el artículo 3 del Código de Minería, dispone que todo permiso de exploración o concesión de explotación requiere de previo el análisis y la aprobación del estudio o evaluación de impacto ambiental. Lo anterior, por cuanto sin duda alguna los efectos que produce un proyecto minero requieren de una evaluación de impacto ambiental por las consecuencias que se suelen producir en el desarrollo de la industria minera, y esta evaluación previa determinará si el proyecto es ambientalmente viable. En consecuencia de lo expuesto, la declaratoria de utilidad pública de una actividad como la minería, no resulta inconstitucional per se, siempre y cuando sea interpretada a la luz de lo dispuesto en el artículo 50 de nuestra Constitución Política según los términos expuestos.  Los Magistrados Armijo, Cruz y Molina salvan el voto y declaran inconstitucional el artículo 6 citado con todas sus consecuencias.  

VIII.- Con relación a la inconstitucionalidad acusada del artículo 3 inciso m) de la Ley Forestal. Se alega por parte de la accionante que el concepto de “actividad de conveniencia nacional” que impacta el medio ambiente de la forma en que se desarrolla en la minería a cielo abierto, no es una actividad de conveniencia nacional, y que por ende, la interpretación y aplicación que se está dando en el Decreto 34801-MINAET resulta inconstitucional, por contrariar el artículo 50 de la Constitución Política. Sobre este aspecto debe señalarse que en primer término, el artículo 3 impugnado, constituye simplemente una norma de referencia dentro de la Ley Forestal, ya que en ella se establecen las definiciones de algunos conceptos importantes a fin de aplicar la legislación forestal. Nótese que el inciso m), lo único que hace es definir lo que debe ser entendido como un asunto de conveniencia nacional:

“…m) Actividades de conveniencia nacional: Actividades realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socioambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados.” 

            Lo dispuesto en ese sentido, no hace que la disposición sea inconstitucional, ya que como se indicó, constituye una mera referencia de lo que debe ser comprendido como un asunto de conveniencia nacional, en aquellas normas que la legislación así lo consigna. Cualquier inconstitucionalidad relacionada con el artículo 50 de la Constitución Política tendría que ser verificada en cada caso particular en el que se haya aplicado dicha definición y que afectara el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Del mismo alegato de la accionante se desprende que en realidad su disconformidad no es con la norma en sí, sino con la valoración y aplicación que el Poder Ejecutivo hizo de ésta en el Decreto Ejecutivo No. 35801-MINAET, lo cual no corresponde ser determinado vía acción de inconstitucionalidad, sino que constituye materia de amparo en ese sentido. Es por ello que, en lo que respecta a este estudio, procede declarar sin lugar la acción en cuanto a esta norma se refiere.   

IX.- Sobre el decreto No. 34801-MINAET.  Tal y como lo dispuso la mayoría de la Sala en las sentencias No. 2008-17292 y 2008-17293, el Decreto Ejecutivo No. 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008, que declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, es una disposición concreta y particularizada, sin alcance general ni carácter normativo, que se limita a calificar el interés público y la conveniencia nacional de un proyecto claramente individualizado en cuanto a sujeto y contenido. Por lo que si la disposición cuestionada infringe el derecho fundamental consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, ello debe ser examinado en la vía de amparo y no en la (residual) de acción (en igual sentido Nº 1993-4422 de las 10:30 horas del 7 de setiembre de 1993).”.

De esta forma, para examinar el alcance y legitimidad de la declaratoria de conveniencia nacional, paralelamente debe valorarse la autorización del cambio de uso de suelo. Así, el inciso b) del artículo 19 y el artículo 34 de la Ley Forestal, prohíben el cambio de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque, salvo aquellos proyectos privados o estatales que el Poder Ejecutivo declare de conveniencia nacional. En lo conducente establecen los artículos de cita:

“ARTICULO 19.- Actividades autorizadas.

En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines:

a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques.

b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional.

(…)

ARTICULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.

Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.”

Los recurrentes han aducido la inconformidad de la declaratoria de conveniencia nacional sobre la base de que el artículo 19 de reciente cita define que esa declaratoria puede ser sobre proyectos de infraestructura, pero en su criterio un proyecto minero no clasifica como infraestructura; sobre el particular, debe indicarse que escapa al ámbito de competencias de la Sala definir qué tipo de obras o proyectos debe entenderse como «infraestructura» y cuáles no; lo que la Sala debe valorar en estos casos se circunscribe a determinar si ha existido la declaratoria de conveniencia nacional que exige el ordenamiento para autorizar el cambio de uso de suelo, evitando detenerse en el alcance etimológico de conceptos que por su propia naturaleza, son competencia técnica de otras instancias. De tal forma, legislativamente se establece la potestad de la administración de autorizar el cambio de uso de suelo y la corta de árboles en áreas protegidas cuando las actividades a desarrollar hayan sido declaradas de conveniencia nacional. De lo anterior, resulta necesario clarificar qué se entiende por conveniencia nacional, para lo cual la misma Ley Forestal explica este concepto, precisando en el inciso m) del artículo 3 que:

“ARTICULO 3.- Definiciones

Para los efectos de esta ley, se considera: (,,,)

m) Actividades de conveniencia nacional: Actividades realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales.

El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados."

(Así reformado por el artículo 114 de la Ley N° 7788 del 30 de abril de 1998)

Esta definición es complementada en el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, emitido mediante Decreto número 25721, publicado en La Gaceta número 16 del veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, norma que refiere que:

“Artículo 2 °—Para los efectos de la aplicación de la Ley Forestal y el presente reglamento- los términos que se mencionan tendrán los siguientes significados: (…)

- Conveniencia Nacional: Las actividades de conveniencia nacional son aquellas relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, que brindan beneficios a toda o gran parte de la sociedad tales como: captación, transporte y abastecimiento de agua; oleoductos; construcción de caminos; generación, transmisión y distribución de electricidad: transporte; actividades mineras; canales de riego y drenaje; recuperación de áreas de vocación forestal; conservación y manejo sostenible de los bosques; y otras de igual naturaleza que determine el MINAE según las necesidades del país.”

Esta disposición reglamentaria define que la actividad minera resulta de conveniencia nacional por tratarse de una actividad de interés público, definición que deriva tanto de las normas legales de cita como, particularmente, del primer párrafo del artículo 6 del Código de Minería, el cual señala que «[s]e declara de utilidad pública toda la actividad minera, tanto en los trabajos de exploración, como en los de explotación». De la integración de las normas de comentario, se entiende que la actividad minera ha sido reconocida por el Poder Legislativo como de conveniencia nacional en términos generales –art. 6 del Código de Minería-, pero tal carácter debe ser reconocido en los casos particulares mediante una declaratoria de conveniencia nacional emitida por el Poder Ejecutivo, declaratoria que podrá adoptarse cuando en el caso concreto los beneficios sociales a obtener sean mayores a los costos socio-ambientales del proyecto –art. 3.m de la Ley Forestal-. En otras palabras, resulta válido afirmar que existe una presunción legislativa iuris tantum de que la actividad minera es de utilidad e interés público y, por tanto, de conveniencia nacional, mas esa presunción debe ser verificada por el Poder Ejecutivo para convertirse en un hecho incontrovertido sobre la base de la comparación entre los beneficios sociales y el costo socio-ambiental. Dicho de otro modo, la declaratoria general de conveniencia nacional no cubre per se a toda la actividad minera ni a todos los proyectos de exploración y explotación minera, sino sólo aquellos donde se haya demostrado que los beneficios sociales son mayores a los costos. En definitiva, si el Poder Ejecutivo estima que un proyecto minero puede o debe ser declarado de conveniencia nacional, deberá tener por acreditada la superioridad de los beneficios sobre los costos mediante la aplicación de los procedimientos o instrumentos apropiados. Es realizando este procedimiento y obteniendo tales resultados que una actividad minera puede ser declarada de conveniencia nacional, y es con base en esta declaratoria que en casos como el que ahora se conoce, se puede proceder conforme lo establecido en el artículo 19.b de la Ley Forestal.

LXXXIX.- Es por lo anterior que resulta inexacto afirmar la inconstitucionalidad del artículo 2 del Reglamento de la Ley Forestal, pues de conformidad con lo establecido, lo que dicha norma dispone debe integrarse y aplicarse según lo definido en los artículos 19 y 34 de la propia Ley Forestal. Es decir, aún cuando el artículo 2 del Reglamento identifique a la actividad minera como actividad de conveniencia nacional, es claro que ese carácter, identificación o reconocimiento –conveniencia nacional- está supeditado al cumplimiento de lo establecido en las normas legales –demostración de que los beneficios son mayores al costo-, por lo que es evidente que el Reglamento no suplanta la voluntad legislativa, no vacía de contenido las normas legales que la informan, ni contradice de modo alguno la protección ambiental que debe otorgarse de conformidad con el artículo 50 de la Constitución, por lo que tampoco puede aducirse que dicha disposición reglamentaria exceda los límites de la razonabilidad cuando, por el contrario, se impone la realización de actos concretos legalmente establecidos. Es así que la autorización de cambio de uso de suelo no puede acordarse tan sólo porque el Reglamento dice que la actividad minera es de conveniencia nacional, sino que tal autorización resulta procedente cuando esa conveniencia haya sido debidamente demostrada y públicamente declarada por el Poder Ejecutivo mediante un acto posterior, acto administrativo para cuyo dictado se haya cumplido con la aplicación de los procedimientos e instrumentos correspondientes. La aplicación de estos instrumentos y la determinación de la bondad de los beneficios por sobre los costos, es justamente lo que evita la adopción de actos arbitrarios por parte de la administración, toda vez que los resultados obtenidos darán criterio y base técnica-objetiva para que el Poder Ejecutivo emita la declaratoria de conveniencia nacional de un proyecto minero determinado y la correspondiente autorización para el cambio de uso de suelo.

XC.- El tema de la necesaria objetividad y evitación de la arbitrariedad, ha sido ya definido previamente por esta Sala precisamente al afirmar la conformidad constitucional de los artículos 19.b y 34 de la Ley Forestal en cuanto a la autorización para el cambio de uso de suelo. Mediante sentencia número 2006-17126, de las quince horas cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil seis, definió la Sala que:

“Tercero: Es precisamente por la vinculatoriedad del ordenamiento ambiental que la decisión no puede ser arbitraria; de donde la discrecionalidad de la Administración está condicionada al respeto del bloque de legalidad, referidos a la naturaleza del proyecto u obra, calificado como de "conveniencia nacional", el cual está definido en el artículo 2 del Reglamento de la Ley Forestal, número 25.721-MINAE, de la siguiente manera:

"Las actividades de conveniencia nacional son aquellas relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las dependencias centralizadas o instituciones autónomas o la empresa privada, que brindan beneficios a toda o gran parte de la sociedad tales como: captación, transporte y abastecimiento de agua; oleoductos, construcción de caminos, generación, transmisión y distribución de electricidad, transporte de actividades mineras, canales de riego y drenaje, recuperación de áreas de vocación forestal, conservación y manejo sostenible de los bosques, y otras de igual naturaleza que determine el MINAE según las necesidades del país."

al respeto de los principios y regulaciones ambientales, en virtud de los cuales se impone la realización de estudios técnicos (artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente) para acreditar, la pertinencia del proyecto en la ubicación dispuesta, el impacto que tales obras tendrán sobre el ambiente a fin de determinar las medidas compensatorias necesarias para mitigar los efectos negativos, el sometimiento a los controles técnicos anteriores, durante y posteriores al levantamiento de las obras a cargo de las autoridades públicas correspondientes (en particular, el MINAE y SETENA); se requiere de un regente forestal y un plan de manejo (artículos 20 y 21 de la Ley Forestal) para su implementación, y por supuesto, cabe la posibilidad de la revocatoria del permiso si no se cumplen las exigencias que permitieron la autorización, esto es, si se daña al ambiente; y por supuesto, a la razonabilidad o proporcionalidad de la medida, como bien lo prevén las normas de referencia, de manera que "la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos".

Cuarto: Por último, es necesario considerar que la posibilidad de cambio del uso de suelo de los inmuebles particulares que han sido afectados previamente para la preservación del recurso forestal, se sustenta en que, según se había indicado anteriormente (Considerando V.- de esta sentencia), el concepto del desarrollo sostenible se incorpora al contenido de la debida tutela ambiental; con lo cual, es no sólo posible sino necesario el fomento del desarrollo económico y social de la población –en cumplimiento del precepto contenido en el primer párrafo del artículo 50 constitucional (que enuncia "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza"); claro está, conforme al respeto de las normas ambientales, caso contrario se causaría una grave paralización en el desarrollo de nuestro país, no querido ni pretendido por los constituyentes derivados, ni tampoco por los legisladores que tuvieron la responsabilidad de promulgar la Ley de comentario (…)”.

De tal forma, es más que claro que si el ordenamiento impone a la administración el deber de realizar un procedimiento previo para pronunciar una declaratoria de conveniencia nacional de una actividad determinada, ello es precisamente un valladar que evita la arbitrariedad administrativa, y, por el contrario, obliga a la administración a adoptar y dictar actos administrativos debidamente fundados en razones técnicas objetivas; esta situación, además, permite y garantiza que el acto administrativo dictado pueda ser valorado en su momento por las instancias administrativas y judiciales que correspondiere.

XCI.- Reconocida de esta forma la conveniencia nacional, es claro que en terrenos con cobertura boscosa se puede permitir la autorización de cambio de uso de suelo y la correspondiente corta de árboles, si la actividad a desarrollar es declarada de conveniencia nacional por el Poder Ejecutivo, declaración que solamente puede emitirse si los beneficios sociales a obtener son mayores a los costos socio-ambientales del proyecto –definición objetiva y no arbitraria-, por lo que el análisis de la pertinencia de la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto minero Crucitas, pasa necesariamente por valorar si en el caso concreto se ha considerado y concluido que los beneficios sociales resultan mayores a los costos socio-ambientales.

XCII.- De lo expuesto en los considerandos precedentes –que la declaratoria de conveniencia nacional lo es sólo para aquellos proyectos donde se demuestre una relación positiva en el balance de costos ambientales y beneficios socio-económicos, y no de carácter general para toda la actividad minera;  y que para esta declaratoria en los casos concretos debe cumplirse con las disposiciones normativas y seguirse el procedimiento establecido, lo que implica una base técnica y objetiva- es claro que la determinación de que un proyecto específico sea declarado de conveniencia nacional es una competencia y potestad propia del Poder Ejecutivo, según lo dispone la propia normativa emitida por el Poder Legislativo, para cuyo cumplimiento se impone la observancia de procedimientos en el ámbito administrativo que acrediten la existencia de aquellas razones objetivas, que como competencia técnica de la administración, debe ser validada y acordada por las instancias especializadas del Ejecutivo. Al mismo tiempo, debe reconocerse que el ejercicio de esta potestad se encuentra dentro del ámbito de competencias de identificación y fijación de políticas públicas, aspecto de indudable iniciativa, atención e implementación del Poder Ejecutivo, pues decidir qué acciones benefician a la población –en términos generales o particulares- y la procedencia de su aplicación en un momento o contexto determinado resulta ser por definición una competencia propia de ese Poder, para lo cual deberá instarse en todo momento las adecuadas relaciones de coordinación de la administración –sobre estas relaciones, ver sentencia de esta Sala número 2007-13583, de las quince horas diez minutos del 19 de setiembre de 2007-. En este sentido, siendo que la fijación de políticas públicas es competencia del Poder Ejecutivo de acuerdo a razones técnicas y objetivas en un contexto determinado, discutir si las mismas son procedentes o viables son aspectos que se encuentra fuera del ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional –sentencia de esta Sala número 2009-5270, de las doce horas veintiocho minutos del 27 de marzo de 2009-. Para situaciones como las que ahora se conocen, lo anterior significa que la definición de que un proyecto minero sea declarado de conveniencia nacional, es una determinación producto del ejercicio de las competencias dadas por el mismo legislador al Poder Ejecutivo, con tal de que sea el Ejecutivo quien defina las políticas públicas que considere pertinentes para un lugar y momento determinados, definición de política pública que por su propia naturaleza –política y no jurídica- resulta inviable discutir ante esta jurisdicción. De tal forma, si un proyecto minero concreto es catalogado como de conveniencia nacional, debe tenerse claro que esta identificación es otorgada por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las potestades de definición de políticas públicas que le fueron otorgadas y reconocidas por el Poder Legislativo, sin que pueda entenderse que en esta definición tenga algún grado de participación los demás Poderes de la República, quienes deben limitarse al ejercicio de sus competencias constitucional y legalmente establecidas.

            XCIII.- El balance de los beneficios económicos y sociales para la autorización del cambio de uso de suelo. Partiendo de lo anterior y cumpliendo con la normativa citada en los considerandos precedentes, ante la solicitud planteada por la empresa para el cambio de uso de suelo, la administración exigió desde el tres de junio de dos mil ocho –ver oficio número 456-2008 SCH del Área de Conservación Arenal Huetar Norte- que de previo a conocer y valorar tal gestión se presentara dentro del expediente la respectiva declaratoria de conveniencia nacional de la actividad minera desarrollada por la empresa en la zona de Crucitas, para lo cual incluso medió alguna discusión a lo interno de la entidad sobre la necesidad de solicitar tal declaratoria, por lo que fue hasta el veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, mediante oficio número 695-2008 SC, que la Subregión San Carlos-Los Chiles, del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del SINAC, comunica a la empresa que sí se requiere el decreto de conveniencia nacional para poder resolver la solicitud de cambio de uso de suelo. Así, mediante el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, publicado en La Gaceta número 201, de diecisiete de octubre de dos mil ocho, expresamente y en lo conducente se dispone que:

“VII. — El proyecto Crucitas traerá varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el gobierno central. Entre estos beneficios están los siguientes: i) La mina tendrá una operación cercana a 11 años (incluye construcción, operación y cierre técnico). Esto significa que durante ese tiempo habrá desarrollo de las comunidades cercanas a Crucitas y necesidad de mano de obra; ii) La inversión inicial para construir la Mina Crucitas es cercana a US$ 65,000,000. Se calcula que gran parte de ese monto se usará para compra de servicios profesionales, pago de contratistas, compra de materiales y maquinaria; mucho de estos adquiridos en la zona de San Carlos; iii) Se estima que se dará empleo a 253 personas directas. En minería se calcula que por cada empleado directo, se da trabajo a 5 empleados indirectos; por lo que tendremos 1,265 empleados indirectos; iv) Dentro de los compromisos sociales se procurará que al menos el 75% de los empleados sean de la zona cercana a Crucitas; v) Planilla:  La planilla  anual  para  pagar  los  empleados  se estima en US $ 4,132,859; vi) Impuesto local. El código de minería establece que las empresas mineras deberán pagar el 2% de su utilidad bruta a la comunidad; por lo que la municipalidad de San Carlos y la comunidad del área  de  influencia a  Crucitas  recibiría  anualmente un aproximado de US $ 1,441,158 durante ocho años (para un total de US $ 11,529,263); vii) Se maneja un fideicomiso para desarrollar obras sociales y las acciones de la comisión de monitoreo del Proyecto Crucitas, que recibiría anualmente la suma de US $ 364,063 y viii) El proyecto Crucitas pagará impuestos al gobierno central, se tiene calculado un pago anual por impuesto de renta de US$8,790,289 para un total por la vida de la mina de US $ 70,322,309.

VIII.— Para la construcción y desarrollo del Proyecto Crucitas se requiere la corta de árboles en 191 Ha 7 782,66 m2 que poseen bosque, lo cual representa el 19.93 % del bosque existente en todas las propiedades, la corta de árboles en 66 Ha 9474,53 m2 en áreas de uso agropecuario sin bosque, lo cual representa el 14.00 % de las áreas de uso agropecuario sin bosque existente en todas las propiedades y la corta de árboles de 4 Ha 1 751,38 m2 que poseen plantaciones forestales, lo cual representa el 12.33 % de las plantaciones forestales existente en todas las propiedades. Dentro de las especies forestales de la zona, se presentan algunas vedadas, de acuerdo con el voto de la Sala Constitucional Nº 2486 de las 10 horas 54 minutos del 8 de marzo de 2002 y el Decreto Ejecutivo Nº 25700 del 15 de noviembre de 1996.

IX. — Como compensación por el cambio de uso, Industrias Infinito, S. A. propuso las siguientes medidas de compensación: i) Apoyo para la compra de un terreno para conservación por un monto de doscientos cincuenta mil dólares; ii) La siembra de 49.8 árboles por cada árbol que se requiera cortar y iii) La creación y conservación de un corredor biológico dentro de sus propiedades. Por tanto,

DECRETAN

 DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y CONVENIENCIA

NACIONAL DEL PROYECTO MINERO CRUCITAS

Artículo 1º—Se declarara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S. A.

Artículo 2º—En virtud de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto. (…)”.

            XCIV.- No obstante, aducen los recurrentes que el decreto de cita es omiso en cuanto a la valoración del costo socio-ambiental que implica la destrucción de 196 hectáreas de bosque, que no existe base científico-técnica objetiva para establecer el beneficio social, que son especulativos los beneficios que se mencionan, y que, en todo caso, no se diferencian de los beneficios que puede generar cualquier otra actividad económica. Sobre el particular, advierte la Sala que mediante oficio número SG-ASA-259-2008, de diez de octubre de dos mil ocho, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental comunica al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, que la evaluación para determinar el balance del costo ambiental en relación con los beneficios socio-económicos del proyecto se realizó ante la SETENA en un período de tres años, procedimiento durante el cual se determinó que los beneficios sociales son mayores al costo ambiental. En efecto, en el considerando VII del decreto de cita se enumeran los beneficios económicos, sociales y fiscales del proyecto, mientras en el considerando VIII se especifica el costo ambiental del desarrollo de la actividad minera en los términos propuestos, reconociendo que para ello debería cortarse el equivalente al 19.93% del bosque existente en todas las propiedades que poseen bosque, la corta del 14% de los árboles existentes en zonas de uso agropecuario sin bosque, y el 12.33% de las plantaciones forestales, incluyendo algunas especies vedadas. Sin embargo, el mismo decreto establece en el IX considerando las acciones de compensación, destacándose la siembra de casi cincuenta árboles por cada árbol cortado y la creación y conservación de un corredor biológico dentro de las propiedades de la empresa. De tal forma, se demuestra que la administración sí tuvo presente los costos ambientales en los que habría que incurrir así como los beneficios socio-económicos que se obtendrían con la actividad. La valoración de estos distintos elementos y los resultados de la evaluación efectuada en sede administrativa, primero ante la Dirección de Geología y Minas para las concesiones de exploración y explotación mineras, y luego ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para obtener la viabilidad ambiental correspondiente, hizo a la administración concluir que efectivamente los beneficios sociales son mayores al costo ambiental del proyecto, pues los eventuales perjuicios ambientales serían subsanados con las acciones de compensación, lo cual al final dejaría beneficios económicos hasta ahora no previstos en la zona y sin causar daños ciertos al ambiente. Esto no significa que la Sala valide la tesis de que se permita ejecutar una actividad dañina si los daños son posteriormente resarcidos, es decir, que una reparación deje sin efecto una violación; por el contrario, si se reconoce que una actividad genera cierto impacto sobre el ambiente, pero igualmente se acredita que tal impacto no se traduce en daño ambiental, la actividad puede permitirse cuando se demuestre que los beneficios son mayores a los costos. El decreto de cita cumple con referir y explicitar los beneficios, costos y actividades de compensación, por lo que la Sala concluye que el decreto sí se encuentra debidamente fundamentado de conformidad con lo requerido por los artículos 19.b y 34 de la Ley Forestal, pues ciertamente el decreto es el resultado del estudio de beneficios y costos definidos en estas normas.

XCV.- En este sentido, la Sala explicita que el decreto ejecutivo que declare la conveniencia nacional de una actividad en los términos dichos, debe ser claro en referir la relación de beneficios y costos, sin que resulte necesario que en el mismo decreto se haga constar de manera expresa toda la valoración efectuada, los instrumentos aplicados, la metodología utilizada, o los puntajes obtenidos y asignados en cada ítem, aspectos todos que sí deben cumplirse en sede administrativa pero sin que sea necesario realizar una trascripción de toda la evaluación en el cuerpo del decreto, pues para los efectos de la fundamentación del instrumento normativo basta con referir la realización del procedimiento de evaluación o balance, explicar cuáles son los costos y cuáles son los beneficios a obtener, es decir, que el decreto demuestre con datos concretos y exactos que la evaluación sí fue realizada. Nótese que en el caso bajo estudio, para que la administración pudiese emitir el Decreto 34801, necesariamente hubo de acreditar primero cuáles serían los beneficios económicos y calcular el impacto ambiental producto del desarrollo de la actividad minera de la empresa recurrida, precisión que le permitió posteriormente realizar la enumeración que consta en los considerandos VII, VIII y IX de ese Decreto.

XCVI.- Tal como se ha indicado, estos estudios técnicos están considerados primero en el expediente de la concesión minera, número 2594 de la Dirección de Geología y Minas, y, posteriormente, en el expediente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental desde marzo de dos mil dos. En efecto, la empresa presentó ante la Dirección de Geología y Minas el Estudio de Factibilidad correspondiente, y en él se incluye una sección específica sobre los «Beneficios Económicos para Costa Rica», el cual considera los beneficios esperados durante las fases de exploración, construcción y operación, cuáles serían los ingresos brutos, el gasto por intereses, los gastos de capital y otros beneficios en efectivo en materia de impuestos al combustible, de explotación del mineral, pago de cargas sociales y otros aspectos relacionados. Así, mediante oficio número DGM-DC-320-2001, de catorce de marzo de dos mil uno, la Dirección de Geología indica que el mismo fue revisado por los geólogos de la institución, pero condicionando la aprobación del programa al resultado del análisis del estudio de factibilidad. Ante ello, el estudio fue revisado por el economista Edwin Vega Araya, funcionario del Ministerio de Planificación, quien brindó este servicio en virtud de un convenio suscrito entre ese Ministerio y el Ministerio del Ambiente y Energía; ante el primer informe rendido por el señor Vega, en octubre de dos mil y dentro del mismo expediente 2594, la empresa presentó el Apéndice 9 al Anexo del Estudio de Factibilidad, lo cual dio como resultado que el economista Vega emitiera el «Informe de Aspectos Económicos sobre la revisión de anexos al Estudio de Factibilidad del Proyecto Crucitas (expediente 2594 de explotación) de Industrias Infinito S.A.». Este informe identifica y cuantifica tanto los costos económicos del proyecto, como el monto que se obtendría por beneficio social, explicando el beneficio que la actividad representa por cobro de impuestos –calculados sobre el precio de la onza de oro de aquel entonces, tasado en aquel momento en la mitad del valor actual-. Sobre el particular, expresa el informe que «[e]l cobro de impuestos sería una compensación por impactos socioeconómicos y ambientales negativos (efectos en valores familiares como abuso de sustancias y criminalidad; impacto en caminos y puentes de mayor tráfico, molestias por ruido, polvo, etc.; mayor demanda de servicios públicos; etc.). Además, la parte ambiental sería internalizada al proyecto a través del Estudio de Impacto Ambiental, las garantías ambientales que debe otorgar la empresa y el Plan de Manejo Ambiental que debe seguir en coordinación con SETENA». De manera explícita agrega este informe  que «[l]a aplicación de los parámetros sociales contenidos en la Guía de Evaluación Socioeconómica de Proyectos [Guía para la Evaluación Socioeconómica de Proyectos del Ministerio del Ambiente y Energía, de mil novecientos noventa y siete] vendría a beneficiar la rentabilidad social del proyecto respecto de la rentabilidad privada», pues el factor de cambio social es mayor que los costos sociales –ver página 6 de este informe-. De tal forma, es claro que desde el procedimiento realizado ante la Dirección de Geología y Minas –restando aún las demás actuaciones ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental- la administración empezó a contar con elementos técnicos conducentes a la valoración de los costos y beneficios socio-ambientales, por lo que resulta inexacto afirmar la absoluta carencia de los mismos y que las posteriores resoluciones de la administración fueron adoptadas sin los criterios técnicos correspondientes.

XCVII.- En complemento a lo dispuesto en el Código de Minería y a lo actuado ante la Dirección de Geología y Minas en el procedimiento para el otorgamiento de la concesión de explotación minera, la Ley Orgánica del Ambiente establece los siguientes criterios para la aprobación de un proyecto productivo, los cuales deben observarse de previo al otorgamiento de una concesión minera: a) la relación adecuada entre el uso potencial y la capacidad económica del suelo y el subsuelo; b) el control de prácticas que favorezcan la erosión y otras formas de degradación; c) las prácticas u obras de conservación de suelos y aguas que prevengan el deterioro del suelo -artículos 53 y 54-. Según se ha dicho, la normativa establece que para poder declarar de conveniencia nacional un determinado proyecto, debe existir un balance positivo producto del análisis de los costos socio-ambientales en relación con los beneficios socioeconómicos, análisis que debe efectuarse mediante los instrumentos apropiados. En el expediente de trámite de la declaratoria de conveniencia nacional, número DAJ-077-08, consta el oficio SG-ASA-259-2008, de diez de octubre de dos mil ocho, el cual establece que la evaluación ambiental contempló efectivamente el análisis del beneficio en relación con el costo ambiental del proyecto, concluyendo que hay un resultado positivo respecto al Balance del Costo Ambiental y Social. Para realizar dicha valoración, de conformidad con el Decreto número 32966-MINAE, correspondiente al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental -Manual de estudio de impacto ambiental- se establece una metodología mínima que permite valorar los impactos ambientales generados por un proyecto, obra o actividad. El desarrollo metodológico para la valoración de impactos como en el presente caso, estipula el uso de una Matriz de Importancia de Impactos Ambientales –MIIA-, la cual permite determinar los efectos del proyecto y su significancia, y, por consiguiente, plantear las medidas de prevención, mitigación y compensación correspondientes. Se informó que aunque la emisión del Decreto se da con posterioridad a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Crucitas, tal Estudio sí incluyó una matriz de interacción que permitió la valoración de los impactos ambientales. La Matriz de Importancia de Impactos Ambientales es una herramienta mundialmente aceptada para la valoración cualitativa de proyectos que presentan instrumentos de evaluación ambiental, incluidos los Estudios de Impacto Ambiental; y ayuda a determinar el efecto de cada acción impactante sobre cada factor y aspecto ambiental impactado, incluido el componente social y económico, con lo cual se determina la importancia del impacto. Ahora bien, la importancia del impacto está en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, el cual responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como intensidad, extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, capacidad de recuperación, sinergia, acumulación, periodicidad, importancia. Esta importancia del impacto es representada mediante un modelo matemático, el cual toma valores entre 13 y 100; los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, o sea, compatibles, o bien, las medidas ambientales se contemplaron en el diseño del proyecto; los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50, mientras que los impactos serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75, o críticos cuando el valor sea superior a 75. La matriz permite la interacción de los factores socioeconómicos con los demás componentes ambientales que necesariamente deben ser analizados, lo cual permite a su vez plantear las medidas preventivas, de mitigación y compensación respectivas que son incorporadas al Pronóstico Plan de Gestión Ambiental. Una vez aprobado este pronóstico con las medidas correspondientes, su ejecución se convierte en un compromiso ambiental que debe ser asumido por el desarrollador. La Matriz de Importancia de Impactos Ambientales es un elemento de gran relevancia en el análisis de los Estudios de Impacto Ambiental, y ayuda al equipo evaluador multidisciplinario de técnicos a recomendar o no la Viabilidad –Licencia- Ambiental de los proyectos, obras o actividades presentados en la SETENA. La valoración bajo esta metodología exigida por SETENA, implica la obtención de un impacto final, que es la diferencia entre la situación del medio ambiente con y sin el proyecto, tomando en cuenta no solo el efecto de las acciones impactantes, sino los efectos continuados. Para el caso específico del Proyecto Minero Crucitas, la matriz en cuestión incorporó en el análisis del ámbito socioeconómico elementos como uso de la tierra, características de la población, necesidades de poblados en áreas de influencia directa e indirecta y empleo, entre otros, donde los valores obtenidos arrojan un resultado positivo para el desarrollo del proyecto, por lo que se prevé en términos generales un aumento en la calidad de vida y un impacto positivo en la economía local -ver páginas 45 y 46 de la Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos para el Proyecto Minero Crucitas-. Por  ejemplo, como ya se indicó, dentro de los impactos considerados como severos se encuentran la afectación de la calidad de vida con un puntaje de +68 y la generación de empleo e ingreso también con un puntaje de +68; en ambas casos el impacto es positivo, por lo que no se proponen medidas de mitigación adicionales a todas las ya contempladas en el instrumento correspondiente. La calidad de vida evalúa en forma exhaustiva la interacción de los componentes del medio natural -físico, biológico y otros componentes del medio socioeconómico-, tales como aire, agua, suelo, ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres, para los cuales en el proyecto minero Crucitas se tomaron las medidas necesarias para asegurar que el proyecto se desarrollará en un ambiente controlado. Para todos los impactos negativos significativos se informa que se previeron las medidas ambientales necesarias, de modo que no se ha generado ningún déficit en la atención de los elementos del ambiente, y ello precisamente explica el saldo positivo del componente calidad de vida. El documento Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto, aprobado mediante resolución número 170-2008-SETENA, de cuatro de febrero de dos mil ocho, determina que todos los impactos identificados como severos y críticos en el ámbito socioeconómico fueron positivos para el desarrollo del proyecto y su ambiente circundante. El Pronóstico Plan de Gestión Ambiental incorporado al estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA -incluyendo la actualización realizada en el documento Evaluación de Cambios Propuestos al Proyecto- es la base del documento denominado “Balance Socioeconómico del Proyecto Minero Crucitas”. De tal forma, es claro que también ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, los informes incorporados al Estudio de Impacto Ambiental y la Propuesta de Modificación del proyecto minero, y especialmente los resultados obtenidos  con la aplicación de la Matriz de Importancia de Impactos Ambientales, aportan a la administración elementos ciertos sobre la relación de costos y beneficios socio-ambientales, por lo que debe reiterarse lo ya afirmado, en el sentido de que resulta inexacto aducir la absoluta carencia de elementos o criterios técnicos que permitieran a la administración la valoración correspondiente. Por el contrario, los diferentes estudios, informes y análisis aquí relatados, dan cuenta fehaciente de que la administración sí tuvo conocimiento tanto de los costos económicos propiamente dichos, como de los beneficios sociales y ambientales planteados para el proyecto minero, por lo que con el historial y los antecedentes que constan en autos, la administración realizó la valoración necesaria para emitir su criterio técnico final sobre el particular. Insistir en que la administración no realizó esta valoración, o que tal valoración no consta en los expedientes, es desconocer –o al menos pretender desacreditar- los diferentes estudios y resoluciones que sobre costos y beneficios del proyecto se aportaron, valoraron y aprobaron por la Dirección de Geología y Minas y por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues tal como ha sido referido, tales estudios sí existen y constan en los diferentes expedientes administrativos aportados. La Sala no soslaya que durante la Vista celebrada en noviembre de dos mil nueve, SETENA manifestó que no existía un determinado estudio cuantitativo sobre el particular, pero esta manifestación debe entenderse en el contexto en el que fue producida; este contexto fue el cuestionamiento de algunos recurrentes sobre si existía un único documento que bajo un formato determinado reflejara la relación de costos y beneficios socio-ambientales; SETENA respondió en ese momento que tal documento único no existía, pero aprecia la Sala que ello no es óbice para que la administración haya efectuado el análisis con base en toda la información disponible y de la que aquí se ha dado cuenta. En otras palabras, la inexistencia de un documento determinado no puede implicar la desvalorización ni el desconocimiento de la diversidad de estudios técnicos sobre costos y beneficios económicos, sociales y ambientales realizada en diferentes momentos ante dos distintas instancias técnicas de la administración, pues ciertamente en tales estudios constan los datos que fueron finalmente validados por los órganos administrativos para la emisión de las resoluciones cuestionadas en este recurso de amparo.

XCVIII.- Adicionalmente, todo ese balance avalado por la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, es posteriormente reforzado cuando mediante su informe, el economista Juan E. Muñoz Giró -adjunto en el anexo No. 10 aportado por el MINAET-, señala que con la metodología apropiada, la información disponible y los supuestos razonables para el cálculo, se concluye  que el impacto biofísico del Proyecto Crucitas asciende a US$1,48 millones, y el impacto social a US$2,26 millones, para un total de US$3,74 millones; mientras que los beneficios sociales derivados del Proyecto superan los US$158,11 millones en el orden de empleos, impuestos o inversión en las comunidades de su área de influencia. Refirió el consultor en una nota dirigida al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones el doce de febrero de dos mil nueve, que el costo de oportunidad de habilitar el Proyecto Crucitas es de $7,5 millones, mientras que el costo de oportunidad de interrumpirlo asciende al orden de los US$144,9 millones, lo cual incluye la creación de 262 empleos directos, US$32 millones en pagos de salarios, US$10,5 millones de aporte a la seguridad social, US$83,8 millones de ingresos al país por concepto de impuestos sobre la renta, US$14 millones por canon minero, y US$4,6 millones del fideicomiso establecido para apoyar a asociaciones de desarrollo social de las comunidades del área de influencia del proyecto. En la conclusión número 6 de este informe, el economista indica que los aportes del Proyecto Crucitas son muy superiores al valor de los posibles daños que pueda producir, además de que considera también el compromiso de restaurar la zona del proyecto, incluso proveyendo elementos que mejoren no sólo el ambiente, sino las condiciones de vida de los pobladores. En su conclusión número siete señala que es concluyente que el proyecto generará beneficios sociales que superan con creces los costos socio-ambientales. Igualmente consta la opinión consultiva sobre la viabilidad legal y económica del Proyecto Crucitas emitida por el economista Jorge Guardia Quirós el trece de febrero de dos mil nueve -adjunto como anexo número 12-, quien señala que si a la valoración de los beneficios ambientales de US$17.81 millones, se le restan los costos ambientales -US$3.74 millones- se tiene un beneficio neto de US$14.06 millones, lo cual en su criterio es suficiente para justificar legalmente el proyecto. Indica que agregándose los otros beneficios económicos y sociales previstos, el proyecto generaría beneficios totales por US$158.11 millones.

XCIX.- Por otra parte, de las pruebas aportadas se desprende que el proyecto minero Crucitas ya ha realizado diversas actividades que incluyen inversión social, donación para la reconstrucción y mejoramiento de infraestructura, de servicios básicos para las comunidades, la salud física y mental de la población y la capacitación en oficios y herramientas, así como formas de organización comunal que permitan a las poblaciones del área de influencia un mayor dinamismo social y económico. Dentro de sus compromisos sociales se citan: a) instalación de un centro de capacitación para el Instituto Nacional de Aprendizaje con el fin de dar cursos de corte y confección, acuicultura, agricultura orgánica, producción de queso, pintura sobre tela y manipulación de alimentos; lo cual generaría pequeñas empresas nuevas y beneficios concretos; b) trescientos empleos directos en fase de construcción, mil doscientos empleos indirectos y doscientos cincuenta empleos en fase de operación; c) mejoría de la calidad de vida de siete comunidades, apoyando a la Cooperativa de productores de las comunidades, programas de mejoramiento de calidad de vida y mejoramiento del acueducto; d) de previo a la construcción del proyecto la empresa dio inicio a una serie de programas -capacitación para microempresarios, capacitación laboral, creación de la Oficina de Atención al Ciudadano, la construcción de cuatro puentes y el mantenimiento de caminos, entre otros-; e) mano de obra durante once años; f) la inversión será de US$65.000.000, lo cual se utilizará para comprar materiales, servicios profesionales, maquinaria, contratistas, entre otros; g) una planilla anual valorada en US$4.132.859; h) la obtención de un impuesto local en ocho años de US$11.529.263 y al gobierno central por un total de US$70.322.309; i) se dispone de un fideicomiso para desarrollar obras sociales y acciones en la comisión de monitoreo que recibiría por año US$364.063 -ver informe rendido bajo juramento a folio 95 del tomo I del expediente-. Actualmente la empresa recurrida ya financió la cooperativa agropecuaria Coopeagrovega R.L., otorgó una ambulancia, convirtió trochas intransitables en caminos, lo que mejoró el intercambio de bienes y servicios en la zona, construyeron tres puentes, se ampliaron las vías y se pusieron alcantarillas. Se ampliaron y reconstruyeron las escuelas de Cutris y Llano Verde, se inició la capacitación de pequeñas y medianas empresas desde el año dos mil seis, se firmó un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Aprendizaje por el cual ya se han impartido cincuenta cursos de acuicultura y textil -ya se formaron dos microempresas-, de agricultura orgánica, de computación, manipulación de alimentos, elaboración de quesos, entre otros -ver soporte electrónico en formato DVD sobre la Inspección Judicial realizada el doce de setiembre de dos mil nueve-, de manera que resulta inexacto afirmar que se trata de meras expectativas de beneficios -como señalan algunos de los recurrentes-, ya que algunos han sido concretados.  Ahora bien, dentro de las medidas de compensación propuestas y establecidas como compromisos ambientales para el plan de corta están: a) reforestación de 382 hectáreas de potrero a bosque natural; actualmente ya se han reforestado 16 hectáreas de potreros con los árboles provenientes del vivero forestal del proyecto; b) mantenimiento de un vivero forestal con especies nativas, que en la actualidad cuenta con más de 67 500 árboles nativos que fueron extraídos como brinzales de las áreas que se ubican dentro del plan de corta. Adicionalmente existen árboles de zotacaballo para revegetación de taludes y áreas de protección de cauces; c) se mantendrán como bosque natural que ya existen, en las más de las 800 hectáreas de cobertura boscosa que no serán utilizadas para el proyecto y que forman parte de las 1474 hectáreas de propiedades con que cuenta la empresa Industrias Infinito; d) se sembrarán 50 árboles por cada árbol cortado, y por cada almendro se sembrarán 100 en las áreas a reforestar que comprenden 382 hectáreas y que albergarán un desarrollo de bosque natural con la siembra de más de 600.000 árboles nativos; e) se mantendrá un monitoreo biológico y forestal tal que verifique la regeneración de las áreas a reforestar para un desarrollo de hábitats efectivos que permitan la conexión de sectores boscosos en forma continua y mitiguen la fragmentación de hábitats existentes; f) se conformará un corredor biológico que permitirá la movilidad de especies con transferencia genética de flora y fauna; g) se depositará un monto de US$250.000 a un fideicomiso del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con el fin exclusivo de compra de terrenos en alguna zona protegida de la región de San Carlos; h) se apoyará a las comunidades con parte de la madera recogida en la corta para necesidades de la población; i) las utilidades esperadas con la venta de la madera que asciende aproximadamente a US$1.000.000 será depositada en el fideicomiso existente de APANAJUCA, que es la Asociación del Parque Nacional Juan Castro Blanco, cuyo objetivo único es la compra de terrenos privados para conservación del Parque Nacional, también conocido como Parque del Agua, y que actualmente tiene más del noventa por ciento de su área bajo propiedad privada -ver informe rendido bajo juramento a folio 95 del tomo I del expediente-.

C.- Tomando en cuenta los estudios técnicos aportados a los expedientes de la Dirección de Geología y Minas y ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, así como la aplicación de la matriz de referencia, la identificación e incluso la concreción de varios de los aspectos aquí reseñados, la administración informa que los valores obtenidos con la aplicación de la matriz del Estudio de Impacto Ambiental son positivos para el proyecto, por lo que se prevé un aumento en la calidad de vida y un impacto positivo en la economía, al punto que la afectación de la calidad de vida es –como ya se indicó- de +68 y la generación de empleo e ingreso es también de +68. Refiere igualmente la administración, que además de los beneficios explicitados en el decreto, dentro de los beneficios que está aportando la actividad de la empresa se pueden enumerar: la instalación de un centro de capacitación empresarial y laboral; la formación de pequeñas empresas; la ampliación del acueducto que abastece las comunidades de Coopevega, Moravia, Chamorro y El Roble; la construcción de cuatro puentes en asocio con la Municipalidad de San Carlos; el mantenimiento de los caminos de Buenos Aires-Coopevega-Crucitas; un fideicomiso para obras comunales que recibirá anualmente trescientos cincuenta y cuatro mil dólares; y pagos a la seguridad social por más de diez millones de dólares. Por su parte, la empresa afirma que dentro de los beneficios sociales acordados, se encuentra la donación de una línea de transmisión eléctrica valorada en seis millones de dólares; programas comunales de capacitación y promoción de pequeñas y medianas empresas; el mejoramiento de la infraestructura escolar; así como aportes para la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, aspectos todos que necesariamente debieron ser considerados por la administración para concluir que ciertamente los beneficios sociales resultan ser mayores al costo ambiental, pues tal como se ha acreditado, la actividad minera en los términos planteados, da lugar a un costo ambiental, mas no a un daño ambiental. En el mismo sentido, advierte la Sala que mediante la ya citada valoración económica de efectos ambientales y beneficios sociales del proyecto realizada por el experto Juan Muñoz Giró y presentada en febrero de dos mil nueve, se concluye que el costo de oportunidad del proyecto es de US$3.74 millones, mientras los beneficios generados por empleo e ingresos sería de US$158.11 millones, por lo que el informe de referencia valida las conclusiones a las que arribó la administración en cuanto a los beneficios a obtener.

CI.- Por otra parte, si tales beneficios son similares a los que pudiera aportar alguna otra actividad económica en la zona, conforme lo aseguran los recurrentes, ello es un aspecto ajeno a la verificación de que en el caso concreto sí existen mayores beneficios que costos, pues si existieren otras actividades que pudieren generar beneficios similares, ello no es óbice para que se examine un caso particular; en otras palabras, resulta impropio discutir una valoración realizada por la administración con base en datos técnicos, sobre la base de la posible existencia de otras actividades hasta ahora no conocidas, que eventualmente pudieren generar similares resultados o beneficios socio-económicos, pero sobre las cuales hasta el momento no se ha manifestado interés alguno ni han sido realizadas o implementadas en la zona.

CII.- En todo caso, debe tomarse en consideración la expresa mención que se hace en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Crucitas –ver página 187 del Estudio-, en el cual se indica que de acuerdo a la correlación de las variables o elementos climáticos -lluvias intensas, elevados porcentajes de humedad y temperaturas- con otros factores físicos, naturales y de infraestructura predominantes a nivel regional -tipo de suelo, vialidad y servicios-, hacen que la denominada zona norte se considere como una región de condiciones difíciles para el desarrollo de ciertas actividades productivas, afirmación que refleja la inconsecuencia de aducir la presunta inidoneidad de una actividad concreta porque existen otras –imprecisas e indefinidas- que podrían realizarse.

CIII.- Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que el decreto de referencia sí demuestra la realización de un trabajo previo que permitió a la administración determinar la existencia de beneficios socio-económicos mayores a los eventuales costos ambientales, determinación para la cual la administración utilizó los instrumentos técnicos establecidos y disponibles al efecto, instrumentos que fueron exigidos, presentados y valorados por las instancias pertinentes dentro de sus ámbitos de competencia técnica –Dirección de Geología y Minas y SETENA-., por lo que tratándose de una determinación de carácter técnico se está ante un asunto de legalidad ordinaria ya definido por las entidades competentes en cada caso.

CIV.- De tal forma, la Sala concluye que el decreto 34801 sí se encuentra debidamente fundamentado y cumple con demostrar que en sede administrativa sí se realizó el procedimiento de balance entre costos y beneficios, cuyo resultado se plasma en el decreto de comentario, por lo que contrario a lo aducido por los recurrentes, sí existe una base científico-técnica objetiva para establecer los beneficios concretos que reportará la implementación del proyecto.

CV.-  A modo de conclusión. En el caso bajo estudio, la Sala tiene por acreditado que se encuentra asegurada la pervivencia del almendro amarillo, toda vez que la corta autorizada carece de un impacto negativo determinante para la población de esta especie, así como tampoco se encuentra impedida esta corta de árboles por su falta de conexidad con los sitios de anidación y reproducción de la lapa verde.

CVI.- Asimismo, se ha demostrado que esta corta del almendro tampoco tiene el carácter de amenaza cierta para la existencia y supervivencia de la lapa verde, pues se ha comprobado que el ave no anida en árboles como los que se autorizó cortar, sino que solamente llegaba a la zona de Crucitas en época no reproductiva y cuando el almendro no está en fruto, por lo que en esa temporada su alimentación se basa en el fruto de más de treinta variedades de árboles de la zona.

CVII.- Se descarta también el aducido riesgo ambiental contra el Corredor Biológico Mesoamericano y el Corredor Biológico San Juan-La Selva, por cuanto la existencia de estas áreas no impide la realización de actividades económicas bajo rigurosos estándares de control que permitan la compatibilización del desarrollo socio-económico y la protección ambiental.

CVIII.- De igual manera, se ha descartado el riesgo de contaminación acuífera, esto porque se demuestra la limitada permeabilidad de la roca que cubre los acuíferos superior e inferior; que la zona de recarga acuífera se encuentra fuera de la zona del proyecto; y que el riesgo sísmico de la zona es insignificante. Por otra parte, también debe descartarse la trascendencia internacional de un riesgo de contaminación acuífera, pues se ha demostrado que ambos acuíferos descargan sobre territorio nacional y no drenan hacia el río San Juan, y que en el caso de la Quebrada Minas y el río Infiernito el efecto sobre el río fronterizo sería mínimo, siempre que se cumpla debidamente todas las medidas de contención aprobadas y comprometidas.

CIX.- Del mismo modo, se ha acreditado la utilización de un método seguro de eliminación del cianuro, que evita el contacto de este material con el ambiente, tanto durante el proceso de aplicación y eliminación, como en la disposición de agua y material tratado en la laguna de relaves.

CX. Al mismo tiempo, se acredita también la adopción de las medidas técnicas recomendadas para evitar el drenaje ácido de rocas, tanto porque el material a extraer dispone de una limitada capacidad de generarlo, como por los sistemas que se implementará para evitar que suceda.

CXI.- Por otra parte, se ha demostrado que sí se realizaron los estudios sísmicos conducentes para valorar la situación de riesgo sísmico en la zona, concluyendo estos informes la viabilidad de desarrollar el proyecto planteado y de construir las obras necesarias. De igual manera, se ha acreditado que las construcciones relacionadas cumplen con los requisitos exigidos por la legislación nacional para tener una sismoresistencia para tolerar eventos de hasta 8.4 grados en la escala Richter.

CXII.- También se ha demostrado que la utilización de explosivos fue oportunamente valorada por la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante la consideración de estudios técnicos que acreditan que las voladuras a utilizar tendrán un impacto muy limitado en el entorno del proyecto.

CXIII.- Se ha definido que la declaración de conveniencia nacional del proyecto minero se encuentra ajustada a derecho, pues lejos de ser el resultado de la aplicación automática de los artículos 60 del Código de Minería, 19.b y 34 de la Ley Forestal, y 2 del Reglamento de la Ley Forestal, es el resultado de la comprobación de que los beneficios socio-económicos resultan mayores al costo ambiental, costo que tiene la particularidad de no generar un daño ambiental en los términos dichos.

CXIV.- En el mismo sentido, se ha demostrado que la acreditación de que los beneficios socio-económicos resultan mayores al costo ambiental, es el producto de una evaluación de varios años realizada ante la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y cuyo resultado se plasma en el decreto 34801-MINAET, instrumento normativo que refiere de manera clara los beneficios a obtener, el costo ambiental que debe soportarse, y las medidas de compensación que se debe implementar. Ha quedado resuelto también, que el decreto por el cual se declara la conveniencia nacional de una actividad económica en los términos dichos, debe explicitar los resultados finales del balance de costos-beneficios, mas no especificar de manera exacta y concreta la metodología implementada, los instrumentos utilizados, cada uno de los aspectos valorados ni el puntaje asignado, todo lo cual sí debe constar en sede administrativa, pero no plasmado en el instrumento normativo final.

CXV.- De tal forma, el decreto 34801-MINAET se encuentra debidamente fundamentado y refiere la base técnica objetiva sobre la cual se tomó la decisión de declarar de conveniencia nacional el proyecto minero, por lo que el mismo se encuentra ajustado a derecho sin que se aprecie inconformidad constitucional alguna.

CXVI.- Por lo anterior, la resolución del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión San Carlos-Los Chiles, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, número 244-2008-SCH, de las nueve horas cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil ocho, por la cual se autoriza el cambio de uso de suelo, dista de ser una decisión arbitraria, pues para su dictado medió tanto la emisión del decreto de declaratoria de conveniencia nacional del proyecto, como la acreditación del tipo de árboles que se verían afectados con el cambio de uso de suelo.

CXVII.- Medidas a implementar. La Sala es conciente de la trascendencia de la actividad minera y de algunas experiencias negativas anteriores –que en todo caso no son parámetros de comparación con el proyecto minero que ahora se conoce-, motivo por el cual no pasa por alto que imprevistos humanos o eventos de la naturaleza de carácter extremo pudieren amenazar la seguridad ambiental del proyecto. Por esta razón, aún cuando en el caso bajo estudio no existe violación constitucional alguna más allá de la tramitación de la viabilidad ambiental sin la aprobación previa del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, este Tribunal ordena al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; a la Secretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; al Gerente del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento; a John Thomas, en su condición de Apoderado Generalísimo de Industrias Infinito Sociedad Anónima; y a la Regencia Ambiental del proyecto minero,  que de manera conjunta y dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, coordinen con la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental que ya existe, el seguimiento y fiscalización de todas las fases del proyecto, para que de manera oportuna la Comisión adopte las acciones de control, mitigación y compensación necesarias en cada una de estas fases, según lo considerado en sentencia. Lo anterior implica que de presentarse alguna eventualidad, la Comisión o la Regencia Ambiental, en forma conjunta o separada, deba gestionar en forma inmediata ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental la suspensión del proyecto hasta tanto sea subsanada la misma o se garantice la no afectación al ambiente, y se establezca las responsabilidades del caso. Debe recordarse lo señalado por este Tribunal desde la sentencia No. 2004-9927, en el sentido de que el regente ambiental cumple también una función esencial en esta fiscalización y que el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC define como aquella persona física o jurídica, contratada por el desarrollador con el fin de velar por el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por la actividad, obra o proyecto, el Código de Buenas Prácticas Ambientales y la normativa vigente, para lo cual debe informar oficialmente a la SETENA y a la autoridad ambiental los resultados del seguimiento y control conforme a lo establecido en el reglamento, así como emitir las recomendaciones ambientales necesarias conforme las situaciones lo vayan requiriendo (artículos 3 inciso 60, 79 y 80); pues además deberá responder civil y penalmente por la veracidad de la información de los documentos que suscribe, así como de los métodos y procedimientos que recomiende, con responsabilidad solidaria con el desarrollador del proyecto (artículo 81). Lo anterior hace ver, que si bien es cierto el regente ambiental no es un funcionario público, sí ejerce una función pública en este sentido. En este sentido, se ordena a las autoridades recurridas y a la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, no autorizar el inicio de cada fase del proyecto si no se cuenta previamente con los protocolos respectivos.

CXVIII.- De igual forma, se ordena al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, implementar programas interdisciplinarios de seguimiento para la preservación y conservación de la lapa verde en la zona norte y atlántica del país, de manera que se mantenga información sólida sobre el número de parejas de lapa verde, la preservación de los sitios de anidación y alimentación, y se permita, con ella, la inmediata adopción de medidas que brinden mejores opciones de supervivencia y fortalezcan el hábitat del ave.

CXIX.- Asimismo, se ordena a Industrias Infinito Sociedad Anónima, extremar el cuidado en el manejo del cianuro y material cianurado, su aplicación y destrucción, y al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ejercer de manera rígida y constante el monitoreo a las tareas de la empresa en este campo.

CXX.- Las órdenes dadas tienen fundamento en el énfasis que este Tribunal hace respecto al deber que tienen todas las instituciones recurridas de coordinar y coadyuvar con SETENA, dentro del marco de su competencia. El deber constitucional de protección al ambiente por parte de todas las dependencias deviene no solo del artículo 50 de la Constitución Política, sino también de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, que en el principio No. 13 dispone:

       "A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población."

 

Así, es claro que instituciones públicas técnicas como el SENARA, las áreas especializadas del Ministerio de Ambiente, Energía, Minas y Tecnología, SETENA y dentro de esta última el Regente Ambiental en la función pública que ejerce, deben realizar sus aportes técnicos en el área que les corresponda, y en lo que necesiten solicitar la coadyuvancia de las Municipalidades y otros, como la empresa desarrolladora del proyecto y la Comisión conformada al efecto. Ciertamente SETENA tiene funciones específicas en cuanto a la protección del ambiente y la fiscalización de la ejecución de proyectos como el de estudio, pues el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente dispone que esa Secretaría debe entre otras cosas:

“...b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo.

Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental...

...i) Realizar labores de monitoría y velar por la ejecución de las resoluciones...”

 

No obstante lo expuesto, ello no exime a las demás instituciones públicas de colaborar ejerciendo una función tutelar del ambiente, como parte que son del Estado. Es menester tener presente, como ya en muchas ocasiones lo ha señalado la Sala, que el ambiente, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para ser utilizado adecuadamente, sin degradar su productividad y sin poner en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. La Sala entiende y acepta, sin que ello sea un elemento que violente el ambiente, que en todo proceso de producción es necesario transformar y procesar recursos, todo lo cual significa un costo ambiental. Asimismo, que el proceso productivo no solo requiere de recursos naturales para mantenerse, sino que genera desechos, contaminación e impactos de muy variada índole. Sin embargo, es claro que debe darse un desarrollo controlado, de modo tal que sean satisfechas tanto las necesidades ambientales, como las de progreso y es allí donde cada institución estatal debe cumplir con la prevención, protección y seguimiento de todos aquellos procesos o proyectos que impliquen un impacto al medio en el cual se da (ver en sentido similar la sentencia No. 2004-9927).

CXXI.- En definitiva, la Sala concluye que en el caso bajo estudio existe una violación constitucional en lo que respecta al otorgamiento de la viabilidad ambiental sin que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento haya conocido y aprobado previamente los estudios hidrogeológicos de toda el área del proyecto minero Crucitas, sin que, según lo explicado en esta sentencia, tal declaratoria tenga el efecto de anular el Estudio de Impacto Ambiental ni de retrotraer los procedimientos al momento de presentación dicho Estudio, precisamente porque aún en forma extemporánea este órgano avaló los mismos. Del mismo modo, de acuerdo a las consideraciones dadas en esta sentencia, se descartan las demás violaciones aducidas al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los términos reconocidos por el artículo 50 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional. De tal forma, el recurso debe ser declarado parcialmente con lugar, como en efecto se dispone, con las advertencias y disposiciones contenidas en los considerandos anteriores. Los Magistrados Jinesta y Castillo salvan el voto, declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos y el Magistrado Castillo pone nota. El Magistrado Cruz salva el voto y declara con lugar el recurso únicamente en los siguientes aspectos: por estimar que el estudio de impacto ambiental no cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental, por la acusada afectación al almendro amarillo y por carecer el proyecto minero previo a su aprobación de una adecuada relación costo ambiental-beneficio económico. En lo demás, coincide con el voto de mayoría y pone nota. El Magistrado Armijo salva el voto, declara con lugar el recurso y anula: a) la resolución #170-2008-SETENA del 4 de febrero de 2008 de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; b) la resolución del Ministerio del Ambiente y Energía #R-217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008, que otorgó concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A.; y c) el Decreto Ejecutivo No. 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, con los hechos tenidos en cuenta para la estimatoria de este amparo.

Por tanto

            Por mayoría se declara con lugar el recurso, únicamente por haberse aprobado el Estudio de Impacto Ambiental sin el criterio previo del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. En lo demás, por mayoría se declara sin lugar el recurso. En aplicación del principio precautorio en materia ambiental, se ordena a Jorge Rodríguez Quirós, en su condición de Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; a Sonia Espinoza Valverde, en su condición de Secretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; a Bernal Soto Zúñiga, en su condición de Gerente del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento; a John Thomas, en su condición de Apoderado Generalísimo de Industrias Infinito Sociedad Anónima; y a la Regencia Ambiental del proyecto minero, o a quienes ocupen sus cargos, que de manera conjunta y dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, coordinen con la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental el seguimiento y fiscalización de todas las fases del proyecto, para que de manera oportuna la Comisión adopte las acciones de control, mitigación y compensación necesarias en cada una de estas fases, según lo considerado en sentencia. Lo anterior implica que de presentarse alguna eventualidad, la Comisión o la Regencia Ambiental, en forma conjunta o separada, deba gestionar en forma inmediata ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental la suspensión del proyecto hasta tanto sea subsanada la misma o se garantice la no afectación al ambiente, y se establezca las responsabilidades del caso. De igual manera, se ordena a las autoridades recurridas y a la Comisión, no autorizar el inicio de cada fase del proyecto si no se cuenta previamente con los protocolos respectivos. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con los hechos tenidos en cuenta para la estimatoria de este amparo. Se advierte a Jorge Rodríguez Quirós, Sonia Espinoza Valverde, Bernal Soto Zúñiga y a John Thomas, o a quienes ocupen sus cargos, así como a quienes conformen la Comisión y la Regencia Ambiental, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución a Jorge Rodríguez Quirós, Sonia Espinoza Valverde, Bernal Soto Zúñiga y John Thomas, o a quienes ocupen sus cargos, en forma personal. Proceda Sonia Espinoza Valverde en su condición de Secretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe su cargo, a notificar esta resolución a los miembros de la Comisión y a la Regencia Ambiental. Comuníquese.-

Los Magistrados Jinesta y Castillo salvan el voto, declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos y el Magistrado Castillo pone nota.

El Magistrado Cruz salva el voto y declara con lugar el recurso únicamente en los siguientes aspectos: por estimar que el estudio de impacto ambiental no cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental, por la acusada afectación al almendro amarillo y por carecer el proyecto minero previo a su aprobación de una adecuada relación costo ambiental-beneficio económico. En lo demás, coincide con el voto de mayoría y pone nota.

El Magistrado Armijo salva el voto, declara con lugar el recurso y anula: a) la resolución #170-2008-SETENA del 4 de febrero de 2008 de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; b) la resolución del Ministerio del Ambiente y Energía #R-217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008, que otorgó concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A.; y c) el Decreto Ejecutivo No. 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, con los hechos tenidos en cuenta para la estimatoria de este amparo. Comuníquese.-     

 

 

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

 

 

 

            Luis Paulino Mora M.                                                         Gilbert Armijo S.

 

 

 

 

            Ernesto Jinesta L.                                                               Fernando Cruz C.

 

 

 

 

            Fernando Castillo V.                                                           Teresita Rodríguez A.

 

 

 

VOTO SALVADO DE LOS

MAGISTRADOS JINESTA Y CASTILLO

 

         Los Magistrados Jinesta y Castillo, con redacción del primero, salvan el voto y declaran sin lugar el recurso, por las consideraciones siguientes:

 

I.- SOBRE EL “PREVIO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE TODA EL ÁREA DEL PROYECTO VALIDADO POR EL SENARA”. REQUISITO NO EXIGIDO POR EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE. El ordenamiento jurídico ambiental define, con precisión y claridad, por razones de seguridad y certeza jurídica –valores constitucionales de primer orden, artículo 34 constitucional- de los ciudadanos, empresarios e inversionistas o, en general, administrados, los requisitos que se deben observar para desarrollar una actividad que pueda lesionar el ambiente. Así, para el caso particular, tanto el Decreto Ejecutivo No. 25705 de 8 de octubre de 1996 –vigente hasta mayo de 2004- denominado “Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental” como el No. 31849 de 24 de mayo de 2004 llamado “Reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental”, no se refieren, directamente, a los estudios hidrogeológicos. Para el lapso en que estuvo vigente el Decreto Ejecutivo N. 25705, la normativa que hace referencia a los estudios hidrogeológicos son el Código de Minería y el Reglamento a ese instrumento legislativo. Así el Reglamento al Código de Minería en su artículo 26, punto 1.4 establece que el programa de explotación minera debe contener información sobre “1.4. Hidrogeología. 1.4.1 Modelos de acuíferos existentes. 1.4.2 Tomas de agua y nacientes”. De acuerdo con el artículo 77 del Código de Minería, la documentación técnica debe ser refrendada “(…) por un geólogo o por un ingeniero de minas, debidamente incorporado a su respectivo colegio profesional”. Al emitirse el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004, el numeral 27 de ese cuerpo normativo remite al “Manual de EIA” –Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de evaluación de impacto ambiental-, el que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. 32712 de 19 de julio de 2005. Este manual, sí hace referencia, en la Sección III al “Protocolo para la Hidrogeología ambiental de la finca”, con el cual deben cumplir las “canteras mineras o de minería subterránea” (punto 1.6), siendo que el punto 2, intitulado “Responsables de la realización del estudio de hidrogeología ambiental” preceptúa, de manera clara que “Los estudios de hidrogeología ambiental deberán ser realizados por profesionales en geología, debidamente habilitados por la legislación vigente en el país para realizar este tipo de estudio”. Bajo esta inteligencia, se encuentra suficientemente claro que la normativa vigente no impone, como parte del estudio de impacto ambiental que los estudios hidrogeológicos sean efectuados por el SENARA o, eventualmente, validados de manera ulterior por esta entidad. Este Tribunal Constitucional en votos precedentes no ha establecido este requisito adicional, si se interpreta de esa manera resulta errado. Lo que sí ha admitido este Tribunal, a través de la figura de la ampliación del curso o los informes, es que los estudios hidrogeológicos que han sido efectuados sean revisados por esa entidad pública, o bien que rinda informe acerca de la ubicación y extensión de un determinado manto acuífero –en el caso que lo tenga identificado o ubicado-, por cuanto, dentro de sus competencias expresas sí figura “Realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas (...)” y “Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales (…)”. Esto ha sucedido en casos pasados, cuando se trata de mantos acuíferos susceptibles de ser explotados para consumo humano, no cuando está suficientemente acreditado que no son aptos para tal efecto por tratarse de acuíferos confinados (acuitardos) o por contener altos niveles de acidez  y otros metales y, por consiguiente idóneos para el consumo humano, como se tuvo por demostrado para el sub-lite. De tal proceder, facultativo, de este Tribunal, no cabe extraer o inferir un nuevo requisito no exigido por el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, el hidrogeólogo Virgilio Rodríguez Estrada, en el 2002 presentó como anexo al Estudio de Impacto Ambiental el estudio hidrogeológico que sustentaba la hidrografía en el área del proyecto (folios 196-208 del Estudio de Impacto Ambiental), adicionalmente, el mismo profesional, en el año 2007 realizó una actualización de dichos estudios para la propuesta de cambio del Estudio de Impacto Ambiental (capítulo 3, páginas 19-21). Cabe agregar que tales estudios se sustentaron, a su vez, en la investigación hidrogeológica precedente de 10 años y con fundamento en la perforación de más de 190 pozos “sacanúcleos” que permitieron conocer el detalle de la estructura geológica e hidrogeológica de la zona de ubicación del proyecto, tales como Geotest de 1996, Marcelino Losilla de 1996, Pitteau Associates de 1998, Golders de 1998 y 2006 y Hugo Rodríguez 2001 y 2007. Como se ve, la empresa desarrolladora del proyecto con tales estudios cumplió, cabalmente, con lo que impone el ordenamiento jurídico. Estimamos que exigir requisitos que no se encuentran predeterminados por el ordenamiento jurídico ambiental lo que provoca es un nivel considerable de inseguridad e incerteza entre las personas que pretenden emprender una actividad potencialmente contaminante, adicionalmente, lesiona, flagrantemente, el principio de la confianza legítima y de la buena fe de los administrados en las actuaciones previas de las administraciones públicas, los que, en esencia, no saben a qué atenerse perdiendo cualquier margen de  predictibilidad en los trámites administrativos, por cuanto, un órgano de control jurisdiccional –de legalidad o de constitucionalidad- puede –con la tesis de la mayoría-, en cualquier momento, crear o idear nuevos requerimientos que no se establecen expresamente. 

         II.- SOBRE LAS ÓRDENES DE HACER IMPARTIDAS EN LA PARTE DISPOSITIVA DEL VOTO. Una sentencia estimatoria de carácter condenatorio, en materia de amparo, puede contener, con el fin de restablecer el goce efectivo de derechos fundamentales, órdenes de hacer, no hacer o de dar, cuando se verifica, respectivamente, que se han incumplido –omitido- obligaciones o se ha verificado alguna actuación irregular que demanda su cesación inmediata. Así se desprende del tenor literal y de la doctrina que informa el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin embargo, en el presente asunto la mayoría le impartió una serie de ordenes de hacer, tanto al MINAET, la SETENA, el SENARA, la propia empresa encargada de la explotación minera y al regente ambiental, todo en aras del principio precautorio. Sin embargo, la imposición de tales órdenes de hacer no estuvo antecedida de la verificación o demostración del incumplimiento de obligaciones o deberes previos. En otros términos, se imponen una serie de obligaciones de hacer o de actuar con el propósito de evitar cualquier daño o lesión ambiental futura, las que deberían tener fundamento en un incumplimiento previo y, sobre todo, no en el principio precautorio que impone, ante la incerteza científica la abstención en la ejecución de una actividad, sino del principio preventivo. Entendemos, que dentro de las obligaciones de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, los órganos y entes involucrados en la autorización y fiscalización del proyecto deben, por sobreentendido, cumplir con todas las órdenes que ahora se imparten. En nuestro criterio, al no haberse constatado omisiones o incumplimientos de obligaciones preexistentes que lesionen derechos fundamentales por parte de los órganos, entes y personas jurídicas condenadas a un hacer, lo que procedía era indicar tales previsiones en la parte considerativa de la sentencia y disponer que las partes involucradas “tomaran nota” de las mismas, lo que ha sido práctica usual de este Tribunal bajo tales circunstancias.

         III.- COROLARIO. En mérito de las consideraciones expuestas, en nuestro criterio los recursos deben ser desestimados en todos sus extremos.

 

 

 

 

Ernesto Jinesta L.                                              Fernando Castillo V.  

 

 

 

 

Exp. 08-0014068-007-CO

 

NOTA SEPARADA DEL  MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ

 

 

El suscrito considera que el recurso de amparo debe ser rechazado, además de las razones esbozadas, por otras, las cuales explico de inmediato.

Como es bien sabido, la competencia del Tribunal Constitucional se limita a garantizar los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica (artículo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En el caso que nos ocupa, el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado (artículo 50 del Código Político) a todos los habitantes de la República e, incluso, a la Nación costarricense (lo que estamos y los que aún no han nacido). Para tal propósito, al igual que para otros derechos y libertades fundamentales, la jurisdicción constitucional, entendida ésta, y para este caso, como la facultad o poder del Estado de resolver en forma definitiva y coercitiva los conflictos surgidos por la amenaza o la violación de esos derechos y libertades, ha diseñado un proceso constitucional, en este caso de garantías, que tiene una serie de características, que lo diferencian de otros, tales como el hábeas corpus –también un proceso de garantías- y los procesos constitucionales de defensa de la Constitución, y definen su objeto.

 

El proceso constitucional de amparo, en nuestro medio, es directo, ordinario y sumario. Es un proceso sencillo, informal y de fácil acceso, en el cual se le otorgan a las partes involucradas las debidas garantías.  A diferencia de los procesos de cognición plena, el proceso de amparo es  una vía sumarísima, cuyo objeto, cuando está de por medio la violación o la amenaza al ambiente, es conocer de lesiones o amenazas graves a éste, lo que excluye, de entrada, la discusión y resolución de aspectos técnicos, que son propios de otra jurisdicción como se explicará más adelante, lo cual nos obliga a abordar el tema de la naturaleza de este proceso en relación con la materia ambiental.

 

I.- De  la naturaleza propia del recurso de amparo y la materia ambiental

 

Esta Sala, en sentencia número 2001-13294 de las 12:05 horas del 21 de diciembre de 2001, conociendo de un amparo, había delimitado la competencia de la jurisdicción constitucional en este tipo de asuntos, cuando indicó:

 

“…Se desprende del escrito inicial que la recurrente se opone radicalmente a la explotación de hidrocarburos como tal, sea cual sea el manejo que se dé de esa actividad. Valga aclarar desde ahora que esta explotación está permitida por la Ley de Hidrocarburos, siempre y cuando se respeten las exigencias de protección al ambiente. Discutir si la actividad resulta en sí misma lesiva al ambiente, con independencia de las regulaciones técnicas y jurídicas que la sujeten, no es objeto de este amparo; tal discusión podría ser objeto de una eventual acción de inconstitucionalidad, pero no de un amparo. Valga aclarar también que esta Sala se pronuncia sobre las alegaciones de la recurrente en la medida en que esas supuestas violaciones lesionen un derecho fundamental. Al contrario, si los errores no violan, en el caso concreto, derecho fundamental alguno, estamos ante un vicio de mera legalidad que se debe atacar en la vía correspondiente…”. (El subrayado y resaltado no es del original).

 

Además, resulta importante para el tema que ahora nos ocupa en este  amparo, que en la sentencia mencionada la Sala expresó: “No corresponde a este Tribunal evaluar técnicamente el impacto ambiental de la actividad de extracción de hidrocarburos: el recurso de amparo no es una vía plena que tenga a disposición los medios probatorios necesarios para tal cometido”. (El resaltado no es del original).

 

La anterior delimitación, conduce a una visión correcta de la jurisdicción constitucional, en la que, se debe partir de la naturaleza sumaria del recurso de amparo, diríamos incluso sumarísima, característica derivada de la apremiante necesidad de resolver sobre el objeto del recurso, según lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, circunscrita básicamente a la restitución del derecho fundamental como garantía del respeto a un mínimo de protección a las personas consagrado dentro del derecho de la constitución, por lo que,  solo debe darse cabida a los reclamos planteados en esta sede especial,  a aquellos que comporten una evidente vulneración al haz de derechos fundamentales.  De lo contrario, cuando en un libelo el aspecto planteado versa sobre la legalidad de la actuación administrativa, aun ligándolo vagamente con un derecho fundamental, no es procedente el amparo, pues el resultado de recibir este tipo de reclamos, es la desnaturalización del proceso de amparo. El tema no es del todo carente de problemática, pues la delimitación de lo que es o no constitucional es un conflicto casuístico, sea que la Sala, en el proceso de admisibilidad,  debe analizar cada caso, tomando en cuenta la existencia de un hilo conductor muy delgado entre la constitucionalidad y la legalidad de los asuntos, ello en el tanto todo aspecto legal tiene un raigambre constitucional, lo que no implica indefectible y necesariamente que deba ser analizado y resuelto en la jurisdicción constitucional.  Precisamente, el no haberse delimitado claramente esta situación, a dado pie a un mal uso de la jurisdicción y las garantías establecidas en el numeral 48 de la Constitución Política, contando muchas veces con el apoyo de la misma Sala Constitucional, cuando se han resuelto asuntos en esta sede pese a su naturaleza ordinaria, interfiriendo en ámbitos que no le son propios, incluso, hasta sustituyendo la actividad de la Administración encargada en la Constitución al Poder Ejecutivo, en demérito del principio de división de los poderes o funciones.

 

Ante la conexidad entre la materia constitucional y la contenciosa, recientemente se ha robustecido el proceso ordinario contencioso administrativo, con la promulgación, por parte de la Asamblea Legislativa, de la Ley número 8508 de 28 de abril de 2006, en la que se desarrolló mejor la idea concebida en el artículo 49 de la Constitución Política, brindando una vez expedita para la resolución de asuntos contra la Administración, estableciendo el control objetivo y subjetivo; el objetivo sobre la legalidad de la función administrativa; y el subjetivo en la tutela de las situaciones jurídicas, los derechos subjetivos y los intereses legítimos. Sustentado en este artículo 49, así como en los principios de tutela judicial efectiva y de legalidad, toda controversia surgida contra la Administración, cuenta con la posibilidad  de ser ventilada, en primera instancia, en la sede administrative –hoy en día  el agotamiento de la vía administrativa es facultativa salvo  las excepciones que más adelante se indicarán, sea mediante el procedimiento seguido al efecto, aplicando el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública o en una normativa especial, con lo cual se faculta a la Administración para resolver las controversias que presentan las partes, obteniendo el dictado de un acto o disposición de la Administración Pública que solucione el conflicto y que esté acorde con la aplicación de la normativa vigente.  Aun sin agotar la vía administrativa, se cuenta ahora con un sistema jurisdiccional de protección de las situaciones subjetivas individualizadas, con ampliación de las facultades del juez, a fin de obtener un mayor resguardo de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, ello en contraste con lo que era público y notorio con el sistema anterior (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa), la que se caracterizaba por su tardío al resolver, al aplicar un diseño basado en la escritura y teniendo como centro el control del acto administrativo (control objetivo). Ahora, la moderna normativa procesal contenciosa,  se basa en una amplia gama de principios como el de la oralidad, como punto de partida y apostando el legislador a la agilización de los trámites, pasando por los fundamentales del debido proceso y la igualdad procesal de las partes. También, algunos otros, entre los que se encuentran:  El semi formalismo procesal; la amplitud de los poderes del juez;  la flexibilidad impugnatoria; la apertura de la legitimación activa y pasiva, así como de la capacidad procesal; el alcance extensivo de las medidas cautelares; la  inmediatez, contradicción y concentración de la prueba; el fortalecimiento de medidas alternativas de resolución de conflictos; la especialidad conciliatoria; la adaptación de la justicia a la realidad y necesidades sociales; el refuerzo del control pleno de la función administrativa; finalmente, el carácter facultativo del agotamiento de la vía administrativa, salvo para la contratación administrativa, Registro Civil –artículo 102 inciso 4) de la Constitución Política y la materia municipal (siempre que la agoten la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones o el Tribunal Contencioso Administrativo, respectivamente), siendo esta posibilidad del administrado otorgada primero por una sentencia de la Sala Constitucional, sea la número 2006-03669 de las 15 horas del 15 de marzo del 2006, en la que, entre otras razones, se indicó que no se podía someter al administrado a un vía crucis que significaba obligarlo a agotar la vía administrativa correspondiente, de previo a acudir al proceso judicial, ya que, no siempre en la práctica se conseguía por medio del agotamiento hacer que la Administración revocara su propia actuación, pese a determinar, por ejemplo, incluso la nulidad de lo actuado. Aspecto que con posterioridad a la sentencia mencionada, el Código Procesal Contencioso lo incorporó como un principio básico de su proceso. 

 

Todo ello, ha dado como resultado un proceso contencioso más ágil y efectivo, así ya corroborado en la práctica desde inicios del año 2008, contándose con un sistema diseñado para que los administrados puedan ventilar sus problemas de legalidad, obteniendo de forma oportuna una solución.  Además, de la tramitación más expedita que ahora trae de por sí el proceso contencioso en general, se da otra posibilidad, el llamado trámite preferente, dispuesto en el artículo 60 de la normativa procesal contenciosa, mediante el cual se permite tramitar sumariamente casos por urgencia, necesidad o trascendencia para el interés público. Además, merece hacerse distinguir un factor determinante, la valoración de la prueba en ambos procesos, ya que por la sumariedad del amparo, no es dable en la sede constitucional  la amplitud en la recepción y análisis, por el contrario, en el proceso contencioso sí es más garantista. En efecto en el proceso ordinario la prueba se plantea y pasa por un filtro en la audiencia preliminar, teniendo las partes la oportunidad de definir concretamente las pruebas que serán analizadas en la audiencia final; así al llegar al juicio oral se ha saneado con anterioridad, facilitando su  tratamiento en el debate de forma técnica y ampliamente, lo que redunda en una mayor garantía para los administrados, amén de la posibilidad que tienen las partes de recurrir al recurso extraordinario de casación, sea por violación de normas procesales sea por quebranto de normas sustantivas del ordenamiento jurídico; recurso de casación desprovisto de formalidades, lo que confirma el acceso efectivo a la justicia en la nueva jurisdicción contenciosa-administrativa. Razón por la cual, precisamente, los asuntos que requieran un estudio más técnico de las probanzas, deben ser remitidos a la jurisdicción contenciosa por su especialidad y por el diseño de procesos ágiles, garantistas y de cognición plena.

      

En pocas palabras, no sólo los aspectos de legalidad deben ser conocidos por la jurisdicción contencioso-administrativa, sino todo aquellos asuntos donde se discuten aspectos técnicos relacionados con el ambiente, toda vez que los procesos que prevé esa jurisdicción resultan los idóneos para resolver, conforme a Derecho y a Justicia, ese tipo de controversias, no así el proceso constitucional de amparo, cuya naturaleza impide abordarlas. A causa de su naturaleza, el proceso de amparo no es el medio idóneo para discutir los complejos aspectos técnicos y ecológicos propios de los conflictos ambientales. En este tipo de procesos, no es posible un adecuado abordaje de los elementos técnicos y científicos.

 

 

II.- De la competencia de la Sala Constitucional en materia ambiental en el proceso constitucional de amparo

 

A esta altura de nuestra exposición nos asalta una cuestión, y es determinar cuál es la competencia del Tribunal Constitucional entonces en materia ambiental en los proceso de amparo. En primer término, hay que decir  que le compete verificar que no haya por parte de las autoridades competentes una irrazonabilidad manifiesta en su actuación o decisión. En estos casos, el estándar de control de  las decisiones y actuaciones de la Administración por parte del Tribunal se limita a la verificación de que estén sustentadas en estudios técnicos que garanticen, precisamente, el derecho fundamental. Hasta aquí llega la competencia del Tribunal. Lo anterior significa, que el proceso de amparo no es una instancia para discutir si un estudio técnico es correcto o incorrecto, si un estudio técnico presenta falencias o no, mucho menos para rebatir los estudios técnicos que se sirvieron de fundamento a las actuaciones y resoluciones de la Administración, si un decreto ejecutivo está bien o mal motivado, si un decreto ejecutivo quebranta la normativa legal, etc., ya que estos asuntos son propios de otra jurisdicción, tal y como se  indicó supra.

Por otra parte, también tiene competencia el Tribunal Constitucional, tanto en los procesos constitucionales de amparo como en los procesos constitucionales de defensa de la Constitución, de garantizar los principios constitucionales que regentan o informan el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Así las cosas, el Tribunal debe velar porque el  Estado cumpla con la función tutelar y rectora en materia ambiental. “Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales” (2000-9193).

     Además, debe garantizar el principio del uso racional de los recursos, a fin de que haya el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente. También debe tutelar el principio de la calidad del ambiente, el cual constituye un parámetro fundamental de la calidad de vida. Es así que ha sostenido que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, a través del ejercicio racional y el disfrute útil de este (2003-6322).

     Igual ocurre con el principio precautorio, también llamado principio de la evitación prudente, el que adquiere fuerza con la Declaración de Río de 1992 (Cumbre de la Tierra). Con base en él, ha sostenido que, de previo a la iniciación de cualquier obra, se debe realizar el estudio de impacto ambiental. Adicionalmente, sólo en caso de estado de necesidad declarado, se puede excepcionar el cumplimiento de las normas ambientales. En esta misma línea de pensamiento, el Tribunal Constitucional no puede admitir el argumento de que la falta de recursos económicos de las instituciones públicas,  justifiquen las omisiones en la materia ambiental. En efecto, “(…) la falta de presupuestos (recursos económicos, materiales y/o personal calificado) no puede constituirse en un límite entre el respeto y la violación de los derechos fundamentales, es decir, no puede ser motivo para que la Administración no actúe y tome acciones concretas a fin de que a través de su gestión encuentre solución a los problemas que los particulares les requieran en materia ambiental...” (2003-6322).

     Por otra parte, no puede admitir que opere el silencio positivo en esta materia y de que la participación ciudadana pueda ser obviada, pues constituye una consecuencia del principio democrático y abarca el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente y a la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones.

III.- El control de la discrecionalidad administrativa compete a la jurisdicción contencioso-administrativa, no a la jurisdicción constitucional

Como es bien sabido, la discrecionalidad administrativa es la posibilidad que le otorga el ordenamiento jurídico a la Administración para elegir entre varias alternativas a aquella que satisfaga de mejor manera los intereses públicos. Desde este punto de vista, la discrecionalidad conlleva una actuación dentro del ordenamiento jurídico, a diferencia de la arbitrariedad, cuya actuación es al margen o a contrapelo de éste. En el caso de la discrecionalidad, la Administración debe realizar  una valoración de las circunstancias, determinar cuál es la alternativa más viable y realizar una ponderación de intereses en una actividad tendente a la concreción del interés público. A diferencia de lo que ocurre con las potestades regladas, donde no existe ningún margen de apreciación, reduciéndose la actividad de la Administración a la comprobación del supuesto de hecho que prevé la norma para su ejercicio, en esa modalidad de función administrativa, la Administración tiene un mayor margen de actuación.

Ahora bien, por imperativo constitucional (artículo 49) el control de legalidad, y con ello el ejercicio de las potestades discrecionales por parte de la Administración, es una competencia exclusiva y excluyente del juez de lo contencioso-administrativo. Acorde con lo anterior, el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública indica, con claridad meridiana,  que el juez –entiéndase el de lo contencioso-administrativo- controlará la conformidad de los elementos discrecionales de los actos de la Administración con base en las reglas unívocas de las ciencia o de la técnica o con fundamento en los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, como si ejerciera contralor de legalidad. Además, la doctrina ha diseñado una serie de técnicas para el control de la discrecionalidad administrativa, entre otras: los hechos determinantes, los principios generales de Derecho y los conceptos jurídicos indeterminados. Así las cosas, todo lo relacionado con la discrecionalidad de los aspectos técnicos que sustentan una decisión o una actuación de la Administración debe ser ventilados en la jurisdicción contencioso-administrativa, no en la jurisdicción constitucional. Por ello, si la discusión versa sobre distintas alternativas técnicas o científicamente sustentables mejores a la que adoptó o aprobó la Administración, es un tema propio de la discrecionalidad administrativa, el cual corresponde discutir en la sede contencioso-administrativa. Como se indicó atrás, en estos casos, el Tribunal Constitucional tiene limitada su competencia a determinar que la decisión o actuación de la Administración tiene un fundamento técnico y que respeta los principios o reglas que regentan el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado; ergo, no le competente dilucidar si el estudio técnico tiene errores o no, o si hay otras alternativas que mejor garantizan ese derecho fundamental.

 

IV.- Sobre el caso concreto

 

Tal y como ha quedado demostrado –hechos probados- las actuaciones de la Administración Pública están sustentadas en estudios técnicos, por lo que no estamos en presencia de actuaciones y decisiones irracionalmente manifiestas que afecten el derecho fundamental de los habitantes de la Nación costarricense a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. A manera de ejemplo: hay  estudios de factibilidad del proyecto minero, hay estudios de impacto ambiental del proyecto, se celebró la audiencia pública para el proyecto, hay un estudio poblacional de las especies fustales, hay un plan de manejo forestal para garantizar el uso racional de los recursos naturales en las áreas bajo administración del proyecto minero, hay un plan de gestión ambiental, hay un  estudio hidrogeológico, hay un informe “Cianuro y su Aplicación en Crucitas” donde se concluye que se logra los niveles exigidos de destrucción del cianuro cuando los efluentes son tratados con el proceso combinox, hay un informe sobre el potencial drenaje de ácido de roca, etc. Así las cosas, el recurso de amparo debe rechazarse, toda vez que después de analizar las actuaciones y resoluciones de la Administración se llega a la conclusión necesaria de que están sustentadas en estudios técnicos, con lo que se cumple con la exigencia constitucional de garantizar a los habitantes de la República el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Ahora bien, en todos los casos que la pretensión buscar poner  entredicho la  seriedad o solidez de esos estudios la vía correspondiente para ello es la contencioso-administrativa, no la jurisdicción constitucional. Más aún, en la jurisdicción contencioso-administrativa se tramita el proceso de conocimiento presentado por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre contra el Estado y la Empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, bajo el expediente judicial n.° 08-001282-1027-CA, cuyas pretensiones son –para que se declare en sentencia- las disconformidad con el ordenamiento jurídico de: a) la resolución número 3638-2005-SETENA del doce de diciembre del dos mil cinco, mediante la cual, se otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas (folio 37 de ese expediente); b) la resolución número 170-2008 SETENA del cuatro de febrero del dos mil ocho, en que se aprobaron modificaciones al estudio de impacto ambiental al Proyecto Minero Crucitas (folio 38 de ese expediente); c) la resolución número 217 dictada por la Dirección de Geología y Minas del veintiuno de abril del dos mil ocho, por medio de la cual, se otorgó la concesión de explotación minera a cielo abierto a favor de la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima (folio 38 de ese expediente); d) el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, en el cual, el Poder Ejecutivo declaró de interés público y de conveniencia nacional el proyecto Minero Crucitas que desarrolla la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima (folios 40 y 41 de ese expediente).

 

Fernando Castillo V.

Magistrado

FCV/pmc.-

   

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO ARMIJO: Respetuosamente me aparto de la decisión que adoptó la mayoría de la Sala, con base en los siguientes argumentos:

A. El Impacto del proyecto minero Crucitas sobre la biodiversidad. Considero que permitir que continúe ejecutándose el proyecto que se pone en entredicho en este recurso implica una palmaria lesión del derecho fundamental al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, evidenciada en los siguientes aspectos y basado en las manifestaciones, documentación y preguntas que ampliamente se analizaron en las audiencias celebradas ante la Sala los días 12, 13, 16 y 17 de noviembre de 2009:

A.1. La minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro causa, en sí misma, un grave daño ambiental.

a) Consideraciones generales de ese método minero y sus consecuencias: La explotación de oro, por diversas compañías, ha ido ganando terreno debido a los importantes aumentos en los precios del mineral (se disparó en el 2008 y superaba los $1.100 la onza en abril de 2010, de acuerdo con la información del sitio Internet www.kitco.com), así como por el empleo de métodos de extracción más rentables, en función de los costos de producción en yacimientos pobres, como es la tecnología de extracción por lixiviación con cianuro.

Esta tecnología ha venido a sustituir la recuperación de oro por amalgamación con mercurio, proceso menos eficiente, en términos de recuperación, ya que permite solo un 60% de recuperación del mineral, en comparación con más de un 97% en el caso de la extracción con cianuro.

Según se explicó en la vista de noviembre de 2009 y, principalmente, en el informe especial sobre minería química a cielo abierto, elaborado por una comisión creada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, y en el cual participaron especialistas en Biología, Química, Geografía y Geología, la extracción por lixiviación con cianuro, unida a la minería a cielo abierto, es capaz de impactar grandes extensiones de tierra. Apareja la remoción de los metales de las rocas y del suelo con el uso de compuestos químicos con alta afinidad a estos materiales. En su desarrollo a gran escala, esta tecnología permite la explotación de grandes volúmenes de roca y suelo, donde los metales se encuentran en bajas concentraciones. El proceso requiere la remoción, trituración y procesamiento químico de capas superficiales y profundas en áreas de gran extensión, donde toda forma de vida es destruida o removida. El proceso es intrínsecamente nocivo para el ambiente, pues la necesidad de extraer grandes volúmenes de suelo y roca para su procesamiento, tiene impactos graves, de tres órdenes, al obligar a eliminar la biodiversidad superficial y del suelo: a) del área de extracción, b) del área de procesamiento del mineral y c) del área de depósito de desechos del procesamiento. El resultado es una transformación, en gran escala, del paisaje y la apertura de amplios cráteres. Como los yacimientos pueden encontrarse bajo áreas de bosque, zonas de recarga acuífera, o en general en áreas con fragilidad ambiental, el desarrollo de proyectos mineros a cielo abierto requiere muchas veces la desaparición de ecosistemas de interés para la conservación y protección de servicios ambientales. En las operaciones se usa material de desecho previamente extraído. Se trituran las menas (rocas que contienen el mineral) y se les amontona en un cúmulo que se coloca sobre una plataforma de lixiviación. Una vez que el mineral triturado es apilado en la plataforma de lixiviación, se le rocía uniformemente con una solución de cianuro, que lixivia (lava y amalgama) las partículas microscópicas de oro del mineral mientras se filtra por el cúmulo. La solución de cianuro que contiene el oro -llamada la solución "encinta"- fluye por gravedad a un embalse de almacenamiento. Desde el embalse de almacenamiento se usan bombas o zanjas con forros para llevar la solución hacia la planta de recuperación de metales. Luego se funde el precipitado para recuperar el oro. Los productos finales de este proceso son el oro en barras y una solución de cianuro "estéril" (sin oro), la cual se transfiere con bombas a un embalse de almacenamiento. También se origina material de desecho que consiste en impurezas, incluyendo metales pesados. Normalmente se descargan estas escorias en un cúmulo de material de desecho.

Es conocida la alta toxicidad del cianuro y su reactividad natural. Se han documentado sus efectos perjudiciales en los peces, la vida silvestre y los humanos. Para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro (mg/l) son letales para especies acuáticas sensibles. Las dosis letales para humanos son, en caso de que sean ingeridas, de 1 a 3 mg/Kg. del peso corporal, en caso de ser asimilados, de 100-300 mg/Kg., y de 100-300 ppm si son aspirados. Esto significa que una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz sería suficiente para matar a un adulto. La exposición a largo plazo a una dosis subletal podría ocasionar dolores de cabeza, pérdida del apetito, debilidad, náuseas, vértigo e irritación de los ojos y del sistema respiratorio. Sin embargo, no constan casos de fatalidades humanas en las minas que usan las técnicas de lixiviación con cianuro.

Los trabajadores mineros suelen tener contacto con el cianuro, sobre todo durante la preparación de la solución de cianuro y la recuperación del oro de la solución. Para los trabajadores mineros, los riesgos son el polvo de cianuro, los vapores de cianuro (HCN) en el aire provenientes de la solución de cianuro y el contacto de la solución de cianuro con la piel.

Las minas que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro son bombas de tiempo para el medio ambiente, tal y como se indicó en el amplio estudio de la National Wildlife Federation de los Estados Unidos de 1992: se trastorna los hábitats de la vida silvestre y las cuencas hidrográficas, con problemas tales como que los estanques de cianuro seducen a la vida silvestre. Ha sido registrada frecuentemente la muerte de animales silvestres, en especial aves, atraídos por el señuelo de los espejos de agua de esos estanques; después de la lixiviación, el cúmulo de mineral ya procesado contiene todavía vestigios de la altamente tóxica solución de cianuro, así como de metales pesados concentrados que han sido precipitados del mineral (arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, níquel, selenio, talio) y otras sustancias tóxicas que se encuentran en el cúmulo y los lixiviados (sulfuros); si no se enjuaga totalmente el mineral usado y la roca de desecho, o si se le deja sin tratar, el cianuro puede seguir filtrándose al medio ambiente, amenazando quebradas, ríos o lagos, las fuentes subterráneas de agua, la vida silvestre y las plantas.

Por más que los accionados insisten en la supuesta inocuidad de la actividad, debido a las medidas de seguridad que se seguirían, lo cierto es que se han producido accidentes en los que el cianuro ha entrado en contacto con el medio ambiente (Reece), debido, por ejemplo, a que los forros (geomembranas colocadas debajo de los cúmulos y los estanques) permiten filtraciones por un diseño inadecuado, defectos de manufactura, inadecuada instalación o daños (agujeros) producidos durante el proceso de operación. Otro motivo de accidente es el desbordamiento de las soluciones de los embalses de almacenamiento. Estos escapes causan daños a las plantas y a los animales que tienen contacto con concentraciones letales de la solución de cianuro, y representan una amenaza a largo plazo para las aguas subterráneas (freáticas). A pesar que los embalses de almacenamiento son diseñados para resistir grandes tormentas y crecidas –y en este caso concreto se afirma que también eventos sísmicos–, no siempre impiden los desbordamientos. Los metales pesados y el agua contaminada con cianuro que escapan de un embalse de almacenamiento, ocasionan mayores daños cuando fluyen directamente a cursos naturales de agua. La solución que escapa puede ser suficiente para matar peces y otras formas de vida acuática, o para contaminar recursos de agua potable.

Otro aspecto relevante es el de la disposición del cianuro residual. En todo caso, los procedimientos de degradación del ion cianuro se deben ejecutar de forma estricta, para evitar que las aguas residuales a verter, contengan cantidades no letales de cianuro. Además, todos los métodos conocidos implican el manejo de grandes cantidades de productos químicos, lo cual produciría, igualmente, un impacto ambiental considerable.

b) Experiencias negativas anteriores de la minería a cielo abierto por lixiviación con cianuro en otros países: Algunos ejemplos sobre derrames de cianuro, demuestran que los temores no son simplemente teóricos o hipotéticos: en enero de 2000 ocurrió la denominada catástrofe de Baia Mare, en Rumania, por derrame de cianuro, que impactó Hungría, Rumania y Yugoslavia, y afectó al suministro de agua potable de dos y medio millones de personas y las actividades económicas de más de un millón y medio que viven del turismo, la agricultura y la pesca a lo largo del río Tisza (http://www.presseurop.eu), al punto que en los últimos años se discute en el Parlamento Europeo, una propuesta de resolución para prohibir el uso de cianuro en los países miembros de la Unión Europea. En diciembre de 1992 en Summitville, en Colorado (Estados Unidos de Norteamérica), ocurrió un derrame de cianuro y metales pesados; la reparación de daños ambientales se estimó en 150 millones de dólares y eliminó la vida acuática a lo largo de 27 kilómetros del río Alamosa (www.epa.gov). También en 1992 en Carolina del Sur (Estados Unidos de Norteamérica) más de 11.000 peces murieron a lo largo de 80 kilómetros por otro derrame de cianuro (www.epa.gov). En Sudáfrica, en 1994, diez mineros murieron al ser cubiertos por un mezcla de barro cianurizado cuando cedió una barrera de un dique de cola (www.dme.gov.za). En 1995 en Guyana, más de 3,2 millones de litros de solución de cianuro se volcaron al Río Essequibo. La Organización Panamericana de la Salud demostró que murió la vida acuática a lo largo de 4 kilómetros (www.rfi.fr). En 1998 en Dakota del Sur (Estados Unidos de Norteamérica) se derramaron siete toneladas de solución de cianuro, con la consecuente muerte de peces y vida acuática (www.epa.gov).

c) Experiencias negativas anteriores de la minería a cielo abierto por lixiviación con cianuro en Costa Rica: Pese a que la mayoría de la Sala considera que no son equiparables, a este caso, anteriores experiencias mineras negativas para el medio ambiente, en Costa Rica, solamente puedo conceder a esa posición que, efectivamente, han variado detalles técnicos del proceso, pero su grandes líneas continúan siendo las mismas en dos aspectos preocupantes: la destrucción de grandes extensiones de terreno y el empleo del cianuro. La mina Macacona se explotó con técnicas de cielo abierto. Jorge Alvarez Von Maack documenta que operó en nuestro país hacia la década de los ochenta, en la comunidad de Macacona, en Esparza, provincia de Puntarenas. Después de nueve años de operación, la compañía que la explotaba abandonó el país, sin una indemnización acorde con los daños provocados durante su operación. Dentro de los impactos provocados se cuentan: la contaminación de la quebrada Turbina por el depósito de materiales estériles, colas y aguas cianuradas; la reducción y alteración del cauce de la quebrada Turbina; deforestación de la zona de extracción del oro y la zona destinada a la construcción de la infraestructura; apertura de cráteres y afectación de acuíferos en la zona del proyecto. También causó daños ambientales el funcionamiento ilegal de la mina Beta Vargas, localizada en la cuenca del río Lagarto, en la Pita, Chomes de Puntarenas, explotada por la empresa canadiense Lyon Lake Mines. La mina operó de manera ilegal en 1997 y 1998, ya que nunca contó con la patente comercial de funcionamiento municipal. Después de operar un poco más de un año, repentinamente cesó sus actividades, identificándose como repercusiones ambientales negativas del proyecto la afectación del bosque donde se levantó la planta industrial, la zona de los tajos o cráter y la zona destinada a las escombreras y pilas de lixiviación; contaminación del río Lagarto por el depósito de materiales estériles, colas y aguas cianuradas; apertura de cráteres y afectación de acuíferos en la zona del proyecto; reducción y pérdida de biodiversidad.

En cuanto a la Mina Bellavista, ubicada en la parte alta del distrito Central de Miramar de Puntarenas, propiedad de la empresa canadiense Glencair Gold Corporation, después de dos años de operación, a mediados del año 2007, suspendió sus actividades de manera repentina, a raíz del deslizamiento de más de cien toneladas de materiales. Solo para el año 2006, la empresa reportó ganancias cercanas a los tres mil millones de colones, pese a lo cual los beneficios para el país se redujeron al pago de salarios a costarricenses, dado que, desde el inicio de sus operaciones, la empresa se acogió al régimen de Zona Franca, que la eximía del pago de impuestos, tanto municipales como nacionales. Este proyecto afectó el bosque, en medio de una zona de recarga acuífera y de alto riesgo sísmico; se produjo la ruptura de la membrana que retiene los metales pesados contenidos en alrededor de 100 millones de toneladas de desechos de la mina, con lo que se liberan metales pesados y aguas cianuradas que podrían estar contaminando aguas subterráneas y superficiales; se causó la sedimentación de ríos y quebradas, especialmente el posible taponamiento del cañón del río Ciruelas; se contaminó con polvo producto de la zona de influencia del proyecto, incluido el casco urbano de Miramar.

Insisto en que, la brecha temporal y tecnológica que separa estos casos del que se analiza hoy, no impide cotejarlas. La actividad es la misma y la sola diferencia que permite defender su ejecución actual es que se trata de un simple proyecto, lleno de promesas de conjurar los peligros propios de esta clase de minería, pero no de una verdadera experiencia documentada que haya transcurrido sin ningún resultado perjudicial. De hecho, no se ha traído prueba alguna, a este proceso, de un caso de extracción, como el que desea implementar Industrias Infinito, en que no se haya causado daño ambiental alguno. Y nótese que empleo adrede el término “daño”, en el sentido de repercusiones negativas serias para el ambiente, porque impacto, desde luego, que tiene, en general, toda industria. La posición de la mayoría de la Sala es, en este sentido, contraria a la lógica y espíritu del principio precautorio en materia ambiental. Por una parte, se tienen indicios técnicos y fácticos, que no se han desvirtuado, de las graves repercusiones ambientales de la minería a cielo abierto y, de otro, simples promesas que ellos no ocurrirán en Crucitas. Incluso, en el elenco de hechos probados, tiene la mayoría de la Sala por demostrado en el hecho 21 “Que la actividad minera a cielo abierto es tradicionalmente considerada como una actividad riesgosa para el ambiente en caso de no ejecutarse dentro de los parámetros establecidos para la protección ambiental (así planteado en la Vista celebrada los días doce, trece y diecisiete de noviembre de dos mil nueve)”, afirmación que, amén de no constituir un hecho en sentido estricto, simplifica groseramente lo discutido en esas sesiones e incluye un condicionante prácticamente mágico: la actividad es nociva, salvo que se ejecute dentro de determinados parámetros. En la sentencia se entiende que esos parámetros indispensables se cumplirán, sin mayor cuestionamiento. Lo cual resulta especialmente relevante, si se toma en cuenta que en la propia decisión de la mayoría se esgrime como uno de los causantes del supuesto deterioro forestal de la zona la debilidad de los controles públicos en temas ambientales, lanzando una inocua exhortativa a su fortalecimiento (considerando LXI).

A.2. El daño ambiental al Corredor Biológico San Juan-La Selva y al Corredor Biológico Mesoamericano: El área de Crucitas es un remanente de bosque del paisaje deforestado de la región norte del país y forma parte importante del corredor biológico San Juan-La Selva y del Corredor Biológico Mesoamericano. Está constituido por algunas especies de árboles de delicada conservación y la deforestación que implica la labor minera a cielo abierto fácilmente puede tener resultados irreversibles y presionar especies a un deterioro poblacional que las conduzca a la extinción. Son de especial cuidado especies endémicas, como el tostado (Sclerolobium costaricense), el almendro de montaña (Dipteryx panamensis) y otras cuyo hábitat se limita a esa región. El corredor biológico consiste en un espacio delimitado de conectividad de paisajes, ecosistemas y hábitats, asegurando el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. Permite unir hábitats seriamente fragmentados, dejando poblaciones aisladas. Contribuyen a mantener los flujos genéticos, la dispersión de especies, favorece las migraciones. De acuerdo con el estudio sobre ese Corredor concreto, elaborado por Guiselle Monge Arias y Olivier Chassot, pese a tratarse de un proyecto, contiene el último hábitat de conexión viable para mantener la continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano entre Nicaragua y Costa Rica. Su papel es el de unir la Reserva Biológica Indio-Maíz, en Nicaragua, con el Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central y la Estación Biológica La Selva, en Costa Rica. Mantener la conectividad es esencial para la viabilidad, a largo plazo, de las especies residentes y migratorias. Es el único sitio en Centroamérica en donde una gran área protegida de tierras bajas del Atlántico, tiene el potencial de mantener su conexión ecológica con hábitats de medianas y altas elevaciones. En la zona, ya se había logrado detener el proceso de fragmentación del ecosistema y se evidencia la recuperación de las áreas naturales y las poblaciones de especies en vías de extinción. La iniciativa de protección del Corredor nace en el 2001, con apoyo del Centro Científico Tropical. Su Comité Ejecutivo lo integran funcionarios del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; de las Municipalidades de San Carlos y Sarapiquí, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, la Organización para Estudios Tropicales, el Proyecto para la consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano, la Asociación para el Bienestar Ambiental de Sarapiquí, la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, la Asociación para el Manejo de las Áreas Forestales de San Carlos, los Amigos de la Lapa Verde, la Asociación VIDA, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, al Reserva Biológica la Tirimbina y la Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos.

Los accionados y funcionarios del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones argumentan que se realizarán procesos de restauración del bosque original, por medio del almacenamiento del suelo y siembra de árboles en plantaciones, así como la conservación de las propiedades para su recuperación después de la explotación minera. Por ejemplo, en la vista se indicó que en la zona quedaban 521 árboles de almendro y habían sido cortados 197; que se sembraron ya 7.300 árboles nuevos y, en total, se pensaba sembrar 27.000 árboles (Jorge Hernández, MINAET). Sin embargo, la fragmentación general de los bosques de Costa Rica, y en particular los de las regiones bajo interés de proyectos mineros, dificultan la recolonización del área por las especies de plantas del ecosistema original. En el caso del proyecto Crucitas, es importante mencionar que el paisaje boscoso de la región fronteriza se podrá fragmentar aún más con el desarrollo de nuevas exploraciones y minas a cielo abierto. Admitir la explotación de la concesión actual no hará más que abrir paso a futuras concesiones en la zona con el consecuente incremente de la deforestación. También merece consideración el hecho que el área abandonada por las minas contendrá un suelo muy diferente al original y tendrá características de menor riqueza de materia orgánica que disminuirá su fertilidad. Supuestamente se almacenará la capa de suelo superficial para ser utilizada en la recuperación de la mina, no obstante, este suelo estará biológicamente muerto y profundamente alterado después de su extracción, procesamiento y años de almacenamiento. Se necesitarán décadas para la recuperación de nutrientes y su riqueza orgánica original. De igual forma, me hace dudar del éxito de la sustitución ofrecida la inexistencia de experiencias o protocolos técnicos para la siembra de muchas especies de plantas y árboles que serán eliminadas, en particular de muchas especies arbóreas donde existe muy poco conocimiento sobre su germinación y ecología. El estudio de impacto ambiental del proyecto no contiene una verdadera planificación científica del proceso de restauración. Igual debe considerarse el tiempo de crecimiento prolongado de muchas de las especies de árboles de los ecosistemas forestales que desaparecerán con el proyecto. Mientras que muchas de estas especies pueden crecer rápidamente durante sus fases juveniles, su crecimiento se vuelve más lento con el tiempo, determinando edades de cientos de años para muchas especies de dosel y emergentes. La escala de estos procesos supera en mucho los ciclos económicos y la vida de las empresas mineras, por lo que su compromiso de “restaurar” no puede ser acompañado por la presencia de la empresa durante todo el proceso. Quiero recordar, sobre este tema, el voto salvado que suscribí con el Magistrado Sosto en el expediente 06-015904-0007-CO, oportunidad en la que nos manifestamos “…en desacuerdo con avalar el argumento de que la tala que se practicará quedará remediada con la posterior sustitución con nuevos árboles. En temas ambientales es de sobra conocido que la mayor parte de los daños que se causen tienen carácter irreversible, de suerte que los paliativos que se enuncian en el informe son, a nuestro juicio, insuficientes, al igual que las explicaciones sobre la necesidad de recurrir a la tala para la solución del problema vial del sector”. En ese caso se trataba de las cercanías del Parque Metropolitano La Sabana. A fortiori esas razones no deben soslayarse cuando estamos frente a una destrucción mayor en una zona más frágil, desde el punto de vista de la biodiversidad. Muchas veces se recurre a la siembra de plantaciones poco diversas como una forma de mostrar al público un bosque en restauración. Estas plantaciones son muy diferentes a la estructura de la vegetación de un bosque natural, caracterizada por una alta diversidad de especies de plantas, y una diversidad de edades y tamaños dentro de cada especie. Aun la propuesta de reparación en la que se sustituye los 197 almendros amarillos talados, por 6.093 árboles nuevos de esa especie, no tiene efectos equivalentes. De este modo, que en el Plan de Manejo Forestal en las áreas bajo administración del proyecto minero Crucitas, se indique que en la fase de cierre del proyecto se rehabilitarán las áreas impactadas, para devolverlas a un estado similar a las zonas boscosas cercanas, incluyendo la recuperación de la totalidad del área del cambio de uso de suelo (folios 235 y 237 del expediente administrativo), es insuficiente. De hecho, todas estas afirmaciones se ven sólidamente respaldas por el contenido del oficio CCT-PI 023-09 del 20 de febrero del 2009 emitido por el Centro Científico Tropical, visible a folio 3591, documento en el cual se hace ver que el proyecto minero afecta un ecosistema único y es por esa razón que las medidas de mitigación de la corta de individuos de almendro amarillo y sus impactos perjudiciales sobre la población de la lapa verde no contribuye a recuperarlo, ni permite que la lapa se pueda alimentar a corto o mediano plazo, pues esta ave, como ha sido explicado, no suele frecuentar árboles bajos. Comprar tierras en la cuenca alta del río San Carlos para la conservación del parque nacional Juan Castro Blanco no contribuye de ninguna manera a garantizar la viabilidad de la población del almendro amarillo y la lapa verde, en suma, la afectación al corredor biológico San Juan-La Selva, como ha quedado acreditado, será prácticamente irreparable.

A.3. Sobre la afectación de la lapa verde y el árbol de almendro amarillo.

a) Protección de las especies en vías de extinción como deber constitucional: La Sala, según se transcribe parcialmente en el voto de mayoría, ha conocido varios asuntos anteriores relacionados con el planteado dentro de este amparo, principalmente en las sentencias #2002-02486 de 10:54 horas del 8 de marzo de 2002 y #2008-13426. En relación con las especies en vías de extinción, el Estado costarricense se comprometió a proteger la flora y la fauna, en especial a las especies que se encuentren en la especial situación dicha, obligación que adquirió a través de diversos instrumentos de Derecho Internacional y que reforzó aprobando la legislación que vela por la preservación de aquellas. Esos compromisos resultan ser de acatamiento obligatorio para todos los poderes públicos, pues los órganos competentes para esos efectos decidieron aprobarlos e incorporarlos a nuestro ordenamiento. Esa situación impone, en consecuencia, una multiplicidad de exigencias a nuestro Gobierno, las cuales van desde el planeamiento y la ejecución de políticas públicas, la dotación de recursos y la promoción de una cultura, tendientes todas a la conservación del medio, hasta la necesidad de abstenerse de ejecutar una conducta o medida, adoptar cualquier resolución o aprobar alguna disposición normativa -de rango legal o infralegal- que acaso pueda lesionar o amenazar la preservación de cualquiera de esas especies que se hallen en peligro o vías de extinción. En ese sentido, en casi todas las normas incorporadas al ordenamiento, el Estado no solo se comprometió a velar por la flora y la fauna que se encuentra en riesgo, sino que, adicionalmente, contrajo la obligación de proteger el hábitat y el ecosistema en el que esta se relacione y desarrolle. Ese compromiso resulta más que razonable, pues cualquier especie muy difícilmente logrará sobrevivir por sí sola mientras su entorno no sea resguardado, debido a que, si su hábitat y ecosistema se ven amenazados, o acaso destruidos, se quedará sin un sitio donde habitar, alimentarse, crecer o reproducirse; es decir, estará destinada a la desaparición.

Desde esa arista, podemos afirmar que el Estado costarricense ha sido pionero en el impulso y ejecución de políticas públicas destinadas a la protección de las diversas especies de flora y de fauna que corren el riesgo de desaparecer del planeta. Esto nos condujo a tener hoy, aproximadamente, el 25% del territorio nacional destinado a la preservación y tutela del medio a través de los diversos modelos de sistemas y áreas de conservación.

En ese sentido, y como acciones complementarias, Costa Rica, como República libre, independiente y soberana optó, como dijimos, por suscribir diversos instrumentos de Derecho Internacional en el ejercicio de sus atribuciones como persona jurídica internacional. Estos instrumentos contienen diversas disposiciones y entre ellas podemos observar el contenido del Convenio sobre Diversidad Biológica y Anexos, aprobado por Ley número 7416 de 30 de junio de 1994, publicado en La Gaceta número 143 de 28 de julio de 1994, que al efecto dispone:

“Preámbulo

Las Partes Contratantes,

Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes.

Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera.

Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad.

[…]

Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos.

Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de determinadas actividades humanas.

[…]

Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica.

Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales.

Tomando nota de que, en definitiva, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre los Estados y contribuirán a la paz de la humanidad.

[…]

Resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

Han acordado lo siguiente:

[…]

ARTÍCULO 1. Objetivos

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.

ARTÍCULO 2. Términos utilizados

A los efectos del presente Convenio:

Por "área protegida" se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

[…]

Por "condiciones in situ" se entienden las condiciones en que existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

Por "conservación ex situ" se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales, y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos, y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.

[…]

Por "hábitat" se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población.

[…]

ARTÍCULO 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la parte contratante interesada. Y

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.

[…]

ARTÍCULO 8. Conservación in situ

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.

b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.

c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible.

d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales.

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas.

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación.

[…]

ARTICULO 9. Conservación ex situ

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, y principalmente a fin de complementar las medidas in situ:

a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, preferiblemente en el país de origen de esos componentes.

b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ y la investigación de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país de origen de recursos genéticos.

c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas.

[…]”

En el mismo sentido el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres, Ley número 7433 de 14 de septiembre de 1994, publicado en la Gaceta 193 de 11 de octubre de 1994 dispone:

“ARTÍCULO 1.- Objetivo. El objetivo de este Convenio es conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina, de la región centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.

ARTÍCULO 2.- Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de conservar y aprovechar sus propios recursos biológicos de acuerdo a sus propias políticas y reglamentaciones en función de:

a) Conservar y usar sosteniblemente, en función social, sus recursos biológicos; y

b) Asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones o control, no causen daños a la diversidad biológica de sus Estados o áreas que limitan su jurisdicción nacional.

[…]

ARTÍCULO 10.- Cada Estado miembro de este marco regional, se compromete de acuerdo a sus capacidades, programas nacionales y prioridades, a tomar todas las medidas posibles para asegurar la conservación de la biodiversidad, y su uso sostenible, así como del desarrollo de sus componentes dentro de su jurisdicción nacional, y a cooperar en la medida de sus posibilidades en las acciones fronterizas y regionales.

ARTÍCULO 11.- Los Estados miembros tomarán las acciones pertinentes para incorporar a las respectivas políticas y planes de desarrollo, los lineamientos para, y el valor socioeconómico de, la conservación de los recursos biológicos.

ARTÍCULO 12.- Las instituciones en los países de la región centroamericana, cooperarán tanto como sea apropiado, con las instituciones regionales e internacionales, para apoyarse mutuamente en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente Convenio, incluso relacionadas con aspectos de biotecnología, salud y seguridad alimentaria.

ARTÍCULO 13.- Con el propósito de cumplir a cabalidad con el presente Convenio, se deberá:

[…]

b) Implementar medidas económicas y legales para favorecer el uso sustentable y el desarrollo de los componentes de la diversidad biológica.

c) Asegurar el establecimiento de medidas que contribuyan a conservar los hábitats naturales y sus poblaciones de especies naturales.

[…]

f) Promover la conciencia pública en cada Nación, de la necesidad de conservar, usar sustentablemente y desarrollar la riqueza biológica de la región.

[…]

ARTÍCULO 14.- Cada país de la región deberá desarrollar sus propias estrategias de conservación y desarrollo, entre las cuales la conservación de la biodiversidad y la creación y manejo de áreas protegidas sea prioridad.”

Por otra parte, en nuestro Derecho Interno existen diversas leyes encargadas de velar por la protección y conservación de la flora, de la fauna y del medio en general, así, tenemos la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, número 7317; y, la Ley de Biodiversidad, número 7788. Todas estas normas van claramente dirigidas en un sentido progresivo en cuanto a la protección del ambiente se refiere, buscando el desarrollo socioeconómico del país; pero sin sacrificar el medio. Más bien esas disposiciones tienden a la armonización entre el progreso y la apropiada conservación y tutela del entorno.

Entonces, observamos que el Estado ha asumido como propia la tarea de velar por la subsistencia de las especies amenazadas, y para ello adquirió compromisos a nivel internacional y promulgó legislación a nivel nacional que, por supuesto, resulta de acatamiento obligatorio por parte de todos los órganos gubernamentales.

b) Sobre la situación de la lapa verde: La lapa verde o ara ambigua es un ave de mayor tamaño que la lapa roja, pues alcanza a medir hasta 84 centímetros de envergadura y puede llegar a poseer una masa de aproximadamente 1,3 kilogramos. Su contextura es bastante robusta, posee una cola ligeramente más corta que la lapa roja o ara macao. Su color -como lo designa su nombre- es verde amarillento, con las plumas cobertoras de las alas de color azul; por su parte, las de la cola, llamadas rectrices centrales, son rojas; y el resto de las rectrices color azul. La cara de este animal se encuentra desprovista de plumas, mostrando la piel descubierta, que tiene un color blanco hueso. Tiene un fuerte y ganchudo pico un poco más grande que el de la lapa roja, la estructura queratinosa de este le sirve para abrir las duras semillas de las que se alimenta. Su costumbre es anidar en troncos huecos. La lapa verde (ara ambigua) tiene una distribución limitada en tierras bajas y húmedas, principalmente del lado del Atlántico en bosques entre el este de Honduras y el norte de Colombia, con una población aislada en el Pacífico en Guayaquil, Ecuador. En Costa Rica, su rango de anidamiento se limita actualmente a la Zona Huetar Norte, más específicamente entre los ríos San Carlos, San Juan y Sarapiquí y las faldas del norte de la Cordillera Volcánica Central. Ella depende altamente del almendro (dipteryx panamensis) tanto para alimentarse como para anidar. Esta especie se encuentra en la lista del Apéndice I de CITES (ver http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml y http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, ambos consultados el 23 de marzo de 2010), lo que significa que se encuentra en peligro de extinción. Como se indicó, en el país la especie fue abundante, principalmente, en la Zona Atlántica y la Zona Norte, en donde era común ver volar ejemplares en bandadas hace pocos años. Sin embargo, hoy apenas se encuentran algunas parejas que anidan en la Zona Norte, entre Boca Tapada y las llanuras del Colorado. Existen algunos reportes de unas bandadas de entre 6 y 12 individuos en las estribaciones de la Cordillera Volcánica Central, sobre todo cerca del sector bajo atlántico del Parque Nacional Braulio Carrillo, en los alrededores de la carretera que conduce a Guápiles y algunos reportes esporádicos en la falda de la Cordillera Volcánica de Guanacaste por el sector Norte. El abrupto descenso en la población de la lapa verde se debe sobre todo a la destrucción de su hábitat mediante tala no sostenible en los sitios de anidación. En Costa Rica, el rango de distribución de la especie se ha reducido en un 90% desde el siglo pasado, y la amenaza que enfrenta radica en el hecho de que ella depende del árbol almendro de montaña (dipteryx panamensis), que desaparece con el mal manejo y la tala ilegal de los bosques. Entonces, existen dos peligros que representan una seria amenaza para esta especie: la pérdida de hábitat por la tala de árboles que constituyen su principal alimento y sitios de anidamiento, en especial del almendro (dipteryx panamensis) pues la lapa verde depende en un 80% del almendro para alimentarse y en un 90% para anidar; además, del comercio ilegal que realizan con ella, para utilizarla como mascota (información obtenida en parte de las páginas http://www.minae.go.cr, http://www.sinac.go.cr, http://www.lapaverde.or.cr, http://www.inbio.ac.cr, http://www.una.ac.cr, http://www.cct.or.cr y http://www.guiascostarica.com). En ese mismo sentido afirma el Sistema Nacional de Áreas de conservación en su página en Internet:

“[…] Probablemente el águila harpía (sic) llegó a su extinción en el país; mientras que otras especies como la lapa roja, la lapa verde, el piche careto y el oso hormiguero gigante, están fuertemente amenazadas de extinción. Nuestro sistema de áreas protegidas parece ser insuficiente para aquellas especies que, como el jaguar, requieren grandes extenciones (sic) de bosque virgen para sobrevivir. […]” (El destacado se suplió, descargado del sitio http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre.php a las 11:00 horas de 23 de marzo de 2010).

A lo anterior añaden en ese mismo sitio:

“[…] La flora y fauna silvestre son patrimonio de todos los costarricenses […]. Por tal motivo, la Dirección General de Vida Silvestre, por medio del Sistema Nacional de Areas (sic) de Conservación ha emprendido diferentes acciones tendientes a aumentar las posibilidades de conservación de la Vida Silvestre, entre las que cabe destacar: […] 2.-la elaboración de un decreto tendiente a proteger las poblaciones de almendro de montaña, árbol del cual se alimenta la lapa verde. […]” (El destacado es suplido, descargado del sitio http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre.php el 23 de marzo de 2010).

Se debe tomar en cuenta igualmente lo dispuesto por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación que, en su página en Internet, incluye en la lista oficial de especies en peligro de extinción a la lapa verde (sitio http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre5.php consultado el 23 de marzo de 2010). Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo “Crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque”, número 32405-MINAE de 23 de mayo de 2005, publicado en La Gaceta 113 de 13 de junio de 2005, señala:

“[…] 7º—Que el Ministerio del Ambiente y Energía, tiene entre sus proyectos más próximos, la declaratoria de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque situado en la zona fronteriza norte entre las desembocaduras de los ríos San Carlos y Sarapiquí. Es un área que por su interés científico es considerada de importancia para la conservación, pues presenta características especiales para la conservación de importantes especies de flora y fauna entre ellas: la Lapa verde (Ara Ambigua), Jaguar (Pantera onca), Almendro (Dypteryx panamensis), Manatí (Trichechus manatus), Gaspar (Atractosteus tropicus) y Pinillo (Podocarpus guatemalensis). La ubicación geográfica de esta zona resulta de gran importancia ya que esta área silvestre protegida estaría situada en el Corredor Biológico Binacional El Castillo-San Juan-La Selva, que es continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano entre Nicaragua y Costa Rica y constituye el último bloque de cobertura forestal natural significativo que permita mantener la conectividad biológica entre ambos países, por lo que esta área conectaría hábitat claves y corredores de vida silvestre, lo que prevendría el aislamiento de especies y de ecosistemas nativos.

8º—Que las áreas El Jardín, Cureña y Chaparrón constituyen núcleos muy importantes para la conservación de la biodiversidad, entre la cual se encuentran varias especies amenazadas tales como:

[…]

Especies de aves amenazadas

Especie Nombre común Situación

[…]

37 Ara ambigua lapa verde peligro

[…]

Especies de árboles amenazadas

Especie Nombre común Situación

[…]

12 Dipteryx panamensis almendro amenazada […]” (El destacado fue suplido).

Así, queda claro que tanto la lapa verde (ara ambigua) como el almendro amarillo (dipteryx panamensis) son especies que se encuentran en peligro de extinción -en el caso de la primera- y amenazada -en el de la segunda-, y que existe una dependencia directa de aquella respecto de esta.

En este caso, es claro que el proyecto minero en cuestión, tal y como se afirmó, en forma precedente, vendrá a remover por completo la capa vegetal en una zona vital para la interconectividad del corredor biológico El Castillo-San Juan-La Selva, talando varias unidades de almendros amarillos, incluidos en el apéndice III al CITES (ver http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml y http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, ambos consultados a las 10:00 horas de 23 de marzo de 2010), lo cual reducirá aún más el hábitat y el territorio de tránsito de las lapas verdes, las cuales se verán aún más amenazadas, a pesar de que ya corren un gravísimo peligro de extinción, tal y como consta en el apéndice I al CITES (ver http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml y http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, ambos consultados el 23 de marzo de 2010), esta especie se halla, en este momento, en una condición de extrema vulnerabilidad, situación que se verá agravada, colocando al borde de la extinción a esta ave, la cual había sido, hasta ahora, defendida por el Tribunal Constitucional, en virtud de su precario estado y la importancia que tiene dentro del ecosistema en aras de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A folio 4800 el Director a.i. del Área de Conservación Arenal Huetar Norte establece el recuento de la tala que restaría por ejecutar en la zona del proyecto: en el cerro Fortuna faltarían 6 has 5598.15m por cortar (342 árboles), en Relaves A y B faltarían 115 has 2165.56m (5520 árboles), en diques, caminos, tramos y líneas 7 has 8085.05m (1396 árboles) y en área no boscosas 8 has 8259.88 m (563 árboles). En total debe aún cortarse 7821 árboles, sin incluir la información del cerro Botija, donde todos los árboles se habían ya cortado. Todos los árboles de la especie almendro amarillo fueron cortados (se censaron 197 árboles de almendro, folio 1405 del expediente administrativo). En este sentido, se debe hacer ver que la mayoría de la Sala llega a invertir la carga de la prueba, en perjuicio de la protección del ambiente y, en específico de la lapa verde, al asegurar que solo debe protegerse el árbol de almendro amarillo cuando se haya demostrado, indubitablemente, que en la zona anida este tipo de ave (“…la explotación, extracción y aprovechamiento del almendro amarillo, está absolutamente prohibida por disposición de esta Sala, en la medida que los árboles que se pretenda cortar estén en una zona donde se haya acreditado plenamente que anida la lapa verde” considerando X, subrayado agregado), lo anterior aun cuando, en la sentencia 2008-13426 de 09:33 horas de 2 de septiembre de 2008, la propia Sala estableció una prohibición absoluta para la corta de esta especie vegetal, pues, al respecto se ordenó “[…] archivar cualquier diligencia o procedimiento destinado al aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo (dipteryx panamensis).”, además, se prohibió “[…] dar inicio o continuar cualquier procedimiento tendiente al aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo (dipteryx panamensis) mientras este árbol y la lapa verde (ara ambigua) se [encontraran] en la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción […]”, esto, justamente, por el estrechísimo vínculo que existe entre el ave y el almendro amarillo; no obstante, la Sala ha reinterpretado ese fallo, lo que causará un efecto altamente perjudicial para el medio y, sobre todo, para la lapa verde. Desde esa perspectiva, el proyecto minero analizado representa una agresión abierta a esta especie, razón por la que se impone la estimatoria del amparo en cuanto a este extremo.

A.4. Repercusiones de la minería a cielo abierto sobre el recurso hídrico de la zona. Sobre este punto, lo primero que se debe indicar es que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento no cuenta con mayor información sobre los mantos acuíferos existentes en la zona del proyecto minero Las Crucitas. Esto queda plenamente demostrado si se toma en cuenta que, a folio 1143 del expediente, el gerente general del SENARA señala que esa institución nunca ha realizado un estudio hidrogeológico en esa zona que le permita determinar la existencia, influencia, capacidad de carga y recarga de los acuíferos en el sitio donde se pretende construir la mina, menos aún se cuenta con estudios regionales que le permitan a esa institución establecer, con certeza, el impacto que tienen los mantos ubicados en las cercanías del proyecto sobre los que se encuentran adyacentes a él. Desde esa perspectiva, cabe insistir en lo señalado en la sentencia de la Sala #2004-01923 de 14:55 horas de 25 de febrero de 2004, ampliamente citada en el voto de mayoría, por lo cual se transcribe solamente los puntos esencialmente relacionados con este voto salvado:

“X.- CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación. La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. (…)

Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: (…) f) contaminación por actividades mineras -mineral-, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica;.

[…]

XII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes.(…)”

En este caso concreto, ya no se trata de que exista duda sobre la afectación o eventual peligro para el recurso hídrico, sino que, tal y como ha quedado acreditado, el acuífero se verá directamente afectado, pues la propia Secretaría General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental afirmó en su informe que:

“En lo que respecta a la extracción de roca dura, el efecto en relación al sistema de extracción de saprolita, consiste en la afectación de la cantidad de agua subterránea por el afloramiento del acuífero inferior durante la excavación de los tajos. Se espera el abatimiento del nivel del agua subterránea hasta la base de este acuífero esta situación tal y como se presentó en el estudio de impacto ambiental por las características que presenta de distribución y flujo, generaría un radio de influencia máximo esperado de 267 metros, situación que obviamente no afectaría propiedades que se encuentren fuera de ese radio que de por sí se ubica en su totalidad dentro de las propiedades de Industrias Infinito, por lo que no se verían afectadas tomas de agua o pozos en propiedades aledañas. El abatimiento se generaría en las inmediaciones de la excavación, pero la magnitud de ese descenso del nivel del agua puede ser prácticamente imperceptible fuera de ese radio de 267 metros. No hay extracciones de agua subterránea en esa distancia por lo que se consideró que ese impacto no tiene relevancia en términos de uso del acuífero. Este efecto sería permanente en el tajo Fortuna, pues el área del tajo Fortuna persistiría aún después del cese de las operaciones. El acuífero inferior presenta condiciones de confinamiento y en algunos sectores un comportamiento artesiano surgente, donde el nivel piezométrico presenta una dirección de flujo es aproximadamente noreste-suroeste, y donde la cota del nivel piezométrico en el sector donde se ubicarán los tajos es de aproximadamente 73 msnm, por lo que entonces el acuífero inferior será intersecado en ese punto, en ese caso, el afloramiento de agua conforme se avance la extracción por debajo de la cota 73, será bombeado hacia la laguna de relaves hasta que se finalice la extracción y entonces en el tajo Botija que se rellenará, el nivel de agua podrá recuperar aproximadamente su ubicación dentro del material que se ubicará dentro del tajo, para posteriormente recuperar con vegetación la superficie del terreno. En el caso del tajo Fortuna, el nivel recuperará su ubicación pero rellenará el pit formando un lago. Para evaluar los efectos de la excavación de los tajos sobre el acuífero inferior, se hizo una evaluación mediante modelación del abatimiento del nivel del agua en la propia excavación y en sus alrededores. Para ello se utilizó un modelo de flujo radial (Rushton y Redshaw, 1979) y se calculó el caudal necesario a extraer de la excavación para mantener el nivel del agua en el piso del tajo mientras se terminan las labores de extracción y se calculó también el radio de influencia. Para esto se hizo una simplificación geométrica de la forma de los tajos y se le dio énfasis al tajo Fortuna, ya que el agujero del Botija será rellenado. En términos generales, el área de la base del tajo Fortuna se tomó como 19103.8 m2. El área del espejo de agua una vez recuperado se calcula en 88096.6 m2. Este efecto de abatimiento del nivel en el acuífero inferior es temporal, ya que una vez que cesen los trabajos de explotación del material y ya no exista la extracción del agua desde la excavación, el nivel del agua subterránea empezará a recuperarse hasta alcanzar la cota de 73 msnm que presenta actualmente. (folio 3781, resultando 143).”

Nótese en este punto lo señalado por la secretaria general de la SETENA, en la siguiente dirección:

“Se espera el abatimiento del nivel del agua subterránea hasta la base de este acuífero esta situación tal y como se presentó en el estudio de impacto ambiental por las características que presenta de distribución y flujo, generaría un radio de influencia máximo esperado de 267 metros, situación que obviamente no afectaría propiedades que se encuentren fuera de ese radio que de por sí se ubica en su totalidad dentro de las propiedades de Industrias Infinito, por lo que no se verían afectadas tomas de agua o pozos en propiedades aledañas.”

Y contrástense esas afirmaciones con lo dicho en la sentencia #2004-1923 de este Tribunal:

“Finalmente, a partir del siglo XX, muchas legislaciones van a calificar todas las aguas subterráneas como (c) bienes de dominio público, a partir de la indubitada unidad del ciclo hidrológico, con lo que pasan a conformar lo que se ha denominado el “dominio público hidráulico” como parte del dominio natural y no artificial; esta posición concibe el agua como un recurso unitario subordinado al interés general por lo que no se debe distinguir entre superficiales y subterráneas, puesto que, se encuentran íntimamente vinculadas para mantener su calidad y cantidad. De acuerdo con esta última tesis, las aguas subterráneas no son apropiables por ningún particular y su calificación como bienes de dominio público constituye título suficiente para someterlas a un régimen de intervención administrativa muy fuerte e intenso en aras de garantizar su integridad y calidad y de apartarlas de los modos de adquisición y disfrute propios del Derecho Privado..

[…] en lo atinente a las aguas subterráneas no renovables, fósiles, muertas, estancadas o no fluyentes contenidas en éstos no cabe la menor duda que también son de dominio público, dado que, los artículos 4° del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente no distinguen entre aguas subterráneas y superficiales y, mucho menos, entre las subterráneas renovables y no renovables, por lo que no se les puede concebir como un res nullis (sic) susceptible de apropiación por el alumbrador particular.”

Es decir, en este caso se está permitiendo contaminar un manto acuífero en la zona del proyecto minero Las Crucitas y confunde, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la naturaleza y régimen jurídicos de las aguas subterráneas y los mantos acuíferos, pues prácticamente asimila que, por el hecho de que el acuífero se encuentre dentro de la propiedad de la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, se puede contaminar e impactar de forma directa y negativa. El recurso hídrico es un bien de dominio público y, en este momento, tal y como lo indican los paneles científicos a nivel global, es, además, un bien escaso, que a cada momento enfrenta mayores riesgos. Justamente, en este caso, nuestro país no solo está aumentando el riesgo de contaminación del recurso hídrico, sino que, abiertamente, está otorgando una autorización para que particulares contaminen todo un manto acuífero. Por otra parte, el apoderado generalísimo judicial de Industrias Infinito, indicó en el memorial de folio 4519 que, de la Laguna de Relaves, se prevé efectuar un vertido del agua excedente a la Quebrada La Mina, asegurando que cumplirá las normas de vertido nacional e internacional. Las aguas vertidas, junto con el agua que aporta el caudal natural, discurren una distancia de 1 km antes de desembocar en el Río Infiernito. Este último recorre una distancia de 20,3 kilómetros a lo largo de su cauce natural hasta su desembocadura al Río San Juan. Nuevamente se parte de una actividad completamente controlada e inocua y del único escenario del funcionamiento deseable. Es evidente que cualquier falla del sistema implicará contaminación de la quebrada que se mencionó y aún del Río San Juan. La actitud pasiva de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento en la protección del recurso hídrico, en el caso del proyecto minero Las Crucitas, es inexplicable, no se realizaron estudios propios, a pesar de la envergadura del proyecto, no se cuenta con datos que permitan determinar la influencia regional del acuífero que va a ser contaminado, con la autorización estatal, y no se cuenta con un plan remedial que permita determinar un protocolo de actuación frente a condiciones climáticas extremas, como las que presenciamos en nuestros días. Adicionalmente, no existe, como se ha reiterado a lo largo de este voto salvado, una estimación del costo que implica para el país el estropear, deliberada y consentidamente, un manto acuífero, contaminándolo con metales pesados, menos aún existe una estimación del costo y tiempo que podría tomar la recuperación de la polución que, de forma inexorable, sufrirá el acuífero. No comparto tampoco el argumento de la mayoría, basado en el de la empresa recurrida, según el cual no hay daño, en la medida en que el agua del acuífero no es apta para el consumo humano, debido a su acidez. El hecho que el agua, por su composición química, no sea potable, no implica que se pueda dar carta abierta para su contaminación. Son dos cosas completamente diferentes agua no potable, por acidez, y agua contaminada con residuos de metales pesados. La utilización de un manto dentro del plan remedial de la mina simplemente acarreará más problemas de los que pretende corregir y significará el deterioro, consentido por el Estado, de un bien de dominio público. Pese a que la mayoría de la Sala estima el amparo por negligencia de las autoridades recurridas, al no haber requerido, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto, el pronunciamiento de SENARA sobre la afectación del recurso hídrico en la región, a la sentencia se le confiere el solo efecto de condenar a las autoridades recurridas al pago de los daños y perjuicios causados, sin anular el Estudio de Impacto Ambiental, ni la viabilidad ambiental otorgada, por cuanto el SENARA dio un visto bueno posterior. La solución contradice los más básicos principios del derecho ambiental: se resta importancia a la autorización de una actividad sin las indagaciones técnicas previas pertinentes y se resuelve el problema por la mecánica del acceso a mecanismos indemnizatorios. Claramente, según lo expuesto hasta acá, esta situación no solo vulnera el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debido a que, además, lesiona el derecho fundamental de acceso a las fuentes del recurso hídrico, por lo que, en cuanto a este extremo, el amparo resultaba procedente.

B. El impacto socioambiental del proyecto de minería a cielo abierto. Ha sido recurrente, en la discusión de este caso, el argumento del beneficio social que acarrearía el proyecto, con el fin casi de acusar de mezquindad, en contra de la comunidad local –perteneciente a una zona de bajo desarrollo económico– a quien levante objeciones a la actividad. La noción de beneficio social, sin embargo, es altamente indeterminada, en parte porque tiene un componente axiológico: ¿qué es beneficioso o perjudicial?, pero además porque refiere a una colectividad que homogeniza (la sociedad), pese a su enorme diversidad y ser natural sede de intereses de toda clase, muchas veces contrapuestos. De este modo, hablar del beneficio social que causa una determinada actividad no es más que una fórmula vacía. Mientras no sea dotada de un contenido concreto, con necesario anclaje en la realidad que se evalúa, podría querer decir todo y nada.

El estudio de impacto ambiental es definido en el artículo 2° del Código de Minería como: “el análisis comparativo, técnico, económico, social, cultural, financiero, legal y multidisciplinario de los efectos de un proyecto sobre el entorno ambiental, así como la propuesta de medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar tales efectos.”

En el estudio preparado por Muñoz Giró para el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en febrero de 2009, aprobado mediante oficio SG-ASA-259-2008 del 10 de octubre de 2008 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 1682 del expediente administrativo), sobre los efectos ambientales y beneficios sociales del proyecto de minería de oro a cielo abierto Crucitas, se contempló efectos negativos biofísicos (efectos sobre el medio natural que impactan sobre un recurso natural, con énfasis en el bosque) y sociales (efectos en la sociedad). Entre los primeros se enlistó el valor comercial del bosque, el costo de oportunidad de crecimiento anual del bosque, la pérdida por biodiversidad, la pérdida por liberación de carbono y la pérdida por afectación de cursos de agua, para un total de $1.479.824,46. Se consideró como efectos sociales el valor de mercado del bosque, la pérdida por afectación de paisaje, fuentes de estudio, investigación y recreación, costo de la restauración general del área, para un total de $2.264.530,47 y la sumatoria de los dos rubros arroja el monto de $3.744.354,93. Se coteja esa suma de dinero con la inversión en medidas de compensación, mitigación y monitoreo propuestas, que ronda los $7.500.000 (800 hectáreas de bosque, 140 hectáreas de corredor biológico, 15 hectáreas reforestadas, mitigación y monitoreo, restauración); así como con aportes por compensación de los efectos sociales por $5.619.842,87 (compensación de belleza escénica de las 800 hectáreas de bosque, 140 hectáreas de corredor biológico y las 15 hectáreas reforestadas, aporte ambiental por donación venta árboles, fideicomiso de apoyo a las asociaciones comunales). Ahora bien, dentro de los beneficios se incluyó: los aportes efectivos hasta 2008 a favor de la comunidad (por $5.580.103,08) con obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, la construcción de una línea de transmisión eléctrica, proyectos de organización comunal y pymes, apoyo de servicios de salud y para adultos mayores, actividades recreativas y deportivas, material educativo y donaciones varias. Se contempló también, dentro de las contribuciones del proyecto, los salarios de los empleos directos, aportes a la seguridad social e ingresos por canon minero, sumando $140.030.000. Con base en los anteriores datos, el estudio concluye que hay una diferencia favorable de $154.036.000.

En cuanto a la metodología se explica que “se empleó un método de valoración directa, que se basa en precios o tarifas disponibles a partir de la observación del contexto actual o del mercado disponible, estimando el costo del uso de los recursos naturales” y la metodología para la evaluación económica de daños ambientales en Costa Rica de Barrantes y Di Mare para el Instituto de Políticas de Sostenibilidad (p. 24 del estudio), empleando fuentes oficiales de información como la Cámara Costarricense Forestal, Oficina Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Mundial, Banco Central y otras investigaciones. Se contó con ayuda de funcionarios del SINAC, el MINAET y la SETENA.

Llama la atención que dentro de los efectos negativos del proyecto no se incluyen sus secuelas ambientales a mediano y largo plazo, pese a que se ha reconocido que las desarrollará.

En el cuadro resumen del plan de gestión ambiental, se estipula que la fase de cierre y recuperación ambiental se extiende por 18 meses, lo que se ha demostrado, en la audiencia celebrada ante la Sala, que es totalmente irreal. En el caso de la minería metálica a cielo abierto, debe hacerse notar que el tiempo de recuperación suele ser extraordinariamente largo, e incluso, indefinido.

Un instrumento como el empleado para hacer la anterior comparación entre beneficios y costos es altamente manipulable. Combina variables que temporalmente no suceden en el mismo momento. Por ejemplo, la tala ocurrirá al inicio del proyecto y se le asigna un costo; la mitigación de algunos de los efectos no iniciará hasta después de finalizado el período de diez años de explotación y simplemente se le asigna el valor actual (por lo menos, no se especifica que haya indexación del monto). Se hace las valoraciones en dólares por ser una moneda evidentemente más estable que el colón, pero a diez años plazo o más, no permite una comparación cierta. De la misma forma, puntos que se plantean como beneficios, como son los salarios de los empleos directos, son proyectados a diez años plazo. La sola elaboración de los temas que han de considerarse beneficios o perjuicios es bastante subjetiva. Pondríamos en duda, por ejemplo, que los aportes a la seguridad social por empleos directos constituyan un beneficio que se deriva del proyecto. Se trata, más bien, del cumplimiento de un deber constitucional ineludible. El beneficio debería consistir en un componente adicional de ganancia social de la actividad, no el mero respeto de la normativa sobre seguridad social.

En cuanto al monitoreo se estipula una inversión anual de $446.000 durante la operación del proyecto, no en el período posterior al cese de actividades.

Como efectos sociales se consideró el precio de la madera, los efectos sobre la belleza escénica y el paisaje. Tales repercusiones se compensan con la protección, recuperación y reforestación de los bosques; conservación de los recursos naturales; y el establecimiento de un fideicomiso de apoyo de las comunidades del área de influencia de $4.600.000 a razón de $0,20 por cada tonelada de 23 millones de toneladas de mineral que se explotaría.

No hay un solo rubro, ni en lo biofísico ni en lo social, por efectos contaminantes de la explotación. Parte de una actividad absolutamente controlada y limpia. No se habla de contaminación del aire, la tierra o las aguas de la zona de influencia por drenaje ácido, ni por lixiviación con cianuro.

La estimación del costo total de restauración del recurso natural dependerá de sus características y de las actividades que deberán realizarse en la restauración. Cuanto más complejo sea el factor, más elementos por recuperar se presentarán.

En la minería metálica a cielo abierto la afectación del recurso natural es sumamente intensa y se da sobre la totalidad de los recursos, con supresión completa de los beneficios sociales que ellos representan.

La afectación principal ocurre sobre un período muy corto, aunque los elementos subsistentes, como el sustrato geológico y las aguas subterráneas continuarán siendo afectados por un período mayor.

El daño social en este supuesto se manifestaría en la pérdida de beneficios que el capital natural provee y que la sociedad aprovecha para el mejoramiento de su bienestar. Debería identificarse, entonces, de manera precisa, los beneficios sociales que se ven afectados por la alteración del recurso natural, lo cual no se plasma en el estudio analizado. El capital natural ofrece a la sociedad valores que pueden ser de uso actual (directo e indirecto) o de uso potencial (de opción o de existencia). La estimación del valor de un recurso natural en particular resulta, por ende, compleja e indirecta. Los costos de compensación deben estimarse mientras el recurso natural está en vías de restauración, o sea, desde que se inicia el daño hasta que el recurso natural sea recuperado satisfactoriamente.

Una actividad extractiva tan nociva, como la minería de oro a cielo abierto, tiene un costo ambiental y social tan alto, que es imposible que pueda resultar “rentable” para un país que ha puesto la defensa del ambiente como uno de sus estandartes más valiosos y que es medido y muy bien valorado internacionalmente gracias a dicho estandarte.

Desde la perspectiva ambiental, el valor de la vida y, de una cualidad concomitante, la diversidad de la vida constituye dos variables ambientales y sociales de valor inestimable desde el punto de vista económico.

La vida y la extraordinaria diversidad de la vida es un fenómeno único del planeta Tierra, dentro de lo que hasta ahora se conoce del Universo.

Al tratarse de un daño ambiental intenso, un alto costo social y tiempo de recuperación del daño ambiental excesivamente amplio, la actividad es prácticamente inviable desde esta perspectiva.

C. El respeto de las pautas jurídico constitucionales de protección del ambiente. Es incuestionablemente anejo a las repercusiones sobre diferentes componentes medioambientales de la zona, el fiel empleo de las herramientas jurídicas de fiscalización del ambiente, tema en el cual también se ha encontrado importantes inconsistencias en el presente caso.

C.1. Sobre el monto de la garantía ambiental. Según quedó acreditado en el expediente y en la vista oral y pública, el monto de la garantía ambiental para el proyecto minero Las Crucitas es de $600.000,00. Sin embargo, tal y como quedó evidenciado, ese monto resulta a todas luces escaso para paliar la totalidad de los invaluables daños ambientales que la extracción de minerales ocasionará en la zona donde se realizará la explotación. Esto se demuestra si se toma en cuenta que, según los datos aportados por los recurrentes, la regeneración de una hectárea de bosque, sembrada con una única especie vegetal, es decir, una hectárea monocultivada, tiene un costo de $500.000,00, es decir, una hectárea de terreno con un monocultivo prácticamente absorbería la totalidad de la pírrica garantía ambiental. Ese monto resulta, por demás, ridículo si se compara con el hecho de que la empresa Industrias Infinitos Sociedad Anónima pretende extraer entre 800.000,00 y 1.000.000,00 de onzas de oro, el cual se cotiza a más de $1.100,00 la onza, lo que deja ingresos totales que oscilarían entre los $880.000.000 y los $1.100.000.000,00, a lo que hay que sumar que esas ganancias podrían verse sensiblemente incrementadas si se pondera el hecho de que el oro ha reflejado una tendencia alcista durante los último años, pues pasó, hace unos 10 años, de poco más de $255.00 a, como se indicaba supra, más de $1.100,00 por onza. Desde esa perspectiva, la garantía ambiental resulta inexplicablemente baja si se compara con los incalculables daños ambientales que el proyecto minero Las Crucitas podría originar en la zona norte de nuestro país. Evidentemente, el monto de la garantía ambiental ni siquiera alcanzará para iniciar el proceso necesario para llevar adelante la tarea de restauración de una zona que podría quedar devastada una vez que termine la fase extractiva de este proyecto. Es de suma importancia acotar que en la vista oral y pública, al momento de consultar a las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones si ellos disponían de un monto presupuestado para hacer frente a un eventual desastre de carácter ambiental, ocasionado por el proyecto minero bajo examen, estos simplemente se limitaron a afirmar que ese monto no existía y lo único que se tenía era el dinero de la escasísima garantía ambiental, adicionalmente, al consultárseles si ellos tenían una estimación de cuánto podría significar en dinero la regeneración del medio ante una catástrofe, no hallaron respuesta para ofrecer, pues, claramente, estudios de ese tipo no se hicieron y no se tiene ni idea de cuál es el monto que puede costar la regeneración o contención de los efectos nocivos causados por el proyecto minero Las Crucitas en el supuesto de un siniestro ambiental. A todo lo anterior debe sumarse el hecho de que en ningún momento se aportaron datos fehacientes sobre cuánto costará y quién deberá hacer frente al proceso de cierre técnico de la mina, que es vital si se pretende hacer de esta una actividad que no implique un impacto aún mayor para el medio, una vez que la empresa haya finalizado la fase extractiva, de forma tal que no se cuenta con la certeza para determinar el manejo que recibirá la zona de Las Crucitas una vez que Industrias Infinito Sociedad Anónima se haya marchado, y tampoco queda claro quién deberá hacerse cargo de ese proceso, aunque, claro está, esa sería, en último caso, una responsabilidad del Estado, es decir, terminaría el país pagando para regenerar el medio que fue dañado por particulares, luego de que estos obtuvieran las ganancias correspondientes y depositaran una garantía ambiental de $600.000,00 contra los más de $850.000.000,00 que se extraerán en oro. Lo anterior es valioso para hacer ver que la garantía ambiental simplemente es ínfima frente a los daños que se pueden y de hecho se causarán al medio, y será una cantidad que simplemente no alcanzará para hacerle frente al deterioro que sufrirá el ambiente, lo cual constata que este proyecto no fue evaluado ni sopesado con la seriedad, profundidad y severidad requeridas, producto de los profundos e incalculables impactos que causará al medio. La realidad es una y los hechos no dan margen para especulación, el monto de la garantía ambiental será insuficiente para paliar los daños al medio, generar una estrategia de desarrollo para la zona de Las Crucitas luego del cierre de la mina, tratar los acuíferos contaminados y poner en marcha el proceso de cierre técnico, por citar cuatro de las más importantes tareas que se tienen de frente, una vez finalizada la actividad extractiva, obligaciones todas que derivan directamente del texto Constitucional que obliga al Estado a velar por una estrategia de desarrollo sostenible, dejada de lado en este caso. Todo lo expresado hasta acá no se trata del producto de unas meras especulaciones sin sustento fáctico, por el contrario, la realidad y los hechos, adustos ambos, conceden que la actividad de extracción de minerales a cielo abierto no es sustentable desde el punto de vista ambiental y sus consecuencias en todo el mundo son imponderables, además de harto onerosas. Las experiencias en los países tropicales, como el nuestro, son aún más nefastas y están estrechamente relacionadas con la pobre y laxa regulación que, desde el punto de vista legal, se hace de una actividad tan impactante para el medio. De hecho, en Latinoamérica, no existe un solo caso de un país que se haya embarcado en la aventura minera y hubiera resultado indemne desde el punto de vista socio-ambiental. En suma, los $600.000,00 que componen la garantía ambiental para este proyecto resultan insuficientes y, más que eso, minúsculos, si se los compara con la laceración que sufrirá el medio a causa de este proyecto.

C.2. El proyecto no cuenta con viabilidad ambiental, pues no se realizó un nuevo estudio de impacto ambiental. Como quedó acreditado en el expediente y durante la vista oral y pública, el Proyecto Minero Crucitas no cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado y, por ende, no cuenta con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, debido a que las modificaciones que sufrió el proyecto, en su diseño, fueron de tal significación que incrementó el volumen de material por extraerse en un 39%, pues, aun cuando el área a explotar se redujo en 76 hectáreas, de 126,4 a 50 hectáreas, lo que significa un decrecimiento del 60,31% en el área; Sin embargo, la profundidad aumentó considerablemente, pues pasó de 15 a 67 metros de excavación en el tajo, lo que se traduce en un aumento de la profundidad de un 446,67%. No obstante, estas modificaciones no fueron sometidas a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental para examinar los impactos que el cambio de diseño generaría en el entorno, los cuales en este momento no han sido sometidos al riguroso tamiz de un Estudio de Impacto Ambiental, situación que no cuenta con explicación alguna y que, en la vista oral y pública, los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no lograron aclarar satisfactoriamente. Lo anterior es relevante, pues si no se conoce el impacto que el proyecto minero causará en el ambiente, tampoco se puede conocer con certeza técnica y científica la forma en como mitigarlo, prevenirlo o recuperarlo, lo anterior es trascendental, si se toma en consideración que la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima tiene la intención de desarrollar una serie de medidas para paliar los efectos adversos que provocará el funcionamiento de la mina, pero, si no se han predicho metódica y sistemáticamente los efectos adversos que se producirán muy difícilmente estos podrán ser mitigados o evitados. Al respecto, la Sala Constitucional ha sostenido que:

“VI.- El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones.” (Sentencia 2005-05544 de 15:38 horas de 10 de mayo de 2005. El destacado se suplió.).

Asimismo, el tratar específicamente el tema de la minería, en concreto al anular la concesión minera a la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, por no contar con un estudio de impacto ambiental aprobado, la Sala, en la sentencia #2004-13414 de 09:29 horas de 26 de noviembre de 2004, consideró:

“V.- De la alegada violación al principio de prevención en el caso particular.- En este asunto la concesionaria Industrias Infinito S.A. aún y cuando no cuenta con la aprobación del estudio de impacto ambiental, ya tiene la concesión de explotación minera en la zona indicada. Sobre el punto se debe indicar que la concesión de explotación minera, sin haber obtenido la aprobación del estudio del impacto ambiental, - que constituye una medida para asegurarse de que la actividad que se aprueba no causará daños al ambiente -, riñe en consecuencia con el Principio de Prevención y la normativa citada del Código de Minería y el Decreto Ejecutivo N°29300-MINAE, que en su artículo 9 establece los requisitos para la concesión de explotación, entre los que está el estudio ambiental comentado. Expresamente dispone:“Artículo 9.- Requisitos para la concesión de explotación. ... La solicitud debe constar de original y dos copias, conteniendo:a)... b) Resolución de la SETENA de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a la explotación propuesta y copia del estudio de impacto ambiental aprobado.c)...”. En este asunto, respecto al estudio referido, éste fue presentado por la concesionaria ante la autoridad correspondiente para su debida aprobación y fue rechazado mediante la resolución N° 272-2003-SETENA de las once horas cuarenta y cinco minutos del once de marzo del dos mil tres de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; resolución que fuera impugnada por la interesada. El Ministro de Ambiente y Energía resolvió el recurso de apelación mediante la resolución R-569-2003 MINAE, de las nueve horas treinta minutos del veinte de octubre del dos mil tres, que declarándolo con lugar, por constatar vicios en el procedimiento (folio 191) y ordenó retrotraer el procedimiento al momento en que se presentó el estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Industrias Infinito S.A. En consecuencia, estima la Sala que la decisión de otorgar la concesión de explotación sin la aprobación del estudio de impacto ambiental puede originar daños en el medio ambiente que resultarían irreversibles y que luego, no quedaría más que lamentar y tratar de mitigar algunos de sus efectos, pudiendo haberse prevenido tal situación. Precaución que como se dijo, se establece en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de 1992 donde Costa Rica suscribió junto con otras naciones la Declaración de Río, para lo cual resulta preciso señalar el principio 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” y el principio 17: “Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”.

VI.-Consecuente con el análisis hecho, en atención al principio de protección de los recursos naturales, específicamente al Principio Prevención que contempla la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, deberá la interesada, de conformidad con el procedimiento del Código de Minería y su Reglamento, como requisito para obtener la concesión de explotación de minerales, contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental, en resguardo del criterio de precaución y principio in dubio pro natura. Observa además en este caso la Sala que, el Jefe del Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha podido rendir su criterio definitivo en el procedimiento de concesión de explotación minera, porque no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental en el que se haga referencia a las prácticas de recuperación de suelos; lo que hace innegable la utilidad de ese estudio para valorar la viabilidad de la concesión desde los distintos ángulos; y el acto de las autoridades recurridas de otorgar la concesión minera condicionando el desarrollo de la actividad extractiva al cumplimiento de los requisitos indicados en el Código de Minería, no resulta eficaz para cumplir la finalidad de preservar los recursos naturales y la integridad del medio ambiente y es contrario al Principio Precautorio en materia ambiental.”

Justamente, en este caso no se cuenta con un análisis que haya evaluado, con la profundidad de un estudio de impacto ambiental, las modificaciones sufridas en su diseño por el Proyecto Minero Las Crucitas, lo cual incluye, la utilización, a partir del cambio de diseño, de explosivos para poder intervenir la roca dura, que será aprovechada junto con la saprolita. Esa razón resulta más que suficiente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, para estimar el amparo, anular el Decreto Ejecutivo #34.801-MINAE y ordenar la realización de un estudio de impacto ambiental que analice las modificaciones sufridas en su diseño por el proyecto minero en cuestión.

C.3. La consecuencia directa del deficiente análisis de impacto ambiental del proyecto (omisión de elaborar un nuevo EsIA) es la nulidad de la concesión minera. La concesión de explotación, entendida como autorización para extraer los minerales no reservados para el Estado (121 inciso 14) b de la Constitución), de transformarlos y procesarlos y de disponer de ellos con fines industriales y comerciales, fue concedida, en este caso, mediante la resolución R-578-2001-MINAE del Ministerio del Ambiente y Energía de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2001, a favor de Industrias Infinito S.A., para la explotación de oro, plata, cobre y minerales asociados. El inicio de las actividades se supeditó a la posterior aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

En la sentencia #2004-13414 de las 9:29 horas del 26 de noviembre de 2004 declaró la Sala que la decisión de otorgar la concesión de explotación, sin la previa aprobación del estudio de impacto ambiental, podía originar daños ambientales irreversibles, por lo cual anuló el acto administrativo de concesión, bajo las siguientes consideraciones:

“…la decisión de otorgar la concesión de explotación sin la aprobación del estudio de impacto ambiental puede originar daños en el medio ambiente que resultarían irreversibles y que luego, no quedaría más que lamentar y tratar de mitigar algunos de sus efectos, pudiendo haberse prevenido tal situación. Precaución que como se dijo, se establece en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de 1992 donde Costa Rica suscribió junto con otras naciones la Declaración de Río, para lo cual resulta preciso señalar el principio 15: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente." y el principio 17: "Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.”

Por resolución #3638-2005-SETENA de las 9:25 horas del 12 de diciembre de 2005 se otorgó viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas, requiriéndole una garantía ambiental de $600.000, calculada a $3.000 por hectárea impactada por año, de acuerdo con lo establecido para proyectos mineros.

Por resolución #170-2008-SETENA de las 12:50 horas del 4 de febrero de 2008 se evaluó cambios al proyecto, principalmente en la profundidad de la extracción, que aumentó de 15 metros a 67 metros, en promedio, reduciéndose el área extractiva de 126,4 ha a 50 ha. Lo anterior, en vista de que Canadá (mercado de destino) no permite incluir los recursos mineros “inferidos o estimados” derivados de la saprofita, sino que debe también extraerse de la roca dura, lo que aumenta la calidad del oro y obliga a utilizar voladuras. Se aprobó la modificación y se ordenó conformar la comisión de fiscalización y monitoreo.

Posteriormente, por medio de la resolución R-217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008, se otorgó una nueva concesión de explotación minera a favor de la misma empresa por diez años para explotar iguales minerales. La licencia se condicionó, igualmente, a que el proyecto resultara ambientalmente viable.

Considero que la concesión vigente, de 2008, se otorgó en condiciones contrarias al derecho fundamental a un medio ambiente sano. Primero, porque se confirió, sin que se haya efectuado un nuevo estudio de impacto ambiental, comprensivo de las modificaciones planteadas por la empresa en diciembre de 2007, el cual es, a mi juicio, indispensable. El proyecto, que en este momento se pretende llevar a la realidad, es completamente distinto al que, en un inicio, se planteó ante la SETENA y al cual se le otorgó la correspondiente viabilidad ambiental, como resultado de la aprobación de una evaluación de impacto ambiental que fiscalizó obras diametralmente distintas a las que ahora se está intentando ejecutar. Pero, además, se autorizó la actividad sin que existiera un estudio integral elaborado por el SENARA de la afectación del recurso hídrico en la zona. A pesar de que existen estudios locales, sobre el área del proyecto, bastante específicos, no se efectuaron análisis regionales para determinar la influencia entre los mantos acuíferos, incluido el que será utilizado para la laguna de relaves. Al estimar el amparo, la mayoría de la Sala se fundamenta, precisamente, en esa omisión, pero resulta contradictorio con la protección del ambiente tenerla por subsanada con un estudio propuesto por la firma minera interesada, con un simple aval del Gerente del Servicio Nacional mencionado. La Sala ha insistido, incluso recientemente (p. ej, en la sentencia #2008-15760 de las 14:30 horas del 22 de octubre de 2008), en que es contraria al Derecho de la Constitución la alteración de la secuencia de los actos de autorización de una actividad que repercute negativamente sobre el medio ambiente, fundamentalmente si implica dictar el acto administrativo declarativo de derechos a favor del particular antes de establecer con seguridad que esa actividad es sostenible. Tal inconsistencia temporal entre los actos de autorización opera en el presente asunto y, desde la óptica ambiental, es obligada consecuencia del análisis que se ha efectuado, la nulidad de la concesión.

En síntesis, el orden de las autorizaciones administrativas ambientales se trastocó y se echa de menos dos estudios neurálgicos: un estudio de impacto ambiental completo sobre el proyecto después de sus importantes modificaciones y un análisis profundo e integral del SENARA sobre el recurso hídrico en la zona. La consecuencia directa de lo anterior es la anulación de la concesión minera y el sometimiento del proyecto a nuevas evaluaciones, de impacto ambiental e hidrogeológica, para obtener su viabilidad y, no sería hasta que se determinara su inocuidad ambiental, que podría emitirse el acto de autorización para explotar los minerales.

C.4. Sobre el Decreto de Conveniencia Nacional, #34801-MINAET y el cambio de uso de suelo previsto en el artículo 19 de la Ley Forestal.

El tema de la conveniencia nacional de la actividad autorizada ha sido también objeto de vivas controversias ante este Tribunal. Tal conveniencia fue declarada en el Decreto Ejecutivo #34801-MINAET del 13 de octubre de 2008, basándose en que el artículo 19 inciso b) de la Ley Forestal permite el cambio de uso de suelo y la corta de árboles, en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de protección, para los proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia Nacional, y que el artículo 6 del Código de Minería califica de utilidad pública la actividad minera. Se indica que el proyecto específico, de Industrias Infinito, S. A., traerá varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el gobierno central. En contraposición a los beneficios, en el Decreto se detalla que para la construcción y desarrollo del Proyecto Crucitas se requiere la corta de árboles en 191 Ha (7 782,66 m2) que poseen bosque, lo cual representa el 19.93 % del bosque existente en todas las propiedades, la corta de árboles en 66 Ha (9474,53 m2) en áreas de uso agropecuario sin bosque, lo cual representa el 14.00 % de las áreas de uso agropecuario sin bosque existente en todas las propiedades y la corta de árboles de 4 Ha (1 751,38 m2) que poseen plantaciones forestales, lo cual representa el 12.33 % de las plantaciones forestales existente en todas las propiedades. Dentro de las especies forestales de la zona, se presentan algunas vedadas, de acuerdo con el voto de la Sala #2002-2486 de las 10:54 horas minutos del 8 de marzo de 2002 y el Decreto Ejecutivo #25700 del 15 de noviembre de 1996. En las resoluciones #2008-17292 de las 14:45 horas del 19 de noviembre del 2008 y #2008-17293 de las 14:46 horas del mismo día, estimó la Sala –con voto salvado mío y del Magistrado Cruz Castro– que el Decreto no podía examinarse en vía de inconstitucionalidad, por consistir en una declaratoria de conveniencia concreta y no de una disposición normativa, relegando a este proceso la definición de su conformidad con la Constitución. Vinculada con este caso, se dictó también la sentencia #2009-17155 de las 14:00 horas del 5 de noviembre del 2009, donde, entre varios puntos discutidos, la mayoría de la Sala reiteró el antecedente del pronunciamiento #2006-17126, en el sentido que los artículos 19 y 34 de la Ley Forestal no son contrarios al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siempre y cuando no sea una autorización para que las instituciones públicas lesionen "legítimamente" el ambiente, ni tampoco impliquen establecer un régimen de excepción. En aquella oportunidad se estableció claramente que la posibilidad del cambio del uso del suelo que se conoce, queda reservada únicamente para el patrimonio forestal privado, con lo cual, no se "afecta" el patrimonio natural del Estado (artículos 1, párrafo segundo y 18 de la Ley Forestal).

A mi juicio, y según las razones que he estipulado arriba de las serias consecuencias ambientales del proyecto, no hay un balance razonado entre los beneficios y los probables daños ambientales que van a derivar de él, con lo que su fundamentación es débil e inconstitucional. El efecto práctico de la emisión del Decreto en comentario es vaciar de contenido el derecho al medio ambiente, tal y como lo había plasmado la Sala en sus resoluciones #2002-2486 y #208-13426, anteriormente mencionadas. En ellas se defendió categóricamente la lapa verde, como especie en peligro de extinción, prohibiendo de forma inflexible la corta del almendro amarillo. La norma permite precisamente lo contrario y de ahí, repito, su inconstitucionalidad.

Señalé ya también, en mi voto salvado de la resolución #2009-17155, que las excepciones que permite el artículo 19 de la Ley Forestal quebrantan de manera flagrante el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No puede haber doble discursos ni hesitaciones en esta materia, se apuesta por la conservación o se prescinde de ella, en franco enfrentamiento a la Constitución y los instrumentos internacionales que buscan la protección del ambiente.

D. El incumplimiento del principio de participación ciudadana. En este caso, ha quedado demostrado que ha existido un flagrante incumplimiento del principio de participación ciudadana, lo anterior queda corroborado que se tome en cuenta que en el caso concreto se omitió por completo otorgar audiencia a la ciudadanía sobre las modificaciones realizadas al diseño en el proyecto minero en cuestión, de tal suerte que en ningún momento se ofreció la posibilidad de que los vecinos o, en general, los interesados que estuviera apersonados dentro del expediente pudieran emitir su criterio sobre las implicaciones sociales, ambientales, económicas y jurídicas que podrían tener los cambios realizados al diseño original presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y que había sido aprobado por ese órgano, de esa forma, al no otorgarse audiencia a la población, ese órgano vulneró este principio de profunda raigambre constitucional, sobre el cual la Sala ha señalado que:

“IX.- En virtud de lo anterior, el principio democrático tiene una triple connotación constitucional: en primer lugar, como característica esencial de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, que implica, una especial forma de elección de nuestros gobernantes, que se traduce en el sistema de democracia representativa, participativa y pluralista, como el ejercicio indirecto del Poder a través de los diversos puestos de elección popular; en segundo lugar, como fuente o parámetro de interpretación, en tanto se constituye en la fuente y norte del régimen jurídico, al permear todo el ordenamiento y formas jurídicas, de modo que se impone como principio rector en la organización política del Estado y de todas las formas de organización colectiva (como sucede con la integración de los órganos colegiados de los entes corporativos, tanto de las municipalidades, como los colegios profesionales y corporaciones de producción) y, la representatividad en su instrumento pragmático de realización; y en tercer lugar, como verdadero derecho, y en esa condición, justiciable ante instancias administrativas y jurisdiccionales, como sucede respecto del sistema de las cuotas femeninas (ante el Tribunal Supremo de Elecciones) a fin de lograr el cuarenta por ciento de la representación, tanto en las candidaturas de puestos elegibles, como en la organización de los partidos políticos; o en lo que respecta a la participación de los vecinos de la localidad afectada en la celebración de la audiencia oral y pública prevista dentro de los procedimientos de estudio de impacto ambiental (sentencias número 2000-9060, de las diez horas veintisiete minutos del trece de octubre del dos mil y número 2001-05737, de las catorce horas cuarenta y un minutos del veintisiete de junio del dos mil uno). (…) las autoridades públicas, siempre y dentro de la medida de lo posible, deben promover y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, pues ello no es más que el reconocimiento del carácter democrático de la sociedad costarricense.” (sentencia 2003-03475 de las 08:56 horas de 2 de mayo de 2003).

La obligación estatal de alentar la intervención de las personas en los asuntos relacionados con la explotación del medio no es un mero deseo o el fruto de una interpretación alejada de las normas constitucionales, sino que encuentra sustento en disposiciones de diverso rango dentro de nuestro sistema de fuentes, al respecto, la Constitución Política, en sus numerales 1 y 9, señala:

“Artículo 1.- Costa Rica es una República democrática, libre e independiente.

Artículo 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.”. (El destacado se suple).

Por otra parte, la Declaración de Río, en su principio 10, dispone:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”. (El destacado lo agregó el magistrado ponente).

Finalmente, la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, en sus numerales 22 y 23, deja clara la obligación de respetar y promover la participación de la gente en los asuntos ambientales, al respecto, prescriben:

“ARTÍCULO 22.- Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración.

ARTÍCULO 23.- Publicidad de la información. La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización.

No obstante, los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información integrada al estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial.”

En este caso se celebró audiencia pública el 31 de julio de 2004 en el Salón Comunal de Coopevega (hecho probado 14), acto temporalmente muy distante de la modificación del proyecto, aprobada el 4 de febrero de 2008 por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Es decir, que en el momento en que se celebró la audiencia no fue posible discutir las variaciones de la propuesta minera. Reitero que la importancia y peso de las modificaciones obligaban a repetir estos pasos, incluida la audiencia pública. Lo contrario implica que el momento en que los interesados pudieron preguntar, objetar y comentar el plan, este presentaba diferencias relevantes de lo que finalmente se aprobó. Con ello, se vulneró el principio de participación, uno de los pilares dentro de los procedimientos tendientes al otorgamiento de la viabilidad ambiental. No puede excluirse al ser humano que recibirá las consecuencias de las decisiones gubernamentales en materia ambiental, de la participación en la toma de decisiones en los asuntos vinculados con esta materia.

En suma, por las consideraciones expuestas es que salvo mi voto y declaro con lugar el amparo, dejando sin efecto la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que confiere viabilidad ambiental al proyecto (#170-2008-SETENA del 4 de febrero de 2008), la resolución del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que autorizó la concesión minera (R-217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008) y el Decreto Ejecutivo #34801-MINAET del 13 de octubre de 2008, que declaró el proyecto de conveniencia nacional, a efecto de permitir la tala de especies forestales vedadas, como el almendro amarillo.

 

Gilbert Armijo S.

 

 

Exp: 08-014068-0007-CO

 

Voto particular del Magistrado Cruz Castro.

 

 

Disiento del voto de mayoría en varios de los temas planteados;  considero que en un caso tan complejo como el que se plantea  mediante este recurso de amparo, se evidencia la violación a varios derechos fundamentales, según se expondrá.

 

A. Sobre cómo la autorización y la tala del almendro amarillo En este aspecto existe una lesión al derecho al  ambiente, destacando, además, que se contraviene  la jurisprudencia de esta Sala que había establecido la prohibición de tala del almendro amarillo en todo el territorio nacional, sin excepción alguna.- El voto de mayoría hace una distinción que no es consecuente con la  jurisprudencia  de esta Sala respecto de la tala del almendro amarillo, pues prohíbe su tala únicamente en los lugares de anidación de la lapa verde, entendiéndose que es permitida –previo permiso- en lugares donde no anide la lapa verde. Sin embargo, esta distinción no es admisible, conforme a los siguientes argumentos:  Primero, en la resolución anterior de esta Sala,  número 2002-02486 de las 10:54 horas del 8 de marzo de 2002, se dijo expresamente que “por su relación con el árbol de almendro, también se debe impedir su tala en todo el territorio, claro está que ello debe respetarse principalmente en las zonas donde se encuentra el hábitat óptimo para la sobrevivencia de dicha especie” , con lo cual resulta claro el mandato –que no admite excepciones- que hizo previamente esta Sala en cuanto a la prohibición absoluta de la tala del almendro amarillo en todo el territorio nacional. De igual forma, la parte dispositiva de la resolución número 2008-13426, de las 09:33 horas del 02 de setiembre de 2008 ordenó prohibir el trámite de permisos para el aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo mientras este árbol esté en la lista de especies amenazadas, literalmente se dispuso: “Se prohíbe a ese funcionario dar inicio o continuar cualquier procedimiento tendiente al aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo (dipteryx panamensis) mientras este árbol y la lapa verde (ara ambigua) se encuentren en la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción”. Conforme a este criterio y su contenido esencial, no es admisible el argumento con el que se autoriza la tala, asumiendo que esta acción es legítima constitucionalmente, porque no se pretende el aprovechamiento, explotación o extracción de la madera. Claramente no es la finalidad última de la tala  la que sustenta su prohibición, sino el simple hecho de la tala en sí; el destino que se le dé a los árboles cortados, es una cuestión secundaria que no puede llevar jamás a afirmar que si la finalidad de la tala no es la explotación, entonces sí se autoriza tal acción. No son las consecuencias eventuales, como el aprovechamiento de la madera, la que determina la tutela del almendro amarillo. En este punto disiento del argumento expuesto en el voto de mayoría.   Segundo, siendo clara la obligación del Estado de velar por la supervivencia de las especies en peligro de extinción, y tendiendo presente que el almendro amarillo es una especie declarada en amenaza de extinción, se deriva, inevitablemente de tales presupuestos, que el Estado debe velar por la supervivencia del almendro amarillo en todo el territorio nacional, impidiendo su tala, sin que importe si tal acción se realiza con una finalidad ulterior.  Lo que se indica en la  sentencia de mayoría en el sentido que “la escasa o nula afectación ambiental con la corta de 197 árboles sobre una población de más de 700 individuos, partiendo que los árboles de almendro a cortar no son bosque primario sino secundario y joven, y que el plan establecido que ya se estaba cumpliendo a ese momento, implica la siembra de 103 almendros por cada árbol de esa especie que sea cortado” no modifica la grave amenaza de extinción que se cierne sobre el almendro;   la siembra de árboles nuevos –contra la tala anterior- no compensa los efectos del acto mediante el cual se procedió a la tala de una especie en amenaza de extinción. En materia de medio ambiente los bienes tutelados no son fungibles. Nótese que en esta materia tan delicada, vulnerable y sensible como son los daños al ambiente, qué sentido tendría la resiembra de árboles, si para cuando estos ya hayan crecido al estado de los árboles talados, ya se habrán lesionado las especies que dependían de dicho hábitat.   Tercero, el almendro amarillo merece una protección per se, que si bien resulta reforzada por su relación con la lapa verde, no puede desconocerse que es también una especie por sí misma, parte de la naturaleza, declarada en peligro de amenaza de extinción, que también merece protección por sí mismo. No es posible justificar la tala del almendro en los “sitios donde no anide el ave”, aún contando con los permisos, porque tal criterio no sería consistente con el  expuesto en los  precedentes de esta Sala, según votos 2002-002486 y 2008-013426. En conclusión, considero que según la línea jurisprudencial que había mantenido esta Sala en anteriores oportunidades, existe una prohibición absoluta y total de tala del almendro amarillo en todo el territorio nacional. Por lo tanto, al haberse comprobado en este recurso de amparo que el 17 de octubre del 2008 SETENA autorizó la corta de 197 árboles de almendro, y al haber la empresa recurrida procedido con dicha corta, resulta evidente la violación al derecho al ambiente, pues con ello se sitúa en posición de riesgo o amenaza al almendro amarillo y se compromete la existencia de la lapa verde, por lo que el recurso debe ser declarado CON lugar en cuanto a este extremo.

 

 

B. La variación del proyecto sin exigir estudio de impacto ambiental y consulta ciudadana.  Sobre la aprobación de la modificación del proyecto original sin contar un nuevo estudio de impacto ambiental y sin convocar nuevamente a un proceso de audiencia pública, estimo que es violatorio del derecho al ambiente y del derecho de participación ciudadana.- Ciertamente, tal como lo consigna el voto de mayoría, “El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la aplicación del referido principio precautorio, y el consecuente desarrollo normativo en materia de protección ambiental, impone el cumplimiento de diferentes requisitos y procedimientos que permiten a la administración conocer el impacto real que la ejecución de actividades y obras –públicas o privadas- puede tener sobre el ambiente, para una vez adquirida la certeza correspondiente, autorizar o improbar su realización.”, de lo cual se desprende que es necesario que el Estado conozca el impacto que tendrá sobre el ambiente la ejecución de obras y actividades –públicas o privadas-, previo a autorizarlas o aprobarlas. En este sentido, también coincido con lo que se afirma en el  voto de mayoría al aseverar que  “La realización de las evaluaciones ambientales ha sido reconocida por esta Sala igualmente como un principio rector en materia ambiental, de donde resulta que su observancia y aplicación es irrestricta para asegurar la debida protección del ambiente.”, de donde se desprende que, la exigencia de las evaluaciones ambientales -como aquel procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones- comprende varias fases, entre ellas la confección de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), cuando se trate de actividades, obras o proyectos calificados de alta significancia. En el caso que se analiza, estando ya otorgada la viabilidad ambiental al proyecto, y a punto de vencerse el plazo de validez de dicha viabilidad (otorgada el día 12 de diciembre del 2005 por un plazo de validez de dos años, a vencer el 12 de diciembre del 2007) la empresa presentó ante SETENA, el 06 de diciembre de 2007, lo que denominó “Propuesta de Modificación al Proyecto Minero Crucitas”, aprobándose esta  propuesta mediante decisión de la Comisión Plenaria, según resolución número 170-2008-SETENA, de 04 de febrero de 2008.  Sin embargo, tal aprobación se otorga sin contar con un nuevo estudio de impacto ambiental y sin convocar nuevamente a un proceso de audiencia pública. En este asunto resulta evidente que una modificación a un proyecto de tal envergadura, requería algo más que “una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales de carácter unilateral” o una serie de “documentos técnicos que respalden la modificación propuesta”. Estas exigencias resultan insuficientes ante un proyecto de tanta trascendencia. Por esta razón considero que lo procedente y  necesario, para la mejor protección del derecho al ambiente, era la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental, donde la administración pública tuviera una participación más activa, valorando la dimensión e impacto de los cambios propuestos. Respecto de las características del proyecto, tratándose de minería metálica a cielo abierto, no basta la aprobación de lo que presentó la empresa. Además, nótese la obligatoriedad de volver a convocar a una audiencia pública, partiendo de la reiterada jurisprudencia de esta Sala relacionada con el derecho fundamental de participación pública en la decisión de los asuntos relacionados con el medio ambiente, que este Tribunal Constitucional ha derivado de la correlación de los artículos 9 y 50 de la constitución política. Respecto de los principios constitucionales mencionados, se afirma en la sentencia número 2008-015760 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho: 

 

“VIII.- SOBRE LA INFRACCIÓN AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA DECISIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE. CORRELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. (…) Sobre el particular y a partir del desarrollo realizado en torno a la importancia de la EIA, cabe reiterar que, según la más calificada doctrina, la evaluación es un procedimiento principalmente participativo para la ponderación anticipada de las consecuencias ambientales de una decisión para aprobar o denegar determinado proyecto. Según la doctrina, el estudio de impacto ambiental apareció, desde sus orígenes, relacionado con la tradición anglosajona de las encuestas y audiencias públicas, por lo que se debe resaltar la garantía que a lo largo de la evaluación y, en sus distintos momentos, serán oídos los afectados por la decisión final, que pueden ser no sólo las comunidades o sujetos inmediatamente involucrados, sino grupos que defienden intereses difusos, como lo es la oportuna protección al medio ambiente. Sobre la promoción de la participación pública en relación a los temas ambientales, la Declaración de Río dispone lo siguiente:

 

“PRINCIPIO 10

 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”

 

La Carta Mundial de la Naturaleza citada supra, en el principio No. 23 dispone lo siguiente:

 

“23- Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernan directamente a su medio ambiente y, cuando este haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización.”

 

En el plano interno, la Ley Orgánica del Ambiente dispone lo siguiente:

 

“Artículo 22.- Expediente de la evaluación

 

Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.

 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración.

 

Artículo 23.- Publicidad de la información

 

La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización.

 

No obstante, los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información integrada al estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial.”

 

Por su parte, la Ley de Biodiversidad dispone, en lo que interesa, lo siguiente:

 

“Artículo 95.- Audiencias públicas

 

La Secretaría Técnica Nacional deberá realizar audiencias públicas de información y análisis sobre el proyecto concreto y su impacto, cuando lo considere necesario. El costo de la publicación correrá a costa del interesado.

 

La participación es todo proceso que involucra a la sociedad en la adopción de propuestas, solución de problemas y toma de decisiones en relación a la aprobación de determinada actividad o proyecto.”

 

En la sentencia No. 10693-2002 de las 18:20 hrs. del 7 de noviembre de 2002, este Tribunal Constitucional destacó que la garantía de la participación ciudadana es un instrumento que dota a los ciudadanos del poder para hacer efectivo su derecho a un medio ambiente sano, de ahí que sea parte intrínseca de las garantías consagradas en el artículo 50 de la Constitución Política. En dicha resolución se dispuso lo siguiente:

 

“(...) considera esta Sala que derivado propiamente del marco democrático que informa todo el ordenamiento y que se encuentra dado por el artículo primero de la Constitución Política, en conjunción con el derecho a un medio ambiente sano establecido en el artículo 50 de dicha Carta, además de los instrumentos internacionales y las normas legales respectivas, es necesario extraer como cierta la presencia de un derecho de todas las personas a la participación en la toma de decisiones que incumben asuntos de interés público, en este caso la protección del ambiente. Este derecho a participar, se constituye entonces como un instrumento esencial de los habitantes para hacer valer su derecho a un ambiente sano, sin embargo, no puede entenderse el mismo como un mero ejercicio de una opinión, pues contrariamente a lo que se podría considerar a primera vista, esta participación exige ser entendida en forma amplia, por lo que consecuentemente, la misma implica tres dimensiones básicas –como lo reconoce la Declaración de Río de 1992–: el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación “per se” y el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Estas tres dimensiones contienen a su vez, una serie de derechos básicos de orden procesal –tanto en sede administrativa como judicial– que en conjunto aseguran a las personas que sus opiniones no se convertirán en un ejercicio vacío y retórico de la libertad de opinión, y que por el contrario, efectivamente serán tomadas en cuenta por la autoridad pública.

 

(...)

 

ii.– El derecho a la participación pública. Implica esta vertiente, la posibilidad para aquellas personas que puedan verse afectadas o que tengan interés sobre una decisión referente al ambiente, a manifestar desde temprano sus criterios, opiniones, puntos de vista o cuestionamientos sobre la misma, sin tener estas que encontrarse sometidas a formalidades específicas para llegar a ser tomadas en cuenta. Consecuentemente, la información que se dé al administrado debe contener resúmenes no técnicos, que permita a las personas comprender la magnitud de la discusión. Asimismo, conlleva a la existencia de adecuados plazos para, de previo a la participación, se lleve a cabo una etapa para que los ciudadanos se informen.

 

El derecho de participación dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta Sala en un reciente precedente (ver sentencia número 2002-06466 de las quince horas cincuenta minutos del dos de julio de dos mil dos) ha establecido que la obligación de la evaluación previa de impacto ambiental, se deriva como una consecuencia necesaria del artículo 50 de la Constitución Política, siendo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente

 

(...)

 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se caracteriza por ser un procedimiento administrativo con una nota diferenciadora,  pues lo que busca es eludir o minimizar la eventual configuración de un daño ambiental, dentro de la ejecución de actividades sobre las que existe certeza acerca del efecto perjudicial que éstas producirían sobre el ambiente, de llevarse a cabo sin mediar contención alguna. En otras palabras, este instrumento corresponde a la materialización del principio de prevención, por cuanto ante una actividad que se sabe de antemano que es dañosa para el ambiente, el interesado propone una serie de medidas tendientes a evitar o mitigar el detrimento ecológico, al órgano o ente público –en este caso la SETENA– que se encarga de determinar si las mismas son las más adecuadas para tal fin. Por consiguiente, dado que este procedimiento lo que persigue en todo momento es el prever cualquier consecuencia negativa, a través de un amplio flujo de información, resulta natural entender que una de sus características es que las personas que puedan verse afectadas por el desarrollo del proyecto puedan aportar datos o puntos de vista fundamentales, que las autoridades competentes a raíz de una conducta omisiva o arbitraria podrían ignorar o dejar de lado, desprotegiendo consecuentemente al ambiente. Es así como el principio o derecho de participación implica dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, un alto grado de publicidad, al punto de que cualquier acto o solicitud que tenga un efecto significativo sobre el resultado final del mismo, debe ser de alcance general para todos los interesados, de modo que estos puedan ejercer sus opiniones en cualquier momento y no ser encasillados a un momento procesal determinado. El papel de la población como defensor de un ambiente sano, va desde ‘la cuna hasta la tumba’, es decir, desde el inicio de la actividad productiva como proyecto, hasta el fin de su vida útil, por lo que no sería admisible que en una explotación encaminada a durar por un período de tiempo indefinido, inclusive décadas –como es el caso de los proyectos hidroeléctricos–, y de consecuencias irreversibles, se limite la participación de aquellos sectores sociales que puedan verse afectados, a una etapa procesal, que como una audiencia, puede durar sólo unas cuantas horas. Así, en razón de su naturaleza preventiva, es exigible que desde el mismo momento de su inicio, un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental deba ser puesto en conocimiento de la población a efectos de iniciar un fenómeno abierto de participación. (...)”  Lo que se encuentra resaltado no corresponde al original.

 

“… En virtud de lo expuesto, llevan razón los diputados consultantes puesto que la regulación que se pretende aprobar en el seno de la Asamblea Legislativa difiere el derecho a la participación ciudadana a un momento posterior a que se haya otorgado la concesión para la construcción, operación y administración de las marinas turísticas. En consecuencia, limita intensamente los derechos de los interesados a pronunciarse en relación a la conveniencia del proyecto en cuestión. Si bien, el artículo 9 del proyecto de ley prevé un procedimiento de consulta, audiencias públicas y oposiciones ante las autoridades competentes de otorgar la concesión, lo cierto es que, para ese momento, se carece de la información técnica apropiada de profesionales en la materia, que permita una participación fundamentada de parte de los interesados. Como se ha desarrollado a lo largo de esta consulta, la Evaluación de Impacto Ambiental se caracteriza por ser por un proceso de flujo de información relacionado con la conveniencia del proyecto, los eventuales efectos y los daños que se procuran minimizar. En consecuencia, realizar un procedimiento consultivo sin contar de previo con información apropiada de parte de profesionales en la materia, limita, sensiblemente, el derecho de las personas de participar activamente en el procedimiento que se analiza por carecer, hasta ese momento, de la información necesaria para oponerse o apoyar el proyecto que se trate. En efecto, se realiza una etapa consultiva sin que, hasta ese momento, se ponga en conocimiento de la ciudadanía el detalle del proyecto así como los eventuales efectos sobre el medio ambiente, siendo que, como se analizó en la sentencia supra citada el acceso a la información es un elemento trascendental al promover el derecho a la participación. Dicho propósito es destacado, igualmente, en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el cual, pone en evidencia que la intención de la audiencia que se realiza en el marco del EIA, es, precisamente, informar a la sociedad civil sobre la actividad, obra o proyecto que se pretende desarrollar y sus impactos (ver artículo 3, inciso 12). A la luz de lo anterior, postergar la Evaluación de Impacto Ambiental a un momento posterior al otorgamiento de la concesión, limita, sensiblemente, el derecho a la participación de las personas en relación a la defensa de un interés difuso, como lo es la efectiva y oportuna protección del medio ambiente. “

 

Tomando en cuenta el precedente mencionado, es evidente que la modificación del proyecto minero Crucitas requería, no sólo de un nuevo estudio de Impacto Ambiental, sino que era necesaria la convocatoria a una nueva Audiencia Pública. Según se dijo en la sentencia transcrita, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es un instrumento  que corresponde a la materialización del principio de prevención, por cuanto ante una actividad que se sabe de antemano que es dañosa para el ambiente, el interesado propone una serie de medidas tendientes a evitar o mitigar el detrimento ecológico, al órgano o ente público –en este caso la SETENA– que se encarga de determinar si tales medidas son las más adecuadas para tal fin. Por consiguiente, toda persona que pueda verse afectada por el desarrollo del proyecto puedan aportar datos o puntos de vista fundamentales. Así entonces, Setena no solicitó un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo al variarse el  diseño del Proyecto Crucitas presentado en diciembre del 2007 por la empresa (según el cual se modifica la extracción de 8.5 a 22 millones de toneladas en el total de rocas y suelo extraídos, multiplicándose por seis la profundidad de extracción), sino que lo aprueba el 04 de febrero del 2008, sin antes haber convocado nuevamente a audiencia pública, tal como lo hizo inicialmente, violándose así el derecho al ambiente y el derecho de participación ciudadana. Tómese en cuenta que, para quien suscribe este voto,  la convocatoria a la ciudadanía es responsabilidad de SETENA y nunca puede considerarse que reuniones convocadas por la empresa interesada con algunos grupos de la comunidad, puedan suplir dicha obligación constitucional. Nótese además que la modificación presentada implicaba, entre otros, un cambio drástico en la profundidad de las excavaciones, que pasarían de 15 metros a 67 metros (ver la resolución no.170-2008-SETENA del 04 de febrero del 2008 donde aprueba la modificación al proyecto), lo cual requería nuevamente de un estudio de impacto ambiental. El plazo de aprobación de la modificación, dos meses después de presentada, es a todas luces  insuficiente para realizar las valoraciones que las modificaciones ameritaban. No existe ninguna evidencia clara que demuestre que exista una similitud esencial entre el alcance y contenido del proyecto original y la modificación posterior, por esta razón un control técnico tan trascendental como el estudio de impacto ambiental y de igual forma, un control político tan importante como la consulta a los ciudadanos, no podían soslayarse.

 

C. La insuficiencia y debilidad  del cálculo sobre el costo medioambiental del proyecto. A partir de la simplificación y las omisiones en torno a la declaratoria del proyecto como de interés nacional, se evidencian contravenciones al bloque de constitucionalidad.- La declaratoria de conveniencia nacional del proyecto minero fue uno de los requisitos necesarios para otorgar la autorización del cambio de uso de suelo en el inmueble donde la empresa recurrida desarrolla el proyecto, toda vez que tales terrenos se encontraban clasificados como de cobertura boscosa. En este sentido, en virtud de lo establecido en el inciso b) del artículo 19 y el artículo 34 de la Ley Forestal, si el Poder Ejecutivo declara el proyecto de conveniencia nacional, se elimina la  prohibición de cambio de uso de suelo. Ahora bien, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria  (véase el inciso m del artículo 3 de la Ley Forestal) para que el Poder Ejecutivo proceda con dicha declaratoria, debe tenerse por acreditado que los  beneficios sociales del proyecto son mayores que los costos socio-ambientales. Por ello, es cierto, como lo dice el voto de mayoría que “En definitiva, si el Poder Ejecutivo estima que un proyecto minero puede o debe ser declarado de conveniencia nacional, deberá tener por acreditada la superioridad de los beneficios sobre los costos mediante la aplicación de los procedimientos o instrumentos apropiados.” Sin embargo, es justamente en este aspecto en que planteo mi voto disidente, pues el decreto del Poder Ejecutivo no fundamenta de forma debida, suficiente y certera que el proyecto minero en cuestión conlleve más beneficios que costos. Y los argumentos que brindan los  recurridos para tener por cumplido este requisito -que resulta trascendental para este Magistrado, entratándose de materia tan sensible como la ambiental- resultan inadmisibles, tal como se explica. En primer lugar, el informe de valoración económica de efectos ambientales y beneficios sociales realizado por Juan Muñoz Giró, si bien es cierto concluye que los beneficios son mayores a los costos, fue realizado en febrero del 2009 cuando el decreto data del 17 de octubre del 2008. Es decir, este informe no puede venir a sustentar el decreto pues, no sólo el informe es emitido con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto, sino que además, dicho informe es realizado hasta con posterioridad a la solicitud de prueba para mejor resolver que hiciera esta Sala el 25 de noviembre del 2008. En segundo lugar, no puede asumirse que, por el sólo hecho de contar el proyecto minero en cuestión con viabilidad ambiental, debe suponerse que con ello queda ya demostrada la superioridad de los beneficios respecto de los costos, tal como lo hace la Secretaria de SETENA mediante oficio SG-ASA-259-2008 del 10 de octubre del 2008. En este sentido, el fundamento que debió haber quedado demostrado en el decreto en cuestión, no queda suplido per se por el hecho de contar con la viabilidad ambiental. Máxime cuando, según se dijo en el párrafo anterior, el proyecto original fue modificado sin contar con una audiencia pública previa y sin que se realizara un nuevo estudio de impacto ambiental. En tercer lugar, del examen minucioso de lo que dice el decreto en cuestión, se observa que los únicos considerandos referidos a dicho sustento son los VII, VIII y IX, concentrándose el VII y IX en los beneficios –básicamente económicos- y el VIII someramente a los costos. Con lo cual, el decreto se refiere a los beneficios, pero prácticamente es nulo en la explicación de los costos, omisión que torna imposible hacer el  balance y la ponderación que requiere la minería metálica a cielo abierto.  En este caso, por las características y el impacto de este tipo de actividad minera, cuyos efectos al medio ambiente no son inocuos, se debieron evaluar los costos al medio ambiente del proyecto; esta evaluación incluye el tema del costo del agua, la biodiversidad, la movilización y traslado de miles de toneladas de tierra y piedras, etc. En una actividad de minería de este tipo, según se expuso, la evaluación no puede concentrarse en los parámetros económicos tradicionales,  sino que deben evaluarse otros insumos que usualmente pasan desapercibidos, especialmente los que se refieren al medio ambiente. Se requiere una valoración que determine el costo e impacto a la biosfera, al recurso hídrico, la diversidad biológica, etc. Sin duda alguna es importante evaluar el costo de los  impactos irreversibles en cientos de hectáreas en la cobertura boscosa (flora y fauna), aire, suelo, aguas superficiales, aguas subterráneas, geomorfología, paisaje y en las comunidades. El hecho que se ignore el costo de estos impactos irreparables, que no se contabilizan tradicionalmente, no los convierte en bienes constitucionalmente irrelevantes. La trascendencia y la complejidad que tiene el costo medioambiental requiere una evaluación específica y cuidadosa, evitando su minimización, como se hace en la declaratoria de conveniencia nacional.  La eliminación completa de cobertura vegetal y del suelo de un área de 227.6 has2., que incluye una extensión aproximada de 192 hectáreas de bosque (en diferentes grados de intervención y crecimiento) y 67 hectáreas de potrero, sin desconocer que el proyecto también incide sobre ecosistemas acuáticos como ríos, quebradas y caños. La formación de dos tajos de cincuenta hectáreas de extensión de cincuenta o sesenta metros de profundidad, son variaciones que tienen un costo medioambiental importante, cuyo efecto y contabilización no puede ignorarse. Los planes de compensación que de buena fe propone la empresa minera, quizás parte de una visión ingenua, de consecuencias impredecibles en las próximas décadas, pues bien sabemos que un bosque tropical y sus ambientes acuáticos, no se reponen de un día para otro; quizás se asume que se puede destruir la naturaleza y posteriormente restaurarla sin mayores quebrantos. Poco se conoce de muchas de las especies de árboles se cortarán en el proyecto,  especialmente  las más raras y endémicas. En este sentido, el proyecto minero “crucitas” contraviene el artículo cincuenta constitucional, porque no existe un fundamento cierto que demuestre que el costo y al daño al medio ambiente es inferior a los beneficios económicos que producirá el proyecto. El valor social que representa el medio ambiente, exige, en concordancia con la constitución, una evaluación privilegiada y cuidadosa.  Todas estas omisiones e insuficiencias inciden en el fundamento mismo de la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto. Una actividad a cielo abierto que tiene un costo medioambiental tan alto, requiere una evaluación de este extremo para alcanzar la legitimidad constitucional que exige un derecho de tanta trascendencia como el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En cuarto lugar, no existió un único documento que se refiriera a los costos socio ambientales, tal como se admitió en la vista realizada, además tampoco existía una única metodología predeterminada normativamente sobre la forma de ponderación dichos costos, todo lo cual otorga un margen de discrecionalidad muy amplio, situación incompatible con la certeza que se necesita tener en materia ambiental. Debo destacar que durante la audiencia oral celebrada en  noviembre del dos mil nueve, los representantes de SETENA manifestaron que no existía  un estudio específico sobre los costos y beneficios socio-ambientales. Esta imprecisión, si bien no demuestra, por sí misma,  una ignorancia absoluta sobre la evaluación mencionada, estimo que sí evidencia que ese punto no tuvo una consideración prioritaria y determinante, confirmándose la omisión e imprecisión que he mencionado respecto de la evaluación costo-beneficio socio-ambiental. En este sentido, sin pretender hacer una evaluación crítica sobre estudios específicos y especializados, cabe mencionar que la primera evaluación de costes que consta en el expediente del proyecto de minería metálica a cielo abierto de “CRUCITAS”, que es un documento de veinticinco páginas con un anexo que contiene un estudio de factibilidad de fecha seis de abril del dos mil uno, que  presentó el master Edwin Vega Araya, no contiene ninguna referencia específica sobre costos y beneficios socio-ambientales. Posteriormente, se presenta un estudio sobre valoración socio-ambiental y beneficios sociales del proyecto, que suscribe el profesor Juan Muñóz Giró; sin embargo, este estudio, como se expuso supra, se conoció después que se emitió el decreto que declaraba de conveniencia nacional el proyecto. Es decir, que la evaluación de los beneficios y costos socio-ambientales se hizo después que la Administración había considerado de conveniencia nacional el proyecto. Esta evaluación tardía y extemporánea de un extremo tan trascendental, evidencia que el costo medio ambiental no era un parámetro significativo y de relevancia. Indudablemente debió ser un enfoque imprescindible en el nuevo estudio de impacto ambiental que debió exigirse ante la variación sustancial del proyecto de explotación minera a cielo abierto. Finalmente, también resulta cuestionable y quizás merecía un análisis de constitucionalidad, lo relativo a las normas que posibilitan la declaratoria de conveniencia nacional de un proyecto de minería metálica a cielo abierto. Tal estudio requería un análisis de constitucionalidad, sin embargo, en el voto de mayoría, se desechó tal posibilidad. La declaratoria de conveniencia nacional del proyecto, exigía una evaluación específica del costo socio-ambiental, superando su tradicional invisibilización o infravaloración. El Poder Ejecutivo no procedió de forma constitucionalmente aceptable a sustentar que los beneficios del proyecto en cuestión  eran superiores a los costos, especialmente los socio-ambientales, por esta razón la declaratoria de interés nacional del proyecto minero “crucitas”, resulta inconstitucional, pues no cumple con las exigencias que contiene el artículo cincuenta de la constitución.

Conclusión: Conforme a los argumentos recién expuestos, quien suscribe este voto disidente estima que existían suficientes razones para declarar con lugar el recurso, por violación al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y al derecho de participación ciudadana, siendo lo procedente anular todo lo actuado con anterioridad a la aprobación del proyecto de modificación del proyecto minero, en cuento el decreto ejecutivo que declaró la actividad de conveniencia nacional, para que en su lugar SETENA procediera a convocar nuevamente a una audiencia pública antes de aprobar la modificación, y procediera nuevamente a realizar un estudio de impacto ambiental.

                                              

Fernando Cruz Castro

                                                       Magistrado

 

 

Nota separa del magistrado Cruz Castro:

 

Las debilidades institucionales en la evaluación y el control de los temas de medio ambiente. En la discusión y análisis de la minería metálica a cielo abierto del proyecto crucitas, he identificado algunas debilidades que comprometen el control eficaz y oportuno de las actividades que inciden en el medio ambiente.  Dentro de las posibles debilidades mencionadas, destaco las siguientes:

1- No es  conveniente que la financiación del costo del regente ambiental lo asuma la corporación sometida al control medio ambiental.  Este vínculo entre el contralor y el controlado, podría distorsionar seriamente las funciones que debe cumplir el regente ambiental.

2- En proyectos de trascendencia medioambiental, el estudio de impacto ambiental (EIA) debe tener un procedimiento de control y evaluación que no dependa, exclusivamente, del Poder Ejecutivo; en este sentido, se podría potenciar un régimen jurídico legal que le reconozca a los centros universitarios del país un mayor protagonismo en el análisis y evaluación de los estudios de impacto ambiental.  El fortalecimiento de la instancia de control y evaluación es conveniente,  porque no puede ignorarse que el estudio de impacto ambiental lo financia la empresa que pretende demostrar que su actividad no contraviene las exigencias del artículo cincuenta de la Constitución.  

3- Las graves limitaciones de recursos de las instituciones estatales encargadas del medio ambiente, es palpable en el caso de la concesión de la minería a cielo abierto de crucitas, ya que SENARA no pudo realizar  un estudio hidrogeológico, debiendo validar el que presentó la empresa ECOAMBIENTE S.A. y que fue sufragado por la misma corporación que gestiona la concesión.

4- La debilidad estatal en las actividades de control y supervisión de la concesión minera crucitas, también se evidencia ante las obligaciones que asume la empresa Industrias Infinito, al establecer el contrato de concesión que la empresa deberá prestar colaboración con el Gobierno en la capacitación de funcionarios públicos de las dependencias que deben ejercer control de la actividad minera. Esta capacitación pretende que los funcionarios adquieran criterios idóneos. Nuevamente la empresa fiscalizada tiene una clara incidencia en la definición y el perfil de los parámetros a los que podría ser sometida.

Las debilidades mencionadas evidencian las graves limitaciones que tiene la Administración frente a un mandato de tanta trascendencia como el que contiene el artículo cincuenta de la Constitución. La tutela de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado requiere una mejor definición institucional y  mayor cantidad de recursos, especialmente si se pretende evitar que la actividad minera ocasione daños graves e irreparables al ambiente.

 

 

 

Fernando Cruz C.

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 16:38:58.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Normal

Large
Small

Constitutional Chamber

Resolution No. 06922 - 2010

Date of Resolution: April 16, 2010 at 14:35

Case File: 08-014068-0007-CO

Drafted by: Luis Paulino Mora Mora

Type of matter: Amparo remedy

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Judgment with Dissenting Vote

Judgment with separate note

Relevance Indicators

Relevant judgment

Key judgment

Structural judgment

Related Judgments

Judgment with protected data, in accordance with current regulations



Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Theme: ENVIRONMENT

Subthemes:

CONCESSION.

06922-10. ENVIRONMENT. CRUCITAS MINING PROJECT. ON POLITICAL RESPONSIBILITY IN OPEN-PIT METALLIC MINING, ITS AUTHORIZATION AND PROHIBITION BY PUBLIC POWERS, AND THE POSSIBLE RESCISSION OF CONCESSIONS GRANTED BY THE EXECUTIVE BRANCH. PROTECTION OF GROUNDWATER. BY MAJORITY, THE REMEDY IS GRANTED, SOLELY BECAUSE THE ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY WAS APPROVED WITHOUT THE PRIOR OPINION OF THE SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. IN ALL OTHER RESPECTS, BY MAJORITY, THE REMEDY IS DENIED.

“(…) XVIII.- Ultimately, it is clear that the right to a healthy and ecologically balanced environment grants special protection to biodiversity and groundwater, for which reason and in application of the precautionary principle in environmental matters, economic activities with environmental impact must be authorized when there is scientific certainty that such impact does not imply a risk or threat to the environment. It is for this reason that the administration must always carry out the necessary environmental assessment (evaluación ambiental), which must be shared publicly with the affected population, so that after a rigorous and detailed analysis the administration issues the corresponding environmental viability (viabilidad ambiental) in a reasoned manner. The disregard and non-observance of these normatively and jurisprudentially defined aspects results in the violation of the aforementioned right to a healthy environment, and thus administrative actions so ordered are equally violative of this fundamental right. (…)” VCG07/2020

 RE/CO

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Other References: Judgment: 5445-99, 2486-02, 13526-08, 1923-04, 14092-08, 15657-08, 1763-94, 9927-04, 6322-03, 13414-04, 4818-03

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Theme: 121- Powers of the Legislative Assembly

Subthemes:

NOT APPLICABLE.

Articles 121 and 140 of the Political Constitution

“(…) In a Social and Democratic Rule-of-Law State, it is clear that environmental policy is a competence of the Legislative and Executive Branches, not of the Judicial Branch, and consequently not of the Tribunal, Chamber, or Constitutional Court. The foregoing implies that it falls outside the scope of competence of the constitutional jurisdiction to determine generically whether or not open-pit metallic mining should be permitted in the country, since, as indicated, that is a competence and responsibility proper to the Legislative and Executive Branches, who have assessed this form of exploitation of the national territory's riches as viable. Thus, the case under study is the result of decisions and policies of those Branches of the State. From this perspective, open-pit mining (minería a cielo abierto) is possible in our country, because those Branches have so decided in the exercise of their constitutional and legal competences (Código de Minería, Ley Orgánica del Ambiente and their regulations). (…)” VCG07/2020

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Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

Theme: 057- Amparo against private legal subjects

Subthemes:

NOT APPLICABLE.

Article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction

“(…)  II.- On amparo remedies against private legal subjects. Due to their exceptional nature, the ordinary processing of amparo remedies against private legal subjects requires beginning by examining whether, in the specific case, one is faced with any of the scenarios that make it admissible, in order to—subsequently and if affirmative—elucidate whether it is estimable or not; this is necessary in the case under study because one of the respondent parties is the company Industrias Infinito Sociedad Anónima, which is evidently a private legal subject. Article fifty-seven of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that the amparo remedy is available against actions or omissions of private legal subjects when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or when they are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in article two, subsection a) of the same Law. In the specific case, compliance with these requirements is clear, since in its capacity as developer of an open-pit mining project, the respondent company is engaged in sensitive activities that may place the environment in a position of fragility or precariousness against which ordinary jurisdictional remedies would not be sufficient or timely, which imposes the need to assess compliance with the constitutional dimension of environmental protection. (…)” VCG07/2020

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Theme: 050- Environment

Subthemes:

NOT APPLICABLE.

Article 50 of the Political Constitution

“(…) In this sense, the control and oversight of environmental subject matter and activity constitutes an essential function of the State according to Article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in what is relevant, in the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; which is concordant with the constitutional principle established in the second paragraph of Article nine of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of the State from delegating the exercise of functions that are proper to them, especially when they constitute essential ones. In this way, regarding environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the charge of the various administrative dependencies. (…)” VCG07/2020

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Theme: Coordination

Subthemes:

NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF COORDINATION

“(…) IX.- The coordination of public institutions in comprehensive environmental protection. There is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inadequate use of natural resources that endanger the health of the administered. In this task, public institution is understood to mean both the Central Administration—Ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility with respect to environmental conservation and preservation; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)—as well as decentralized institutions such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the SENARA, the Instituto Costarricense de Turismo, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Likewise, in this task, municipalities have great responsibility with respect to their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, one might think that this multiple responsibility would provoke chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various involved parties, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various dependencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. (…)” VCG07/2020

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Theme: 069- Rational exploitation of the land

Subthemes:

NOT APPLICABLE.

Article 69 of the Political Constitution

“(…) XIV.- Environmental protection and its relationship with sustainable development. Rational use of resources. A balance between the country's development and the right to the environment. Based on Article 69 of the Constitution, inasmuch as it provides for the "rational use of natural resources," the Chamber has identified the constitutional parameters for their adequate use. By virtue of these parameters, environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political-order relationships—sustainable development—in order to thereby safeguard the patrimony to which present and future generations have a right. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains are obtained—freedom of enterprise—but also a favorable development and evolution of the environment and natural resources with human beings, that is, without causing harm or detriment. (…)” VCG07/2020

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Theme: Publicity.

Subthemes:

NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF PUBLICITY.

“(…) XVII.- On the environmental assessment procedure and the necessary communication, information, and dialogue with the population. Carrying out the environmental assessment (evaluación ambiental) in the aforementioned terms implies compliance with the normatively established steps for the actions of the involved public authorities, especially the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Within this procedure, particularly relevant is the need to publicly inform the population that may be positively or negatively affected by the execution of works with environmental impact, transcending the mere transmission of information to foster the establishment of a dialogue that provides input prior to the granting of environmental viability (viabilidad ambiental). (…)” VCG07/2020

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Type of content: Dissenting vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Theme: ENVIRONMENT

Subthemes:

CONCESSION.

DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES JINESTA AND CASTILLO

Magistrates Jinesta and Castillo, with the former drafting, dissent and deny the remedy, for the following considerations:

I.- ON THE “PRIOR HYDROGEOLOGICAL STUDY OF THE ENTIRE PROJECT AREA VALIDATED BY SENARA.” REQUIREMENT NOT DEMANDED BY THE CURRENT LEGAL SYSTEM. The environmental legal system defines, with precision and clarity, for reasons of legal security and certainty—constitutional values of the first order, Article 34 of the Constitution—of citizens, entrepreneurs, and investors or, in general, the administered, the requirements that must be observed to develop an activity that may harm the environment. Thus, for the specific case, both Decreto Ejecutivo No. 25705 of October 8, 1996—in force until May 2004—called “Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental” and No. 31849 of May 24, 2004 called “Reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental,” do not directly refer to hydrogeological studies. For the period in which Decreto Ejecutivo N. 25705 was in force, the regulations that refer to hydrogeological studies are the Código de Minería and the Regulation to that legislative instrument. Thus, the Reglamento al Código de Minería in its Article 26, point 1.4 establishes that the mining exploitation program must contain information on “1.4. Hydrogeology. 1.4.1 Models of existing aquifers. 1.4.2 Water intakes and springs (nacientes).” According to Article 77 of the Código de Minería, the technical documentation must be endorsed “(…) by a geologist or by a mining engineer, duly incorporated into his respective professional association.” Upon issuance of Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, numeral 27 of that regulatory body refers to the “Manual de EIA”—Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de evaluación de impacto ambiental—which was approved by Decreto Ejecutivo No. 32712 of July 19, 2005. This manual does make reference, in Section III, to the “Protocolo para la Hidrogeología ambiental de la finca,” with which “mining quarries or underground mining” must comply (point 1.6), with point 2, entitled “Responsibles for carrying out the environmental hydrogeology study” clearly precepts that “Environmental hydrogeology studies must be carried out by geology professionals, duly authorized by current legislation in the country to carry out this type of study.” Under this understanding, it is sufficiently clear that the current regulations do not impose, as part of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental), that hydrogeological studies be carried out by SENARA or, eventually, subsequently validated by this entity. This Constitutional Court in previous votes has not established this additional requirement; if it is interpreted in that way, it is erroneous. What this Court has admitted, through the figure of requesting additional information or reports, is that the hydrogeological studies that have been carried out be reviewed by that public entity, or that it issue a report on the location and extent of a specific aquifer—in the event it has it identified or located—since among its express competences is “Carrying out, coordinating, promoting, and keeping updated hydrological, hydrogeological investigations (...)” and “Preparation and updating of an inventory of national waters (…)”. This has occurred in past cases, when it concerns aquifers susceptible to being exploited for human consumption, not when it is sufficiently proven that they are not suitable for such effect because they are confined aquifers (acuitardos) or because they contain high levels of acidity and other metals and, consequently, are not suitable for human consumption, as was demonstrated for the sub-lite. From such facultative actions of this Court, a new requirement not demanded by the legal system cannot be extracted or inferred. In the specific case, hydrogeologist Virgilio Rodríguez Estrada, in 2002, presented as an annex to the Estudio de Impacto Ambiental the hydrogeological study that supported the hydrography in the project area (folios 196-208 of the Estudio de Impacto Ambiental); additionally, the same professional, in the year 2007, carried out an update of said studies for the proposed change to the Estudio de Impacto Ambiental (chapter 3, pages 19-21). It should be added that such studies were supported, in turn, by the preceding 10-year hydrogeological investigation and based on the drilling of more than 190 “core” wells that allowed knowing the detail of the geological and hydrogeological structure of the project's location area, such as Geotest of 1996, Marcelino Losilla of 1996, Pitteau Associates of 1998, Golders of 1998 and 2006, and Hugo Rodríguez 2001 and 2007. As can be seen, the company developing the project with such studies fully complied with what the legal system imposes. We consider that demanding requirements that are not predetermined by the environmental legal system provokes a considerable level of insecurity and uncertainty among persons who intend to undertake a potentially contaminating activity; additionally, it flagrantly injures the principle of legitimate expectations (confianza legítima) and the good faith of the administered in the prior actions of public administrations, who, in essence, do not know what to expect, losing any margin of predictability in administrative proceedings, since a jurisdictional control body—of legality or constitutionality—may—under the majority thesis—at any time, create or devise new requirements that are not expressly established.

II.- ON THE ORDERS TO ACT ISSUED IN THE DISPOSITIVE PART OF THE VOTE. An estimatory judgment of a condemnatory nature, in amparo matters, may contain, in order to reestablish the effective enjoyment of fundamental rights, orders to do, not to do, or to give, when it is verified, respectively, that obligations have been breached—omitted—or some irregular action has been verified that demands its immediate cessation. This follows from the literal tenor and the doctrine that informs Article 49 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional; however, in the present matter, the majority issued a series of orders to do, both to MINAET, SETENA, SENARA, the company itself in charge of the mining exploitation, and the environmental regent (regente ambiental), all for the sake of the precautionary principle (principio precautorio). However, the imposition of such orders to do was not preceded by the verification or demonstration of non-compliance with prior obligations or duties. In other terms, a series of obligations to do or to act are imposed with the purpose of avoiding any future environmental damage or harm, which should be based on a prior breach and, above all, not on the precautionary principle that imposes, given scientific uncertainty, abstention from carrying out an activity, but rather on the preventive principle. We understand that, within the obligations of the Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, the organs and entities involved in the authorization and oversight of the project must, as a matter of course, comply with all the orders now being issued. In our judgment, since omissions or breaches of pre-existing obligations that injure fundamental rights were not verified by the organs, entities, and legal persons ordered to act, what was appropriate was to indicate such provisions in the recital part of the judgment and order that the involved parties “take note” of them, which has been the usual practice of this Court under such circumstances.

III.- COROLLARY. By virtue of the considerations set forth, in our judgment the remedies should be dismissed in all their aspects.

Ernesto Jinesta L. / Fernando Castillo V.

VCG08/2020

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Type of content: Separate note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Theme: ENVIRONMENT

Subthemes:

CONCESSION.

Exp. 08-0014068-007-CO

SEPARATE NOTE OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ

The undersigned considers that the amparo remedy must be rejected, in addition to the reasons outlined, for others, which I explain immediately.

As is well known, the competence of the Constitutional Court is limited to guaranteeing the fundamental rights and freedoms enshrined in the Political Constitution and in the international human rights instruments in force in Costa Rica (Article 1 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In the case at hand, the right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Code) for all inhabitants of the Republic and even for the Costa Rican Nation (those present and those yet unborn). For this purpose, as for other fundamental rights and freedoms, the constitutional jurisdiction, understood for this case as the faculty or power of the State to definitively and coercively resolve conflicts arising from the threat or violation of those rights and freedoms, has designed a constitutional process, in this case of guarantees, that has a series of characteristics that differentiate it from others, such as habeas corpus—also a guarantee process—and the constitutional processes for the defense of the Constitution, and define its object.

The constitutional amparo (recurso de amparo) process, in our system, is direct, ordinary, and summary. It is a simple, informal, and easily accessible process, in which the involved parties are granted due guarantees. Unlike plenary cognition processes, the amparo process is a most summary avenue, whose object, when the violation or threat to the environment is at stake, is to address serious harms or threats to it, which excludes, from the outset, the discussion and resolution of technical aspects, which are proper to another jurisdiction as will be explained later, which obliges us to address the issue of the nature of this process in relation to environmental matters.

I.- On the proper nature of the amparo remedy and environmental matters

This Chamber, in judgment number 2001-13294 of 12:05 hours on December 21, 2001, hearing an amparo, had delimited the competence of the constitutional jurisdiction in this type of matters, when it indicated:

“…It follows from the initial brief that the claimant radically opposes hydrocarbon exploitation as such, regardless of the management given to that activity. It is worth clarifying from the outset that this exploitation is permitted by the Ley de Hidrocarburos, provided that the requirements for environmental protection are respected. Discussing whether the activity is in itself harmful to the environment, independently of the technical and legal regulations that subject it, is not the object of this amparo; such a discussion could be the object of a potential unconstitutionality action, but not of an amparo. It is also worth clarifying that this Chamber rules on the claimant's allegations to the extent that those alleged violations harm a fundamental right. Conversely, if the errors do not violate, in the specific case, any fundamental right, we are faced with a mere legality defect that must be challenged in the corresponding avenue…”. (Underlining and highlighting not in the original).

Furthermore, it is important for the issue now before us in this amparo, that in the mentioned judgment the Chamber stated: “It is not for this Court to technically evaluate the environmental impact of the hydrocarbon extraction activity: the amparo remedy is not a plenary avenue that has at its disposal the necessary evidentiary means for such a task”. (Highlighting not in the original).

The above delimitation leads to a correct vision of the constitutional jurisdiction, in which one must start from the summary nature of the amparo remedy, we would even say most summary, a characteristic derived from the pressing need to resolve the object of the remedy, according to the provisions of Article one of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, circumscribed basically to the restitution of the fundamental right as a guarantee of respect for a minimum of protection for persons enshrined within the law of the constitution, so that only those claims raised in this special forum that involve an evident violation of the bundle of fundamental rights should be admitted. Otherwise, when in a brief the aspect raised concerns the legality of administrative action, even if loosely linked to a fundamental right, the amparo is not appropriate, since the result of receiving this type of claims is the denaturation of the amparo process. The issue is not entirely unproblematic, as the delimitation of what is or is not constitutional is a casuistic conflict, meaning that the Chamber, in the admissibility process, must analyze each case, taking into account the existence of a very thin connecting thread between the constitutionality and legality of matters, insofar as every legal aspect has a constitutional root, which does not imply invariably and necessarily that it must be analyzed and resolved in the constitutional jurisdiction. Precisely, the failure to clearly delimit this situation has given rise to misuse of the jurisdiction and the guarantees established in numeral 48 of the Political Constitution, often with the support of the Constitutional Chamber itself, when matters have been resolved in this forum despite their ordinary nature, interfering in areas not proper to it, even substituting the activity of the Administration entrusted in the Constitution to the Executive Branch, to the detriment of the principle of separation of powers or functions.

Given the connection between constitutional and contentious-administrative matters, the ordinary contentious-administrative process has recently been strengthened, with the enactment, by the Legislative Assembly, of Law No. 8508 of April 28, 2006, in which the idea conceived in Article 49 of the Political Constitution was better developed, providing an expeditious avenue for the resolution of matters against the Administration, establishing objective and subjective control; objective control over the legality of the administrative function; and subjective control over the protection of legal situations, subjective rights, and legitimate interests. Based on this Article 49, as well as on the principles of effective judicial protection and legality, any dispute arising against the Administration has the possibility of being ventilated, in the first instance, in the administrative forum—nowadays, exhaustion of the administrative avenue is optional except for the exceptions that will be indicated later—whether through the procedure followed for this purpose, applying the Second Book of the Ley General de la Administración Pública or in special regulations, thereby empowering the Administration to resolve disputes presented by the parties, obtaining the issuance of an act or provision of the Public Administration that resolves the conflict and is in accordance with the application of current regulations. Even without exhausting the administrative avenue, there is now a jurisdictional system for the protection of individualized subjective situations, with expanded powers of the judge, in order to obtain greater protection of the subjective rights and legitimate interests of the administered, in contrast to what was public and notorious with the previous system (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa), which was characterized by its tardiness in resolving, applying a design based on writing and having as its center the control of the administrative act (objective control). Now, the modern contentious procedural regulation is based on a broad range of principles such as orality, as a starting point, with the legislator betting on the streamlining of proceedings, passing through the fundamental ones of due process and procedural equality of the parties. Also, some others, among which are: Semi-formalism of procedure; the breadth of the judge's powers; flexibility of challenges; the opening up of active and passive legal standing, as well as procedural capacity; the extensive scope of precautionary measures; the immediacy, contradiction, and concentration of evidence; the strengthening of alternative dispute resolution measures; conciliatory specialization; the adaptation of justice to social reality and needs; the reinforcement of full control over the administrative function; finally, the optional nature of exhausting the administrative avenue, except for administrative contracting, Civil Registry—Article 102 subsection 4) of the Political Constitution—and municipal matters (provided they are exhausted by the Contraloría General de la República, the Tribunal Supremo de Elecciones, or the Tribunal Contencioso Administrativo, respectively), with this possibility for the administered being granted first by a judgment of the Constitutional Chamber, namely number 2006-03669 of 15:00 hours on March 15, 2006, in which, among other reasons, it was indicated that the administered could not be subjected to a via crucis that meant obliging them to exhaust the corresponding administrative avenue prior to going to the judicial process, since, in practice, exhaustion did not always succeed in getting the Administration to revoke its own action, despite determining, for example, even the nullity of the act.

An aspect that, subsequent to the aforementioned ruling, the Contentious-Administrative Procedure Code incorporated as a basic principle of its process.

All of this has resulted in a more agile and effective contentious-administrative process, as already corroborated in practice since early 2008, with a system designed so that individuals can air their legality issues, obtaining a timely solution. Furthermore, in addition to the more expeditious processing that the contentious-administrative process now generally entails, there is another possibility, the so-called preferential procedure (trámite preferente), set forth in Article 60 of the contentious-administrative procedural regulations, by means of which cases may be summarily processed due to urgency, necessity, or significance for the public interest. Moreover, a determining factor must be distinguished: the assessment of evidence in both processes, since due to the summary nature of the amparo proceeding (amparo), broad reception and analysis is not possible at the constitutional level; conversely, the contentious-administrative process is more protective of guarantees. Indeed, in the ordinary process, evidence is proposed and passes through a filter at the preliminary hearing, with the parties having the opportunity to concretely define the evidence that will be analyzed at the final hearing; thus, by the time the oral trial arrives, it has been previously sanitized, facilitating its treatment in the debate in a technical and comprehensive manner, which results in a greater guarantee for individuals, besides the possibility the parties have to resort to the extraordinary appeal of cassation, whether for violation of procedural rules or for breach of substantive rules of the legal system; an appeal of cassation devoid of formalities, which confirms effective access to justice in the new contentious-administrative jurisdiction. This is precisely the reason why matters requiring a more technical study of the evidence must be referred to the contentious-administrative jurisdiction due to its specialty and the design of agile, protective, and full-cognition processes.

In short, not only legality issues must be heard by the contentious-administrative jurisdiction, but also all those matters where technical aspects related to the environment are discussed, since the processes provided for by that jurisdiction are the ideal ones to resolve, in accordance with Law and Justice, that type of dispute, unlike the constitutional amparo proceeding, whose nature prevents addressing them. Due to its nature, the amparo proceeding is not the appropriate means to discuss the complex technical and ecological aspects inherent to environmental conflicts. In this type of proceeding, an adequate approach to technical and scientific elements is not possible.

II.- On the competence of the Constitutional Chamber in environmental matters in the constitutional amparo proceeding

At this point in our exposition, a question arises, which is to determine what the competence of the Constitutional Court in environmental matters in amparo proceedings is. Firstly, it must be said that it is competent to verify that there is no manifest unreasonableness by the competent authorities in their actions or decisions. In these cases, the standard of control by the Court over the Administration’s decisions and actions is limited to verifying that they are supported by technical studies that guarantee, precisely, the fundamental right. This is the extent of the Court's competence. The foregoing means that the amparo proceeding is not a venue for discussing whether a technical study is correct or incorrect, whether a technical study presents flaws or not, much less for refuting the technical studies that served as the basis for the Administration’s actions and resolutions, whether an executive decree is well or poorly reasoned, whether an executive decree breaches legal regulations, etc., since these matters are proper to another jurisdiction, as indicated above.

On the other hand, the Constitutional Court also has competence, both in constitutional amparo proceedings and in constitutional defense of the Constitution proceedings, to guarantee the constitutional principles that govern or inform the right to a healthy and ecologically balanced environment. Thus, the Court must ensure that the State fulfills its tutelary and guiding function in environmental matters. "Prima facie, to guarantee is to ensure and protect the right against some risk or necessity, to defend is to prohibit, bar, and impede any activity that threatens the right, and to preserve is an action aimed at anticipatorily shielding the right from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements" (2000-9193).

Furthermore, it must guarantee the principle of rational use of resources, so that there is the necessary balance between the country’s development and the right to the environment. It must also protect the principle of environmental quality, which constitutes a fundamental parameter of quality of life. Thus, it has held that the right to a healthy and ecologically balanced environment implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through rational exercise and useful enjoyment thereof (2003-6322).

The same occurs with the precautionary principle, also called the principle of prudent avoidance, which gained force with the Rio Declaration of 1992 (Earth Summit). Based on it, it has held that, prior to the commencement of any work, the environmental impact assessment must be conducted. Additionally, only in the event of a declared state of necessity may compliance with environmental regulations be exempted. Along this same line of thought, the Constitutional Court cannot admit the argument that the lack of economic resources of public institutions justifies omissions in environmental matters. Indeed, “(...) the lack of budgets (economic, material resources and/or qualified personnel) cannot constitute a limit between respect for and violation of fundamental rights, that is, it cannot be a reason for the Administration not to act and take concrete actions so that, through its management, it finds a solution to the problems that individuals require of it in environmental matters...” (2003-6322).

On the other hand, it cannot admit that tacit approval operates in this matter and that citizen participation may be bypassed, as it constitutes a consequence of the democratic principle and encompasses the right to information regarding environmental projects or those that may cause harm to natural resources and the environment and the guarantee of effective participation in decision-making.

III.- Control of administrative discretion is the competence of the contentious-administrative jurisdiction, not the constitutional jurisdiction

As is well known, administrative discretion is the possibility granted by the legal system to the Administration to choose among several alternatives the one that best satisfies public interests. From this point of view, discretion entails action within the legal system, unlike arbitrariness, whose action is outside or against it. In the case of discretion, the Administration must assess the circumstances, determine which is the most viable alternative, and weigh interests in an activity aimed at realizing the public interest. Unlike what occurs with regulated powers, where there is no margin of appreciation, reducing the Administration’s activity to verifying the factual premise that the rule provides for its exercise, in this mode of administrative function, the Administration has a greater margin of action.

Now then, by constitutional imperative (Article 49), the control of legality, and thus the exercise of discretionary powers by the Administration, is an exclusive and excluding competence of the contentious-administrative judge. In accordance with the above, Article 16 of the General Public Administration Law indicates, with complete clarity, that the judge—meaning the contentious-administrative judge—shall control the conformity of the discretionary elements of the Administration’s acts based on the unequivocal rules of science or technique or on the fundamental principles of justice, logic, or convenience, as if exercising a legality controller. Moreover, doctrine has designed a series of techniques for controlling administrative discretion, among others: determining facts, general principles of law, and undefined legal concepts. Thus, everything related to the discretion of the technical aspects supporting a decision or action of the Administration must be aired in the contentious-administrative jurisdiction, not in the constitutional jurisdiction. Therefore, if the discussion concerns different technically or scientifically sustainable alternatives that are better than the one adopted or approved by the Administration, it is a matter proper to administrative discretion, which must be discussed at the contentious-administrative level. As indicated previously, in these cases, the Constitutional Court has its competence limited to determining that the Administration’s decision or action has a technical basis and respects the principles or rules that govern the right to a healthy and ecologically balanced environment; ergo, it is not competent to elucidate whether the technical study contains errors or not, or whether there are other alternatives that better guarantee that fundamental right.

IV.- On the specific case

As has been demonstrated—proven facts—the actions of the Public Administration are supported by technical studies, so we are not in the presence of manifestly irrational actions and decisions that affect the fundamental right of the inhabitants of the Costa Rican Nation to a healthy and ecologically balanced environment. By way of example: there are feasibility studies for the mining project, there are environmental impact assessments for the project, the public hearing for the project was held, there is a population study of timber species, there is a forest management plan to guarantee the rational use of natural resources in the areas under the mining project’s administration, there is an environmental management plan, there is a hydrogeological study, there is a report “Cianuro y su Aplicación en Crucitas” where it is concluded that the required levels of cyanide destruction are achieved when effluents are treated with the combinox process, there is a report on the potential acid rock drainage, etc. Thus, the amparo action must be dismissed, since after analyzing the Administration’s actions and resolutions, the necessary conclusion is reached that they are supported by technical studies, thereby complying with the constitutional requirement to guarantee the inhabitants of the Republic the right to a healthy and ecologically balanced environment. Now, in all cases where the claim seeks to call into question the seriousness or solidity of those studies, the corresponding avenue for this is the contentious-administrative jurisdiction, not the constitutional jurisdiction. Furthermore, in the contentious-administrative jurisdiction, the ordinary proceeding filed by the Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre against the State and the Empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima is being processed under judicial file no. 08-001282-1027-CA, whose claims are—to be declared in judgment—the non-conformity with the legal system of: a) resolution number 3638-2005-SETENA of December twelfth, two thousand five, by which environmental viability was granted to the Crucitas Mining Project (folio 37 of that file); b) resolution number 170-2008 SETENA of February fourth, two thousand eight, in which modifications to the environmental impact assessment for the Crucitas Mining Project were approved (folio 38 of that file); c) resolution number 217 issued by the Dirección de Geología y Minas on April twenty-first, two thousand eight, by means of which the open-pit mining exploitation concession was granted in favor of the company Industrias Infinito Sociedad Anónima (folio 38 of that file); d) Executive Decree number 34801-MINAET, in which the Executive Branch declared the Crucitas Mining Project developed by the company Industrias Infinito Sociedad Anónima to be of public interest and national convenience (folios 40 and 41 of that file).

Fernando Castillo V. Judge

FCV/pmc.-

VCG08/2020

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Type of content: Dissenting vote

Branch of Law: 4. CONSTITUTIONAL PROTECTION MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

CONCESSION.

DISSENTING VOTE OF JUDGE ARMIJO: I respectfully depart from the decision adopted by the majority of the Chamber, based on the following arguments:

A. The Impact of the Crucitas mining project on biodiversity. I consider that allowing the project challenged in this appeal to continue being executed implies a manifest violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, evidenced in the following aspects and based on the statements, documentation, and questions that were extensively analyzed in the hearings held before the Chamber on November 12, 13, 16, and 17, 2009:

A.1. Open-pit gold mining by cyanide leaching causes, in itself, serious environmental harm.

a) General considerations of this mining method and its consequences: Gold mining, by various companies, has been gaining ground due to significant increases in mineral prices (it soared in 2008 and exceeded $1,100 per ounce in April 2010, according to information from the website www.kitco.com), as well as the use of more profitable extraction methods, based on production costs in poor-grade deposits, such as extraction technology by cyanide leaching.

This technology has come to replace gold recovery by mercury amalgamation, a less efficient process in terms of recovery, as it allows only 60% recovery of the mineral, compared to over 97% in the case of cyanide extraction.

As explained in the November 2009 hearing and, principally, in the special report on open-pit chemical mining, prepared by a commission created by the University Council of the Universidad de Costa Rica, and in which specialists in Biology, Chemistry, Geography, and Geology participated, extraction by cyanide leaching, combined with open-pit mining, is capable of impacting large tracts of land. It involves the removal of metals from rocks and soil through the use of chemical compounds with high affinity for these materials. In its large-scale development, this technology allows the exploitation of large volumes of rock and soil, where metals are found in low concentrations. The process requires the removal, crushing, and chemical processing of surface and deep layers over large areas, where all forms of life are destroyed or removed. The process is intrinsically harmful to the environment, since the need to extract large volumes of soil and rock for processing has serious impacts of three orders, by forcing the elimination of surface and soil biodiversity in: a) the extraction area, b) the mineral processing area, and c) the processing waste deposit area. The result is a large-scale transformation of the landscape and the opening of wide craters. Since deposits may be found under forest areas, aquifer recharge zones, or generally in areas with environmental fragility, the development of open-pit mining projects often requires the disappearance of ecosystems of interest for the conservation and protection of environmental services. During operations, previously extracted waste material is used. The ores (rocks containing the mineral) are crushed and piled into a heap placed on a leach pad. Once the crushed mineral is piled on the leach pad, it is uniformly sprayed with a cyanide solution, which leaches (washes and amalgamates) the microscopic gold particles from the mineral as it percolates through the heap. The gold-bearing cyanide solution—called the "pregnant" solution—flows by gravity to a storage pond. From the storage pond, pumps or lined ditches are used to convey the solution to the metal recovery plant. The precipitate is then smelted to recover the gold. The final products of this process are gold bars and a "barren" (gold-free) cyanide solution, which is transferred by pumps to a storage pond. Waste material consisting of impurities, including heavy metals, is also generated. These tailings are typically discharged into a waste material heap.

The high toxicity of cyanide and its natural reactivity are well-known. Its harmful effects on fish, wildlife, and humans have been documented. Cyanide is extremely toxic to plants and animals. Cyanide spills can kill vegetation and impact the photosynthesis and reproductive capacities of plants. As for animals, cyanide can be absorbed through the skin, ingested, or inhaled. Air concentrations of 200 parts per million (ppm) of hydrogen cyanide are lethal to animals, while concentrations as low as 0.1 milligrams per liter (mg/l) are lethal to sensitive aquatic species. Lethal doses for humans are, if ingested, 1 to 3 mg/Kg of body weight; if assimilated, 100-300 mg/Kg; and if inhaled, 100-300 ppm. This means a portion of cyanide smaller than a grain of rice would be enough to kill an adult. Long-term exposure to a sublethal dose could cause headaches, loss of appetite, weakness, nausea, dizziness, and irritation of the eyes and respiratory system. However, there are no recorded cases of human fatalities at mines using cyanide leaching techniques.

Mine workers often come into contact with cyanide, especially during the preparation of the cyanide solution and the recovery of gold from the solution. For mine workers, the risks are cyanide dust, hydrogen cyanide (HCN) vapors in the air from the cyanide solution, and skin contact with the cyanide solution.

Mines using cyanide leaching extraction are ticking time bombs for the environment, as indicated in the extensive 1992 study by the National Wildlife Federation of the United States: wildlife habitats and watersheds are disrupted, with problems such as cyanide ponds enticing wildlife. The death of wild animals, especially birds, attracted by the lure of these water-mirror ponds, has been frequently recorded; after leaching, the heap of processed mineral still contains traces of the highly toxic cyanide solution, as well as concentrated heavy metals that have been precipitated from the mineral (arsenic, antimony, cadmium, chromium, lead, nickel, selenium, thallium) and other toxic substances found in the heap and leachates (sulfides); if the spent mineral and waste rock are not thoroughly rinsed or are left untreated, cyanide can continue to filter into the environment, threatening streams, rivers or lakes, underground water sources, wildlife, and plants.

No matter how much the defendants insist on the alleged harmlessness of the activity, due to the safety measures that would be followed, the truth is that accidents have occurred in which cyanide has come into contact with the environment (Reece), due, for example, to liners (geomembranes placed under heaps and ponds) allowing leaks due to inadequate design, manufacturing defects, improper installation, or damage (holes) produced during the operational process. Another cause of accidents is the overflow of solutions from storage ponds. These leaks cause damage to plants and animals that come into contact with lethal concentrations of the cyanide solution, and represent a long-term threat to groundwater. Although storage ponds are designed to withstand severe storms and floods—and in this specific case it is claimed also seismic events—they do not always prevent overflows. The heavy metals and cyanide-contaminated water that escape from a storage pond cause greater damage when they flow directly into natural watercourses. The escaping solution may be sufficient to kill fish and other aquatic life forms, or to contaminate drinking water resources.

Another relevant aspect is the disposal of residual cyanide. In any case, ion cyanide degradation procedures must be strictly executed to prevent the wastewaters to be discharged from containing non-lethal amounts of cyanide. Furthermore, all known methods involve handling large quantities of chemicals, which would likewise produce a considerable environmental impact.

b) Previous negative experiences of open-pit mining by cyanide leaching in other countries: Some examples of cyanide spills demonstrate that fears are not merely theoretical or hypothetical: in January 2000, the so-called Baia Mare catastrophe occurred in Romania, due to a cyanide spill that impacted Hungary, Romania, and Yugoslavia, affecting the drinking water supply of two and a half million people and the economic activities of more than one and a half million who depend on tourism, agriculture, and fishing along the Tisza River (http://www.presseurop.eu), to the point that in recent years, a resolution proposal to ban the use of cyanide in European Union member countries has been discussed in the European Parliament. In December 1992 in Summitville, Colorado (United States of America), a spill of cyanide and heavy metals occurred; environmental damage remediation was estimated at 150 million dollars and eliminated aquatic life along 27 kilometers of the Alamosa River (www.epa.gov). Also in 1992 in South Carolina (United States of America), more than 11,000 fish died along 80 kilometers due to another cyanide spill (www.epa.gov). In South Africa in 1994, ten miners died when they were covered by a cyanide-contaminated mud mixture when a tailings dam barrier failed (www.dme.gov.za). In 1995 in Guyana, more than 3.2 million liters of cyanide solution spilled into the Essequibo River. The Pan American Health Organization demonstrated that aquatic life died along 4 kilometers (www.rfi.fr). In 1998 in South Dakota (United States of America), seven tons of cyanide solution were spilled, resulting in the death of fish and aquatic life (www.epa.gov).

c) Previous negative experiences of open-pit mining by cyanide leaching in Costa Rica: Although the majority of the Chamber considers that previous negative mining experiences for the environment are not comparable to this case, in Costa Rica, I can only concede to that position that, indeed, technical details of the process have varied, but its broad outlines remain the same in two worrying aspects: the destruction of large areas of land and the use of cyanide. The Macacona mine was exploited using open-pit techniques. Jorge Alvarez Von Maack documents that it operated in our country around the 1980s in the community of Macacona, in Esparza, province of Puntarenas. After nine years of operation, the company that exploited it abandoned the country without compensation commensurate with the damages caused during its operation. The impacts caused include: contamination of the Turbina stream by the deposit of sterile materials, tailings, and cyanide-contaminated waters; reduction and alteration of the Turbina stream channel; deforestation in the gold extraction zone and the zone designated for infrastructure construction; opening of craters and impact on aquifers in the project zone. The illegal operation of the Beta Vargas mine, located in the Lagarto River basin, in La Pita, Chomes de Puntarenas, exploited by the Canadian company Lyon Lake Mines, also caused environmental damage. The mine operated illegally in 1997 and 1998, as it never had the municipal commercial operating license. After operating for a little over a year, it suddenly ceased its activities, with the following negative environmental repercussions being identified: impact on the forest where the industrial plant was built, the pit or crater zone, and the zone designated for waste dumps and leach piles; contamination of the Lagarto River by the deposit of sterile materials, tailings, and cyanide-contaminated waters; opening of craters and impact on aquifers in the project zone; reduction and loss of biodiversity.

Regarding the Bellavista Mine, located in the upper part of the central district of Miramar de Puntarenas, owned by the Canadian company Glencair Gold Corporation, after two years of operation, in mid-2007, it abruptly suspended its activities following the landslide of over one hundred tons of materials. For the year 2006 alone, the company reported profits of around three billion colones, despite which the benefits for the country were reduced to the payment of salaries to Costa Ricans, given that, from the start of its operations, the company availed itself of the Free Zone regime, which exempted it from paying taxes, both municipal and national. This project affected the forest, in the middle of an aquifer recharge zone with high seismic risk; the membrane containing the heavy metals contained in approximately 100 million tons of mine waste ruptured, releasing heavy metals and cyanide-contaminated waters that could be contaminating groundwater and surface waters; sedimentation of rivers and streams was caused, especially the possible clogging of the Ciruelas River canyon; it was contaminated with dust from the project's influence zone, including the urban center of Miramar.

I insist that the temporal and technological gap separating these cases from the one analyzed today does not prevent comparing them. The activity is the same, and the only difference that allows its current execution to be defended is that it is merely a project, full of promises to avert the dangers inherent in this type of mining, but not a true documented experience that has passed without any harmful result. In fact, no evidence has been brought to this proceeding of an extraction case, like the one Industrias Infinito seeks to implement, in which no environmental harm whatsoever was caused. And note that I deliberately use the term “harm,” in the sense of serious negative repercussions for the environment, because impact, of course, is present in all industry in general. The position of the majority of the Chamber is, in this sense, contrary to the logic and spirit of the precautionary principle in environmental matters. On the one hand, there are technical and factual indications, which have not been refuted, of the grave environmental repercussions of open-pit mining, and on the other, simple promises that they will not occur at Crucitas. Even in the list of proven facts, the majority of the Chamber considers it proven in fact 21 “That open-pit mining activity is traditionally considered a risky activity for the environment if not executed within the parameters established for environmental protection (as presented in the Hearing held on November twelfth, thirteenth, and seventeenth, two thousand nine),” a statement which, aside from not constituting a fact in the strict sense, grossly simplifies what was discussed in those sessions and includes a practically magical condition: the activity is harmful unless executed within certain parameters. In the ruling, it is understood that these indispensable parameters will be met, without much questioning. This is especially relevant if one considers that the majority’s own decision cites the weakness of public controls in environmental matters as one of the supposed causes of forest deterioration in the area, issuing a harmless exhortation for their strengthening (recital LXI).

A.2.

Environmental damage to the San Juan-La Selva Biological Corridor and the Mesoamerican Biological Corridor: The Crucitas area is a forest remnant within the deforested landscape of the country's northern region and forms an important part of the San Juan-La Selva biological corridor and the Mesoamerican Biological Corridor. It is made up of several delicately conserved tree species, and the deforestation involved in open-pit mining could easily have irreversible results and pressure species toward population decline leading to extinction. Endemic species are of special concern, such as the tostado (Sclerolobium costaricense), the mountain almond tree (Dipteryx panamensis), and others whose habitat is limited to that region. A biological corridor consists of a delimited space of landscape, ecosystem, and habitat connectivity, ensuring the maintenance of biological diversity and ecological and evolutionary processes. It allows the joining of seriously fragmented habitats, leaving behind isolated populations. They contribute to maintaining gene flows, species dispersal, and favor migrations. According to the study on this specific Corridor, prepared by Guiselle Monge Arias and Olivier Chassot, although it is a project, it contains the last viable connection habitat to maintain the continuity of the Mesoamerican Biological Corridor between Nicaragua and Costa Rica. Its role is to connect the Indio-Maíz Biological Reserve in Nicaragua with the Central Volcanic Range Conservation Area and the La Selva Biological Station in Costa Rica. Maintaining connectivity is essential for the long-term viability of resident and migratory species. It is the only site in Central America where a large protected area of Atlantic lowlands has the potential to maintain its ecological connection with medium- and high-elevation habitats. In the zone, the ecosystem fragmentation process had already been halted, and the recovery of natural areas and populations of species on the brink of extinction is evident. The protection initiative for the Corridor began in 2001, with support from the Tropical Science Center. Its Executive Committee is composed of officials from the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications; the Municipalities of San Carlos and Sarapiquí; the Wildlife Conservation Society; the Organization for Tropical Studies; the Project for the consolidation of the Mesoamerican Biological Corridor; the Association for the Environmental Well-being of Sarapiquí; the Preservationist Association of Wild Flora and Fauna; the Association for the Management of Forest Areas of San Carlos; the Friends of the Great Green Macaw; the VIDA Association; the Environmental and Natural Resources Law Center; the La Tirimbina Biological Reserve; and the Forest Development Commission of San Carlos.

The defendants and officials of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications argue that original forest restoration processes will be carried out through soil storage and the planting of trees in plantations, as well as the conservation of properties for recovery after mining. For example, during the site visit it was indicated that in the zone there remained 521 almendro trees and 197 had been cut; that 7,300 new trees had already been planted, and in total, it was intended to plant 27,000 trees (Jorge Hernández, MINAET). However, the general fragmentation of Costa Rica’s forests, particularly those in regions of interest for mining projects, makes recolonization of the area by plant species of the original ecosystem difficult. In the case of the Crucitas project, it is important to mention that the forested landscape of the border region may be fragmented even further with the development of new explorations and open-pit mines. Allowing the exploitation of the current concession will do nothing more than open the way for future concessions in the area, with the consequent increase in deforestation. Also deserving consideration is the fact that the area abandoned by the mines will contain soil very different from the original and will have characteristics of lower organic matter richness that will diminish its fertility. Supposedly the surface soil layer will be stored for use in mine recovery; however, this soil will be biologically dead and profoundly altered after its extraction, processing, and years of storage. Decades will be needed for the recovery of nutrients and its original organic richness. Likewise, the non-existence of experiences or technical protocols for the planting of many plant and tree species that will be eliminated—in particular many tree species about which there is very little knowledge regarding their germination and ecology—makes me doubt the success of the proposed substitution. The project's environmental impact study (estudio de impacto ambiental) does not contain a true scientific plan for the restoration process. The prolonged growth time of many tree species of the forest ecosystems that will disappear with the project must also be considered. While many of these species may grow rapidly during their juvenile phases, their growth becomes slower over time, determining ages of hundreds of years for many canopy and emergent species. The scale of these processes far exceeds economic cycles and the lifespan of mining companies, such that their commitment to “restore” cannot be accompanied by the company’s presence throughout the entire process. I wish to recall, on this topic, the dissenting vote I signed with Judge Sosto in case file 06-015904-0007-CO, an occasion in which we expressed ourselves “…in disagreement with endorsing the argument that the logging to be practiced will be remedied by subsequent substitution with new trees. In environmental matters, it is well known that the majority of damages caused are irreversible in nature, such that the palliatives stated in the report are, in our view, insufficient, as are the explanations regarding the need to resort to logging for the solution of the road problem in the sector.” In that case, it involved the vicinity of La Sabana Metropolitan Park. A fortiori, those reasons must not be ignored when we are facing a greater destruction in a more fragile zone, from a biodiversity standpoint. Often, resort is made to the planting of low-diversity plantations as a way of showing the public a forest under restoration. These plantations are very different from the vegetation structure of a natural forest, characterized by a high diversity of plant species, and a diversity of ages and sizes within each species. Even the proposed restoration in which the 197 cut almendro amarillo trees are replaced by 6,093 new trees of that species does not have equivalent effects. Thus, the fact that the Forest Management Plan (Plan de Manejo Forestal) in the areas under administration of the Crucitas mining project indicates that, during the project closure phase, the impacted areas will be rehabilitated to return them to a state similar to the nearby forested areas, including the recovery of the entire area of land-use change (cambio de uso del suelo) (folios 235 and 237 of the administrative file), is insufficient. In fact, all these assertions are solidly supported by the content of official communication CCT-PI 023-09 of February 20, 2009, issued by the Tropical Science Center, visible at folio 3591, a document in which it is noted that the mining project affects a unique ecosystem, and it is for that reason that the mitigation measures for the cutting of almendro amarillo individuals and their detrimental impacts on the great green macaw population do not contribute to recovering it, nor do they allow the macaw to feed in the short or medium term, since this bird, as has been explained, does not usually frequent low trees. Purchasing lands in the upper basin of the San Carlos River for the conservation of the Juan Castro Blanco National Park does not contribute in any way to guaranteeing the viability of the almendro amarillo and great green macaw population; in sum, the damage to the San Juan-La Selva biological corridor, as has been demonstrated, will be practically irreparable.

A.3. Regarding the impact on the great green macaw (lapa verde) and the almendro amarillo tree.

a) Protection of species on the brink of extinction as a constitutional duty: The Court, as partially transcribed in the majority vote, has heard several prior matters related to the one raised within this amparo, mainly in judgments #2002-02486 of 10:54 a.m. on March 8, 2002, and #2008-13426. In relation to species on the brink of extinction, the Costa Rican State committed to protecting flora and fauna, especially those species in that particular situation, an obligation it acquired through various international law instruments and reinforced by approving legislation that ensures their preservation. Those commitments are mandatory for all public authorities, since the organs competent for those purposes decided to approve them and incorporate them into our legal system. That situation imposes, consequently, a multiplicity of demands on our Government, ranging from the planning and execution of public policies, the allocation of resources, and the promotion of a culture, all aimed at environmental conservation, to the need to refrain from executing any conduct or measure, adopting any resolution, or approving any normative provision—of legal or sub-legal rank—that could harm or threaten the preservation of any of those species that are in danger or on the brink of extinction. In that sense, in nearly all the norms incorporated into the legal system, the State not only committed to safeguarding at-risk flora and fauna but also, additionally, undertook the obligation to protect the habitat and the ecosystem in which they relate and develop. That commitment is more than reasonable, since any species will very hardly manage to survive on its own while its environment is not protected, because if its habitat and ecosystem are threatened, or perhaps destroyed, it will be left without a place to live, feed, grow, or reproduce; that is, it will be destined for disappearance.

From that angle, we can affirm that the Costa Rican State has been a pioneer in the promotion and execution of public policies aimed at protecting the various flora and fauna species at risk of disappearing from the planet. This has led us to have today, approximately, 25% of the national territory designated for environmental preservation and protection through various models of conservation systems and areas.

In that sense, and as complementary actions, Costa Rica, as a free, independent, and sovereign Republic, opted, as we said, to sign various international law instruments in the exercise of its powers as an international legal person. These instruments contain various provisions, and among them we can observe the content of the Convention on Biological Diversity and Annexes, approved by Law No. 7416 of June 30, 1994, published in La Gaceta No. 143 of July 28, 1994, which to that effect provides:

“Preamble

The Contracting Parties,

Conscious of the intrinsic value of biological diversity and of the ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, recreational and aesthetic values of biological diversity and its components.

Conscious also of the importance of biological diversity for evolution and for maintaining life-sustaining systems of the biosphere.

Affirming that the conservation of biological diversity is a common concern of humankind.

[…]

Reaffirming also that States are responsible for conserving their biological diversity and for using their biological resources in a sustainable manner.

Concerned that biological diversity is being significantly reduced by certain human activities.

[…]

Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source.

Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat.

Noting further that the fundamental requirement for the conservation of biological diversity is the in-situ conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings.

Noting that, ultimately, the conservation and sustainable use of biological diversity will strengthen friendly relations among States and contribute to peace for humankind.

[…]

Resolved to conserve and sustainably use biological diversity for the benefit of present and future generations.

Have agreed as follows:

[…]

ARTICLE 1. Objectives

The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.

ARTICLE 2. Use of Terms

For the purposes of this Convention:

“Protected area” means a geographically defined area which is designated or regulated and managed to achieve specific conservation objectives.

[…]

“In-situ conditions” means conditions where genetic resources exist within ecosystems and natural habitats, and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

“Ex-situ conservation” means the conservation of components of biological diversity outside their natural habitats. “In-situ conservation” means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

“Biological diversity” means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems.

“Ecosystem” means a dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-living environment interacting as a functional unit.

[…]

“Habitat” means the place or type of site where an organism or population naturally occurs.

[…]

ARTICLE 6. General Measures for Conservation and Sustainable Use

Each Contracting Party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities:

(a) Develop national strategies, plans or programmes for the conservation and sustainable use of biological diversity or adapt for this purpose existing strategies, plans or programmes which shall reflect, inter alia, the measures set out in this Convention relevant to the Contracting Party concerned; and

(b) Integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes and policies.

[…]

ARTICLE 8. In-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(a) Establish a system of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;

(b) Develop, where necessary, guidelines for the selection, establishment and management of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;

(c) Regulate or manage biological resources important for the conservation of biological diversity whether within or outside protected areas, with a view to ensuring their conservation and sustainable use;

(d) Promote the protection of ecosystems, natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings;

(e) Promote environmentally sound and sustainable development in areas adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these areas;

(f) Rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote the recovery of threatened species, inter alia, through the development and implementation of plans or other management strategies;

[…]

ARTICLE 9. Ex-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and predominantly for the purpose of complementing in-situ measures:

(a) Adopt measures for the ex-situ conservation of components of biological diversity, preferably in the country of origin of such components;

(b) Establish and maintain facilities for ex-situ conservation of and research on plants, animals and micro-organisms, preferably in the country of origin of genetic resources;

(c) Adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate conditions;

[…]”

In the same vein, the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Wild Areas, Law No. 7433 of September 14, 1994, published in La Gaceta 193 of October 11, 1994, provides:

“ARTICLE 1.- Objective. The objective of this Convention is to conserve to the maximum extent possible the terrestrial and coastal-marine biological diversity of the Central American region, for the benefit of present and future generations.

ARTICLE 2.- The signatory States of this Convention reaffirm their sovereign right to conserve and use their own biological resources in accordance with their own policies and regulations in terms of:

(a) Conserving and sustainably using, in a social function, their biological resources; and

(b) Ensuring that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the biological diversity of their States or areas beyond the limits of their national jurisdiction.

[…]

ARTICLE 10.- Each member State of this regional framework commits, in accordance with its capacities, national programmes and priorities, to take all possible measures to ensure the conservation of biodiversity, its sustainable use, and the development of its components within its national jurisdiction, and to cooperate to the extent possible in border and regional actions.

ARTICLE 11.- Member States shall take pertinent actions to incorporate into their respective policies and development plans the guidelines for, and the socio-economic value of, the conservation of biological resources.

ARTICLE 12.- Institutions in the countries of the Central American region shall cooperate, as appropriate, with regional and international institutions to mutually support each other in fulfilling the obligations undertaken by this Convention, including those related to aspects of biotechnology, health, and food security.

ARTICLE 13.- In order to fully comply with this Convention, the following shall be done:

[…]

(b) Implement economic and legal measures to favor the sustainable use and development of the components of biological diversity.

(c) Ensure the establishment of measures that contribute to conserving natural habitats and their populations of natural species.

[…]

(f) Promote public awareness in each Nation of the need to conserve, sustainably use, and develop the biological richness of the region.

[…]

ARTICLE 14.- Each country of the region shall develop its own conservation and development strategies, among which the conservation of biodiversity and the creation and management of protected areas is a priority.”

Moreover, in our Domestic Law there are various laws tasked with ensuring the protection and conservation of flora, fauna, and the environment in general; thus, we have the Organic Law of the Environment, No. 7554; the Wildlife Conservation Law, No. 7317; and the Biodiversity Law, No. 7788. All these norms are clearly directed in a progressive sense regarding environmental protection, seeking the country’s socio-economic development without sacrificing the environment. Rather, those provisions tend toward harmonization between progress and the appropriate conservation and protection of the surroundings.

Thus, we observe that the State has taken on the task of safeguarding the survival of threatened species, and to that end it acquired commitments at the international level and enacted legislation at the national level that, of course, is mandatory for all governmental bodies.

b) Regarding the situation of the great green macaw (lapa verde): The great green macaw or Ara ambigua is a bird of greater size than the scarlet macaw, reaching a wingspan of up to 84 centimeters and a mass of approximately 1.3 kilograms. Its build is quite robust; it has a tail slightly shorter than that of the scarlet macaw or Ara macao. Its color—as its name indicates—is yellowish green, with blue wing-coverts; the tail feathers, called central rectrices, are red; and the rest of the rectrices are blue. The face of this animal is devoid of feathers, showing bare skin of a bone-white color. It has a strong, hooked beak somewhat larger than that of the scarlet macaw; its keratinized structure serves to open the hard seeds on which it feeds. It habitually nests in hollow trunks. The great green macaw (Ara ambigua) has a limited distribution in humid lowlands, mainly on the Atlantic side in forests between eastern Honduras and northern Colombia, with an isolated population on the Pacific in Guayaquil, Ecuador. In Costa Rica, its nesting range is currently limited to the Huetar North Zone, more specifically between the San Carlos, San Juan, and Sarapiquí rivers and the northern foothills of the Central Volcanic Range. It depends heavily on the almendro tree (Dipteryx panamensis) both for food and nesting. This species is on the Appendix I list of CITES (see http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml and http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, both consulted on March 23, 2010), which means it is in danger of extinction. As noted, in the country the species was abundant, mainly in the Atlantic Zone and the North Zone, where it was common to see individuals flying in flocks just a few years ago. However, today only a few pairs are found nesting in the North Zone, between Boca Tapada and the plains of Colorado. There are some reports of flocks of between 6 and 12 individuals in the foothills of the Central Volcanic Range, especially near the lower Atlantic sector of Braulio Carrillo National Park, in the surroundings of the road leading to Guápiles, and some sporadic reports on the slopes of the Guanacaste Volcanic Range on the northern sector. The abrupt decline in the great green macaw population is due above all to the destruction of its habitat through unsustainable logging at nesting sites. In Costa Rica, the species’ distribution range has been reduced by 90% since the last century, and the threat it faces lies in the fact that it depends on the mountain almendro tree (Dipteryx panamensis), which is disappearing due to poor management and illegal logging of forests. Thus, there are two dangers that represent a serious threat to this species: habitat loss from the logging of trees that constitute its main food and nesting sites, especially the almendro (Dipteryx panamensis), since the great green macaw depends 80% on the almendro for food and 90% for nesting; as well as illegal trade of the bird for use as a pet (information obtained in part from the websites http://www.minae.go.cr, http://www.sinac.go.cr, http://www.lapaverde.or.cr, http://www.inbio.ac.cr, http://www.una.ac.cr, http://www.cct.or.cr, and http://www.guiascostarica.com). In that same sense, the National System of Conservation Areas states on its Internet page:

“[…] Probably the harpy eagle (sic) reached extinction in the country; while other species such as the scarlet macaw, the great green macaw, the white-lipped peccary, and the giant anteater are strongly threatened with extinction. Our system of protected areas appears to be insufficient for those species that, like the jaguar, require large expanses (sic) of virgin forest to survive. […]” (Highlighting omitted, downloaded from the site http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre.php at 11:00 a.m. on March 23, 2010).

To the above, they add on that same site:

“[…] Wild flora and fauna are the heritage of all Costa Ricans […]. For that reason, the General Directorate of Wildlife, through the National System of Conservation Areas (sic), has undertaken various actions aimed at increasing the conservation possibilities of Wildlife, among which the following stand out: […] 2.- the drafting of a decree aimed at protecting populations of the mountain almendro, the tree on which the great green macaw feeds. […]” (Highlighting omitted, downloaded from the site http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre.php on March 23, 2010).

Equally, account must be taken of what is set forth by the National System of Conservation Areas, which on its Internet page includes the great green macaw on the official list of endangered species (site http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre5.php consulted on March 23, 2010). Additionally, Executive Decree “Creating the Maquenque Mixed National Wildlife Refuge,” No. 32405-MINAE of May 23, 2005, published in La Gaceta 113 of June 13, 2005, states:

“[…] 7º—That the Ministry of Environment and Energy has among its most immediate projects the declaration creating the Maquenque Mixed National Wildlife Refuge located in the northern border zone between the mouths of the San Carlos and Sarapiquí rivers. It is an area that, due to its scientific interest, is considered important for conservation, as it presents special characteristics for the conservation of important flora and fauna species, among them: the Great Green Macaw (Ara ambigua), Jaguar (Panthera onca), Almendro (Dipteryx panamensis), Manatee (Trichechus manatus), Gaspar (Atractosteus tropicus), and Pinillo (Podocarpus guatemalensis).

The geographic location of this zone is of great importance since this protected wilderness area would be situated in the El Castillo-San Juan-La Selva Binational Biological Corridor, which is a continuation of the Mesoamerican Biological Corridor between Nicaragua and Costa Rica and constitutes the last significant block of natural forest cover (cobertura forestal) that would allow biological connectivity between both countries to be maintained, meaning this area would connect key habitats and wildlife corridors, which would prevent the isolation of native species and ecosystems.

8º—That the El Jardín, Cureña, and Chaparrón areas constitute very important nuclei for biodiversity conservation, among which are found several threatened species, such as:

[…]

Threatened bird species

Species Common name Status

[…]

37 Ara ambigua great green macaw (lapa verde) endangered

[…]

Threatened tree species

Species Common name Status

[…]

12 Dipteryx panamensis almendro amarillo threatened […]” (Emphasis added).

Thus, it is clear that both the great green macaw (lapa verde) (ara ambigua) and the almendro amarillo (dipteryx panamensis) are species that are endangered—in the case of the former—and threatened—in the case of the latter—and that there is a direct dependence of the former on the latter.

In this case, it is clear that the mining project in question, as stated previously, will come to completely remove the vegetative layer in an area vital for the interconnectivity of the El Castillo-San Juan-La Selva biological corridor, cutting down several units of almendro amarillo, included in Appendix III of CITES (see http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml and http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, both consulted at 10:00 a.m. on March 23, 2010), which will further reduce the habitat and transit territory of the great green macaws, which will be even further threatened, despite the fact that they already run an extremely serious danger of extinction, as recorded in Appendix I of CITES (see http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml and http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, both consulted on March 23, 2010); this species is, at this time, in a condition of extreme vulnerability, a situation that will be aggravated, pushing this bird to the brink of extinction, which had been, until now, defended by the Constitutional Court, by virtue of its precarious state and the importance it has within the ecosystem in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. At folio 4800, the Acting Director of the Arenal Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Arenal Huetar Norte) sets out the count of the felling that would remain to be executed in the project zone: on cerro Fortuna, 6 ha 5598.15 m would remain to be cut (342 trees); in Relaves A and B, 115 ha 2165.56 m would remain (5520 trees); in dikes, roads, sections, and lines, 7 ha 8085.05 m (1396 trees); and in non-forested areas, 8 ha 8259.88 m (563 trees). In total, 7821 trees must still be cut, not including the information from cerro Botija, where all the trees had already been cut. All trees of the almendro amarillo species were cut (197 almendro trees were inventoried, folio 1405 of the administrative file). In this regard, it must be noted that the majority of the Chamber goes so far as to invert the burden of proof, to the detriment of environmental protection and, specifically, of the great green macaw, by asserting that the almendro amarillo tree must only be protected when it has been proven, undoubtedly, that this type of bird nests in the area (“…the exploitation, extraction, and utilization of the almendro amarillo is absolutely prohibited by order of this Chamber, to the extent that the trees sought to be cut are in an area where it has been fully demonstrated that the great green macaw nests,” Considerando X, underscore added), even though, in judgment 2008-13426 of 9:33 a.m. on September 2, 2008, the Chamber itself established an absolute prohibition on the cutting of this plant species, since, in that regard, it ordered “[…] the archiving of any proceeding or procedure aimed at the utilization, exploitation, or extraction of the almendro amarillo (dipteryx panamensis).” Furthermore, it prohibited “[…] initiating or continuing any procedure tending toward the utilization, exploitation, or extraction of the almendro amarillo (dipteryx panamensis) while this tree and the great green macaw (ara ambigua) [were] on the list of threatened or endangered species […],” precisely because of the extremely close link that exists between the bird and the almendro amarillo; nevertheless, the Chamber has reinterpreted that ruling, which will cause a highly detrimental effect on the environment and, above all, on the great green macaw. From that perspective, the mining project analyzed represents an open aggression against this species, which is why the granting of the amparo on this point is imperative.

A.4. Repercussions of open-pit mining on the water resources of the zone. On this point, the first thing that must be indicated is that the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) does not have much information on the existing aquifers in the zone of the Las Crucitas mining project. This is fully demonstrated if one takes into account that, at folio 1143 of the file, the general manager of SENARA points out that that institution has never conducted a hydrogeological study in that zone that would allow it to determine the existence, influence, loading capacity, and recharge of the aquifers at the site where the mine is intended to be built; even less are there regional studies that would allow that institution to establish, with certainty, the impact that the aquifers located in the vicinity of the project have on those adjacent to it. From that perspective, it is worth insisting on what was stated in the Chamber’s judgment #2004-01923 of 2:55 p.m. on February 25, 2004, widely cited in the majority vote, for which reason only the points essentially related to this dissenting vote are transcribed:

“X.- CONTAMINATION OF GROUNDWATER. Unlike the contamination of surface waters, which is usually obvious and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, contamination of groundwater, by its very nature, usually goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of waters, the absorption capacity of the land, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of waters contained means that extensive contamination takes a prolonged period to manifest itself, or, in the case of localized contamination, it is detected when it flows at some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and, on occasion, is irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been shown that attempts to repair the damage produced by contamination to an aquifer to once again achieve water potability levels have not been successful; technologies for its cleaning have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very costly. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in the latter case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact extent of its contamination. The degradation and contamination of aquifers imposes upon the legislator and public administrations the urgent and unpostponable task of protecting them. (…)

The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following: (…) f) contamination by mining activities—mineral—related to evacuations of mine water and mineral washings; g) contamination by industrial activities; this type is as varied as the type of industry that originates it, with those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries, being especially harmful; h) contamination by nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from plants for treating irradiated fuels and radioactive minerals and from medical activity;.

[…]

XII.- PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the characteristics of the contamination of aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in determined zones or by ordering safety measures regarding certain potentially contaminating activities. (…)”

In this specific case, it is no longer a matter of there being doubt about the affectation or eventual danger to the water resource, but rather, as has been demonstrated, the aquifer will be directly affected, since the General Secretariat of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) itself stated in its report that:

“Regarding the extraction of hard rock, the effect in relation to the saprolite extraction system consists of the affectation of the quantity of groundwater due to the outcropping of the lower aquifer during the excavation of the pits. A lowering of the groundwater level down to the base of this aquifer is expected. This situation, as presented in the environmental impact study, given the distribution and flow characteristics, would generate a maximum expected radius of influence of 267 meters, a situation that obviously would not affect properties located outside that radius, which is itself entirely within the properties of Industrias Infinito, so water intakes or wells on neighboring properties would not be affected. The lowering would be generated in the immediate vicinity of the excavation, but the magnitude of this drop in the water level may be practically imperceptible outside that 267-meter radius. There are no groundwater extractions at that distance, so it was considered that this impact has no relevance in terms of aquifer use. This effect would be permanent in the Fortuna pit, since the area of the Fortuna pit would persist even after the cessation of operations. The lower aquifer presents confined conditions and, in some sectors, a surging artesian behavior, where the piezometric level has a flow direction approximately northeast-southwest, and where the elevation of the piezometric level in the sector where the pits will be located is approximately 73 meters above sea level, so the lower aquifer will be intersected at that point. In that case, the outcropping of water as extraction advances below the 73-meter elevation will be pumped to the tailings pond until extraction is completed, and then in the Botija pit, which will be backfilled, the water level will be able to recover approximately its location within the material that will be placed inside the pit, to later recover the land surface with vegetation. In the case of the Fortuna pit, the level will recover its location but will refill the pit, forming a lake. To evaluate the effects of the excavation of the pits on the lower aquifer, an evaluation was made by modeling the lowering of the water level in the excavation itself and its surroundings. For this, a radial flow model was used (Rushton and Redshaw, 1979), and the necessary flow to be extracted from the excavation to maintain the water level at the pit floor while extraction work is completed was calculated, and the radius of influence was also calculated. For this, a geometric simplification of the shape of the pits was made, and emphasis was placed on the Fortuna pit, since the Botija hole will be backfilled. In general terms, the area of the base of the Fortuna pit was taken as 19,103.8 m2. The area of the water surface once recovered is calculated at 88,096.6 m2. This effect of lowering the level in the lower aquifer is temporary, since once the material exploitation work ceases and there is no longer extraction of water from the excavation, the groundwater level will begin to recover until it reaches the 73-meter-above-sea-level elevation it currently has. (folio 3781, resultando 143).”

Note at this point what was stated by the General Secretary of SETENA, in the following direction:

“A lowering of the groundwater level down to the base of this aquifer is expected. This situation, as presented in the environmental impact study, given the distribution and flow characteristics, would generate a maximum expected radius of influence of 267 meters, a situation that obviously would not affect properties located outside that radius, which is itself entirely within the properties of Industrias Infinito, so water intakes or wells on neighboring properties would not be affected.”

And contrast those statements with what was said in judgment #2004-1923 of this Court:

“Finally, starting in the twentieth century, many legislations will classify all groundwater as (c) public domain assets, based on the undoubted unity of the hydrological cycle, thereby coming to form what has been called the ‘public hydraulic domain’ as part of the natural and not artificial domain; this position conceives water as a unitary resource subordinated to the general interest, so no distinction should be made between surface and underground waters, since they are intimately linked to maintain their quality and quantity. According to this latter thesis, groundwater is not appropriable by any private individual, and its classification as public domain assets constitutes sufficient title to subject it to a very strong and intense administrative intervention regime in order to guarantee its integrity and quality and to separate it from the modes of acquisition and enjoyment typical of Private Law.

[…] with regard to non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing groundwater contained therein, there is no doubt whatsoever that it is also public domain, given that Article 4 of the Mining Code and Article 50 of the Organic Environmental Law do not distinguish between groundwater and surface water, much less between renewable and non-renewable groundwater, so it cannot be conceived as a res nullis (sic) susceptible to appropriation by the private discoverer.”

That is to say, in this case, the contamination of an aquifer in the zone of the Las Crucitas mining project is being permitted, and the National Environmental Technical Secretariat confuses the nature and legal regime of groundwater and aquifers, since it practically assumes that, because the aquifer is found within the property of the company Industrias Infinito Sociedad Anónima, it can be contaminated and impacted directly and negatively. The water resource is a public domain asset, and, at this time, as indicated by scientific panels globally, it is, moreover, a scarce asset, which constantly faces greater risks. Precisely, in this case, our country is not only increasing the risk of contamination of the water resource, but it is openly granting an authorization for private parties to contaminate an entire aquifer. Furthermore, the general judicial attorney-in-fact of Industrias Infinito indicated in the brief at folio 4519 that, from the tailings pond, it is planned to discharge excess water into Quebrada La Mina, ensuring that it will comply with national and international discharge standards. The discharged waters, together with the water contributed by the natural flow, travel a distance of 1 km before flowing into the Río Infiernito. The latter travels a distance of 20.3 kilometers along its natural channel until its mouth at the Río San Juan. Once again, the starting point is a completely controlled and innocuous activity and the only scenario of desirable functioning. It is evident that any system failure will entail contamination of the above-mentioned stream and even of the Río San Juan. The passive attitude of the National Environmental Technical Secretariat and the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service in protecting the water resource, in the case of the Las Crucitas mining project, is inexplicable; no independent studies were conducted, despite the magnitude of the project; there are no data to determine the regional influence of the aquifer that is to be contaminated, with state authorization; and there is no remedial plan allowing for a protocol of action to be determined in the face of extreme weather conditions, such as those we are witnessing in our time. Additionally, there does not exist, as has been reiterated throughout this dissenting vote, an estimate of the cost to the country of deliberately and consentingly damaging an aquifer, contaminating it with heavy metals; even less is there an estimate of the cost and time that the recovery of the pollution that the aquifer will inexorably suffer could take. I do not share the majority’s argument either, based on that of the respondent company, according to which there is no damage, insofar as the aquifer water is not suitable for human consumption due to its acidity. The fact that the water, due to its chemical composition, is not potable does not imply that carte blanche can be given for its contamination. Non-potable water due to acidity and water contaminated with heavy metal residues are two completely different things. The use of an aquifer within the mine’s remedial plan will simply bring about more problems than it seeks to correct and will signify the deterioration, consented to by the State, of a public domain asset. Despite the fact that the majority of the Chamber grants the amparo for negligence of the respondent authorities, for not having required, prior to granting the environmental viability of the project, the pronouncement of SENARA on the affectation of the water resource in the region, the judgment is given the sole effect of condemning the respondent authorities to the payment of the damages caused, without annulling the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) or the environmental viability granted, since SENARA gave a subsequent approval. The solution contradicts the most basic principles of environmental law: the authorization of an activity without the pertinent prior technical inquiries is downplayed, and the problem is resolved through the mechanics of access to compensatory mechanisms. Clearly, according to what has been set forth so far, this situation not only violates the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, it also injures the fundamental right of access to water resource sources, and therefore, on this point, the amparo was appropriate.

B. The socio-environmental impact of the open-pit mining project. Recurrent in the discussion of this case has been the argument of the social benefit that the project would bring, almost with the aim of accusing anyone who raises objections to the activity of stinginess against the local community—belonging to an area of low economic development. The notion of social benefit, however, is highly indeterminate, in part because it has an axiological component: what is beneficial or harmful?, but also because it refers to a collectivity that is homogenized (society), despite its enormous diversity and naturally being the seat of interests of all kinds, often opposed. Thus, speaking of the social benefit that a given activity causes is nothing more than an empty formula. As long as it is not endowed with concrete content, with necessary anchoring in the reality being evaluated, it could mean everything and nothing.

The environmental impact assessment is defined in Article 2 of the Mining Code as: “the comparative, technical, economic, social, cultural, financial, legal, and multidisciplinary analysis of the effects of a project on the environment, as well as the proposal of measures and actions to prevent, correct, or minimize such effects.”

In the study prepared by Muñoz Giró for the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications in February 2009, approved via official note SG-ASA-259-2008 of October 10, 2008, of the National Environmental Technical Secretariat (folio 1682 of the administrative file), on the environmental effects and social benefits of the Crucitas open-pit gold mining project, negative biophysical effects (effects on the natural environment that impact a natural resource, with emphasis on the forest) and social effects (effects on society) were contemplated. Among the former, the commercial value of the forest, the opportunity cost of the forest’s annual growth, biodiversity loss, carbon release loss, and the loss from the affectation of watercourses were listed, for a total of $1,479,824.46. Considered as social effects were the market value of the forest, the loss from the affectation of the landscape, sources for study, research, and recreation, and the cost of the general restoration of the area, for a total of $2,264,530.47, and the sum of the two categories yields the amount of $3,744,354.93. That sum of money is compared with the investment in proposed compensation, mitigation, and monitoring measures, which is around $7,500,000 (800 hectares of forest, 140 hectares of biological corridor, 15 hectares reforested, mitigation and monitoring, restoration); as well as with contributions for compensation of social effects of $5,619,842.87 (compensation for scenic beauty of the 800 hectares of forest, 140 hectares of biological corridor, and the 15 hectares reforested, environmental contribution for the donation of tree sales, trust fund to support community associations). Now, within the benefits were included: the effective contributions up to 2008 in favor of the community (for $5,580,103.08) with works for the maintenance and improvement of infrastructure, the construction of an electric transmission line, community organization and SME projects, support for health services and for the elderly, recreational and sports activities, educational material, and various donations. Also contemplated, within the project’s contributions, were the wages of direct jobs, social security contributions, and mining royalty income, totaling $140,030,000. Based on the above data, the study concludes that there is a favorable difference of $154,036,000.

Regarding the methodology, it is explained that “a direct valuation method was used, which is based on prices or fees available from observation of the current context or the available market, estimating the cost of the use of natural resources,” and the methodology for the economic evaluation of environmental damage in Costa Rica by Barrantes and Di Mare for the Institute for Sustainability Policies (p. 24 of the study), using official sources of information such as the Costa Rican Forestry Chamber, the National Forestry Office, the Ministry of Agriculture and Livestock, the World Bank, the Central Bank, and other research. Assistance was received from officials of SINAC, MINAET, and SETENA.

It is striking that within the negative effects of the project, its medium- and long-term environmental consequences are not included, despite having been acknowledged that they will develop.

In the summary table of the environmental management plan, it is stipulated that the environmental closure and recovery phase extends for 18 months, which has been shown, in the hearing held before the Chamber, to be completely unrealistic. In the case of open-pit metallic mining, it must be noted that the recovery time is usually extraordinarily long, and even indefinite.

An instrument like the one used to make the above comparison between benefits and costs is highly manipulable. It combines variables that do not temporally occur at the same time. For example, the felling will occur at the beginning of the project and a cost is assigned to it; the mitigation of some of the effects will not start until after the ten-year exploitation period ends and is simply assigned the current value (at least, it is not specified that there is indexation of the amount). Valuations are made in dollars because it is evidently a more stable currency than the colón, but at a ten-year term or more, it does not allow a certain comparison. In the same way, points presented as benefits, such as the wages of direct jobs, are projected over a ten-year term. The mere elaboration of the topics to be considered benefits or harms is quite subjective. We would question, for example, whether social security contributions for direct jobs constitute a benefit derived from the project. Rather, it is the fulfillment of an unavoidable constitutional duty. The benefit should consist of an additional component of social gain from the activity, not the mere observance of social security regulations.

Regarding monitoring, an annual investment of $446,000 is stipulated during the project’s operation, not in the period after the cessation of activities.

As social effects, the price of timber and the effects on scenic beauty and the landscape were considered. Such repercussions are compensated by the protection, recovery, and reforestation of forests; conservation of natural resources; and the establishment of a trust fund to support the communities in the area of influence of $4,600,000, at a rate of $0.20 per each ton of the 23 million tons of ore that would be exploited.

There is not a single item, neither in the biophysical nor in the social category, for the contaminating effects of the exploitation. It starts from an activity that is absolutely controlled and clean. There is no mention of contamination of the air, land, or waters of the zone of influence by acid drainage, nor by cyanide leaching.

The estimation of the total cost of restoring the natural resource will depend on its characteristics and on the activities that must be carried out in the restoration. The more complex the factor, the more elements there will be to recover.

In open-pit metallic mining, the affectation of the natural resource is extremely intense and occurs over all the resources, with complete suppression of the social benefits they represent.

The main affectation occurs over a very short period, although the subsisting elements, such as the geological substrate and groundwater, will continue to be affected for a longer period.

The social damage in this scenario would manifest itself in the loss of benefits that natural capital provides and that society uses for the improvement of its well-being. The social benefits that are affected by the alteration of the natural resource should therefore be precisely identified, which is not reflected in the analyzed study. Natural capital offers society values that may be of current use (direct and indirect) or potential use (option or existence value). The estimation of the value of a particular natural resource is, therefore, complex and indirect. Compensation costs must be estimated while the natural resource is in the process of restoration, that is, from the moment the damage begins until the natural resource is satisfactorily recovered.

An extractive activity as harmful as open-pit gold mining has an environmental and social cost so high that it is impossible for it to be “profitable” for a country that has made environmental defense one of its most valuable standards and that is measured and highly valued internationally thanks to that standard.

From the environmental perspective, the value of life and, of a concomitant quality, the diversity of life constitute two environmental and social variables of inestimable value from the economic point of view.

Life and the extraordinary diversity of life is a unique phenomenon of planet Earth, within what is known so far of the Universe.

Given that it involves intense environmental damage, a high social cost, and an excessively long environmental damage recovery time, the activity is practically unviable from this perspective.

C. Respect for the constitutional-legal guidelines on environmental protection. Unquestionably linked to the repercussions on different environmental components of the zone is the faithful use of the legal tools for environmental oversight, a topic in which significant inconsistencies have also been found in the present case.

C.1. Regarding the amount of the environmental guarantee. As shown in the file and in the oral and public hearing, the amount of the environmental guarantee for the Las Crucitas mining project is $600,000.00. However, as was evidenced, that amount is clearly insufficient to palliate the entirety of the invaluable environmental damages that mineral extraction will cause in the zone where the exploitation will take place.

This is demonstrated if one takes into account that, according to the data provided by the appellants, the regeneration of one hectare of forest, planted with a single plant species, that is, one monocultured hectare, has a cost of $500,000.00, meaning that one hectare of land with a monoculture would practically absorb the entirety of the meager environmental guarantee (garantía ambiental). That amount becomes, furthermore, ridiculous when compared with the fact that the company Industrias Infinitos Sociedad Anónima intends to extract between 800,000.00 and 1,000,000.00 ounces of gold, which is quoted at more than $1,100.00 per ounce, leaving total revenues that would range between $880,000,000 and $1,100,000,000.00, to which must be added that these profits could be significantly increased if one weighs the fact that gold has reflected an upward trend over the last few years, since it went, about 10 years ago, from just over $255.00 to, as indicated supra, more than $1,100.00 per ounce. From that perspective, the environmental guarantee is inexplicably low when compared with the incalculable environmental damages that the Las Crucitas mining project could cause in the northern zone of our country. Evidently, the amount of the environmental guarantee will not even suffice to begin the process necessary to carry forward the restoration task of an area that could be left devastated once the extractive phase of this project ends. It is of utmost importance to note that in the oral and public hearing, when asking the authorities of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAE) whether they had a budgeted amount to face an eventual environmental disaster caused by the mining project under examination, they simply limited themselves to affirming that such amount did not exist and the only thing available was the money from the very scarce environmental guarantee; additionally, when asked whether they had an estimate of how much the regeneration of the environment in the face of a catastrophe could mean in money, they found no answer to offer, since, clearly, studies of that type were not conducted and there is no idea whatsoever of the amount that the regeneration or containment of the harmful effects caused by the Las Crucitas mining project, in the event of an environmental disaster, may cost. To all the foregoing must be added the fact that at no time were reliable data provided on how much the technical closure process of the mine will cost and who will have to face it, which is vital if one intends to make this an activity that does not imply an even greater impact on the environment once the company has finished the extractive phase, such that there is no certainty to determine the management that the Las Crucitas area will receive once Industrias Infinito Sociedad Anónima has left, and it is also unclear who should take charge of that process, although, of course, that would be, ultimately, a responsibility of the State, meaning the country would end up paying to regenerate the environment that was damaged by private parties, after they obtained the corresponding profits and deposited an environmental guarantee of $600,000.00 against the more than $850,000,000.00 that will be extracted in gold. The foregoing is valuable to show that the environmental guarantee is simply negligible when compared to the damages that can and will indeed be caused to the environment, and it will be an amount that simply will not be enough to address the deterioration that the environment will suffer, which confirms that this project was not evaluated or weighed with the required seriousness, depth, and severity, as a result of the profound and incalculable impacts it will cause to the environment. The reality is one and the facts leave no room for speculation: the amount of the environmental guarantee will be insufficient to mitigate the damages to the environment, to generate a development strategy for the Las Crucitas area after the mine closure, to treat the contaminated aquifers, and to set in motion the technical closure process, to cite four of the most important tasks ahead, once the extractive activity ends, all obligations that derive directly from the constitutional text that obligates the State to ensure a sustainable development strategy, left aside in this case. Everything expressed up to here is not the product of mere speculation without factual support; on the contrary, reality and the facts, both stern, concede that mineral extraction activity by open-pit mining is not sustainable from an environmental point of view, and its consequences worldwide are imponderable, besides being extremely costly. The experiences in tropical countries, such as ours, are even more disastrous and are closely related to the poor and lax regulation that, from a legal point of view, is made of such an impactful activity on the environment. In fact, in Latin America, there is not a single case of a country that has embarked on the mining adventure and has emerged unscathed from a socio-environmental point of view. In sum, the $600,000.00 that make up the environmental guarantee for this project are insufficient and, more than that, minuscule, if compared with the laceration that the environment will suffer as a result of this project.

C.2. The project lacks environmental viability (viabilidad ambiental), since a new environmental impact study was not conducted. As was proven in the case file and during the oral and public hearing, the Crucitas Mining Project does not have an approved environmental impact study and, therefore, does not have the environmental viability granted by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), because the modifications that the project underwent in its design were of such significance that they increased the volume of material to be extracted by 39%, since, even though the area to be exploited was reduced by 76 hectares, from 126.4 to 50 hectares, which means a decrease of 60.31% in area; however, the depth increased considerably, going from 15 to 67 meters of excavation in the pit, which translates to an increase in depth of 446.67%. Nevertheless, these modifications were not subjected to a new environmental assessment procedure to examine the impacts that the design change would generate on the surroundings, which at this moment have not been subjected to the rigorous sieve of an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), a situation that has no explanation whatsoever and which, in the oral and public hearing, the officials of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) failed to clarify satisfactorily. The foregoing is relevant, because if the impact that the mining project will cause on the environment is not known, neither can the form of mitigating, preventing, or recovering it be known with technical and scientific certainty; this is transcendental if one takes into consideration that the company Industrias Infinito Sociedad Anónima intends to develop a series of measures to palliate the adverse effects that the mine's operation will cause, but if the adverse effects that will be produced have not been methodically and systematically predicted, these will be very difficult to mitigate or avoid. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has held that:

"VI.- The environmental impact study as an instrument of protection. Environmental norms must have a technical basis, since their application must stem from the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subjected. This is so because since damages and contamination of the environment are evaluable, the impact of these elements requires a scientific evaluation and treatment. Hence, the necessity of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, consists of an administrative scientific-technical procedure that allows identifying and predicting which effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making." (Judgment 2005-05544 of 15:38 hours of May 10, 2005. Emphasis was supplied.).

Likewise, when specifically addressing the issue of mining, in particular when annulling the mining concession to the company Industrias Infinito Sociedad Anónima for not having an approved environmental impact study, the Chamber, in judgment #2004-13414 of 09:29 hours of November 26, 2004, considered:

"V.- Of the alleged violation of the principle of prevention in the particular case.- In this matter, the concessionaire Industrias Infinito S.A., even though it does not have the approval of the environmental impact study, already has the mining exploitation concession in the indicated area. On this point, it must be indicated that the mining exploitation concession, without having obtained the approval of the environmental impact study - which constitutes a measure to ensure that the approved activity will not cause damage to the environment -, consequently conflicts with the Principle of Prevention and the cited norms of the Mining Code and Executive Decree N°29300-MINAE, which in its article 9 establishes the requirements for the exploitation concession, among which is the commented environmental study. It expressly provides: 'Article 9.- Requirements for the exploitation concession. ... The application must consist of an original and two copies, containing: a)... b) Resolution of SETENA approving the Environmental Impact Study corresponding to the proposed exploitation and a copy of the approved environmental impact study. c)...'. In this matter, regarding the referred study, it was submitted by the concessionaire before the corresponding authority for its due approval and was rejected by means of resolution N° 272-2003-SETENA of eleven hours forty-five minutes of March eleventh, two thousand three, of the National Environmental Technical Secretariat; resolution that was challenged by the interested party. The Minister of Environment and Energy resolved the appeal by means of resolution R-569-2003 MINAE, of nine hours thirty minutes of October twentieth, two thousand three, which, granting it, after confirming procedural defects (folio 191) ordered the procedure to be rolled back to the moment when the environmental impact study was presented by the company Industrias Infinito S.A. Consequently, the Chamber deems that the decision to grant the exploitation concession without the approval of the environmental impact study can cause damages to the environment that would prove irreversible and about which, later, there would be nothing left but to regret and try to mitigate some of their effects, when such a situation could have been prevented. Precaution which, as stated, is established in the United Nations Conference on Environment and Development of 1992, where Costa Rica subscribed together with other nations to the Rio Declaration, for which it is necessary to point out principle 15: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' and principle 17: 'Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.'

VI.- Consistent with the analysis made, in consideration of the principle of protection of natural resources, specifically the Principle of Prevention contemplated in the Rio Declaration on Environment and Development, the interested party must, in accordance with the procedure of the Mining Code and its Regulation, as a requirement to obtain the mineral exploitation concession, have the approval of the environmental impact study, safeguarding the precautionary criterion and the principle in dubio pro natura. The Chamber also observes in this case that the Head of the Department of Soils and Land Evaluation of the Ministry of Agriculture and Livestock has not been able to render his definitive criterion in the mining exploitation concession procedure, because he does not have the Environmental Impact Study in which reference is made to soil recovery practices; which makes undeniable the utility of that study to assess the viability of the concession from different angles; and the act of the appealed authorities of granting the mining concession conditioning the development of the extractive activity to the fulfillment of the requirements indicated in the Mining Code is not effective in fulfilling the purpose of preserving natural resources and the integrity of the environment and is contrary to the Precautionary Principle in environmental matters."

Precisely, in this case there is no analysis that has evaluated, with the depth of an environmental impact study, the modifications undergone in its design by the Las Crucitas Mining Project, which includes the use, from the design change, of explosives to intervene the hard rock, which will be exploited along with the saprolite. That reason is more than sufficient, in accordance with the Chamber's jurisprudence, to grant the amparo, annul Executive Decree #34.801-MINAE, and order the conducting of an environmental impact study that analyzes the modifications undergone in its design by the mining project in question.

C.3. The direct consequence of the deficient analysis of the project's environmental impact (omission of preparing a new EsIA) is the nullity of the mining concession. The exploitation concession, understood as authorization to extract minerals not reserved for the State (121 subsection 14) b) of the Constitution), to transform and process them, and to dispose of them for industrial and commercial purposes, was granted, in this case, by means of resolution R-578-2001-MINAE of the Ministry of Environment and Energy at 9:00 hours on December 17, 2001, in favor of Industrias Infinito S.A., for the exploitation of gold, silver, copper, and associated minerals. The initiation of activities was conditional upon the subsequent approval of the Environmental Impact Study.

In judgment #2004-13414 of 9:29 hours on November 26, 2004, the Chamber declared that the decision to grant the exploitation concession, without the prior approval of the environmental impact study, could cause irreversible environmental damages, for which it annulled the administrative act of concession, under the following considerations:

"…the decision to grant the exploitation concession without the approval of the environmental impact study can cause damages to the environment that would prove irreversible and about which, later, there would be nothing left but to regret and try to mitigate some of their effects, when such a situation could have been prevented. Precaution which, as stated, is established in the United Nations Conference on Environment and Development of 1992, where Costa Rica subscribed together with other nations to the Rio Declaration, for which it is necessary to point out principle 15: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' and principle 17: 'Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.'"

By resolution #3638-2005-SETENA of 9:25 hours on December 12, 2005, environmental viability was granted to the Crucitas mining project, requiring an environmental guarantee of $600,000, calculated at $3,000 per impacted hectare per year, in accordance with what is established for mining projects.

By resolution #170-2008-SETENA of 12:50 hours on February 4, 2008, changes to the project were evaluated, mainly in the depth of extraction, which increased from 15 meters to 67 meters, on average, reducing the extractive area from 126.4 ha to 50 ha. The foregoing, in view that Canada (destination market) does not allow the inclusion of "inferred or estimated" mining resources derived from saprolite, but rather that it must also be extracted from hard rock, which increases the quality of the gold and requires the use of blasting. The modification was approved and the formation of the oversight and monitoring commission was ordered.

Subsequently, by means of resolution R-217-2008-MINAE of 15:00 hours on April 21, 2008, a new mining exploitation concession was granted in favor of the same company for ten years to exploit the same minerals. The license was conditioned, likewise, on the project proving environmentally viable.

I consider that the current concession, from 2008, was granted under conditions contrary to the fundamental right to a healthy environment. First, because it was conferred without a new environmental impact study having been conducted, comprehensive of the modifications raised by the company in December 2007, which is, in my opinion, indispensable. The project, which at this moment is intended to be brought into reality, is completely different from the one that was initially proposed before SETENA and to which the corresponding environmental viability was granted, as a result of the approval of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) that inspected works diametrically different from those now being attempted. But, additionally, the activity was authorized without the existence of a comprehensive study prepared by SENARA on the impact on water resources in the area. Although there are local studies, about the project area, quite specific, regional analyses were not conducted to determine the influence between aquifer layers, including the one that will be used for the tailings lagoon. In granting the amparo, the majority of the Chamber relies precisely on that omission, but it is contradictory with environmental protection to consider it remedied by a study proposed by the interested mining firm, with a simple endorsement from the Manager of the mentioned National Service. The Chamber has insisted, even recently (e.g., in judgment #2008-15760 of 14:30 hours on October 22, 2008), that the alteration of the sequence of authorization acts for an activity that negatively impacts the environment is contrary to Constitutional Law, fundamentally if it implies issuing the administrative act declarative of rights in favor of the private party before establishing with certainty that such activity is sustainable. Such temporal inconsistency between authorization acts operates in the present matter and, from an environmental perspective, the nullity of the concession is an obligatory consequence of the analysis that has been carried out.

In summary, the order of administrative environmental authorizations was disrupted, and two crucial studies are conspicuously missing: a complete environmental impact study on the project after its significant modifications and a deep and comprehensive analysis by SENARA on the water resources in the area. The direct consequence of the foregoing is the annulment of the mining concession and the submission of the project to new evaluations, of environmental impact and hydrogeological, to obtain its viability; and it would not be until its environmental innocuousness is determined that the authorization act to exploit the minerals could be issued.

C.4. On the Decree of National Convenience (Conveniencia Nacional), #34801-MINAET, and the land-use change (cambio de uso del suelo) provided for in article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal).

The issue of the national convenience of the authorized activity has also been the subject of lively controversies before this Court. Such convenience was declared in Executive Decree #34801-MINAET of October 13, 2008, based on the fact that article 19 subsection b) of the Forestry Law (Ley Forestal) permits land-use change and the cutting of trees on forest-covered lands and in protection areas, for state or private projects that the Executive Branch declares of National Convenience (Conveniencia Nacional), and that article 6 of the Mining Code qualifies mining activity as being of public utility. It is indicated that the specific project of Industrias Infinito, S. A. will bring various economic benefits to the community of San Carlos and the central government. In contrast to the benefits, the Decree details that for the construction and development of the Crucitas Project, the cutting of trees is required on 191 Ha (7,782.66 m2) possessing forest, which represents 19.93% of the existing forest on all the properties, the cutting of trees on 66 Ha (9,474.53 m2) in areas of agricultural and livestock use without forest, which represents 14.00% of the areas of agricultural and livestock use without forest existing on all the properties, and the cutting of trees on 4 Ha (1,751.38 m2) possessing forest plantations, which represents 12.33% of the existing forest plantations on all the properties. Among the forest species in the area, some are prohibited, according to the Chamber's vote #2002-2486 of 10:54 hours on March 8, 2002, and Executive Decree #25700 of November 15, 1996. In resolutions #2008-17292 of 14:45 hours on November 19, 2008, and #2008-17293 of 14:46 hours on the same day, the Chamber found – with my dissenting vote and that of Magistrate Cruz Castro – that the Decree could not be examined through an unconstitutionality action, as it consisted of a concrete declaration of convenience and not a normative provision, relegating to this process the definition of its conformity with the Constitution. Linked to this case, judgment #2009-17155 of 14:00 hours on November 5, 2009, was also issued, where, among several points discussed, the majority of the Chamber reiterated the precedent of pronouncement #2006-17126, in the sense that articles 19 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) are not contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as long as it is not an authorization for public institutions to "legitimately" harm the environment, nor does it imply establishing a regime of exception. On that occasion, it was clearly established that the possibility of land-use change (cambio de uso del suelo) that is known is reserved solely for private forest heritage, with which the natural heritage of the State is not "affected" (articles 1, second paragraph, and 18 of the Forestry Law (Ley Forestal)).

In my judgment, and according to the reasons I have stipulated above regarding the serious environmental consequences of the project, there is no reasoned balance between the benefits and the probable environmental damages that will derive from it, such that its foundation is weak and unconstitutional. The practical effect of issuing the Decree in question is to empty the right to the environment of its content, just as the Chamber had expressed in its resolutions #2002-2486 and #208-13426, previously mentioned. In those, the great green macaw (lapa verde), as an endangered species, was categorically defended, inflexibly prohibiting the cutting of the yellow almond tree (almendro amarillo). The norm allows precisely the opposite, and hence, I repeat, its unconstitutionality.

I also already pointed out, in my dissenting vote in resolution #2009-17155, that the exceptions permitted by article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal) flagrantly violate the right to a healthy and ecologically balanced environment. There can be no double discourse or hesitations in this matter; one either bets on conservation or dispenses with it, in open confrontation with the Constitution and the international instruments that seek environmental protection.

D. The breach of the principle of citizen participation. In this case, it has been demonstrated that there has been a flagrant breach of the principle of citizen participation; the foregoing is corroborated if one considers that in the specific case, providing a hearing to the citizenry was completely omitted regarding the modifications made to the design of the mining project in question, such that at no time was the possibility offered for neighbors or, in general, interested persons who were present in the case file to issue their opinion on the social, environmental, economic, and legal implications that the changes made to the original design submitted before the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and that had been approved by that body could have; in this way, by not granting a hearing to the population, that body violated this principle of profound constitutional roots, regarding which the Chamber has indicated that:

"IX.- By virtue of the foregoing, the democratic principle has a triple constitutional connotation: firstly, as an essential characteristic of our Social and Democratic State of Law, which implies a special form of electing our governors, which translates into the system of representative, participatory, and pluralistic democracy, as the indirect exercise of Power through the various popularly elected positions; secondly, as a source or parameter of interpretation, insofar as it constitutes the source and guide of the legal regime, by permeating the entire legal system and all legal forms, such that it imposes itself as a guiding principle in the political organization of the State and all forms of collective organization (as occurs with the integration of collegiate bodies of corporate entities, both municipalities and professional associations and production corporations) and representativeness as its pragmatic instrument of realization; and thirdly, as a true right, and in that condition, justiciable before administrative and jurisdictional instances, as occurs with the system of women's quotas (before the Supreme Electoral Tribunal) in order to achieve forty percent representation, both in candidacies for eligible positions and in the organization of political parties; or with respect to the participation of residents of the affected locality in the holding of the oral and public hearing provided for within environmental impact study procedures (judgments number 2000-9060, of ten hours twenty-seven minutes of October thirteenth, two thousand, and number 2001-05737, of fourteen hours forty-one minutes of June twenty-seventh, two thousand one). (…) public authorities, always and as far as possible, must promote and encourage citizen participation in decision-making, because this is nothing more than the recognition of the democratic character of Costa Rican society." (judgment 2003-03475 of 08:56 hours of May 2, 2003).

The state obligation to encourage the intervention of people in matters related to the exploitation of the environment is not a mere desire or the fruit of an interpretation removed from constitutional norms, but rather finds support in provisions of various ranks within our system of sources; in this regard, the Political Constitution, in its numerals 1 and 9, states:

"Article 1.- Costa Rica is a democratic, free, and independent Republic.

Article 9.- The Government of the Republic is popular, representative, participatory, alternating, and responsible. It is exercised by the People and three distinct and independent Powers from each other. The Legislative, the Executive, and the Judicial." (Emphasis supplied).

On the other hand, the Rio Declaration, in its principle 10, provides:

"Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided." (Emphasis added by the reporting magistrate).

Finally, the Organic Law of the Environment, number 7554, in its numerals 22 and 23, makes clear the obligation to respect and promote people's participation in environmental matters; in this regard, they prescribe:

"ARTICLE 22.- Assessment file. Persons, individuals or legal entities, public or private, shall have the right to be heard by the National Environmental Technical Secretariat, at any stage of the assessment process and in the operational phase of the work or project. The observations of interested parties shall be included in the file and assessed for the final report.

Within the five business days following the receipt of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), the National Environmental Technical Secretariat shall forward an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out.

Likewise, it shall give wide dissemination, through mass media, to the list of studies submitted for its consideration.

ARTICLE 23.- Publicity of information. The information contained in the environmental impact assessment file shall be public in nature and shall be available for consultation by any person or organization.

However, interested parties may request that information integrated into the study be kept confidential, if its publication would affect industrial property rights.”

In this case, a public hearing was held on July 31, 2004, in the Coopevega Community Hall (proven fact 14), an act temporally very distant from the modification of the project, approved on February 4, 2008, by the National Environmental Technical Secretariat. That is to say, at the time the hearing was held, it was not possible to discuss the variations of the mining proposal. I reiterate that the importance and weight of the modifications obligated repeating these steps, including the public hearing. The contrary implies that at the time when the interested parties were able to ask, object to, and comment on the plan, it presented relevant differences from what was finally approved. With this, the principle of participation was violated, one of the pillars within the procedures aimed at granting environmental viability (viabilidad ambiental). The human being who will receive the consequences of governmental decisions on environmental matters cannot be excluded from participation in decision-making in matters linked to this area.

In sum, for the considerations set forth, I cast my dissenting vote and declare the amparo petition to be granted, nullifying the resolution of the National Environmental Technical Secretariat conferring environmental viability on the project (#170-2008-SETENA of February 4, 2008), the resolution of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications that authorized the mining concession (R-217-2008-MINAE of April 21, 2008), and Executive Decree #34801-MINAET of October 13, 2008, which declared the project of national convenience (conveniencia nacional), in order to permit the felling of protected forest species, such as the almendro amarillo.

Gilbert Armijo S.

VCG08/2020

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Content of Interest:

Content Type: Dissenting Vote (Voto salvado)

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS (ASUNTOS DE GARANTÍA)

Topic: ENVIRONMENT (AMBIENTE)

Subtopics:

CONCESSION (CONCESION).

File: 08-014068-0007-CO

Separate Vote of Magistrate Cruz Castro.

I dissent from the majority vote on several of the issues raised; I consider that in a case as complex as the one raised through this amparo petition, the violation of several fundamental rights is evident, as will be explained.

A. Regarding how the authorization and the felling of the almendro amarillo occurred. In this aspect, there is an injury to the right to the environment, emphasizing, in addition, that the jurisprudence of this Chamber, which had established the prohibition of felling the almendro amarillo throughout the entire national territory, without any exception, is contravened. The majority vote makes a distinction that is not consistent with the jurisprudence of this Chamber regarding the felling of the almendro amarillo, since it prohibits its felling only in the nesting places of the lapa verde, implying that it is permitted—with prior permission—in places where the lapa verde does not nest. However, this distinction is inadmissible, according to the following arguments: First, in the previous resolution of this Chamber, number 2002-02486 at 10:54 hours on March 8, 2002, it was expressly stated that “because of its relationship with the almendro tree, its felling must also be prevented throughout the entire territory, clearly this must be respected mainly in the zones where the optimal habitat for the survival of said species is found,” thus the mandate—which admits no exceptions—that this Chamber previously made is clear, regarding the absolute prohibition of felling the almendro amarillo throughout the entire national territory. Similarly, the operative part of resolution number 2008-13426, at 09:33 hours on September 2, 2008, ordered prohibiting the processing of permits for the use, exploitation, or extraction of the almendro amarillo while this tree remains on the list of threatened species; it literally ordered: “That official is prohibited from initiating or continuing any procedure aimed at the use, exploitation, or extraction of the almendro amarillo (dipteryx panamensis) while this tree and the lapa verde (ara ambigua) remain on the list of threatened or endangered species.” According to this criterion and its essential content, the argument with which the felling is authorized is inadmissible, assuming that this action is constitutionally legitimate because it does not seek the use, exploitation, or extraction of the wood. Clearly, it is not the ultimate purpose of the felling that supports its prohibition, but the simple fact of the felling itself; the destination given to the cut trees is a secondary matter that can never lead to affirming that if the purpose of the felling is not exploitation, then such action is authorized. It is not the eventual consequences, such as the use of the wood, that determine the protection of the almendro amarillo. On this point, I dissent from the argument set forth in the majority vote. Second, given the clear obligation of the State to ensure the survival of endangered species, and bearing in mind that the almendro amarillo is a species declared threatened with extinction, it inevitably follows from such premises that the State must ensure the survival of the almendro amarillo throughout the entire national territory, preventing its felling, regardless of whether such action is carried out with an ulterior purpose. What is stated in the majority judgment to the effect that “the scarce or null environmental impact from the cutting of 197 trees out of a population of more than 700 individuals, considering that the almendro trees to be cut are not primary forest but secondary and young, and that the established plan that was already being fulfilled at that time involves the planting of 103 almendro trees for each tree of that species that is cut,” does not modify the grave threat of extinction looming over the almendro; the planting of new trees—counter to the prior felling—does not compensate for the effects of the act by which the felling of a threatened species was carried out. In environmental matters, the protected goods are not fungible. Note that in this delicate, vulnerable, and sensitive matter such as environmental damage, what sense would the replanting of trees have, if by the time these had grown to the state of the trees felled, the species that depended on that habitat would already have been harmed. Third, the almendro amarillo merits protection per se, which, while indeed reinforced by its relationship with the lapa verde, cannot be disregarded as also a species in its own right, a part of nature, declared in danger of threat of extinction, which also merits protection for itself. It is not possible to justify the felling of the almendro in the “sites where the bird does not nest,” even with permits, because such a criterion would not be consistent with that set forth in the precedents of this Chamber, according to votes 2002-002486 and 2008-013426. In conclusion, I consider that according to the jurisprudential line that this Chamber had maintained in previous opportunities, there exists an absolute and total prohibition on felling the almendro amarillo throughout the entire national territory. Therefore, since it was proven in this amparo petition that on October 17, 2008, SETENA authorized the cutting of 197 almendro trees, and since the respondent company proceeded with said cutting, the violation of the right to the environment is evident, as this places the almendro amarillo in a position of risk or threat and compromises the existence of the lapa verde. For this reason, the petition must be declared GRANTED with respect to this point.

B. The variation of the project without requiring an environmental impact assessment and public consultation. Regarding the approval of the modification of the original project without obtaining a new environmental impact assessment and without calling a new public hearing process, I consider that it is a violation of the right to the environment and the right of citizen participation. Certainly, as the majority vote states, “The recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the application of the mentioned precautionary principle, and the consequent regulatory development in environmental protection matters impose compliance with different requirements and procedures that allow the administration to know the real impact that the execution of activities and works—public or private—may have on the environment, so that once the corresponding certainty is acquired, it can authorize or reject their undertaking.” From this, it follows that it is necessary for the State to know the impact that the execution of works and activities—public or private—will have on the environment before authorizing or approving them. In this sense, I also agree with what is affirmed in the majority vote when it asserts that “The performance of environmental assessments has been recognized by this Chamber equally as a guiding principle in environmental matters, from which it follows that their observance and application is unrestricted to ensure due environmental protection.” From this, it follows that the requirement of environmental assessments—such as that scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting which effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making—comprises various phases, among them the preparation of an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA), when dealing with activities, works, or projects classified as highly significant. In the case under analysis, with the environmental viability having already been granted to the project, and the validity period of said viability about to expire (granted on December 12, 2005, for a validity period of two years, expiring December 12, 2007), the company presented before SETENA, on December 6, 2007, what it called “Proposal for Modification to the Crucitas Mining Project,” this proposal being approved by decision of the Plenary Commission, by resolution number 170-2008-SETENA, of February 4, 2008. However, such approval is granted without a new environmental impact assessment and without calling a new public hearing process. In this matter, it is evident that a modification to a project of such magnitude required something more than “a Sworn Declaration of Environmental Commitments of a unilateral nature” or a series of “technical documents supporting the proposed modification.” These requirements prove insufficient given a project of such significance. For this reason, I consider that what was appropriate and necessary for the better protection of the right to the environment was the presentation of a new environmental impact assessment, where the public administration would have had a more active participation, evaluating the dimension and impact of the proposed changes. Regarding the characteristics of the project, being open-pit metal mining, the approval of what the company presented is not sufficient. Furthermore, note the mandatory nature of calling a public hearing again, based on the reiterated jurisprudence of this Chamber related to the fundamental right of public participation in the decision of matters related to the environment, which this Constitutional Court has derived from the correlation of Articles 9 and 50 of the Political Constitution. Regarding the mentioned constitutional principles, judgment number 2008-015760 at fourteen hours thirty minutes on October twenty-second, two thousand eight, states:

“VIII.- ON THE INFRINGEMENT OF THE RIGHT TO PUBLIC PARTICIPATION IN THE DECISION OF MATTERS RELATED TO THE ENVIRONMENT. CORRELATION OF ARTICLES 9 AND 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. (…) On this subject, and based on the analysis carried out concerning the importance of the EIA (EIA), it must be reiterated that, according to the most qualified doctrine, the assessment is a primarily participatory procedure for the anticipated weighing of the environmental consequences of a decision to approve or deny a given project. According to the doctrine, the environmental impact study appeared, from its origins, related to the Anglo-Saxon tradition of inquiries and public hearings, so the guarantee should be emphasized that throughout the assessment and at its different moments, those affected by the final decision will be heard, who may be not only the communities or subjects immediately involved, but groups that defend diffuse interests, such as the opportune protection of the environment. On the promotion of public participation in relation to environmental issues, the Rio Declaration provides the following:

“PRINCIPLE 10

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.”

The World Charter for Nature cited supra, in Principle No. 23 provides the following:

“23- All persons, in accordance with national legislation, shall have the opportunity to participate, individually or collectively, in the process of preparing decisions that directly concern their environment, and when it has been subject to damage or deterioration, they may exercise the necessary remedies to obtain compensation.”

At the domestic level, the Organic Law of the Environment provides the following:

“Article 22.- Assessment file

Natural or legal persons, public or private, shall have the right to be heard by the National Environmental Technical Secretariat at any stage of the assessment process and in the operational phase of the work or project. The observations of the interested parties shall be included in the file and evaluated for the final report.

Within the five working days following receipt of an environmental impact assessment, the National Environmental Technical Secretariat shall send an extract of it to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall give wide dissemination, through mass media, to the list of studies submitted for its consideration.

Article 23.- Publicity of information

The information contained in the environmental impact assessment file shall be public in nature and shall be available for consultation by any person or organization.

However, interested parties may request that information integrated into the study be kept confidential, if its publication would affect industrial property rights.”

For its part, the Biodiversity Law provides, in pertinent part, the following:

“Article 95.- Public hearings

The National Technical Secretariat shall hold public hearings for information and analysis on the specific project and its impact, when it deems necessary. The cost of publication shall be borne by the interested party.

Participation is any process that involves society in the adoption of proposals, problem-solving, and decision-making regarding the approval of a given activity or project.”

In judgment No. 10693-2002 at 18:20 hrs. on November 7, 2002, this Constitutional Court emphasized that the guarantee of citizen participation is an instrument that provides citizens with the power to make effective their right to a healthy environment, hence it is an intrinsic part of the guarantees enshrined in Article 50 of the Political Constitution. Said resolution provided the following:

 
“(...) this Chamber considers that derived properly from the democratic framework that informs the entire legal order and that is given by Article 1 of the Political Constitution, in conjunction with the right to a healthy environment established in Article 50 of said Charter, in addition to international instruments and the respective legal norms, it is necessary to extract as certain the existence of a right of all persons to participation in decision-making concerning matters of public interest, in this case environmental protection. This right to participate thus becomes an essential instrument for the inhabitants to enforce their right to a healthy environment; however, it cannot be understood as a mere exercise of an opinion, because contrary to what might be considered at first glance, this participation must be understood in a broad sense, so consequently, it implies three basic dimensions—as recognized by the Rio Declaration of 1992—: the right of access to information, the right to participation per se, and the right of access to justice in environmental matters. These three dimensions contain, in turn, a series of basic procedural rights—both in administrative and judicial venues—that together ensure that persons’ opinions will not become an empty and rhetorical exercise of freedom of opinion, and that on the contrary, they will effectively be taken into account by the public authority.

(...)

ii.– The right to public participation. This aspect implies the possibility for those persons who may be affected or who have an interest in a decision concerning the environment to express their criteria, opinions, points of view, or questions about it from an early stage, without these having to be subject to specific formalities to be taken into account. Consequently, the information provided to the administered must contain non-technical summaries that allow persons to understand the magnitude of the discussion. Likewise, it entails the existence of adequate time periods so that, prior to participation, a stage is carried out for citizens to become informed.

The right to participation within the environmental impact assessment procedure. This Chamber, in a recent precedent (see judgment number 2002-06466 at fifteen hours fifty minutes on July second, two thousand two), has established that the obligation of prior environmental impact assessment is derived as a necessary consequence of Article 50 of the Political Constitution, being established in Article 17 of the Organic Law of the Environment

(...)

The environmental impact assessment procedure is characterized by being an administrative procedure with a differentiating note, since it seeks to avoid or minimize the eventual configuration of environmental damage within the execution of activities about which there is certainty concerning the harmful effect that these would produce on the environment if carried out without any restraint. In other words, this instrument corresponds to the materialization of the principle of prevention, in that given an activity that is known beforehand to be harmful to the environment, the interested party proposes a series of measures aimed at avoiding or mitigating ecological harm to the public body or entity—in this case, SETENA—which is responsible for determining whether they are the most suitable for such purpose. Consequently, since what this procedure pursues at all times is to foresee any negative consequences through a broad flow of information, it is natural to understand that one of its characteristics is that persons who may be affected by the development of the project can provide fundamental data or points of view that the competent authorities, as a result of omissive or arbitrary conduct, could ignore or set aside, thus leaving the environment unprotected. In this way, the principle or right of participation implies, within the environmental impact assessment procedure, a high degree of publicity, to the point that any act or request that has a significant effect on the final outcome of the same must be of general scope for all interested parties, so that they can exercise their opinions at any time and not be pigeonholed into a specific procedural moment. The role of the public as a defender of a healthy environment goes ‘from cradle to grave’, that is, from the start of the productive activity as a project to the end of its useful life. Hence, it would not be admissible that, in an exploitation aimed at lasting for an indefinite period, even decades—as is the case with hydroelectric projects—and with irreversible consequences, the participation of those social sectors that may be affected is limited to a procedural stage, which, like a hearing, may last only a few hours. Thus, by reason of its preventive nature, it is required that, from the very moment of its initiation, a project subject to environmental impact assessment must be brought to the attention of the public for the purpose of initiating an open phenomenon of participation. (...)” The highlighted text is not part of the original.

“… By virtue of the foregoing, the consulting deputies are correct, since the regulation that is intended to be approved within the Legislative Assembly defers the right to citizen participation to a moment after the concession for the construction, operation, and administration of the tourist marinas has been granted. Consequently, it intensely limits the rights of interested parties to express their views on the advisability of the project in question. Although Article 9 of the draft law provides for a procedure of consultation, public hearings, and objections before the competent authorities for granting the concession, the truth is that, at that moment, there is a lack of appropriate technical information from professionals in the field that would allow for a substantiated participation by the interested parties. As has been developed throughout this consultation, the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) is characterized by being a process of information flow related to the advisability of the project, the eventual effects, and the damages sought to be minimized. Consequently, carrying out a consultative procedure without previously having appropriate information from professionals in the field sensibly limits the right of persons to actively participate in the procedure under analysis, because they lack, up to that moment, the necessary information to oppose or support the project in question. In effect, a consultative stage is carried out without, up to that moment, the public being made aware of the project’s details and its eventual effects on the environment, given that, as analyzed in the cited judgment, access to information is a transcendental element in promoting the right to participation. This purpose is likewise highlighted in the General Regulation on the Procedures for Environmental Impact Assessment (EIA) (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), which highlights that the intention of the hearing held within the framework of the EIA (EIA) is precisely to inform civil society about the activity, work, or project intended to be developed and its impacts (see Article 3, subsection 12). In light of the foregoing, postponing the Environmental Impact Assessment to a moment after the granting of the concession sensibly limits the right of persons to participate in defense of a diffuse interest, such as the effective and opportune protection of the environment. ”

Taking into account the mentioned precedent, it is evident that the modification of the Crucitas mining project required not only a new Environmental Impact Study, but also that it was necessary to call a new Public Hearing. As stated in the transcribed judgment, the environmental impact assessment procedure is an instrument that corresponds to the materialization of the principle of prevention, in that, given an activity that is known beforehand to be harmful to the environment, the interested party proposes a series of measures aimed at avoiding or mitigating the ecological harm to the public body or entity—in this case, SETENA—which is responsible for determining whether such measures are the most suitable for this purpose. Consequently, any person who may be affected by the development of the project can provide fundamental data or points of view. Thus, SETENA did not request a complete Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) when the design of the Crucitas Project was varied, as presented in December 2007 by the company (according to which the extraction is modified from 8.5 to 22 million tons in total rock and soil extracted, multiplying the extraction depth by six), but instead approved it on February 4, 2008, without having previously called a new public hearing, as it did initially, thus violating the right to the environment and the right of citizen participation. It should be taken into account that, for the undersigned of this vote, calling upon the citizenry is the responsibility of SETENA, and it can never be considered that meetings called by the interested company with some community groups can substitute this constitutional obligation. Note, additionally, that the modification presented implied, among others, a drastic change in the depth of the excavations, which would go from 15 meters to 67 meters (see resolution no.170-2008-SETENA of February 4, 2008, where the modification to the project is approved), which required a new environmental impact assessment. The approval period for the modification, two months after it was presented, is clearly insufficient to carry out the evaluations that the modifications warranted. There is no clear evidence demonstrating that there exists an essential similarity between the scope and content of the original project and the subsequent modification; for this reason, technical control as transcendental as the environmental impact study, and likewise, political control as important as public consultation, could not be circumvented.

C. The insufficiency and weakness of the calculation regarding the environmental cost of the project. From the simplification and omissions surrounding the declaration of the project as of national interest, contraventions to the constitutionality block are evident. The declaration of national convenience (conveniencia nacional) of the mining project was one of the necessary requisites for granting authorization for the land-use change (cambio de uso del suelo) on the property where the respondent company develops the project, since such lands were classified as having forest cover (cobertura boscosa). In this sense, by virtue of the provisions in subsection b) of Article 19 and Article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), if the Executive Branch declares the project of national convenience, the prohibition on land-use change is eliminated. However, according to the legal and regulatory norms (see subsection m) of Article 3 of the Forestry Law), for the Executive Branch to proceed with such declaration, it must be proven that the social benefits of the project exceed the socio-environmental costs. Therefore, it is true, as the majority vote states, that “In short, if the Executive Branch considers that a mining project can or should be declared of national convenience, it must have proven the superiority of the benefits over the costs through the application of appropriate procedures or instruments.” Nevertheless, it is precisely on this aspect that I base my dissenting vote, as the decree of the Executive Branch does not substantiate in a due, sufficient, and accurate manner that the mining project in question entails more benefits than costs. And the arguments provided by the respondents to consider this requirement fulfilled—which is transcendental for this Magistrate, dealing with a matter as sensitive as the environment—prove inadmissible, as explained. In the first place, the economic valuation report on environmental effects and social benefits carried out by Juan Muñoz Giró, while it is true concludes that the benefits exceed the costs, was carried out in February 2009, while the decree dates from October 17, 2008. That is to say, this report cannot come to support the decree, because not only was the report issued after the decree’s entry into force, but also, said report was carried out even after the request for evidence for better resolution made by this Chamber on November 25, 2008.

Secondly, it cannot be assumed that, simply because the mining project in question has environmental viability (viabilidad ambiental), this must mean that the superiority of the benefits over the costs has already been demonstrated, as the SETENA Secretariat does via official letter SG-ASA-259-2008 of October 10, 2008. In this regard, the basis that should have been demonstrated in the decree in question is not supplied per se by the fact of having environmental viability. Especially when, as stated in the preceding paragraph, the original project was modified without a prior public hearing and without conducting a new environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental). Thirdly, upon meticulous examination of what the decree in question states, it is observed that the only recitals referring to said support are VII, VIII, and IX, with VII and IX concentrating on the benefits—basically economic—and VIII briefly on the costs. As such, the decree addresses the benefits but is practically void of any explanation of the costs, an omission that makes it impossible to perform the balancing and weighing required for open-pit metallic mining. In this case, given the characteristics and the impact of this type of mining activity, whose effects on the environment are not innocuous, the environmental costs of the project should have been evaluated; this evaluation includes the matter of the cost of water, biodiversity, the mobilization and transport of thousands of tons of earth and rocks, etc. In a mining activity of this type, as stated, the evaluation cannot concentrate on traditional economic parameters; rather, other inputs that usually go unnoticed must be evaluated, especially those relating to the environment. An assessment is required that determines the cost and impact on the biosphere, water resources, biological diversity, etc. Without a doubt, it is important to evaluate the cost of the irreversible impacts on hundreds of hectares of forest cover (cobertura boscosa) (flora and fauna), air, soil, surface waters, groundwater, geomorphology, landscape, and communities. The fact that the cost of these irreparable impacts is ignored, that they are not traditionally accounted for, does not make them constitutionally irrelevant assets. The transcendence and complexity of the environmental cost require a specific and careful evaluation, avoiding its minimization, as is done in the declaration of national convenience. The complete elimination of vegetation cover and soil from an area of 227.6 hectares, which includes an approximate extent of 192 hectares of forest (in different degrees of intervention and growth) and 67 hectares of pasture, without disregarding that the project also affects aquatic ecosystems such as rivers, streams, and channels. The formation of two open pits of fifty hectares in extent and fifty or sixty meters deep are variations that have a significant environmental cost, the effect and accounting of which cannot be ignored. The compensation plans that the mining company proposes in good faith perhaps stem from a naive vision with unpredictable consequences in the coming decades, for we well know that a tropical forest and its aquatic environments do not recover overnight; perhaps it is assumed that nature can be destroyed and subsequently restored without major setbacks. Little is known about many of the tree species that will be cut down in the project, especially the rarest and endemic ones. In this regard, the "Crucitas" mining project contravenes Article 50 of the Constitution, because there is no certain basis demonstrating that the cost and damage to the environment are less than the economic benefits the project will produce. The social value that the environment represents demands, in accordance with the constitution, a privileged and careful evaluation. All these omissions and deficiencies affect the very basis of the declaration of national convenience of the project. An open-pit activity that has such a high environmental cost requires an evaluation of this extreme in order to achieve the constitutional legitimacy demanded by a right as transcendental as the right to a healthy and ecologically balanced environment. Fourthly, there did not exist a single document addressing the socio-environmental costs, as was admitted at the hearing held, nor was there a single normatively predetermined methodology on how to weigh said costs, all of which grants a very broad margin of discretion, a situation incompatible with the certainty needed in environmental matters. I must highlight that during the oral hearing held in November two thousand nine, the representatives of SETENA stated that there was no specific study on socio-environmental costs and benefits. This imprecision, while not in itself demonstrating absolute ignorance regarding the mentioned evaluation, I believe does demonstrate that this point was not given priority and determining consideration, confirming the omission and imprecision I have mentioned regarding the socio-environmental cost-benefit evaluation. In this sense, without attempting to conduct a critical evaluation of specific and specialized studies, it is worth mentioning that the first cost evaluation that appears in the file of the open-pit metallic mining project "CRUCITAS," which is a twenty-five-page document with an annex containing a feasibility study dated April 6, two thousand one, presented by Master Edwin Vega Araya, contains no specific reference to socio-environmental costs and benefits. Subsequently, a study on the socio-environmental valuation and social benefits of the project is presented, endorsed by Professor Juan Muñóz Giró; however, this study, as stated supra, became known after the decree declaring the project of national convenience was issued. That is to say, the evaluation of socio-environmental benefits and costs was done after the Administration had considered the project of national convenience. This belated and untimely evaluation of such a transcendental extreme demonstrates that environmental cost was not a significant or relevant parameter. It undoubtedly should have been an essential focus in the new environmental impact assessment that should have been required given the substantial variation of the open-pit mining exploitation project. Finally, the norms that enable the declaration of national convenience for an open-pit metallic mining project are also questionable and perhaps merited a constitutionality analysis. Such a study required a constitutionality analysis; however, in the majority vote, such a possibility was dismissed. The declaration of national convenience of the project required a specific evaluation of the socio-environmental cost, overcoming its traditional invisibilization or undervaluation. The Executive Branch did not proceed in a constitutionally acceptable manner to demonstrate that the benefits of the project in question exceeded the costs, especially the socio-environmental ones; for this reason, the declaration of national interest of the "Crucitas" mining project is unconstitutional, as it does not comply with the requirements contained in Article 50 of the Constitution.

Conclusion: In accordance with the arguments just set forth, the undersigned author of this dissenting vote considers that there were sufficient grounds to grant the appeal, for violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and the right to citizen participation, and the appropriate course would be to annul everything done prior to the approval of the modification project for the mining project, including the executive decree that declared the activity of national convenience, so that in its place SETENA would proceed to convene a new public hearing before approving the modification and would proceed to conduct a new environmental impact assessment.

Fernando Cruz Castro

Magistrate

VCG08/2020

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Content of Interest:

Content type: Separate note

Branch of Law: 4. MATTERS OF PROTECTION

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

CONCESSION.

Separate note by Magistrate Cruz Castro:

Institutional weaknesses in the evaluation and control of environmental matters. In the discussion and analysis of open-pit metallic mining of the Crucitas project, I have identified some weaknesses that compromise the effective and timely control of activities that affect the environment. Among the mentioned potential weaknesses, I highlight the following:

1- It is not advisable for the cost of the environmental regent (regente ambiental) to be financed by the corporation subjected to environmental control. This link between the controller and the controlled could seriously distort the functions that the environmental regent must perform.

2- In projects of environmental significance, the environmental impact assessment (EIA) must have a control and evaluation procedure that does not depend exclusively on the Executive Branch; in this sense, a legal regime could be promoted that grants the country's university centers a greater role in the analysis and evaluation of environmental impact assessments. Strengthening the control and evaluation body is advisable because it cannot be ignored that the environmental impact assessment is financed by the company seeking to demonstrate that its activity does not contravene the requirements of Article 50 of the Constitution.

3- The severe resource limitations of the state institutions responsible for the environment are palpable in the case of the open-pit mining concession of Crucitas, since SENARA could not conduct a hydrogeological study, having to validate the one presented by the company ECOAMBIENTE S.A., which was paid for by the same corporation managing the concession.

4- The state weakness in the control and supervision activities of the Crucitas mining concession is also evidenced by the obligations assumed by the company Industrias Infinito, when the concession contract establishes that the company shall provide collaboration to the Government in training public officials of the agencies that must exercise control over the mining activity. This training is intended to ensure that the officials acquire suitable criteria. Once again, the supervised company has a clear influence on the definition and profile of the parameters to which it could be subjected.

The aforementioned weaknesses demonstrate the serious limitations the Administration has in the face of a mandate as transcendental as that contained in Article 50 of the Constitution. The protection of a healthy and ecologically balanced environment requires better institutional definition and a greater amount of resources, especially if the aim is to prevent mining activity from causing serious and irreparable damage to the environment.

Fernando Cruz C.

VCG08/2020

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Text of the resolution
*080140680007CO*

Exp: 08-014068-0007-CO

Res. No. 2010006922

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours thirty-five minutes on April sixteen, two thousand ten.

 

Amparo remedy, filed by Edgardo Vinicio Araya Sibaja, of legal age, single, Attorney, with identity card number 2-483-663, on behalf of Asociación Norte por la Vida, against the Ministry of the Presidency; the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications; the National Environmental Technical Secretariat; and Industrias Infinito Sociedad Anónima.

Whereas

  1.- By writ received in the Secretariat of the Chamber at one hour eighteen minutes on October nineteen, two thousand eight, the petitioner files an amparo remedy against the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, Industrias Infinito S.A. and SETENA, on the grounds that, in his view, to carry out the Crucitas Project, the mining company will raze a protection zone of streams and springs (quebradas y nacientes) in the excavation area and the tailings areas where lagoons will be built to store cyanide-laced material. In addition, it will have to divert streams and affect aquifer recharge zones, which will affect important surface aquifers such as the "La Plata" and "La Mina" streams, as well as aquifer recharge zones. He points out that on May 21, 2008, the company requested a land-use change (cambio de uso del suelo) from MINAE, for which a management plan was approved that will raze 262 hectares. He indicates that on July 17, 2008, the Official Gazette La Gaceta number 201 published Executive Decree number 34801-MINAET, in which the Presidency of the Republic and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications declared the Las Crucitas mining project of public interest and national convenience. Likewise, they authorized the cutting of trees required by the project, including protected species (almendro amarillo, habitat of the great green macaw), omitting the hectares that will be cut down; he also states that the benefits established therein are mere expectations. He states that this Decree lacks technical basis and that recital IV did not substantiate the cutting declaration, and it is also completely remiss regarding the assessment of the socio-environmental cost that the total destruction of more than 196 hectares of forest, the protection zones of rivers and streams that the mining company will invade and destroy would entail, with its consequent impact on water resources. All of the foregoing, in his view, violates the right to a healthy environment, and he therefore requests that the remedy be granted and the challenged decree be annulled as unconstitutional.

2.- By writ filed on October 23, 2008 at folio 45, José Merino del Río, of legal age, married, with identity card 8-046-249, political scientist and sociologist, deputy, and Heidi Murillo Quesada, of legal age, single, with identity card 2-522-758, accountant, resident of Ciudad Quesada de San Carlos, in their capacity as representatives of the Costa Rican Federation for Environmental Conservation (FECON), file an amparo remedy against the President of the Republic, since they allege that the request for a land-use change from forest to open-pit gold mining, with cyanide leaching, intended to be carried out in a zone of high environmental vulnerability located less than three kilometers in a straight line from the Costa Rican bank of the San Juan River, an area very close to several protected wild areas designated to protect endangered species, such as the great green macaw. They point out that of the total area that would be affected by the change in land use, at least 191 hectares 7782.66 square meters are land covered by forest. They allege that the land-use change plan intends to carry out clear-cutting, that is, the total elimination of trees and vegetation cover in a total area of 262 hectares. Furthermore, they could affect the protection areas of surface streams and springs, such as La Plata and La Mina streams, as well as aquifer recharge zones. On May 21, 2008, the company requested a land-use change from MINAE. They indicate that on July 17, 2008, the Official Gazette La Gaceta Number 201 published Executive Decree Number 34801-MINAET of thirteen hours on October thirteen, two thousand eight, in which the Presidency of the Republic and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications declared the Las Crucitas mining project of public interest and national convenience. Likewise, they authorized the cutting of trees required by the project, including protected species. They state that this decree lacks technical basis and that it permits mining activity and declares it of public interest, despite changing land use on forest land and cutting trees in water resource protection areas. The decree is remiss in the necessary valuation of the socio-environmental cost that the total destruction of protection zones of rivers and streams would entail, with its consequent impact on water resources and on wild flora and fauna species in danger of extinction. The decree lacks a scientific-technical basis that, objectively, would allow valuing the socio-environmental cost of destroying the forest and water resource protection areas and that would make it possible to determine with certainty that the social benefit of that destruction is greater than its socio-environmental cost. On October 17, 2008, the MINAE Subregion San Carlos-Los Chiles authorized the mining company's land-use change plan, so at least as of that date and during the following days, acts of tree felling and destruction of vegetation cover were carried out in the area of the "Las Crucitas" mining project without the environmental damages caused to the forest, biodiversity, endangered wildlife, and water bodies having been quantified to date. In their view, the term "national convenience" used in Article 2 of the challenged Decree is tainted with unconstitutionality, as it violates the right to a healthy and ecologically balanced environment. They indicate that any interpretation thereof must be made restrictively and in favor of the pro homine principle. They request to be granted a period to file an action against Article 2 of the Decree in question and that this remedy be consolidated with file 08-014068-0007-CO.

3- At folio 72, a writ filed by Gladis Martínez de L., representing the Inter-American Association for Environmental Defense (AIDA), is recorded, through which she submits a document offering information since she had requested the President of the Republic to suspend the authorization for the Mining Project.

4.-  The following report under oath: Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, and Sonia Espinoza Valverde in her capacity as General Secretary of SETENA (folio 95 of the file), that it is true that the company requested permission from SINAC for the land-use change, a request that was processed through file AH-O1-PM-003 2008, for which the corresponding requirements were requested. They clarify that it is not 262 hectares of forest that were authorized to be cut, but 191.77 in forest area, 66.94 in areas of agricultural use without forest, and 4.17 in plantations. They indicate that the President's Decree was indeed published on October 17, 2008, and it does not suffer from any illegality. They state that the Forestry Law allows forest management of forests on private property for works or projects that have been declared of public interest and national convenience for the need to change land use with forest management plans, in accordance with Articles 33 and 34. They indicate that the project underwent an environmental impact assessment and was granted environmental viability number 3638-2005 SETENA. Furthermore, they indicate that the petitioner partially cited Articles 19 and 34 of the Forestry Law, and that the legislator, through numeral 19, clearly established the manner of forest management, wherein even though a land-use change for timber purposes is prohibited, this prohibition is not unrestricted; on the contrary, the legislator prudently left the State with the tool to authorize activities in cases where national convenience so justifies it and provided the purpose of the change of use is other than the mere exploitation of the timber resource, a declaration that is the responsibility of the Executive Branch. They state that the studies have been conducted over ten years and that the impacts have been duly evaluated, as have the mitigation and compensation measures for non-mitigable impacts. They point out that a broad study of the case in relation to the National Development Plan and the objectives of Peace with Nature preceded the declaration of public interest and national convenience, both documents governed by the principle of sustainable development insofar as they require the triple viability of the project (environmental, social, and economic). They indicate that there is sufficient scientific certainty that the great green macaw population and its habitat will not be endangered. According to the environmental management plan attached to the Environmental Impact Assessment, the total area of the project is only subject to occasional passage by the great green macaw; additionally, it was determined that it is not a nesting area for this species, so it is only necessary to ensure a food source for the birds, for which the maintenance and enrichment of an inter-niche biological corridor is planned. The project has a total area of 382 hectares to reforest, of which 42 have been reforested with the almendro species, for a total of 2,500 trees of that variety; additionally, a nursery of 2 hectares with a capacity to produce 67,500 trees per year was established. Among the environmental commitments, the following were established: 1- Installation of a training center for INA for the purpose of giving courses in cutting and sewing, aquaculture, organic agriculture, cheese production, fabric painting, and food handling; which generates new small businesses and benefits. 2- Direct jobs in the construction phase: 300, indirect: 1,265; in the operation phase: 250. 3- Improvement of the quality of life in 7 communities: support for the communities' producers' cooperative, quality-of-life improvement programs, improvement of the aqueduct. 4- Prior to the construction of the project, the company began a series of programs (Training for micro-entrepreneurs, labor training, creation of a Citizen Assistance Office, construction of 4 bridges, road maintenance, among others). 5- Labor for 11 years. 6- The investment will be US $65,000,000, which will be used to purchase materials, professional services, machinery, contractors, etc. 7- An annual payroll of US $4,132,859. 8- The receipt of local tax over eight years of -US $11,529,263 and to the central government a total of $70,322,309. 9- A trust is managed to develop social works and actions in the monitoring commission, which would receive US $364,063 per year. They indicate furthermore that the exception contemplated in Articles 19 and 34 of the Forestry Law was declared constitutional in ruling number 2006-17126. They reject the accusations regarding the Decree, indicating that it does indeed have sufficient scientific-technical basis. They state that the Environmental Management Plan guarantees the water balance, for which a hydrogeological study was attached. The lake is important for this balance, since this way the sterile material will remain covered and no acid drainage will be produced, and the aquatic ecosystems will not be subject to environmental damage. They request that the remedy be dismissed.

      5.-  By writ filed on October 24, 2008, Marcos Elizondo A. expresses his opposition to the project and requests that the remedy be granted (folio 116).

6.- By resolution of eleven hours thirteen minutes on October twenty-eight, two thousand eight, the Instructing Magistrate ordered the separation of the writ filed by FECON so that it would be processed as a new matter for challenging the constitutionality of Article 2 of Executive Decree 25721-MINAE. (folio 118).

 7.- In resolution of fourteen hours nine minutes on October twenty-eight, two thousand eight, the Instructing Magistrate clarifies the precautionary measure of suspension and orders the suspension of all logging and even the application of Executive Decree 34801-MINAET (folio 119).

8.-  Folios 127 and 128 of the file contain the request made by the Attorney General's Office for the administrative files related to the mining project for the criminal case opened against the President of the Republic for the crime of Prevarication.

9-  By writ filed by Carlos Navarro Fumero, he requests that the permit for forest destruction be revoked (folio 129).

10-. By writs filed at folios 130 to 139, Henry Arias, Sharling Arcia Arce, Adriana Garuolis, Estefanía Fresno Vega, Elena González, Adult Dentistry of Costa Rica, Daniel Sánchez, the Association for the Conservation and Sustainable Development of the Cerros de Escazú, express opposition to the Crucitas project and advocate for environmental protection.

11- By writ filed on October 31, 2008, José Merino del Río and FECON request the Chamber to be granted a period to file an action (folio 141).

12.- On October 31, 2008, the deputies of the Citizen Action Party Fraction appeared before the Chamber: Patricia Romero B, Marvin Rojas, Sergio Alfaro Salas, José Joaquín Salazar, Leda Zamora Chaves, Alberto Salom, Orlando Hernández Murillo, Patricia Quirós Quirós, Lesvia Villalobos Salas, Olivier Pérez González, Rafael Elías Madrigal Brenes, Francisco Molina, as well as José Merino del Río and Oscar López, as active coadjuvants, requesting the unconstitutionality of Executive Decree number 34801-MINAET (folio 143).

13.- In a writ filed on November 3, 2008, V. Vargas Elizondo, Wyna Araya Salazar, Víctor Peña N., Rolando Solano, Eduardo Chinchilla Blanco, Cristian Villegas Araya, Mario Alfaro, Daniel Campos Rodríguez, César Stiven León Solís, Mainor Q. B., Marta Quirós, Jorge Miranda Porras, Vilmer Castro, Carlos Luis Rojas Porras, Adrián Ramírez, Luis A. Suárez, Jeffrey Morera Chacón, Walter Rojas Oviedo, Deylin Bolaños Araya, Franciny Alfaro request to be included as coadjuvants, although they do not indicate whether passive or active (folio 148 to 152).

14- By writs attached from folio 154 to 158 of the file, Jonathan Rodríguez Berrocal, Franklin Araya Gamboa, and Priscila Gamboa Calvo request to be included as coadjuvants, although they do not indicate whether passive or active.

15- Juan José Bolaños, José Luis Rosales, Jeannina Barrientos Ching, Diego Grooscors Antillón, Leonor Isabel Antillón, Ronaldo Hirsch Keibel, Isaac Jiménez Morera express their disapproval regarding the project and advocate for a healthy environment (folios 160 to 167).

16- By writs attached from folio 169 to 171 and 183 of the file, Erica Camacho Sánchez, Sonia Arce Torres, and Sonia Isabel Villegas Salas request to be included as coadjuvants, although they do not indicate whether passive or active.

17- María Adilia Chavarría, Jorge Arturo Barrantes Murillo, Manuel Rojas Monge, Hansel Ramírez Rodríguez, Andrea Mariela Araya Sobaja, Dionisio Jorge Cabal Antillón, F. Arroyo Rojas, David Rueda Vega, Iván Alonso Murillo, Marta Eugenia López Subirós, Edgar Francisco Mora Guerrero, Marcos Chinchilla Montes, Seidy Jiménez Tabash, María Isabel Watson, Hannia Rodríguez Mora, José Luis Rosales, Sol Fernández Bustamante, Marcela Zamora Cruz, Rosaura Castro Torres, Laura Chinchilla Alvarado, Marianela Valverde Varela, Roberto Aguilar Rodríguez, Claudio Madrigal, José Heriberto M., Asdrúbal Vargas Molina, Iván López Quesada, Eduard Rodríguez, Yendry Rodríguez, illegible name identity card 2-324-021, Fabricio Vargas, Isidro Marín Díaz, Carlos Campos, Jimmy Araya Villalobos, Luis Angel Arroyo, Eduardo Salazar, Adolfo Sánchez, Miguel Paniagua Guzmán, Juan Carlos Arce, Mauricio Miranda Zeledón, José Enrique Sandí, Jonathan Villalobos Chaverri, Heriberto González Carballo, Iván Francisco Sancho Solano, Hilda Quesada Carvajal, Jorge Mario Madrigal Huertas, and Blanca Arguello Fernández, express their support for the amparo remedy against the mining project (folios 173 to 181 and 185 to 197, 202, 204, 207, 217, 219, 223, 231, 233, 235, 237, 239 to 249, 255).

18- By writ filed at folio 199, the petitioner requests the Chamber to conduct an expert survey and an on-site inspection, as well as the taking of testimonial evidence from two neighbors.

19- On November 3, 2008, Nicolás Boeglin sent the Chamber the statements from the National University and the University of Costa Rica rejecting open-pit mining exploitation (folio 209).

20- On November 3, 2008, José Eduardo Vargas Rivera, in his capacity as President of the Latin American Institute of Human Rights and Social Peace, appears in favor of the government, referring to controlled deforestation that does not produce an impact but rather a program of greater reforestation. He indicates that it is necessary to improve education and sources of employment to eradicate poverty and crime (folio 226).

21-From folio 257 to 436, several persons appear in the file in support of this amparo remedy.

22- John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, both in their capacity as general attorneys-in-fact for Industrias Infinito S.A., report (folio 437) that the project in question is one whose exploration phase began from 1993 to 1998. In 2001, the mining concession was granted; the following year, the environmental impact assessment was presented to SETENA. In 2004, the public hearing was held in the community; the following year, SETENA granted environmental viability for the saprolite model. In 2008, SETENA granted environmental viability to make modifications to the project, including: 1- the extraction area was reduced by 60%, so that it will only occupy 15% of the property, 2- the area to be reforested was increased from 336 hectares to 382, and with native species for conservation, 611,000 trees will be planted, thus connecting more than 800 existing hectares of fragmented forest, which is equivalent to conserving approximately one million more trees.

3- Thirty thousand liters of diesel per day will not be used to generate electricity with a generation plant approved by SETENA, and therefore 3.3 tons of CO2 will not be emitted. 4- To provide electricity to Crucitas, the company will donate a 69 KW, $6 million, 74 km transmission line to COOPELESCA, allowing other companies to connect. 5- In the mining process: clayey materials or saprolite and the hard rock containing the gold will be obtained, which will be processed by leaching in a closed cyanidation circuit in completely closed and controlled tanks that will be located in a safe zone to contain the entire existing volume in an emergency, which guarantees more than an additional 20% as a safety factor, and will operate independently allowing the recirculation of process water, as well as inputs for its processing, that is, a hydraulically closed circuit. A cyanide destruction plant also operates permanently through the Cyplus process, with which levels are reduced even to levels lower than those required by current regulations. The use of explosives will be safe and in accordance with legislation. A Mixed Commission for Environmental Monitoring and Control already exists, composed of 14 members representing each of the seven communities in the area, the DGM, the Municipality, the company, the Ministry of Health, ACAHN, SETENA, the involved Environmental Association, and additionally an Environmental Monitoring Commission. Regarding acid drainage, this occurs when the oxidation of sulfide minerals contained in the rocks are exposed to air and water; if any of these factors does not interact with the others, it does not occur. In any case, they use a safety factor in which they keep everything submerged 2 meters below the water level in the tailings area, as in Canada and Europe, which is why it is called the Tailings Lagoon. The company has invested $57,553,519.00 in the project. Regarding the water issue: through official communication number IMN-DA-1358-2008 of May nineteenth of last year, the Department of Water validated the inventory of Streams in the Exploitation Zone, the Tailings Reservoir, and Gaugings at the Intake Sites. Likewise, SENARA, through official communication number ASUB-279-2008 of the following July fourteenth, endorsed the study called “Hydrogeological Study” (but this refers only to the fuel tank); in addition, constant inspections of the project are carried out; there are more than 20 monitoring plans and environmental protocols, and a Mine Technical Closure plan is in place. Three years ago, it implemented the installation and maintenance of a forest nursery with native species from the area, and to date there are more than 67,500 native trees, of which 15,000 are almendro amarillo, and approximately 15 hectares have been reforested, corresponding to about 24,000 trees already planted, and for ten years, pasture areas have been reforested. With the land-use change, the species to be cut are not from primary forest but secondary. The land-use change was allowed because of all the compensations that had to be made in relation to reforestation, since for every tree cut, fifty must be planted, and for every almendro, one hundred will be planted, in the areas to be reforested, which comprise 382 hectares. With the sale of timber, other protection areas are financed, monitoring will be financed, and a trust for investments in the community. States that in the project area there is no protected wildlife area. Indicate that in the environmental impact assessment and its annex, the conditions of the streams and rivers in the project's area of influence, as well as the watercourses, were adequately studied. States that the regional aquifer is not exploited by the community and is not potable (due to pH or acidity values). Regarding the aquifer that is more superficial, it is very limited due to topographic variations and the distance at which it is located, it would not even reach the distance of the open pits. States that this aquifer contains clayey materials, that is, low to very low productivity, and is covered by a very impermeable surface, so the possibility of any contamination infiltrating is very low to nil. The Great Green Macaw has its nesting area outside the project area; it is a transit and foraging area, which is being addressed with the measures to be taken. The zone has multiple areas of almendro trees; there are 3,200 almendro trees for each pair of macaws. Argues that the project is well supported technically. Both SETENA and the Directorate of Geology and Mines assessed its social, environmental, and economic viability. Indicate that the petitioner does not provide technical evidence that refutes the technical criteria that support it, nor that demonstrates that environmental damage is occurring. The questioned Decree is based on norms that authorize mining and declare it of public interest. Likewise, the project conforms to the considerations that this Chamber has already issued regarding sustainable development (see judgment Number 2005-16376). State that the project has complied with all legal provisions, and the petitioner seeks for the Chamber to rule on aspects of a completely technical nature, which is improper. The environment is not being put at risk, as all the studies show that the activity in question will not cause serious or irreversible damage. The mining activity also does not contradict international conventions, as the Chamber has noted in amparos 98-1742-007-CO and 02-2714-007-CO. Indicate that as a result of the suspension ordered by the Chamber, the company had to suspend existing contracts, which meant that contractors laid off nearly 100 workers and that they are not allowed to apply the corresponding environmental mitigation measures. Requests that the appeal be dismissed and that they be allowed to apply the necessary mitigation measures.

23- From folios 567 to 876, 879 to 899, 966 to 971, 993 to 1007, 1087, 1089, 1091, 1095, 1096, 1098, 1133, 1134, 1316, 1318, 1345, 1348 to 1366, 1371, 1373, 1796, 1807, and 1808, several persons appear in the file in support of this amparo appeal.

24- On November 22, 2008, the MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY, AND TELECOMMUNICATIONS requested addition and clarification of the precautionary measure ordered by this Court, because the measure was extended to the development of infrastructure works in protection areas (folio 877).

25- By brief filed on October 24, 2008, Rodolfo Leandro Ulloa files amparo appeal 08-014454-0007-CO, in which he claims that he does not agree with the Las Crucitas Mining Project, in Cutris de San Carlos. By virtue of this, he mentions that said project was declared of public interest - by means of Executive Decree - without considering arboreal species in danger of extinction, as well as the list of arboreal species prohibited for their “cutting.” He maintains that the exploitation permit was granted to Empresa Minera Industrias Infinito S.A., which proceeded to fell trees in the area where the project was intended to be developed, even felling protected trees such as the Almendro - according to Constitutional Chamber vote 13426-2008. For this reason, he considers that the respondent authorities permitted “the indiscriminate felling of native species in danger of extinction” (see folio 1 of the file). Likewise, he indicates that the Forestry Law and its Regulations do not permit the total land-use change; therefore, he considers that “the removal of all tree cover is a change in land use.” In addition to this, he points out that open-pit mining projects represent a threat to public health, due to the use of very toxic chemical products, which could harm the inhabitants of the Cutris de San Carlos area. Consequently, in his understanding, the content of said Decree is contrary to law and therefore illegal, for which reason he requests the Chamber to grant the appeal, declaring said Decree null (folio 901).

26- By Resolution Number 16489 at twenty hours and twenty-eight minutes of October thirtieth, two thousand eight, amparo 08-14454 was consolidated with this file (folio 911).

27- Regarding the amparo processed in file number 08-14454-0007-CO, Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as General Secretary of SETENA, reports under oath (folio 913) that the reports submitted in amparos 08-008647-0007-CO, as well as 08-014068-0007-CO and 08-014464-0007-CO, must be added to the response given. Indicates that the forested area to be affected is 191.78 hectares, of which 66 have been cut, or 30% of the total. The net forest area will be 804 hectares dedicated to forest protection; the pasture area to be reforested will be 382, of which 16 have already been planted with native species. Upon completion of the project, it will be 1,186 hectares of protection forest, and 611,200 trees will be planted. Indicates that with the measures taken in the environmental impact assessment, no contamination by chemical substances will occur, and indicates that the project has an adequate water balance; therefore, the natural water flows below the ground will not be substantially modified, with respect to both surface water and groundwater. Requests that the appeal be dismissed.

28- In response to amparo 08-14454-0007-CO, Rodrigo Arias Sánchez, in his capacity as Minister of the Presidency, reports under oath (folio 917) that prior to the publication of the Decree, there was environmental viability from SETENA on two occasions, with all the case modifications that substantially improved the project and the benefits for the zone, which currently depends on monoculture. Reiterates the benefits already indicated in the SETENA report. Regarding the ordered felling, indicates that the compensation for the proposed land-use change is found in Considerando IX of Executive Decree number 34801-MINAET. Indicates that the triple viability of this Project (environmental, social, and economic) was assessed, which is consistent with the National Development Plan and the Goals of Peace with Nature. States that information has not been hidden; this is a conscious decision in which the elimination of said area cannot be avoided, but other compensatory and mitigation measures can be taken, responsibly advised and adjusted to the Forestry Law. Indicates that both aquifers were assessed in the environmental impact assessment, but there is no impact, as well as regarding the alleged contamination of rivers and streams by the system to be implemented called CYPLUS. Indicates that regarding a potential emergency contamination, there is a Chapter within the environmental impact assessment called Contingency Plan that incorporates all types of eventualities that could occur. In case of earthquakes, the tailings lagoon will have an overflow spillway or excess water weir that has been designed and approved in the environmental impact assessment and its Annex, to give the dam permanent stability and to independently manage excess water during periods of maximum precipitation. Furthermore, in addition to maintaining permanent quality control of the overflow water, a lime dosing plant will be installed, as well as at the outlet of the open pits, to neutralize the pH if necessary. The location of this plant is an additional measure and an extra safety factor, with which the quality of the discharge water is acceptable, as it complies with international norms. The mining project area presents the same degradation characteristics of the zone, where mosaic-type formations predominate, interspersing large pasture areas and some agroecosystems, with isolated forest patches of variable size. What has remained over time is an impoverished natural forest with the development of secondary forest. The almendro amarillo is a species present throughout the entire property where the project is being developed (1474 hectares), not only in the area where the infrastructure will be installed or the extraction area. Regarding the Great Green Macaw, specifies: 1- the property is a transit zone for areas where they nest; the remnant of almendro trees and thirty-seven others incorporated into their diet that also provide them with fruits and forage guarantee that the food supply for these birds will not be restricted. 2- the almendro amarillo tree in the zone, under open-area conditions, has an average growth of 1.8 m in height per year in the first six years. This, combined with having data of fructification between seven and eight years, allows for certainty of the recovery of degraded areas in a few years. 3- the project area is not a nesting zone, which is confirmed by the trees that were felled, in which no vestige of nests was found. The commitment of the company developing the Crucitas Mining Project is to reforest 382 hectares within the property with the planting of 611,200 trees of native species; lands that include those already degraded by extensive cattle ranching. During the project's development, 20 monitoring plans are stipulated within the Environmental Management Plan, including the physical and biological environment, to ensure that the measures proposed for impact mitigation are appropriate. Furthermore, it is also the developing company's commitment to properly dispose and relocate flora and fauna species that will be impacted within the project area. Regarding the concern that mitigation measures are not proportional to the impacts generated by clear-cutting, the sampling of herbaceous species yielded a total of 115 records, of which 56 are species that were not previously determined. A dominance of Araceae is observed, mostly epiphytes, as well as the Rubiaceae and Melatomataceae families. Araceae species are reported in areas with some degree of regeneration; while in the more degraded zones, pastures with scattered trees and scrubs, a smaller number of species was found, with a dominance of grasses. Mentions that in December two thousand six, a population study of tree species with diameters between 10-29.9 centimeters was carried out by FUNDATEC, belonging to the Instituto Tecnológico de Costa Rica, through the School of Forestry Sciences. This analysis allowed the local Conservation Area to be provided with adequate scientific information related to an intervened secondary forest stratum located in the AP. As a general conclusion of the study, it was obtained that the AP presents a floristic diversity of tree species that can be appropriately developed in the areas to be reforested, which form part of the mitigation and compensation measures for the project's vegetation cover aspect, especially because these measures will be carried out not only as a reforestation activity but rather aim to develop adequate habitats to form a biological corridor that allows the transit of small and medium-sized fauna species, enabling the transfer of seeds and fauna between the eastern and western sectors of the AP, which have better habitat conditions than the highly fragmented, intervened forests present in the AP. The forest species inventory shows data regarding the number of trees, volume, and basal area per hectare, characterizing them as very exploited areas. Although higher data are observed and shown in some study plots, they do not reach the generalized averages for primary forests in the zone. Exploited natural forests are considered “skimmed” natural forests from which practically all profitable material was systematically extracted. Depending on the intensity of the interventions, what remains and persists for a long time is an impoverished natural forest, or a second-growth forest develops. Additionally, the concessionary company submitted a census prepared by a forest regent before the respective Conservation Area, which includes diameters greater than or equal to 30 centimeters, as well as a natural regeneration study with smaller diameters. Meanwhile, the number of trees to be removed was submitted to SETENA, along with the corresponding prevention, mitigation, and compensation measures, information contained within the Environmental Management Plan that was assessed and approved by that authority. Indicates that with these studies, it can be assured that there is full knowledge of the available resources and allowed for assessing whether the mitigation and compensation measures incorporated in the Environmental Management Plan are pertinent; in this way, the granting of Environmental Viability was achieved. Regarding the corridor connecting Maquenque Refuge with Indio Maíz, said corridor is in the area of indirect (not direct) influence of the project, and its impact was analyzed in the environmental impact assessment, determining its viability. States that Article 50 of the Constitution has not been violated by the Administration, nor has the precautionary principle, with the issuance of the Executive Decree and the resolution for the forest permit for land-use change, as these are acts compliant with the principle of legality and within the constitutional competencies of the Executive Branch. Nor does it disregard the votes that this Constitutional Chamber has issued on the matter; the general provisions ordering the prohibition of the almendro and those issued on the subject are being respected, and there is no derogation or provision to the contrary. The decree of national convenience is an exceptional procedure provided for in law and adopted by the Executive Branch with full certainty of the impacts and the validity of the proposed compensation measures. The declaration of public interest and national convenience decreed by the Executive Branch was preceded by a comprehensive study of the case in relation to the National Development Plan and the Goals of Peace with Nature, which, as already indicated, conform to the Principle of Sustainable Development. But other factors have also been considered, such as the statements of other Costa Rican citizens who are supporting the project and who have sent letters contained in the file, citizens who demand that the country make decisions that allow them development options and improve the quality of life of their families and communities. Decision-making has been motivated and based on knowledge of the different topics and the scientific evaluation that the State has had available and has deemed suitable and sufficient to act with scientific certainty. All acts have been preceded by access to precise and exact information on the environmental impacts foreseen for the project, the forest cover area to be eliminated, and the State's studies and actions to have scientific certainty that the Great Green Macaw population will not be affected. The State has absolutely no lack of certainty; on the contrary, the lack of certainty and knowledge of the files lies with the petitioner, who has doubts that could have been resolved by the Administration if they had been consulted. It is not true, as the petitioner indicates, that Decree number 34801-MINAET has not considered the forest, flora and fauna species, or water resources, since, as has been explained, the fact that the Decree as such does not indicate it does not mean that all the studies providing technical support do not exist. Regarding the alleged fact that the project entails “destroying and razing all stream protection zones” and “diverting one or more streams,” thereby affecting surface water bodies and aquifer recharge zones, the Management Plan guarantees the water balance. The developer attached a detailed hydrogeological study, which ensures that at the end of the project, both groundwater and surface water will have an adequate water balance. The lake is very important for this water balance, since with its creation, the sterile material will be covered, so that acid drainage will not occur, and aquatic ecosystems will not suffer environmental damage. Indicates that the Executive Branch's actions have been in accordance with the law, and the decree in question was issued within the legal scope of its competencies. Requests that the appeal be dismissed.

29- Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, and Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as General Secretary of SETENA, submitted the report regarding amparo 08-014454-0007-CO, in exactly the same terms as the Minister of the Presidency did. They also requested that the accumulated amparos 08-014164-0007-CO, 08-014454-0007 CO, 08-014488-0007, and 08-014593 be considered answered. (folio 938)

30- By brief filed on November 24, 2008, Sandra Arredondo, in her capacity as environmental regent of the Crucitas Mine project, expresses to the Chamber her concern regarding the suspension of the project as a precautionary measure due to the consequences that could arise from not being able to apply mitigation measures (folio 973).

31- In a brief received on November 25, 2008 (folio 1008), Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, states in amparo 08-0014592-0007-CO that he presents a request for a partial lifting of the measure imposed by the Chamber, due to the fact that an inspection carried out by the Institutional Commission for Monitoring, Control, and Oversight of the Project on November 13th of that month determined that the activities carried out have not generated environmental impacts not foreseen in the studies, that the company has complied with the suspension of the corresponding works; however, authorization is requested to carry out certain activities because the project's suspension could produce adverse environmental effects that were not contemplated. The request seeks permission to extract the cut timber, dispose of and properly treat the plant waste present in the open pit area and the tailings lagoon, release surface water drainages and their respective protection zones, and maintain adequate phytosanitary control within the project. To adopt forest protection measures; to be allowed to implement and conclude works for sediment control and soil conservation; and to carry out the monitoring process.

32- On November 25, 2008, John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, in their capacity as general attorneys-in-fact for the company Industrias Infinito S.A., request the holding of a hearing (folio 1021).

33- By brief filed on October 23, 2008, Jorge Rodríguez Fonseca, with ID number 3-234-169, files amparo 08-0014375-0007-CO, in which he states that he does not agree with the Mining Project intended to be developed in the Cutris de San Carlos area. Indicates that with the approval of said project, hectares of forest will be deforested. States that he works exclusively in tourism; therefore, he considers that with the approval of the referred project, many people will lose their jobs, mainly those working in tourism. He considers his fundamental rights harmed. The petitioner requests that the appeal be granted, with the legal consequences thereof.

34- By resolution number 2008-16545, file 08-14375 was consolidated with this file (folio 1027).

35- Mario José Suazo Palma, with ID number 8-062-004, files amparo 08-0014461-0007-CO and claims that a permit has been granted to a private company to carry out open-pit mining activities in Las Crucitas, which will cause damage to nature and the species of birds and mammals that inhabit that place. He states that there is talk of conserving nature, and, on the contrary, the mountains and all their living beings in the forest will be destroyed. Requests that the appeal be granted (folio 1030).

36- By resolution number 16549 at fourteen hours and thirty-five minutes of November fifth, two thousand eight, amparo 08-0014461-0007-CO was consolidated with this file (folio 1035).

37- Rebeca Naranjo Unfried, of legal age, single, with ID number 1-1297-553, resident of Plaza González Víquez, files amparo 08-014533-0007-CO, in which she claims that analyzing the articles used by the Executive Branch in Executive Decree number 34801-MINAET, it is evident that their own interpretation of the law was used, incurring in attributions not proper to their nature, therefore only using parts of the articles, not contextualizing them, and not using the definitions that Article 33 establishes for the application of Article 34 of the Forestry Law. She states that the prohibited tree species found in this area do not fall under any of the assumptions established by Article 33 of the cited Law, and therefore are also not subject to the assumptions of Article 34; thus, it is evident the violation of Article 11 of our Political Constitution, as the public officials responsible for this decree attribute to themselves powers they do not possess by interpreting the law, and furthermore, the breach of the Principle of Legality, of constitutional content, since the goal intended to be achieved with this decree cannot be based on the laws used to do so. She considers that the content of said Decree is contrary to law and therefore illegal, for which reason she requests the Chamber to grant the appeal, declaring it null, and ordering all resolutions granted in light of it to be made ineffective (folio 1037).

38- By Resolution Number 16547 at fourteen hours and thirty-three minutes of November fifth, two thousand eight, amparo 08-0014533-0007-CO was consolidated with this file (folio 1047).

39- In a brief filed on October 29, 2008, by Adriana Naranjo Rojas, of legal age, single, with ID number 1-1149-229, resident of Guadalupe, she files amparo 08-014653-0007-CO (folio 1052), in which she indicates that Executive Decree number 34801-MINAET, issued at the Presidency of the Republic at thirteen hours of October thirteenth, two thousand eight, by the President of the Republic of Costa Rica, and the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, bases its authorization for the felling of species prohibited by Constitutional Chamber judgment number 2002-002486 at ten hours and fifty-four minutes of March 08, 2002, in this case the almendro, on Articles 19 and 34 of the Forestry Law. She indicates that from the cited articles it emerges that land use may be changed for projects of national convenience; however, the protection regime for the almendro species found in the area of the Crucitas Mining Project does not stem from land-use regulation; therefore, the cited resolution has erga omnes effect and can only be modified by a vote of the same Constitutional Chamber and not by Executive Decree. She points out that analyzing the articles used by the Executive Branch in the mentioned Decree, it is evident that their own interpretation of the law was used, incurring in attributions not proper to their nature, therefore only using parts of the articles, not contextualizing them, and not using the definitions that Article 33 establishes for the application of Article 34 of the Forestry Law. She states that the prohibited tree species found in this area do not fall under any of the assumptions established by Article 33 of the cited Law, and therefore are also not subject to the assumptions of Article 34; thus, it is evident the violation of Article 11 of our Magna Carta, as the public officials responsible for this decree attribute to themselves powers they do not possess by interpreting the law, and furthermore, the breach of the constitutional principle that is the Principle of Legality, since the goal intended to be achieved with this decree cannot be based on the laws used to do so. She considers that the content of said Decree is contrary to law and therefore illegal, for which reason she requests the Chamber to grant the appeal, declaring it null, and ordering all resolutions granted in light of it to be made ineffective. She considers that such facts violate the fundamental rights established in Articles 10, 11, 50, 56, 140, 148, and 149 of the Political Constitution. The petitioner requests that the appeal be granted, with the legal consequences thereof.

40- By resolution number 16548 of two thirty-four in the afternoon of November fifth, two thousand eight, amparo 08-0014653-0007-CO was consolidated with this case file (folio 1057).

41- On October 30, 2008, Esteban Dato Morice, of legal age, single, resident of Cartago, with identification number 1-1206-450, filed amparo 08-0014715-0007-CO (folio 1065) in which he states that Executive Decree number 34801-MINAET, issued at the Presidency of the Republic at one o'clock in the afternoon of October thirteenth, two thousand eight, by the President of the Republic of Costa Rica and the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, bases its authorization for the felling of protected species on Constitutional Chamber judgment number 2002-002486 of 10:54 a.m. on March 8, 2002—in this case, the almendro tree—on Articles 19 and 34 of the Forest Law (Ley Forestal). He indicates that from the cited articles it follows that land-use change (cambio de uso del suelo) may be permitted for projects of national convenience; however, the protection regime for the almendro species found in the area of the Las Crucitas Mining Project is not by land-use regulation, such that the cited resolution has erga omnes effect and can only be modified by a vote of the same Constitutional Chamber and not by Executive Decree. He points out that analyzing the articles used by the Executive Branch in the aforementioned Decree, it is evident that an interpretation of the law was used, incurring in attributions not inherent to its nature, since only parts of the articles are used, they are not contextualized, and the definitions that Article 33 establishes for the application of Article 34 of the Forest Law are not used. He states that the protected tree species found in this area do not fall under any of the assumptions established by Article 33 of the cited Law; therefore, neither are they subject to the assumptions of Article 34, making evident the violation of Article 11 of our Magna Carta by the public officials responsible for this decree attributing to themselves powers they do not possess in interpreting the law, and in addition the rupture of the constitutional principle that is the Principle of Legality, inasmuch as the purpose sought to be achieved with this decree cannot be grounded on the laws used to do so. He considers that the content of said Decree is contrary to law and therefore illegal, which is why he requests the Chamber to declare the action well-founded, declaring it null, and all resolutions granted in light of it must be rendered void. He considers that such facts injure the fundamental rights established in Articles 10, 11, 50, 56, 140, 148, and 149 of the Political Constitution. The petitioner requests that the action be declared well-founded, with the legal consequences.

42- By resolution number 16546 of two thirty-two in the afternoon of November fifth, two thousand eight, amparo 08-0014715-0007-CO was consolidated with this case file (folio 1073).

43- In a brief filed on November 4, 2008, Manuel Antonio Brenes Corrales, with identification number 3-203-250, filed amparo 08-014905-0007-CO (folio 1078) and states that the President and the Minister of Environment signed a Decree in which they granted permission to the company Industrias Infinitas S.A. to exploit the Las Crucitas project in Cutris de San Carlos, for the purpose of extracting gold. He affirms that the Decree violates all environmental law, knowing that the zone is protected. Furthermore, the terrain, the flora, the fauna, and the San Juan River are threatened. He considers violated Articles 50 and 51 of the Political Constitution. He requests the action be declared well-founded, with the legal consequences.

44- By resolution number 16544 of two thirty in the afternoon of November fifth, two thousand eight, amparo 08-014905-0007-CO was consolidated with this case file (folio 1081).

45- Magistrate Salazar requested, by resolution of eleven thirteen in the morning of November twenty-fifth, two thousand eight, as evidence for better resolution (folio 1084), a report from SETENA so that it might relate and certify which authorized instruments were used to determine the cost-benefit relationship in determining that the elimination of one hundred ninety-two hectares of forest authorized in the case under study will produce for the State a socio-economic benefit greater than the socio-environmental cost, as well as the result of said assessment, explaining in detail the technical reasons for arriving at the corresponding conclusion.

46- Magistrate Salazar requested, by resolution of eleven twenty-nine in the morning of November twenty-fifth, two thousand eight (folio 1085), as evidence for better resolution, that the Director of the School of Geology of the University of Costa Rica provide the analyses performed by three professors of that center on the environmental impact study of the mining project submitted by the School to SETENA on July 3, 2002, pursuant to official communication GD-371-02.

47- Magistrate Salazar requested, by resolution of eleven forty-nine in the morning of November twenty-fifth, two thousand eight (folio 1086), as evidence for better resolution, a report from SENARA so that it might certify whether there are aquifers in the region where the settlement of Las Crucitas is located, Cutris district, San Carlos canton, province of Alajuela, in the northern zone of the country, their utilization, size, recharge, and discharge sites, and their significance in relation to regional and national water resources. Likewise, to inform whether there are studies on the impact that the mining activity conducted in the zone may have on the present aquifers and on the sites where they might discharge.

48- By a brief filed on December 2, 2008, Arnoldo Rudín, in his capacity as General Manager of Industrias Infinito S.A., reiterates his request to the Chamber for the holding of a hearing (folio 1100).

49- On December 2, 2008, Luis Guillermo Obando Acuña, in his capacity as Interim Director of the Central American School of Geology, responded to the hearing granted by this Chamber (folio 1104), indicating that he does not have certainty as to the documents provided at that time, but hereby provides official communication SG 1045-2002 of July 2, 2002, official communication GD-371-02 of July 3, 2002, and other documents received by said School from a mining geologist on June 20, 2002, an environmental geology professor on June 10, 2002, and an Environmental Auditor on June 3, 2002.

50- By briefs filed on November 25 and December 2, 2008, Arnoldo Rudín, in his capacity as General Manager of Industrias Infinito S.A., reiterates his request to the Chamber for the holding of a hearing (folios 1137 and 1138).

51- At folio 1139 is recorded the referral made by the Presidency of the Chamber to this case file of the note dated December 9, 2008, in which the respondent company requests a hearing in this matter.

52- By a brief filed on December 3, 2008, Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretary General of SETENA (folio 1140), responds to the resolution in which evidence for better resolution was requested from her, upon which she stated that it is the competence of the President and the Minister of the sector to declare a project of national convenience, over which SETENA has no influence whatsoever. On the other hand, she indicates that SETENA does not determine the felling of trees; rather, that corresponds to SINAC. As regards its competence, SETENA analyzes the environmental impacts of the project. She reiterates that the area to be impacted is not 192 hectares but 191.77 and reiterates the grounds she has provided in prior reports.

53- In a brief filed on December 4, 2008, at folio 1143, Bernal Soto Zúñiga, in his capacity as General Manager with powers of unlimited general attorney-in-fact of the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (SENARA), renders a report and indicates that for the analysis requested by the Chamber, he commissioned the Groundwater Area of SENARA to certify whether in the settlement of Las Crucitas, Cutris District, there are aquifers, their utilization, size, recharge and discharge sites, and their significance in relation to regional and national water resources, as well as whether there are studies on the impact that the mining activity conducted in the zone may have on the present aquifers. In accordance with official communication number ASUB 543-08 of December 3, 2008, no wells or springs (nacientes) are registered within a radius of 10 kilometers from coordinate 316000-501000 Lambert North. Nor are any illegal springs or wells registered, which does not mean they do not exist. SENARA has not conducted hydrogeological studies in the zone. He indicates that no environmental impact studies for the Crucitas project assessing the impact of mining activity in the zone on the aquifers have been submitted. Only the assessment of one case for the installation of a fuel tank has been processed, which was addressed by note ASUB 279-08. The hydrogeological study submitted indicates that 2 aquifers are found in the zone. This study presented geological data for the entire area, as well as isophreatic lines of the lower aquifer, based on exploratory drilling conducted to assess the feasibility of mining exploitation. He indicates that the study submitted at that time defined the specific conditions of the site where the fuel tank is to be installed and not the regional hydrogeological conditions, given that the study was a specific assessment.

54- By a brief filed on December 8, 2008, Eliécer Rodríguez Carmona, in his capacity as President of the Las Crucitas de Cutris Education Board, expresses support for the Mining Project due to all the benefits obtained (folios 1219 to 1221).

55- By briefs received on December 8 and 14, 2008, recorded at folios 1222, 1227, and 1258 to 1298, several workers of the respondent company appear in the case file and express their agreement with the actions of the authorities and the respondent company.

56- In briefs received on December 8, 2008, Lorena Castro Sandoval, in her capacity as Director of the Llano Verde School, and Warner Rojas Quirós, in his capacity as President of the Road Committee 2-110-104, Chamorro to Crucitas route, express their agreement with the project and the actions carried out by the respondent company (folios 1226 and 1228).

57- By a brief filed on December 8, 2008, at folio 1229, the Founders of COOPEVEGA DE CUTRIS, MORAVIA DE CUTRIS, CHAMORRO DE CUTRIS, CRUCITAS DE CUTRIS, LLANO VERDE DE POCOSOL, and JOCOTE DE POCOSOL present their passive joinder and endorse a sustainable development for a community that was in abandonment and that the company has managed to reactivate.

58- By briefs filed on December 8, 2008, the Integrated Development Association of Boca Arenal de Cutris, the Coopevega Store and Coopevega Service Station, the Pro-Mejoras Chamorro y El Roble de Cutris Association, the Integrated Development Association of Llano Verde de Pocosol and Crucitas de Cutris, and ASOCRUCITAS express their support for the project (folio 1234, 1235, 1239, 1241, 1243).

59- On December 9, 2008, residents of the communities of Ciudad Nelly, Corredores, Puntarenas, Palmar Sur, Osa filed active joinder in this matter (folios 1245 to 1250).

60- In a brief received on December 10, 2008, the Executive Director of the Colegio de Geólogos de Costa Rica (folio 1252) attaches the pronouncement of the Colegio de Geólogos de Costa Rica endorsing the project.

61- On December 11, 2008, the Municipality of San Carlos filed a certification attesting that the Municipal Council thereof, by majority, supports the Mining Project (folios 1292 to 1298).

62- In a brief received on December 11, 2008, the Cantonal Sports and Recreation Committee of San Carlos expresses its support for the Crucitas Mining Project (folios 1299 to 1303).

63- From folio 1304 to 1315 of the case file are recorded briefs from residents of the area, the General Manager of the San Carlos Sports Association, the Director of the Ebais of Coopevega de Cutris, the President of the Community Development Association of Coopevega de Cutris, the President of the Sports Committee of Coopevega, the United Women's Association of Coopevega, the group pro-dispatch center of the Red Cross of Coopevega, and the El Ranchón Tourist Center, supporting the Mining Project.

64- In relation to the amparo being processed in case file number 08-14454-0007-CO, on December 12, 2008, Jorge Rodríguez Quirós, in his capacity as Interim Minister of Environment, Energy, and Telecommunications (folio 1320), stated that by official communication DAJ-1829-08 of November 24, 2008, a request for partial lifting of the measure imposed by the Chamber was filed, by virtue of the fact that due to an inspection conducted by the Institutional Commission for Monitoring, Control, and Oversight of the Project on November 13, 2008, it was determined that the activities conducted have not generated environmental impacts not foreseen in the studies, and that the company has complied with the suspension of the works in question; however, authorization is requested to conduct certain activities because the suspension of the project may produce adverse environmental effects not previously contemplated. The request is for permission to extract the cut timber, to dispose of and adequately treat the vegetative waste present in the area of the cuts and the tailings pond, to release surface water drainages and their respective protection zones, and to maintain adequate phytosanitary control within the project. To adopt forest protection measures, to allow the implementation and completion of works for sediment control and soil conservation, and to develop the monitoring process. In an inspection conducted on November 27, 2008, the same conditions were maintained, which is why they request the Chamber to rule on the matter. They attach results of the inspections conducted.

65- On December 15, 2008, Luis Obando Acuña, in his capacity as Interim Director of the Central American School of Geology of the University of Costa Rica, submitted a pronouncement in favor of responsible mining activities (folio 1341).

66- On December 16, 2008, the petitioner Analive Arce requests that this amparo be resolved (folio 1344).

67- By a brief of December 19, 2008, Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretary General of SETENA, reiterates the arguments given in the prior reports in complying with the request for evidence for better resolution that had been requested from her and that she rendered through official communication SG-AJ-1317-2008-SETENA (folio 1345).

68- On January 12, 2009, Jorge Herrera Ocampo, in his capacity as Executive Director of the Colegio de Geólogos de Costa Rica, appears in the case file, considering that it is incumbent upon him to give his opinion in this regard (folio 1347).

69- By a brief received on December 20, 2008, Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretary General of SETENA, at folio 1367, responds to the evidence requested and indicates that Decree number 32966-MINAE, corresponding to the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA) — Part IV, published in La Gaceta 85 of Thursday, May 4, 2006, stipulates in its Anexo 2 the minimum methodology that allows the assessment of environmental impacts generated by a project, work, or activity. The methodological development for impact assessment stipulates the use of an Environmental Impact Importance Matrix (MIIA), which allows the determination of the effects of the project and their significance, and consequently the proposal of corresponding prevention, mitigation, and compensation measures. She clarifies that although the issuance of the Decree occurred after the submission of the Environmental Impact Study of the Crucitas Mining Project, this instrument does incorporate an interaction matrix that allowed the assessment of environmental impacts, as can be verified on pages 301-429 of its Volume II. At the same time, the document called Environmental Assessment of Proposed Changes to the Project, submitted on December 6, 2007, constitutes an update of the MIIA on pages 32-53. The MIIA is a globally accepted tool for the qualitative assessment of projects that present environmental assessment instruments, including Environmental Impact Studies (EsIA); it helps to determine the effect of each impactful action on each factor and environmental aspect impacted, including the social and economic component, by which the importance of the impact is determined. The importance of the impact is a function both of the degree of incidence or intensity of the alteration produced, and of the characterization of the effect, which itself responds to a series of qualitative attributes, such as intensity, extension, type of effect, manifestation period, persistence, reversibility, recovery capacity, synergy-accumulation, periodicity, importance. This importance of the impact is represented by a mathematical model, which takes values between 13 and 100; impacts with importance values lower than 25 are irrelevant or compatible, or the environmental measures were contemplated in the project design; moderate impacts present an importance between 25 and 50. They will be severe when the importance is between 50 and 75 and critical when the value is greater than 75. The matrix allows the interaction of socioeconomic factors with the other environmental components, which must necessarily be analyzed, which in turn allows the proposal of the respective preventive, mitigation, and compensation measures that are incorporated into the Environmental Management Plan-Forecast (P-PGA). Once the P-PGA with the corresponding measures is approved, its execution becomes an environmental commitment that must be assumed by the developer. The MIIA is an element of great relevance in the analysis of Environmental Impact Studies, which assists the multidisciplinary technical evaluation team in recommending or not the Environmental Viability (License) of the projects, works, or activities submitted to SETENA. The assessment under this methodology required by SETENA implies obtaining a final impact, which is the difference between the state of the environment with and without the project, taking into account not only the effect of the impactful actions but the continued effects. For the specific case of the Crucitas Mining Project, the MIIA incorporated into the analysis of the socioeconomic sphere elements such as land use, population characteristics, needs of settlements in areas of direct and indirect influence, and employment, among others, where the values obtained yield a positive result for the development of the project, so that in general terms an increase in quality of life and a positive impact on the local economy is foreseen. In this sense, and by way of example, it can be verified on pages 45-46 of the Environmental Assessment of Proposed Changes for the Crucitas Mining Project, that among the impacts considered severe are the impact on quality of life with a score of +68 and the generation of employment and income also with a score of +68; in both cases the impact is positive, for which no additional mitigation measures are proposed beyond those already contemplated in the corresponding instrument. Quality of life comprehensively evaluates the interaction of the components of the natural environment (physical, biological, and other components of the socioeconomic environment), such as air, water, soil, aquatic ecosystems, and terrestrial ecosystems, for which, in the Crucitas Mine project, the necessary measures were taken to ensure that the project will be developed in a controlled environment. For all significant negative impacts, the necessary environmental measures have been foreseen, so that no deficit has been generated in the attention to the environmental elements, and this precisely explains the positive balance of the quality-of-life component. The document Environmental Assessment of Proposed Changes to the Project, approved by Resolution 170-2008-SETENA of February 4, 2008, determines that all impacts identified as severe and critical in the socioeconomic sphere were positive for the development of the project and its surrounding environment. The P-PGA incorporated into the EIA approved by SETENA (including the update of the P-PGA carried out in the document Evaluation of Proposed Changes to the Project) is the basis of the document called "Socioeconomic Balance of the Crucitas Mining Project," which was submitted to the Chamber. She indicates that the suitable instrument according to current environmental law and the significance of the environmental impact for carrying out the environmental impact assessment of the Crucitas Mining Project is the Environmental Impact Study, through which it can be determined that the project is environmentally viable, where the social benefits are greater than the socio-environmental costs.

70- By a brief filed on October 26, 2008, Carlos Alberto Alfaro Mata, of legal age, married, attorney, resident of Florencia de San Carlos, with identification number 3-207-739, filed amparo 08-014464-0007-CO (folio 1376), and indicates that on July 17 of the current year, Executive Decree Number 34801-MINAET was published in the Official Gazette La Gaceta number 201, page 5, issued at the Presidency of the Republic at one o'clock in the afternoon of October 13, 2008, by the President of the Republic of Costa Rica and the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, decreeing in pertinent part: "…Article 1. The Crucitas Mining Project developed by the company Industrias Infinito, S.A. is declared of public interest and national convenience; Article 2- By virtue of this declaration, the developing company, after prior authorization from the corresponding office of the National System of Conservation Areas, may proceed with the felling of trees (including species that are protected) and the development of infrastructure works in protection areas, as indicated in the project; Article 3- The developing company must comply with each of the compensation measures provided for in Considerando IX. For the monitoring and control of the foregoing, it shall render a report to the corresponding office of the National System of Conservation Areas, which shall certify compliance; Article 4- Effective as of its publication…". He relates that Industrias Infinito S.A. is the holder of the Mining Exploitation Concession recorded in the National Mining Registry of the Directorate of Geology and Mines, under case file number 2594. The Ministry of Environment and Energy, by resolution number 217 of three o'clock in the afternoon of April 21 of the current year, granted the mining exploitation concession to said company. The National Environmental Technical Secretariat granted environmental viability to the Crucitas Mining Project on December 12, 2005, by resolution 3638-2005-SETENA, and by resolution number 170-2008-SETENA of February 4, 2008, proceeded to approve modifications thereto. The content of said Decree is contrary to law and therefore illegal, which is why he requests the Chamber to declare the action well-founded, declaring it null, and all resolutions granted in light of it must be rendered void, in addition to the immediate suspension of all acts that are its consequence, further ordering the restoration of the damage caused to the ecosystem by the issuance and application of the questioned Decree.

71- Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, reports under oath regarding amparo 08-014464-0007-CO (folio 1398), that regarding Decree 34801-MINAET, which declares the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience, the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications will report, given that it is the entity that processed and approved said Decree. It is true that this Secretariat granted environmental viability to the Crucitas Mining Project (case file number 129-2002-SETENA), by resolution number 3638-2005-SETENA, of December 12, 2005. Likewise, it is true that, by virtue of resolution number 170-2008-SETENA of February 4, 2008, SETENA approved the modification of the project proposed by the developer. In compliance with the order issued by the Constitutional Chamber to this Secretariat (case file 08-014068-0007-CO), it ordered the suspension of tree felling by official communication number SG-AJ-1150-2008-SETENA, of October 21, 2008. By official communication number SG-AJ-1196-2008-SETENA of October 30, 2008, construction in the protection zones related to the project was suspended. By official communication number SG-AJ-1039-2008-SETENA of September 19, 2008, this Secretariat declared well-founded the developer's request that the Huetar Norte Conservation Area be informed: "that the social, environmental, and economic benefits evaluated in the environmental impact study allowed the granting of the environmental viability that it maintains to date"; "the project, if developed in accordance with the established environmental measures, will be viable from the environmental, social-environmental, and economic-environmental perspective." By official communication number SG-ASA-259-2008 of October 10, 2008, an additional criterion is issued to the respective Conservation Area. She requests that the filed action be dismissed.

72.- Rodrigo Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, and Sonia Espinoza Valverde, in their capacities as Minister of the Presidency, Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, and Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, report under oath regarding amparo 08-014464-0007-CO (folio 1409), that from the social standpoint, the project not only offers sources of employment for the area and a series of commitments, but as of today has already begun the execution of some agreements signed with the Municipality of San Carlos, aimed at improving the condition of the roads, and with Coopelesca R.L. to be able to supply electricity to the populations within the project's influence. As part of the social responsibility program, the company has signed a cooperation agreement with the Huetar Norte Region of the Institute of Agrarian Development to develop training and professional education programs for the residents of the area, in order to promote small and medium-sized enterprises, as an alternative for community development. It is not advisable for one or several communities, however small they may be, to depend on a monoculture; this has the consequence of exodus to other population centers, including the capital, in search of better opportunities. From the economic standpoint, the project will bring fiscal benefits to the country, taking into account that the company must comply with the payment of all national and municipal taxes imposed by law, in addition to paying the 2% established in Article 55 of the Mining Code. In addition to the foregoing, the company must obtain the patents required for any industry. In accordance with the relevant regulations, it must pay social security contributions. In order to ensure the total payment of taxes, in resolution 217-2008-MINAE of April 21, 2008, by which the concession is granted, the condition was established that the company may not take advantage of the free-trade zone regime. It is true that the compensation for the land-use change proposed by Industrias Infinito S.A. is found in Considerando IX of Executive Decree number 34801, but it must be clarified to the Chamber and to the petitioner that it is only an extract because the studies on this project are very extensive and complex and it is not materially possible to include them in the Decree, although they do appear in the case files. The amparo petitioner is unaware of the procedure that the company has complied with step by step over the course of 17 years to obtain all the licenses and permits that the law requires to be able to commence mining exploitation. It is from that perspective that Executive Decree number 34801-MINAET must be considered, in terms of the entire procedure, since the Declaration of National Convenience is a step or prior stage that the activity must have to be able to carry out the felling or elimination of the trees and thus be able to begin the work to access the mineral material it wishes to exploit. In the instant case, the project has been in discussion for many years; it has environmental viability, a requirement that the Constitutional Chamber found lacking in judgment number 2004-13414 of November 26, 2004. They indicate that the act is motivated and has sufficient technical-scientific basis for the responsible adoption thereof.

The State is not at all lacking in certainty; on the contrary, the lack of certainty and knowledge of the case files belongs to the petitioner, who has doubts that could have been resolved by the Administration had he consulted them, but that was not his wish. Instead, he comes to the Constitutional Court with the aim of having the Chamber supplant the work of the active administration and judge and evaluate the environmental assessment tool defined by SETENA, a multidisciplinary collegial body with maximum technical deconcentration of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, as well as having the Chamber supplant the will of the Executive Branch in its decision to declare the national convenience of a specific project. In summary, he seeks to challenge a legality issue in the constitutional court and, even more, to turn the Constitutional Chamber into a permit processor under the jurisdiction of the active administration. They request that the petition filed be dismissed.

73- By Resolution Number 16.572 at one thirty-nine in the afternoon of October twenty-seventh, two thousand eight, amparo 08-14464-007-CO was given course (folio 1432).

   74- By a brief filed on November 18, 2008, Deputy José Joaquín Salazar Rojas of the Partido Acción Ciudadana Caucus files an active joinder, and indicates that the legislator's intent in addressing the issue of forests was to authorize management, not clear-cutting of trees, which is a legal concept absent from our legislation (folio 1437).

75- At folios 1441 and 1458 of the case file is the same request for reconsideration of the precautionary measure ordered by this Court, filed by Roberto Dobles Mora in his capacity as Minister of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications in relation to case file 08-014464-0007-CO.

76- On February 11 and 12, 2009, petitioner Araya Sibaja requests that he be granted a time period to file an action (folios 1479 and 1504).

77- By a brief filed on February 12, 2009, petitioner Araya Sibaja provides evidence to the case file (press releases, from University Weeklies, from the Patriotic Committee of Pérez Zeledón, from the Municipality of Grecia) (folio 1482).

78- On February 13, 2009, John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, both in their capacity as general attorneys-in-fact of the company Industrias Infinito S.A. (folio 1505) state: Acid Rock Drainage (ARD) is the product formed by the atmospheric oxidation (due to the presence of water, oxygen, and carbon dioxide) of relatively common iron sulfide minerals and some other products generated as a consequence of those oxidation reactions. The result is strongly corrosive solutions, which leach and incorporate heavy metals from the rock (heavy metals can be found in solution only when the pH presents acidic conditions; in basic or neutral media, they bind to sediments or soils and are immobile). The discharge of these solutions affects the chemistry of surface and groundwater, posing environmental problems of various kinds. For managing this problem, there are two lines of action listed in order of preference: Prevention of the generation process and Treatment of the generated solutions. Beginning in 1996, studies were initiated to determine the presence of Acid Drainage in the rocks of the Crucitas gold deposit. To that end, tests were performed on oxidized material, fresh rock, and tailings or rejects materials. The tests included static Acid-Base Accounting (ABA), mineralogy/petrology, particle size analysis, and kinetic tests, all recommended by the world's best specialists in the field (the initial study was carried out by Graham A. Johnson, P. Eng., and later the studies were reviewed by Richard Donald, PhD, P.Ag and Peter Pheeney, MSc.E,eng. of Jacques Whitford ltd. 2007). More than 380 samples of rock, saprolite, and tailings that are representative of all present lithologies were analyzed; in addition, processed materials or tailings were analyzed using static acid drainage analysis methods, including acid-base accounting (ABA), humidity cell analysis, and mineralogical and total metals analysis. The results of the sample analyses indicate that sulfide minerals would tend to react under particular conditions and that there is a presence of minerals that neutralize acidification processes in smaller quantities; furthermore, metals are present at low levels in the deposit and tailings. Despite the existence of sulfide oxidation potential in the inert rock and tailings, proper management must be implemented to completely isolate the reaction with air, water, and sulfides. Placing these materials (waste rock and tailings) underwater completely eliminates the potential for acid generation. Proposed Acid Drainage Management: Waste rock with acid drainage potential from the Botijas and Fortuna pits will be deposited in the tailings lagoon area. To prevent acid drainage generation, the material from the gold extraction process, called "tails" (colas), as well as fresh rock material, will be placed sub-aqueously, i.e., entirely submerged underwater, in the tailings area called the "Tailings Lagoon." During the operation, rainwater and local runoff will be added to the process water, maintaining a water cover approximately 2 meters thick over the entire tailings area. After project closure, the process tails will remain under a water level at a depth of 1 meter; this depth will be permanently controlled by a spillway located in the main dam of the tailings impoundment. During pit operation, an evaluation of the ARD potential of water seepage through the pit walls will be conducted, and ARD seepage monitoring will be established. A detailed explanation of the system to be used is found in the attached document called "Management of Rock and Process Tails with Acid Drainage Potential." Based on a detailed review of different management scenarios for waste rock and process tails with acid drainage potential, it is concluded that sub-aqueous disposal of tails and waste material is the most efficient method of managing and mitigating the potential for an ARD event. This conclusion is consistent with the recommendations provided by William A. Price and John C. Errington of the Ministry of Energy and Mines of Canada, who in 1998 published "Guidelines for metal leaching and acid rock drainage at minesite in British Columbia." The company requested Mr. Arauz's opinion on the manner in which ARD control would be carried out in the project's development; he issued a professional opinion indicating that the Crucitas Project conforms to the technical requirements and guidelines recommended by the US EPA and other North American environmental agencies. The quality of the information generated is high-level and constitutes a solid basis for the prediction of ARD and the development of mitigation measures. The mitigation measures developed by the experts and adopted by Industrias Infinito are the most adequate. The technique of submerging material suspected of having ARD potential under a layer of still water has proven to be the most effective in preventing the generation of acidic waters. This is because, below that depth, the exchange of oxygen between the rock and the air through the water is minimal. Numerous studies and experiences confirm this (SRK Consulting, 1989). He concludes that the methodology proposed by the company to manage the acid drainage potential of the rock is the best, thereby guaranteeing that no environmental damage will occur.

79- On February 12, 2009, petitioner Araya Sibaja requests that he be granted a time period to file an action (folio 1509).

80- On February 13, 2009, John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, both in their capacity as general attorneys-in-fact of the company Industrias Infinito S.A. (folio 1533) state: Cyanide is the chemical substance chosen for gold recovery. It is one of the few chemical reagents that dissolve gold in water. For technical and economic reasons, cyanide is used for the recovery of gold from ore. Mining operations use very dilute solutions of sodium cyanide, typically between 0.01% and 0.05% (100 to 500 parts per million). Most of the cyanide produced in the world is used as a starting (basic) compound for the chemical industry. Cyanide is found in many plants and fruits that are part of our daily diet. Thus, we come into contact with cyanide constantly, but it is eliminated by the liver as long as its concentration is small and therefore not harmful. Nevertheless, cyanide is a “potentially” lethal substance if used without taking the necessary precautions. Cyanide poisoning will depend on the amount to which a person has been exposed, the form of exposure, and its duration. Depending on that, symptoms such as rapid breathing, headache, nausea, convulsions, low blood pressure, loss of consciousness, among others, will appear. However, it is important to mention that these symptoms are not unique to cyanide poisoning nor allow identification of its presence in our organisms. As with many of the other chemical substances used in our productive processes, knowledge of proper procedures, the use of modern and efficient technologies, strict compliance with safety standards, as well as a responsible attitude are fundamental for the correct use of cyanide. Cyanide is not persistent, as in nature it is destroyed by the action of sunlight, decomposing through oxidation into carbon and nitrogen gases. The maximum level of cyanide permitted in drinking water is 0.2 parts of cyanide per million parts of water (0.2 ppm). The U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has established a limit for hydrogen cyanide and for most cyanide salts of 10 parts of cyanide per one million parts of air (10 ppm), in workplace air. Cyanide in the Crucitas Project: The main reagent for leaching the metal of interest, cyanide, will arrive at its facilities in hermetically sealed containers of one ton each, which will be placed in a specially adapted and monitored warehouse. The control protocols will include important safety measures ranging from transport, storage, reagent handling, and controls in the leaching and cyanide destruction processes (Cyplus, Combinox). As noted in the annex to the environmental impact study, in appendix 2-a, b Environmental Protection Plan, PM-PPA-100, the hazardous waste management program, procedure PM‑PPA-105 is detailed, and in annex 3, cyanide management in mining projects. Only personnel trained in reagent preparation with all personal protective equipment will carry out transport and preparation work within the facilities. He emphasizes that a technician will be hired on an exclusive dedication basis to follow up on the management and analysis of cyanide within the circuit. The cyanide leach tails (resulting material after gold extraction) will be treated in a continuous-operation cyanide destruction reactor. The design of the cyanide destruction system was based on operational and site specifications provided by Industrias Infinito S.A. to international experts, who, based on the information, developed the plant design. The processes will be carried out in closed circuits in order to control all stages of the process; thus, solution preparation, application, treatment, and the tailings area will be in closed spaces to prevent any environmental contamination. The treatment conditions and reagent dosing have been based on laboratory work developed by Cyplus personnel on samples provided by Industrias Infinito S.A. It was demonstrated that the CombinOx® process is the one that produced the best results, guaranteeing compliance with national and international environmental standards. As a conclusion on this topic, he indicates that the application of the technology and procedures adopted by his principal guarantee that cyanide does not represent a risk to the environment.

81- On February 13, 2009, John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, both in their capacity as general attorneys-in-fact of the company Industrias Infinito S.A. (folio 1563) state: Based on the recitals (considerandos) of judgment number 13246-08, it is concluded that the restriction on the exploitation, use, or extraction of the almendro applies under the following predicates: i. That the use affects the habitat (nesting) of the green macaw (lapa), ii. That the use affects the green macaw's feeding sites. iii. That its nesting site is located between the San Carlos and Sarapiquí rivers. iv. That any (timber) use of the almendro must be carried out by means of a technically and legally reasoned resolution. He argues that the restrictions imposed by the Constitutional Chamber on the use of the almendro do not apply to the case of the Crucitas project; therefore, the cutting of the trees is legal. Based on technical studies, it is defined that the area where this species (green macaw) is located is basically the northern Huetar sector between the mouth of the Sarapiquí River and the San Carlos River. There are several native tree species that can harbor green macaw nests; however, due to both the coincidence of the fruiting season and the existence of cavities allowing their shelter, the almendro amarillo trees are those preferably used by the green macaw. There are several important considerations for these trees to have suitable conditions to be nesting points, and these are that they must have diameter measurements (DBH) greater than 124 cm. In the forest cover (cobertura forestal) area of the Crucitas project, based on the study carried out by forestry engineer Rolando Barrientos, on average, the diameter measurements of the almendro trees found within the area requested for cutting are less than 80 cm. The diameter measurements of some of the felled trees do not exceed 80 cm DBH, validating the justification that it is not a primary forest and that these are forest individuals remaining from timber extraction 30 or 40 years ago. Additionally, these studies conducted on the green macaw clearly identify that the nesting sites are located outside the Crucitas project area; therefore, the maps generated by Chassot, 2003 are attached, and a summary map of the same study is presented (see documentary evidence number 123). On the other hand, the study carried out by Bernardo Madriz in 2004 verifies that the nesting conditions of the green macaw in the northern Huetar zone remain similar; a map is presented for this purpose (see documentary evidence No. 124). Furthermore, if the project's location is evaluated in relation to the protected areas of the zone, it is verified that the Crucitas project will not affect any of them, as it is more than 15 km away from these protected areas. He indicates that the baseline studies conducted for the project's Environmental Impact Study established that the activities to be carried out by the project do not affect the existence of this species, and furthermore, the mitigation and compensation measures will generate better conditions for establishing appropriate habitat conditions for fauna in general. b. Crucitas as a Feeding Site for Green Macaws: Within the project area, the mountain almendro (Dypterix panamensis) is a species that exists; however, the non-reproductive season of the green macaw, when groups of this species are expected to disperse into the area, does not coincide with the almendro fruiting season. c. Timber or commercial use of the almendro: The cutting of the almendro in the case of the Crucitas Project occurs as an ancillary purpose, not for the commercial use of the timber. The cutting of the almendro occurs because, for the construction of the infrastructure works necessary for the development of the mining project, it is necessary to enable the areas without trees on them, i.e., they need to clear the area. The cut trees resulting from the land-use change (cambio de uso del suelo)—duly identified in the resolution that granted the cutting permit—will be sold to existing sawmills in the project's area of influence to reactivate the area. The funds collected from the sale of the trees will be donated to the Asociación Pro Desarrollo del Parque Nacional Juan Castro Blanco (APANAJUGA), an association that watches over the protection and conservation of the Juan Castro Blanco Park. The importance of the Juan Castro Blanco Park lies in the fact that 60% of Costa Rica's milk production is produced in San Carlos, and 80% of that production needs water from the Juan Castro Blanco Park. This park has three volcanoes: Volcán Viejo, Volcán Platanar, Volcán Porvenir. This park supplies drinking water to cantons such as: San Carlos, Alfaro Ruiz, Valverde Vega, and Naranjo. He states that he estimates the amount of money to be donated to APANAJUCA is approximately US $700,000.00. d. Cutting Permit under the Land-Use Change modality: The company incorporated the issue of land-use change (cambio de uso) into the Environmental Impact Study and its Annex, presented and approved by SETENA. SETENA, in its resolution 2351-2006-SETENA, confirmed what was indicated regarding the nature of the forest existing on its principal's properties. SETENA requested the company to provide an inventory (Sampling) of the forests to be intervened, especially on the Botija and Fortuna hills. The dasometric data provided by the company in the annex comply with what was requested by SETENA, confirming the preliminary thesis that these are intervened natural forests, judging by the volumes, basal area, number of trees per hectare obtained, as well as the involved floristic composition. According to the cited annex, the floristic composition of these plots shows some threatened species, such as the Tostado and Cola de Pavo, which generally appear with very low frequency and relative abundance or representativeness. It is indicated that for these cases, the company will take the actions indicated by the Huetar Norte Conservation Area as mitigation or compensation measures. In resolution number 2351-2006-SETENA, which responds to the technical questions raised by the petitioners of the present amparo petition, upon the granting of environmental viability, SETENA addresses the forestry issue, the land-use change, and the biological aspects. He indicates that none of the predicates used by the Constitutional Chamber to prohibit the cutting of almendro trees applies to the Crucitas project. The project met all the factual predicates (exclusion as a nesting and feeding site for the green macaw) and legal predicates (no use for commercial purposes and having the technical assessments of the technical bodies) to be authorized to cut the almendro amarillo. 3. Land-Use Change Regime — Exception Regime: As established by Forestry Law number 7575, the principle governing forest use of privately owned lands covered with forest is the prohibition of land-use change (cambio de uso del suelo) and the use limitations (including forest use) in the case of protection areas described in Articles 33 and 34 of the Law. Under this general rule, the forest management of forests on private property in the country allows for their sustainable use, and the processing of permits on forest lands with forest management plans is common public knowledge in the country (See Article 1 of Law 7575). The exception to the rule is contained in the same Forestry Law, given that the legislator, aware of the possible situations that would arise, provided the legal instrument for the Executive Branch (through the State Forest Administration) to grant land-use change permits on privately owned lands for those works or projects that were declared of public interest and national convenience, a declaration that also allows the removal of trees in protection areas defined in Article 33 of the Forestry Law, which is precisely what was done, in the case of the Las Crucitas mining concession, by the questioned decree. 4. Compensation for the cutting of trees: A fundamental aspect of the land-use change application is the proposal, evaluation, and result of the compensation proposed for the application to cut 191 hectares of intervened forest in the project. This analysis is what defines the conditions of proportionality and reasonableness of the cutting, which must greatly exceed the potential impact of felling those 191 hectares of intervened and "high-graded" forests in the Crucitas project. Among the compensation measures proposed and established as environmental commitments for the cutting plan are: i. Reforestation of 382 hectares of pastureland to natural forest; currently, 16 hectares of pastureland have already been reforested with trees from the project's tree nursery. ii. Maintenance of a tree nursery with native species; currently, there are more than 67,500 native trees that were extracted as seedlings from the areas located within the cutting plan. Additionally, there are Zotacaballo trees for slope revegetation and protection areas of watercourses. iii. More than 800 hectares of existing forest cover (cobertura boscosa) that will not be used for the project and that form part of the 1,474 hectares of properties owned by the company Industrias Infinito will be maintained as natural forest. iv. Fifty trees will be planted for every tree cut, and for each almendro, 100 will be planted in the areas to be reforested, comprising 382 hectares, which will host the development of a natural forest with the planting of more than 600,000 native trees. v. A biological and forestry monitoring program will be maintained to verify the regeneration of the areas to be reforested for the development of effective habitats that allow the connection of forested sectors continuously and mitigate the fragmentation of existing habitats. vi. A biological corridor will be established that will allow the mobility of species with genetic transfer of flora and fauna. vii. An amount of $250,000 (two hundred fifty thousand United States dollars) will be deposited into a trust fund of the MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY, AND TELECOMMUNICATIONS, for the exclusive purpose of purchasing land in some protected area of the San Carlos region. Support will be given to the communities with part of the timber collected from the cutting for the population's needs. ix. The expected profits from the sale of the timber, amounting approximately to $1,000,000 (one million United States dollars), will be deposited into the existing trust fund of APANAJUCA, which is the Association of the Juan Castro Blanco National Park, whose sole objective is the purchase of private lands for conservation of the National Park, also known in San Carlos as the Water Park, and which currently has more than 90% of its area under private property. Based on all of the above, he concludes that the cutting of the almendro trees, based on the tree cutting permit under the land-use change modality (Article 19 of the Forestry Law), is constitutional and legal, based on our legal system.

            82- On February 13, 2009, John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, both in their capacity as general attorneys-in-fact of the company Industrias Infinito S.A. (folio 1577) make statements regarding the reports submitted by various professors of the School of Geology of the University of Costa Rica in relation to the project. They indicate initially that SETENA requested reports from this University, of which it did not inform the company, for which reason they filed an amparo petition that was granted according to judgment number 2004-9220. When they had the opportunity to make statements, the School of Geology indicated that what had been sent was the opinion of three professionals but not the institutional position. SETENA requested an annex to the Study in which a response was given to each of the professors. Regarding Professor Rivera's report (2002), it is a report from the perspective of ISO 14001, which is absurd, since said standard is for projects in operation, whereas an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is a predictive study by nature, so potential impacts must be considered, but never real ones as he asserts. The certainty of impacts is unknown; they can only be considered within the range of highly probable to unlikely. He states that, in any case, the observations made by both Professor Rivera and Astorga were addressed in the annex submitted to the environmental impact study. Professor Gabriel Segura's report was favorable to the project, determining that it was environmentally viable; however, it was not taken into consideration by SETENA at that time.

83- On February 13, 2009, John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, both in their capacity as general attorneys-in-fact of the company Industrias Infinito S.A. (folio 1602) state that the arguments presented by the petitioner constitute defects that are not directed against the decree and cutting permit, but against the provision that supports them (Article 19 of the Forestry Law), on which the Chamber ruled in case file number 05-16376. They indicate that the Crucitas project complies with all permits and requirements that provide for rational use of resources and the corresponding economic and social benefits, based on Feasibility Studies reviewed by the Directorate of Geology and Mines. Mining activity is declared of national convenience and public utility in accordance with Article 3 of the Regulations to the Forestry Law and Article 6 of the Mining Code.

84- On February 17, 2009, John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, both in their capacity as general attorneys-in-fact of the company Industrias Infinito S.A. (folio 1615) state regarding the green macaw that the company carried out an inventory of the bird species present in the Project, where field data were collected to evaluate ecological aspects such as diversity, abundance, and habitats present in the area. In addition, a literature review was conducted that was used, being the most updated. It was concluded that the birdlife of the area, mainly that associated with forest habitats, presents relatively low abundance of species and individuals. One of the factors that may have the greatest influence on this is the alteration the area suffered in the past due to selective extraction of timber-valuable forest species. Likewise, other biologists indicated that the green macaw does not depend exclusively on the almendro amarillo tree for its food, but on 36 other flora species that include woody and non-woody plants. The green macaw does not depend exclusively on the Crucitas area for its food. The largest feeding area for the green macaw is comprised of the Maquenque National Wildlife Refuge. In addition to other areas such as those located in the Atlantic lowlands near Puerto Viejo de Sarapiquí and Chilamate, along the coast in Tortuguero, as well as on the slopes of the Central Volcanic and Tilarán mountain ranges, where they reach heights of 1,000 m and occasionally cross the continental divide toward the Pacific slopes. Furthermore, the green macaw does not nest exclusively in almendro amarillo trees, nor does it nest in the Crucitas area. Nor is this area exclusive as a migration route for green macaws. The mining project will not interrupt the reproduction process of the 25 pairs or 35 pairs of green macaws that nest in the Maquenque reserve, because there are enough almendro and titor trees in the area where they nest. Therefore, the cutting of the authorized trees will also not interrupt the feeding cycle of the green macaw. Within the mining project's properties, a census of almendro amarillo trees was conducted, and there are 521 adult trees that will not be cut. Additionally, as already indicated, the green macaw does not feed only on the almendro amarillo but also on 36 more fruit species.

85- On February 17, 2009, John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, both in their capacity as general attorneys-in-fact of the company Industrias Infinito S.A. (folio 1660), reiterate the statements they have already made regarding the almendro amarillo, also referring to other aspects of the forestry issue. They indicate that, according to studies conducted by various engineers, it was determined that in the area to be developed in the Mining Project, the forest is secondary and intervened primary forest.

The results of these studies identified different forest types: primary hillside and lowland forest (bosque primario de ladera y de planicie) that together totaled a percentage of 5.6%, which is located outside the Crucitas Mining Project; intervened primary forest (bosque primario intervenido), both hillside and lowland, which together represent a percentage of 52%; secondary forest (bosque secundario) with 6.9%; the remainder of the study area corresponds to scrubland (charrales), agricultural uses and forest plantations, lagoons, and infrastructure (35.3%). According to these studies, the mitigation and compensation plan for the forestry component proposed for the project meets the principles of rationality and proportionality, since, based on the analysis conducted, the planting of 611,392 trees in an area of 382 hectares of pastureland versus the cutting of 11,427 trees in an area of 262 hectares (forest cover and pastureland) is proposed. In addition to the recovery of 55.3 hectares of the Development Area, which involves the planting of 88,480 more trees. This means that approximately sixty-one trees will be planted for every one that is cut. There will be an increase in forest cover (cobertura boscosa) in the project area of 277.41 hectares compared to the current forest area, that is, it goes from 65% to 84% of the total AP. In the project area, no primary-type forests were detected; on the contrary, the forest cover is classified as highly intervened (forests exploited by logging activity) or secondary (areas that were pasturelands or scrubland and that regenerated naturally). In sites adjacent to the project area, forested areas of the same category were observed. It was very important that the Compensation Plan established Biological Corridor areas, which prevents the fragmentation of the forest cover both within the project area and between the AP and adjacent sectors. They state that from the documentation reviewed it was concluded that the Great Green Macaw (lapa verde) bird species will not be affected by the cutting of the 197 yellow almond trees (almendro amarillo) located in the Development Area, since it is not a significant quantity compared to the existence of this species both in the project area and in the Huetar Norte Region.

86- In a brief dated February 17, 2009, Roy Ramírez states that he has the right to a healthy environment (folio 1721).

87- On October 30 of last year, Adriana Calvo Aguilar, of legal age, single, with ID number 1-981-719, filed the amparo action processed under case file number 08-0014706-007-CO (folio 1722) in which she questions the constitutionality of Executive Decree No. 34801-MINAET because the Executive Branch exceeded its powers, because it authorized the felling of trees in danger of extinction, and because it is arbitrary in authorizing mining activity in that area. She is not in agreement with the Las Crucitas Mining Project, in Cutris de San Carlos. She states that said project was designated as of public interest—by means of an Executive Decree—without considering the tree species in danger of extinction, such as the Almendro. She maintains that the questioned decree based its authorization for the felling of prohibited species on Constitutional Chamber ruling No. 2002-002486 of ten hours and fifty-four minutes on March 8, 2002, in this case the almendro, and on Articles 19 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal). She indicates that from the cited articles it follows that land-use change (cambio de uso del suelo) may be permitted for projects of national convenience; however, the protection regime for the almendro species found in the area of the Las Crucitas Mining Project is not through land-use regulation, so the cited resolution has an erga omnes effect, and can only be modified by the Constitutional Chamber itself and not by Executive Decree. She points out that analyzing the articles used by the Executive Branch in the aforementioned Decree, it is evident that a proprietary interpretation of the law was used, incurring in attributions not proper to its nature, as it only uses parts of the articles, does not contextualize them, and does not use the definitions that Article 33 establishes for the application of Article 34 of the Forestry Law. She states that the prohibited tree species found in this area do not fall under any of the assumptions established by Article 33 of the cited Law, therefore they are also not subject to the assumptions of Article 34, making evident the breach of Article 11 of our Magna Carta by the public officials responsible for this decree attributing to themselves powers they do not possess by interpreting the law, and also the rupture of the constitutional principle that is the Principle of Legality, since the end sought to be achieved with this decree cannot be founded on the laws used to do so. She states that the decree based its declaration of public interest and national convenience on data set forth in point VII of the Considerando, which establishes that the mine will have a useful life of 11 years, which will create development in the communities near Las Crucitas and will require labor, but this criterion does not contemplate that at the end of the useful life of the aforementioned gold mine, the zone will be completely useless for carrying out other types of economic activities, because by the nature of open-pit mining, it implies the total destruction of the area used, thus not fulfilling the guarantee that the State must provide to the citizen of a healthy and ecologically balanced environment referred to in numeral 50 of the Magna Carta; it also denies, in the long term, the right to work of the current and future residents of the zone where the cited Project is located. She argues that the species found in this zone are subject to a protection regime different from that mentioned in the base articles of that decree and that its content is contrary to law and therefore illegal, for which reason she requests that the Chamber declare the appeal well-founded, declare it null, and render without effect all the resolutions granted in light of it. She requests that the appeal be declared well-founded.

88- By resolution No. 16790 of twelve hours and seven minutes on November 7, 2008, amparo 08-014706-0007-CO was consolidated into this case file (folio 1733).

89- Juan Carlos Bermúdez Barboza, of legal age, married, with ID number 1-537-022, a resident of Paso Ancho, files amparo action 08-015072-0007-CO (folio 1737), in which he indicates that he does not agree with the Las Crucitas Mining Project, in Cutris de San Carlos. He states that said project was designated as of public interest—by means of an Executive Decree—without considering the tree species in danger of extinction, such as the almendro. He maintains that the questioned decree based its authorization for the felling of prohibited species on a Constitutional Chamber ruling, No. 2002-002486 of ten hours and fifty-four minutes on March 8, 2002, in this case the almendro, and on Articles 19 and 34 of the Forestry Law. He indicates that from the cited articles it follows that land-use change may be permitted for projects of national convenience; however, the protection regime for the almendro species found in the area of the Las Crucitas Mining Project is not through land-use regulation, so the cited resolution has an erga omnes effect, and can only be modified by ruling of the Constitutional Chamber itself and not by Executive Decree. He points out that analyzing the articles used by the Executive Branch in the aforementioned Decree, it is evident that a proprietary interpretation of the law was used, incurring in attributions not proper to its nature, as it only uses parts of the articles, does not contextualize them, and does not use the definitions that Article 33 establishes for the application of Article 34 of the Forestry Law. He states that the prohibited tree species found in this area do not fall under any of the assumptions established by Article 33 of the cited Law, therefore they are also not subject to the assumptions of Article 34, making evident the breach of Article 11 of our Magna Carta by the public officials responsible for this decree attributing to themselves powers they do not possess by interpreting the law, and also the rupture of the constitutional principle that is the Principle of Legality, since the end sought to be achieved with this decree cannot be founded on the laws used to do so. He states that the decree based its declaration of public interest and national convenience on data set forth in point VII of the Considerando, which establishes that the mine will have a useful life of 11 years, which will create development in the communities near Las Crucitas and will require labor, but this criterion does not contemplate that at the end of the useful life of the aforementioned gold mine, the zone will be completely useless for carrying out other types of economic activities, because by the nature of open-pit mining, it implies the total destruction of the area used, thus not fulfilling the guarantee that the State must provide to the citizen of a healthy and ecologically balanced environment referred to in numeral 50 of the Magna Carta; it also denies, in the long term, the right to work of the current and future residents of the zone where the cited Project is located. He argues that the species found in this zone are subject to a protection regime different from that mentioned in the base articles of that decree. He considers that the content of said Decree is contrary to law and therefore illegal, for which reason he requests that the Chamber declare the appeal well-founded, declare said Decree null, and render without effect the resolutions granted in light of it.

90- By resolution 16933 of eight hours and fifty minutes on November 11, 2008, amparo 08-015072-0007-CO was consolidated into this case file (folio 1747).

     91- On February 26 of the current year, Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, appeared to expand his defense arguments (folio 1751). He indicates that the questioned decree is legal and constitutional, as it respects the limits of science and technique, and is supported by technical studies performed and approved by SETENA. Regarding the yellow almond tree (almendro amarillo) as commercial exploitation, he states that the appellants cite incorrectly the precedents 2008-13426, 2002-2486, given that they dealt with very different circumstances, not cutting trees, but exploiting the almendro for commercial purposes. The precedent most linked to the present matter would be ruling 2005-5790 regarding the Bellavista Mine. He states that to develop a mine it is necessary to cut the trees, which causes land-use change and this is possible if a declaration of national convenience is issued. To make that decision, it is required to have approved the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and to have obtained the mining concession; subsequently, the forest permit is granted. Likewise, other attached studies were evaluated. From this, an Interdisciplinary Commission was formed composed of SETENA, the Directorate of Geology and Mines, SINAC, and the legal advisory body of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications in coordination with the Vice Minister, a commission that evaluated the compensation and mitigation measures that appear in the file and that gave rise to the environmental viability. Likewise, he indicates that the Chamber already validated Articles 19.b and 34 of the Forestry Law and 2 of the Regulation to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal) in ruling number 2006-17126. He states that the mining code declares the activity as of public utility in Article 6. He points out that this is the applicable general norm; the declaration of national convenience for each specific site is the instrument for materializing that norm for the concrete case. In ruling 2004-13414, the Chamber annulled the resolution that granted the mining exploitation concession to the respondent company because an environmental impact assessment did not exist, which was later remedied. Aspects related to the economic benefits generated from serious projections and studies (not mere speculations as the appellant indicates) contributed to the administrative files of the project were taken into account. Those relevant to this administration were analyzed in two locations (SETENA and the Directorate of Geology and Mines), without failing to indicate the third file of the AFE related to the forest permit. In the file, there is a certification from SETENA, communication SG-ASA-259-2008 dated October 10, 2008, where it establishes that the Environmental Evaluation has contemplated the analysis of the benefit in relation to the environmental cost of the project and that it complies with the Balance of Environmental and Social Cost. But that is not the sole basis of the act; all the appellant's arguments are widely studied topics; the assessment of the socio-environmental cost of the land-use change is considered in the environmental evaluation performed by SETENA. It is not in the decree as a legal instrument that the scientific studies carried out to evaluate the topic are included; for that reason, express mention is made that the project has environmental viability, which is composed of very extensive elements and studies, without this invalidating the act. It is not through the decree that the State becomes aware of the land-use change, nor of the felling of prohibited species; this is a known and studied technical aspect. He considers that Executive Decree 34801-MINAET is constitutionally valid, because it was preceded by a long and meticulous environmental impact assessment. The Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) establishes the following criteria for the approval of a productive project that must be observed prior to granting a mining concession: a) The adequate relationship between the potential use and the economic capacity of the soil and subsoil; b) The control of practices that favor erosion and other forms of degradation; c) The practices or works for soil and water conservation that prevent soil deterioration (Articles 53 and 54). The regulations establish that in order to declare a particular project as of national convenience, a positive balance must exist that analyzes socio-environmental costs in relation to socioeconomic benefits. The balance must be made using the appropriate instruments. In the processing file for the declaration of convenience DAJ-077-08, Communication SG-ASA-259-2008 is present, which establishes that the environmental evaluation has contemplated the analysis of the benefit in relation to the environmental cost of the project and that the Balance of Environmental and Social Cost is positive. In addition to this, Decree No. 32966-MINAE, corresponding to the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual of EIA)- Part IV, stipulates in its Anexo 2 the minimum methodology that allows assessing the environmental impacts generated by a project, work, or activity. The methodological development for impact assessment stipulates the use of an Environmental Impact Importance Matrix (MIIA), which allows determining the effects of the project and their significance, and consequently proposing the corresponding prevention, mitigation, and compensation measures. He clarifies that the issuance of Executive Decree number 34801-MINAET was done once the Environmental Impact Assessment for the Crucitas Mining Project was submitted. This study incorporates an interaction matrix that permitted the assessment of environmental impacts, as can be verified on pages 301-429 of its Volume II. At the same time, the document called Environmental Evaluation of Proposed Changes to the Project, submitted on December 6, 2007, constituted an update of the MIIA on pages 32-53. The MIIA is a globally accepted tool for the qualitative assessment of projects that present instruments of environmental evaluation, including Environmental Impact Assessments (EsIA). It helps determine the effect of each impacting action on each affected environmental factor and aspect, including the social and economic component, thereby determining the importance of the impact. The importance of the impact is a function of both the degree of incidence or intensity of the alteration produced, and the characterization of the effect, which in turn responds to a series of qualitative attributes, such as intensity, extent, type of effect, manifestation timeframe, persistence, reversibility, recovery capacity, synergy, accumulation, periodicity, and importance. Such significance is represented by a mathematical model, which takes values between 13 and 100; impacts with importance values below 25 are irrelevant, that is, compatible, or the environmental measures were contemplated in the project design; moderate impacts have an importance between 25 and 50. They will be severe when the importance is between 50 and 75, and critical when the value is above 75. The matrix allows the interaction of socioeconomic factors with the other environmental components, which must necessarily be analyzed, which in turn allows proposing the respective preventive, mitigation, and compensation measures that are incorporated into the Environmental Management Prognosis-Plan (P-PGA). Once the P-PGA with the corresponding measures is approved, its execution becomes an environmental commitment that must be assumed by the developer. For the specific case of the Crucitas Mining Project, the MIIA incorporates in the analysis of the socioeconomic sphere elements such as land use, population characteristics, needs of towns in the direct and indirect areas of influence, and employment, among others, where the values obtained yield a positive result for the project's development; thus, in general terms, an increase in the quality of life and a positive impact on the local economy are expected. In this sense, and by way of example, it can be verified on pages 45-46 of the Environmental Evaluation of Proposed Changes for the Crucitas Mining Project that among the impacts considered as severe is the effect on quality of life with a score of +68 and the generation of employment and income also with a score of +68; in both cases, the impact is positive, so no additional mitigation measures are proposed beyond all those already contemplated in the corresponding instrument. The document Environmental Evaluation of Proposed Changes to the Project, approved by Resolution 170-2008-SETENA of February 4, 2008, determines that all the impacts identified as severe and critical in the socioeconomic sphere were positive for the development of the project and its surrounding environment. Finally, the Constitutional Chamber has declared that it is not its responsibility to review all the scientific and technical reports and studies necessary to approve an Environmental Impact Assessment. It is for this reason that they request that it be declared that all permits were granted in accordance with the law and that the Constitutional Chamber will not review the entire Environmental Impact Assessment again. They reiterate that the scientists who took part in the Las Crucitas mining project during the process of obtaining permits and authorizations all concluded that the project complied with and complies with the law and also conformed to the unambiguous norms of appliable science and technique. He indicates that the investigations done by scientists for the approval of the Environmental Impact Assessment by SETENA allowed the study of all the environmental aspects of the project, and therefore the environmental viability and the declaration of national convenience were correctly issued. However, given the questions raised by the appellants and for the purposes of these amparo actions, the case was submitted by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications to different scientists for the purpose of conducting an audit or professional evaluation and verifying if the information that existed at the time Executive Decree No. 34801-MINAET was issued was reliable. The result is again positive, as set out below. The report prepared by biologists Olivier Chassot and Giselle Monge Arias, the top experts on Great Green Macaw (lapa verde) biology, clearly concludes that the Las Crucitas mining project will not interrupt the reproductive process of the Great Green Macaw, nor will it interrupt the annual feeding cycle of the Great Green Macaw. The report says that during the most critical reproductive period (October-February), the Great Green Macaw feeds 74.4% on the fruits of the Yellow Almond Tree (Almendro Amarillo). The Great Green Macaw does not reproduce in areas where the abundance of Yellow Almond Tree is low or nonexistent. During the post-reproductive period (March-November), in which there is less, little, very little, or no availability of Yellow Almond Tree fruits, the Great Green Macaw feeds mainly on Titor (Sacoglottis trichogyna) and, in some months of the year (September) when there is little availability of Yellow Almond Tree and Titor, on up to thirty-five other different species. They conclude that the Great Green Macaw depends entirely on a combination of Yellow Almond Tree and Titor for feeding throughout a full year to complete its reproductive cycle. The Great Green Macaw population makes use of an extensive territory shared between Nicaragua—the Indio-Maíz Biological Reserve and its buffer zone in the municipalities of El Castillo, San Juan del Norte—as well as with the South Atlantic Autonomous Region and Costa Rica (part of the cantons of San Carlos, Sarapiquí, and Pococí). Therefore, the geographic extension in which the Great Green Macaw conducts its foraging activities, estimated at 1,275,621 hectares, exceeds the area of influence of the Las Crucitas mining project (approximately 1,500 hectares). The nesting information they have compiled indicates that the Great Green Macaw nests 87% of the time in mature Yellow Almond Trees (N=66) that present cavities suitable for the body size of the Great Green Macaw (average DBH of 129 cm). Therefore, there is a strong dependency relationship of the Great Green Macaw on the availability of Yellow Almond Trees. The closest nest to Las Crucitas is located 8.7 km away. Possibly Las Crucitas is not part of the nesting area of the Great Green Macaw, due to the high habitat fragmentation in this zone and the lack of mature Yellow Almond Trees. Because Las Crucitas is located outside the reproductive range of the Great Green Macaw, the reproductive process of the population of that species will not be interrupted. The feeding cycle of the individual Great Green Macaws that visit the area of influence of Las Crucitas will be affected, due to the removal of a significant quantity of Yellow Almond Trees, so it is probable that visits by the Great Green Macaw to the mining project zone will decrease in the coming years due to the extraction of Yellow Almond Trees and the disturbances caused by intense human activity in the gold extraction area. The land-use change on 192 hectares of the mining project in Las Crucitas will not interrupt the feeding cycle of the Great Green Macaw population that nests in the RNVSM Maquenque, which is located 8.1 kilometers away. However, the mining project could cause a displacement of the Great Green Macaw population that visits the Las Crucitas zone, possibly towards the RNVSM Maquenque, where it will have to compete with other species for access to food sources. He considers that the conclusions of scientists Chassot and Monge are unquestionable. The Las Crucitas mining project will not interrupt the reproductive cycle of the Great Green Macaw, nor will it interrupt the annual feeding cycle of the Great Green Macaw. Therefore, there is no danger to that species. This thesis is corroborated by another scientist who has objectively studied the topic for these amparo cases. Regarding the protection of the Yellow Almond Tree, the report by scientists Dr. Olman Murillo, M.Sc. Braulio Vilchez, and Eng. Yorleny Badilla, from the School of Forestry Engineering of the Costa Rica Institute of Technology, dated February of the current year, concludes that the elimination of 196 trees out of a total of just over 700 individuals of almendro (Dipteryx panamensis) does not signify a significant deterioration of the feeding potential of the Great Green Macaw (Ara ambigua). They also conclude that the elimination of a population of just over 700 individuals implies the permanence of more than 500 individuals, which represents an effective population size sufficient to guarantee their genetic variability and to rule out any degree of threat in the coming generations. A solid scientific basis and validation of information exists regarding the forests on the property of Industrias Infinito SA, which supports the management and mitigation plan proposal formulated by the company's technicians for the Crucitas Mining Project. The existing forests on the property of the company Industrias Infinito in the Las Crucitas zone, based on their structure and composition, should be technically considered as secondary forests in their vast majority, and in a smaller proportion, strongly intervened primary forests, caused by the logging process they suffered approximately thirty years ago. The secondary forests that can be seen today on the property in question were actually pasturelands for cattle production thirty or thirty-five years ago. The elimination of the 92 hectares of secondary forests in favor of the mining concession does not imply a relevant loss in biodiversity and representativeness of the ecosystems of the northern zone of the country. The sustainable management of the company and the region must be addressed not only from the perspective of the severity of the threats to biodiversity, but also from the opportunities that these forests offer to contribute to conservation. Deficient management is a threat; correct management can make an important contribution. The Crucitas Mining Project should be an opportunity to demonstrate that a healthy balance of the components at the country, region, and landscape level can be achieved through the forest management unit of its ecosystems. The result of the proposed forestry management and mitigation plan for the company will increase forest cover from 968 hectares to 1182 (approximately 20%), will eliminate existing fragmentation, and will allow a gradual process of biodiversity enrichment to occur. The elimination of 196 trees out of a total of just over 700 individuals of almendro (Dipteryx panamensis) in favor of the direct mining exploitation zone, on lands owned by the company Industrias Infinito S.A., does not signify a significant deterioration of the feeding potential of the Great Green Macaw (Ara ambigua), nor can it be considered as a loss of important habitat, given that it has been a zone with no recorded nesting of the Great Green Macaw in the last fourteen years and the degree of deterioration that these forests were already in since their last logging intervention in the eighties. Given that the diet of the Great Green Macaw (Ara ambigua) is based on at least thirty-seven plant species, and that the almendro tree (Dipteryx panamensis) provides fruits for only 2 or 3 months per year, one cannot argue an exclusive dietary dependence of these birds on a single forest species. The elimination of one hundred ninety-six almendro trees from a population of just over seven hundred individuals implies the permanence of more than 500, which represents an effective population size sufficient to guarantee their genetic variability and to rule out any degree of threat in the coming generations. The planting of more than 5,000 almendro trees that occurred in the last three years in areas without forest within the property will considerably increase the effective population size of the species in the very short term. The company's presence in the zone prevented the continued deterioration of the forests, soils, and waters of the acquired property. The proposed management plan will allow a process of forest recovery and enrichment to occur, supported by the presence of abundant seed in the residual forests of neighboring properties. A natural population of tree species is in a relative equilibrium and free from threat of extinction for several generations when its effective population size (individuals reproducing) is not less than fifty individuals; the existing population of yellow almond tree on the property of Industrias Infinito S.A. is more than that quantity with the capacity to reproduce. The Ministry of Environment, Energy and Telecommunications program "A que sembrás un árbol" managed to plant in San Carlos, the canton where the Las Crucitas mine is located, 1,437,974 trees, which is 20.5% of the total planted in the whole country. The Fonafifo Program invested in the District of Cutris, canton of San Carlos, in the period 1998-2007, 2.500 billion colones in the Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales), for an area of 17,064.72 hectares. In 2007, 7,007,323 trees were planted in the entire country, which makes us the first country to plant more trees per capita and per square kilometer.

It is important to highlight that of the total planted, 30% was planted in Alajuela (2,081,023) and that San Carlos, the canton where the Las Crucitas mining project is located, planted 1,437,974 trees, that is, 20.5% of the nationwide total. The report by scientist M.S.C Hugo Virgilio Rodriguez Estrada, Hydrogeologist, Credential Colegio de Geólogos de Costa Rica Number 45, SETENA Consultant Registry Number 01-97, concluded that the Crucitas project is viable and no negative impact on groundwater is expected. The report states that according to the design of the Crucitas Mining Project, the upper aquifer does not represent limitations for its development because it will not be contaminated by the effect of the material extraction process, nor by industrial processes, as long as the proposed prevention and mitigation measures are complied with. The lower aquifer is formed in igneous rocks of the basement, is confined in nature, and has no surface outcrops; this characteristic implies that the recharge areas are located outside the Crucitas Project Area, showing a regional flow from northwest to southwest, with an average hydraulic gradient of 3.2%, which implies that the water flow does not drain toward the San Juan River. The confining layer is not formed by saprolite, but rather by some low-permeability horizons located within the basement rocks themselves. Currently, there are no records of this aquifer being tapped in the region, and regarding the water quality of the lower aquifer, it presents a higher concentration in all chemical parameters, which is understandable because it is a deeper aquifer, in which the water has a longer residence time and is more prone to being affected by hydrothermal alterations related to the mineral deposit. For this reason, this aquifer presents conditions of low water quality, and the values for ammonium, iron, potassium, sulfates, color, and turbidity are outside the national water quality standards for human supply. Because this aquifer is located at depths greater than 50 meters below the ground surface in the project area, it will not be affected by the project activity in terms of the possibility of infiltration from the surface. The analyses performed on the existing data indicate as a general conclusion that from the hydrogeological point of view, the Crucitas project is viable and no negative impact on groundwater is expected if all established control, prevention, and mitigation measures are applied. For its part, the hydrogeological evaluation carried out by SENARA was communicated through an official letter, signed by Eng. Bernal Soto Zúñiga, General Manager, which also validated the project and considered that no danger is caused to the aquifers. The hydrogeological study carried out by the company ECOAMBIENTE, S.A. for the Crucitas Project and evaluated by the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica clearly defines the situation of the Crucitas project zone and identifies the conceptual hydrogeological model, such that it allows for the analysis of the potential impact on groundwater due to the project's development. Once the conceptual hydrogeological model proposed by the project development company was evaluated, it proceeded to validate it within the framework of the commitments assumed by the company to mitigate the potential impact on the groundwater of the area of interest. The report by scientists, doctor in geology Jorge Laguna Morales and M.Sc Franz Ulloa Chaverri, concluded that the risk of a cyanide accident from spills or poor handling is null. They also concluded that the risks of poisoning of human beings and other living beings by cyanide are technically nonexistent. Regarding acid drainage, which was already studied in the case of the Bellavista Mine, they concluded that the generation of acid drainage is not possible under the control conditions and management techniques to be implemented to eliminate that effect. The technology, infrastructure, and protocols for transport, handling, storage, control, use, recirculation, and destruction of cyanide and cyanide-related substances expressed in the official documents of the company Industrias Infinito S.A., to be used and implemented in the gold exploitation at the Las Crucitas mine, indicate that the risk of an accident from spills or poor technical handling is null. The safety and surveillance measures that will be implemented in the handling of cyanide and cyanide-related substances are the most appropriate and up-to-date to apply for this type of activity, so the risks of poisoning of human beings and other living beings are technically nonexistent. The risk of contamination from spills or poor disposal of cyanide-containing waste is also considered nonexistent as long as action is taken under the application of the technical measures (infrastructure) and management measures (protocols) expressed in the analyzed documents, thus dismissing the possibility of eventual contamination of both surface water and groundwater. It is also concluded that the generation of acid drainage is not possible under the control conditions and management techniques to be implemented to eliminate that effect. The analyses performed on the existing data indicate as a general conclusion that from the hydrogeological point of view, the Crucitas project is viable and no negative impact on groundwater is expected if all established control, prevention, and mitigation measures are applied. The report by sociologist Sonia Cervantes concludes that the area is classified as poor or extremely poor and that people lived very badly, below the poverty line. That the investment made by the mine is positive, it has changed the roads and has trained people so they can live better. The balance of the project is positive; Costa Rica had the vision, some three decades ago, to implement policies to ensure absolute protection of a large part of the national territory; however, the national territory does not grow, while the population does, not only as a product of the natural reproduction process, but also due to immigration from neighboring nations. The success of future environmental protection policies in Costa Rica and the world will be based on finding a balance between human beings and the challenge of living beings, and not placing them in situations of competition for survival. In the area of influence of the Crucitas project, there are many families desperately waiting for an opportunity at life. When I visited the area in late 2007, it seemed difficult to accept that it was part of our country, given the difficult conditions in which these families lived, without roads, without basic services, without communication, without employment, without food, and the Crucitas project is offering to cover many of these needs. It is up to the Environmental Authorities of our country, in a strict environmental management plan, with adequate and responsible supervision mechanisms, to guarantee that protection is provided to the flora and fauna of the area, which is of interest to every responsible Costa Rican, but also providing quality of life to the population of this forgotten region of the country. The population of the communities of Crucitas, Chamarra, Moravia, El Roble, and Coopevega of the district of Cutris, and Jocote and Llano Verde, of the district of Pocosol, all in the canton of San Carlos, must be integrated into the country's development; they must be granted the opportunities to achieve the living standards that other rural communities in the country have. If the State or local government does not have the capacity to make the investment that the area requires, the private company must be given the opportunity to do so. Industrias Infinito has demonstrated that the social commitment they assumed with the population and with the national environmental authorities is becoming a reality, even before starting to operate and the exploitation of the mine; it has become, for these communities, a hope for change from the difficult conditions they currently face. The expectations they have are very high, and they express great confidence that IISA will adhere to the commitments made with the communities. This confidence is based on the work that the company has carried out for almost twelve years, promoting and providing training to organized groups, contributing to road, educational, and health infrastructure, and responding to multiple requests for support in many areas of local affairs. Many environmentalists forget that human beings, when hungry, can become the main predator of nature, but they can also become the main ally in protecting the environment when they find opportunities for a dignified life, through awareness and environmental training processes. The report by economist Lic. Juan Muñoz concludes that with the appropriate methodology, the available information, and reasonable assumptions for the calculation, it is concluded that the biophysical impact of the Crucitas Project amounts to US $1.48 million and the social impact to US $2.26 million, for a total of US $3.74 million. The social benefits derived from the Project exceed US $158.11 million in terms of jobs, taxes, or investment in the communities of its area of influence. A difference in favor of the Project of $154.36 million. The Crucitas Project grants the country, the Canton of San Carlos, and the communities of its area of influence benefits that greatly exceed the possible negative impacts it could generate. The Crucitas project has carried out a good number of activities that include social investment, donations for the reconstruction and improvement of infrastructure, basic services for the communities, the physical and mental health of the population, and training in trades and tools, as well as forms of community organization that allow these populations greater social and economic dynamism. Up to 2008, the Project had invested an amount exceeding $5.58 million, a figure that will increase throughout its operations. The Crucitas Project is of public interest due to its high added value in terms of social benefits, thereby meeting the criterion of national convenience required by the Ley Forestal and its regulations for the project's authorization. The mining project has been processed in accordance with Costa Rican legislation, and the company has patiently and diligently fulfilled all the procedures and requests of the Government of Costa Rica. None of the laws, regulations, directives, or circulars has ever provided that mining activity is prohibited in places where there are forests, nor in places where there are almendro amarillo trees. This is the reason why the company has continued its procedures for obtaining permits and authorizations under the current rules for land-use change of forest, so that for the company and for the Government of Costa Rica, the current legal and technical rules are clear in allowing the mining activity of the Las Crucitas project. The legal certainty provided by the government of Costa Rica is fundamental for the development of private activities, whether undertaken with local or international capital. But above all, legal certainty is the fundamental element for attracting investments vital for the sustainability and growth of the country's economy. In fact, the Promotora de Comercio Exterior, Procomer, describes it as such in the report. Controversies that may arise from disrespect for the legal certainty that must prevail in our country generate an unfavorable climate for investment that inhibits the establishment of new companies and puts at risk the retention of existing ones. It is requested that the accumulated amparo appeals be declared without merit in all their aspects.

92- By a brief filed on March 2, 2009 (folio 1798), Enid Gamboa Robles, in her capacity as President of the Consejo Técnico Asesor en Minería of the Executive Branch, appears to state that in our country, for reasons of geological genesis, gold deposits are found in soils generally not suitable for agriculture and livestock; for this reason, zones with gold-bearing potential host communities with a low profile of social development, such as Las Juntas de Abangares, Desmontes, and Crucitas, among others. Mining can be open-pit or underground. The development of a gold mine affects very specific areas, unlike other extensive activities such as livestock, human development (urbanism), and agriculture. Gold extraction processes have been extensively tested and scientifically studied, so their environmental impact is well known, measurable, and remediable. Gold mining is a driver of other economic activities, since, for its own functioning and operation, it must build roads, electricity and telephone service, medical infrastructure, potable water supply, and Internet, which are integrated into the communities where the project is located. One case is that of Miramar, which benefited considerably from the Bellavista Mine project; mining is also an activity that does not enjoy any type of exemption, and gold is the only metal not affected by global financial recessions. The impact of exploitation can be controlled and monitored with great precision and at low cost, because this is a very localized and widely known activity worldwide.

93- At folio 1803 of the expediente, Luis Evelio Segura Morales, Dora Alicia Araya Saborío, Guisela Rodríguez Rodríguez, Margarita Durán Acuña, Norma Quirós Arce, Tito Antonio Guerrero Sánchez, José Antonio Acuña Salas, María Estelita Vásquez, Edgar Chacón Pérez, Efrén Zúñiga Pérez, and Edgar Rodríguez Alvarado appear to present a joinder in favor of the respondent company for the benefits it has granted to the community.

94- On December 2, 2008, Arnoldo Rudín, in his capacity as General Manager of Industrias Infinito S.A. (folio 1809), requests that a hearing be held.

95- By briefs filed on March twenty-fifth of the current year, Jorge Rodríguez, in his capacity as Minister of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, requests that in expedientes 08-14068-0007-CO, 08-14592-0007-CO, 08-14454-0007-CO, 08-14464-0007-CO, the filing of official communication SG-196-2009-SETENA be accepted, where he expanded the arguments of discharge, in which it was indicated that SETENA did contemplate the analysis of the hydrological components in the environmental impact study (see Volume I, Section 6.5, pages 190-211). Once the developer requested a modification to the project to extract at greater depth, the impacts of such modification were adequately assessed in the document called "Evaluation of Proposed Changes to the Project." In these, it was possible to demonstrate that the aquifer flows in the opposite direction to the San Juan River, so it does not drain toward it; the lower aquifer already presents a very high concentration of chemical parameters, therefore its waters are not of high quality, it is not potable; and the upper aquifer is confined, it is not communicated with other areas, it is limited by the topography of the land, because rainwater flows go from higher to lower parts. The water transit time is very slow, one centimeter per day, therefore it will not be contaminated by the effect of the material extraction process nor by industrial processes, as long as the proposed prevention and mitigation measures are complied with. Furthermore, as already indicated, the acid rock drainage was dismissed (folios 1811 and 1820, 1829, 1838).

96- On March 26, 2009, John Thomas and Arnoldo Rudín Arias, both in their capacity as generalísimos representatives of the company Industrias Infinito S.A. (folio 1847), provide a table setting forth the allegations and responses of the parties in this amparo.

97- On March twenty-sixth of this year, Deputy of the Partido Acción Ciudadana Fraction, Patricia Romero Barrientos, provides a video of the Crucitas project (folio 1879).

98- At folios 1881, 2958, 2960, 2963, 2970, 2973, 2976, 2983, 2984, 2987, 2989, 2991, 2993, 2995, 2999, 3002, 3004, 3007, 3009, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3023, 3025, 3029 to 3073, 3161 to 3183, 3188 to 3203, 3208 to 3311, 3314 to 3318, and 4371, several persons appear in the expediente in support of this amparo appeal.

99- On April 1, 2009, José Andrés Soto Rivera, in his capacity as Social Responsibility Manager of the Crucitas Project, provides a DVD and a publication summarizing the main technical aspects related to the project (folios 1883 and 1884).

100- At folio 1890 of the expediente, there is attached a brief detached and ordered to be processed as an amparo, filed by Alvaro Sagot Rodríguez and Mario Peña Chacón, in which they challenge the constitutionality of Decreto Ejecutivo number 34801-MINAET of October 13, 2008, which declares the "Proyecto Minero Crucitas" to be of public interest and national convenience, considering it contrary to Articles 21, 50, and 89 of the Constitución Política; the principles of proportionality and reasonableness; Article 4 of the Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Law 5980); and Article 5 of the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the American Countries (Law 3763). They claim that the questioned norm violates "environmental logic" and the proportionality criteria that must be present when dealing with indeterminate concepts such as "national convenience" or "public interest." A weighing and subsequent decision-making must be carried out, where social convenience is measured against socio-environmental aspects. There must be scientific studies where precaution must prevail, but in none of the considerandos of the decree is a study cited that sheds light on whether the social aspect outweighs the socio-environmental aspect. The questioned decree has a serious vice of unconstitutionality for violating, among others, the precautionary or cautionary principle broadly developed by the jurisprudence of this Chamber and contained in international instruments such as Principle 15 of the "Rio Declaration on Environment and Development," Principle 11 of the "World Charter for Nature," and the preamble of the "Convention on Biological Diversity." Said precautionary principle means that, in the face of absolute uncertainty, due to lack of studies, the criterion should lean toward not granting an authorization, or, as in this case, a declaration of national convenience and public interest. It indicates that the environmental viability studies of the project itself should not be confused with the socio-environmental studies necessary for the declaration of national convenience and public interest, as they are very different things. As can be read in the foundation of the questioned decree, an enumeration of possible monetary income has been made, but at no time are the environmental effects or environmental cost of carrying out the work sought by a mining company mentioned. In light of this, a vacuum is perceived that generates great uncertainty, and it is that the foundation in criteria such as national convenience or public interest cannot be given as conceived in the related decree, because in that case, everything could be of convenience and the handing over of the wealth of the community and future generations to a transnational company, which in the end could leave us with irreparable losses in biodiversity. It is for this reason that it is insisted that this lack of foundation generates a vacuum that leaves the decree without real content of weighing of goods that belong to all Costa Ricans, making a vice of constitutionality and the violation of the principles of environmental rationality, proportionality, and precaution manifest. A land-use change is authorized for alleged "national convenience," but one cannot go against the legal order and principles of constitutional rank, such as the right to a healthy and balanced environment, the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, the precautionary principle, the right to enjoy a landscape, and the principle of intragenerational equity and intergenerational solidarity, aspects that are not only contemplated in norms of constitutional rank but have been developed by the jurisprudence of this Chamber. There should be restraint, a weighing, and environmental studies that justify a declaration such as the one now challenged; but—they insist—the decree is completely silent on data that justify said authorization, and, on the contrary, there is even, to a certain point, an apology for degradation by stating, in Article 2 of the decree, that the felling of even protected species is authorized, as in this case, the almendro amarillo. Our country, through the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, voluntarily included this species in Appendix III of the "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES), as its preservation at the national and international level is vital, and therefore its international trade is restricted, and it committed to taking all necessary measures to protect it within our borders. The apology for "ecocide" and disrespect for constitutional jurisprudence are seen in authorizing the felling of almendros amarillos, when the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones has been ordered to preserve that species (Voto 2008-13426). It is requested that the decree in question be declared unconstitutional.

101- By Resolution Number 17570 of eleven hours three minutes on December fifth, two thousand eight, amparo number 08-016115-0007-CO was accumulated to this expediente. (folio 1909)

102- At folio 1914 of the expediente, there is amparo appeal number 08-016200-0007-CO filed by Yamileth Astorga Ezpeleta and Jorge Arturo Lobo Segura, in which they allege that on August sixth, two thousand seven, the company Industrias Infinito S.A. requested that SETENA approve the environmental viability of a modification to the original design of the Crucitas Mine project, to which SETENA had granted environmental viability by means of resolution number 3638-2005-SETENA of December second, two thousand five. They point out that on December sixth of this year, the development company presented a document called "Environmental Assessment of the Proposed Modification to the Crucitas Mine Project," which contained an Environmental Management Plan and a Sworn Declaration of Environmental Commitments, explaining what the modification consisted of and the positive and negative impacts that would be generated. They indicate that the modification was proposed and processed before SETENA as a reduction of area, and was approved by that Secretariat by means of resolution number 170-2008-SETENA of twelve hours fifty minutes on February fourth, two thousand eight, issued by the Comisión Plenaria of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental in ordinary session Number 12-2008, Article 5, whose Por tanto states: "FIRST: To Approve the Modification of the project called Proyecto Minero Crucitas (Mining and Processing of Gold Minerals), including the updated Environmental Management Plan and the proposed monitoring plans. SECOND: To Order the formation and operation of the Fiscalization and Monitoring Commission for the Crucitas project; for which the Secretaría General of SETENA is designated to proceed to request the names of the representatives of the different entities that comprise it (…)." They consider that SETENA acted contrary to the principles that this Chamber has indicated must be fulfilled in Environmental Impact Assessment processes to guarantee a healthy and ecologically balanced environment, since although the requested modification reduces the horizontal area to be exploited, it actually consists of a new project that should have been subjected to an Environmental Impact Study and a public hearing, just as happened with the originally approved project, none of which occurred. They affirm that the approved modification is a new project for the following reasons: a.- It expands the depth to be exploited from 15 meters to 67 meters on average. b.- It expands the volume of material to be exploited by more than 100%. c.- It expands gold production by almost 70%. d.- It expands the extraction time from 6 to 9 years. e.- It expands the material to be extracted, since originally it was only saprolite (soil or white material) and through the modification, the extraction of hard rock is requested. f.- It implies the use of a new extraction technology using explosives; however, the impacts this may cause, and the safety measures that must be followed to prevent accidents that harm people or natural resources, and that allow compliance with current legislation, were not adequately analyzed. g.- Possible impacts that the modification may cause were not analyzed. They deem that the aforementioned resolution is contrary to Article 50 of the Constitución Política, as well as to the precautionary and preventive principles and the right of citizen participation in the Environmental Impact Assessment process enshrined in several resolutions of the Sala Constitucional. They add that SETENA did not notify any of the parties to the administrative procedure of the modifications presented by the company, nor of the granting of environmental viability to such modifications, despite many of them, such as geologist Allan Astorga, having made technical observations on the environmental impact study. The appellants request that the appeal be declared with merit, with the consequences of law.

103- By Resolution Number 17970 of eleven hours three minutes forty-eight minutes on December twelfth, two thousand eight, amparo number 08-016200-0007-CO was accumulated to this expediente. (folio 2035)

104- By a brief filed on April 17, 2009, the environmental regent of the Las Crucitas mining project provides a brief summarizing the current conditions of the areas that were cut and that were within the permits for land-use change, as well as the cutting plan. (folio 2039)

105- At folio 2050, Lorenzo Cambronero Méndez, representing the Frente de Oposición a la Minería de Oro de la Zona Norte de Costa Rica, files an amparo appeal against the Dirección de Geología y Minas of the Ministerio del Ambiente y Energía, and states that it alleges the violation of the provisions of Article 50 of the Constitución Política, the Cañas-Jerez Treaty of eighteen fifty-eight, the Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses of nineteen ninety-seven, the Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations of the Central American Integration System (SICA) of nineteen ninety-six, the Rio Declaration on Environment and Development of nineteen ninety-two, and the Stockholm Declaration on the Human Environment of nineteen seventy-two, all of the foregoing due to the fact that on June fifth, two thousand two, Decreto Ejecutivo DE 30477-MINAE was enacted, which established an indefinite moratorium on open-pit mining activity in Costa Rica. He indicates that the Sala Constitucional annulled, by resolution number 2004-13414 of nine hours on November twenty-sixth, two thousand four, the mining exploitation concession granted to the company Industria Infinito, Sociedad Anónima, because the legally required public hearing was not held and the environmental impact study was not presented before the approval of the concession, thus violating the precautionary or in dubio pro natura principle recognized by the Biodiversity Law. Notwithstanding the foregoing, on May twentieth, two thousand eight, by resolution R-217-2008-MINAE of fifteen hours on April twenty-first, two thousand eight, the concession to explore for gold in the Crucitas mine was granted again, that is, while the Decree establishing the moratorium on open-pit mining activity in the country was still in force. That on June fourth, two thousand eight, fourteen days after the granting of the concession being challenged, Decreto Ejecutivo No. 34492-MINAET was issued, which repealed said moratorium. He argues that said concession is contrary to the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, since in the present case, forests are severely affected with irreparable environmental damage.

106- By Resolution Number 521 of eleven hours fifty minutes on January sixteenth, two thousand nine, amparo number 08-017475-0007-CO was accumulated to this expediente. (folio 2071)

107- By a brief filed by Juan Carlos Hernández Jiménez, in his capacity as special generalísimo representative of the company Industrias Infinito S.A., he requests permission from the Chamber to carry out environmental and forestry mitigation measures within the area covered by the cutting permit, in order to avoid unnecessary environmental risks. (folio 2075)

108- By a brief filed on April 20, 2009, by Juan Carlos Hernández Jiménez, in his capacity as special generalísimo representative of the company Industrias Infinito S.A.

clarifies the extraction system, the contained reserves, and the parts that make up the mining deposit of the Project. The environmental viability of the Crucitas project is intimately linked to the nature of the deposit: saprolite and hard rock. It reiterates that the reduction of the extraction area will be 60% of what is currently approved, which will result in a larger reforestation area around the pits or open-pit mines (tajos). Extraction will be carried out using heavy machinery (excavators), mine carts, and blasting starting from the rock level. The use of blasting today is a safe process if all handling, storage, and use protocols are followed. Even in the city and in non-metallic material quarries (for construction aggregates), controlled blasting is used for expansion or construction of basements in the first case and for advancement of extraction blocks in the second case. For this project, a specialized company with all up-to-date permits will be contracted. Electricity consumption is expected to be supplied through the service provided by COOPELESCA in the area, so the approximately 5.4 MW power generation plant will not be installed, favorably resulting in the elimination of 3.3 tons of CO2 per hour of gas emissions into the atmosphere. The foregoing will result in a reduction of fuel storage in the Project Area (AP), reducing diesel from 1500 to 50 m³ and gasoline from 38 to 3.7 m³. The cyanide destruction plant will feature more modern technology, so instead of using the INCO process, the CYPLUS process will now be installed, which is more efficient and achieves the expected results with a tailings discharge that will present less than 1 ppm of cyanide. On the social aspect, the commitments are maintained through all the training programs, promotion of PYMEs, collaboration in community infrastructure works, etc. Currently, it is proposed to finalize the closure with two lagoons, one corresponding to the one used for tailings in the operational phase and one in the Fortuna pit; the rest of the properties would be reforested with native species for natural forest regeneration. It notes that the seven communities in the project's area of influence were also duly informed and a sociologist's study is available. It indicates that there was never any improvisation or favoritism in SETENA's approval of the modification to the Crucitas project. (folio 2091)

109- From folio 2115 to 2831 of the case file (expediente), several persons submit writings requesting that the Court endorse the continuation of the Mining Project.

110- At folio 2834 of the case file is an unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) filed by Jorge Enrique Romero Pérez, which was separated and processed as amparo Número 08-16125-0007-CO, in which he requests that Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET of October 13, 2008, which declared the so-called "Proyecto Minero Crucitas" of public interest and national convenience (conveniencia nacional), be declared unconstitutional. He alleges that in the indicated decree, the President of the Republic and the Minister of the Environment, with the justification of the declaration of public interest and national convenience, authorize a mining company to cut down all the trees required, including species subject to a logging ban (veda), among which are a large number of the wild almond tree species (dipteryx panamensis), a species that, in addition to being threatened per se, constitutes the fundamental habitat and main food source during the reproductive season of the great green macaw (ara ambiguus), a species that is seriously threatened with extinction. All this despite what was established by the Executive Branch itself in decree Nº 25700 of November 15, 1996, regarding other threatened species, and the binding jurisprudence of this Constitutional Court, rendered in Votos 2486-2002 and 13426-2008, in which the Ministry of the Environment is expressly prohibited from granting any type of logging or harvesting permit for the wild almond tree species. With this authorization, without any type of technical justification and in an arbitrary manner, a direct attack is made against the environmental balance and biodiversity of the entire Huetar Norte Region of Costa Rica and southern Nicaragua, including the Corredor Fronterizo Norte Wildlife Refuge, the Maquenque National Mixed Refuge, and the San Juan-La Selva Biological Corridor. The justification for the declaration of public interest and national convenience of the Proyecto Minero Crucitas is based solely on the possible economic benefits that are speculated to be generated. The challenged decree is also completely silent regarding the assessment of the socio-environmental cost that the total destruction of more than 196 hectares of forest would entail (including species with special protection due to their importance in the ecosystem) and of river and stream protection zones that the mining company will invade and destroy, with its consequent impact on water resources. The decree has no scientific-technical basis that would objectively allow the socio-environmental cost of such destruction to be assessed and that would allow it to be established with some degree of certainty that the social benefit of this destruction is greater than its socio-environmental cost, as required by current forestry legislation. Furthermore, throughout the entire area of forest intended to be removed, no type of infrastructure is intended to be built, understood as a "Set of basic services for the operation of a modern economy," but rather what is going to be carried out are large excavations in the ground to process the material by cyanide leaching (lixiviación de cianuro), in order to extract the gold that is disseminated in the earth. The processing will be done in a different area from where the excavations will be made, which include the use of explosives. The construction of tailings lagoons (lagunas de relaves) to store the cyanide-processed material is also contemplated in that forest area. It is evident then that what was decreed by the President of the Republic and the Minister of the Environment goes against our constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in article 50 of the Constitución Política. Firstly, because the challenged decree authorizes, in an arbitrary manner and without any justification, the logging of wild almond trees, on which there is an express prohibition of felling, emanating directly from this Constitutional Court, among others, through Votos 2486-2002 and 13426-2008, because this Court considers it a key species for the protection of the great green macaw, which is in turn a species threatened with extinction. Secondly, because the declaration of national convenience made by the Executive Branch, through the challenged decree, goes beyond what is established in environmental-forestry legislation, by declaring an economic activity of national convenience that could not be considered an "infrastructure project," in light of what that term means and in accordance with the legislator's intention reflected in the norm, to limit the elimination of forests to the maximum, in application of the principle of irreducibility of the forest (irreductividad del bosque), thus emptying the reference norm of its content. Thirdly, the questioned declaration of national convenience lacks the slightest scientific-technical basis that would allow it to be established without a doubt and objectively that the social benefits that the operation of the open-pit gold mine with cyanide leaching would bring are greater than the socio-environmental cost involved in the devastation of the more than 196 hectares of forest, including the disappearance of all existing wild almond trees in the area to be destroyed, the irremediable local extinction of the great green macaw, the destruction of the existing biodiversity, and its impact on the protected wild areas found in the area of influence of the authorized destruction, with the aggravating factor that the Administration has not established the appropriate instruments to measure social benefit versus socio-environmental cost, as required by law. All of the foregoing goes against the constitutional principles of reasonableness and proportionality that must be applied in this case, in which environmental balance and its protection are at stake, as provided for in articles 50 and 89 of the Constitución Política. He requests that it be declared with merit and that the questioned decree be annulled.

111- By Resolución Número 50 of nine hours nineteen minutes of January six, two thousand nine, amparo Número 08-016125-0007-CO was joined to this case file. (folio 2845)

112- At folio 2850 is an amparo appeal (recurso de amparo) filed by Alain Murillo Bolaños, in which he states that he appeals against the authorization of the exploitation called Proyecto minero Las Crucitas by the company Industrias Infinito S.A., through Decreto Ejecutivo 34801-MINAET, a mining project about which he believes there is no public information. The appellant considers that this decree violates International Conventions on the protection of flora and fauna, especially endangered species, signed by Costa Rica at the United Nations, that it seeks to violate the mesoamerican protective forested Bolsón and the border treaties with Nicaragua. He states that this open-pit mining infrastructure project will destroy the microclimates, the scenic beauty of the place, the water resources, and consequently constitutes an attack against human life and that of flora and fauna species, including marine life. He considers that the argument that this is done for national convenience is not admissible, since the State has no means to stop contamination by accident or internal sabotage number Explains that even today the consequences of cyanide poisoning are suffered over more than three kilometers in a network of freshwater rivers. He states that there is no one to control the outflow of the wealth that might eventually be extracted, and affirms that with the development of this project, drought will increase, the course of water flows will be altered, and the existing habitat will be destroyed. He considers that the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (S.E.T.E.N.A.) must allow a historical-geological and satellite study of the affected basin and sub-basins of groundwater, rivers, streams, and the environmental impact on the hills and plain. He considers that help from international experts should be requested to measure the regional environmental impact. He states that it must be clarified why S.E.T.E.N.A. and other related bodies granted permits. He considers that the environmental impact studies must be presented to the people to legitimize the origin of Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET; he believes this constitutes a precedent that will later allow the destruction of other fauna and flora habitats. He argues that the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications must present an inventory of the species that are in danger with the creation of that pit in a primary forest. He alleges that in the area, many of the tree species existing in the country are present; consequently, he believes a complete classification of the tropical forest plants that have applications in medicine, pharmaceuticals, industrial, and food products must be carried out, as well as an inventory of what will be impacted; he also believes a project must be presented justifying how surface and groundwater will be protected, because the total elimination of forest cover (cobertura boscosa) will produce serious negative effects on water quality, the same with oxygen production, and the environmental impact on the habitat and microclimate, erosion, increased sedimentation, and loss of soil fertility. He explains that the place has great scenic beauty, is home to birds, reptiles, mammals, and microorganisms. He points out that the study carried out must also study the impact on buffer zones (zonas de amortiguamiento), that this study must contain matters related to fire prevention, he states that controls over the handling of toxics like cyanide must also be clear, and how adjacent areas will be protected from the use of such toxics, because within a radius of ten kilometers, there are rivers and streams, basins and sub-basins of water. He considers that the site will be drastically affected and it will take hundreds of thousands of years to recover what is destroyed, and therefore a geophysical study must be carried out to understand the physical characteristics of the underlying material and determine the methods usable for geophysical exploration. The appellant wonders how much water the open-pit mine will use to operate and states that groundwater is currently the most important mineral resource on the planet, accumulated below the surface of the earth, so there must be a study detailing the water table (nivel freático) of the soil, which in the tropics is higher due to precipitation, which is why he believes there must be serious studies certified by professionals licensed in the field. The appellant argues that the impact of this project on Costa Rican tourism will have to be determined, and that for years he has written to various international bodies about the advisability of protecting the Bolsón biological corridor and buffer zones of Mesoamerica, with emphasis on the northern border, which is a natural paradise many countries would wish to have. He notes that the idea sold by the Vice Minister and the Mayor of San Carlos, to the effect that the area is worthless and that this project will generate jobs as a factor of national development and will also leave taxes that the municipality will receive, is not true; that politicians do not reason about the need to protect and conserve for future generations, on whose behalf he is presenting this amparo; he believes the country must have space for urbanizations, agricultural fields, tourism, conservation, and not a regulation of death and destruction that alters peace with nature. He requests that the appeal be declared with merit.

113- At folio 2865 of the case file is the resolution accepting amparo 08-14488-0007-CO filed by Alain Murillo Bolaños.

114- At folio 2871, Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, renders the report for amparo 08-14488-0007-CO, indicating under oath that having analyzed the appellant's claims, there is no technical basis to support them, so they are merely subjective interpretations, since the issues alluded to have been extensively assessed by the Ministry with the support of its dependencies throughout the administrative process. The appellant is unaware of the 17-year process the company has undergone to be able to start mining exploitation. All the appellant's arguments are topics that have been thoroughly studied; the assessment of the socio-environmental cost of land-use change (cambio de uso del suelo) is considered in the environmental assessment carried out by SETENA; it is not in the decree as a legal instrument that the scientific studies carried out to assess the matter are included; for this, explicit mention is made that the project has environmental viability, which is composed of extremely extensive elements and studies, without this invalidating the act. It is not through the decree that the State becomes aware of the change of use or the logging of prohibited species; this is a known and studied technical aspect. When the project was consulted in a public hearing, the forestry issue had already been diagnosed and was publicly exposed. He states that the act is motivated and has sufficient technical-scientific basis for its responsible adoption. The State does not at all lack certainty; on the contrary, it is the appellant who lacks certainty and knowledge of the files, and if he had doubts, he could have resolved them by consulting the administration. He requests that the amparo be denied.

115- By Resolución Número 17403 of ten hours six minutes of November twenty-one, two thousand eight, amparo número 08-014488-0007-CO was joined to this case file. (folio 2910)

116- At folio 2913, Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, presents in amparo 08-14592-0007-CO a request for a partial lifting of the measure imposed by the Court, by virtue of an inspection carried out by the Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto on November 13, 2008, where it was determined that the activities carried out have not generated unforeseen environmental impacts in the studies, and that the company has complied with the cessation of the works in question; however, authorization is requested to carry out certain activities because the cessation of the project could produce adverse environmental effects that were not contemplated. The request is for permission to extract the cut timber, dispose of and properly treat the plant waste present in the area of the pits (tajos) and the tailings lagoon (laguna de relaves), release surface water drainages and their respective protection zones, and maintain adequate phytosanitary control within the project. Adopt forest protection measures, allow the implementation and conclusion of works for sediment control and soil conservation, and develop the monitoring process.

117- At folio 2926, Jorge Rodríguez Quirós, in his capacity as Minister a.i. of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, states in amparo 08-14488-0007-CO that he presents a request for a partial lifting of the measure imposed by the Court, by virtue of an inspection carried out by the Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto on November 13, 2008, where it was determined that the activities carried out have not generated unforeseen environmental impacts in the studies, and that the company has complied with the cessation of the works in question; however, authorization is requested to carry out certain activities because the cessation of the project could produce adverse environmental effects that were not contemplated. The request is for permission to extract the cut timber, dispose of and properly treat the plant waste present in the area of the pits (tajos) and the tailings lagoon (laguna de relaves), release surface water drainages and their respective protection zones, and maintain adequate phytosanitary control within the project. Adopt forest protection measures, allow the implementation and conclusion of works for sediment control and soil conservation, and develop the monitoring process.

118- In a writing presented on March 25, 2009, Jorge Rodríguez, in his capacity as Minister of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, attaches the amplification of exculpatory arguments made to amparo Número 08-014488-0007-CO. (folio 2947)

119- At folio 3076 of the case file is an amparo appeal writing presented on October 28, 2008, by Javier Berrocal Obando, of legal age, single, resident of Escazú, with identification card 1-1828-012, in which he accuses the violation of provisions in articles 10, 11, 50, 56, 140, 148, and 149 of the Constitución Política, because Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAET, given at the Presidency of the Republic at thirteen hours on October thirteen, two thousand eight, by the President of the Republic of Costa Rica and the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, bases its authorization for the logging of species protected under a logging ban (veda) by this Constitutional Court's Voto Número 2002-002486 of 10:54 hours on March 8, 2002, in this case the wild almond tree, on articles 19 and 34 of the Ley Forestal. He indicates that from the cited articles it is understood that land use may be changed for projects of national convenience; however, the protection regime for the wild almond tree species found in the area of the Proyecto Minero Las Crucitas is not through land-use regulation, so the cited resolution has erga omnes effect and can only be modified by a vote of the same Constitutional Court and not by Decreto Ejecutivo. He notes that analyzing the articles used by the Executive Branch in the mentioned Decree, it is evident that a personal interpretation of the law was used, incurring in attributions not proper to its nature, as only parts of the articles are used, they are not contextualized, and the definitions that article 33 establishes for the application of article 34 of the Ley Forestal are not used. He states that the protected tree species found in this area do not fall under any of the assumptions established in article 33 of the cited Law, therefore they are also not subjects of the assumptions of article 34, so the breach of article 11 of our Carta Magna is evident as the public officials responsible for this decree attribute to themselves faculties they do not possess by interpreting the law, and also the rupture of the constitutional principle which is the Principle of Legality, because the purpose sought to be achieved with this decree cannot be based upon the laws used to do so. He believes the content of said Decree is contrary to law and therefore illegal, for which reason he requests the Court to declare the appeal with merit, declaring said Decree null, all resolutions granted under it having to be voided.

120- At folio 3089 of the case file, the Minister of the Presidency, of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, and the Secretaria General of SETENA render the report for amparo 08-14593-0007 in the same terms as the reports rendered previously.

121- On November 4, 2008, Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretaria General of SETENA, presents a writing in amparo 08-14593-0007-CO indicating that in the appellant's writing she is not considered a respondent party; however, she makes some clarifications regarding what was accused by the appellant. She indicates that the area to be used for the open-pit mine (tajo) is 50 hectares. 382 hectares will be reforested. Of the 50 hectares of pits, 25 hectares will be totally recovered and the other 25 will play an important environmental role. Suitable conditions for the ecosystems will be created, so one cannot speak of land becoming unusable. Regarding the use of cyanide, it will be neutralized by the CYPLUS system, which offers superior performance to that established by national regulations and meets international standards. Likewise, there is a chapter within the environmental impact assessment (Estudio de impacto ambiental) called Contingency Plan that incorporates all types of eventualities that could occur; for its part, in case of earthquakes, the tailings lagoon will have a spillway or excess overflow structure that has been appropriately designed and approved since the Estudio de Impacto Ambiental and its Anexo, in order to give permanent stability to the dike and to independently manage water excess in periods of maximum precipitation. At the outlet of this overflow spillway, a permanent control of the quality of the overflow water will be maintained, and a lime dosing plant will also be installed, as at the outlet of the pits, in order to neutralize its pH if necessary. The location of this dosing plant is an additional measure and an extra safety factor, because based on detailed studies carried out by Canadian experts from the company Jacques Withford, it has been predicted that the quality of the discharged water would have an acceptable quality that will comply with international and national standards for release into the environment. Regarding tree felling, she refers to the documentation that has been previously provided and reiterates that upon completion of the project there will be 1,186 hectares of protection forest. (folio 3107)

122- At folio 3113 of the case file is a writing presented by Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, in which he states in amparo 08-014592-0007-CO: that he presents a request for a partial lifting of the measure imposed by the Court, by virtue of an inspection carried out by the Comisión Institucional de Seguimiento, Control y Fiscalización del Proyecto on November 13, 2008, where it was determined that the activities carried out have not generated unforeseen environmental impacts in the studies, and that the company has complied with the cessation of the works in question; however, authorization is requested to carry out certain activities because the cessation of the project could produce adverse environmental effects that were not contemplated. The request is for permission to extract the cut timber, dispose of and properly treat the plant waste present in the area of the pits (tajos) and the tailings lagoon (laguna de relaves), release surface water drainages and their respective protection zones, and maintain adequate phytosanitary control within the project. Adopt forest protection measures, allow the implementation and conclusion of works for sediment control and soil conservation, and develop the monitoring process.

123- The same request for a partial lifting of the measure imposed by the Court was presented by Jorge Rodríguez Quirós, in his capacity as Minister a.i. of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, in amparo 08-014593-0007-CO (folio 3126).

124- By means of a writing received on March 25, 2009, Jorge Rodríguez, in his capacity as Minister of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (folio 3148), attaches a writing amplifying exculpatory arguments to amparo 08-014593-0007-CO.

125- By Resolución Número 8178 of thirteen hours thirty minutes of March nineteen, two thousand nine, amparo número 08-014593-0007-CO was joined to this case file. (folio 3157)

126- On June 9, 2009, Alberto Cortés Ramos, in his capacity as a member of the University Council, requests the Court to grant him a hearing in order to present and deliver the Council's position regarding the project in question. (folio 3186)

127- At folio 3204 is a document for the Crucitas project presented before SETENA in which they propose an international environmental audit to dispel any doubts regarding various technical criteria.

128- By resolution of eleven hours and six minutes of June seventeen, two thousand nine, the Magistrado Instructor resolved: "Through writings visible at folios 437, 1008, 1320, 1441, 1458, 2039, 2075, 2913, and 2926 of the case file, the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, the respondent company, and the Regente Ambiental of the Proyecto Minero Crucitas request authorization to carry out mitigation measures regarding the tree felling carried out in the mining project prior to the issuance of the precautionary measure ordered in this action for protection. The proposed mitigation measures refer generally to the extraction of the cut timber and its placement in storage yards within the project area; to the disposal and treatment of plant waste to reduce the possibility of forest fires and the release of surface water drainages; to the adoption of protection and conservation measures for forest resources in boundary zones of the protection areas; and to the implementation of works for sediment control and soil conservation. Particularly, the Regente Ambiental of the mining project indicates that the concrete measures should focus on four main points, which are: a) prevention of forest fires; b) mitigation of the effect on river and stream protection areas; c) mitigation of soil erosion; and, d) the wildlife program; determining specific actions in each of these aspects. On this matter, and in accordance with the precautionary principle in environmental matters; in light of the impact being generated by the impossibility of removing cut timber and plant waste from the site that obstruct internal roads and surface water drainages; and to avoid greater environmental risks due to the difficulty of regeneration of plant cover (cobertura vegetal) and even the threat of forest fires that cannot be attended to; the Court authorizes the implementation of the proposed mitigation measures visible at folios 2048 and 2078 of the case file, with the exception of the construction of ditches on access roads and the construction of sedimentation plants, as these two concrete measures involve the execution of works whose realization involves other types of machinery, the placement of exogenous materials, and the participation of a greater number of workers in the area."

The Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications is ordered to rigorously exercise all necessary control and supervision actions so that only the mitigation measures authorized here are executed, and in such a way that they do not imply a different environmental damage or risk." (folio 3313)

129- By a brief filed on June 23, 2009, residents of the communities of Coopevega, Chamorro, El Roble, and Las Crucitas of the district of Cutris, El Jocote, and Llano Verde request the Court to conduct a site visit in order to verify the poverty and neglect in which that area finds itself and ask that the project in question be authorized due to the benefits they have provided to the communities. (folios 3322 to 3351)

130- From folios 3352 to 3575 of the case file, there are procedures in which residents of the project locality request that the matter be resolved promptly so they can work and that the project be allowed to continue in order to lift that community (with roads, schools, training, employment, electricity, and income) out of the terrible situation in which they live.

131- On June 30, 2009, a document is recorded as provided, which the Minister of the Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications sent to the Executive Director of the National System of Conservation Areas and the Director of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, in which he issues the mitigation measures that were approved by the Court. (folio 3578)

132- At folio 3582 of the case file is recorded amparo 08-018101-0007-CO filed by ESTEBAN ZAMORA QUESADA, identity card number 1-1048-824, FANNY MARÍA GONZÁLEZ QUIRÓS, identity card number 1-750-192, LUIS FERNANDO UREÑA DELGADO, identity card number 1-1006-584, PABLO CHACÓN VARGAS, identity card number 4-196-833, PATRICIA DOMÍNGUEZ VILLALOBOS, identity card number 4-158-795, VERA AGUERO V, identity card number 1-613-661, JEANNETH CHAVARRÍA MUÑOZ, identity card number 4-155-185, RODRIGO ALFARO CAMBRONERO identity card number 04-0171-0903, YENDRY HERNÁNDEZ SOLÍS, identity card number 01-1151-0778, JOSÉ ANTONIO MEJÍA C, identity card number 04-0119-0995, HAZEL LÓPEZ ALPIZAR, identity card number 01-1098-0446, WILLIAM GUADAMUZ CASTRO, identity card number 01-1280-0224, JENNIFFER RAMÍREZ VINDAS, identity card number 02-0578-0071, GILDO LÓPEZ CARBALLO, identity card number 04-0195-0369, SONIA REYES BOLAÑOS, identity card number 01-0690-0851, WILLIAM CHINCHILLA MORA, identity card number 01-0609-0815, MARÍA ISABEL CHAVES LEÓN, identity card number 04-0122-0054, ERICK ALFARO CAMACHO, identity card number 04-0182-0554, LAURA GRANDA VARGAS, identity card number 04-0169-0275, FRANK MORALES CONEJO, identity card number 01-0798-0586, LETICIA LORÍA PRENDAS, identity card number 05-0212-0556, MARISOL ZAMORA SALAZAR, identity card number 04-0179-0445, LAURA DELGADO ULATE, identity card number 01-0739-0987, AXEL HERNÁNDEZ VARGAS, identity card number 01-0968-0694, WATSON LAWRENCE 07-0127-0432, KAREN SIBAJA CASCANTE, identity card number 04-0190-0354, LIDIA CHANTO CANTILLANO, identity card number 01-0773-0296, RANDALL GERARDO GARRO QUESADA, identity card number 01-0819-0983, MARÍA ISABEL QUIRÓS E, identity card number 01-0339-0408, RONALD GONZÁLEZ Q, identity card number 01-0914-0127, LUIS DIEGO GONZÁLEZ QUIRÓS, identity card number 04-0192-0436, ROSA ELENA CHACÓN COTO, identity card number 03-0310-0912, HASSELL GONZÁLEZ QUIRÓS, identity card number 01-1013-0264, JOSÉ J. GONZÁLEZ CH, identity card number 01-0969-0219, and BARRANTES B, identity card number 01-0654-0016, in which they allege that, like every Costa Rican, they have the right to have the environment respected, and therefore they oppose the authorization of "the Open-Pit Gold Mine in the Crucitas Zone."

133- By Resolution Number 86 at nine o'clock on January nine, two thousand nine, amparo number 08-018101-0007-CO was consolidated with this case file. (folio 3585)

134- At folio 3588 of the case file, it is noted that resolution 2009-86 could not be notified to the petitioners because they failed to indicate a place to receive notifications.

135- On July 3, 2008, Guiselle Méndez Vega, in her capacity as Director of the National System of Conservation Areas of the Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications, submits a document in which she informs Mr. Oldemar Corrales of the Huetar Norte Conservation Area that he will be responsible for supervising compliance with the mitigation measures authorized by the Court. (folio 3589)

136- On July 7, 2009, Juan Carlos Hernández Jiménez, in his capacity as special general attorney-in-fact of the company Industrias Infinito S.A. (folio 3590), informs the Court of the mitigation measures that were taken with the approval of the San Carlos Subregional Office of ACAHN.

137- Attached to the case file is official communication CCT-PI 023-09 of February 20, 2009, issued by the Tropical Science Center, in which several questions posed by the Minister of the Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications are answered. Among some of them, it indicates that the great green macaw (lapa verde) does not depend exclusively on the Las Crucitas zone for its feeding, since it makes use of an extensive territory shared between Nicaragua and Costa Rica (part of the cantons of San Carlos, Sarapiquí, and Pococí). The foraging area of the great green macaw exceeds the area of influence of the mining project by approximately 1,500 ha. The great green macaw does not nest in the Las Crucitas zone. The nearest nest is located 8.7 km away. It indicates that this is probably due to the high fragmentation of the habitat in that zone and the lack of mature yellow almond trees (almendro amarillo). Nor is it an exclusive zone for the transit of the great green macaw; it makes use of an extensive territory shared between Nicaragua (the Indio-Maíz Biological Reserve and its buffer zone in the municipalities of El Castillo, San Juan del Norte, as well as in the South Atlantic Autonomous Region) and Costa Rica (part of the cantons of San Carlos, Sarapiquí, and Pococí). The reproduction process of the 25 or 35 pairs of great green macaws that nest in Maquenque will not be interrupted by the mining project, since Las Crucitas is located outside the reproduction range of the great green macaw. What may decrease is the great green macaw's visits to the mining project area due to the reduction of yellow almond trees and the human activity present. However, it indicates that the land-use change (cambio de uso del suelo) on 192 ha of the project will not interrupt the feeding cycle of the population of great green macaws that nests in Maquenque, which is located 8.1 km away; what it may produce is the displacement already mentioned. It indicates that the project is located in the northwest of the San Juan-La Selva Biological Corridor and forms part of one of the most important areas for Bird Conservation, the Agua-Paz Biosphere Reserve, and the Binational Corridor El Castillo-San Juan-La Selva. This zone has been defined as an important core for conservation within the San Juan-La Selva Biological Corridor and has been prioritized by SINAC. It indicates that the mining project affects a unique ecosystem, and it is for this reason that the mitigation measures for the felling (corta) of individual yellow almond trees and their harmful impacts on the population of the great green macaw must be oriented toward repairing the damages caused. Planting a quantity, even a very high one, of yellow almond trees to compensate for those cut (cortados) does not contribute to recovering this ecosystem, nor does it allow the great green macaw to feed in the short or medium term, since it does not usually frequent low trees. Buying land in the upper basin of the San Carlos River for the conservation of the Juan Castro Blanco National Park does not contribute in any way to guaranteeing the viability of the population of the yellow almond tree and the great green macaw. Therefore, the compensation and mitigation projects of the project must pursue the following objectives: 1- consolidate the Maquenque National Wildlife Refuge through the implementation of its Management Plan (SINAC officials, surveillance, infrastructure, land purchase, education, monitoring and science, etc.) 2- Strengthen the connectivity of the San Juan-La Selva Biological Corridor through ecological restoration activities in the critical links of the identified connectivity routes, as well as a greater commitment from the government to consolidate the Maquenque National Wildlife Refuge with the support of civil society. (folio 3591)

138- On July 27, 2009, Juan Carlos Hernández Jiménez, in his capacity as special general attorney-in-fact of the company Industrias Infinito S.A. (folio 3645), attaches the report entitled "Water Resources and the Crucitas Mining Project" prepared by Hydrogeologist Sandra Arredondo Lee, which concludes that the project, from the point of view of use and protection of water resources, is viable and will not generate impacts during its operation and closure.

139- By a brief filed on July 27, 2009, the petitioner Edgardo Araya Sibaja, in his capacity as representative of the Northern Association for Life (Asociación Norte por la Vida), expresses his concern regarding the mitigation measures that were authorized to the respondent company. He is concerned about how the felled timber will be stockpiled without affecting the plant cover (cobertura vegetal) that still remains in the place. He states that he does not know if the measures authorized by this Court are known to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), which would be important in order to prevent illegitimate leakage of timber (folio 3738).

140- By resolution at eleven hours and thirteen minutes on October twenty-eight, two thousand eight, the brief was detached in which José Merino del Río, in his capacity as citizen and deputy, and Heidi Murillo Quesada, in her capacity as representative of the Costa Rican Federation for Environmental Conservation (Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente), file an amparo action against the President of the Republic and the Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications and indicate that the provisions of Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution are violated, given that, in their opinion, the respondent authorities authorized the land-use change on forested land located in Las Crucitas de Cutris de San Carlos, Alajuela, as well as the elimination of plant cover in protection areas of water sources (áreas de protección de las fuentes de agua), for the purpose of constructing an open-pit mining project with cyanide leaching (lixiviación de cianuro) based on Executive Decree Number 34801-MINAET of October 30, 2008, which, in turn, is based on the definition of national convenience (conveniencia nacional) set forth in Article 2 of Executive Decree Number 25721-MINAE, called the Regulations to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal), and which they consider unconstitutional. In this way, they argued, expressly, the following: "(...) As recorded in Considerandos III and IV of the aforementioned Executive Decree No. 34801-MINAET, the Executive Branch bases the authorization granted for tree felling (including prohibited species and the execution of infrastructure works in forested areas and protection areas of water resources) on the provisions of Article 2 of Executive Decree No. 25721-MINAE (...) This regulatory norm defines – in what is relevant – the concept of activities of 'national convenience' for the purposes of the provisions of Articles 19(b) and 34 of the Forestry Law as activities 'related to the study and execution of projects or activities of public interest carried out by the centralized dependencies of the State, autonomous institutions, and private enterprise, that provide benefits to all or a large part of society such as: "(...) mining activities."' Therefore, according to the motivation of the act carried out by the Executive Branch in the final part of Considerando IV, 'on the occasion of this declaration,' that is, based on the aforementioned definition in Article 2 of the Regulations to the Forestry Law, 'the company may proceed to request authorization for tree felling and the execution of works in the protection area of streams and rivers.' Thus, we have that the reasoning followed by the Executive Branch to justify its decision is as follows: Article 6 of the Mining Code generically declares all mining activities to be of 'public interest,' and Article 2 of the Regulations to the Forestry Law declares activities of 'public interest,' including 'mining activities,' to be of 'national convenience'; therefore, it must automatically be concluded that the 'Las Crucitas' mining project is of national convenience, and the interested company is authorized to change the land use on forested land and fell trees in protection areas of water resources (...)." Consequently, they maintained that the definition of national convenience contained in Article 2 of the Regulations to the Forestry Law is vitiated by unconstitutionality for violating the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, which would directly entail the unconstitutionality of Executive Decree Number 34801-MINAET. For such purposes, they explained that the Forestry Law establishes, in principle, a general prohibition on land-use change on privately owned forested land, as well as on the elimination of trees in the protection areas of water resources listed in its Article 33. Likewise, they indicated that, immediately thereafter, that same Forestry Law, in its Articles 19(b) and 34, establishes a series of exceptions to that prohibition, among which are, respectively, "infrastructure projects, state or private, of national convenience" and "projects declared by the Executive Branch as of national convenience." Under that understanding, they argued that, in accordance with the "pro homine" principle, such exceptions must be interpreted in a limited and restrictive manner, since they are prohibitions that protect the right of the human person to enjoy the forests, water, biodiversity, etc. Therefore, they maintained that the Executive Branch is not empowered to expand, via regulation, such exceptions beyond what is expressly provided by law. They added that the inclusion of the phrase "mining activities" in the challenged norm constitutes, then, an excess in the exercise of the regulatory power of the Executive Branch that exceeds the limits established in Articles 19 and 34 of the Forestry Law, completely distorting the purposes of protecting the forest and water against land-use change and tree felling in general. They stated that nowhere does the Forestry Law establish an authorization to change land use on forested land for mining exploitation purposes. On the other hand, they pointed out that the challenged norm includes mining projects within the activities considered to be of national convenience, ignoring that many types of mining activity exist with very diverse social and environmental impacts. In that sense, they explained that there is non-metallic mining (exploitation of quarries (tajos y canteras), extraction of materials from riverbeds, etc.), as well as open-pit metallic mining, including the exploitation of heavy metals with highly risky techniques such as leaching (lixiviación) with cyanide or other toxic chemicals. They requested that, in accordance with the provisions of Article 48 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), they be granted a deadline to file an unconstitutionality action against the definition of national convenience contained in Article 2 of Executive Decree Number 25721-MINAE of October 17, 1996, and its amendments, called the Regulations to the Forestry Law.

141.- By resolution at fifteen hours and twenty minutes on November eleven, two thousand eight, amparo 08-014992-0007-CO was granted processing (folio 3772).

142.- On November 18, 2008, José Merino del Río requests the Court to add to the resolution at fifteen hours and twenty minutes on November eleven, two thousand eight, and to grant them a deadline to file the action (folio 3778).

143- Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), reported under oath in relation to amparo 08-014992-0007-CO (visible at folio 3781), that the petitioners, with an erroneous criterion, counterpose the "pro homine" principle to the execution of the project, identifying the latter with the right to a healthy and adequate environment. The predominant geomorphological characteristics in the area of direct influence of the Crucitas Project are not considered a limitation for its development; it is evident that it constitutes one of the components of the physical environment that will be most affected by the excavation required for gold extraction, which will cause a major impact on the areas called Volcanic Origin Forms, to which the Botija and Fortuna hills belong. Regarding the water network in terms of the drainage pattern, it still has the typical characteristics of the zone's water network, which to date has not been modified by anthropic influence; its distribution is in accordance with the topographic, edaphic, and lithological conditions that have allowed its passage, shaping the characteristics of the relief and the distribution of the water network. Regarding water quality, the non-potability of the water draining the area of influence of the Crucitas Mining Project was determined, associated with the characteristics of the predominant land use in the zone, where cattle ranching is one of the main productive activities. The development of land removal and cutting activities, together with the occurrence of heavy rains, constitutes the formula for triggering erosive processes and the dragging of materials into the water bodies draining the project area, effects that will occur during the project's operation, which is why necessary measures for their control and mitigation have been taken in the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental). Hydrogeologically, beneath the project area there are 2 aquifers; the shallow aquifer (acuífero superficial) is hosted in weathered surface materials, with a water table (nivel freático) at approximately 4 m depth, with discharge characteristics in some streams and flow governed by the terrain relief, so a regional flow cannot be established. Physicochemical analyses carried out in September 2000 and 2006 indicate that the upper aquifer meets potability standards except for pH, which is low; reported data record pH between 5.76 and 4.92, below the minimum national standard (6.5 pH). According to the design of the Crucitas Mining Project, the upper aquifer does not represent limitations for its development. The lower aquifer (acuífero inferior) is hosted in the igneous basement rocks, of a confined nature with no outcrops on the surface; this aquifer does exhibit an east-west and east-southwest regional flow, with a hydraulic gradient of 3.2%. Apparently, the confining layer is not formed by the saprolite, but is composed of some low-permeability horizons located within the basement itself. The lower aquifer presents a higher concentration in all chemical parameters, which is understandable because it is a deeper aquifer, in which the water has a longer residence time and is more prone to being affected by hydrothermal alterations related to the mineral deposit. Therefore, this aquifer presents low water quality conditions, since the values of ammonium, iron, potassium, sulfates, color, and turbidity exceed the potability standard. Regarding the possibility of contamination of rivers and streams, including the San Juan River, it is indicated that the system for cyanide reduction is called CYPLUS, which constitutes an indispensable tool for the environmental management of the project, such that being a state-of-the-art system proven in other countries like the United States, where it has been endorsed by that country's Environmental Protection Agency (EPA), it guarantees the levels set by current national regulations (less than 1 ppm). ppm=parts per million. The plant is designed so that the discharge to the tailings pond (laguna de relaves) has a concentration between 30-90 ppb (parts per billion), which allows the project's development to comply with the international standard, which is 100 ppb (0.1 ppm); additionally, the process successfully removes all base materials, including copper. The final waste polishing process through natural cyanide degradation is carried out in the tailings pond, this process being understood as the complete reduction of cyanide from wastewater in the absence of human intervention, so that both surface and groundwater in the project area and its area of influence will not be contaminated. Regarding the extraction of hard rock, the effect in relation to the saprolite extraction system consists of the impact on the quantity of groundwater due to the discharge of the lower aquifer during the excavation of the pits. A drawdown (abatimiento) of the groundwater level is expected to the base of this aquifer; this situation, as presented in the environmental impact study (estudio de impacto ambiental), due to its distribution and flow characteristics, would generate a maximum expected radius of influence of 267 meters, a situation that obviously would not affect properties outside that radius, which is itself located entirely within the properties of Industrias Infinito, so water intakes or wells on neighboring properties would not be affected. The drawdown would be generated in the vicinity of the excavation, but the magnitude of that water level decline may be practically imperceptible outside that 267-meter radius. There are no groundwater extractions at that distance, so that impact was considered irrelevant in terms of aquifer use. This effect would be permanent in the Fortuna pit, since the Fortuna pit area would persist even after the cessation of operations. The lower aquifer presents confinement conditions and, in some sectors, an artesian flowing behavior, where the potentiometric surface (nivel piezométrico) has a flow direction approximately northeast-southwest, and where the elevation of the potentiometric surface in the sector where the pits will be located is approximately 73 masl; therefore, the lower aquifer will be intersected at that point. In that case, the water discharge as extraction advances below the 73-meter elevation will be pumped to the tailings pond until extraction is completed. Then, in the Botija pit, which will be backfilled, the water level will be able to recover approximately its location within the material that will be placed inside the pit, to later restore vegetation on the surface of the terrain. In the case of the Fortuna pit, the level will recover its location but will fill the pit, forming a lake. To evaluate the effects of pit excavation on the lower aquifer, an evaluation was carried out by modeling the water level drawdown in the excavation itself and its surroundings. For this, a radial flow model was used (Rushton and Redshaw, 1979), and the necessary flow rate to be extracted from the excavation to maintain the water level at the pit floor while extraction work is completed was calculated, and the radius of influence was also calculated. For this, a geometric simplification of the shape of the pits was made, with emphasis on the Fortuna pit, since the Botija hole will be backfilled. In general terms, the base area of the Fortuna pit was taken as 19,103.8 m2. The water surface area once recovered is calculated at 88,096.6 m2. This drawdown effect on the level in the lower aquifer is temporary, since once the material exploitation work ceases and there is no longer water extraction from the excavation, the groundwater level will begin to recover until reaching the current elevation of 73 masl. It must be borne in mind that, as specified in the Environmental Impact Study, the lower aquifer is not used in the project zone. Its water is not potable due to the high values of turbidity, color, sulfates (partially), ammonium, iron, and potassium, among others. She asserts that the project is environmentally viable, so it is inappropriate to counterpose its execution to the preservation of the environment, given that a state of harmonious balance has been provided for in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). She stated that the identification of the principle solely with the right to an adequate environment in its nature facet is not accurate, because the concept of environment includes a social component that will benefit from the project, as well as a natural aspect that is the object of the corresponding environmental measures. She added that the principles of reasonableness and proportionality are respected. She affirmed that what is relevant is the environmental impact assessment process to which the activity has been subjected, such that it has demonstrated its environmental viability and the due balance between it and the environment. Finally, she indicated, expressly, the following: "(...) The classification of the project, both by the Mining Code and by the Regulations, as having a high potential environmental impact (A), has meant that the EIA was carried out by demanding the preparation of the strongest and most rigorous assessment instrument, which is the Environmental Impact Study (EsIA), with the assessment process reaching the conclusion that the project is environmentally viable (...)." She requests that the amparo be dismissed.

144- Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of the Environment, Energy, and Telecommunications, reported under oath in relation to amparo 08-014992-0007-CO (visible at folio 3800), that Executive Decree Number 34801-MINAET is not only based on Article 2 of the Regulations to the Forestry Law but also on Articles 3(m), 19, and 34 of the Forestry Law. He stated that the challenged norm has previously been known by the Constitutional Court (Voto Número 2006-17126), which has considered it as one of the limits to administrative discretion at the time of making the declaration of national convenience. He argued that the declaration of public interest and national convenience is given by law, with the norm in question merely limiting itself to providing a numerus apertus list of possible activities to guide the legal operator and the public administration itself. Consequently, he affirmed that the provisions of Article 2 of the Regulations to the Forestry Law are in accordance with what is provided at the legal level. He reiterates the arguments set forth in the other consolidated amparos. He requests that the amparo filed be dismissed.

145.- In relation to amparo 08-014992-0007-CO, Rodrigo Arias Sánchez, in his capacity as Minister of the Presidency, reported under oath in similar terms to what was stated by the Minister of the Environment, Energy, and Telecommunications and to the reports previously rendered in the amparos consolidated with this case file. (visible at folio 3905),

146.- At folio 3930, the prior request of Jorge Rodríguez Quirós, in his capacity as Minister of the Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications, for the lifting of the precautionary measure (medida cautelar) in order to apply the corresponding mitigation measures is recorded.

147- By Resolution Number 523 at eleven hours and fifty-two minutes on January sixteen, two thousand nine, the Court annulled the resolution at fifteen hours and twenty minutes on November eleven, two thousand eight, and ordered that amparo Number 08-014992-0007-CO be consolidated with this case file. (folio 3951)

148- In a brief filed on March 25, 2009, Jorge Rodríguez, in his capacity as Minister of the Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications, attaches the expansion of exculpatory arguments made in response to amparo Number 08-014992-0007-CO. (folio 3962)

149- On July 30, 2009, the petitioner Edgardo Araya Sibaja, in his capacity as representative of the Northern Association for Life, reiterates his concern regarding the mitigation measures that were authorized to the respondent company. He is concerned about how the felled timber will be stockpiled without affecting the plant cover that still remains in the place. He states that he does not know if the measures authorized by this Court are known to the Public Prosecutor's Office, which would be important in order to prevent illegitimate leakage of timber (folio 3971).

150.- By resolution at twelve hours and forty-eight minutes on August three, two thousand nine, an ocular inspection of the Las Crucitas Mining Project was ordered as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver), for which eleven o'clock on September eleven, 2009 was set (folio 3973).

151- By a brief filed on August 13, 2009, Gustavo Oreamuno Vignet, in his capacity as President of the Association of Popular Initiatives DITSO, states his support for the present amparo and requests that it be granted (folio 4022).

152- On August 13, 2009, Juan Carlos Hernández Jiménez, in his capacity as special general attorney-in-fact of the company Industrias Infinito S.A.

requests that the Court clarify the dynamics of the inspection, the persons authorized to participate, and the places to be inspected (folio 4025).

153- The Environmental Regent (Regente Ambiental) of the project in question, Sandra Arredondo, refers in the brief filed on August 14, 2009, to the physical conditions of the place, to be taken into consideration for the ocular inspection.

154- By resolution issued at 1:54 p.m. on August 18, 2009, the Chamber clarified that the proceeding to be carried out is an ocular inspection and not a hearing, and therefore the parties shall only speak in response to any question posed by the Court. Likewise, while in public areas any interested person may attend, in restricted areas only those appearing as petitioners in the case file and a maximum of two representatives from each of the respondent institutions and from the company Industrias Infinito S.A. may enter, which must be arranged by the latter to ensure their access and that of the Chamber's delegation. The places to be visited shall be: the area where the tree felling (corta de árboles) occurred and the extent of the area authorized for clearing, the nursery (vivero), the gold extraction area, the tailings ponds (lagunas de relave) and contingency areas, outcrops of the upper aquifer, streams (quebradas), springs (yurros), and rivers in the project area, the area where cyanide and any containers will be stored, the projects implemented in the area for social benefit, as well as any other area in which the parties express an interest during the proceeding and that the Court deems pertinent. For these purposes, the Ministry of Public Security shall take appropriate measures to ensure proper access to roads and maintain public order.

155- By brief filed on August 19, 2009, petitioner Lorenzo Cambronero Méndez requests clarification as to whether all persons will participate in the inspection, the place where it will begin, the time available to the parties for their questions, who may accompany them, and how much time they have to argue.

156- On August 21, 2009, Jorge Rodríguez Q., in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, requested that the Chamber summon to the inspection the Department of Water, the Directorate of Geology and Mines, and the Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Huetar Norte).

157- On August 27, 2009, Juan Carlos Hernández Jiménez, in his capacity as special general attorney-in-fact of Industrias Infinito S.A., requests that the Court expressly indicate which persons are authorized to enter the project and whether the coadjuvants may participate in the upcoming inspection (folio 4123).

158- At folio 4128 of the case file, there is amparo 08-014592-0007-CO filed by Alexa Villavicencio Córdoba against MINAET, SETENA, and the Ministry of the Presidency, in which she asserts dissatisfaction with the Las Crucitas Mining Project in Cutris de San Carlos. She states that said project was declared of public interest—by Executive Decree number 34801-MINAET—without considering endangered tree species, such as the Almendro. She maintains that the questioned Decree based its authorization on Articles 19 and 34 of the Ley Forestal for the felling of species that were deemed protected by ruling of the Constitutional Chamber number 2002-002486 at 10:54 a.m. on March 8, 2002; however, she indicates that from the cited articles it follows that land-use change (cambio de uso del suelo) may be permitted for projects of national convenience (conveniencia nacional), but the protection regime for the Almendro species found in the Las Crucitas Mining Project area is not established by land-use regulation but by the cited ruling, which has erga omnes effect and therefore can only be modified by a vote of the Constitutional Chamber itself and not by Executive Decree. She points out that analyzing the articles used by the Executive Branch in the aforementioned Decree, it is evident that an own interpretation of the law was used, incurring in attributions not proper to its nature, as it only uses parts of the articles, does not contextualize them, and does not use the definitions that Article 33 establishes for the application of Article 34 of the Ley Forestal. She states that the protected tree species found in this area do not fall under any of the assumptions established by Article 33 of the cited Law, and therefore are also not subject to the assumptions of Article 34, making evident the violation of Article 11 of the Political Constitution by the public officials responsible for this Decree arrogating faculties they do not possess when interpreting the law, and also the rupture of the constitutional principle of Legality, since the purpose sought with the Decree cannot be founded on the laws used to do so, thus rendering that act an abuse of power and an excess of the Executive Branch's actions. She adds that Article 6 of the Mining Code does not empower companies to carry out mining activities on any public or private land; it simply authorizes mining activity, which is subject to permits requiring studies based on technical criteria, governed by special laws regarding environmental protection, as well as by Constitutional Chamber rulings affecting that matter. She considers that it is not the competence of the Executive Branch to interpret norms to justify its actions. She adds that the decree she questions states in Considerando VII that the mine will have a useful life of eleven years but does not contemplate that at the end of that gold mine's useful life, the area will be completely unusable for other activities, since by the nature of open-pit mining, it entails the total destruction of the area used as well as prior risk, for example regarding water used for the gold separation process remaining in cyanide leach piles. She considers that this situation does not fulfill the guarantee that the State must provide citizens of a healthy and ecologically balanced environment referred to in Article 50 of the Constitution, nor does it guarantee the right to dignified work for current and future residents of the area where the Las Crucitas mining project is located. She considers that the content of said Decree is contrary to law and therefore illegal, and for this reason, she requests that the Chamber grant the amparo, declaring said Decree null and void, and ordering that all resolutions granted in light thereof be rendered without effect.

159.- Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as National Environmental Technical Secretary, reports under oath in case file No. 08-14592-0007-CO (folio 4145), that regarding Decree number 34801-MINAET declaring the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience (conveniencia nacional), the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications will report, as it is the entity that processed and approved said decree. She adds that regarding the permit for tree felling (corta de árboles), the authority to rule is the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). She indicates that regarding the actions of her represented entity in the Crucitas Mine Project, she refers to the reports contained in amparo proceedings 08-008647-0007-CO, 08-014068-0007-CO, 08-014464-0007-CO, 08-014454-0007-CO, and 08-014593-0007-CO. She adds that in compliance with the order issued by the Chamber to her represented entity in case file 08-014068-0007-CO, the tree felling was ordered halted by official letter number SG-AJ-1150-2008-SETENA of October 21, 2008, and by official letter number SG-AJ-1196-2008-SETENA of the following October 30, construction was halted in the protection zones related to the project. She indicates that it is impossible to provide the administrative file because it is in the Judicial Branch, having been seized by the Office of the Attorney General on October 21, 2008. She concludes by requesting that the amparo be dismissed.

160.- Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, reports under oath in case file No. 08-14592-0007-CO (folio 4148) that the Almendro species is not in danger of extinction. He points out that Article 6, subsection e) of Ley Forestal 7575 established as competence of the State Forestry Administration to establish protection measures (vedas) for forest species that are endangered, in danger of extinction, or whose exploitation endangers other species of plants, animals, or other organisms, in accordance with the respective technical studies and other provisions of the current legal system, without applying such protection measure to forest plantations. He indicates that based on this competence, his represented entity established the protection of the Almendro Amarillo with the purpose of protecting the Lapa Verde, which is in danger of extinction, done by decree 25167-MINAE of June 12, 1996. He adds that the Ministry is well aware of the restriction on felling the Almendro Amarillo for timber exploitation (aprovechamiento maderable), and therefore this species is protected, ultimately to protect the Lapa Verde; recognition that has not been violated by the Executive Branch when issuing the challenged Decree 34801-MINAET declaring the Crucitas Mining Project of national convenience (conveniencia nacional) and public interest. He adds that Constitutional Chamber resolution number 2002-02486 of March 8, 2002, expressly indicates that the prohibition on felling this species must be respected, especially where the optimal habitat for the species' survival is located, and according to the technical studies contained in case file 129-2002, under which the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) was processed, and in the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental) submitted to the National Environmental Technical Secretariat, from the various studies on the protection of the Lapa Verde as well as from official habitat maps for said species, it follows that within the project area there are currently no active Lapa Verde nests, thus discarding any impact on nesting sites. He emphasizes that it is scientifically proven that the Almendro Amarillo species is only one of 36 species that the Lapa Verde feeds on, and that the Almendro Amarillo bears fruit only between November and March. He argues that the environmental viability (viabilidad ambiental) granted by the National Environmental Technical Secretariat assessed all foreseeable environmental impacts and approved the necessary mitigation measures for the non-affectation of the endangered species. He points out that it must be considered that resolutions 3638-2005 SETENA of December 12, 2005, approving the project's environmental viability (viabilidad ambiental), and 170-2008-SETENA of February 4, 2008, approving modifications to the project, are final acts and were issued after a broad analysis through the provided instrument, i.e., the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental). He adds that in the specific case, the protection measure (veda) prohibiting the felling of the Almendro has been analyzed by the Constitutional Chamber solely in the case of timber exploitation (aprovechamiento maderable), never in that of national convenience (conveniencia nacional), so that two different scenarios with different elements in the factual configuration are at issue. He points out that the felling of the Almendro under the instrument called National Convenience (Conveniencia Nacional) provided by the Ley Forestal calls for other considerations when analyzed against Article 50 of the Political Constitution, given the social connotation of that instrument and its relation to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the absence in Articles 19 and 34 of the Ley Forestal of exceptions for species or distinctions within the forest ecosystem (ecosistema del bosque) on which national convenience (conveniencia nacional) may be declared. He adds that the Constitutional Chamber itself has indicated in rulings numbers 2006-17126 and 2008-13426 that Articles 19 and 34, in establishing national convenience (conveniencia nacional), are absolutely consistent with the Constitution. He states that on the topic of sustainable development, the Rio Declaration on Environment and Development establishes that human beings are at the center of concerns for sustainable development and are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature; as well as that the right to development must be fulfilled so as to equitably meet the developmental and environmental needs of present and future generations. He considers that in relation to such principles, the tool of national convenience (conveniencia nacional) is entirely appropriate. He adds that the declaration of national convenience (conveniencia nacional) for the Crucitas Mining Project does not in any way entail a lifting of the protection measure (veda) or a violation thereof, as permitted felling is carried out under the applicable regulations, applying a legally established exemption instrument and supported by technical studies. In his opinion, the petitioner has misinterpreted the legal basis of Executive Decree 34801-MINAE, and he asserts that the Constitutional Chamber in ruling number 2002-002486 analyzed a specific conduct, namely the timber exploitation (aprovechamiento maderable) of the Almendro against the protection of the Lapa Verde, and considered it imperative, for true aid to that species, to restrict the felling of the Almendro more broadly in the terms already stated. He indicates that the felling of the existing Almendro trees in the project area is authorized not based on land-use change (cambio de uso) as a specific exception for the protection measure (veda), because as is generally known, no such scenario exists; but rather as a direct consequence of applying the national convenience (conveniencia nacional) permitted by law as an exception to change the use of a forest (without exception), and which was not contravened in Constitutional Chamber resolution 2002-002486. He adds that in the Crucitas case, what is being declared is national convenience for a private infrastructure project in the mining category and of national interest, which is entirely consistent with Article 2 of Executive Decree number 25721-MINAE, which is the Regulation to the Ley Forestal. He indicates that forest clearing (tala de bosque) is an implicit activity of the project, whose impact was assessed by the National Environmental Technical Secretariat in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). He adds that national convenience (conveniencia nacional) as a legal institute and as an instrument of sustainable development permits forest clearing in general, and this necessarily requires examining the basis of national convenience so that the petitioner may understand its correct application. He argues that national convenience (conveniencia nacional) is a legal instrument governed by Articles 19, 34 subsection m) of the Ley Forestal, and by Article 2 of its Regulation, and such declaration is necessary to legally authorize tree felling (corta de árboles) in two scenarios established in those articles: a) land-use change (cambio de uso del suelo) established in Article 19 of the Ley Forestal, and b) tree felling in protection areas described in Article 33 of the Ley Forestal. He indicates that regarding these stipulations, the Constitutional Chamber, through resolution number 2006-17126, has considered that they are not contrary to constitutional precepts. He considers that these articles are a materialization of the possibility the country must have for real sustainable development. He indicates that the concept of national convenience (conveniencia nacional) can be read in Article 3 subsection m) of the Ley Forestal and Article 2 of its Regulation. He adds that from the foregoing, it follows that mining activity can be declared of national convenience, and this instrument assumes the existence of socio-environmental costs. He indicates that precisely the type of forest permit processed for the mining concession is for land-use change (cambio de uso del suelo), and this implies an inevitable technical decision of total elimination of vegetation cover (cobertura vegetal) in the authorized area; a technical decision with no other options because it is required to achieve the proposed exploitation. He emphasizes that the land-use change permit has the characteristic that its purpose is not the exploitation (aprovechamiento) of the forest resource per se, but its elimination for the development of an activity with which maintaining the trees and soil during the exploitation phase is incompatible, coupled with the fact that the State Forestry Administration is empowered to grant this type of permits governed by the principle of legality. He states that the correct application of the indicated norms implies that, upon meeting the requirements, national convenience is declared, and this involves forest clearing (corta del bosque) regardless of the species found in the project area. He adds that the foregoing does not mean that the necessary studies to determine no impact on the Lapa Verde were not conducted, because in strict adherence to the precautionary principle, at the appropriate procedural stage, i.e., the environmental assessment (evaluación ambiental), the competent entity, which is the National Environmental Technical Secretariat, considered that said species was not affected and approved the necessary mitigation measures; therefore, he considers it cannot be thought that the principle of legality was violated. He concludes that since the declaration of national convenience (conveniencia nacional) is an express power of the Executive Branch granted by Law, and since the Crucitas Mining Project met the legally established requirements for the declaration, the Administration would have incurred an omission contrary to the principle of legality had Decree 34801-MINAET now being challenged not been issued, not only for failing to carry out a legally established conduct but because rejecting the declaration of national convenience (conveniencia nacional) would have been contrary to Article 16 of the General Law of Public Administration. He considers that the actions of his office have been in strict adherence to the legal provisions governing the matter and the principle of legality, without violating any constitutional norm or principle, and therefore requests that the amparo be dismissed.

161.- Rodrigo Arias Sánchez, in his capacity as Minister of the Presidency, reports under oath in case file 08-14592-0007-CO (folio 182) in the same terms as the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications did. He only adds that according to Article 70 of the General Law of Public Administration, competence shall be exercised by the head of the respective body, and relates this to Article 129 of that same legal body. He adds that Executive Power is exercised by the President of the Republic together with the Government Ministers, and both have the duty and authority, for the validity of decrees, agreements, and resolutions, to sign them jointly. He points out that the President of the Republic is responsible for signing decrees, agreements, orders, or resolutions together with the corresponding Minister or sector lead, based on an institutional internal administrative procedure whereby a draft decree, resolution, or agreement is presented to the President's Office, as this is the exclusive matter of the different Ministries and technical entities knowledgeable in the specific subject. It is submitted to the President of the Republic for his signature and subsequent effectiveness and validity of the Decree, Agreement, or Resolution. Based on the foregoing, he considers that in the specific case, the actions of the ministerial head and the President of the Republic have been in strict adherence to the legal provisions governing the matter and the principle of legality, without violating any constitutional norm or principle whatsoever, and therefore requests that the amparo be dismissed.

162.- By brief at folio 4319, Roberto Dobles Mora appears in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, and states that through official letter DAJ-1757-08 of November 12, 2008, the Institutional Commission for Monitoring, Control, and Oversight of the Crucitas Mining Project was ordered to carry out an inspection in the indicated project area to determine if there were unforeseen environmental impacts. He indicates that in response to the order issued, and as part of the monitoring for the control and oversight of that project, the Institutional Commission, composed of the National Environmental Technical Secretariat, the National System of Conservation Areas (SINAC), and the Directorate of Geology and Mines, carried out an inspection in the project area on November 13, 2008. He states that the results of that inspection are recorded in report DAP-1379-2008-SETENA, which was sent to the Ministerial Office by official letter CP-274-2008-SETENA on November 19, 2008. He indicates that, as recorded in that report, the activities carried out by the company Industrias Infinito Sociedad Anónima in the project area and authorized by the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications have not generated environmental impacts unforeseen in the environmental assessment (evaluación ambiental). He adds that, as verified, the company Infinito Sociedad Anónima has complied with the halt of works ordered by the Constitutional Chamber in the area it called protection. He points out that through report DAP-1379-2008-SETENA, the competent technical units have recommended that the Ministry request the Constitutional Chamber to allow the mining project developer to carry out certain activities as mitigation measures (medidas de mitigación), in order to prevent the halt of activities from generating adverse environmental effects not foreseen in the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) and its corresponding Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental). He adds that by virtue of the above, and based on the precautionary principle informing environmental matters, he requests that the developer of the project, Industrias Infinito Sociedad Anónima, be authorized to carry out the following mitigation measures within the area called “protection”: 1) carry out extraction of the cut wood and its proper disposal in a storage yard (patio de acopio) within the project area; 2) dispose and properly treat the vegetative waste present in the Fortuna and Botija cut areas (tajos) and the area designated for forming the Tailings Pond (Laguna de Relaves) dam, so as to reduce the possibility of forest fires, clear superficial water drainages and their respective protection zones of obstructions, and maintain adequate phytosanitary control within the project area; 3) adopt measures for the protection and conservation of the forest resource in the areas bordering this “protection” area; 4) allow the implementation and completion of works for sediment control and soil conservation, such as forming energy dissipaters and ditches to retain and channel water that may contain sediment, cleaning existing access ways, and building perimeter runoff management channels; and 5) allow the monitoring process to continue for the follow-up of baseline data regarding soils, surface water, groundwater, fish fauna (ictiofauna), aquatic macroinvertebrates, amphibians and reptiles, birdlife (avifauna), floristic components, mammals, and forest components within this area.

163.- In a brief at folio 4332, Jorge Rodríguez Quirós appears in his capacity as Acting Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, and indicates that, as evidenced in the record, through official letter DAJ-1829-08 of November 24, 2008, a request was made for the partial lifting of the precautionary measure imposed by the Chamber on the Crucitas Mining Project. He adds that the request was made because the Institutional Commission for Monitoring, Control, and Oversight of the Crucitas Mining Project, composed of the National Environmental Technical Secretariat, the National System of Conservation Areas (SINAC), and the Directorate of Geology and Mines, carried out an inspection in the project area on November 13, 2008, and through report DAP-1379-2008-SETENA, they indicated: a) that the activities carried out by the company Industrias Infinito Sociedad Anónima in the Crucitas Mining Project area and authorized by the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications have not generated environmental impacts unforeseen in the environmental assessment (evaluación ambiental); b) that, as verified, the company Infinito Sociedad Anónima has complied with the halt of works ordered by the Constitutional Chamber in the area the Magistrates have called protection; c) the recommendation to the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications to request that the Constitutional Chamber allow the developer of the Crucitas Mining Project to carry out certain activities as mitigation measures (medidas de mitigación), in order to prevent the halt of activities from generating adverse environmental effects not foreseen in the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) and its corresponding Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental). He states that the requested authorization sought to allow the project developer Industrias Infinito Sociedad Anónima to carry out the following mitigation measures within the area called “Protection”: 1) Carry out extraction of the cut wood and its proper disposal in a storage yard (patio de acopio) within the project area; 2) dispose and properly treat the vegetative waste present in the Fortuna and Botija cut areas (tajos) and the area designated for forming the Tailings Pond (Laguna de Relaves) dam, so as to reduce the possibility of forest fires, clear superficial water drainages and their respective protection zones of obstructions, and maintain adequate phytosanitary control within the project area; 3) adopt measures for the protection and conservation of the forest resource in the areas bordering this “protection” area; 4) allow the implementation and completion of works for sediment control and soil conservation, such as forming energy dissipaters and ditches to retain and channel water that may contain sediment, cleaning existing access ways, and building perimeter runoff management channels; 5) allow the monitoring process to continue for the follow-up of baseline data regarding soils, surface water, groundwater, fish fauna, aquatic macroinvertebrates, amphibians and reptiles, birdlife, floristic components, mammals, and forest components within this area. He indicates that on November 27, 2008, the Institutional Commission for Monitoring, Control, and Oversight of the Crucitas Mining Project carried out a new inspection in the project area, and as a result, the National Environmental Technical Secretariat issued report DAP-1448-2008-SETENA. He points out that said report confirms that the conditions, conclusions, and recommendations indicated in report DAP-1379-2008-SETENA remain, and it again recommends that the Minister request the Chamber to allow the company Industrias Infinito Sociedad Anónima to carry out the indicated activities. He adds that to date, the Ministry has not received a response to the request made in official letter DAJ-1829-08. He states that, for this reason, he reiterates the request to allow the developer to carry out the mitigation measures indicated in reports DAP-1379-2008-SETENA, DGM-CMRHN-120-2008, and DAP-1448-2008-SETENA.

164.- By resolution issued at 7:28 p.m. on May 26, 2009, amparo 08-014592-0007-CO was consolidated with this case file (folio 4354).

165.- On September 1, 2009, Juan Carlos Hernández Jiménez, in his capacity as special general attorney-in-fact of Industrias Infinito S.A., requested that petitioner Alexa Villavicencio Córdoba be notified (folio 4364).

166.- On March 1, 2009, the Association of Geologists of Costa Rica (Colegio de Geólogos de Costa Rica) appointed two representatives for the ocular inspection (folio 4365).

167- By resolution issued at 9:31 a.m. on September 3, 2009, it was reiterated that the ocular inspection does not constitute a hearing, and therefore the parties do not have the right to ask questions. If they have an interest in a particular place being observed, they may so indicate to the Court, which will then decide as it deems pertinent. Coopevega being the first community on the route to follow toward the Project, the proceeding will officially begin at that place. As previously stated, to maintain order during the proceeding, the parties are the only ones authorized to enter the land to be inspected, and they may, if they deem it pertinent, be accompanied by a legal representative duly accredited in the case file.

In amparo proceedings, coadjuvaicies are admitted solely for the purpose of evaluating the facts alleged by the parties, but they are not considered a party to the case file, and for this reason, persons appearing in that capacity are not authorized to participate in the proceeding to be held. Likewise, the ruling issued at twelve hours and forty-eight minutes on August 3, 2009, was modified to the effect that the hearing will begin at ten o'clock and not at eleven o'clock as previously indicated (folio 4374).

168.- On September 6, 2009, petitioner Edgardo Araya Sibaja requested that the participation of Alfredo Arias Elizondo (a resident of the place to be inspected), Quírico Jiménez Madrigal (forestry engineer), and Oscar Villalobos Chavarría (professional cameraman) be accredited, in order to safeguard the principle of procedural equality and equity (folio 4375).

169.- On September 7, 2009, Alfredo Córdoba Soro, in his capacity as Municipal Mayor of San Carlos, requested that the Chamber allow his participation in the inspection to be conducted on September 11.

170.- On September 7, 2009, petitioner Yamileth Astorga Ezpeleta appeared through her legal representative, licensed attorney Gabriela Cuadrado Quesada, and also requested authorization to bring Allan Astorga Gatgens and Rafael Arce Mesén as technical advisors (folios 4408 and 4409).

171.- By ruling issued at nine hours and thirteen minutes on September 8, 2009, it was ordered: With regard to the request filed by petitioner Araya Sibaja to allow Mr. Quírico Jiménez Madrigal, in his capacity as Forestry Engineer, to participate in the respective proceeding, his authorization will be subject to the number of persons all parties intend to be accompanied by at the time of actually entering the Project, for obvious reasons of order. The entry of Mr. Alfredo Arias Elizondo, requested by the petitioner on the grounds that he is familiar with the area, is not authorized, since the places to be inspected are predetermined by the Chamber. Likewise, the request for authorization of cameraman Oscar Villalobos Chavarría is denied, given that for purposes of audiovisual technical support, the Chamber will be accompanied by the corresponding professionals, whose evidence will subsequently be made available to the parties. In relation to the request made by Mr. Alfredo Córdoba Soro in his capacity as Mayor of the Municipality of San Carlos, the participation of a representative of said corporation in the hearing to be held next September 11 is authorized, taking into consideration the constitutional representation that local governments hold with respect to the interests of the locality.

172.- On September 8, 2009, Carlos Alberto Alfaro Mata requested that the Chamber authorize, during the inspection, the entry of the vehicle with temporary plate 00052670282 and its respective driver (folio 4433).

173.- Petitioner Lorenzo Cambronero Méndez requested on September 8, 2009, that licensed attorney Freddy Humberto Vargas Chavarría and advisor Félix Díaz Rivera be considered accredited (folios 4434 and 4435).

174.- On September 8 and 10, 2009, petitioner José Merino del Río requested that the Chamber authorize, for the inspection, the biologists Gabriel Rivas Ducca and Javier Baltodano Aragón, and attorney José María Villalta (folios 4438 and 4496).

175.- In folios 4442 and 4443, Cristina Werdlich Hidalgo and Tony Villalobos Ayros appear and request that this amparo petition be granted, as they believe that the destruction of forests with protected species cannot be permitted.

176.- Petitioner Heidy Murillo Quesada requested on September 9, 2009, that licensed attorney Jorge Antonio Mora Portugués be considered accredited, and petitioner Alain Murillo Bolaños requested the same for licensed attorney Ronald Joaquín Campos Arias (folios 4445 and 4447).

177.- Through a brief filed on September 10, 2009, the Minister of the Presidency of the Republic accredited the Minister of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications to attend the judicial inspection (ocular inspection, inspección ocular) (folio 4446).

178.- By ruling issued at fourteen hours and nine minutes on September 10, 2009, the Presiding Judge of the Chamber accredited Luis Francisco Cervantes Gamboa, Legal Counsel of the Constitutional Chamber, as ad hoc secretary solely for the purposes of the judicial inspection proceeding (folio 4495).

179.- In folio 4494 (with a copy in folio 4447), Alain Murillo Bolaños appears and states that he appoints Ronald Joaquín Campos Arias as his attorney for the proceedings on September 11, 2009.

180.- On September 11, 2009, a Judicial Inspection was conducted in the area of the Crucitas mining project (folio 4621).

181.- On November 12, 13, and 17, 2009, a public hearing was held so that the parties could inform the Chamber of their claims. Evidence was presented at the hearing and was accepted, with each instance being noted in the Proven Facts chapter when it is taken into consideration.

182.- Through a brief dated September 14, 2009 (folio 4497), Denise Echeverría Robert appears, in her capacity as an expert in Management and Protection of Natural Resources from the Distance State University, and states that she requests the application of the Pro Natura Precautionary Principle (Principio Precautorio Pro Natura) in the face of the serious threat of opening the country to Open-Pit Metal Mining activity.

183.- By means of a ruling issued at nine hours and fifty-nine minutes on September 18, 2008, signed by the Investigating Magistrate (folio 4514), evidence for better judgment (prueba para mejor resolver) is requested from the General Manager of SENARA and the legal representative of the company Industrias Infinito S.A., so that they may report on the mouth into which the stream or streams that will be affected by the tailings pond (laguna de relaves) flow.

184.- Through a document provided on September 16, 2008 (folio 4515), a copy of official communication No. 4134-09-DGFP dated September 11, 2009, signed by the Director General of the Public Force, Erick Lacayo Rojas, and addressed to the Director of the San Carlos Regional Directorate, is provided, in which he indicates that the necessary measures must be taken to guarantee public order during the visit on September 11.

185.- Through a brief dated September 24, 2009 (folio 4519), Juan Carlos Hernández Jiménez appears, in his capacity as Special General Attorney-in-Fact of the company Industrias Infinito Sociedad Anónima, and complies with the order set forth in the ruling issued at nine hours and fifty-nine minutes on September 18, 2009. He states that in the Crucitas Mining Project area there are two streams, which are called “Quebrada Descubrimiento” and “Quebrada la Mina”. He indicates that Quebrada Descubrimiento will not be affected by the Tailings Pond, because the stream's watershed is physically isolated from this component of the project. He notes that Quebrada La Mina will be partially modified by the Tailings Pond; this modification will consist of a part of the drainage area being impounded, but this does not mean the stream's flow will disappear; said flow will be maintained below the tailings dam until its confluence with the Río Infiernito. He explains that during the construction of the Tailings Pond, the stream's flow and related ecological systems will not be affected. He explains that during the construction, operational, and closure stages of the project, the Monitoring and Control Plans for aspects of water quality and quantity, aquatic fauna, terrestrial vegetation and fauna, among others, will be maintained in execution on a periodic and permanent basis. He states that the Tailings Pond consists of a storage area for ground rock and water, which do not contain toxic substances, and that this tailings pond is not the same as a leaching pond used by other mining projects; they are two different systems. He indicates that the Tailings Pond will receive the water and rock that have been treated in the cyanide destruction plant (CyPlus); the system's high efficiency will ensure that neither cyanide nor heavy metals will be present in the water and rock sent to the Tailings Pond. He notes that as a consequence, the tailings pond will be used in the process plant; this is called a “hydraulically closed system,” which demonstrates that water is not “consumed” but rather reused, treated again, and returned to the tailings pond. He emphasizes that the Tailings Pond will release excess water into Quebrada la Mina, which will comply with national and international discharge standards. He highlights that the water released from the Tailings Pond into Quebrada La Mina, together with the water contributed by its natural flow, travels a distance of 1 km before flowing into the Río Infiernito. Subsequently, the Río Infiernito travels a distance of 20.3 kilometers along its natural channel to its mouth at the Río San Juan.

186.- Through a brief dated September 25, 2009 (folio 4580), Bernal Soto Zúñiga appears, Manager with powers of General Attorney-in-Fact without limit of amount of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage -SENARA-, who notes that within the tailings pond is the stream called La Mina, which has a series of unnamed tributaries and drains toward the Río Infiernillo; the distance from the dike of the tailings pond to be built and the Río Infiernillo is one kilometer. He indicates that the distance the Río Infiernillo travels to its mouth at the Río San Juan is twenty kilometers, more specifically from the intersection with Quebrada La Mina to the mouth of the Río San Juan. He explains that in the tailings pond sector, Quebrada Caño Crucitas drains toward the Río San Juan; however, it belongs to a different surface drainage system.

187.- Through the brief in folio 4583, Edgardo Vinicio Araya Sibaja appears and requests that the evidence requested in the ruling issued at nine hours and fifty-nine minutes on September 18, 2009, be expanded, so that SENARA and Industrias Infinito S.A. may report on the total path of the watercourses that will be affected by the tailings ponds, up to their final mouth in the Caribbean Sea.

188.- Through a brief dated September 30, 2009 (folio 4589), Warner Rojas Quirós appears, in his capacity as President of the Board of Directors of ASOCRUCITAS, and requests that this Chamber promptly resolve this amparo.

189.- Through a brief dated October 1, 2009 (folio 4591), Francisco Alfaro Bolaños appears, in his capacity as President of the Board of Directors of the Asociación Desarrollo Coopevega; Oldemar Durán Cordero, in his capacity as President of the Board of Directors of the Asociación Desarrollo Llano Verde; Rodrigo Blanco Solís, in his capacity as President of the Asociación Pro-mejoras Chamorro-El Roble; and Eliécer Rodríguez Carmona, in his capacity as President of the Asociación Pro-Mejoras Crucitas, and they reiterate their support for the company Industrias Infinito developing the Crucitas mining project.

190.- In folio 4594 (see original in folio 4610), Vladimir Arroyo Rojas appears, in his capacity as President of Grupo Ocho Zona Norte S.A., and expresses his support for the company Industrias Infinito.

191.- In folio 4596 (see original in folio 4611), Alfredo Córdoba Soro appears, in his capacity as Mayor of the Municipality of San Carlos, and expresses his concern over the social conflict that the Crucitas mining project has caused in the community.

192.- Through a brief dated September 22, 2009 (folio 4600), Bernal Soto Zúñiga appears, in his capacity as General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage, and explains the reasons why he could not participate during the entire visit on September 11, 2009.

193.- In folios 4603, 4605, and 4607, Alexis Jiménez, Helvetia Jiménez Díaz, and Beatriz Herrero Elizondo appear to reiterate their support for the petitioning party within this amparo.

194.- In folio 4613, Jennifer Segura Ramírez appears and expresses her support for the position of the petitioning party.

195.- Through a brief dated October 14, 2009, Carlos Alberto Vega Rojas, Hannia Mena Molina, Petrona Serrano Ruiz, Freddy Rojas, Rebeca Mora Sandoval, Arturo Barrantes Alfaro, Marlene Varela Acuña, Lauren Barrantes Varela, Karen Barrantes Varela, Ademar Amador González, Natalia Vega Amador, José Alberto Vega Amador, Carlos Vega Amador, Cecilia Amador González, Oldemar Durán Cordero, Ángela Alemán Cortés, Ricardo Miranda Jarquín, and José Antonio Vega Corrales appear and express their gratitude for the visit conducted on September 11, 2009.

196.- In folios 4621 to 4640, the Record of Preliminary Visits and the Judicial Inspection Record conducted on September 11, 2009, are added.

197.- Through a brief visible in folio 4642, Rafael Ángel Rojas Jiménez appears and requests to be an active coadjuvant in favor of the petitioners.

198.- By means of a ruling issued at eight hours and six minutes on October 20, 2008 (folio 4644), it is ordered that the statements made by petitioner Edgardo Araya Sibaja, visible in folio 4627 of the case file, wherein he files a habeas corpus petition against the Ministry of Public Security and the Judicial Investigation Agency, be separated out to be processed as a new matter.

199.- By ruling issued at fifteen hours and fifty-three minutes on October 23, 2009, nine o'clock on November 12, 2009, was set to hold a public hearing within this petition.

200.- Through a brief dated October 27, 2009, Juan Carlos Hernández Jiménez appears, in his capacity as General Attorney-in-Fact of Industrias Infinito Sociedad Anónima, and makes statements regarding the time they will have to speak at the hearing on November 12, 2009.

201.- In folio 4704, Jorge Herrera Ocampo appears, in his capacity as Executive Director of the Colegio de Geólogos de Costa Rica, and asks whether the representatives of the professional association he represents should appear at the hearing on November 12, 2009.

202.- Through a brief dated October 28, 2009 (folio 4706), Rodolfo Alberto Leonardo Ulloa appears. Given that he now believes the Crucitas Mining Project can generate social well-being in the communities surrounding it through the development of employment and wealth, he withdraws his intention to continue with this amparo petition.

203.- Through the brief in folio 4707, Lorenzo Cambronero Méndez appears and states that he appoints Freddy Humberto Vargas Chavarría as his legal representative.

204.- Through a brief dated October 30, 2009, Heidi Murillo Quesada appears, in her capacity as General Attorney-in-Fact of the Costa Rican Federation for Environmental Conservation –FECON-, and states that she grants a Special Judicial Power of Attorney to Marcos Alexander Piedra Rodríguez.

205.- In folios 4709 and 4716, Sergio Quirós Marín and Marlon Chaves Jiménez appear and express their support for the position of the petitioning party.

206.- Through a brief dated November 4, 2009 (folio 4719), José Eduardo Vargas Rivera appears, in his capacity as President of the Latin American Institute of Human Rights and Social Peace, and states that they will attend the hearing on November 12, 2009. He reiterates his support for the respondent party.

207.- Through a brief dated November 4, 2009 (folio 4722), José Merino del Río appears and states that he appoints Mr. José María Villalta Flores-Estrada as his representative for the hearing on November 12, 2009.

208.- By ruling issued at nine hours and twenty-eight minutes on November 4, 2009, evidence for better judgment was requested from the Head of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications.

209.- In folio 4725 of the case file, Yamileth Astorga and Edgardo Araya appear and pose questions regarding the ruling issued at fifteen hours and fifty-three minutes on October 23, 2009. Also, through a brief visible in folio 4725, Yamileth Astorga states that she appoints Ph.D. Allan Astorga Gatgens as her representative for the day of the hearing.

210.- Through a brief dated November 4, 2009, Bernal Soto Zúñiga appears, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage –SENARA-, and states that he will be accompanied on the day of the hearing by Geologist Roberto Ramírez Chavarría and M.Sc. Juan Alberto Corrales Ramírez.

211.- Through the brief in folio 4729, Gladis Martínez appears, in her capacity as Legal Advisor of the Inter-American Association for Environmental Defense, to confirm her appearance at the hearing on November 12, 2009.

212.- By means of a brief dated November 6, 2009 (folio 4730), Cristhian González Chacón appears, in his capacity as attorney-in-fact for Sonia Espinoza Valverde, General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), and requests technical equipment to give a Power-Point presentation at the hearing on November 12, 2009.

213.- Through a brief dated November 6, 2009 (folio 4733), Jorge Rodríguez appears, in his capacity as Minister of Environment and Energy, for the purpose of indicating the technical equipment they will require on the day of the hearing. Also, through a brief visible in folio 4734, he indicates that he accredits Cynthia Cavallini Chinchilla, Jorge Hernández Benavides, and Oldemar Corrales Jiménez for the hearing.

214.- By means of a brief dated November 6, 2009 (folio 4735), John Thomas and Arnoldo Rudín Arias appear, in their capacity as General Attorneys-in-Fact of Industrias Infinito Sociedad Anónima, and state that the company representatives on the day of the hearing will be John Thomas, Juan Carlos Obando Umaña, and Juan Carlos Hernández Jiménez.

215.- Through a brief dated November 6, 2009 (folio 4736), Rodrigo Arias Sánchez appears, in his capacity as Minister of the Presidency, and states that the representatives he designates for the day of the hearing are Mr. Jorge Rodríguez Quirós, Mr. Fabián Volio, and Ms. Lorena Polanco Morales.

216.- In folio 4737 (see original in folio 4739) of the case file, Edgardo Vinicio Araya Sibaja appears and indicates the technical equipment he will require on the day of the hearing.

217.- Through a brief dated November 9, 2009, Álvaro Sagot Rodríguez appears and states that for the day of the hearing, he designates Doctor of Geography Rafael Arce Mesén.

218.- Through a brief dated November 9, 2009 (folio 4741), John Thomas and Arnoldo Rudín Arias appear, in their capacity as General Attorneys-in-Fact of Industrias Infinito Sociedad Anónima, and state that, in accordance with what was requested in the ruling issued at nine hours and twenty-eight minutes on November 4, 2009, they explain that the gold contained in the rock will be extracted from two places: Cerro Botija and Cerro Fortuna. They indicate that three types of materials are found at the extraction sites: soil or topsoil (capa vegetal), rock with gold, and rock without gold. They note that according to the Exploitation Plan approved by the Directorate of Geology and Mines, rock will be extracted from Cerro Botija and from Cerro Fortuna simultaneously; once the material is removed from Cerro Botija, this site will be backfilled with materials from Cerro Fortuna.

219.- In folio 4772, Manuel Antonio Brenes Corrales appears and states that he will not be able to be present on November 12, 2009, the day of the hearing.

220.- By means of a ruling issued at eleven hours and forty minutes on November 10, 2009, a response was given to the motion filed by Yamileth Astorga, visible in folio 4725.

221.- Through a brief dated November 10, 2009 (folio 4776), Álvaro Salas Orozco appears and indicates that he will not be able to attend the hearing on November 12, 2009.

222.- In folio 4778, Uriel Juárez Baltodano appears, in his capacity as Acting General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, and states that he complies with what was requested in the ruling issued at nine hours and twenty-eight minutes on November 4, 2009. He indicates that regarding the destination of the waste material –rocks and soil– that will be extracted in the Crucitas mining project, all topsoil removed from the extraction areas must be transferred to the soil deposit site, where all necessary measures will be applied to ensure its adequate storage, maintaining its original conditions to the maximum so it can be used without problems in later restoration efforts. He indicates that, as is known in all metal mining projects, there is material that does not contain gold, which is known as barren rock or barren saprolite; in the case of the Crucitas mining project, these materials will not be sent to the plant's production process, so they will be properly transferred to the tailings area; part of the saprolite that does not contain gold will be used for the construction of the tailings dam. He notes that the barren rock will be transferred and placed within the tailings area, mainly in the eastern sector. He adds that the material to be handled that is extracted as barren rock and the material that will be processed in the production plant allow for the total volume to be located adequately in the tailings area and in the backfill, and will also allow the volume extracted from the Botija pit (tajo) to be recovered starting in year six, meaning the Botija pit will be completely backfilled by the end of the operational phase. He mentions that the engineering and hydraulic studies conducted for the Crucitas project indicate that it is indeed possible to handle the volumes of material adequately within the project components designated for this purpose. He mentions that in order to nullify the potential for generating acid drainage, the tailings and barren rock must be deposited in the pond in a way that they remain submerged under a water column with an average depth of 2 meters, preventing their exposure to air and eventual oxidation; the handling will use a mobile floating pipeline that homogeneously distributes the material in the pond in the western sector; the barren rock will be deposited immediately without stockpiling, mechanically in the eastern sector, ensuring that it remains flooded. Additionally, the excess saprolite will be used to support the cover of the tailings dam and to cover the barren rock in the storage area and the slopes of the extraction pits to inhibit oxidation. He reports that, if possible, a layer of inert tailings from barren material will be deposited at the end of the operational phase, in order to form a sealing layer over the rest of the tailings and material with the potential to generate acid drainage. He indicates that the waste barren rock must be deposited in the same manner as the tailings in the pond.

223.- Information provided by the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications is added in folios 4780 through 4791.

224.- In folio 4792, Mr. Jorge Rodríguez Fonseca grants a Special Judicial Power of Attorney to licensed attorney Edgar Vinicio Araya Sibaja and appoints Engineer Allan Astorga Gatgens as technical advisor.

225.- In folio 4793, Manuel Antonio Brenes Corrales grants a Special Judicial Power of Attorney to licensed attorney Freddy Vargas Chavarría and appoints Engineer Allan Astorga Gattgens as technical advisor.

226.- In folio 4795, Adriana Calvo Aguilar grants a Special Judicial Power of Attorney to Gabriela Cuadrado Quesada and appoints biologist Javier Baltodano Aragón as technical advisor.

227.- Through a brief dated November 12, 2009, Leda María Zamora Chaves appears, in her capacity as Deputy of the Partido Acción Ciudadana (folio 4795), and states that she confers a Special Judicial Power of Attorney to licensed attorney Diego Pacheco Alvarado.

228.- In folio 4797 of the case file, Gladis Martínez appears, on behalf of the Inter-American Association for Environmental Defense, to clarify that the cited Association has not requested to be constituted as a coadjuvant; they merely intend to report on their analyses.

229.- Through a brief dated November 13, 2009 (folio 4800), Alberto Delgado Artavia appears, in his capacity as Acting Director of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, and states that on Cerro Fortuna, 6 hectares and 5,598.15 square meters remain to be cut, that is, 342 trees; in Tailing Areas A and B, 115 hectares and 2,165.56 square meters and 5,520 trees remain; in dams, roads, sections, and lines, 7 hectares and 8,085.05 square meters, that is, 1,396 trees; and in non-forest areas, 8 hectares and 8,259.88 square meters and 563 trees, for a total of 7,821 trees. He clarifies that information on Cerro Botija is not included, since all the trees there had been cut initially. Regarding the question of how many of these trees are almendro trees, he reports that all the trees of the almendro amarillo species were cut, both those located in forest areas and in non-forest areas.

230.- Through briefs dated November 16, 2009, José Eduardo Vargas Rivera appears, in his capacity as representative and spokesperson for the Latin American Institute of Human Rights and Social Peace (folio 4807), and states that he supports the Crucitas project because he believes it benefits the country by generating employment in a time of crisis.

231.- In folios 4811 through 4826, Armando Zúñiga Alvarado, Estefanny Zúñiga Alvarado, Miriam Alvarado Rodríguez, and José Alberto Zúñiga Alvarado appear to reiterate their support for the petitioning party of the amparo, as they believe that the destruction of more than 192 hectares of forest with protected species cannot be permitted.

232.- Through a brief dated November 16, 2009 (folio 4877), Rodrigo Arias Sánchez, in his capacity as Minister of the Presidency, forwards a list of persons authorized to attend the Hearing.

233.- Through briefs added to folios 4878 and 4882, Marcos Gómez Martínez and José Luis Cruz Borbón appear to reiterate their support for the petitioning party of the amparo, as they believe that the destruction of more than 192 hectares of forest with protected species cannot be permitted.

234.- Through a brief dated November 17, 2009 (folio 4886), Javier Baltodano provides a report entitled Biological Corridors of Costa Rica.

235.- In folio 4929, Javier Baltodano provides the Floristic Evaluation of the Forests of the Northern Zone of Costa Rica, conducted by Nelson Zamora of the National Institute of Biodiversity.

236.- On November 17, 2009, Ricardo Araya provides, on behalf of the International Union for Conservation of Nature Costa Rica National Committee, the press release “No to Open-Pit Mining.” He also provides articles of interest in English and Spanish, with which he supports his conclusion of a negative environmental impact from the Crucitas mining project.

237.- In folios 5244 of November 17, 2009, Yamileth Astorga Espalda attaches a document entitled “Regarding the environmental cost-benefit assessment that SETENA should have conducted,” the “Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process,” a document entitled “Regarding the existence of a possible geological fault under the site of the tailings reservoir dam of the Crucitas Project,” and the “Environmental Impact Study” prepared by Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A.

238.- By means of a ruling issued at fifteen hours and nineteen minutes on November 18, 2009, evidence for better judgment was requested from the Director of the Volcanological and Seismological Observatory of Costa Rica, to report on whether there is any seismic fault in the Crucitas area in San Carlos.

239.- In folio 5315, Jorge Rodríguez appears, in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, and provides evidence for better judgment.

It indicates that the documents attached constitute a summary of what was presented at the hearing, titled “Well-Proven Argument (Alegato de Bien Probado),” which highlights topics such as the granting of the mining concession, the environmental impact assessment, the tree-cutting permit for land-use change (cambio de uso del suelo), the decree of national convenience, the tree-cutting process, the technical feasibility study, the SETENA matrix, forestry compensatory measures (medidas compensatorias forestales), among others.

240.- At folio 5419 and 5420, the Record of the Hearing held at nine o’clock on November twelfth, two thousand nine, is attached.

241.- At folio 5421, Jennifer Zúñiga Alvarado appears and states her support for the position of the appealing party.

242.- By means of a brief dated November twenty-fourth, two thousand nine, Edgardo Vinicio Araya Sibaja appears and provides a compact disc containing his presentation given at the hearing, a document prepared by Geologist Allan Astorga Gattjens called “On the procedure followed by SETENA for the environmental review of the Crucitas Project Expansion and the participation of a geologist in the process,” a study called “Destruction of the Forest and Floristic Biodiversity by the Crucitas Mining Project,” a printed summary of the presentation by biologist Javier Baltodano at the hearing, a document called “Environmental Assessment of the Change Proposed to the Project Presented by Infinito S.A. in 2007,” the curriculum vitae of M.Sc. Yamileth Astorga Ezpeleta, and a transcription of the presentation made before the Chamber at the hearing held.

243.- By resolution of eleven hours twenty-nine minutes on November twenty-fifth, two thousand nine, evidence for better resolution was requested from the General Secretariat of SETENA and the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications.

244.- By a brief attached at folio 5501 of the file (original visible at folio 5535), Juan Segura Torres appears, in his capacity as Director of OVSICORI-UNA, and states regarding the request made by the Chamber on November eighteenth, two thousand nine. He indicates that within two days following notification of the Chamber’s request, he is only able to report on the seismic activity recorded in the region by his own seismic network, from the founding of this Institute (1984) to the present, existing seismic information since the beginnings of the global seismic network (1990), and on existing faults in the study region that have been described in specialized publications. He explains that in the case of Crucitas, the main faults detected in the region are two, the San Carlos Fault to the east of the map, which has been interfered with by remote means and is presumed to be an active fault or one that has shown activity during the Quaternary period; however, none of the earthquakes recorded by OVSICORI are related to this fault. He explains that the other fault is located to the west of the map and is called the Recreo Fault; this fault was active during the Tertiary period; however, no activity during the Quaternary has been proven, and no seismic activity has been recorded on that fault since 1984. He points out that the seismic catalog of the global seismic network does not report any significant earthquake in the area covered by the map, meaning no earthquakes with magnitude greater than 7 occurred between 1900 and 0954, no earthquakes with magnitude greater than 6.5 between 1954 and 1964, nor earthquakes with magnitude greater than or equal to 4.5 from 1964 to 1984. He notes that the earthquakes OVSICORI-UNA manages to locate between 1984 and the present (60 in total) in that zone have magnitudes ranging between 2.5 and 4.1; therefore, the seismic activity recorded by OVSICORI-UNA and the global seismic network indicates that the seismic activity in the studied zone is very low compared to other regions of the country and can be considered insignificant.

245.- By a brief dated November twenty-seventh, two thousand nine (folio 5505), Jorge Rodríguez appears, in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, and provides as evidence the Appendix and Annexes of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), a printed document of the Evaluation of Proposed Changes to the Project and related documents, and all documents for the use of explosives authorized for the Crucitas Mining Project.

246.- By a brief dated November twenty-seventh, two thousand nine (folio 5532), Sonia Espinoza Valverde appears, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, and states that the information requested in the resolution of eleven hours twenty-nine minutes on November twenty-fifth, two thousand nine, was sent via official letter SG-AJ-1090-2009-SETENA to the Minister of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, who will deliver said documentation.

247.- By a brief dated November twenty-seventh, two thousand nine (folio 5538), Sandra Arredondo appears, in her capacity as Environmental Regent (Regente Ambiental) of the Crucitas Mining Project, and states that she provides information and technical clarifications for better resolution.

248.- By a brief of November twenty-seventh, two thousand nine (folio 5575), Juan Carlos Hernández appears, in his capacity as Judicial Representative of Industrias Infinito Sociedad Anónima, and provides a document titled “Questions and Answers,” in which they present the answers to the main questions formulated at the hearing.

249.- At folio 5576 (see original at folio 5583), Sandra Arredondo appears, in her capacity as Environmental Regent (Regente Ambiental) of the Crucitas Mining Project, and requests a copy of the hearing video.

250.- By a brief dated November twenty-eighth, two thousand nine (folio 5577), Eduardo Vargas Rivera appears, in his capacity as representative of the Latin American Institute of Rights and Social Peace, and states that he supports the Crucitas project because he believes it benefits the country.

251.- By a brief of December second, two thousand nine, Sandra Arredondo appears, in her capacity as Environmental Regent (Regente Ambiental) of the Crucitas Mining Project (folio 5579), and states that she provides information and technical clarifications for better resolution.

252.- By briefs visible at folios 5587 and 5589, Gustavo Ulate Vargas shows his opposition to the mining project and his support for the amparo remedy filed.

253.- By a brief received on December eighth, two thousand nine (folio 5595), Mr. Juan Carlos Hernández, in his capacity as General Agent (Apoderado Generalísimo) of the respondent company, requests a copy of the video recording of the Hearing held on November twelfth, thirteenth, and seventeenth, two thousand nine.

254.- By means of a brief received on January first, two thousand ten (folio 5596), Francella Amador Rodríguez appears and states her support for the appellant’s claim.

255.- By briefs received on January thirteenth, two thousand ten (folios 5600 and 5602), Luis Diego Cárdenas Pereira and Günther Hauser appear, who request to be considered active coadjuvants (coadyuvantes activos).

256.- In a brief filed on January 14, 2010, Mrs. Daniela González C. and other signatories (folio 5604) request to be considered passive coadjuvants (coadyuvantes pasivos) in this remedy and request that it be declared with merit.

257.- At folio 5610, Mr. Carlos Alberto Alfaro Mata requests that this Court annul mining concession R-217-2008-MINAE, Executive Decree No. 34801-MINAET, as well as resolution No. 244-2008-SCH.

258.- On January 19, 2010, Juan Carlos Alvarado Molina requests that this remedy be declared with merit, that an expert appraisal by an interdisciplinary group be ordered, and another inspection and oral hearing.

259.- At folio 5637, the request for recusal filed by Magistrate Salazar Cambronero is recorded, which was accepted by the Presidency of the Chamber (see folio 5649).

260.- On March 9, 2010, the Secretariat of the Municipal Council of San Carlos filed a brief requesting the Chamber for the final resolution of this amparo remedy (folio 5638).

261.- On March 19, 2010, the representative of the respondent company requests the Chamber to issue a ruling in this remedy.

262.- The procedural prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Mora Mora; and,

Considering

I.- Preliminarily. On the political responsibility for open-pit metal mining, its authorization and prohibition by the public authorities, and the possible rescission of concessions granted by the Executive Branch.- In a Social and Democratic State under the Rule of Law, it is clear that environmental policy is a competence of the Legislative and Executive Branches, not the Judicial Branch, and consequently not of this Constitutional Court, Chamber, or Tribunal. The foregoing implies that it is beyond the scope of the constitutional jurisdiction to determine generically whether or not open-pit metal mining should be permitted in the country, since, as indicated, this is the proper competence and responsibility of the Legislative and Executive Branches, who have assessed this form of exploiting the riches of the national territory as viable. Thus, the case under study is the result of the decisions and policies of those Branches of the State. From this perspective, open-pit mining is possible in our country because those Branches have so decided in the exercise of their constitutional and legal competencies (Mining Code, Environmental Organic Law, and its regulations). Now, regardless of the considerations given regarding the merits of the mining project to which this amparo refers, and having determined that the authorization or prohibition of this type of mining exploitation is a matter of public policy based on the powers and competencies of the Legislative and Executive Branches. The majority of this Constitutional Court considers that, through a legislative decision, adopted on the initiative of both that branch of the Republic and the Executive Branch itself, open-pit metal mining may well be prohibited in the future. A decision that falls within the margins of political discretion and freedom of configuration held by the ordinary legislator. Even, eventually, the Executive Branch has full competencies and powers to rescind, for reasons of opportunity, convenience, merit, or public interest, the concessions and permits granted in the past to any company, having to face any resulting liabilities. It must be taken into consideration that Article 6, final paragraph, of the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982, and its amendments, provides that in case of rescission of permits or concessions, “the national interest shall be declared by the Legislative Assembly.” Under this understanding, both the Legislative and Executive Branches must respectively exercise the final word regarding the prohibition of open-pit metal mining in the future, as well as the possible rescission of concessions and permits granted up to now, if they deem this opportune, convenient, or necessary for the public interest, assuming the correlative responsibilities. In other words, the considerations made herein below refer to the specific case submitted to the knowledge of the Chamber, and must be understood particularly regarding the object of this guarantee action and for this specific mining project, without the opinion rendered by the Court necessarily being able to be appreciated as a generic validation for the development of open-pit metal mining in the country, since, as stated, the authorization and prohibition of that activity is the competence and responsibility of the Legislative and Executive Branches. Therefore, in this judgment, an analysis will be made of the aspects of constitutional basis raised by the appellants, without what is considered here inhibiting the legislative and executive authorities from modifying the public policy on open-pit metal mining.

II.- On amparo remedies against private law subjects. Due to its exceptional nature, the ordinary processing of amparo remedies against private law subjects requires beginning by examining whether, in this specific case, one of the premises that makes it admissible is present, in order to—subsequently, and if affirmed—elucidate whether it is estimable or not; this is necessary in the case under study because one of the respondent parties is the company Industrias Infinito Sociedad Anónima, which is evidently a private law subject. Article fifty-seven of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that an amparo remedy proceeds against the actions or omissions of private law subjects when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article two, subsection a) of the same Law. In this specific case, the fulfillment of these prerequisites is clear, since in its condition as the developer of an open-pit mining project, the respondent company is engaged in executing sensitive activities that may place the environment in a position of fragility or precariousness against which common jurisdictional remedies would not be sufficient or timely, which imposes the need to assess compliance with the constitutional dimension of environmental protection.

III.- Procedural matter. The coadjuvancies (coadyuvancias) presented. Messrs. Patricia Romero B., Marvin Rojas R., Sergio Alfaro Salas, José Joaquín Salazar A., Leda Zamora Chaves, Alberto Salom E., Orlando Hernández Murillo, Patricia Quirós Quirós, Lesvia Villalobos Salas, Olivier Pérez González, Rafael Elías Madrigal Brenes, Francisco Molina G. Óscar López A., José Joaquín Salazar Rojas, Rafael Ángel Rojas Jiménez, Luis Diego Cárdenas Pereira, and Günther Hauser appear requesting to be considered active coadjuvants (coadyuvantes activos) for having a direct interest in the resolution of this matter regarding the protection of the environment. On the other hand, Mr. José Eduardo Vargas Rivera requests to be considered a passive coadjuvant (coadyuvante pasivo), as he deems the continuity of the Crucitas mining project convenient, which he considers favorable for the region, the country, and his own particular condition. On the legal nature of coadjuvancy, the Chamber, in judgment number 3235-92 of nine hours twenty minutes on October thirtieth, nineteen ninety-two—reiterated, among others, by judgment number 2007-3185 of ten hours forty-seven minutes on March ninth, two thousand seven—, established that:

“Coadjuvancy is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a process adhering to the claims of one of the main parties; consequently, whoever holds a direct interest in the outcome of the remedy is legitimized to act as a coadjuvant, but not being a principal actor, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment; that is, the efficacy of the judgment cannot reach them directly and immediately, nor does the res judicata condition of the ruling affect them, although in amparo matters the efficacy of what is decided may favor them, due to the ‘erga omnes’ character held by the Jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction (Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction).”

Based on the foregoing and in accordance with the provisions of Article thirty-four of the Law of Constitutional Jurisdiction, the motions formulated are accepted, and they are admitted as active and passive coadjuvants in what pertains particularly and punctually to the specific object of this amparo remedy, under the warning that they will not be directly benefited by the judgment, whereby its efficacy cannot reach them directly and immediately.

IV.- Procedural matter. The request for an expert appraisal. In multiple briefs provided to the file, the Chamber has been requested to order an expert appraisal to support the allegations of the appealing parties. On this matter, it must be indicated to the petitioners that in the case file there is a variety of technical studies prepared by professionals in different areas of knowledge, such as Geology, Biology, Engineering, Architecture, Chemistry, Economics, Sociology, as well as specialties related to Hydrology, Volcanology, Seismology, Chemical Engineering, among others, whereby it would be overabundant to resort to new expert opinions to try to support claims whose demonstration is the responsibility of the proposing parties. In any case, during the substantiation of this guarantee action, the Chamber has requested on different occasions evidence for better resolution for the expansion of specific topics or the evacuation of doubts on specific aspects, thus tending to clarify the validity or impropriety of the allegations raised and to resolve each one of them in the manner indicated in this judgment. Likewise, a Judicial Inspection was also carried out on September twelfth, two thousand nine, and an oral and public Hearing was also held on November twelfth, thirteenth, and seventeenth of the same year, an opportunity in which all the parties involved took the floor to explain their claims and present their defense, and they were also given the opportunity to provide during and after the act—as indeed occurred—new evidentiary material in support of their statements. Thus, the Chamber concludes that the evidence that has been brought to the case file is sufficient for the resolution of this amparo; consequently, the petitioners’ claim regarding this point is dismissed.

V.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

1. That in the locality of Crucitas de Cutris, canton of San Carlos, the company Industrias Infinito Sociedad Anónima intends to develop the so-called Crucitas Mining Project (document number 7 of volume I of the administrative file provided by the respondent company).

2. That before the Directorate of Geology and Mines, administrative file number 2594 was processed for the mining exploitation concession in favor of Industrias Infinito Sociedad Anónima, in which the Feasibility Study of the mining project is recorded, along with appendix 5, called “Explosives and Blasting Management, Crucitas Mining Project, San Carlos, Alajuela,” prepared by Mining Engineer Tomás Goic (folios 5507 and 5517).

3. That on January twenty-fourth, two thousand, mining file number 2594 enters the National Environmental Technical Secretariat, coming from the Directorate of Geology and Mines (folio 1318 of the administrative file).

4. That by means of resolution number 486-2000-SETENA, of June thirteenth, two thousand, the National Environmental Technical Secretariat notifies the Directorate of Geology and Mines that to determine the environmental viability (viabilidad ambiental) of the proposed activity, the presentation of an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) is required, adjusted to the attached terms of reference (annex 2 of documentation provided by the Environmental Regent (Regencia Ambiental) of the project on November twenty-seventh, two thousand nine, and folio 1318 of the administrative file).

5. That on April sixth, two thousand one, the “Report on Economic Aspects regarding the review of annexes to the Feasibility Study of the Crucitas Project (exploitation file 2594) of Industrias Infinito S.A.” is issued (annex 5 of documentation presented by the Environmental Regent (Regencia Ambiental) on November twenty-seventh, two thousand nine).

6. That by means of official letter number DGM-DC-320-2001, the Directorate of Geology and Mines refers, among other aspects, to the procedure followed with respect to the Economic Feasibility Study presented within file number 2594 (document number 7 of volume I of the administrative file provided by the respondent company).

7. That on March twelfth, two thousand two, the respondent company presents before the National Environmental Technical Secretariat the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) of the Crucitas Mining Project (folio 1 of the Environmental Impact Study).

8. That by means of resolution of the Ministry of Environment and Energy, number R-578-2001 MINAE, of nine hours on December seventeenth, two thousand one, within file 2594 of the Directorate of Geology and Mines, the mining exploitation concession is granted to Industrias Infinito S.A., over properties located in Crucitas, Cutris de San Carlos (document number 7 of volume I of the administrative file provided by the respondent company).

9. That by means of resolution number 272-2003-SETENA, of March eleventh, two thousand three, the National Environmental Technical Secretariat notifies the respondent company that environmental viability (viabilidad ambiental) was not granted to the mining project for not fulfilling its objectives (document number 9 of Volume I of the administrative file provided by the respondent company).

10. That on March fourteenth, two thousand three, the respondent company filed an incident of nullity and a motion for reconsideration with subsidiary appeal against resolution number 272-2003-SETENA (annex 2 of documentation presented by the Environmental Regent (Regencia Ambiental) of the project on November twenty-seventh, two thousand nine).

11. That by means of resolution number 811-2003-SETENA, of fourteen hours twenty minutes on July seventh, two thousand three, the incident of nullity and the motion for reconsideration filed against resolution number 272-2003-SETENA are rejected, and the appeal before the hierarchical superior is admitted (annex 2 of documentation presented by the Environmental Regent (Regencia Ambiental) of the project on November twenty-seventh, two thousand nine).

12. That by means of resolution number R-569-2003-MINAE, of nine hours thirty minutes on October twentieth, two thousand three, the Minister of Environment and Energy declares the incident of nullity and the appeal filed against resolution number 272-2003-SETENA with merit, ordering the administrative file to be retraced to the moment the Environmental Impact Study was presented (annex 2 of the documentation presented by the Environmental Regent (Regencia Ambiental) of the project on November twenty-seventh, two thousand nine).

13. That by means of resolution number 831-2004-SETENA, of ten hours fifty-five minutes on June second, two thousand four, it is agreed to carry out the public hearing process for the Crucitas mining project, which was scheduled for the thirty-first of two thousand four (annex 2 of documentation presented by the Environmental Regent (Regencia Ambiental) on November twenty-seventh, two thousand nine).

14. That on July thirty-first, two thousand four, the Public Hearing convened for the Crucitas mining project was held, which took place in the Community Hall of Coopevega de Cutris (document number one of copy of annex 1 of the administrative file DAJ-077-08, Newsletter Crucitas Informa, year III, number 10, of August two thousand four).

15. That by means of resolution number 119-2005-SETENA, of eight hours on January seventeenth, two thousand five, the respondent company is warned that within a maximum period of six months it must present an annex to the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) that complies with the elements indicated in the resolution (folio 1318 of the administrative file and annex 2 of the documentation provided by the Environmental Regent (Regencia Ambiental) on November twenty-seventh, two thousand nine).

16. That on April twenty-sixth, two thousand five, the respondent company presented before the National Environmental Technical Secretariat the annex required by resolution number 119-2005-SETENA (folio 1318 of the administrative file).

17. That by means of resolution number 2237-2005-SETENA, of August thirtieth, two thousand five, the documentation presented by the respondent company is approved, and it is warned to make the deposit of the environmental guarantee, appoint an environmental responsible, present a logbook (Libro de Actas) for the Field Log (Bitácora), and present the Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales) (annex 2 of documentation presented by the Environmental Regent (Regencia Ambiental) of the project on November twenty-seventh, two thousand nine).

18. That on September thirtieth, two thousand five, the respondent company presents before the National Environmental Technical Secretariat the documentation required by resolution number 2237-2005-SETENA (document 11 of Volume I of the administrative file provided by the respondent company).

19. That by means of resolution number 3638-2005-SETENA, of nine hours twenty-five minutes on December twelfth, two thousand five, the National Environmental Technical Secretariat grants environmental viability (viabilidad ambiental) to the Crucitas mining project (folio 1318 of the administrative file).

20. That for the development of the Crucitas Mining Project, the cutting of one hundred ninety-two hectares is necessary.

21. That open-pit mining activity is traditionally considered a risky activity for the environment if not executed within the parameters established for environmental protection (as posed at the Hearing held on November twelfth, thirteenth, and seventeenth, two thousand nine).

22. That the felling observed in the administrative area of the Crucitas Mining Project appears to be due to old timber extraction processes in the zone prior to the establishment of the respondent company, while the felling on the Botija and Fortuna hills appears to be the product of more recent cutting processes (see Judicial Inspection Record visible at folio 4621 of the file).

23. That the existence of the yellow almond tree (almendro amarillo) and the possibility of its felling for the implementation of the mining project is a concern because it is a protected species whose fruits serve as food for the great green macaw (lapa verde), and whose trunks are used by the bird during nesting season.

24. That through tables numbers 8, 11, 14, 17 of the Consulting Report on the Population Study of Timber Species found between diameters 10-29.9 cm in the Industrias Infinito Project, prepared by the Forestry Department of the Technological Institute of Costa Rica, it is reported that the presence of the almond tree is scarce in the extraction areas Botija and Fortuna, and in the tailings area, and it is a species valued as endangered (folios 39, 50, 51, 61, 63, 72, and 74 of the administrative file).

25. That the Forest Management Plan to guarantee the rational use of natural resources in the areas under administration of the Crucitas mining project indicates that the areas to be reforested in their entirety are lands located mainly in non-forest areas (folio 276 of the administrative file).

26. That the Forest Management Plan to guarantee the rational use of natural resources in the areas under administration of the Crucitas mining project indicates that the forest parcels of the Botija, Fortuna extraction area, tailings, roads to be built, and part of the fixed pipeline section are areas characterized as heavily exploited that do not reach the generalized averages for the primary forests of the zone (folio 1139 of the administrative file).

27. That the Forest Management Plan to guarantee the rational use of natural resources in the areas under administration of the Crucitas mining project indicates that within the project, a forest nursery of native species with certified seeds will be established, giving priority to the almond tree and the titor for the case of the macaw, and to the spondias bombín for the tepezcuintle and others (folio 270 of the administrative file).

28. That the Forest Management Plan to guarantee the rational use of natural resources in the areas under administration of the Crucitas mining project indicates that in the project closure phase, the impacted areas will be rehabilitated to return them to a state similar to nearby forested zones, including the recovery of the entire area of land-use change (cambio de uso de suelo) (folios 235 and 237 of the administrative file).

29. That the Forest Management Plan to guarantee the rational use of natural resources in the areas under administration of the Crucitas mining project indicates that the majority of trees in the inventoried parcels have diameters less than fifty centimeters (folio 1139 of the administrative file).

30.

That in the Botija extraction area of the Crucitas mining project, nine almendro trees were counted (folio 1460 of the administrative record).

31. That in the Fortuna extraction area of the Crucitas mining project, sixteen almendro trees were counted (folio 1454 of the administrative record).

32. That in the tailings area A of the Crucitas mining project, forty-four almendro trees were counted (folio 1447 of the administrative record).

33. That in the tailings area B of the Crucitas mining project, sixty-seven almendro trees were counted (folio 1440 of the administrative record).

34. That in the road areas of the Crucitas mining project, thirty-two almendro trees were counted (folio 1433 of the administrative record).

35. That in the forest cover (cobertura boscosa) areas of the Crucitas mining project, one hundred sixty-eight almendro trees were counted (folio 1427 of the administrative record).

36. That in the pasture areas of the Crucitas mining project, twenty-nine almendro trees were counted (folio 1418 of the administrative record).

37. That in the total area of the Crucitas mining project for which land-use change (cambio de uso de suelo) authorization was requested, one hundred ninety-seven almendro trees were counted (folio 1405 of the administrative record).

38. That through resolution number R-053-2005-AGUAS-MINAE, at nine hours twenty-five minutes on January twelve, two thousand five, the Department of Waters of the Ministry of Environment and Energy granted Industrias Infinito S.A. a concession for the use of water from an unnamed spring (naciente), for domestic use for a term of ten years (document 21 of volume I of the administrative record provided by the company)

39. That through official communication number DST-773-2006, of October four, two thousand six, the National Institute for Innovation and Transfer in Agricultural Technology –INTA– informed the General Directorate of Geology and Mines that, according to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and the sworn statements submitted by Industrias Infinito Sociedad Anónima to INTA and SETENA, the productive capacity of the soils will not be lost, provided that the technical management activities detailed in the statements are complied with (folio 1338 of the administrative record).

40. That through resolution number 2351-2006-SETENA, at ten hours five minutes on December fourteen, two thousand six, the National Environmental Technical Secretariat rejected appeals for reversal filed against resolution number 3638-2005-SETENA, and admitted the appeal before the Ministry of Environment and Energy (document 117 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

41. That through the Inventory of Streams in the exploitation zone of the Crucitas mining project, of November two thousand seven, it is concluded that in the exploitation area there is no stream or watercourse of significant size that could be affected by the exploitation (document 119 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

42. That through the Inventory of Streams in the exploitation zone of the Crucitas mining project, of November two thousand seven, it is concluded that in the reservoir area four yurros and the Mina stream would be affected, which would be flooded by the tailings reservoir (document 119 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

43. That the Mina stream flows toward the Infiernillo River, which continues its course toward the San Juan River (folio 4521).

44. That through the Inventory of Streams in the exploitation zone of the Crucitas mining project, of November two thousand seven, it is concluded that in the process plant area no type of watercourse would be affected (document 119 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

45. That the water from the cyanide treatment plant of the mining project that will be deposited in the tailings lagoon is expected to be free of cyanide and other contaminants (folio 3661).

46. That the dam (dique) intended to be built in the area where the tailings lagoon will be located has seismic resistance to telluric effects of 8.2 degrees on the Richter scale (see Judicial Inspection Record visible at folio 4621).

47. That through the Inventory of Streams in the exploitation zone of the Crucitas mining project, of November two thousand seven, it is concluded that the effect of the mining exploitation would manifest as an increase in runoff, which would be negligible in the flow of the receiving rivers (document 119 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

48. That on December six, two thousand seven, the company Industrias Infinito Sociedad Anónima submitted to the National Environmental Technical Secretariat the proposed modification to the Crucitas mining project, attaching the Sworn Statement of Environmental Commitments and the updated Environmental Management Plan for each stage of the project (folio 1292 of the administrative record).

49. That through resolution of the National Environmental Technical Secretariat, number 170-2008-SETENA, at twelve hours fifty minutes on February four, two thousand eight, the Environmental Management Plan submitted by Industrias Infinito S.A. for the modification of the Crucitas mining project was approved (folio 1293 of the administrative record).

50. That through resolution of the Ministry of Environment and Energy, number R-217-2008-MINAE, at fifteen hours on April twenty-one, two thousand eight, within file 2594 of the Directorate of Geology and Mines, a mining concession was granted to the company Industrias Infinito S.A., for a term of ten years (folio 1339 of the administrative record).

51. That through official communication number IMN-DA-1358-2008, of May nineteen, two thousand eight, the Department of Waters of the National Meteorological Institute certified that in the mining exploitation area of Cerro Fortuna there are ten unnamed streams (quebradas) of intermittent flow and public domain; that in the mining exploitation area of Cerro Botija there are two unnamed streams of intermittent flow and public domain; and in the tailings reservoir area there are five permanent-flow streams of public domain, among them the Minas and Campamento streams (document 83 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

52. That through a writing received by the Ministry of Environment and Energy on May twenty-one, two thousand eight, Industrias Infinito S.A. requested authorization for forest land-use change (cambio de uso forestal) (folio 1348 of the administrative record).

53. That through official communication number 456-2008 SCH, of June three, two thousand eight, the Arenal Huetar Norte Conservation Area, of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, informed Industrias Infinito S.A. that it is of utmost importance to have the decree of national convenience for the land-use change (cambio de uso de suelo) process requested by the company (document 108 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

54. That through official communication number 137-AJ-ACAHN-08, of June nineteen, two thousand eight, the legal advisory office of the Regional Directorate of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, informed the Head of the San Carlos-Los Chiles Sub-region that regarding the land-use change (cambio de uso de suelo) request submitted by Industrias Infinito S.A., a declaration of national convenience is required in each case, substantiating that the removal of natural forest will result in a benefit for the community (document 109 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

55. That through official communication number 540-2008-SC, of July three, two thousand eight, the San Carlos-Los Chiles Sub-region of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, requested the forest regent of Industrias Infinito to clarify a series of doubts regarding the land-use change (cambio de uso de suelo) request (folio 1364 of the administrative record).

56. That through a note of July eight, two thousand eight, the Forest Regent of Industrias Infinito S.A. submitted documentation to comply with the request set forth in official communication number 540-2008-SC of the San Carlos-Los Chiles Sub-region of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy (folio 1605 of the administrative record).

57. That through official communication number ASUB-279-2008, of July fourteen, two thousand eight, the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage notified the Hydrocarbons Section of MINAET that, in view of the hydrogeological study presented by geologist Sandra Arredondo, which rates the Crucitas Mine project site as having medium specific hydrogeological vulnerability, the installation of a fuel station for self-consumption can be permitted (document 23 of volume I of the administrative record provided by the respondent company).

58. That through official communication number 559-2008 SC, of July sixteen, two thousand eight, from the Arenal Huetar Norte Conservation Area, of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment, Energy and Mines, Industrias Infinito S.A. was informed that prior to issuing the final resolution on the requested Forest Management Plan, the decree declaring national convenience and public interest for the Crucitas mining project must be added to the administrative record (folio 1608 of the administrative record).

59. That through official communication number SINAC-AL-428-2008, of August twenty, two thousand eight, the Legal Advisory Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications informed the Head of the San Carlos-Los Chiles Sub-region that it would be redundant and dilatory for the public interest to request a decree declaring national convenience (document 113 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

60. That through official communication number ACAHN-DR-0165, of September one, two thousand eight, from the Regional Directorate of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, of the National System of Conservation of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the Executive Director of SINAC was requested to consult the Office of the Attorney General of the Republic as to whether the Declaration of National Convenience is required to carry out activities in works or projects requiring land-use change (cambio de uso de suelo) in the Industrias Infinito Sociedad Anónima project (folio 1657 of the administrative record).

61. That through official communication number ACAHN-DR-0166, of September one, two thousand eight, from the Regional Directorate of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, of the National System of Conservation of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the Vice Minister of Environment, Energy and Telecommunications was informed that the Executive Directorate of SINAC has been requested to consult the Office of the Attorney General of the Republic as to whether the Declaration of National Convenience is required to carry out activities in works or projects requiring land-use change (cambio de uso de suelo) (folio 1673 of the administrative record).

62. That through official communication number 695-2008 SC, of September twenty-four, two thousand eight, from the San Carlos-Los Chiles Subregion, of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, Industrias Infinito was notified that the decree of national convenience and public interest is required to issue the final resolution regarding the request for a land-use change (cambio de uso de suelo) permit (folio 1660 of the administrative record).

63. That through a report on forestry aspects, of October two thousand eight, it is certified that in the area of the Crucitas mining project, six thousand ninety-three almendro trees had been reforested as of that date (document 98 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

64. That through a report on forestry aspects, of October two thousand eight, it is certified that the forest cover (cobertura boscosa) areas of the Crucitas mining project subject to land-use change (cambio de uso de suelo) are defined as woody vegetation of successional character that develops on lands originally destroyed by human activities (document 98 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

65. That through a report on forestry aspects, of October two thousand eight, it is certified that in the diameter classification for each of the inventoried plots in the Crucitas mining project, the majority of trees are found in diameter classes smaller than fifty centimeters DBH (document 98 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

66. That through a report on forestry aspects, of October two thousand eight, it is indicated that the forests to be intervened in Botija and Fortuna of the Crucitas mining project cannot be considered primary forest, but rather natural forests intervened more than thirty years ago, whose trees generally do not reach twenty-five meters in height including the height of the crowns, and thus tend to be secondary forests (document 98 of volume II of the administrative record provided by the respondent company).

67. That through official communication number SINAC-SE-1692-2008, of October six, two thousand eight, from the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the Vice Minister of Environment, Energy and Telecommunications was informed that the Office of the Attorney General of the Republic would reject in limine a consultation on whether it is of national convenience to change land use in forest areas with respect to mining (folio 1714 of the administrative record).

68. That through official communication SG-ASA-259-2008, of October ten, two thousand eight, the National Environmental Technical Secretariat notified the Department of Environmental Auditing and Monitoring that the evaluation to determine the balance of the environmental cost in relation to the socio-environmental benefits of the Crucitas project was carried out before SETENA over a period of three years, determining that the latter are greater than the environmental cost (folio 1682 of the administrative record).

69. That through resolution R-0289-2008-AGUAS-MINAET, at eight hours twenty-one minutes on October sixteen, two thousand eight, the Department of Waters of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications granted Industrias Infinito S.A. a concession for the use of waters from the Mina and Descubrimiento streams, for a term of ten years (document 22 of volume I of the administrative record provided by the respondent company).

70. That in La Gaceta number 201, of October seventeen, two thousand eight, Executive Decree number 34801-MINAET, Declaration of Public Interest and National Convenience of the Crucitas Mining Project, was published (folio 1683 of the administrative record).

71. That through resolution number 244-2008-SCH, at nine hours five minutes on October seventeen, two thousand eight, the Arenal Huetar Norte Conservation Area, San Carlos-Los Chiles Sub-region, of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, approved and authorized the land-use change (cambio de uso de suelo) request submitted by Industrias Infinito Sociedad Anónima (folio 1706 of the administrative record)

72. That the resolution of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, San Carlos-Los Chiles Sub-region, of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, number 244-2008-SCH, at nine hours five minutes on October seventeen, two thousand eight, authorizes the cutting of one hundred ninety-seven almendro trees (folios 1690 and 1694 of the administrative record).

73. That through resolution of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, San Carlos-Los Chiles Sub-region, of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, number 247-2008-SCH, at ten hours on October twenty-one, two thousand eight, the effects of resolution number 244-2008-SCH from the same office, at nine hours five minutes on October seventeen, two thousand eight, were suspended (folio 1708 of the administrative record).

74. That through the report "Cyanide and its Application in Crucitas," of January two thousand nine, prepared by Natalia Pleshcheeva and Miguel Arriaza, it is concluded that the required levels of cyanide destruction are achieved when the effluents are treated with the Combinox process (folios 1544 and 1557).

75. That through the report Acid Rock Drainage Potential in the Crucitas Project and Existing Mitigation Plans, of February two thousand nine, prepared by Alejandro Arauz, it is concluded that the technique of submerging material suspected of having acid rock drainage potential under a layer of still water has proven to be the most effective for preventing the generation of acid waters, because by eliminating contact with oxygen, the chemical reaction that generates acid waters is avoided (folios 1509 and 1516).

76. That through the report Review and Evaluation of Technical Information on the Application, Control, and Destruction of Cyanide in the Crucitas Mining Project Process, of February two thousand nine, prepared by Sherman Thomas Jackson, it is concluded that the project will have efficient controls for the transport, use, and destruction of cyanide, complying with current national and international regulations; and that the cyanide destruction process allows effluent discharges to be managed and controlled safely (folios 1537 and 1541).

77. That through the report Management of Rock and Process Tailings with Acid Drainage Potential in the Crucitas Mining Project, of January two thousand nine, prepared by Gregory Pleshcheev, it is concluded that underwater disposal of tailings and sterile material is the most efficient method of management and mitigation of potential acid rock drainage events, and that the pH of the water in the lagoon will be maintained within the range of local surface water characteristics (folios 1519 and 1531).

78. That through the Audit of the Forestry Component of the Crucitas Mining Project, of January-February two thousand nine, prepared by Igor Zúñiga Garita, it is concluded that the mitigation and compensation plan of the project proposes the planting of 611,392 trees in an area of 382 hectares of pasture, against the cutting of 11,427 trees in an area of 262 hectares, planting approximately sixty-one trees for each tree cut and generating an increase in forest cover (cobertura boscosa) of 277.41 hectares compared to the current forest; that no primary forests were detected, but rather it is classified as highly intervened or secondary; that the great green macaw will not be affected by the cutting of 197 yellow almendro trees; that thirty-five other tree species serve as food for the great green macaw; and that the project ensures the existence of the yellow almendro, because at the time 103 trees are being planted for each tree cut (folios 1673, 1703 and 1704).

79. That through report DIGH-0034-2009, of February eleven, two thousand nine, the Directorate of Research and Water Management of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage analyzed the Hydrogeological Study submitted for the Crucitas mining project, and concluded that the excavation will not affect public supply sources nor will it reach the tailings lagoon area; that the lower aquifer does not meet potability standards; that surface waters could be contaminated if the tailings lagoon does not receive sufficient water input to maintain the thickness of the water surface; that the functioning condition of the dam must be guaranteed; that as a mitigation measure, a treatment system must be implemented to improve the quality of the water from the lagoon that discharges into the river system (annex 8 of the brief of February twenty-six, 2009).

80. That through a report from the School of Forestry Engineering of the Costa Rica Institute of Technology, of February thirteen, two thousand nine, entitled "Scientific Considerations on the Proposal for Forest Management and Rehabilitation, as Part of the Mitigation Measures Resulting from Mining Exploitation in the Las Crucitas Concession," it is concluded that the forests of the company Industrias Infinito in the Las Crucitas zone are secondary forest; that the removal of 192 hectares of secondary forest does not imply a relevant loss in biodiversity and ecosystem representativeness; that the forest management and mitigation plan will increase forest cover (cobertura boscosa) by twenty percent; that the removal of one hundred ninety-six almendro trees from a population of more than seven hundred trees does not constitute a significant deterioration in the feeding possibilities of the great green macaw nor loss of its habitat; that the remaining standing almendro trees guarantee genetic variability and rule out any degree of threat; that the bird does not have dietary dependence on the almendro (annex 3 of the brief of February twenty-six, 2009).

81. That through report DIGH-039-2009, of February thirteen, two thousand nine, the Directorate of Research and Water Management of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage established that there is no hydraulic communication between the project activities and the sources of drinking water; that the lower aquifer does not discharge toward the San Juan River but rather toward Costa Rica; and that none of the aquifers is potable (annex 8 of the brief of February twenty-six, 2009).

82. That through official communication GE-097-2009, of February thirteen, two thousand nine, the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage notified the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications that, based on an evaluation conducted by the Directorate of Research and Water Management of said unit, the hydrogeological study conducted by the company ECOAMBIENTES S.A. for the Crucitas mining project is validated (annex 8 of the brief of February twenty-six, 2009).

83. That through report CCT-PI-023-09, of February twenty, two thousand nine, the Tropical Scientific Center concluded that the great green macaw does not depend exclusively on the Las Crucitas zone for its food; that the bird nests in mature almendro trees with an average DBH of 129 cm; that it does not nest in Las Crucitas; that the Las Crucitas area is not an exclusive transit zone; that the project will not interrupt the bird's reproduction process or its feeding cycle; that the bird will not be left without food due to the land-use change (cambio de uso de suelo) on the 192 hectares of the project (annex 1 of the brief of February twenty-six, 2009).

84. That through the "Report on Biological Conservation Aspects of the Great Green Macaw and the Yellow Almendro," by biologist Jorge Hernández Benavides, it is concluded that the almendro is not the exclusive food source for the great green macaw; that the bird feeds on at least thirty-seven different tree species; that nests have been observed in other species; that the Crucitas project site is outside the bird's nesting area; that the macaw nests in trees with a DBH greater than 120 cm.; that the trees cut in the project have an average DBH of 64 cm, and only four trees had a DBH greater than 120 cm; that Las Crucitas is only a transit zone for the great green macaw; that the optimal habitat for the great green macaw is the Maquenque Refuge. (annex 2 of the brief of February twenty-six, 2009).

85. That through the "Summary of Hydrogeological Conditions and Expected Effects in the Crucitas Mining Project," it is concluded that the upper aquifer discharges into rivers and streams; it meets potability standards except for the pH; that the design of the mining project does not present limitations for its development; it will not be contaminated by the mineral extraction process, provided that prevention and mitigation measures are complied with; that the project will not affect other water sources in the area; that the lower aquifer has no outcrops; that its recharge areas are outside the project area; that it does not flow in the direction of the San Juan River; that the quality of its waters is low and outside national water quality standards for human supply; that it will not be affected by the project activity; that in the extraction area, this aquifer will begin to emerge at 73 meters, so the water will be pumped to the tailings lagoon during the operation phase (annex 7 of the brief of February twenty-six, 2009).

86. That through the "Report on Management and Control of Cyanide Substances and Acid Drainage Generation in the Crucitas Mining Project," prepared by geologists Jorge Laguna Morales and Franz Ulloa Chaverri, it is concluded that all processes cover all international management and control standards issued; that the infrastructure has been designed with safety controls that exceed international standards by up to fifteen percent; that the process with the highest effectiveness for the destruction of cyanide substances will be used (folio 9 of the brief of February twenty-six, 2009).

87. That through the economic valuation of environmental effects and social benefits of the Crucitas open-pit mining project, of February two thousand nine, prepared by Juan Muñoz Giró, it is concluded that the opportunity cost of the project is US$3.74 million, while the benefits generated by employment and income would be US$158.11 million (annex 10 of the brief of February twenty-six, 2009).

88. That the Crucitas mining project has carried out a series of activities that include social investment, donations for the reconstruction and improvement of infrastructure, basic services for the communities, the physical and mental health of the population, and training in trades and tools, as well as forms of community organization that allow these populations greater social and economic dynamism (folio 1751).

89. That within the environmental commitments agreed upon with the respondent company, the following were established: a) installation of a training center for the INA to provide courses in cutting and sewing, aquaculture, organic agriculture, cheese production, painting on fabric, and food handling; which generates new small businesses and benefits; b) direct jobs in the construction phase: 300, indirect: 1,265, in the operation phase: 250; c) would improve the quality of life for 7 communities: support for the producers' cooperative of the communities, quality-of-life improvement programs, improvement of the aqueduct; d) prior to the construction of the project, the company initiated a series of programs –training for micro-entrepreneurs, labor training, creation of a Citizen Service Office, the construction of 4 bridges, road maintenance, among others–; e) labor force for 11 years; f) the investment will be US $65,000,000, which will be used to purchase materials, professional services, machinery, contractors; g) an annual payroll valued at US$4,132,859; h) collection of a local tax over 8 years of US$11,529,263 and to the central government a total of US$70,322,309; i) a trust to develop social works and actions in the monitoring commission that would receive US$364,063 per year (folio 95).

90. That the

The report by sociologist Sonia Cervantes concludes that the zone is classified as poor or extremely poor given the difficult conditions in which these families from the communities of Crucitas, Chamorro, Moravia, El Roble, and Coopevega of the district of Cutris and Jocote and Llano Verde, of the district of Pocosol, all in the canton of San Carlos, were living at the end of 2007, without roads, without basic services, without communication, without employment, without food (folio 1785).

91. That currently there exists a Joint Environmental Monitoring and Control Commission (Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental) composed of fourteen members representing each of the seven communities, the Geology and Mines Directorate (Dirección de Geología y Minas), the Municipality, the respondent company, the Ministry of Health, the Arenal Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Arenal Huetar Norte), the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), the involved Environmentalist Association, and additionally an Environmental Monitoring Commission. (undisputed fact)

92. That in relation to a potential emergency contamination, there is a Chapter within the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) called Contingency Plan that incorporates all types of eventualities that could occur: in the event of earthquakes, the tailings pond (laguna de relaves) will have an overflow structure or excess spillway that has been designed and approved in the environmental impact study and its Annex, in order to provide permanent stability to the dam and to independently manage excess water in periods of maximum rainfall. In addition, to maintain permanent control of the overflow water quality, a lime dosing plant will be installed, as at the exit of the pits, to neutralize the pH if necessary. The location of this plant is an additional measure and an extra safety factor, with which the quality of the discharged water would have an acceptable quality that complies with international regulations (folio 917).

93. That as a general conclusion of the study carried out by FUNDATEC, an entity belonging to the Technological Institute of Costa Rica, through the School of Forestry Sciences in 2006, it was found that the project area presents a floristic diversity of mature trees (fustales) that can be appropriately developed in the areas to be reforested that form part of the mitigation and compensation measures for the vegetation cover (cobertura vegetal) aspect of the project, especially because these measures will be carried out not only as a reforestation activity, but rather the aim is to develop adequate habitats to form a biological corridor that allows the transit of small and medium-sized fauna species, enabling the movement of seeds and fauna between the eastern and western sectors of the project area that present better habitat conditions than the highly fragmented intervened forests that the project area also presents. (folios 929 and 930)

94. That the report by scientists Jorge Laguna Morales, Doctor of Geology, and Franz Ulloa Chaverri, M.Sc., concludes that the risk of an accident with cyanide due to spills or poor management is null and that the risks of intoxication to human beings and other living beings from cyanide are technically nonexistent according to the treatment planned for the project in question (folio 1784).

95. That in May two thousand nine, the University Council of the University of Costa Rica approved the so-called "Special Report on Chemical Open-Pit Mining: the case of Las Crucitas" (document provided by the appellants at the hearing held on November twelfth, two thousand nine).

96. That on September eleventh, two thousand nine, a judicial inspection of the Crucitas mining project was conducted, at which time the area where the tailings pond is planned to be located, the sector where the upper aquifer emerges, the Botija and Fortuna hills, the nursery, the emergence of the lower aquifer, the place intended for the cyanide warehouse and the treatment plant, the viewpoint, the Las Crucitas Educational Center, the farm of Mr. Alfredo Arias Elizondo, the administrative facilities of the respondent company, a putative bridge on the access road to the project, and the fork in the road leading to the tailings area were visited (folio 4621).

97. That by official letter number OVSICORI-D-544-2009, of November twenty-six, two thousand nine, the Vulcanological and Seismological Observatory of Costa Rica, of the National University, provided information on local faulting and seismic activity in the Crucitas de Cutris area of San Carlos (folio 5501).

98. That from the area of the tailings pond of the Crucitas mining project, the Minas Creek runs a distance of one kilometer until it flows into the Infiernito River, which in turn, from that point, runs twenty kilometers until it flows into the San Juan River (folio 4580).

VI.- The right to a healthy and ecologically balanced environment. Article fifty of the Political Constitution establishes as fundamental the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Prior to the amendment of this article fifty to expressly consider matters relating to the environment, this Chamber, through its jurisprudential work, had already derived this right from the constitutional provisions of articles twenty-one –right to life and health–, sixty-nine –rational exploitation of the land–, and eighty-nine –protection of natural beauties–. The Chamber has opted for an open or macro consideration of the concept of the environment and the protection afforded to it, transcending the basic or primary protection of soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, diversity of flora and fauna, and landscape, to also consider elements related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others. Thus, by judgment number 5893-095, at nine forty-eight on October twenty-seventh, nineteen ninety-three, the Chamber established that:

"[E]nvironmental Law should not be associated only with nature, for nature is merely a part of the environment. The policy of protecting nature is also directed at other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, in order not to leave out important concepts and thus unify the legal body we call Environmental Law."

VII.- The duty of the State in the tutelage of the environment. Following the reform of article fifty of the Constitution, in which the environmental right was expressly enshrined as a fundamental right, there was also established –in a peremptory manner– the obligation of the State to guarantee, defend, and protect (tutelar) this right, whereby the State becomes the guarantor of the protection and tutelage of the environment and natural resources. It is by virtue of this provision, in conjunction with articles twenty, sixty-nine, and eighty-nine of the Political Constitution, that the responsibility of the State to exercise a tutelary and guiding (rectora) function in this matter was derived, as provided in the constitutional provision itself under discussion, a function developed by environmental legislation. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. In this vein, it must be considered that the regulations establish the Ministry of Environment and Energy as the governing body (órgano rector) of the sector of natural resources, energy, and mines, according to the provisions of article two of the Organic Law of this ministry, number seven thousand one hundred fifty-two, of June fourth, nineteen ninety. This guiding function in environmental matters, in the Chamber's opinion, includes not only the establishment of adequate regulations for the exploitation of forest resources and natural resources, as also provided by article fifty-six of the Organic Law of the Environment, but also confers upon it the important function of exercising guidance (rectoría) in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this matter. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State according to article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in the pertinent part of the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; which is consistent with the constitutional principle established in the second paragraph of article nine of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of the State from delegating the exercise of functions inherent to them, especially when they are essential. Thus, in the case of environmental protection, the functions of guidance (rectoría), control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through the various administrative agencies.

VIII.- The prevention of environmental risk. With this obligation of the State established at the constitutional level, it is important to appreciate how concrete obligations that must be respected are also established at the level of international human rights protection instruments. In environmental matters, the duty of prevention that must exist in this sphere has been defined; the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, provides that:

"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."

Prevention aims to anticipate negative effects and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible affectation of the environment or the health of persons. Thus, should there exist a risk of serious or irreversible damage –or doubt thereof–, a precautionary measure must be adopted, including postponing the activity in question. The foregoing is because in environmental matters, after-the-fact coercion is ineffective, since once damage has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment. As indicated by the cited international instrument as well as article fifty of the Constitution itself, it is the State that is called upon to carry out this task of prevention, and this Chamber has so recognized when affirming, by judgment number 2001-6503, of July sixth, two thousand one, that:

"The third paragraph of Constitutional article 50 states with complete clarity that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obligated to enforce –on individuals and other public entities– compliance with environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those tutelary normative bodies. The institutions of the State are the first ones called upon to comply with tutelary environmental legislation, without there being any justification to exempt them from complying with environmental requirements such as, by way of example, the environmental impact study required by the Organic Law of the Environment for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment." (emphasis added)

IX.- The coordination of public institutions in the comprehensive protection of the environment. There is an obligation upon the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and the excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of the governed (administrados). In this task, "public institution" is understood to mean both the Central Administration –Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which by reason of subject matter have broad participation and responsibility in what concerns the conservation and preservation of the environment; which act, most often, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the General Directorate of Wildlife, the Forestry Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA)–, as well as decentralized institutions such as the National Institute of Housing and Urbanism, SENARA, the Costa Rican Tourism Institute, or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Likewise, in this task, the municipalities have great responsibility in what concerns their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, it could be thought that this multiple responsibility would provoke chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it becomes necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the carrying out of common goals, when pointing out by judgment number 5445-99, at fourteen thirty on July fourteenth, nineteen ninety-nine, that:

"[C]oordination is the ordering of relations between these various independent activities, which takes charge of that concurrence upon a single object or entity, to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the subject agents. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose certain conducts upon the latter, from which the indispensable inter-institutional 'concert' arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relations of the municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would subject the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the 'administrative tutelage' of the State, and specifically, through the function of controlling legality that corresponds to the State, with powers of general oversight over the entire sector)."

On the other hand, omissions regarding the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, since as a consequence of the inertia of the Administration in this matter, damage to the environment and natural resources may be produced, sometimes with similar or greater consequences than those derived from actions of the Administration; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact study by the National Environmental Technical Secretariat, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for areas protected by the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Environment and Energy, allowing the operation of businesses without health permits in what concerns the treatment of wastewater –Aqueducts and Sewers and Ministry of Health–, or failing to verify noise controls in bars, restaurants, or event centers –municipalities and Ministry of Health–.

X.- The protection recognized for the almendro amarillo and the lapa verde. The Chamber has had the opportunity to assess the problem posed regarding the intimate relationship existing between the lapa verde –Ara ambigua– and the almendro amarillo tree –Dipteryx panamensis–, starting from their consideration as protected and threatened species. The assessment carried out has led this jurisdiction to pronounce on the particular protection that must be granted to each of these species in specific situations, and to recognize the relationship existing between them. Thus, by judgment number 2002-2486, at ten fifty-four on March eighth, two thousand two, the Chamber considered that:

"Regarding the Lapa Verde. This Chamber has held it as proven that the lapa verde (Ara Ambigua) is considered a species in danger of extinction, not only by the documentation provided, but also by the very acknowledgment made by the challenged decrees. Furthermore, the Administration, in the report rendered, has recognized the situation of danger in which the lapa verde finds itself, and the relationship of this species with the almendro tree. According to studies provided, they show how the population of lapa verde has been in constant decline, and that the reason for this has been, on the one hand, illegal hunting because it is an exotic species, and on the other hand, the progressive elimination of its sources of food and refuge, principally the almendro tree (Dipteryx panamensis). It is clear from the record that there is a close relationship between the lapa verde and the almendro tree. The recognition of that essential link derives not only from scientific research, but also the State itself has affirmed it through Executive Decrees 25167-MINAE and 25663-MINAE. In this sense, Decree 25167-MINAE states in its recitals the following:

'6th.- That the Lapa Verde (Ara Ambigua) is one of the most impressive birds of Costa Rica and is in danger of extinction should deforestation continue in the northern zone of the country (...)

8th.- That according to scientific studies, the lapa verde nests in natural cavities, principally in large almendro trees (Dipteryx panamensis), located in the Atlantic zone of the country.

9th.- That in Costa Rica, the optimal habitat for its survival has been substantially reduced, a habitat that lies between the San Carlos River and the Sarapiquí River.

10th.- That according to respective scientific studies, during the breeding season, the lapas feed almost exclusively on the fruit of the almendro.

11th.- That it is estimated there are only between 25 and 35 breeding pairs of lapa verde in Costa Rica. Likewise, their breeding cycles are frequently affected, either by the irrational use of the nesting tree or due to poachers who take chicks from the nest to sell them as pets.

12th.- That if the irrational extraction of the almendro tree continues, the habitat of the species will be lost and therefore the species will become extinct...'

IV.- Now, based on the factual and normative framework set forth, in the specific case, the Administration, through Executive Decrees 25167-MINAE and 25663-MINAE, established a series of restrictions on the felling of the almendro tree, in consideration of the conservation arguments put forward; however, as the appellant alleges, these measures contravene the spirit of the conventions ratified by the administration, since they allow the continued felling of the almendro, thereby destroying the habitat of the lapa verde. While it is true, as the Administration indicates in its report, that the measures sponsored by both decrees, especially 25167-MINAE, are evidence of state interest in conservation matters, in this case of the lapa verde and its habitat, in the opinion of this Chamber and in accordance with the documentation provided, the measures adopted, despite attempting to regulate the deforestation process, do not constitute the appropriate legal measures, inasmuch as they allow the process of habitat reduction to continue, not only by authorizing felling, but also by limiting protection to a single area of the country. In addition to the foregoing, the appellants accuse the Administration authorities not only of having failed to close the 'loophole' for the commercial use of almendro, but of having widened it by granting an increasing number of permits for its exploitation, in addition to neglecting the oversight duties for which they are responsible. In the report presented, the acting Minister of Environment and Energy was remiss with respect to those aspects, such that in accordance with article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, such actions are taken as true. In addition to this, this Tribunal observes that the respondent party has not demonstrated that the allegations of the appellants lack foundation; rather, it has limited itself to arguing the lack of budget as an excuse for not diligently assuming its functions, when the crux of the matter lies in the strict application of both international conventions and internal regulations. For example, Forestry Law number 7575 in its article 6 establishes:

'Art. 6.- The following are the powers of the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado):

e) To establish bans on forest species that are threatened or in danger of extinction, or that endanger other species of plants, animals, or other organisms, in accordance with the respective technical studies and pursuant to other provisions of the current legal system.'

In the case file under study, it is not evident that the promulgation of the questioned Decrees was the result of an analysis or of the corresponding investigations in order to protect the species. Nor is it apparent that they took into account the Conventions and legislation intended to protect this species and many others that are in danger of extinction, which ultimately also demonstrates an infringement of articles 7 and 89 of the Political Constitution by failing to comply with the protection established in the International Conventions, thereby failing to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment.

V.- Such being the case, despite the existence of a State obligation to ensure the survival of endangered species –and in this case, the lapa verde– the truth of the matter is that the public authorities charged with giving life and support to the protection of these species have not yet, even at this moment, produced elements that would lead this Tribunal to conclude that the pertinent measures have been implemented to prevent the extinction of the species. Thus, the Chamber finds that this has disregarded the provisions of article 25 of the Wildlife Conservation Law and article 60 of the Regulations to that Law, wherefore there is no doubt whatsoever that the respondent Administration has permitted the infringement of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is protected under article 50 of the Constitution; for, since the lapa verde has been declared an endangered species –WILDLIFE CONSERVATION LAW, No. 7317–, the State has the obligation to implement all necessary measures to protect this species, which entails the obligation to prevent trade in that species, and because of its relationship with the almendro tree, its felling must also be prevented throughout the territory; it being clear, of course, that this must be respected principally in the zones where the optimal habitat for the survival of said species is found, which according to Decree No. 25167-MINAE has been substantially reduced. In light of the above, the Minister of Environment and Energy is advised to verify whether the actions adopted are both economically and legally effective to favor the maintenance and development of areas destined for almendro trees, and in order to comply with the obligations legally imposed upon her by law, she must implement the necessary legal and punitive measures to ensure effective protection of the species 'Ara Ambigua'; this must necessarily occur concomitantly with a surveillance plan for the lapa verde and for the felling of the almendro tree, throughout the entire country. By virtue of the considerations expressed, there is no alternative but to grant the present appeal, as is hereby ordered."

More recently, delving deeper into the fragile situation of the lapa verde and clarifying its relationship with the almendro amarillo tree, by judgment number 2008-13426, at nine thirty-three on September second, two thousand eight, the Chamber established that:

"On the situation of the lapa verde. The lapa verde or Ara ambigua is a bird larger than the lapa roja, reaching up to 84 centimeters in wingspan and possibly attaining a mass of approximately 1.3 kilograms. Its build is quite robust, and it has a tail slightly shorter than that of the lapa roja or Ara macao. Its color –as its name denotes– is greenish yellow, with the wing covert feathers being blue; by contrast, those of the tail, called central rectrices, are red; and the rest of the rectrices are blue. This animal's face is devoid of feathers, showing bare skin that is bone white in color. It has a strong, hooked beak slightly larger than that of the lapa roja; its keratinous structure serves to open the hard seeds it feeds on. Its habit is to nest in hollow trunks. The lapa verde (Ara ambigua) has a limited distribution in low, humid lands, primarily on the Atlantic side in forests between eastern Honduras and northern Colombia, with an isolated population on the Pacific coast in Guayaquil, Ecuador. In Costa Rica, its nesting range is currently limited to the Huetar Norte Zone, more specifically between the San Carlos, San Juan, and Sarapiquí Rivers and the northern foothills of the Central Volcanic Mountain Range. It is highly dependent on the almendro (Dipteryx panamensis) for both feeding and nesting. This species is on the list of Appendix I of CITES, meaning it is in danger of extinction. As indicated, in the country the species was abundant, principally in the Atlantic Zone and the Northern Zone, where it was common to see specimens flying in flocks just a few years ago. However, today only a few nesting pairs are found in the Northern Zone, between Boca Tapada and the plains of Colorado. There are some reports of flocks of between 6 and 12 individuals in the foothills of the Central Volcanic Mountain Range, especially near the lower Atlantic sector of Braulio Carrillo National Park, in the surroundings of the highway leading to Guápiles, and some sporadic reports on the northern slope of the Guanacaste Volcanic Mountain Range. The abrupt decline in the population of the lapa verde is mainly due to the destruction of its habitat through non-sustainable felling at nesting sites. In Costa Rica, the species' distribution range has been reduced by 90% since the last century, and the threat it faces lies in the fact that it depends on the mountain almendro tree (Dipteryx panamensis), which is disappearing due to poor management and illegal felling of forests. Thus, there are two dangers that represent a serious threat to this species: habitat loss due to the felling of trees that constitute its principal food source and nesting sites, especially the almendro (Dipteryx panamensis), since the lapa verde depends 80% on the almendro for food and 90% for nesting; additionally, the illegal trade conducted with them, to use them as pets (information obtained in part from the web pages http://www.minae.go.cr, http://www.sinaccr.net, http://www.lapaverde.or.cr, http://www.inbio.ac.cr, http://www.una.ac.cr, http://www.cct.or.cr, and http://www.guiascostarica.com). [emphasis added] In that same sense, the National System of Conservation Areas states on its Internet page:

'[...] Probably the harpy eagle (sic) reached its extinction in the country; while other species such as the lapa roja, the lapa verde, the piche careto, and the giant anteater are heavily threatened with extinction. Our system of protected areas seems insufficient for those species that, like the jaguar, require large expanses (sic) of virgin forest to survive.'

[…]” (Emphasis supplied, downloaded from the site http://www.sinaccr.net/vidasilvestre.php at 2:50 p.m. on August 8, 2008).

To the above, they add on that same site:

“[…] Wild flora and fauna are the heritage of all Costa Ricans […]. For this reason, the Dirección General de Vida Silvestre, through the Sistema Nacional de Areas (sic) de Conservación, has undertaken various actions aimed at increasing the possibilities for Wildlife conservation, among which the following stand out: […] 2.-the preparation of a decree aimed at protecting populations of the mountain almond tree, a tree on which the great green macaw feeds. […]” (Emphasis supplied, downloaded from the site http://www.sinaccr.net/vidasilvestre.php at 2:50 p.m. on August 8, 2008).

Equal consideration must be given to the provisions of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, which, on its Internet page, includes the great green macaw on the official list of endangered species (site http://www.sinaccr.net/vidasilvestre5.php consulted at 2:58 p.m. on August 8, 2008). Additionally, the Decreto Ejecutivo “Crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque”, number 34205-MINAE of May 23, 2005, published in La Gaceta 113 of June 13, 2005, states:

“[…] 7º-That the Ministerio del Ambiente y Energía has, among its most immediate projects, the declaration creating the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque located in the northern border zone between the mouths of the San Carlos and Sarapiquí rivers. It is an area that, due to its scientific interest, is considered important for conservation, as it presents special characteristics for the conservation of important species of flora and fauna, among them: the Great Green Macaw (Ara Ambigua), Jaguar (Panthera onca), Almendro (Dipteryx panamensis), Manatee (Trichechus manatus), Gaspar (Atractosteus tropicus), and Pinillo (Podocarpus guatemalensis). The geographic location of this zone is of great importance since this protected wild area would be situated in the Corredor Biológico Binacional El Castillo-San Juan-La Selva, which is a continuation of the Corredor Biológico Mesoamericano between Nicaragua and Costa Rica and constitutes the last significant block of natural forest cover (cobertura forestal) that allows for the maintenance of biological connectivity between both countries, so this area would connect key habitats and wildlife corridors, which would prevent the isolation of native species and ecosystems.

8º-That the areas of El Jardín, Cureña, and Chaparrón constitute very important nuclei for the conservation of biodiversity, among which are various threatened species such as:

[…]

Threatened bird species

Species Common name Status

[…]

37 Ara ambigua great green macaw endangered

[…]

Threatened tree species

Species Common name Status

[…]

12 Dipteryx panamensis almendro threatened […]” (Emphasis supplied).

Thus, it is clear that both the great green macaw (Ara ambigua) and the almendro amarillo (Dipteryx panamensis) are species that are in danger of extinction—in the case of the former—and threatened—in the case of the latter—and that there is a direct dependence of the former on the latter.”

In this sense, it is clear that governmental authorities have recognized the threatened situation faced by both the great green macaw and the almendro amarillo. The bird, due to its need for the tree for reproduction and feeding, and the tree, due to unsustainable logging, factors which combined—unsustainable logging in nesting sites—pose an additional risk to the preservation of the bird. It is for this reason that in the same ruling 2008-13426, it was established that:

“[I]t must be prohibited to initiate any procedure aimed at the utilization of the wood of the almendro amarillo (Dipteryx panamensis) as long as this tree and the great green macaw (Ara ambigua) remain on the list of endangered or threatened species. (…) It is ordered (…) to archive any diligence or procedure aimed at the utilization, exploitation, or extraction of the almendro amarillo (Dipteryx panamensis). That official is prohibited from initiating or continuing any procedure aimed at the utilization, exploitation, or extraction of the almendro amarillo (Dipteryx panamensis) as long as this tree and the great green macaw (Ara ambigua) remain on the list of threatened or endangered species, without this prohibition exempting the indicated public servant from resolving and notifying accordingly those who may have filed some proceeding in this regard…”

Thus, the Chamber considered that the due protection that must be granted to these species implies that the exploitation and utilization of the almendro tree cannot proceed while the tree and the bird remain on the list of protected species. This prohibition or restriction, which seems absolute, must be assessed in the context of the ruling under comment itself, from which it results that the prohibition on exploitation and utilization exists fully when such activity is intended to be carried out in the bird's nesting sites. In other words, the exploitation, extraction, and utilization of the almendro amarillo is absolutely prohibited by order of this Chamber, to the extent that the trees intended to be cut are in an area where it has been fully proven that the great green macaw nests. However, this definition cannot be understood as an unrestricted permit for the logging of almendro trees in sites where the bird does not nest, since in these cases, and based on the fact that it is a threatened species, all permits granted by the forest administration must always be obtained beforehand, which, with the scientific rigor required in the case, guarantee harmlessness to the environment and the due preservation of this species and others that are closely related to it.

XI.- Regarding the protection of water and the situation of groundwater (aguas subterráneas). The Chamber's jurisprudence is clear in recognizing the right to water as a fundamental right, such that along with making serious efforts for its provision to the population, there is a duty of public institutions to make responsible and adequate use of the available water resource, which implies the need to acquire certainty of the water susceptible to exploitation—availability—guaranteeing its present provision and the future sustainability of the service, avoiding that the current use of the resource produces an environmental risk that compromises the existence and future supply of the liquid. The Chamber has had the opportunity to pronounce itself forcefully and in detail on the protection that must be granted to the national water resource, clarifying both the normative framework for protection and the institutions that make up the water sector, recognizing and specifying the scope of competencies of said authorities and the transcendence of their actions in matters of granting, utilization, and protection of water. It is for this reason that it is particularly important to refer to the jurisprudential precedents on the matter, which are of exact application in the case now before us. Thus, through ruling of this Chamber number 2004-1923, of two-fifty-five p.m. on February twenty-fifth, two thousand four—reiterated by rulings numbers 2008-14092, of nine twenty-eight a.m. on September twenty-third, two thousand eight, and 2008-15657, of eleven forty-five a.m. on October seventeenth, two thousand eight—the Chamber considered that:

“V.- GROUNDWATER (AGUAS SUBTERRÁNEAS). As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and may be subject to common or special uses, there are groundwater (aguas subterráneas). Groundwater is water found beneath the earth's surface occupying the empty spaces in soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. The soil, in turn, is composed of two levels, which are the following: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another beneath this called the saturation zone, in which the empty spaces are full of water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The water included in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers (mantos acuíferos) or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the movement speed of groundwater depends, essentially, on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of this 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, as opposed to surface waters, which are notably exposed to contamination and degradation due to harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. In the particular case of our country, it has been estimated that the potential annual recharge of groundwater is approximately 47,000 million cubic meters per year, which represents 20% of precipitation; it has also been calculated that of the 750,000 cubic meters of water used daily for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) come from groundwater intakes. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages, such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is carried out gradually depending on the increase in demand for the service, and the catchment areas can be located near where the demand originates, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physical-chemical quality of groundwater is more constant than that of surface water and is potable with little or no treatment; c) as there is soil or rocks above the groundwater, it is more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability during dry seasons or periods of rainfall are minimal compared to those of surface waters; e) they constitute a strategic reserve to cope with states of emergency due to public calamity, internal unrest (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.

VI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The issue of groundwater is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Constitución Política, in its Article 50, enounces the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Similarly, access to potable water ensures the rights to life—"without water, no life is possible," states the Carta del Agua approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to the health of persons—indispensable for their food, drink, and hygiene—(Article 21 of the Constitución Política) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual a dignified well-being and quality of life (Article 33 of the Constitución Política and 11 of the Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). The scarcity, lack of access to or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in large proportions. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, nearly 5.5 billion people will have water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually from the use of untreated water. Furthermore, the duty has now been recognized to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development), so that the needs of the present must be met without compromising the ability of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constituent element for maintaining natural ecosystems—non-polluting or environmentally compatible use of water.

VII.- LEGAL NATURE AND REGIME OF GROUNDWATER, AQUIFERS, AND RECHARGE AREAS: PUBLIC DOMAIN GOODS. In our legal system, there is no single, systematic, and coherent normative body that comprehensively regulates the protection, extraction, use, management, and efficient administration of water resources. Additionally, the little existing legislation focuses predominantly on surface waters, overlooking groundwater. As is proper and inherent to Administrative Law, one can confirm in this matter a normative dispersion and a fragmented, chaotic, and ambiguous set of sectoral norms that regulate specific aspects, leaving serious gaps and antinomies, all of which also seriously hinders environmental management by the public entities in charge of the matter. Obviously, the scarce regulation of groundwater is no exception to the aforementioned rule. In Water Law, various theses have been held regarding its legal nature—the variation of which depends on historical evolution. Thus, groundwater has been considered as (a) private goods, making it a res nullius that can be appropriated by the discoverer, that is, by the owner of the land where it emerges, following the maxim of Roman Law according to which property extends from the sky to hell. Nineteenth-century regulations on water resources (e.g., the Spanish Ley de Aguas of 1879, which inspired many Latin American legislations, including our Ley de Aguas of 1942) gave groundwater a character of (b) mixed good, so that waters discovered by the owner of private land are private, and those originating on public domain land are public, or the former become so after the owner has used them. Finally, beginning in the 20th century, many legislations began to classify all groundwater as (c) public domain goods, based on the undoubted unity of the hydrological cycle, thereby forming what has been called the "public hydraulic domain" as part of the natural and not artificial domain; this position conceives water as a unitary resource subordinated to the general interest, so no distinction should be made between surface and groundwater, since they are intimately linked to maintain their quality and quantity. According to this latter thesis, groundwater cannot be appropriated by any private individual, and its classification as a public domain good constitutes sufficient title to subject it to a very strong and intense regime of administrative intervention in order to guarantee its integrity and quality and to remove it from the modes of acquisition and enjoyment typical of Private Law. In our legal system, based on a series of scattered norms, the legal nature of groundwater can be determined, with evident variations, according to the historical-legislative evolution. The Ley de Aguas No. 276 of August 27, 1942, and its amendments, in its Article 1, subsections IV, VIII, and IX, respectively classify as public domain waters "Those of (...) springs (manantiales) (...)", "Those of springs that flow on beaches, maritime zones, channels, basins, or banks of national property and, in general, all those that originate on public domain lands," and "Groundwater whose discovery is not made by means of wells," since Article 4, subsection III, of that legal text considers private domain—and, therefore, belonging to the owner of the property—"Groundwater that the owner obtains from his own land by means of wells," with the surplus—from wells concessioned to obtain water for non-domestic purposes and ordinary needs—that leaves the land becoming public domain waters. Evidently, the Ley de Aguas of 1942 follows a mixed thesis regarding the legal nature of groundwater, since it combines the res nullius and, consequently, appropriable character of the latter if discovered on private land with the public domain character if it originates on land owned by a public entity. It would be two later laws, enacted during the last quarter of the past century, that tacitly reformed or modified what was established in Articles 1, subsections IV, VIII, and IX, and 4, subsection III, of the Ley de Aguas. In reality, these two new normative instruments fall within the contemporary trend of conceiving groundwater as public domain goods by virtue of the unity of the hydrological cycle, and therefore they constitute sufficient enabling title to admit a strong regime of administrative intervention to conserve the quantity and quality and ensure rational and sustained exploitation of water resources. Thus, the Código de Minería, Ley No. 6797 of October 4, 1982, and its amendments, in its Article 4, provided as follows: "(...) mineral sources and waters and groundwater and surface waters are reserved for the State and may only be exploited by the State, by private parties in accordance with the law, or through a special concession granted for a limited time and subject to the conditions and stipulations established by the Asamblea Legislativa (...)", thereby producing a publicization and nationalization of all the country's groundwater, including that which is discovered through a well located on private property for domestic uses or ordinary needs. Subsequently, the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 of October 13, 1995, and its amendments, in Article 50—whose heading is "Public Domain of Water"—reinforced this declaration of public domain status and provided that "Water is of public domain, its conservation and sustainable use are of social interest." This legislative instrument entails an express affectation of continental waters (surface waters and groundwater—since it does not distinguish them) to the public domain of the State and classifies their protection, preservation or conservation, and sustained or rational use as being of social interest, thereby clearing the way for eventual expropriations or limitations by reason of social interest (Article 45 of the Constitución Política).

VIII.- AQUIFERS, RECHARGE AND DISCHARGE AREAS. An aquifer (acuífero) is a stratum or geological formation (unconsolidated deposits of loose materials such as sands, gravels, mixtures of both, sedimentary rocks such as limestone, volcanic rocks, etc.) that allows the circulation of water through its pores or cracks, so that humans can utilize it in economically appreciable quantities to meet their needs. In a very broad sense, aquifers are the geological formations that contain water, have contained it, and through which water flows or circulates. Two of the hydrogeological parameters for defining the functioning of an aquifer—the relationship between recharge and extraction of water or discharge—are porosity or permeability—hydraulic conductivity—and the storage coefficient. There is a series of geological formations that should not be confused with aquifers, such as (a) aquicludes (acuícludos), which are geological formations that contain water inside but do not transmit it, thereby preventing its exploitation; regarding the non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing groundwater contained in these, there is no doubt that they are also of public domain, given that Articles 4 of the Código de Minería and 50 of the Ley Orgánica del Ambiente do not distinguish between groundwater and surface water and, much less, between renewable and non-renewable groundwater, so they cannot be conceived as a res nullius susceptible to appropriation by the private discoverer. The (b) aquitard (acuitardo), for its part, comprises a set of geological formations that contain appreciable quantities of water but transmit it very slowly. Finally, the (c) aquifuge (acuifugo) is that geological formation that neither contains water nor can transmit it. Regarding the typology of aquifers, hydrogeology classifies them, according to the hydrostatic pressure of the water enclosed in them, in the following manner: a) unconfined, non-confined, or phreatic aquifers, in which there is a free surface of the water enclosed in them in direct contact with the air; its water table is at atmospheric pressure and is not limited by an impermeable layer, and b) confined, or pressure aquifers, in which the water is subjected to a pressure greater than atmospheric pressure. There is also the subcategory of perched aquifers, which are unconfined aquifers with a limited spatial distribution and temporary existence. The natural recharge of aquifers occurs through the volume of water that enters them during a period of time due to the infiltration of rainfall or a watercourse (e.g., influent rivers). Recharge areas (áreas de recarga), therefore, are all the areas of the soil surface where rainfall infiltrates the soil until reaching the saturated zone, incorporating into the aquifer. The Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 3, subsection l), defines aquifer recharge areas as "The surfaces on which infiltration occurs that feeds the aquifers and river channels (...)". Natural discharge is the volume of water that, during a period of time, leaves the aquifer naturally through surface, subfluvial, or submarine springs, by evapotranspiration, or by vertical percolation towards lower aquifers. Artificial discharge occurs through the extraction of water by means of wells, ditches, trenches, or tunnels. The discharge areas (áreas de descarga) of groundwater comprise all those points where the water table or phreatic level intersects the soil surface—springs (manantiales, nacientes), seepages—the course of a river, or marine or lacustrine beds.

IX.- TYPOLOGY OF AQUIFERS IN COSTA RICA. In our country, two types of aquifer families are recognized: a) Volcanic or fissured aquifers, formed in igneous rocks (volcanic and intrusive), representing the largest and best quality ones, and b) Sedimentary or granular aquifers in superficial formations. Regarding the first type, it should be noted that igneous rocks naturally have no permeability; they possess a secondary porosity caused by the presence of fractures or fissures originated by cooling or tectonic events (areas linked to geological faults), thereby acquiring hydrogeological suitability. This type of aquifer arises in high zones where precipitation is high and volcanic rocks particularly exist; known and studied examples of these are the aquifers of the Valle Central (e.g., Colima Superior e Inferior and Barva). From the perspective of hydrogeology, our country presents ideal and exceptional conditions for the rational and measured exploitation of groundwater, since the Cordillera Volcánica Central is made up of volcanic soils with a high natural infiltration capacity, provided they have not been compacted or eroded by human activities, thus fulfilling an essential function by regulating the runoff of surface waters and the recharge of aquifers. The high permeability of fractured and brecciated lava layers and the conditions of high rainfall favor the formation of high-potential aquifers. The existing tuffs, in turn, behave as rocks of low permeability that allow the constitution of aquitards (acuitardos) that are the base of the aquifers and allow the vertical transfer of water between them. The location and geomorphology of the Cordillera Volcánica Central, with all its aquifers, is a primary source of water to meet the needs of at least half of the country's population, including the Gran Área Metropolitana and surrounding populations. The use of groundwater in this zone is carried out through wells or the capture of springs (manantiales) for domestic, industrial, and agricultural uses. In the Cordillera Volcánica Central, for the year 1996, SENARA had registered 3,460 wells for varied uses and 353 springs (manantiales) for public supply used by the ICAA, municipal corporations, rural aqueduct administration associations, and other entities. This type of aquifer has also been located in the formations of Liberia and Bagaces (Province of Guanacaste). It is fully established that this type of aquifer, due to its petrophysical characteristics, is more vulnerable to contamination in its recharge areas (áreas de recarga) when they are not located in protected or reserved zones and are exposed to anthropic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural activities that involve the use of pesticides and agrochemicals, thus being exposed to a dangerous and slow degradation in their environmental quality. Superficial aquifers are made up of layers of unconsolidated rocks of recent and diverse origin; these are alluvial fills of some valleys that can reach thicknesses from a few meters to one hundred meters. They are separated from the surface by a thin and permeable layer of soil, making them highly vulnerable to contamination, especially when they are located beneath zones of anthropic occupation (urban, industrial development, or agricultural cultivation). This type of aquifer is exploited in the Central Pacific region, such as, for example, the alluvial fill of the Valle del Río Barranca, which contains two coastal aquifers: those of Barranca and El Roble.

X.- CONTAMINATION OF GROUNDWATER. Unlike the contamination of surface waters, which is usually obvious and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, groundwater contamination, by its very nature, usually goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of waters, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of waters contained means that extensive contaminations take a prolonged period to manifest themselves, or when dealing with localized contaminations, they are detected when they flow into some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when it occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and on occasions is irreversible due to the high cost of the means to achieve it. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to again achieve potability levels of water have not been successful; technologies for its cleaning have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very expensive. To this must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources—the latter duly trained—to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact extent of its contamination. The degradation and contamination of aquifers imposes upon the legislator and public administrations the urgent and non-postponable task of protecting them.

Groundwater contamination can be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, as in the case of cesspools or injection wells, and it is of the second type when dilution occurs through contamination of the natural recharge. Contaminating agents can be of very diverse kinds, that is, mineral, degradable organic (excreta and purines), slightly or non-degradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. The contamination of aquifers depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or site, and therefore it is a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following: a) contamination from domestic activity, which is organic and biological and originates from septic tanks, leaks from the sewer system, discharge of sewage, to which must be added the increase in chemical products for domestic use such as detergents; b) contamination from agricultural activities, here we have the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash or natural ones – based on manure –, irrigation with residual waters and high salinity, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and plaguicides); c) contamination from livestock farming, essentially, is organic and biological, similar to domestic but more intense in the case of intensive farms; d) contamination from surface waters, when they recharge and are, in turn, contaminated; e) contamination from saline intrusion, produced when marine and saline waters are introduced into coastal regions due to the overexploitation, through wells, of coastal aquifers; f) contamination from mining activities – mineral –, related to discharges of mine water and mineral washing sites; g) contamination from industrial activities, this type is as varied as the type of industry that originates it, being especially harmful those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries; h) contamination from nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from treatment plants for irradiated fuels and radioactive minerals and from medical activity; i) contamination through poorly constructed wells, wells can interconnect various aquifer layers and when they have broken or corroded casings at levels of poor-quality water or that allow the entry of surface waters can cause it; j) contamination through the discharge of residual waters through cesspools, septic tanks, leaks from the sewer network, or indiscriminate dumping into hydrographic basins; k) contamination from the dumping of solid waste, produced when a sanitary landfill is built on permeable lands or lands not sealed through leachates; l) contamination from injection wells – a form of using the subsoil as a reservoir for residuals – poorly designed, constructed, or used.

 

(...)

 

XII.- PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the characteristics of contamination in aquifers destined for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in designated zones or by ordering safety measures for certain potentially contaminating activities. Our legal-administrative system (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and groundwater catchment areas. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law 29/1985 of August 2), some extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are foreseen that directly concern the protection of aquifers, in the interest of achieving sustainable use of water resources, that is, to guarantee a sufficient quantity and required quality of water to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted in our legal system – despite their lack of regulation – as implicit in the express and general competence for protection and conservation of groundwater attributed to the State and the decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced use of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to avoid its exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. This type of administrative measures supposes various restrictions and drastic controls on the multiple uses or exploitations of water – especially general or special private ones – and on pre-existing activities that may affect the resource insofar as they are justified by a public interest, and therefore do not affect property rights or the integrity of assets. In essence, such measures must be reputed as limitations of social interest that do not empty the content of property rights or expand the public domain over groundwater without prior compensation but rather shape its essential content, so they must be borne, being a sacrifice or a general burden, by all users, who are, ultimately, the beneficiaries of these measures, as they are oriented towards correcting a temporary situation of scarcity or imminent contamination that affects the water resource economy in a specific zone. Such administrative intervention measures, virtually contained in articles 32 of the Water Law of 1942 and 10° of the Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 of April 29, 2002), may be the following:

a) Protection perimeters for aquifers: One of the most innovative instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the contained water but also its container, that is, the geological formation called an aquifer. This activity consists of projecting and tracing on the surface a demarcation under which an aquifer or part of it is located, in which a specific regime is established for the use of the hydraulic domain – ordering and restriction of pre-existing water concessions, impediment to granting new ones – and for the control of activities and installations that may affect it – through authorizations – (e.g., mines, quarries; urban activities that include septic tanks, cemeteries, sanitary landfills – storage, transport, and treatment of solid and liquid waste –; agricultural and livestock activities with storage and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with residual waters, and farms; industrial activities with storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by national authorities – MINAE and ICAA – must be respected by local governments (Municipalities) and INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) to compatibilize, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of the protection perimeters in the regulations contained in the respective Regulatory Plans on land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, to the above must be added the protection around catchment areas (wells - PPP: wellhead protection perimeters -, springs, nacientes, etc.), through the definition of a surrounding zone in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the zone of capture or contribution of the well (ZOC) and its extension depends on the characteristics and properties of the catchment area and the recharge land, since the rules cannot be the same for permeable or fissured terrains as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with the cartography of vulnerability or natural susceptibility of supply aquifers to anthropic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the surveying of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability cartography, are suitable for relocating in time a certain type of activity, the supply source, or, ultimately, introducing technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability cartography vary depending on whether it concerns (a) an area without territorial occupation, being useful for defining which activities may or may not be installed in the future; (b) already occupied areas, in which case a mapping of natural vulnerability and areas with greater susceptibility to contamination is carried out, being able, in the face of the threat of a high contamination index, to relocate activities, supply sources, and introduce technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) already contaminated areas, for which alternative sources may be sought, the spread of contamination plumes avoided, and, if possible, due to its high cost, the aquifer waters treated after extraction; (d) areas for new catchment, a case in which potentially contaminating activities and the impact area of each one must be inventoried. 

b) Declaration of an overexploited aquifer: Overexploitation of an aquifer occurs when extractions or exploitations are so intensive – discharge – and strong that they exceed the volumes of recharge, whereby the water reserves of the aquifer are progressively diminished and degraded. Overexploitation causes disastrous economic and natural effects; among the former, users may experience increased extraction costs – more energy to make the same amounts of water flow or expenses to deepen a well to reach the water level –, exhaustion of wells located in the peripheral zones of the aquifer and in those with a greater concentration of drilling; among the natural effects, there is the decrease in water flows in springs, rivers, streams, quebradas, lagoons, lakes, and wetlands, thus endangering their existence, and the affectation of the capacity of geological formations – aquifers – to store water by diminishing the interstitial space in rocks due to the lack of internal pressure provided by water, land subsidence due to compaction, with alteration of the aquifer, appearance of cracks, and landslides. In the hypothesis of aquifer overexploitation, the competent administrative authority can declare this state to reverse the state of affairs through an ordering, restriction, and distribution of pre-existing extractions or exploitations to achieve rational exploitation and the immediate suspension of new requests or modifications of concessions pending at that time. Of course, savings and good resource utilization measures can also be implemented, such as the treatment and purification of residual waters to be reused in the irrigation of certain crops, drip or night irrigation systems to palliate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc..

c) Declaration of an aquifer in the process of saline intrusion: An aquifer is estimated to be in a process of salinization when, as a direct consequence of extractions, generalized and progressive increases in the saline concentration of the captured waters are recorded, thus running the risk of becoming unusable. Salinization supposes a reduction in the thickness of the freshwater layer under which marine water rises, so that the water from wells ceases to be potable and even becomes useless for domestic or irrigation uses, the recovery of the aquifer being very difficult or almost impossible. This problem can appear in our country, especially in overexploited coastal aquifers – intrusion of maritime origin – in a gradual or generalized manner, although intrusion of continental origin cannot be ruled out in other points. The cause of saline intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, therefore measures similar to those provided for when that problem occurs must be implemented, such as the ordering, restriction, and distribution of pre-existing exploitations or uses and suspension of new requests or modifications of concessions.

d) States of need and water crisis: In anomalous, exceptional, and temporary circumstances that provoke a public calamity or internal commotion (e.g., extraordinary droughts, serious overexploitation of aquifers, or generalized saline intrusion of these), the State – through the Executive Branch – and, based on the principle of necessity, can adopt the necessary and suitable measures regarding the use of the public hydraulic domain to overcome that state of affairs or prevent it from worsening. When the state of need ceases and normality is restored, other types of measures can be adopted, such as those previously exposed (protection perimeters, declaration of overexploited aquifers or those in the process of salinization).

     

XIII.- LEGAL PROTECTION OF GROUNDWATER IN COSTA RICA. Article 31 of the Ley de Aguas No. 246 of August 27, 1942, declares as "reserve of domain in favor of the Nation" the following: "a) The lands that surround the sites of catchment or intake supplies of potable water, within a perimeter of not less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or must protect the set of terrains in which the infiltration of potable waters is produced (...)". This declaration is of utmost importance, since, from it arises the obligation of the State, through its competent organs, to fix and determine the areas of perimeter protection for wells or catchment areas – of 200 meters – and, of course, for the recharge areas of aquifers – the zone in which "the infiltration of potable waters is produced" – that have or should have a forest cover for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection. In the same way, based on such express affectation, the State can exercise reivindicatory and possessory actions to guarantee the indemnity of those zones and withdraw them from all types of contamination, subjecting them to a strong regime of soil use control, an attribution that it has, very probably, omitted to exercise in a timely and exact manner. Numeral 32 of the Ley de Aguas of 1942 establishes that "When in an area larger than that previously indicated there exists a danger of contamination in surface waters or in groundwaters, the Executive Branch, by means of the Sección de Aguas Potables –currently ICAA– (...), shall provide in said area the measures it deems opportune to avoid the danger of contamination", this norm imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Executive Branch with ICAA to adopt all opportune and convenient administrative acts and provisions to avert the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of aquifer recharge areas and catchment zones. The content of the norm is extremely significant and rich, since it enables the State to adopt any opportune measure to avoid the irreversible damages and prejudices that an emergency state due to a water crisis could provoke. Evidently, it is also a competence that has not been exercised responsibly or has been underutilized. The Ley General de Agua Potable, No. 1634 of September 18, 1953, in its article 2°, establishes that "Those lands that both the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Health – organs of the Executive Branch that were substituted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados by virtue of its Ley de Creación No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms and, more specifically, article 2°, subsection h), which entrusted it to enforce the Ley General de Agua Potable – consider indispensable to build or to situate any part or parts of the potable water supply systems, as well as to ensure the sanitary and physical protection, and necessary flow of the same (...) are of public domain", evidently, this norm has enormous transcendence, since the catchment areas that may include springs or nacientes – a form of natural discharge of groundwaters – are declared of public domain, and, what is more important, it grants the condition of demanial property to all those terrains necessary to ensure sanitary and physical protection and their flow, which necessarily includes the recharge areas of aquifers clearly delimited through the perimeter-defining activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily affects the quality – due to contamination – and flow – due to impermeabilization or overexploitation – of the waters for human consumption and use that gush from a spring. The Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, in its article 33, subsections a) and d), respectively, provides that protection areas are those "(...) that border permanent nacientes, defined within a radius of one hundred meters measured horizontally" and "The recharge areas and the aquifers of the springs, whose limits shall be determined by the competent organs established in the Reglamento of this law", evidently these norms support the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and catchment zones. The Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of October 13, 1995, in its article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria, among others, must be applied: "a) Protect, conserve, and insofar as possible, recover aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle", "b) Protect the ecosystems that allow regulating the hydrological regime", and "c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins". Thus, the need to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle is established without making distinctions, which especially includes groundwaters. Finally, articles 5°, subsection e), final paragraph of the Ley de Creación del ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms) and 15 of the Ley de Creación del SENARA (No. 6877 of July 18, 1983, and its reforms) crown the normative framework for the institutional protection of groundwaters by indicating, respectively, "The lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the catchment (...) are declared of public utility and social interest, and may be expropriated" "The actions promoted by the State, with the object of ensuring the protection and rational use of waters (...), are declared of public interest". In the legal-administrative system of waters, we will also find a series of obligations and burdens imposed on private parties and subjects of public law – public entities and organs – for an adequate protection of the subterranean and surface public hydraulic domain. Thus, the Ley de Aguas of 1942 and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs – which are a component of the discharge area of an aquifer –, such as the following: a) users or concessionaires must adjust to the police and health regulations regarding surplus waters that are returned to a spring to avoid contamination or stench – failing to do so, they may lose the special exploitation and suffer a fine – (articles 57 and 166, subsection III, ibidem), in a concordant manner, the Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 of October 21, 1992, in its article 132, paragraph 1°, prohibits "(...) throwing served waters, sewage, waste, or any contaminating substance into springs, rivers, quebradas, permanent or non-permanent streams (...) lakes (...)" and imposes on those who breach the norm a fine of 50,000 to 100,000 colones convertible into a prison sentence of one to two years. b) The construction of ponds for fish farms in springs destined for the supply of populations is prohibited (article 63 ibidem). c) The owners of lands in which there are springs on whose borders the forests that provided them shelter have been destroyed are obligated to plant trees on the margins at a distance no greater than 5 meters (article 148 ibidem). d) It is prohibited to destroy, both in national and private forests, the trees located less than 60 meters from the springs that originate in the hills or less than 50 meters from those that emerge in flat terrains (article 149 ibidem), the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, provides, in its article 34, coincidentally, that "The cutting or elimination of trees in the protection areas that border permanent nacientes and the recharge areas and the aquifers of the springs is prohibited". e) Every request for exploitation of living waters, running waters, and springs must be addressed to the Ministerio de Ambiente y Energía with the presentation of a series of requirements (article 178 ibidem). Regarding the public entities and organs that have competence and responsibilities in matters of groundwater protection, a series of obligations and prohibitions are established such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging, or otherwise compromising, leasing, granting for exploitation, lending, or exploiting on their own account – especially if it entails deforestation – the lands they possess or acquire on the banks of rivers, streams, or springs or in cuencas u hoyas hidrográficas in which springs gush forth or in which they have their origins (articles 154 and 155 ibidem). b) Municipalities are obligated to reforest such lands (article 156 ibidem). c) Every Municipality, Junta de Educación, Junta de Protección Social, and, in general, every "public character organism" is obligated to consult the Ministry of Agriculture to obtain the respective permit to alienate, mortgage, lease, grant for exploitation, or exploit on its own account lands they possess or acquire on which exist usable waters of the public domain (article 157 ibidem). The Ley General de Salud, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, for its part, contains specific norms for the effective protection and conservation of groundwaters, thus article 275 stipulates that "Every natural or legal person is prohibited from contaminating surface, subterranean (...) waters directly or indirectly, through drainages or the discharge or storage, voluntary or negligent, of residues or liquid, solid, or gaseous wastes, radioactive or non-radioactive, sewage, or substances of any nature, which, altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, make it dangerous for the health of persons, terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses.", for its part, numeral 276 establishes that only with permission from the Ministry may drainages be made or proceed to the discharge of solid or liquid residues or wastes or others that may contaminate surface, subterranean, or maritime water, "(...) adhering to the regulatory safety norms and conditions and to the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous". Articles 285 and 291 of that regulatory body, respectively, obligate every person to eliminate excreta and sewage in an adequate and sanitary manner to avoid "contamination of the soil and of natural water sources for human use and consumption" and prohibit the discharge of industrial residues or those from health establishments into the sewer system to "avoid contamination of the water sources or courses". Finally, article 309 of that law establishes that the Ministry of Health will approve an urbanizer's project, among other things, if it "(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, sewage, and served waters".

 

XIV.- ADMINISTRATIVE ENTITIES AND ORGANS RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF GROUNDWATER AND, ESPECIALLY, AQUIFERS. DELIMITATION OF COMPETENCES. The management of subterranean water resources comprises diverse aspects such as the investigation of their potential, identification, categorization, planning of their uses, protection, rational exploitation, prevention and sanction of ecological damage or contamination, environmental control, and follow-up of their use, etc.. Consequently, the ideal would be for there to exist a single regulatory and governing administrative entity in the matter; however, the competences for the integrated management of subterranean water resources are found to be dispersed and fragmented, so that they are occasionally exclusive or excludent to a single entity and, most of the time, concurrent, shared, or parallel, which requires a particular administrative coordination effort to ensure their sustainable utilization. In the heterogeneous and dispersed set of administrative entities and organs that make up the Costa Rican public administration, a sector of these can be identified that have assigned, by law or regulation, a series of irrenounceable, non-transferable, and imprescriptible competences in matters of conservation and protection of groundwaters, which they cannot decline and must exercise effectively in the interest of a right to a healthy and ecologically balanced environment for all the country's inhabitants. In that sector of the public apparatus or of service organizations for the satisfaction of the needs of the entire community, a group can be identified that belongs to the central administration or larger public entity – State – which are, preponderantly, some Ministries or organs thereof – and another formed by functionally or by service – of a technical character – and territorially – Municipalities – decentralized entities.

 

1.- Central Administration.

 

a)      Ministry of Environment and Energy and its organs the Departamento de Aguas and the Órgano Asesor de Aguas.

Article 3°, subsection l), of the Ley Forestal, No 7575 of February 13, 1996, imposes on the Ministry of Environment and Energy the non-declinable competence to delimit the areas of aquifer recharge – by its own initiative or that of interested organizations, and after prior consultation with ICAA, SENARA, or any other technically competent entity in water matters.

Article 17, paragraph 1°, of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre empowers and enables the Ministry of Environment and Energy to "(...) coordinate actions with centralized (sic.) or decentralized entities that execute agricultural programs for the conservation of soils, waters, and forests, in order to achieve the "sustainable" exploitation of wildlife".

  This Ministry fulfills a role of fundamental importance in one of the aspects of water resource administration, which is the control or oversight of the exploitation and use of groundwaters to ensure their rational exploitation. The Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 of April 29, 2002), provides in its ordinal 1° that "Every drilling company must register (...) before the Departamento de Aguas, in order to be issued the license that allows it to exercise groundwater drilling and exploration activities".

These functions are shared with SENARA and the ICAA, since the Water Department (Departamento de Aguas) of MINAE must refer the matter to them so that, respectively, they issue a technical opinion, assign the well number, register it in the National Well Registry (Registro Nacional de Pozos) –SENARA– and issue a determination on whether or not there is harm to water supply sources destined for human consumption –ICAA– (Article 7). This regulation establishes that the drilling permit will be denied in zones that do not permit rational exploitation of the water resource, such as those declared as water protection and reserve areas by the State or another competent institution, those suffering overexploitation, those under conditions of vulnerability to the maximum exploitation capacity of the aquifer, those susceptible to saline intrusion, contamination, and other reasons that, in the judgment of MINAE and SENARA, affect the aquifer and impede its exploitation, and those involving interference with other wells or springs (nacientes) (Article 10).

Special mention deserves the Water Department (Departamento de Aguas), attached to the National Meteorological Institute (Instituto Metereológico Nacional) –an organ of MINAE–, whose functions of interest, among others, pursuant to Article 3 of Executive Decree No. 26635-MINAE of December 18, 1997, are the following:

" a) Define national policies regarding the water resource.

b) Exercise dominion, surveillance, control, and administration of national waters.

c) Process applications for concessions for the development of hydraulic forces for electricity generation.

d) Process and authorize permits for the drilling of wells for water extraction. (...)

J) Register well-drilling companies and user associations, as well as any changes made to their bylaws and representatives (...)

n) Apply the sanctions established in the Water Law, after due process has been observed (...)"

The Chief of this Department has, in turn, important powers in the matter (Article 4), such as the following: a) issue recommendation reports on concessions, transfers, flow increases, use expansions, or any other procedure related to the use of the water resource; b) approve well-drilling permits, etc. Section 5 of the aforementioned decree creates the "Water Advisory Body" (Órgano Asesor de Aguas), composed of representatives from various entities involved in the water sector (ICAA, SENARA, ICE, Public Universities, UNGL, etc.), whose functions include the following (Article 7 ibidem): a) Advise on and recommend policy guidelines regarding water resources, considering national and sectoral development plans, water availability, and existing legal regulations; b) Review and pronounce on the Water Balance proposed by the Water Department and its administration for each region of the country; and c) Advise the Water Department in setting water allotments for water use according to the productive activity and the region in which it is developed.

b) Ministry of Health.

The powers of this ministry are circumscribed to enforcing the prohibitions established in sections 275, 276, 285, and 291 of the General Health Law – direct and indirect contamination of surface and groundwater and the discharge of industrial or health waste into the sewer system – and to sanctioning their transgression. Likewise, it is responsible for approving urban development projects when they have adequate sanitary systems for the disposal of excreta, black water, and wastewater (Article 309 ibidem).

c) Ministry of Agriculture and Livestock.

The MAG has, in reality, a secondary or residual power in the matter, since the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils No. 7779 of April 30, 1998, in its Article 21, imposes on it, regarding water, the duty to coordinate with SENARA and any other competent institution "(...) the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country's hydrographic basins, as well as in soil improvement, conservation, and protection practices in hydrographic basins (...).

2.- Decentralized Administration.

a) ICAA (Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers)

The Constitutive Law of the ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) attributes to it, in what is of interest, the following powers (Article 2): a) Direct and supervise everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection, and evacuation of black water and liquid industrial waste and rainwater in urban areas (...) c) Promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination (...) d) Advise the other State bodies and coordinate public and private activities in all matters relating to the (...) control of water resource contamination (...) being its consultation mandatory in all cases, and the fulfillment of its recommendations inexcusable (...) f) Harness, utilize, govern, or supervise, as the case may be, all public-domain waters essential for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State holds over them, pursuant to Law No. 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute organ for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities." For its part, Article 5 of that law empowers the ICAA to "c) Acquire ownership of movable and immovable property" and "e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its purposes, with this same subsection in its second paragraph declaring of public utility and social interest, and thus subject to expropriation, "(...) the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions necessary for catchment (...). Section 21 of the Creation Law confers upon the ICAA the power to approve or disapprove any public or private project for the construction, expansion, or modification of wastewater and rainwater disposal systems, this approval being mandatory, under penalty of nullity, in the case of construction of subdivisions (fraccionamientos), housing developments, or lotifications. Finally, Article 22 of its creation law establishes that "It is the obligation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to defray the expenses demanded by the conservation, expansion, and security of the forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes the water and sewer services."

In accordance with Article 2, subsection h), of the Creation Law of this decentralized entity (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments), part of its powers is to enforce the Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, with Article 16 of this latter regulatory body prohibiting installations, buildings, or works located in the "zones near supply sources (...) that harm in any way (...) the physical, chemical, or bacteriological conditions of the water; these zones shall be determined by the Ministry of Public Works and Public Health" –bodies that, as already indicated, were substituted, for all legal purposes, by the ICAA–. Consequently, the ICAA is also responsible for defining the protection areas for supply sources such as springs or springs (manantiales o nacientes) that are a natural form of groundwater discharge. Article 34, final paragraph, of the Forestry Law imposes on INVU the task of carrying out the delineations of the protection areas. This is, in reality, a power that is not exclusive or exclusionary to the ICAA or INVU, but rather concurrent or shared, so both public entities have the duty to exercise it.

Article 3 of the General Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, imposes the obligation on the ICAA to "(...) select and locate the waters destined for the public water supply service (...)", meaning this entity is responsible for carrying out a detailed inventory of springs that can be used to supply water for human consumption to the populations, regardless of whether the supply and distribution are in the hands of a Municipality in a particular canton.

b) SENARA (National Subsurface Water, Irrigation, and Drainage Service).

Despite having its power apparently limited to irrigation districts, drainage, and flood control –technical-administrative physical units of an agricultural nature for achieving their socioeconomic development, defined by Executive Decree at the request of this entity (Articles 17 and 18 of its Creation Law No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments)–, the fact is that its constitutive law assigns it important powers regarding groundwater, which evidently have a national scope and, consequently, are not circumscribed to mere irrigation districts. The foregoing is corroborated by the background of this public entity, since Law No. 5438 of December 17, 1973 –which ratified and superseded Executive Decree No. 1878-P of July 22, 1972–, now repealed, created the National Subsurface Water Service (SENAS) with a clearly national scope for the planning, research, and advisory on everything related to the matter. Thus, among other objectives, SENARA has that of seeking the optimal and fair use of (...) water resources –both surface and groundwater– in agricultural activities (...) in irrigation districts" (Article 2). Among its functions is that of "Investigating, protecting, and promoting the use of the country's water resources, both surface and subsurface" and "Carrying out, coordinating, promoting, and keeping updated hydrological, hydrogeological research (...)" (Article 3, subsections d and e). Article 4 establishes that SENARA is responsible for promoting and directing coordination and collaboration with other institutions and competent entities in matters such as "Prevention, correction, and elimination of all types of water contamination in irrigation districts," "Preparation and updating of an inventory of national waters, as well as the evaluation of their potential use for utilization in irrigation districts," and "Construction and maintenance of the works necessary for the conservation and renewal of aquifers usable for agricultural activities in irrigation districts" (subsections c, ch, and f). Among the powers of its Board of Directors is that of issuing the agreements for the request for recovery, expropriation, or purchase of "(...) lands on which water resources sit or underlie (...)" (Articles 6 and 7).

c) INVU (National Institute of Housing and Urbanism).

Article 34, second paragraph, of the Forestry Law provides that the delineations of the protection areas contemplated in its Article 33, among which are those bordering permanent springs (nacientes), recharge areas, and aquifers of springs (manantiales), shall be carried out by INVU. Additionally, Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, imposes on that entity the oversight of the "Urban Control Area" which comprises some of the districts of the Provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago, provided the Municipal Government has not promulgated a Zoning Regulation, with the requirement that in the "special protection zone" all construction must be built under strict control, with an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) needing to be approved by MINAE and a treatment plant for residual water authorized by the ICAA and the Ministry of Health to be built to avoid "(...) the contamination of aquifers and the riverbeds into which they flow."

d) MUNICIPALITIES.

Municipal corporations have a primary role in the protection and conservation of groundwater through a series of indirect instruments. Thus, the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968), more than 35 years ago, based on section 169 of the Political Constitution –insofar as they are responsible for "The administration of local interests and services in each Canton"– imposed on them the duty to promulgate a master plan (plan regulador) to plan and control urban development and the related urban development regulations (Articles 15 and following). Within that master plan and the zoning regulation, Municipalities must identify, for the purpose of regulating, controlling, and restricting human activities (industrial, urban development, agricultural, etc.), the areas or zones reserved due to the presence of an aquifer, its recharge area, or its discharge area. By application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution), to human life and health (Article 21 ibidem), and in the pursuit of sustainable development, the cantons that, by their geomorphological characteristics, have lands within their jurisdiction that house aquifers, their recharge and discharge areas, and springs (manantiales y nacientes) are especially called upon and obliged to regulate and standardize these aspects responsibly, efficiently, and effectively, since sometimes the groundwater not only supplies the consumption and use of the canton's populations but also that of various cantons, which demonstrates a clear supralocal or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of land and water derived from the determination and establishment of such protected areas, since it is for the benefit of them, of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow through the aquifer and that surface or discharge in other cantons, and, of course, of future generations."

XII.- Regarding the precautionary principle in environmental matters and its application to groundwater. Based on the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution and Principle 15 of the Rio Declaration –United Nations Conference on Environment and Development–, the so-called "precautionary principle in environmental matters" or "in dubio pro natura principle" has also been recognized, the observance of which implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive issues must be carried out with due diligence to avoid serious and irreversible risks and damages. In other words, if there is a lack of certainty regarding the innocuousness of an activity in terms of causing serious and irreparable harm, the administration must refrain from carrying out such activities. It is clear that this principle applies equally to the exploitation of groundwater. Thus, in the aforementioned judgment number 2004-1923, the Chamber established that:

"XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is set forth in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states: 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, sets forth the following principles as hermeneutic parameters: '1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: Where there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.' In Ruling of this Chamber No. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Rulings Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court considered the following: '(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid and contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage – or any doubt in that regard – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment.' Subsequently, in Ruling No. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court indicated that 'Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment.' In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary or in dubio pro natura principle supposes that when there are no studies or reports conducted in accordance with the univocal and precisely applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and organs of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those in progress until the state of doubt is cleared, and, in parallel, adopt all measures aimed at their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, sound environmental management of groundwater requires protecting the resource before it is contaminated or degraded."

Thus, the precautionary principle finds application to the extent that there is a lack of certainty regarding the damage to be caused and the mitigation or repair measures that must be implemented, because once there is certainty about the type or magnitude of the environmental damage that may occur and the measures that must be adopted at each moment, any element of doubt is eliminated and, consequently, it would be improper to apply the precautionary principle. In other words, the precautionary principle must be applied in cases of reasonable doubt or uncertainty, but not when there is certainty about the type of damage and the measures to be adopted, since by its very nature, the application of this principle becomes unfeasible. In the case under study, as will be seen in the considerations of this judgment, it is demonstrated that the environmental impacts that will occur with the development of the mining project have been proven, while at the same time, the mitigation and compensation measures conducive to avoiding those serious and irreversible damages have been foreseen and approved; therefore, according to what has been said, the precautionary principle is unfeasible for application. Consequently, based on the fact that the Rio Declaration itself recognizes the existence and correlation of the precautionary and sustainable human development principles, it must at all times be ensured that an adequate balancing test is carried out allowing for due respect and application of both principles, so that activities are assessed according to both their environmental impact and their contribution to sustainable human development.

XIII.- The protection granted to so-called transboundary aquifers or watercourses. Based on the recognition of the right to water as a human right and the protection that must therefore be granted to water resources, the international community has turned to defining normative instruments that permit the preservation of aquifers situated between different countries or that flow from one national territory to another, thus establishing obligations assumed by States to prevent their actions from generating negative impacts on the water resources of another State. Thus, the 'Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses,' of May 21, 1997, provides that States undertake to grant all necessary protection and collaboration measures to avoid this type of damage to the water resources of other countries tributary to or beneficiaries of the aquifer or watercourse in question. As relevant, Articles 5, 6, and 7 of the Convention state that:

"Article 5

Equitable and reasonable utilization and participation (…)

2. Watercourse States shall participate in the use, development, and protection of an international watercourse in an equitable and reasonable manner. Such participation includes both the right to utilize the watercourse and the duty to cooperate in its protection and development, as provided in the present Convention.

Article 6

Factors relevant to equitable and reasonable utilization

1. Utilization of a watercourse in an equitable and reasonable manner within the meaning of Article 5 requires taking into account all relevant factors and circumstances, including:

a) Geographic, hydrographic, hydrological, climatic, ecological, and other factors of a natural character; (…)

d) The effects of the use or uses of the watercourse in one watercourse State on other watercourse States; (…)

Article 7

Obligation not to cause significant harm

1. Watercourse States shall, in utilizing an international watercourse in their territories, take all appropriate measures to prevent the causing of significant harm to other watercourse States. (…)"

More recently, and specifically on transboundary aquifers and no longer only on international waters, the United Nations General Assembly, at its sixty-third session, adopted Resolution No. 63/124, of December 11, 2008, entitled 'The Law of Transboundary Aquifers,' which sets forth various principles already established in the aforementioned Convention, granting them application to this other type of aquifer. For the purposes of the case under study, the provision of Article 6 of the resolution is particularly illustrative, a norm that reiterates a formula similar to that already established in Article 7 of the Convention, providing that:

"Article 6 Obligation not to cause significant harm

1. Aquifer States shall, in utilizing a transboundary aquifer or aquifer system in their territory, take all appropriate measures to prevent the causing of significant harm to other aquifer States or to other States in whose territory a discharge zone is situated."

Thus, it is clear that through these international instruments –in principle applicable in the Costa Rican domestic sphere by virtue of Article 48 of the Constitution and the dimension recognized in the so-called Law of the Constitution– an obligation is established for States to avoid significant harm that could adversely affect or negatively impact the water resources of another State with which it shares border regions or aquifers that flow from one State into another. In the case under study, this is the situation of the San Juan River –a border river between Nicaragua and Costa Rica– and the so-called lower aquifer identified in the Crucitas mining project zone –which flows in a northwest-southeast direction from Nicaragua toward Costa Rica–, so the provisions of the referenced normative instruments must be taken into account when assessing the technical evidence submitted to the file, to determine whether the country has observed these provisions or if it could eventually be subject to some charge for alleged non-compliance with its international obligations.

XIV.- Environmental protection and its relationship with sustainable development. Rational use of resources. A balance between the country's development and the right to the environment. Starting from Article 69 of the Constitution, insofar as it provides for the "rational use of natural resources," the Chamber has identified the constitutional parameters for their adequate use. By virtue of these parameters, environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent use of its elements and their natural, sociocultural, technological, and political relationships –sustainable development– in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations are entitled. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains are obtained –freedom of enterprise– but also a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm. Thus, the Chamber has considered that:

"[B]oth the right to health and to an environment free from contamination, without which the former could not be made effective, are fundamental rights, so it is the State's obligation to provide for their protection, whether through general policies to achieve that end or through specific acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State enacts to expand the possibilities for everyone to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between this and natural systems. Sustainable development is the transformation process in the use of resources, the orientation of investments, the channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and the future" (judgment number 1763-94, of four forty-five p.m. on April 13, 1994).

The Chamber has indicated that the environment must be understood as a potential for development to be used adequately, requiring an integrated approach to its natural, sociocultural, technological, and political relationships, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and the heritage of coming generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems arise when the methods of exploiting natural resources lead to a degradation of ecosystems exceeding their capacity for regeneration, resulting in broad sectors of the population being harmed and generating a high environmental and social cost that leads to a deterioration of the quality of life, since precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life. Other no less important parameters are health, food, work, housing, education, but more important than that is understanding that while the human being has the right to use the environment for their own development, they also have the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is simply the translation to this matter of the principle of "injury," already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others, and on the other, the rational exercise and the useful enjoyment of the right itself.

Our country has depended and will continue to depend, like any other national entity, on its natural resources and environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep the productive apparatus that sustains the national economy operating, whose main source is agriculture and, in recent years, technology and tourism, especially in its ecotourism dimension. Soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and the landscape make up the environmental framework without which basic demands—such as living space, food, energy, housing, health, and recreation—would be impossible. Likewise, the economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources. On the other hand, the goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of human beings and with the maintenance of essential ecological processes, that is, environmental quality and the survival of other species. Speaking of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving quality of life is speaking of the demand for natural resources at the individual level and of the direct or support means necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumer, production, and export products. The declaration made at the Earth Summit in 1992 proclaimed and recognized the integral and independent nature of the planet; this means the acceptance of certain principles that inform the transition from current development styles to sustainability. The signatory States, among which Costa Rica figures, committed themselves, within the preservation of sustainable development, to the protection above all of human beings, based on the principle that every person has the right to a healthy and productive life in harmony with nature; the right of present and future generations was included so that development is carried out in such a way that satisfies their environmental and progress needs; the sovereign power of States to exploit their resources was maintained, emphasizing their responsibility to ensure that activities carried out within their jurisdiction and control do not cause environmental damage to other States or areas beyond the limits of their national jurisdiction. They established the duty of States to cooperate in the conservation, protection, and restoration of the environment and their common responsibilities in that regard. In this way, international cooperation for the promotion and support of economic growth and sustainable development will make it possible to better address the problems of environmental degradation. Likewise, a special duty was imposed on developed countries based on their responsibility in the pursuit of sustainable development, given the evident pressure that the technologies they develop and the financial resources they possess exert on the global environment—see, in a similar sense, judgment of this Chamber number 2004-9927, at eleven hours one minute on September third, two thousand four.

XV.—On the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento). As has been explained in Considerando X of this judgment, the competencies of SENARA transcend matters concerning irrigation districts, such that they turn out to have a national vocation derived from its very institutional background. Likewise, Article 3 of the Law Creating SENARA, Law number 6877, provides, as relevant, that:

"ARTICLE 3.—The functions of SENARA are: (…)

ch) To investigate, protect, and promote the use of the country's water resources, both surface and underground. (…)

h) To monitor compliance with legal provisions in matters of its concern. The decisions that the Service makes for that reason, regarding the drilling of wells, and the exploitation, maintenance, and protection of waters—carried out by public institutions and private individuals—shall be final and mandatory. However, such decisions may be appealed within ten days on grounds of illegality, before the Superior Administrative Litigation Tribunal. The Tribunal shall resolve within a period of no more than ninety days." (emphasis added)

Thus, by express provision of its creating law, SENARA has the competence to protect the country's water resources, for which reason its decisions regarding exploitation, maintenance, and protection shall be final and mandatory. For its part, Article 157 of the Water Law (Ley de Aguas)—still in force—states that:

"Article 157.—It is the duty of Municipalities to consult the Department of Agriculture, and to obtain from it the corresponding permit, before alienating, mortgaging, leasing, or sharecropping, or exploiting on their own account, any land they possess or acquire when on such lands there exist usable public-domain waters. The Department of Agriculture shall decide whether such lands are among those mentioned and whether the purpose intended to be given to them could affect the conservation of the waters used by the populations. The same obligation shall apply to Education Boards, Social Protection Boards, and, in general, any public body." (highlighting is not from the original)

This normative provision must be interpreted and applied in accordance with the provisions of Article 21 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils—from which it is defined that the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería) (or Department of Agriculture in the language used by the Water Law) maintains a secondary or residual competence in this matter—a rule that clearly establishes that:

"ARTICLE 21.—In matters of water, the Ministry of Agriculture and Livestock must coordinate, with the National Service for Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Riego y Avenamiento) and any other competent institution, the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country's hydrographic basins, as well as in practices for the improvement, conservation, and protection of soils in hydrographic basins, according to the competencies of the mentioned Service…"

In this way, the integration of the recently cited rules indicates that for the use of public-domain waters, every public entity—without distinction—must obtain the corresponding permit from SENARA, to the point that the decisions that SENADA adopts in a reasoned manner regarding this shall be final and mandatory. This definition is far from being a rhetorical statement by the Chamber; on the contrary, it derives from the responsible integration of the broad normative framework that regulates the matter, which, as stated, requires the progressive advancement and recognition proper to the field of human rights, given that the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber warns that this precision places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of national water resources, which is important considering the eminently technical nature of this administrative dependency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved—Ministry of Agriculture and Livestock, Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), Municipalities, among others. In this regard, attempting to execute projects for the extraction and exploitation of water resources without the due authorization and involvement of SENARA turns out to be violative of the normative provisions for environmental protection, since the necessary technical inputs that determine the availability and possibility of using public-domain waters would be lacking.

XVI.—On the importance of environmental viability (viabilidad ambiental), environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), and the procedure that must be observed. The recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the application of the aforementioned precautionary principle, and the consequent normative development in matters of environmental protection impose compliance with different requirements and procedures that allow the administration to know the real impact that the execution of activities and works—public or private—may have on the environment, so that once the corresponding certainty is acquired, it may authorize or disapprove their realization. It is thus that the domestic system creates the National Environmental Technical Secretariat—SETENA—, an administrative dependency to which corresponds the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) for projects, once the established procedure has been complied with—see Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente)—, through reasoned resolutions where the situation presented is analyzed in detail. The conducting of environmental assessments has been recognized by this Chamber equally as a guiding principle in environmental matters, from which it follows that its observance and application is unrestricted to ensure due environmental protection. Thus, through judgment number 2003-6322, at fourteen hours fourteen minutes on July third, two thousand three, the Chamber defined that:

"5.—on the conducting of the environmental impact study prior to the start of works: It is based on the principle that environmental standards must have a technical basis, since their application must proceed from limits that determine the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subject. This is so because, since environmental damages and contamination are assessable, such as the presence of toxic substances or external elements that cause negative characteristics in the environment, both for biological diversity—including flora and fauna—, and—and above all—for human life, which is reflected in the health or well-being of man—soil, habitat, air, water, etc.—, the impact of these elements requires evaluation and scientific treatment. Therefore, this principle (of the prior conducting of the environmental impact study) constitutes a corollary of the preceding principle, and its conducting being of special importance for all

"[...] human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material residues shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this Law. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects." (Article 17 of the Organic Environmental Law, number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five).

It is thus that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the main measures established by the legislator in this regard are Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental), which find their basis in the provisions of the cited Article 17 of the Organic Environmental Law. To this effect, it is important to highlight that by virtue of constitutional mandate—Article 50—, and in the Law—Article 17 of the Organic Environmental Law—, it is established as a general principle that any human activity involving modification of the environment shall require the environmental impact study, from which it follows that it is the condition of the project or work that shall determine in each case whether or not the referred technical study is required, and not the establishment of arbitrary conditions, whether administrative or regulatory (as indicated by this Tribunal, in judgment number 1220-2002, at fourteen hours forty-eight minutes on February sixth, two thousand two)."

Constitutional jurisprudence requires a prior assessment of the risk that a given economic activity may produce, which must be carried out with the technical instrument that corresponds according to the case. In this regard, the Chamber has considered:

"d-The environmental impact study as a protection instrument. The rules aimed at protecting the environment must have a technical basis, since their application must proceed from the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subject. This is so because, since environmental damages and contamination are assessable, the impact of these elements requires a scientific analysis and treatment. Therefore, the need for an impact assessment on the environment which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), consists of a scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making. In accordance with the cited Regulation, which is Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC published on June 28, 2004, and which reformed Executive Decree No. 25705-MINAE, the environmental impact assessment encompasses three phases: a) an initial environmental assessment (evaluación ambiental inicial), which consists of a procedure for analyzing the environmental characteristics of the activity, work, or project, with respect to its location to determine the relevance of the impact; from this prior analysis, a potential environmental viability (viabilidad ambiental potencial) (which is temporary) may even be granted, or it may be conditioned on the presentation of other instruments for assessing said impact; b) the preparation of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) or other assessment instruments as appropriate. The environmental impact study is a document of a technical nature of an interdisciplinary character, which constitutes an instrument for environmental analysis, which must be presented by the developer of an activity, work, or project, prior to its realization and which is intended to predict, identify, assess, and correct the environmental impacts that certain actions may cause on the environment and to define the environmental viability (licencia) of the project, work, or activity subject to the study; and c) the control and monitoring of the activity, work, or project through the established environmental commitments. Environmental viability (viabilidad ambiental), for its part, represents the condition of acceptable harmonization or equilibrium, from the point of view of environmental burden, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographical space where it is desired to be implemented. From the administrative and legal point of view, environmental viability corresponds to the act in which the environmental impact assessment process is approved, whether in its Initial Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Inicial) phase, or in the phase of approval of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) or the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), depending on the activity at issue and that merits it. In accordance with Article 17 of the Organic Environmental Law, number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five, the activities that require an environmental impact study approved by SETENA are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material residues. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. It is thus that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the main measures established by the legislator in this regard are various technical instruments among which the Environmental Impact Study stands out, according to the provisions of the cited article, it being the condition of the project or work that shall determine in each case its necessity… The legislator entrusted the 'National Environmental Technical Secretariat' with the assessments in charge of 'an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat… in accordance with the guides prepared by it…' (judgment No. 2004-9927)

XVII.—On the procedure of environmental assessment (evaluación ambiental) and the necessary communication, information, and dialogue with the population. The conducting of the environmental assessment in the stated terms implies compliance with the normatively established steps for the actions of the public authorities involved, especially the National Environmental Technical Secretariat. Within this procedure, the need to publicly inform the population that may be positively or negatively affected by the execution of works with environmental impact is particularly relevant, transcending the mere transmission of information to promote the establishment of a dialogue that provides inputs prior to the granting of environmental viability (viabilidad ambiental). Thus, in the aforementioned judgment 2003-6322, the Chamber established that:

"11.—citizen participation in environmental matters: Citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information relating to environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making on these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only invite citizen participation, but must promote and respect it when it occurs (Judgments number 2001-10466, supra cited). Thus, it is of great importance to make available to interested parties the information that public offices hold on the matter, such as that relating to environmental impact studies under the National Environmental Technical Secretariat, or that required for the approval of regulatory plans (planes reguladores) by the respective municipalities, for example. It was the Rio Convention that in Principle 10 elevated this participation to the rank of principle in environmental matters, by stating

'The best way to deal with environmental issues is with the participation of all interested citizens, at the appropriate level. At the national level, every person must have adequate information concerning the environment that is held by public authorities, including information on materials and activities that pose hazards in their communities, as well as the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to all. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.'

From this principle, the importance that environmental issues are given at the international level, and in general, above all, to the participation of civil society in decisions of great importance for the community, is clearly evident. Costa Rica being a signatory State, this instrument certainly obligates and conditions it, since that is the consequence of its subscription, as this Tribunal considered, in judgment number 8319-2000, at ten hours eighteen minutes on September eighth, two thousand:

'Thus, its purpose is for governmental decisions to be the consequence of a discussion that is not constrained to small official or biased interest groups, but for other opinions to be taken into consideration, with the necessary openness to create expanded debate, although without failing to comply, of course, with the requirements established by the corresponding legislation. It is not a matter of de-constitutionalizing the principle of legality of the Public Administration, although it is, of course, a more democratic form of government that expands the forums of debate on issues such as environmental protection, and that by virtue of this, are open to citizen intervention and opinion. We are, then, before an option already widely accepted in the evolution of the concept of democracy, and this amparo offers a magnificent opportunity to give it clear and effective validity, so that it does not remain mere discourse. For that very reason, the environmental issue is a topic that the Chamber has already recognized as one that grants private individuals special standing, and one recognized as a "reactional right" (see judgments 2233-93 and 3705-93 of this Chamber).

"In environmental law, the procedural requirement of standing tends to extend and broaden in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that in general terms, any person may be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or specific actions that they might exercise under the rules of conventional law, but rather their procedural action responds to what modern scholars call a diffuse interest, by which the original standing of the legitimate interested party or even the simple interested party is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that violate them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to bring action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of human rights, into a true "reactional right," which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against the violation originating from illegitimate acts or omissions.' (see judgment 3705-93)

It is for this reason that by Law 7412 of June 3, 1994, the Legislative Assembly reformed Article 50 of the Political Constitution, guaranteeing every person the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this matter, therefore, there exists standing to denounce acts that infringe that right and to claim compensation for the damage caused, through effective access to judicial and administrative proceedings. In this way, when the Political Constitution states that the Government of the Republic is popular, representative, alternant, and responsible, we must be clear that citizen participation would not be limited to the mere exercise of the right to vote, or to the aspiration to achieve a popularly elected public office, but also, in this new vision, to ensuring that people are offered a real opportunity to contribute to the making of the State's political decisions, especially when these have national importance, or could potentially affect the fundamental rights of certain sectors of the population. From Articles 1 and 50 of the Constitution, the consideration that citizens deserve in a democratic state is thus rescued, in which they may at least have access to information on the environment that public authorities hold, just as the appellants indicate. The precept commented on, then, incorporates the cited principle through access to the information available and the dissemination thereof, so that decision-making is not circumscribed to a limited group of interests. Certainly, in the matter we now analyze, our legal system already provides that private individuals may request SETENA to hold public hearings, so that the positions formulated by the communities interested in decision-making that affects the environment are taken into account, which has been incorporated in the Organic Environmental Law and its Regulation, as the appealed authority reported.'

Precisely, the Organic Environmental Law recognizes this principle in Articles 6 and 23, which textually provide, as relevant:

'Article 6. Participation of the inhabitants

The State and the municipalities shall promote the active and organized participation of the inhabitants of the Republic, in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.'

'Article 23. Publicity of information

The information contained in the environmental impact assessment file shall be public in nature and shall be available to be consulted by any person or organization.'

Likewise, in the Regulation on Procedures of the National Environmental Technical Secretariat, this principle is also incorporated, as provided in Chapter IV, which regulates matters relating to the public hearing provided for within the environmental impact study procedure (Articles 35 to 40), in which the active participation of both civil society and the municipalities is provided for—in their capacity as an entity

"[...] constituted by the group of resident neighbors of a single canton, who promote and administer their own interests through the municipal government" (Article 1 of the Municipal Code).

A similar rule exists in the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), regarding the approval by municipalities of regulatory plans (planes reguladores), by obligating them to

'1) Call a public hearing through the Official Gazette and the additional necessary dissemination indicating the location, date, and time to learn about the project and the verbal or written observations that neighbors or interested parties may see fit to formulate. The notice shall be made no less than fifteen business days in advance" (Article 17 of the Urban Planning Law).

This principle of citizen participation in environmental matters is born and justified precisely from the application of the positivization of the democratic principle—enshrined in Article 1 of the Political Constitution. It is important to highlight that this participation can be achieved individually, through associative groups of a private nature, as well as through local governments, to whom, by their competence assigned in Article 169 of the Constitution, full competence is recognized to promote it in matters that in some way may affect the community of their jurisdiction, and rather, if they do not do so, they would be failing to fulfill one of their duties that the constituent assigned to them, and which has been developed in ordinary legislation

'The municipalities shall promote the active, conscientious, and democratic participation of the people in the decisions of local government. Public institutions shall be obliged to collaborate so that these decisions are duly carried out' (Article 5 of the Municipal Code).

It is clear that the participation of citizens and municipalities is of transcendental importance in order to promote awareness of environmental problems and to assist in the decision-making of the institutions responsible for the preservation, monitoring, and protection of the environment and natural resources. This principle had already been recognized in the dissenting vote of Magistrates Piza, Solano, and Arguedas in judgment number 4423-93, supra cited, not only as a right of participation, but as a duty of the community and municipality in the decision-making and discussions on the location of a landfill in Esparza. In this same sense, in judgment number 10466-2000, at ten hours seventeen minutes on November twenty-fourth, two thousand, the Chamber indicated that in no way

"[...] can the human being—who will receive the effects of governmental decisions on environmental matters—be excluded from their participation in the decision of matters linked to this matter."

Previously, this Tribunal recognized the importance of the participation of local governments in this type of processes (environmental impact studies) under the following considerations:

"[...] it is clear to the Chamber that in the procedures for environmental impact study and declaration of environmental viability (viabilidad ambiental) of projects in which the exploitation of natural resources is intended, the participation of municipalities must be active; however, in no way can the substitution of the directing body of the same—in this case the National Environmental Technical Secretariat—by the municipalities be intended. In the specific case, that participation translates into the participation of local governments throughout the procedure, and for this reason, their actions have full standing in said procedures, but as one more party, which is why they are notified of all actions carried out within that procedure. In any case, the procedure provided for in Articles 35 to 40 of the Regulation on Procedures of the National Environmental Technical Secretariat, Executive Decree number 25705-MINAE, provides not only for the participation of civil society, but above all, of the municipalities, with which it shall coordinate the holding of the public hearing (Article 36), but as a collaborator of this entity with the National Environmental Technical Secretariat, without in any way being able to claim decision-making power.

Moreover, municipal powers regarding environmental preservation and protection cannot be limited to organizing the public hearing—which by law is the responsibility of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental)—but go much further, including raising residents' awareness of citizen participation, filing complaints—with technical evidence—before administrative entities and courts of law, proper management of garbage and industrial waste, control and oversight to ensure environmental laws are complied with, and promotion of appropriate legal remedies, such as seeking suspension of administrative acts deemed harmful to the environment, not through constitutional means but in the contentious-administrative and civil tax jurisdiction, among other tasks” (judgment number 2001-5737, at fourteen hours forty-one minutes on June 27, 2001).

In this regard, it is essential that the hearing be held in a place where neighbors can attend, and preferably at the site of the events, since otherwise the hearing ordered by the Administration would fail to achieve its purpose, and obviously the lack of resources cannot become an obstacle to including in the case file all the evidentiary elements the Administration requires to make a decision on matters of such fundamental importance, as it necessarily has implications for the environment and the community. Likewise, the importance of municipal participation in preparing environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) has been recognized in the Organic Environmental Law itself, in the second paragraph of Article 22, which provides:

“Within five business days following receipt of an environmental impact assessment, the National Environmental Technical Secretariat shall send an extract of it to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. It shall also give broad dissemination, through mass media, to the list of studies submitted for its consideration.”

This highlights that community participation in environmental decision-making is part of the procedure to which the State must adhere and is at the same time an integral part of every person’s fundamental right, under the terms set forth in Article 50 of the Political Constitution. For this reason, constitutional jurisprudence has repeatedly held that the right to a hearing is part of substantive due process and is a form of expression of participatory democracy (in this regard, see, among others, the dissenting vote of Judges Piza, Solano, and Arguedas in judgment number 4423-93, at twelve hours on September 7, 1993; 2331-96, at fourteen hours thirty-three minutes on May 14, 1996; 3521-95, at seventeen hours three minutes on July 10, 1996; 6640-00, at nine hours sixteen minutes on July 28, 2000; and 10466-2000, at ten hours sixteen minutes on November 24, 2000). On the topic of environmental information, it has been stated:

“In environmental matters we must transfer this concept of the right to information to a new perspective that every individual or collective has to request information and to be informed by any state entity—information that cannot be obstructed by state institutions regarding any project that may affect the enjoyment of their right to a healthy and ecologically balanced environment. This, then, is the guarantee that will allow any individual or collective to participate, making use of diffuse interests in accessing participation, within decision-making processes that affect that right, since otherwise it would be illusory and the constitutional norm would be rendered superfluous [...]” (judgment number 2331-96, cited above).

In this special matter, every person must have adequate information about materials and activities or projects that may pose a danger or threat to communities (right to health) and to the conservation and preservation of the environment (right to a healthy and ecologically balanced environment), as well as an effective opportunity to participate in the processes of adopting such decisions; since in the case of the right to the environment, standing belongs to the human being as such, because injury to this fundamental right is suffered by both the community—as a whole—and the individual in particular. Therefore, the Administration must facilitate and foster public sensitivity and participation by making information available to all, not only to community members but also to the general public, insofar as the existence of a genuine diffuse interest has been recognized in environmental matters (as previously noted in this judgment).”

The proper observance of this mandate to adequately inform the population has been specified and effectively applied in the jurisprudence of the Chamber, when in judgment number 2004-13414, at nine hours twenty-nine minutes on November 26, 2004, it established that:

“This Court has previously addressed the consultation of communities as part of the administrative procedure for obtaining the environmental impact assessment, which is a prerequisite for starting mining operations, in the following sense:

“IV.— ‘...Before analyzing the parties’ arguments, it should be noted that the Environmental Assessment of Projects process aims to identify, predict, interpret, and proactively communicate to interested parties the effect of a project on the environment. It is an administrative procedure for project control that, supported by a technical study on the environmental impacts of a given activity, called an Environmental Impact Study (technical document that the project promoter or proponent must submit) and a public participation process, allows the competent environmental authority to issue a declaration of environmental impact, rejecting, approving, or modifying the project. Article 17 of the Organic Environmental Law imposes the obligation for the National Environmental Technical Secretariat to assess the environmental impact of human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, before such activities begin. The Environmental Assessment involves a series of phases in which the project developer, the competent oversight body (SETENA in the case of Costa Rica), and civil society participate. It begins with the submission of the Preliminary Environmental Assessment Form, a document that must be evaluated by the Preliminary Assessment Group of the National Environmental Technical Secretariat. Subsequently, the required environmental assessment instrument for the activity is determined, and the developer submits the document to be examined to determine whether additional information is required. The project developer must provide a guarantee and appoint an Environmental Regent, in addition to issuing a declaration of environmental commitments. It is only after all these stages are completed that the project obtains the declaration of environmental viability from SETENA, so once the entire process has been carried out, the requirement of Article 17 of the Organic Environmental Law may be considered satisfied. (judgment number 2003-04818 at ten hours fifty-one minutes on May 30, 2003).—

Thus, in this case, the appellant is correct in alleging that consultation of the communities that could be affected by the granting of the contested exploitation concession has not occurred. It is clear that the hearing whose absence is alleged must in any case take place prior to the approval of the environmental impact assessment by the Ministry of Environment and Energy. For this purpose, the administration must inform, in a broad, complete, and truthful manner, the communities that will be affected by mining exploration and exploitation in their activity area.’

This need to provide adequate participation to the population that may in some way be affected by the execution of such projects has a special basis regarding use of water resources, in the sense that, based on the recognition of the right to water as a fundamental right, the Chamber has recognized that any measure that, for economic or other interests, prevents a specific community from accessing water to meet its needs must be declared constitutionally invalid—see judgment number 2001-5217, at ten hours thirteen minutes on June 15, 2001—so that any action or provision that prevents a community from having access to potable water when conditions for it are met must be declared violative of constitutionally recognized rights.

XVIII.— Ultimately, it is clear that the right to a healthy and ecologically balanced environment grants special protection to biodiversity and groundwater, which is why, in applying the precautionary principle in environmental matters, economic activities with environmental impact must be authorized only when there is scientific certainty that such impact does not pose a risk or threat to the environment. It is for this reason that the administration must always carry out the necessary environmental assessment, which must be publicly shared with the affected population, so that after a rigorous and detailed analysis, the administration may issue, with proper reasoning, the corresponding environmental viability. Disregard and failure to observe these aspects defined normatively and jurisprudentially results in the violation of the aforementioned right to a healthy environment, so administrative actions thus ordered are equally violative of this fundamental right.

XIX.— The specific case. Brief description of the Crucitas mining project. The Crucitas mining project complex is divided into three parts: an extraction area or pit, a tailings area, and an industrial-administrative area. In the extraction area lies the gold deposit, which is divided between Cerro Botija, of 20 hectares, and Cerro Fortuna, of 30 hectares. The administrative area covers 33.8 hectares, where the processing plant is located, along with a tailings or processed material disposal area of 143.8 hectares. The description of the gold extraction process indicates that the ore extracted from the mine will be transported in articulated trucks to the crusher. From the crusher, the ore is conveyed by conveyor belts to the grinding stage, where it will be crushed and classified by size. In this area, the ore is ground and mixed with water and lime, then continues to the gold leaching or dissolution circuit in five steel tanks, where the material containing the ore is placed with a solution of cyanide and hydrated lime under strict safety standards; this pulp will be mechanically agitated and will flow from one tank to another by gravity. The pulp reaches seven tanks with coconut-shell activated carbon capable of absorbing gold. The gold-laden carbon is removed from the circuit and pumped to another processing area. All plant areas are contained within a type of aquifer container similar to a large pool, which is a secondary containment system with concrete floors that would halt any accidental spill. For cyanide destruction and water recirculation, the following process is arranged: the residual cyanide pulp will be sent to a cyanide destruction plant called Cyplus Combinox, whose technology guarantees that the processed materials sent to the tailings area are free of cyanide or reduced to legal minimum levels. After the solids settle, the water from the tailings area will be pumped back to the processing plant to begin a new production cycle.

XX.— On the Crucitas mining project and its comparison with other mining projects previously developed in the country. During the substantiation of the amparo action now under consideration, and specifically during the hearing held on November 12, 2009, the petitioner parties have expressed their concern regarding the mining experience developed in the country in previous years, which, in their view, have been negative, harmful, and counterproductive in environmental matters, a situation that raises the question of what guarantees currently exist or are offered to prevent the circumstances that occurred from recurring in this other mining operation; the petitioners’ argument boils down to the fact that if there were alleged previous disasters, nothing exempts a new project from facing the same circumstances. On this point, the Chamber observes that the so-called “Special Report on Open-Pit Chemical Mining: The Case of Las Crucitas,” approved by the University Council of the University of Costa Rica in May 2009, lists those mining projects and their negative impacts. Thus, regarding the so-called Macacona mine, it states that it was the first open-pit mine to operate in the country around the 1980s, and that nine years after starting operations, it abruptly abandoned the country, without leaving adequate compensation for the damages caused. In this case, the Chamber notes that this situation occurred at a historical moment when the country lacked the environmental regulation—normative and institutional—now in place, a situation that in itself determines the impossibility of comparing mining projects carried out thirty years apart.

XXI.— Similarly, the report also mentions the so-called Beta Vargas mine, in Chomes de Puntarenas, which the same document states operated illegally during 1997 and 1998, and after operating for little more than a year also ceased activities, and the project now lies abandoned. Thus, this mine is likewise not comparable to the current Crucitas mining project, given that while the former was implemented outside all regulatory activity, the project now under consideration seeks to be developed within a normative and institutional framework that allows it to demonstrate proper compliance with established environmental requirements.

XXII.— On the other hand, this study mentions the so-called Bellavista mine, cited by the petitioner parties as the most recent and evident experience of the negative impacts of open-pit mining. However, the argument of comparing this mine with the current Crucitas mining project is also not acceptable, because as the same document indicates, the Bellavista mine was from the outset under a Free Trade Zone regime, which exempted it from paying national and local taxes, a situation that does not occur with the project of the respondent company, since, as will be seen in the corresponding section, part of the economic benefits of this new mining activity is precisely the payment of the corresponding tax obligations. Moreover, the document refers to alleged negative impacts—“heavy metals and cyanide waters that could be contaminating,” “possible clogging”—which as such are not yet fully established, and together with the technical differences between the two projects—the leaching and cyanide destruction processes are different, the disposal of sterile material is different (see the comparative description appearing on folio 4541)—mean that neither in this case can one situation be equated with the other. The Chamber does not ignore that negative consequences for the environment may indeed result from the execution of economic activities without proper regulation and control, but it also recognizes that discarding a specific activity based on comparison with other activities that are certainly not points of reference is unfeasible. Thus, what is required is precisely to determine whether in the specific case of the mining project now under consideration, the requirements that the Law of the Constitution defines for adequate environmental protection have been met.

XXIII.— Legal and material background of the Crucitas mining project. The respondent company began its exploration stage in the Las Crucitas area in 1993, the year in which the exploration concession was granted. In 1999, it submitted the economic feasibility study, and by resolution of the National Environmental Technical Secretariat, numbers 3638-2005-SETENA at nine hours twenty-five minutes on December 12, 2005, the Environmental Impact Study was approved and Environmental Viability was granted to the Crucitas Mining Project; on December 6, 2007, the company submitted to SETENA a proposed modification of the mining project, at the same time providing the Sworn Declaration of Environmental Commitments and the updated Environmental Management Plan for each stage of the project. Thus, by resolution number 170-2008-SETENA, at twelve hours fifty minutes on February 4, 2008, the Modification of the Crucitas Mining Project was approved. Subsequently, on April 21, 2008, the Ministry of Environment and Energy, by resolution number 217, at fifteen hours on April 21, 2008, granted Industrias Infinito S.A. the mining exploitation concession—further details on this concession, processed under case file number 2594 of the Directorate of Geology and Mines, will be seen later. Given that the Las Crucitas mining project is intended to be developed on land whose nature is forest, a prior declaration of national convenience by the Executive Branch authorizing the land-use change of the land was necessary, so on May 21, 2008, the respondent company requested from the National System of Conservation Areas the permit for land-use change, a request processed under case file AH-O1-PM-003 2008, within which the corresponding requirements were requested, particularly the declaration of national convenience by the Executive Branch. The national convenience decree is an exception procedure provided for in the Forestry Law and adopted by the Executive Branch with full certainty of the impacts and the validity of the proposed compensatory measures. In the specific case, by Executive Decree number 34801-MINAET, at thirteen hours on October 13, 2008, issued by the President of the Republic of Costa Rica and the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, the Crucitas Mining Project developed by the company Industrias Infinito S.A. was declared of public interest and national convenience. In accordance with Article 2 of said Decree, the developing company, upon prior authorization from the corresponding office of the National System of Conservation Areas, may proceed with tree felling—including species that are protected—and the development of infrastructure works in protection areas, as indicated in the project. However, Article 3 states that the developing company must comply with each of the compensatory measures set forth in Considering IX. Additionally, for the monitoring and control of the foregoing, it must submit a report to the corresponding office of the National System of Conservation Areas, which in turn shall certify compliance. The foregoing is normatively founded on Articles 11, 140(3) and (18), and 146 of the Political Constitution, numeral 27 of the General Public Administration Law, Articles 3(m), 19(b), 33, and 34 of the Forestry Law, and Article 2 of Executive Decree 25721-MINAE, of October 17, 1996. Likewise, the Decree bases its declaration on the fact that the respondent company, according to the National Mining Registry of the Directorate of Geology and Mines, has been granted the mining exploitation concession by the Ministry of Environment and Energy through the aforementioned resolution number 217; the granting by SETENA of environmental viability to the Crucitas Mining Project, through resolution number 3638-2005-SETENA, at nine hours twenty-five minutes on December 12, 2005; to which SETENA subsequently approved modifications to the Project through resolution number 170-2008-SETENA, at twelve hours fifty minutes on February 4, 2008; and taking into account that the Crucitas mining project will bring various economic benefits to the community of San Carlos and the central government.

XXIV.— On the completion of the Environmental Impact Assessment for the Crucitas mining project. On January 24, 2000, SETENA received from the Directorate of Geology and Mines mining case file number 2594, with the indication to carry out the respective environmental impact assessment. In response, SETENA, through resolution number 486-2000-SETENA, of June 13 of the same year, informed the Directorate of Geology and Mines that to address this request, it required the submission of an Environmental Impact Study, which shows that the process of preparing said study began at that time. Thus, through resolution number 119-2005-SETENA, of January 17, 2005, SETENA required the respondent company to submit an annex to the Environmental Impact Study under consideration, which was fulfilled on April 26, 2005, and consequently, the company was required to comply with another series of requirements such as posting the environmental guarantee, appointing an Environmental Regent, and submitting the Sworn Declaration of Environmental Commitments, among others, compliance with which the company reported to SETENA on September 30, 2005. Thus, through resolution number 3638-2005-SETENA, of December 12, 2005, the Environmental Impact Study and the Annex submitted by the respondent company were approved, while at the same time an environmental guarantee of six hundred thousand U.S. dollars was set, to be updated year by year, taking into account the number of hectares to be intervened in each period—for example, this initial amount of six hundred thousand U.S. dollars was set on that date with validity until June 18, 2008. Thus, it is clear that there is indeed an Environmental Impact Study approved by the competent administrative authority, and in which an annually renewable environmental guarantee was set in accordance with the area impacted each year. Therefore, given the existence of this study, what must be determined is the scope of its coverage according to the violations alleged by the petitioners.

XXV.— Chronological detail of the completion and approval of the Environmental Impact Study for the Crucitas mining project. Pursuant to Articles 3, 24(h), 101, and 102 of the Mining Code, as well as the first Annex of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, every exploration permit or mining exploitation concession requires the prior preparation of an environmental impact assessment. As stated in the case file—see folio 1318 of volume IV of administrative file No. AH01-PM-03-08—as indicated in the preceding considerando, on January 24, 2000, the General Directorate of Geology and Mines sent SETENA a request to review what the environmental impact assessment required for the Crucitas Mining Project should contain. In response to this action, SETENA issued resolution No. 486-2000-SETENA of June 13, 2000, indicating that the submission of the same had to conform to the terms of reference set forth therein, which was also notified to the developing company on June 21, 2000. Said study was submitted by the respondent company to SETENA on March 12, 2002—see the first folio of the Environmental Impact Study. Based on the date the Study was conducted, it was prepared in accordance with resolution No. 486-2000-SETENA of June 13, 2000, and the Manual of Technical Instruments for Environmental Impact Assessment of 1997, which was later repealed by Article 12 of executive decree No. 32712 of July 19, 2005. The guidelines established for the Environmental Impact Study at that time, under Article 8.3, were:

“i. Identification of impacts and risks: preparation of a preliminary diagnosis of the environmental conditions of the chosen area and initial identification of potential environmental impacts and risks and their causal relationship with the activities of the project, work, or activity to be carried out. The first identification of possible costs and benefits is made.

ii. Selection of study priorities: given the characteristics of the project, work, or activity (size, location, processes, etc.) and the environmental conditions of the area, the fundamental aspects that must be studied in greater detail are determined.

iii. Description of the initial state of the site or diagnosis: a more detailed diagnosis (biophysical, social, and economic) of the area of influence of the project, work, or activity is carried out.

iv. Selection of variables: The variables (biological, chemical, physical, social, and economic) that will serve to systematize the information about the project, work, or activity to be carried out and its potential environmental impacts are chosen. Additionally, the estimation of environmental costs and benefits that will be used to perform the economic evaluation of the project, work, or activity is carried out.

v. Prediction of potential impacts: the intensity of environmental impacts and risks is determined through the prediction of future values of the reference variables.

vi. Typification of environmental impacts and risks: the characteristics of potential impacts are defined according to, among other characteristics, the duration of the impact, periodicity, extent, proximity to the source, reversibility, and probability of occurrence.

vii. Preparation of an Environmental Management Plan or System: alternatives are determined that allow changing negative impacts into others of lesser magnitude or more favorable ones. The necessary investments for the implementation of preventive, mitigating, or compensatory measures for environmental impacts and risks, and the economic and social benefits they generate, are calculated. This includes an Environmental Regency sub-plan that develops the group of actions for incorporating preventive, mitigating, or compensatory measures into the implementation and operation process of the project, work, or activity, assigning the corresponding responsibilities for execution and evaluation of the plan.”

A format created by SETENA called OCE—Conceptual Guide for the Preparation of Environmental Impact Studies—was used, and according to Article 10.2, impacts had to be assessed using the Environmental Impact Importance Matrix. The study submitted at that time included an executive summary, an introduction related basically to the scope of the physical-biotic study, socioeconomic study and archaeological assessment, objectives, methodology, duration, and instrumentation.

Likewise, a chapter of general information—on the legal entity, the professional team that prepared it, and the terms of reference for the environmental impact assessment (EsIA) conducted—; a project description chapter covering geographic location, political-administrative location, project summary, applicable legislation, estimated project area and area of influence, development phases, activities to be carried out in each phase, execution timeline, activity flowchart—processes—including transportation, size reduction and gravimetric concentration, leaching and adsorption in a CIP circuit, gold desorption from carbon, acid washing and carbon recovery, electrowinning and smelting, cyanide destruction, tailings management, and water recycling; infrastructure to be developed, equipment to be used in each phase, resource needs during operation, waste disposal in each phase, environmental, health, and safety management system—Environmental Protection Plan, Emergency Response Plan, Occupational Health and Safety Plan, Community Impacts and Benefits Plan, Water Management Plan, Tailings Management Plan, Closure and Recovery Plan—; contingencies—accidents, malfunctions, and unplanned events such as tailings dam rupture, pipeline rupture, fires, hazardous material spills, public accidents, occupational accidents, discovery of archaeological resources—; consistency with the land-use plan, financial analysis and preliminary economic adjustment—Financial Study—; description of the physical environment—regional geological formations, local geological units, structural analysis and evaluation, geotechnical characterization, geological map of the project area and the indirect area of influence, evaluation of potential acid drainage in saprolite, geomorphology, soil characterization, climate, hydrography, air quality (noise), natural hazards (seismic: sources, history, recurrence periods, seismicity model, maximum probable duration of seismic shaking, maximum acceleration; mass movements, erosion, floods, susceptibility map)—; description of the biological environment—flora, vegetation units, pastures with scattered trees, scrubland, secondary growth, intervened forest, forest plantation, threatened, endemic, or endangered species, indicator species, fauna, fragile ecosystems; description of the socioeconomic environment—land use, population characteristics, employment, land tenure, road safety, available basic and emergency services, local perception of the project, community infrastructure, historic and cultural sites, archaeological sites, landscape; environmental diagnosis (physical, biotic, and socioeconomic environment), impact assessment (methodological aspects, project activities and contingencies), identification of valued environmental components (VECs), interaction matrix, criteria for impact valuation (quantitative and qualitative), Environmental Impacts in the Project Development Phases on the Physical and Biotic Environment (on air, water, soil, aquatic and terrestrial ecosystems, on species under special conservation status); Environmental Impacts in the project development phases on the socioeconomic environment (land use, community infrastructure, community services, quality of life, employment, local economy); Environmental impacts from contingencies on the physical and biotic environment and on the socioeconomic environment, Mitigation and/or Compensation Measures, Environmental Management Plan (includes costs), Professional team that prepared the EsIA, References, and Appendices.

XXVI.- By resolution No. 272-2003-SETENA of March 11, 2003, SETENA notified the appellant company that in ordinary session No. 008-2003 of February 25, 2003, it was agreed in Article 38 not to grant environmental viability (viabilidad ambiental) to the project, given that the Environmental Impact Study did not meet its objectives, and the case file was ordered archived. On March 14, 2003, the appellant company filed a Motion to Nullify, a motion for reconsideration, and subsidiarily an appeal, against resolution No. 272-2003-SETENA, and by resolution No. 811-2003-SETENA of 2:20 p.m. on July 7, 2003, the Plenary Commission of the Secretariat proceeded to reject the motion for reconsideration and the motion to nullify. Subsequently, in resolution No. R-569-2003-MINAE of 9:30 a.m. on October 20, 2003, the Minister granted the motion to nullify and the subsidiary appeal filed by Industrias Infinito S.A., ordering the National Environmental Technical Secretariat to revert the administrative file to the point when the Environmental Impact Study was submitted to SETENA.

XXVII.- Thus, on February 19, 2004, the list of Environmental Impact Studies under review at that Secretariat was published in the Al Día newspaper, including on that list the Crucitas Mining Project, Case File 129-2000-SETENA, granting a ten-day period for any interested party to submit their technical observations in writing, and said study was made available at the Conservation Area and the respective Municipality. On April 29 and 30, 2004, the members of the Plenary Commission conducted a site visit to the Project in question, and on June 16 of the same year, an opposition was timely received from Mr. Elí Roque Salas Herrera and Mrs. Blanca Lidia Vargas Monzón. By resolution No. 831-2004-SETENA of 10:55 a.m. on June 2, 2004, the Plenary Commission of that Secretariat, in Ordinary Session No. 018-2004 held on May 24, 2004, agreed in Article 68 to conduct the Public Hearing (Audiencia Pública) process for the Crucitas Mining Project, which was scheduled for July 31 of that same year at the COOPEVEGA Community Hall. On June 24, 2004, SETENA received a note from Mrs. Sara Obando Cantón and Mr. Elí Roque Salas requesting that the date of said hearing be moved, considering that the Mining Opposition Front had little time to read and review the environmental impact study; this request was denied by official letter SG-2271-2004-SETENA of July 1, 2004, clarifying that the hearing date could not be moved since planning work and a series of outreach activities had been carried out, making such a change difficult. It was further indicated that said case file corresponded to the one submitted approximately two years prior, meaning the study was already public knowledge. On July 5, 2004, the resolution calling the Public Hearing was published in the official newspaper La Gaceta, and on July 9 of the same year it was published in the newspapers El Norte, Al Día, Diario Extra, and La República. Furthermore, radio and television broadcasts were made in the Northern Zone with the purpose of broadening citizen participation. As part of the information and outreach process by the developing company, on July 19, 2004, a presentation related to cyanide management in gold extraction, the INCO SO2 process, and the use and transport of cyanide was held at the Universidad Latina. Finally, on July 31 of that year, the Public Hearing was held, as will be detailed further below.

XXVIII.- Regarding civil society participation in relation to the Environmental Impact Study for the Crucitas mining project. In accordance with what was stated in preceding considerandos, prior to the approval of an Environmental Impact Study, community participation must be allowed and secured, participation that transcends the mere information of the activity and the study's results, moving toward the generation of an effective dialogue with society, such that their inputs are received, their queries are addressed, and they are given effective and equal participation. As indicated, in the case of the Crucitas mining project, through a publication in a nationally circulated newspaper, on February 19 the public was notified that the respective Environmental Impact Study for the Crucitas mining project had been submitted to the National Environmental Technical Secretariat; on May 26, 2004, all parties appearing in case file 129-2002-SETENA were notified that the Environmental Impact Study was available to the public, and by resolution number 831-2004-SETENA of June 2, 2004, a public hearing was called to hear the Study, a call that was disseminated in various national and regional media outlets. Thus, on July 31, 2004, the public hearing was held at the Coopevega de Cutris Community Hall. This hearing lasted eleven hours and was attended by the members of the Plenary Commission of SETENA—composed of a representative from the state universities, the Instituto Costarricense de Electricidad, the Ministry of Agriculture and Livestock, and SETENA itself. It is indicated that one thousand one hundred thirty-five people participated in this event, to the point that more than a hundred people had to follow the hearing outside the hall via an audio and video system, and it is assured that at least some one hundred fifty participating persons expressed their opposition to the mining project. It is reported that the presentation of the Environmental Impact Study took place in a forty-five-minute period; the participation of the Municipality of San Carlos was provided for fifteen minutes, and thirty minutes were given to those opposing the project. Subsequently, one hundred nine questions were posed, which were answered by the appellant company. Later, the participation of approximately one hundred people was promoted for the formulation of comments—not questions—and finally, thirty more minutes were given for the company to refer to the criteria raised. On the following August 20, the developing company provided SETENA with the printed and digital transcript of the public hearing, as well as a video. Thus, it is clear that during the processing of the Environmental Impact Study for the Crucitas mining project, it was indeed properly socialized among the community, thereby having as accredited the mandate to inform and maintain a dialogue on the content and scope of the activity intended to be developed, and with that, respect for the regulations that so provide.

XXIX.- Regarding the continuation of the processing and the approval of the Environmental Impact Study for the Crucitas mining project. Thus, by resolution 119-2005-SETENA of 8:00 a.m. on January 17, 2005, the company was warned that in order to continue with the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process, it had to submit an annex within a maximum period of 6 months, containing the following elements:

“TECHNICAL AND LEGAL ANALYSIS

1. LEGAL OBSERVATIONS:

1.1 Provide updated certification of the legal status (personería jurídica) of the developer.

1.2 Provide cadastral maps duly certified by the Property Registry or a Notary Public, of the properties on which the project will be developed.

1.3 Provide property certifications, for the property where the project will be carried out. If the properties are not in the developer's name, they must provide the respective authorizations with duly authenticated signatures to carry out said project.

1.4 Analyze and interpret the legal situation of the project with respect to International Agreements ratified by Costa Rica.


2-TECHNICAL OBSERVATIONS:

2.1 GEOLOGICAL ASPECTS:

2.1.1 Annotations at the formulation level of the EsIA Crucitas Mining Project

· At the formulation level, the mitigation, prevention, emergency plans, and in general all implementation plans for the construction and operational stage are defined generically. Given the magnitude of the work and its phased execution, this Secretariat must have said plans in a concrete and detailed manner, referring to the first years of the project's construction and operation.


2.1.2 At the level of writing and content of the EsIA, the following is obtained:

· The detailed design study presented as an annex was submitted in English, therefore, it has neither been analyzed nor can it be used as information for decision-making.

· What is presented within the EsIA for the analysis of the stability of the tailings dam (presa de relaves) relates to design behavior under strategic and dynamic conditions. The effects of erosive agents such as water on its stability are not analyzed; given that the area presents high precipitation, other sources of destabilization typical of inclement weather and other associated risks must be indicated and analyzed.

· The material borrow sites for the tailings dam and their environmental evaluation are also not detailed. Therefore, this must be duly detailed in the Annex.

· Although mitigation measures for a possible tailings dam rupture are indicated on pages 153-154, such as containment or reduction of the extent of solid migration downstream, it is not specified how this point would be achieved without the development of additional dams downstream, their location, design, construction stage, borrow sites, and in general the entire efficiency-effectiveness evaluation thereof, as well as their environmental evaluation. Therefore, this must be duly explained in the Annex.

· The modifications that the own sanitary landfill will undergo with the start of the construction phase and the operation of the mine are neither located nor specified.

· Although the eventuality of rupture of the slurry pipelines heading to the tailings dam is satisfactorily established, the pipeline transporting slurry from the exploitation parcels and its possibility of rupture with analysis of contingency or emergency plans is not indicated, described, or analyzed. Therefore, this must be duly explained in the Annex.

· There are contradictory data in the generation of acid mine drainage; therefore, it is not clear if acid mine drainage will be generated and, if so, what mitigation, prevention, or compensation measures will be taken.

· The precipitation data provided within the EsIA as design data are 450 mm/month, but the data from the Crucitas station, while it was active, indicates much higher values, giving the impression that a primary factor is being undervalued when establishing the designs and safety factors of the work; therefore, the data used in the design must be clearly indicated and, if applicable, modified to include the extreme conditions detected by the Crucitas station.

· There is no definition of the final topography of the pit (tajo) or the tailings pond (patio de lamas). Therefore, this must be duly explained in the Annex.

· The seismic analysis performed and provided within the EsIA defines a return period for the peak acceleration of 50 years. The Seismic Code (2002) defines the return period for the peak acceleration as 500 years and specifies that more complicated constructions such as bridges or dams must carry out complementary or specific studies; therefore, a new seismic hazard analysis must be carried out adjusted to a parameter consistent with the type of work in question; additionally, a soil response study must be prepared to determine the predominant periods, amplification factors, (response spectra) to thereby ascertain the soil resonance to seismic events and have a seismic hazard analysis adjusted to the magnitude of the work to be carried out.

· Although included as an element of the work, the power generation plant is not environmentally evaluated, nor included within the mitigation, prevention, or emergency plans, nor in the proposed monitoring controls. This particular issue must be adequately corrected.


The following deficiencies can be noted from pre-existing reports:

· Regarding the direct and indirect areas of influence (áreas de influencia directa e indirecta), the criteria by which said areas were defined must be explained, since it falls to the consulting team to define, in accordance with the nature of the project, whether the AID is 500 m or is greater or even smaller. It must be considered that a project of these characteristics implies activities such as the transport of hazardous substances, implementation of tailings ponds, transport of products within and outside the area, among others. On the other hand, sheet 5.4 corresponding to the Areas of Influence Map must include the elements mentioned in the table on page 60, such as: Quebrada Tamagá (mine), up to the confluence with Quebrada Chamorro, the Micro-watershed of Quebrada Descubrimiento up to the confluence with Caño Crucitas, and the communities of Crucitas, Chamorro, Moravia, El Roble, Coopevega of the Cutris district, and the communities of Jocote and Llano Verde, because these elements mark the limits of the defined areas of influence.


· From page 384 to page 388, the mitigation and compensation measures are summarized in a table; however, this is not practical for carrying out the analysis and induces confusion for the analyst, so a joint analysis must be made of the environmental factors and their interrelationships, the impact produced, and the proposed mitigation measures.


2.2 BIOLOGICAL ASPECT:

The analysis of the biological environment is based on taxonomic lists from bibliographic references from 1966. The analysis lacks a consistent field study. The anticipated impacts are proposed to be mitigated through very generic proposals.

Likewise, some compensatory measures are presented, and the recovery of the affected lands is proposed through natural regeneration and/or through forest plantations. Aspects such as territories of existing species (especially endangered species such as felines, monkeys, and birds like macaws, etc.) were not contemplated, nor were non-woody species included in the presented lists, making it impossible to truly analyze the ecosystem integrally.

Due to the type of project and the different biotic communities existing in the project area, it is necessary to carry out a systemic biological study that satisfactorily responds to what was previously indicated and that guarantees, with a certain degree of certainty, the non-affectation of species, particularly those with some degree of special protection (endemic, endangered, etc.), and the effective recovery of the biotic communities that must necessarily be affected. Due to the foregoing, the existing information must be reinforced through specific field studies according to the following guidelines:

· Conduct an exhaustive inventory of the fauna and flora existing in the area to be affected by the project. (within the flora, non-woody plants must be included)

· Conduct a significant sampling of the areas surrounding the project area. For the foregoing, an Indirect Area of Influence of the project must be delimited, according to the fauna species and their habitat requirements (extent) that are found or use the Project Area (AP).

· Conduct a significant study of the population status (flora and fauna) of the species that have some degree of protection (endangered, threatened, endemic, etc.) in the AP.

· Given that the Project Area is used by some feline species, according to what was stated by Biologist Manuel Mora at the Public Hearing held, that feline species have a considerably extensive territory, that said species are under some degree of protection for being endangered species, that said species will be affected (directly or indirectly) by the project: Conduct an exhaustive study of said species in the Project Area, conduct a study reflecting, with a certain degree of certainty, how the existing feline populations in the indirect area of influence will be affected, since the felines using the AP will have to move to nearby sites and demarcate new territories, whereby other individuals of this and other species may be affected by the new competition. Conduct a study of alternative habitats according to the duration of the project and the effective recovery of the existing habitat (it must be taken into account that many species will not use the restored habitat until noise, human presence, etc., are adequate or non-existent).

· Carry out the same as stipulated in the previous point for all those species indicated in the AP that possess sufficiently large territories (monkeys, macaws, etc.) to affect existing populations in the Indirect Area of Influence, including aspects related to mitigations concerning feeding and reproductive habits.

· Propose recovery measures (in the form of a specific commitment) for the area that will be affected by metal extraction or other project activities, such that the currently existing habitat is restored or improved. At this point, the commitment and the measures to be applied must be very specific to RECOVER THE HABITAT AND NOT TO SUBSTITUTE IT WITH FOREST ECOSYSTEMS OR OTHERS.

· Similarly, conduct a study of the possibilities of aquatic organisms that could be affected directly or indirectly by the project. Include in this item the concept of "Potential Affectation"; therefore, it will not suffice to state that said watercourses will not be affected.

· Justify scientifically and in a detailed manner why this area may or may not be deforested and then effectively recovered. (Do not refer to socioeconomic or legal aspects in this item).


2.3- FORESTRY ASPECT:

1. Areas to be intervened


According to the following table, it is required to partially or totally intervene forested areas with an approximate extent of 225.27 hectares. The most heavily intervened sites will be those known as Cerro Fortuna (60 hectares), Cerro Botija (45 hectares), tailings area (113.4 hectares), and reservoir area (7.48 hectares).

Sector

Area to intervene in Hectares

Observations


Relaves

113.4

Natural and intervened forest

Embalse

7.48

Natural forest without intervention

Extracción

103.81

Including Cerros Botija and Fortuna composed of intervened forests

Estanques de Clarificación

1.03


Planta

0.00


Edificaciones

0.23


Depósito temporal de materia orgánica V suelo

0.35


TOTAL

225.27


2. Cerros Botija and Fortuna show a forest type with clear indications that they were subjected to heavy timber extraction some 15 or 20 years ago. This situation is evidenced by the low presence of commercial trees larger than 60 cm DBH and the observation of several cut tree trunks, especially of species such as caobilla, pilón, and others.

3. The Environmental Impact Study is silent regarding the exact data on the structure, volumetric data, and floristic composition of the forests that will be intervened or removed. Moreover, the study indicates that these are secondary growth forests and intervened forests, without providing scientific data allowing adequate stratification of the areas to which a temporary removal of forest cover (cobertura forestal) will be applied and those with an effective land-use change (cambio de uso del suelo). This requires an extension of the field studies involving normal stratification for un-intervened and intervened areas in the AP forests.

4. The company must be requested to conduct more in-depth studies of the forest cover of the area, with a sequence as indicated below:

a. Preparation of a zoning map of the areas to be intervened in order to clearly identify areas of pasture, wooded pastures, reforestation zones, scrublands, and forests. In the case of forests, stratification thereof must be carried out to differentiate between primary, secondary, and intervened forests.

b. In the case of wooded pastures and scrublands to be intervened, a tree-by-tree inventory must be conducted to ascertain the number of trees to be cut per species and the volume in m3 of roundwood that must be removed from this type of cover.

c. In the case of duly stratified forest areas, a preliminary sampling must first be carried out with a sampling intensity of no less than 5%. This sampling will provide clear information on the number of trees/ha, the volume/ha, the basal area of the stratum under study, the diameter distribution per species, and the floristic composition of the forest mass.

d. With the data obtained, the forestry professionals will be able to classify the types of forest to be intervened or removed, because the State Forest Administration already has parameters that allow this differentiation.

Furthermore, the floristic composition obtained will allow us to determine if there are threatened or endangered flora species in the cutting area, for which specific recommendations for their protection and reproduction must be proposed.

e. The different types of forest identified (primary, secondary, or intervened), duly located on a map at an adequate scale, that necessarily require removal, must be subjected to a total forest inventory (Tree-by-tree) starting from 30 cm DBH or the Minimum Cutting Diameter indicated by the corresponding Conservation Area of MINAE. The foregoing is because the eventual cutting authorizations or official permits are based on species, number of trees, and total volume in cubic meters of roundwood.

f. The volumetric data obtained for the floristic composition will be basic for the recovery programs that must be applied in terms of areas and species. In the various forums held regarding the project, it is said that 336 hectares will be reforested as a compensatory measure; however, this figure may be sufficient or insufficient until clear data on the volume of the affected forest mass is available.

g. The forest inventory must be carried out in such a way as to have exact data on the number of trees to be cut per species and their volume in m3, for each of the annual intervention blocks (21 hectares), the foregoing because possibly the official cutting authorizations could be annual.

5. It must be kept in mind that the removal of some forest areas by the project would represent a land-use change. However, in others, it is programmed that when the extraction of the next 21-hectare block begins, progress would be made with the technically controlled and approved recovery of the previous block.

For the foregoing reasons, the company, based on the sampling data, forest inventories, and floristic composition obtained, must provide a forest management plan that guarantees an adequate recovery of the areas to be intervened, in terms of volume and representation of the forest species present in the AP, as well as compensatory measures for those areas that involve a permanent land-use change (cambio de uso).

2.4 - SOCIAL ASPECT:

Regarding the mitigation measures proposed on page 380, they are generally presented as a descriptive list and not necessarily as concrete corrective actions to mitigate the impacts:

2.4.1 It is mentioned in number 34 that participatory opportunities will be promoted with company representatives and the communities; however, it must be specifically indicated through which actions such participation will be promoted.

2.4.2 On the same page, in measure number 37, indicate what that business training program is for the inhabitants of the nearby communities or how it would be implemented, since it is stipulated as an intention and must be a concrete measure. Likewise, indicate the specific concrete actions to achieve the objective set forth in measure 38.

2.4.3 Furthermore, a detailed analysis must be carried out on the following aspects:

· Evaluate population dynamics before, during, and after the project.

· Estimate the post-project social situation.

· Propose post-project social measures.

· Diagnosis and estimation of the population's quality of life before, during, and after the project.

· Evaluate and propose measures regarding citizen security.

· Evaluate social conflicts and propose solutions.

· Quantify the generation of direct employment for the inhabitants of the area.

· Propose specific socioeconomic measures to mitigate the post-project situation in accordance with the results obtained from the analysis of the items previously requested in this Resolution.

On April twenty-sixth, two thousand five, the appellant company submitted the required annex to SETENA, which was approved, and through resolution 2237-2005-SETENA, of August thirtieth of that same year, it was required to make the environmental guarantee deposit, appoint an environmental manager, present a minute book to enable it as a logbook, and attach the Sworn Declaration of Environmental Commitments, all of which was provided by the developer on September thirtieth, two thousand five. Finally, through resolution No. 3638-2005-SETENA, at nine hours twenty-five minutes on December twelfth, two thousand five, environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the mining project under study for a period of two years for the start of extraction - see folios 1313 and 1318 of volume IV of the administrative record No. AH01-PM-03-08-.

XXX.- Having indicated the foregoing, it must be stated that SETENA, as the competent technical body to determine the environmental viability of the Crucitas Mining Project, requested, in accordance with the parameters in force at that time - understood as March twelfth, two thousand two, the moment at which the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) was submitted - compliance with its technical-legal requirements, which is evidenced and inferred from all the actions presented. In this regard, this Court has unanimously and emphatically established in repeated pronouncements that it is not a technical instance competent to determine whether the environmental impact study meets the professional requirements or not; the Chamber has indicated that:

"...Thus, it must be made clear that this Court is not a technical instance competent to verify whether an environmental impact study was well prepared or not, especially when the same professionals who question it indicate that it must be reviewed more meticulously (folio 371) and when the respondents question that a partial review of the challenged study has been carried out (folios 469 and 470). Precisely SETENA, which is the entity in charge of such verification, considered that it does indeed comply with the information necessary to evaluate and predict the impact that the construction of the tunnel would have on the area, and by reason thereof, approved it. In any case, if the appellants consider that not all adequate measurements were taken or not all aspects were contemplated in this study, it is a matter that must be resolved before that instance [SETENA], a technical expert in this matter." (judgment No. 2004-9927)

"...Precisely these entities -in particular SETENA- which are in charge of reviewing such studies, considered that they do indeed comply with the information necessary to evaluate and predict the impact of the mining project in the area, and by reason thereof, it was approved, granting the Environmental Viability and the other permits cited in the preceding recitals. In any case, if the proponents consider that the studies were not carried out adequately or consider that not all necessary aspects were contemplated -because they are private companies contracted by the concessionaire company-, this constitutes a matter that must be resolved before the instances knowledgeable in the technical aspects of this matter, and not before the constitutional jurisdiction, by virtue of the fact that it is an aspect that falls outside the sphere of its competence." (judgment No. 2005-5790)

Consequently, from the foregoing and finding no reason to vary this criterion, it must be stated that what is relevant for the purposes of this jurisdiction is that the studies established by our legislation have been carried out and that, once reviewed by the corresponding official technical professionals, the viability or not of the project is determined, contemplating a priori the impacts that may occur on the environment, their assessment, mitigation, and compensation.

XXXI.- Regarding the technical aspects considered in the Environmental Impact Study for the Crucitas mining project. The Environmental Impact Study approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental for the Crucitas mining project -carried out in accordance with Decreto 25705-MINAE, called "SETENA Procedures"- is a 437-page document that includes, among others and as already indicated in the preceding recitals, the following technical aspects: the project's situation in relation to earthquakes; the average annual precipitation; the project's area of influence; the total project area and the impact zones; the tailings (relaves) that will be produced; the situation of the tailings lagoon dike; the contingencies and risks in the event of a potential rupture of the tailings lagoon and dam; the water that will be used in the process; how the extracted materials will be arranged; the closure plans for each of the phases; the climatic situation of the region; the hydrography of the area; air quality; natural threats to the project; the biological environment in the project's impact areas, with particular emphasis and detail on the species of flora and fauna existing in the area - stating that there are no endemic flora species in danger of extinction and that there are areas of intervened forest (bosque intervenido)-; the description of the socio-economic environment; the environmental diagnosis of the physical and biotic environment; the mitigation and compensation measures. Similarly, it considers the evaluation of impacts regarding contingencies; water quality; rupture of the tailings dam; pipe rupture; hazardous material spills; land-use capacity (capacidad de uso de suelo). In this sense, it is clear that the Environmental Impact Study evaluated and approved by SETENA is an extensive document that considers and assesses various elements that could be impacted by the proposed activity. This study, upon being approved by the corresponding administrative authority, certifies that the administration has had the opportunity to assess the different aspects considered therein, and has concluded that, under the proposed terms, the activity under study can be executed.

XXXII.- Regarding the Modification Proposal for the Crucitas Mining Project. With the project's environmental viability already granted, and taking into consideration a series of external factors for which it was deemed convenient to modify the initial project -internal legislation of the country of origin of the developing company, the international price of an ounce of gold, and the economic feasibility of the company-, on December sixth, two thousand seven, the appellant company submitted to SETENA what it called the "Proposed Modification to the Crucitas Mining Project", attaching thereto the Sworn Declaration of Environmental Commitments, which includes the updated Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental) for each project stage and the Monitoring Plans -folio 1292 of volume IV of administrative record No. AH01-PM-03-08)-. The Proposed Modification was prepared by professionals in Architecture, Forest Engineering, Biology -specialists in Mammalogy (Mastozoología), terrestrial ecosystems, herpetology, entomology, botany, restoration of aquatic habitats-, Geology, Hydrology, Sociology, and Geography. The document consists of a Justification, Introduction, Geographic location, Political-administrative location, Changes proposed to the project, Comparative table of the project in relation to the proposed changes, Description of the environment -Physical environment, Biological environment, Socioeconomic environment-, Identification of impacts -Project activities, Identification of valued environmental components, Interaction matrix-, Assessment of environmental impacts during the construction, operation, and closure phases; Mitigation and/or compensation measures in those same three phases, Summary table of the environmental management plan. Also provided were plates of Project location, Project components, Tailings management, Water intake location, and a chapter of appendices that includes the EXPLOTEC Blasting Procedures Manual, a Study on the knowledge and local perception of the hard rock exploitation modality, as well as Recommendations for an Ecological Restoration Plan for the Artificial Lake and the Tailings Lagoon of the Crucitas Mining Project. For its completion, the following updated studies carried out in 2007 were used:

§ Fernando Nietzen Rovira, 2007: Updated geological conditions and natural hazards in the Crucitas Mining Project area.

§ Hugo Rodríguez Estrada, 2007: Updated hydrogeological conditions in the Crucitas Mining Project area.

§ Luis Carlos Paniagua Carvajal, 2007: Updated hydrographic and climatic conditions in the Crucitas Mining Project area.

§ Rolando Barrientos Saborío, 2007: Forest Inventory and Management Plan for the Crucitas Mining Project.

§ Tania Bermúdez Rojas, 2007: Non-woody plants in the Crucitas Mining Project area.

§ Mónika Springer and Danny Vásquez Acosta, 2007: Updated biological study of the Crucitas Mining Project area, with emphasis on aquatic macroinvertebrates.

§ Mario Espinoza Mendiola, 2007: Description and ecological evaluation of the ichthyofauna. Baseline report for the environmental impact assessment of the Crucitas Mining Project. (see chapter 3)

According to the data provided in chapter 3.3 of the Proposal -referring to the socioeconomic environment-, the change in the exploitation modality proposed by the company has not generated negative attitudes in the population; on the contrary, the communities consider that this modality, in addition to being less impactful on the environment by significantly reducing the exploitation area -and therefore reducing the area where forest cover (cobertura boscosa) must be removed-, will generate an increase in employment, which will result in improving the quality of life of the populations near the site. The hard rock exploitation modality was widely disseminated among the local population, since the company fostered a process of dissemination and analysis of the characteristics of that exploitation modality and its effects, information that has been available to all sectors of the seven communities that make up the project's area of influence - details of this socialization are found further on when analyzing some of the proposed changes-.

XXXIII.- In general terms regarding the project modification and related changes. The proposed modification to the mining project can be summarized in the following aspects. The extraction area is reduced from 126.4 hectares to 50 hectares, which means a 60% reduction of the area that has environmental viability, simultaneously decreasing the number of trees to be cut, which go from 7,409 to 2,942 trees, that is, not cutting 60% of the planned trees. Regarding soil recovery or forest aspects, it is proposed to reforest 382 hectares compared to the 336 hectares of the initial project, planting them with native species grown in the project nursery -previously, commercial species such as Melina or Teak would be planted-; thus, as compensation for the areas that will remain as lagoons -tailings and Lake Fortuna-, this reforestation of 382 hectares of pastures (potreros) will represent compensation for 57% of the total water surface that will remain in the area. Based on the proposed change, the useful life of the project increases by two years, which results in an economic benefit for the communities and the Canton of San Carlos, which will be reflected in the taxes and the permanence of the company, supporting the socioeconomic commitments that it has initiated even before the construction phase. In terms of employment, in the construction phase, there will be a 144% increase, since under the previous model it was expected to hire one hundred twenty-three people and now three hundred people will be hired; while in the operational phase, there will be a 67% increase in direct employment, since instead of hiring one hundred fifty, two hundred fifty people will be hired. A positive modification in economic aspects is also reported, since during the mine's production, approximately ¢2,369 million colones per year will be paid in Income Tax; ¢515 million colones annually in payments to the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social); in mining tax -established in the Mining Code (Código de Minería)- which corresponds to 2% of gross sales, ¢474.8 million colones will be paid annually, which must be divided in equal parts, that is, 1% corresponding to ¢237.4 million colones annually for the Municipality of San Carlos, and the other 1% for the Development Associations of the area. All this coupled with the payment of royalties and patents, among other aspects -see chapter 2 Introduction-.

XXXIV.- The assessment of environmental impacts of the proposed modification. Chapter five of the Proposed Modification to the Crucitas mining project contains the assessment of environmental impacts regarding air, water, soil, aquatic and terrestrial ecosystems, quality of life, employment, and income. It specifies that the air shows a moderate positive impact of +50 concerning the reduction in the transport needs of supplies and workers, and a severe positive impact of +57 due to the reduction of the extraction area. Regarding water resources, it points out a moderate negative impact of -37 due to the number of workers in the construction phase, but also a severe positive impact of +60 due to the reduction of the extraction area. Regarding soil, it refers to a moderate positive impact of +45 due to the location of the camp in a smaller area currently composed of pastures (potreros), as well as a severe positive impact of +69 due to the reduction of the extraction area. Also in the aquatic systems, a severe positive impact of +51 is reflected due to the decrease in sediment drag, while on terrestrial ecosystems a moderate positive impact of +43 is shown, also due to the relocation of the camp and the use of the original site for natural and induced regeneration plans, and a severe positive impact of +67 by reducing the area affected by tree cutting. Regarding the quality of life, a moderate positive impact of +50 is pointed out due to the safety of the workers and their access to the services that will be provided; a moderate positive impact of +50 by not altering an area with forest cover; and a severe positive impact of +68 for providing a solution to unemployment in the area. A severe positive impact of +68 is also accredited in terms of employment and income, due to the generation of direct and indirect jobs, as well as the training programs given by the Instituto Nacional de Aprendizaje by virtue of an agreement signed with the company, and the programs to promote small and medium-sized enterprises in the area.

XXXV.- A similar exercise is repeated regarding the assessment of impacts during the operation phase, in which case a moderate negative impact of +29 is indicated for the air due to the reduced impact of the possible emission of gases and particles from the use of explosives, but a critical positive impact of +76 because the project does not require the operation of a fuel-based plant for electricity generation. Regarding water, a moderate negative impact of -49 is reported due to the possible intersection of the lower aquifer in the excavation process; a moderate negative impact of -43 due to the existence of the tailings lagoon; a moderate negative impact of -39 due to the increase in the number of employees; and a moderate positive increase of +49 due to the elimination of the electricity generating plant. The aquatic ecosystems would show a moderate negative impact of -45 due to the disposal of sterile material in the tailings lagoon; a moderate negative impact of -44 due to the increase in labor; and a moderate positive impact of +47 due to the elimination of the generation plant. For their part, terrestrial ecosystems appear with a moderate negative impact of -38 due to the controlled use of blasting; a moderate negative impact of -45 due to the handling of sterile rock; a moderate negative impact of -37 due to the increase in labor demand; and a moderate positive impact of +40 due to the provision of a larger area for regeneration, which also generates a moderate positive impact of +40 on land use. A critical positive impact of +77 is shown in terms of infrastructure and community services, including the installation of an electrical power distribution network. The quality of life shows a moderate negative impact of -48 due to worker safety and occupational health issues, but there is a severe positive impact of +66 due to the elimination of the possibility of generating acid drainage; a severe positive impact of +68 is also observed due to the generation of employment, and a moderate positive impact of +40 due to the increase in the mine's useful life – which brings with it an increase in the payment of taxes, worker-employer contributions, among others-; there is a critical positive impact of +78, again for eliminating the electricity generating plant, and a moderate positive impact of +40 because there is a larger reforestation area. Regarding employment and income, a severe positive impact of +68 is indicated due to the increase in direct jobs.

XXXVI.- The project's technical closure phase was also assessed in socio-environmental terms. Thus, regarding water, a moderate positive impact of +49 is concluded due to the elimination of the possibility of impacts on the water resource; meanwhile, the soil shows a moderate negative impact of -42 due to the formation of Lake Fortuna, but a severe positive impact of +58 due to regeneration with native species. The aquatic ecosystems also appear with a severe positive impact of +67 due to the potential of Lake Fortuna and the tailings lagoon, as well as a severe positive impact of +64 due to regeneration with native vegetation around these bodies of water. For their part, terrestrial ecosystems appear with a moderate negative impact of -41, precisely due to the formation of a lake that did not exist before, but with a severe positive impact of +61 by creating the ideal conditions for vegetation regeneration. Land use also appears with a moderate negative impact of -42 due to the formation of the lake, but a critical positive impact of +80 due to reforestation with native species.

XXXVII.- Thus, it is evident that the Proposed Modification of the Crucitas mining project does include a list of socio-environmental impacts, costs, and benefits, assigning concrete scores to each of the items that are taken into account by the administration for the adoption of the corresponding technical resolutions.

XXXVIII.- Regarding the mitigation measures set forth in the Proposed Modification. Chapter 6 of the Proposal considers which mitigation or compensation measures will be implemented due to the project modification. During the construction phase, it is indicated in the document that the surplus spillway of the tailings lagoon will be built in an area far from the discharge point of the pipes that move the tailings from the cyanide destruction plant, in order to form a water clarification area that helps reduce the level of total suspended solids in the effluent; this spillway will be built in the form of an overflow tower like those implemented in hydroelectric projects such as Arenal, from where the water will be conducted through pipes to a lime addition plant for constant monitoring and to stabilize the pH if necessary; however, this impact is not expected to be significant since the final water quality forecast for overflow water is considered appropriate and within national discharge standards. Likewise, it is indicated that the facilities for the emergency power generation plant and related components will have adequate ventilation through the installation of windows and fans that promote horizontal air circulation; that compensation activities for the areas of intervened forest and secondary growth will contemplate induced regeneration in the largest possible area with native species, prioritizing the use of threatened forest species or those with reduced populations, in order to compensate the ecological value of the affected lands, to the point that at that time the company had already begun the installation of a temporary nursery with native species -currently in operation as could be verified during the Inspection carried out on September twelfth, two thousand nine- that are extracted from the understory of the future open-pit areas, in order to develop the forest areas with the same native species and the same biodiversity distribution as that existing in the future extraction areas. The nursery houses a population of native species of about 45,000 trees, and to date more than 11 hectares have already been reforested, even though the construction phase has not yet begun, with the intention to initiate the recovery of pasture (potreros) areas and reinforce the sector of the biological corridor that was proposed and approved since the EIS (EsIA) and its Annex. It is also considered that for land preparation activities involving vegetation cutting, measures must be followed that consider the transport of biomass in wagons covered by a tarp to the predestined site or authorized dump, as well as the expeditious transfer of wood and biomass to the temporary storage site. It also considers continuing the projects and programs for improving the population's quality of life, including programs to promote sports and other healthy recreational activities, such as those already established with the Escuela de Fútbol Crucitas, sponsorship of the Asociación Deportiva San Carlos, the Vuelta Ciclística a San Carlos and the Cabalgatas, while continuing with collaboration in the management before the respective authorities for the expansion and improvement of the aqueduct that supplies the communities of Coopevega, Moravia, Chamorro, El Roble, and Llano Verde, Jocote, and Crucitas. Similarly, to continue with the promotion of possible productive activities in the area that integrate members of the communities within the project's area of influence, as well as to continue the development of a business, technical, service, or other training program for the inhabitants of the communities within the project's area of influence. Likewise, it refers to the development of training programs called Community Development Projects (Proyectos de Desarrollo Comunal –PCDC-), aimed at the members of the development associations of the communities in the project's area of influence, the members of the District Councils, and the members of the Municipality of San Carlos; to continue the development of channels and strategies for effective communication with the communities to keep them informed of the project's activities; to create a citizen service office, as a reception center for comments, opinions, and problems associated with the project's execution, which provides a formal mechanism for information and communication; as well as to comply with all the other social commitments established and approved since the Environmental Impact Study and its Annex.

XXXIX.- On the other hand, the same Proposed Modification provides an account of the social benefits that had been obtained up to November two thousand seven, among which the training activities in small and medium-sized enterprises stand out, as well as in various types of trades through courses taught under the agreements signed between the company and the Instituto Nacional de Aprendizaje. Thus, it is noted that at that time two hundred thirty-two certifications had been awarded in aquaculture, computer courses, organic agriculture, cheese making in two different locations, painting on fabric, garment making, operation of textile machinery, among others, while providing an account of the location of the computer laboratory in the Liceo de Coopevega –and through which students have access to computer science courses-, the birth of a textile company, and other productive initiatives, such as organic agriculture and the creation of a cooperative of residents of Coopevega.

XL.- Similarly, the proposal also contemplates the mitigation or compensation measures to be implemented during the operation phase of the mining project. It indicates that all topsoil that is removed from the extraction areas must be appropriately transferred to the soil deposit site, where all necessary measures will be applied to ensure its adequate storage, so that it maintains its original conditions to the maximum and can be used without major problems in the subsequent recovery of areas affected by the different project components. It also notes that for the formation of hard rock slopes, the vertical separation of terraces is estimated at twenty meters, and that when the rock quality is favorable, the wall angle can be 70°; these dimensions were obtained from the slope stability study conducted, but furthermore, permanent control of the rock and saprolite conditions will be maintained based on the advance of extraction to verify the dimensions or, if necessary, modify them; the objective is to ensure appropriate stability. Likewise, it indicates that an adequate implementation of explosives control will be carried out, implementing and following up on the protocol for transport, storage, and use of explosives, contracting an expert company in the field that has all the permits and protocols in force; it mentions that control of vibrations, noise, and emissions will be maintained in the open-pit areas. It indicates that the reforestation work already initiated with native species in pasture (potrero) areas and areas not used by the project components will continue. In order to cancel the potential for acid drainage generation, the tailings and sterile rock must be deposited in the lagoon in such a way that they remain submerged under a water column of an average depth of two meters, preventing their exposure to air and eventual oxidation. The handling will be using a mobile floating pipeline that homogeneously distributes the material in the lagoon in the western sector; the sterile rock will be deposited mechanically immediately, without storage, in the eastern sector, ensuring it remains flooded.

Additionally, the excess saprolite will be used to buttress the cover of the tailings dam and to cover the waste rock in the storage area and slopes of the extraction pits to inhibit oxidation. If possible, a layer of inert tailings (relaves) from waste rock will be deposited at the end of the operation phase, in order to form a sealing layer over the rest of the tailings (relaves) and material with potential to generate acid drainage. The waste rock shall be deposited in the same manner as the tailings (relaves) in the pond. A Waste Rock Management Plan shall be designed that minimizes to the greatest extent possible the handling, hauling, and exposure time of this material. For its part, the spillway of the tailings (relaves) pond will be located as far as possible from the tailings (relaves) discharge site, in order to form a water clarification area within the pond that reduces the level of total suspended solids in the effluent. The spillway of the tailings (relaves) pond will be formed by constructing an overflow tower located in the water clarification area. This tower shall be designed to maintain an optimal water level that ensures the proper operation of the tailings (relaves) pond throughout its useful life. Water will be conveyed from this tower via pipelines to a lime addition plant, in the highly improbable event that the effluent requires pH stabilization prior to its discharge, for example through the addition of diluted lime. Water from the mining pits will be treated on-site by adding lime for pH stabilization. This treated water, which will have high pH levels, shall be pumped to the waste rock deposition area in the tailings (relaves) pond, where it will help stabilize possible low pH levels resulting from the oxidation of unsubmerged rock.

            XLI.- Likewise, the Modification Proposal refers to the mitigation and compensation measures to be implemented during the closure phase of the mining project. Thus, it indicates that the final shaping of slopes in the backfilled area of the Botija pit shall seek, in addition to the most suitable stability conditions, to approximate as much as possible the original configuration of the site. To this end, the Botija extraction area will be reforested with pioneer native species once the slope shaping and organic soil application activities are completed; subsequently, the reforestation plan with native species will continue. During mine closure, continuous monitoring of water quality in the treatment plant effluent shall be implemented until it can be ensured that the system will remain stable indefinitely. Once the expected water stability conditions and other related variables are achieved in the tailings (relaves) pond and the lake of the Fortuna extraction area, all the recommendations established in the Ecological Restoration Plan for Aquatic Environments prepared for the project by the company Hábitat Crítico will be applied. Among these measures, the following stand out: a) implement re-vegetation of the littoral and riparian zone of Lake Fortuna and the tailings (relaves) pond with flora species whose life habits are aquatic, amphibious, and associated with humid environments so that they can establish themselves in the project area according to their affinity with water; b) prior to the introduction of species, survival trials of various species under the prevailing conditions in the tailings (relaves) pond and Lake Fortuna shall be conducted; the species to be selected must be native to the region or have a geographic distribution that includes the northern slope; c) prepare a research plan and the experimental designs to be implemented, both in the laboratory and in-situ; d) the bench that coincides near the expected lake elevation shall be modified with a design that includes a gentle slope to create a heterogeneous bathymetry but with a basic pattern ranging from zero meters at the shoreline to a maximum of between two and four meters at the end of the bench and towards the inner part of the lake—depending on the width of the bench floor—seeking that the floor of the bench has a concavity that increases towards the end of the bench, such that a barrier or retaining wall is formed or constructed to trap sediments. It is suggested to place rock blocks to create hiding places and microenvironments for the biota. The rock blocks used must have zero acid generation potential; e) by virtue of the fact that the Environmental Management Plan incorporates forest recovery measures, it is suggested that starting three meters above the water line, in the hillside zone, the established plan with native forest species be initiated, taking into consideration the final topography to choose the appropriate species for growth in that zone; f) covering of the future riparian zone with a base layer of gravel and river sand and the placement on top of a thin layer of silts and detritus is recommended, in a strip of at least five meters for the tailings (relaves) pond; g) in the shallow pools, it is recommended to place a bottom of sand, gravel, and stone, as well as medium and large blocks of rock or stones—with zero acid drainage generation potential—; this will help create greater heterogeneity in the floor of the littoral zone, creating a series of microenvironments for fish and other aquatic biota that eventually manage to colonize the lake. In the deep pool zone on the outer edge of the littoral zone, it is recommended to place large and medium blocks against the wall facing the littoral zone; this could help create habitats for larger fish, such as guapotes; h) the ecological restoration plan requires a monitoring plan to follow up on the evolution of ecological succession. Finally, it indicates that the project closure period will extend for an additional period of six months after the end of all closure activities, in order to establish an additional monitoring period that ensures the proper functioning of all closure components.

XLII.- The approval of the Modification Proposal. Thus, having assessed all these succinctly set forth aspects, through resolution number 170-2008-SETENA, of February fourth, two thousand eight, the Plenary Commission approved the modification requested by the respondent company, expressly alluding to the following changes:

a. The initial project contemplated the extraction of saprolite to a depth of 15 meters, as it implied a lower extraction cost; however, in light of changes in the gold process and because the company did not comply with a standard required by Canada, extracting also the hard rock—where the probability of a greater quantity of gold increases—with depths of 67 meters and reducing the extraction area from 126.4 hectares to 50 hectares was requested as part of the changes. Likewise, since the extraction of hard rock implies the use of blasting for the proper advancement of extraction blocks and the adequate shaping of the pit wall slopes, the company committed to contracting a certified company for this type of activity. The rest of the areas contemplated by the project remain unchanged.

b. For the degradation of cyanide, the technology called INCO was initially contemplated; however, the company commits to using a new technology that improves upon the previous one, which is the CYPLUS system, in order to improve environmental management while complying with both national and international regulations, which functions in the same manner as the previous one but continuously.

c. Within the final cyanide treatment or waste polishing process, natural degradation of the same in the tailings (relaves) pond is foreseen, thereby achieving the complete reduction of cyanide in the wastewater.

d. It was established that the "Baseline Studies" regarding cover material, hard rock, and tailings (relaves) materials show that there is a low potential for the generation of acid drainage; however, the developing company foresees adequate management to control its eventual production, by submerging the material from waste rock and tailings (colas) underwater.

e. With respect to the use of electric power, it is clarified that the previously approved 5.4 W power generation plant will no longer be used, which will eliminate the emission into the atmosphere of 3.3 tons/hour of CO2.

f. The latter, in turn, reduces fuel storage from 1500 m3 diesel and 38 m3 gasoline to 50 m3 diesel and 3.7 m3 gasoline.

g. In the forestry aspect, it changes from reforesting 336 hectares—where 227 hectares would be of a commercial type—to reforesting 382 hectares of natural forest with native species—1600 trees per hectare for an approximate total of 611,200 trees.

h. In the social aspect, the same commitments are maintained.

i. Regarding closure, it changes from the formation of a tailings (relaves) pond, reforestation with native and commercial species, to the formation of a tailings (relaves) pond, Lake Fortuna, and total reforestation with native species.

j. An updated diagnosis of the environmental, social, and economic conditions of the project validated by relevant professionals for each component—physical environment, biological environment, socioeconomic environment—was attached, indicating that the factors considered in the Environmental Impact Assessment approved by SETENA prevail.

k. An identification of impacts and their assessment within the project was presented, including the activities stipulated as modifications for the three phases involved in the project execution—construction, operation, and closure—with the corresponding mitigation and compensation measures.

l. Within the monitoring plans proposed by the developer, follow-up was incorporated for baseline data regarding soils, surface waters, ichthyofauna, aquatic macroinvertebrates, amphibians and reptiles, avifauna, floristic component, mammals, forestry and social components; likewise, the hazardous substances management protocol is incorporated.

m. The Crucitas Project Oversight and Monitoring Commission is maintained in the Environmental Management Plan.

            XLIII.- In this regard, it is clear that the request for modification of the mining project is far from a simple administrative procedure, becoming instead a broad and concrete petition accompanied by different technical studies related to each of the proposed changes, as well as equally technical appendices or annexes as a complement to the information on the aspects considered therein. According to what has been stated, the modification proposal includes not only a description of the changes, but also the list of environmental and social impacts, as well as the mitigation measures to be implemented in each of the project phases. Additionally, in addition to the technical studies, information was also provided on the proper socialization of the change proposal; therefore, it was only once this entire process was completed—preparation of studies; identification of changes, impacts, and compensation measures; and socialization of the proposal—that the interested company submitted the modification request to SETENA, which was assessed and approved by the competent technical administration once the benefit to the environmental situation was accredited before that body. In view of this, it is evident that this is not a simple request nor the mere issuance of a unilateral Sworn Statement of Environmental Commitments, but rather technical documents that on the one hand support the proposed modification, while at the same time demonstrate the benefit to the environment that this modification entails. Thus, it is demonstrated that the request made by the respondent company complies with providing the administration with sufficient technical information regarding the specific changes, in a manner similar to the purpose sought with the requirement of environmental impact assessments; therefore, from the constitutional standpoint, it is inaccurate to state that the modification proposal was made and approved without the administration having access to technical information and without being given the opportunity to assess the dimension and impact of the proposed changes. In any event, the previously cited rulings of this Chamber, numbers 2004-9927 and 2005-5790, must be taken into consideration, insofar as it has been repeatedly defined that it falls outside the scope of this jurisdiction to dwell on assessing whether the studies have been well conducted or whether they meet the necessary information; aspects that in themselves must be resolved by the corresponding technical bodies.

XLIV.- Regarding the alleged impacts on flora and fauna. The situation of the mountain almond tree (almendro amarillo) in the Crucitas mining project area. The appellants state that what is intended with the land-use change (modificación de uso de suelo) in the Crucitas mining project is to raze 262 hectares, of which 192 are completely covered with forest, to excavate the open-pit mine there. They also argue that, to permit such a purpose, Decree 34801 authorizes the cutting of protected species, such as the mountain almond tree (almendro amarillo), despite the fact that this species is threatened, that the State had previously recognized that situation through Decree 25700, and that this Chamber's jurisprudence expressly prohibited any type of cutting or harvesting permit for the almond tree. From a review of the case file and the reports issued under oath, the Chamber notes that the technical reports issued at different times—one of them by the Instituto Tecnológico de Costa Rica—while recognizing the endangered situation of the almond tree, conclude that the mountain almond tree is not concentrated in the pit area, to the point that its presence is scarce in the extraction and tailings (relaves) areas of the mining project, and that the forest parcels located there are characterized as heavily exploited—possibly to use the lands for agriculture and livestock—where the existing trees do not reach the generalized average to be considered primary forests, since their diameters are less than fifty centimeters and their height generally does not reach twenty-five meters, including the crowns, such that they are secondary forests. In the same vein, it has been verified that the forest cover (cobertura boscosa) areas of the mining project subject to land-use change (cambio de uso del suelo) are defined as successional woody vegetation, planted on lands initially destroyed by human activities, and therefore cannot be considered primary forests but rather natural forests logged more than thirty years ago. Likewise, the record shows that in the total mining project area for which land-use change (cambio de uso de suelo) authorization was requested, 197 almond trees were censused as the individuals to be cut, while as of October two thousand eight, a total of 6,093 almond trees had been reforested, which guarantees the existence of the mountain almond tree because 103 trees are being planted for every tree cut, and a two-hectare nursery has been established with a capacity to produce 67,500 trees per year. Similarly, the School of Forestry Engineering of the Instituto Tecnológico concludes that the elimination of 192 hectares of secondary forest does not imply a relevant loss in biodiversity and representativeness of the ecosystems; that the forestry management and mitigation plan will increase forest cover (cobertura boscosa) by twenty percent; that the elimination of 196 mountain almond trees from a population of more than 700 trees does not represent a significant deterioration of the feeding possibility for the great green macaw (lapa verde), nor a loss of its habitat; and that the remaining trees left standing guarantee genetic variability.

            XLV.- Specifically, the report by scientists Dr. Olman Murillo, M.Sc. Braulio Vílchez, and engineer Yorleny Badilla, all from the School of Forestry Engineering of the Instituto Tecnológico de Costa Rica, issued in February two thousand nine—visible as annex number 3 attached to the file—concludes, among other things, that the elimination of 196 trees out of a total of slightly more than 700 mountain almond trees (Dipteryx panamensis) in favor of the direct exploitation zone, on lands owned by the company, does not signify a significant deterioration in the feeding possibility for the great green macaw (Ara ambigua), nor can it be considered a significant habitat loss, given that this has been a zone where no nesting by the great green macaw has been recorded in the last 14 years and, considering the degree of deterioration these forests were already in since their last timber intervention, which occurred in the nineteen-eighties. Given that the diet of the great green macaw (Ara ambigua) is based on at least thirty-seven plant species, and that the mountain almond tree (Dipteryx panamensis) provides fruits only during two or three months per year, one cannot argue the exclusive dietary dependence of these birds on a single forest species. They also conclude that the elimination of part of the population of slightly more than 700 individuals within the property implies the permanence of more than 500 trees, which represents an effective population size sufficient to guarantee its genetic variability and to discard any degree of threat in the coming generations. The planting of more than 5,000 almond trees carried out in the last three years in treeless areas within the property will considerably increase the effective population size of the species in the very short term. In conclusions 9 and 10, it is established that the company's presence in the zone prevented the continued deterioration of the forests, soils, and waters of the acquired property; and that the compensation and mitigation plan proposed within the property exceeds, in an approximate ratio of three times, the elimination of forest cover (cobertura boscosa) area caused by the mining exploitation. Likewise, it is indicated that the additional compensation measures proposed in terms of reforestation and allocation of funds for the purchase of lands within protected areas of the northern zone will allow the proportionality and rationality ratio required by the applicable regulations to be notably exceeded—see pages 15 and 16 of said report.

            XLVI.- Under these technical considerations set forth in the preceding recital, and later reinforced by the assessments of the recently cited report, on May twenty-first, two thousand eight, the respondent company requested from the Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Sub-región San Carlos-Los Chiles, the forest land-use change for the lands where the mining concession is located. To process and resolve such request, the Área de Conservación responded to the company that it was important to have a decree declaring the land-use change (cambio de uso del suelo) of national convenience, a criterion later ratified by the legal advisory office of that same Area. Simultaneously, the administration requested the company's forestry manager to clarify a series of doubts regarding the request, a requirement met by the company on July eighth; therefore, one week later—July sixteenth—the company is confirmed that prior to issuing the final resolution, it is necessary to provide the file with the decree declaring the Crucitas mining project of national convenience and public interest. The file shows that there was some divergence of criteria within the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications regarding the need for such a decree, but the decision to request it was always maintained; thus, on September twenty-fourth, two thousand eight, the company is informed that it must indeed provide the decree declaring national convenience. As demonstrated in the preceding recital, during the course of the land-use change (cambio de uso de suelo) authorization procedure, technical documentation was provided to the file informing that by October two thousand eight, the aforementioned sum of 6,093 almond trees had already been planted; that the forest cover (cobertura boscosa) areas subject to the land-use change are defined as woody vegetation on originally destroyed lands; that the diameter classification of the inventoried plots is less than fifty centimeters DBH (diameter at breast height); and that the forests to be intervened are logged natural forests with a height of less than twenty-five meters. Thus, finally, the Executive Branch adopts Executive Decree number 34801-MINAET, which is published in La Gaceta number 201 of October seventeenth of the same year; therefore, on that same day, the Área de Conservación Arenal Huetar Norte approves and authorizes the land-use change (cambio de uso de suelo) request filed by the respondent company, expressly authorizing the cutting of 197 trees of that species.

            XLVII.- In this regard, the Chamber notes that the respondent administration authorized the land-use change (cambio de uso de suelo) and the cutting of mountain almond trees after carrying out the necessary administrative procedure, which considered both the technical demonstration of the impact of the cutting to be performed and the declaration of national convenience of the project to be executed. Once these requirements were met, the administration authorized the request filed; therefore, it must be ruled out that such an administrative decision is arbitrary, since, as stated, the administration took the necessary precautions to ensure that what was proposed would not negatively impact the environment. According to what has been stated in the preceding recitals, the Chamber does not ignore that the mountain almond tree is a species that has been found to be threatened, that the Executive Branch had previously recognized this danger, nor that the Chamber had ordered the prohibition of cutting the almond tree; however, it must be noted that the technical criteria established during the substantiation of the administrative procedure inform of the scant or null environmental effect from the cutting of 197 trees from a population of more than 700 individuals, based on the fact that the mountain almond trees to be cut are not primary forest but rather secondary and young, and that the established plan already being implemented at that time implies the planting of 103 almond trees for each tree of that species that is cut, reasons for which the almond tree population is not reduced but rather substantially increased, and even the overall forest cover (cobertura boscosa) is increased by twenty percent.

XLVIII.- Likewise, the reasons for which the cutting of those almond trees would be carried out must be taken into consideration, since the express prohibition established by the Chamber in ruling 2008-13426 refers, on the one hand, to the exploitation, extraction, and harvesting of almond trees, and on the other—according to what was previously established—to the fact that those trees were located in the nesting sites of the great green macaw. With respect to the first situation, it is clear that in the case under study, the reason for cutting the almond trees was not the exploitation or the economic harvesting of the wood from those trees; on the contrary, under oath, the administration states that the cut trees would not be sold, but rather donated to carry out social works in the project's area of influence—this point will be revisited further on. For its part, as to whether, in the specific case, the restriction on eliminating the almond tree in the nesting sites of the great green macaw is applicable, the situation of the bird with respect to the authorization to cut 197 mountain almond trees must necessarily be examined.

XLIX.- The situation of the great green macaw with respect to the land-use change (cambio de uso de suelo) in the Crucitas mining project and the authorization to cut the mountain almond tree. The appellants state that the felling of almond trees authorized by the Área de Conservación Arenal Huetar Norte, based on Decree 34801-MINAET, will result in the irremediable extinction of the great green macaw, such that the State is failing to comply with the environmental commitments voluntarily assumed and is promoting the extinction of this species. On this point, different aspects merit highlighting, both regarding the almond tree itself and the macaw and the relationship between the two species.

L.- On the existence of the almond tree, the feeding, and reproduction of the bird. As has been stated, the cutting of 197 almond trees does not compromise its existence in the zone, to the point that the presence of the almond tree is guaranteed through the reforestation being carried out in the overall project area, reforestation driven by the implemented nursery. The project's Forest Management Plan indicates that the nursery will prioritize native species with certified seeds of almond and titor, trees that provide a good part of the dietary intake of the great green macaw, thus tending to guarantee not only the existence of the almond tree—and reducing the threat of its decline without replacement plans—but also ensuring food sources for the bird. In any event, regarding the dietary aspects of the macaw, the Centro Científico Tropical attests that for its feeding, the great green macaw does not depend exclusively on the Crucitas zone, nor is that zone the exclusive transit zone for the bird—it is not only through there that the bird transits—; on the contrary, the Center states that the mining project will not interrupt the bird's reproduction process or its feeding cycle, the same conclusion reached by the Report on the Biological Conservation Aspects of the Great Green Macaw and the Mountain Almond Tree, a report that also establishes that the macaw obtains its food from at least thirty-seven different species of trees.

LI.- With respect to the reproduction of the great green macaw, it has been proven in the case file that the macaw nests in mature almond trees with an average DBH—diameter at breast height—of 129 centimeters—see report from the Centro Científico Tropical—, although it is also indicated that it nests in Guanacaste, Blanco, Botarrama, and Caobilla trees. However, since October two thousand eight, the Forestry Aspects Report concludes that the diameter classification of the majority of the trees in the project area is a DBH of less than 50 centimeters, and, according to the Center, only four trees showed a diameter greater than 120 centimeters. These assessments and the findings from the cut trees lead to the conclusion that the bird does not nest in the Crucitas zone; rather, the optimal habitat for the great green macaw is the Maquenque Refuge, which is consistent with the company's statements to the effect that studies from two thousand three show that the bird nests in an area of one thousand square kilometers located outside the project area, and with the administration's own statement asserting that no nests or remains were found in the removed trees. Likewise, it has been explained within the appeal that the bird's reproductive season spans from December to June, laying eggs in large hollows formed in the trunks of almond trees, and during that season it does depend on almond fruit for ninety percent of its diet; however, after the breeding season—from July to November—the birds disperse and obtain food from more than thirty different species of trees, because during this non-reproductive season the almond tree does not bear fruit. It is during this non-reproductive season that the bird arrives at or transits through the Crucitas zone.

LII.- Also of interest are the conclusions reached by M.Sc. Jorge Hernández Benavides in his report on the Biological Conservation Aspects of the Great Green Macaw and the Mountain Almond Tree—provided as Annex No. 2—, which confirms that the great green macaw does not depend exclusively on the Las Crucitas zone for its feeding, since it makes use of an extensive territory shared between Nicaragua and Costa Rica—part of the cantons of San Carlos, Sarapiquí, and Pococí—. It is indicated that the macaw's foraging area exceeds the mining project's area of influence by approximately 1,500 hectares and concludes that the great green macaw does not nest in the Crucitas zone. The nearest nest is located 8.7 kilometers away, and it explains that this is probably so due to the high fragmentation of the habitat in that zone and the lack of mature mountain almond trees. It also states that this zone is not exclusive for the transit of the great green macaw, since the bird makes use of an extensive territory shared between Nicaragua—the Indio-Maíz Biological Reserve and its buffer zone in the municipalities of El Castillo, San Juan del Norte, as well as in the South Atlantic Autonomous Region—and Costa Rica—part of the cantons of San Carlos, Sarapiquí, and Pococí—. It points out that the reproduction process of the 25 or 35 pairs of great green macaws that nest in Maquenque will not be interrupted by the mining project, since Las Crucitas is located outside the breeding range of the great green macaw.

What may decrease is the visits of the great green macaw to the mining project due to the reduction of yellow almond trees and the present human activity; however, it indicates that the land-use change (cambio de uso del suelo) on 192 hectares of the project will not interrupt the feeding cycle of the great green macaw population that nests in Maquenque, which is located 8.1 kilometers away; what it may produce is the displacement already referred to. It indicates that the project is located in the northwest of the San Juan-La Selva Biological Corridor and forms part of one of the most important areas for Bird Conservation, of the Agua-Paz Biosphere Reserve, and of the Binational Corridor El Castillo-San Juan-La Selva. This zone has been defined as an important nucleus for conservation within the San Juan-La Selva Biological Corridor and has been prioritized by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). It reports that the mining project affects a unique ecosystem and it is for that reason that the mitigation measures for the cutting of individual yellow almond trees and their harmful impacts on the great green macaw population must be oriented toward repairing the damages caused. However, it points out that from its point of view, planting an even very high quantity of yellow almond trees to compensate for those cut does not contribute to recovering this ecosystem, nor does it allow the great green macaw to feed in the short or medium term in the area, since it does not usually frequent low trees. It adds that buying lands in the upper basin of the San Carlos River for the conservation of the Juan Castro Blanco National Park does not contribute in any way to guaranteeing the viability of the yellow almond tree and great green macaw population, for which it recommends that the compensation and mitigation projects of the project pursue the following objectives: “1-consolidate the RNVSM Maquenque through the implementation of its Management Plan (SINAC officials, surveillance, infrastructure, land purchase, education, monitoring and science, etc.) 2-Strengthen the connectivity of the San Juan–La Selva Biological Corridor through ecological restoration activities in the critical links of the identified connectivity routes. As well as a greater commitment from the government to consolidate the RNVSM Maquenque with the support of civil society.”

LIII.- In summary, the great green macaw nests in mature almond trees –or other species– with DBH greater than 120 centimeters, of which there are none in the Crucitas area, so in that area there are no great green macaw nests; while it reproduces –outside the project area–, the bird does feed on almond, and once the reproductive season is over, they do fly and pass through the Crucitas area, but by then the almond tree is not bearing fruit, so they do not feed on it but on the more than thirty tree species from which they obtain food. Consequently, it is inaccurate to affirm that the felling of 197 almond trees in the Crucitas area leads to the irremediable extinction of the great green macaw, as it does not put at risk either its reproduction or its feeding. On the contrary, the promotion of yellow almond reforestation efforts and the conservation of this species in surrounding areas will allow in the future that the bird finds more nesting options and, therefore, feeding during the reproductive season.

LIV.- On the location of the Crucitas mining project in the area of the Mesoamerican Biological Corridor. During the hearing held on the twelfth, thirteenth, and seventeenth of November of two thousand nine, a concern was raised and expressed that the Crucitas mining project is located in an area of the so-called Mesoamerican Biological Corridor, and therefore the project could have a negative impact on biodiversity and affect the protection goals of the Corridor. On this particular, as indicated by the study Corredores Biológicos de Costa Rica, compiled by Luis Rojas and María Isabel Chavarría –see folio 4886–, a biological corridor “is a delimited space that provides connectivity between landscapes, ecosystems, and habitats, natural and modified, ensuring the maintenance of biological diversity and ecological and evolutionary processes (…). Its fundamental objective is to integrally connect forests with forests, water with water, species with species, human beings with human beings.” Specifically regarding the Mesoamerican Biological Corridor, this study points out that it is oriented toward more sustainable socio-productive development, food security in the region, the valuation of local communities’ knowledge, the improvement of people’s participation in decision-making regarding their development, and the reduction of social fragmentation through the establishment of alliances between groups and sectors of interest. In this regard, the Chamber understands that the existence of a biological corridor does not prevent the carrying out of economic or productive activities, provided they are carried out within a framework of environmental protection that prevents negative effects on biodiversity and favors economic and social development, from which it follows that a specific economic activity may be permitted if it ensures the maintenance of the biological corridor’s goals and enables better economic-social development. In the case of the area where the mining project is located, and as part of the Mesoamerican Biological Corridor, the respondent authorities report that the so-called San Juan-La Selva Corridor certainly exists –according to what was said in the preceding preceding recital (considerando), the project is located to the northwest of this corridor–, which seeks to rescue the northern zone of the country from the deforestation process generated in the 1970s, so this Corridor aims to consolidate six protected areas into a single geographic unit, totaling one million two hundred four thousand eight hundred twelve hectares, and whose central conservation unit is the Maquenque National Wildlife Refuge –an area of sixty thousand hectares–, located to the south of the Indio Maíz Reserve of Nicaragua, and adjacent to the western boundary of Barra del Colorado. The authorities indicate that it is expected that this Corridor will allow the organization of necessary actions, investments, and interventions, as well as prioritizing those being developed, both for social-economic development and for biodiversity conservation. In this regard, if precisely among the objectives of the Mesoamerican Biological Corridor and the San Juan-La Selva Corridor is the promotion of socio-economic development with biodiversity protection, it is clear that in these areas the implementation of productive initiatives whose impact on the environment is not negative may be authorized. Likewise, if the central unit of the San Juan-La Selva Corridor is the Maquenque National Wildlife Refuge, it has been documented that the area where the mining project is intended to be developed is located at a distance close to twenty kilometers from this Refuge, as well as forty-three kilometers eight hundred meters from the Caño Negro Refuge, and at an even greater distance from the Barra del Colorado Refuge, which as such are areas with special protection regimes that by their nature are different from those operating in the matter of biological corridors. In any case, it must be taken into consideration that, as reported, for the execution of the mining project the elimination of one hundred ninety-two hectares of already intervened forest will be necessary, which is indicated does not represent a relevant loss in biodiversity and representativeness of the ecosystems, since that quantity is 0.38% of the forest cover (cobertura boscosa) of the district of Cutris, and where a frequency of yellow almond trees of 1.12 trees per hectare is determined, so even carrying out the cutting, more than five hundred yellow almond trees survive in the area. Thus, if the harmlessness of activities within the biological corridors is proven, the competent authorities may authorize their development, for which the corresponding technical studies must be ensured, such as the definitions on the impact on biodiversity contained in an environmental impact study (estudio de impacto ambiental). Thus, in the case under study and as has been defined in the preceding recitals (considerandos), once the corresponding procedure was carried out –including socialization and community participation– the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) granted environmental viability to the Crucitas mining project, for which the presented technical studies were deemed validated and the social perception of the activity was taken into consideration; likewise, as has been indicated, the technical authorities report that there is no threat or risk to the survival of species such as the yellow almond tree and the great green macaw, which, together with the socio-economic benefits of the productive activity, led the administration to validate its development under the approved commitments and control mechanisms. In any case, it must be taken into consideration that, as proposed by the company when requesting the modification of the mining project, and as was approved by the National Environmental Technical Secretariat through resolution 170-2007-SETENA, this modification implies a reduction in the extraction area, which goes from 126.4 hectares to 50 hectares, a situation that in itself implies a reduction of nearly 60% of the area to be impacted by tree felling; that is, the modification proposed and approved means cutting fewer trees, avoiding the affectation of 75 hectares that would initially be felled. Likewise, the commitments assumed by the company indicate –as the citation resolution points out– that it will increase the area to be reforested, since it will go from reforesting 336 hectares –of which 272 hectares would be with commercial species– to reforesting 382 hectares and only with native species of the area, no longer with commercial species; this implies 46 more hectares that will now be reforested. In this sense, the reforestation that the company must implement as part of the project, at a rate of 1,600 trees per hectare, gives a grand total of 611,200 reforested trees upon completing the project closure phase. Thus, far from representing a negative affectation for the Mesoamerican Biological Corridor, the reduction of the area to be impacted and the increase of the area to be reforested imply in the medium term an improvement in the forest cover of the area, moving from a region of intervened forests with evident unconnected spaces among themselves, toward a broad and native forest cover that should permit the connection or interconnection of such spaces, thereby favoring the integration of the different biological elements involved, and thus fulfilling the definition and objectives of a biological corridor as indicated in the comment report. Therefore, given the existence of the outlined technical criterion and the commitments assumed by the respondent company, it is improper to argue before the constitutional jurisdiction the alleged affectation of the Mesoamerican Biological Corridor as a factor to prevent the development of this activity. Therefore, given the existence of the outlined technical criterion, it is improper to argue before the constitutional jurisdiction the alleged affectation of the Mesoamerican Biological Corridor as a factor to prevent the development of this activity.

LV.- On the use of explosives and their alleged impact on the biological environment of the Crucitas mining project. An additional aspect pointed out during the holding of the hearing was the affectation that the use of explosives in the development of the material extraction activity may represent for biodiversity, given that it was argued that the noise and dust resulting from the explosions would affect the biological environment of the project. On this particular, as has been pointed out in the chapter of Proven Facts, it should be indicated that the Crucitas mining project was initially processed, reviewed, and studied by the Directorate of Geology and Mines of the Ministry of Environment and Energy under file number 2594. When evaluating the Crucitas mining project, the Directorate of Geology and Mines requested the developing company to submit a document annexed to its application clarifying the use of explosives in the exploitation fronts, providing for this the blast design and the integral management of explosives, which it is indicated was provided by the company, also recording the typical load to be used both in hard rock and in saprolite –see folio 5379–. In effect, within the referenced file 2594 appears the so-called “Feasibility Study,” which on its pages 4-6 to 4-8, and 4-18 to 4-23, defines matters relating to how drilling will be performed, how blasting and explosive loads will be done, how they will be transported, and what maintenance must be given to the roads; this study also indicates how the explosives service plant, the personnel related to the process, and the blast designs must be arranged. In addition to this study, also on file before the Directorate of Geology and Mines and within the same file 2594, as an annex to the Feasibility Study, appears Appendix 5, called “Manejo de Explosivos y Voladuras, Proyecto Minero Crucitas, San Carlos, Alajuela,” dated October two thousand, prepared by Mining Engineer Tomás Goic. This appendix considers the design of open-pit blasts, drilling diameter, spacing between them, the distribution of the explosive charge and that necessary for saprolite rock and hard rock, all of which is accompanied by diagrams explaining these different aspects. Thus, within that file 2594, resolution number R-578-2001-MINAE was issued, at nine o’clock on the seventeenth of December two thousand one, by which the respondent company was granted the mining exploitation concession (concesión de explotación minera). In this resolution, the Directorate of Geology and Mines acknowledges that the Crucitas mining project will use explosives in the gold extraction process; referencing the technical studies carried out and official letter number DGM-DC-320-2001 –for all purposes incorporated into the citation resolution– the Ministry of Environment defines that “Regarding the use of explosives, this Directorate will ensure that the technology causing the least impact on the environment is employed, in compliance with the regulations in force on this matter,” and under these conditions grants the mining exploitation concession. Thus, it is clear that before the Directorate of Geology and Mines the use of explosives in the gold extraction procedure had already been analyzed. However, this resolution was annulled by this same Constitutional Chamber through judgment number 2004-13414, of the twenty-sixth of November two thousand four, with the Chamber indicating that this annulment was without prejudice to what the Environmental Impact Study of that exploitation project would determine, this because the Chamber defined at that time that said Study had to be approved prior to the granting of the exploitation concession. Meanwhile, as has already been proven, since the twelfth of March two thousand two, the respondent company had initiated before the National Environmental Technical Secretariat the approval procedure for the Environmental Impact Study of the Crucitas mining project; once the previously explained preventions issued by SETENA were fulfilled, the company presented the corresponding Environmental Impact Study, which was finally approved through resolution 3638-2005-SETENA. However, despite the initial assessment carried out at the Directorate of Geology and Mines, when the Environmental Impact Study was presented –twelfth of March two thousand two– the project did not consider the need to use explosives because the intended depth would be less than what was later proposed, this because at that time the economic conditions surrounding gold exploitation and the company’s financial condition so determined, as it was a more superficial exploitation that did not imply the extraction of hard rock, and therefore, without using explosives, only earth removal (remoción de tierra) and excavation. Having the Environmental Impact Study been approved, on the thirtieth of May two thousand seven the company requested from the Directorate of Geology and Mines the convalidation of the mentioned resolution 578-2001-MINAE, but while this processing was underway, the company also presented before SETENA the request for modification of the mining project, since upon those initial conditions under which the Environmental Impact Study was presented changing –and Canadian legislation requiring mining companies of its nationality to issue indisputable information on the available mining resource– the developing company considered it important to make a modification to the project in the sense of reducing the exploitation area but increasing its depth; upon increasing the depth, the material to be extracted would be different, because increasing the depth does encounter hard rock, which is why it was necessary to return to the initial proposal of using explosives, whose use, in any case, had already been assessed by the Directorate of Geology and Mines. Thus, as has been indicated, the company requested from SETENA the approval of a proposed modification to the project, a request that was accompanied by the so-called “Environmental Assessment of Proposed Changes to the Crucitas Mining Project”; as Appendix 1 of this assessment appears the “Blasting Procedures Manual” prepared by the company Explotec, which defines how explosives storage should be, how the powder magazine zone should be arranged, the mechanisms for use and safety of these materials –operation control, protection, preparation, what to do with unused material, how loading is done, blast area security, and personnel protection–, as well as how to transport explosives –including how their transport should be arranged, in what type of vehicles, and the maintenance and operation that must be given to them–. This modification was approved by the Technical Secretariat through resolution 107-2008-SETENA, of the fourth of February two thousand eight. Thus, finally, and through resolution number R-217-2008, of the twenty-first of April two thousand eight, and acknowledging the entire procedure described here, the Executive Branch granted the mining exploitation concession in favor of Industrias Infinito Sociedad Anónima; in this new resolution it is also proven that the developing company will use explosives in the extraction process, and it contains a reference in identical terms to those already cited regarding that the Directorate of Geology and Mines will ensure that the company uses the technology causing the least impact on the environment. Thus, it is clear that the use of explosives in the Crucitas mining project is an aspect that has been raised and resolved favorably by both the Directorate of Geology and Mines and the National Environmental Technical Secretariat, both technical bodies of the administration with specific competence to rule on the matter. In any case, given the questioning raised before the Chamber, and although it has been demonstrated that the explosives issue was indeed considered at the administrative level, it is considered important to formulate the following observations.

LVI.- On the type of explosions and their effects. It is important to mention that the respondent company affirms that in terms of explosives and explosions, the system of “controlled blasting” (voladura controlada) will be used, which is defined as “that which aims to avoid the breaking of rock outside previously established limits. The explosive charges are low energy and are placed close to each other, controlling rock dispersion and the noise produced”; in this sense, using this “controlled blasting” system, the vibration, noise, dust, and gases generated are of low intensity and periodicity, limited to a maximum of two explosions per week. By way of example, the company explains that a blast at a distance of two hundred to five hundred meters produces a maximum noise of 103.8 and 95.3 decibels, respectively, while technical criteria prove that thunder produces a noise of 120 decibels –see page 50 of the document provided by the company on the twenty-seventh of November two thousand nine–. It is in light of this that the respondent authorities conclude that due to the type of explosives to be used, the fauna will not be affected –see folio 5379–, as their effects will be very punctual and localized in time and space, without anticipating affectation for the local fauna –including the macaws–, since the effects will last a short time and only cause the temporary distancing of species in the following days, returning to their normal activities in a very short term.

LVII.- This conclusion of the competent authorities coincides with what was explained regarding this type of explosion in the explosives training course given in June two thousand seven to the National Environmental Technical Secretariat by Engineer Orlando Reyes, Technical Manager of the company ORICA Mining Services Centroamérica Sociedad Anónima –a copy of the material used in this course was provided to the file by the Environmental Regent (Regente Ambiental) of the Crucitas mining project–. In this training activity, it is explained that the term “blasting” refers to a mechanism for breaking rocks by the action of explosives, but it clarifies that these explosives –called gunpowder for mines– are mixtures of sulfur, charcoal, and potassium nitrate, and differ from conventional explosives in that they deflagrate instead of detonating, and for that reason they are very suitable for cutting ornamental rocks such as granite, marble, and slate. Both detonation and deflagration are oxidation-reduction phenomena, but deflagration is subsonic in nature, while detonation is supersonic in nature, since in the latter case, the compression waves propagate at a speed greater than that of sound. Thus, a detonation is a high-speed chemical reaction that creates a shock wave, while deflagration is a thermal reaction that does not produce shock waves. Regarding technical aspects, it mentions that the explosive’s energy must be confined along the drill hole to produce the fracturing and displacement of the rock, and that the results of a blast depend more on the properties and structures of the rock than on the properties of the explosives. Thus, it reports that the effects of blasts can potentially affect the environment mainly in three ways: acoustic –noise produced–, vibrations –ground vibration–, and gases produced. The presentation affirms that the acoustic pollution produced by blasts can be absolutely controlled using appropriate and known modern control techniques, among which is sequenced detonation, by which the quantity of explosive for each event is adequately designed and established, so that the vibrations produced are within the parameters accepted in local or international regulations. It indicates that the most important thing is that the control of potential affectation produced during blasts by the effect of vibrations passes solely and exclusively through the distribution of explosive charges over time, and in their dosage, and this is totally controllable and is designed for each specific case. The course delves into acoustic pollution, explaining that the sound caused by a blast can be minimized and controlled by adequately using delay elements and eliminating the use of detonating cord on the surface of the blast; in this way, the sound perceived will be mainly that of the surface charges, a sound that in any case does not exceed 50 decibels at the exact site of detonation, recalling that in every blast, people must be at least three hundred meters away for safety reasons, and at this distance the sound is sometimes barely perceptible. The explosion of the charges inside the drill holes does not contribute much sound if they are appropriately confined, as must be the case to achieve the desired effect –that the released energy is used for rock fracturing– and what is perceived by humans and fauna is mainly the vibration produced by these detonations but within a maximum approximate range of about three hundred meters, which can be predicted and controlled down to minimal values. In terms of gases, it explains that this is the name given to the set of products resulting from a blast, comprising innocuous gases of water vapor, nitrogen, carbon dioxide, some solid and liquid products, and gases such as carbon monoxide and nitrogen oxides; the gases produced during the detonation of the explosive in an open pit are those that cause the rock to break, given their high pressures and temperature, but these gases dilute upon contact with air, reaching concentrations in the air that are not considered risky for humans or flora and fauna, since proper control and design of the blasts are what reduce the possibility of gas generation into the atmosphere. Thus, what was indicated in this course taught to the National Environmental Technical Secretariat is in the same vein as what was resolved by the respondent authorities regarding the declaration that the type of explosions to be implemented in the mining project will lack negative effects on the biological environment, provided that the corresponding application and safety protocols are adequately observed.

LVIII.- In the same vein, the project’s Environmental Regent sets out as an example the blasts carried out in urban cases for basement construction, indicating a specific case in an area of office buildings, where explosions have been carried out next to buildings that maintain full occupancy, that is, without evacuating people, and where the perception radius of the explosion was no further than sixty meters away, data that were verified by geophones, which are instruments that measure seismic waves. Additionally, it explains that this same type of blasts, like those to be performed in the mining project, are regularly implemented in pits located in the Central Valley, around which there are residential or urbanized areas just two hundred meters away, all of which demonstrates, in its opinion and according to what is indicated here, that the controlled blasting process does not represent a significant risk to the flora and fauna inhabiting areas surrounding the Crucitas mining project.

LIX.- Social knowledge regarding the use of explosives. By including the use of explosives in the proposed project modification, the referenced Environmental Assessment of Proposed Changes to the Crucitas Mining Project included as Appendix 2 the “Estudio del conocimiento y la percepción local de la modalidad de explotación de roca dura,” prepared in October two thousand seven, in which it is proven before the National Environmental Technical Secretariat that, given the proposed modifications, the analysis of the local perception of the project was repeated to determine the degree of knowledge the population had of the proposed changes regarding the reduction of the extraction area and the processing of saprolite and hard rock, as well as their effects on the social and economic conditions of the communities in the project’s area of influence. It is reported that focus groups and open conversations were held with representatives of organizations and individuals in their personal capacity, thus completing ten different meetings held in Ciudad Quesada, Coopevega, Moravia de Cutris, Chamorro, el Roble, Crucitas, Llano Verde, and Jocote, as well as other individual visits to persons or families from smaller and more remote populations. The calls were made verbally and through written communications posted in the communities and residents’ meeting places, and their content expressly considered the background, the technical and financial reasons for changing the exploitation model, the viability of the saprolite model, the main changes in the project area with the hard rock model, the social and environmental impacts associated with the new exploitation model, and the generation of taxes under the new model. The study concludes that the interviewees mainly highlighted positive effects of the change, because the area to be impacted is considerably reduced and there will be greater generation of employment with the proposed modality. This study on social perception is also accompanied by other appendices of its own, such as the interview guide, the questionnaire for individual consultation, the list of persons interviewed and participants in focus groups, and summaries of the results of group interviews.

LX.- The approval of the proposed modification regarding the use of explosives.

Thus, the application for modification of the project having been submitted, attaching the corresponding studies on the use of explosives and the social perception of this method, by resolution No. 170-2008-SETENA of February fourth, two thousand eight, the Plenary Commission approved the modification requested by the company, making specific reference to the fact that the initial project contemplated the extraction of saprolite to a depth of 15 m, as it involved a lower extraction cost; however, in light of changes in the gold process and because the company did not meet a standard required in its country of origin –Canada–, it requested as part of the changes to also extract the hard rock –where the probability of a greater quantity of gold increases– to depths of 67 m and reduce the extraction area from 126.4 hectares to 50 hectares. Likewise, since hard rock extraction involves the use of blasting for the proper advancement of extraction blocks and the appropriate formation of the pit wall slopes, the company undertook to hire a certified developer for this type of activity. In this regard, the Chamber notes that the competent technical entity in this matter was indeed aware of the content of the proposed modification, the mechanisms for the application and use of explosives, and the social dissemination carried out regarding these modifications –including the use of explosives–, all of which led the administration to consider that the use of explosives would not generate a negative impact on the biological environment, which is why it approved the request made by the respondent company. It must be reiterated that the technical knowledge of requests and claims such as those indicated herein falls within the purview of the administration's technical entities; therefore, if the pertinent bodies have expressed their scientific opinion on the matter, it is beyond the scope of the constitutional jurisdiction to discuss whether such an opinion is aligned with the equally technical nature of the elements taken into account by the administration for issuing its pronouncement; consequently, if the interested parties consider that there is any disagreement in this regard, they must file the pertinent actions before the corresponding bodies.

LXI.- The Chamber is aware of the alarming statements made by both the appellants and the respondents, to the effect that the existence of only twenty-five pairs of great green macaws (lapas verdes) has been proven, but this disturbing fact and the fearsome scenario looming if current conditions persist are in no way attributable to the authorization of the land-use change (cambio de uso del suelo), but rather to the absence of prior monitoring and controls on this situation, which led to the indiscriminate exploitation of forest covers without technical parameters such as those now being implemented and which must be improved, and the removal of the bird from its natural environment for commercial and domestic entertainment purposes. In this regard, and taking into account the technical recommendations issued, the Chamber urges the administration to strengthen adequate controls and pertinent monitoring to follow up on the situation of the great green macaw and reduce the extinction risks now foreseen. Consequently, the Arenal Huetar Norte Conservation Area and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications are ordered to implement interdisciplinary follow-up programs for the preservation and conservation of the great green macaw in the northern and Atlantic zones of the country.

LXII.- Furthermore, regarding the use of the wood from the trees that must be cut down to allow the implementation of the mining project, its use is authorized solely and exclusively under the commitment assumed by the company Industrias Infinito Sociedad Anónima itself, visible and reiterated at folios 500, 534, and 557 of the case file, where it expressly states that "[t]he expected profits from the sale of the wood, amounting to approximately $1,000,000 (one million US dollars), will be deposited in the existing trust of APANAJUCA, which is the Association for the Juan Castro Blanco National Park, whose sole purpose is the purchase of private lands for conservation of the National Park, also known in San Carlos as the Water Park, and which currently has more than 90% of its area under private ownership," as it is not its "interest to extract the wood and obtain an economic benefit from it [but rather] the economic resources obtained from the sale of the wood will be donated to a recognized institution in Ciudad Quesada for the purchase of lands dedicated to conservation." Thus, if once the authorized mitigation measures have been carried out, the company decides to dispose of the wood from the cut trees and the removed plant waste, such disposal must be only for the purpose of increasing, as applicable, the trust of the Association for the Juan Castro Blanco National Park, and solely for the acquisition of privately owned lands that make up the National Park, for which the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications must rigorously exercise control and monitoring actions to verify compliance with this mandate.

LXIII.- In short, the authorization of land-use change and the permit granted for the cutting of 197 almond trees (árboles de almendro) in the Crucitas mining project zone does not contravene environmental protection nor does it place the yellow almond tree (almendro amarillo) in a position of risk or threat. Similarly, the authorized cutting and the approved modification to the mining project also do not compromise the existence of the great green macaw as it lacks a negative impact on its nesting sites and food sources; therefore, the appeal must be dismissed regarding these points.

LXIV.- Regarding the existence of water resources in the Crucitas zone and the risk of contamination. The appellants accuse that the mining company, to carry out the Crucitas Project, will raze a protection zone for streams and springs (nacientes) in the area of the excavations and tailings zones where lagoons will be built to store cyanide material. Furthermore, it must divert streams and affect aquifer recharge zones, thereby affecting important surface aquifers such as the “La Plata” and “La Mina” streams, as well as aquifer recharge zones, even affecting the San Juan River due to its proximity. From the study of the case records and the reports rendered under oath, the Chamber observes that the situation raised has been assessed by both the company and the corresponding administrative instances. First, it is worth specifying that the Inventory of Streams in the project's exploitation zone, prepared in November two thousand seven, concluded that: a) in the exploitation area there is no stream or watercourse of significant size that could be affected by mining exploitation; b) in the reservoir area, four watercourses (yurros) and the Mina stream would be affected, which would be flooded by the tailings reservoir; c) in the process plant area, no type of watercourse would be affected, and; d) the mining exploitation would manifest as an increase in runoff, which would be negligible in the flow of the receiving rivers. For its part, the Water Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications certified in May two thousand eight that: a) in the mining exploitation area of the Fortuna hill, there are ten unnamed streams with intermittent flow and public domain; b) in the exploitation area of the Botija hill, there are two unnamed streams with intermittent flow and public domain; c) in the tailings reservoir area, there are five streams with permanent flow and public domain, such as the Minas and Campamento streams. According to the studies conducted by the respondent company during the exploration stage, the following bodies of water were analyzed: Descubrimiento Stream, Crucitas Watercourse, Chamorro Stream, La Mina Stream, Infiernito River, Llano Verde Stream, San Juan River, and Laguna –located near the camp, see page 194 of the environmental impact assessment (EsIA)–. However, none of them is potable because the levels of coliform contamination in all cases exceed the maximum admissible values –see page 196 of the EsIA–. Additionally, 3 domestic supply wells were identified in the Crucitas village 3 kilometers north of the mining excavation, which penetrate the upper aquifer –see page 196 of the EsIA–. There are two springs (manantiales) used for domestic supply: one for the project camp and the other located 50 meters east of the school –page 197 of the EsIA–; both obtain water from the upper aquifer. Likewise, it was demonstrated that two aquifers exist in the Crucitas mining project zone: 1- An upper aquifer of the phreatic type, at 4 meters or more below the surface, whose recharge is presumed to be local, by rainfall infiltration. It has a series of flow directions that run according to the topography –page 198 of the EsIA–. To determine this during the exploration phase, approximately 24 well drillings were made to establish the permeability of the saprolite and the bedrock –page 205 of the EsIA–. 2- A lower aquifer that is confined within fractured volcanic rocks at depths greater than 80 meters –page 23 of the EsIA–. There is no evidence of natural outcroppings of this water throughout the study area, and it was determined that this aquifer does have a regional direction of underground flow –p. 207 of the EsIA–. It was duly demonstrated that this aquifer presents low water quality conditions, as the values for ammonium, iron, potassium, sulfates, color, and turbidity exceed the potability standard; and that wells made in these areas that penetrate the lower aquifer will behave as flowing artesian wells –see page 208 of the EsIA, according to samples taken in the year 2000–. According to the studies conducted, the water quality of both aquifers is low and outside national standards for human supply due to the pH level, which is low, as the reported data record a pH between 5.76 and 4.92, below the national minimum standard (6.5 pH). On this matter, the Summary of Hydrogeological Conditions and Expected Effects in the Crucitas mining project concludes that the upper aquifer will not be contaminated by the mineral extraction process provided that the prevention measures are complied with. Regarding the lower aquifer, this Summary indicates that it has no outcroppings, and that its recharge areas are located outside the project and it does not flow towards the San Juan River. The lower aquifer presents confined conditions and, in some sectors, a flowing artesian behavior, where the piezometric level presents a flow direction that is approximately northeast-southwest, and where the elevation of the piezometric level in the sector where the pits will be located is approximately 73 meters above sea level (m.s.n.m.), so the lower aquifer will therefore be intersected at that point. In that case, the water inflow as extraction progresses below the 73-meter elevation will be pumped to the tailings lagoon until extraction is completed, and then in the Botija pit, which will be backfilled, the water level may recover approximately its position within the material that will be placed inside the pit, to subsequently restore the land surface with vegetation. In the case of the Fortuna pit, the level will recover its position but will fill the pit, forming a lake. To evaluate the effects of the excavation of the pits on the lower aquifer, an evaluation was carried out by modeling the drawdown of the water level in the excavation itself and its surroundings. For this, a radial flow model –Rushton and Redshaw, 1979– was used, and the flow rate necessary to extract from the excavation to maintain the water level at the pit floor while extraction work is completed was calculated, and the radius of influence was also calculated. For this, a geometric simplification of the shape of the pits was made, with emphasis given to the Fortuna pit, since the Botija pit will be backfilled. Generally, the base area of the Fortuna pit was taken as 19,103.8 m2. The water surface area once recovered is calculated at 88,096.6 m2. This drawdown effect on the lower aquifer level is temporary, since once material exploitation work ceases and water extraction from the excavation no longer occurs, the groundwater level will begin to recover until it reaches the 73 meters above sea level that it currently presents.

LXV.- In this regard, the report rendered under oath by SETENA at folio 3781 of the case file admits that the development of land removal and cutting activities, together with the occurrence of heavy rains, can trigger erosive processes and material drag towards the water bodies that drain the project area during the project's operation; however, the Environmental Management Plan has foreseen the necessary measures for their control and mitigation. Regarding the possibility of contamination of rivers and streams, including the San Juan River, it is indicated that the cyanide reduction system is called CYPLUS, which constitutes an indispensable tool for the environmental management of the project, such that, being a state-of-the-art system proven in other countries like the United States where it has been endorsed by that country's Environmental Protection Agency (EPA), it guarantees the levels set by current regulations in the country (less than 1 ppm).ppm=parts per million. The plant is designed so that the discharge to the tailings lagoon has a concentration between 30-90 ppb (parts per billion), which allows the project development to comply with the international standard of 100 ppb (0.1 ppm); additionally, the process successfully removes all base materials, including copper. Likewise, the final waste polishing process through the natural degradation of cyanide is carried out in the tailings lagoon, this process being understood as the complete reduction of cyanide from wastewater in the absence of human intervention, so both surface and groundwater in the project area and its area of influence will not be contaminated. With regard to hard rock extraction, the effect in relation to the saprolite extraction system consists of the impact on the groundwater quantity due to the inflow of the lower aquifer during the excavation of the pits. The drawdown of the groundwater level to the base of this aquifer is expected; however, this situation, as presented in the environmental impact assessment, due to its distribution and flow characteristics, would generate a maximum expected radius of influence of 267 meters, a situation that obviously would not affect properties located outside that radius, and which in any case would be located entirely on the property of Industrias Infinito, so water intakes or wells on neighboring properties would not be affected. The drawdown would be generated in the vicinity of the excavation, but the magnitude of that water level decline can be practically imperceptible beyond that 267-meter radius. It was concluded that this impact has no relevance in terms of aquifer use. Thus, both aquifers were assessed in the environmental impact assessment and its proposed change, but no adverse effect was determined, as with respect to the alleged contamination of the rivers and streams by the CYPLUS system to be implemented (see report at folio 1751).

LXVI.- Likewise, in the event of accidental contamination due to an emergency, there is a Chapter within the environmental impact assessment called the Contingency Plan, which incorporates all types of eventualities that could occur. In the event of earthquakes, the tailings lagoon will have an overflow or surplus spillway structure that has been designed and approved in the environmental impact assessment and its Annex, in order to provide permanent stability to the dam and to independently manage excess water during periods of maximum precipitation. Furthermore, in addition to maintaining permanent control of the spillway water quality, a lime dosing plant will be installed, just like at the pit outlets, so that, if necessary, the pH can be neutralized. The location of this plant is an additional measure and an extra safety factor, with which the quality of the discharged water is acceptable, as it complies with international regulations –see report at folio 1751–. The foregoing is reinforced by the study of the scientist M.Sc. Hugo Virgilio Rodriguez Estrada, Hydrogeologist, cited previously, when indicating that according to the design of the Crucitas Mining Project, the upper aquifer does not represent limitations for its development, because it will not be contaminated by the effect of the material extraction process or by industrial processes, provided that the proposed prevention and mitigation measures are complied with. The lower aquifer is formed in igneous rocks of the bedrock, is of a confined nature, and does not present surface outcroppings; this characteristic implies that the recharge areas are located outside the Crucitas Project Area. He reiterates that this aquifer shows a regional flow from northwest to southwest, with an average hydraulic gradient of 3.2%; this implies that the water flow from this aquifer does not drain towards the San Juan River. The confining layer is not formed by the saprolite, but rather by some low-permeability horizons located within the bedrock rocks themselves. There are currently no records that this aquifer is tapped in the region, and the water quality of the lower aquifer presents a higher concentration in all chemical parameters, which is understandable because it is a deeper aquifer, where the water has a longer residence time and is more prone to being affected by the hydrothermal alterations related to the mineral deposit. For this reason, this aquifer presents low water quality conditions, and the values for ammonium, iron, potassium, sulfates, color, and turbidity are outside the national water quality standards for human supply. The analyses performed on the existing data indicate, as a general conclusion, that from a hydrogeological standpoint, the Crucitas project is viable and no negative impact on groundwater is expected if all established control, prevention, and mitigation measures are applied. For its part, the hydrogeological evaluation carried out by SENARA and communicated via official letter GE-097-2009 of February 13, 2009, by the General Manager, also validated the project within the framework of the commitments assumed by the company to mitigate the potential impact on groundwater of interest. Report DIGH-0034-2009 of February 11, 2009, addressed to the general manager of SENARA and which served as support for the aforementioned official letter, indicates: “…According to the radii of influence due to drawdown, resulting from the excavation intersecting the water levels of the upper and lower aquifers, the public supply sources such as wells or springs would not be affected, nor would it reach the tailings lagoon area…”; however, it emphasizes the control and prevention mechanisms that must be implemented.

LXVII.- In this sense, the Chamber holds it as proven that water resources do exist in the Crucitas project zone, but none of the existing aquifers are potable, even though the upper aquifer does discharge into nearby rivers and streams. Likewise, it is shown that there is no risk of contamination due to the development of the mining activity, provided that the prevention and mitigation measures established in the management plans are observed, from which arises the unavoidable duty of the company and the administration to monitor the situation with particular diligence to avoid any negligence in the referred prevention and mitigation plans.

LXVIII.- Equally, the technical evidence submitted to the case file regarding the geography of the terrain and the direction in which the lower aquifer flows rules out the risk of contamination of this transboundary watercourse in the terms raised by the appellants. On the contrary, given the obligations established in the "Convention on the Law of the Uses of International Watercourses for Purposes other than Navigation," and what is stipulated in United Nations General Assembly resolution number 63/124, it is clear that the Costa Rican State is tributary to the protection that the State of the watercourse from which the aquifer originates must provide, while Costa Rica is responsible for providing full protection within its territory, since, as has been proven, there is no risk of any negative impact on the State of the watercourse from which the regional aquifer –lower aquifer– originates. The situation would be different in the event that the aquifer flowed from Costa Rica to another country, in which case it would indeed be obligated to adopt all necessary protective measures to avoid significant harm to the other State of the watercourse; as this is not the case, Costa Rican obligations on the matter are limited to the protection it must provide within its own territory.

LXIX.- Notwithstanding the foregoing, this Court was able to verify, through an inquiry made to the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA), that this agency had not conducted any hydrogeological study in the area, and that no environmental impact assessment for the Crucitas mining project had been submitted to SENARA, but rather that only the assessment for the installation of a fuel tank had been processed through a study specifically prepared for the tank area, without reflecting the general hydrogeological conditions. Therefore, there was a lack of information to define recharge and discharge zones and the impact of mining activity on the aquifers. The foregoing warrants, in accordance with SENARA's technical competencies in the protection of water resources, that an irregularity on the part of the respondent authorities be noted regarding the assessment of environmental risk. This is because, in the case of an activity subject to environmental assessment, the authority competent to grant the environmental viability (viabilidad ambiental) should have had all the necessary technical elements, one of which was to determine, to a greater extent, the possibility of whether the water resource would be affected, not only over a specific area within the mining project but over the entire area to be impacted by the project—an integral assessment that was certainly not presented to SENARA, nor to SETENA, prior to the approval of the environmental impact assessment. It was after the approval of said study that the respondent company submitted a Hydrogeological Study to SENARA for analysis, a procedure that resulted in report number DIGH-0034-2009, of February eleventh, two thousand nine, by which the Directorate of Water Research and Management (Dirección de Investigación y Gestión Hídrica) of SENARA concluded that the excavation would not affect public supply sources, but surface waters could be contaminated if the tailings lagoon did not have sufficient flow to maintain the thickness of the water mirror, meaning that the operating condition of the dam must be guaranteed and a treatment system implemented to improve the water quality of the lagoon that discharges into the fluvial system. Similarly, through report number DGIH-0039-2009, of February thirteenth of that year, SENARA concluded that there is no hydraulic communication between the project activities and the potable water sources, that neither of the two aquifers –upper and lower– are potable, and that the lower aquifer does not discharge towards the San Juan River, but rather towards national territory; therefore, the Hydrogeological Study presented was finally validated by SENARA, and MINAET was so informed on February thirteenth, two thousand nine. In accordance with the above, the appropriate course is to grant the appeal regarding this point, since the respondent authorities acted negligently by not having required, prior to granting the environmental viability of the project, the pronouncement of SENARA, in accordance with the grounds that this Court has repeatedly laid out. Notwithstanding the foregoing, this declaration must be understood solely for the purpose of condemning the respondent authorities to pay damages (daños y perjuicios) caused by the administration's omission in not requiring or validating a complete hydrogeological study of the project area prior to granting the environmental viability, but not to annul the environmental impact assessment or the environmental viability granted, since the competent authority –SENARA– confirmed the project's viability according to the studies provided. This does not mean that the Chamber validates the granting of environmental permits without the fulfillment of legal requirements, provided they are met later; on the contrary, it is a reiteration that it is not valid to grant environmental permits if the studies required by law are not complete. However, if in this specific case, where the impact-causing activities are still halted, and technical elements now exist concluding that the water resource of the area will not be affected, as declared by the competent authority, the rules of logic and science indicate that the project may continue under the terms proposed without causing greater delays than strictly necessary. In this specific case, it would be inconsequential to roll back the validation of the environmental impact assessment so that the administration could evaluate studies that are already approved, when these studies certify the protection of the water resource in the area and no activities that could eventually affect said water resource have been executed in the project. Hence, the effect of the proven violation is the condemnation of the State to pay damages, with a warning to refrain from incurring in omissions or situations such as those that gave rise to the upholding of this point.

LXX.- Regarding the risk of aquifer contamination with cyanide or cyanide material. An additional aspect alleged by the appellants regarding the risk of aquifer contamination is the use of cyanide in the gold leaching (lixiviación) process, since it is highly contaminating if its handling is not appropriate. It must be noted that for the extraction of gold, the excavated earth must undergo a washing process, within which cyanide is incorporated to separate the mineral, extract it, and subsequently discard the remaining material, which is called sterile material. This washing process is carried out within a closed mechanism that prevents the cyanide from coming into contact with the environment and eliminates the cyanide from the water used and from the material subjected to the process, such that the water and materials leaving the system, which will later be deposited in the tailings lagoon, lack significant concentrations of cyanide and therefore do not generate a risk to the water resources and the biological environment of the project. This closed system will be installed on a concrete slab that prevents leaks into the soil, rock, and water resources, and has been designed under appropriate seismicity standards to withstand events of up to 8.4 degrees on the Richter scale –as was reported during the Judicial Inspection carried out on September twelfth, two thousand nine–. Thus, it is indicated that the risk of aquifer contamination with cyanide is practically nil. Another aspect related to cyanide concerns its transport, storage, and application. On this matter, in compliance with resolution No. 2237-2005-SETENA, of August thirtieth, two thousand five –that is, prior to the approval of the environmental impact assessment–, the respondent company submitted to the Technical Secretariat the "Protocol for the Transport, Handling, and Storage of Hazardous Substances," which necessarily includes cyanide. Indeed, the appendices to the environmental impact assessment include Appendix 2.b, called "Management Protocol for the Transport, Handling, and Storage of Hazardous Substances in the Crucitas Mining Project," which considers a transport protocol, a handling protocol, and a storage protocol.

Thus, this protocol covers aspects such as the hazard classification of various substances—cyanide appears within class 6.1—and stipulates how transport must be carried out, how the cargo must be labeled, how it must be packaged, what prohibitions apply and what specifications the vehicle transporting them must have, how the route for their transfer must be prepared and the coordination that must be undertaken with the Dirección General de Ingeniería de Tránsito of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the conditions for loading, conditioning, and unloading of the substances; the personnel involved in those operations; the documentation the vehicles must carry; and the procedures in case of emergency, accident, or breakdown. It also covers different aspects related to handling and storage, such as the security and design of the warehouse, the reception of the substances, separation from other products, the protective equipment to be used, the inspections to be carried out, and the emergency plans. Additionally, this Appendix 2.b. includes as Annex 3 the document entitled "Manejo del Cianuro en proyectos mineros," which considers other aspects directly related to the production and storage of cyanide, how the product must arrive from the supplier, where and how it must be stored, the management and evaluation of risk and how those risks are managed at the plant and at the gold mine itself, how its transport must be conducted, and the necessary information on the risks. Thus, it is clear that all these aspects were provided by the company, assessed and approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental when validating the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) and its annexes, and granting environmental viability to the Crucitas mining project.

LXXI.- On the risk of acid rock drainage. Once the cyanide treatment is concluded, and the cyanide has been eliminated from the water and the material, both the water and the treated material will be transferred to the tailings pond. The appellants claim that upon extraction of material from the Botija and Fortuna hills, and due to its placement in the tailings pond, acid drainage and open contamination beyond the aquifers could ensue. By acid rock drainage is understood a chemical reaction that occurs when a rock containing iron sulfide minerals is exposed to atmospheric oxidation through the combination of water, oxygen, and carbon dioxide. Acid drainage can occur naturally or as a consequence of human activity, but if any one of the three factors—sulfides, air, and water—does not react or is not present, acid drainage does not occur; another important factor is that not all sulfide minerals have the same reactivity or produce acidity under equal conditions, just as not all rocks or sulfide-bearing materials are potentially acid-generating. On this matter, the Chamber has been informed that the system implemented for treating the material has an overflow area to prevent contamination in the event of earthquakes—the situation regarding seismicity is treated in detail later—which is capable of containing the entire volume of the cyanide application system plus an additional twenty percent as a safety margin; the Chamber has been informed that the entire structure—both the tailings pond dam and the leaching and gold recovery plants—meets the seismic resistance conditions established in the Costa Rican Seismic Code, to the point that they can withstand earthquakes greater than eight degrees on the Richter scale—see the on-site judicial inspection record conducted on September eleventh, two thousand nine. Additionally, the pond area also has a lime dosing plant to neutralize the pH, and it is confined both by natural geographic features and by concrete structures which, combined with the terrain conditions, prevent contamination of aquifers by gravity or seepage. Both the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones and the respondent company state that in the cyanide destruction process the Cyplus method will be used, which allows reducing cyanide to levels lower than desired, that is, exceeding the required destruction levels. Indeed, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental informs that the Cyplus system offers a performance superior to that established in national regulations, and that the natural degradation of cyanide is carried out in the aforementioned tailings pond, so the surface and groundwater within the project and its area of influence will not be contaminated.

LXXII.- Specifically regarding the acid drainage mentioned, the Modification Proposal is clear in indicating that the analyses conducted allow concluding that:

a. The material covered with saprolite has very low sulfide levels. The low-pH leachate from this material that currently exists naturally in the upper aquifer and fluvial drainages is due to residual acidity in the draining interstitial water; however, it does not present current acid generation potential, so this material is classified practically as inert.

b. The rock deposit and the tailings are characterized by moderate sulfide levels with a low pH; however, it contains little carbonate, which is the compound that can develop natural neutralization of the system, so most of the inert rock material and tailings that will be located in the tailings area present acid generation potential.

c. The volcanic rock basement is classified as a potential generator of acid drainage. These materials present some neutralizing capacity; however, the materials presenting this condition exist in very small proportion in the deposit, so it could be classified as slightly potential acid-generating with some rocky materials categorized as inert.

d. Despite the existence of sulfide oxidation potential in the inert rock and tailings, proper management that completely isolates the possibility of reaction between air, water, and sulfides, such as managing these materials (sterile rock and tailings) permanently submerged underwater, completely nullifies the acid generation potential.

In the oral hearing held before this Court, the project's Environmental Regent explained that in the case of Crucitas, in nineteen ninety-six more than three hundred fifty analyses were conducted on rock samples, the results of which were submitted to SETENA together with the environmental impact assessment in the year two thousand two—in English—and also in the Annex ordered by SETENA to the Study in the year two thousand five—already translated into Spanish; then, those same results were updated in the year two thousand seven, concluding what is indicated in the modification proposal to the effect that the rocks in the area present a low potential for generating acid. As an example, they note that the sulfide percentage is 1.5%, which is low because in mines with strong acid drainage the sulfide percentages are close to 10%, and in cases of sulfide mines it reaches 50% or more. Thus, it is evident that the issue of acid rock drainage was indeed considered both in the environmental impact assessment and in the modification proposal to the project, with the result that both documents were duly validated by the competent administrative authority.

LXXIII.- On these last two topics—cyanide management and risk of acid drainage—the case file contains other technical reports that refer to the appropriateness of this cyanide destruction system and the mechanisms provided by the company for this procedure. Thus, through the Report on Handling and Control of Cyanide Substances and Acid Drainage Generation in the mining project, prepared by geologists Jorge Laguna Morales and Franz Ulloa Chaverri, it is concluded that all processes meet the international handling and control regulations, and that the infrastructure has been designed with safety controls that exceed international standards by up to fifteen percent; regarding the Cyplus system, it explains that it is the most effective for the destruction of cyanide substances. For its part, the Report on Handling of Rock and Process Tailings with Acid Drainage Potential, dated January two thousand nine, prepared by Gregory Pleshcheev concludes that the subaqueous disposal of tailings and sterile material is the most efficient method of managing and mitigating potential acid rock drainage, and that the pH of the tailings pond will remain within the characteristic range of local surface waters. Likewise, the Report Cyanide and its Application in Crucitas, also from January of that year, explains that the required levels of cyanide destruction are achieved when the effluents are treated with the Combinox process, which includes the Cyplus system. In addition to these studies, the Report Acid Rock Drainage Potential in the Crucitas Project and Existing Mitigation Plans, dated February two thousand nine, prepared by Alejandro Arauz, reiterates that the technique of submerging the material suspect of acid drainage beneath a layer of still water has proven to be the most effective for avoiding the generation of acidic waters, because by suppressing contact with oxygen the chemical reaction that gives rise to acidic waters is prevented. Finally, the Report Review and Evaluation of Technical Information on the Application, Control, and Destruction of Cyanide in the Crucitas Mining Project Process, also from February of that year, prepared by Sherman Thomas Jackson, asserts that the project will have efficient controls for the transfer, use, and destruction of cyanide, complying with current national and international regulations, and that the cyanide destruction process allows effluent discharges to be safely managed and controlled.

LXXIV.- On seismic activity and its possible impact on the Crucitas mining project. During the hearing held on the twelfth, thirteenth, and seventeenth of November two thousand nine, the question was raised about the seismography of the area where the mining project is located, and the possible effects or impacts of earthquakes on the tailings pond and its dam, this because the appellants, citing information from the Tectonic Atlas of Costa Rica, assert that the tailings pond area and other areas of the project are intersected by a tectonic fault—see documents visible at folios 5271 to 5277 of volume XIX of this amparo appeal—, so in their opinion a neotectonic study is required that analyzes the risk of seismic activity—a study they believe should have been conducted for the initial approval of the project. On this matter, the Chamber verifies that the environmental impact assessment approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental does consider the seismic situation of the region, and that before SETENA the document called "Seismic Hazard Study for the Crucitas Mining Project, San Carlos" exists, prepared by the Seismology and Volcanology Section of the University of Costa Rica in October nineteen ninety-six. The Study indicates that the project area may be affected by interplate or intraplate earthquakes, but these would be merely possible events with a magnitude of 7.7M and an acceleration of 4 on soil of 2.19 m/s2, with return periods of 50 and of 3.97 m/s2 for five hundred years, without there being evidence of mass movements or scars from ancient events—see page 24 of the Study. The seismic hazard study is concentrated between pages 214 and 221 of the document, and there it is indicated that due to the depth of the events originating from this seismic source, the degree of hazard over the project area is medium, hardly exceeding an intensity degree of VII. It adds that the active zonal faulting that could represent some degree of hazard for the project are those located on the Caribbean Plate, at depths less than 20 km. It is indicated that the study covered from the year fifteen hundred to nineteen ninety-five, and the epicentral distribution of shallow earthquakes shows that seismicity is very low and that the main concentration of earthquakes is found southwest of San Jorge de Los Chiles and near the calderic structures located south of the project area. The investigations state that the faults in the area are characterized by generating earthquakes sporadically. The parameters of the most relevant seismic sources that could have some influence on the project area were also assessed, and the maximum duration a seismic shake could have and the maximum ground acceleration were considered. Thus, it is clear that the environmental impact assessment did consider the seismicity of the area, which was not assessed as a factor preventing the execution of the project because said Study was at the time approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Likewise, the respondent authorities state in their reports that the very documentation provided by the appellants—obtained from the so-called Tectonic Atlas of Costa Rica—clearly warns that the maps showing the geological faults are instruments that, due to the scale at which they are presented, are not suitable for use as a basis for the siting of civil works, for which purpose specific studies must be conducted. Thus, they highlight the seismic study on file before SETENA—one of whose authors is precisely also an author of the Tectonic Atlas of Costa Rica—, which indicates that the area where the mining project will be located is of low seismicity. They also affirm that the maps contained in the document provided by the appellants show that the fault alleged by them is the so-called Recreo fault, which is among the "inferred or probable" faults—figure 19 of the Atlas—, so its existence has not been demonstrated. Likewise, they indicate that the Tectonic Atlas reports that there are no records of significant earthquakes during the 19th and 20th centuries—figure 8 of the Atlas—, and that according to the Seismic Code this area is located in seismic intensity zone II, i.e., the lowest intensity zone in the country. Thus, the respondent authorities arrive at the same conclusion already established in the environmental impact assessment and its approval by SETENA, to the effect that there would be no impact on the tailings pond or its dam due to seismic events in the area.

LXXV.- Finally, in response to a specific request from the Chamber, the Volcanological and Seismological Observatory of Costa Rica (OVSICORI)—a research institute attached to the Universidad Nacional—indicates that to rule out the complete existence of faults in the area, it would need to conduct a field study requiring several months of work. However, it does confirm that the main detected faults in the region are two: the San Carlos fault, which is presumed to be an active fault or one that has shown activity during the Quaternary period, but none of the recorded earthquakes are related to it; and the Recreo fault—as affirmed by the respondent public authorities—, which was active in the Tertiary period and no seismic activity has been proven during the Quaternary, nor has any activity been recorded since nineteen eighty-four. In view of this, based on its own studies and those of the global seismological network, OVSICORI concludes that the seismic activity in the area is very low compared to other regions of the country, and can be considered insignificant. Thus, the Chamber observes that the conclusion reached by OVSICORI is in the same direction as what was established in the environmental impact assessment, so that what was expressed in the Study, the assessments made by the respondent authorities, and the technical information from OVSICORI all arrive at the same conclusion of minimal seismic risk in the area where the Crucitas mining project is located.

LXXVI.- On the resistance of the tailings pond dam and the risk of rupture. In this manner, the respondent authorities confirm that the possibility of rupture of the tailings pond dam remains practically nil, because although the developer insisted that the safety factor would prevent the dam from giving way, SETENA requested that the possible consequences of a rupture be adequately modeled; this modeling included construction aspects, hydrology, intensity-duration-frequency curves, design of the overflow spillway, morphology of surface water bodies, formative flow, sediment transport, and channel width, and that the development of the construction processes and design methodologies have contributed to the increase in dam safety. In any event, the possibility of a tailings pond rupture had already been foreseen in the environmental impact assessment itself, by defining the measures to be implemented in case of rupture risk of this type. Thus, the Study indicates that measures must be used to mitigate the effect, reducing the migration of solids downstream, some of them with additional dams downstream, water diversions, removal of displaced solids, and confinement, but that even in the event of a rupture, the impact would be temporary and reversible, would occur in a context already moderately degraded, and where no cyanide solutions coming from the process plant would be found—see page 361 of the Study. The document does point out that the main impact in case of a highly unlikely rupture would be on the ground cover with utilization potential due to the contribution of tailings deposited in the tailings area, but that, as stated, they would not contain cyanide solutions; in this case, it is considered that the soil covered by the tailings would suffer a loss in terms of its utilization as cultivable area and as an area for the conservation and protection of vegetation cover (cobertura vegetal). In this regard, the estimated impacts for a dam rupture would be negative, with high magnitude and local impact capacity, but would likewise be temporary and reversible—see page 363 of the Study—, the same as would occur with respect to the Quebrada Mina, which would receive an amount of sediment that could temporarily alter its aquatic environment and that of the Infiernito River, but also reversibly—pages 365 and 366. The Study does express concern in case the rupture generates an avalanche, because in that case there would be more material deposited on the ground, notwithstanding which and depending on its magnitude, it states that cleaning and recovery techniques could be applied—pages 367 and 368—, which coincides with the information that the National Institute for Innovation and Transfer in Agricultural Technology sent to the Dirección General de Geología y Minas through official communication number DST-773-2006, of October fourth, two thousand six—within file 2594—, indicating that the productive capacity of the soils will not be lost provided that the technical management activities detailed in the statements are complied with.

LXXVII.- On the risk of rupture of the bottom of the pond and the possible threat to the lower aquifer. Starting from the topic of seismicity, during the hearing the question also arose as to whether the soil, floor, or bottom of the pond could break or crack in the event of a seismic event, and what the effect of that rupture would be on the lower aquifer. On this matter, it has been reported that the geological conditions of the project area prevent rupture of the pond bottom and eliminate the risk of aquifer contamination. It is confirmed that the lower aquifer is confined in nature, and that natural clay layers between nine and eighteen meters thick—even up to twenty-five meters—already exist above it, covering the entire area of the tailings pond and keeping the lower aquifer under pressure, which prevents the pond water from seeping into the aquifer. Furthermore, rupture of these clay layers is not possible because by their very nature they behave plastically, i.e., moldably, so that if they face seismic forces, the clay will only tend to deform but not to break or burst—see explanation provided by the respondent company on November twenty-seventh, two thousand nine.

LXXVIII.- Thus, it is clear that the seismic risk in the area of the Crucitas mining project was indeed considered in the environmental impact assessment and validated by the technical administration responsible for its approval, and therefore all related parties must abide by the provisions in the scientific documents that support the execution of the project in the agreed terms regarding this matter.

LXXIX.- On climate change, the risk of drought, and the impact on the water level of the tailings pond. Moreover, taking into account the situation regarding acid drainage due to the mineral composition of the material to be deposited in the tailings pond, during the Hearing concern arose about the impact of climate change in the area and the possible impact on the pond due to a drop in the water level or drought processes that threaten the water resource necessary for its supply. On this matter, the environmental impact assessment does expressly refer to the climate change situation—see pages 184 and following of the Study. There it is reported that the average annual precipitation is above three thousand mm, distributed over seven rainy months and five dry months, with a relative humidity of 85%. For the climate change study, information from five meteorological stations located in the communities of Upala, Los Chiles, San Jorge, Pital, and Coopevega was used, and it is reported that in none of them does there appear to be a defined annual pattern of extreme dry drought events—an extreme drought event is considered when a 21% reduction in annual rainfall occurs—, since the extreme droughts in the northern zone have been seasonal, i.e., located within a defined period of the year—the dry or the rainy season—without exceeding more than two months. It is explained that December is the month with the greatest variability in precipitation, since just as it may not rain at all, it can also contribute sufficient amounts of rain to create flooding problems. It is affirmed that if the drought occurs during the rainy season, a greater sensation of drought is produced because the norm is heavy precipitation. It is added that the return period of drought events is not very clear either, but taking into account three previous drought occurrences in a period spanning twenty-three years—nineteen eighty-two to two thousand five—an extreme dry event could occur every six to eight years. As for the rainfall situation, the studies report that between May and December of each year, almost 80% of the annual precipitation falls. The climate change study defines that the community of Las Crucitas is located in a transition area, situated between regions of more rainy conditions—like the Caribbean coast—and less rainy areas—like the mountainous region of the Zona Norte—, and that precipitation in the Las Crucitas region should begin to decline gradually, being imperceptible at the beginning of the century, and more accentuated in the second half of the century—figure 6 of the study, folio 5374—, so that by the end of the year 2100, a reduction of approximately 650 mm is projected, but always with alternation of drier years and rainier years. Likewise, the temperature variation is considered, as the increase toward the year 2100 will be from one to six degrees centigrade over the reference temperature of 27.5°C. On the other hand, the respondent company reports that for the tailings pond to dry up, a drought of approximately two years would be required, since the climatological studies conducted report that the average evaporation rate of the water from the tailings dam is 1000 mm per year, so applying that rate to the volume of water contained in the pond yields that estimate of two years; furthermore, it affirms that with an average annual precipitation of 3000 mm per year, a complete two-year drought would be impossible, as indicated in Appendix 3 of the environmental impact assessment. In this sense, it is evident that the climate change situation was indeed considered in the environmental studies of the mining project, concluding a minimal impact of this process during the years of project operation; thus, it is inaccurate to claim the non-existence of these studies and that this factor was not considered by the technical administration.

LXXX.- An important point regarding the possible impact on the level of the tailings pond due to the increase in temperature and possible drought events—which, as stated, have minimal impact during the first half of this century—is the technical design foreseen for the execution of the mining project—an aspect validated by the competent bodies—which states that when the upper aquifer outcrops—which, as has been seen, is not potable—, the water that emerges will be pumped to the tailings pond, with the result that the water level of the pond does not depend exclusively on the surface water resource—Quebrada Minas—but also on other sources that, by their nature, are impacted differently by climate change. Thus, this technical consideration, as well as the limited impact that climate change would have in the project area during its execution and closure phase, determines that the concern raised about this aspect during the hearing should be significantly attenuated, because according to what has been stated, the technical studies determine that the risk to the mining project is minimal, and with that, eliminating the alleged risk of acid drainage due to climate change.

LXXXI.- On the risk of overflow of the tailings pond. In contrast to the alleged risk of drought and effects of climate change, the topic of the capacity of the tailings pond was raised in two aspects: first, to place the extracted material in it—taking into account that mining will be conducted at greater depth—; and second, whether its design prevents the water from overflowing and affecting the biological and geographic environment of the pond. Regarding the first aspect, on page 10 of the Proposal for Modification of the Crucitas Mining Project, it is indicated that the tailings pond was designed to hold all the rock extracted from the pits, both saprolite and hard rock, to the point that there is a volume or capacity slack of two and a half million cubic meters. Regarding the second aspect—overflow risk—, the environmental measures adopted address it in a double sense. On one hand, on pages 20 to 23 of volume I of the annex to the environmental impact assessment, it is indicated that the water level of the pond will be regulated through three siphon pipes with the capacity to drain the liquid toward the Quebrada Mina—the possible impact on the stream is analyzed later—; that a provisional spillway will be built with the capacity to ensure and prevent overflow in the case of heavy rains during the construction stage, and that upon completion of the dam construction, the definitive spillway will also be built, which will be able to dispose of excess water, such as that caused by atmospheric phenomena. This overflow spillway is indicated in the modification proposal to the project, which will be built in the form of a overflow tower or "Morning Glory" as managed in the discharge regulations of hydroelectric projects such as Arenal, from where the water will be conducted through pipes to a lime addition plant for constant monitoring and pH stabilization if necessary; however, this impact is expected not to be significant since the final quality forecast for the overflow water is considered appropriate and within the national discharge standards. In any event—and this is the second aspect of the overflow risk—, on pages 15 to 18 of the annex to the environmental impact assessment, it is confirmed that the design of the pond and the dam allows it to withstand ten to twenty times the amount of rain that falls in a day under normal conditions; hence, if the average annual rainfall in the northern zone is three thousand three hundred seventy-one millimeters, the pond and the dam have been designed to withstand one thousand sixty-nine millimeters in a single day. Thus, it is clear that the situation of a possible overflow was indeed considered within the environmental impact assessment approved by SETENA, from which it results that the competent authority on the matter did consider and validate the related technical aspects.

LXXXII.- On the possible impact on the Quebrada Minas.

The tailings pond—which, for the purposes of this assessment, it must be clarified is not a cyanide leaching pond—is fed by rainwater, water used in the project, and part of the flow of the Minas Creek. Thus, taking into consideration that the tailings pond uses water resources from the creek, that the creek itself has connections with other watercourses, and that there will be spillways allowing the eventual evacuation of excess water into the Creek, the question was raised regarding the impact in the event of an overflow, dam failure, or discharge from the pond. This concern arises from the impact that could occur in the area immediately surrounding the project—a matter already analyzed—as well as, especially, regarding the risk of contamination of transboundary aquifer resources. This is so because it has been documented that from the tailings pond, the Minas Creek travels a distance of nearly one kilometer to its mouth at the Infiernito River, which in turn continues from there for twenty kilometers until emptying into the San Juan River.

Regarding dam failure, the conclusions already set forth in the preceding recitals, where seismic risk and its minimal negative impact were considered, must be adhered to, but it is necessary to specify what would happen with the water resources of the creek and the cited rivers. On this matter, it has been repeatedly documented that the water in the tailings pond is free of cyanide and cyanide-related substances, because the pond will receive water and rocks that have been treated in the cyanide destruction plant, making the pond a storage area for milled rock and water that do not contain toxic substances. Furthermore, the monitoring plans proposed for the Process Plant tend to guarantee that materials will not be sent if they contain cyanide levels. In any case, water source monitoring plans are in place, which will be carried out both upstream and downstream—see pages 148 to 150 of the Environmental Impact Study. The Study does foresee that an eventual failure would contribute sediments to the Creek, which would have the capacity to affect its aquatic habitat and that of the Infiernito River. This impact is considered negative because it would cause degradation of the aquatic environment conditions, but, the Study states, it is limited in extent to that area and is temporary and reversible, in a context already moderately degraded by prior anthropic activities, and where there could eventually be fish loss but with only local impact—see pages 365 and 366 of the Study. Thus, it is indicated that in an extreme event of this nature, the affected stretch would be located near the mouth of the Creek at the Infiernito River, which is a flat area that would store a volume of water and sediment that would significantly decrease the peak flow and the maximum level downstream. In that sense, the dilution in the San Juan River would decrease in terms of sediment concentration by a proportion, the respondent authorities affirm, from thirty to nine percent, whereby the expected water level affecting the San Juan River would be forty-one centimeters above the average annual flow level. In this way, it is evident that the situation regarding possible environmental impact from a failure or overflow of the tailings pond water was indeed considered in the environmental assessments conducted and validated by the respondent authorities.

LXXXIII.- A related aspect to this is the situation concerning an eventual overflow of the tailings pond. In the first place, the conclusions already reached regarding the quality of the pond water and the related impact on the terrestrial and aquatic environment must be adhered to, but it must also be specified that, as has been reported, the assessments conducted were carried out taking into consideration the maximum precipitation for the area, including even the rainfall levels of atmospheric phenomena such as hurricanes, thus determining that a dam with a freeboard of one meter twenty-five centimeters is adequate to retain the liquid contents of the tailings pond. In any case, it must be remembered that the pond water is stated to be free of pollutants—free of cyanide and other heavy metals—an aspect that also implies minimal risk to the environment in case of overflows.

LXXXIV.- Consequently, taking into consideration the assessments contained in the Environmental Impact Study, as well as those indicated in the other technical documents provided, it is evident that the risks of failure of the tailings pond dam or of overflows from the pond itself are minimal, with limited effects on the terrestrial and aquatic environment, which, in any case, would be temporary and reversible. In this regard, no constitutional violation is observed with respect to the assessment conducted.

LXXXV.- Regarding the preliminary assessment of environmental impacts. In fulfillment of its control and oversight duties, via official communication DAJ-1757-08 of November twelve, two thousand eight, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications ordered the Institutional Commission for the Monitoring, Control and Oversight of the Crucitas Mining Project to carry out an inspection in the project area to determine if there were unforeseen environmental impacts. This Commission, composed of the National Environmental Technical Secretariat, the National System of Conservation Areas, and the Directorate of Geology and Mines, conducted the inspection in the project area on November thirteen, two thousand eight. The results of that inspection are contained in report DAP-1379-2008-SETENA, which concludes that the activities carried out by the respondent company in the project area and authorized by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications have not generated environmental impacts unforeseen in the environmental assessment. Thus, it is established that the respondent authorities have been exercising their powers to oversee whether the company's activities comply with the environmental commitments assumed by the company in the environmental impact assessment approved by the competent administrative authority.

LXXXVI.- In this sense, the technical evidence added to the record is highly favorable to the use of the system reported by the respondent company for the treatment and elimination of cyanide, as well as the management and safety plans that will be implemented to avoid acid rock drainage such as that feared by the petitioners due to accidents or as a result of seismic events. The coincidence and complementarity of the referenced reports allow this Chamber to conclude that, if the cyanide is handled as planned, the risk of cyanide contamination, both aquatic and general, is substantially reduced, because it has been technically demonstrated that the cyanide will be destroyed and properly eliminated from the waste material. However, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and the respondent company must take note that the certainty reported depends, again, to a great extent on full respect for the prevention, control, monitoring, and mitigation measures. Therefore, it is ordered that the utmost attention be paid at all times to avoid non-compliance with the established protocols and to guarantee continuous and uninterrupted supervision, for which the company must exercise extreme care in the handling of cyanide, its application and destruction, and the administration must rigidly and constantly monitor the company's tasks in this field.

LXXXVII.- Regarding the construction of bridges and the eventual closure of a public road by the respondent company. During the Judicial Inspection conducted on September twelve, two thousand nine, the petitioner Edgardo Araya Sibaja requested that the Chamber take note of two bridges that the respondent company had built, as well as the alleged closure to which a public road that has served as traditional access to the community of Crucitas will be subjected, as he considered that both aspects show that the company has overreached, seeking access facilities to the project area, even at the cost of forcing residents to take a longer route, and for which some works were erected that, in his opinion, involved the felling of trees and the degradation of their biological environment. On this matter, the Chamber notes that the petitioner's statements refer to specific complaints that, due to their nature and character, must be raised and heard initially by the appropriate administrative bodies. Likewise, the petitioner must take into consideration that both the alleged closure of a public road—which is still an imprecise and uncertain fact because the road is open—and the improvement or construction of an access road outside the parameters established in ordinary legislation, are aspects that clearly transcend the object of this amparo appeal, as such situations, even occurring in the vicinity of the mining project, lack a direct relationship with the substantive issues alleged in this amparo action. Consequently, if the petitioner remains dissatisfied with these situations, he must file the actions he deems pertinent before the competent administrative bodies.

LXXXVIII.- Regarding the declaration of national convenience for the mining project. The conflict now under review has its immediate origin in the declaration of national convenience for the mining project, a subject matter that is developed and inherent to the authorization for the land-use change (cambio de uso del suelo) on the property where the respondent company is developing the project, since such lands are classified as having forest cover (cobertura boscosa). This Tribunal, in judgment No. 2009-17155, ruled on the articles challenged here by the petitioners in the following manner:

“VI. Regarding the challenged Article 19, subsection b) of the Forest Law (Ley Forestal). The Office of the Ombudsman, in its capacity as petitioner, argues that the application of Article 19.2 of the Forest Law is unconstitutional, insofar as it establishes ‘national convenience’ as an exception to forest protection. It acknowledges that, to apply such an exception, the social benefits must be greater than the socio-environmental costs. However, referring to the particular case of the Crucitas Mining Project, it indicates that the interpretation and application being given is unconstitutional, since the socio-environmental costs are greater than the social costs. The challenged article is located within the Forest Law in Title III ‘Private Forest Property,’ Chapter I ‘Forest Management,’ which provides that on forest-covered land, the land-use change (cambio de uso del suelo) shall not be permitted, nor shall forest plantations be established. However, the State Forest Administration may grant permits in these areas for certain specified purposes, among which is subsection b), which authorizes it to carry out infrastructure projects, state or private, of national convenience. This particular regulation was the subject of a ruling by this Tribunal in judgment No. 2006-17126, in which, after analyzing the guiding principles in environmental matters, the Chamber concluded that both the challenged Article 19, subsection b) and Article 34 of the Forest Law are not contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, provided that it is not an authorization for public institutions to ‘legitimately’ harm the environment, nor is it a regime of exception. On that occasion, it was clearly established that the possibility of the land-use change (cambio de uso del suelo) in question is reserved solely for private forest heritage, with which the natural heritage of the State is not ‘affected’ (Articles 1, second paragraph, and 18 of the Forest Law). Likewise, it is only on the occasion of an emergency or exceptional situation under the terms provided in Article 180 of the Constitution (‘to satisfy urgent or unforeseen needs in cases of war, internal commotion, or public calamity’) that the binding nature of environmental regulations may be excepted—just as the rest of the legal system, as this Tribunal considered in the cited judgment number 1992-2340. By virtue of this, environmental regulations (principles and rules) are of irrefutable application for public institutions, regarding the fulfillment of entrusted purposes (public administration), in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitution. It is true that the challenged regulations do foresee the case in which the destination of private properties subject to an encumbrance on the State's forest heritage may be modified to allow the construction of infrastructure works of social convenience. However, as was duly established, it is not a regime of exception that authorizes public institutions to pollute the environment, since, likewise, the case to which it is intended to be applied must comply with current environmental regulations. What is established in this provision refers to properties on which a limitation of evident social interest has been imposed, grounded in the purpose of environmental preservation and protection, hence the general rule contemplated is the impossibility of its land-use change (cambio de uso del suelo) (first paragraph of Article 19 and the first sentence of the first paragraph of Article 34 of the Forest Law). Nonetheless, given the general interest of the national community, both rights must be weighed and their use balanced in accordance with a principle of sustainable human development, according to which the need for a balanced interrelation is recognized among the critical elements of economic development (tourism, investment, employment, infrastructure, sound finances, and tax system), social policy (education, health, security), and environmental protection. This development has been defined by the United Nations as the expansion of choices for all people in a society, which is a comprehensive concept because it includes men and women as the center of development, the protection of opportunities in the lives of future generations, and the natural systems on which life in its entirety depends. The fundamental purpose is the creation of an enabling environment in which everyone can enjoy long, healthy, and creative lives, as economic growth is also a means for human development. Hence, what is relevant is to allow industrial and technological development of peoples, but one that is tolerable through the use of the physical and social environment, in order to achieve economic and social progress. The responsibility lies in balancing environmental protection, economic development, and the activities of private individuals, which justifies State intervention. Now then, it is precisely because of the binding nature of the environmental legal order that the decision cannot be arbitrary. Therefore, the administration's discretion is conditioned upon respect for the block of legality, referring to the nature of the forest and the project or work, qualified as of ‘national convenience,’ which is defined in Article 2 of the Regulation to the Forest Law, number 25.721-MINAE, as follows:

‘Activities of national convenience are those related to the study and execution of projects or activities of public interest carried out by centralized agencies or autonomous institutions or private enterprise, that provide benefits to all or a large part of society such as: water catchment, transport, and supply; oil pipelines, road construction, generation, transmission, and distribution of electricity, transport of mining activities, irrigation and drainage canals, recovery of areas with forest vocation, conservation and sustainable management of forests, and others of a like nature that the MINAE determines according to the country's needs.’

As well as, with respect to environmental principles and regulations, by virtue of which the completion of technical studies is required (Article 17 of the Organic Environmental Law) to certify the pertinence of the project in the designated location, the impact that such works will have on the environment in order to determine the necessary compensatory measures to mitigate negative effects, the submission to technical controls before, during, and after the construction of the works under the responsibility of the corresponding public authorities (in particular, the MINAE and SETENA); a forestry regent and a management plan are required (Articles 20 and 21 of the Forest Law) for its implementation. And, of course, the possibility exists for the revocation of the permit if the requirements that allowed the authorization are not met, that is, if the environment is harmed; and certainly, to the reasonableness or proportionality of the measure, as the reference regulations rightly provide, such that ‘the felling of the forest shall be limited, proportional, and reasonable for the purposes set forth above.’ The possibility of the land-use change (cambio de uso del suelo) of private properties that have been previously encumbered for the preservation of forest resources was grounded precisely in the concept of sustainable development that must be incorporated into the content of due environmental protection; hence, as already indicated, it is not only possible but necessary to promote the economic and social development of the population—in compliance with the precept contained in the first paragraph of Article 50 of the Constitution, according to which the State must procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth; of course, in accordance with respect for environmental regulations, otherwise a serious paralysis in the development of our country would be caused, which was not desired or intended by the constituents, nor by the legislators who had the responsibility of enacting the Law in question. Thus, this Tribunal maintains the previously expressed criterion, pointing out that what is provided in the challenged regulation is not harmful to the right to a healthy and balanced environment, since when a project is being considered as one of national convenience, the environmental impacts it produces must be previously verified and a comparison made with the social benefits it entails, which cannot be verified abstractly in the regulation, but in the analysis of each specific case, via an amparo appeal and not an unconstitutionality action (…)

VII.- Regarding Article 6 of the Mining Code. The petitioner Ombudsman requests the unconstitutionality of the first paragraph of this article, arguing that the word ‘all’ recognizes all mining activity as being of public utility, ignoring the fact that some types of mining are more polluting than others and directly violate the provisions of Article 50 of the Constitution. It also alleges that ‘the environmental alterations produced by underground mining are lesser, less radical, less extensive, and less general than those produced by surface mining.’ This Tribunal considers that it cannot be affirmed in a generalized manner that all mining activity harms the environment, without considering the mitigation of its impacts, and without valuing the social and economic effects produced around this industry in each specific case. As the Office of the Attorney General rightly indicates, this activity, executed sustainably, both nationally and globally, is of great importance from the point of view of obtaining materials (sand, gravel, aggregates, clays for bricks, limestone and shales for cement manufacturing, as well as some fuels and other minerals) and raw materials indispensable for the final production of goods or the execution of infrastructure works. Furthermore, it is also not accurate to affirm that all open-pit mining is more harmful than underground mining, as this will depend on the processes applied to each of them. If the Executive Branch considers that a mining project can or should be declared of national convenience, it must have certified the superiority of the benefits over the socio-environmental costs through the application of the appropriate procedures or instruments. Therefore, incentivizing a specific activity is a matter of opportunity and convenience, as has been done in other economic areas of the country. Currently, for example, in Law No. 6990 ‘Law on Incentives for Tourism Development,’ Article 1 declares the tourism industry to be of public utility, and in the ‘Law on the Regime of Coffee Producers, Processors, and Exporters,’ Law No. 2762, Article 2 declares matters relating to the production, processing, marketing, quality, and prestige of Costa Rican coffee to be of public interest, for all the purposes indicated in this law. On the other hand, a comprehensive reading of Article 6 in question must be made, because although it begins by stating that all mining activity is declared of public utility, both in exploration and exploitation works, and that concentration, processing, transformation, transport of mineral substances, and privately or state-owned lands necessary for those purposes shall have the same character, the regulation continues by stating the following: ‘Except with express authorization of the Legislative Assembly, the permits or concessions may be denied or conditioned, in accordance with the analysis of the social and environmental impact studies conducted, in which the affected communities shall participate, when such studies relate to the health and safety of the inhabitants of communities located in the vicinity of transport routes, aqueducts, pipelines, fuel depots, explosives, civil defense works, towns, cemeteries, airports, hydroelectric plants, or works of public importance. The social and environmental impact studies shall contemplate an analysis of the alternative use of the land in various economic activities. The environmental impact analysis shall include the distances and other conditions for each specific permit referred to in this article. Permits or concessions may be denied or conditioned on grounds of national interest. In case of rescission, the national interest shall be declared by the Legislative Assembly.’ Thus, we are not faced with an unrestricted authorization, as this regulation must be applied in accordance with the environmental protection guaranteed by the Political Constitution in Article 50. According to the interpretation this Chamber has given to this provision and to the international conventions signed by our country on environmental matters, the environment must be understood as a development potential to be used appropriately, requiring integrated action in its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems arise when the modalities of natural resource exploitation lead to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, causing large sectors of the population to be harmed and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; because the primary objective of using and protecting the environment is to achieve favorable development and evolution for human beings. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other equally important parameters include health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that while humans have the right to use the environment for their own development, they also have the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. This is not so novel, because it is merely the translation, to this field, of the principle of ‘injury,’ already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others, and on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. Our country has depended, and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and its environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep the productive apparatus that sustains the national economy operating. Soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and the landscape make up the environmental framework without which basic demands—such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources. On the other hand, the goals of sustainable development relate to the survival and well-being of human beings and the maintenance of essential ecological processes, that is, environmental quality and the survival of other species. To speak of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving the quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and the direct or supportive means necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumer, production, and export products. The declaration made at the Earth Summit in 1992 proclaimed and recognized the integral and interdependent nature of the planet, which means the acceptance of certain principles that guide the transition from current development styles to sustainability. The signatory States, among which Costa Rica figures, committed themselves, within the preservation of sustainable development, above all to the protection of human beings. It was based on the principle that every person has the right to a healthy and productive life in harmony with nature; the right of present and future generations was included, so that development is carried out in a way that meets their environmental and development needs; the sovereign right of States to exploit their resources was maintained, emphasizing their responsibility to ensure that activities within their jurisdiction and control do not cause environmental damage to other States or areas beyond the limits of their national jurisdiction. They established the duty of States to cooperate in the conservation, protection, and restoration of the environment and their common responsibilities in this regard; thus, international cooperation in the promotion and support of economic growth and sustainable development will make it possible to better address the problems of environmental degradation. Likewise, a special duty was imposed on developed countries based on their responsibility in the pursuit of sustainable development, given the evident pressure that the technologies they develop and the financial resources they possess exert on the global environment. That is why regulations aimed at protecting the environment must have a technical basis, because their application must be based on the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subjected. This is so because, as environmental damage and pollution are assessable, the impact of these elements requires scientific analysis and treatment. Social, economic, and environmental factors were aspects valued by the legislators when they reformed the Mining Code via Law No. 6797 of October 4, 1982. From the records of the respective legislative file, it is evident that their intention was to enact a new Mining Code that was indispensable to modernize the existing legislation and provide an adequate legal framework for the needs of the new stage of development in the mining sector, because the legislation existing at that time was very deficient and there was no national mining policy for promotion and development, as was the case in other sectors of the economy. In their discussions, they relied on a diagnosis of the mining sector in Costa Rica issued in December 1978 by the OAS (folio 598 of volume III), with the aim of identifying the problems of mining activity in the country, as well as a study requested from the National University, Faculty of Earth and Marine Sciences, School of Environmental Sciences, which was issued by Engineer Carlos Torres Acosta in January 1980.

Likewise, they sought advice from the presence of various specialists in geology, environmentalists, and others, as well as foreign advisory assistance from the government of Venezuela, where an inspection was even carried out, and finally the legislative text was modified, including a chapter on environmental protection. Thus, it was clear to the legislator that, although his intention was to incentivize an economic activity that had been abandoned in our country due to deficient legislation, the importance of preventing any damage to the environment was not neglected, and for this reason a study prior to any mining exploration or exploitation was required. As indicated previously, the Court recognizes the need for a balanced interrelationship between the critical elements of economic development (tourism, investment, employment, infrastructure, sound finances, and tax system), social policy (education, health, security), and environmental protection. However, the responsibility consists of balancing environmental protection, economic development, and the activities of private individuals, which justifies State intervention. The foregoing, because excessive environmental protection that nullifies all economic activity can cause private individuals to incur disproportionate and unnecessary costs, making some productive activities ruinous and generating poverty and unemployment, which would negatively impact the people. But likewise, uncontrolled and irresponsible economic activity can produce irreversible damage to the ecosystem, which is why the application of the principle “in dubio pro natura” is imposed, in the sense that if there is doubt about whether an activity causes environmental damage or not, its protection must be prioritized and, consequently, said activity must be limited or prohibited. However, the determination of that doubt cannot, nor should it, be left to the discretion of any groups whatsoever, but rather to technical studies, since this principle will apply when there is danger of serious or irreversible damage to the environment. Precisely, Article 3 of the Mining Code provides that every exploration permit or exploitation concession requires prior analysis and approval of the environmental impact study or assessment (estudio o evaluación de impacto ambiental). The foregoing, because undoubtedly the effects produced by a mining project require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) due to the consequences that are usually produced in the development of the mining industry, and this prior assessment will determine if the project is environmentally viable. Consequently, from the foregoing, the declaration of public utility (utilidad pública) of an activity such as mining is not unconstitutional per se, as long as it is interpreted in light of the provisions of Article 50 of our Political Constitution according to the terms set forth. Magistrates Armijo, Cruz, and Molina dissent and declare the cited Article 6 unconstitutional with all its consequences. \n\nVIII.- With regard to the alleged unconstitutionality of subsection m) of Article 3 of the Forestry Law (Ley Forestal). The claimant alleges that the concept of “activity of national convenience (actividad de conveniencia nacional)” that impacts the environment in the way open-pit mining is developed is not an activity of national convenience, and that therefore, the interpretation and application being given in Decree 34801-MINAET is unconstitutional, for contravening Article 50 of the Political Constitution. On this aspect, it should be noted that, in the first place, the challenged Article 3 simply constitutes a reference norm within the Forestry Law, since it establishes the definitions of some important concepts for the purpose of applying forestry legislation. Note that subsection m) only defines what should be understood as a matter of national convenience:\n\n“…m) Activities of national convenience: Activities carried out by centralized State agencies, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs. The balance must be made through the appropriate instruments.” \n\n            The provision in that sense does not make the provision unconstitutional, since as indicated, it constitutes a mere reference of what should be understood as a matter of national convenience, in those norms that the legislation so states. Any unconstitutionality related to Article 50 of the Political Constitution would have to be verified in each particular case in which said definition has been applied and that affected the right to a healthy and balanced environment. From the same allegation of the claimant, it is inferred that in reality his disagreement is not with the rule itself, but with the assessment and application that the Executive Branch made of it in Executive Decree No. 35801-MINAET, which is not appropriate to be determined via an unconstitutionality action, but rather constitutes a matter for an amparo action in that sense. Therefore, with respect to this study, it is appropriate to dismiss the action regarding this rule. \n\nIX.- Regarding Decree No. 34801-MINAET. As provided by the majority of the Court in judgments No. 2008-17292 and 2008-17293, Executive Decree No. 34801-MINAET of October 13, 2008, which declares the Crucitas Mining Project (Proyecto Minero Crucitas) to be of public interest (interés público) and national convenience (conveniencia nacional), is a concrete and particularized provision, without general scope or normative character, which is limited to qualifying the public interest and national convenience of a project clearly individual in terms of subject and content. Therefore, if the questioned provision infringes the fundamental right enshrined in Article 50 of the Political Constitution, this must be examined in the amparo proceeding and not in the (residual) unconstitutionality action (in the same sense No. 1993-4422 of 10:30 a.m. on September 7, 1993).”.\n\nIn this way, to examine the scope and legitimacy of the declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional), the authorization for the land-use change (cambio de uso del suelo) must be assessed in parallel. Thus, subsection b) of Article 19 and Article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) prohibit land-use change (cambio de uso del suelo) and the cutting of trees on lands with forest cover (terrenos cubiertos de bosque), except for those private or state projects that the Executive Branch declares to be of national convenience. The cited articles state, where relevant:\n\n“ARTICLE 19.- Authorized activities.\n\nOn lands with forest cover (terrenos cubiertos de bosque), changing land use (uso del suelo) or establishing forest plantations shall not be permitted. However, the State Forestry Administration may grant permission in those areas for the following purposes:\n\na) Constructing dwelling houses, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and facilities intended for recreation, ecotourism, and other similar improvements on privately owned lands and properties where forests are located.\n\nb) Carrying out infrastructure projects, state or private, of national convenience (conveniencia nacional).\n\n(…)\n\nARTICLE 34.- Prohibition on logging in protected areas The cutting or elimination of trees is prohibited in the protection areas described in the previous article, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience (conveniencia nacional).\n\nThe alignments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the National Institute of Housing and Urbanism (INVU).”\n\nThe appellants have alleged the non-conformity of the declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) on the basis that the recently cited Article 19 defines that this declaration can be for infrastructure projects, but in their opinion a mining project does not classify as infrastructure; on this matter, it should be noted that it falls outside the scope of the Court's competencies to define what type of works or projects should be understood as «infrastructure» and which should not; what the Court must assess in these cases is limited to determining whether there has been the declaration of national convenience required by the legal system to authorize the land-use change (cambio de uso del suelo), avoiding dwelling on the etymological scope of concepts that, by their own nature, are the technical competence of other bodies. Thus, legislatively, the power of the administration is established to authorize the land-use change (cambio de uso del suelo) and the cutting of trees in protected areas when the activities to be developed have been declared of national convenience. From the foregoing, it is necessary to clarify what is understood by national convenience (conveniencia nacional), for which the Forestry Law (Ley Forestal) itself explains this concept, specifying in subsection m) of Article 3 that:\n\n“ARTICLE 3.- Definitions\n\nFor the purposes of this law, it is considered: (,,,)\n\nm) Activities of national convenience: Activities carried out by centralized State agencies, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs.\n\nThe balance must be made through the appropriate instruments.\"\n\n(Thus amended by Article 114 of Law No. 7788 of April 30, 1998)\n\nThis definition is complemented in Article 2 of the Regulation to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal), issued by Decree number 25721, published in La Gaceta number 16 of January twenty-third, nineteen ninety-seven, a norm that states:\n\n“Article 2 °—For the purposes of applying the Forestry Law (Ley Forestal) and this regulation, the terms mentioned shall have the following meanings: (…)\n\n- National Convenience (Conveniencia Nacional): Activities of national convenience are those related to the study and execution of projects or activities of public interest (interés público) carried out by centralized State agencies, autonomous institutions, or private enterprise, that provide benefits to all or a large part of society such as: water collection, transport, and supply; oil pipelines; road construction; electricity generation, transmission, and distribution; transportation; mining activities; irrigation and drainage canals; recovery of areas with forestry vocation; conservation and sustainable management of forests; and others of a similar nature that MINAE determines according to the country's needs.”\n\nThis regulatory provision defines that mining activity is of national convenience because it is an activity of public interest, a definition that derives both from the cited legal norms and, particularly, from the first paragraph of Article 6 of the Mining Code, which states that «[a]ll mining activity is declared to be of public utility (utilidad pública), both in exploration works and in exploitation works». From the integration of the norms under comment, it is understood that mining activity has been recognized by the Legislative Branch as being of national convenience in general terms –Art. 6 of the Mining Code–, but this character must be recognized in particular cases through a declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) issued by the Executive Branch, a declaration that may be adopted when in the specific case the social benefits to be obtained are greater than the socio-environmental costs of the project –Art. 3.m of the Forestry Law (Ley Forestal)–. In other words, it is valid to affirm that there is a iuris tantum legislative presumption that mining activity is of public utility and public interest (interés público) and, therefore, of national convenience, but this presumption must be verified by the Executive Branch to become an uncontroverted fact based on the comparison between social benefits and socio-environmental cost. Stated another way, the general declaration of national convenience does not per se cover all mining activity or all mining exploration and exploitation projects, but only those where it has been demonstrated that the social benefits are greater than the costs. In short, if the Executive Branch considers that a mining project can or should be declared of national convenience, it must have accredited the superiority of benefits over costs through the application of the appropriate procedures or instruments. It is by carrying out this procedure and obtaining these results that a mining activity can be declared of national convenience (conveniencia nacional), and it is based on this declaration that in cases like the one now before us, one can proceed as established in Article 19.b of the Forestry Law (Ley Forestal).\n\nLXXXIX.- It is for this reason that it is inaccurate to affirm the unconstitutionality of Article 2 of the Regulation to the Forestry Law (Reglamento de la Ley Forestal), because in accordance with what has been established, what that norm provides must be integrated and applied according to what is defined in Articles 19 and 34 of the Forestry Law itself. That is to say, even though Article 2 of the Regulation identifies mining activity as an activity of national convenience, it is clear that this character, identification, or recognition –national convenience (conveniencia nacional)– is subject to compliance with what is established in the legal norms –demonstration that the benefits are greater than the costs–, so it is evident that the Regulation does not supplant the legislative will, does not empty the content of the legal norms that inform it, nor does it contradict in any way the environmental protection that must be granted in accordance with Article 50 of the Constitution, so it also cannot be alleged that said regulatory provision exceeds the limits of reasonableness when, on the contrary, the carrying out of legally established concrete acts is imposed. Thus, the authorization for land-use change (cambio de uso del suelo) cannot be agreed upon just because the Regulation says that mining activity is of national convenience, but rather such authorization is appropriate when that convenience has been duly demonstrated and publicly declared by the Executive Branch through a subsequent act, an administrative act for whose issuance the corresponding procedures and instruments have been complied with. The application of these instruments and the determination of the goodness of benefits over costs is precisely what prevents the adoption of arbitrary acts by the administration, since the results obtained will provide criteria and a technical-objective basis for the Executive Branch to issue the declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) for a specific mining project and the corresponding authorization for the land-use change (cambio de uso del suelo).\n\nXC.- The issue of necessary objectivity and the avoidance of arbitrariness has already been previously defined by this Court precisely by affirming the constitutional conformity of Articles 19.b and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) regarding the authorization for land-use change (cambio de uso del suelo). Through judgment number 2006-17126, of three hours five minutes in the afternoon of November twenty-eighth, two thousand six, the Court defined that:\n\n“Third: It is precisely because of the binding nature of environmental regulations that the decision cannot be arbitrary; hence the discretionary power of the Administration is conditioned on respect for the block of legality, referred to the nature of the project or work, qualified as of \"national convenience (conveniencia nacional)\", which is defined in Article 2 of the Regulation to the Forestry Law (Reglamento de la Ley Forestal), number 25.721-MINAE, as follows:\n\n\"Activities of national convenience are those related to the study and execution of projects or activities of public interest (interés público) carried out by centralized agencies or autonomous institutions or private enterprise, that provide benefits to all or a large part of society such as: water collection, transport, and supply; oil pipelines, road construction, electricity generation, transmission, and distribution, transportation of mining activities, irrigation and drainage canals, recovery of areas with forestry vocation, conservation and sustainable management of forests, and others of a similar nature that MINAE determines according to the country's needs.\"\n\nwith respect to environmental principles and regulations, by virtue of which the performance of technical studies is required (Article 17 of the Organic Environmental Law) to accredit the pertinence of the project in the designated location, the impact that such works will have on the environment in order to determine the necessary compensatory measures to mitigate the negative effects, submission to technical controls before, during, and after the raising of the works by the corresponding public authorities (in particular, MINAE and SETENA); a forestry manager (regente forestal) and a management plan (plan de manejo) (Articles 20 and 21 of the Forestry Law) are required for its implementation, and of course, the possibility of revocation of the permit exists if the requirements that allowed the authorization are not met, that is, if the environment is damaged; and of course, to the reasonableness or proportionality of the measure, as the referenced norms well provide, such that \"the cutting of the forest will be limited, proportional, and reasonable for the purposes set forth above\".\n\nFourth: Finally, it is necessary to consider that the possibility of changing the land use (cambio del uso del suelo) of private properties that have been previously affected for the preservation of the forest resource is based on the fact that, as previously indicated (Recital V.- of this judgment), the concept of sustainable development is incorporated into the content of due environmental protection; whereby, it is not only possible but necessary to promote the economic and social development of the population –in compliance with the precept contained in the first paragraph of Article 50 of the Constitution (which states \"The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth\"); of course, in accordance with respect for environmental norms, otherwise a serious paralysis would be caused in the development of our country, not desired or intended by the derived constituents, nor by the legislators who had the responsibility of promulgating the Law under comment (…)”.\n\nThus, it is more than clear that if the legal system imposes on the administration the duty to carry out a prior procedure to pronounce a declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) for a specific activity, this is precisely a barrier that prevents administrative arbitrariness, and, on the contrary, obliges the administration to adopt and issue administrative acts duly founded on objective technical reasons; this situation, moreover, allows and guarantees that the administrative act issued can be assessed in due course by the corresponding administrative and judicial instances.\n\nXCI.- Once national convenience is recognized in this manner, it is clear that on lands with forest cover (cobertura boscosa), authorization for land-use change (cambio de uso del suelo) and the corresponding cutting of trees can be permitted, if the activity to be developed is declared of national convenience by the Executive Branch, a declaration that can only be issued if the social benefits to be obtained are greater than the socio-environmental costs of the project –an objective and non-arbitrary definition–, therefore, the analysis of the pertinence of the declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) for the Crucitas mining project necessarily involves assessing whether, in the specific case, it has been considered and concluded that the social benefits are greater than the socio-environmental costs.\n\nXCII.- From what has been stated in the preceding recitals –that the declaration of national convenience is only for those projects where a positive relationship in the balance of environmental costs and socio-economic benefits is demonstrated, and not of a general character for all mining activity; and that for this declaration in specific cases, the normative provisions must be complied with and the established procedure followed, which implies a technical and objective basis– it is clear that the determination that a specific project be declared of national convenience is a competence and power proper to the Executive Branch, according to the provisions of the regulations issued by the Legislative Branch itself, for whose compliance the observance of procedures in the administrative field is imposed to certify the existence of those objective reasons, which, as a technical competence of the administration, must be validated and agreed upon by the specialized bodies of the Executive Branch. At the same time, it must be recognized that the exercise of this power falls within the scope of competencies for identifying and setting public policies, an aspect of undeniable initiative, attention, and implementation by the Executive Branch, because deciding which actions benefit the population –in general or particular terms– and the appropriateness of their application at a given time or context turns out to be, by definition, a competence proper to that Branch, for which the appropriate relations of coordination within the administration must be promoted at all times –on these relations, see judgment of this Court number 2007-13583, of three hours ten minutes in the afternoon of September 19, 2007–. In this sense, given that the setting of public policies is a competence of the Executive Branch according to technical and objective reasons in a given context, discussing whether they are appropriate or viable are aspects that fall outside the scope of competencies of the constitutional jurisdiction –judgment of this Court number 2009-5270, of twelve hours twenty-eight minutes of March 27, 2009–. For situations like those now known, the foregoing means that the definition that a mining project be declared of national convenience is a determination resulting from the exercise of the powers granted by the legislator himself to the Executive Branch, provided that it is the Executive Branch that defines the public policies it deems pertinent for a specific place and time, a definition of public policy that, by its own nature –political and not juridical–, it is unfeasible to discuss before this jurisdiction. Thus, if a specific mining project is classified as being of national convenience, it must be clear that this identification is granted by the Executive Branch in the exercise of the public policy definition powers that were granted and recognized to it by the Legislative Branch, without it being understood that in this definition the other Branches of the Republic have any degree of participation, given that they must limit themselves to the exercise of their constitutionally and legally established competencies.\n\n            XCIII.- The balance of economic and social benefits for the authorization of the land-use change (cambio de uso del suelo). Starting from the foregoing and complying with the regulations cited in the preceding recitals, in response to the request filed by the company for the land-use change (cambio de uso del suelo), the administration demanded, starting June third, two thousand eight –see official communication number 456-2008 SCH from the Arenal Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Arenal Huetar Norte)– that before hearing and assessing such a request, the respective declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) for the mining activity developed by the company in the Crucitas area be submitted within the case file, for which purpose there was even some internal discussion within the entity about the need to request such a declaration, so it was not until September twenty-fourth, two thousand eight, via official communication number 695-2008 SC, that the San Carlos-Los Chiles Subregion, of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of SINAC, informed the company that the decree of national convenience was indeed required to resolve the land-use change (cambio de uso del suelo) request. Thus, through Executive Decree number 34801-MINAET, published in La Gaceta number 201, of October seventeenth, two thousand eight, it is expressly and relevantly provided that:\n\n“VII. — The Crucitas project will bring several economic benefits to the community of San Carlos and the central government. Among these benefits are the following: i) The mine will have an operation of close to 11 years (includes construction, operation, and technical closure). This means that during that time there will be development of the communities near Crucitas and a need for labor; ii) The initial investment to build the Crucitas Mine is close to US$ 65,000,000. It is calculated that a large part of this amount will be used for the purchase of professional services, payment to contractors, purchase of materials and machinery; much of these acquired in the San Carlos area; iii) It is estimated that employment will be provided to 253 direct persons. In mining, it is calculated that for every direct employee, work is provided to 5 indirect employees; thus we will have 1,265 indirect employees; iv) Among the social commitments, efforts will be made to ensure that at least 75% of the employees are from the area near Crucitas; v) Payroll: The annual payroll to pay employees is estimated at US$ 4,132,859; vi) Local tax. The mining code establishes that mining companies must pay 2% of their gross profit to the community; therefore, the municipality of San Carlos and the community in the area of influence of Crucitas would receive annually approximately US$ 1,441,158 for eight years (for a total of US$ 11,529,263); vii) A trust is managed to develop social works and the actions of the Crucitas Project monitoring commission, which would receive annually the sum of US$ 364,063 and viii) The Crucitas project will pay taxes to the central government, an annual income tax payment of US$8,790,289 has been calculated for a total over the life of the mine of US$ 70,322,309.\n\nVIII.— For the construction and development of the Crucitas Project, the cutting of trees is required on 191 Ha 7,782.66 m2 that have forest, which represents 19.93% of the existing forest in all properties, the cutting of trees on 66 Ha 9,474.53 m2 in areas of agricultural and livestock use (uso agropecuario) without forest, which represents 14.00% of the existing areas of agricultural and livestock use without forest in all properties, and the cutting of trees on 4 Ha 1,751.38 m2 that have forest plantations, which represents 12.33% of the existing forest plantations in all properties. Among the forestry species in the area, some prohibited species (vedadas) are present, in accordance with vote of the Constitutional Court (Sala Constitucional) No. 2486 of 10 hours 54 minutes of March 8, 2002 and Executive Decree No. 25700 of November 15, 1996.\n\nIX. — As compensation for the land-use change (cambio de uso), Industrias Infinito, S. A. proposed the following compensation measures: i) Support for the purchase of land for conservation in the amount of two hundred fifty thousand dollars; ii) The planting of 49.8 trees for every tree that needs to be cut and iii) The creation and conservation of a biological corridor within its properties. Therefore,\n\nDECREE\n\n DECLARATION OF PUBLIC INTEREST AND NATIONAL\n\nCONVENIENCE OF THE CRUCITAS MINING PROJECT\n\nArticle 1º—The Crucitas Mining Project developed by the company Industrias Infinito, S. A. is declared to be of public interest (interés público) and national convenience (conveniencia nacional).\n\nArticle 2º—By virtue of this declaration, the developing company, with prior authorization from the corresponding office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), may proceed with the cutting of trees (including species that are prohibited (vedadas)) and the development of infrastructure works in protection areas, as indicated in the project. (…)”.\n\n            XCIV.- However, the appellants allege that the cited decree is negligent in terms of the assessment of the socio-environmental cost that the destruction of 196 hectares of forest implies, that there is no objective scientific-technical basis to establish the social benefit, that the benefits mentioned are speculative, and that, in any case, they do not differ from the benefits that any other economic activity can generate. On this matter, the Court notes that through official communication number SG-ASA-259-2008, of October tenth, two thousand eight, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) informed the Department of Environmental Auditing and Monitoring that the evaluation to determine the balance of the environmental cost in relation to the socio-economic benefits of the project was carried out before SETENA over a period of three years, a procedure during which it was determined that the social benefits are greater than the environmental cost. Indeed, in recital VII of the cited decree, the economic, social, and fiscal benefits of the project are enumerated, while in recital VIII, the environmental cost of developing the mining activity under the proposed terms is specified, recognizing that for this purpose, the equivalent of 19.93% of the existing forest in all properties that have forest, the cutting of 14% of the existing trees in areas of agricultural and livestock use without forest, and 12.33% of the forest plantations would have to be cut, including some prohibited species (vedadas). However, the same decree establishes in recital IX the compensation actions, highlighting the planting of almost fifty trees for every tree cut and the creation and conservation of a biological corridor within the company's properties. Thus, it is demonstrated that the administration did consider the environmental costs that would need to be incurred as well as the socio-economic benefits that would be obtained from the activity.

The assessment of these different elements and the results of the evaluation carried out at the administrative level, first before the Dirección de Geología y Minas for the mining exploration and exploitation concessions, and then before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental to obtain the corresponding environmental viability (viabilidad ambiental), led the administration to conclude that the social benefits are indeed greater than the environmental cost of the project, since any potential environmental harm would be remedied through compensation actions, which would ultimately leave economic benefits previously unforeseen in the area without causing certain damage to the environment. This does not mean that the Chamber validates the thesis of allowing a harmful activity to be carried out if the damages are subsequently compensated, that is, that a repair nullifies a violation; on the contrary, if it is recognized that an activity generates a certain impact on the environment, but it is equally proven that such impact does not translate into environmental damage, the activity may be permitted when it is demonstrated that the benefits outweigh the costs. The decree cited complies with referencing and specifying the benefits, costs, and compensation activities, and therefore the Chamber concludes that the decree is indeed duly substantiated in accordance with what is required by Articles 19.b and 34 of the Ley Forestal, since the decree is certainly the result of the study of benefits and costs defined in those regulations.

XCV.- In this regard, the Chamber specifies that the executive decree declaring the national convenience (conveniencia nacional) of an activity in the stated terms must be clear in referring to the relationship of benefits and costs, without it being necessary for the decree itself to expressly record all the assessment carried out, the instruments applied, the methodology used, or the scores obtained and assigned to each item. All these aspects must indeed be fulfilled at the administrative level, but it is not necessary to transcribe the entire evaluation into the body of the decree, since for the purposes of substantiating the regulatory instrument, it is sufficient to refer to the completion of the evaluation or balancing procedure and to explain what the costs are and what the benefits to be obtained are. That is, the decree must demonstrate with concrete and accurate data that the evaluation was indeed carried out. Note that in the case under study, for the administration to be able to issue Decreto 34801, it necessarily had to first ascertain what the economic benefits would be and calculate the environmental impact resulting from the development of the mining activity of the respondent company, a determination that subsequently allowed it to draw up the listing set forth in considerandos VII, VIII, and IX of that Decree.

XCVI.- As has been indicated, these technical studies are located first in the mining concession file, number 2594 of the Dirección de Geología y Minas, and subsequently in the file of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental from March 2002. Indeed, the company submitted the corresponding Feasibility Study (Estudio de Factibilidad) to the Dirección de Geología y Minas, which includes a specific section on "Economic Benefits for Costa Rica," considering the expected benefits during the exploration, construction, and operation phases, what the gross income would be, the interest expense, the capital expenditures, and other cash benefits in terms of fuel taxes, mineral exploitation, payment of social security contributions, and other related aspects. Thus, by official communication number DGM-DC-320-2001, dated March 14, 2001, the Dirección de Geología indicated that the study had been reviewed by the institution's geologists, but conditioned the program's approval on the result of the feasibility study analysis. In view of this, the study was reviewed by economist Edwin Vega Araya, an official of the Ministerio de Planificación, who provided this service under an agreement signed between that Ministry and the Ministerio del Ambiente y Energía; following the first report issued by Mr. Vega in October 2000 and within the same file 2594, the company submitted Appendix 9 to the Annex of the Feasibility Study, which resulted in economist Vega issuing the "Report on Economic Aspects regarding the review of annexes to the Feasibility Study of the Crucitas Project (exploitation file 2594) of Industrias Infinito S.A." This report identifies and quantifies both the economic costs of the project and the amount that would be obtained as a social benefit, explaining the benefit that the activity represents through tax collection—calculated based on the price of an ounce of gold at that time, valued then at half its current value. On this matter, the report states that "[t]ax collection would be compensation for negative socioeconomic and environmental impacts (effects on family values such as substance abuse and crime; impact on roads and bridges from increased traffic, nuisances from noise, dust, etc.; increased demand for public services; etc.). Additionally, the environmental aspect would be internalized into the project through the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental), the environmental guarantees that the company must provide, and the Plan de Manejo Ambiental that must be followed in coordination with SETENA." This report explicitly adds that "[t]he application of the social parameters contained in the Socioeconomic Evaluation Guide for Projects [Guía para la Evaluación Socioeconómica de Proyectos of the Ministerio del Ambiente y Energía, 1997] would benefit the social profitability of the project over its private profitability," since the social change factor is greater than the social costs—see page 6 of this report. In this way, it is clear that from the procedure carried out before the Dirección de Geología y Minas—with the remaining actions before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental still pending—the administration began to have technical elements conducive to the assessment of socio-environmental costs and benefits, making it inaccurate to assert their absolute absence and that the subsequent resolutions of the administration were adopted without the corresponding technical criteria.

XCVII.- In addition to the provisions of the Código de Minería and the actions taken before the Dirección de Geología y Minas in the procedure for granting the mining exploitation concession, the Ley Orgánica del Ambiente establishes the following criteria for the approval of a productive project, which must be observed prior to granting a mining concession: a) the appropriate relationship between the potential use and the economic capacity of the soil and subsoil; b) the control of practices that favor erosion and other forms of degradation; c) soil and water conservation practices or works that prevent soil deterioration—Articles 53 and 54. As has been stated, the regulations establish that in order to declare a specific project as being of national convenience, there must be a positive balance resulting from the analysis of socio-environmental costs in relation to socioeconomic benefits, an analysis that must be carried out using the appropriate instruments. In the processing file for the declaration of national convenience, number DAJ-077-08, official communication SG-ASA-259-2008, dated October 10, 2008, is recorded, which establishes that the environmental evaluation effectively contemplated the analysis of the benefit in relation to the environmental cost of the project, concluding that there is a positive result regarding the Environmental and Social Cost Balance. To carry out this assessment, in accordance with Decreto N° 32966-MINAE, corresponding to the Manual of Technical Instruments for the environmental impact assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental), a minimum methodology is established that allows for the assessment of environmental impacts generated by a project, work, or activity. The methodological development for impact assessment, as in the present case, stipulates the use of an Environmental Impact Importance Matrix (Matriz de Importancia de Impactos Ambientales, MIIA), which allows determining the effects of the project and their significance, and consequently, proposing the corresponding prevention, mitigation, and compensation measures. It was reported that although the issuance of the Decree occurred after the submission of the environmental impact assessment for the Crucitas Mining Project, said assessment did include an interaction matrix that permitted the assessment of environmental impacts. The Environmental Impact Importance Matrix is a globally accepted tool for the qualitative assessment of projects presenting environmental evaluation instruments, including environmental impact assessments; it helps determine the effect of each impacting action on each impacted environmental factor and aspect, including the social and economic component, thereby determining the importance of the impact. Now, the importance of the impact is a function of both the degree of incidence or intensity of the alteration produced and the characterization of the effect, which in turn responds to a series of qualitative attributes such as intensity, extension, type of effect, time of manifestation, persistence, reversibility, recovery capacity, synergy, accumulation, periodicity, and importance. This importance of the impact is represented through a mathematical model, which takes values between 13 and 100; impacts with importance values below 25 are irrelevant, that is, compatible, or the environmental measures were already contemplated in the project design; moderate impacts have an importance between 25 and 50, while impacts will be severe when the importance is between 50 and 75, or critical when the value is over 75. The matrix allows the interaction of socioeconomic factors with the other environmental components that must necessarily be analyzed, which in turn allows proposing the respective preventive, mitigation, and compensation measures that are incorporated into the Pronóstico Plan de Gestión Ambiental. Once this forecast with the corresponding measures is approved, its execution becomes an environmental commitment that must be assumed by the developer. The Environmental Impact Importance Matrix is a highly relevant element in the analysis of environmental impact assessments and helps the multidisciplinary technical evaluation team to recommend or not the Environmental Viability (Licencia Ambiental) of the projects, works, or activities submitted to SETENA. The assessment under this methodology required by SETENA implies obtaining a final impact, which is the difference between the state of the environment with and without the project, taking into account not only the effect of the impacting actions but also the continued effects. For the specific case of the Crucitas Mining Project, the matrix in question incorporated into the socioeconomic scope analysis elements such as land use, population characteristics, needs of towns in direct and indirect influence areas, and employment, among others. The values obtained showed a positive result for the project's development, meaning an overall increase in the quality of life and a positive impact on the local economy are anticipated—see pages 45 and 46 of the Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos para el Proyecto Minero Crucitas. For example, as already indicated, among the impacts considered severe are the effect on quality of life with a score of +68 and the generation of employment and income also with a score of +68; in both cases, the impact is positive, so no additional mitigation measures are proposed beyond those already contemplated in the corresponding instrument. The quality of life thoroughly evaluates the interaction of the components of the natural environment—physical, biological, and other components of the socioeconomic environment—such as air, water, soil, aquatic ecosystems, and terrestrial ecosystems, for which the necessary measures were taken in the Crucitas mining project to ensure that the project would be developed in a controlled environment. For all significant negative impacts, it is reported that the necessary environmental measures were planned, so that no deficit has been generated in addressing the elements of the environment, and this precisely explains the positive balance of the quality of life component. The document Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto, approved by resolution number 170-2008-SETENA, dated February 4, 2008, determines that all impacts identified as severe and critical in the socioeconomic sphere were positive for the development of the project and its surrounding environment. The Pronóstico Plan de Gestión Ambiental incorporated into the environmental impact assessment approved by SETENA—including the update carried out in the Evaluación de Cambios Propuestos al Proyecto document—is the basis of the document called “Balance Socioeconómico del Proyecto Minero Crucitas.” In this way, it is clear that also before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the reports incorporated into the environmental impact assessment and the Proposed Modification of the mining project, and especially the results obtained from applying the Environmental Impact Importance Matrix, provided the administration with certain elements regarding the relationship of socio-environmental costs and benefits. Therefore, what has already been affirmed must be reiterated, in the sense that it is inaccurate to claim the absolute lack of technical elements or criteria that would allow the administration the corresponding assessment. On the contrary, the different studies, reports, and analyses related here provide reliable evidence that the administration did have knowledge of both the economic costs proper and the social and environmental benefits proposed for the mining project. Consequently, with the history and background contained in the case file, the administration carried out the necessary assessment to issue its final technical opinion on the matter. To insist that the administration did not carry out this assessment, or that such assessment is not recorded in the files, is to ignore—or at least attempt to discredit—the different studies and resolutions on the costs and benefits of the project that were submitted, assessed, and approved by the Dirección de Geología y Minas and by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, because as has been stated, such studies do exist and are recorded in the different administrative files submitted. The Chamber does not overlook that during the Hearing held in November 2009, SETENA stated that a specific quantitative study on this matter did not exist, but this statement must be understood in the context in which it was made. This context was the questioning by some petitioners as to whether there was a single document that, under a specific format, reflected the relationship of socio-environmental costs and benefits. SETENA responded at that time that such a single document did not exist, but the Chamber considers that this is not an obstacle to the administration having carried out the analysis based on all the available information recounted here. In other words, the non-existence of a specific document cannot imply the devaluation or disregard of the diversity of technical studies on economic, social, and environmental costs and benefits carried out at different times before two distinct technical bodies of the administration, since these studies certainly contain the data that were ultimately validated by the administrative bodies for the issuance of the resolutions challenged in this amparo appeal (recurso de amparo).

XCVIII.- Additionally, this entire balance endorsed by the Dirección de Geología y Minas and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental is subsequently reinforced when, through his report, economist Juan E. Muñoz Giró—attached as appendix No. 10 submitted by MINAET—indicates that with the appropriate methodology, the available information, and reasonable assumptions for the calculation, it is concluded that the biophysical impact of the Crucitas Project amounts to US$1.48 million, and the social impact to US$2.26 million, for a total of US$3.74 million; whereas the social benefits derived from the Project exceed US$158.11 million in terms of jobs, taxes, or investment in the communities of its area of influence. The consultant stated in a note addressed to the Minister of Ambiente, Energía y Telecomunicaciones on February 12, 2009, that the opportunity cost of enabling the Crucitas Project is $7.5 million, while the opportunity cost of interrupting it amounts to around US$144.9 million, which includes the creation of 262 direct jobs, US$32 million in salary payments, US$10.5 million in social security contributions, US$83.8 million in revenue to the country from income taxes, US$14 million from the mining royalty (canon minero), and US$4.6 million from the trust established to support social development associations in the communities within the project's influence area. In conclusion number 6 of this report, the economist indicates that the contributions of the Crucitas Project are far greater than the value of the possible damages it may produce, while also considering the commitment to restore the project area, even providing elements that improve not only the environment but the living conditions of the residents. In conclusion number seven, he states that it is conclusive that the project will generate social benefits that far exceed the socio-environmental costs. Also on record is the advisory opinion on the legal and economic viability of the Crucitas Project issued by economist Jorge Guardia Quirós on February 13, 2009—attached as appendix number 12—who points out that if the valuation of environmental benefits of US$17.81 million is subtracted from the environmental costs—US$3.74 million—a net benefit of US$14.06 million is obtained, which in his judgment is sufficient to legally justify the project. He indicates that adding the other anticipated economic and social benefits, the project would generate total benefits of US$158.11 million.

XCIX.- On the other hand, from the evidence submitted, it is clear that the Crucitas mining project has already carried out various activities that include social investment, donations for the reconstruction and improvement of infrastructure and basic services for the communities, the physical and mental health of the population, and training in trades and tools, as well as forms of community organization that allow the populations in the influence area greater social and economic dynamism. Among its social commitments are cited: a) the installation of a training center for the Instituto Nacional de Aprendizaje to offer courses in dressmaking, aquaculture, organic agriculture, cheese production, fabric painting, and food handling; which would generate new small businesses and concrete benefits; b) three hundred direct jobs in the construction phase, one thousand two hundred indirect jobs, and two hundred fifty jobs in the operation phase; c) improvement in the quality of life for seven communities, supporting the producers' Cooperative of the communities, quality of life improvement programs, and improvement of the aqueduct; d) prior to project construction, the company initiated a series of programs—training for micro-entrepreneurs, job training, creation of the Citizen Service Office, the construction of four bridges, and road maintenance, among others—; e) workforce for eleven years; f) the investment will be US$65,000,000, which will be used to purchase materials, professional services, machinery, contractors, among others; g) an annual payroll valued at US$4,132,859; h) obtaining a local tax over eight years of US$11,529,263 and revenue to the central government totaling US$70,322,309; i) a trust is available to develop social works and actions in the monitoring commission that would receive US$364,063 per year—see report submitted under oath on folio 95 of volume I of the file. Currently, the respondent company has already financed the agricultural cooperative Coopeagrovega R.L., donated an ambulance, turned impassable trails into roads, which improved the exchange of goods and services in the zone, built three bridges, widened roads, and installed culverts. The schools of Cutris and Llano Verde were expanded and rebuilt, training for small and medium-sized enterprises began in 2006, and a cooperation agreement was signed with the Instituto Nacional de Aprendizaje through which fifty courses have already been taught in aquaculture and textiles—two micro-enterprises have already been formed—, organic agriculture, computing, food handling, cheese making, among others—see electronic support in DVD format regarding the Judicial Inspection carried out on September 12, 2009. Thus, it is inaccurate to affirm that these are mere expectations of benefits—as indicated by some of the petitioners—, since some have already been realized. Now, among the compensation measures proposed and established as environmental commitments for the harvesting plan (plan de corta) are: a) reforestation of 382 hectares of pasture to natural forest; currently, 16 hectares of pastures have already been reforested with trees from the project's forest nursery; b) maintenance of a forest nursery with native species, which currently has more than 67,500 native trees that were extracted as seedlings from the areas located within the harvesting plan. Additionally, there are zotacaballo trees for revegetation of slopes and channel protection areas; c) more than 800 hectares of existing natural forest cover (cobertura boscosa) that will not be used for the project and form part of the 1,474 hectares of properties owned by the company Industrias Infinito will be maintained; d) 50 trees will be planted for every tree cut, and for each almendro tree, 100 will be planted in the areas to be reforested, which comprise 382 hectares and will support the development of a natural forest with the planting of more than 600,000 native trees; e) biological and forest monitoring will be maintained to verify the regeneration of the areas to be reforested for the development of effective habitats that allow the continuous connection of forested sectors and mitigate the fragmentation of existing habitats; f) a biological corridor will be created to allow species mobility with genetic transfer of flora and fauna; g) an amount of US$250,000 will be deposited into a trust of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, for the exclusive purpose of purchasing land in a protected area of the San Carlos region; h) communities will be supported with part of the wood harvested from the clearing for the population's needs; i) the expected profits from the sale of the wood, amounting to approximately US$1,000,000, will be deposited into the existing trust of APANAJUCA, which is the Asociación del Parque Nacional Juan Castro Blanco, whose sole objective is the purchase of private lands for the conservation of the National Park, also known as Parque del Agua, and currently more than ninety percent of its area is under private ownership—see report submitted under oath on folio 95 of volume I of the file.

C.- Taking into account the technical studies provided in the files of the Dirección de Geología y Minas and before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, as well as the application of the reference matrix, the identification and even the realization of several of the aspects outlined here, the administration reports that the values obtained from applying the environmental impact assessment matrix are positive for the project, so that an increase in quality of life and a positive impact on the economy are anticipated, to the point that the impact on quality of life is—as already indicated—+68 and the generation of employment and income is also +68. The administration also states that, in addition to the benefits specified in the decree, among the benefits that the company's activity is providing, the following can be listed: the installation of a business and job training center; the formation of small businesses; the expansion of the aqueduct that serves the communities of Coopevega, Moravia, Chamorro, and El Roble; the construction of four bridges in partnership with the Municipalidad de San Carlos; the maintenance of the Buenos Aires-Coopevega-Crucitas roads; a trust for community works that will receive three hundred fifty-four thousand dollars annually; and payments to social security of more than ten million dollars. For its part, the company affirms that among the agreed social benefits are the donation of an electrical transmission line valued at six million dollars; community training programs and promotion of small and medium-sized enterprises; the improvement of school infrastructure; as well as contributions for the Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, all aspects that necessarily had to be considered by the administration to conclude that the social benefits are indeed greater than the environmental cost, since as has been demonstrated, the mining activity, under the terms proposed, results in an environmental cost, but not in environmental damage. In the same vein, the Chamber notes that through the aforementioned economic valuation of environmental effects and social benefits of the project, carried out by expert Juan Muñoz Giró and submitted in February 2009, it is concluded that the opportunity cost of the project is US$3.74 million, while the benefits generated from employment and income would be US$158.11 million, so the referenced report validates the conclusions reached by the administration regarding the benefits to be obtained.

CI.- On the other hand, if such benefits are similar to those that some other economic activity in the area could provide, as the petitioners assert, this is an aspect unrelated to verifying that in the specific case there are indeed greater benefits than costs. If there were other activities that could generate similar benefits, this would not prevent the examination of a particular case. In other words, it is inappropriate to dispute an assessment made by the administration based on technical data on the grounds of the possible existence of other activities, unknown to date, that could eventually generate similar outcomes or socioeconomic benefits, but for which no interest has yet been expressed nor have they been carried out or implemented in the area.

CII.- In any case, the express mention made in the environmental impact assessment of the Crucitas mining project—see page 187 of the assessment—must be taken into consideration. This indicates that according to the correlation of climatic variables or elements—intense rainfall, high humidity percentages, and temperatures—with other physical, natural, and infrastructure factors predominant at the regional level—soil type, road network, and services—the so-called northern zone is considered a region with difficult conditions for the development of certain productive activities. This statement reflects the inconsistency of arguing the presumed unsuitability of a specific activity because there are others—vague and undefined—that could be carried out.

CIII.- Under these considerations, the Chamber notes that the decree in question does indeed demonstrate the completion of prior work that allowed the administration to determine the existence of socioeconomic benefits greater than any potential environmental costs, a determination for which the administration used the established and available technical instruments, instruments that were required, submitted, and assessed by the relevant bodies within their spheres of technical competence—the Dirección de Geología y Minas and SETENA. Therefore, as this is a technical determination, it is a matter of ordinary legality already defined by the competent entities in each case.

CIV.- Thus, the Chamber concludes that Decreto 34801 is indeed duly substantiated and fulfills the requirement of demonstrating that at the administrative level, the balancing procedure between costs and benefits was indeed carried out, the result of which is embodied in the decree under discussion. Therefore, contrary to what the petitioners argue, an objective scientific-technical basis does exist to establish the concrete benefits that the implementation of the project will bring.

CV.- By way of conclusion.

In the case under study, the Chamber considers it established that the survival of the yellow almond tree (almendro amarillo) is assured, since the authorized logging lacks a decisive negative impact for the population of this species, and this tree cutting is also not precluded by its lack of connection to the nesting and reproduction sites of the great green macaw (lapa verde).

CVI.- Likewise, it has been demonstrated that this cutting of the almond tree also does not constitute a certain threat to the existence and survival of the great green macaw, for it has been proven that the bird does not nest in trees such as those authorized for cutting, but rather only came to the Crucitas area during the non-reproductive season and when the almond tree is not bearing fruit, so that in that season its diet is based on the fruit of more than thirty varieties of trees in the area.

CVII.- The alleged environmental risk to the Mesoamerican Biological Corridor (Corredor Biológico Mesoamericano) and the San Juan-La Selva Biological Corridor (Corredor Biológico San Juan-La Selva) is also dismissed, since the existence of these areas does not prevent economic activities from being carried out under rigorous control standards that allow socio-economic development and environmental protection to be made compatible.

CVIII.- Likewise, the risk of aquifer contamination has been dismissed, because the limited permeability of the rock covering the upper and lower aquifers has been demonstrated; the aquifer recharge zone is located outside the project area; and the seismic risk of the area is insignificant. Furthermore, the international significance of an aquifer contamination risk must also be dismissed, for it has been demonstrated that both aquifers discharge onto national territory and do not drain toward the San Juan River, and that in the case of the Minas Creek (Quebrada Minas) and the Infiernito River (río Infiernito), the effect on the border river would be minimal, provided that all approved and committed containment measures are duly complied with.

CIX.- Similarly, the use of a safe cyanide elimination method has been accredited, which prevents this material from coming into contact with the environment, both during the application and elimination process and in the disposal of water and treated material in the tailings lagoon.

CX. At the same time, the adoption of the recommended technical measures to prevent acid rock drainage is also accredited, both because the material to be extracted has a limited capacity to generate it and because of the systems that will be implemented to prevent it from occurring.

CXI.- Furthermore, it has been demonstrated that the appropriate seismic studies were indeed carried out to assess the seismic risk situation in the area, with these reports concluding that it is feasible to develop the proposed project and to build the necessary works. Likewise, it has been accredited that the related constructions comply with the requirements demanded by national legislation to have seismic resistance capable of withstanding events of up to 8.4 degrees on the Richter scale.

CXII.- It has also been demonstrated that the use of explosives was duly assessed by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) and the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), through the consideration of technical studies accrediting that the planned blasting will have a very limited impact on the project's surroundings.

CXIII.- It has been determined that the declaration of national interest (conveniencia nacional) of the mining project is in accordance with law, since far from being the result of the automatic application of articles 60 of the Mining Code (Código de Minería), 19.b and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), and 2 of the Regulation to the Forestry Law (Reglamento de la Ley Forestal), it is the result of verifying that the socio-economic benefits are greater than the environmental cost, a cost that has the particularity of not generating environmental harm in the terms stated.

CXIV.- In the same vein, it has been demonstrated that the accreditation that the socio-economic benefits are greater than the environmental cost is the product of a multi-year evaluation conducted before the Directorate of Geology and Mines and the National Environmental Technical Secretariat, and the result of which is embodied in decree 34801-MINAET, a normative instrument that clearly references the benefits to be obtained, the environmental cost to be borne, and the compensation measures to be implemented. It has also been resolved that the decree by which the national interest of an economic activity is declared in the stated terms must set forth the final results of the cost-benefit balance, but need not specify exactly and concretely the methodology implemented, the instruments used, each of the aspects evaluated, or the score assigned, all of which must indeed be on file at the administrative level but need not be set forth in the final normative instrument.

CXV.- Thus, decree 34801-MINAET is duly reasoned and references the objective technical basis upon which the decision was made to declare the mining project of national interest, and therefore it is in accordance with law without any unconstitutionality being apparent.

CXVI.- For the foregoing reasons, resolution number 244-2008-SCH of the Arenal Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Arenal Huetar Norte), San Carlos-Los Chiles Subregion, of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, issued at nine hours five minutes on October seventeenth, two thousand eight, by which the land-use change (cambio de uso del suelo) is authorized, is far from being an arbitrary decision, since its issuance was preceded both by the issuance of the decree declaring the national interest of the project and by the accreditation of the type of trees that would be affected by the land-use change.

CXVII.- Measures to be implemented. The Chamber is aware of the significance of mining activity and of certain previous negative experiences—which in any case are not parameters for comparison with the mining project now under examination—and therefore does not overlook the fact that unforeseen human events or extreme natural events could threaten the environmental safety of the project. For this reason, even though in the case under study there is no constitutional violation beyond the processing of environmental feasibility without the prior approval of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), this Tribunal orders the Minister of Environment, Energy and Telecommunications; the Secretary of the National Environmental Technical Secretariat; the Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage; John Thomas, in his capacity as General Attorney-in-Fact of Industrias Infinito Sociedad Anónima; and the Environmental Regent of the mining project, to jointly, and within their respective spheres of competence, coordinate with the existing Joint Environmental Monitoring and Control Commission (Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental) the follow-up and oversight of all phases of the project, so that the Commission may timely adopt the necessary control, mitigation, and compensation actions in each of these phases, as considered in this judgment. The foregoing implies that should any eventuality arise, the Commission or the Environmental Regent, jointly or separately, must immediately petition the National Environmental Technical Secretariat for the suspension of the project until it is remedied or it is guaranteed that the environment will not be affected, and the corresponding responsibilities are established. It must be recalled what this Tribunal stated in judgment No. 2004-9927, to the effect that the environmental regent also performs an essential oversight function and that executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC defines such a person as the individual or legal entity hired by the developer for the purpose of ensuring compliance with the environmental commitments undertaken by the activity, work, or project, the Code of Good Environmental Practices, and the regulations in force, for which purpose the regent must officially report to SETENA and the environmental authority on the results of the follow-up and control in accordance with the regulation, as well as issue the necessary environmental recommendations as situations so require (articles 3 subsection 60, 79, and 80); furthermore, the regent shall be civilly and criminally liable for the veracity of the information in the documents signed, as well as for the methods and procedures recommended, with joint and several liability with the project developer (article 81). The foregoing makes it clear that, while it is true that the environmental regent is not a public official, the regent does exercise a public function in this regard. In this sense, the respondent authorities and the Joint Environmental Monitoring and Control Commission are ordered not to authorize the commencement of each phase of the project if the respective protocols are not previously in place.

CXVIII.- Likewise, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and the National Environmental Technical Secretariat are ordered to implement interdisciplinary monitoring programs for the preservation and conservation of the great green macaw in the northern and Atlantic zone of the country, so as to maintain solid information on the number of great green macaw pairs, the preservation of nesting and feeding sites, and to allow, based on such information, the immediate adoption of measures that provide better survival options and strengthen the bird's habitat.

CXIX.- Likewise, Industrias Infinito Sociedad Anónima is ordered to exercise extreme care in the handling of cyanide and cyanide-containing material, its application, and destruction, and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and the National Environmental Technical Secretariat are ordered to carry out rigid and constant monitoring of the company's tasks in this field.

CXX.- The orders given are based on the emphasis this Tribunal places on the duty of all respondent institutions to coordinate with and assist SETENA, within the framework of their competence. The constitutional duty of all agencies to protect the environment derives not only from article 50 of the Political Constitution, but also from the Stockholm Declaration on the Human Environment, which in Principle No. 13 provides:

       "In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve the human environment for the benefit of their population."

 

Thus, it is clear that technical public institutions such as SENARA, the specialized areas of the Ministry of Environment, Energy, Mines and Technology, SETENA, and within the latter the Environmental Regent in the public function exercised, must provide their technical input in their respective areas, and, where needed, request the assistance of Municipalities and others, such as the project development company and the Commission formed for that purpose. Certainly, SETENA has specific functions regarding environmental protection and oversight of the execution of projects such as the one under study, for article 84 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) provides that said Secretariat must, among other things:

“...b) Recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment, as well as those technically appropriate to recover it.

Address and investigate complaints submitted regarding environmental degradation or harm...

...i) Carry out monitoring tasks and ensure the execution of resolutions...”

 

Notwithstanding the foregoing, this does not exempt other public institutions from collaborating by exercising a tutelary function over the environment, as part of the State. It is necessary to bear in mind, as the Chamber has stated on many occasions, that the environment must be understood as a potential for development to be used appropriately, without degrading its productivity and without endangering the heritage of future generations. The Chamber understands and accepts, without this being an element that violates the environment, that in every production process it is necessary to transform and process resources, all of which entails an environmental cost. Likewise, that the production process not only requires natural resources to sustain itself but also generates waste, pollution, and impacts of the most varied kinds. However, it is clear that there must be controlled development, such that both environmental needs and progress needs are met, and it is there that each state institution must fulfill the prevention, protection, and follow-up of all those processes or projects that involve an impact on the environment in which they occur (see, in a similar sense, judgment No. 2004-9927).

CXXI.- In conclusion, the Chamber finds that in the case under study there is a constitutional violation with respect to the granting of environmental feasibility without the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage having previously reviewed and approved the hydrogeological studies for the entire area of the Crucitas mining project, without such a finding having the effect of annulling the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) or rolling back the proceedings to the moment of presentation of said Study, precisely because, even if belatedly, this body endorsed them. Likewise, in accordance with the considerations set forth in this judgment, the other alleged violations of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as recognized by article 50 of the Political Constitution and constitutional jurisprudence, are dismissed. Therefore, the remedy must be granted in part, as is hereby ordered, with the warnings and provisions contained in the preceding recitals. Magistrates Jinesta and Castillo dissent, ruling the remedy without merit in all its aspects, and Magistrate Castillo adds a note. Magistrate Cruz dissents and grants the remedy only with respect to the following aspects: considering that the environmental impact study does not meet the requirements established in environmental regulations, for the alleged impact on the yellow almond tree, and because the mining project, prior to its approval, lacked an adequate environmental cost-economic benefit relationship. In all other respects, he concurs with the majority vote and adds a note. Magistrate Armijo dissents, grants the remedy, and nullifies: a) resolution #170-2008-SETENA of February 4, 2008, of the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat; b) the resolution of the Ministry of Environment and Energy #R-217-2008-MINAE of 15:00 hours on April 21, 2008, which granted a mining concession to the company Industrias Infinito S.A.; and c) Executive Decree No. 34801-MINAET of October 13, 2008. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused, based on the facts taken into account for the granting of this amparo.

Therefore

  By majority, the remedy is granted, solely on the grounds that the Environmental Impact Study was approved without the prior opinion of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage. In all other respects, by majority, the remedy is denied. In application of the precautionary principle in environmental matters, Jorge Rodríguez Quirós, in his capacity as Minister of Environment, Energy and Telecommunications; Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretary of the National Environmental Technical Secretariat; Bernal Soto Zúñiga, in his capacity as Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage; John Thomas, in his capacity as General Attorney-in-Fact of Industrias Infinito Sociedad Anónima; and the Environmental Regent of the mining project, or whoever holds their positions, are ordered to jointly, and within their respective spheres of competence, coordinate with the Joint Environmental Monitoring and Control Commission the follow-up and oversight of all phases of the project, so that the Commission may timely adopt the necessary control, mitigation, and compensation actions in each of these phases, as considered in the judgment. The foregoing implies that should any eventuality arise, the Commission or the Environmental Regent, jointly or separately, must immediately petition the National Environmental Technical Secretariat for the suspension of the project until it is remedied or it is guaranteed that the environment will not be affected, and the corresponding responsibilities are established. Likewise, the respondent authorities and the Commission are ordered not to authorize the commencement of each phase of the project if the respective protocols are not previously in place. The State is ordered to pay the damages and losses caused by the facts taken into account for the granting of this amparo. Jorge Rodríguez Quirós, Sonia Espinoza Valverde, Bernal Soto Zúñiga, and John Thomas, or whoever holds their positions, as well as those comprising the Commission and the Environmental Regent, are warned that, in accordance with article 71 of the Law of this Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely punished. Let this resolution be personally notified to Jorge Rodríguez Quirós, Sonia Espinoza Valverde, Bernal Soto Zúñiga, and John Thomas, or whoever holds their positions. Let Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds her position, notify this resolution to the members of the Commission and the Environmental Regent. Let it be communicated.-

Magistrates Jinesta and Castillo dissent, ruling the remedy without merit in all its aspects, and Magistrate Castillo adds a note.

Magistrate Cruz dissents and grants the remedy only with respect to the following aspects: considering that the environmental impact study does not meet the requirements established in environmental regulations, for the alleged impact on the yellow almond tree, and because the mining project, prior to its approval, lacked an adequate environmental cost-economic benefit relationship. In all other respects, he concurs with the majority vote and adds a note.

Magistrate Armijo dissents, grants the remedy, and nullifies: a) resolution #170-2008-SETENA of February 4, 2008, of the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat; b) the resolution of the Ministry of Environment and Energy #R-217-2008-MINAE of 15:00 hours on April 21, 2008, which granted a mining concession to the company Industrias Infinito S.A.; and c) Executive Decree No. 34801-MINAET of October 13, 2008. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused, based on the facts taken into account for the granting of this amparo. Let it be communicated.-

Unlike full cognizance proceedings, the amparo proceeding is a highly summary avenue, whose purpose, when a violation of or threat to the environment is at stake, is to hear serious injuries or threats thereto, which precludes, from the outset, the discussion and resolution of technical aspects, which are proper to another jurisdiction as will be explained further on, which obliges us to address the issue of the nature of this proceeding in relation to environmental matters.

I.- Of the specific nature of the amparo appeal and environmental matters

This Chamber, in judgment number 2001-13294 of 12:05 p.m. on December 21, 2001, hearing an amparo, had delimited the competence of the constitutional jurisdiction in this type of matters, when it stated:

“…It is clear from the initial filing that the appellant radically opposes the exploitation of hydrocarbons as such, regardless of the management given to that activity. It is worth clarifying from now that this exploitation is permitted by the Ley de Hidrocarburos, provided that environmental protection requirements are respected. Discussing whether the activity is in itself harmful to the environment, regardless of the technical and legal regulations that govern it, is not the object of this amparo; such a discussion could be the object of a potential unconstitutionality action, but not of an amparo. It is also worth clarifying that this Chamber rules on the appellant's allegations to the extent that those alleged violations infringe a fundamental right. On the contrary, if the errors do not violate, in the specific case, any fundamental right, we are facing a defect of mere legality that must be challenged in the corresponding venue…”. (The underlining and highlighting are not in the original).

Furthermore, it is important for the matter now before us in this amparo that in the aforementioned judgment, the Chamber expressed: “It is not for this Court to technically evaluate the environmental impact of the hydrocarbon extraction activity: the amparo appeal is not a full avenue that has at its disposal the necessary evidentiary means for such a task”. (The highlighting is not in the original).

The foregoing delimitation leads to a correct vision of the constitutional jurisdiction, in which one must start from the summary nature of the amparo appeal, we would even say highly summary, a characteristic derived from the pressing need to resolve the object of the appeal, pursuant to the provisions of article one of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, circumscribed basically to the restitution of the fundamental right as a guarantee of respect for a minimum of protection for persons enshrined within constitutional law, such that only those claims that entail an evident violation of the bundle of fundamental rights should be given a hearing in this special venue. Otherwise, when a pleading's aspect concerns the legality of administrative action, even loosely linking it to a fundamental right, the amparo is not appropriate, since the result of accepting this type of claims is the distortion of the amparo proceeding. The issue is not entirely without problems, for the delimitation of what is or is not constitutional is a case-by-case conflict, such that the Chamber, in the admissibility process, must analyze each case, taking into account the existence of a very thin line between the constitutionality and the legality of matters, this insofar as every legal aspect has a constitutional root, which does not inevitably and necessarily imply that it must be analyzed and resolved in the constitutional jurisdiction. Precisely, the failure to have clearly delimited this situation has given rise to a misuse of the jurisdiction and the guarantees established in numeral 48 of the Constitución Política, often with the support of this Constitutional Chamber itself, when matters have been resolved in this venue despite their ordinary nature, interfering in areas that are not its own, even going so far as to substitute the activity of the Administration entrusted in the Constitution to the Executive Branch, to the detriment of the principle of the separation of powers or functions.

Given the connection between constitutional and contentious-administrative matters, the ordinary contentious-administrative proceeding has recently been strengthened, with the enactment by the Asamblea Legislativa of Law number 8508 of April 28, 2006, which better developed the idea conceived in article 49 of the Constitución Política, providing an expeditious avenue for the resolution of matters against the Administration, establishing objective and subjective control; objective control over the legality of the administrative function; and subjective control in the protection of legal situations, subjective rights, and legitimate interests. Based on this article 49, as well as on the principles of effective judicial protection and legality, any controversy arising against the Administration has the possibility of being aired, in the first instance, in the administrative venue – nowadays the exhaustion of administrative remedies is optional except for the exceptions that will be indicated further on, that is, through the procedure followed for that purpose, applying Book Two of the Ley General de la Administración Pública or special regulations, which empowers the Administration to resolve the controversies presented by the parties, obtaining the issuance of an act or provision of the Public Administration that resolves the conflict and is in accordance with the application of current regulations. Even without exhausting administrative remedies, there is now a jurisdictional system for the protection of individualized subjective situations, with expanded powers of the judge, in order to obtain greater protection of the subjective rights and legitimate interests of the administered parties, this in contrast to what was public and notorious with the previous system (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa), which was characterized by its tardiness in resolving, by applying a design based on writing and centered on the control of the administrative act (objective control). Now, the modern contentious procedural regulations are based on a wide range of principles such as orality, as a starting point, and with the legislator betting on the streamlining of procedures, passing through the fundamentals of due process and procedural equality of the parties. Also, some others, among which are: Procedural semi-formalism; the breadth of the judge's powers; impugnation flexibility; the opening of active and passive standing, as well as procedural capacity; the extensive scope of precautionary measures; the immediacy, contradiction, and concentration of evidence; the strengthening of alternative dispute resolution measures; conciliatory specialty; the adaptation of justice to social reality and needs; the reinforcement of full control of the administrative function; finally, the optional nature of the exhaustion of administrative remedies, except for administrative contracting, the Civil Registry –article 102 subsection 4) of the Constitución Política and municipal matters (provided that they are exhausted before the Contraloría General de la República, the Tribunal Supremo de Elecciones, or the Tribunal Contencioso Administrativo, respectively), this possibility for the administered party having been granted first by a judgment of the Constitutional Chamber, namely number 2006-03669 at 3:00 p.m. on March 15, 2006, in which, among other reasons, it was indicated that the administered party could not be subjected to a via crucis that meant obliging them to exhaust the corresponding administrative remedies prior to going to judicial process, since, in practice, exhaustion did not always achieve that the Administration revoked its own action, despite determining, for example, even the nullity of what had been done. An aspect that, subsequent to the mentioned judgment, the Código Procesal Contencioso incorporated as a basic principle of its process.

All of this has resulted in a more agile and effective contentious proceeding, as already corroborated in practice since the beginning of 2008, providing a system designed so that the administered parties can air their legality problems, obtaining a timely solution. Furthermore, in addition to the more expeditious processing that the contentious proceeding in general now inherently brings, there is another possibility, the so-called preferential procedure, provided for in article 60 of the contentious procedural regulations, through which it is permitted to summarily process cases due to urgency, necessity, or transcendence for the public interest. Moreover, a determining factor deserves to be distinguished: the assessment of evidence in both proceedings, since due to the summary nature of the amparo, breadth in the reception and analysis is not feasible in the constitutional venue; on the contrary, in the contentious proceeding, it is more guarantee-oriented. Indeed, in the ordinary proceeding, the evidence is proposed and passes through a filter at the preliminary hearing, with the parties having the opportunity to concretely define the evidence that will be analyzed at the final hearing; thus, upon arriving at the oral trial, it has been sanitized beforehand, facilitating its treatment in the debate technically and broadly, which results in a greater guarantee for the administered parties, besides the possibility that the parties have to resort to the extraordinary appeal of cassation, whether for violation of procedural rules or for breach of substantive rules of the legal system; an appeal of cassation devoid of formalities, which confirms the effective access to justice in the new contentious-administrative jurisdiction. For this very reason, precisely, matters that require a more technical study of the evidence must be remitted to the contentious jurisdiction due to its specialty and the design of agile, guarantee-oriented, and full cognizance processes.

In short, not only legality aspects must be heard by the contentious-administrative jurisdiction, but also all those matters where technical aspects related to the environment are discussed, since the processes provided for by that jurisdiction are the suitable ones to resolve, in accordance with Law and Justice, that type of controversy, unlike the constitutional amparo proceeding, whose nature prevents addressing them. Due to its nature, the amparo proceeding is not the suitable means to discuss the complex technical and ecological aspects characteristic of environmental conflicts. In this type of proceeding, an adequate approach to technical and scientific elements is not possible.

II.- Of the competence of the Constitutional Chamber in environmental matters in the constitutional amparo proceeding

At this point in our exposition, a question arises, which is to determine what the competence of the Constitutional Court is then in environmental matters in amparo proceedings. In the first place, it must be said that it is responsible for verifying that there is no manifest unreasonableness by the competent authorities in their action or decision. In these cases, the standard of control of the Administration's decisions and actions by the Court is limited to verifying that they are supported by technical studies that guarantee, precisely, the fundamental right. The Court's competence extends to this point. The foregoing means that the amparo proceeding is not an instance to discuss whether a technical study is correct or incorrect, whether a technical study has shortcomings or not, much less to rebut the technical studies that served as the basis for the Administration's actions and resolutions, whether an executive decree is well or poorly motivated, whether an executive decree breaches legal regulations, etc., since these matters are proper to another jurisdiction, as indicated supra.

On the other hand, the Constitutional Court also has competence, both in constitutional amparo proceedings and in constitutional defense of the Constitution proceedings, to guarantee the constitutional principles that govern or inform the right to a healthy and ecologically balanced environment. Thus, the Court must ensure that the State fulfills its tutelary and guiding role in environmental matters. “Prima facie, to guarantee is to ensure and protect the right against some risk or necessity, to defend is to forbid, prohibit, and impede any activity that threatens the right, and to preserve is an action aimed at sheltering the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a double behavior of doing and not doing; on the one hand, it must refrain from itself attacking the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements” (2000-9193).

Furthermore, it must guarantee the principle of the rational use of resources, so that there is the necessary balance between the country's development and the right to the environment. It must also protect the principle of environmental quality, which constitutes a fundamental parameter of the quality of life. It has thus held that the right to a healthy and ecologically balanced environment implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through its rational exercise and useful enjoyment (2003-6322).

The same occurs with the precautionary principle, also called the principle of prudent avoidance, which gained strength with the Río Declaration of 1992 (Earth Summit). Based on it, it has held that, prior to the commencement of any work, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) must be carried out. Additionally, only in the case of a declared state of necessity can compliance with environmental rules be exempted. Along this same line of thought, the Constitutional Court cannot admit the argument that the lack of economic resources of public institutions justifies omissions in environmental matters. Indeed, “(…) the lack of budgets (economic, material resources, and/or qualified personnel) cannot constitute a limit between respect for and violation of fundamental rights, that is, it cannot be a reason for the Administration not to act and take concrete actions so that through its management it finds a solution to the problems that individuals require of it in environmental matters...” (2003-6322).

On the other hand, it cannot admit that positive silence operates in this matter and that citizen participation can be bypassed, as it constitutes a consequence of the democratic principle and encompasses the right to information related to environmental projects or those that may cause harm to natural resources and the environment and the guarantee of effective participation in decision-making.

III.- The control of administrative discretion falls to the contentious-administrative jurisdiction, not to the constitutional jurisdiction

As is well known, administrative discretion is the possibility granted by the legal system to the Administration to choose among several alternatives the one that best satisfies the public interests. From this point of view, discretion entails an action within the legal system, unlike arbitrariness, whose action is outside or against it. In the case of discretion, the Administration must carry out an assessment of the circumstances, determine which alternative is the most viable, and perform a balancing of interests in an activity aimed at the realization of the public interest. Unlike what occurs with regulated powers, where there is no margin of appreciation, and the Administration's activity is reduced to verifying the factual assumption provided for by the norm for its exercise, in that modality of administrative function, the Administration has a greater margin of action.

Now, by constitutional imperative (article 49), the control of legality, and thereby the exercise of discretionary powers by the Administration, is an exclusive and excluding competence of the contentious-administrative judge. In accordance with the above, numeral 16 of the Ley General de la Administración Pública indicates, with crystal clarity, that the judge – understood as the contentious-administrative judge – shall control the conformity of the discretionary elements of the Administration's acts based on the univocal rules of science or technique or based on the elementary principles of justice, logic, or convenience, as if exercising legality control. Furthermore, doctrine has designed a series of techniques for the control of administrative discretion, among others: the determining facts, the general principles of Law, and indeterminate legal concepts. Thus, everything related to the discretion of the technical aspects that support a decision or an action of the Administration must be aired in the contentious-administrative jurisdiction, not in the constitutional jurisdiction. Therefore, if the discussion concerns different technically or scientifically sustainable alternatives that are better than the one adopted or approved by the Administration, it is a matter of administrative discretion, which falls to be discussed in the contentious-administrative venue. As stated above, in these cases, the Constitutional Court has its competence limited to determining that the Administration's decision or action has a technical basis and that it respects the principles or rules governing the right to a healthy and ecologically balanced environment; ergo, it is not competent to elucidate whether the technical study has errors or not, or whether there are other alternatives that better guarantee that fundamental right.

IV.- Regarding the specific case

As has been demonstrated – proven facts – the actions of the Public Administration are supported by technical studies; therefore, we are not in the presence of manifestly irrational actions and decisions that affect the fundamental right of the inhabitants of the Costa Rican Nation to a healthy and ecologically balanced environment. By way of example: there are feasibility studies of the mining project, there are environmental impact studies of the project, the public hearing for the project was held, there is a population study of the stem species, there is a forest management plan to guarantee the rational use of natural resources in the areas under administration of the mining project, there is an environmental management plan, there is a hydrogeological study, there is a report “Cyanide and its Application in Crucitas” where it is concluded that the required levels of cyanide destruction are achieved when effluents are treated with the combinox process, there is a report on the potential acid rock drainage, etc. Thus, the amparo appeal must be rejected, since after analyzing the actions and resolutions of the Administration, the necessary conclusion is reached that they are supported by technical studies, which complies with the constitutional requirement to guarantee the inhabitants of the Republic the right to a healthy and ecologically balanced environment. Now, in all cases where the claim seeks to call into question the seriousness or soundness of those studies, the appropriate avenue for that is the contentious-administrative one, not the constitutional jurisdiction. Even more, the cognizance process filed by the Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre against the State and the Company Industrias Infinito Sociedad Anónima is being processed in the contentious-administrative jurisdiction, under judicial file no. 08-001282-1027-CA, whose claims are – to be declared in judgment – the non-conformity with the legal system of: a) resolution number 3638-2005-SETENA of December twelfth, two thousand five, through which environmental viability was granted to the Proyecto Minero Crucitas (folio 37 of that file); b) resolution number 170-2008 SETENA of February fourth, two thousand eight, in which modifications to the environmental impact assessment for the Proyecto Minero Crucitas were approved (folio 38 of that file); c) resolution number 217 issued by the Dirección de Geología y Minas of April twenty-first, two thousand eight, through which the open-pit mining exploitation concession was granted in favor of the company Industrias Infinito Sociedad Anónima (folio 38 of that file); d) Decreto Ejecutivo number 34801-MINAET, in which the Executive Branch declared the Proyecto Minero Crucitas being developed by the company Industrias Infinito Sociedad Anónima to be of public interest and national convenience (folios 40 and 41 of that file).

Fernando Castillo V.
Magistrate

FCV/pmc.-

DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE ARMIJO: I respectfully depart from the decision adopted by the majority of the Chamber, based on the following arguments:

A. The Impact of the Crucitas mining project on biodiversity. I consider that allowing the project called into question in this appeal to continue being executed implies a manifest injury to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, evidenced in the following aspects and based on the statements, documentation, and questions that were extensively analyzed in the hearings held before the Chamber on days 12, 13, 16, and 17 of November 2009:

A.1. Open-pit gold mining by cyanide leaching causes, in itself, serious environmental damage.

a) General considerations of this mining method and its consequences: Gold exploitation, by various companies, has been gaining ground due to significant increases in the mineral's prices (it skyrocketed in 2008 and exceeded $1,100 per ounce in April 2010, according to information from the website www.kitco.com), as well as due to the use of more profitable extraction methods, based on production costs in low-grade deposits, such as the extraction technology by cyanide leaching.

This technology has come to replace gold recovery by mercury amalgamation, a less efficient process in terms of recovery, since it allows only 60% recovery of the mineral, compared to more than 97% in the case of cyanide extraction.

As explained in the November 2009 hearing and, mainly, in the special report on open-pit chemical mining, prepared by a commission created by the Consejo Universitario of the Universidad de Costa Rica, and in which specialists in Biology, Chemistry, Geography, and Geology participated, extraction by cyanide leaching, combined with open-pit mining, is capable of impacting large extensions of land. It entails the removal of metals from rocks and soil with the use of chemical compounds having high affinity for these materials. In its large-scale development, this technology allows the exploitation of large volumes of rock and soil, where the metals are found in low concentrations. The process requires the removal, crushing, and chemical processing of surface and deep layers in areas of great extension, where all life forms are destroyed or removed. The process is intrinsically harmful to the environment, since the need to extract large volumes of soil and rock for processing has serious impacts of three orders, by forcing the elimination of surface and soil biodiversity: a) the extraction area, b) the mineral processing area, and c) the processing waste deposit area. The result is a large-scale transformation of the landscape and the opening of wide craters. As the deposits can be found under forest cover (cobertura boscosa) areas, aquifer recharge zones, or generally in areas with environmental fragility, the development of open-pit mining projects often requires the disappearance of ecosystems of interest for conservation and the protection of environmental services. Previously extracted waste material is used in the operations. The ores (rocks containing the mineral) are crushed and piled up on a heap placed on a leaching platform. Once the crushed mineral is stacked on the leaching platform, it is uniformly sprayed with a cyanide solution, which leaches (washes and amalgamates) the microscopic gold particles from the mineral while filtering through the heap. The cyanide solution containing the gold - called the \"pregnant\" solution - flows by gravity to a storage pond. From the storage pond, pumps or lined ditches are used to carry the solution to the metal recovery plant. The precipitate is then smelted to recover the gold. The final products of this process are gold bars and a \"barren\" (gold-free) cyanide solution, which is pumped to a storage pond. Waste material consisting of impurities, including heavy metals, is also generated. These slags are normally discharged into a waste material heap.

The high toxicity of cyanide and its natural reactivity are well known. Its harmful effects on fish, wildlife, and humans have been documented. For plants and animals, cyanide is extremely toxic. Cyanide spills can kill vegetation and impact plant photosynthesis and reproductive capacities. For animals, cyanide can be absorbed through the skin, ingested, or inhaled. Air concentrations of 200 parts per million (ppm) of hydrogen cyanide are lethal to animals, while concentrations as low as 0.1 milligrams per liter (mg/l) are lethal to sensitive aquatic species. Lethal doses for humans are, in case of ingestion, 1 to 3 mg/Kg of body weight, in case of absorption, 100-300 mg/Kg, and 100-300 ppm if inhaled. This means that a portion of cyanide smaller than a grain of rice would be enough to kill an adult. Long-term exposure to a sublethal dose could cause headaches, loss of appetite, weakness, nausea, dizziness, and irritation of the eyes and respiratory system. However, there are no records of human fatalities in mines using cyanide leaching techniques.

Mine workers often have contact with cyanide, especially during the preparation of the cyanide solution and the recovery of gold from the solution. For mine workers, the risks are cyanide dust, hydrogen cyanide (HCN) vapors in the air coming from the cyanide solution, and skin contact with the cyanide solution.

Mines using cyanide leaching extraction are ticking time bombs for the environment, as was indicated in the extensive 1992 study by the National Wildlife Federation of the United States: wildlife habitats and watersheds are disrupted, with problems such as cyanide ponds luring wildlife. The death of wild animals, especially birds, attracted by the lure of the water bodies in those ponds, has been frequently recorded; after leaching, the already processed mineral heap still contains vestiges of the highly toxic cyanide solution, as well as heavy metals concentrated that have been precipitated from the mineral (arsenic, antimony, cadmium, chromium, lead, nickel, selenium, thallium) and other toxic substances found in the heap and leachates (sulfides); if the used mineral and waste rock are not fully rinsed, or if left untreated, cyanide can continue to leach into the environment, threatening streams, rivers, or lakes, underground water sources, wildlife, and plants.

However much the respondents insist on the supposed harmlessness of the activity, due to the safety measures that would be followed, the fact is that accidents have occurred in which cyanide has come into contact with the environment (Reece), due, for example, to liners (geomembranes placed under the heaps and ponds) allowing leaks due to inadequate design, manufacturing defects, inadequate installation, or damage (holes) produced during the operation process. Another reason for accidents is the overflow of solutions from storage ponds. These escapes cause damage to plants and animals that come into contact with lethal concentrations of the cyanide solution, and represent a long-term threat to groundwater (phreatic waters). Although storage ponds are designed to withstand large storms and floods – and in this specific case, it is affirmed that also seismic events – they do not always prevent overflows. Heavy metals and water contaminated with cyanide that escape from a storage pond cause greater damage when they flow directly into natural watercourses.

The escaping solution may be sufficient to kill fish and other forms of aquatic life, or to contaminate drinking water resources.

Another relevant aspect is the disposal of residual cyanide. In any case, the degradation procedures for the cyanide ion must be strictly executed to prevent the wastewater to be discharged from containing non-lethal amounts of cyanide. Furthermore, all known methods involve handling large quantities of chemical products, which would likewise produce a considerable environmental impact.

b) Previous negative experiences of open-pit mining by cyanide leaching in other countries: Some examples of cyanide spills demonstrate that the fears are not merely theoretical or hypothetical: in January 2000, the so-called Baia Mare disaster occurred in Romania, due to a cyanide spill, which impacted Hungary, Romania, and Yugoslavia, and affected the drinking water supply of two and a half million people and the economic activities of more than one and a half million who live from tourism, agriculture, and fishing along the Tisza River (http://www.presseurop.eu), to the point that in recent years, a resolution proposal to prohibit the use of cyanide in member countries of the European Union has been discussed in the European Parliament. In December 1992 in Summitville, Colorado (United States of America), a spill of cyanide and heavy metals occurred; the repair of environmental damages was estimated at 150 million dollars and eliminated aquatic life along 27 kilometers of the Alamosa River (www.epa.gov). Also in 1992 in South Carolina (United States of America), more than 11,000 fish died along 80 kilometers from another cyanide spill (www.epa.gov). In South Africa, in 1994, ten miners died when they were covered by a cyanide-laced mud mixture when a tailings dam barrier gave way (www.dme.gov.za). In 1995 in Guyana, more than 3.2 million liters of cyanide solution spilled into the Essequibo River. The Pan American Health Organization demonstrated that aquatic life died along 4 kilometers (www.rfi.fr). In 1998 in South Dakota (United States of America), seven tons of cyanide solution were spilled, with the consequent death of fish and aquatic life (www.epa.gov).

c) Previous negative experiences of open-pit mining by cyanide leaching in Costa Rica: Although the majority of the Chamber considers that previous negative mining experiences for the environment are not comparable to this case, in Costa Rica, I can only concede to that position that, indeed, technical details of the process have varied, but its broad outlines continue to be the same in two concerning aspects: the destruction of large expanses of land and the use of cyanide. The Macacona mine was exploited using open-pit techniques. Jorge Alvarez Von Maack documents that it operated in our country around the 1980s, in the community of Macacona, in Esparza, province of Puntarenas. After nine years of operation, the company that exploited it abandoned the country, without compensation commensurate with the damages caused during its operation. Among the impacts caused are: the contamination of the Turbina stream by the deposit of waste rock, tailings, and cyanide-laced waters; the reduction and alteration of the Turbina stream channel; deforestation of the gold extraction zone and the zone intended for infrastructure construction; the opening of pits (cráteres) and the affectation of aquifers in the project zone. The illegal operation of the Beta Vargas mine also caused environmental damages, located in the Lagarto River basin, in La Pita, Chomes de Puntarenas, exploited by the Canadian company Lyon Lake Mines. The mine operated illegally in 1997 and 1998, since it never had the municipal commercial operating license. After operating for a little more than a year, it suddenly ceased its activities, identifying as negative environmental repercussions of the project the affectation of the forest where the industrial plant was built, the pit or crater zone, and the zone intended for waste rock dumps and leaching piles; contamination of the Lagarto River by the deposit of waste rock, tailings, and cyanide-laced waters; the opening of pits and affectation of aquifers in the project zone; reduction and loss of biodiversity.

Regarding the Bellavista Mine, located in the upper part of the Central district of Miramar de Puntarenas, owned by the Canadian company Glencair Gold Corporation, after two years of operation, in mid-2007, it suspended its activities suddenly, following the landslide of more than one hundred tons of materials. For the year 2006 alone, the company reported profits close to three billion colones, despite which the benefits for the country were reduced to the payment of salaries to Costa Ricans, given that, from the beginning of its operations, the company availed itself of the Zona Franca regime, which exempted it from paying taxes, both municipal and national. This project affected the forest, in the midst of an aquifer recharge zone of high seismic risk; the rupture of the membrane retaining the heavy metals contained in around 100 million tons of mine waste occurred, thereby releasing heavy metals and cyanide-laced waters that could be contaminating groundwater and surface water; it caused the sedimentation of rivers and streams, especially the possible plugging of the Ciruelas River canyon; it contaminated with dust the product of the project's influence zone, including the urban center of Miramar.

I insist that the temporal and technological gap separating these cases from the one being analyzed today does not prevent comparing them. The activity is the same and the only difference that allows defending its current execution is that it is a simple project, full of promises to avert the dangers inherent to this class of mining, but not a true documented experience that has transpired without any harmful result. In fact, no evidence whatsoever has been brought to this proceeding of an extraction case, like the one Industrias Infinito wishes to implement, in which no environmental damage was caused. And note that I purposefully use the term "damage," in the sense of serious negative repercussions for the environment, because impact, of course, is had by all industry generally. The position of the majority of the Chamber is, in this sense, contrary to the logic and spirit of the precautionary principle in environmental matters. On one hand, there are technical and factual indications, which have not been disproved, of the serious environmental repercussions of open-pit mining and, on the other, simple promises that they will not occur in Crucitas. Even in the list of proven facts, the majority of the Chamber considers it demonstrated in fact 21 "That open-pit mining activity is traditionally considered a risky activity for the environment if not executed within the parameters established for environmental protection (as set forth in the Hearing held on the twelfth, thirteenth and seventeenth of November two thousand nine)," a statement which, besides not constituting a fact in the strict sense, grossly simplifies what was discussed in those sessions and includes a practically magical condition: the activity is harmful, unless executed within certain parameters. In the judgment it is understood that these indispensable parameters will be met, without major questioning. This is especially relevant if it is taken into account that in the majority's own decision, the weakness of public controls in environmental matters is wielded as one of the causes of the alleged deterioration of forest cover in the zone, launching a harmless exhortation for its strengthening (considerando LXI).

A.2. The environmental damage to the San Juan-La Selva Biological Corridor and the Mesoamerican Biological Corridor: The Crucitas area is a forest remnant within the deforested landscape of the northern region of the country and forms an important part of the San Juan-La Selva biological corridor and the Mesoamerican Biological Corridor. It is constituted by some tree species of delicate conservation and the deforestation implied by open-pit mining work can easily have irreversible results and pressure species to a population deterioration that leads them to extinction. Endemic species are of special care, such as the tostado (Sclerolobium costaricense), the mountain almond tree (Dipteryx panamensis), and others whose habitat is limited to that region. The biological corridor consists of a delimited space of connectivity of landscapes, ecosystems, and habitats, ensuring the maintenance of biological diversity and ecological and evolutionary processes. It allows connecting seriously fragmented habitats, leaving populations isolated. They contribute to maintaining gene flows, the dispersal of species, and favor migrations. According to the study on that specific Corridor, prepared by Guiselle Monge Arias and Olivier Chassot, despite being a project, it contains the last viable connection habitat to maintain the continuity of the Mesoamerican Biological Corridor between Nicaragua and Costa Rica. Its role is to link the Indio-Maíz Biological Reserve, in Nicaragua, with the Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central and the La Selva Biological Station, in Costa Rica. Maintaining connectivity is essential for the long-term viability of resident and migratory species. It is the only site in Central America where a large protected area of Atlantic lowlands has the potential to maintain its ecological connection with mid and high elevation habitats. In the zone, the fragmentation process of the ecosystem had already been halted and the recovery of natural areas and populations of species in danger of extinction is evident. The Corridor protection initiative was born in 2001, with support from the Centro Científico Tropical. Its Executive Committee is made up of officials from the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications; from the Municipalities of San Carlos and Sarapiquí, the Wildlife Conservation Society, the Organization for Tropical Studies, the Project for the consolidation of the Mesoamerican Biological Corridor, the Asociación para el Bienestar Ambiental de Sarapiquí, the Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, the Asociación para el Manejo de las Áreas Forestales de San Carlos, the Amigos de la Lapa Verde, the Asociación VIDA, the Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, the Tirimbina Biological Reserve, and the Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos.

The respondents and officials of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications argue that original forest restoration processes will be carried out through soil storage and tree planting in plantations, as well as the conservation of properties for their recovery after mining exploitation. For example, in the hearing it was indicated that in the zone there remained 521 almendro trees and 197 had been cut; that 7,300 new trees had already been planted and, in total, 27,000 trees were planned to be planted (Jorge Hernández, MINAET). However, the general fragmentation of Costa Rica's forests, and in particular those of the regions under interest for mining projects, hinders the recolonization of the area by plant species of the original ecosystem. In the case of the Crucitas project, it is important to mention that the forested landscape of the border region could be fragmented even further with the development of new explorations and open-pit mines. Admitting the exploitation of the current concession will only open the way to future concessions in the zone with the consequent increase in deforestation. Also deserving consideration is the fact that the area abandoned by the mines will contain a soil very different from the original and will have characteristics of lower organic matter richness that will diminish its fertility. Supposedly the surface soil layer will be stored to be used in the mine's recovery; however, this soil will be biologically dead and profoundly altered after its extraction, processing, and years of storage. Decades will be needed for the recovery of nutrients and its original organic richness. Likewise, the lack of experiences or technical protocols for the planting of many species of plants and trees that will be eliminated makes me doubt the success of the substitution offered, in particular for many tree species where very little knowledge exists about their germination and ecology. The project's environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) does not contain a true scientific planning of the restoration process. The prolonged growth time of many of the tree species of the forest ecosystems that will disappear with the project must also be considered. While many of these species can grow rapidly during their juvenile phases, their growth becomes slower over time, determining ages of hundreds of years for many canopy and emergent species. The scale of these processes far exceeds the economic cycles and the lifespan of mining companies, so their commitment to "restore" cannot be accompanied by the company's presence during the entire process. On this topic, I wish to recall the dissenting vote I signed with Magistrate Sosto in case file 06-015904-0007-CO, an occasion in which we expressed ourselves "...in disagreement with endorsing the argument that the logging to be practiced will be remedied by the subsequent substitution with new trees. In environmental matters it is well known that the majority of the damages caused are irreversible in nature, so the palliatives set forth in the report are, in our judgment, insufficient, as are the explanations about the need to resort to logging to solve the sector's road problem." In that case, it concerned the vicinity of Parque Metropolitano La Sabana. A fortiori, those reasons must not be ignored when we are facing a greater destruction in a more fragile zone, from the point of view of biodiversity. Often, the planting of low-diversity plantations is resorted to as a way to show the public a forest in restoration. These plantations are very different from the vegetation structure of a natural forest, characterized by a high diversity of plant species, and a diversity of ages and sizes within each species. Even the proposed repair in which the 197 felled almendro amarillo trees are replaced by 6,093 new trees of that species does not have equivalent effects. Thus, the indication in the Forest Management Plan for the areas under administration of the Crucitas mining project that in the project closure phase the impacted areas will be rehabilitated to return them to a state similar to nearby forested zones, including the recovery of the entirety of the land-use change (cambio de uso de suelo) area (folios 235 and 237 of the administrative file), is insufficient. In fact, all these statements are solidly supported by the content of official communication CCT-PI 023-09 of February 20, 2009, issued by the Centro Científico Tropical, visible at folio 3591, a document in which it is shown that the mining project affects a unique ecosystem and it is for that reason that the mitigation measures for the cutting of almendro amarillo individuals and their harmful impacts on the lapa verde population do not contribute to recovering it, nor allow the macaw to feed in the short or medium term, since this bird, as has been explained, does not usually frequent low trees. Buying lands in the upper basin of the San Carlos River for the conservation of the Juan Castro Blanco national park does not contribute in any way to guaranteeing the viability of the almendro amarillo and lapa verde population. In sum, the affectation of the San Juan-La Selva biological corridor, as has been accredited, will be practically irreparable.

A.3. On the affectation of the lapa verde and the almendro amarillo tree.

a) Protection of species in danger of extinction as a constitutional duty: The Chamber, as partially transcribed in the majority vote, has heard several previous matters related to the one raised within this amparo, mainly in judgments #2002-02486 of 10:54 a.m. on March 8, 2002, and #2008-13426. In relation to species in danger of extinction, the Costa Rican State committed to protecting flora and fauna, especially species found in that special situation, an obligation it acquired through various instruments of International Law and reinforced by approving legislation that ensures their preservation. These commitments prove to be of mandatory compliance for all public powers, since the competent bodies for those purposes decided to approve them and incorporate them into our legal system. That situation imposes, consequently, a multiplicity of demands on our Government, which range from the planning and execution of public policies, the provision of resources, and the promotion of a culture, all aimed at the conservation of the environment, to the need to refrain from executing a conduct or measure, adopting any resolution, or approving any normative provision -of legal or infra-legal rank- that might harm or threaten the preservation of any of those species that are in danger or at risk of extinction. In that sense, in almost all the norms incorporated into the legal system, the State not only committed to safeguarding the flora and fauna at risk, but also, additionally, contracted the obligation to protect the habitat and the ecosystem in which they relate and develop. That commitment is more than reasonable, since any species will find it very difficult to survive on its own while its environment is not safeguarded, because, if its habitat and ecosystem are threatened, or perhaps destroyed, it will be left without a place to live, feed, grow, or reproduce; that is, it will be destined for disappearance.

From this perspective, we can affirm that the Costa Rican State has been a pioneer in the promotion and execution of public policies aimed at the protection of the various species of flora and fauna that are at risk of disappearing from the planet. This has led us today to have approximately 25% of the national territory allocated to the preservation and protection of the environment through the various models of conservation systems and areas.

In that sense, and as complementary actions, Costa Rica, as a free, independent, and sovereign Republic, chose, as we have said, to subscribe to various instruments of International Law in the exercise of its attributes as an international legal person. These instruments contain various provisions and among them we can observe the content of the Convention on Biological Diversity and Annexes, approved by Law number 7416 of June 30, 1994, published in La Gaceta number 143 of July 28, 1994, which to that effect provides:

"Preamble

The Contracting Parties,

Conscious of the intrinsic value of biological diversity and of the ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, recreational, and aesthetic values of biological diversity and its components.

Conscious also of the importance of biological diversity for evolution and for maintaining the life systems of the biosphere.

Affirming that the conservation of biological diversity is a common concern of humankind.

[…]

Reaffirming also that States are responsible for conserving their biological diversity and for using their biological resources sustainably.

Concerned about the considerable reduction of biological diversity as a consequence of certain human activities.

[…]

Noting that it is vital to anticipate, prevent, and attack at their source the causes of reduction or loss of biological diversity.

Noting also that when there is a threat of substantial reduction or loss of biological diversity, the lack of unequivocal scientific proof should not be invoked as a reason to postpone measures aimed at avoiding or minimizing that threat.

Observing likewise that the fundamental requirement for the conservation of biological diversity is the in-situ conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings.

Taking note that, ultimately, the conservation and sustainable use of biological diversity will strengthen friendly relations among States and contribute to peace for humankind.

[…]

Resolved to conserve and sustainably use biological diversity for the benefit of current and future generations.

Have agreed as follows:

[…]

ARTICLE 1. Objectives

The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.

ARTICLE 2. Use of Terms

For the purposes of this Convention:

'Protected area' means a geographically defined area which is designated or regulated and managed to achieve specific conservation objectives.

[…]

'In-situ conditions' means conditions where genetic resources exist within ecosystems and natural habitats, and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

"'Ex-situ conservation' means the conservation of components of biological diversity outside their natural habitats. 'In-situ conservation' means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

'Biological diversity' means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems.

'Ecosystem' means a dynamic complex of plant, animal, and micro-organism communities and their non-living environment interacting as a functional unit.

[…]

'Habitat' means the place or type of site where an organism or population naturally occurs.

[…]

ARTICLE 6. General Measures for Conservation and Sustainable Use

Each Contracting Party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities:

(a) Develop national strategies, plans, or programmes for the conservation and sustainable use of biological diversity or adapt for this purpose existing strategies, plans, or programmes which shall reflect, inter alia, the measures set out in this Convention relevant to the Contracting Party concerned; and

(b) Integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes and policies.

[…]

ARTICLE 8. In-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(a) Establish a system of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;

(b) Develop, where necessary, guidelines for the selection, establishment, and management of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;

(c) Regulate or manage biological resources important for the conservation of biological diversity whether within or outside protected areas, with a view to ensuring their conservation and sustainable use;

(d) Promote the protection of ecosystems, natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings;

(e) Promote environmentally sound and sustainable development in areas adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these areas;

(f) Rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote the recovery of threatened species, inter alia, through the development and implementation of plans or other management strategies;

[…]

ARTICLE 9. Ex-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and predominantly for the purpose of complementing in-situ measures:

(a) Adopt measures for the ex-situ conservation of components of biological diversity, preferably in the country of origin of such components;

(b) Establish and maintain facilities for ex-situ conservation of and research on plants, animals and micro-organisms, preferably in the country of origin of genetic resources;

(c) Adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate conditions;

[…]"

In the same vein, the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Wild Areas, Law number 7433 of September 14, 1994, published in La Gaceta 193 of October 11, 1994, provides:

"ARTICLE 1.- Objective. The objective of this Convention is to conserve to the maximum extent possible the biological diversity, terrestrial and coastal-marine, of the Central American region, for the benefit of present and future generations.

ARTICLE 2.- The signatory States of this Convention reaffirm their sovereign right to conserve and exploit their own biological resources according to their own policies and regulations in function of:

a) Conserving and using sustainably, in a social function, their biological resources; and

b) Ensuring that activities within their jurisdictions or control do not cause damage to the biological diversity of their States or areas that limit their national jurisdiction.

[…]

ARTICLE 10.- Each member State of this regional framework commits, in accordance with its capacities, national programs, and priorities, to take all possible measures to ensure the conservation of biodiversity, and its sustainable use, as well as the development of its components within its national jurisdiction, and to cooperate to the extent of its possibilities in border and regional actions.

ARTICLE 11.- The member States shall take the pertinent actions to incorporate into their respective policies and development plans the guidelines for, and the socioeconomic value of, the conservation of biological resources.

ARTICLE 12.- The institutions in the countries of the Central American region shall cooperate as much as is appropriate with regional and international institutions, to mutually support each other in fulfilling the obligations contracted under this Convention, including those related to aspects of biotechnology, health, and food security.

ARTICLE 13.- For the purpose of fully complying with this Convention, the following shall be done:

[…]

b) Implement economic and legal measures to favor the sustainable use and development of the components of biological diversity.

c) Ensure the establishment of measures that contribute to conserving natural habitats and their populations of natural species.

[…]

f) Promote public awareness in each Nation of the need to conserve, use sustainably, and develop the biological richness of the region.

[…]

ARTICLE 14.- Each country in the region shall develop its own conservation and development strategies, among which the conservation of biodiversity and the creation and management of protected areas shall be a priority."

Furthermore, in our Internal Law there exist various laws tasked with ensuring the protection and conservation of flora, fauna, and the environment in general, thus, we have the Ley Orgánica del Ambiente, number 7554; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, number 7317; and, the Ley de Biodiversidad, number 7788. All these norms are clearly directed in a progressive sense regarding environmental protection, seeking the socioeconomic development of the country; but without sacrificing the environment.

Rather, those provisions tend toward harmonization between progress and the appropriate conservation and protection of the environment.

Thus, we observe that the State has taken on the task of ensuring the survival of threatened species, and to that end it acquired commitments at the international level and enacted legislation at the national level that, of course, must be mandatorily complied with by all governmental bodies.

b) Regarding the situation of the great green macaw: The great green macaw or *ara ambigua* is a bird larger than the scarlet macaw, reaching up to 84 centimeters in wingspan and potentially possessing a mass of approximately 1.3 kilograms. Its build is quite robust, and it has a tail slightly shorter than that of the scarlet macaw or *ara macao*. Its color—as its name indicates—is yellowish green, with the covert feathers of the wings being blue; the tail feathers, called central rectrices, are red; and the rest of the rectrices are blue. This animal's face is devoid of feathers, showing bare skin that is bone-white in color. It has a strong, hooked beak that is somewhat larger than that of the scarlet macaw; its keratinous structure serves to open the hard seeds on which it feeds. Its habit is to nest in hollow trunks. The great green macaw (*ara ambigua*) has a limited distribution in lowland, humid areas, mainly on the Atlantic side in forests between eastern Honduras and northern Colombia, with an isolated population on the Pacific side in Guayaquil, Ecuador. In Costa Rica, its nesting range is currently limited to the Zona Huetar Norte, more specifically between the San Carlos, San Juan, and Sarapiquí rivers and the northern slopes of the Cordillera Volcánica Central. It is highly dependent on the almendro tree (*dipteryx panamensis*) for both feeding and nesting. This species is on the CITES Appendix I list (see http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml and http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, both consulted on March 23, 2010), which means it is in danger of extinction. As indicated, the species was once abundant in the country, mainly in the Atlantic Zone and the Northern Zone, where it was common to see individuals flying in flocks just a few years ago. However, today only a few nesting pairs are found in the Northern Zone, between Boca Tapada and the plains of the Colorado. There are some reports of flocks of between 6 and 12 individuals in the foothills of the Cordillera Volcánica Central, especially near the lower Atlantic sector of the Braulio Carrillo National Park, in the vicinity of the road leading to Guápiles, and some sporadic reports on the northern slopes of the Cordillera Volcánica de Guanacaste. The abrupt decline in the great green macaw population is primarily due to the destruction of its habitat through unsustainable logging at nesting sites. In Costa Rica, the species' distribution range has been reduced by 90% since the last century, and the threat it faces lies in the fact that it depends on the mountain almendro tree (*dipteryx panamensis*), which is disappearing due to poor management and illegal logging of forests. Therefore, there are two dangers that represent a serious threat to this species: habitat loss due to the felling of trees that constitute its main food source and nesting sites, especially the almendro (*dipteryx panamensis*), since the great green macaw depends 80% on the almendro for food and 90% for nesting; in addition, the illegal trade conducted with it, to use it as a pet (information obtained in part from the web pages http://www.minae.go.cr, http://www.sinac.go.cr, http://www.lapaverde.or.cr, http://www.inbio.ac.cr, http://www.una.ac.cr, http://www.cct.or.cr and http://www.guiascostarica.com). In that same vein, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación states on its Internet page:

“[…] The harpy eagle (*sic*) probably reached extinction in the country; while other species such as the scarlet macaw, the great green macaw, the piche careto, and the giant anteater are strongly threatened with extinction. Our system of protected areas seems to be insufficient for those species, such as the jaguar, that require large expanses (*sic*) of virgin forest to survive. […]” (Highlighting supplied, downloaded from the site http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre.php at 11:00 a.m. on March 23, 2010).

To the above, they add on that same site:

“[…] Wild flora and fauna are the heritage of all Costa Ricans […]. For this reason, the Dirección General de Vida Silvestre, through the Sistema Nacional de Areas (*sic*) de Conservación, has undertaken various actions aimed at increasing the possibilities for wildlife conservation, among which the following stand out: […] 2.- the preparation of a decree aimed at protecting the populations of the mountain almendro tree, from which the great green macaw feeds. […]” (Highlighting is supplied, downloaded from the site http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre.php on March 23, 2010).

One must also take into account the provisions of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación which, on its Internet page, includes the great green macaw on the official list of endangered species (site http://www.sinac.go.cr/vidasilvestre5.php consulted on March 23, 2010). Additionally, the Decreto Ejecutivo “Crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque”, number 32405-MINAE of May 23, 2005, published in La Gaceta 113 of June 13, 2005, states:

“[…] 7º—That the Ministerio del Ambiente y Energía has among its most immediate projects the declaration creating the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque located in the northern border zone between the mouths of the San Carlos and Sarapiquí rivers. It is an area that, due to its scientific interest, is considered important for conservation, as it presents special characteristics for the conservation of important species of flora and fauna, among them: the great green macaw (*Ara Ambigua*), Jaguar (*Pantera onca*), Almendro (*Dypteryx panamensis*), Manatee (*Trichechus manatus*), Gaspar (*Atractosteus tropicus*), and Pinillo (*Podocarpus guatemalensis*). The geographic location of this zone is of great importance since this protected wild area would be situated in the El Castillo-San Juan-La Selva Binational Biological Corridor, which is a continuation of the Mesoamerican Biological Corridor between Nicaragua and Costa Rica and constitutes the last block of significant natural forest cover (cobertura forestal natural) that allows for maintaining biological connectivity between both countries, meaning this area would connect key habitats and wildlife corridors, which would prevent the isolation of species and native ecosystems.

8º—That the El Jardín, Cureña, and Chaparrón areas constitute very important nuclei for the conservation of biodiversity, among which are found several threatened species such as:

[…]

Threatened bird species

Species Common Name Status

[…]

37 Ara ambigua great green macaw endangered

[…]

Threatened tree species

Species Common Name Status

[…]

12 Dipteryx panamensis almendro threatened […]” (Highlighting was supplied).

Thus, it is clear that both the great green macaw (*ara ambigua*) and the almendro amarillo (*dipteryx panamensis*) are species that are in danger of extinction—in the case of the former—and threatened—in the case of the latter—and that there is a direct dependence of the former on the latter.

In this case, it is clear that the mining project in question, as previously stated, will come to completely remove the vegetative layer in a zone vital for the interconnectivity of the El Castillo-San Juan-La Selva biological corridor, felling several units of almendro amarillo trees, included in CITES Appendix III (see http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml and http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, both consulted at 10:00 a.m. on March 23, 2010), which will further reduce the habitat and transit territory of the great green macaws, which will be even more threatened, despite already facing a very grave danger of extinction, as recorded in CITES Appendix I (see http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml and http://www.cites.org/esp/app/S-Jul01.pdf, both consulted on March 23, 2010). This species is, at this moment, in a condition of extreme vulnerability, a situation that will be aggravated, pushing this bird to the brink of extinction, which had, until now, been defended by the Constitutional Court, by virtue of its precarious state and the importance it holds within the ecosystem in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. On folio 4800, the Acting Director of the Área de Conservación Arenal Huetar Norte establishes the count of the felling that would remain to be executed in the project zone: on Cerro Fortuna, 6 hectares and 5598.15 m remain to be cut (342 trees); in Tailings Dam A and B, 115 hectares and 2165.56 m remain (5520 trees); in dikes, roads, sections, and lines, 7 hectares and 8085.05 m (1396 trees); and in non-forested areas, 8 hectares and 8259.88 m (563 trees). In total, 7821 trees must still be cut, not including the information from Cerro Botija, where all the trees had already been cut. All the trees of the almendro amarillo species were cut (197 almendro trees were counted, folio 1405 of the administrative file). In this regard, it must be pointed out that the majority of the Chamber goes so far as to reverse the burden of proof, to the detriment of the protection of the environment and, specifically, of the great green macaw, by asserting that the almendro amarillo tree should only be protected when it has been demonstrated, undoubtedly, that this type of bird nests in the zone (“…the exploitation, extraction, and use of the almendro amarillo is absolutely prohibited by provision of this Chamber, to the extent that the trees intended to be cut are in a zone where it has been fully accredited that the great green macaw nests” considerando X, emphasis added), the foregoing even though, in judgment 2008-13426 of 09:33 a.m. on September 2, 2008, the Chamber itself established an absolute prohibition on the cutting of this plant species, since, in this regard, it ordered “[…] archiving any diligence or procedure intended for the use, exploitation, or extraction of the almendro amarillo (*dipteryx panamensis*).” Furthermore, it prohibited “[…] initiating or continuing any procedure aimed at the use, exploitation, or extraction of the almendro amarillo (*dipteryx panamensis*) while this tree and the great green macaw (*ara ambigua*) [remain] on the list of threatened or endangered species […],” precisely because of the very close link that exists between the bird and the almendro amarillo; however, the Chamber has reinterpreted that ruling, which will cause a highly detrimental effect on the environment and, above all, on the great green macaw. From that perspective, the analyzed mining project represents an open aggression against this species, which is why granting the amparo on this point is warranted.

A.4. Repercussions of open-pit mining on the water resources of the zone. On this point, the first thing that must be indicated is that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento does not have much information on the existing aquifers in the zone of the Las Crucitas mining project. This is fully demonstrated if one takes into account that, on folio 1143 of the file, the general manager of SENARA indicates that this institution has never conducted a hydrogeological study in that zone that would allow it to determine the existence, influence, loading, and recharge capacity of the aquifers at the site where the mine is intended to be built, and even less so are there regional studies that would allow that institution to establish, with certainty, the impact that the aquifers located in the vicinity of the project have on those adjacent to it. From that perspective, it is worth insisting on what was stated in Chamber judgment #2004-01923 of 2:55 p.m. on February 25, 2004, extensively cited in the majority vote, for which reason only the points essentially related to this dissenting vote are transcribed:

“X.- CONTAMINATION OF GROUNDWATER. Unlike the contamination of surface water, which is usually obvious and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, groundwater contamination, by its very nature, usually goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of the waters, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of water contained means that extensive contaminations take a prolonged period to manifest themselves, or, in the case of localized contaminations, are detected when they flow out at some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when it occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and, on occasions, is irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to once again achieve water potability levels have not been successful, cleanup technologies have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very costly. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in this last case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifers impose on the legislator and public administrations the urgent and non-deferrable task of protecting them. (…)

The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following: (…) f) contamination from mining activities -mineral-, related to evacuations of mine waters and mineral washings; g) contamination from industrial activities, this type is as varied as the type of industry that originates it, being especially harmful those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries; h) contamination from nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from treatment plants for irradiated fuels and radioactive minerals and from medical activity;.

[…]

XII.- PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the characteristics of the contamination of aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in determined zones or by ordering safety measures over certain potentially contaminating activities.(…)”

In this specific case, it is no longer a matter of there being doubt about the affectation or eventual danger to the water resource, but rather, as has been accredited, the aquifer will be directly affected, as the Secretaría General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental itself stated in its report that:

“Regarding the extraction of hard rock, the effect in relation to the saprolite extraction system consists of the affectation of the quantity of groundwater due to the outcropping of the lower aquifer during the excavation of the pits. The lowering (abatimiento) of the groundwater level to the base of this aquifer is expected. This situation, as presented in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), due to the distribution and flow characteristics it presents, would generate a maximum expected radius of influence of 267 meters, a situation that obviously would not affect properties located outside that radius, which in itself is located entirely within the properties of Industrias Infinito, so water intakes or wells on neighboring properties would not be affected. The lowering would be generated in the vicinity of the excavation, but the magnitude of that descent of the water level could be practically imperceptible outside that radius of 267 meters. There are no groundwater extractions within that distance, so it was considered that this impact has no relevance in terms of aquifer use. This effect would be permanent in the Fortuna pit, as the Fortuna pit area would persist even after the cessation of operations. The lower aquifer presents confined conditions and, in some sectors, an artesian surging behavior, where the piezometric level presents a flow direction approximately northeast-southwest, and where the elevation of the piezometric level in the sector where the pits will be located is approximately 73 meters above sea level; therefore, the lower aquifer will be intersected at that point. In that case, the water outcropping as extraction advances below the 73-meter elevation will be pumped towards the tailings pond until extraction is finalized, and then, in the Botija pit, which will be backfilled, the water level may approximately recover its location within the material that will be placed inside the pit, to later recover the land surface with vegetation. In the case of the Fortuna pit, the level will recover its location but will refill the pit, forming a lake. To evaluate the effects of the excavation of the pits on the lower aquifer, an evaluation was conducted through modeling the lowering of the water level in the excavation itself and its surroundings. For this, a radial flow model (Rushton and Redshaw, 1979) was used, and the flow rate necessary to extract from the excavation to maintain the water level at the pit floor while the extraction work is completed was calculated, and the radius of influence was also calculated. For this, a geometric simplification of the shape of the pits was made, and emphasis was given to the Fortuna pit, since the Botija hole will be backfilled. In general terms, the base area of the Fortuna pit was taken as 19,103.8 m2. The surface area of the water surface once recovered is calculated at 88,096.6 m2. This effect of lowering the level in the lower aquifer is temporary, since once the material exploitation work ceases and water is no longer being extracted from the excavation, the groundwater level will begin to recover until it reaches the 73-meter elevation above sea level that it currently presents. (folio 3781, resulting 143).”

Note at this point what was stated by the general secretary of SETENA, in the following address:

“The lowering (abatimiento) of the groundwater level to the base of this aquifer is expected. This situation, as presented in the environmental impact assessment, due to the distribution and flow characteristics it presents, would generate a maximum expected radius of influence of 267 meters, a situation that obviously would not affect properties located outside that radius, which in itself is located entirely within the properties of Industrias Infinito, so water intakes or wells on neighboring properties would not be affected.”

And contrast those assertions with what was stated in judgment #2004-1923 of this Tribunal:

“Finally, starting in the 20th century, many legislations will classify all groundwater as (c) public domain assets, based on the undoubted unity of the hydrological cycle, thereby forming what has been called the ‘public hydraulic domain’ as part of the natural and not artificial domain; this position conceives water as a unitary resource subordinated to the general interest, which is why no distinction should be made between surface and groundwater, since they are intimately linked to maintain their quality and quantity. According to this last thesis, groundwater is not appropriable by any private individual, and its classification as a public domain asset constitutes sufficient title to subject it to a very strong and intense administrative intervention regime in order to guarantee its integrity and quality and to separate it from the modes of acquisition and enjoyment typical of Private Law..

[…]

regarding non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing groundwater contained therein, there is not the slightest doubt that it is also of public domain, given that Articles 4 of the Código de Minería and 50 of the Ley Orgánica del Ambiente do not distinguish between groundwater and surface water, and even less so between renewable and non-renewable groundwater, therefore they cannot be conceived of as a res nullis (sic) susceptible to appropriation by the private discoverer.”

That is to say, in this case, the contamination of an aquifer in the zone of the Las Crucitas mining project is being permitted, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental confuses the legal nature and regime of groundwater and aquifers, as it practically assimilates that, because the aquifer is located within the property of the company Industrias Infinito Sociedad Anónima, it can be contaminated and impacted in a direct and negative manner. The water resource is a public domain asset and, at this moment, as indicated by scientific panels at a global level, it is, moreover, a scarce asset, which constantly faces greater risks. Precisely, in this case, our country is not only increasing the risk of contamination of the water resource, but is openly granting authorization for private parties to contaminate an entire aquifer. On the other hand, the judicial generalísimo attorney for Industrias Infinito indicated in the brief on folio 4519 that, from the Tailings Pond, a discharge of excess water into the Quebrada La Mina is planned, assuring that it will comply with national and international discharge standards. The discharged waters, together with the water contributed by the natural flow, travel a distance of 1 km before flowing into the Río Infiernito. The latter travels a distance of 20.3 kilometers along its natural channel to its mouth at the Río San Juan. Once again, one starts from a completely controlled and innocuous activity and the sole scenario of desirable operation. It is evident that any system failure will imply contamination of the mentioned creek and even the Río San Juan. The passive attitude of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento in protecting the water resource, in the case of the Las Crucitas mining project, is inexplicable; no independent studies were conducted, despite the project's scale, data are not available to determine the regional influence of the aquifer that is going to be contaminated, with state authorization, and there is no remedial plan to establish an action protocol in the face of extreme weather conditions, such as those we are witnessing in our days. Additionally, as has been reiterated throughout this dissenting vote, there is no estimate of the cost to the country of deliberately and consentingly ruining an aquifer by contaminating it with heavy metals, and even less is there an estimate of the cost and time that the recovery from the pollution that the aquifer will inexorably suffer could take. I also do not share the majority's argument, based on that of the respondent company, according to which there is no damage, to the extent that the aquifer's water is not suitable for human consumption due to its acidity. The fact that the water, due to its chemical composition, is not potable does not imply that a carte blanche can be given for its contamination. Non-potable water, due to acidity, and water contaminated with heavy metal residues are two completely different things. The use of an aquifer within the mine's remedial plan will simply bring more problems than it intends to correct and will mean the deterioration, consented to by the State, of a public domain asset. Despite the fact that the majority of the Chamber grants the amparo due to the negligence of the respondent authorities in not having required, prior to granting the project's environmental viability (viabilidad ambiental), the pronouncement of SENARA on the affectation of the water resource in the region, the judgment is given the sole effect of condemning the respondent authorities to pay the damages caused, without annulling the Estudio de Impacto Ambiental or the environmental viability granted, because SENARA gave a subsequent approval. The solution contradicts the most basic principles of environmental law: it downplays the authorization of an activity without the pertinent prior technical investigations and resolves the problem through the mechanics of access to compensatory mechanisms. Clearly, according to what has been set forth so far, this situation not only violates the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, but also injures the fundamental right of access to sources of the water resource, which is why, on this point, the amparo was procedurally appropriate.

B. The socio-environmental impact of the open-pit mining project. In the discussion of this case, the argument of the social benefit that the project would bring has been recurrent, with the aim, almost, of accusing anyone raising objections to the activity of meanness against the local community—belonging to a zone of low economic development. The notion of social benefit, however, is highly indeterminate, partly because it has an axiological component: what is beneficial or harmful? But also because it refers to a homogenizing collectivity (society), despite its enormous diversity and being a natural seat of interests of all kinds, often opposed. In this way, speaking of the social benefit caused by a certain activity is nothing more than an empty formula. As long as it is not endowed with a concrete content, with necessary anchoring in the reality being evaluated, it could mean everything and nothing.

The environmental impact assessment is defined in Article 2 of the Código de Minería as: “the comparative, technical, economic, social, cultural, financial, legal, and multidisciplinary analysis of the effects of a project on the environmental surroundings, as well as the proposal of measures and actions to prevent, correct, or minimize such effects.”

In the study prepared by Muñoz Giró for the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones in February 2009, approved via official communication SG-ASA-259-2008 of October 10, 2008, from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 1682 of the administrative file), on the environmental effects and social benefits of the Crucitas open-pit gold mining project, negative biophysical effects (effects on the natural environment that impact a natural resource, with emphasis on the forest) and social effects (effects on society) were contemplated. Among the former, the commercial value of the forest, the opportunity cost of the forest's annual growth, the loss due to biodiversity, the loss due to carbon release, and the loss due to the affectation of watercourses were listed, for a total of $1,479,824.46. Considered as social effects were the market value of the forest, the loss due to landscape affectation, sources for study, research, and recreation, and the cost of the general restoration of the area, for a total of $2,264,530.47, and the sum of the two items yields the amount of $3,744,354.93. That sum of money is compared with the investment in the proposed compensation, mitigation, and monitoring measures, which amounts to approximately $7,500,000 (800 hectares of forest, 140 hectares of biological corridor, 15 reforested hectares, mitigation and monitoring, restoration); as well as with contributions for compensation of the social effects of $5,619,842.87 (compensation for scenic beauty of the 800 hectares of forest, 140 hectares of biological corridor, and the 15 reforested hectares, environmental contribution through the donation of tree sales, a trust fund to support community associations). Now, included within the benefits were: the effective contributions until 2008 in favor of the community (of $5,580,103.08) with works for infrastructure maintenance and improvement, the construction of an electric transmission line, community organization and SME projects, support for health services and for senior citizens, recreational and sporting activities, educational material, and various donations. Also contemplated among the project's contributions were the wages of direct jobs, social security contributions, and income from the mining canon, summing to $140,030,000. Based on the preceding data, the study concludes that there is a favorable difference of $154,036,000.

Regarding the methodology, it is explained that “a direct valuation method was used, which is based on prices or rates available from the observation of the current context or the available market, estimating the cost of using natural resources,” and the methodology for the economic evaluation of environmental damages in Costa Rica by Barrantes and Di Mare for the Instituto de Políticas de Sostenibilidad (p.

24 of the study), using official information sources such as the Costa Rican Forestry Chamber (Cámara Costarricense Forestal), the National Forestry Office (Oficina Nacional Forestal), the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), the World Bank (Banco Mundial), the Central Bank (Banco Central), and other research. Assistance was provided by officials from SINAC, MINAET, and SETENA.

It is striking that the project's negative effects do not include its medium- and long-term environmental consequences, even though it has been acknowledged that these will develop.

In the summary table of the environmental management plan (plan de gestión ambiental), it is stipulated that the closure and environmental recovery phase extends for 18 months, which was demonstrated, in the hearing held before this Chamber, to be entirely unrealistic. In the case of open-pit metallic mining, it must be noted that the recovery time is usually extraordinarily long, and even indefinite.

An instrument such as the one used to make the foregoing comparison between benefits and costs is highly manipulable. It combines variables that do not temporally occur at the same moment. For example, logging will occur at the beginning of the project and a cost is assigned to it; mitigation of some of the effects will not begin until after the ten-year exploitation period has ended and is simply assigned a present value (at the very least, it is not specified that there is indexing of the amount). Valuations are made in dollars because it is a currency evidently more stable than the colón, but on a ten-year or longer horizon, it does not allow for a certain comparison. In the same way, items that are presented as benefits, such as wages from direct employment, are projected over a ten-year period. The mere elaboration of the topics to be considered benefits or detriments is quite subjective. We would call into question, for example, whether contributions to social security from direct employment constitute a benefit derived from the project. It is, rather, the fulfillment of an inescapable constitutional duty. The benefit should consist of an additional component of social gain from the activity, not the mere observance of social security regulations.

Regarding monitoring, an annual investment of $446,000 is stipulated during the project's operation, not in the period after cessation of activities.

As social effects, the price of wood and the effects on scenic beauty and the landscape were considered. Such repercussions are compensated for by the protection, recovery, and reforestation of forests; conservation of natural resources; and the establishment of a trust (fideicomiso) to support the communities in the area of influence in the amount of $4,600,000 at a rate of $0.20 per each ton of the 23 million tons of ore that would be exploited.

There is not a single line item, neither in the biophysical nor social realm, for the polluting effects of the exploitation. It assumes a completely controlled and clean activity. There is no mention of contamination of the air, land, or waters of the zone of influence by acid drainage, or by cyanide leaching (lixiviación con cianuro).

The estimation of the total cost of natural resource restoration (restauración del recurso natural) will depend on its characteristics and on the activities that must be carried out in the restoration. The more complex the factor, the more elements to be recovered will present themselves.

In open-pit metallic mining, the impact on the natural resource is extremely intense and occurs across the totality of the resources, with a complete suppression of the social benefits they represent.

The principal impact occurs over a very short period, although the remaining elements, such as the geological substrate and groundwater, will continue to be affected for a longer period.

The social damage in this scenario would manifest as the loss of benefits that natural capital provides and that society harnesses for the improvement of its well-being. One should identify, then, in a precise manner, the social benefits that are affected by the alteration of the natural resource, which is not captured in the analyzed study. Natural capital offers society values that may be of current use (direct and indirect) or of potential use (option or existence value). The estimation of the value of a particular natural resource is, therefore, complex and indirect. Compensation costs must be estimated while the natural resource is in the process of restoration, that is, from the beginning of the damage until the natural resource is satisfactorily recovered.

An extractive activity as harmful as open-pit gold mining has an environmental and social cost so high that it is impossible for it to be "profitable" for a country that has made environmental defense one of its most valuable banners and that is measured and very highly valued internationally because of that banner.

From an environmental perspective, the value of life and, of a concomitant quality, the diversity of life constitute two environmental and social variables of inestimable value from an economic point of view.

Life and the extraordinary diversity of life is a unique phenomenon of planet Earth, within what is currently known of the Universe.

As this involves intense environmental damage, a high social cost, and excessively long recovery time for the environmental damage, the activity is practically unfeasible from this perspective.

C. Respect for the constitutional legal guidelines for environmental protection. The faithful use of legal instruments for environmental oversight is unquestionably linked to the repercussions on various environmental components of the area, a subject in which significant inconsistencies have also been found in the present case.

C.1. On the amount of the environmental guarantee (garantía ambiental). According to what was established in the case file and in the oral and public hearing, the amount of the environmental guarantee for the Las Crucitas mining project is $600,000.00. However, as was evidenced, this amount is clearly insufficient to mitigate the totality of the invaluable environmental damages that the mineral extraction will cause in the area where the exploitation will take place. This is demonstrated if one takes into account that, according to the data provided by the claimants, the regeneration of one hectare of forest, planted with a single plant species, that is, one monocultured hectare, has a cost of $500,000.00, meaning that one hectare of land under monoculture would practically absorb the entirety of the pitiful environmental guarantee. That amount is, moreover, ridiculous when compared with the fact that the company Industrias Infinitos Sociedad Anónima intends to extract between 800,000.00 and 1,000,000.00 ounces of gold, which is quoted at more than $1,100.00 per ounce, yielding total revenues that would range between $880,000,000 and $1,100,000,000.00, to which must be added that these profits could see a significant increase if one considers the fact that gold has shown an upward trend over the last few years, having gone, about 10 years ago, from a little more than $255.00 to, as indicated above, more than $1,100.00 per ounce. From that perspective, the environmental guarantee is inexplicably low when compared with the incalculable environmental damages that the Las Crucitas mining project could originate in the northern zone of our country. Evidently, the amount of the environmental guarantee will not even be sufficient to begin the necessary process to carry out the restoration work (tarea de restauración) of an area that could be devastated once the extractive phase of this project concludes. It is of the utmost importance to note that in the oral and public hearing, when inquiring of the authorities of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) whether they had a budgeted amount to deal with a potential environmental disaster caused by the mining project under review, they simply limited themselves to stating that such an amount did not exist and the only thing available was the money from the very meager environmental guarantee. Additionally, when asked if they had an estimate of how much the regeneration of the environment could cost in the event of a catastrophe, they could offer no answer, since, clearly, studies of that type were not conducted and there is no idea whatsoever of the amount that the regeneration or containment of the harmful effects caused by the Las Crucitas mining project could cost in the event of an environmental disaster. To all of the above must be added the fact that at no time were reliable data provided on how much the technical closure (cierre técnico) process of the mine will cost and who must bear it, which is vital if this is intended to be an activity that does not imply an even greater impact on the environment once the company has finished the extractive phase, such that there is no certainty to determine the management that the Las Crucitas area will receive once Industrias Infinito Sociedad Anónima has departed, nor is it clear who must take charge of that process, although, of course, that would, ultimately, be a responsibility of the State, meaning the country would end up paying to regenerate the environment that was damaged by private parties, after they obtained the corresponding profits and deposited an environmental guarantee of $600,000.00 against the more than $850,000,000.00 that will be extracted in gold. The foregoing is valuable in showing that the environmental guarantee is simply minuscule compared to the damages that can and indeed will be caused to the environment, and it will be an amount that simply will not be enough to address the deterioration the environment will suffer, which confirms that this project was not evaluated or weighed with the required seriousness, depth, and rigor, a product of the profound and incalculable impacts it will cause to the environment. The reality is one and the facts leave no room for speculation: the amount of the environmental guarantee will be insufficient to mitigate the damages to the environment, generate a development strategy for the Las Crucitas area after the mine closure, treat the contaminated aquifers, and set in motion the technical closure process, to cite four of the most important tasks that lie ahead once the extractive activity ends, all obligations that directly derive from the constitutional text that obligates the State to ensure a sustainable development strategy, set aside in this case. Everything expressed up to this point is not the product of mere speculations without factual basis; on the contrary, reality and the facts, both stark, concede that open-pit mineral extraction activity is not sustainable from an environmental point of view and its consequences worldwide are imponderable, in addition to being extremely onerous. Experiences in tropical countries, like ours, are even more disastrous and are closely related to the poor and lax regulation that, from a legal point of view, governs an activity so impactful on the environment. In fact, in Latin America, there is not a single case of a country that has embarked on the mining adventure and emerged unscathed from a socio-environmental standpoint. In sum, the $600,000.00 that make up the environmental guarantee for this project are insufficient and, more than that, minuscule, when compared with the laceration the environment will suffer because of this project.

C.2. The project lacks environmental viability (viabilidad ambiental), as a new environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) was not conducted. As was established in the case file and during the oral and public hearing, the Crucitas Mining Project does not have an approved environmental impact assessment and, therefore, lacks the environmental viability granted by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), because the modifications that the project underwent in its design were of such significance that they increased the volume of material to be extracted by 39%, even though the area to be exploited was reduced by 76 hectares, from 126.4 to 50 hectares, which represents a 60.31% decrease in area. However, the depth increased considerably, going from 15 to 67 meters of excavation in the pit (tajo), which translates into a depth increase of 446.67%. Nonetheless, these modifications were not subjected to a new environmental evaluation process to examine the impacts that the design change would generate in the surroundings, which at this time have not been subjected to the rigorous screening of an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA), a situation that has no explanation and which, in the oral and public hearing, the officials of the National Environmental Technical Secretariat could not satisfactorily clarify. The foregoing is relevant, because if the impact that the mining project will cause on the environment is not known, neither can it be known with technical and scientific certainty how to mitigate, prevent, or recover it. The foregoing is transcendental, taking into consideration that the company Industrias Infinito Sociedad Anónima intends to develop a series of measures to mitigate the adverse effects that the mine's operation will cause, but, if the adverse effects that will be produced have not been methodically and systematically predicted, they can very difficultly be mitigated or avoided. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has held that:

"VI.- The environmental impact assessment as an instrument of protection. Environmental standards must have a technical basis, since their application must derive from the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be undertaken. This is so because, as environmental damage and contamination are evaluable, the impact of these elements requires scientific evaluation and treatment. Hence, the need for an environmental impact evaluation (evaluación de impacto ambiental) which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Evaluation Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), consists of a scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighting them to lead to decision-making." (Judgment 2005-05544 of 15:38 hours on May 10, 2005. The emphasis is supplied.)

Likewise, when specifically addressing the topic of mining, specifically when annulling the mining concession (concesión minera) of the company Industrias Infinito Sociedad Anónima for not having an approved environmental impact assessment, the Chamber, in judgment #2004-13414 of 09:29 hours on November 26, 2004, considered:

"V.- On the alleged violation of the principle of prevention in the particular case.- In this matter, the concessionaire Industrias Infinito S.A., even though it does not have approval of the environmental impact assessment, already has the mining exploitation concession in the indicated zone. On this point, it must be stated that the mining exploitation concession, without having obtained approval of the environmental impact assessment - which constitutes a measure to ensure that the approved activity will not cause environmental damage -, consequently conflicts with the Principle of Prevention and the cited regulations of the Mining Code (Código de Minería) and Executive Decree No. 29300-MINAE, which in its Article 9 establishes the requirements for the exploitation concession, among which is the commented environmental study. It expressly provides: 'Article 9.- Requirements for the exploitation concession. ... The application must consist of an original and two copies, containing: a)... b) Resolution from SETENA approving the Environmental Impact Assessment corresponding to the proposed exploitation and a copy of the approved environmental impact assessment. c)...'. In this matter, regarding the referred study, it was presented by the concessionaire before the corresponding authority for its due approval and was rejected by resolution No. 272-2003-SETENA of eleven hours forty-five minutes on March eleven, two thousand three, from the National Environmental Technical Secretariat; a resolution that was challenged by the interested party. The Minister of Environment and Energy resolved the appeal by resolution R-569-2003 MINAE of nine hours thirty minutes on October twenty, two thousand three, which, finding it admissible, upon verifying defects in the procedure (folio 191), ordered the procedure be reverted back to the moment when the environmental impact assessment was presented by the company Industrias Infinito S.A. Consequently, the Chamber finds that the decision to grant the exploitation concession without approval of the environmental impact assessment may originate environmental damages that would be irreversible and that later, there would be nothing left but to lament and try to mitigate some of their effects, when such a situation could have been prevented. A precaution that, as has been stated, is established at the United Nations Conference on Environment and Development of 1992, where Costa Rica subscribed along with other nations to the Rio Declaration, for which it is necessary to point out principle 15: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' and principle 17: 'Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.'

VI.- Consistent with the analysis made, in attention to the principle of protection of natural resources, specifically the Principle of Prevention (Principio de Prevención) contemplated in the Rio Declaration on Environment and Development, the interested party must, in accordance with the procedure of the Mining Code and its Regulations, as a requisite to obtain the mineral exploitation concession, have the approval of the environmental impact assessment, safeguarding the precautionary approach and the in dubio pro natura principle. The Chamber further observes in this case that the Head of the Department of Soils and Land Evaluation of the Ministry of Agriculture and Livestock has not been able to render his definitive opinion in the mining exploitation concession procedure because he does not have the Environmental Impact Assessment that makes reference to soil recovery practices; which makes undeniable the utility of that study for valuing the viability of the concession from distinct angles; and the act of the respondent authorities of granting the mining concession, conditioning the development of the extractive activity on the fulfillment of the requirements indicated in the Mining Code, is not efficacious in fulfilling the purpose of preserving natural resources and the integrity of the environment and is contrary to the Precautionary Principle in environmental matters."

Precisely, in this case, there is no analysis that has evaluated, with the depth of an environmental impact assessment, the modifications suffered in its design by the Las Crucitas Mining Project, which includes the use, resulting from the design change, of explosives to be able to intervene in the hard rock, which will be exploited along with the saprolite (saprolita). That reason is more than sufficient, in accordance with the Chamber's case law, to grant the amparo, annul Executive Decree #34.801-MINAE, and order the completion of an environmental impact assessment that analyzes the modifications suffered in its design by the mining project in question.

C.3. The direct consequence of the deficient environmental impact analysis of the project (omission of preparing a new EIA) is the nullity of the mining concession. The exploitation concession, understood as authorization to extract the minerals not reserved for the State (Article 121 subsection 14) b) of the Constitution), to transform and process them, and to dispose of them for industrial and commercial purposes, was granted, in this case, by resolution R-578-2001-MINAE of the Ministry of Environment and Energy of 9:00 hours on December 17, 2001, in favor of Industrias Infinito S.A., for the exploitation of gold, silver, copper, and associated minerals. The start of activities was subject to the subsequent approval of the Environmental Impact Assessment.

In judgment #2004-13414 of 9:29 hours on November 26, 2004, the Chamber declared that the decision to grant the exploitation concession, without the prior approval of the environmental impact assessment, could cause irreversible environmental damage, for which it annulled the administrative act of concession, under the following considerations:

"...the decision to grant the exploitation concession without the approval of the environmental impact assessment may originate environmental damages that would be irreversible and that later, there would be nothing left but to lament and try to mitigate some of their effects, when such a situation could have been prevented. A precaution that, as has been stated, is established at the United Nations Conference on Environment and Development of 1992, where Costa Rica subscribed along with other nations to the Rio Declaration, for which it is necessary to point out principle 15: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' and principle 17: 'Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority."

By resolution #3638-2005-SETENA of 9:25 hours on December 12, 2005, environmental viability was granted to the Crucitas mining project, requiring an environmental guarantee of $600,000, calculated at $3,000 per impacted hectare per year, in accordance with what is established for mining projects.

By resolution #170-2008-SETENA of 12:50 hours on February 4, 2008, changes to the project were evaluated, mainly in the depth of the extraction, which increased from 15 meters to 67 meters, on average, reducing the extractive area from 126.4 ha to 50 ha. The foregoing, in view that Canada (destination market) does not permit including "inferred or estimated" mining resources derived from the saprolite, but rather extraction must also occur from the hard rock, which increases the quality of the gold and requires the use of blasting. The modification was approved, and the formation of the oversight and monitoring commission was ordered.

Subsequently, through resolution R-217-2008-MINAE of 15:00 hours on April 21, 2008, a new mining exploitation concession was granted in favor of the same company for ten years to exploit the same minerals. The license was conditioned, likewise, on the project being environmentally viable.

I consider that the valid concession, from 2008, was granted under conditions contrary to the fundamental right to a healthy environment (medio ambiente sano). First, because it was conferred without a new environmental impact assessment having been carried out, comprehensive of the modifications proposed by the company in December 2007, which is, in my judgment, indispensable. The project, which at this moment is intended to be carried out, is completely different from the one that was initially presented before SETENA and to which the corresponding environmental viability was granted, as a result of the approval of an environmental impact evaluation (evaluación de impacto ambiental) that oversaw works that are diametrically distinct from those now being attempted. But, additionally, the activity was authorized without the existence of a comprehensive study prepared by SENARA on the impact on water resources (recurso hídrico) in the area. Despite the existence of local studies, on the project area, that are quite specific, regional analyses were not conducted to determine the influence among the aquifers, including the one that will be used for the tailings pond (laguna de relaves). In granting the amparo, the majority of the Chamber bases its reasoning, precisely, on that omission, but it is contradictory to environmental protection to consider it remedied by a study proposed by the interested mining company, with a simple endorsement from the Manager of the mentioned National Service. The Chamber has insisted, even recently (e.g., in judgment #2008-15760 of 14:30 hours on October 22, 2008), that altering the sequence of the authorization acts for an activity that negatively impacts the environment is contrary to constitutional law, fundamentally if it involves issuing the administrative act declaring rights in favor of a private party before establishing with certainty that the activity is sustainable. Such temporal inconsistency between the authorization acts operates in the present matter and, from an environmental standpoint, the nullity of the concession is an obligatory consequence of the analysis that has been carried out.

In sum, the order of the environmental administrative authorizations was disrupted, and two critical studies are noticeably absent: a complete environmental impact assessment on the project after its significant modifications and a thorough, comprehensive analysis by SENARA on the water resources in the area. The direct consequence of the foregoing is the annulment of the mining concession and the submission of the project to new evaluations, on environmental impact and hydrogeology, to obtain its viability (viabilidad) and, it would not be until its environmental innocuousness were determined, that the authorization act to exploit the minerals could be issued.

C.4. On the Decree of National Convenience (Decreto de Conveniencia Nacional), #34801-MINAET, and the land-use change (cambio de uso del suelo) provided for in Article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal).

The topic of the national convenience of the authorized activity has also been the subject of sharp controversies before this Court. Such convenience was declared in Executive Decree #34801-MINAET of October 13, 2008, based on the fact that Article 19, subsection b) of the Forestry Law permits the land-use change and the felling of trees, on lands covered in forest (bosque) and in protection areas, for state or private projects that the Executive Branch declares of National Convenience (Conveniencia Nacional), and that Article 6 of the Mining Code qualifies mining activity as of public utility (utilidad pública). It indicates that the specific project, by Industrias Infinito, S. A., will bring various economic benefits to the community of San Carlos and the central government. In contrast to the benefits, the Decree details that for the construction and development of the Crucitas Project, the felling of trees is required on 191 Ha (7,782.66 m2) that have forest, which represents 19.93% of the existing forest on all the properties, the felling of trees on 66 Ha (9,474.53 m2) in areas of agricultural use without forest, which represents 14.00% of the areas of agricultural use without forest existing on all the properties, and the felling of trees on 4 Ha (1,751.38 m2) that have forest plantations, which represents 12.33% of the forest plantations existing on all the properties. Among the forest species in the zone, some protected (vedadas) species are present, in accordance with Chamber vote #2002-2486 of 10:54 hours on March 8, 2002, and Executive Decree #25700 of November 15, 1996. In resolutions #2008-17292 of 14:45 hours on November 19, 2008, and #2008-17293 of 14:46 hours on the same day, the Chamber held – with my dissenting vote and that of Magistrate Cruz Castro – that the Decree could not be examined through the unconstitutionality route, as it consisted of a declaration of specific convenience and not a normative provision, relegating the determination of its conformity with the Constitution to this process. Linked to this case, judgment #2009-17155 of 14:00 hours on November 5, 2009, was also issued, in which, among several discussed points, the majority of the Chamber reiterated the antecedent of pronouncement #2006-17126, in the sense that Articles 19 and 34 of the Forestry Law are not contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as long as it is not an authorization for public institutions to "legitimately" harm the environment, nor do they imply establishing a regime of exception. On that occasion, it was clearly established that the possibility of the known land-use change is reserved solely for private forest patrimony, with which the natural patrimony of the State (Articles 1, second paragraph, and 18 of the Forestry Law) is not "affected."

In my judgment, and according to the reasons I have stipulated above regarding the serious environmental consequences of the project, there is no reasoned balance between the benefits and the probable environmental damages that will derive from it, rendering its reasoning weak and unconstitutional. The practical effect of the issuance of the Decree under comment is to empty the right to the environment of its content, just as the Chamber had articulated in its resolutions #2002-2486 and #208-13426, previously mentioned.

In them, the green macaw (lapa verde) was categorically defended as an endangered species, strictly prohibiting the felling of the yellow almond tree (almendro amarillo). The law permits precisely the opposite, and hence, I repeat, its unconstitutionality.

I also already pointed out, in my dissenting vote to decision #2009-17155, that the exceptions allowed by Article 19 of the Forest Law (Ley Forestal) flagrantly violate the right to a healthy and ecologically balanced environment. There can be no double discourse or hesitation in this matter; one either commits to conservation or dispenses with it, in open confrontation with the Constitution and the international instruments that seek environmental protection.

D. The failure to comply with the principle of citizen participation. In this case, it has been demonstrated that there has been a flagrant failure to comply with the principle of citizen participation. This is corroborated by considering that, in the specific case, the opportunity for citizens to be heard was completely omitted regarding the modifications made to the design of the mining project in question, such that at no time was the possibility offered for neighbors or, in general, interested persons appeared in the record to express their opinion on the social, environmental, economic, and legal implications that the changes made to the original design submitted to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) and that had been approved by that body could have. Thus, by not granting a hearing to the population, that body violated this principle of deep constitutional roots, regarding which this Chamber has stated that:

"IX.- By virtue of the foregoing, the democratic principle has a triple constitutional connotation: first, as an essential characteristic of our Social and Democratic State of Law, which implies a special form of election of our governors, translated into a system of representative, participatory, and pluralist democracy, as the indirect exercise of Power through various popularly elected positions; second, as a source or parameter of interpretation, as it constitutes the source and guiding light of the legal regime, permeating the entire legal order and legal forms, so that it imposes itself as a governing principle in the political organization of the State and all forms of collective organization (as occurs with the integration of collegiate bodies of corporate entities, both of municipalities and professional associations and production corporations) and representativeness in its pragmatic instrument of realization; and third, as a true right, and in that condition, justiciable before administrative and jurisdictional instances, as occurs with respect to the system of women's quotas (before the Supreme Electoral Tribunal, Tribunal Supremo de Elecciones) in order to achieve forty percent representation, both in the candidacies for eligible positions and in the organization of political parties; or with respect to the participation of the residents of the affected locality in the holding of the oral and public hearing provided for within the environmental impact study procedures (Judgments number 2000-9060, of ten hours twenty-seven minutes of October thirteenth, two thousand, and number 2001-05737, of fourteen hours forty-one minutes of June twenty-seventh, two thousand one). (…) public authorities, always and to the extent possible, must promote and encourage citizen participation in decision-making, for this is nothing more than the recognition of the democratic character of Costa Rican society." (Judgment 2003-03475 of 08:56 hours of May 2, 2003).

The state obligation to encourage the involvement of persons in matters related to the exploitation of the environment is not a mere wish or the result of an interpretation removed from constitutional norms, but rather finds support in provisions of various ranks within our system of sources. In this regard, the Political Constitution, in its numerals 1 and 9, states:

"Article 1.- Costa Rica is a democratic, free, and independent Republic.

Article 9.- The Government of the Republic is popular, representative, participatory, alternative, and responsible. It is exercised by the People and three distinct and independent Powers. The Legislative, the Executive, and the Judicial." (The emphasis is supplied).

Moreover, the Rio Declaration, in its Principle 10, provides:

"Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided." (The emphasis was added by the reporting magistrate).

Finally, the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), number 7554, in its numerals 22 and 23, makes clear the obligation to respect and promote the participation of people in environmental matters. In this regard, they prescribe:

"ARTICLE 22.- Evaluation record. Individuals or legal entities, public or private, shall have the right to be heard by the National Environmental Technical Secretariat, at any stage of the evaluation process and in the operational phase of the work or project. The observations of interested parties shall be included in the record and assessed for the final report.

Within the five business days following receipt of an environmental impact assessment, the National Environmental Technical Secretariat shall send an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall give wide dissemination, through mass media, to the list of studies submitted for its consideration.

ARTICLE 23.- Publicity of information. The information contained in the environmental impact assessment record shall be public in nature and shall be available to be consulted by any person or organization.

However, interested parties may request that information integrated into the study be kept confidential if its publication would affect industrial property rights."

In this case, a public hearing was held on July 31, 2004, in the Community Hall of Coopevega (proven fact 14), an act temporally very distant from the modification of the project, approved on February 4, 2008, by the National Environmental Technical Secretariat. That is to say, at the time the hearing was held, it was not possible to discuss the variations to the mining proposal. I reiterate that the importance and weight of the modifications obligated the repetition of these steps, including the public hearing. The contrary implies that at the moment when interested parties were able to ask questions, object, and comment on the plan, it presented relevant differences from what was finally approved. With this, the principle of participation, one of the pillars within the procedures aimed at granting environmental viability, was violated. The human being who will receive the consequences of governmental decisions in environmental matters cannot be excluded from participation in decision-making on matters related to this subject.

In sum, for the considerations set forth, I dissent and declare the amparo with merit, nullifying the decision of the National Environmental Technical Secretariat that grants environmental viability to the project (#170-2008-SETENA of February 4, 2008), the decision of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) that authorized the mining concession (R-217-2008-MINAE of April 21, 2008), and the Executive Decree (Decreto Ejecutivo) #34801-MINAET of October 13, 2008, which declared the project of national convenience, to allow the felling of prohibited forest species, such as the yellow almond tree.

 

Gilbert Armijo S.

 

 

Exp: 08-014068-0007-CO

 

Dissenting Vote of Magistrate Cruz Castro.

 

 

I dissent from the majority vote on several of the issues raised; I consider that in a case as complex as the one raised through this amparo appeal, the violation of several fundamental rights is evident, as will be set forth.

 

A. Regarding the authorization and felling of the yellow almond tree. In this aspect, there is an injury to the right to the environment, emphasizing, furthermore, that the jurisprudence of this Chamber, which had established the prohibition of felling the yellow almond tree throughout the national territory, without any exception, is contravened. The majority vote makes a distinction that is not consistent with this Chamber's jurisprudence regarding the felling of the yellow almond tree, as it prohibits its felling only in the nesting sites of the green macaw, with the understanding that it is permitted—subject to prior authorization—in places where the green macaw does not nest. However, this distinction is not admissible, according to the following arguments: First, in the previous decision of this Chamber, number 2002-02486 of 10:54 hours of March 8, 2002, it was expressly stated that "due to its relationship with the yellow almond tree, its felling must also be prevented throughout the territory; it is clear that this must be respected mainly in areas where the optimal habitat for the survival of said species is found," making clear the mandate—which admits no exceptions—that this Chamber previously issued regarding the absolute prohibition of felling the yellow almond tree throughout the national territory. Similarly, the operative part of decision number 2008-13426, of 09:33 hours of September 2, 2008, ordered the prohibition of processing permits for the use, exploitation, or extraction of the yellow almond tree while this tree is on the list of threatened species. It literally provided: "That official is prohibited from initiating or continuing any procedure aimed at the use, exploitation, or extraction of the yellow almond tree (dipteryx panamensis) while this tree and the green macaw (ara ambigua) are on the list of threatened or endangered species." According to this criterion and its essential content, the argument with which the felling is authorized, assuming that this action is constitutionally legitimate because it does not seek the use, exploitation, or extraction of timber, is not admissible. Clearly, it is not the ultimate purpose of the felling that supports its prohibition, but the simple fact of the felling itself; the destination given to the cut trees is a secondary matter that can never lead to affirming that if the purpose of the felling is not exploitation, then such action is authorized. It is not the eventual consequences, such as the utilization of the timber, that determine the protection of the yellow almond tree. On this point, I dissent from the argument set forth in the majority vote. Second, the State's obligation to ensure the survival of endangered species being clear, and keeping in mind that the yellow almond tree is a species declared under threat of extinction, it inevitably follows from these premises that the State must ensure the survival of the yellow almond tree throughout the national territory, preventing its felling, regardless of whether such action is carried out with an ulterior purpose. What is indicated in the majority judgment to the effect that "the scarce or null environmental impact from the felling of 197 trees out of a population of more than 700 individuals, starting from the fact that the yellow almond trees to be cut are not primary forest but secondary and young, and that the established plan, which was already being implemented at that time, involves the planting of 103 yellow almond trees for each tree of that species that is cut" does not modify the serious threat of extinction hanging over the yellow almond tree; the planting of new trees—versus previous felling—does not compensate for the effects of the act by which the felling of a species under threat of extinction was carried out. In environmental matters, protected assets are not fungible. Note that in a matter as delicate, vulnerable, and sensitive as environmental damage is, what sense would the replanting of trees have if, by the time they have grown to the state of the felled trees, the species that depended on that habitat will have already been harmed. Third, the yellow almond tree merits protection per se, which, while reinforced by its relationship with the green macaw, cannot ignore that it is also a species in itself, part of nature, declared under threat of extinction, which also merits protection for itself. It is not possible to justify the felling of the yellow almond tree in "sites where the bird does not nest," even with permits, because such a criterion would not be consistent with that set forth in the precedents of this Chamber, according to Votes 2002-002486 and 2008-013426. In conclusion, I consider that according to the jurisprudential line that this Chamber had maintained on previous occasions, there is an absolute and total prohibition against felling the yellow almond tree throughout the national territory. Therefore, it having been proven in this amparo appeal that on October 17, 2008, SETENA authorized the cutting of 197 yellow almond trees, and the respondent company having proceeded with said cutting, the violation of the right to the environment is evident, for this places the yellow almond tree in a position of risk or threat and compromises the existence of the green macaw, for which reason the appeal must be declared WITH MERIT as to this point.

 

 

B. The variation of the project without requiring an environmental impact study and citizen consultation. Regarding the approval of the modification of the original project without having a new environmental impact study and without again convening a public hearing process, I find it to be a violation of the right to the environment and the right to citizen participation. Certainly, as the majority vote states, "The recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the application of the referred-to precautionary principle, and the consequent regulatory development in matters of environmental protection impose the fulfillment of different requirements and procedures that allow the administration to know the real impact that the execution of activities and works—public or private—may have on the environment, in order to, once the corresponding certainty has been acquired, authorize or reject their execution." From this, it follows that it is necessary for the State to know the impact that the execution of works and activities—public or private—will have on the environment, prior to authorizing or approving them. In this sense, I also agree with what is stated in the majority vote in asserting that "The performance of environmental assessments has been recognized by this Chamber equally as a governing principle in environmental matters, from which it follows that their observance and application is unrestricted to ensure the due protection of the environment," from which it follows that the requirement of environmental assessments—as that administrative scientific-technical procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making—comprises several phases, among them the preparation of an Environmental Impact Study (EsIA), when dealing with activities, works, or projects classified as highly significant. In the case under analysis, environmental viability of the project having already been granted, and on the verge of the expiration of the validity period of said viability (granted on December 12, 2005, for a validity period of two years, to expire on December 12, 2007), the company submitted to SETENA, on December 6, 2007, what it called the "Proposed Modification to the Crucitas Mining Project" (Propuesta de Modificación al Proyecto Minero Crucitas). This proposal was approved by decision of the Plenary Commission, per decision number 170-2008-SETENA, of February 4, 2008. However, such approval is given without a new environmental impact study and without again convening a public hearing process. In this matter, it is evident that a modification to a project of such magnitude required something more than "a Unilateral Sworn Declaration of Environmental Commitments" or a series of "technical documents supporting the proposed modification." These requirements are insufficient for a project of such transcendence. For this reason, I consider that what was procedurally correct and necessary, for the better protection of the right to the environment, was the submission of a new environmental impact study, where the public administration would have more active participation, assessing the dimension and impact of the proposed changes. Regarding the characteristics of the project, dealing with open-pit metal mining, the approval of what the company submitted is insufficient. Furthermore, note the mandatory nature of again convening a public hearing, based on the reiterated jurisprudence of this Chamber related to the fundamental right of public participation in the decision of matters related to the environment, which this Constitutional Court has derived from the correlation of Articles 9 and 50 of the Political Constitution. Regarding the mentioned constitutional principles, it is stated in judgment number 2008-015760 of fourteen hours thirty minutes of October twenty-second, two thousand eight:

 

"VIII.- ON THE INFRACTION OF THE RIGHT TO PUBLIC PARTICIPATION IN THE DECISION OF MATTERS RELATED TO THE ENVIRONMENT. CORRELATION OF ARTICLES 9 AND 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. (…) On this point and based on the development carried out concerning the importance of the EIA, it is worth reiterating that, according to the most qualified doctrine, the assessment is a primarily participatory procedure for the advance weighing of the environmental consequences of a decision to approve or deny a specific project. According to the doctrine, the environmental impact study appeared, from its origins, related to the Anglo-Saxon tradition of inquiries and public hearings, so one must highlight the guarantee that throughout the assessment and, at its different moments, those affected by the final decision will be heard, who may be not only the communities or subjects immediately involved, but also groups that defend diffuse interests, such as the timely protection of the environment. Regarding the promotion of public participation in relation to environmental matters, the Rio Declaration provides the following:

 

"PRINCIPLE 10

 

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided."

 

The World Charter for Nature cited supra, in Principle No. 23, provides the following:

 

"23.- All persons, in accordance with their national legislation, shall have the opportunity to participate, individually or with others, in the formulation of decisions of direct concern to their environment, and shall have access to means of redress when their environment has suffered damage or degradation."

 

At the domestic level, the Organic Law of the Environment provides the following:

 

"Article 22.- Evaluation record

 

Individuals or legal entities, public or private, shall have the right to be heard by the National Environmental Technical Secretariat, at any stage of the evaluation process and in the operational phase of the work or project. The observations of interested parties shall be included in the record and assessed for the final report.

 

Within the five business days following receipt of an environmental impact assessment, the National Environmental Technical Secretariat shall send an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall give wide dissemination, through mass media, to the list of studies submitted for its consideration.

 

Article 23.- Publicity of information

 

The information contained in the environmental impact assessment record shall be public in nature and shall be available to be consulted by any person or organization.

 

However, interested parties may request that information integrated into the study be kept confidential if its publication would affect industrial property rights."

 

For its part, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) provides, in what is of interest, the following:

 

"Article 95.- Public hearings

 

The National Technical Secretariat must hold public hearings for information and analysis on the specific project and its impact, when it deems it necessary. The cost of the publication shall be borne by the interested party.

 

Participation is any process that involves society in the adoption of proposals, solution of problems, and decision-making in relation to the approval of a specific activity or project."

 

In Judgment No. 10693-2002 of 18:20 hrs. of November 7, 2002, this Constitutional Court highlighted that the guarantee of citizen participation is an instrument that equips citizens with the power to enforce their right to a healthy environment, hence it is an intrinsic part of the guarantees enshrined in Article 50 of the Political Constitution. In said decision, the following was provided:

 

"(...) this Chamber considers that, properly derived from the democratic framework that informs the entire legal order and that is given by Article 1 of the Political Constitution, in conjunction with the right to a healthy environment established in Article 50 of said Charter, in addition to international instruments and the respective legal norms, it is necessary to extract as certain the existence of a right of all persons to participation in decision-making concerning matters of public interest, in this case, environmental protection. This right to participate is thus constituted as an essential instrument for inhabitants to assert their right to a healthy environment; however, it cannot be understood as a mere exercise of an opinion, for contrary to what might be considered at first glance, this participation demands to be understood in a broad manner, and consequently, it implies three basic dimensions—as recognized by the 1992 Rio Declaration—: the right of access to information, the right to participation 'per se,' and the right of access to justice in environmental matters. These three dimensions contain, in turn, a series of basic procedural rights—both in administrative and judicial venues—that together ensure individuals that their opinions will not become an empty and rhetorical exercise of freedom of opinion, and that, on the contrary, they will effectively be taken into account by the public authority.

 

(...)

 

ii.– The right to public participation. This aspect implies the possibility for those persons who may be affected or who have an interest in a decision concerning the environment to express their criteria, opinions, points of view, or questions about it from an early stage, without these having to be subject to specific formalities to be taken into account. Consequently, the information provided to the administered person must contain non-technical summaries, allowing people to understand the magnitude of the discussion. Likewise, it entails the existence of adequate deadlines so that, prior to participation, a phase is carried out for citizens to become informed.

 

The right of participation within the environmental impact assessment procedure. This Chamber, in a recent precedent (see judgment number 2002-06466 of fifteen hours fifty minutes of July second, two thousand two), has established that the obligation of prior environmental impact assessment is derived as a necessary consequence of Article 50 of the Political Constitution, being established in Article 17 of the Organic Law of the Environment

 

(...)

 

The environmental impact assessment procedure is characterized by being an administrative procedure with a distinguishing feature, for what it seeks is to avoid or minimize the eventual configuration of environmental harm, within the execution of activities about which there is certainty regarding the harmful effect they would produce on the environment if carried out without any containment measures. In other words, this instrument corresponds to the materialization of the principle of prevention, since, in the face of an activity that is known beforehand to be harmful to the environment, the interested party proposes a series of measures aimed at avoiding or mitigating the ecological detriment, to the public body or entity—in this case SETENA—which is responsible for determining whether they are the most suitable for that purpose. Consequently, given that this procedure seeks at all times to foresee any negative consequences, through a broad flow of information, it is natural to understand that one of its characteristics is that the persons who may be affected by the development of the project can provide fundamental data or points of view that the competent authorities, due to omission or arbitrary conduct, could ignore or set aside, thereby failing to protect the environment. Thus, the principle or right of participation implies, within the environmental impact assessment procedure, a high degree of publicity, to the point that any act or request that has a significant effect on the final outcome thereof must be of general scope for all interested parties, so that they can exercise their opinions at any time and not be pigeonholed to a specific procedural moment. The role of the population as defender of a healthy environment goes 'from cradle to grave,' that is, from the beginning of the productive activity as a project to the end of its useful life, and therefore it would not be admissible that in an exploitation aimed at lasting for an indefinite period of time, even decades—as is the case of hydroelectric projects—and with irreversible consequences, the participation of those social sectors that may be affected is limited to a procedural stage that, like a hearing, may last only a few hours. Thus, by reason of its preventive nature, it is required that from the very moment of its inception, a project submitted to environmental impact assessment must be made known to the population in order to initiate an open phenomenon of participation. (...)" What is highlighted does not correspond to the original.

 

"… By virtue of the foregoing, the consulting deputies are correct, since the regulation intended to be approved within the Legislative Assembly defers the right to citizen participation to a time after the concession for the construction, operation, and administration of tourist marinas has been granted. Consequently, it intensely limits the rights of interested parties to express themselves regarding the convenience of the project in question. Although Article 9 of the bill provides for a procedure of consultation, public hearings, and objections before the authorities competent to grant the concession, the truth is that, at that moment, the appropriate technical information from professionals in the field is lacking, which would allow a well-founded participation by the interested parties. As has been developed throughout this consultation, the Environmental Impact Assessment is characterized by being a process of information flow related to the convenience of the project, the eventual effects, and the damages that are sought to be minimized. Consequently, carrying out a consultative procedure without first having appropriate information from professionals in the field sensibly limits the right of persons to actively participate in the procedure being analyzed, due to the lack, up to that moment, of the necessary information to oppose or support the project in question."

Indeed, a consultative stage is carried out without, up to that moment, making the details of the project known to the citizenry, as well as the eventual effects on the environment, it being that, as analyzed in the ruling cited above, access to information is a transcendental element in promoting the right to participation. Said purpose is highlighted, equally, in the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), which brings to light that the intention of the hearing carried out within the framework of the EIA is, precisely, to inform civil society about the activity, work, or project to be developed and its impacts (see Article 3, subsection 12). In light of the foregoing, postponing the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) to a moment after the granting of the concession significantly limits the right of participation of individuals regarding the defense of a diffuse interest, such as the effective and timely protection of the environment. “

Taking into account the aforementioned precedent, it is evident that the modification of the Crucitas mining project required not only a new Environmental Impact Study, but also the calling of a new Public Hearing. As stated in the transcribed judgment, the environmental impact assessment procedure is an instrument that corresponds to the materialization of the principle of prevention, since in the face of an activity known beforehand to be harmful to the environment, the interested party proposes a series of measures aimed at avoiding or mitigating ecological detriment, to the public body or entity –in this case SETENA– which is responsible for determining whether such measures are the most appropriate for that purpose. Consequently, every person who may be affected by the development of the project can provide fundamental data or points of view. Thus, Setena did not request a complete Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) when the design of the Crucitas Project presented by the company in December 2007 was varied (according to which extraction is modified from 8.5 to 22 million tons in total rocks and soil extracted, multiplying the extraction depth by six), but rather approved it on February 4, 2008, without having first called a public hearing again, as it had done initially, thereby violating the right to the environment and the right of citizen participation. It must be taken into account that, for the undersigned of this vote, the calling of the citizenry is the responsibility of SETENA and it can never be considered that meetings called by the interested company with some community groups can supply said constitutional obligation. Note also that the modification presented implied, among other things, a drastic change in the depth of the excavations, which would go from 15 meters to 67 meters (see resolution no. 170-2008-SETENA of February 4, 2008, where it approves the modification to the project), which again required an environmental impact study. The approval period for the modification, two months after it was presented, is clearly insufficient to carry out the assessments that the modifications warranted. There is no clear evidence demonstrating that there exists an essential similarity between the scope and content of the original project and the later modification; for this reason, a technical control as transcendental as the environmental impact study, and likewise, a political control as important as consulting the citizens, could not be circumvented.

C. The insufficiency and weakness of the calculation of the environmental cost of the project. Based on the simplification and omissions surrounding the declaration of the project as being of national interest, contraventions of the block of constitutionality are evidenced.- The declaration of national convenience of the mining project was one of the necessary requirements for granting authorization for the land-use change (cambio de uso del suelo) on the property where the respondent company develops the project, since such lands were classified as having forest cover (cobertura boscosa). In this sense, by virtue of the provisions of subsection b) of Article 19 and Article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), if the Executive Branch declares the project to be of national convenience, the prohibition of land-use change is eliminated. Now then, according to the legal and regulatory norms (see subsection m of Article 3 of the Forestry Law), for the Executive Branch to proceed with said declaration, it must be considered accredited that the social benefits of the project are greater than the socio-environmental costs. Therefore, it is true, as the majority vote states, that “Ultimately, if the Executive Branch deems that a mining project can or should be declared of national convenience, it must have accredited the superiority of the benefits over the costs through the application of the appropriate procedures or instruments.” However, it is precisely in this aspect that I set forth my dissenting vote, as the Executive Branch's decree does not properly, sufficiently, and accurately establish that the mining project in question entails more benefits than costs. And the arguments provided by the respondents to consider this requirement fulfilled—which is transcendental for this Magistrate, dealing with a matter as sensitive as the environment—are inadmissible, as explained below. First, the economic valuation report of environmental effects and social benefits carried out by Juan Muñoz Giró, while it is true it concludes that the benefits are greater than the costs, was carried out in February 2009, while the decree dates from October 17, 2008. That is to say, this report cannot serve to support the decree because not only was the report issued after the decree came into effect, but also, said report was carried out even after the request for evidence for a better resolution (prueba para mejor resolver) made by this Chamber on November 25, 2008. Second, it cannot be assumed that, by the mere fact that the mining project in question has environmental viability (viabilidad ambiental), it must be presumed that this already demonstrates the superiority of benefits over costs, as SETENA’s Secretary does via official note SG-ASA-259-2008 of October 10, 2008. In this sense, the foundation that should have been demonstrated in the decree in question is not supplied per se by the fact of having environmental viability. Especially when, as stated in the previous paragraph, the original project was modified without a prior public hearing and without a new environmental impact study being carried out. Third, from the meticulous examination of what the decree in question says, it is observed that the only recitals referring to said underpinning are VII, VIII, and IX, with VII and IX concentrating on the benefits –basically economic– and VIII superficially on the costs. Consequently, the decree refers to the benefits, but is practically null in the explanation of the costs, an omission that makes it impossible to make the balance and weighting required by open-pit metallic mining. In this case, due to the characteristics and the impact of this type of mining activity, whose effects on the environment are not innocuous, the environmental costs of the project should have been evaluated; this evaluation includes the issue of the cost of water, biodiversity, the movement and transfer of thousands of tons of earth and rocks, etc. In a mining activity of this type, as was stated, the evaluation cannot be concentrated on traditional economic parameters; rather, other inputs that usually go unnoticed must be evaluated, especially those referring to the environment. A valuation is required that determines the cost and impact on the biosphere, water resources, biological diversity, etc. Without a doubt, it is important to evaluate the cost of the irreversible impacts on hundreds of hectares of forest cover (flora and fauna), air, soil, surface water, groundwater, geomorphology, landscape, and on the communities. The fact that the cost of these irreparable impacts is ignored, that they are not traditionally accounted for, does not make them constitutionally irrelevant goods. The transcendence and complexity of the environmental cost requires a specific and careful evaluation, avoiding its minimization, as is done in the declaration of national convenience. The complete elimination of vegetation cover and soil from an area of 227.6 hectares, which includes an approximate extension of 192 hectares of forest (in different degrees of intervention and growth) and 67 hectares of pastureland, without ignoring that the project also affects aquatic ecosystems such as rivers, streams, and channels. The formation of two pits of fifty hectares in extension and fifty or sixty meters deep, are variations that have a significant environmental cost, whose effect and accounting cannot be ignored. The compensation plans that the mining company proposes in good faith, perhaps part of a naive vision, with unpredictable consequences in the coming decades, because we well know that a tropical forest and its aquatic environments cannot be restored overnight; perhaps it is assumed that nature can be destroyed and subsequently restored without major detriment. Little is known about many of the tree species that will be cut in the project, especially the rarest and most endemic ones. In this sense, the “Crucitas” mining project contravenes Article fifty of the Constitution, because there is no certain foundation demonstrating that the cost and damage to the environment is less than the economic benefits the project will produce. The social value that the environment represents demands, in accordance with the constitution, a privileged and careful evaluation. All these omissions and insufficiencies affect the very foundation of the declaration of national convenience of the project. An open-pit activity that has such a high environmental cost requires an evaluation of this extreme to achieve the constitutional legitimacy demanded by a right of such transcendence as the right to a healthy and ecologically balanced environment. Fourth, there was no single document referring to the socio-environmental costs, as was admitted in the hearing held; in addition, there was also no single methodologically predetermined norm on the form of weighting said costs, all of which grants a very broad margin of discretion, a situation incompatible with the certainty needed in environmental matters. I must highlight that during the oral hearing held in November two thousand nine, the representatives of SETENA stated that there was no specific study on socio-environmental costs and benefits. This imprecision, while not demonstrating, in itself, an absolute ignorance about the mentioned evaluation, I believe does evidence that this point did not have a priority and determining consideration, confirming the omission and imprecision I have mentioned regarding the socio-environmental cost-benefit evaluation. In this sense, without attempting to make a critical evaluation of specific and specialized studies, it is worth mentioning that the first cost evaluation that appears in the file of the “CRUCITAS” open-pit metallic mining project, which is a twenty-five-page document with an annex containing a feasibility study dated April six, two thousand one, presented by Master Edwin Vega Araya, does not contain any specific reference to socio-environmental costs and benefits. Subsequently, a study on socio-environmental valuation and social benefits of the project is presented, signed by Professor Juan Muñóz Giró; however, this study, as was set forth supra, was known after the decree declaring the project of national convenience was issued. That is to say, that the evaluation of socio-environmental benefits and costs was done after the Administration had considered the project to be of national convenience. This late and untimely evaluation of such a transcendental extreme evidences that the environmental cost was not a significant and relevant parameter. Undoubtedly, it should have been an indispensable focus in the new environmental impact study that should have been required given the substantial variation of the open-pit mining exploitation project. Finally, what concerns the norms that make the declaration of national convenience of an open-pit metallic mining project possible is also questionable and perhaps deserved a constitutional analysis. Such a study required a constitutional analysis; however, in the majority vote, such a possibility was discarded. The declaration of national convenience of the project demanded a specific evaluation of the socio-environmental cost, overcoming its traditional invisibility or undervaluation. The Executive Branch did not proceed in a constitutionally acceptable manner to support that the benefits of the project in question were superior to the costs, especially the socio-environmental ones; for this reason, the declaration of national interest of the “Crucitas” mining project is unconstitutional, as it does not meet the requirements contained in Article fifty of the constitution.

Conclusion: In accordance with the arguments just set forth, the undersigned of this dissenting vote considers that there were sufficient reasons to declare the appeal with merit, for violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, and of the right of citizen participation, it being appropriate to annul everything done prior to the approval of the modification project of the mining project, insofar as the executive decree that declared the activity of national convenience, so that instead SETENA should proceed to call a public hearing again before approving the modification, and proceed again to carry out an environmental impact study.

Fernando Cruz Castro

Magistrate

Separate note of Magistrate Cruz Castro:

The institutional weaknesses in the evaluation and control of environmental matters. In the discussion and analysis of the open-pit metallic mining of the Crucitas project, I have identified some weaknesses that compromise the effective and timely control of activities that affect the environment. Among the possible weaknesses mentioned, I highlight the following:

1- It is not convenient for the financing of the cost of the environmental regent (regente ambiental) to be assumed by the corporation subject to environmental control. This link between the controller and the controlled could seriously distort the functions that the environmental regent must fulfill.

2- In projects of environmental transcendence, the environmental impact assessment (EIA) must have a control and evaluation procedure that does not depend exclusively on the Executive Branch; in this sense, a legal regime could be promoted that recognizes the country's university centers a greater role in the analysis and evaluation of environmental impact studies. The strengthening of the control and evaluation instance is convenient, because it cannot be ignored that the environmental impact study is financed by the company that seeks to demonstrate that its activity does not contravene the requirements of Article fifty of the Constitution.

3- The serious resource limitations of the state institutions responsible for the environment are palpable in the case of the open-pit mining concession of Crucitas, since SENARA could not carry out a hydrogeological study, having to validate the one presented by the company ECOAMBIENTE S.A., which was paid for by the same corporation managing the concession.

4- State weakness in the control and supervision activities of the Crucitas mining concession is also evidenced by the obligations assumed by the company Industrias Infinito, upon the concession contract establishing that the company must provide collaboration to the Government in the training of public officials from the dependencies that must exercise control over the mining activity. This training aims for the officials to acquire suitable criteria. Once again, the audited company has a clear incidence on the definition and profile of the parameters to which it could be subjected.

The weaknesses mentioned evidence the serious limitations the Administration has in the face of a mandate of such transcendence as that contained in Article fifty of the Constitution. The guardianship of a healthy and ecologically balanced environment requires a better institutional definition and a greater quantity of resources, especially if it is intended to prevent mining activity from causing serious and irreparable damage to the environment.

Fernando Cruz C.

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