Res. 14180-2010 Sala Constitucional — Annulment of environmental feasibility for construction in Playa Ventanas within Las Baulas National Marine ParkAnulación de viabilidad ambiental para construcción en Playa Ventanas dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas

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Sala Constitucional

Resolución Nº 14180 - 2010

Fecha de la Resolución: 25 de Agosto del 2010 a las 14:35

Expediente: 05-009662-0007-CO

Redactado por: Luis Paulino Mora Mora

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias Relacionadas

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Precautorio

Subtemas:

NO APLICA.

“Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución

 de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio

  precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido

 que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado

tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se

produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”,

contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río … 

 En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto,

  y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de

 prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener

la posible afectación del ambiente o la salud de las personas.”  Sentencia 14180-10

“Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución

de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio

precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido

que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado

tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se

produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”,

contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río.”  

Sentencia 14180-10

 

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Texto de la resolución

 

*050096620007CO*

Exp: 05-009662-0007-CO

Res. Nº 2010014180

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta y cinco minutos del veinticinco de agosto del dos mil diez.

        Recurso de amparo interpuesto por Mario Andrés Boza Loría, cédula de identidad número 1-297-932, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la organización conservacionista Fideicomiso Baulas; y a favor de ésta; contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Resultando:

  1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las veintidós horas veintiún minutos del veintiocho de julio del dos mil cinco, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en el que  manifiesta que su representada es una organización conservacionista sin fines de lucro, establecida para proteger de la extinción a las Tortugas Baulas y a otras tortugas marinas, la que estuvo directamente involucrada en la creación de Parque Marino Las Baulas en Playa Grande, Santa Cruz, Guanacaste.  Indica que el parque contempla un área terrestre de setenta y cinco metros dentro de la zona restringida para permitir la anidación de la tortuga libre de contaminación lumínica y sónica.  Acusa que el nueve de junio del dos mil cinco, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, por resolución número 1349-2005-SETENA, otorgó viabilidad ambiental a favor de la sociedad Rover Path of Guanacaste, representada por Bernard Arthur Weinstein, para construir una casa de habitación en Playa Ventanas, dentro de la franja de setenta y cinco metros que constituye parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, con lo cual se agrava el peligro para la Tortuga Baula que se encuentra al borde de su extinción, pues en la temporada de anidación dos mil cuatro-dos mil cinco, sólo arribaron cuarenta y ocho hembras.  Acusa que por parte del desarrollista y de la recurrida no se tomó en cuenta que se trata de un parque nacional, ni tampoco se valoró el recurso que se protege, ello a fin de identificar y mitigar los posibles  impactos que el proyecto pueda causar, por lo que no hubo un verdadero procedimiento de evaluación de impacto ambiental y mucho menos la garantía de que no se afectaría a la tortuga baula o a las playas donde ésta anida.  Indica que el proyecto contempla la construcción de una casa de dos pisos frente a la playa de anidación y en los terrenos declarados como parque nacional que se ubica dentro de la zona restringida de la zona marítimo terrestre.  Señala que el efecto negativo de las luces artificiales sobre crías y tortugas adultas está ampliamente documentado en la literatura científica sobre tortugas marinas.  Considera que con lo actuado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se violenta el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado establecido en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, así como la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ratificada por Ley número 7906 de veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve; el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central ratificado por Ley numero 7433 de catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro; la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de las Países de América, ratificada por Ley número 3763 de diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis; y el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por Ley número 7416 de treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Solicita a la Sala que anule la resolución impugnada y que se ordene a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no emitir resoluciones similares dentro del parque marino Las Baulas hasta tanto no se resuelva por el fondo el recurso de amparo número 05-002756-0007-CO que tiene relación directa con los hechos denunciados.

2.- Informa bajo juramento Jorge Rojas Soto, en su calidad de Secretario General ad hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 28) que a juicio de su representada, interpretando de manera progresiva el artículo 2 de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, sí se puede entender que éste sí contempla el área terrestre de 75 metros posteriores a los 50 metros de la de zona pública, aunque los terrenos no hayan sido expropiados; sin embargo, hay quienes interpretan lo contrario. Indica que no consta, por otra parte, que se tenga prevista la expropiación de esa área, donde se encuentra el proyecto que motiva este amparo. Considera de todos modos  que la expropiación no es el único medio para proteger a las tortugas baula, que están en peligro de extinción. Estima que ello también se puede lograr con un plan de manejo incorporado a los compromisos ambientales del desarrollador. Señala que los resultados proteccionistas no son tan buenos si no se le da participación a los particulares, lo que se pretende en ese caso. Agrega que es cierto que mediante resolución No. 1349-2055-SETENA del nueve de junio del dos mil cinco, se otorgó la viabilidad ambiental del proyecto en cuestión; sin embargo, no es cierto que tal aprobación agrave el peligro de extinción de las tortugas baula. Explica que originalmente el lugar de anidación de la especie era Playa Tamarindo y Playa Langosta, pero que el desarrollo sin medidas ambientales, provocó que probablemente se hayan desplazado hacia playa Grande, que es el principal lugar de anidación. Agrega que solo algunas de las tortugas que no encuentran un lugar propicio en esa playa emigran a playa Ventanas. Indica que el pequeño número de tortugas en esta playa se debe a un comportamiento natural y no al descuido de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Por otra parte, aduce que está documentado que el mayor peligro para la especie es la pesca en alta mar y no la contaminación lumínica. Argumenta que aunque es importante garantizar el sitio de anidación, no conviene olvidar dónde reside el principal problema. Señala que es cierto que la tortuga baula está en peligro crítico de extinción y figura como tal en el Libro Rojo de la UICN, pero no es cierto que en la evaluación ambiental no se tomara en cuenta que el proyecto se ubica dentro del Parque y que las tortugas están en peligro de extinción. Señala que la construcción de una casa no presenta por sí solo un peligro, sino el tránsito de personas por la playa, de lo que se encarga el personal del parque, y las luces, que están restringidas según las medidas del caso. Aduce que en el acto administrativo número 1800-2004 del veinte de octubre del dos mil cuatro, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ordenó al desarrollador la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental que contempla las medidas necesarias para evitar que el proyecto perjudique a las tortugas. Indica que es cierto que el terreno donde se construye está dentro de la zona restringida; sin embargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico que respeta el derecho constitucional a la propiedad privada, sí es posible construir en esa zona siempre y cuando se cuente con la aprobación de su representada. Añade que se trata de hacer compatibles el derecho de propiedad y el derecho a un ambiente sano. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso de amparo.

3.- Mediante escrito visible en folio 34 el recurrente le indica a la Sala que se está tramitando un recurso de amparo en el expediente número 05—002756—0007—CO, donde la Sala ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no otorgar más permisos de construcción en el lugar. Sin embargo, señala que  incumplimiendo esa orden, la recurrida otorgó un permiso a Bernard Arthur Weinstein, por lo que se presentó este nuevo amparo. En consecuencia, reitera la solicitud de que se ordene a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y a la Municipalidad de Santa Cruz, suspender el otorgamiento de permisos de construcción en esa zona.

4.- En atención a la audiencia conferida se apersona  Miguel Chaves Fernández, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima (folio 48) e indica que no le constan las actividades de la organización conservacionista que interpuso el amparo, pero aporta una copia de un artículo publicado en el Semanario Universidad, por Freddy Pacheco, quien da cuenta de actividades de la organización que más bien han perjudicado a las tortugas que dicen defender. Por otra parte, considera que la supuesta falta de voluntad de las autoridades públicas, como lo acusa el recurrente, no es más que una apreciación subjetiva. En primer término, subraya que la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas comprende «… el cerro localizado inmediatamente detrás de la Playa Ventanas, el Cerro Morro, la isla Capitán, la isla Verde, la zona pública de cincuenta metros, medida desde la pleamar ordinaria, entre la punta San Francisco y el estero San Francisco y …». En consecuencia estima que no tiene asidero legal alguno la interpretación del recurrente según la cual la propiedad de la sociedad que representa está dentro de un parque nacional. Por otra parte, señala que si la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental, se debe a que existe un plan de gestión ambiental, respaldado por una onerosa garantía de cumplimiento y cuya observancia está garantizada por un regente inscrito ante esa Secretaría Técnica. En su criterio, no es cierto, por lo tanto, que la recurrida haya incumplido con la orden interlocutoria dictada por la Sala en el recurso de amparo que se tramita en el expediente número 05—002756—0007—CO. Finalmente, hace notar que el recurrente presenta las cosas como si el factor lumínico fuera el único o el más importante contra la supervivencia de las tortugas, olvidando que en realidad hay otros que sí tienen un verdadero impacto. Solicita a la Sala que suspenda la medida cautelar dictada, puesto que causa un serio perjuicio en contra de su representada, y que se declare sin lugar el recurso.

5.- En resolución de Magistrado Instructor de las catorce horas cuarenta y siete minutos del diecisiete de abril del dos mil ocho, se solicitó al Director de la Escuela de Biología Marina de la Universidad Nacional que como prueba para mejor resolver rindiera informe técnico sobre los efectos que el proceso constructivo que se desarrolla en el Parque Marino Las Baulas en Playa Grande en Guanacaste y específicamente en Playa Ventanas, puede ocasionar respecto de las tortugas baulas y la anidación que ellas realizan en ese sitio (folio 244).

6.- En atención a la audiencia conferida se apersona  Ricardo Jiménez Montealegre en su condición de Director de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (folio 247) e indica que en ejercicio de ese cargo rinde un criterio técnico sobre los efectos de un proceso constructivo que se desarrolla en Playa Ventanas (Playa Grande, Parque Marino Las Baulas, Guanacaste). Señala que la Escuela de Ciencias Biológicas desde hace muchos años  ha formado profesionales en el campo de la Biología Marina, siendo esta razón la que le ha permitido la conformación de un equipo de profesionales en las ciencias marinas. Indica que producto del perfil de la carrera, diversos profesionales (académicos) han realizado giras al Parque Marino Las Baulas con grupos de estudiantes con el fin de realizar diversas labores de índole docente científico. Agrega que por tener una formación a nivel de posgrado en otra especialidad de la Biología Marina (maricultura), no posee el perfil académico para opinar con profundidad sobre la materia que se le solicita en este amparo; sin embargo, indica que por su formación en el campo de la Biología Marina a nivel de Bachillerato y Licenciatura universitarios y producto del intercambio científico diario con colegas de la Unidad Académica que representa, se propone aportar algunas consideraciones científicas sobre los procesos constructivos en playas, lo que espera sea de utilidad para mejor resolver.  Advierte que sus apreciaciones son de carácter científico técnico y que no ha realizado de manera personal la verificación de campo sobre el recurso de amparo planteado. Señala que de seguido se referirá  a dos de las principales consideraciones que en todo proceso constructivo cerca de playas de anidación de tortugas, deben ser tomados en cuenta: luz y compactación de playa (retiro de las áreas constructivas). A) Luz: en cuanto a esto señala que las poblaciones de tortugas marinas han disminuido mundialmente y su recuperación dependerá en gran parte del control de los efectos de expansión de la población humana, siendo uno de esos efectos la contaminación con luz, es decir, la presencia perjudicial de iluminación artificial en el medio ambiente. Agrega que dentro de las múltiples perturbaciones ecológicas creadas por los seres humanos, la contaminación con luz es una de las más comunes y fáciles de controlar. Señala que la contaminación con luz en las playas de anidamiento, es dañina a las tortugas marinas porque altera su comportamiento nocturno, particularmente el proceso de la selección del sitio de anidamiento, del retorno al mar después del anidamiento y de cómo los neonatos encuentran el mar después de emerger de sus nidos. Indica que tanto las observaciones ocasionales como la evidencia experimental demuestran que la luz artificial en las playas puede impedir la salida al mar de las tortugas para anidar y por este motivo, los efectos del alumbrado artificial no pueden ser detectados a partir de la tasa de nidos a rastros falsos (huellas indicando que los intentos por anidar en la playa fueron abandonados). Señala que aunque hay tendencia en las tortugas de preferir playas oscuras, muchas de ellas anidan en costas iluminadas pero al hacerlo ponen en peligro la vida de los neonatos, siendo ese peligro causado por el modo en que la iluminación artificial interfiere con la conducta nocturna crítica de los neonatos -su rastro desde el nido al mar-. Manifiesta que en las playas iluminadas naturalmente, los neonatos muestran una orientación claramente dirigida hacia el agua y esta robusta conducta innata es guiada por señales visuales que incluyen luminosidad, forma y en algunas especies, color.  Agrega que en playas iluminadas artificialmente los neonatos son mal orientados por las fuentes de luz artificial ocasionando que no puedan encontrar el agua e incurrir en un aumento en la mortalidad por deshidratación y por depredadores. Añade que los neonatos son desorientados por su tendencia a dirigirse hacia la dirección más brillante del horizonte, sobre todo cuando una dirección se presenta muchísimo más brillante que las demás, una condición frecuentemente creada por las fuentes de luz artificial.  Señala que la iluminación artificial de playas atrae fuertemente a los neonatos pudiendo causar que éstos se desplacen en dirección equivocada (mala orientación) como también interferir con su habilidad de orientarse en una dirección fija (desorientación).  Agrega que el entendimiento de cómo las tortugas marinas interpretan las señales luminosas para escoger los sitios de anidamiento y de la localización del mar en un ambiente con iluminación variable, ha ayudado a los conservacionistas a establecer normas para identificar y reducir los problemas causados por la contaminación de luz. Aduce que parte de ese entendimiento es sobre la complejidad de las condiciones de iluminación en las playas de anidamiento y la dificultad para medir con instrumentos la contaminación de luz artificial. Indica que afortunadamente no es preciso cuantificar la contaminación de luz para diagnosticar un problema en potencia y en ese sentido se ofrece una regla sencilla: si la luz de una fuente artificial es visible a una persona de pie en cualquier punto de la playa, esta luz probablemente causará problemas a las tortugas marinas que aniden allí. Añade que debido a que no existe un nivel único mensurable de luminosidad artificial en playas de anidamiento que es aceptable para la conservación de tortugas marinas, la estrategia de conservación más efectiva es simplemente usar la “mejor tecnología disponible” (MTD: estrategia común para reducir otros tipos de contaminación que consiste en usar la mejor tecnología disponible para reducir los efectos de la iluminación tanto como sea práctico.  Indica que la mejor tecnología disponible incluye diversas opciones para control de la luz que han sido utilizadas por ingenieros eléctricos durante décadas, así como otras que son únicamente para la protección de tortugas marinas. Añade que para proteger a las tortugas marinas, las fuentes de luz pueden simplemente ser apagadas o reducirse en número o watts, posicionarse detrás de estructuras, escudadas, cambiarse de dirección, desviarse, colocarse a menor altura o empotrarse de manera que la luz no llegue a la playa. Indica que para asegurarse que las luces sólo estén encendidas cuando se necesiten, se pueden instalar controladores automáticos de encendido y sensores de movimiento. Argumenta que el alumbrado interior puede ser reducido moviendo las luces próximas a las ventanas, cerrando las persianas al anochecer y oscureciendo las ventanas. Señala que para proteger a las tortugas marinas, no es necesario prohibir la iluminación artificial si ésta puede ser manejada adecuadamente, si la luz está adecuadamente controlada y no puede divisarse desde la playa, la afectación se minimiza. Manifiesta que la mejor tecnología disponible incluye también fuentes que emiten un color de luz que tiene efectos mínimos en las tortugas marinas. Indica que las fuentes de luz que emiten niveles bajos de luz de longitud de onda corta (fuentes que se perciben rojo intenso o amarillo), afectan menos a los neonatos y a las tortugas nidificantes que aquellas fuentes que emiten altos niveles de luz de longitud de onda corta (fuentes que se perciben blanquecinas o de otros colores que no sean rojo intenso o amarillo). Manifiesta que las luminarias de vapor de sodio a baja presión son fuentes amarillas puras que son un buen sustituto de la iluminación perturbante cerca de las playas de anidamiento. Indica que las bombillas incandescentes teñidas de amarillo (utilizadas contra insectos) no son una fuente amarilla pura, pero son un sustituto aceptable. Agrega que mantener al público informado sobre los problemas de la contaminación con luz de las playas de anidamiento de tortugas, es un paso fundamental para oscurecer las playas de tortugas marinas. Indica que muchas de las personas responsables de esta iluminación no tienen conocimiento del efecto negativo que esto ocasiona y están dispuestos a corregir el problema voluntariamente una vez que son informados; sin embargo, a menudo es necesaria legislación para un mayor control de la iluminación y en muchas playas de anidamiento, ésta es la única forma de resolver el problema de contaminación de luz. B) en cuanto a la compactación de playa: retiro de las áreas constructivas, manifiesta que los procesos de preconstrucción de edificios deben considerar retirarse una distancia adecuada de la playa. Añade que dependiendo de la especie de tortugas, diferentes zonas de playa son preferidas para la deposición de huevos y en ese sentido indica que algunas tortugas tienden a depositar sus huevos utilizando la cobertura vegetal mientras que otras especies anidan en la playa directamente sobre la línea de marea alta. Agrega que la inundación de los nidos con agua de sal que causa que los huevos se dañen, es menos probable que ocurra en nidos localizados en las partes altas de las playas. Señala que muchas especies de tortugas preferiblemente seleccionan playas anchas, libres de obstáculos para anidar y el desarrollo costero, especialmente al frente de las playas, puede reducir la cantidad y calidad de los sitios de anidación disponibles. Agrega que además, la mayoría de líneas costeras cambian continuamente debido a la naturaleza de la acción de las olas y el retiro de las construcciones es deseable para proteger tanto el frente de playa como el hábitat de anidación. Manifiesta que cada tipo de desarrollo y cualquier barrera potencial necesita retirarse de la zona de arena y esto debe incluir luces, construcciones, objetos físicos como sillas, sombrillas, botes y equipo recreacional.  Indica que el límite de retiro debe prevenir cualquier daño potencial que en una tormenta puede causar a  una playa y a sus áreas circundantes, que las características específicas de cada playa deben ser consideradas para determinar el apropiado retiro, además áreas de vegetación (dunas de área y terrenos localizados entre los edificios y la playa), también deben ser considerados para el establecimiento del retiro. Indica que el retiro de los desarrollos costeros difiere dependiendo de las características de la línea costera y típicamente oscilan entre 15 y 100 metros de la línea de vegetación permanente. Señala que el retiro cumple varias funciones ampliamente conocidas: a) provee zonas de amortiguamiento entre el océano y la infraestructura costera dentro de la cual la zona de playa puede expandirse o contraerse naturalmente, sin la necesidad de paredes y otras estructuras, las cuales pueden afectar un sistema completo de playa, así en este sentido, puede reducir de manera efectiva la erosión de la playa; b) reduce el daño de las propiedades al frente de la playa durante eventos de altas mareas; c) proveen vistas mejoradas y acceso a lo largo de la playa; d) provee privacidad a los ocupantes de las propiedades costeras y también para las personas que utilizan las playas como un recurso recreacional. Añade que a finales del dos mil seis, el Rector de la Universidad Nacional, Dr. Olman Segura Bonilla, solicitó entre otros aspectos el criterio técnico científico sobre el “Reglamento  de Zonificación Distrito Cabo Velas, Sector Costero”; reglamento en el que algunos funcionarios de la Universidad Nacional colaboraron para su elaboración, para tal efecto, nombró una comisión de alto nivel para que se realizara el análisis del reglamento. Manifiesta que debido a que en este amparo se solicita un criterio técnico sobre los efectos de un proceso constructivo que se desarrolla en playa Ventanas y debido a que ese reglamento pretende regular las características de los desarrollos constructivos en dicha zona, es que transcribe parte del documento generado, el cual podría aportar algunos elementos al tema tratado.  Manifiesta que a continuación se emiten los criterios profesionales de los integrantes de comisión los cuales pudieron ser rebatidos en foros que para ese efecto se convocaron, los cuales se dividen en los siguientes aspectos: a) observaciones de carácter general;  b) criterios sobre la pertinencia del Reglamento; c) criterios de naturaleza administrativa; d) criterios de naturaleza biológica; e) sobre las debilidades del reglamento y f) sobre la participación y las implicaciones sociales.  A) observaciones de carácter general: indica que el reglamento se basa en el supuesto de que existe la necesidad de establecer normas adecuadas para autorizar las construcciones en la zona costera de playa Grande en el Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB), asumiendo que su regulación protegería los intereses de los propietarios sin detrimento de las áreas de anidación y garantizaría el desarrollo sostenible. Indica que el reglamento se justifica en algunos aspectos de carácter “formal” relacionados con la interpretación de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas (Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas N°7524 del diez de julio de mil novecientos noventa y cinco); fundamentalmente en lo referido a la interpretación de su límite terrestre el cual discurre “aguas adentro” como punto de partida para determinar la línea a partir de la cual se mide la distancia de 125 metros a partir de la pleamar ordinaria entre las coordenadas N259100 y E332000. Añade que sobre esta base se fundamenta el carácter exclusivamente marino del parque “porque es el mar el hábitat de la tortuga baula y es ahí donde la protección se debe reforzar”. Señala que a partir de esta interpretación y a pesar de que fue exhaustivamente clarificada inclusive antes de la emisión del reglamento por parte de la Procuraduría General de la República, se generan tres consecuencias básicas: a) se publica el reglamento de zonificación distrito Cabo Velas en el cual, entre otros aspectos, se reduce el área de anidación de la tortuga baula a la zona pública y el ámbito de injerencia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a ese mismo espacio y en lo que a cobertura terrestre se refiere; b) se asume que el carácter marino de la especie y del parque circunscribe prioritariamente las medidas de protección al mar donde, sin que se obvie que se presentan condiciones críticas para la especie producto de las acciones pesqueras, no justifica en modo alguno que se sometan a alguna forma de alteración las áreas de anidación que son determinantes en su ciclo de vida y c) con base en lo señalado en los puntos anteriores, el reglamento abre la posibilidad para que las áreas terrestres inmediatamente aledañas al parque (zonas de playa que según pronunciamientos vinculantes de las instancias correspondientes forman parte del Parque Nacional Marino Baulas y por tanto sujetas a la administración del Ministerio de Ambiente y Energía), sean afectadas de manera directa o indirecta por construcciones de diversa naturaleza. B) criterios sobre la pertinencia del reglamento: la especie Dermochelys coriacea está incluida en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. Añade que también está contemplada entre las prioridades de conservación de varias organizaciones inter-gubernamentales como la FAO, además de ser catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). Agrega que en aras de fortalecer y coparticipar en las políticas nacionales e internacionales de conservación de los recursos naturales, Costa Rica ha suscrito una serie de convenios internacionales orientados no solo a la protección de las tortugas marinas sino las áreas protegidas, la diversidad biológica y la conservación de los recursos naturales en general y marino costeros, en particular.  Indica que se hace referencia especial a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas ratificada mediante Ley número.7906 del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve, al Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, ratificado por Ley número 7433 del catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, a la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, ratificada por Ley número 3763 del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis y al Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Ley 7416 del treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro, los cuales en lo sustancial son violentados por ese Reglamento en la medida en que la suscripción de estos convenios está orientada a la conservación de la flora y fauna a nivel global y forman parte del ordenamiento jurídico. C) Criterios de naturaleza administrativa: 1) presume como premisa, a pesar del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (Oficio C-444-2005 que tiene carácter vinculante pero que se omite mencionar en el Reglamento haciendo más referencia al oficio OJ-15-2004 que no lo tiene), que el área en conflicto es administrada por la Municipalidad de Santa Cruz, obviando que dicho pronunciamiento (C-444-2005) establece con contundencia la potestad del Ministerio de Ambiente y Energía para su administración. Agrega que entre otros aspectos dicho pronunciamiento aclara que “A partir de una interpretación sistemática y en atención a la finalidad de la ley de creación del Parque Marino Las Baulas de Guanacaste, la antinomia debe ser resuelta con la inaplicación de la expresión “aguas adentro” de manera tal que se entienda que el trazado de la línea imaginaria que parte de una línea recta que nace en las coordenadas N259-100 y E 322.000 y finaliza en las coordenadas N 255.000 y E 335.050, según las hojas cartográficas Villarreal y Matapalo del Instituto Geográfico Nacional, discurre por tierra a una distancia de ciento veinticinco metros de la pleamar ordinaria”. Estima que debe prevalecer el interés ambiental y en su opinión no corresponde a la Municipalidad de Santa Cruz establecer normas de ningún tipo en esa área costera por cuanto la implementación del Reglamento está sustentada en una premisa falsa y no es de ningún modo aplicable según el pronunciamiento de la Procuraduría. 2) el principio fundamental que justifica la creación del Parque Nacional Marino Las Baulas, mediante Decreto Ejecutivo número 20518- MIRENEM del nueve de julio de mil novecientos noventa y uno, ratificado por Ley número 7524 del diez de julio de mil novecientos noventa y cinco, se basa precisamente en la protección absoluta de las áreas de anidación de las tortugas baulas (Dermochelys coriacea), aunque incluye además un área considerablemente amplia en su parte marina, siendo éste el elemento central que sustenta su creación, la pérdida e inclusive la alteración parcial de este espacio y se contrapone a la razón fundamental que justifica su creación. 3) por definición, un parque marino no puede abstraerse de su relación con la zona costera. Indica que acorde con planteamientos de relevancia internacional, se define un parque marino como una zona marina especialmente dedicada a la protección, mantenimiento y persistencia de la biodiversidad biológica, de los recursos naturales y culturales asociados a la franja costera. Señala que esto incluye hábitats vulnerables, estadios críticos del ciclo de vida de las especies, zonas con especies raras o endémicas y todas las zonas terrestres asociadas, situación que, en todos sus términos es aplicable al Parque Nacional Marino Baulas. Indica que una de las principales razones que justifican la creación de este parque, se encuentra claramente señalada en el documento Diagnóstico Ambiental del Parque Nacional Marino Las Baulas: “El objetivo de creación del Parque Nacional Marino Las Baulas fue el de proteger el hábitat de anidación de la tortuga baula (Dermochelys coriacea), especie que se encuentra en estado crítico de extinción (UICN 2003). Las playas Grande, Ventanas y Langosta, protegidas a través del Parque Nacional Marino Las Baulas, han constituido desde entonces una de las principales áreas protegidas en el mundo para la anidación de la tortuga baula”. Agrega que el hábitat de anidación comprende la playa incluyendo el área de la berma (zona de línea de vegetación), que es en donde las tortugas construyen precisamente sus nidos. Por tanto y de acuerdo a la definición de Área Marina Protegida, no procedería siquiera considerar la exclusión de la franja terrestre del Parque Nacional Marino Las Baulas. 4) este reglamento pretende impulsar el incremento en las construcciones de casas de habitación, de recreo, de ocupación temporal y de negocios comerciales y hoteleros: esta regulación comprenderá todo desarrollo comprendido o ubicado, entre el mojón IGN número 1, situado al sur de la Urbanización Villas Playa Grande y la Urbanización Palm Beach en Playa Grande, zona central de importancia para la anidación de las tortugas Baula. Indica que dicha franja de terreno comprenderá un ancho de doscientos metros a partir del límite de la zona pública inalienable. Señala que debe considerarse que este reglamento define la zona pública como “la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; así como los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública”. Manifiesta que todo lo anterior implica que luego de los cincuenta metros a partir del límite de marea baja ya es terreno susceptible de ser construido, lo cual contradice, de nuevo, los principios básicos que justifican la creación del parque y se contrapone a criterios biológicos elementales que requiere la especie para su reproducción que en sus aspectos más relevantes se detallan a continuación. D) Criterios de naturaleza biológica: 1) siendo la tortuga baula una especie de relevancia mundial, con una condición crítica en términos de su estado de conservación según lo ha establecido UICN 2003, no es justificable ni aceptable desde ningún punto de vista que se generan instrumentos jurídico administrativos que, lejos de fortalecer las acciones de conservación, más bien propicien acciones humanas (en este caso construcciones) que atentan de manera directa o colateral con los espacios de anidación, los cuales resultan vitales para garantizar la reproducción de la especie. 2) Señala que es imposible abstraer la interrelación terrestre del Parque Nacional Marino Las Baulas de manera que la interpretación de la afirmación “…porque es el mar el hábitat de la tortuga baula”, carece de fundamento especialmente porque este reptil depende de la franja costera durante la fase más crítica de su ciclo de vida. Agrega que es durante su desarrollo ontogénico, el proceso de eclosión y posterior desplazamiento hacia el mar cuando es más vulnerable a las alteraciones ambientales y a la depredación. Indica que la estrategia de sobrevivencia que han desarrollado estos quelonios, involucra procesos de migración masiva hacia las playas de desove y la eclosión coordinada para lograr de esta forma que los niveles de mortalidad natural de los neonatos sean tales que garanticen la sobrevivencia suficiente para el reemplazo futuro de las poblaciones desovantes; procesos todos que ocurren en la playa y en el entorno de las áreas de anidación. Manifiesta que en el caso particular de las baulas, la posición debe ser radical en términos de la protección de las áreas de anidación, es decir, independientemente de las alternativas jurídicas y administrativas que eventualmente pudieran implementarse, debe prevalecer en este caso la protección absoluta del sitio y por ello opina que cualquier medida que propicie su afectación se contrapone a ese principio. 3) Agrega que según lo señalado en la motivación del reglamento, con base en los estudios realizados por el Centro Científico Tropical (CCT) y con sustento en los datos del Ministerio de Ambiente y Energía, efectivamente se afirma el drástico proceso de disminución en el número de tortugas hembras reproductoras en el océano Pacífico, pasando de 91000 en mil novecientos ochenta a unas 3000 en el año dos mil, con desoves críticos en la temporada dos mil uno-dos mil dos, donde apenas llegaron a desovar cincuenta hembras en la costa mexicana y sesenta y ocho en playa Grande y Langosta en Costa Rica. Indica que los datos derivados de la anidación en las costas del Pacífico Oriental demuestran una reducción poblacional de más del noventa por ciento desde mil novecientos ochenta hasta el dos mil seis.  Añade que la interpretación de estos datos resulta totalmente contraria al espíritu que sustenta los estudios del Centro Científico Tropical en el tanto dicha información muestra efectivamente y de una manera precisa la situación crítica y la necesidad de salvaguardar el área como sitio de desove, pero en la motivación del reglamento se obvian aspectos elementales de índole ambiental que inciden directamente en la disminución de la anidación, atribuyendo al Ministerio de Ambiente y Energía, de manera simplista y sesgada, la disminución en las tasas de desove. Indica que se omiten además los esfuerzos permanentes y constantes del Ministerio de Ambiente y Energía en términos de salvaguardar el área, de regular el acceso, de implementar normas de protección, de ampliar el área del Parque Nacional Marino Las Baulas con fines de protección, una serie de estudios que demuestran con claridad que los desoves de las baulas en particular están sujetos a una gran cantidad de factores ambientales que los condicionan, muchos de los cuales han sido plenamente comprobados y se encuentran disponibles. Agrega que en su criterio, esta situación no tiene ningún tipo de asidero científico al atribuir a una determinada acción institucional la disminución de las arribadas de las tortugas baula al sitio; afirmación que vista desde otra perspectiva, implicaría que el Ministerio de Ambiente y Energía sería también el responsable de la disminución de las tasas de anidamiento en las costas mexicanas donde el fenómeno también ocurre. 4) señala que en relación con la naturaleza eminentemente marina que el reglamento atribuye a la especie y la necesidad de que se orienten los esfuerzos hacia la protección en el mar (lo cual de manera implícita reafirma que no es prioritario protegerlas en tierra), no se ajusta a la realidad biológica de esta especie y las razones de ello se presentan a continuación: durante su ciclo de vida la(s) población(es) de tortugas baulas se ven influenciadas por dos tipos de mortalidad: a) mortalidad natural (M) que incluye huevos infértiles, atacados por hongos, la predación que sufren las tortuguitas luego de la eclosión y en su camino desde el nido hasta el mar, y la competencia intraespecífica e interespecífica entre otros factores, los cuales ocurren mayoritariamente durante la fase de desarrollo en tierra. Agrega que ésta es probablemente la mortalidad que mayormente influye sobre la densidad poblacional pues es la responsable, en términos generales, de la muerte de entre un setenta  y un ochenta y cinco por ciento del total de tortuguitas nacidas durante una época de desove con lo cual disminuyen a su vez las probabilidades de alcanzar la adultez; situación particularmente crítica en las especies de ciclo de vida muy largo; b) mortalidad por pesca (F) dado que la especie presenta una distribución transzonal (se desplaza entre las Zonas Económicas Exclusivas) así como latitudinal (tanto en zonas tropicales, subtropicales como templadas), es complejo evitar que formen parte de la captura incidental de las flotas pesqueras nacionales e internacionales. Indica que desde una perspectiva de conservación, la alternativa estratégica implica garantizar en primer lugar que M sea lo menor posible para  que de esa forma más tortuguitas tengan la posibilidad de llegar a la fase adulta y así siempre haya una población desovante tal que garantice su sobrevivencia, de manera que la afirmación “es en el mar donde la protección se debe reforzar”, constituye un contrasentido desde el punto de vista de la conservación. Manifiesta que efectivamente la protección marina de las tortugas constituye una necesidad insoslayable y esfuerzos desde una perspectiva regional deben ser asumidos en razón de su naturaleza transzonal que la convierte en una especie severamente amenazada e impactada por la flota pesquera internacional. Agrega que el problema de protección en mar abierto resulta complejo, costoso y requiere de esfuerzos conjuntos de alcance regional, lo cual implica que en el corto plazo los logros en materia de protección seguirán siendo limitados. Indica que, sin embargo, que exista esta problemática compleja en relación con la protección de la tortuga en alta mar, no justifica de ninguna manera que se propicien acciones de afectación en las playas de anidación y constituye desde una perspectiva conservacionista y ética, una posición inadmisible. 5) con el fin de profundizar en el conocimiento del ecosistema aledaño al Parque Nacional Marino Las Baulas y visualizar los posibles efectos que, en el corto, mediano y largo plazo se estarían fomentando con la implementación del reglamento y eventualmente con los desarrollos que éste propicia, a través del Programa de Maestría en Ciencias Marinas y Costeras y estudiantes avanzados de la Carrera de Biología Marina, ambos de la Universidad Nacional, se inició a partir de enero del dos mil ocho, un proceso de evaluación del área que permita conocer el grado de complejidad y de las interacciones tróficas que se verían afectadas a partir de la transformación del entorno, como resultado del desarrollo residencial que se promueve. Indica que el proceso se sustenta en responder a cuatro preguntas: a) características funcionales del ecosistema y capacidad de respuesta ante posibles desarrollos que el reglamento  permite?; b) efectos del desarrollo residencial y comercial sobre el ecosistema?; c) factibilidad de coexistencia de estos desarrollos sin detrimento de la salud del ecosistema?; y d) consecuencias inmediatas (de corto plazo) una vez implementado el desarrollo residencial y comercial?. Señala que los informes preliminares generados en los estudios realizados hasta el momento se encuentran en poder de la Comisión pero permiten referir en lo sustancial y en función de los objetivos de esa comisión, los siguientes aspectos: a) los resultados del análisis correspondiente al modelo preliminar de balance de masas del Parque Nacional Marino Las Baulas refleja que el dominio del sistema es del tipo “bottom up”, esto significa que existe una interacción mutuamente dependiente entre el manglar y la zona marina que se resalta por la gran cantidad de energía que sale de las zonas de manglar en forma de flujos de exportación y del aporte de los productores primarios hacia detritus, que se presentan dentro de los límites de la zona marina del Parque Nacional Marino Las Baulas. Manifiesta que esto obliga a ponderar las particularidades del sistema inherente al manglar ubicado entre Tamarindo y Salinas y el del estero Ventanas. Agrega que respecto del análisis de la capacidad de resilencia (capacidad de respuesta del ecosistema ante el desarrollo de este proyecto), los resultados demuestran que la zona marina del Parque Nacional Marino Las Baulas posee una tasa de respuesta muy baja (22%) ante esta actividad, lo que significa que los efectos sobre la biodiversidad  marina se presentarían en el corto plazo (menos de dos años); b) para dar respuesta a la pregunta 2, se realizó un análisis con el simulador ecotrófico llamado EcoSim, se planteó un escenario que integra la remoción en la zona en que el reglamento intenta impulsar la  construcción de casas y locales comerciales sobre una “franja de 200 m a partir de la zona inalienable” y que se encuentra debidamente especificada en el capítulo II, artículo 3, capítulo III, artículo 19 y en el capítulo IV, artículo 37 del reglamento y que comprende una extensión de siete kilómetros. Manifiesta que a esta acción se le denominó para propósitos de la simulación como factor forzante 1 (FF!) y el resultado se puede resumir así: “al verse afectada la exportación de energía del manglar hacia la zona marina protegida por el PNMB, se incide inmediatamente sobre las microalgas y los corales; esto a su vez afecta en un nivel trófico superior la permanencia de las poblaciones de nudibranquios y de cambutes, afectando la biomasa de los niveles tróficos intermedios (sardinas, pulpos, medusas, etc) con el consecuente efecto sobre las tasas de depredación por parte de los predadores tope (tiburones y delfines)”. Indica que es importante señalar que las microalgas, los corales, las tortugas baulas, los nudibranquios y los cambutes nunca llegan a alcanzar nuevamente el equilibrio en sus poblaciones; c) para contestar la pregunta 3 se compararon los estimados tróficos obtenidos en el ecosistema del Parque Nacional Marino Las Baulas hoy, o sea, sin el efecto de este reglamento y los que se obtendrían, acorde con el simulador ecotrófico, si se llegara a desarrollar este proyecto residencial. Indica que en conclusión, todos los atributos del sistema medidos, entre ellos cantidad de energía que es exportada del manglar hacia la zona marina, flujos de energía entre niveles de omnivoría y potencial de soporte ante cambios externos, se vieron reducidos en un 67%, por tanto la respuesta a esta pregunta es no, eses sistema marino no podría soportar el factor forzante 1; d) en este ecosistema se ocasionarían impactos muy severos y que son medidos cuando la persistencia y la resiliencia son menores y cuando la magnitud de cambio y tiempo de recuperación del ecosistema del Parque Nacional Marino Baulas, son mayores. Indica que esto es que esta perturbación ocasiona cambios rápidos y grandes  y el ecosistema se recupera lentamente, lo que provocará que se afecte de manera importante la estabilidad del ecosistema del Parque Nacional Marino Las Baulas. Señala que, en conclusión, acorde con esta simulación, el efecto a corto, mediano  y largo plazo sobre el ecosistema del Parque Nacional Marino Las Baulas, sería enorme y es evidente que no es una opción viable el considerar separada la franja costera de la zona marina y sobre todo obviar la relación existente entre los manglares de Tamarindo-Salinas y el del estero Ventanas  con el sector marino protegido por el Parque Nacional Marino Las Baulas.  Indica que no es solo un efecto directo y de corto plazo el que se provocaría sobre las poblaciones de tortuga baula, sino prácticamente sobre todo el ecosistema marino.  Manifiesta que acorde con este estudio científico preliminar se recomienda no ejecutar este reglamento promovido por la Municipalidad de Santa Cruz dadas las consecuencias de corto plazo sobre prácticamente todo el ecosistema protegido por el Parque Nacional Marino Las Baulas. E) Sobre las debilidades del reglamento señala que hay una gran cantidad de errores y vacíos no solo en términos de aplicabilidad sino de carácter conceptual: 1) desde la perspectiva de la comisión, queda claro que las atribuciones asignadas por medio del reglamento no corresponden a la Municipalidad de Santa Cruz y que la implementación de estas herramientas de manejo corresponden al Ministerio de Ambiente y Energía, específicamente al Área de Conservación Tempisque; 2) el reglamento tal y como fue publicado en La Gaceta del tres de julio del dos mil seis contiene vacíos y errores que no cumplen con la estandarización pertinente y se hace referencia por ejemplo a la terminología puntualizada en el artículo 2 así como a una serie de aspectos que según el criterio de esa Comisión, deben ser señalados: a) punto 43 (zona pública): la zona pública no existe en las áreas protegidas (AAPP) según el artículo 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; b) punto 29 (playa): la definición de playa no es la correcta desde el punto de vista de un área protegida (AAPP) la cual se sustenta más bien en criterios biológicos y geográficos como correspondería si el espíritu del reglamento fuera precisamente salvaguardar y proteger la especie. Se plantea en el reglamento una definición más bien de carácter legal orientada a su utilización material, lo cual no coincide con los criterios de ecología marina y que define una playa como un accidente geográfico compuesto por sedimentos no consolidados de diversos orígenes y que se encuentra formada por: (1) zona supralitoral, (2) zona sublitoral, (3) zona litoral, (4) berma, que incluye a su vez la zona de vegetación que se desarrolla hasta el punto que comprende la misma distribución de sedimentos no consolidados que conforman la playa. En el caso de las playas del Parque Nacional Marino Las Baulas esta área comprende entre 40 y 60 m luego de la zona litoral; c) punto 33 (significado del impacto ambiental) que debe ser homologado según lo define la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA) para esta temática; d) punto 34 (temporada de desove) la definición es errónea no por la demarcación de los meses sino porque no define el proceso biológico al cual se refiere; e) puntos 36, 37, 38 y 39 (sobre los usos) la determinación de los tipos de usos es confusa y facilita las interpretaciones en detrimento de la calidad ambiental. Deben estar definidos fundamentalmente como permitidos y no permitidos; f) punto 44 (zonificación) la definición de ésta no utiliza parámetros biológicos como criterios orientadores de los usos, su enfoque olvida al área protegida (AAPP) o su colindancia con ésta y tiene más bien un enfoque desarrollista; g)puntos 20 y 21 (hoteles) hay un error en determinar como criterio de medida el número de habitaciones y no el número de camas que es uno más correcto pues puede medir las demandas de recursos (como por ejemplo el agua potable) o la emisión de desechos (ejemplo aguas negras, jabonosas, desechos sólidos); h) puntos 6, 8 (área de influencia, barreras vegetales o verdes) el “muro de vegetación”, herramienta de control de contaminación lumínica, es muy cuestionable. No se definen las especies caducifolias, además de que el intento de orientación de la luz para el caso de parqueos para vehículos es muy poco claro, no se determina densidad foliar entre otra variedad de debilidades de manera que el área de influencia del proyecto se sustenta en criterios subjetivos; i) en varios acápites del reglamento se hace referencia a las zonas determinadas por la Ley de Zona Marítimo Terrestre y aclara que esta ley no tiene jurisdicción en las áreas protegidas (AAPP) por tanto su zonificación no es vinculante; j) el artículo 18 no es jurisdicción de la Municipalidad y tiende a crear conflictos institucionales; k) el artículo 19 acepta usos conflictivos que podrían deteriorar el medio y admite decisiones de la municipalidad que no son vinculantes a su jurisdicción en el área protegida; l) el artículo 20 el permiso del cambio de uso del suelo es vinculante al Ministerio de Ambiente y Energía, no a la municipalidad; m) el reglamento deja de lado la densidad de ocupación variable y creciente que tienen lugares como albergues, sodas, restaurantes, supermercados, entre otros; n) el reglamento no creó un cimiento técnico basado en la capacidad de carga del sitio a  utilizar, incluso ignora que sitios como un restaurante poseen densidad de ocupación críticamente variable; o) el reglamento es inoperante con el tema de la contaminación lumínica, adolece de la comprensión de este “impacto psicológico” sobre las hembras anidadoras. La relación de muros, altura de edificios, senderos iluminados en conexión con la iluminación, constituyen enormes vacíos en este reglamento. Los ángulos de emisión de luz desde edificios a cualquier altura es una brecha en el reglamento; p) además del problema de ambigüedad del reglamento en relación con las regulaciones que establece, no se definen las formas de control de la contaminación lumínica y su impacto en la anidación y la conducta de las tortugas marinas, no considera ni prevé de que  modo se establecerán mecanismos para controlar la contaminación sónica y abre la posibilidad de acceso sin control durante las temporadas de desove al tener cada residencia su propio acceso a la playa. En la práctica una vez establecidas las construcciones, ninguno de los tres aspectos anteriores serán materialmente posibles de controlar; q) los porcentajes de construcción no se basan ni se da prueba de estudios de suelo, permeabilidad, además de la disponibilidad de recursos que toda edificación demanda e  inclusive de la capacidad de carga para el área en discusión; r) resulta incomprensible que se recomiende el envío de aguas pluviales al medio natural en especial porque ellas se dirigirán tarde o temprano al medio marino o de previo al manglar de Tamarindo; s) la construcción de piscinas es inaceptable en especial por ser un área protegida y el reglamento ignora los impactos de la cloración al medio, la disposición de aguas de piscinas y la demanda de agua en una zona donde es un recurso críticamente limitado; t) artículo 60 3b. se contradice con otras recomendaciones sobre el cómo disponer las aguas pluviales y sin que se defina que se entiende por “impacto significativo en el medio o la salud pública”; u) artículo 60 acápite a, ya está regulado por la Ley de Tránsito además que es prohibido en el área protegida. En su acápite c ignora los efectos de la disposición de estiércol en los medios acuáticos colindantes (dulceacuícolas o marinos) incluyendo la eutrofización; v) el acápite d del mismo artículo merece mención especial por cuanto autoriza de manera implícita y bajo criterios de prevención ambiguos, la posible alteración de la playa, lo cual desde el criterio de la comisión es totalmente inaceptable; w) se ignoran dentro de lo establecido en el reglamento las consecuencias en lo relativo a la demanda de servicios por parte del desarrollo que pudiera permitir (ejemplo agua potable, disposición de desechos, entre otros); x) el dividir el área en sectores supone una anidación heterogénea sin basamento científico, lo cual es una situación peligrosa pues supone densidades de anidamiento bajas y por lo tanto, relaja las medidas de restricción al desarrollo. Si bien es cierto, la anidación tiende a concentrarse, en algunos sitios esta “concentración” es móvil, dinámica y varía anualmente e incluso temporalmente. F) sobre la participación y las implicaciones sociales: 1) desde hace muchos años el desove de tortugas baulas a las playas ha generado una actividad laboral importante que ha permitido el sostenimiento de la economía local, primero a partir de la extracción de huevos de manera sostenible y controlada y luego mediante la transformación de la estructura laboral a través de la incorporación de los habitantes locales en nuevas actividades también generadas por las arribadas, como por ejemplo la actividad turística. Agrega que estas actividades se refieren específicamente a la participación de los habitantes ya sea como guías turísticos o bien mediante la prestación de servicios básicos como hospedaje y alimentación a los turistas. Indica que toda estructura laboral participativa ha sido impulsada mediante iniciativas del Ministerio de Ambiente y Energía en la región con mucho éxito; estudios preliminares han estimado ingresos brutos superiores a los dos millones de dólares en las comunidades involucradas por concepto del desarrollo de este tipo de actividades; 2) este proceso de transformación de la estructura laboral en las comunidades a partir del recurso baula, se genera mediante la constitución de varias organizaciones locales, algunas de ellas creadas desde hace más de doce años, a saber: la Asociación de Guías Locales de Tamarindo constituida en mil novecientos noventa y cuatro, la Asociación de Guías Locales de Matapalo constituida en mil novecientos noventa y cuatro y la Asociación de Damas Amigas del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste constituida en el dos mil cuatro. Indica que las organizaciones han participado activamente en el proceso de transformación de las formas de uso de los recursos naturales del área; proceso en el cual han mantenido una estrecha interacción  y vínculos de apoyo con el Ministerio de Ambiente y Energía, lo cual ha podido ser confirmado de manera fehaciente por miembros de esa comisión; 3) curiosamente, a pesar del papel protagónico que han mantenido estas organizaciones, no solo en el proceso de transformación de la estructura laboral y de la economía local, sino en la consolidación del Parque Nacional Marino Las Baulas como área protegida, las investigaciones demuestran que éstas no fueron objeto de ningún tipo de participación o consulta durante el proceso de elaboración del reglamento. Más bien, en su capítulo V el reglamento plantea la posibilidad de integrar organizaciones locales que “pudieran” incorporarse eventualmente en actividades turísticas para el “desarrollo sostenible” del área, ignorando de este modo la trayectoria, la participación y los logros en materia de conservación que han alcanzado estas organizaciones desde hace doce años. Se omite por ejemplo que ya existen en operación más de cuarenta guías locales debidamente inscritos y capacitados en el Ministerio de Ambiente y Energía; 4) con base en lo anterior, los planteamientos del capítulo V se contraponen de manera evidente a un proceso histórico que ha articulado estrechamente a las comunidades aledañas con la consolidación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste y resalta aspectos que más bien contradicen criterios básicos para el alcance de condiciones de sostenibilidad al atentar con la estabilidad de los recursos naturales; además, esa posición genera elementos de injusticia y desigualdad entre los grupos comunales y los intereses privados. En este aspecto y como complemento, se reitera una vez más la incompetencia de la municipalidad para asumir acciones en este campo.

7.- En resolución de Magistrado Instructor de las nueve horas treinta y cuatro minutos del veintiséis de julio anterior, se solicitó prueba para mejor resolver al Director del Área de Conservación Tempisque del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (folio 259).

8.- En atención a la audiencia otorgada se apersona Nelson Marín Mora en su condición de Director Regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (folio 264) e indica que se procedió a solicitar apoyo al Programa Regularización de Catastro y Registro por cuanto tienen acceso directo al Catastro Nacional y se logró encontrar una discrepancia respecto del inmueble objeto de este amparo, en relación con la ubicación geográfica del plano y lo que indican los registros de amojonamiento por parte del Instituto Geográfico Nacional. Señala que aún con las discrepancias en la ubicación del plano, cuando se realizó la ubicación del plano siguiendo sus datos o los de registro de amojonamiento, la propiedad cuyo plano catastrado es G-145496-1993, se ubica dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas. Añade que es necesario realizar un levantamiento de campo para definir con mejor consistencia la georeferencia del plano, para lo cual, de requerirse realizar este procedimiento, se necesita de un tiempo adicional ya que el Área de Conservación Tempisque no cuenta con Topógrafo, por lo que se tendría que gestionar el apoyo correspondiente.

9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

            Redacta el Magistrado Mora Mora; y,

Considerando:

   I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que la sociedad Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima es dueña de un terreno ubicado en Playa Ventanas, en provincia de Guanacaste y que se encuentra dentro de la zona restringida de la zona marítimo terrestre, frente a una playa de anidación de la tortuga baula, dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folios 30,  31 y 264 y documentos de folios 81 y 268); b) que según criterio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas sí contempla el área donde está ubicada esa propiedad pero no consta que ni a corto ni a mediano plazo se tenga prevista la expropiación del inmueble para que pertenezca al Estado (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folios 28 y 29); c) que el veinticuatro de agosto del dos mil cuatro, el representante de Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que se otorgara la viabilidad ambiental para construir una casa de habitación en ese inmueble (folios 1 al 30 del expediente administrativo); d) que los evaluadores del proyecto como funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en resolución número DAP-194-2004-SETENA del treinta de septiembre del dos mil cuatro, recomendaron a la Comisión Plenaria solicitar un Plan de Gestión Ambiental (folio 32 del expediente administrativo); e) que mediante resolución número 1800-2004-SETENA de las once horas diez minutos del veinte de octubre del dos mil cuatro, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental  solicitó a la Sociedad Rover Path de Guanacaste la presentación de un Plan de Gestión Ambiental (folio 41 del expediente administrativo); f) que mediante  resolución número 1349—2005—SETENA de las once horas veinticinco minutos del nueve de junio del dos mil cinco, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de casa de habitación de Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima al considerar que  el plan de gestión ambiental cumplía con los requerimientos técnicos exigidos (folio 69 del expediente administrativo); g) que mediante resolución número 2076-2005-SETENA de las trece horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto del dos mil cinco, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resolvió suspender la ejecución de la resolución anterior número 1349—2005—SETENA de las once horas veinticinco minutos del nueve de junio del dos mil cinco hasta tanto la Sala Constitucional no disponga otra cosa (folio 37); h) que la tortuga baula es una especie de relevancia mundial con una condición crítica en términos de su estado de conservación por lo que no es aceptable ni justificable que se generen instrumentos jurídico administrativos que, lejos de fortalecer las acciones de conservación, más bien propicien acciones humanas como construcciones que atentan de manera directa o colateral los espacios de anidación los cuales resultan vitales para garantizar la reproducción de la especie (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 253); i) que técnicamente no es una opción viable considerar separada la franja costera de la zona marina y sobre todo obviar la relación existente entre los manglares de Tamarindo-Salinas y el del estero Ventanas con el sector marino protegido por el Parque Nacional Marino Las Baulas (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 255); j) que la construcción de casas en la zona ocasionaría impactos muy severos al ecosistema pues las perturbaciones que genera ocasionan cambios rápidos y grandes en tanto el ecosistema se recupera lentamente, lo que provocará que se afecte de manera importante la estabilidad del ecosistema del Parque Nacional Marino Las Baulas, de modo que el efecto a corto, mediano y largo plazo sería enorme, con lo cual no es solo un efecto directo y de corto plazo el que se provocaría sobre las poblaciones de tortuga baula, sino prácticamente sobre todo el ecosistema marino (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 255).

II.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ambos derechos se encuentran reconocidos expresamente en el artículo 50 de la Constitución Política que perfila el Estado Social de Derecho  de forma que la Constitución Política enfatiza que la protección del medio ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los poderes públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. En ese sentido, este derecho se manifiesta en la doble vertiente: como derecho subjetivo de las personas, y como meta o fin de la acción de los poderes públicos en general, por lo que el Estado debe garantizarlo, defenderlo y preservarlo. En ese sentido, se debe vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho y desplegar acciones dirigidas a proteger anticipadamente el derecho de posibles peligros, a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. Por lo anterior, el Estado debe por un lado abstenerse de atentar él mismo contra el ambiente, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales, dentro de las cuales se encuentran las de carácter preventivo.

III.- Obligaciones del Estado en materia ambiental. Deriva del citado artículo 50 de la Constitución, el carácter de garante que ostenta el Estado de la conservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta obligación implica, en los términos en que lo ha dicho la Sala en otras ocasiones como en la sentencia número 2001-13295 de las doce horas seis minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno, entre otras:

“...que el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse que la actividad que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el pronunciamiento del órgano estatal encargado es en sí un asunto técnico, el deber de pronunciarse y la exigencia de rigurosidad es un asunto jurídico. En términos generales, el deber estatal de garantizar el derecho a un ambiente sano no se reduce a satisfacer un simple requisito marginal dentro del proceso licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir con ciertas formalidades, sino utilizar como se dijo todos los medios jurídica y fácticamente posibles para preservar el ambiente.” (ver en el mismo sentido la resolución número 05906-99 de las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve).

Deber que, según lo reconoce esa misma sentencia, recae con mayor especificidad sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, aquí recurrida:

“La preocupación ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía se reduce prácticamente a los estudios de impacto ambiental, cuya aprobación está en manos de SETENA. Es decir, en SETENA recae todo el deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica el artículo 50 constitucional. Ante tan importante responsabilidad, sería razonable esperar la fortaleza técnica y administrativa del órgano encargado.”(ver sentencia número 2001-13295 de las doce horas seis minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno)

Es en este sentido que, en materia ambiental, resulta especialmente grave toda conducta omisiva estatal que tenga como resultado un desmejoramiento de las condiciones del medio ambiente (así se deduce de las sentencias número 9735-00 de las nueve horas seis minutos del tres de noviembre del dos mil y número 1645-02 de las once horas cuatro minutos del quince de febrero del dos mil dos, entre otras).

 IV.- Sobre el principio precautorio y el desarrollo sostenible. Además de lo dicho, resulta de importancia para la resolución de este asunto, tener en cuenta dos principios de especial relevancia en materia ambiental, como lo son el principio precautorio y el principio de desarrollo sostenible. En cuanto al primero, debe indicarse que esta Sala ha reconocido que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. Es el también llamado principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica:

"Principio 15.-  Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

En consecuencia, deben desplegarse actuaciones anticipadamente para evitar los efectos negativos de un proyecto, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas.  De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Partiendo de ello, nace la necesidad de que todo Estado alcance su progreso de la mano con la naturaleza, pues sólo a través del desarrollo sostenible, puede garantizarse la existencia de recursos a las generaciones presentes y futuras, surgiendo así el segundo principio denominado “desarrollo sostenible”. Sobre este último la Sala se ha referido en otras oportunidades, siendo un ejemplo de ello la sentencia número 2006-13461 de las diez horas con veinte minutos del ocho de septiembre del dos mil seis, en la cual dispuso en lo conducente:

“... En esa tesitura, el artículo 3, inciso 4),  de la Convención Marco señalada dispone, expresamente, que “Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo... ”.

Asimismo, el principio del desarrollo sostenible está previsto en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que dispone en numeral 3° lo siguiente:

“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.”

Bajo este principio de desarrollo sostenible, se reconoce la necesidad de alcanzar el desarrollo del país en aras de atender las insuficiencias sociales y económicas que se padecen. Pero proclama que el desarrollo se realice sin destruir el medio ambiente y sin agotar las existencias de recursos naturales, permitiendo que el uso de estos recursos no sea superior a su capacidad de reposición. Por ello, se reconoce la posibilidad de desarrollo del país pero el mismo no debiera ir en abierto detrimento del medio ambiente.  El principio de desarrollo sostenible –ampliamente reconocido por este Tribunal– trasciende las cuestiones meramente ambientales, porque se erige como un objetivo en el ámbito de la ciencia económica, pues además de procurar preservar los recursos naturales que dan soporte a la vida de los seres humanos, también persigue la eficiencia en la utilización de los recursos para que se consiga el desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin comprometer la disponibilidad de los recursos naturales en general.  Conforme con lo expuesto, una gestión sostenible de los recursos implica satisfacer las necesidades de los países, teniendo en consideración los requerimientos de las generaciones presentes y futuras y balanceando tres objetivos principales: ambiental, social y económico.  Lo anterior, en aras de invertir las tendencias que amenazan la calidad de vida de los seres humanos y evitar un aumento de los costos para la sociedad.  En ese sentido, es preciso detener la continua degradación ambiental con medidas tendientes a atenuar los efectos negativos del desarrollo económico y social y velar por la existencia de un vínculo sostenible entre la humanidad y la naturaleza. Incluso, la adopción de políticas sostenibles está basada en la concordancia entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación de los recursos naturales, fomentando el uso de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética (ver en ese sentido la sentencia 2007-006315 de las catorce horas treinta y tres minutos del nueve de mayo del dos mil siete).  Al desarrollar este principio, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

“(…) De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del  entorno para lograr la satisfación (sic)  al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro  del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente.

Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la calidad de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable.

El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras.  Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país.  Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución  favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. (…)” Sentencia 3705-1993 de las quince horas del treinta  de julio de mil novecientos noventa y tres.”

En consecuencia, a partir de los principios comentados se reconoce la necesidad de que cualquier proyecto que se desarrolle ya sea por el Estado o por un sujeto de derecho privado, vaya de la mano con el ambiente, pues si bien no puede negarse el progreso de una Nación, éste debe enmarcarse dentro de parámetros adecuados de sostenibilidad, para asegurar la conservación de los recursos a las generaciones futuras (sentencia 2007-006315 de las catorce horas treinta y tres minutos del nueve de mayo del dos mil siete). Esto sin duda debe tenerse en consideración al momento de valorarse el fondo del presente asunto.

V.- Sobre el fondo. En sentencia número 2008-018529 de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho,  esta Sala resolviendo un asunto similar al que ahora se analiza, consideró:

“VIII.- En conclusión.- Dada la importancia de la existencia y protección del Parque Marino las Baulas desde el punto de vista de conservación y protección al medio ambiente, dado que SETENA ha estado otorgando la viabilidad ambiental a proyectos situados dentro del parque y en su zona de amortiguamiento de forma individual sin haber hecho un análisis sobre el impacto integral que tales construcciones producirían en todo el ecosistema del Parque, dado que la Municipalidad de Santa Cruz ha otorgado permisos de construcción dentro del parque y su zona de amortiguamiento incluso sin contar con la respectiva viabilidad ambiental, y tomando en cuenta el principio precautorio en materia ambiental, lo procedente es acoger el presente recurso con todas las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva”.

Y en esa parte dispositiva, se indicó expresamente, en lo que interesa, lo siguiente:

“Se declara CON lugar el recurso, en consecuencia se: a) Anulan todas las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional Marino la Baulas, y se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía continuar de inmediato con los procesos de expropiación de tales propiedades. b) Ordena a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, girar las instrucciones dentro del ámbito de su competencia para no tramitar nuevas viabilidad dentro del parque. c) Ordena a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, proceder en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades de Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya y Carrillo, a realizar un estudio integral sobre el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas producirían al ambiente y las medidas necesarias a tomar, en donde se valore si conviene mejor también expropiar las propiedades que se encuentren allí, y se indique expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial, la tortuga baula (…)”.

A su vez, en sentencia número 2008-008713 de las nueve horas seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil ocho en que se resolvió una acción de inconstitucionalidad sobre el reglamento de zonificación del distrito de Cabo Velas que incluía en su área geográfica de aplicación una parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, por lo cual es aplicable al caso concreto, se estimó:

“D.- El área de protección que debe darse a la Tortuga Baula.  Aún cuando la Sala no tiene dudas sobre la inviabilidad de los criterios que sirven de apoyo al Reglamento de Zonificación impugnado, así como para determinar si la población de las tortugas Baula se encuentra en un grave declive, y resolver cuál debe ser el área optima para garantizar que las tortugas desoven en las playas que regula el mencionado Reglamento de Zonificación, existen los Tratados internacionales y el artículo 50 constitucional como mecanismos jurídicos para dar protección pedida a este Tribunal.  El principio precautorio obliga a la Sala a estimar la acción de inconstitucionalidad, en los términos que indica la jurisprudencia que “en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda objetiva al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.” (sentencia No. 2006-17126).  El Parque Nacional Las Bualas de Guanacaste tiene una finalidad muy clara: la protección del área de desove de la Tortuga Baula, que conforme al Decreto Ejecutivo No. 20518-MIRENEM se hace necesario para asegurar la perpetuidad de la colonia de la tortuga baula (Dermochelys coriacea) y otros recursos naturales, de la actividad turística y ecológica, respecto de la nidificación que se da durante todo el año.   Llama a la atención de esta Sala que el proyecto de Ley de Creación del Parque reitera algunos criterios expresados por el Decreto Ejecutivo, y la preocupación por desarrollos hoteleros, pues con ello se implantará la iluminación, desechos, tránsito de personas, ruido de motores fuera de borda, música, discotecas y automóviles que vendrá a destruir este habitat natural.  De ahí que se propuso inicialmente en el trámite legislativo una franja de protección de doscientos metros desde la pleamar ordinaria, sin embargo con el Dictamen Afirmativo de Mayoría, aún cuando se mantienen esas mismas justificaciones, reduce la franja de protección a 125 metros de la pleamar ordinaria, en el mismo sentido que lo hace el Decreto Ejecutivo mencionado.  Como nuestro país se ha comprometido internacionalmente a observar la protección y “hábitats de tortugas marinas” la acción de inconstitucionalidad debe declararse con lugar, y conforme al principio precautorio, así como el de vinculatoriedad de la normativa ambiental, la Zona Marítimo Terrestre igualmente debe incluirse como área de protección necesaria para las diferentes tortugas marinas que utilizan esa área como parte del ambiente utilizado por ellas durante sus etapas de su ciclo de vida.”

Y se resolvió en aquélla oportunidad, en la parte dispositiva de esa sentencia,  lo siguiente:

“Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula el Reglamento de Zonificación Distrito Cabo Velas dictado por el Concejo Municipal de Santa Cruz, publicado en La Gaceta No. 127 del 3 de julio de 2006. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia del Reglamento anulado, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.  Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al accionante, a la Municipalidad de Santa Cruz y a la Procuraduría General de la República.-“

En el asunto bajo estudio, como prueba para mejor resolver se solicitó un informe técnico al Director de la Escuela de Biología Marina de la Universidad Nacional quien en documento visible en folios 247 a 258 hace importantes advertencias sobre las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que podría provocar el proceso constructivo que desde hace mucho tiempo se ha venido desarrollando en el Parque Nacional Marino Las Baulas y específicamente en Playa Grande y Playa Ventanas, consecuencias que no solo afectarán de manera directa a las tortugas baula sino en general a todo el ecosistema que existe en la zona. Ese informe concuerda plenamente con las consideraciones hechas por la Sala en las sentencias transcritas, en las que tomando en consideración el principio precautorio se estima que la zona debe protegerse, evitando la alteración del medio, para lo cual se señala que debe continuarse con el proceso expropiatorio que garantice la preservación del ecosistema. En dicho informe se señalan los efectos negativos que se pueden producir específicamente en cuanto a las tortugas por la iluminación artificial en playas de desove así como por la construcción de edificaciones que no guardan un retiro adecuado desde la playa. Se indica que ese retiro tiene como objetivo el proteger tanto el frente de la playa como el hábitat de anidación pues muchas especies de tortugas preferiblemente seleccionan playas anchas, libres de obstáculos para anidar, pero el desarrollo costero, especialmente al frente de las playas, puede reducir la cantidad y calidad de los sitios de anidación disponibles, con lo cual, cada tipo de desarrollo y cualquier barrera potencial necesita retirarse de la zona de arena y esto incluye luces, construcciones, objetos físicos como sillas, sombrillas, botes y equipo recreacional, entre otros. Si el riesgo señalado no es desconocido para la mayoría de la población y mucho menos para la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo lógico es que al emitirse una autorización como la que aquí se impugna, al menos se hubiera presupuesto el eventual riesgo de daño que se podría ocasionar en la medida en que el terreno en cuestión donde se proyecta construir, está dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas y se resolviera sobre ello. Este parque nacional fue creado mediante Decreto Ejecutivo número 20518-MIRENEM de nueve de julio de mil novecientos noventa y uno, siendo su principal objetivo la protección a perpetuidad de la colonia de tortuga baula (Dermochelys coriacea) y de los otros recursos naturales existentes en el área, tomándose en cuenta que existen tres áreas de importancia mundial donde anidan las tortugas marinas baula, siendo dos de esos sitios: las playas Grande y Langosta en la Bahía Tamarindo, donde justamente está ubicada la playa Ventanas, sitio en el que se encuentra el inmueble al que se refiere este amparo. Todo lo considerado conlleva a que en el caso deba aplicarse el principio precautorio y optar por no poner en peligro el bien que pretende protegerse con la legislación relacionada con la constitución del Parque Nacional Marino Las Baulas y específicamente en Playa Grande y Playa Ventanas.  El principio de desarrollo sostenible, también aplicable aquí, conlleva que no se otorgara la viabilidad ambiental en el caso concreto pues como se dijo supra,  es obligación del Estado propiciar que el desarrollo se realice sin destruir el medio ambiente y sin agotar las existencias de recursos naturales, permitiendo que el uso de estos recursos no sea superior a su capacidad de reposición, con lo cual, la posibilidad de desarrollo del país no debe ir en abierto detrimento del medio ambiente, persiguiéndose la eficiencia en la utilización de los recursos para que se consiga el desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin comprometer la disponibilidad de los recursos naturales y en este caso, sin comprometer más a la especie de tortugas baulas, de lo que ya de por sí lo está.

 VI.- Además debe tomarse en cuenta que tratándose concretamente de la preservación de las tortugas marinas, Costa Rica firmó –el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete– y aprobó –el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve– la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, cuyo anexo segundo, sobre la protección y conservación de los hábitats de estos animales dispone:

“Cada Parte considerará y, de ser necesario, podrá adoptar, de acuerdo con sus leyes, reglamentos, políticas, planes y programas, medidas para proteger y conservar, dentro de sus territorios y en las áreas marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, los hábitats de las tortugas marinas, tales como:

1.- Requerir estudios de impacto ambiental de las actividades relativas a desarrollos costeros y marinos que pueden afectar los hábitats de las tortugas marinas, incluyendo: dragado de canales y estuarios; construcción de muros de contención, muelles y marinas; extracción de materiales; instalaciones acuícolas; establecimiento de instalaciones industriales; utilización de arrecifes; depósitos de materiales de dragados y de desechos, así como otras actividades relacionadas.

2.- Ordenar y, de ser necesario, regular el uso de las playas y de las dunas costeras respecto a la localización y características de edificaciones, al uso de iluminación artificial y al tránsito de vehículos en áreas de anidación.

3.- Establecer áreas protegidas y otras medidas para regular el uso de áreas de anidación o distribución frecuente de tortugas marinas, incluidas las vedas permanentes o temporales, adecuación de las artes de pesca y, en la medida de lo posible, restricciones al tránsito de embarcaciones.” (Ver en ese sentido pronunciamiento externado por este Tribunal en la sentencia número 2003-008740 de las ocho horas cincuenta minutos del veintidós de agosto del dos mil tres)

VII.- Aunado a lo anterior, la Sala advierte que a pesar de que mediante Ley 7524 del diez de julio de mil novecientos noventa y cinco, denominada Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, este parque se creó por el interés y voluntad del  Estado de adquirir los terrenos ubicados dentro del mencionado parque nacional, lo cierto del caso es que, como ya se ha dicho en la sentencia número 2008-007549 de las diecisiete horas treinta y ocho minutos del treinta de abril del dos mil ocho, a pesar de que esa Ley entró en vigencia desde el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el plazo transcurrido para que el Poder Ejecutivo comenzara la expropiación de esos inmuebles, de casi diez años, es injustificado y lesiona los derechos protegidos en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política en cuanto soslaya el Estado su obligación de tomar las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitat, entre ellas, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y migración en los términos de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas aprobada por medio de la Ley 7906 del veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Bajo esta perspectiva, cuando se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de la empresa Rover Path de Guanacaste por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en resolución número 1349-2005-SETENA de las once horas veinticinco minutos del nueve de junio del dos mil cinco, no se tomó en cuenta lo dispuesto por esa Ley y aún cuando bajo juramento se haya informado a esta Sala que no constaba en el expediente administrativo que se tuviera prevista la expropiación del área del proyecto, también es lo cierto que ello era otra señal o advertencia implícita para la Secretaría Técnica recurrida en el sentido de que no se trataba de una propiedad cualquiera sino de un inmueble ubicado dentro de un parque nacional, con una vocación diferente a la de la mera propiedad privada y por tanto, era indispensable que se adoptaran todas las medidas que fueran necesarias para proteger los recursos naturales que se pretenden proteger con la creación de ese parque nacional.

VIII.- En atención a lo dicho lo procedente es declarar con lugar este recurso, que conlleva se señale nuevamente a la Secretaría Técnica que no es posible que se siga otorgando permisos de construcción y viabilidades ambientales sin tomar en consideración lo dispuesto en la ley de creación del parque con más de diez años de haberse creado y, que como se observó, tiene por finalidad la adquisición por parte del Estado de los terrenos ubicados dentro del mencionado parque nacional. Aunado a lo anterior debe tomarse en cuenta que esta Sala en sentencia número 2008-008713 de las nueve horas seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil ocho, transcrita en parte, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad número 06-008369-0007-CO que se interpuso en contra del Reglamento de Zonificación Distrito Cabo Velas, Sector Costero aprobado por la Municipalidad de Santa Cruz y publicado en La Gaceta número 127 del tres de julio del dos mil seis. En esa sentencia la Sala anuló ese reglamento -que abarcaba la zona donde se ubica el inmueble al que se refiere este amparo-  y consideró en forma unánime que ese cuerpo normativo infringía el Derecho de la Constitución así como las normas de derecho internacional vigentes en el país y las leyes relativas a la protección de la fauna, el ambiente y el patrimonio natural de la Nación, las cuales imponen la obligación de adoptar medidas para conservar el hábitat de la tortuga baula así como de las áreas que por sus condiciones y características son un destino natural para su anidación y desove. Por tales razones, en el caso concreto, lo procedente es anular los permisos otorgados a la empresa Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima, para la construcción de una casa de habitación en Playa Ventanas dentro de la franja de setenta y cinco metros que constituye parte del Parque Nacional Marino Las Baulas. Además de ello, al amparo de las consideraciones externadas supra y en atención a los últimos criterios externados por la Sala en esta materia como la sentencia número 2008-008713 de las nueve horas seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil ocho y específicamente por lo considerado en la sentencia número 2008-007549 de las diecisiete horas treinta y ocho minutos del treinta de abril del dos mil ocho, lo procedente es ordenar que se inicien de manera inmediata los procedimientos de expropiación a que hace referencia la Ley número 7524 de diez de julio de mil novecientos noventa y cinco de manera tal que ese inmueble pase a manos del Estado.

IX.- La Magistrada Calzada da razones diferentes.-

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso y en consecuencia, se anula la resolución número 1349-2005-SETENA de las once horas veinticinco minutos del nueve de junio del dos mil cinco, mediante la cual la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de construcción de casa de habitación de Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima. Del mismo modo se anula cualquier otra autorización que hubiera sido otorgada para la construcción de ese inmueble. Se ordena a Jorge Rojas Soto en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien en su lugar ejerza ese cargo,  que de manera inmediata gire las instrucciones que sean necesarias a fin de que los órganos competentes inicien los procedimientos administrativos que sean procedentes para expropiar el inmueble al que se refiere este amparo, así mismo,  que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Jorge Rojas Soto en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal. Comuníquese. La Magistrada Calzada  da razones diferentes.-

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

 

 

            Luis Paulino Mora M.                                            Gilbert Armijo S.                         

 

 

            Ernesto Jinesta L.                                                 Fernando Cruz C.

 

 

            Fernando Castillo V.                                             José Paulino Hernández G.

 

 

 

            NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA CALZADA MIRANDA:

 

            En el presente asunto concurrí en el voto de Sala que declaró con lugar el recurso, dando razones separadas. Sin embargo, una vez redactada la sentencia número 14180-2010 estoy de acuerdo en todos sus extremos, por lo que renuncio a la nota que inicialmente consigné.

 

 

Ana Virginia Calzada Miranda

Presidenta

EXPEDIENTE N° 05-009662-0007-CO

 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:16:20.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Sala Constitucional

Resolution No. 14180 - 2010

Date of Resolution: August 25, 2010 at 14:35

Case File: 05-009662-0007-CO

Drafted by: Luis Paulino Mora Mora

Type of matter: Recurso de amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Related Judgments

Judgment with protected data, in accordance with current regulations



Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Precautionary

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

"On the precautionary principle and sustainable development. In addition to what has been said, it is important for the resolution of this matter to take into account two principles of special relevance in environmental matters, namely the precautionary principle (principio precautorio) and the principle of sustainable development (principio de desarrollo sostenible). Regarding the former, it must be noted that this Chamber has recognized that in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, from which the State must take all necessary measures—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment. This is also called the principle of "prudent avoidance," set forth in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration … Consequently, actions must be deployed in advance to avoid the negative effects of a project, and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people." Judgment 14180-10

"On the precautionary principle and sustainable development. In addition to what has been said, it is important for the resolution of this matter to take into account two principles of special relevance in environmental matters, namely the precautionary principle and the principle of sustainable development. Regarding the former, it must be noted that this Chamber has recognized that in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, from which the State must take all necessary measures—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment. This is also called the principle of "prudent avoidance," set forth in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration." Judgment 14180-10

 
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Text of the resolution

 
*050096620007CO*

Case: 05-009662-0007-CO

Res. No. 2010014180

 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours and thirty-five minutes on the twenty-fifth of August, two thousand ten.

        Recurso de amparo filed by Mario Andrés Boza Loría, identification number 1-297-932, in his capacity as Apoderado Generalísimo without limit of sum of the conservationist organization Fideicomiso Baulas; and on behalf of the latter; against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Resultando:

  1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at twenty-two hours and twenty-one minutes on the twenty-eighth of July, two thousand five, the petitioner files a recurso de amparo against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in which he states that his represented is a non-profit conservationist organization, established to protect the Baulas Turtles and other sea turtles from extinction, which was directly involved in the creation of Parque Marino Las Baulas in Playa Grande, Santa Cruz, Guanacaste. He indicates that the park contemplates a terrestrial area of seventy-five meters within the restricted zone (zona restringida) to allow the nesting of the turtle free of light and noise pollution. He accuses that on the ninth of June, two thousand five, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, by resolution number 1349-2005-SETENA, granted environmental feasibility (viabilidad ambiental) in favor of the company Rover Path of Guanacaste, represented by Bernard Arthur Weinstein, to build a dwelling house in Playa Ventanas, within the seventy-five-meter strip that constitutes part of the Parque Nacional Marino Las Baulas, which aggravates the danger to the Baula Turtle that is on the brink of extinction, since in the two thousand four-two thousand five nesting season, only forty-eight females came ashore. He accuses that neither the developer nor the respondent took into account that it is a national park, nor was the resource being protected assessed, in order to identify and mitigate the possible impacts that the project may cause, so there was no genuine environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process and much less the guarantee that the baula turtle or the beaches where it nests would not be affected. He indicates that the project contemplates the construction of a two-story house in front of the nesting beach and on lands declared a national park that are located within the restricted zone (zona restringida) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). He points out that the negative effect of artificial lights on hatchlings and adult turtles is widely documented in the scientific literature on sea turtles. He considers that the actions of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental violate the right to a healthy and ecologically balanced environment established in Articles 50 and 89 of the Constitución Política, as well as the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, ratified by Law number 7906 of the twenty-third of August, nineteen ninety-nine; the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America ratified by Law number 7433 of the fourteenth of September, nineteen ninety-four; the Convention for the Protection of Flora, Fauna and Scenic Natural Beauties of the American Countries, ratified by Law number 3763 of the nineteenth of October, nineteen seventy-six; and the Convention on Biological Diversity, ratified by Law number 7416 of the thirtieth of June, nineteen ninety-four. He requests that the Chamber annul the challenged resolution and order the Secretaría Técnica Nacional Ambiental not to issue similar resolutions within the Parque Marino Las Baulas until the recurso de amparo number 05-002756-0007-CO, which is directly related to the reported facts, is resolved on the merits.

2.- Jorge Rojas Soto, in his capacity as ad hoc Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports under oath (folio 28) that, in the judgment of his represented, by progressively interpreting Article 2 of the Law Creating the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, it can be understood that it does contemplate the terrestrial area of 75 meters behind the 50 meters of the public zone (zona pública), even if the lands have not been expropriated; however, there are those who interpret the contrary. He indicates that it is not documented, on the other hand, that the expropriation of that area, where the project motivating this amparo is located, has been planned. He considers, in any case, that expropriation is not the only means to protect the baula turtles, which are in danger of extinction. He believes that this can also be achieved with a management plan incorporated into the developer's environmental commitments. He points out that protectionist results are not as good if private individuals are not given participation, which is what is intended in that case. He adds that it is true that by resolution No. 1349-2055-SETENA of the ninth of June, two thousand five, the environmental feasibility for the project in question was granted; however, it is not true that such approval aggravates the danger of extinction for the baula turtles. He explains that originally the species' nesting site was Playa Tamarindo and Playa Langosta, but that development without environmental measures likely caused them to move to Playa Grande, which is the main nesting site. He adds that only some of the turtles that do not find a suitable place on that beach migrate to Playa Ventanas. He indicates that the small number of turtles on this beach is due to natural behavior and not to the neglect of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Moreover, he argues that it is documented that the greatest danger to the species is high-seas fishing and not light pollution. He argues that although it is important to guarantee the nesting site, it is not convenient to forget where the main problem resides. He points out that it is true that the baula turtle is in critical danger of extinction and is listed as such in the IUCN Red Book, but it is not true that the environmental assessment did not take into account that the project is located within the Park and that the turtles are in danger of extinction. He points out that the construction of a house does not present a danger in itself, but the transit of people on the beach, which is handled by the park staff, and the lights, which are restricted according to the measures in the case. He argues that in administrative act number 1800-2004 of the twentieth of October, two thousand four, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental ordered the developer to prepare an Environmental Management Plan that contemplates the necessary measures to prevent the project from harming the turtles. He indicates that it is true that the land where construction is taking place is within the restricted zone (zona restringida); however, in accordance with the legal system that respects the constitutional right to private property, it is possible to build in that zone provided that there is approval from his represented. He adds that it is a matter of making the right to property and the right to a healthy environment compatible. He concludes by requesting that the recurso de amparo be declared without merit.

3.- By brief visible on folio 34, the petitioner informs the Chamber that a recurso de amparo is being processed in case file number 05—002756—0007—CO, where the Chamber ordered the Secretaría Técnica Nacional Ambiental not to grant more construction permits in the area. However, he points out that in breach of that order, the respondent granted a permit to Bernard Arthur Weinstein, which is why this new amparo was filed. Consequently, he reiterates the request to order the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Municipalidad de Santa Cruz to suspend the granting of construction permits in that zone.

4.- In response to the audience granted, Miguel Chaves Fernández, in his capacity as apoderado generalísimo of the company Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima (folio 48), appears and indicates that the activities of the conservationist organization that filed the amparo are not of his knowledge, but he provides a copy of an article published in Semanario Universidad, by Freddy Pacheco, who reports on activities of the organization that have rather harmed the turtles they claim to defend. Moreover, he considers that the alleged lack of will on the part of public authorities, as the petitioner accuses, is nothing more than a subjective assessment. First and foremost, he stresses that the Law Creating the Parque Nacional Marino Las Baulas comprises «… the hill located immediately behind Playa Ventanas, Cerro Morro, Isla Capitán, Isla Verde, the fifty-meter public zone (zona pública), measured from the ordinary high tide, between Punta San Francisco and Estero San Francisco and …». Consequently, he believes that the petitioner's interpretation, according to which the property of the company he represents is within a national park, has no legal basis whatsoever. Moreover, he points out that if the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted environmental feasibility, it is because there is an environmental management plan, backed by a burdensome performance bond and whose observance is guaranteed by a regente registered with that secretariat. In his opinion, it is not true, therefore, that the respondent breached the interlocutory order issued by the Chamber in the recurso de amparo being processed in case file number 05—002756—0007—CO. Finally, he notes that the petitioner presents things as if the light factor were the only or the most important factor against the survival of the turtles, forgetting that in reality there are others that do have a real impact. He requests that the Chamber suspend the precautionary measure issued, since it causes serious harm to his represented, and that the recurso be declared without merit.

5.- By resolution of the Magistrado Instructor at fourteen hours and forty-seven minutes on the seventeenth of April, two thousand eight, the Director of the Escuela de Biología Marina of the Universidad Nacional was requested, as evidence for better resolution, to provide a technical report on the effects that the construction process being developed in the Parque Marino Las Baulas in Playa Grande in Guanacaste, and specifically in Playa Ventanas, may cause with respect to the baula turtles and the nesting they carry out at that site (folio 244).

6.- In response to the audience granted, Ricardo Jiménez Montealegre, in his capacity as Director of Ciencias Biológicas of the Universidad Nacional (folio 247), appears and indicates that in the exercise of that position he provides a technical opinion on the effects of a construction process being developed in Playa Ventanas (Playa Grande, Parque Marino Las Baulas, Guanacaste). He points out that the Escuela de Ciencias Biológicas has for many years trained professionals in the field of Marine Biology, this being the reason that has allowed the formation of a team of professionals in marine sciences. He indicates that as a product of the degree program's profile, various professionals (academics) have made field trips to Parque Marino Las Baulas with groups of students in order to carry out various tasks of a scientific-teaching nature. He adds that due to having postgraduate training in another specialty of Marine Biology (mariculture), he does not possess the academic profile to opine in depth on the matter requested from him in this amparo; however, he indicates that due to his training in the field of Marine Biology at the Bachelor's and Licentiate university levels and as a product of daily scientific exchange with colleagues from the Academic Unit he represents, he sets out to provide some scientific considerations on construction processes on beaches, which he hopes will be useful for better resolution. He warns that his assessments are of a scientific-technical nature and that he has not personally carried out field verification regarding the recurso de amparo filed. He indicates that he will then refer to two of the main considerations that in any construction process near sea turtle nesting beaches must be taken into account: light and beach compaction (setback of construction areas). A) Light: in this regard he points out that populations of sea turtles have decreased worldwide and their recovery will largely depend on controlling the effects of expansion of the human population, one of those effects being light pollution, that is, the harmful presence of artificial lighting in the environment. He adds that among the multiple ecological disturbances created by human beings, light pollution is one of the most common and easiest to control. He points out that light pollution on nesting beaches is harmful to sea turtles because it alters their nocturnal behavior, particularly the process of selecting the nesting site, of returning to the sea after nesting, and of how hatchlings find the sea after emerging from their nests. He indicates that both occasional observations and experimental evidence demonstrate that artificial light on beaches can prevent turtles from coming out of the sea to nest, and for this reason, the effects of artificial lighting cannot be detected from the ratio of nests to false crawls (tracks indicating that attempts to nest on the beach were abandoned). He points out that although there is a tendency for turtles to prefer dark beaches, many of them nest on illuminated coasts but in doing so endanger the lives of the hatchlings, that danger being caused by the way artificial lighting interferes with the critical nocturnal behavior of the hatchlings - their crawl from the nest to the sea. He states that on naturally illuminated beaches, hatchlings show a clearly directed orientation towards the water and this robust innate behavior is guided by visual cues that include brightness, shape, and in some species, color. He adds that on artificially illuminated beaches, hatchlings are misoriented by sources of artificial light, causing them to be unable to find the water and incurring increased mortality from dehydration and predators. He adds that hatchlings are misoriented by their tendency to head towards the brightest direction on the horizon, especially when one direction appears enormously brighter than the others, a condition frequently created by artificial light sources. He points out that artificial illumination of beaches strongly attracts hatchlings, potentially causing them to move in the wrong direction (misorientation) as well as interfering with their ability to orient in a fixed direction (disorientation). He adds that the understanding of how sea turtles interpret light signals to choose nesting sites and the location of the sea in an environment with variable illumination has helped conservationists establish standards to identify and reduce problems caused by light pollution. He argues that part of that understanding is about the complexity of lighting conditions on nesting beaches and the difficulty of measuring artificial light pollution with instruments. He indicates that fortunately it is not necessary to quantify light pollution to diagnose a potential problem and in that sense a simple rule is offered: if the light from an artificial source is visible to a person standing at any point on the beach, this light will probably cause problems for the sea turtles nesting there. He adds that because there is no single measurable level of artificial brightness on nesting beaches that is acceptable for the conservation of sea turtles, the most effective conservation strategy is simply to use the "best available technology" (BAT: a common strategy for reducing other types of pollution that consists of using the best technology available to reduce the effects of lighting as much as is practical). He indicates that the best available technology includes various options for light control that have been used by electrical engineers for decades, as well as others that are solely for the protection of sea turtles. He adds that to protect sea turtles, light sources can simply be turned off or reduced in number or watts, positioned behind structures, shielded, redirected, deflected, placed at a lower height, or recessed so that light does not reach the beach. He indicates that to ensure that lights are only on when needed, automatic on/off controllers and motion sensors can be installed. He argues that interior lighting can be reduced by moving lights away from windows, closing blinds at dusk, and darkening windows. He points out that to protect sea turtles, it is not necessary to prohibit artificial lighting if it can be managed adequately; if the light is properly controlled and cannot be seen from the beach, the impact is minimized. He states that the best available technology also includes sources that emit a color of light that has minimal effects on sea turtles. He indicates that light sources emitting low levels of short-wavelength light (sources perceived as deep red or yellow) affect hatchlings and nesting turtles less than those sources emitting high levels of short-wavelength light (sources perceived as whitish or other colors that are not deep red or yellow). He states that low-pressure sodium vapor lamps are pure yellow sources that are a good substitute for disruptive lighting near nesting beaches. He indicates that yellow-tinted incandescent bulbs (used against insects) are not a pure yellow source, but are an acceptable substitute. He adds that keeping the public informed about the problems of light pollution on turtle nesting beaches is a fundamental step towards darkening sea turtle beaches. He indicates that many of the people responsible for this lighting are unaware of the negative effect this causes and are willing to correct the problem voluntarily once they are informed; however, legislation is often necessary for greater lighting control and on many nesting beaches, this is the only way to resolve the light pollution problem. B) Regarding beach compaction: setback of construction areas, he states that pre-construction processes of buildings must consider retreating an adequate distance from the beach. He adds that depending on the species of turtles, different beach zones are preferred for egg deposition and in that sense he indicates that some turtles tend to deposit their eggs using vegetation cover (cobertura vegetal) while other species nest on the beach directly above the high tide line. He adds that the flooding of nests with salt water that causes the eggs to spoil is less likely to occur in nests located in the higher parts of the beaches. He points out that many species of turtles preferentially select wide, obstacle-free beaches for nesting and coastal development, especially in front of the beaches, can reduce the quantity and quality of available nesting sites. He adds that, furthermore, most coastlines continuously change due to the nature of wave action and the setback of constructions is desirable to protect both the beachfront and the nesting habitat. He states that every type of development and any potential barrier needs to be set back from the sand zone and this must include lights, constructions, physical objects such as chairs, umbrellas, boats, and recreational equipment. He indicates that the setback limit must prevent any potential damage that a storm may cause to a beach and its surrounding areas, that the specific characteristics of each beach must be considered to determine the appropriate setback, and additionally vegetation areas (dune areas and lands located between buildings and the beach) must also be considered for establishing the setback. He indicates that the setback of coastal developments differs depending on the coastline characteristics and typically ranges between 15 and 100 meters from the permanent vegetation line. He points out that the setback serves several widely known functions: a) it provides buffer zones between the ocean and coastal infrastructure within which the beach zone can expand or contract naturally, without the need for walls and other structures, which can affect an entire beach system, so in this sense, it can effectively reduce beach erosion; b) it reduces property damage to the beachfront during high tide events; c) it provides improved views and access along the beach; d) it provides privacy to the occupants of coastal properties and also to people who use the beaches as a recreational resource. He adds that at the end of two thousand six, the Rector of the Universidad Nacional, Dr. Olman Segura Bonilla, requested, among other aspects, the scientific-technical opinion on the "Reglamento de Zonificación Distrito Cabo Velas, Sector Costero"; a regulation on which some officials of the Universidad Nacional collaborated for its preparation, and for this purpose, he appointed a high-level commission to carry out the analysis of the regulation. He states that because this amparo requests a technical opinion on the effects of a construction process being developed in Playa Ventanas and because that regulation aims to regulate the characteristics of constructive developments in that zone, he transcribes part of the generated document, which could provide some elements to the topic addressed. He states that the professional opinions of the commission members are set forth below, which could have been rebutted in forums convened for that purpose, which are divided into the following aspects: a) observations of a general nature; b) opinions on the relevance of the Regulation; c) opinions of an administrative nature; d) opinions of a biological nature; e) on the weaknesses of the regulation and f) on participation and social implications. A) Observations of a general nature: he indicates that the regulation is based on the assumption that there is a need to establish adequate standards to authorize constructions in the coastal zone of Playa Grande in the Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB), assuming that its regulation would protect the interests of property owners without detriment to the nesting areas and would guarantee sustainable development. He indicates that the regulation is justified in some aspects of a "formal" nature related to the interpretation of the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas (Law Creating the Parque Nacional Marino Las Baulas No. 7524 of the tenth of July, nineteen ninety-five); fundamentally in what refers to the interpretation of its terrestrial limit which runs "inland waters" as a starting point to determine the line from which the distance of 125 meters is measured from the ordinary high tide between coordinates N259100 and E332000. He adds that on this basis the exclusively marine character of the park is founded "because the sea is the habitat of the baula turtle and that is where protection must be reinforced." He points out that from this interpretation, and despite it having been exhaustively clarified even before the issuance of the regulation by the Procuraduría General de la República, three basic consequences are generated: a) the "Reglamento de Zonificación Distrito Cabo Velas" is published in which, among other aspects, the nesting area of the baula turtle is reduced to the public zone (zona pública) and the scope of authority of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) to that same space as far as terrestrial coverage is concerned; b) it is assumed that the marine nature of the species and the park circumstantially prioritizes protection measures to the sea, where, without ignoring that critical conditions for the species exist as a result of fishing actions, it in no way justifies subjecting the nesting areas that are determinant in its life cycle to any form of alteration; and c) based on what is indicated in the previous points, the regulation opens the possibility for the terrestrial areas immediately adjacent to the park (beach zones that, according to binding pronouncements from the corresponding instances, form part of the Parque Nacional Marino Baulas and are therefore subject to the administration of the Ministerio de Ambiente y Energía) to be directly or indirectly affected by constructions of diverse nature. B) Opinions on the relevance of the regulation: the species Dermochelys coriacea is included in Appendix I of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles. He adds that it is also contemplated among the conservation priorities of several intergovernmental organizations such as the FAO, in addition to being catalogued as critically endangered by the World Conservation Union (IUCN). He adds that in the interest of strengthening and co-participating in national and international policies for the conservation of natural resources, Costa Rica has signed a series of international conventions aimed not only at the protection of sea turtles but also protected areas, biological diversity, and the conservation of natural resources in general and marine-coastal resources in particular.

It indicates that special reference is made to the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, ratified by Law No. 7906 of August 23, 1999; to the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America, ratified by Law No. 7433 of September 14, 1994; to the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, ratified by Law No. 3763 of October 19, 1976; and to the Convention on Biological Diversity, ratified by Law 7416 of June 30, 1994, all of which are substantially violated by this Regulation to the extent that the signing of these conventions is oriented toward the conservation of flora and fauna at a global level and they form part of the legal system. C) Criteria of an administrative nature: 1) it presumes as a premise, despite the pronouncement of the Office of the Attorney General of the Republic (Opinion C-444-2005, which is binding but which the Regulation omits mentioning, referring more to Opinion OJ-15-2004, which is not binding), that the area in conflict is administered by the Municipality of Santa Cruz, ignoring that said pronouncement (C-444-2005) firmly establishes the authority of the Ministry of Environment and Energy over its administration. It adds that, among other aspects, said pronouncement clarifies that: "Based on a systematic interpretation and in consideration of the purpose of the law creating the Las Baulas de Guanacaste Marine Park, the contradiction must be resolved by disregarding the expression 'aguas adentro' such that it is understood that the layout of the imaginary line starting from a straight line originating at coordinates N259-100 and E 322,000 and ending at coordinates N 255,000 and E 335,050, according to the Villarreal and Matapalo cartographic sheets of the Instituto Geográfico Nacional, runs over land at a distance of one hundred twenty-five meters from the ordinary high-water mark." It considers that the environmental interest must prevail and, in its opinion, the Municipality of Santa Cruz is not authorized to establish any type of norms in that coastal area because the implementation of the Regulation is based on a false premise and is in no way applicable according to the pronouncement of the Office of the Attorney General. 2) the fundamental principle that justifies the creation of Las Baulas National Marine Park, by Decreto Ejecutivo No. 20518-MIRENEM of July 9, 1991, ratified by Law No. 7524 of July 10, 1995, is based precisely on the absolute protection of the nesting areas of the leatherback turtles (Dermochelys coriacea), although it also includes a considerably large area in its marine portion, this being the central element that supports its creation; the loss and even the partial alteration of this space stands in opposition to the fundamental reason that justifies its creation. 3) by definition, a marine park cannot be separated from its relationship with the coastal zone. It indicates that, in accordance with internationally relevant proposals, a marine park is defined as a marine zone especially dedicated to the protection, maintenance, and persistence of biological biodiversity and the natural and cultural resources associated with the coastal strip. It points out that this includes vulnerable habitats, critical stages of the species' life cycle, zones with rare or endemic species, and all associated terrestrial zones, a situation that, in all its terms, is applicable to Las Baulas National Marine Park. It indicates that one of the main reasons justifying the creation of this park is clearly stated in the document Diagnóstico Ambiental del Parque Nacional Marino Las Baulas: "The objective for creating Las Baulas National Marine Park was to protect the nesting habitat of the leatherback turtle (Dermochelys coriacea), a species that is critically endangered (IUCN 2003). Playa Grande, Playa Ventanas, and Playa Langosta, protected through Las Baulas National Marine Park, have since constituted one of the main protected areas in the world for leatherback turtle nesting." It adds that the nesting habitat comprises the beach, including the berm area (vegetation line zone), which is precisely where the turtles build their nests. Therefore, and according to the definition of a Marine Protected Area, it would not even be appropriate to consider the exclusion of the terrestrial strip of Las Baulas National Marine Park. 4) this regulation aims to promote an increase in the construction of dwellings, recreational homes, temporary occupancy units, and commercial and hotel businesses: this regulation will encompass all development comprised of or located between IGN landmark number 1, situated south of the Villas Playa Grande Urbanization and the Palm Beach Urbanization in Playa Grande, a central zone of importance for the nesting of leatherback turtles. It indicates that said strip of land will comprise a width of two hundred meters from the limit of the inalienable public zone. It points out that it must be considered that this regulation defines the public zone as "the strip fifty meters wide measured from the ordinary high-water mark, and the areas left uncovered during low tide; as well as the islets, rocks, and other small areas and natural formations that protrude from the sea correspond to the public zone." It states that all of the above implies that after the fifty meters from the low-water mark limit, the land is already susceptible to being built upon, which again contradicts the basic principles justifying the creation of the park and conflicts with elementary biological criteria required by the species for its reproduction, the most relevant aspects of which are detailed below. D) Criteria of a biological nature: 1) since the leatherback turtle is a species of global relevance, with a critical condition in terms of its conservation status as established by IUCN 2003, it is neither justifiable nor acceptable from any point of view that legal-administrative instruments are created that, far from strengthening conservation actions, instead foster human actions (in this case, constructions) that directly or collaterally threaten the nesting spaces, which are vital to guarantee the species' reproduction. 2) It points out that it is impossible to abstract the terrestrial interrelationship of Las Baulas National Marine Park, such that the interpretation of the statement "…because the sea is the habitat of the leatherback turtle" lacks foundation, especially because this reptile depends on the coastal strip during the most critical phase of its life cycle. It adds that it is during its ontogenic development, the hatching process, and subsequent movement toward the sea that it is most vulnerable to environmental alterations and predation. It indicates that the survival strategy developed by these chelonians involves processes of mass migration toward the nesting beaches and coordinated hatching, so that the levels of natural mortality of the hatchlings are such that they guarantee sufficient survival for the future replacement of the nesting populations; all processes that occur on the beach and in the surroundings of the nesting areas. It states that in the particular case of leatherback turtles, the position must be radical in terms of protecting the nesting areas, that is, independently of the legal and administrative alternatives that could eventually be implemented, the absolute protection of the site must prevail in this case, and therefore it opines that any measure that promotes its impact conflicts with that principle. 3) It adds that, as indicated in the motivation of the regulation, based on studies conducted by the Centro Científico Tropical (CCT) and supported by data from the Ministry of Environment and Energy, the drastic process of decrease in the number of reproductive female turtles in the Pacific Ocean is indeed affirmed, going from 91,000 in 1980 to about 3,000 in the year 2000, with critical nestings in the 2001-2002 season, where only fifty females nested on the Mexican coast and sixty-eight at Playa Grande and Playa Langosta in Costa Rica. It indicates that data derived from nesting on the Eastern Pacific coasts show a population reduction of more than ninety percent from 1980 to 2006. It adds that the interpretation of these data is totally contrary to the spirit underpinning the studies of the Centro Científico Tropical, inasmuch as said information effectively and precisely shows the critical situation and the need to safeguard the area as a nesting site, but the motivation of the regulation ignores elementary aspects of an environmental nature that directly affect the decrease in nesting, attributing the decrease in nesting rates to the Ministry of Environment and Energy in a simplistic and biased manner. It indicates that it also omits the permanent and constant efforts of the Ministry of Environment and Energy in terms of safeguarding the area, regulating access, implementing protection norms, expanding the area of Las Baulas National Marine Park for protection purposes, and a series of studies that clearly demonstrate that the nestings of leatherback turtles in particular are subject to a large number of conditioning environmental factors, many of which have been fully proven and are available. It adds that, in its judgment, attributing the decrease in the arrivals of leatherback turtles to the site to a specific institutional action has no scientific basis whatsoever; an assertion which, seen from another perspective, would imply that the Ministry of Environment and Energy would also be responsible for the decrease in nesting rates on the Mexican coasts where the phenomenon also occurs. 4) it points out that, regarding the eminently marine nature that the regulation attributes to the species and the need for efforts to be directed toward protection at sea (which implicitly reaffirms that protecting them on land is not a priority), this does not align with the biological reality of this species, and the reasons for this are presented below: during its life cycle, the leatherback turtle population(s) are influenced by two types of mortality: a) natural mortality (M), which includes infertile eggs, those attacked by fungi, the predation suffered by the hatchlings after hatching and on their path from the nest to the sea, and intra-specific and inter-specific competition, among other factors, which mostly occur during the development phase on land. It adds that this is probably the mortality that most influences population density because it is responsible, in general terms, for the death of between seventy and eighty-five percent of the total hatchlings born during a nesting season, thereby reducing the probabilities of reaching adulthood; a situation particularly critical in species with very long life cycles; b) fishing mortality (F) because the species has a transzonal distribution (it moves between Exclusive Economic Zones) as well as a latitudinal one (in tropical, subtropical, and temperate zones), making it complex to prevent them from forming part of the incidental catch of national and international fishing fleets. It indicates that from a conservation perspective, the strategic alternative involves guaranteeing, in the first place, that M is as low as possible so that more hatchlings have the possibility of reaching the adult phase and thus there will always be a nesting population such that its survival is guaranteed; consequently, the statement "it is at sea where protection must be reinforced" constitutes a contradiction from the conservation point of view. It states that indeed, marine protection of turtles constitutes an unavoidable necessity, and efforts from a regional perspective must be undertaken due to their transzonal nature, which makes them a severely threatened species impacted by the international fishing fleet. It adds that the problem of protection on the high seas is complex, costly, and requires joint efforts of regional scope, which implies that in the short term, achievements in protection will continue to be limited. It indicates that, however, the existence of this complex problem regarding the protection of the turtle on the high seas in no way justifies promoting actions that impact the nesting beaches and constitutes, from a conservationist and ethical perspective, an inadmissible position. 5) in order to deepen the knowledge of the ecosystem surrounding Las Baulas National Marine Park and to visualize the possible effects that, in the short, medium, and long term, would be fostered by the implementation of the regulation and eventually by the developments it promotes, through the Master's Program in Marine and Coastal Sciences and advanced students of the Marine Biology Program, both of the Universidad Nacional, an evaluation process of the area was initiated starting in January 2008, to determine the degree of complexity and the trophic interactions that would be affected by the transformation of the environment as a result of the residential development being promoted. It indicates that the process is based on answering four questions: a) functional characteristics of the ecosystem and capacity to respond to possible developments that the regulation allows?; b) effects of residential and commercial development on the ecosystem?; c) feasibility of coexistence of these developments without detriment to the health of the ecosystem?; and d) immediate (short-term) consequences once the residential and commercial development is implemented?. It points out that the preliminary reports generated from the studies conducted so far are in the possession of the Commission but allow for the substantial reference, in light of the objectives of that commission, to the following aspects: a) the results of the analysis corresponding to the preliminary mass balance model of Las Baulas National Marine Park reflect that the system's dominance is of the "bottom up" type, meaning there is a mutually dependent interaction between the mangrove and the marine zone, which is highlighted by the large amount of energy leaving the mangrove zones in the form of export flows and the contribution of primary producers to detritus, which occur within the limits of the marine zone of Las Baulas National Marine Park. It states that this forces one to consider the particularities of the system inherent to the mangrove located between Tamarindo and Salinas and that of the Estero Ventanas. It adds that regarding the analysis of resilience capacity (the ecosystem's response capacity to the development of this project), the results show that the marine zone of Las Baulas National Marine Park has a very low response rate (22%) to this activity, meaning that the effects on marine biodiversity would manifest in the short term (less than two years); b) to answer question 2, an analysis was conducted with the ecotrophic simulator called EcoSim; a scenario was posited that integrates the removal in the zone where the regulation attempts to promote the construction of houses and commercial premises on a "strip of 200 m from the inalienable zone," which is duly specified in Chapter II, Article 3, Chapter III, Article 19, and in Chapter IV, Article 37 of the regulation, and which covers an extension of seven kilometers. It states that this action was called, for simulation purposes, forcing factor 1 (FF1), and the result can be summarized as follows: "by affecting the export of energy from the mangrove to the marine zone protected by the PNMB, microalgae and corals are immediately impacted; this in turn affects, at a higher trophic level, the permanence of nudibranch and cambute populations, affecting the biomass of intermediate trophic levels (sardines, octopuses, jellyfish, etc.), with the consequent effect on predation rates by top predators (sharks and dolphins)." It indicates that it is important to note that microalgae, corals, leatherback turtles, nudibranchs, and cambutes never again reach equilibrium in their populations; c) to answer question 3, the trophic estimates obtained from the ecosystem of Las Baulas National Marine Park today, that is, without the effect of this regulation, were compared with those that would be obtained, according to the ecotrophic simulator, if this residential project were to be developed. It indicates that, in conclusion, all the measured system attributes, among them the amount of energy exported from the mangrove to the marine zone, energy flows between omnivory levels, and the support potential against external changes, were reduced by 67%; therefore, the answer to this question is no, this marine system could not support forcing factor 1; d) very severe impacts would be caused in this ecosystem, measured when persistence and resilience are lower and when the magnitude of change and recovery time of the Las Baulas National Marine Park ecosystem are greater. It indicates that this means this disturbance causes rapid and large changes and the ecosystem recovers slowly, which will significantly affect the stability of the Las Baulas National Marine Park ecosystem. It points out that, in conclusion, according to this simulation, the short, medium, and long-term effect on the Las Baulas National Marine Park ecosystem would be enormous, and it is evident that considering the coastal strip separately from the marine zone is not a viable option, especially ignoring the existing relationship between the mangroves of Tamarindo-Salinas and that of the Estero Ventanas with the marine sector protected by Las Baulas National Marine Park. It indicates that this is not only a direct and short-term effect that would be provoked on the leatherback turtle populations, but on practically the entire marine ecosystem. It states that, in accordance with this preliminary scientific study, it is recommended not to execute this regulation promoted by the Municipality of Santa Cruz given the short-term consequences for practically the entire ecosystem protected by Las Baulas National Marine Park. E) Regarding the weaknesses of the regulation, it points out that there are a great number of errors and gaps, not only in terms of applicability but also of a conceptual nature: 1) from the Commission's perspective, it is clear that the attributions assigned through the regulation do not correspond to the Municipality of Santa Cruz and that the implementation of these management tools corresponds to the Ministry of Environment and Energy, specifically to the Área de Conservación Tempisque; 2) the regulation, as published in La Gaceta of July 3, 2006, contains gaps and errors that do not meet the relevant standardization, and reference is made, for example, to the terminology specified in Article 2, as well as to a series of aspects that, according to the judgment of that Commission, must be pointed out: a) point 43 (public zone): the public zone does not exist in protected areas according to Article 73 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; b) point 29 (beach): the definition of beach is not correct from the point of view of a protected area, which is based instead on biological and geographical criteria, as would be appropriate if the spirit of the regulation were precisely to safeguard and protect the species. The regulation proposes a definition rather of a legal nature oriented toward its material utilization, which does not coincide with the criteria of marine ecology, which defines a beach as a geographic feature composed of unconsolidated sediments of diverse origins and is formed by: (1) supralittoral zone, (2) sublittoral zone, (3) littoral zone, (4) berm, which in turn includes the vegetation zone that develops up to the point that encompasses the same distribution of unconsolidated sediments that form the beach. In the case of the beaches of Las Baulas National Marine Park, this area comprises between 40 and 60 m after the littoral zone; c) point 33 (meaning of environmental impact), which must be homologated as defined by the Secretaría de Integración Centroamericana (SICA) for this topic; d) point 34 (nesting season): the definition is erroneous, not because of the demarcation of the months, but because it does not define the biological process to which it refers; e) points 36, 37, 38, and 39 (on uses): the determination of the types of uses is confusing and facilitates interpretations to the detriment of environmental quality. They must be fundamentally defined as permitted and not permitted; f) point 44 (zoning): its definition does not use biological parameters as guiding criteria for uses; its approach forgets the protected area or its adjacency to it and instead has a developmentalist approach; g) points 20 and 21 (hotels): there is an error in determining the number of rooms as a measurement criterion instead of the number of beds, which is more accurate because it can measure resource demands (such as drinking water) or waste emissions (e.g., blackwater, gray water, solid waste); h) points 6, 8 (area of influence, vegetative or green barriers): the "vegetation wall," a light pollution control tool, is highly questionable. Deciduous species are not defined, in addition to the fact that the attempt to direct light for the case of vehicle parking is very unclear, leaf density is not determined, among a variety of other weaknesses, so the project's area of influence is based on subjective criteria; i) in several sections of the regulation, reference is made to the zones determined by the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, and it clarifies that this law has no jurisdiction in protected areas, therefore its zoning is not binding; j) Article 18 is not under the Municipality's jurisdiction and tends to create institutional conflicts; k) Article 19 accepts conflicting uses that could deteriorate the environment and admits decisions by the municipality that are not binding within its jurisdiction in the protected area; l) Article 20: the permit for land-use change is binding on the Ministry of Environment and Energy, not on the municipality; m) the regulation overlooks the variable and growing occupation density of places such as hostels, sodas, restaurants, supermarkets, among others; n) the regulation did not create a technical foundation based on the carrying capacity of the site to be used; it even ignores that sites such as a restaurant have critically variable occupation density; o) the regulation is inoperative on the issue of light pollution; it lacks an understanding of this "psychological impact" on nesting females. The relationship between walls, building height, illuminated pathways in connection with lighting constitutes enormous gaps in this regulation. The angles of light emission from buildings at any height is a gap in the regulation; p) in addition to the ambiguity problem of the regulation in relation to the rules it establishes, it does not define the forms of controlling light pollution and its impact on the nesting and behavior of sea turtles; it does not consider or foresee how mechanisms will be established to control noise pollution, and it opens the possibility of uncontrolled access during nesting seasons by giving each residence its own access to the beach. In practice, once the constructions are established, none of the three aforementioned aspects will be materially possible to control; q) the construction percentages are not based on, nor is proof provided of, soil or permeability studies, in addition to the availability of resources that any building demands, and even the carrying capacity for the area under discussion; r) it is incomprehensible that the sending of stormwater to the natural environment is recommended, especially because it will sooner or later reach the marine environment or, beforehand, the Tamarindo mangrove; s) the construction of swimming pools is unacceptable, especially because it is a protected area, and the regulation ignores the impacts of chlorination on the environment, the disposal of pool water, and the demand for water in an area where it is a critically limited resource; t) Article 60 3b contradicts other recommendations on how to dispose of stormwater, without defining what is meant by "significant impact on the environment or public health"; u) Article 60, subsection a, is already regulated by the Ley de Tránsito and is also prohibited in the protected area. Its subsection c ignores the effects of manure disposal on adjacent aquatic environments (freshwater or marine), including eutrophication; v) subsection d of the same article deserves special mention because it implicitly authorizes, under ambiguous prevention criteria, the possible alteration of the beach, which from the Commission's judgment is totally unacceptable; w) the consequences relative to the demand for services arising from the development that it could permit (e.g., drinking water, waste disposal, among others) are ignored within what is established in the regulation; x) dividing the area into sectors assumes heterogeneous nesting without scientific basis, which is a dangerous situation because it assumes low nesting densities and, therefore, relaxes the restriction measures on development. While it is true that nesting tends to concentrate in some sites, this "concentration" is mobile, dynamic, and varies annually and even temporally. F) On participation and social implications: 1) for many years, the nesting of leatherback turtles on the beaches has generated an important labor activity that has allowed the maintenance of the local economy, first through the sustainable and controlled extraction of eggs, and then through the transformation of the labor structure via the incorporation of local inhabitants into new activities also generated by the arrivals, such as tourism. It adds that these activities refer specifically to the participation of the inhabitants either as tour guides or through the provision of basic services such as lodging and food for tourists. It indicates that this entire participatory labor structure has been promoted through initiatives of the Ministry of Environment and Energy in the region with great success; preliminary studies have estimated gross income exceeding two million dollars in the involved communities derived from the development of these types of activities; 2) this process of transformation of the labor structure in the communities based on the leatherback turtle resource was generated through the constitution of several local organizations, some of them created more than twelve years ago, namely: the Asociación de Guías Locales de Tamarindo, established in 1994; the Asociación de Guías Locales de Matapalo, established in 1994; and the Asociación de Damas Amigas del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, established in 2004. It indicates that the organizations have actively participated in the process of transforming the forms of use of the area's natural resources; a process in which they have maintained close interaction and supportive ties with the Ministry of Environment and Energy, which has been able to be conclusively confirmed by members of that commission; 3) curiously, despite the leading role that these organizations have maintained, not only in the process of transforming the labor structure and the local economy, but also in the consolidation of Las Baulas National Marine Park as a protected area, research demonstrates that they were not the subject of any type of participation or consultation during the process of drafting the regulation. Rather, in its Chapter V, the regulation proposes the possibility of integrating local organizations that "could" eventually be incorporated into tourism activities for the area's "sustainable development," thereby ignoring the trajectory, participation, and achievements in conservation that these organizations have achieved over the past twelve years.

For example, it is omitted that more than forty duly registered and trained local guides are already in operation with the Ministry of Environment and Energy; 4) based on the foregoing, the arguments in chapter V clearly contradict a historical process that has closely linked surrounding communities with the consolidation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park (Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste) and highlights aspects that rather contradict basic criteria for achieving sustainability conditions by threatening the stability of natural resources; furthermore, that position generates elements of injustice and inequality between community groups and private interests. In this regard and as a complement, the incompetence of the municipality to take actions in this field is reiterated once again.

7.- In a resolution of the Investigating Magistrate (Magistrado Instructor) at nine thirty-four hours on twenty-six July last, evidence for a better decision was requested from the Director of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (folio 259).

8.- In response to the hearing granted, Nelson Marín Mora appears in his capacity as Regional Director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (folio 264) and indicates that support was requested from the Cadastre and Registry Regularization Program (Programa Regularización de Catastro y Registro) because they have direct access to the National Cadastre (Catastro Nacional) and a discrepancy was found regarding the property subject to this amparo, in relation to the geographic location of the map and what the boundary-marking records of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) indicate. He notes that even with the discrepancies in the map's location, when the map was located following its data or those of the boundary-marking record, the property whose cadastral map is G-145496-1993 is located within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park. He adds that it is necessary to carry out a field survey to define the georeferencing of the map with better consistency, for which, if this procedure is required, additional time is needed since the Tempisque Conservation Area does not have a surveyor, so the corresponding support would have to be arranged.

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

            Drafted by Judge Mora Mora; and,

Considering:

   I.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven: a) that the company Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima is the owner of a piece of land located in Playa Ventanas, in the province of Guanacaste, and that it is located within the restricted zone of the terrestrial maritime zone, in front of a leatherback turtle nesting beach, within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park (see statements made under oath on folios 30, 31 and 264 and documents on folios 81 and 268); b) that according to the opinion of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), the Law Creating the Las Baulas National Marine Park does contemplate the area where that property is located but there is no record that the expropriation of the property so that it belongs to the State is planned in the short or medium term (see statements made under oath on folios 28 and 29); c) that on twenty-four August two thousand four, the representative of Rover Path of Guanacaste Sociedad Anónima requested the National Environmental Technical Secretariat to grant environmental viability to build a dwelling house on that property (folios 1 to 30 of the administrative file); d) that the project evaluators, as officials of the National Environmental Technical Secretariat, in resolution number DAP-194-2004-SETENA of thirty September two thousand four, recommended that the Plenary Commission request an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental) (folio 32 of the administrative file); e) that by means of resolution number 1800-2004-SETENA at eleven hours ten minutes on twenty October two thousand four, the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat requested the company Rover Path de Guanacaste to submit an Environmental Management Plan (folio 41 of the administrative file); f) that by means of resolution number 1349—2005—SETENA at eleven hours twenty-five minutes on nine June two thousand five, the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat granted environmental viability to the dwelling house project of Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima, considering that the environmental management plan met the required technical requirements (folio 69 of the administrative file); g) that by means of resolution number 2076-2005-SETENA at thirteen hours forty-five minutes on seventeen August two thousand five, the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat resolved to suspend the execution of the previous resolution number 1349—2005—SETENA at eleven hours twenty-five minutes on nine June two thousand five until such time as the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) orders otherwise (folio 37); h) that the leatherback turtle is a species of global relevance with a critical condition in terms of its conservation status, so it is neither acceptable nor justifiable to generate legal-administrative instruments that, far from strengthening conservation actions, rather encourage human actions such as constructions that directly or collaterally threaten the nesting spaces which are vital to guarantee the reproduction of the species (see statements made under oath on folio 253); i) that technically it is not a viable option to consider the coastal strip separately from the marine zone and above all to ignore the existing relationship between the Tamarindo-Salinas mangroves and the Ventanas estuary with the marine sector protected by the Las Baulas National Marine Park (see statements made under oath on folio 255); j) that the construction of houses in the area would cause very severe impacts to the ecosystem because the disturbances it generates cause rapid and large changes while the ecosystem recovers slowly, which will cause the stability of the Las Baulas National Marine Park ecosystem to be significantly affected, such that the short, medium and long-term effect would be enormous, meaning it is not only a direct and short-term effect that would be caused to the leatherback turtle populations, but practically to the entire marine ecosystem (see statements made under oath on folio 255).

II.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Political Constitution establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Both rights are expressly recognized in article 50 of the Political Constitution which outlines the Social State of Law (Estado Social de Derecho) such that the Political Constitution emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of public authorities over factors that can alter its balance and hinder a person's development and life in a healthy environment. In that sense, this right manifests itself in a dual aspect: as a subjective right of individuals, and as a goal or end of the action of public authorities in general, so the State must guarantee it, defend it and preserve it. In that sense, any activity that threatens the right must be barred, prohibited and prevented, and actions must be deployed aimed at proactively protecting the right from possible dangers, in order to make it endure for future generations. Therefore, the State must, on the one hand, refrain from itself threatening the environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements, among which are those of a preventive nature.

III.- Obligations of the State in environmental matters. Deriving from the cited article 50 of the Constitution is the guarantor role that the State holds for the conservation of a healthy and ecologically balanced environment. This obligation implies, in the terms in which the Chamber has stated on other occasions, such as in judgment number 2001-13295 at twelve hours six minutes on twenty-one December two thousand one, among others:

“...that the State must take all possible technical measures to ensure that the activity it approves will not cause damage to the environment. Although the pronouncement of the responsible state body is in itself a technical matter, the duty to make a pronouncement and the requirement of rigor is a legal matter. In general terms, the state duty to guarantee the right to a healthy environment is not reduced to satisfying a simple marginal requirement within the bidding process. The Constitution does not require merely complying with certain formalities, but rather using, as stated, all legally and factually possible means to preserve the environment.” (see in the same sense resolution number 05906-99 at sixteen hours fifteen minutes on twenty-eight July nineteen ninety-nine).

A duty that, according to what that same judgment recognizes, falls with greater specificity on the National Environmental Technical Secretariat, the respondent here:

“The environmental concern of the Ministry of Environment and Energy is practically reduced to environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), the approval of which is in the hands of SETENA. That is, upon SETENA falls the entire duty of the State to guarantee a healthy and ecologically balanced environment, as indicated in constitutional article 50. Given such important responsibility, it would be reasonable to expect the technical and administrative strength of the responsible body.” (see judgment number 2001-13295 at twelve hours six minutes on twenty-one December two thousand one)

It is in this sense that, in environmental matters, any state omission that results in a deterioration of environmental conditions is especially serious (thus inferred from judgments number 9735-00 at nine hours six minutes on three November two thousand and number 1645-02 at eleven hours four minutes on fifteen February two thousand two, among others).

IV.- On the precautionary principle and sustainable development. In addition to the foregoing, it is important for the resolution of this matter to take into account two principles of special relevance in environmental matters, namely the precautionary principle and the principle of sustainable development. As for the first, it must be noted that this Chamber has recognized that in the protection of our natural resources, there must be a preventive attitude, based on which the State must provide everything necessary – within the scope permitted by law – in order to prevent irreversible damage from occurring to the environment. It is also called the principle of "prudent avoidance", contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states:

"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."

Consequently, actions must be deployed in advance to avoid the negative effects of a project, and to ensure the protection, conservation and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage – or a doubt in this regard – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, subsequent coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment. Based on this, the need arises for every State to achieve its progress hand in hand with nature, because only through sustainable development can the existence of resources be guaranteed for present and future generations, thus giving rise to the second principle called "sustainable development." Regarding the latter, the Chamber has referred to it on other occasions, an example being judgment number 2006-13461 at ten hours twenty minutes on eight September two thousand six, in which it held as relevant:

“... In that vein, article 3, subsection 4), of the cited Framework Convention expressly provides that “The Parties have the right to, and should, promote sustainable development... ”.

Likewise, the principle of sustainable development is provided for in the 1992 Rio Declaration on Environment and Development which states in principle 3 the following:

“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.”

Under this principle of sustainable development, the need to achieve the country's development in order to address the social and economic insufficiencies suffered is recognized. But it proclaims that development be carried out without destroying the environment and without depleting the stocks of natural resources, allowing the use of these resources not to exceed their capacity for renewal. Therefore, the possibility of the country's development is recognized, but it should not come at the overt detriment of the environment. The principle of sustainable development – widely recognized by this Court – transcends purely environmental issues, because it stands as an objective in the field of economic science, since in addition to seeking to preserve the natural resources that support the life of human beings, it also pursues efficiency in the use of resources so that development is achieved that satisfies the needs of present and future generations, without compromising the availability of natural resources in general. In accordance with the foregoing, sustainable resource management implies satisfying the needs of countries, taking into consideration the requirements of present and future generations and balancing three main objectives: environmental, social and economic. The foregoing, in order to reverse trends that threaten the quality of life of human beings and avoid an increase in costs for society. In that sense, it is necessary to stop the continuous environmental degradation with measures aimed at attenuating the negative effects of economic and social development and to ensure the existence of a sustainable link between humanity and nature. Indeed, the adoption of sustainable policies is based on the concordance between economic growth, social equity and the conservation of natural resources, promoting the use of renewable energies and increasing energy efficiency (see in that sense judgment 2007-006315 at fourteen hours thirty-three minutes on nine May two thousand seven). In developing this principle, this Court has stated the following:

“(…) In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, because even economic science, which deals with the administration of the environment to achieve the maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and tear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently.

All human life occurs in inevitable relation to its environment, especially with the improvement of the quality of life which is the central objective that development needs, but this must be in relation to the environment in such a way that it is harmonious and sustainable.

The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be used adequately, and one must act in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological and political relationships, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future and could put at risk the heritage of future generations. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modes of exploitation of natural resources give rise to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and a high environmental and social cost being generated that results in a deterioration of the quality of life; because precisely the fundamental objective of the use and protection of the environment is to obtain development and favorable evolution for the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of 'injury', already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. (…)” Judgment 3705-1993 at fifteen hours on thirty July nineteen ninety-three.”

Consequently, based on the principles discussed, the need is recognized that any project developed either by the State or by a private legal entity must go hand in hand with the environment, because although a Nation's progress cannot be denied, it must be framed within adequate sustainability parameters to ensure the conservation of resources for future generations (judgment 2007-006315 at fourteen hours thirty-three minutes on nine May two thousand seven). This must undoubtedly be taken into consideration when evaluating the merits of the present matter.

V.- On the merits. In judgment number 2008-018529 at eight hours fifty-eight minutes on sixteen December two thousand eight, this Chamber, resolving a matter similar to the one now analyzed, considered:

“VIII.- In conclusion.- Given the importance of the existence and protection of the Las Baulas Marine Park from the point of view of conservation and environmental protection, given that SETENA has been granting environmental viability to projects located within the park and in its buffer zone on an individual basis without having conducted an analysis of the comprehensive impact that such constructions would produce on the entire ecosystem of the Park, given that the Municipality of Santa Cruz has granted construction permits within the park and its buffer zone even without the corresponding environmental viability, and taking into account the precautionary principle in environmental matters, the appropriate course is to grant this remedy with all the consequences detailed in the operative part.”

And in that operative part, it was expressly stated, as relevant, the following:

“The appeal is GRANTED, consequently: a) All environmental viabilities granted on properties located within the Las Baulas National Marine Park are annulled, and the Ministry of Environment and Energy is ordered to immediately continue the expropriation processes for such properties. b) SONIA ESPINOZA VALVERDE, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds this position, is ordered to issue instructions within the scope of her competence not to process new viabilities within the park. c) SONIA ESPINOZA VALVERDE, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds this position, is ordered to proceed in coordination with the Ministry of Environment and Energy, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and the Municipalities of Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya and Carrillo, to carry out a comprehensive study on the impact that constructions and tourist and urban development in the buffer zone of the Las Baulas National Marine Park would produce on the environment and the necessary measures to be taken, in which it is assessed whether it would be better to also expropriate the properties found there, and expressly indicates the impact that noise, lights, the use of water for human consumption, blackwater and sewage, human presence and others would produce on the entire ecosystem of the area, especially on the leatherback turtle (…)”.

In turn, in judgment number 2008-008713 at nine hours six minutes on twenty-three May two thousand eight, in which an acción de inconstitucionalidad was resolved regarding the zoning regulation of the district of Cabo Velas that included in its geographic application area a part of the Las Baulas National Marine Park, for which it is applicable to the specific case, it was held:

“D.- The area of protection that must be given to the Leatherback Turtle. Even though the Chamber has no doubts about the unviability of the criteria that support the challenged Zoning Regulation, nor to determine if the leatherback turtle population is in a serious decline, and to resolve what the optimal area should be to guarantee that the turtles spawn on the beaches regulated by the mentioned Zoning Regulation, there exist the International Treaties and constitutional article 50 as legal mechanisms to provide the protection requested from this Court. The precautionary principle obliges the Chamber to grant the acción de inconstitucionalidad, in the terms indicated by the jurisprudence that “if there is a risk of serious or irreversible damage – or an objective doubt in this regard – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed; because subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in most cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment.” (judgment No. 2006-17126). The Las Baulas de Guanacaste National Park has a very clear purpose: the protection of the Leatherback Turtle's nesting area, which according to Executive Decree No. 20518-MIRENEM is necessary to ensure the perpetuation of the leatherback turtle colony (Dermochelys coriacea) and other natural resources, tourist and ecological activity, regarding the nesting that occurs throughout the year. It calls the attention of this Chamber that the draft Law Creating the Park reiterates some criteria expressed by the Executive Decree, and the concern about hotel developments, because with them, lighting, waste, pedestrian traffic, outboard motor noise, music, discos and automobiles will be introduced that will come to destroy this natural habitat. Hence, a protection strip of two hundred meters from the ordinary high-water mark was initially proposed in the legislative process; however, with the Affirmative Majority Report, even though those same justifications are maintained, the protection strip is reduced to 125 meters from the ordinary high-water mark, in the same sense as the mentioned Executive Decree does. As our country has committed internationally to observe the protection and “habitats of sea turtles” the acción de inconstitucionalidad must be granted, and in accordance with the precautionary principle, as well as the binding nature of environmental regulations, the Terrestrial Maritime Zone must equally be included as a necessary protection area for the different sea turtles that use that area as part of the environment utilized by them during the stages of their life cycle.”

And it was resolved on that occasion, in the operative part of that judgment, the following:

“The action is GRANTED. Consequently, the Zoning Regulation of the Cabo Velas District issued by the Municipal Council of Santa Cruz, published in La Gaceta No. 127 of 3 July 2006, is annulled. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled Regulation, without prejudice to rights acquired in good faith. This pronouncement shall be noted in the Official Gazette La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Notify the plaintiff, the Municipality of Santa Cruz and the Office of the Attorney General of the Republic.-“

In the matter under study, as evidence for a better decision, a technical report was requested from the Director of the School of Marine Biology of the Universidad Nacional who, in a document visible on folios 247 to 258, makes important warnings about the short, medium and long-term consequences that the construction process that has been underway for a long time in the Las Baulas National Marine Park, and specifically in Playa Grande and Playa Ventanas, could cause, consequences that will not only directly affect leatherback turtles but in general the entire ecosystem existing in the area. That report fully agrees with the considerations made by the Chamber in the transcribed judgments, in which, taking the precautionary principle into consideration, it is deemed that the area must be protected, avoiding alteration of the environment, for which it is noted that the expropriation process must continue to guarantee the preservation of the ecosystem. In said report, the negative effects that can be produced specifically regarding turtles by artificial lighting on nesting beaches as well as by the construction of buildings that do not maintain an adequate setback from the beach are noted. It is indicated that this setback aims to protect both the beach front and the nesting habitat because many turtle species preferably select wide beaches, free of obstacles for nesting, but coastal development, especially in front of beaches, can reduce the quantity and quality of available nesting sites, whereby, each type of development and any potential barrier needs to be set back from the sand area and this includes lights, constructions, physical objects like chairs, umbrellas, boats and recreational equipment, among others. If the risk indicated is not unknown to the majority of the population, much less to the National Environmental Technical Secretariat, the logical thing is that when issuing an authorization like the one challenged here, the possible risk of damage that could be caused to the extent that the land in question where construction is planned is within the Las Baulas National Marine Park would have at least been presumed and a decision made on it. This national park was created by Executive Decree number 20518-MIRENEM of nine July nineteen ninety-one, its main objective being the protection in perpetuity of the leatherback turtle colony (Dermochelys coriacea) and of the other natural resources existing in the area, taking into account that there are three areas of global importance where leatherback sea turtles nest, two of those sites being: Playa Grande and Playa Langosta in Bahía Tamarindo, where precisely Playa Ventanas is located, the site where the property referred to in this amparo is found. All that has been considered leads to the conclusion that in this case the precautionary principle must be applied and the choice must be made not to endanger the asset that is intended to be protected by the legislation related to the establishment of the Las Baulas National Marine Park, specifically in Playa Grande and Playa Ventanas.

The principle of sustainable development, also applicable here, entails that environmental viability (viabilidad ambiental) should not have been granted in this specific case because, as stated above, it is the State’s obligation to ensure that development occurs without destroying the environment and without depleting natural resource stocks, allowing the use of these resources not to exceed their capacity for renewal; thus, the country’s development potential must not be to the open detriment of the environment, pursuing efficiency in the use of resources so that development meets the needs of present and future generations without compromising the availability of natural resources and, in this case, without further compromising the leatherback turtle species beyond what it already is.

VI.- Furthermore, it must be taken into account that, specifically regarding the preservation of sea turtles, Costa Rica signed—on January thirty-first, nineteen ninety-seven—and approved—on August twenty-third, nineteen ninety-nine—the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, whose second annex, on the protection and conservation of the habitats of these animals, provides:

“Each Party shall consider and, as necessary, may adopt, in accordance with its laws, regulations, policies, plans, and programs, measures to protect and conserve, within its territories and in maritime areas over which it exercises sovereignty, sovereign rights, or jurisdiction, the habitats of sea turtles, such as:

1.- Requiring environmental impact assessments of activities related to coastal and marine developments that may affect the habitats of sea turtles, including: dredging of channels and estuaries; construction of retaining walls, docks, and marinas; extraction of materials; aquaculture installations; establishment of industrial facilities; use of reefs; deposit of dredged materials and waste, as well as other related activities.

2.- Ordering and, as necessary, regulating the use of beaches and coastal dunes regarding the location and characteristics of buildings, the use of artificial lighting, and vehicle traffic in nesting areas.

3.- Establishing protected areas and other measures to regulate the use of areas of frequent nesting or distribution of sea turtles, including permanent or temporary closures, adaptation of fishing gear, and, to the extent possible, restrictions on vessel traffic.” (See in this regard the pronouncement issued by this Court in judgment number 2003-008740 at eight hours fifty minutes on August twenty-second, two thousand three)

VII.- In addition to the foregoing, the Chamber warns that despite the fact that through Law 7524 of July tenth, nineteen ninety-five, called the Law for the Creation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park, this park was created by the interest and will of the State to acquire the lands located within the aforementioned national park, the truth of the matter is that, as already stated in judgment number 2008-007549 at seventeen hours thirty-eight minutes on April thirtieth, two thousand eight, although that Law came into force on August sixteenth, nineteen ninety-five, the nearly ten-year period that elapsed before the Executive Branch began the expropriation of those properties is unjustified and harms the rights protected in articles 21 and 50 of the Political Constitution, as the State disregards its obligation to take appropriate and necessary measures, in accordance with international law and based on the most reliable scientific data available, for the protection, conservation, and recovery of sea turtle populations and their habitats, among them, the restriction of human activities that may seriously affect sea turtles, especially during periods of reproduction, incubation, and migration, under the terms of the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles approved through Law 7906 of September twenty-fourth, nineteen ninety-nine. Under this perspective, when environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the project of the company Rover Path de Guanacaste by the National Environmental Technical Secretariat in resolution number 1349-2005-SETENA at eleven hours twenty-five minutes on June ninth, two thousand five, the provisions of that Law were not taken into account, and even though it was reported to this Chamber under oath that the administrative file did not show that the expropriation of the project area had been planned, it is also true that this was another implicit signal or warning to the respondent Technical Secretariat that this was not just any property but a property located within a national park, with a vocation different from that of mere private property, and therefore, it was essential that all necessary measures be adopted to protect the natural resources intended to be protected by the creation of that national park.

VIII.- In light of the foregoing, it is appropriate to grant this remedy (recurso), which entails once again indicating to the Technical Secretariat that it is not possible to continue granting construction permits and environmental viabilities (viabilidades ambientales) without taking into consideration the provisions of the law creating the park more than ten years after its creation and which, as noted, has the purpose of the State’s acquisition of the lands located within the aforementioned national park. In addition to the foregoing, it must be taken into account that this Chamber, in judgment number 2008-008713 at nine hours six minutes on May twenty-third, two thousand eight, transcribed in part, granted the unconstitutionality action number 06-008369-0007-CO that was filed against the Zoning Regulation for the Cabo Velas District, Coastal Sector approved by the Municipality of Santa Cruz and published in La Gaceta number 127 of July third, two thousand six. In that judgment, the Chamber annulled that regulation—which covered the zone where the property to which this amparo refers is located—and unanimously considered that this regulatory body infringed the Law of the Constitution as well as the norms of international law in force in the country and the laws relating to the protection of fauna, the environment, and the Nation’s natural heritage, which impose the obligation to adopt measures to conserve the leatherback turtle’s habitat as well as the areas that, due to their conditions and characteristics, are a natural destination for their nesting and spawning. For these reasons, in the specific case, it is appropriate to annul the permits granted to the company Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima, for the construction of a dwelling house at Playa Ventanas within the seventy-five-meter strip that constitutes part of the Las Baulas National Marine Park. Furthermore, under the considerations expressed above and in view of the latest criteria expressed by the Chamber on this matter, such as judgment number 2008-008713 at nine hours six minutes on May twenty-third, two thousand eight, and specifically by what was considered in judgment number 2008-007549 at seventeen hours thirty-eight minutes on April thirtieth, two thousand eight, it is appropriate to order that the expropriation proceedings referred to in Law number 7524 of July tenth, nineteen ninety-five be immediately initiated so that this property passes into the hands of the State.

IX.- Judge Calzada provides different reasons.-

Therefore:

This remedy (recurso) is granted, and consequently, resolution number 1349-2005-SETENA at eleven hours twenty-five minutes on June ninth, two thousand five, by which the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the house construction project of Rover Path de Guanacaste Sociedad Anónima, is annulled. Likewise, any other authorization that may have been granted for the construction of that property is annulled. Jorge Rojas Soto, in his capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever exercises that position in his stead, is ordered to immediately issue the necessary instructions so that the competent bodies initiate the pertinent administrative proceedings to expropriate the property to which this amparo refers; likewise, failure to comply with said order shall constitute the crime of disobedience, and that, in accordance with article 71 of the Law of this Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. Notify this resolution to Jorge Rojas Soto, in his capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever exercises that position in his stead, personally. Let it be communicated. Judge Calzada provides different reasons.-

 

 

Ana Virginia Calzada M.

President

 

 

            Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S. 

 

 

            Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

 

 

            Fernando Castillo V. José Paulino Hernández G.

 

 

 

            SEPARATE NOTE OF JUDGE CALZADA MIRANDA:

 

            In the present matter, I concurred in the Chamber vote that granted the remedy (recurso), giving separate reasons. However, once judgment number 14180-2010 was drafted, I am in agreement in all its aspects, and therefore, I waive the note I initially set down.

 

 

Ana Virginia Calzada Miranda

President

EXPEDIENTE N° 05-009662-0007-CO

 

Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

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