Res. 01888-2011 Sala Constitucional — SETENA granting environmental viability without definitive SENARA studies violates precautionary principleSETENA otorga viabilidad ambiental sin estudios definitivos del SENARA vulnera principio precautorio

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01888 - 2011

Fecha de la Resolución: 15 de Febrero del 2011 a las 14:37

Expediente: 10-001914-0007-CO

Redactado por: Enrique Ulate Chacón

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES

Tema: Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Subtemas:

Autorización para estudio de impacto ambiental del proyecto que perjudica la dinámica del acuífero y equilibrio ambiental.

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Violación al derecho alegado por cuanto el Proyecto autorizado puede deteriorar el acuífero y con ello perjudicar el ambiente.

Tema: Principio precautorio en materia ambiental

Subtemas:

Aplicación del principio precautorio en materia ambiental ante falta de certeza de que la actividad que se pretende autorizar no afecte al ambiente.
Concepto y análisis jurisprudencial sobre su naturaleza.

“II.- JURISPRUDENCIA REFERENTE A LA APLICACIÓN DEL  PRINCIPIO PRECAUTORIO EN MATERIA AMBIENTAL: Esta Sala ha dicho en voto 2010020988 de las dieciséis horas con cincuenta y un minutos del quince de diciembre de dos mil diez:

“El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado otorga una protección especial a la biodiversidad y las aguas subterráneas, razón por la cual y en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, las actividades económicas con impacto ambiental deben ser autorizadas cuando exista certeza científica de que ese impacto no implique un riesgo o amenaza de daño permanente e irreversible al ambiente. Es por esta razón que la administración debe realizar siempre la evaluación ambiental necesaria mediante los instrumentos que estime necesarios, evaluación que debe ser compartida públicamente con la población afectada, para que luego de un análisis riguroso y detallado la administración emita de manera fundamentada la viabilidad ambiental correspondiente. La desatención e inobservancia de estos aspectos definidos normativa y jurisprudencialmente, deviene en la vulneración del referido derecho a un ambiente sano, por lo que las actuaciones administrativas así dispuestas resultan igualmente violatorias de este derecho fundamental. (ver, entre otras, sentencias de esta Sala números 5893-95, 5445-99, 2003-6322, 2004-13414, 2004-01923, 2006-7994 y 2010-6922).”

“III.- SOBRE EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. Como ya lo ha dicho  la Sala en sentencia 2004-01923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Es evidente que por disposición expresa de Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, artículo 3 incisos ch y h), el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia-. De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras. 

IV.- EL OTORGAMIENTO DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. La SETENA, como órgano técnico competente para determinar la viabilidad ambiental, tramitó y solicitó la evaluación ambiental de acuerdo a los requisitos técnico-legales que estimó debía aplicar, lo cual se evidencia y desprende de todas las actuaciones expuestas. En este sentido, debe señalarse que en forma unánime, la Sala ha sido enfática en establecer en reiterados pronunciamientos, que no es una instancia técnica a la que competa determinar si el estudio de impacto ambiental se ajusta o no a los requerimientos profesionales (sentencias No. 2004-9927 y No. 2005-5790). En consecuencia, debe señalarse que lo relevante a efectos de esta jurisdicción, es que se hayan realizado los estudios establecidos por nuestra legislación y que una vez revisados por los profesionales técnicos oficiales correspondientes se determine la viabilidad o no del proyecto, contemplando a priori los impactos que puedan producirse en el ambiente, su valoración, mitigación y compensación.”

III.-  Sobre el caso concreto. Según se desprende de los autos, en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramita el expediente administrativo número 1101-2007-SETENA, sobre el proyecto llamado “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, localizado en las inmediaciones de playa Jesús y playa Zapotillal, en Cabo Velas de Santa Cruz de Guanacaste. También se observa que dentro de ese expediente administrativo, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en resolución No.1762-2008-SETENA de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del dieciocho de junio del dos mil ocho, le solicitó al desarrollador del proyecto que, a efecto de continuar con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, debía presentar un anexo único en el que, entre otras cosas, ampliara los términos del Estudio Hidrogeológico. Bajo juramento se informa que en relación con ese estudio, se tomaron en cuenta aspectos como localización del acuífero respecto de las características físicas, geomorfológicas y geológicas del área, datos hidrológicos y climatológicos en la microcuenca, ubicación y análisis de pozos existentes, modelado del acuífero, valoración de riesgos de intrusión salina, utilización de agua subterránea, calidad y captación de aguas subterráneas, entre otros aspectos, informándose bajo juramento que no es de recibo el alegato del recurrente de que no se realizó el estudio hidrológico. Bajo juramento también se ha señalado que, en todo caso, la viabilidad ambiental no exime a los proyectos de la presentación de permisos ante otras instituciones, por lo que se previno al desarrollador que, antes de iniciar las obras constructivas, el proyecto debía contar con la concesión de aguas otorgada por el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, lo cual no era impedimento para otorgar la viabilidad ambiental, siendo que, en todo caso, el Departamento de Aguas otorgó concesión de aprovechamiento de aguas por un plazo de diez años a la Corporación Trueno del Mar Limitada, para ser utilizada en el proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”. En cuanto al tema del recurso hídrico en concreto, bajo juramento se ha indicado a esta Sala que, en atención al Estudio de Impacto Ambiental presentado para el Proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”,  la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitó y analizó de forma exhaustiva, el Estudio Hidrogeológico, siendo ese estudio la base para que se propusieran las medidas de prevención y mitigación para la protección del recurso hídrico subterráneo. De igual manera, bajo juramento ha afirmado la representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que se aprobó un plan de monitoreo de la calidad y niveles del agua subterránea como uno de los compromisos ambientales que debe cumplir el desarrollador, con el fin de adaptar en el tiempo el desarrollo del proyecto a las condiciones ambientales y que se cuente con alertas tempranas para salvaguardar el recurso hídrico. Por otra parte, respecto del criterio técnico contenido en el oficio ASUB-381-08 remitido al Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, según el cual los acuíferos costeros de Santa Cruz han sido catalogados preliminarmente como de alta vulnerabilidad tanto a la contaminación como a la sobreexplotación, bajo juramento se ha afirmado por la representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que ello está referido a condiciones ambientales subterráneas que sí fueron tomadas en cuenta en la evaluación del impacto ambiental. Aunado a lo anterior, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento indica que el oficio ASUB-381-08 se encuentra vigente en todos sus aspectos. Informó bajo juramento el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento que por medio de oficio DIGH-672-2010 del cinco de octubre de dos mil diez, le indicó a la Geóloga Sandra Arredondo que habían observaciones pendientes al estudio, las cuales a la fecha aún no se han evacuado,  y lo presentado por CONASUB el siete de enero de dos mil ocho fue una propuesta metodológica que fue aprobada, pero están llevando a cabo la investigación, misma que no ha concluido, por lo tanto el estudio final no ha sido avalado, ratificado o validado por el SENARA.  Por otra parte, también bajo juramento se ha afirmado que la Evaluación de Impacto Ambiental realizada, determinó que se debía contar con un caudal de 0,85 litros por segundo para la construcción de la Fase I, por lo cual con la concesión otorgada para los pozos MTP-39 y MTP-114 a la Corporación Trueno del Mar Limitada para ser usada en el Proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”., abastecerá de forma holgada la fase urbanística, indicándose bajo juramento además que para iniciar la operación del  proyecto Mar Serena, Fase I, se requiere contar con un caudal de 7,2 litros por segundo según la evaluación de impacto ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y los pozos concesionados (pozos MTP-39 y MTP-114), aportan un caudal de 4.5 litros por segundo, siendo que para cumplir con ello, el desarrollador del proyecto deberá tramitar ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la perforación de otros pozos que satisfagan el caudal total, ya que dentro del Estudio de Impacto Ambiental, se evaluó el abastecimiento mediante cuatro pozos, de manera tal que la vialidad (licencia) ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no exime al desarrollador de solicitar los permisos respectivos en las instancias correspondientes. Del mismo modo, bajo juramento informa la representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que además se incorporó la propuesta de gestión del recurso hídrico que se compone de un plan de monitoreo de la calidad del agua subterránea y niveles del agua subterránea, el cual servirá para controlar el comportamiento del recurso agua en la zona de influencia del proyecto y una guía de buenas prácticas para el ahorro de agua, la cual describe procedimientos para el manejo adecuado en el uso del recurso hídrico.

IV.- Así las cosas, observa la Sala que, según criterios técnicos, las autoridades accionadas otorgaron la viabilidad ambiental al proyecto de “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, sin contarse con todos los estudios necesarios que permitieran indicar en la evaluación ambiental, las medidas de prevención y mitigación pertinentes para asegurar el resguardo del recurso hídrico, pues aún falta la aprobación de los documentos presentado por CONASUB y que se entreguen las observaciones hechas en el oficio DIGH-672-2010 del cinco de octubre de dos mil diez, por parte del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Consta en autos que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en resolución No.1133-2009-SETENA de las ocho horas del diecinueve de mayo del dos mil nueve, otorgó viabilidad ambiental (licencia) al proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental para la primera fase del proyecto, en el entendido de que el desarrollador debe cumplir con la cláusula de compromiso ambiental fundamental, con vigencia por un período de 2 años. En criterio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el proyecto llamado “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” cumplió con los requerimientos técnicos-científicos necesarios para que se aprobara el Estudio de Impacto Ambiental y su anexo. Le otorgó la viabilidad ambiental, partiéndose del supuesto de que el desarrollador del proyecto queda sujeto al consiguiente cumplimiento de requisitos, así como a la petición de los permisos que fueran necesarios, ante otras instituciones.  Sin embargo, pese a lo anterior, ha quedado demostrado que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como órgano especializado, no ha ratificado o avalado el informe, que está sujeto a las recomendaciones del criterio técnico contenido en el oficio ASUB-381-08, del 8 de septiembre del 2008, el cual está vigente en todos sus aspectos, según lo indica la misma institución: 

"El oficio ASUB-381-08 está vigente en todos sus aspectos, excepto que la zona en la cual se ubica el proyecto Mar Serena no se encuentra restringida a la perforación de pozos, como resultado del estudio del SENARA...

Uno de los productos del estudio del SENARA, es el mapa de zonificación acuífera cuenca costera norte (...), que indica las características de vulnerabilidad y potencial de recarga en dicha cuenca.  De acuerdo con esta zonificación, el proyecto se encuentra en las categorías:

"- Alta vulnerabilidad y baja permeabilidad superficial. El efecto de impermeabilización del terreno no es tan importante como el vertido de fluidos potencialmente contaminantes de todo tipo.

- Baja vulnerabilidad y alta permeabilidad. Áreas de recarga donde el impacto de la impermeabilización del terreno es el factor más importante. Debe evitarse el vertido de fluidos potencialmente contaminantes persistentes.

- Sectores de baja vulnerabilidad y baja capacidad de infiltración. En principio, el desarrollo no tendría gran impacto en la cantidad ni en la calidad del agua subterranea".

El estudio elaborado por SENARA tiene un carácter regional; por lo que es técnicamente recomendable que los proyectos de desarrollo que se realicen en zonas costeras con limitada disponibilidad de agua como El Proyecto Mar Serena, elaboren estudios detallados como los indicados en el ASUB-381-08: estudio hidrogeológico detallado y estudio de demanda de agua para el proyecto e identificar la fuente de abastecimiento." (VER INFORME, a folios 605-606).

La anterior afirmación del informe, es ratificado técnicamente en la hoja de zonificación anexa al mismo (folio 607), en donde se indica con claridad que una gran parte en donde se desarrolla el proyecto, presenta Alta Vulnerabilidad y baja permeabilidad superficial.  Por ello, en el oficio indicado del 5 de octubre del 2010 (DIGH-672-2010), SENARA previno a la Geóloga del proyecto, completar los requisitos ahí indicados, tomando en cuenta "Las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en la cuenca de la quebrada Ceibo" (folio 609).

V.- Partiendo de lo dicho entonces, contrario al criterio del recurrido, se desprende de autos que aún hay trámites pendientes ante el SENARA para avalar, ratificar o validar el estudio final, y no puede esta Sala hacer otra cosa sino declarar parcialmente con lugar el recurso.  Bajo esta perspectiva, sin duda existen normas o principios constitucionales, vinculados a la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y al principio precautorio (artículo 50 de la Carta Magna), que pueden ser vulnerados o afectados seriamente si el Proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” impacta la dinámica del acuífero y el equilibrio ambiental. Por ello  lo procedente es declarar parcialmente con lugar el amparo, como en efecto se ordena.-“

 

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Exp: 10-001914-0007-CO

Res. Nº 2011-001888

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta y siete minutos del quince de febrero del dos mil once.

            Recurso de Amparo interpuesto por Juan Figuerola Landi, mayor, portador de la cédula de identidad 8-082-776; contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

                 Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas cuarenta y cuatro minutos del ocho de febrero del dos mil diez, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y manifiesta que la autoridad recurrida aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, localizado en las inmediaciones de Playa Jesús y Playa Zapotillal en Cabo Velas, Santa Cruz de Guanacaste (expediente administrativo número 1101-2007-SETENA), sin conocer la información hidrológica de la zona del proyecto requerida por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas,  Riego y Avenamiento, perjudicando con ello la dinámica del acuífero y equilibrio ambiental. Estima lesionado el derecho al ambiente y por ello pide que se declare con lugar el recurso con sus consecuencias.

 2.- En escrito de folio 7 se apersona el recurrente para indicar que la redacción de la cédula de notificación es incoherente y no corresponde con lo que denunció en el recurso de amparo según el cual presenta formal denuncia contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por la aprobación a priori de un estudio de impacto ambiental sin conocer información relevante que había sido solicitada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).  Indica que el punto de fondo es que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental aprobó un estudio de impacto ambiental a golpe de tambor antes de completar la información requerida, siendo que a pesar de ello ya se están realizando obras en el sitio del proyecto en perjuicio del ambiente.

3.- Informa bajo juramento Sonia Espinosa Valverde en su calidad de Secretaria General a.í. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 9),  que es cierto que en ese despacho existe un proyecto llamado Condominio Turístico Residencial Mar Serena localizado en las inmediaciones de playa Jesús y playa Zapotillal en Cabo Velas en Santa Cruz de Guanacaste, con expediente administrativo número 1101-2007-SETENA. Indica que el Departamento de Administración de Proyectos de esa Secretaría, fue el que evaluó y analizó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto al que se refiere el recurrente, recomendando a la Comisión Plenaria su aprobación mediante la resolución número 1133-2009-SETENA del diecinueve de mayo del dos mil nueve. Indica que mediante oficio DEA-742-2010 del dieciocho de febrero del dos mil diez, el Coordinador de ese Departamento de Administración de Proyectos manifestó en relación con lo alegado por el recurrente en este amparo que según los resultados del estudio hidrológico, en el área del proyecto se localizan tres fuentes de aguas superficiales que son la quebrada La Ceiba, El Sesteo y otra sin nombre, que tienen un comportamiento intermitente, lo que significa que para la época seca pierden parcial o totalmente por lo que se prevé que la implementación del proyecto genere un aumento en la escorrentía superficial relativamente baja en los puntos de desfogue del orden máximo del 10%. Añade que según ese informe, las secciones aguas debajo de los desfogues analizados con las medidas de mitigación planteadas dentro del Plan de Gestión Ambiental, adscritas como compromisos ambientales, permiten que una vez implementado el proyecto, las quebradas cuenten con la capacidad suficiente para transportar de manera adecuada los incrementos de caudal. Agrega que según el informe, en lo que respecta al manejo del recurso hídrico, fue fundamental tener un adecuado estudio hidrogeológico que garantizara el consumo de agua acorde con las condiciones ambientales del área, conteniendo además del análisis de las características del acuífero presente, el cotejo de la vulnerabilidad de contaminación donde se concluye que la geoaptitud natural permite el desarrollo del proyecto siempre que se optimice el manejo de las aguas residuales y los desechos sólidos. Señala que según aquél informe, dentro de las medidas de mitigación se contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y medidas ambientales para el manejo de desechos sólidos como consta en el Estudio de Impacto Ambiental.  Añade que en ese informe se indica que para tener una mayor certeza de la decisión del otorgamiento de la viabilidad ambiental, la Secretaría solicitó al desarrollador mediante resolución número 1762-2008-SETENA del dieciocho de junio del dos mil ocho, ampliar los términos del estudio hidrogeológico y para el desarrollo de esa adenda al estudio original, se tomaron en cuenta aspectos como localización del acuífero respecto a las características físicas, geomorfológicos y geológicas del área, datos hidrológicos y climatológicos en la microcuenca de instituciones como el Instituto Metereológico Nacional, ubicación y análisis de pozos existentes, modelado del acuífero, valoración de riesgos de intrusión salina, utilización de agua subterránea mediante revisión de información de Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, calidad y captación de aguas subterráneas, entre otras.  Agrega que según el informe, como conclusiones claves del estudio hidrogeológico se tienen: 1) de acuerdo con las producciones de aguas que resultaron del estudio, resulta factible programar un plan inicial de explotación de aguas subterráneas para el proyecto de 7.50 l/s, de esta manera se asegura mantener una escorrentía o flujo subterráneo ecológico fluyendo hacia el océano; 2) los análisis físico-químicos para muestras de agua en los pozos de los cuales se abastecerá el proyecto, reflejaron una calidad aceptable para usos normales incluyendo el consumo humano; 3) los parámetros obtenidos del acuífero así como los datos que aportó el sondeo electrónico vertical, permiten asegurar que es posible iniciar una explotación de aguas subterráneas, sin riesgo de contaminar el acuífero por efecto de intrusión salina; 4) se propuso un plan de monitoreo y control del acuífero y los pozos que son parte de los compromisos ambientales asumidos por el desarrollador y responsabilidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que se cumpla; conclusiones indicadas en el anexo 10 del Estudio de Impacto Ambiental.  Indica que según ese informe no es de recibo que no se realizó el estudio hidrológico que es requisito fundamental en la evaluación ambiental de proyectos que se abastecen de agua subterránea en el cual para el caso del estudio, incorporó como componente fundamental información de las entidades gubernamentales competentes en materia hídrica como el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, siendo que la viabilidad ambiental no exime a los proyectos de la presentación de permisos ante otras instituciones y en este caso se previno al desarrollador que antes de iniciar las obras constructivas, el proyecto debía contar con la concesión de aguas otorgada por el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Indica que según ese informe, en conclusión, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental al otorgar la viabilidad ambiental del proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena, contó con los estudios necesarios que permitieran indicar en la evaluación ambiental las medidas de prevención y mitigación pertinentes para asegurar el resguardo del recurso hídrico, así como también tener un sistema de monitoreo permanente y efectivo que garantice el balance hídrico del acuífero subterráneo, donde se tomará el agua de abastecimiento del proyecto y adicionalmente se evaluaron de manera adecuada las fuentes de aguas superficiales. Agrega que como conclusión de todo lo anterior, su representada con fundamento en el artículo 17 y 83 de la Ley Orgánica del Ambiente, es el órgano administrativo creado por Ley cuyo propósito fundamental es, entre otros, armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos por lo que se considera que el proyecto en estudio cumplió con los requerimientos técnicos-científicos necesarios para que su representada decidiera aprobar el Estudio de Impacto Ambiental y su anexo y bajo ese mismo contexto,  se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto mediante la resolución número 1133-2009-SETENA del diecinueve de mayo del dos mil nueve.  Señala que la viabilidad ambiental otorgada de conformidad con el artículo 6 de la modificación del artículo 45 al Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA, Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indica sobre la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental lo siguiente: “La presente viabilidad (licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado Costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente”.  Continúa informando que la obtención de la viabilidad ambiental en los términos en que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que a través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente, el permiso puede revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el numeral 50 de la Constitución Política y a la vez, ejecutar la garantía ambiental que se dispone para resguardar la aplicación de medidas ambientales de corrección, mitigación o compensación por daños ambientales o impactos ambientales negativos no controlados por la actividad, obras o proyectos. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso.

 4.- En resolución de Magistrado Instructor de las once horas treinta y ocho minutos del dieciocho de mayo del dos mil diez, se tuvo por ampliadas las partes de este amparo y se le otorgó audiencia al Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) a fin de que se refiriera a los hechos alegados en este amparo (folio 189).

5.- En atención a la audiencia conferida, informa bajo juramento Bernal Soto Zúñiga en su condición de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) (folio 193) que en cuanto a la participación de su representado en el proyecto al que se refiere el recurrente, se tiene que en enero del dos mil ocho se recibió el oficio del Geólogo Ernesto Echando, presentando una propuesta de investigación con el fin de valorar las condiciones hidrogeológicas de la zona en donde se pretende desarrollar el proyecto Mar Serena, ello de acuerdo con los términos de referencia de estudios en zonas críticas para la perforación de pozos de ese Servicio. Indica que el objetivo del estudio es valorar el potencial acuífero y establecer la cantidad de agua subterránea que podría ser explotada de una manera racional mediante la construcción de pozos. Añade que la solicitud se recibió en el Servicio como un Dictamen General y se le asignó el número de expediente 04-2008. Añade que el Servicio mediante oficio ASUB 020-08 del veinticinco de enero del dos mil ocho hizo una serie de aclaraciones entre las cuales se indican las siguientes: “Punto 7. Los pozos exploratorios a construir son únicamente como fines investigativos y deben contar son (sic) su permiso de perforación respectivo y la perforación de los pozos de explotación estará condicionada a los resultados del estudio completo. Punto 12. La construcción de piezómetros de monitoreo (calidad y niveles del agua subterránea) es únicamente si los pozos de explotación son aprobados y en caso de requerirse según se defina en el estudio realizado o así lo indique la institución (número de piezómetros, periodicidad y tipo de monitoreo). Cabe mencionar que, es posible que los pozos exploratorios sirvan para tal fin, si estos permiten por su ubicación con respecto a los de explotación, monitorear e (sic) comportamiento del acuífero durante la etapa de operación de los pozos”. Agrega que en julio del dos mil ocho se recibió copia de denuncia del recurrente dirigida al Tribunal Ambiental Administrativo en la cual que alegó potenciales daños al ambiente en el sector de playas Jesús y Zapotillal.  Añade que el tres de septiembre del dos mil ocho, la Gerencia del Servicio mediante oficio GE-592-08 trasladó notificación de la resolución número 765-08 TAA, expediente 241-07-01 contra el proyecto Turístico Residencial Mar Serena. Indica que se solicitó la realización de una valoración profunda del grado de vulnerabilidad del recurso hídrico subterráneo en la zona del proyecto. Agrega que el ocho de septiembre del dos mil ocho se le remitió oficio ASUB 381-08 a la Gerencia en respuesta al oficio GE-592-08 mediante el cual se hizo referencia a los siguientes aspectos: a) el Servicio recibió dos solicitudes de perforación y a una de éstas no se presentó ninguna objeción dado que los materiales a perforar corresponden a las rocas del Complejo de Nicoya y para la segunda, se presenta objeción para su perforación dado que los materiales a captar corresponden al acuífero aluvional costero que se encuentra restringido para la perforación de pozos desde el dos mil tres y que a la fecha el Servicio no contaba con información por parte del Ministerio de  Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; b) la empresa CONASUB presentó en enero del 2008 propuesta de investigación para establecer las posibilidades de captación de agua, el estudio de investigación a la fecha no hay sido recibido para su valoración; c) que a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud de evaluación del proyecto en función de la protección del recurso hídrico subterráneo; d) se le informó al Tribunal Ambiental Administrativo que el sitio del proyecto se encuentra dentro de la cuenca costera de la quebrada La Ceiba que alimenta un pequeño acuífero costero de descarga directa al mar, del cual no se cuenta con estudios hidrogeológicos sin embargo, los acuíferos costeros de Santa Cruz han sido catalogados preliminarmente por sus características propias del acuífero aluvional costero, de carácter libre, con área de recarga limitada, descarga directa al mar y niveles de agua someros, como de alta vulnerabilidad a la contaminación y sobreexplotación; e) el proyecto se ubica en una zona de restricción de perforación de pozos. Añade que el once de marzo del dos mil nueve se recibió oficio de parte de la Geóloga Sandra Arredondo que presenta la información solicitada al Geólogo Echando en los oficios ASUB 20-08  y ASUB 381-08. Manifiesta que el doce de mayo del dos mil nueve se remitió oficio DIGH 213-09 a la Geóloga Sandra Arredondo en la cual se le indica que el Servicio estaba a la espera del documento con las ampliaciones y correcciones acordadas, de previo a dar respuesta a la consulta del dieciséis de marzo sobre la posibilidad de perforar en la cuenca de la quebrada Ceibo para el proyecto Mar Serena.  Indica que el diecinueve de enero del dos mil diez se remitió oficio DIGH 21-10 al recurrente en el cual se le informó que a esa fecha, la geóloga Sandra Arredondo no había entregado la información solicitada para completar los datos para el análisis de la capacidad del acuífero.  Agrega que el “Estudio Hidrogeológico para la Captación de Agua Subterránea para el Proyecto Mar Serena” realizado por CONASUB Sociedad Anónima, fue revisado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento pero no ha sido avalado, ratificado o validado por ese Servicio.  Reitera que a la fecha de rendir este informe, ni el Geólogo Ernesto Echandi ni la Geóloga Sandra Arredondo han presentado  la información solicitada con el fin de poder dar un pronunciamiento sobre el Proyecto Mar Serena, como se indicó supra.  Añade que para el Servicio que representa, lo indicado al Tribunal Ambiental Administrativo mediante oficio ASUB 381-08 sigue vigente, mientras no se cuente con nueva información que permita tomar otro criterio en cuanto a que la zona del proyecto se cataloga como de alta vulnerabilidad a la contaminación y sobreexplotación. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso en cuanto a su representado.

  6.- En resolución de Magistrado Instructor de las once horas treinta y ocho minutos del veintidós de junio del dos mil diez, se le previno al recurrente para que indicara el nombre de la empresa desarrolladora del Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena, el nombre del representante legal de esa empresa y el lugar donde se le podría notificar (folio 285).

7.- En atención a la audiencia conferida se apersona Juan Figuerola Landi en su condición de recurrente para indicar que el nombre de la empresa desarrolladora del Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena es Playa Pelicano Holdings Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), cédula número 3-102-450945.  Señala que el nombre de los representantes legales de esa sociedad es: Luis Manuel Castro Ventura y Neptalí Garro Zúñiga. Señala además el lugar donde pueden ser notificados (folio 287).

8.- En resolución de Magistrado Instructor de las once horas cincuenta minutos del veintinueve de junio del dos mil diez, se le dio traslado a los representantes de la sociedad Playa Pelicano Holdings S.R.L. para que se pronuncien sobre los hechos alegados en este amparo (folio 291).

9.- En atención a la audiencia conferida se apersona Neftalí Garro Zúñiga en su condición de Apoderado General Administrativo y Judicial de Playa Pelícano Holdings Sociedad de Responsabilidad Limitada (folio 303) e indica que el Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena, ha cumplido diligentemente a lo largo de aproximadamente tres años, con cada uno de los requisitos técnicos necesarios exigidos por la legislación vigente y por los órganos y entes públicos competentes. Señala que actualmente el proyecto cuenta con viabilidad ambiental para la Fase I del desarrollo y se encuentra recopilando información adicional que sustente la validación de las fases posteriores de desarrollo; fases que no se pueden iniciar hasta que se recopile dicha información. Manifiesta que su representada procedió a informar al Tribunal Ambiental Administrativo y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental sobre el inicio de obras en el mes de diciembre del dos mil nueve por cuanto así lo exige la legislación vigente. Señala que la viabilidad ambiental había sido aprobada en el mes de mayo del dos mil nueve por medio de la resolución 1133-2009-SETENA de las ocho horas del diecinueve de mayo y seis meses después de que se aprobara la viabilidad ambiental, su representada cumplió con las exigencias hechas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la resolución 1133-2009-SETENA, de informar del inicio de las obras. Agrega que el proyecto inició el trámite correspondiente de evaluación ambiental el trece de septiembre del dos mil siete cuando sometió a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el documento D1 y el Estudio de Impacto Ambiental. Añade que en el expediente se presentaron diversas oposiciones dentro de las cuales se destacan las de Juan Figuerola Landí que fueron todas desestimadas. Indica que el diecinueve de febrero del dos mil ocho, esa Secretaría realizó una inspección en el sitio del desarrollo del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora DEHC. Señala que el veintisiete de marzo del dos mil ocho, se remitió el oficio DA-025-08 según el cual la empresa consultora DEHC, aportó solicitud de concesión de agua presentada ante el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y pronunciamiento de éste en relación a la disponibilidad de agua.  Agrega que dada la complejidad de la evaluación ambiental y del compromiso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de realizar un estudio y valoración exhaustiva de todos los elementos constitutivos del proyecto, se solicitó la presentación de un único anexo mediante resolución 1762-2008-SETENA del dieciocho de junio del dos mil ocho donde debía complementarse y respaldarse información técnica y legal adicional, siendo uno de ellos precisamente, el análisis de agua. Indica que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental estipuló que se debía realizar un estudio hidrogeológico exhaustivo en el que se incluyeran perforaciones de pozos, ensayos geofísicos, entre otros, con el fin de demostrar la capacidad del acuífero para suplir la demanda requerida por el proyecto y en esa misma resolución se determinó no acoger las denuncias presentadas por el recurrente. Agrega que el accionante recurrió dicha resolución pero los recursos fueron desestimados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (ver resolución R-J-533-2008-MINAET). Añade que posteriormente el señor Figuerola Landí presentó nuevamente más denuncias contra el proyecto en febrero del dos mil nueve y éstas fueron debidamente desestimadas mediante oficio CP-060-2009-SETENA del doce de marzo del dos mil nueve. Indica que el anexo solicitado fue presentado a la Secretaría Técnica el veinticuatro de julio del dos mil ocho dentro del plazo estipulado y ésta durante prácticamente un año (del veinticuatro de julio del dos mil ocho al diecinueve de mayo del dos mil nueve) analizó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el proyecto y su correspondiente anexo. Manifiesta que habiendo analizado en detalle todos los extremos del Estudio de Impacto Ambiental presentado durante un plazo aproximado de tres años, valorando y analizando cada una de las variantes presentes y dándole enorme importancia al tema hídrico (como la Secretaría Técnica lo reconoció expresamente en la resolución 1762-2008-SETENA), se concedió la viabilidad ambiental en mayo del dos mil nueve. Indica que la viabilidad ambiental fue otorgada en forma conjunta con la entrega, por parte del desarrollador del proyecto, de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. Señala que el desarrollador del proyecto, de manera prudente, esperó casi un año para el inicio de las obras y durante el período en cuestión, se procedió a analizar en detalle los alcances de la viabilidad ambiental y la mejor forma de darle cumplimiento íntegro a ésta. Agrega que el recurrente ejerció los recursos ordinarios administrativos contra la resolución que otorgó la viabilidad ambiental. Estima que la valoración ambiental del proyecto fue correcta, completa y exhaustiva; el proyecto fue objeto de un análisis profundo y detallado por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y en ningún momento se dejó de lado o se ignoró el tema hidrológico, siendo que, por el contrario, esa Secretaría, consciente de la complejidad que presentaba el tema hidrológico, solicitó un estudio hidrogeológico exhaustivo, estimando que la solicitud de ese estudio representa un reconocimiento expreso por parte de la Secretaría, de la importancia y necesidad de realizar un análisis profundo de la situación del agua en el sitio del proyecto. Considera que por ello no es válida la apreciación de recurrente en el sentido de que se dio una aprobación inadecuada, insuficiente o apresurada de la viabilidad ambiental. Estima que la diligencia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se confirmó nuevamente al mencionarse que “posteriormente y para tener mayor certeza de la decisión del otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental, la SETENA solicita al desarrollador mediante Resolución N°1762-2008-SETENA del día 18 de junio de 2008, ampliar los términos del Estudio Hidrogeológico….”. Agrega que además la Secretaría Técnica Nacional Ambiental valoró todos los temas técnicos necesarios como la “localización del acuífero respecto a las características físicas, geomorfológicas y geológicas del área, datos hidrológicos y climatológicos en la microcuenca de instituciones como el Instituto Metereológico Nacional, ubicación y análisis de posos (sic) existentes, modelado del acuífero, valoración de riesgos de instrusión salina, utilización de agua subterránea mediante revisión de información de Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, calidad y captación de aguas subterráneas”, entre otros. Manifiesta que después de su exhaustivo análisis, la Secretaría Técnica estuvo facultada para concluir que de acuerdo con las producciones de aguas que resultaron del estudio, resulta factible programar un plan inicial de explotación de aguas subterráneas para el proyecto de 7.50 l/s, con lo que se asegura mantener una escorrentía o flujo subterráneo ecológico fluyendo hacia el océano; calidad aceptable de agua para usos normales incluyendo el consumo humano; que es posible iniciar una explotación de aguas subterráneas sin riesgo de contaminar el acuífero por efecto de intrusión salina y como parte de los compromisos ambientales asumidos por el desarrollador, se propuso un plan de monitoreo y control del acuífero y los pozos, siendo responsabilidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el que se cumpla.  Considera que esto muestra que la Secretaría Técnica realizó su labor de evaluación del impacto ambiental en total conformidad con la legislación vigente. Indica que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha confirmado que se incorporó, como componente fundamental, toda la información de los órganos y entes competentes en materia hídrica como lo es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Añade que este Servicio  en su informe confirmó que ha recibido y revisado toda la información aportada por el proyecto, siendo responsabilidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, revisar, valorar y estudiar cada uno de los informes y estudios que sean remitidos por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y que forman parte del complejo proceso de evaluación ambiental que realiza la Secretaría Técnica.  Estima que la información de aquél Servicio sirve como complemento a la evaluación de impacto ambiental que realiza la Secretaría Técnica; sin embargo, el Servicio no sustituye a la Secretaría Técnica en su evaluación de impacto ambiental. Indica que, en ese sentido, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental está plenamente capacitada y con competencia suficiente para definir si tiene los elementos valorativos y técnicos necesarios para emitir una recomendación, de manera que aún cuando el proyecto esté todavía realizando trámites ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el hecho de que estos no estén finalizados no son un impedimento para que la Secretaría Técnica llevara a cabo su evaluación. Señala que, desde esa perspectiva, no es válido constitucionalmente exigir que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, debía esperar a que se dieran todos los pronunciamientos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, para poder otorgar la viabilidad ambiental. Añade que la viabilidad ambiental está aprobada para la fase I del proyecto y dentro de los compromisos ambientales se incluyó el de “no iniciar la construcción de la fase I, sin contar con la concesión de agua por parte del Departamento de Aguas del MINAE”; así como también se adoptó el compromiso de que “la viabilidad ambiental de las fases subsiguientes a la etapa I del proyecto quedarán supeditadas al suministro real de agua de las alternativas de suministro planteadas en el anexo al EsIA”. Recuerda que  le compete al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, otorgar los permisos de perforación de pozos, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental conceder la vialidad ambiental del pozo y al Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, otorgar la concesión de aprovechamiento correspondiente; siendo que en el caso concreto, dichas concesiones fueron efectivamente otorgadas y con el permiso de perforación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, sin oposiciones de ese ente.  Aduce que para las fases subsiguientes, el proyecto está realizando los estudios solicitados y requeridos por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, para que se valide la continuación y expansión del proyecto, siendo claro y evidente que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, ha validado la concesión de agua para la primera fase del proyecto. Argumenta que para el momento en que fue otorgada la viabilidad ambiental, ya el desarrollador del proyecto había hecho constar en el expediente 1101 que el Departamento de Aguas había otorgado la concesión de los pozos MTP-114 y MTP-39, cumpliéndose de esa forma con lo acordado por el desarrollador en sus compromisos ambientales. Agrega que de cara a subsiguientes fases del proyecto, el desarrollador se encuentra implementando estudios técnicos y científicos de fondo que le permitan garantizar un suministro adecuado de agua para el proyecto sin comprometer la calidad y cantidad del recurso para terceras personas; estudios que abarcan no solo eventuales reportes técnicos que permitan demostrar ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la factibilidad de explotación de la zona del proyecto y a la vez, se complementa el análisis de distintos mecanismos de abastecimiento y disposición del recurso hídrico, actualmente permitidos por la legislación costarricense.  Aclara entonces que para subsiguientes fases, en caso de optarse por la solicitud de perforación  y explotación de pozos, necesariamente el desarrollador del proyecto es consciente de que se deberá contar con la previa aprobación técnica de parte del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y del Departamento de Aguas, siendo que en el caso de mecanismos alternativos de abastecimiento, éstos deberán contar con el visto bueno de parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en cuanto a su correspondiente viabilidad ambiental. Aclara que en ningún momento se ha visto comprometido el recurso hídrico. Indica que fue el propio equipo técnico del desarrollador el que voluntariamente presentó ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, una propuesta de investigación y valoración de las condiciones hidrogeológicas del sitio y en marzo del dos mil nueve, la nueva geóloga del proyecto presentó información técnica adicional a efectos de poder concretar los términos de la investigación, lo cual fue ratificado por aquél servicio en su escrito de contestación.  Aduce que el desarrollador del proyecto mantiene interés en garantizar condiciones de factibilidad para la disposición del recurso hídrico para las subsiguientes fases del proyecto  y el contacto directo con los propios técnicos de ese Servicio Nacional, siendo la Secretaría Técnica Nacional Ambiental la que, en definitiva, determinará si otorga al proyecto la viabilidad ambiental de las subsiguientes fases.  Aclara que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento no ha manifestado oposición o inconformidad formal sobre el proyecto; el proceso de evaluación no ha finalizado en cuanto a las subsiguientes fases y hasta el momento, ese Servicio ha requerido información adicional para complementar la propuesta de estudio presentada por el propio desarrollador, pero no se ha manifestado en contra del proyecto. Agrega que el proyecto está realizando las gestiones necesarias para concluir de forma satisfactoria, los trámites que actualmente se llevan a cabo en concordancia ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento para las fases subsiguientes de desarrollo.  Indica  que el proyecto ha tramitado y obtenido la concesión de agua ante el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y específicamente, mediante la resolución número 577-2008-SETENA de las doce horas del seis de marzo del dos mil ocho, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental a la solicitud de aprovechamiento de aguas subterráneas para un caudal de 1,25 l/s del pozo MTP-39 y de 3,5 l/s del pozo MTP 114. Añade que el Departamento de Aguas en resolución número R-0314-2008-AGUAS MINAET de las ocho horas treinta minutos del catorce de noviembre del dos mil ocho, concluyó que el expediente cumplía con lo establecido en las disposiciones legales vigentes por lo que se procedió a otorgar la concesión de aprovechamiento de aguas por un plazo de diez años, asignándole un caudal autorizado al pozo MTP 39 de 1 l/s y uno de 3,5 l/s al pozo MTP-114.  Destaca que el criterio favorable del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento es necesario para poder obtener la concesión de agua de un pozo; el cual siempre es consultado y su criterio es vinculante y como consecuencia de ello, la no oposición por parte de ese Servicio a la evaluación de Impacto Ambiental hecha por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, tanto a los pozos como al proyecto, valida la calificación técnico científica realizada por esa Secretaría, estimando que con ello se desvirtúan en su totalidad las aseveraciones del recurrente.  Reitera que esos pozos están relacionados con la fase I del proyecto y para las siguientes fases, el proyecto deberá continuar con los trámites señalados para poder iniciarlas, siempre y cuando la Secretaría Técnica conceda la vialidad ambiental en ese sentido. Concluye diciendo que: a) la Secretaría Técnica Nacional Ambiental hizo una evaluación técnica exhaustiva, con fundamento en documentos técnicos y científicos, del Estudio de Impacto Ambiental del Condominio Turístico Residencial Mar Serena; b) esa Secretaría consideró que el recurso hídrico era un tema de suma relevancia en la evaluación de impacto ambiental y por ello ordenó la realización de un estudio exhaustivo; c) esa Secretaría evaluó el recurso hídrico de forma exhaustiva, analizando la posición del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y demás entes  y órganos competentes así como el estudio presentado por el desarrollador del proyecto; d) los estudios adicionales que se están desarrollando, conjuntamente, entre el desarrollador y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, son a efectos de garantizar el suministro de agua para las fases subsiguientes del proyecto y no condicionan la disponibilidad del recurso hídrico para la primera etapa; e) no ha existido una aprobación temeraria, apresurada o injustificada del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto; f) que no hay violaciones al artículo 50 constitucional. Finaliza solicitando que se rechace este recurso y se declare sin lugar.

10.- Mediante resolución de Magistrada Instructora de las nueve horas trece minutos del doce de agosto del dos mil diez, se solicitó prueba para mejor resolver a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 391).

11.- En atención a la prueba para mejor resolver solicitada, se apersona Sonia Espinosa Valverde en su condición de Secretaria General a.í. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 394) e informa bajo juramento que se solicitó criterio técnico al evaluador del proyecto Mar Serena, el Ing. Eduardo Murillo Marchena, Jefe del Departamento de Evaluación, expediente administrativo 1101-2007-SETENA y en oficio DEA-2750-2010 del diecisiete de agosto del dos mil diez, emitió su pronunciamiento. Argumenta que según ese profesional, el proyecto fue tramitado en esa Secretaría con el instrumento de evaluación ambiental denominado Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), que es la herramienta de evaluación más exhaustiva que se encuentra dentro de los reglamentos que rigen el accionar de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la legislación ambiental del país.  Manifiesta que como parte del Estudio de Impacto Ambiental y en concordancia con el Decreto Ejecutivo número 32966-MINAE, dentro del apartado de Hidrogeología, se debe realizar un análisis de las aguas superficiales que incluye la caracterización biológica, fisicoquímica y biológica, las cuales podrían ser directamente afectadas por el proyecto, analizando los parámetros que potencialmente pueden llegar a ser alterados por la implementación de la actividad.  Indica que siempre en la evaluación hidrológica debe incorporarse el estudio de aguas subterráneas bajo dos términos de referencias específicos que son: el análisis de vulnerabilidad a la contaminación y la elaboración de un mapa que muestre la proyección de extensión del acuífero, áreas de recarga, unidades hidrogeológicas, manantiales, pozos perforados y excavados, fuentes de contaminación superficial entre otros, tomando en consideración el área de desarrollo del proyecto. Añade que en caso de que el proyecto no disponga de acueducto, dentro del Estudio de Impacto Ambiental debe incorporarse el Estudio Hidrogeológico que demuestre la potencialidad del sitio para el abastecimiento del proyecto. Indica que en el caso concreto, el Estudio de Impacto Ambiental presentado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, incorporó el análisis tanto de aguas subterráneas como superficiales, y en conclusión el grupo consultor ambiental recomienda, desarrollar el proyecto ya que no causará cambios significativos en el comportamiento de las cuencas. Agrega que además, la vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas en el área de proyecto, es de moderada a extrema, por lo cual la recomendación final del equipo consultor es que se desarrolle el proyecto optimizando el manejo de las aguas residuales y desechos sólidos. Añade que el grupo que realizó la evaluación ambiental indica dentro del Estudio de Impacto Ambiental que se incorporó información base del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a la vez se toman medidas de prevención y mitigación correspondientes dentro del componente del Estudio de Impacto Ambiental denominado Cuadro del Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental que es el instrumento de seguimiento ambiental por excelencia. Aduce que a pesar de que la información básica de los estudios sobre aguas superficiales y subterráneas fue aportada, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental mediante resolución número 1762-2008-SETENA del dieciocho de junio del dos mil ocho, solicitó un anexo donde se debía incorporar un análisis hidrogeológico más exhaustivo, con el fin de demostrar la capacidad del acuífero para suplir la demanda requerida por el proyecto. Indica que el estudio fue aportado y se fundamentó en datos de campo como perforaciones de pozos, ensayos geofísicos y pruebas de bombeo, determinándose que era posible programar un plan inicial de explotación de aguas subterráneas con un caudal de 7.5 litros por segundo, lo que abastecería la Fase I del proyecto. Señala que se incorporó dentro del Estudio de Impacto Ambiental, la propuesta de gestión del recurso hídrico que se compone de los siguientes elementos: a) un plan de monitoreo de la calidad del agua subterránea y niveles del agua subterránea, el cual servirá para controlar el comportamiento del recurso agua en la zona de influencia del proyecto; y b) una guía de buenas prácticas para el ahorro de agua, la cual describe procedimientos para el manejo adecuado en el uso del recurso hídrico. Añade que mediante resolución número 2217-2008-SETENA del treinta y uno de julio del dos mil ocho, se estipula que el anexo solicitado para el Estudio de Impacto Ambiental, cumplió con lo pedido, por lo cual se continuó con el proceso de evaluación de impacto ambiental, solicitando entre otros aspectos una declaración jurada en escritura pública, donde el desarrollador del proyecto se comprometiera a desarrollar exclusivamente la Fase I del proyecto, para la cual se demostró mediante el Estudio Hidrogeológico que se contaba con agua para su desarrollo. Indica que, sin embargo, como salvaguarda ambiental, se solicitó al desarrollador no iniciar la construcción de la Fase I sin contar con la concesión de agua por parte del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Señala que como consta en el expediente administrativo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, los pozos MTP-39 y MTP-114, cuentan con la debida concesión de agua a favor de Corporación Trueno del Mar Limitada, emitida por el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, mediante resolución número R-0314-2008 del catorce de noviembre del dos mil ocho. Indica que en lo que se refiere al informe rendido a la Sala para este amparo por el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental: a) sí solicitó y analizó de forma exhaustiva el Estudio Hidrogeológico, el cual fue base para que se propusieran las medidas de prevención y mitigación para la protección del recurso  hídrico subterráneo; b) el Estudio Hidrogeológico presentado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, identifica dos acuíferos, uno albergado en basaltos y radiolitas de vulnerabilidad moderada y otro albergado en depósitos coluvioaluviales de vulnerabilidad de alta a extrema, lo cual permitió determinar las condiciones ambientales bajo las cuales debe ser desarrollado el proyecto, para minimizar el impacto al recurso hídrico subterráneo; c) dentro de las potestades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que por Ley le fueron concedidas, su representada aprobó un plan de monitoreo de la calidad y niveles de agua subterránea como uno de los compromisos ambientales que debe cumplir el desarrollador, esto con el fin de adaptar en el tiempo el desarrollo del proyecto a las condiciones ambientales, de tal forma que se cuente con alertas tempranas para salvaguardar el recurso hídrico; d) el criterio técnico esgrimido mediante ASUB-381-08, representa una comunicación entre el Tribunal Ambiental Administrativo y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, posterior al otorgamiento de la vialidad (licencia) ambiental, por lo cual no fue incorporado en el análisis ambiental que realizó la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; sin embargo, las condiciones ambientales subterráneas mencionadas en ese documento, fueron tomadas en cuenta en la evaluación del impacto ambiental; e) en cuanto al suministro de agua para el desarrollo de la etapa urbanística de la Fase I del proyecto, consta en el expediente administrativo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la copia de la resolución número 0314-2008 correspondiente a concesión debidamente otorgada por el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía  y Telecomunicaciones (hoy día Dirección de Aguas); f) se debe aclarar que la Evaluación de Impacto Ambiental realizada, determinó que se debía contar con un caudal de 0,85 litros por segundo para la construcción de la Fase I, por lo cual, con la concesión otorgada para los pozos MTP-39 y MTP-114, se abastecerá de forma holgada la fase urbanística; g) debido a que el proyecto para iniciar la operación de la Fase I requiere contar con un caudal de 7,2 litros por segundo según la evaluación de impacto ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y que los pozos concesionados (pozos MTP-39 y MTP-114), aportan un caudal de 4.5 litros por segundo. No es de extrañar que el desarrollador del proyecto tramite ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la perforación de otros pozos que satisfagan el caudal total, ya que dentro del Estudio de Impacto Ambiental, se evaluó el abastecimiento mediante cuatro pozos; h) debe recordarse que la vialidad (licencia) ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no exime al desarrollador de solicitar los permisos respectivos en las instancias correspondientes. Agrega que con vista en estos criterios, su representada a la hora de otorgar la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena, contó con los  estudios necesarios que permitieron indicar en la evaluación ambiental, las medidas de prevención y mitigación pertinentes para asegurar el resguardo del recurso hídrico, así como también tener un sistema de monitoreo permanente y efectivo que garantice el balance hídrico del acuífero subterráneo, lo anterior según lo señalado en la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 17 y 8.3. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso.

12.- Mediante resolución de Magistrado Instructor de las trece horas cuarenta y nueve minutos del veinte de diciembre de dos mil diez, se solicitó prueba para mejor resolver al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (folio 600).

13.- En atención a la prueba para mejor resolver solicitada, se apersona Bernal Soto Zúñiga en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, riego y avenamiento (SENARA) e informa que el SENARA presentó objeción mediante oficio AP-358-08 para la perforación del pozo que se encuentra restringido desde el año 2003, y que la aprobación de la solicitud de perforación requiere presentar un estudio donde demuestre que el acuífero presenta condiciones para su explotación y se valore la información hidrogeológica existente. Señala que el 05 de octubre de 2010 le indicó a la geóloga Sandra Arredondo mediante oficio DIGH-672-2010 las observaciones pendientes al estudio, sin embargo el interesado, no ha presentado documento alguno evacuando las observaciones hechas. Manifiesta que al SENARA le corresponde evaluar la disponibilidad de agua en el acuífero y el impacto del proyecto al acuífero, sin embargo, a la fecha los interesados únicamente han presentado estudios relacionados con la valoración de la disponibilidad de agua en el acuífero. Agrega que el 7 de setiembre de 2010 recibieron informe atendiendo lo solicitado en oficio DIGH-213-09 y el 5 de octubre de 2010 le indican mediante oficio DIGH-672-2010 observaciones pendientes al estudio, las cuales aún no han sido entregadas.  Informa que lo presentado por CONASUB el 7 de enero de 2008 fue una propuesta metodológica para realizar una investigación. La metodología fue aprobada por SENARA, por lo que están llevando a cabo la investigación; misma que no ha sido concluida, y por lo tanto el estudio final no ha sido avalado, ratificado o validado por el SENARA.   Indica que solo se ha aprobado el pozo MTP-130 a nombre de Banco Improsa mediante oficio AP-0530-07, cuyos criterios técnicos menciona en el informe. Manifiesta que el oficio ASUB-381-08 se encuentra vigente en todos sus aspectos. Solicita que se declare sin lugar el recurso en cuanto a su representada.

14.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

            Redacta el Magistrado Ulate Chacón; y,

Considerando:

   I.-  Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramita el expediente administrativo número 1101-2007-SETENA sobre el proyecto llamado “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” localizado en las inmediaciones de playa Jesús y playa Zapotillal en Cabo Velas de Santa Cruz de Guanacaste (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 9); b) que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en resolución No.1762-2008-SETENA de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del 18 de junio del 2008, le solicitó al desarrollador el proyecto que a efecto de continuar con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, debía presentar un anexo único en el que, entre otras cosas, ampliara los términos del Estudio Hidrogeológico (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 10 y documento de folio 38); c) que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en resolución No.1133-2009-SETENA de las ocho horas del 19 de mayo del 2009, otorgó viabilidad ambiental (licencia) al proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” que se tramita en expediente administrativo No.1101-2007-SETENA, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental para la primera fase del proyecto en el entendido de cumplir con la cláusula de compromiso ambiental fundamental, con vigencia por un período de 2 años  (folio 17); d) que en criterio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el proyecto llamado “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” localizado en las inmediaciones de playa Jesús y playa Zapotillal en Cabo Velas de Santa Cruz de Guanacaste, cumplió con los requerimientos técnicos-científicos necesarios para que se aprobara el Estudio de Impacto Ambiental y su anexo y se otorgara la viabilidad ambiental, contándose para ello con los estudios necesarios que permitieron indicar en la evaluación ambiental las medidas de prevención y mitigación pertinentes para asegurar el resguardo del recurso hídrico, así como tener un monitoreo permanente y efectivo que garantice el balance hídrico del acuífero subterráneo (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folios 12 y 397); e) que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento no ha recibido ninguna solicitud de evaluación del proyecto en función de la protección del recurso hídrico subterráneo (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 195 y 603); f) que los acuíferos costeros de Santa Cruz de Guanacaste han sido catalogados como de alta vulnerabilidad a la contaminación y sobreexplotación y el proyecto Mar Serena se ubica en una zona de restricción de perforación de pozos (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 196); g) que el Estudio Hidrogeológico para la Captación de Agua Subterránea para el Proyecto Mar Serena realizado por la empresa Conasub Sociedad Anónima fue recibido en el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, fue revisado pero no ha sido avalado, ratificado o validado por ese Servicio (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folios 196, 197 y 603); h) que en resolución número 577-2008-SETENA de las doce horas del seis de marzo del dos mil ocho, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó viabilidad ambiental al proyecto de solicitud de aprovechamiento de agua de dos pozos MTP-39 y MTP-114 presentado por la empresa Corporación Trueno del Mar Limitada contando esta sociedad con la debida concesión de agua emitida por el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones mediante resolución número R-0314-2008 del catorce de noviembre del dos mil ocho, para ser usado ese recurso hídrico en el proyecto Mar Serena (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 396 y documentos de folios 328 y 436); i) que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitó y analizó de forma exhaustiva el Estudio Hidrogeológico al Proyecto Mar Serena y fue la base para que se propusieran las medidas de prevención y mitigación para la protección del recurso hídrico subterráneo (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 396); j) que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental aprobó un plan de monitoreo de la calidad y niveles del agua subterránea como uno de los compromisos ambientales que debe cumplir el desarrollador, con el fin de adaptar en el tiempo el desarrollo del proyecto a las condiciones ambientales y se cuente con alertas tempranas para salvaguardar el recurso hídrico (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 397); k) que el criterio técnico contenido en el oficio ASUB-381-08 según el cual los acuíferos costeros de Santa Cruz han sido catalogados preliminarmente como de alta vulnerabilidad tanto a la contaminación como a la sobreexplotación, está referido a condiciones ambientales subterráneas que fueron tomadas en cuenta en la evaluación del impacto ambiental (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 397); l) que la Evaluación de Impacto Ambiental realizada, determinó que se debía contar con un caudal de 0,85 litros por segundo para la construcción de la Fase I, por lo cual con la concesión otorgada para los pozos MTP-39 y MTP-114, abastecerá de forma holgada la fase urbanística (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 397); ll) que para iniciar la operación del  proyecto Mar Serena, Fase I, requiere contar con un caudal de 7,2 litros por segundo según la evaluación de impacto ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y los pozos concesionados (pozos MTP-39 y MTP-114), aportan un caudal de 4.5 litros por segundo, el desarrollador del proyecto deberá tramitar ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la perforación de otros pozos que satisfagan el caudal total, ya que dentro del Estudio de Impacto Ambiental, se evaluó el abastecimiento mediante cuatro pozos, de manera tal que la vialidad (licencia) ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no exime al desarrollador de solicitar los permisos respectivos en las instancias correspondientes (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 397); m) que dentro del Estudio de Impacto Ambiental se incorporó la propuesta de gestión del recurso hídrico que se compone de: a) un plan de monitoreo de la calidad del agua subterránea y niveles del agua subterránea, el cual servirá para controlar el comportamiento del recurso agua en la zona de influencia del proyecto; y b) una guía de buenas prácticas para el ahorro de agua, la cual describe procedimientos para el manejo adecuado en el uso del recurso hídrico (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 396); n) lo relativo al pozo que no fue aprobado, indica el SENARA que presentó objeción mediante el oficio AP-358-08 para su perforación, en razón que los materiales a captar corresponden al acuífero aluvional costero que se encuentra restringido para la perforación de pozos desde el año 2003, además para ello requiere presentar estudio donde demuestre que el acuífero presenta condiciones para su explotación y se valore la información hidrogeológica existente (folio 601); ñ) El SENARA indica que mediante oficio DIGH-672-2010 de fecha 5 de octubre de 2010, que aún hay observaciones pendientes de responder al estudio y a la fecha el interesado aún no ha presentado documento alguno haciendo referencia a las mismas (folio 602); o) lo presentado por CONASUB el 7 de enero del 2008 fue una propuesta metodológica para realizar una investigación, cuya metodología fue aprobada por SENARA, por lo que se está llevando a cabo la investigación, misma que no ha sido concluida a la fecha, por lo tanto ele Studio final no ha sido avalado, ratificado o validado por el SENARA (folio 603); p) el oficio ASUB-381-08 está vigente en todos sus aspectos, excepto que la zona en la cual se ubica el proyecto Mar Serena no se encuentra restringida a la perforación de pozos, sin embargo SENARA indica que aunque la zona se liberó de la restricción de perforación de pozos recomienda continuar condicionando la aprobación de construcción de pozos a una evaluación individual de este riesgo para aquellos sitios de pozos propuestos que se encuentren a menos de 1km del mar o de algún manglar (folio 605); q)  solo se ha aprobado el pozo MTP-130 a nombre de Banco Improsa mediante oficio AP-0530-07.

II.- JURISPRUDENCIA REFERENTE A LA APLICACIÓN DEL  PRINCIPIO PRECAUTORIO EN MATERIA AMBIENTAL: Esta Sala ha dicho en voto 2010020988 de las dieciséis horas con cincuenta y un minutos del quince de diciembre de dos mil diez:

“El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado otorga una protección especial a la biodiversidad y las aguas subterráneas, razón por la cual y en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, las actividades económicas con impacto ambiental deben ser autorizadas cuando exista certeza científica de que ese impacto no implique un riesgo o amenaza de daño permanente e irreversible al ambiente. Es por esta razón que la administración debe realizar siempre la evaluación ambiental necesaria mediante los instrumentos que estime necesarios, evaluación que debe ser compartida públicamente con la población afectada, para que luego de un análisis riguroso y detallado la administración emita de manera fundamentada la viabilidad ambiental correspondiente. La desatención e inobservancia de estos aspectos definidos normativa y jurisprudencialmente, deviene en la vulneración del referido derecho a un ambiente sano, por lo que las actuaciones administrativas así dispuestas resultan igualmente violatorias de este derecho fundamental. (ver, entre otras, sentencias de esta Sala números 5893-95, 5445-99, 2003-6322, 2004-13414, 2004-01923, 2006-7994 y 2010-6922).”

“III.- SOBRE EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. Como ya lo ha dicho  la Sala en sentencia 2004-01923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Es evidente que por disposición expresa de Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, artículo 3 incisos ch y h), el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia-. De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras. 

IV.- EL OTORGAMIENTO DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. La SETENA, como órgano técnico competente para determinar la viabilidad ambiental, tramitó y solicitó la evaluación ambiental de acuerdo a los requisitos técnico-legales que estimó debía aplicar, lo cual se evidencia y desprende de todas las actuaciones expuestas. En este sentido, debe señalarse que en forma unánime, la Sala ha sido enfática en establecer en reiterados pronunciamientos, que no es una instancia técnica a la que competa determinar si el estudio de impacto ambiental se ajusta o no a los requerimientos profesionales (sentencias No. 2004-9927 y No. 2005-5790). En consecuencia, debe señalarse que lo relevante a efectos de esta jurisdicción, es que se hayan realizado los estudios establecidos por nuestra legislación y que una vez revisados por los profesionales técnicos oficiales correspondientes se determine la viabilidad o no del proyecto, contemplando a priori los impactos que puedan producirse en el ambiente, su valoración, mitigación y compensación.”

III.-  Sobre el caso concreto. Según se desprende de los autos, en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramita el expediente administrativo número 1101-2007-SETENA, sobre el proyecto llamado “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, localizado en las inmediaciones de playa Jesús y playa Zapotillal, en Cabo Velas de Santa Cruz de Guanacaste. También se observa que dentro de ese expediente administrativo, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en resolución No.1762-2008-SETENA de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del dieciocho de junio del dos mil ocho, le solicitó al desarrollador del proyecto que, a efecto de continuar con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, debía presentar un anexo único en el que, entre otras cosas, ampliara los términos del Estudio Hidrogeológico. Bajo juramento se informa que en relación con ese estudio, se tomaron en cuenta aspectos como localización del acuífero respecto de las características físicas, geomorfológicas y geológicas del área, datos hidrológicos y climatológicos en la microcuenca, ubicación y análisis de pozos existentes, modelado del acuífero, valoración de riesgos de intrusión salina, utilización de agua subterránea, calidad y captación de aguas subterráneas, entre otros aspectos, informándose bajo juramento que no es de recibo el alegato del recurrente de que no se realizó el estudio hidrológico. Bajo juramento también se ha señalado que, en todo caso, la viabilidad ambiental no exime a los proyectos de la presentación de permisos ante otras instituciones, por lo que se previno al desarrollador que, antes de iniciar las obras constructivas, el proyecto debía contar con la concesión de aguas otorgada por el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, lo cual no era impedimento para otorgar la viabilidad ambiental, siendo que, en todo caso, el Departamento de Aguas otorgó concesión de aprovechamiento de aguas por un plazo de diez años a la Corporación Trueno del Mar Limitada, para ser utilizada en el proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”. En cuanto al tema del recurso hídrico en concreto, bajo juramento se ha indicado a esta Sala que, en atención al Estudio de Impacto Ambiental presentado para el Proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”,  la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitó y analizó de forma exhaustiva, el Estudio Hidrogeológico, siendo ese estudio la base para que se propusieran las medidas de prevención y mitigación para la protección del recurso hídrico subterráneo. De igual manera, bajo juramento ha afirmado la representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que se aprobó un plan de monitoreo de la calidad y niveles del agua subterránea como uno de los compromisos ambientales que debe cumplir el desarrollador, con el fin de adaptar en el tiempo el desarrollo del proyecto a las condiciones ambientales y que se cuente con alertas tempranas para salvaguardar el recurso hídrico. Por otra parte, respecto del criterio técnico contenido en el oficio ASUB-381-08 remitido al Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, según el cual los acuíferos costeros de Santa Cruz han sido catalogados preliminarmente como de alta vulnerabilidad tanto a la contaminación como a la sobreexplotación, bajo juramento se ha afirmado por la representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que ello está referido a condiciones ambientales subterráneas que sí fueron tomadas en cuenta en la evaluación del impacto ambiental. Aunado a lo anterior, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento indica que el oficio ASUB-381-08 se encuentra vigente en todos sus aspectos. Informó bajo juramento el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento que por medio de oficio DIGH-672-2010 del cinco de octubre de dos mil diez, le indicó a la Geóloga Sandra Arredondo que habían observaciones pendientes al estudio, las cuales a la fecha aún no se han evacuado,  y lo presentado por CONASUB el siete de enero de dos mil ocho fue una propuesta metodológica que fue aprobada, pero están llevando a cabo la investigación, misma que no ha concluido, por lo tanto el estudio final no ha sido avalado, ratificado o validado por el SENARA.  Por otra parte, también bajo juramento se ha afirmado que la Evaluación de Impacto Ambiental realizada, determinó que se debía contar con un caudal de 0,85 litros por segundo para la construcción de la Fase I, por lo cual con la concesión otorgada para los pozos MTP-39 y MTP-114 a la Corporación Trueno del Mar Limitada para ser usada en el Proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”., abastecerá de forma holgada la fase urbanística, indicándose bajo juramento además que para iniciar la operación del  proyecto Mar Serena, Fase I, se requiere contar con un caudal de 7,2 litros por segundo según la evaluación de impacto ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y los pozos concesionados (pozos MTP-39 y MTP-114), aportan un caudal de 4.5 litros por segundo, siendo que para cumplir con ello, el desarrollador del proyecto deberá tramitar ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la perforación de otros pozos que satisfagan el caudal total, ya que dentro del Estudio de Impacto Ambiental, se evaluó el abastecimiento mediante cuatro pozos, de manera tal que la vialidad (licencia) ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no exime al desarrollador de solicitar los permisos respectivos en las instancias correspondientes. Del mismo modo, bajo juramento informa la representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que además se incorporó la propuesta de gestión del recurso hídrico que se compone de un plan de monitoreo de la calidad del agua subterránea y niveles del agua subterránea, el cual servirá para controlar el comportamiento del recurso agua en la zona de influencia del proyecto y una guía de buenas prácticas para el ahorro de agua, la cual describe procedimientos para el manejo adecuado en el uso del recurso hídrico.

IV.- Así las cosas, observa la Sala que, según criterios técnicos, las autoridades accionadas otorgaron la viabilidad ambiental al proyecto de “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, sin contarse con todos los estudios necesarios que permitieran indicar en la evaluación ambiental, las medidas de prevención y mitigación pertinentes para asegurar el resguardo del recurso hídrico, pues aún falta la aprobación de los documentos presentado por CONASUB y que se entreguen las observaciones hechas en el oficio DIGH-672-2010 del cinco de octubre de dos mil diez, por parte del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Consta en autos que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en resolución No.1133-2009-SETENA de las ocho horas del diecinueve de mayo del dos mil nueve, otorgó viabilidad ambiental (licencia) al proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental para la primera fase del proyecto, en el entendido de que el desarrollador debe cumplir con la cláusula de compromiso ambiental fundamental, con vigencia por un período de 2 años. En criterio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el proyecto llamado “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” cumplió con los requerimientos técnicos-científicos necesarios para que se aprobara el Estudio de Impacto Ambiental y su anexo. Le otorgó la viabilidad ambiental, partiéndose del supuesto de que el desarrollador del proyecto queda sujeto al consiguiente cumplimiento de requisitos, así como a la petición de los permisos que fueran necesarios, ante otras instituciones.  Sin embargo, pese a lo anterior, ha quedado demostrado que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como órgano especializado, no ha ratificado o avalado el informe, que está sujeto a las recomendaciones del criterio técnico contenido en el oficio ASUB-381-08, del 8 de septiembre del 2008, el cual está vigente en todos sus aspectos, según lo indica la misma institución: 

"El oficio ASUB-381-08 está vigente en todos sus aspectos, excepto que la zona en la cual se ubica el proyecto Mar Serena no se encuentra restringida a la perforación de pozos, como resultado del estudio del SENARA...

Uno de los productos del estudio del SENARA, es el mapa de zonificación acuífera cuenca costera norte (...), que indica las características de vulnerabilidad y potencial de recarga en dicha cuenca.  De acuerdo con esta zonificación, el proyecto se encuentra en las categorías:

"- Alta vulnerabilidad y baja permeabilidad superficial. El efecto de impermeabilización del terreno no es tan importante como el vertido de fluidos potencialmente contaminantes de todo tipo.

- Baja vulnerabilidad y alta permeabilidad. Áreas de recarga donde el impacto de la impermeabilización del terreno es el factor más importante. Debe evitarse el vertido de fluidos potencialmente contaminantes persistentes.

- Sectores de baja vulnerabilidad y baja capacidad de infiltración. En principio, el desarrollo no tendría gran impacto en la cantidad ni en la calidad del agua subterranea".

El estudio elaborado por SENARA tiene un carácter regional; por lo que es técnicamente recomendable que los proyectos de desarrollo que se realicen en zonas costeras con limitada disponibilidad de agua como El Proyecto Mar Serena, elaboren estudios detallados como los indicados en el ASUB-381-08: estudio hidrogeológico detallado y estudio de demanda de agua para el proyecto e identificar la fuente de abastecimiento." (VER INFORME, a folios 605-606).

La anterior afirmación del informe, es ratificado técnicamente en la hoja de zonificación anexa al mismo (folio 607), en donde se indica con claridad que una gran parte en donde se desarrolla el proyecto, presenta Alta Vulnerabilidad y baja permeabilidad superficial.  Por ello, en el oficio indicado del 5 de octubre del 2010 (DIGH-672-2010), SENARA previno a la Geóloga del proyecto, completar los requisitos ahí indicados, tomando en cuenta "Las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en la cuenca de la quebrada Ceibo" (folio 609).

V.- Partiendo de lo dicho entonces, contrario al criterio del recurrido, se desprende de autos que aún hay trámites pendientes ante el SENARA para avalar, ratificar o validar el estudio final, y no puede esta Sala hacer otra cosa sino declarar parcialmente con lugar el recurso.  Bajo esta perspectiva, sin duda existen normas o principios constitucionales, vinculados a la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y al principio precautorio (artículo 50 de la Carta Magna), que pueden ser vulnerados o afectados seriamente si el Proyecto “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” impacta la dinámica del acuífero y el equilibrio ambiental. Por ello  lo procedente es declarar parcialmente con lugar el amparo, como en efecto se ordena.-

 

Por tanto:

    Se declara  parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a  Sonia Espinoza Valverde, Secretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental o a quien en su lugar ejerza ese cargo, suspender los permisos de viabilidad ambiental y el proceso de la ejecución del proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena. Asimismo, y que de INMEDIATO coordinen lo correspondiente para solicitarle a Neftalí Garro Zúñiga, cédula de identidad 1-0928-0328 en su condición de representante de la empresa Playa Pelícano Holdings SRL, propietaria del Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena, situado en Distrito de Cabo Velas, Cantón Santa Cruz, de la Provincia de Guanacaste, realizar en el plazo de tres meses lo indicado en el informe DIGH 672-2010 del 5 de octubre del 2010 del SENARA para cumplir con las observaciones hechas por dicha entidad, en el Oficio ASUB-381-08, del 8 de septiembre del 2008.  Asimismo se ordena al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental fiscalizar y monitorear periódicamente  todo el proceso de realización y ejecución del proyecto mencionado.  Una vez presentada la información requerida, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento procederá a su valoración y ha resolver lo correspondiente en cuanto a la ratificación o no del estudio final hidrogeológico que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental. Se advierte que según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese a los funcionarios indicados, en forma personal.

 

 

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

 

 

   Ernesto Jinesta L.                                                              Fernando Cruz C.

 

 

 

   Fernando Castillo V.                                                         Rosa M. Abdelnour G.

 

 

 

   Jorge Araya G.                                                                    Enrique Ulate Ch.

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 06:36:08.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

II.- JURISPRUDENCE REGARDING THE APPLICATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL MATTERS: This Chamber has stated in vote 2010020988 of sixteen hours and fifty-one minutes of December fifteenth, two thousand ten:

“The right to a healthy and ecologically balanced environment grants special protection to biodiversity and groundwater, which is why, in application of the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, economic activities with environmental impact should be authorized when there is scientific certainty that this impact does not imply a risk or threat of permanent and irreversible damage to the environment. It is for this reason that the administration must always carry out the necessary environmental assessment using the instruments it deems necessary, an assessment that must be publicly shared with the affected population, so that after a rigorous and detailed analysis, the administration issues the corresponding environmental viability (viabilidad ambiental) in a substantiated manner. The neglect and disregard of these normatively and jurisprudentially defined aspects results in the violation of the aforementioned right to a healthy environment, and therefore, administrative actions arranged in this way are equally violative of this fundamental right. (see, among others, rulings of this Chamber numbers 5893-95, 5445-99, 2003-6322, 2004-13414, 2004-01923, 2006-7994 and 2010-6922).”

“III.- REGARDING THE SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. As the Chamber has already stated in ruling 2004-01923 of fourteen hours fifty-five minutes of February twenty-fifth, two thousand four, the powers of SENARA transcend matters concerning irrigation districts, such that they have a national vocation derived from its very institutional background. It is evident that by express provision of the Law Creating SENARA, Law number 6877, Article 3 subsections ch) and h), SENARA has the authority to protect the country's water resources, which is why its decisions regarding exploitation, maintenance, and protection shall be definitive and mandatory. This normative provision must be interpreted and applied in accordance with the provisions of Article twenty-one of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils –from which it is defined that the Ministry of Agriculture and Livestock (or Department of Agriculture in the language used by the Water Law) maintains a secondary or residual competence in this matter-. Thus, the integration of the recently cited norms informs that for the use of public domain waters, every public entity –without distinction- has the obligation to obtain the corresponding permit from SENARA, to the point that the decisions that SENARA adopts in a substantiated manner regarding this shall be definitive and mandatory. This definition is far from being a rhetorical statement by the Chamber; on the contrary, it derives from the responsible integration of the broad normative framework regulating the matter, which, as stated, requires progressive advancement and recognition inherent to the field of human rights, since the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber warns that this precision places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of national water resources, which is important considering the eminently technical nature of this administrative dependency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved –ICAA, SETENA, MAG, Municipalities, among others.

IV.- THE GRANTING OF ENVIRONMENTAL VIABILITY AND THE COMPETENCE OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. SETENA, as the competent technical body to determine environmental viability, processed and requested the environmental assessment according to the technical-legal requirements it deemed applicable, which is evidenced and inferred from all the presented actions. In this sense, it should be noted that unanimously, the Chamber has been emphatic in establishing in repeated pronouncements that it is not a technical instance competent to determine whether the environmental impact assessment (EIA) conforms or not to professional requirements (rulings No. 2004-9927 and No. 2005-5790). Consequently, it must be stated that what is relevant for the purposes of this jurisdiction is that the studies established by our legislation have been carried out and that, once reviewed by the corresponding official technical professionals, the viability or non-viability of the project is determined, contemplating a priori the impacts that may occur on the environment, their assessment, mitigation, and compensation.”

III.- Regarding the specific case. As can be inferred from the case file, administrative file number 1101-2007-SETENA is being processed at the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, regarding the project called “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, located in the vicinity of playa Jesús and playa Zapotillal, in Cabo Velas de Santa Cruz de Guanacaste. It is also observed that within that administrative file, the Plenary Commission of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in resolution No. 1762-2008-SETENA of eight hours fifty-five minutes of June eighteenth, two thousand eight, requested the project developer that, in order to continue with the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) procedure, a single annex (anexo) must be submitted in which, among other things, the terms of the Hydrogeological Study (Estudio Hidrogeológico) were expanded. Under oath, it is reported that in relation to that study, aspects such as the location of the aquifer (acuífero) with respect to the physical, geomorphological, and geological characteristics of the area, hydrological and climatological data in the micro-watershed (microcuenca), location and analysis of existing wells, modeling of the aquifer, assessment of risks of saline intrusion (intrusión salina), use of groundwater (agua subterránea), quality and collection of groundwater, among other aspects, were taken into account, informing under oath that the plaintiff's claim that the hydrological study was not carried out is not admissible. Under oath, it has also been stated that, in any case, environmental viability does not exempt projects from submitting permits to other institutions, so the developer was warned that, before starting construction works, the project had to have the water concession (concesión de aguas) granted by the Water Department (Departamento de Aguas) of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), which was not an impediment to granting environmental viability, given that, in any case, the Water Department granted a water use concession for a term of ten years to Corporación Trueno del Mar Limitada, to be used in the project “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”. Regarding the specific issue of water resources (recurso hídrico), under oath, it has been indicated to this Chamber that, in response to the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) submitted for the “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” Project, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental requested and exhaustively analyzed the Hydrogeological Study, that study being the basis for proposing the prevention and mitigation measures for the protection of the underground water resource. Likewise, under oath, the representative of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental has affirmed that a monitoring plan (plan de monitoreo) for the quality and levels of groundwater was approved as one of the environmental commitments (compromisos ambientales) that the developer must fulfill, in order to adapt the project's development over time to environmental conditions and to have early warnings to safeguard the water resource. On the other hand, regarding the technical criterion contained in official communication ASUB-381-08 sent to the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, according to which the coastal aquifers of Santa Cruz have been preliminarily cataloged as highly vulnerable to both contamination and overexploitation, under oath, it has been affirmed by the representative of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental that this refers to underground environmental conditions that were indeed taken into account in the environmental impact assessment. In addition to the above, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento indicates that official communication ASUB-381-08 is valid in all its aspects. The General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento reported under oath that through official communication DIGH-672-2010 of October fifth, two thousand ten, he indicated to Geologist Sandra Arredondo that there were pending observations on the study, which to date have not yet been addressed, and that what was presented by CONASUB on January seventh, two thousand eight, was a methodological proposal that was approved, but they are conducting the investigation, which has not yet concluded; therefore, the final study has not been endorsed, ratified, or validated by SENARA. On the other hand, also under oath, it has been affirmed that the Environmental Impact Assessment carried out determined that a flow rate (caudal) of 0.85 liters per second was required for the construction of Phase I, so the concession granted for wells MTP-39 and MTP-114 to Corporación Trueno del Mar Limitada for use in the “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” Project will amply supply the urban development phase, also indicating under oath that to start the operation of the Mar Serena project, Phase I, a flow rate of 7.2 liters per second is required according to the environmental impact assessment approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the concessioned wells (wells MTP-39 and MTP-114) provide a flow rate of 4.5 liters per second, such that to comply with this, the project developer must process with the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento the drilling of other wells to satisfy the total flow rate, since within the Environmental Impact Assessment, supply was evaluated through four wells, so that the environmental viability (license) issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental does not exempt the developer from requesting the respective permits from the corresponding authorities. Similarly, under oath, the representative of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental reports that the water resource management proposal was also incorporated, which consists of a monitoring plan for groundwater quality and groundwater levels, which will serve to control the behavior of the water resource in the project's area of influence, and a guide to good practices for water saving, which describes procedures for adequate management in the use of the water resource.

IV.- Thus, the Chamber observes that, according to technical criteria, the respondent authorities granted environmental viability to the “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” project without having all the necessary studies that would allow the environmental assessment to indicate the pertinent prevention and mitigation measures to ensure the protection of the water resource, since the approval of the documents submitted by CONASUB and the delivery of the observations made in official communication DIGH-672-2010 of October fifth, two thousand ten, by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, are still pending. It is on record in the case file that the Plenary Commission of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in resolution No. 1133-2009-SETENA of eight hours of May nineteenth, two thousand nine, granted environmental viability (license) to the project “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, leaving the Environmental Management stage open for the first phase of the project, on the understanding that the developer must comply with the fundamental environmental commitment clause (cláusula de compromiso ambiental fundamental), valid for a period of 2 years. In the opinion of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the project called “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” met the technical-scientific requirements necessary for the Environmental Impact Assessment and its annex to be approved. It was granted environmental viability, based on the assumption that the project developer is subject to the consequent fulfillment of requirements, as well as to the request for permits that may be necessary, before other institutions. However, despite the foregoing, it has been demonstrated that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, as the specialized body, has not ratified or endorsed the report, which is subject to the recommendations of the technical criterion contained in official communication ASUB-381-08, of September 8, 2008, which is valid in all its aspects, as indicated by the same institution:

"Official communication ASUB-381-08 is valid in all its aspects, except that the zone in which the Mar Serena project is located is not restricted to the drilling of wells, as a result of the SENARA study...

One of the products of the SENARA study is the aquifer zoning map for the northern coastal basin (...), which indicates the vulnerability and recharge potential characteristics in said basin. According to this zoning, the project is located in the categories:

"- High vulnerability and low surface permeability. The effect of soil impermeabilization is not as important as the discharge of potentially contaminating fluids of all types.

- Low vulnerability and high permeability. Recharge areas where the impact of soil impermeabilization is the most important factor. The discharge of persistent potentially contaminating fluids must be avoided.

- Sectors of low vulnerability and low infiltration capacity. In principle, development would not have a great impact on the quantity or quality of the groundwater."

The study prepared by SENARA has a regional nature; therefore, it is technically advisable that development projects carried out in coastal zones with limited water availability, such as the Mar Serena Project, prepare detailed studies as indicated in ASUB-381-08: a detailed hydrogeological study and a water demand study for the project and identify the source of supply." (SEE REPORT, at folios 605-606).

The preceding statement in the report is technically ratified in the zoning sheet annexed to it (folio 607), where it is clearly indicated that a large part of where the project is developed presents High Vulnerability and low surface permeability. Therefore, in the indicated official communication of October 5, 2010 (DIGH-672-2010), SENARA warned the project's Geologist to complete the requirements indicated therein, taking into account "The conditions of vulnerability and risk of contamination of groundwater in the quebrada Ceibo basin" (folio 609).

V.- Thus, based on what has been said, contrary to the opinion of the respondent, it is inferred from the case file that there are still pending procedures before SENARA to endorse, ratify, or validate the final study, and this Chamber can do nothing other than partially grant the appeal (recurso). Under this perspective, there are undoubtedly constitutional norms or principles, linked to the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the precautionary principle (Article 50 of the Magna Carta), which could be seriously violated or affected if the “Condominio Turístico Residencial Mar Serena” Project impacts the dynamics of the aquifer and the environmental balance. Therefore, it is appropriate to partially grant the amparo, as in effect is ordered.-

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Text of the resolution

Exp: 10-001914-0007-CO

Res. No. 2011-001888

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours and thirty-seven minutes of February fifteenth, two thousand eleven.

Recurso de Amparo filed by Juan Figuerola Landi, of legal age, bearer of identity card 8-082-776; against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Resultando:

1.- By written brief received at the Secretariat of the Chamber at eleven hours forty-four minutes of February eighth, two thousand ten, the plaintiff files an amparo action against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and states that the respondent authority approved the environmental impact assessment for the project “Condominio Turístico Residencial Mar Serena”, located in the vicinity of Playa Jesús and Playa Zapotillal in Cabo Velas, Santa Cruz de Guanacaste (administrative file number 1101-2007-SETENA), without knowing the hydrological information for the project area required by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, thereby harming the dynamics of the aquifer and environmental balance. He considers the right to the environment injured and therefore requests that the appeal be granted with its consequences.

2.- In the written brief at folio 7, the plaintiff appears to indicate that the wording of the notification notice is incoherent and does not correspond to what he denounced in the amparo action, according to which he formally denounces the Secretaría Técnica Nacional Ambiental for the a priori approval of an environmental impact assessment without knowing relevant information that had been requested by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). He indicates that the core issue is that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental approved an environmental impact assessment hastily before completing the required information, and that despite this, works are already being carried out at the project site to the detriment of the environment.

3.- Sonia Espinosa Valverde, in her capacity as Acting Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports under oath (folio 9), that it is true that in that office there is a project called Condominio Turístico Residencial Mar Serena located in the vicinity of playa Jesús and playa Zapotillal in Cabo Velas in Santa Cruz de Guanacaste, with administrative file number 1101-2007-SETENA. She indicates that the Department of Project Administration of that Secretariat was the one that evaluated and analyzed the Environmental Impact Assessment of the project referred to by the plaintiff, recommending its approval to the Plenary Commission through resolution number 1133-2009-SETENA of May nineteenth, two thousand nine. She indicates that through official communication DEA-742-2010 of February eighteenth, two thousand ten, the Coordinator of that Department of Project Administration stated, in relation to what was alleged by the plaintiff in this amparo, that according to the results of the hydrological study, three surface water sources are located in the project area: the quebrada La Ceiba, El Sesteo, and another unnamed one, which have an intermittent behavior, meaning that during the dry season they partially or totally lose flow, so it is anticipated that the implementation of the project will generate a relatively low increase in surface runoff at the discharge points of a maximum order of 10%. She adds that according to that report, the sections downstream of the discharge points analyzed with the mitigation measures proposed within the Environmental Management Plan, assigned as environmental commitments, allow that once the project is implemented, the streams have sufficient capacity to adequately transport the flow increases. She adds that according to the report, regarding the management of water resources, it was essential to have an adequate hydrogeological study that would guarantee water consumption in accordance with the environmental conditions of the area, additionally containing, besides the analysis of the characteristics of the present aquifer, a collation of the contamination vulnerability, where it is concluded that the natural geo-suitability allows the project's development provided that the management of wastewater and solid waste is optimized. She states that according to that report, within the mitigation measures, the construction of a wastewater treatment plant and environmental measures for solid waste management are contemplated, as recorded in the Environmental Impact Assessment. She adds that in that report it is indicated that to have greater certainty in the decision to grant environmental viability, the Secretariat requested the developer, through resolution number 1762-2008-SETENA of June eighteenth, two thousand eight, to expand the terms of the hydrogeological study and for the development of this addendum to the original study, aspects were taken into account such as the location of the aquifer with respect to the physical, geomorphological, and geological characteristics of the area, hydrological and climatological data in the micro-watershed from institutions such as the Instituto Metereológico Nacional, the location and analysis of existing wells, modeling of the aquifer, assessment of risks of saline intrusion, use of groundwater through review of information from the Water Department of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, quality and collection of groundwater, among others. She adds that according to the report, the key conclusions of the hydrogeological study are: 1) according to the water yields resulting from the study, it is feasible to program an initial groundwater exploitation plan for the project of 7.50 l/s, thus ensuring that an ecological subsurface runoff or flow is maintained flowing towards the ocean; 2) the physical-chemical analyses for water samples in the wells from which the project will be supplied reflected acceptable quality for normal uses including human consumption; 3) the parameters obtained from the aquifer as well as the data provided by the vertical electrical sounding allow assuring that it is possible to start a groundwater exploitation, without risk of contaminating the aquifer due to saline intrusion; 4) a monitoring and control plan for the aquifer and the wells was proposed, which are part of the environmental commitments assumed by the developer and whose fulfillment is the responsibility of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental; conclusions indicated in annex (Anexo) 10 of the Environmental Impact Assessment. She indicates that according to that report, it is not admissible that the hydrological study, which is a fundamental requirement in the environmental assessment of projects supplied by groundwater, was not carried out, a study for which, in this case, information from competent governmental entities in water matters such as the Water Department of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento was incorporated as a fundamental component, given that environmental viability does not exempt projects from submitting permits to other institutions and in this case the developer was warned that before starting construction works, the project had to have the water concession granted by the Water Department of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications. She indicates that according to that report, in conclusion, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, upon granting the environmental viability of the Condominio Turístico Residencial Mar Serena project, had the necessary studies that allowed the environmental assessment to indicate the pertinent prevention and mitigation measures to ensure the protection of the water resource, as well as to have a permanent and effective monitoring system that guarantees the water balance of the underground aquifer, from which the project's supply water will be taken, and additionally, the surface water sources were adequately evaluated. She adds that as a conclusion to all the above, her represented entity, based on Articles 17 and 83 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), is the administrative body created by Law whose fundamental purpose is, among others, to harmonize the environmental impact with productive processes, so it is considered that the project under study met the technical-scientific requirements necessary for her represented entity to decide to approve the Environmental Impact Assessment and its annex and, under that same context, environmental viability was granted to the project through resolution number 1133-2009-SETENA of May nineteenth, two thousand nine. She points out that the environmental viability granted, in accordance with Article 6 of the amendment of Article 45 to the General Regulation on EIA Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA), Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indicates regarding the Fundamental Environmental Commitment Clause the following: “The present environmental viability (license) (Viabilidad (licencia) Ambiental) is granted on the understanding that the developer of the project, work, or activity will fully and completely comply with all regulations and technical, legal, and environmental norms in force in the country and to be executed before other authorities of the Costa Rican State. The non-compliance with this clause by the developer will not only make them subject to the penalties that non-compliance with said regulation entails, but also, as it constitutes the fundamental basis on which the VLA is sustained, it will automatically cause said VLA to be annulled, with the technical, administrative, and legal consequences that this has for the activity, work, or project and for its developer, in particular regarding the scope of the application of Article 99 of the Organic Environmental Law.” She continues reporting that obtaining environmental viability in the terms stated in the Organic Environmental Law also does not constitute an unmodifiable authorization to carry out a specific human project, since through the oversight work of the Administration, upon detecting damage to the environment, the permit can be revoked in order to guarantee the right established in numeral 50 of the Political Constitution and, at the same time, to execute the environmental guarantee that is provided to protect the application of environmental measures for correction, mitigation, or compensation for environmental damages or negative environmental impacts not controlled by the activity, works, or projects. She ends by requesting that the appeal be declared without merit.

4.- In a resolution of the Investigating Magistrate of eleven hours thirty-eight minutes of May eighteenth, two thousand ten, the parties to this amparo were considered expanded, and an audience was granted to the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) so that he could refer to the facts alleged in this amparo (folio 189).

5.- In response to the audience granted, Bernal Soto Zúñiga, in his capacity as Manager with powers of General Attorney-in-Fact without limit of amount of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), reports under oath (folio 193) that regarding the participation of his represented entity in the project referred to by the plaintiff, it is noted that in January two thousand eight, the official communication from Geologist Ernesto Echando was received, presenting a research proposal in order to assess the hydrogeological conditions of the zone where the Mar Serena project is intended to be developed, in accordance with the terms of reference for studies in critical zones for well drilling of that Service. He indicates that the objective of the study is to assess the aquifer potential and establish the amount of groundwater that could be rationally exploited through the construction of wells. He adds that the request was received by the Service as a General Opinion (Dictamen General) and was assigned file number 04-2008. He adds that the Service, through official communication ASUB 020-08 of January twenty-fifth, two thousand eight, made a series of clarifications among which the following are indicated: “Point 7.

The exploratory wells to be constructed are solely for investigative purposes and must have their respective drilling permit, and the drilling of the production wells will be conditioned on the results of the complete study. Point 12. The construction of monitoring piezometers (groundwater quality and levels) is only if the production wells are approved and if required as defined in the study conducted or as indicated by the institution (number of piezometers, frequency and type of monitoring). It is worth mentioning that it is possible that the exploratory wells may serve for this purpose, if their location with respect to the production wells allows them to monitor the behavior of the aquifer during the operational stage of the wells." It adds that in July two thousand eight, a copy of the petitioner's complaint addressed to the Environmental Administrative Tribunal was received, in which he alleged potential damages to the environment in the area of Jesús and Zapotillal beaches. It adds that on September third, two thousand eight, the Service Management, through official communication GE-592-08, forwarded notification of ruling number 765-08 TAA, file 241-07-01 against the Mar Serena Tourist Residential project. It indicates that a thorough assessment of the degree of vulnerability of the groundwater resource in the project area was requested. It adds that on September eighth, two thousand eight, official communication ASUB 381-08 was sent to Management in response to official communication GE-592-08, which referenced the following aspects: a) the Service received two drilling applications and no objection was presented to one of them given that the materials to be drilled correspond to the rocks of the Nicoya Complex, and for the second, an objection to its drilling was presented given that the materials to be tapped correspond to the coastal alluvial aquifer, which has been restricted for drilling wells since two thousand three and that as of that date, the Service did not have information from the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications; b) the company CONASUB presented in January 2008 a research proposal to establish the possibilities of water capture, and the research study had not been received for evaluation as of that date; c) that as of that date, no application has been received for an evaluation of the project based on the protection of the groundwater resource; d) the Environmental Administrative Tribunal was informed that the project site is located within the coastal watershed of the La Ceiba creek, which feeds a small coastal aquifer with direct discharge to the sea, for which there are no hydrogeological studies; however, the coastal aquifers of Santa Cruz have been preliminarily classified, due to their characteristics of a coastal alluvial aquifer, unconfined in nature, with a limited recharge area, direct discharge to the sea, and shallow water levels, as having high vulnerability to contamination and overexploitation; e) the project is located in a restricted well-drilling zone. It adds that on March eleventh, two thousand nine, an official communication was received from Geologist Sandra Arredondo presenting the information requested from Geologist Echandi in official communications ASUB 20-08 and ASUB 381-08. It states that on May twelfth, two thousand nine, official communication DIGH 213-09 was sent to Geologist Sandra Arredondo, in which she was informed that the Service was awaiting the document with the agreed-upon expansions and corrections, prior to responding to the inquiry of March sixteenth regarding the possibility of drilling in the Ceibo creek basin for the Mar Serena project. It indicates that on January nineteenth, two thousand ten, official communication DIGH 21-10 was sent to the petitioner in which he was informed that as of that date, Geologist Sandra Arredondo had not submitted the information requested to complete the data for the analysis of the aquifer's capacity. It adds that the "Hydrogeological Study for Groundwater Capture for the Mar Serena Project" conducted by CONASUB Sociedad Anónima was reviewed by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service but has not been endorsed, ratified, or validated by that Service. It reiterates that as of the date of rendering this report, neither Geologist Ernesto Echandi nor Geologist Sandra Arredondo have submitted the information requested in order to be able to issue a pronouncement on the Mar Serena Project, as indicated supra. It adds that for the Service it represents, what was indicated to the Environmental Administrative Tribunal through official communication ASUB 381-08 remains in effect, as long as there is no new information that allows for a different criterion regarding the fact that the project area is classified as having high vulnerability to contamination and overexploitation. It concludes by requesting that the recourse be declared without merit regarding its represented party.

6.- In a ruling of the Instructing Magistrate at eleven thirty-eight hours on June twenty-second, two thousand ten, the petitioner was warned to indicate the name of the development company for the Mar Serena Tourist Residential Condominium Project, the name of that company's legal representative, and the place where they could be notified (folio 285).

7.- In response to the hearing granted, Juan Figuerola Landi appeared in his capacity as petitioner to indicate that the name of the development company for the Mar Serena Tourist Residential Condominium Project is Playa Pelicano Holdings Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), identification number 3-102-450945. He points out that the names of the legal representatives of that company are: Luis Manuel Castro Ventura and Neptalí Garro Zúñiga. He also indicates the place where they can be notified (folio 287).

8.- In a ruling of the Instructing Magistrate at eleven fifty hours on June twenty-ninth, two thousand ten, the representatives of the company Playa Pelicano Holdings S.R.L. were given a hearing to pronounce on the facts alleged in this amparo (folio 291).

9.- In response to the hearing granted, Neftalí Garro Zúñiga appeared in his capacity as General Administrative and Judicial Attorney-in-Fact of Playa Pelícano Holdings Sociedad de Responsabilidad Limitada (folio 303) and indicates that the Mar Serena Tourist Residential Condominium Project has diligently complied, over the course of approximately three years, with each of the necessary technical requirements demanded by current legislation and by the competent public bodies and entities. He points out that currently the project has environmental viability for Phase I of the development and is compiling additional information to support the validation of subsequent development phases; phases that cannot be initiated until such information is compiled. He states that his represented party proceeded to inform the Environmental Administrative Tribunal and the National Environmental Technical Secretariat of the start of works in December two thousand nine, as required by current legislation. He points out that the environmental viability had been approved in May two thousand nine through ruling 1133-2009-SETENA at eight hours on May nineteenth, and six months after the environmental viability was approved, his represented party complied with the requirements made by the National Environmental Technical Secretariat in ruling 1133-2009-SETENA to report the start of works. He adds that the project began the corresponding environmental assessment process on September thirteenth, two thousand seven, when it submitted the D1 document and the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) to the National Environmental Technical Secretariat. He adds that various oppositions were filed within the file, among which those of Juan Figuerola Landí stand out, all of which were dismissed. He indicates that on February nineteenth, two thousand eight, that Secretariat conducted an inspection at the project development site accompanied by representatives of the consulting firm DEHC. He points out that on March twenty-seventh, two thousand eight, official communication DA-025-08 was sent, according to which the consulting firm DEHC provided a water concession application filed with the Water Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET) and its pronouncement regarding water availability. He adds that given the complexity of the environmental assessment and the commitment of the National Environmental Technical Secretariat to conduct a thorough study and assessment of all constituent elements of the project, the submission of a single annex was requested through ruling 1762-2008-SETENA of June eighteenth, two thousand eight, where additional technical and legal information had to be complemented and supported, one of these being precisely the water analysis. He indicates that the National Environmental Technical Secretariat stipulated that an exhaustive hydrogeological study had to be conducted, including well drilling, geophysical tests, among others, in order to demonstrate the aquifer's capacity to supply the demand required by the project, and in that same ruling it was determined not to accept the complaints filed by the petitioner. He adds that the claimant appealed that ruling, but the appeals were dismissed by the National Environmental Technical Secretariat and the Minister of Environment, Energy and Telecommunications (see ruling R-J-533-2008-MINAET). He adds that subsequently, Mr. Figuerola Landí again filed more complaints against the project in February two thousand nine, and these were duly dismissed through official communication CP-060-2009-SETENA of March twelfth, two thousand nine. He indicates that the requested annex was submitted to the Technical Secretariat on July twenty-fourth, two thousand eight, within the stipulated period, and for practically a year (from July twenty-fourth, two thousand eight to May nineteenth, two thousand nine), it analyzed the environmental impact assessment presented by the project and its corresponding annex. He states that having analyzed in detail all aspects of the environmental impact assessment presented over a period of approximately three years, evaluating and analyzing each of the present variables and giving enormous importance to the water issue (as the Technical Secretariat expressly acknowledged in ruling 1762-2008-SETENA), the environmental viability was granted in May two thousand nine. He indicates that the environmental viability was granted jointly with the delivery, by the project developer, of a Sworn Declaration of Environmental Commitments. He points out that the project developer, prudently, waited almost a year to start the works, and during the period in question, proceeded to analyze in detail the scope of the environmental viability and the best way to fully comply with it. He adds that the petitioner exercised ordinary administrative appeals against the ruling that granted the environmental viability. He considers that the environmental assessment of the project was correct, complete, and exhaustive; the project was subject to a deep and detailed analysis by the National Environmental Technical Secretariat, and at no time was the hydrological issue set aside or ignored; on the contrary, that Secretariat, aware of the complexity of the hydrological issue, requested an exhaustive hydrogeological study, considering that the request for that study represents an express acknowledgment by the Secretariat of the importance and necessity of conducting a deep analysis of the water situation at the project site. He considers that therefore, the petitioner's appreciation that the approval of the environmental viability was inadequate, insufficient, or hasty is not valid. He considers that the diligence of the National Environmental Technical Secretariat was confirmed again when it was mentioned that "subsequently, and to have greater certainty of the decision to grant the Environmental Viability (License), SETENA requests the developer, through Resolution N°1762-2008-SETENA of June 18, 2008, to expand the terms of the Hydrogeological Study…." He adds that, furthermore, the National Environmental Technical Secretariat evaluated all necessary technical issues such as the "location of the aquifer relative to the physical, geomorphological, and geological characteristics of the area, hydrological and climatological data in the micro-watershed from institutions such as the Instituto Metereológico Nacional, location and analysis of existing wells, aquifer modeling, risk assessment of saltwater intrusion, groundwater use through review of information from the Water Department of MINAET and SENARA, groundwater quality and capture," among others. He states that after its exhaustive analysis, the Technical Secretariat was empowered to conclude that according to the water yields resulting from the study, it is feasible to program an initial groundwater extraction plan for the project of 7.50 l/s, thereby ensuring an ecological baseflow or underground flow to the ocean is maintained; acceptable water quality for normal uses including human consumption; that it is possible to initiate groundwater extraction without risk of contaminating the aquifer due to saltwater intrusion, and as part of the environmental commitments assumed by the developer, an aquifer and well monitoring and control plan was proposed, the compliance with which is the responsibility of the National Environmental Technical Secretariat. He considers that this shows that the Technical Secretariat carried out its environmental impact assessment work in total conformity with current legislation. He indicates that the National Environmental Technical Secretariat has confirmed that all information from the bodies and entities competent in water matters, such as the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, was incorporated as a fundamental component. He adds that this Service, in its report, confirmed that it has received and reviewed all information provided by the project, and it is the responsibility of the National Environmental Technical Secretariat to review, evaluate, and study each of the reports and studies that are submitted by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service and that form part of the complex environmental assessment process conducted by the Technical Secretariat. He considers that the information from that Service serves as a complement to the environmental impact assessment conducted by the Technical Secretariat; however, the Service does not substitute the Technical Secretariat in its environmental impact assessment. He indicates that, in that sense, the National Environmental Technical Secretariat is fully capable and has sufficient competence to define if it has the necessary evaluative and technical elements to issue a recommendation, such that even if the project is still completing procedures before the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, the fact that these are not finalized is not an impediment for the Technical Secretariat to carry out its evaluation. He points out that, from that perspective, it is not constitutionally valid to require that the National Environmental Technical Secretariat had to wait for all the pronouncements from the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service to be issued before being able to grant environmental viability. He adds that the environmental viability is approved for phase I of the project, and among the environmental commitments, that of "not starting construction of phase I without having the water concession from the MINAE Water Department" was included; as well as the commitment that "the environmental viability of the phases subsequent to stage I of the project will be conditional upon the actual water supply from the supply alternatives proposed in the annex to the EsIA." He recalls that it is the responsibility of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service to grant well drilling permits, the National Environmental Technical Secretariat to grant the environmental viability of the well, and the Water Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications to grant the corresponding water use concession; and in the specific case, said concessions were effectively granted with the drilling permit from the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, without opposition from that entity. He argues that for the subsequent phases, the project is conducting the studies requested and required by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, so that the continuation and expansion of the project is validated, it being clear and evident that the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service has validated the water concession for the first phase of the project. He argues that at the time the environmental viability was granted, the project developer had already recorded in file 1101 that the Water Department had granted the concession for wells MTP-114 and MTP-39, thereby complying with what was agreed upon by the developer in its environmental commitments. He adds that for subsequent phases of the project, the developer is implementing in-depth technical and scientific studies that allow it to guarantee an adequate water supply for the project without compromising the quality and quantity of the resource for third parties; studies that encompass not only eventual technical reports that allow demonstrating before the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service the feasibility of exploiting the project area, but also complement the analysis of different mechanisms for supplying and disposing of the water resource, currently permitted by Costa Rican legislation. He clarifies then that for subsequent phases, should the option of requesting well drilling and exploitation be chosen, the project developer is necessarily aware that it must have prior technical approval from the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, the National Environmental Technical Secretariat, and the Water Department, and that in the case of alternative supply mechanisms, these must have the approval of the National Environmental Technical Secretariat regarding their corresponding environmental viability. He clarifies that at no time has the water resource been compromised. He indicates that it was the developer's own technical team that voluntarily submitted to the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service a proposal for research and assessment of the site's hydrogeological conditions, and in March two thousand nine, the project's new geologist submitted additional technical information in order to be able to define the terms of the research, which was ratified by that service in its response document. He argues that the project developer maintains an interest in guaranteeing feasibility conditions for the provision of the water resource for the subsequent phases of the project and direct contact with the technicians of that National Service, with the National Environmental Technical Secretariat being the entity that will ultimately determine whether to grant the project environmental viability for the subsequent phases. He clarifies that the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service has not expressed formal opposition or disagreement regarding the project; the evaluation process has not concluded regarding the subsequent phases, and so far, that Service has required additional information to complement the study proposal presented by the developer itself, but has not spoken out against the project. He adds that the project is undertaking the necessary steps to satisfactorily conclude the procedures currently being carried out before the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service for the subsequent phases of development. He indicates that the project has processed and obtained the water concession before the Water Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, and specifically, through ruling number 577-2008-SETENA at twelve hours on March sixth, two thousand eight, the National Environmental Technical Secretariat granted environmental viability to the groundwater use application for a flow of 1.25 l/s from well MTP-39 and 3.5 l/s from well MTP 114. He adds that the Water Department, in ruling number R-0314-2008-AGUAS MINAET at eight thirty hours on November fourteenth, two thousand eight, concluded that the file complied with the provisions of the current legal regulations, and therefore proceeded to grant the water use concession for a period of ten years, assigning an authorized flow to well MTP 39 of 1 l/s and 3.5 l/s to well MTP-114. He emphasizes that the favorable criterion of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service is necessary to obtain the water concession for a well; it is always consulted and its criterion is binding, and as a consequence, the non-opposition by that Service to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) conducted by the National Environmental Technical Secretariat, both for the wells and for the project, validates the technical-scientific qualification made by that Secretariat, considering that this completely refutes the petitioner's assertions. He reiterates that those wells are related to Phase I of the project, and for the following phases, the project must continue with the indicated procedures in order to be able to start them, provided that the Technical Secretariat grants the environmental viability in that regard. He concludes by stating that: a) the National Environmental Technical Secretariat conducted an exhaustive technical evaluation, based on technical and scientific documents, of the environmental impact assessment for the Mar Serena Tourist Residential Condominium; b) that Secretariat considered the water resource to be an issue of utmost relevance in the environmental impact assessment and therefore ordered an exhaustive study to be conducted; c) that Secretariat evaluated the water resource exhaustively, analyzing the position of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service and other competent entities and bodies, as well as the study presented by the project developer; d) the additional studies being carried out jointly between the developer and the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service are for the purpose of guaranteeing the water supply for the subsequent phases of the project and do not condition the availability of the water resource for the first stage; e) there has been no reckless, hasty, or unjustified approval of the project's environmental impact assessment; f) that there are no violations of Article 50 of the Constitution. He concludes by requesting that this recourse be rejected and declared without merit.

10.- By means of a ruling of the Instructing Magistrate at nine hours and thirteen minutes on August twelfth, two thousand ten, evidence for better resolution was requested from the National Environmental Technical Secretariat (folio 391).

11.- In response to the evidence for better resolution requested, Sonia Espinosa Valverde appeared in her capacity as Acting General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (folio 394) and reports under oath that a technical criterion was requested from the evaluator of the Mar Serena project, Eng. Eduardo Murillo Marchena, Head of the Evaluation Department, administrative file 1101-2007-SETENA, and in official communication DEA-2750-2010 of August seventeenth, two thousand ten, he issued his pronouncement. She argues that according to that professional, the project was processed in that Secretariat under the environmental assessment instrument called environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA), which is the most exhaustive evaluation tool found within the regulations governing the actions of the National Environmental Technical Secretariat and the country's environmental legislation. She states that as part of the environmental impact assessment and in accordance with Executive Decree number 32966-MINAE, within the Hydrogeology section, an analysis of surface water must be conducted, which includes biological, physicochemical, and biological characterization, which could be directly affected by the project, analyzing the parameters that could potentially be altered by the implementation of the activity. She indicates that in the hydrological evaluation, the study of groundwater must always be incorporated under two specific terms of reference: the analysis of contamination vulnerability and the creation of a map showing the projected extent of the aquifer, recharge areas, hydrogeological units, springs, drilled and dug wells, surface contamination sources, among others, taking into consideration the project development area. She adds that if the project does not have a public water supply, the environmental impact assessment must incorporate the hydrogeological study demonstrating the site's potential to supply the project. She indicates that in the specific case, the environmental impact assessment submitted to the National Environmental Technical Secretariat incorporated the analysis of both groundwater and surface water, and in conclusion, the environmental consulting group recommends developing the project since it will not cause significant changes in the behavior of the watersheds. She adds that furthermore, the vulnerability to groundwater contamination in the project area is moderate to extreme, which is why the final recommendation of the consulting team is that the project be developed by optimizing wastewater and solid waste management. She adds that the group that conducted the environmental assessment indicates within the environmental impact assessment that base information from the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service and the Water Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications was incorporated, and at the same time, corresponding prevention and mitigation measures are taken within the component of the environmental impact assessment called the Forecast-Environmental Management Plan Chart, which is the environmental monitoring instrument par excellence. She argues that despite the fact that basic information from the surface and groundwater studies was provided, the National Environmental Technical Secretariat, through ruling number 1762-2008-SETENA of June eighteenth, two thousand eight, requested an annex incorporating a more exhaustive hydrogeological analysis, in order to demonstrate the aquifer's capacity to supply the demand required by the project. She indicates that the study was provided and was based on field data such as well drilling, geophysical tests, and pumping tests, determining that it was feasible to program an initial groundwater extraction plan with a flow of 7.5 liters per second, which would supply Phase I of the project. She points out that the water resource management proposal was incorporated into the environmental impact assessment, consisting of the following elements: a) a groundwater quality and groundwater level monitoring plan, which will serve to control the behavior of the water resource in the project's area of influence; and b) a best practices guide for water conservation, which describes procedures for the proper management of water resource use. She adds that through ruling number 2217-2008-SETENA of July thirty-first, two thousand eight, it was stipulated that the annex requested for the environmental impact assessment complied with what was requested, therefore the environmental impact assessment process continued, requesting among other aspects a sworn declaration in a public deed, where the project developer committed to developing exclusively Phase I of the project, for which it was demonstrated through the hydrogeological study that water was available for its development. She indicates that, however, as an environmental safeguard, the developer was requested not to start construction of Phase I without having the water concession from the Water Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications. She points out that as recorded in the administrative file of the National Environmental Technical Secretariat, wells MTP-39 and MTP-114 have the proper water concession in favor of Corporación Trueno del Mar Limitada, issued by the Water Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, through ruling number R-0314-2008 of November fourteenth, two thousand eight.

It indicates that with regard to the report rendered to the Chamber for this amparo by the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental: a) did exhaustively request and analyze the Hydrogeological Study (Estudio Hidrogeológico), which was the basis for proposing the prevention and mitigation measures for the protection of the underground water resource; b) the Hydrogeological Study (Estudio Hidrogeológico) submitted to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental identifies two aquifers, one hosted in basalts and radiolites of moderate vulnerability and another hosted in colluvial-alluvial deposits of high to extreme vulnerability, which made it possible to determine the environmental conditions under which the project must be developed to minimize the impact on the underground water resource; c) within the powers of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted to it by Law, its represented entity approved a monitoring plan for the quality and levels of underground water as one of the environmental commitments that the developer must fulfill, in order to adapt the project's development over time to environmental conditions, in such a way that early warnings are available to safeguard the water resource; d) the technical criterion put forth through ASUB-381-08 represents a communication between the Tribunal Ambiental Administrativo and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, subsequent to the granting of the environmental viability (license), which is why it was not incorporated into the environmental analysis performed by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental; however, the underground environmental conditions mentioned in that document were taken into account in the environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental); e) regarding the water supply for the development of the urban development stage of Phase I of the project, the administrative file of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental contains a copy of resolution number 0314-2008 corresponding to a concession duly granted by the Department of Water of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (today the Dirección de Aguas); f) it should be clarified that the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) performed determined that a flow rate of 0.85 liters per second was required for the construction of Phase I, therefore, with the concession granted for wells MTP-39 and MTP-114, the urban development phase will be amply supplied; g) because starting the operation of Phase I requires a flow rate of 7.2 liters per second according to the environmental impact assessment approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the conceded wells (wells MTP-39 and MTP-114) provide a flow rate of 4.5 liters per second. It is not surprising that the project developer is processing the drilling of other wells before the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento to meet the total flow rate, since within the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), supply through four wells was evaluated; h) it must be remembered that the environmental viability (license) issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental does not exempt the developer from requesting the respective permits from the corresponding authorities. It adds that in view of these criteria, its represented entity, when granting the environmental viability (license) for the Condominio Turístico Residencial Mar Serena project, had the necessary studies that allowed it to indicate in the environmental assessment the pertinent prevention and mitigation measures to ensure the safeguarding of the water resource, as well as to have a permanent and effective monitoring system that guarantees the water balance of the underground aquifer, the foregoing in accordance with the Ley Orgánica del Ambiente, articles 17 and 8.3. It concludes by requesting that the appeal be declared without merit.

12.- By resolution of the Investigating Magistrate at thirteen hours and forty-nine minutes on December twentieth, two thousand ten, evidence for a better resolution was requested from the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (folio 600).

13.- In response to the evidence for a better resolution requested, Bernal Soto Zúñiga appears in his capacity as General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, riego y avenamiento (SENARA) and reports that SENARA presented an objection through official letter AP-358-08 for the drilling of the well that has been restricted since 2003, and that the approval of the drilling request requires the presentation of a study demonstrating that the aquifer has the conditions for its exploitation and evaluating the existing hydrogeological information. He points out that on October 5, 2010, he indicated to geologist Sandra Arredondo through official letter DIGH-672-2010 the pending observations on the study; however, the interested party has not submitted any document addressing the observations made. He states that it is SENARA's responsibility to evaluate the availability of water in the aquifer and the project's impact on the aquifer; however, to date, the interested parties have only submitted studies related to the assessment of water availability in the aquifer. He adds that on September 7, 2010, they received a report fulfilling what was requested in official letter DIGH-213-09, and on October 5, 2010, they indicated through official letter DIGH-672-2010 pending observations on the study, which have still not been delivered. He reports that what was submitted by CONASUB on January 7, 2008, was a methodological proposal to carry out an investigation. The methodology was approved by SENARA, so they are conducting the investigation; which has not been concluded, and therefore the final study has not been endorsed, ratified, or validated by SENARA. He indicates that only well MTP-130 has been approved in the name of Banco Improsa through official letter AP-0530-07, the technical criteria of which he mentions in the report. He states that official letter ASUB-381-08 remains in effect in all its aspects. He requests that the appeal be declared without merit regarding his represented institution.

14.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

            Drafted by Magistrate Ulate Chacón; and,

Considering:

   I.-  Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: a) that administrative file number 1101-2007-SETENA is being processed at the Secretaría Técnica Nacional Ambiental for the project called "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" located in the vicinity of playa Jesús and playa Zapotillal in Cabo Velas de Santa Cruz de Guanacaste (see sworn statements on folio 9); b) that the Plenary Commission of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in resolution No. 1762-2008-SETENA at eight hours fifty-five minutes on June 18, 2008, requested the project developer that, in order to continue with the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) procedure, they must submit a single annex in which, among other things, they expanded the terms of the Hydrogeological Study (Estudio Hidrogeológico) (see sworn statements on folio 10 and document on folio 38); c) that the Plenary Commission of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in resolution No. 1133-2009-SETENA at eight hours on May 19, 2009, granted environmental viability (license) to the "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" project processed in administrative file No. 1101-2007-SETENA, thereby opening the Environmental Management (Gestión Ambiental) stage for the first phase of the project on the understanding of fulfilling the fundamental environmental commitment clause, with a validity period of 2 years (folio 17); d) that in the criterion of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the project called "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" located in the vicinity of playa Jesús and playa Zapotillal in Cabo Velas de Santa Cruz de Guanacaste, met the technical-scientific requirements necessary for the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) and its annex to be approved and for environmental viability to be granted, thereby having the necessary studies that allowed the environmental assessment to indicate the pertinent prevention and mitigation measures to ensure the safeguarding of the water resource, as well as to have permanent and effective monitoring that guarantees the water balance of the underground aquifer (see sworn statements on folios 12 and 397); e) that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento has not received any request to evaluate the project in terms of the protection of the underground water resource (see sworn statements on folios 195 and 603); f) that the coastal aquifers of Santa Cruz de Guanacaste have been classified as highly vulnerable to contamination and overexploitation, and the Mar Serena project is located in a well-drilling restriction zone (see sworn statements on folio 196); g) that the Hydrogeological Study for the Capture of Groundwater for the Mar Serena Project (Estudio Hidrogeológico para la Captación de Agua Subterránea para el Proyecto Mar Serena) carried out by the company Conasub Sociedad Anónima was received by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, was reviewed, but has not been endorsed, ratified, or validated by that Service (see sworn statements on folios 196, 197 and 603); h) that in resolution number 577-2008-SETENA at twelve hours on March sixth, two thousand eight, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted environmental viability to the project for the request for water use from two wells, MTP-39 and MTP-114, submitted by the company Corporación Trueno del Mar Limitada, with this company having the proper water concession issued by the Department of Water of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications through resolution number R-0314-2008 of November fourteenth, two thousand eight, for that water resource to be used in the Mar Serena project (see sworn statements on folio 396 and documents on folios 328 and 436); i) that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental exhaustively requested and analyzed the Hydrogeological Study (Estudio Hidrogeológico) for the Mar Serena Project and it was the basis for proposing the prevention and mitigation measures for the protection of the underground water resource (see sworn statements on folio 396); j) that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental approved a monitoring plan for the quality and levels of underground water as one of the environmental commitments that the developer must fulfill, in order to adapt the project's development over time to environmental conditions and to have early warnings to safeguard the water resource (see sworn statements on folio 397); k) that the technical criterion contained in official letter ASUB-381-08, according to which the coastal aquifers of Santa Cruz have been preliminarily classified as highly vulnerable to both contamination and overexploitation, refers to underground environmental conditions that were taken into account in the environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental) (see sworn statements on folio 397); l) that the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) performed determined that a flow rate of 0.85 liters per second was required for the construction of Phase I, therefore, with the concession granted for wells MTP-39 and MTP-114, it will amply supply the urban development phase (see sworn statements on folio 397); ll) that to begin operating the Mar Serena Project, Phase I, requires a flow rate of 7.2 liters per second according to the environmental impact assessment approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the conceded wells (wells MTP-39 and MTP-114) provide a flow rate of 4.5 liters per second; the project developer must process the drilling of other wells before the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento to meet the total flow rate, since within the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), supply through four wells was evaluated, such that the environmental viability (license) issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental does not exempt the developer from requesting the respective permits from the corresponding authorities (see sworn statements on folio 397); m) that incorporated into the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) was the water resource management proposal, which is composed of: a) a monitoring plan for underground water quality and underground water levels, which will serve to control the behavior of the water resource in the project's area of influence; and b) a best practices guide for water savings, which describes procedures for proper management in the use of the water resource (see sworn statements on folio 396); n) regarding the well that was not approved, SENARA indicates that it presented an objection through official letter AP-358-08 for its drilling, because the materials to be captured correspond to the coastal alluvial aquifer that has been restricted for well drilling since 2003; furthermore, for this, it requires the presentation of a study demonstrating that the aquifer has the conditions for its exploitation and evaluating the existing hydrogeological information (folio 601); ñ) SENARA indicates through official letter DIGH-672-2010 dated October 5, 2010, that there are still pending observations to be addressed in the study, and to date, the interested party has not yet submitted any document referencing them (folio 602); o) what was submitted by CONASUB on January 7, 2008, was a methodological proposal to carry out an investigation, whose methodology was approved by SENARA, so the investigation is being carried out, which has not been concluded to date; therefore, the final study has not been endorsed, ratified, or validated by SENARA (folio 603); p) official letter ASUB-381-08 is in effect in all its aspects, except that the zone in which the Mar Serena project is located is not restricted for well drilling; however, SENARA indicates that although the zone was released from the well-drilling restriction, it recommends continuing to condition the approval of well construction on an individual risk assessment for those proposed well sites located less than 1 km from the sea or from any mangrove (folio 605); q) only well MTP-130 has been approved in the name of Banco Improsa through official letter AP-0530-07.

II.- JURISPRUDENCE REGARDING THE APPLICATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL MATTERS: This Chamber has stated in vote 2010020988 at sixteen hours fifty-one minutes on December fifteenth, two thousand ten:

"The right to a healthy and ecologically balanced environment grants special protection to biodiversity and groundwater, which is why, in application of the precautionary principle in environmental matters, economic activities with environmental impact must be authorized only when there is scientific certainty that this impact does not imply a risk or threat of permanent and irreversible damage to the environment. It is for this reason that the administration must always carry out the necessary environmental assessment using the instruments it deems necessary, an assessment that must be publicly shared with the affected population, so that after a rigorous and detailed analysis, the administration issues the corresponding environmental viability in a reasoned manner. The neglect and failure to observe these normatively and jurisprudentially defined aspects leads to the violation of the aforementioned right to a healthy environment, so administrative actions thus ordered are equally violative of this fundamental right. (see, among others, judgments of this Chamber numbers 5893-95, 5445-99, 2003-6322, 2004-13414, 2004-01923, 2006-7994 and 2010-6922)."

"III.- REGARDING THE SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. As the Chamber has already stated in judgment 2004-01923 at fourteen hours fifty-five minutes on February twenty-fifth, two thousand four, the competencies of SENARA transcend those concerning irrigation districts, such that they have a national vocation derived from its very institutional background. It is evident that by express provision of the Law Creating SENARA, law number 6877, article 3 subsections ch) and h), SENARA has the competence to protect the country's water resources, which is why its decisions regarding exploitation, maintenance, and protection shall be definitive and of mandatory compliance. This normative provision must be interpreted and applied in accordance with the provisions of article twenty-one of the Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos – from which it is defined that the Ministry of Agriculture and Livestock (or Department of Agriculture in the language used by the Water Law) maintains a secondary or residual competence in this matter. Thus, the integration of the recently cited norms informs that for the use of public domain waters, every public entity – without distinction – has the obligation to obtain the corresponding permit from SENARA, to the point that the decisions that SENARA adopts in a reasoned manner regarding this shall be definitive and of mandatory compliance. This definition is far from being a rhetorical statement by the Chamber; on the contrary, it derives from the responsible integration of the broad normative framework that regulates the matter, which, as stated, requires the progressive advancement and recognition typical of the field of human rights, given that the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber warns that this precision places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of the national water resource, which is important considering the eminently technical nature of this administrative unit, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the various entities involved – ICAA, SETENA, MAG, Municipalities, among others."

"IV.- THE GRANTING OF ENVIRONMENTAL VIABILITY AND THE COMPETENCE OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. SETENA, as the competent technical body to determine environmental viability, processed and requested the environmental assessment according to the technical-legal requirements it deemed applicable, which is evidenced and inferred from all the presented actions. In this sense, it must be pointed out that unanimously, the Chamber has emphatically established in repeated pronouncements that it is not a technical instance competent to determine whether the environmental impact study conforms or not to professional requirements (judgments No. 2004-9927 and No. 2005-5790). Consequently, it must be pointed out that what is relevant for the purposes of this jurisdiction is that the studies established by our legislation have been carried out and that, once reviewed by the corresponding official technical professionals, the viability or non-viability of the project is determined, contemplating a priori the impacts that may be produced on the environment, their assessment, mitigation, and compensation."

III.- Regarding the specific case. As can be deduced from the case file, administrative file number 1101-2007-SETENA is being processed at the Secretaría Técnica Nacional Ambiental for the project called "Condominio Turístico Residencial Mar Serena," located in the vicinity of playa Jesús and playa Zapotillal, in Cabo Velas de Santa Cruz de Guanacaste. It is also observed that within this administrative file, the Plenary Commission of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in resolution No. 1762-2008-SETENA at eight hours fifty-five minutes on June eighteenth, two thousand eight, requested the project developer that, in order to continue with the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) procedure, they must submit a single annex in which, among other things, they expanded the terms of the Hydrogeological Study (Estudio Hidrogeológico). It is reported under oath that, in relation to this study, aspects such as the location of the aquifer with respect to the physical, geomorphological, and geological characteristics of the area, hydrological and climatological data in the micro-basin, the location and analysis of existing wells, modeling of the aquifer, assessment of saline intrusion risks, use of groundwater, quality, and groundwater capture, among other aspects, were taken into account. It is reported under oath that the petitioner's claim that the hydrological study was not carried out is not accepted. It has also been pointed out under oath that, in any case, environmental viability does not exempt projects from submitting permit applications to other institutions, so the developer was warned that, before starting construction works, the project must have the water concession granted by the Department of Water of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, which was not an impediment to granting environmental viability, given that, in any case, the Department of Water granted a water use concession for a term of ten years to Corporación Trueno del Mar Limitada, to be used in the "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" project. Regarding the specific issue of the water resource, it has been indicated to this Chamber under oath that, in consideration of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) submitted for the "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" Project, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental exhaustively requested and analyzed the Hydrogeological Study (Estudio Hidrogeológico), that study being the basis for proposing the prevention and mitigation measures for the protection of the underground water resource. Similarly, the representative of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental has affirmed under oath that a monitoring plan for the quality and levels of underground water was approved as one of the environmental commitments that the developer must fulfill, in order to adapt the project's development over time to environmental conditions and to have early warnings to safeguard the water resource. On the other hand, regarding the technical criterion contained in official letter ASUB-381-08 sent to the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, according to which the coastal aquifers of Santa Cruz have been preliminarily classified as highly vulnerable to both contamination and overexploitation, the representative of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental has affirmed under oath that this refers to underground environmental conditions that were indeed taken into account in the environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental). In addition to the foregoing, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento indicates that official letter ASUB-381-08 remains in effect in all its aspects. The General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento reported under oath that through official letter DIGH-672-2010 of October fifth, two thousand ten, he indicated to Geologist Sandra Arredondo that there were pending observations on the study, which to date have not yet been addressed, and what was submitted by CONASUB on January seventh, two thousand eight, was a methodological proposal that was approved, but they are conducting the investigation, which has not concluded; therefore, the final study has not been endorsed, ratified, or validated by SENARA. Furthermore, it has also been affirmed under oath that the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) performed determined that a flow rate of 0.85 liters per second was required for the construction of Phase I, therefore, with the concession granted for wells MTP-39 and MTP-114 to Corporación Trueno del Mar Limitada to be used in the "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" Project, it will amply supply the urban development phase. It is also indicated under oath that to begin operating the Mar Serena Project, Phase I, a flow rate of 7.2 liters per second is required according to the environmental impact assessment approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the conceded wells (wells MTP-39 and MTP-114) provide a flow rate of 4.5 liters per second. To comply with this, the project developer must process the drilling of other wells before the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento to meet the total flow rate, since within the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), supply through four wells was evaluated, such that the environmental viability (license) issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental does not exempt the developer from requesting the respective permits from the corresponding authorities. Likewise, the representative of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental reports under oath that the water resource management proposal was also incorporated, which is composed of a monitoring plan for the quality of underground water and underground water levels, which will serve to control the behavior of the water resource in the project's area of influence, and a best practices guide for water savings, which describes procedures for proper management in the use of the water resource.

IV.- Thus, the Chamber observes that, according to technical criteria, the authorities sued granted environmental viability to the "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" project, without having all the necessary studies that would allow the environmental assessment to indicate the pertinent prevention and mitigation measures to ensure the safeguarding of the water resource, since the approval of the documents submitted by CONASUB and the delivery of the observations made in official letter DIGH-672-2010 of October fifth, two thousand ten, by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento is still pending. It is recorded in the case file that the Plenary Commission of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in resolution No. 1133-2009-SETENA at eight hours on May nineteenth, two thousand nine, granted environmental viability (license) to the "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" project, thereby opening the Environmental Management (Gestión Ambiental) stage for the first phase of the project, on the understanding that the developer must fulfill the fundamental environmental commitment clause, with a validity period of 2 years. In the criterion of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the project called "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" met the technical-scientific requirements necessary for the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) and its annex to be approved. It was granted environmental viability, based on the assumption that the project developer remains subject to the subsequent fulfillment of requirements, as well as to the request for permits that may be necessary, from other institutions. However, despite the foregoing, it has been proven that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, as the specialized body, has not ratified or endorsed the report, which is subject to the recommendations of the technical criterion contained in official letter ASUB-381-08, of September 8, 2008, which is in effect in all its aspects, as indicated by the same institution:

"Official letter ASUB-381-08 is in effect in all its aspects, except that the zone in which the Mar Serena project is located is not restricted for well drilling, as a result of the SENARA study...

One of the products of the SENARA study is the aquifer zoning map for the northern coastal basin (...), which indicates the characteristics of vulnerability and recharge potential in said basin. According to this zoning, the project is found in the categories:

"- High vulnerability and low surface permeability. The effect of land sealing is not as important as the discharge of potentially contaminating fluids of all types.

- Low vulnerability and high permeability. Recharge areas where the impact of land sealing is the most important factor. The discharge of persistent potentially contaminating fluids must be avoided.

- Sectors of low vulnerability and low infiltration capacity. In principle, development would not have a great impact on the quantity or quality of the groundwater."

The study prepared by SENARA is regional in nature; therefore, it is technically advisable that development projects carried out in coastal zones with limited water availability, such as the Mar Serena Project, prepare detailed studies as indicated in ASUB-381-08: a detailed hydrogeological study and a water demand study for the project, and identify the supply source." (SEE REPORT, on folios 605-606).

The previous statement in the report is technically ratified on the zoning sheet annexed to it (folio 607), where it is clearly indicated that a large part of where the project is being developed presents High Vulnerability and low surface permeability.

Therefore, in the aforementioned official communication of October 5, 2010 (DIGH-672-2010), SENARA instructed the project Geologist to complete the requirements indicated therein, taking into account "The conditions of vulnerability and risk of contamination of groundwater in the Ceibo stream basin" (folio 609).

V.- Based on the foregoing, contrary to the respondent's opinion, it is evident from the case file that there are still pending procedures before SENARA to endorse, ratify, or validate the final study, and this Chamber can do nothing other than partially grant the appeal. From this perspective, there are undoubtedly constitutional norms or principles, linked to the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the precautionary principle (Article 50 of the Constitution), which may be violated or seriously affected if the "Condominio Turístico Residencial Mar Serena" Project impacts the aquifer's dynamics and the environmental balance. Therefore, the appropriate course is to partially grant the amparo, as is hereby ordered.-

Por tanto:

    The appeal is partially granted. Sonia Espinoza Valverde, Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or whoever holds that position, is ordered to suspend the environmental viability (viabilidad ambiental) permits and the execution process of the Condominio Turístico Residencial Mar Serena project. Furthermore, they are ordered to IMMEDIATELY coordinate the necessary steps to request that Neftalí Garro Zúñiga, identity card 1-0928-0328, in his capacity as representative of the company Playa Pelícano Holdings SRL, owner of the Condominio Turístico Residencial Mar Serena Project, located in the District of Cabo Velas, Canton Santa Cruz, Province of Guanacaste, complete within three months what is indicated in report DIGH 672-2010 of October 5, 2010 from SENARA to comply with the observations made by said entity in Official Communication ASUB-381-08 of September 8, 2008. Likewise, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental are ordered to periodically oversee and monitor the entire realization and execution process of the aforementioned project. Once the requested information is submitted, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento shall proceed with its evaluation and resolve accordingly regarding the ratification or non-ratification of the final hydrogeological study that forms part of the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental). It is warned that pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The indicated officials shall be notified personally.





Ana Virginia Calzada M.

Presidenta



   Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.





   Fernando Castillo V. Rosa M. Abdelnour G.





   Jorge Araya G. Enrique Ulate Ch.



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