Res. 10787-2010 Sala Constitucional — Logging in Zapatón Indigenous Reserve and prior consultationTala en Reserva Indígena Zapatón y consulta previa

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 10787 - 2010

Fecha de la Resolución: 18 de Junio del 2010 a las 11:11

Expediente: 10-005596-0007-CO

Redactado por: Ernesto Jinesta Lobo

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Precautorio

Subtemas:

NO APLICA.

“El principio precautorio, no supone una fosilización del estado de cosas vigente, al momento de adoptar las acciones pertinentes, que impida el progreso y la innovación, puesto que, las medidas de intervención o restricción deben mantenerse vigentes en tanto la información científica sea incompleta o no concluyente y el riesgo de lesión sea serio e irreversible, por lo que admiten su revisión periódica a la luz del progreso científico. Asimismo, al disponerse las medidas de restricción o intervención se debe respetar el principio de proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de protección y a la magnitud del daño potencial o eventual. El principio precautorio tiene sustento en que el medio ambiente y los ecosistemas no tienen la capacidad de asimilar o resistir ciertas actividades, productos  o sustancias, de modo que busca anticiparse al daño y proteger la salud humana y el medio ambiente. Sentencia: 17747-06, 13619-08, 10787-10

... Ver más
Texto de la resolución

 

*100055960007CO*

Exp: 10-005596-0007-CO

Res. Nº 2010010787

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y once minutos del dieciocho de junio del dos mil diez.

            

Recurso de amparo interpuesto por ZULEMA SOTO PARRA, portadora de la cédula de identidad No. 1-963-067, en su condición de Guarda Reserva del Instituto de Desarrollo Agrario, contra LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS y EL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 20:30 hrs. de 24 de abril de 2010 (visible a folios 1-7), la recurrente interpuso recurso de amparo y manifestó que los guarda reservas, según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley Indígena No. 6172, con nombrados por el gobierno con el fin de proteger y vigilar los bosques. Acusó, que el 12 de abril de 2010, el señor Mario Picado Vega ingresó a una finca que forma parte de la Reserva Indígena Zapatón y procedió con la corta gradual de 52 árboles de cedro amargo, 1 gallinazo, 2 laureles, 20 mangos, 11 robles y otras especies autóctonas. Añadió, que dichas especies se encontraban en áreas protegidas o a escasos metros de los caudales, quebradas y nacientes. Adujo, que ha habido una invasión de las áreas protegidas, deforestación y destrucción de la flora y fauna, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Refirió, que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley Indígena, los terrenos comprendidos dentro de las reservas que sean de vocación forestal deberán guardar ese carácter a efecto de mantener inalterado el equilibro hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida silvestre de esas regiones. Aseveró, que el territorio indígena de Zapatón de Puriscal forma parte del corredor biológico Las Lapas. Asimismo, apuntó que igual suerte corren las áreas de descarga acuíferas y mantos acuíferos, los que están siendo destruidos y contaminados con aceites y combustibles que se desprenden de la maquinaria pesada utilizada para el transporte de tales árboles. Argumentó, que miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena de Zapatón se apersonaron a la oficina del MINAET en Puriscal para denunciar tales hechos. Sin embargo, acusó que en dicha ocasión el funcionario Ronald Mora les indicó que no podían realizar nada al respecto, dado que, existía una orden de la Sala Constitucional en favor de Picado Vega para cortar las especies arriba señaladas y, en ese particular, continuarían entregando las respectivas guías. Añadió, que el 20 de abril del año en curso, miembros de la referida Junta se reunieron con el Director Ejecutivo y un abogado del Departamento Legal del CONAI, quienes les manifestaron que no podían realizar, tampoco, nada sobre lo denunciado, ya que, la Sala Constitucional había autorizado la corta de los árboles indicados. Por ende, sostuvo que los miembros de la CONAI no están cumpliendo con las labores de vanguardia y vigilancia que le son impuestas por la ley. De otra parte, alegó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Convenio 169 de la O.I.T., se debió de consultar la realización de la actividad en cuestión a la población indígena, a través de la Asociación de Desarrollo Indígena.

2.- Por resolución de las 13:26 hrs. de 25 de abril de 2010 (visible a folio 8), se le dio curso al proceso y se requirieron los informes a las autoridades recurridas.

3.- Informó bajo juramento, Víctor Julio Mena Pérez, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas -CONAI- (visible a folios 24-27), que ante la comunicación de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Zapatón de Puriscal que se iba a dar una tala de árboles dentro de tal territorio –la cual significa un peligro para el equilibrio ecológico, no cuenta con el consentimiento de dicha Asociación y no se comunicó a esa Comisión-, se solicitó al MINAET de Puriscal, el día 13 de abril de 2010, la suspensión del permiso otorgado. Adujo, que, en virtud de lo anterior, la Licda. Laura Chaves Mora, Asesora Legal de ACOPAC, dirigió el oficio No. ACOPAC-AL-63-2010 de 13 de abril de 2010 al ingeniero Ronald Mora Vargas, a través del cual le comunicó que en el expediente No. ACOPAC-OSRP-021-10 no constaba certificación “(…) en la cual los solicitantes del permiso hayan demostrado que la propiedad donde se está realizando dicha actividad No se encuentra dentro de los linderos de la Reserva Indígena de Zapatón (…)”. Asimismo, dicha funcionaria solicitó valorar la solicitud de suspensión como medida cautelar. Argumentó, que el día siguiente, sea, el 14 de abril de 2010, presentaron la petición indicada de manera personal ante el ACOPAC en Puriscal. Asimismo, manifestó que el 13 de abril de 2010, interpuso un recurso de amparo en contra del Jefe de la Subregión de Puriscal del MINAET, el cual se tramita bajo el número 10-005012-0007-CO. Agregó, que el día 26 de abril, le comunicó a la Sala la situación actual y la negación del Ministerio recurrido de suspender el citado permiso de tala y aprovechamiento. Afirmó, que, contrario a lo sostenido, la Comisión ha actuado, diligentemente, en la protección de los derechos indígenas. Solicitó que se desestime el recurso planteado.

         4.- Informó bajo juramento, Carlos Vinicio Cordero Valverde, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (visible a folios 45-46), que adjunta copia del informe técnico No. ACOPAC-OSRP-245-10, que corresponde a una inspección de campo efectuada el 27 de abril de 2010 por el técnico forestal Aristides Chinchilla Chinchilla a solicitud de esa Dirección y mediante la cual se revisó el grado de ejecución del aprovechamiento forestal autorizado por el llamado Certificado en Sistema Agroforestal No. 01-SAF-2010, el cual, a su vez, fue tramitado por el ingeniero Sergio Mata Calderón. Adujo, que la Oficina Subregional de Puriscal emitió, adicionalmente, el oficio No. ACOPAC-OSRP-247-10, mediante el cual se ordenó al Departamento de Aprovechamiento Forestal de ese centro operativo descontinuar la ejecución de trámites (concretamente, de entrega de guías y placas para transporte de madera) para ese certificado de origen. Apuntó, que, según lo informado por el Juzgado Civil de Puriscal, la Policía de Proximidad de Puriscal notificó al señor Mario Picado Vega la resolución de referencia el pasado 27 de abril. Asimismo, adicionó al informe el oficio No. ACOPAC-OSRP-233-10, incorporado al expediente No. 10-005012-0007-CO. Agregó, que mediante el oficio No. ACOPAC-D-601-10 instruyó a la OSRP para que efectuara una nueva inspección en el sitio de aprovechamiento a efecto de determinar, a su vez, la condición del afloramiento de agua observado y decomisar el recurso maderable que esté relacionado con el certificado. Solicitó que se declare sin lugar el recurso planteado.

       5.- Mediante libelo recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:10 hrs. de 29 de abril de 2010 (visible a folios 47-49), Mario Picado Vega contestó la audiencia conferida mediante resolución de las 13:26 hrs. de 25 de abril de 2010. Aseguró, que el aprovechamiento de manera en cuestión lo está realizando -previo cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y administrativos que impone el ordenamiento jurídico-, en dos fincas, debidamente, inscritas en el Registro Nacional –matrículas Nos. 272894-000 y 290865-000-, las cuales, a su vez, son propiedad de Alcibíades Ocampo Arce. Refirió, que a éste último señor le compró 141 árboles en pie, los cuales no sólo no están en vías de extinción, sino que conforman un sistema agroforestal que se auto regenera. Señaló, que no es cierto que haya invadido y talado las áreas de protección establecidas en el artículo 33 de la Ley Forestal, incurrido en un cambio de uso de suelo o destruido la flora y fauna endémica. Refirió, que si bien los indicados inmuebles se encuentran dentro de los límites cartográficos de la Reserva Indígena de Zapatón, resulta falso que formen parte de la misma. Lo anterior, habida cuenta que no han sido comprados o expropiados a ese efecto, es decir, para integrarlos a la reserva citada. Solicitó que se desestime el recurso planteado.

       6.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente -quien ostenta la condición de guarda reserva del I.D.A.-, aduce vulnerado lo dispuesto en el artículo 50 constitucional, dado que, según su dicho -con ocasión del permiso otorgado por las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para la tala de árboles en propiedades privadas ubicadas dentro del territorio indígena de Zapatón de Puriscal-, los bosques de dicha zona -los cuales, además, se encuentran en un área de recarga acuífera y cerca de quebradas y nacientes-, están siendo destruidos y contaminados con los combustibles y aceites que se desprenden de la maquinaria de transporte utilizada para tal efecto. De otra parte, alega que tales permisos fueron brindados sin haberse otorgado, previamente, audiencia a la respectiva Asociación de Desarrollo Indígena. Finalmente, aduce que -a pesar de haberse solicitado, expresamente-, las autoridades de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas no han realizado, a la fecha, las gestiones pertinentes para intervenir y solventar dichos problemas.

II.- SOBRE EL QUEBRANTO AL NUMERAL 50 CONSTITUCIONAL Y LA AUDIENCIA QUE SE DEBE DE OTORGAR A LOS REPRESENTANTES INDÍGENAS, EN VIRTUD DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL LLEVADO A CABO EN LA RESERVA INDÍGENA DE ZAPATÓN DE PURISCAL. Este Tribunal Constitucional, al conocer, en el expediente No. 10-005012-0007-CO, de un recurso de amparo planteado en similares términos por el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, dispuso en el Voto No. 10108-2010 de las 08:55 hrs. de 11 de junio de 2010, con redacción del Magistrado ponente, lo siguiente:

“(…) I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aduce vulnerado lo dispuesto en el artículo 50 constitucional, dado que, según su dicho, con ocasión del permiso otorgado por las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para la tala de árboles en propiedades privadas ubicadas dentro del territorio indígena de Zapatón de Puriscal, los bosques de dicha zona —los cuales, además, se encuentran en un área de recarga acuífera—, están siendo contaminados con combustibles y aceites. De otra parte, alega que tales permisos fueron otorgados sin haberse concedido, previamente, audiencia a las organizaciones indígenas interesadas conforme el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes: 1) El 26 de enero de 2010, las autoridades de la Subregión de Puriscal del MINAET recibieron el certificado de origen No. 01-SAF-2010, por parte del Regente Forestal Sergio Mata Calderón, CIA 2252. Lo anterior, con respecto a la madera que sería extraída de las fincas de  Alcibíades Ocampo Arce (informe visible a folio 9 y a folios 01 del expediente administrativo). 2) Las fincas de las cuales se certifica el origen de la madera se encuentran inscritas en el Registro Público (matrículas de folio real Nos. 290865-001 y 272894-001) y se ubican en el caserío denominado Zapatón, distrito Mercedes Sur de Puriscal (visible a folios 01 del expediente administrativo y a folios 55-57 del expediente No. 10-005596-0007-CO traído ad effectum videndi). 3) La finca inscrita matrícula de folio real No. 290865-001 se encuentra en el territorio indígena de Zapatón (folio 59). 4) Alcibíades Ocampo Arce otorgó un poder especial para la tala y aprovechamiento de árboles en los inmuebles mencionados a Mario Picado Vega (visible a folio 58 del expediente administrativo). 5) En una fecha no precisa, las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de la Subregión de Puriscal autorizaron la tala de árboles en las referidas propiedades (hecho incontrovertido). 6) A través del oficio No. ACOPAC-OSRP-109-10 de 22 de febrero de 2010, el Jefe de la Subregión de Puriscal del MINAET le informó a Alcibíades Ocampo Arce, a Sergio Mata Calderón y a Mario Picado Vega, que se suspendería el aprovechamiento forestal en los inmuebles referidos, en virtud de una denuncia formulada por representantes de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y de la Asociación de Desarrollo de Zapatón. Asimismo, en dicha ocasión la citada autoridad ordenó que se anexara al certificado de origen, un mapa de la ubicación de las propiedades con respecto a la Reserva Indígena Zapatón (visible a 06 folio del expediente administrativo). 7) A través del oficio No. ACOPAC-OSRP-174-10 de 16 de marzo de 2010, la jefatura de la Subregión Puriscal levantó la medida decretada mediante el oficio No. ACOPAC-OSRP-109-10. Lo anterior, en virtud de lo siguiente: “(…) Aportación al expediente de Jurisprudencia (Voto de la Sala Constitucional 2005-09804, del expediente 03-000214-0007-CO). No aportación de los quejosos de documentación que respalde el régimen de propiedad. Aplicación del artículo 28 de la Ley Forestal 7575 (…)” (visible a folios 45 del expediente administrativo). 8) El 13 de abril de 2010, el recurrente interpuso el presente proceso de amparo (visible a folio 1). 9) El 13 de abril de 2010, el recurrente presentó al Jefe de la Subregión de Puriscal del MINAET una solicitud a efecto que se suspendieran los permisos de tala y explotación forestal otorgados en favor de Mario Picado Vega, dado que, en su criterio, éstos fueron brindados de forma contraria a lo dispuesto por la legislación indígena (visible a folios 12-15, folios 46-48 copia del expediente administrativo). 10) Mediante el oficio No. ACOPAC-AL-63-2010 de 13 de abril de 2010, la Licda. Laura Chaves Mora, Asesora Legal del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, le indicó al Jefe de la Subregión Puriscal del MINAET lo siguiente: “(…) analizado el expediente no se encuentra certificación alguna en la cual los solicitantes del permiso hayan demostrado que la propiedad donde se está realizando dicha actividad No se encuentren dentro de los linderos de la Reserva Indígena de Zapatón  (…) con fundamento en lo anteriormente expuesto (…) le sugiero analice la situación y entre a valorar el documento adjunto y que se suspendan las labores de extracción como Medida Precautoria hasta tanto los solicitantes no aporten dicho documento solicitado por usted que se hecha de menos en el expediente (…)” (visible a folios 16-17, folios 49-50 expediente administrativo). 11) El 14 de abril de 2010, el tutelado reiteró la gestión formulada el día 13 de abril de ese mismo año ante el Jefe de la oficina Subregión de Puriscal del MINAET (visible a folios 13-15). 12) El 16 de abril de 2010, las autoridades de la oficina Subregión de Puriscal del MINAET entregaron a Picado Vega, las respectivas placas y guías correspondientes al certificado de origen No. 01-SAF-2010 (visible a folios 59 del expediente administrativo). 13) El 20 de abril de 2010, mediante oficio No. ACOPAC-OSRP-226-10, el Jefe de la Subregión de Puriscal atendió la gestión interpuesta por el tutelado el 13 de abril de ese mismo año y rechazó la solicitud de medida cautelar formulada (visible a folios 61 del expediente administrativo). 14) Por oficio No. CA-T-2010-067 de 20 de abril de 2010, el Contralor Ambiental del MINAET le indicó al Director del Área de Conservación Pacífico Central que “(…) para lograr la eficacia de permiso (…) el documento de permiso de corta de árboles presentado por el maderero NO exhibe el visto Bueno de la Asociación del representante (sic) legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Zapatón como lo exige la Ley Indígena (…)”. En virtud de lo anterior, la referida autoridad solicitó investigar dicha situación y resolver acerca de “(…) la presunta nulidad de este permiso de corta si es real la omisión de que su representada no tomó criterio a la Asociación de Desarrollo Integral de Zapatón como lo ordena la Ley Indígena (…)”. (visible a folios 72-73 del expediente administrativo). 15) Los días 22 y 29 de abril de 2010, las autoridades recurridas fueron notificadas del presente amparo (constancias visibles a folios 21, 29 y 39). 16) Según el informe técnico No. ACOPAC-OSRP-245-10, el 27 de abril de 2010 las autoridades de la Oficina Subregional de Puriscal recurridas realizaron una inspección en la finca donde el MINAET otorgó el permiso de tala en cuestión. En dicha ocasión, se anotó la cantidad y especie de árboles cortados. Asimismo, se determinó lo siguiente: “(…) Una ves (sic) obtenida la anterior información se trata de realizar una inspección detallada  al aprovechamiento como tal logrando localizar el afloramiento de agua muy cercano a donde fueron talados barios (sic) arboles (sic) de las especies Gallinazo no obstante la información no se pudo detallar ya las (sic) condiciones climatológicas no lo permitieron por tanto es de suma importancia realizar una nueva visita con el fin de supervisar en que condición se encuentra todo el aprovechamiento como tal (…) Recomendación paralizar temporalmente cualquier trámite en relación al certificado en sistema agro forestal tramitado por Ing. Sergio Mata Calderón #01-SAF-2010 (…) hasta tanto la sala cuarta (sic) no resuelva la sentencia o disponga otra cosa, además se pueda efectuar la supervisión por parte del departamento de aprovechamiento de esta oficina (…)”. (El destacado no forma parte del original). (visible a folios 84-86 del expediente administrativo). 17) Por oficio No. ACOPAC-OSRP-247-10 de 28 de abril de 2010, la oficina Subregional de Puriscal le solicitó al Encargado de Aprovechamiento Forestal de esa misma oficina suspender, inmediatamente, la corta y extracción de árboles ubicados en las fincas citadas (visible a folio 87 del expediente administrativo). 18) Mediante oficio No. ACOPAC-D-601-10 de 28 de abril de 2010, el Director Regional de ACOPAC le solicitó al Jefe de la oficina Subregional de Puriscal realizar una nueva inspección en el lugar donde se efectúa el aprovechamiento forestal en cuestión a efecto de verificar la existencia de nacientes que pudieran ser afectadas en virtud de dicho proceso. Asimismo, solicitó constatar si “(…) la madera que encuentra en el patio inspeccionado corresponde al certificado de origen descrito y ejecutarse el decomiso inmediato de ese recurso (…)”. (visible a folios 88 del expediente administrativo). 19)  De previo a que las autoridades recurridas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones autorizaran el aprovechamiento forestal en relación con la finca inscrita matrícula de folio real No. 290865-001, omitieron otorgar audiencia a aquellas asociaciones indígenas que se pudieran ver afectadas con dicha actuación (los autos).

III.- HECHOS NO PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tiene por indemostrados los siguientes: 1) Que el aprovechamiento forestal bajo estudio no genere contaminación ni afecte una zona de recarga acuífera (los autos). 2) Que la finca matrícula de folio real No. 272894-001 se encuentre en el territorio de la Reserva Indígena de Zapatón (folio 59).

IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. A partir de lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber del Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es a tenor de dichos numerales, así como de la normativa infraconstitucional ambiental, que nace  la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia. En este sentido, esta Sala, en el Voto No. 4830-02 de las 16:00 hrs. de 21 de mayo de 2002, señaló lo siguiente:

 "(…) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (…)”.

Asimismo, recientemente, este Tribunal, en el Voto No. 17552-07 de las 12:22 hrs. de 30 de noviembre de 2007, dispuso lo siguiente

“(…) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de "ambiente", no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto "macro-ambiental", al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: "Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental (…)”.

Finalmente, cabe señalar que esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, los cuales  constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y jurídicamente legítimos para garantizarlos.

V.- ORIGEN, CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO.  Sobre este principio, en el Voto No. 17747-06 de las 14:37 hrs. de 11 de diciembre de 2006, con redacción del Magistrado ponente, se consideró lo siguiente:

"(...) El principio precautorio, desde su origen, tiene en consideración la falibilidad de la comprensión humana y la posibilidad de cometerse errores. En la segunda mitad de la década de los 70 del siglo pasado el gobierno federal de Alemania enunció el principio "Vorsorgeprinzip", al indicar que "no se consolida totalmente una política ambiental sólo mediante la eliminación de los peligros inminentes y la reparación del daño ocurrido. Una política ambiental precautoria requiere además que los recursos naturales sean protegidos y que las demandas sobre los mismos se manejen con cuidado" habiéndolo empleado para justificar la implementación de políticas contra la lluvia ácida y la contaminación del Mar del Norte.  El principio aparece en el escenario internacional con los Tratados del Mar del Norte (Declaraciones de Bremen 1984, Londres 1987, Den Haag 1990 y Esbjerg 1995). Así, en la Declaración de Bremen  de 1984 (Primera Conferencia Internacional sobre Protección del Mar del Norte) se refiere la necesidad de adoptar medidas preventivas oportunas ante el nivel insuficiente de los conocimientos. Posteriormente, en la  Declaración de Londres de 1987 (Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte), se proclamó el principio para salvaguardar el ecosistema del Mar del Norte a través de la reducción de emisiones contaminantes de sustancias que son persistentes, tóxicas y susceptibles de acumulación en la fuente, mediante el uso de la mejor tecnología disponible y otras medidas apropiadas. Opción que resultaría de especial aplicación cuando mediara razón para presumir que tales sustancias pueden causar algún daño o efectos nocivos en los recursos marinos vivos, junto cuando no haya evidencia científica que pruebe el vínculo entre las emisiones y los efectos (principio de acción precautoria). En esta última declaración se dispuso que "(…) es necesario un criterio de precaución que pueda exigir la adopción de medidas (…) incluso antes de que se haya establecido una relación causal mediante pruebas científicas absolutamente manifiestas (…)". Con posterioridad, el principio es recogido en diversos tratados multilaterales y declaraciones internacionales tales como el Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono de 1987, la Declaración de Bergen sobre el Desarrollo Sustentable en la región de la CEE adoptada por los representantes de países europeos y Canadá de 1990, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio Marco de Cambio Climático de 1992, el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nororiental de 1992,  el Convenio de Helsinki sobre protección del medio ambiente marino en el Báltico de 1994, Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdos MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994, el Programa de Acción de Washington para la Protección del Medio Marino de las actividades realizadas en Tierra de 1995, el Convenio de Londres sobre vertimientos al Mar, originalmente de 1992, en virtud de una enmiendas adoptadas en 1997 para la protección del ecosistema marino y el Protocolo de Naciones Unidas sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal en el 2000, el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de 2000 y la Comunicación de la Unión Europea sobre el Principio Precautorio de 2000. Del mismo modo, el principio precautorio rápidamente asumió un enfoque general -que incluye los recursos naturales, ecosistemas, sector pesquero y forestal y la diversidad biológica- y no sólo circunscrito a las sustancias tóxicas. Así en la Declaración de Bergen (1990) se indico que "Cuando haya amenazas de daño serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como razón para posponer la adopción de medidas que prevengan la degradación ambiental". Del mismo modo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14 junio de 1992), en su principio 15, dispuso lo siguiente: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". Es así como el principio precautorio adquirió, incluso, una dimensión ética - de la ciencia y tecnología- que orienta las políticas ambientales, de salud, comercio, seguridad alimentaria y, en general, de desarrollo sostenible  de los Estados. Pese al halo de incertidumbre que existe al definir o conceptuar el principio precautorio, desde una perspectiva general, impone que cuando los riesgos ambientales son inciertos, imprevisibles y no desatendibles por una omisión o inacción de regulación ésta resulta injustificada. Dicho simplemente, la suma de un estado de incertidumbre científica o tecnológica -ante la carencia, insuficiencia o inadecuación de la información y conocimientos científicos disponibles acerca de la causalidad, magnitud, probabilidad y naturaleza de la lesión- y la posibilidad o amenaza de un eventual daño serio e irreversible es igual o debe ser equivalente a una acción precautoria o anticipada, la que puede tener por contenido, incluso, la prohibición o eliminación de determinados productos, actividades o sustancias. Lo anterior supone una evaluación objetiva del riesgo y de la relación costo-beneficio de la omisión o acción precautoria a la luz de la evidencia científica disponible que permita concluir que ésta es insuficiente, ausente o inadecuada, de modo que el principio precautorio no puede justificar la adopción de medidas arbitrarias y eventualmente discriminatorias. De otra parte, la aplicación del principio precautorio no supone una fosilización del estado de cosas vigente, al momento de adoptar las acciones pertinentes, que impida el progreso y la innovación, puesto que, las medidas de intervención o restricción deben mantenerse vigentes en tanto la información científica sea incompleta o no concluyente y el riesgo de lesión sea serio e irreversible, por lo que admiten su revisión periódica a la luz del progreso científico. Asimismo, al disponerse las medidas de restricción o intervención se debe respetar el principio de proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de protección y a la magnitud del daño potencial o eventual. El principio precautorio tiene sustento en que el medio ambiente y los ecosistemas no tienen la capacidad de asimilar o resistir ciertas actividades, productos  o sustancias, de modo que busca anticiparse al daño y proteger la salud humana y el medio ambiente (...)".

VI.- ACERCA DE LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 50 CONSTITUCIONAL EN EL CASO CONCRETO. En el presente asunto, el recurrente aduce vulnerado el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dado que, según su dicho, con ocasión del permiso otorgado por las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para la tala de árboles en propiedades privadas ubicadas dentro de la Reserva Indígena Zapatón de Puriscal, los bosques de dicha zona —los cuales, además, se encuentran en un área de recarga acuífera—, están siendo contaminados con combustibles y aceites. Sobre el particular, este Tribunal Constitucional estima que lleva razón el recurrente en su alegato. Lo anterior, por cuanto, de las pruebas allegadas a los autos, así como de los informes rendidos por las autoridades recurridas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Ministra, Jefe de la Subregión Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central y la Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación), no se logró acreditar que éstas últimas hayan logrado descartar, efectivamente, que en las propiedades donde se autorizó la tala de árboles en cuestión no se produzca contaminación a causa de los combustibles y aceites que son utilizados para tal efecto y no se afecten, paralelamente, zonas de recarga acuífera. Incluso, en ese mismo sentido, nótese que, con ocasión de la interposición del presente amparo, es que dichas autoridades ordenan la realización de una inspección en el lugar –la que se llevó a cabo el 27 de abril de 2010-, a través de la cual se localizó un afloramiento de agua cercano al lugar donde fueron talados varios árboles de la especie “gallinazo”. Hallazgo que, sin embargo, tal y como afirman los recurridos del MINAET, no había sido analizado, exhaustivamente, a la fecha de rendidos los informes a esta Sala a efecto, concomitantemente, de determinar y verificar si existen nacientes que pudieran ser afectadas con el aprovechamiento forestal en cuestión. Bajo tal orden de consideraciones, nos encontramos frente a un claro e indubitable estado de incertidumbre científico y técnico en punto a los riesgos y contaminación ambiental que pueda ocasionar la tala de árboles en los inmuebles propiedad de Alcibíades Ocampo Arce. Situación anterior que impone, inevitablemente, aplicar el principio precautorio arriba señalado y, en ese particular, declarar con lugar el recurso planteado, en lo que a este extremo se refiere, en virtud de lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política.

VII.- TOCANTE A LA AUDIENCIA QUE SE DEBE DE BRINDAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. Sobre este tema en particular, este Tribunal Constitucional, en el Voto No. 3886-97 de las 11:33 hrs. de 4 de julio de 1997, referente a la omisión de consultar a los pueblos indígenas establecida en el artículo 6° del Convenio 169, dispuso lo siguiente:

“(…) III.- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Ley No. 7316 de 3 de noviembre de 1992, complementa, dentro del ordenamiento jurídico costarricense, un régimen especial de protección en favor de los derechos e integridad de los pueblos tribales, que son aquellos grupos humanos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les hacen distinguirse de otros sectores de la colectividad nacional. La normativa en cuestión, en su artículo 4, exige a los gobiernos adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados. En varias oportunidades, la Sala ha reconocido la necesidad de tomar en consideración las características propias de los grupos indígenas que se mantienen en sus propios territorios, a la hora de interpretar y aplicar las distintas normas que conforman el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la resolución No. 1786-93 de las dieciséis horas veintiún minutos del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y tres, establece, entre otras cosas, lo siguiente: "Así, nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas". En esa misma resolución, que analizó la aplicación de normas relativas a la inscripción de nacimientos en el Registro Civil, la Sala expresó: "Esas normas citadas tienen sentido para circunstancias normales y casos aislados de personas que no fueron registradas en sus primeros años de vida, pero evidentemente no lo tienen para toda una población que además representa una cultura diferente que debe ser reconocida y respetada, como se dijo, y a la cual debe aplicársele la ley desde otra perspectiva completamente distinta, sobre todo a la vista del Convenio 169 de la OIT, que es una norma de rango superior a la ley según lo dispone el artículo 7º de la Constitución, y sobre el que la Sala emitió opinión consultiva favorable por sentencia Nº3051-92 y que hoy es ley de la República Nº7316."

IV.- El artículo 6 del Convenio precitado establece en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;...". Con base en este precepto, cualquier medida legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados debe ser objeto de consulta con ellos. De acuerdo con la definición que hace el artículo 1 de la Ley Indígena, No. 6172 de 29 de noviembre de 1977, esa disposición es aplicable a los pobladores de las reservas indígenas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. (…)

VI.- El artículo 6 del Convenio también establece que la consulta a los pueblos interesados debe hacerse mediante los procedimientos apropiados y, en particular, por medio de sus instituciones representativas. A pesar de esto, del informe que rinde el Instituto de Desarrollo Agrario se desprende que esa consulta no sólo no se hizo, sino que ni siquiera se procuró contactar a las comunidades indígenas que podían verse afectadas. Obsérvese que en el caso concreto en estudio, existía el deber de consulta porque se trataba de una medida de carácter general, que afectaba a las comunidades indígenas y que era susceptible de menoscabar el régimen especial de protección que se les aplica. En ese sentido, si la medida administrativa no hubiese afectado a la comunidad como un todo, sino a alguno o algunos de sus miembros individualmente y en razón de circunstancias muy particulares y personales, no necesariamente hubiese requerido ser objeto de consulta. Sin embargo, en este caso la actuación impugnada, por implicar de hecho la eliminación de todo el cuerpo de guardas de las reservas, es una medida que afecta a las comunidades en su conjunto, incidiendo negativamente en el ámbito de protección de los pobladores, bienes, medio ambiente y territorio de las reservas indígenas y, por ello, estaba sujeta al régimen especial de protección. (…)

VII.- La consulta en cuestión debió realizarse, en principio, a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral correspondientes, ya que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 8487-G de 26 de abril de 1978 (cuyo artículo 3 se encuentra actualmente cuestionado por razones de inconstitucionalidad), estas entidades son las encargadas de representar judicial y extrajudicialmente a las comunidades indígenas, de modo que, en el estado actual del ordenamiento, califican como "instituciones representativas" de los habitantes de las reservas. (…)

VIII.- Con base en las consideraciones anteriores, estima esta Sala que existe en el caso concreto una inobservancia del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y una infracción del régimen especial de protección que resguarda a las reservas indígenas y a sus habitantes. Por el rango normativo que le concede la Constitución Política en su artículo 7, el Convenio tiene autoridad superior a las leyes y por lo tanto, su protección recae dentro del ámbito de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, resulta procedente estimar el recurso contra el acto del Instituto de Desarrollo Agrario que prescribe el despido de los recurrentes, a los que debe reintegrarse de inmediato en sus puestos (…)”. (El destacado no forma parte del original). (Véase, en similar sentido, el Voto No. 16213-07 de las 11:52 hrs. de 9 de noviembre de 2007).

De igual forma, esta Sala, acerca de la audiencia que se le debe de otorgar a las comunidades indígenas con respecto, concretamente, al aprovechamiento de recursos naturales en reservas indígenas, indicó en el Voto No. 9931-2004 de las 11:05 hrs. de 3 de septiembre de 2004 lo siguiente:

“(…) En ese sentido, la Constitución Política, si bien no contiene un estatuto específico respecto de los derechos de las comunidades autóctonas, de su sistema (en especial de las normas contenidas en los artículos 28, 33, 50 y 74) es posible colegir un principio de reconocimiento de tales prerrogativas, basado en la idea de respeto y protección estatales, como deberes ante las comunidades indígenas, velando por la preservación de su cultura y al mismo tiempo el acceso de sus integrantes a los frutos que el desarrollo nacional produce. Lo anterior es reafirmado por el numeral 76 constitucional, que expresamente (…) impone al Estado el deber de mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Así, puede la Sala partir como premisa del reconocimiento constitucional hecho a favor de la identidad cultural y protección de los pueblos indígenas que habitan el país. El Derecho Internacional, por su parte, ha sido profuso en el reconocimiento de derechos de estas comunidades, destacando en ese sentido lo establecido en los siguientes instrumentos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2.1, 7, 17.1 y 27), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1.1 y 2), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (2, 13 y 23), Convención Americana sobre Derechos Humanos (24 y 26). En forma concreta, ha sido la Organización Internacional del Trabajo la que ha generado la regulación más específica respecto de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, los convenios números 107 y 169 contienen una detallada enumeración de derechos reconocidos a estos pueblos. Del Convenio número 107, resulta especialmente importante para el caso en estudio lo establecido en la Parte II (régimen de propiedad de las tierras indígenas). Del 169, también la Parte II regula lo atinente a las tierras indígenas. Entre los derechos que se ha reconocido a las comunidades Indígenas está el de que, a fin de que defiendan el entorno natural de sus tierras, se les consulte en los procedimientos relativos a ellas o que de alguna forma puedan afectar su derecho a desenvolverse con garantía de su calidad de vida, pues de lo contrario se quebranta el debido proceso respecto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas interesados (artículo 13 del citado Tratado y 50 de la Constitución Política) (...)" (Sentencia número 2000-08019, de las 10:18 horas del 18 de  setiembre de 2000). En ese orden de ideas, cualquier aprovechamiento de recursos naturales en Reservas Indígenas debe contar con el consentimiento de los pueblos indígenas, y debe informárseles sobre cualquier solicitud de aprovechamiento, aún cuando se trate de recursos naturales en propiedad privada (…)”. (El destacado no forma parte del original).

VIII.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AUDIENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE ZAPATÓN DE PURISCAL. De otra parte, este Tribunal Constitucional estima que las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones quebrantaron los derechos fundamentales de los representantes de la Reserva Indígena de Zapatón de Puriscal. Esto, ya que, contrario a lo señalado en el numeral 6.1 inciso a), del Convenio 169 de la O.I.T. supra mencionado, las referidas autoridades, sin justificación alguna, omitieron brindarle audiencia a tales representantes, concretamente -a la luz de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 13568 de 30 de abril de 1982-, a la Asociación de Desarrollo Integral de esa comunidad, con ocasión de la autorización de tala de varios árboles otorgada en la finca matrícula de folio real No.290865-001, propiedad de Ocampo Arce, la que, a su vez, tal y como se acreditó, forma parte de la Reserva Indígena de Zapatón de Puriscal. Lo anterior, nótese, a pesar de las varias gestiones, denuncias y observaciones que le fueron, expresamente, formuladas a las autoridades de la Subregión de Puriscal del MINAET, en ese sentido, por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, de representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Zapatón, de la Asesora Legal del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Contralor Ambiental del Ministerio recurrido. A mayor abundamiento, debe observarse -tal y como lo apunta esta jurisdicción en las sentencias arriba transcritas-, que la actuación administrativa mediante la cual se autoriza la tala de árboles en cuestión, trae aparejada una afectación directa a los pobladores indígenas de la reserva mencionada de Zapatón, pues ésta podría incidir, negativamente, en el ámbito de protección de sus pobladores, bienes y medio ambiente, tal y como, incluso, se analizó en el presente amparo. De ahí que, en criterio de esta Sala, el asunto deba de ser estimado, también, sobre este punto en particular.

IX.- Pese a lo expuesto en el considerando que antecede, el agravio de comentario no puede tenerse configurado tratándose de la finca matrícula folio real No.272894-001 —sobre la cual, también se autorizó la corta de árboles— por cuanto, no se pudo acreditar que, efectivamente, ese inmueble forme parte de la Reserva Indígena de Zapatón. En el escrito de interposición de este proceso de amparo, el recurrente no precisó cuáles eran los inmuebles en los que se estaba presentando la situación acusada. Sin embargo, a través de los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento y de las pruebas aportadas a los autos, se tuvo por acreditado que las fincas sobre las cuales se certifica el origen de la madera se encuentran inscritas en el Registro Público matrículas de folio real Nos. 290865-001 y 272894-001, ubicadas  en el caserío denominado Zapatón, distrito Mercedes Sur de Puriscal. Ahora bien, considerando los agravios planteados —los cuales están, estrechamente, relacionados con la afectación de los derechos de las comunidades indígenas—se intentó determinar si ambas propiedades forman parte del territorio de la Reserva Indígena de Zapatón. En ese orden, como prueba para mejor proveer, se le solicitó al Director Ejecutivo del CONAI que certificara si la finca matrícula folio real No.272894-001 forma parte de la Reserva Indígena de Zapatón. No obstante, esa autoridad manifestó la imposibilidad de certificar ese hecho. Incluso, el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en su informe, puso de manifiesto esa misma situación. De ahí que, al haber quedado como hecho indemostrado que el inmueble en cuestión sea parte de la Reserva Indígena de Zapatón, no se puede sostener que las autoridades accionadas estaban obligadas concederles audiencia a los representantes de esa Reserva Zapatón sobre la autorización de tala de árboles en ese lugar. Así las cosas, el amparo debe desestimarse en cuanto a este aspecto particular.

X.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso planteado por la afectación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dado el estado de incertidumbre científico y técnico respecto de la contaminación ambiental que pueda ocasionar la tala de árboles en los inmuebles propiedad de Alcibíades Ocampo Arce. Asimismo, se estima el proceso por la falta de audiencia a los representantes de la Reserva Indígena Zapatón en relación con la corta de árboles autorizado para el inmueble matrícula de folio real No.290865-001, disponiéndose su anulación. Si en un futuro se cumpliera, incluso, con este requisito –consulta a la reserva indígena-, respecto de tal inmueble, también, debe descartarse científica y técnicamente la contaminación a cualquier área de recarga acuífera. En cuanto a la autorización otorgada respecto de la finca matrícula folio real No.272894-001, no se debe disponer su anulación pues, como se dijo, no se acreditó que formara parte de esa reserva indígena. Ahora bien, considerando que se dispone la anulación de la autorización de la corta de árboles para el inmueble matrícula de folio real No.290865-001 —por lo que, en tesis de principio— debe paralizarse toda la actividad de corta de árboles en ese lugar—, se les ordena a las autoridades del MINAET verificar técnica y científicamente la situación de contaminación acusada respecto de la finca matrícula folio real No.272894-001 y, en caso de acreditar cualquier irregularidad que afecte al medio ambiente, adoptar las medidas correspondientes en forma inmediata.

POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se anula la actuación administrativa a través de la cual las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones autorizaron la tala de árboles en el inmueble matrícula de folio real No. 290865-001, ubicado dentro de la Reserva Indígena Zapatón de Puriscal por la falta de audiencia a los representantes de esa reserva conforme el Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, se les ordena a Ronald Mora Vargas y a Teófilo de la Torre Arguello, en su respectiva condición de Jefe de la Subregión Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y de Ministro, ambos del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, mantener la suspensión de la autorización de la corta de árboles en la finca matrícula de folio real No.272894-001, hasta tanto no se acredite, fehacientemente, que esa actividad no está generando la contaminación acusada y, en caso de constatar cualquier irregularidad, adoptar, inmediatamente, las medidas necesarias para solucionar esa situación. Lo anterior, bajo la advertencia que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta estimatoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a Ronald Mora Vargas y a Teófilo de la Torre Arguello, en su respectiva condición de Jefe de la Subregión Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y de Ministro, ambos del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en forma personal. COMUNÍQUESE.”

En consecuencia, en criterio de esta Sala, la recurrente deberá de estarse a lo dispuesto en la supra citada sentencia.

III.- ACERCA DE LA PRESUNTA NEGATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DE INTERVENIR EN LOS PROBLEMAS ALEGADOS POR LA RECURRENTE. Finalmente, la recurrente acusa que -a pesar de haberse solicitado, expresamente-, las autoridades de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas no han realizado, a la fecha, las gestiones pertinentes para intervenir y solventar los problemas acaecidos con ocasión de la autorización brindada por las autoridades del MINAET para talar árboles en la Reserva Indígena de Zapatón. No obstante, este Tribunal Constitucional no estima que lleve razón la interesada en su alegato. Esto, dado que, de conformidad con la prueba allegada a los autos, así como del informe rendido bajo juramento, se tiene por demostrado que, de previo a la interposición del presente amparo -actuación que se llevó a cabo el 24 de abril de 2010 (visible a folio 1)-, las autoridades de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas sí realizaron una serie de gestiones con el propósito de atender la denuncia formulada por la recurrente con respecto a la tala de árboles efectuada en dos fincas ubicadas en Zapatón de Puriscal. En ese sentido, se tiene por acreditado que los días 13 y 14 de abril de 2010 -ante la comunicación de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Zapatón de Puriscal que se iba a dar la tala de árboles en cuestión dentro de dicho territorio-, el Director Ejecutivo de la Comisión recurrida solicitó al Jefe de la Subregión de Puriscal del MINAET, la suspensión del permiso otorgado en ese sentido (informe visible a folios 24-25 y a folios 28, 31-33). Asimismo, consta en autos que el día 13 de abril de 2010, de manera concomitante, el recurrido formuló un recurso de amparo en contra de las citadas autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el cual se tramitó bajo el expediente No. 10-005012-0007-CO, arriba citado (visible a folio 34). Por consiguiente, esta Sala no estima que las autoridades de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas se hayan negado, de manera injustificada, a solventar los problemas alegados por Soto Parra. En todo caso, note la tutelada que cualquier disconformidad sobre dicha actuación, deberá de plantearla, si a bien lo tiene, ante las vías ordinarias de legalidad y no ante este órgano especializado de la Corte Suprema de Justicia. En mérito lo expuesto, el recurso de amparo debe de ser desestimado en lo que a este extremo se refiere.

POR TANTO:

Estése la recurrente a lo resuelto en la Sentencia No. 10108-2010 de las 08:55 hrs. de 11 de junio de 2010. En lo tocante a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, se declara sin lugar el recurso planteado.- 

            

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

 

 

 

 

          Ernesto Jinesta L.                                                        Fernando Cruz C.

 

 

 

 

          Fernando Castillo V.                                                 Aracelly Pacheco S.

 

 

 

 

          Roxana Salazar C.                                                   Ricardo Guerrero P.

 

 

Clb /es/801

EXPEDIENTE N° 10-005596-0007-CO

 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:16:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 10787 - 2010

Resolution Date: June 18, 2010, at 11:11 a.m.

Case File: 10-005596-0007-CO

Drafted by: Ernesto Jinesta Lobo

Type of Matter: Amparo Appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Content of Interest:

Content Type: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Precautionary

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

"The precautionary principle (principio precautorio) does not imply a fossilization of the current state of affairs at the moment of adopting pertinent actions, which would prevent progress and innovation, given that intervention or restriction measures must remain in force as long as the scientific information is incomplete or inconclusive and the risk of harm is serious and irreversible, thus admitting periodic review in light of scientific progress. Likewise, when ordering restriction or intervention measures, the principle of proportionality must be respected, so that they are proportionate to the level of protection and the magnitude of the potential or eventual damage. The precautionary principle is based on the fact that the environment and ecosystems do not have the capacity to assimilate or resist certain activities, products, or substances, and thus seeks to anticipate harm and protect human health and the environment. Judgment: 17747-06, 13619-08, 10787-10

... See more
Text of the resolution

*100055960007CO*

Exp: 10-005596-0007-CO

Res. No. 2010010787

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven hours and eleven minutes on the eighteenth of June, two thousand ten.

Amparo appeal filed by ZULEMA SOTO PARRA, bearer of identity card No. 1-963-067, in her capacity as Reserve Guard (Guarda Reserva) of the Instituto de Desarrollo Agrario, against LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS and EL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

WHEREAS:

1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber at 8:30 p.m. on April 24, 2010 (visible on folios 1-7), the appellant filed an amparo appeal and stated that reserve guards (guarda reservas), as provided in Article 7 of the Indigenous Law (Ley Indígena) No. 6172, are appointed by the government for the purpose of protecting and monitoring the forests. She alleged that on April 12, 2010, Mr. Mario Picado Vega entered a farm that is part of the Zapatón Indigenous Reserve and proceeded with the gradual logging of 52 bitter cedar trees, 1 gallinazo, 2 laurels, 20 mango trees, 11 oak trees, and other native species. She added that said species were located in protected areas or within a few meters of riverbeds, streams, and springs (nacientes). She argued that there has been an invasion of the protected areas, deforestation, and destruction of the flora and fauna, which violates the provisions of Article 50 of the Constitution. She stated that, in light of the provisions of Article 7 of the Indigenous Law, lands within the reserves that are of forestry vocation must retain that character in order to maintain the hydrological balance of the hydrographic basins unaltered and to conserve wildlife in those regions. She asserted that the indigenous territory of Zapatón de Puriscal is part of the Las Lapas biological corridor. She also pointed out that the aquifer discharge areas and aquifers are suffering the same fate, being destroyed and contaminated with oils and fuels that leak from the heavy machinery used to transport such trees. She argued that members of the Board of Directors of the Asociación de Desarrollo Indígena de Zapatón appeared at the MINAET office in Puriscal to report such acts. However, she alleged that on that occasion, the official Ronald Mora indicated to them that they could not do anything about it, given that there was an order from the Constitutional Chamber in favor of Picado Vega to cut the above-mentioned species and, in that regard, they would continue issuing the respective transport permits (guías). She added that on April 20 of the current year, members of the aforementioned Board met with the Executive Director and a lawyer from the Legal Department of CONAI, who informed them that they also could not do anything about what was reported, since the Constitutional Chamber had authorized the cutting of the indicated trees. Therefore, she maintained that the members of CONAI are not complying with the safeguarding and monitoring duties imposed on them by law. Furthermore, she alleged that, in accordance with the provisions of Article 6 of ILO Convention 169, the indigenous population should have been consulted, through the Asociación de Desarrollo Indígena, regarding the undertaking of the activity in question.

2.- By resolution of 1:26 p.m. on April 25, 2010 (visible on folio 8), the proceedings were initiated and reports were requested from the respondent authorities.

3.- Víctor Julio Mena Pérez, in his capacity as President of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas -CONAI-, reported under oath (visible on folios 24-27) that, upon the communication from the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Zapatón de Puriscal that tree logging would take place within that territory—which constitutes a danger to the ecological balance, does not have the consent of said Association, and was not communicated to that Commission—, the suspension of the granted permit was requested from MINAET of Puriscal on April 13, 2010. He argued that, by virtue of the above, Licda. Laura Chaves Mora, Legal Advisor of ACOPAC, sent official letter No. ACOPAC-AL-63-2010 of April 13, 2010, to engineer Ronald Mora Vargas, through which she informed him that file No. ACOPAC-OSRP-021-10 did not contain a certification "(…) in which the permit applicants have demonstrated that the property where said activity is being carried out is NOT located within the boundaries of the Reserva Indígena de Zapatón (…)". Likewise, said official requested that the suspension request be evaluated as a precautionary measure. He argued that the following day, that is, April 14, 2010, they presented the indicated petition in person before ACOPAC in Puriscal. He also stated that on April 13, 2010, he filed an amparo appeal against the Head of the Puriscal Subregion of MINAET, which is being processed under number 10-005012-0007-CO. He added that on April 26, he informed the Chamber of the current situation and the respondent Ministry's refusal to suspend the aforementioned logging and harvesting permit (permiso de tala y aprovechamiento). He affirmed that, contrary to what has been maintained, the Commission has acted diligently in protecting indigenous rights. He requested that the filed appeal be dismissed.

4.- Carlos Vinicio Cordero Valverde, in his capacity as Regional Director of the Área de Conservación Pacífico Central of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, reported under oath (visible on folios 45-46) that he attaches a copy of technical report No. ACOPAC-OSRP-245-10, which corresponds to a field inspection carried out on April 27, 2010, by forestry technician Aristides Chinchilla Chinchilla at the request of that Directorate and through which the degree of execution of the forestry harvesting (aprovechamiento forestal) authorized by the so-called Certificado en Sistema Agroforestal No. 01-SAF-2010 was reviewed, which, in turn, was processed by engineer Sergio Mata Calderón. He argued that the Puriscal Subregional Office additionally issued official letter No. ACOPAC-OSRP-247-10, through which the Forestry Harvesting Department of that operational center was ordered to discontinue the execution of procedures (specifically, the delivery of transport permits (guías) and plates for timber transport) for that certificate of origin. He pointed out that, according to information provided by the Civil Court of Puriscal, the Proximity Police of Puriscal notified Mr. Mario Picado Vega of the referenced resolution on April 27. Likewise, he added to the report official letter No. ACOPAC-OSRP-233-10, incorporated into case file No. 10-005012-0007-CO. He added that through official letter No. ACOPAC-D-601-10, he instructed the OSRP to carry out a new inspection at the harvest site in order to determine, in turn, the condition of the observed water outcrop and to confiscate the timber resource related to the certificate. He requested that the filed appeal be declared without merit.

5.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber at 2:10 p.m. on April 29, 2010 (visible on folios 47-49), Mario Picado Vega responded to the hearing granted by resolution of 1:26 p.m. on April 25, 2010. He asserted that he is carrying out the timber harvesting in question—after prior compliance with the technical, legal, and administrative requirements imposed by the legal system—on two farms, duly registered in the National Registry—registration numbers (matrículas) Nos. 272894-000 and 290865-000—, which, in turn, are owned by Alcibíades Ocampo Arce. He stated that he bought 141 standing trees from the latter, which are not only not in danger of extinction, but also form a self-regenerating agroforestry system. He pointed out that it is not true that he invaded and cut the protection areas established in Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), engaged in a land-use change (cambio de uso del suelo), or destroyed the endemic flora and fauna. He stated that although the indicated properties are located within the cartographic limits of the Reserva Indígena de Zapatón, it is false that they form part of it. The foregoing, considering that they have not been purchased or expropriated for that purpose, that is, to integrate them into the cited reserve. He requested that the filed appeal be dismissed.

6.- In the substantiation of the proceedings, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Jinesta Lobo; and,

CONSIDERING:

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant—who holds the status of reserve guard of the I.D.A.—alleges a violation of the provisions of Article 50 of the Constitution, given that, according to her claim—on the occasion of the permit granted by the authorities of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones for tree logging on private properties located within the indigenous territory of Zapatón de Puriscal—, the forests of said area—which, moreover, are located in an aquifer recharge area and near streams and springs—are being destroyed and contaminated with the fuels and oils that leak from the transport machinery used for this purpose. Furthermore, she alleges that such permits were granted without having previously granted a hearing to the respective Asociación de Desarrollo Indígena. Finally, she argues that—despite having been expressly requested—the authorities of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas have not, to date, carried out the pertinent actions to intervene and resolve said problems.

II.- REGARDING THE VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE CONSTITUTION AND THE HEARING THAT MUST BE GRANTED TO INDIGENOUS REPRESENTATIVES, BY VIRTUE OF THE FORESTRY HARVESTING CARRIED OUT IN THE RESERVA INDÍGENA DE ZAPATÓN DE PURISCAL. This Constitutional Court, when hearing, in the case file No. 10-005012-0007-CO, an amparo appeal filed in similar terms by the Executive Director of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, ordered in Voto No. 10108-2010 at 8:55 a.m. on June 11, 2010, drafted by the reporting Magistrate, the following:

"(…) I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant alleges a violation of the provisions of Article 50 of the Constitution, given that, according to his claim, on the occasion of the permit granted by the authorities of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones for tree logging on private properties located within the indigenous territory of Zapatón de Puriscal, the forests of said area—which, moreover, are located in an aquifer recharge area—are being contaminated with fuels and oils. Furthermore, he alleges that such permits were granted without having previously granted a hearing to the interested indigenous organizations in accordance with Convention 169 of the International Labour Organization.

II.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are considered proven: 1) On January 26, 2010, the authorities of the Puriscal Subregion of MINAET received the certificate of origin No. 01-SAF-2010, from Forestry Regent (Regente Forestal) Sergio Mata Calderón, CIA 2252. The foregoing, regarding the wood that would be extracted from the farms of Alcibíades Ocampo Arce (report visible on folio 9 and on folios 01 of the administrative file). 2) The farms from which the wood originates are registered in the Public Registry (folio real registration numbers (matrículas de folio real) Nos. 290865-001 and 272894-001) and are located in the hamlet called Zapatón, district of Mercedes Sur de Puriscal (visible on folios 01 of the administrative file and on folios 55-57 of case file No. 10-005596-0007-CO brought ad effectum videndi). 3) The farm registered under folio real registration number No. 290865-001 is located in the indigenous territory of Zapatón (folio 59). 4) Alcibíades Ocampo Arce granted a special power of attorney for the logging and harvesting of trees on the mentioned properties to Mario Picado Vega (visible on folio 58 of the administrative file). 5) On an unspecified date, the authorities of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones of the Puriscal Subregion authorized the logging of trees on the referred properties (undisputed fact). 6) Through official letter No. ACOPAC-OSRP-109-10 of February 22, 2010, the Head of the Puriscal Subregion of MINAET informed Alcibíades Ocampo Arce, Sergio Mata Calderón, and Mario Picado Vega that the forestry harvesting on the referred properties would be suspended, by virtue of a complaint filed by representatives of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas and the Asociación de Desarrollo de Zapatón. Likewise, on that occasion, the cited authority ordered that a map of the location of the properties with respect to the Reserva Indígena Zapatón be annexed to the certificate of origin (visible on folio 06 of the administrative file). 7) Through official letter No. ACOPAC-OSRP-174-10 of March 16, 2010, the head office of the Puriscal Subregion lifted the measure decreed through official letter No. ACOPAC-OSRP-109-10. The foregoing, by virtue of the following: "(…) Addition to the file of Jurisprudence (Voto de la Sala Constitucional 2005-09804, from case file 03-000214-0007-CO). Non-submission by the complainants of documentation supporting the property regime. Application of Article 28 of the Ley Forestal 7575 (…)" (visible on folios 45 of the administrative file). 8) On April 13, 2010, the appellant filed this amparo proceeding (visible on folio 1). 9) On April 13, 2010, the appellant submitted a request to the Head of the Puriscal Subregion of MINAET to suspend the logging and forestry exploitation permits granted in favor of Mario Picado Vega, given that, in his opinion, they were granted contrary to the provisions of indigenous legislation (visible on folios 12-15, folios 46-48 copy of the administrative file). 10) Through official letter No. ACOPAC-AL-63-2010 of April 13, 2010, Licda. Laura Chaves Mora, Legal Advisor of the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, indicated to the Head of the Puriscal Subregion of MINAET the following: "(…) having analyzed the file, no certification is found in which the permit applicants have demonstrated that the property where said activity is being carried out is NOT within the boundaries of the Reserva Indígena de Zapatón (…) based on the foregoing (…) I suggest you analyze the situation and evaluate the attached document and that the extraction work be suspended as a Precautionary Measure until the applicants provide said document requested by you that is missing from the file (…)" (visible on folios 16-17, folios 49-50 administrative file). 11) On April 14, 2010, the petitioner reiterated the request made on April 13 of that same year before the Head of the Puriscal Subregion office of MINAET (visible on folios 13-15). 12) On April 16, 2010, the authorities of the Puriscal Subregion office of MINAET delivered to Picado Vega the respective plates and transport permits corresponding to the certificate of origin No. 01-SAF-2010 (visible on folios 59 of the administrative file). 13) On April 20, 2010, through official letter No. ACOPAC-OSRP-226-10, the Head of the Puriscal Subregion responded to the request filed by the petitioner on April 13 of that same year and rejected the request for the precautionary measure filed (visible on folios 61 of the administrative file). 14) Through official letter No. CA-T-2010-067 of April 20, 2010, the Environmental Comptroller of MINAET indicated to the Director of the Área de Conservación Pacífico Central that "(…) to achieve the validity of the permit (…) the tree cutting permit document presented by the logger DOES NOT exhibit the approval (Visto Bueno) of the legal representative of the Asociación de Desarrollo Integral de Zapatón as required by the Indigenous Law (…)". By virtue of the above, the referred authority requested that said situation be investigated and that a decision be made regarding "(…) the presumed nullity of this cutting permit if the omission that your represented party did not seek the opinion of the Asociación de Desarrollo Integral de Zapatón as ordered by the Indigenous Law is real (…)". (visible on folios 72-73 of the administrative file). 15) On April 22 and 29, 2010, the respondent authorities were notified of this amparo (proofs visible on folios 21, 29, and 39). 16) According to technical report No. ACOPAC-OSRP-245-10, on April 27, 2010, the respondent authorities of the Puriscal Subregional Office conducted an inspection on the farm where MINAET granted the cutting permit in question. On that occasion, the quantity and species of trees cut were noted. Likewise, the following was determined: "(…) Once the above information was obtained, an attempt was made to carry out a detailed inspection of the harvest itself, managing to locate the water outcrop (afloramiento de agua) very close to where several trees of the Gallinazo species were felled; however, the information could not be detailed because weather conditions did not allow it, therefore it is of utmost importance to conduct a new visit in order to supervise the condition of the entire harvest as such (…) Recommendation to temporarily halt any procedure related to the certificate in the agroforestry system processed by Eng. Sergio Mata Calderón #01-SAF-2010 (…) until the Constitutional Chamber (or the Fourth Chamber) resolves the judgment or orders otherwise, and also to be able to carry out the supervision by the harvesting department of this office (…)". (The emphasis is not part of the original). (visible on folios 84-86 of the administrative file). 17) Through official letter No. ACOPAC-OSRP-247-10 of April 28, 2010, the Puriscal Subregional office requested the Head of Forestry Harvesting of that same office to immediately suspend the cutting and extraction of trees located on the cited farms (visible on folio 87 of the administrative file). 18) Through official letter No. ACOPAC-D-601-10 of April 28, 2010, the Regional Director of ACOPAC requested the Head of the Puriscal Subregional office to carry out a new inspection at the site where the forestry harvesting in question is being conducted in order to verify the existence of springs that could be affected by virtue of said process. Likewise, he requested to verify if "(…) the wood found in the inspected yard corresponds to the described certificate of origin and to execute the immediate confiscation (decomiso) of that resource (…)". (visible on folios 88 of the administrative file). 19) Prior to the respondent authorities of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones authorizing the forestry harvesting in relation to the farm registered under folio real registration number No. 290865-001, they omitted granting a hearing to those indigenous associations that could be affected by said action (the case records).

III.- UNPROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are considered unproven: 1) That the forestry harvesting under study does not generate pollution or affect an aquifer recharge zone (the case records). 2) That the farm under folio real registration number No. 272894-001 is located in the territory of the Reserva Indígena de Zapatón (folio 59).

IV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Based on the provisions of Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution (Constitución Política), this Constitutional Court has broadly recognized the State's duty to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is by virtue of said articles, as well as the infra-constitutional environmental regulations, that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter arises. In this sense, this Chamber, in Voto No. 4830-02 at 4:00 p.m. on May 21, 2002, stated the following:

"(…) Our Constitución Política, in its Article 50, expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans, but also of all members of the world community. The violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury or endangerment of short, medium, and long-term interests. Environmental pollution is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are mostly imperishable and cumulative. The Costa Rican State is obligated to act preventively, avoiding—through supervision and direct intervention—the performance of acts that harm the environment, and in the correlative and equally inescapable prohibition of promoting its degradation (…)".

Likewise, recently, this Tribunal, in Voto No. 17552-07 at 12:22 p.m. on November 30, 2007, ordered the following:

"(…) The cited Article 50 also shapes the Social Rule of Law (Estado Social de Derecho), so we can conclude that the Constitución Política emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes the intervention of the Public Powers necessary over the factors that can alter its balance and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The impact that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State's activity finds its first reason for being in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but also have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor thereof, and, secondly, because the State's activity is directed towards satisfying the interests of the community. In constitutional jurisprudence, the concept of 'environment' has not been limited to the primary elements of nature, that is, soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed without which basic demands—such as food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more comprehensive manner, establishing a 'macro-environmental' concept, by also including aspects related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others: 'For the foregoing, Environmental Law should not be associated only with nature, as this is only part of the environment. The policy for the protection of nature also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts out and thus manage to unify the legal set we call Environmental Law (…)”.

Finally, it should be noted that this Chamber, as guarantor of fundamental rights, stands as a controller of compliance with the obligations that derive from the provisions of Articles 21 and 50 of the Constitution, which constrain the State not only to recognize the indicated rights but also to use the materially and legally legitimate means to guarantee them.

V.- ORIGIN, CONTENT, AND SCOPE OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE. Regarding this principle, in Voto No. 17747-06 at 2:37 p.m. on December 11, 2006, drafted by the reporting Magistrate, the following was considered:

"(...) The precautionary principle (principio precautorio), from its origin, takes into consideration the fallibility of human understanding and the possibility of committing errors. In the second half of the 1970s, the federal government of Germany enunciated the 'Vorsorgeprinzip' principle, stating that 'an environmental policy is not fully consolidated solely through the elimination of imminent dangers and the repair of damage that has occurred. A precautionary environmental policy further requires that natural resources be protected and that demands on them be handled with care,' having used it to justify the implementation of policies against acid rain and pollution of the North Sea. The principle appears on the international stage with the North Sea Treaties (Declarations of Bremen 1984, London 1987, The Hague 1990, and Esbjerg 1995). Thus, the 1984 Bremen Declaration (First International Conference on the Protection of the North Sea) refers to the need to adopt timely preventive measures given the insufficient level of knowledge. Subsequently, in the 1987 London Declaration (Second International Conference on the Protection of the North Sea), the principle was proclaimed to safeguard the North Sea ecosystem through the reduction of polluting emissions of substances that are persistent, toxic, and susceptible to accumulation at the source, using the best available technology and other appropriate measures. An option that would be of special application when there is reason to presume that such substances can cause some damage or harmful effects on living marine resources, even when there is no scientific evidence proving the link between emissions and effects (principle of precautionary action). This last declaration stated that '(…) a precautionary approach is necessary which may require the adoption of measures (…) even before a causal relationship has been established by absolutely clear scientific evidence (…)'. Subsequently, the principle is incorporated into various multilateral treaties and international declarations such as the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer of 1987, the Bergen Declaration on Sustainable Development in the ECE Region adopted by representatives of European countries and Canada in 1990, the Convention on Biological Diversity of 1992, the Framework Convention on Climate Change of 1992, the Treaty on European Union of 1992, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic of 1992, the Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area of 1994, the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) of the World Trade Organization (WTO) of 1994, the Washington Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities of 1995, the London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, originally from 1972, by virtue of amendments adopted in 1997 for the protection of the marine ecosystem, and the United Nations Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity of Montreal in 2000, the Cartagena Protocol on Biosafety of 2000, and the Communication from the European Union on the Precautionary Principle of 2000. Similarly, the precautionary principle quickly took on a general approach—which includes natural resources, ecosystems, the fisheries and forestry sectors, and biological diversity—and not only limited to toxic substances. Thus, the Bergen Declaration (1990) indicated that 'Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation.'".

Similarly, the Rio Declaration on Environment and Development (3-14 June 1992), in its Principle 15, established the following: "In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." It is thus that the precautionary principle acquired even an ethical dimension—of science and technology—that guides the environmental, health, trade, food safety, and, in general, sustainable development policies of States. Despite the halo of uncertainty that exists in defining or conceptualizing the precautionary principle, from a general perspective, it imposes that when environmental risks are uncertain, unforeseeable, and cannot be disregarded, an omission or inaction in regulation is unjustified. Simply put, the sum of a state of scientific or technological uncertainty—given the lack, insufficiency, or inadequacy of available scientific information and knowledge about the causality, magnitude, probability, and nature of the harm—and the possibility or threat of eventual serious and irreversible damage is, or must be, equivalent to a precautionary or anticipatory action, which may even have as its content the prohibition or elimination of certain products, activities, or substances. The foregoing presupposes an objective assessment of the risk and the cost-benefit relationship of the omission or precautionary action in light of the available scientific evidence that allows concluding that it is insufficient, absent, or inadequate, such that the precautionary principle cannot justify the adoption of arbitrary and potentially discriminatory measures. Furthermore, the application of the precautionary principle does not entail a fossilization of the state of affairs in force at the time of adopting the pertinent actions, which would impede progress and innovation, since the intervention or restriction measures must remain in force only as long as the scientific information is incomplete or inconclusive and the risk of harm is serious and irreversible, and therefore they admit periodic review in light of scientific progress. Likewise, when ordering restriction or intervention measures, the principle of proportionality must be respected, so that they are proportionate to the level of protection and the magnitude of the potential or eventual damage. The precautionary principle is based on the fact that the environment and ecosystems do not have the capacity to assimilate or resist certain activities, products, or substances, and thus it seeks to anticipate damage and protect human health and the environment (...)".

VI.- REGARDING THE VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE CONSTITUTION IN THE SPECIFIC CASE. In the present matter, the petitioner alleges a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, given that, according to his claim, as a result of the permit granted by the authorities of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications for the felling of trees on private properties located within the Zapatón Indigenous Reserve of Puriscal, the forests of said area—which, moreover, are in an aquifer recharge area—are being contaminated with fuels and oils. On this point, this Constitutional Court considers that the petitioner is correct in his argument. The foregoing, because, from the evidence presented in the case file, as well as from the reports rendered by the respondent authorities of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Minister, Head of the Puriscal Subregion of the Central Pacific Conservation Area, and the Executive Director of the National System of Conservation Areas), it was not possible to prove that the latter have managed to effectively rule out that contamination from fuels and oils used for this purpose is occurring on the properties where the tree felling was authorized, nor that aquifer recharge zones are not simultaneously affected. Indeed, in this same vein, note that it is upon the filing of this amparo action that said authorities order an onsite inspection—which took place on April 27, 2010—through which a water outcrop was located near the place where several trees of the "gallinazo" species were felled. A finding that, however, as stated by the respondents from MINAET, had not been exhaustively analyzed as of the date the reports were rendered to this Chamber in order to, concomitantly, determine and verify whether springs exist that could be affected by the forest harvesting in question. Under this set of considerations, we are faced with a clear and unmistakable state of scientific and technical uncertainty regarding the risks and environmental contamination that may be caused by the felling of trees on the properties owned by Alcibíades Ocampo Arce. The foregoing situation inevitably requires applying the precautionary principle mentioned above and, in that regard, granting the amparo action filed, as far as this point is concerned, by virtue of the provisions of Article 50 of the Political Constitution.

VII.- CONCERNING THE HEARING THAT MUST BE GRANTED TO INDIGENOUS COMMUNITIES. On this particular subject, this Constitutional Court, in Ruling No. 3886-97 of 11:33 hrs. on July 4, 1997, regarding the omission to consult indigenous peoples established in Article 6 of Convention 169, held as follows:

"(...) III.- Convention 169 of the International Labour Organization, approved by Law No. 7316 of November 3, 1992, complements, within the Costa Rican legal system, a special protection regime in favor of the rights and integrity of tribal peoples, which are those human groups whose social, cultural, and economic conditions distinguish them from other sectors of the national community. The regulation in question, in its Article 4, requires governments to adopt the special measures that are necessary to safeguard the persons, institutions, property, labor, culture, and environment of the peoples concerned. On several occasions, the Chamber has recognized the need to take into consideration the distinct characteristics of indigenous groups that remain in their own territories when interpreting and applying the various norms that make up the legal system. In that sense, Resolution No. 1786-93 of sixteen hours twenty-one minutes on April twenty-first, nineteen ninety-three, establishes, among other things, the following: 'Thus, our Political Constitution must be interpreted and applied in a manner that permits and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities that inhabit Costa Rica, without other limits than those that human rights themselves impose on the conduct of all individuals. In the same manner, the clauses of international instruments and common legislation must be developed when applied to indigenous peoples.' In that same resolution, which analyzed the application of norms regarding birth registration in the Civil Registry, the Chamber stated: 'Those cited norms have meaning for normal circumstances and isolated cases of persons who were not registered in their early years of life, but they evidently do not have it for an entire population that moreover represents a different culture that must be recognized and respected, as was said, and to which the law must be applied from a completely different perspective, especially in view of Convention 169 of the ILO, which is a norm of higher rank than law according to Article 7 of the Constitution, and on which the Chamber issued a favorable advisory opinion by judgment No. 3051-92 and which today is Law of the Republic No. 7316.'

IV.- Article 6 of the aforementioned Convention establishes, in pertinent part, the following: 'Article 6. 1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: a) Consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;...'. Based on this precept, any legislative or administrative measure that is likely to directly affect the peoples concerned must be the subject of consultation with them. According to the definition made by Article 1 of the Indigenous Law, No. 6172 of November 29, 1977, this provision is applicable to the inhabitants of the indigenous reserves who constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who preserve their own identity. (...)

VI.- Article 6 of the Convention also establishes that the consultation of the peoples concerned must be carried out through appropriate procedures and, in particular, through their representative institutions. Despite this, from the report rendered by the Institute of Agrarian Development, it is clear that this consultation was not only not done, but that no attempt was even made to contact the indigenous communities that could be affected. Note that in the specific case under study, there was a duty to consult because it involved a measure of a general nature that affected the indigenous communities and was likely to impair the special protection regime applicable to them. In that sense, had the administrative measure not affected the community as a whole, but rather one or some of its members individually and due to very particular and personal circumstances, it would not necessarily have required consultation. However, in this case, the challenged action, by entailing the de facto elimination of the entire corps of reserve guards, is a measure that affects the communities as a whole, negatively impacting the sphere of protection of the inhabitants, property, environment, and territory of the indigenous reserves and, therefore, was subject to the special protection regime. (...)

VII.- The consultation in question should have been conducted, in principle, through the corresponding Integral Development Associations, since, in accordance with the provisions of Executive Decree No. 8487-G of April 26, 1978 (whose Article 3 is currently questioned for reasons of unconstitutionality), these entities are responsible for judicially and extrajudicially representing the indigenous communities, so that, in the current state of the legal system, they qualify as 'representative institutions' of the inhabitants of the reserves. (...)

VIII.- Based on the foregoing considerations, this Chamber considers that in this specific case there is a failure to observe Article 6 of Convention 169 of the International Labour Organization and an infringement of the special protection regime that safeguards the indigenous reserves and their inhabitants. By virtue of the normative rank granted to it by the Political Constitution in its Article 7, the Convention has authority superior to laws, and therefore its protection falls within the scope of constitutional jurisdiction. Consequently, it is appropriate to grant the amparo action against the act of the Institute of Agrarian Development ordering the dismissal of the petitioners, who must be immediately reinstated in their positions (...)". (The highlighting is not part of the original). (See, in a similar vein, Ruling No. 16213-07 of 11:52 hrs. on November 9, 2007).

Similarly, this Chamber, regarding the hearing that must be granted to indigenous communities with respect, specifically, to the exploitation of natural resources in indigenous reserves, indicated in Ruling No. 9931-2004 of 11:05 hrs. on September 3, 2004, the following:

"(...) In that sense, the Political Constitution, although it does not contain a specific statute regarding the rights of indigenous communities, from its system (especially the norms contained in Articles 28, 33, 50, and 74) it is possible to infer a principle of recognition of such prerogatives, based on the idea of state respect and protection as duties towards indigenous communities, ensuring the preservation of their culture and at the same time their members' access to the fruits produced by national development. The foregoing is reaffirmed by Article 76 of the Constitution, which explicitly (...) imposes on the State the duty of maintenance and cultivation of indigenous languages. Thus, the Chamber can start from the premise of the constitutional recognition made in favor of the cultural identity and protection of the indigenous peoples that inhabit the country. International Law, for its part, has been extensive in recognizing the rights of these communities, highlighting in that regard what is established in the following instruments: Universal Declaration of Human Rights (Articles 1, 2.1, 7, 17.1, and 27), International Covenant on Civil and Political Rights (27), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1.1 and 2), American Declaration of the Rights and Duties of Man (2, 13, and 23), American Convention on Human Rights (24 and 26). Specifically, it has been the International Labour Organization that has generated the most specific regulation regarding the rights of indigenous peoples. In that sense, Conventions Nos. 107 and 169 contain a detailed enumeration of rights recognized to these peoples. From Convention No. 107, what is established in Part II (land tenure regime for indigenous lands) is especially important for the case under study. From Convention 169, Part II also regulates matters pertaining to indigenous lands. Among the rights recognized to Indigenous Communities is that, in order for them to defend the natural environment of their lands, they must be consulted in procedures relating to them or that may in some way affect their right to develop with a guarantee of their quality of life, since otherwise the due process regarding the fundamental rights of the interested indigenous peoples is violated (Article 13 of the cited Treaty and Article 50 of the Political Constitution) (...)." (Judgment number 2000-08019, of 10:18 hours on September 18, 2000). In that line of reasoning, any exploitation of natural resources in Indigenous Reserves must have the consent of the indigenous peoples, and they must be informed of any exploitation request, even when it concerns natural resources on private property (...)." (The highlighting is not part of the original).

VIII.- ON THE GRANTING OF A HEARING TO THE INTEGRAL DEVELOPMENT ASSOCIATION OF THE INDIGENOUS RESERVE OF ZAPATÓN DE PURISCAL. Furthermore, this Constitutional Court considers that the authorities of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications violated the fundamental rights of the representatives of the Indigenous Reserve of Zapatón de Puriscal. This is because, contrary to what is stated in Article 6.1, subsection a), of Convention 169 of the I.L.O. mentioned above, the referred authorities, without any justification, omitted to grant a hearing to such representatives, specifically—in light of the provisions of Executive Decree No. 13568 of April 30, 1982—to the Integral Development Association of that community, on the occasion of the authorization for the felling of several trees granted on the property registered under real folio No. 290865-001, owned by Ocampo Arce, which, in turn, as was proven, forms part of the Indigenous Reserve of Zapatón de Puriscal. The foregoing, note, despite the several steps, complaints, and observations that were expressly made to the authorities of the Puriscal Subregion of MINAET in that regard by the authorities of the National Commission for Indigenous Affairs, representatives of the Integral Development Association of Zapatón, the Legal Advisor of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas, and the Environmental Comptroller of the respondent Ministry. More abundantly, it must be observed—as pointed out by this jurisdiction in the judgments transcribed above—that the administrative action by which the tree felling in question is authorized entails a direct impact on the indigenous inhabitants of the mentioned reserve of Zapatón, since it could negatively affect the sphere of protection of its inhabitants, property, and environment, as was even analyzed in this amparo action. Hence, in this Chamber's opinion, the matter must also be granted on this particular point.

IX.- Despite what is set forth in the preceding whereas clause, the alleged grievance cannot be considered established regarding the property registered under real folio No. 272894-001—on which tree cutting was also authorized—since it was not possible to prove that this property effectively forms part of the Indigenous Reserve of Zapatón. In the initial writ of this amparo proceeding, the petitioner did not specify which properties were experiencing the denounced situation. However, through the reports rendered under the solemnity of oath and the evidence provided in the case file, it was established that the properties for which the origin of the wood is certified are registered in the Public Registry under real folios Nos. 290865-001 and 272894-001, located in the hamlet called Zapatón, district of Mercedes Sur de Puriscal. Now then, considering the grievances raised—which are closely related to the impact on the rights of the indigenous communities—an attempt was made to determine whether both properties form part of the territory of the Indigenous Reserve of Zapatón. In that regard, as evidence for better provision, the Executive Director of CONAI was requested to certify whether the property registered under real folio No. 272894-001 forms part of the Indigenous Reserve of Zapatón. However, that authority stated the impossibility of certifying that fact. Indeed, the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications in his report highlighted that same situation. Hence, since it remained an unproven fact that the property in question is part of the Indigenous Reserve of Zapatón, it cannot be maintained that the respondent authorities were obligated to grant a hearing to the representatives of that Zapatón Reserve regarding the authorization of tree felling in that place. Accordingly, the amparo must be dismissed as to this particular aspect.

X.- COROLLARY. By virtue of the foregoing, it is necessary to partially grant the amparo action filed for the impairment of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given the state of scientific and technical uncertainty regarding the environmental contamination that may be caused by the felling of trees on the properties owned by Alcibíades Ocampo Arce. Likewise, the proceeding is granted for the lack of a hearing to the representatives of the Zapatón Indigenous Reserve in relation to the tree cutting authorized for the property registered under real folio No. 290865-001, ordering its annulment. If in the future this requirement—consultation with the indigenous reserve—were even to be met with respect to such property, the contamination of any aquifer recharge area must also be scientifically and technically ruled out. As for the authorization granted regarding the property registered under real folio No. 272894-001, its annulment must not be ordered because, as stated, it was not proven that it formed part of that indigenous reserve. Now then, considering that the annulment of the tree-cutting authorization for the property registered under real folio No. 290865-001 is ordered—whereby, in principle—all tree-cutting activity in that place must be halted—, the authorities of MINAET are ordered to technically and scientifically verify the denounced contamination situation regarding the property registered under real folio No. 272894-001 and, in the event of proving any irregularity that affects the environment, to adopt the corresponding measures immediately.

THEREFORE: The amparo action is partially granted. Consequently, the administrative action through which the authorities of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications authorized the felling of trees on the property registered under real folio No. 290865-001, located within the Indigenous Reserve of Zapatón de Puriscal, is annulled due to the lack of a hearing to the representatives of that reserve in accordance with Convention No. 169 of the International Labour Organization. Likewise, Ronald Mora Vargas and Teófilo de la Torre Arguello, in their respective capacities as Head of the Puriscal Subregion of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas and as Minister, both of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, are ordered to maintain the suspension of the tree-cutting authorization on the property registered under real folio No. 272894-001, until it is reliably proven that this activity is not generating the denounced contamination and, in the event of confirming any irregularity, to immediately adopt the necessary measures to resolve that situation. The foregoing, under the warning that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to cause it to be complied with, provided that the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the damages caused by the acts that serve as the basis for this granting, which shall be liquidated in the sentence execution proceeding of the administrative litigation court. Notify Ronald Mora Vargas and Teófilo de la Torre Arguello, in their respective capacities as Head of the Puriscal Subregion of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas and as Minister, both of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, personally. LET IT BE COMMUNICATED."

Consequently, in the opinion of this Chamber, the petitioner must abide by what was decided in the aforementioned judgment.

III.- REGARDING THE ALLEGED REFUSAL OF THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIGENOUS AFFAIRS TO INTERVENE IN THE PROBLEMS ALLEGED BY THE PETITIONER. Finally, the petitioner alleges that—despite having been expressly requested—the authorities of the National Commission for Indigenous Affairs have not, to date, undertaken the pertinent steps to intervene and resolve the problems that have arisen on the occasion of the authorization granted by the authorities of MINAET to fell trees in the Indigenous Reserve of Zapatón. However, this Constitutional Court does not consider that the interested party is correct in her argument. This is because, in accordance with the evidence provided in the case file, as well as the report rendered under oath, it has been demonstrated that, prior to the filing of this amparo action—which was carried out on April 24, 2010 (visible on folio 1)—the authorities of the National Commission for Indigenous Affairs did undertake a series of steps for the purpose of addressing the complaint made by the petitioner regarding the tree felling carried out on two properties located in Zapatón de Puriscal. In that sense, it has been proven that on April 13 and 14, 2010—upon the communication from the Integral Indigenous Development Association of Zapatón de Puriscal that the tree felling in question was going to occur within said territory—the Executive Director of the respondent Commission requested the Head of the Puriscal Subregion of MINAET to suspend the permit granted in that regard (report visible on folios 24-25 and on folios 28, 31-33). Likewise, it is recorded in the case file that on April 13, 2010, concomitantly, the respondent filed an amparo action against the cited authorities of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, which was processed under file No. 10-005012-0007-CO, cited above (visible on folio 34). Therefore, this Chamber does not consider that the authorities of the National Commission for Indigenous Affairs unjustifiably refused to resolve the problems alleged by Soto Parra. In any case, let the petitioner note that any disagreement regarding said action must be raised, if she sees fit, before the ordinary legal channels and not before this specialized body of the Supreme Court of Justice. By virtue of the foregoing, the amparo action must be dismissed as far as this point is concerned.

THEREFORE:

Let the petitioner abide by what was decided in Judgment No. 10108-2010 of 08:55 hrs. on June 11, 2010. Regarding the National Commission for Indigenous Affairs, the amparo action filed is dismissed.-

           

 

 

Ana Virginia Calzada M.

President

 

 

 

 

          Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

 

 

 

 

          Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.

 

 

 

 

          Roxana Salazar C. Ricardo Guerrero P.

 

 

Clb /es/801

FILE N° 10-005596-0007-CO

 

Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:16:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República