Res. 16316-2011 Sala Constitucional — Environmental viability of Mall Plaza Lincoln requires wastewater treatment plantViabilidad ambiental del Mall Plaza Lincoln exige planta de tratamiento de aguas residuales

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16316 - 2011

Fecha de la Resolución: 25 de Noviembre del 2011 a las 09:41

Expediente: 11-005917-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Precautorio

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: Pro natura

Subtemas:

NO APLICA.

“PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. … en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de in dubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación.”.-   Sentencia 12556-10, 16316-11




Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río –Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-, se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles. En otras palabras, si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades. Es claro que este principio tiene aplicación igualmente tratándose de la explotación de aguas subterráneas.  Sentencia 14596-11, 16316-11

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Texto de la resolución

 

*110059170007CO*

Exp: 11-005917-0007-CO

Res. Nº 2011-016316

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y cuarenta y uno minutos del veinticinco de noviembre del dos mil once.

          Recurso de amparo que se tramita en expediente número11-005917-0007-CO, interpuesto por VICTOR PIEDRA QUESADA, cédula de identidad 0103600458, contra la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, SETENA Y MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

Resultando:

          1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:00 horas del 19 de mayo de 2011, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, LA SETENA Y MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES y manifiesta que  este Tribunal, en la sentencia 12109-2008, del 5 de agosto de 2008, notificada al Alcalde de Moravia, ordenó que se contratara inmediatamente a los profesionales respectivos a fin de que elaboraran los mapas de fragilidad hidrogeológica, y que una vez aprobados por SENARA, fueran incorporados a la normativa urbanística. Señala que de la carta fechada 25 de marzo de 2011, enviada a Jorge González, por parte de la Regidora Municipal de Moravia Sonia Altamirano, se desprende que dichos mapas nunca fueron realizados. Considera que la concesión de permisos de una mega-construcción en los terrenos del antiguo Colegio Lincoln, sin tener esos mapas de fragilidad hidrogeológica, es inadmisible e irresponsable. Menciona que la Secretaría Técnica Ambiental en la resolución R-386-2010, resolvió que la empresa PIMSA, que pretende construir un centro comercial en los terrenos mencionados, debe construir una planta de tratamiento de aguas residuales como parte de las condiciones que debe poseer para obtener la viabilidad ambiental, y rechazó en su resolución R-768-2010, el recurso planteado por la empresa PIMSA la cual se niega a construir dicha planta. No obstante, el 4 de mayo de 2010, dicha empresa presentó un recurso de apelación en subsidio ante el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, quien emitió la resolución R-248-2010-MINAET, y anuló la posición de SETENA. Alega que una construcción de ese tipo sin una planta de tratamiento, causará graves consecuencias ambientales ya que el único camino de desfogue de aguas es la Quebrada Chiquita que actualmente es incapaz de aceptar y procesar tal cantidad de aguas.

          2.- Informa bajo juramento Teófilo de la Torre, en su calidad de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (informe de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico), que por resolución 2786-2009-SETENA de 25 de noviembre de 2009 se otorga la Viabilidad Ambiental al proyecto Plaza Comercial Lincoln, resolución en la que no se impuso al desarrollador la obligación de establecer una planta de tratamiento de aguas residuales, sino que se preveía que las mismas desfogaran al alcantarillado público. Posteriormente el 05 de febrero de 2010 se recibió en la SETENA solicitud de corrección de error material de la resolución 2786-2009-SETENA ya que advierte el desarrollador Portafolio Inmobiliario S.A. que la descripción del proyecto no es la correcta. Ante esta solicitud se emitió la resolución 386-2010-SETENA, en la cual se corrige la descripción del proyecto, pero también se agrega en la resolución 386-2010-SETENA en la que se corrige la descripción del proyecto, pero también se agrega la obligación de establecer una planta de tratamiento de aguas residuales. Ante esta situación, el desarrollador interpuso el 03 de marzo de 2010 recurso de revocatoria parcial con apelación en subsidio contra la resolución 386-2010-SETENA. Por resolución 786-2010-SETENA se declaró sin lugar el recurso de revocatoria y se elevó el expediente para que el jerarca conociera el recurso de apelación interpuesto. Añade que el recurso de apelación fue declarado con lugar, ya que la resolución 386-2010-SETENA resolviendo una solicitud de aclaración de la resolución 2786-2009-SETENA que fue la que otorgó la viabilidad ambiental al proyecto en cuestión, adicionó en forma improcedente la obligación de establecer una planta de tratamiento de aguas residuales, porque al resolver una solicitud de aclaración no es legalmente posible variar el fondo de lo resuelto, como se dio en este caso y la aclaración no constituye una revisión de lo dispuesto. Solicita que se desestime el recurso planteado.

          3.- Informa bajo juramento Uriel Juárez Baltodano, en su calidad de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (informe de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico), que por sentencia 12109-2008 del 05 de agosto de 2009 la Sala ordenó a diversas municipalidades, entre éstas a la Municipalidad de Moravia recurrida, contratar profesionales para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por SENARA en su informe denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica”, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada, siendo que compete a las municipalidades involucradas referirse a las acciones ejecutadas en cumplimiento de esa orden y no a esa Secretaría. Añade que el Proyecto Plaza Comercial Lincoln, contiene un proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) contenido en  el expediente N°1805-2005-SETENA.  Que por la resolución N°2786-2009-SETENA se otorgó la viabilidad ambiental y el apoderado generalísimo de Portafolio Inmobiliario S.A. (desarrolladora del proyecto) solicitó aclaración en cuanto al por tanto “quinto” referido a la descripción del proyecto. En atención a la solicitud, Setena, por resolución N°386-2010,  corrige la resolución N°2786-2009-SETENA, en cuanto al por tanto quinto de conformidad con el criterio de Departamento de Evaluación Ambiental, la documentación que consta en el expediente la inspección realizada al sitio; ello con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, como una corrección de error material para ajustar la descripción del proyecto a la EIA efectuada.  Al efecto, en el Por tanto Primero, los últimos párrafos indicaron qué comprende el proyecto, indicándose ahí, el establecimiento de una planta de tratamiento, tal y como sigue: “El Proyecto comprende además: -Tapia: se construirá en concreto y se ubicará en la colindancia Sur y Suroeste del AP. (…) -Cordones de caño y cunetas: estas obras se harán en concreto, (…) -Tragantes: serán hechos de concreto armado y parillas de hierro fundido, según el diseño que se realice. -Pozos de registro: se construirán en concreto armado y se les colocarán tapas y hierro fundido. -Colectores de aguas pluviales y aguas residuales ordinarias (…) -Postes eléctricos (…) – Establecer una planta de tratamiento de aguas residuales ya que aunque cuenta con el permiso de Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados para que uso del “acueducto sanitario”, este deposita las aguas sin tratar directamente a la quebrada o río, es por ello que se hace necesario ambientalmente la instalación de dicha planta.”  Añade que la resolución N°386-2010-SETENA fue recurrida por el señor Andrew Paul Vickers apoderado generalísimo de portafolio Inmobiliario S.A. (desarrolladora del proyecto), mediante recurso de revocatoria parcial y apelación en subsidio (ver folios del expediente 242-244 adjuntos), siendo el punto medular el último párrafo de la descripción que refiere al establecimiento de una planta de tratamiento, que consideró el recurrente un requisito más no contemplado en la EIA. Asimismo, para dicho recurso aportó como prueba para mejor resolver “Certificación de Disponibilidad de Servicios UNSD-GAM-0568-2010-0420 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” (Ver documentos adjuntos: folios 253-255).  La resolución N°768-2010-SETENA rechazó el recurso de revocatoria parcial. Manteniéndose la resolución impugnada de conformidad con la fundamentación que consta a partir del Considerando Tercero y que literalmente dice: “TERCERO: Del informe DEA-1010-2010 presentado a esta Secretaria se detalla lo siguiente: “ …El Recurso de Revocatoria Parcial está dirigido exactamente contra la planta de tratamiento que se incluye en la resolución por error material N°0386-2010-SETENA en la descripción del proyecto.  Sin embargo, al revisar el proceso de evaluación ambiental del proyecto, se tiene los siguientes aspectos que se deben de considerar antes de emitir un fallo definitivo: 1. Que en el formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (PEAP), en el resumen del proyecto folio N°32, dice:”  para la etapa de operación se requerirá una mano de obra de al menos 350 personas. La generación máxima de aguas residuales se estima en 50 metros cúbicos por semana, las cuales se manejará mediante una planta de tratamiento para luego ser vertidas al alcantarillado sanitario.”  y luego, al mencionar la legislación utilizada dice: “la legislación de mayor importancia para esta obra incluye la Ley de Planificación Urbana, La Ley de Construcciones, la Ley Orgánica de Ambiente y reglamentos conexos, el Reglamento de Reuso y Vertido de aguas residuales, el Reglamento sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Reglamento sobre el manejo de basura”, esta observación se encuentra en el folio N°31 del expediente. 2. En el mismo FEAP, en el sub-apartado “otra información detallada sobre el proyecto”, en el punto “b. Desechos provenientes de la actividad o proceso”, en la tabla sobre los líquidos dice: “Líquidos: se deberán de clasificar los tipos de desechos líquidos en relación con su grado de Toxicidad, indicar el volumen de producción semanal y el sistema de tratamiento o disposición que se aplicará en los mismos”. En dicha tabla vienen 3 columnas. La primera columna es para el tipo de desecho Aguas Residuales (tanto para la construcción como para la operación), en la segunda columna se establece la producción en metros cúbicos /semana del desecho, y la tercera columna se define el “tipo de tratamiento”, que para ambas etapas es PLANTA DE TRATAMIENTO. Se encuentra en el oficio N°29 del expediente. 3. En el oficio N°23 del expediente, aparece la carta de disponibilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, oficio de ICAyA N       °URB-DIS.-326-2005 con fecha del 09 de setiembre de 2005, donde se manifiesta que sí existe disponibilidad para agua potable y alcantarillado sanitario. Pese a que hay disponibilidad de alcantarillado sanitario por parte del AyA la LOA obliga en los artículos 59 al 67 a la prevención de la contaminación. Especialmente el artículo N°65 de la LOA, el cual es muy específico “Artículo 65 Tratamiento de aguas residuales, Las aguas residuales de cualquier origen deberán recibir tratamiento antes de ser descargadas en ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua: además, deberán alcanzar la calidad establecida para el cuerpo receptor, según su uso actual y potencial y para su utilización futura en otras actividades.”. Por  ello se menciona una y otra vez, el CFEAP y en el EsIA, la necesidad de establecer una planta de tratamiento, ya que el AyA tiene el alcantarillado sanitario pero no tiene la planta de tratamiento para procesar las aguas residuales. Estas aguas  sin tratamiento por parte del AyA, son vertidas por medio del alcantarillado sanitario a la cuenta hidrográfica del río Virilla 4. En el formulario de Inspección de sitio Preliminar (FISEAP), en la pregunta N°15 donde dice: “las aguas negras y servidas serán tratadas por medio de Planta de Tratamiento” que es la opción que viene marcada. Oficio del expediente N°38. 5.  En los términos de referencia enviados con la resolución N°384-2006-SETENA en el punto 15 acerca de: “otros términos específicos”, se le solicita textualmente “Anexar el permiso de ubicación de la planta de tratamiento asimismo el permiso del desfogue del cuerpo receptor, por parte del Ministerio de Salud”. Oficio N°49 del expediente. También en el CONSIDERANDO TERCERO en el punto 10 dice: “Las aguas residuales del proyecto serán tratadas mediante planta de tratamiento, folio N° 56 de l expediente. 6. En la resolución N°2677-2008-SETENA se solicita un anexo único en el Considerando Quinto en Aspectos Técnicos, sobre aguas residuales, el punto 10 solícita: “certificación de aprobación por parte del Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) de los planos y otras especificaciones para la disposición de sus aguas residuales y su planta de tratamiento, indicar  el tipo de cuerpo receptor y sus características. También el responsable del manejo y mantenimiento apunta, así como el permiso de ubicación emitido por el Ministerio de Salud”, oficio N°000152 del expediente. 7. Que en la resolución N°2786-2009.-SETENA del 25 de noviembre de 2009, al otorgar la Viabilidad (licencia) ambiental en la descripción del proyecto dice: “Además de los parqueos del sótano el proyecto contará con 547 espacios de parqueo exterior del primer y segundo nivel e incluirá una planta de tratamiento.” Oficio N°000220 del expediente. 8. Que en la solicitud de aclaración del Alcalde de Viabilidad Ambiental, entregada el 05 de febrero de 2010 a esa Secretaría, en el adjunto 1, se menciona lo siguiente: “Colectores de aguas pluviales y aguas residuales ordinarias: se utilizarán los tubos de PVC, de diferentes diámetros y espesores, de acuerdo con los caudales previstos en el sector. Se atenderán en cada caso los requerimientos de las entidades con competencia según detalle que se ofrece más adelante,”, esto que se cita textualmente pertenece al Es IA, apartado N°5 “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”, sub-apartado 5.3, en la pág N°5.6 y se refiere al a explicación que se realiza en la página N°5.14 de este apartado N°5 sobre aguas residuales. Este sub-apartado, es importante para sacar conclusiones antes de emitir un criterio, en su primer párrafo dice: “La regulación de las disposiciones de las aguas residuales se inicia fundamentalmente con la promulgación de la Ley General de Salud en la década de los setentas. En ésta se define el concepto de contaminación, que posteriormente se retoma en la LOA, y se dispone de manera expresa, de la prohibición de disponer las aguas residuales sin tratar los cuerpos de agua. Esta obligación se delimita con mayor precisión en la Ley de conservación de Vida Silvestre. Que lo anterior demuestra el incumplimiento que hizo de los términos de referencia sobre la planta de tratamiento, ya que la misma fue solicitada por ellos y no se incluyó dentro del Estudio de Impacto Ambiental presentado. Que a la SETENA le compete el impacto ambiental generado en alguna actividad, obra o proyecto, por lo tanto es la que fiscaliza las acciones de las otras instituciones estatales para observar si están acordes con el ambiente o deben de realizar otras actividades para evitar el impacto ambiental que de ellas se genere. La Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 83 dice. “Creación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos.” Pese al análisis realizado del EsIA y que no aparece la planta de tratamiento dentro del mismo, se le solicita dentro de la resolución N°2677-2008-SETENA un Anexo Único como se menciona en el punto N°7 de este informe, todo lo relacionado con la planta de tratamiento. Entonces se aplica. “El artículo 29 inciso 5, del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) faculta a la SETENA para solicitar, por única vez que la información faltante sea subsanada. Una vez presentada la información, se tendrá que resolver en definitiva., sin embargo tampoco fue presentada la misma.  Que se viola la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales que se solicita y la que presentan previo a dar la VLA, mediante acciones anteriormente señaladas. Se recomienda que la administración no acoja el recurso de revocatoria presentado por el desarrollador Andrew Paul Vickers, apoderado generalísimo de Portafolio Inmobiliario S.A. donde se recurre la resolución N°0386-2010 en la cual se hace la corrección por error material a la resolución 2786-2009-SETENA, dejándola tal y como está. Cita nuevamente el artículo 65 de la LOA sobre tratamiento de aguas residuales y explica que por ello se menciona una y otro vez, en el FEAP y en el EsIA, la necesidad de establecer una planta de tratamiento, ya que el AyA tiene el alcantarillado sanitario pero no tiene la planta de tratamiento para procesar las aguas residuales. Como consecuencia de lo anterior declara sin lugar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución N°0386-2010-SETENA de las 14:50 horas del 22 de enero de 2010. Comenta que sobre la resolución R-248-2010-MINAET emitida por el Ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, esa Secretaría solo puede referirse a los hechos que constan en el expediente. Dicha resolución declara con lugar el recurso de apelación contra la resolución N°386-2010-SETENA que otorgó la viabilidad ambiental, eliminándose el párrafo referente al establecimiento de la planta de tratamiento. Comenta que esa  Secretaría ha cumplido su función de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos y su función de tutelar el derecho consagrado en el artículo 50 constitucional. El desarrollador presentó la evaluación de impacto ambiental y SETENA realizó el proceso respectivo, el mismo desarrollador incluyó en el EIA el establecimiento de una planta de tratamiento y así lo incluyó esa Secretaría en la resolución que otorgó la Viabilidad Ambiental (resolución N°2786-2009.-SETENA en la descripción del proyecto dice: “Además de los parqueos del sótano el proyecto contará con 547 espacios de parqueo exterior del primer y segundo nivel e incluirá una planta de tratamiento) y no fue recurrida por ese aspecto. Además como se observa en el razonamiento de la resolución N°768-2010-SETENA, en el proceso se contempló dicha planta. Comenta que un EIA no es inmodificable, posición que ha sido respaldada por la sentencia 2008-015315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008. Pide se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Pablo Hernández Cortés, en su calidad de Alcalde del Cantón de Moravia (informe de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico), que  a partir de lo dispuesto por sentencia número 12109-2008 del 05 de agosto de 2008, la Municipalidad de Moravia inició gestiones para lograr la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica, lo que realizó en asocio con otros ayuntamientos y el SENARA, como parte del proceso de actualización del actual plan regulador de Moravia.  Añade que en el 2009 se comenzó a incluir en toda valoración referente al ordenamiento y planificación urbana la variable de vulnerabilidad hidrogeológica. Añade que para  el proyecto denominado Mall Plaza Lincoln no sólo aplicó los mapas antes citados, sino también la matriz citada y se exigió al desarrollador un estudio hidrogeológico y de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, de la propiedad a intervenir. Añade que en cumplimiento de tal prevención la empresa interesada presentó el estudio, que fue avalado por SENARA y aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por resolución 2786-2009-SETENA de las 8.30 horas del 25 de noviembre de 2009. Que el estudio era necesario para garantizar que no existiría contaminación de los mantos acuíferos, de forma que el referido estudio indica que el análisis del riesgo de contaminación de alas aguas subterráneas se clasifica como bajo y que las condiciones hidrogeológicas del sitio permite el desarrollo del proyecto del centro comercial. Que  la zona de estudio no es catalogada como zona de recarga de acuíferos debido a que los suelos no presentan condiciones favorables para la infiltración óptima de las aguas de lluvia. Añade que si bien SETENA no exigió al proyecto Mall Plaza Lincoln que construyera planta de tratamiento de aguas residuales, la Municipalidad, en ejercicio de las potestades constitucionales de protección de los intereses locales y en tutela plena de los recursos naturales, calidad de vida de los moravianos ya demás como ente embestido por el Constituyente originario con poderes de ordenamiento y planificación de su cantón para la aprobación de la construcción del centro comercial Mall Plaza Lincoln, exigió la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y de una laguna de retardo, a efecto de evitar primero que latas avenidas de agua saturara la capacidad hidráulica de la quebrada donde tributará (sic) el proyecto, y segundo, una reducción de la contaminación de aguas residuales emanadas de dicho centro comercial. Sobre el tema el Ingeniero Iván Eduardo Arce Vargas, por oficio D.I.O.M.N. 548-05-2011 de 25 de mayo de 2011, indicó: “(…) Con respecto a la planta de tratamiento, el folio 1055 del expediente administrativo correspondiente al permiso de construcción N°16634 que se dio de forma condicionada hace referencia dentro del mismo permiso en las observaciones que debe brindarse principal atención en lo señalado en el oficio DIOMN 44-01-2011, de tal forma el señalado oficio detalla observaciones y condicionamientos al permiso dado y específicamente en el punto 4 dice textualmente con respecto a la planta de tratamiento “No se autoriza el proyecto sin la planta de tratamiento, de tal forma los planos de la planta de tratamiento según criterios técnicos de la Comisión INVU Municipalidad se podrían presentar en el plazo máximo de 6 meses contabilizados a partir del otorgamiento del permiso de construcción.

5.- Por resolución de las 10:30 horas del 27 de mayo de 2011 (expediente electrónico) la Sala revocó la decisión de suspender las obras de construcción del proyecto Plaza Comercial Lincoln dictada en la resolución de curso de las quince horas y diecinueve minutos del diecinueve de mayo del dos mil once,  por estimar que la paralización de la obra implica en este caso, un mayor riesgo a la seguridad de los terrenos colindantes y un mayor daño al ambiente.

6.- Informa Jonatán Picado León, en su calidad de representante de la empresa SUEÑOS INMOBILIARIOS S.A y de PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A. (Informe de 23 de agosto de 2011, expediente electrónico), que es falso que haya ausencia  de mapas hidrogeolégicos.- El proyecto cuenta con viabilidad ambiental al aprobarse el Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, el SENARA resolvió y se pronunció específicamente  sobre el aspecto hidrogeológico en resolución 63-09 DIGH del 6 de octubre del 2009, con lo cual se garantiza que la entidad competente en la materia determinó que ambientalmente el proyecto no afectaría ninguna zona de recarga ni el subsuelo. Destaca  que donde se ubica el proyecto, no es una zona de recarga acuífera según declara el SENARA y ratifica la Municipalidad. Que el informe de la Municipalidad de Moravia indica que en asocio con el SENARA, como parte de la actualización del Plan Regulador de Moravia, sí elaboraron los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica. Adjuntaron al expediente copia de dichos mapas. Agrega la Municipalidad que para el proyecto desarrollado por sus representadas — Mall Plaza Lincoln -no solo si aplicaron los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica, sino que además aplicaron también la "Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico" establecida por el SENARA. Menciona la Municipalidad el oficio D.l.O.M.M. 548-05-2011 donde se ratifica que las condiciones hidrogeológicas del sitio si permiten el desarrollo del proyecto del Centro Comercial, agregando que la zona de construcción no es catalogada como zona de recarga de acuíferos. Culmina ratificando la Municipalidad: si existen mapas de vulnerabilidad hidrogeológica para el Cantón de Moravia. En conclusión, no solo se aplicaron los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica existentes, sino que también como parte del estudio de impacto ambiental, se realizó un estudio de impacto hidrogeológico avalado para SETENA. Añade que es falso que no se contemple la construcción de la Planta de Tratamiento.- Si se construye planta de tratamiento y además hay desfogue al alcantarillado público, sí hay desfogue al alcantarillado público y hay estudios hidrogeológicos que descartan riesgos. Comenta que los temores del recurrente no solo son infundados, sino sus afirmaciones resultan temerarias. Añade que la Municipalidad de Moravia sugirió la necesidad de construir una planta de tratamiento. Por ello sus representadas a fin de evitar cualquier discusión, optaron en agosto del 2010 por construir una planta de tratamiento de agua a lo cual se comprometió según consta en declaración jurada. Dicha planta esta en construcción, de lo cual da fe la Municipalidad. Adjunta oficio CS-URS·0657-11 del Ministerio de Salud que aprueba el visto bueno de ubicación de la Planta de Tratamiento. Asimismo, copia del Contrato de Construcción de la Planta de Tratamiento presentado, tasado y pagado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por un monto de 75 millones de colones. De esta forma el proyecto cuenta con las dos soluciones: 1- planta de tratamiento y 2- conexión al sistema de alcantarillado, lo cual constituye el mejor escenario posible en relación proyecto -ambiente. Consecuentemente, hay plena garantía de que no habrá ninguna infiltración de aguas residuales al subsuelo en contraste con lo que ocurre con los tanques sépticos de todas las viviendas que se encuentran alrededor del proyecto, y mejorando las condiciones con que actuaba el Colegio Lincoln — antiguo ocupante del terreno —. (i) no hay explotación de recursos del subsuelo; (ii) no hay vertimiento de ninguna sustancia al subsuelo - no hay tanque séptico -; (ii) se han obtenido los permisos del MINAET, AYA, SENARA y el Ministerio de Salud; (iv) el proyecto cuenta con conexión al alcantarillado bajo parámetros legalmente establecidos y adicionalmente se construye una planta de tratamiento. (v) EI SENARA determinó que no había ningún índice de fragilidad ambiental hidrogeológico que atender en este caso mas allá de lo que el SETENA ya había evaluado. Sobre los permisos de construcción y la responsabilidad ambiental dice que la obra en construcción está muy lejos de ser un proyecto que no ha cumplido con la legislación ambiental. Luego de una tramitología de más de 6 años (inició el 11 de noviembre del 2005 con la presentación de documentos ante el SETENA), obtuvo la Viabilidad Ambiental, la autorización del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento, culminando todo en un permiso de construcción de una obra cuyo valor por el que se pagaron derechos a la Municipalidad de Moravia, es de veintisiete mil setecientos cinco millones setecientos ochenta mil colones (¢127.705.780.000). En medio de un entorno nacional de crisis económica, el Proyecto constituye el más importante impulso a favor de la reactivación del sector de construcción en la meseta central, empleando a mas de 1000 obreros de construcción, cumpliendo con la normativa ambiental, ejecutándose bajo estrictos criterios de sostenibilidad, con los respectivos regentes ambientales, póliza ambiental, Que no se  trata de una obra de construcción sobre un terreno no impactado. Por el contrario, es un centro comercial en el lugar donde se ubicó por mas de cincuenta años el Colegio Lincoln. No hay afectación al ambiente que no haya sido identificada y debidamente evaluada por la SETENA, quien otorgó La viabilidad ambiental. Pide se declare sin lugar el recurso.

7.- Por resolución de las catorce horas y cero minutos del veintisiete de octubre del dos mil once (expediente electrónico), el Magistrado Instructor solicitó como prueba para mejor resolver, informe al representante del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) a fin de que indique si la construcción en los terrenos del antiguo Colegio Lincoln,  cuenta con los mapas de fragilidad hidrogeológica y si  representa o no un peligro para los acuíferos cercanos.

8.- Informa bajo juramento BERNAL SOTO ZUNIGA, en su condición de Gerente General del SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) (informe de 09 de noviembre de 2011, expediente electrónico) que según oficio DIGH- 1047-2011 del 7 de noviembre de 2011, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, el SENARA no cuenta con los mapas de fragilidad ambiental hidrogeológica, los cuales deben ser aportados por la Municipalidad de Moravia como parte de la elaboración de los mapas hidrogeológicos para el Plan Regulador de Moravia. Añade que el SENARA - en coordinación con PRUGAM- elaboró los mapas de vulnerabilidad de los acuíferos del cantón de Moravia, el cual tiene escala regional. Dice que el mapa de vulnerabilidad clasifica la zona en donde se ejecutan las obras como de Baja Vulnerabilidad, en las cuales se permiten las obras sujeto a diseño apropiado de sistemas de eliminación de excretas y aguas servidas.

9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

          Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.-Objeto del recurso. El recurrente reclama violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la concesión de permisos de una mega-construcción en los terrenos del antiguo Colegio Lincoln, porque no se cuenta con los mapas de fragilidad hidrogeológica. Además acusa que el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, quien emitió la resolución R-248-2010-MINAET, deja sin efecto la orden de la SETENA de  construir una planta de tratamiento de aguas residuales -como parte de las condiciones que debe poseer para obtener la viabilidad ambiental- porque una  construcción de tratamiento, causará graves consecuencias ambientales ya que el único camino de desfogue de aguas es la Quebrada Chiquita que actualmente es incapaz de aceptar y procesar tal cantidad de aguas.

          II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:ese tipo, sin una planta de:

a.  A  partir de lo dispuesto por sentencia número 12109-2008 del 05 de agosto de 2008, la Municipalidad de Moravia inició gestiones para lograr la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica, lo que realizó en asocio con otros ayuntamientos y el SENARA, como parte del proceso de actualización del actual plan regulador de Moravia  (Informe de Alcalde del Cantón de Moravia de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico). 

b. En el año 2009 se comenzó a incluir, en toda valoración referente al ordenamiento y planificación urbana, la variable de vulnerabilidad hidrogeológica (Informe de Alcalde del Cantón de Moravia de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico).

c.  Al 09 de noviembre de 2011, el SENARA no cuenta con los mapas de fragilidad ambiental hidrogeológica, los cuales deben ser aportados por la Municipalidad de Moravia como parte de la elaboración de los mapas hidrogeológicos para el Plan Regulador de Moravia (Informe de representante del SENARA, de 09 de noviembre de 2011 y oficio DIGH- 1047-2011 del 7 de noviembre de 2011, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, expediente electrónico).

d. El SENARA - en coordinación con PRUGAM- elaboró los mapas de vulnerabilidad de los acuíferos del cantón de Moravia, el cual tiene escala regional, siendo que el mapa de vulnerabilidad clasifica la zona en donde se ejecutan las obras del Proyecto Plaza Comercial Lincoln como de baja vulnerabilidad, en las cuales se permiten las obras sujeto a diseño apropiado de sistemas de eliminación de excretas y aguas servidas (Informe de representante del SENARA, de 09 de noviembre de 2011 y oficio DIGH- 1047-2011 del 7 de noviembre de 2011, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, expediente electrónico) .

e.  Para  el proyecto denominado Plaza Comercial Lincoln, que se tramita en expediente N°1805-2005-SETENA, la Municipalidad de Moravia  exigió al desarrollador un estudio hidrogeológico y de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, de la propiedad a intervenir (Informe de Alcalde del Cantón de Moravia de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico).

f.   El Proyecto Plaza Comercial Lincoln, contiene un proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) contenido en  el expediente N°1805-2005-SETENA.  (informe del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico).

g.  Por la resolución N°2786-2009-SETENA se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto y el apoderado generalísimo de Portafolio Inmobiliario S.A. (desarrolladora del proyecto) solicitó aclaración en cuanto al por tanto “quinto” referido a la descripción del proyecto (informe del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico).

h.  En atención a la solicitud Setena, por resolución N°386-2010-SETENA, se corrige la resolución N°2786-2009-SETENA, en cuanto al por tanto quinto de conformidad con el criterio de Departamento de Evaluación Ambiental, para ajustar la descripción del proyecto a la EIA efectuada y en el Por tanto Primero, los últimos párrafos indicaron qué comprende el proyecto, indicándose ahí, el establecimiento de una planta de tratamiento, tal y como sigue: “El Proyecto comprende además: -Tapia: se construirá en concreto y se ubicará en la colindancia Sur y Suroeste del AP. (…) -Cordones de caño y cunetas: estas obras se harán en concreto, (…) -Tragantes: serán hechos de concreto armado y parillas de hierro fundido, según el diseño que se realice. -Pozos de registro: se construirán en concreto armado y se les colocarán tapas y hierro fundido. -Colectores de aguas pluviales y aguas residuales ordinarias (…) -Postes eléctricos (…) – Establecer una planta de tratamiento de aguas residuales ya que aunque cuenta con el permiso de Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados para que uso del “acueducto sanitario”, este deposita las aguas sin tratar directamente a la quebrada o río, es por ello que se hace necesario ambientalmente la instalación de dicha planta.” (informe del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico).

i.    El 03 de marzo de 2010, la resolución N°386-2010-SETENA fue recurrida por el señor Andrew Paul Vickers apoderado generalísimo de Portafolio Inmobiliario S.A. (desarrolladora del proyecto), mediante recurso de revocatoria parcial y apelación en subsidio (ver folios del expediente 242-244 adjuntos), siendo el punto medular el último párrafo de la descripción que refiere al establecimiento de una planta de tratamiento, que consideró el recurrente un requisito más no contemplado en la EIA. (informes del Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ambos de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico). 

j.    La resolución N°768-2010-SETENA rechazó el recurso de revocatoria parcial, manteniéndose la resolución impugnada de conformidad con la fundamentación que consta a partir del Considerando Tercero y se elevó el expediente para que el jerarca conociera el recurso de apelación interpuesto (informe del Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ambos de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico).

k.  El recurso de apelación planteado fue declarado con lugar por resolución 248-2010-MINAET de las 12:05 horas del 06 de mayo de 2010 del Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que eliminó en el Por Tanto Quinto de la resolución 2786-2009-SETENA, la planta de tratamiento del proyecto  (hecho no controvertido e informe secretario general SETENA, expediente electrónico).

l.    El proyecto supone  actualmente con las dos soluciones: 1- planta de tratamiento y -2- conexión al sistema de alcantarillado, (informe del representante de la empresa SUEÑOS INMOBILIARIOS S.A y de PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A).

          III.- El deber del Estado en la tutela del ambiente. A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de 4 de junio de 1990. Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio de la Sala, comprende no solo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.

          IV.- La prevención del riesgo ambiental. Estableciéndose a nivel constitucional esta obligación del Estado, resulta importante apreciar cómo a nivel de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos también se establecen obligaciones concretas que deben ser respetadas. En materia ambiental se ha definido el deber de prevención que debe existir en este ámbito; la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, dispone que:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables; la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Tal como lo señala el instrumento internacional de cita como el mismo artículo cincuenta constitucional, es el Estado el llamado a efectuar esta labor de prevención, y así lo ha reconocido esta Sala al afirmar, mediante sentencia número 2001-6503, de 6 de julio de 2001, que:

“El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente." (énfasis añadido)

          V.- La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del 14 de julio de 1999, que:

"[L]a coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).”

Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto como consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales -Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud-, o no verificar los controles sónicos en bares, restaurantes o centros de fiestas -municipalidades y Ministerio de Salud-.

          VI.- El papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente. Es indubitable la facultad de los gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores; pero la existencia de éstos -que en su mayoría carecen de complementos de ordenación desde el punto de vista del ambiente sano y ecológicamente equilibrado- no produce la desaplicación de la legislación tutelar ambiental. Por el contrario, estima la Sala que debe ser requisito fundamental, que no atenta contra el principio constitucional de la autonomía municipal, el que todo plan regulador deba considerar, de previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes sean compatibles con los alcances de la norma superior, sobre todo, valorando que esta disposición establece el derecho de todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye, sin duda, a las municipalidades, quienes no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su legislación de desarrollo. Es evidente que en este caso, es totalmente coincidente el interés nacional y el local, y por ello los gobiernos locales pueden y deben exigir el cumplimiento de requisitos ambientales en su territorio, y en caso de conflicto con las autoridades rectoras de la materia ambiental, pueden someter las controversias al contralor jurisdiccional que corresponda según la naturaleza de la infracción. Es por lo anterior que las normas tutelares del ambiente no son incompatibles, desde el punto de vista constitucional, con las facultades y competencias de las municipalidades, las que están obligadas, por imperativo del artículo 50 de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente –ver, en este sentido, sentencia número 2006-7994, de las ocho horas cincuenta y siete minutos del 2 de junio de 2006-.

          VII.- Sobre el principio precautorio en materia ambiental y su aplicación en materia de aguas subterráneas. Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río –Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-, se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles. En otras palabras, si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades. Es claro que este principio tiene aplicación igualmente tratándose de la explotación de aguas subterráneas. Así, en la precitada sentencia número 2004-1923, estableció la Sala que:

“XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación.”

De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida que se carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación o reparación que deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo o magnitud del daño ambiental que puede producirse y de las medidas que deberán adoptarse en cada momento, se elimina todo sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría impropio dar aplicación al principio precautorio. Dicho de otro modo, el principio precautorio debe ser aplicado en supuestos de duda razonable o incerteza, mas no cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las medidas que deban adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable la aplicación de este principio. En consecuencia, partiendo de que la propia Declaración de Río reconoce la existencia y correlación de los principios precautorio y de desarrollo humano sostenible, debe en todo momento asegurarse que se cumpla el adecuado juicio de ponderación que permita el debido respeto y aplicación de ambos principios, de forma que las actividades sean valoradas de acuerdo tanto al impacto ambiental como a su aporte al desarrollo humano sostenible.

          VIII.- Sobre la importancia de la viabilidad ambiental, los estudios de impacto ambiental y el procedimiento que debe observarse. El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la aplicación del referido principio precautorio, y el consecuente desarrollo normativo en materia de protección ambiental, impone el cumplimiento de diferentes requisitos y procedimientos que permiten a la administración conocer el impacto real que la ejecución de actividades y obras –públicas o privadas- puede tener sobre el ambiente, para una vez adquirida la certeza correspondiente, autorizar o improbar su realización. Es así como el ordenamiento interno crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –SETENA-, dependencia administrativa a la que le corresponde el otorgamiento de la viabilidad ambiental de los proyectos, una vez que se cumpla el procedimiento establecido –ver artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Ambiente-, mediante resoluciones fundamentadas donde se analice de manera pormenorizada la situación planteada. La realización de las evaluaciones ambientales ha sido reconocida por esta Sala igualmente como un principio rector en materia ambiental, de donde resulta que su observancia y aplicación es irrestricta para asegurar la debida protección del ambiente. Así, mediante sentencia número 2003-6322, de las catorce horas catorce minutos del tres de julio de dos mil tres, definió la Sala que:

“5.- de la realización del estudio de impacto ambiental previo a la iniciación de obras: Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, como la presencia de sustancias tóxicas o elementos externos que provoquen en el ambiente características negativas, tanto para la diversidad biológica -comprendiendo a la flora y la fauna-, como -y sobre todo- para la vida humana, que se ve reflejada en la salud o bienestar del hombre -suelo, hábitat, aire, agua, etc.-, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, este principio (de la realización previa del estudio de impacto ambiental) se constituye en corolario del principio anterior, y teniendo especial importancia su realización para todas las

"[...] actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta Ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos." (Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco).

Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran los Estudios de Impacto Ambiental, los que encuentran fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. A este efecto, es importante resaltar en virtud de mandato constitucional –artículo 50-, y en la Ley –artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente-, se establece como principio general, que toda actividad humana de modificación del entorno requerirá el estudio de impacto ambiental, de donde, será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del referido estudio técnico, y no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias (según lo indicado por este Tribunal, en sentencia número 1220-2002, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos)."

La jurisprudencia constitucional exige una evaluación previa del riesgo que pueda producir una actividad económica determinada, la cual deberá realizarse con el instrumento técnico que corresponda según el caso. Al respecto la Sala ha considerado:

"d-El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas dirigidas a proteger al ambiente deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio evaluables, el impacto de estos elementos requiere de un análisis y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una valoración del impacto en el ambiente que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el medio, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De conformidad con el Reglamento citado, que es decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC publicado el 28 de junio del 2004, y que reformó el decreto ejecutivo No. 25705-MINAE, la evaluación del impacto ambiental abarca tres fases: a) una evaluación ambiental inicial, que consiste en un procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar la relevancia del impacto, de este análisis previo se puede otorgar incluso una viabilidad ambiental potencial (que es temporal) o el condicionamiento de la misma a la presentación de otros instrumentos de valoración de dicho impacto; b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de evaluación según corresponda. El estudio de impacto ambiental es un documento de naturaleza u orden técnico de carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de análisis del ambiente, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el medio y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra o actividad objeto del estudio; y c) el control y seguimiento de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad…El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría… de conformidad con las guías elaboradas por ella…” (sentencia No. 2004-9927)

          IX.- De la situación del proyecto Plaza Comercial Lincoln.  Del estudio de los autos y de los informes rendidos bajo fe de juramento por parte de las autoridades recurridas, en relación con el estudio del expediente administrativo 1805-2005-SETENA a nombre del proyecto Plaza Comercial Lincoln, la Sala descarta la violación al ambiente y a la salud que acusa el recurrente. En primer lugar y en relación con la acusada falta de mapas de fragilidad hidrogeológica, no se lesiona el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado,  por cuanto si bien del informe pedido al SENARA se desprende que según  la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica ésta aún no cuenta con dichos instrumentos, los cuales deben ser aportados por la Municipalidad de Moravia, sin embargo,  en el caso específico del terreno en que se desarrolla el proyecto en cuestión, el propio representante del  SENARA afirma bajo la gravedad de juramento, que la institución que representa elaboró los mapas de vulnerabilidad de los acuíferos del cantón de Moravia, según los cuales la zona en donde se ejecutan las obras del proyecto Lincoln son de Baja Vulnerabilidad, lo que significa que  “se permiten las obras sujeto a diseño apropiado de sistemas de eliminación de excretas y aguas servidas.” Como consecuencia de ello, estima la Sala coherente la posición asumida por la Alcaldía de Moravia en cuanto exigió al desarrollador del proyecto un estudio hidrogeológico y de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, de la propiedad a intervenir (Informe de Alcalde del Cantón de Moravia de 26 de mayo de 2011, expediente electrónico). En cuanto al segundo aspecto planteado por el recurrente y que se vincula con el  requisito que condiciona  la viabilidad ambiental a la construcción de una  planta de tratamiento de aguas residuales, del que afirma fue exonerada la empresa desarrolladora, según los informes rendidos por las distintas autoridades recurridas en relación con la prueba traída al expediente, observa la Sala que  si bien es cierto al Proyecto Plaza Comercial Lincoln - en el  proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) -  la SETENA le otorgó la viabilidad ambiental  -por la resolución N°2786-2009-SETENA-, también es cierto que posteriormente, al resolver la gestión de aclaración de la resolución citada, planteada por el representante de la empresa en cuestión, la SETENA le indicó  al interesado que  el proyecto debía comprender la construcción de una planta de tratamiento, pues  aunque cuenta  con el permiso de Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados para uso del “acueducto sanitario”, éste deposita las aguas sin tratar directamente a la quebrada o río y es por ello que se hace necesario ambientalmente la instalación de dicha planta. Esta decisión  contenida en la  resolución 386-2010-SETENA, fue cuestionada por la empresa constructora que interpuso recurso de revocatoria y de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía que, al analizar el asunto sometido a su conocimiento, declaró con lugar el recurso, eximiendo a la empresa de la obligación de hacer la planta de tratamiento de las aguas residuales. Del cuadro fáctico descrito, en relación con el informe rendido por el representante de SETENA, considera este Tribunal que el establecimiento de una planta de tratamiento fue incluido por la Secretaría en la resolución que otorgó la Viabilidad Ambiental  - N°2786-2009-SETENA- cuya descripción del proyecto dice: “Además de los parqueos del sótano el proyecto contará con 547 espacios de parqueo exterior del primer y segundo nivel e incluirá una planta de tratamiento”- (informe representante de SETENA), aspecto que  no fue recurrido. En este punto, es claro para esta Sala, que lo que  advierte la SETENA por la resolución 386-2010 cuestionada es entonces el incumplimiento por parte de la empresa desarrolladora de los términos de referencia sobre la planta de tratamiento, ya que no se incluyó dentro del Estudio de Impacto Ambiental presentado. Así, al conocer la gestión de aclaración planteada por la empresa desarrolladora, la SETENA corrigió la omisión de la resolución 2786-2009 y por resolución 386-2010  hace énfasis en el cumplimiento del requisito de la construcción de la planta de tratamiento previo autorizar el proyecto. No obstante,  el Ministro recurrido revocó lo resuelto por la  SETENA -que exige el cumplimiento de la planta de tratamiento - sin tomar en cuenta la exigibilidad del  principio precautorio, ignorando que para esos trabajos se debía contar con la respectiva planta de tratamiento para evitar daños al ambiente y en específico al recurso hídrico; la decisión del Ministro se basa en la improcedencia de establecer este requisito, al resolver una solicitud de aclaración. Así las cosas, en este asunto, de los elementos probatorios que constan  en el expediente y de los hechos que la Sala ha tenido por probados, no queda duda alguna de que la construcción del proyecto Plaza Comercial Lincoln en cuestión sin la planta de tratamiento puede causar daño al río en el que se verterían las aguas, lo que es advertido tanto por la propia Secretaria  Técnica Nacional Ambiental que indicó que la actividad debía, previamente, cumplir esos requisitos ante la SETENA y justifica la planta de tratamiento para procesar las aguas residuales en que pese a que hay disponibilidad de alcantarillado sanitario por parte del AyA la Ley Orgánica del Ambiente obliga en los artículos 59 al 67 a la prevención de la contaminación. Específicamente el artículo 65 de la ley de cita, en cuanto dice: “Artículo 65 Tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales de cualquier origen deberán recibir tratamiento antes de ser descargadas en ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua: además, deberán alcanzar la calidad establecida para el cuerpo receptor, según su uso actual y potencial y para su utilización futura en otras actividades”. Por  ello indica la SETENA  en su informe que  se menciona una y otra vez, en el CFEAP y en el EsIA, la necesidad de establecer una planta de tratamiento, ya que el AyA tiene el alcantarillado sanitario pero no tiene la planta de tratamiento para procesar las aguas residuales y estas aguas  sin tratamiento por parte del AyA, son vertidas por medio del alcantarillado sanitario a la cuenta hidrográfica del río Virilla 4. La necesidad de la planta de tratamiento de aguas, para este proyecto en cuestión, es  reiterada por la Municipalidad de Moravia que  exigió la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y de una laguna de retardo, a efecto de evitar primero que el  agua saturara la capacidad hidráulica de la quebrada así como también busca una reducción de la contaminación de aguas residuales emanadas de dicho centro comercial. Asumiendo plenamente los hechos y argumentos recién citados, queda sin sustento la decisión que adoptó el Ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, por la  resolución R-248-2010-MINAET que  declara con lugar el recurso de apelación contra la resolución N°386-2010-SETENA, al otorgar la viabilidad ambiental, eliminándose el párrafo referente al establecimiento de la planta de tratamiento de agua. Analizadas todas esas cuestiones, no cabe duda que respecto el tema analizado, el amparo debe ser estimado, pues existe abundante sustento científico -producto de diversas observaciones realizadas por la SETENA y la Municipalidad de Moravia recurridas- que permite asegurar que las obras llevadas a cabo  constituyen un riesgo para el ambiente y que pueden ser controladas o, cuando menos, mitigarse sus efectos negativos mediante  la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que van al río Virilla.  En este punto se debe destacar el informe del propio representante de las sociedades SUEÑOS INMOBILIARIOS S.A y de PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A., (informe de 24 de agosto de 2011) según el cual ante la posibilidad de que deba construirse  una planta de tratamiento, “sus representadas a fin de evitar cualquier discusión, optaron en agosto del 2010 por construir una planta de tratamiento de agua”.

         X.- Conclusión.  Tiene en cuenta la Sala,  en el presente caso, que la planta de tratamiento de aguas en cuestión no es  un simple requisito más, no contemplado en la EIA, como lo estimó Portafolio Inmobiliario S.A. que es la empresa recurrida, sino que, de conformidad con los datos aportados para el caso particular por el Gerente General del SENARA,  la normativa aplicable citada por la SETENA recurrida, en especial la Ley Orgánica del Ambiente, las aguas residuales de cualquier origen deberán recibir tratamiento antes de ser descargadas en ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua: además, deberán alcanzar la calidad establecida para el cuerpo receptor, según su uso actual y potencial y para su utilización futura en otras actividades.  En este asunto se determinó que  el AyA tiene el alcantarillado sanitario, pero no tiene la planta de tratamiento para procesar las aguas residuales, por lo que al - no contar con la planta- las aguas  sin tratamiento por parte del AyA, son vertidas por medio del alcantarillado sanitario a la cuenta hidrográfica del río Virilla. Por ello, debe entenderse en el mismo sentido que lo hace el representante de la SETENA en su informe, que la viabilidad ambiental se encuentra condicionada al cumplimiento de ese requerimiento exigido en la legislación vigente y la falta de este requisito  resulta a todas luces contrario al artículo 50 de la Constitución Política. Como consecuencia,   lo que corresponde en este caso es declarar con lugar el recurso, anular la resolución R-248-2010-MINAET que  declaró con lugar el recurso de apelación contra la resolución N°386-2010-SETENA y otorgó la viabilidad ambiental, eliminándose el párrafo referente al establecimiento de la planta de tratamiento de agua y ordenar a la  SETENA exigir el requisito de la planta de tratamiento de aguas.  previo a conceder la viabilidad ambiental. De toda suerte, según expone en el informe rendido a la Sala el representante de la empresa Portafolio Inmobiliario S.A. recurrida,  existe un Contrato de Construcción de la Planta de Tratamiento presentado para el proyecto Mall Plaza Lincoln, tasado y pagado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por un monto de 75 millones de colones, de modo que el proyecto ya cuenta con las dos soluciones: en primer lugar, una planta de tratamiento y en segundo lugar, la conexión al sistema de alcantarillado, lo cual constituye el mejor escenario posible en la relación proyecto y medio ambiente. Así las cosas, procede acoger el presente recurso en los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia, sin ordenar la paralización de la obra pues esta Sala ha tenido por demostrado que en este caso, ello implica un mayor riesgo a la seguridad de los terrenos colindantes y un mayor impacto al ambiente.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso únicamente en cuanto se dirige contra el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Se anula la resolución R-248-2010-MINAET de las 12:05 horas del 06 de mayo de 2010 del Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Se mantiene la vigencia de las resolución N°2786-2009-SETENA, adicionada por la N° 386-2010-SETENA,  en la que se impone la obligación de construir una planta de tratamiento en el proyecto Mall Plaza Lincoln.  En cuanto el amparo se dirige contra la SETENA y la Municipalidad de Moravia, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Comuníquese.-

 

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

 

 

Ernesto Jinesta L.                                                Fernando Cruz C.

 

 

Fernando Castillo V.                                                  Paul Rueda L.

 

 

Roxana Salazar C.                                           Teresita Rodríguez A. FCC/68/jcalderonm.-                    

  

n lang=EN style='font-size:8.0pt;mso-ansi-language:EN'>11-005917-0007-CO

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:15:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours and forty-one minutes of November twenty-fifth, two thousand eleven.

Amparo action processed in case file number 11-005917-0007-CO, filed by VICTOR PIEDRA QUESADA, identity card number 0103600458, against the MUNICIPALITY OF MORAVIA, SETENA, and the MINISTER OF ENVIRONMENT, ENERGY, AND TELECOMMUNICATIONS.

**Whereas:**

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 08:00 hours on May 19, 2011, the petitioner files an amparo action against the MUNICIPALITY OF MORAVIA, SETENA, and the MINISTER OF ENVIRONMENT, ENERGY, AND TELECOMMUNICATIONS, and states that this Court, in judgment 12109-2008, of August 5, 2008, notified to the Mayor of Moravia, ordered the immediate hiring of the respective professionals for the purpose of preparing the hydrogeological fragility maps, and that once approved by SENARA, they be incorporated into the urban planning regulations. He points out that from the letter dated March 25, 2011, sent to Jorge González by the Municipal Councilor of Moravia Sonia Altamirano, it is clear that said maps were never produced. He considers that granting permits for a mega-construction on the lands of the former Colegio Lincoln, without having those hydrogeological fragility maps, is inadmissible and irresponsible. He mentions that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in resolution R-386-2010, resolved that the company PIMSA, which intends to build a shopping center on the mentioned lands, must build a wastewater treatment plant as part of the conditions it must have to obtain environmental viability (viabilidad ambiental), and it rejected in its resolution R-768-2010 the appeal filed by the company PIMSA, which refuses to build said plant. However, on May 4, 2010, said company filed a subsidiary appeal for review (recurso de apelación en subsidio) before the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, who issued resolution R-248-2010-MINAET and annulled SETENA's position. He alleges that a construction of this type without a treatment plant will cause serious environmental consequences, since the only water drainage path is the Quebrada Chiquita, which is currently incapable of accepting and processing such a quantity of water.

2.- Teófilo de la Torre, in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, reports under oath (report of May 26, 2011, electronic case file) that by resolution 2786-2009-SETENA of November 25, 2009, Environmental Viability was granted to the Plaza Comercial Lincoln project, a resolution in which the developer was not imposed the obligation to establish a wastewater treatment plant, but rather it was stipulated that the wastewater would drain into the public sewer system. Subsequently, on February 5, 2010, SETENA received a request for correction of a material error in resolution 2786-2009-SETENA, since the developer Portafolio Inmobiliario S.A. noted that the project description was incorrect. In response to this request, resolution 386-2010-SETENA was issued, which corrected the project description but also added the obligation to establish a wastewater treatment plant. Faced with this situation, the developer filed, on March 3, 2010, a partial motion for revocation with subsidiary appeal (recurso de revocatoria parcial con apelación en subsidio) against resolution 386-2010-SETENA. By resolution 786-2010-SETENA, the motion for revocation was dismissed, and the case file was referred so the superior authority could hear the appeal filed. He adds that the appeal was granted, since resolution 386-2010-SETENA, resolving a request for clarification of resolution 2786-2009-SETENA which was the one that granted environmental viability to the project in question, improperly added the obligation to establish a wastewater treatment plant, because when resolving a request for clarification it is not legally possible to vary the substance of what was resolved, as occurred in this case, and the clarification does not constitute a review of what was ordered. He requests that the action filed be dismissed.

3.- Uriel Juárez Baltodano, in his capacity as Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports under oath (report of May 26, 2011, electronic case file) that by judgment 12109-2008 of August 5, 2009, the Chamber ordered various municipalities, among them the respondent Municipality of Moravia, to hire professionals to prepare the hydrogeological vulnerability maps recommended by SENARA in its report called "Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica," which must be included in the urban planning regulations of their jurisdictions, as recommended by the aforementioned authority, and that it is the responsibility of the involved municipalities to address the actions taken in compliance with that order and not this Secretariat. He adds that the Plaza Comercial Lincoln Project involves an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process contained in case file No. 1805-2005-SETENA. That by resolution No. 2786-2009-SETENA, environmental viability (viabilidad ambiental) was granted, and the general proxy of Portafolio Inmobiliario S.A. (project developer) requested a clarification regarding the fifth operative clause (por tanto) referring to the project description. In response to the request, SETENA, by resolution No. 386-2010, corrects resolution No. 2786-2009-SETENA regarding the fifth operative clause in accordance with the criteria of the Department of Environmental Assessment, the documentation contained in the case file, and the site inspection; this, based on Article 157 of the General Public Administration Law, as a correction of a material error to adjust the project description to the EIA conducted. To this effect, in the First Operative Clause, the final paragraphs indicated what the project comprises, stating therein the establishment of a treatment plant, as follows: "The Project also includes: -Wall: it will be built of concrete and located on the South and Southwest boundary of the Property. (…) -Gutter and ditch curbs: these works will be made of concrete, (…) -Storm drains: they will be made of reinforced concrete and cast iron gratings, according to the design undertaken. -Manholes: they will be built of reinforced concrete and fitted with cast iron covers. -Stormwater and ordinary wastewater collectors (…) -Electricity poles (…) – Establish a wastewater treatment plant since, although it has the permit from the Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados for use of the "sanitary sewer system," this discharges untreated water directly into the creek or river; that is why the installation of said plant is environmentally necessary." He adds that resolution No. 386-2010-SETENA was challenged by Mr. Andrew Paul Vickers, general proxy of Portafolio Inmobiliario S.A. (project developer), by means of a partial motion for revocation and subsidiary appeal (see attached folios 242-244 of the case file), the core issue being the last paragraph of the description referring to the establishment of a treatment plant, which the appellant considered an additional requirement not contemplated in the EIA. Also, for said appeal, he provided as evidence for a better resolution the "Certification of Service Availability UNSD-GAM-0568-2010-0420 from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados" (See attached documents: folios 253-255). Resolution No. 768-2010-SETENA rejected the partial motion for revocation, upholding the challenged resolution in accordance with the reasoning that appears starting from the Third Whereas Clause (Considerando Tercero), which literally states: "THIRD: From the report DEA-1010-2010 presented to this Secretariat, the following is detailed: ' … The Partial Motion for Revocation is directed exactly against the treatment plant that was included in the resolution for material error No. 0386-2010-SETENA in the project description. However, upon reviewing the environmental assessment process of the project, the following aspects must be considered before issuing a final ruling: 1. That the Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, FEAP), in the project summary at folio No. 32, states: "for the operation stage, a workforce of at least 350 people will be required. The maximum generation of wastewater is estimated at 50 cubic meters per week, which will be managed through a treatment plant to then be discharged into the sanitary sewer system." and then, when mentioning the legislation used, it says: "the most important legislation for this work includes the Urban Planning Law, the Construction Law, the Organic Environmental Law and related regulations, the Regulation for the Reuse and Discharge of Wastewater, the Regulation on Hygiene and Safety at Work, and the Regulation on Garbage Management"; this observation is found at folio No. 31 of the case file. 2. In the same FEAP, in the sub-section "other detailed information on the project," under point "b. Waste from the activity or process," in the table regarding liquids, it says: "Liquids: the types of liquid waste must be classified in relation to their degree of Toxicity, indicating the weekly production volume and the treatment or disposal system to be applied to them." In said table, there are 3 columns. The first column is for the type of waste Wastewater (both for construction and for operation), the second column establishes the production in cubic meters /week of waste, and the third column defines the "type of treatment," which for both stages is TREATMENT PLANT. It is found in official document No. 29 of the case file. 3. In official document No. 23 of the case file, there appears the availability letter from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, official ICAA document No. URB-DIS.-326-2005 dated September 9, 2005, stating that availability does exist for potable water and sanitary sewer service. Despite there being availability of sanitary sewer service from AyA, the Organic Environmental Law (LOA) mandates the prevention of pollution in Articles 59 through 67. Especially Article No. 65 of the LOA, which is very specific: “Article 65 Wastewater Treatment. Wastewater of any origin must receive treatment before being discharged into rivers, lakes, seas, and other bodies of water; furthermore, they must achieve the quality established for the receiving body, according to its current and potential use and for its future use in other activities.” That is why the FEAP and the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) repeatedly mention the need to establish a treatment plant, since AyA has the sanitary sewer system but does not have the treatment plant to process the wastewater. This untreated wastewater from AyA is discharged through the sanitary sewer system into the hydrographic basin of the río Virilla. 4. In the Preliminary Site Inspection Form (FISEAP), in question No. 15, which states: "black and grey water will be treated by means of a Treatment Plant," which is the option marked. Official document from case file No. 38. 5. In the terms of reference sent with resolution No. 384-2006-SETENA, under point 15 regarding: "other specific terms," it is literally requested "Attach the location permit for the treatment plant, as well as the discharge permit for the receiving body, from the Ministry of Health." Official document No. 49 of the case file. Also in the THIRD WHEREAS CLAUSE, under point 10, it states: “The project's wastewater will be treated by means of a treatment plant, folio No. 56 of the case file. 6. In resolution No. 2677-2008-SETENA, a single annex is requested in the Fifth Whereas Clause under Technical Aspects, regarding wastewater, point 10 requests: “certification of approval from the Ministry of Health and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) of the plans and other specifications for the disposal of its wastewater and its treatment plant, indicating the type of receiving body and its characteristics. Also the person responsible for management and maintenance must be noted, as well as the location permit issued by the Ministry of Health”; official document No. 000152 of the case file. 7. That in resolution No. 2786-2009-SETENA of November 25, 2009, when granting the Environmental Viability (Viabilidad (Licencia) Ambiental), the project description says: “In addition to the basement parking, the project will have 547 exterior parking spaces on the first and second level and will include a treatment plant.” Official document No. 000220 of the case file. 8. That in the request for clarification of the Environmental Viability Resolution, submitted on February 5, 2010, to this Secretariat, in attachment 1, the following is mentioned: “Stormwater and ordinary wastewater collectors: PVC pipes of different diameters and thicknesses will be used, in accordance with the expected flows in the sector. The requirements of the entities with competence will be met in each case, according to the detail provided below.” This textually cited portion belongs to the EsIA, section No. 5 “PROJECT DESCRIPTION,” sub-section 5.3, on page No. 5.6, and refers to the explanation given on page No. 5.14 of this section No. 5 regarding wastewater. This sub-section is important for drawing conclusions before issuing a criterion; its first paragraph states: “The regulation of wastewater disposal fundamentally begins with the enactment of the General Health Law in the nineteen seventies. This defines the concept of pollution, which is later taken up in the LOA, and expressly provides for the prohibition of discharging untreated wastewater into bodies of water. This obligation is more precisely delineated in the Wildlife Conservation Law. That the foregoing demonstrates the non-compliance with the terms of reference regarding the treatment plant, since it was requested by them and was not included in the Environmental Impact Study presented. That SETENA is responsible for the environmental impact generated by any activity, work, or project, and therefore it is the body that oversees the actions of other state institutions to observe whether they are environmentally sound or whether they must carry out other activities to avoid the environmental impact generated by them. The Organic Environmental Law, in its Article 83, states: “Creation of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, as an organ of maximum deconcentration of the Ministry of Environment and Energy, whose fundamental purpose will be, among others, to harmonize environmental impact with productive processes.” Despite the analysis carried out of the EsIA and that the treatment plant does not appear therein, a Single Annex is requested within resolution No. 2677-2008-SETENA, as mentioned in point No. 7 of this report, everything related to the treatment plant. Therefore, it is applied: “Article 29, subsection 5, of the General Regulation on Procedures for Environmental Impact Assessment (EIA) empowers SETENA to request, on a one-time basis, that the missing information be rectified. Once the information is presented, a final decision must be made.” However, the information was also not presented. That the Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales) that is requested and presented prior to granting the VLA is violated, through previously indicated actions. It is recommended that the administration not uphold the motion for revocation filed by the developer Andrew Paul Vickers, general proxy of Portafolio Inmobiliario S.A., challenging resolution No. 0386-2010, by which the correction for material error was made to resolution 2786-2009-SETENA, leaving it as it is. He again cites Article 65 of the LOA on wastewater treatment and explains that this is why the FEAP and the EsIA repeatedly mention the need to establish a treatment plant, since AyA has the sanitary sewer system but does not have the treatment plant to process the wastewater. As a consequence of the foregoing, it dismisses the motion for revocation with subsidiary appeal against resolution No. 0386-2010-SETENA of 14:50 hours on January 22, 2010. He comments that regarding resolution R-248-2010-MINAET issued by the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, this Secretariat can only refer to the facts contained in the case file. Said resolution upholds the appeal against resolution No. 386-2010-SETENA, which granted environmental viability (viabilidad ambiental), deleting the paragraph referring to the establishment of the treatment plant. He comments that this Secretariat has fulfilled its function of harmonizing environmental impact with productive processes and its function of safeguarding the right enshrined in Article 50 of the Constitution. The developer presented the environmental impact assessment and SETENA carried out the respective process; the same developer included the establishment of a treatment plant in the EIA, and this Secretariat included it as such in the resolution granting Environmental Viability (resolution No. 2786-2009-SETENA in the project description states: “In addition to the basement parking, the project will have 547 exterior parking spaces on the first and second level and will include a treatment plant”), and it was not challenged on that aspect. Furthermore, as observed in the reasoning of resolution No. 768-2010-SETENA, said plant was contemplated in the process. He comments that an EIA is not unmodifiable, a position that has been supported by judgment 2008-015315 of 14:59 hours on October 10, 2008. He requests that the action be dismissed.

4.- Pablo Hernández Cortés, in his capacity as Mayor of the Canton of Moravia, reports under oath (report of May 26, 2011, electronic case file) that based on the provisions of judgment number 12109-2008 of August 5, 2008, the Municipality of Moravia initiated procedures to achieve the preparation of the hydrogeological vulnerability maps, which it carried out in partnership with other municipalities and SENARA, as part of the process of updating the current regulatory plan (plan regulador) of Moravia. He adds that in 2009, the hydrogeological vulnerability variable began to be included in every assessment regarding urban planning and development (ordenamiento y planificación urbana). He adds that for the project called Mall Plaza Lincoln, it not only applied the maps cited above but also the cited matrix, and required the developer to provide a hydrogeological and groundwater contamination risk study of the property to be intervened. He adds that in compliance with such a requirement, the interested company presented the study, which was endorsed by SENARA and approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental by resolution 2786-2009-SETENA of 8:30 hours on November 25, 2009. That the study was necessary to guarantee that there would be no contamination of the aquifers (mantos acuíferos), so that the referred study indicates that the analysis of the risk of contamination of the groundwater is classified as low and that the hydrogeological conditions of the site allow the development of the shopping center project. That the study area is not classified as an aquifer recharge zone because the soils do not present favorable conditions for optimal infiltration of rainwater. He adds that although SETENA did not require the Mall Plaza Lincoln project to build a wastewater treatment plant, the Municipality, in exercise of its constitutional powers for the protection of local interests and in full protection of natural resources and the quality of life of the residents of Moravia, and as an entity vested by the original Constituent Power with powers of planning and development of its canton, for the approval of the construction of the Mall Plaza Lincoln shopping center, required the construction of a wastewater treatment plant and a retention pond, in order to prevent, first, that high water volumes would saturate the hydraulic capacity of the creek where the project will discharge (sic), and second, a reduction of contamination from wastewater emanating from said shopping center. On the subject, Engineer Iván Eduardo Arce Vargas, by official document D.I.O.M.N. 548-05-2011 of May 25, 2011, indicated: “(…) Regarding the treatment plant, folio 1055 of the administrative case file corresponding to construction permit (permiso de construcción) No. 16634, which was granted conditionally, makes reference within the permit itself, in the remarks, that primary attention must be given to what is indicated in official document DIOMN 44-01-2011. Accordingly, said official document details remarks and conditions for the granted permit, and specifically in point 4 literally states, regarding the treatment plant: 'The project is not authorized without the treatment plant. Accordingly, the plans for the treatment plant, according to the technical criteria of the INVU-Municipality Commission, may be submitted within a maximum period of 6 months counted from the granting of the construction permit.'"

5.- By resolution of 10:30 hours on May 27, 2011 (electronic case file), the Chamber revoked the decision to suspend the construction works of the Plaza Comercial Lincoln project, ordered in the procedural resolution of fifteen hours and nineteen minutes on May nineteenth, two thousand eleven, considering that the stoppage of the work implied, in this case, a greater risk to the safety of the adjacent lands and greater damage to the environment.

6.- Jonatán Picado León, in his capacity as representative of the companies SUEÑOS INMOBILIARIOS S.A. and PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A., reports (Report of August 23, 2011, electronic case file) that it is false that there is an absence of hydrogeological maps.- The project has environmental viability (viabilidad ambiental) upon approval of the Environmental Impact Study. Likewise, SENARA resolved and specifically ruled on the hydrogeological aspect in resolution 63-09 DIGH of October 6, 2009, which guarantees that the competent entity in the matter determined that environmentally the project would not affect any recharge zone or the subsoil. He emphasizes that where the project is located is not an aquifer recharge zone, according to a statement by SENARA and confirmed by the Municipality. That the Municipality of Moravia's report indicates that, in partnership with SENARA, as part of the update of the Regulatory Plan of Moravia, they did prepare the hydrogeological vulnerability maps. A copy of said maps was attached to the case file. The Municipality adds that for the project developed by his represented companies — Mall Plaza Lincoln — they not only did apply the hydrogeological vulnerability maps, but they also applied the "Matrix of Land Use Criteria according to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources" established by SENARA. The Municipality mentions official document D.l.O.M.M. 548-05-2011, where it is confirmed that the hydrogeological conditions of the site do allow the development of the Shopping Center project, adding that the construction zone is not classified as an aquifer recharge zone. It concludes by confirming, through the Municipality: the hydrogeological vulnerability maps for the Canton of Moravia do exist. In conclusion, not only were the existing hydrogeological vulnerability maps applied, but also, as part of the environmental impact study, a hydrogeological impact study was conducted and endorsed by SETENA. He adds that it is false that the construction of the Treatment Plant is not contemplated.- A treatment plant is being built, and furthermore, there is drainage into the public sewer system. Yes, there is drainage into the public sewer system, and there are hydrogeological studies that rule out risks. He comments that the petitioner's fears are not only unfounded, but his assertions are reckless. He adds that the Municipality of Moravia suggested the need to build a treatment plant. That is why his represented companies, in order to avoid any discussion, opted in August 2010 to build a water treatment plant, to which they committed, as recorded in a sworn statement. Said plant is under construction, which is attested to by the Municipality. He attaches official document CS-URS·0657-11 from the Ministry of Health approving the location clearance for the Treatment Plant. Also, a copy of the Construction Contract for the Treatment Plant submitted, assessed, and paid before the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos for an amount of 75 million colones. In this way, the project has both solutions: 1- a treatment plant and 2- connection to the sewer system, which constitutes the best possible scenario regarding the project-environment relationship. Consequently, there is a full guarantee that there will be no infiltration of wastewater into the subsoil, in contrast to what occurs with the septic tanks of all the dwellings located around the project, and improving the conditions under which the Colegio Lincoln — the former occupier of the land — operated. (i) there is no exploitation of subsurface resources; (ii) there is no discharge of any substance into the subsoil — there is no septic tank —; (iii) permits have been obtained from MINAET, AYA, SENARA, and the Ministry of Health; (iv) the project has a connection to the sewer system under legally established parameters, and additionally, a treatment plant is being built. (v) SENARA determined that there was no index of hydrogeological environmental fragility to address in this case beyond what SETENA had already evaluated. Regarding construction permits and environmental responsibility, he says that the work under construction is far from being a project that has not complied with environmental legislation.

After a bureaucratic process of more than 6 years (initiated on November 11, 2005, with the submission of documents to SETENA), it obtained the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental), the authorization of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento, all culminating in a construction permit for a work whose value, for which fees were paid to the Municipalidad de Moravia, is twenty-seven thousand seven hundred five million seven hundred eighty thousand colones (¢127,705,780,000). Amid a national environment of economic crisis, the Project constitutes the most important boost for the reactivation of the construction sector in the central plateau, employing more than 1000 construction workers, complying with environmental regulations, being executed under strict sustainability criteria, with the respective environmental overseers (regentes ambientales), environmental insurance policy (póliza ambiental). It is not a construction work on undisturbed land. On the contrary, it is a shopping center in the location where Colegio Lincoln was situated for more than fifty years. There is no environmental impact that has not been identified and duly evaluated by SETENA, which granted the environmental viability (Viabilidad Ambiental). It is requested that the appeal be dismissed.

7.- By resolution of two o'clock in the afternoon on October twenty-seventh, two thousand eleven (electronic file), the Investigating Magistrate ordered as evidence for a better resolution, a report from the representative of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) in order for it to indicate whether the construction on the grounds of the former Colegio Lincoln has the hydrogeological fragility maps and whether or not it represents a danger to nearby aquifers.

8.- BERNAL SOTO ZUNIGA reports under oath, in his capacity as General Manager of the SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) (report of November 9, 2011, electronic file) that according to official communication DIGH-1047-2011 of November 7, 2011, from the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA, SENARA does not have the environmental hydrogeological fragility maps, which must be provided by the Municipalidad de Moravia as part of the elaboration of the hydrogeological maps for the Plan Regulador de Moravia. It adds that SENARA - in coordination with PRUGAM - prepared the vulnerability maps of the aquifers of the Moravia canton, which have a regional scale. It states that the vulnerability map classifies the zone where the works are being executed as Low Vulnerability, in which works are permitted subject to appropriate design of systems for the elimination of excreta and wastewater (aguas servidas).

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

          Written by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant claims a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment due to the granting of permits for a mega-construction on the grounds of the former Colegio Lincoln, because the hydrogeological fragility maps are not available. Furthermore, the appellant accuses that the Minister of Environment, Energy and Telecommunications, who issued resolution R-248-2010-MINAET, renders void SETENA's order to build a wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) -as part of the conditions that must be met to obtain environmental viability (viabilidad ambiental)- because such a treatment construction will cause serious environmental consequences, as the only water discharge path is the Quebrada Chiquita, which is currently incapable of accepting and processing such a quantity of water.

          II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the defendant omitted to refer to them as provided for in the initial order:

a. Pursuant to judgment number 12109-2008 of August 5, 2008, the Municipalidad de Moravia initiated efforts to achieve the elaboration of the hydrogeological vulnerability maps, which it carried out in association with other municipalities and SENARA, as part of the process of updating the current Plan Regulador de Moravia (Report of the Mayor of the Moravia Canton of May 26, 2011, electronic file).

b. In 2009, the variable of hydrogeological vulnerability began to be included in every assessment regarding urban planning and management (Informe de Alcalde del Cantón de Moravia de 26 de mayo de 2011, electronic file).

c. As of November 9, 2011, SENARA does not have the environmental hydrogeological fragility maps, which must be provided by the Municipalidad de Moravia as part of the elaboration of the hydrogeological maps for the Plan Regulador de Moravia (Report of the representative of SENARA, of November 9, 2011, and official communication DIGH-1047-2011 of November 7, 2011, from the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA, electronic file).

d. SENARA - in coordination with PRUGAM - prepared the vulnerability maps of the aquifers of the Moravia canton, which have a regional scale, and the vulnerability map classifies the zone where the works of the Plaza Comercial Lincoln Project are being executed as low vulnerability, in which works are permitted subject to appropriate design of systems for the elimination of excreta and wastewater (aguas servidas) (Report of the representative of SENARA, of November 9, 2011, and official communication DIGH-1047-2011 of November 7, 2011, from the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA, electronic file).

e. For the project called Plaza Comercial Lincoln, processed in file No. 1805-2005-SETENA, the Municipalidad de Moravia demanded from the developer a hydrogeological study and a risk study for the contamination of groundwater of the property to be intervened (Informe de Alcalde del Cantón de Moravia de 26 de mayo de 2011, electronic file).

f. The Plaza Comercial Lincoln Project contains an environmental impact assessment (EIA) process contained in file No. 1805-2005-SETENA. (Report of the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, of May 26, 2011, electronic file).

g. By resolution No. 2786-2009-SETENA, environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the project, and the absolute general proxy (apoderado generalísimo) of Portafolio Inmobiliario S.A. (the project developer) requested a clarification regarding the fifth operative clause (por tanto) referring to the project description (Report of the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, of May 26, 2011, electronic file).

h. In response to the SETENA request, by resolution No. 386-2010-SETENA, resolution No. 2786-2009-SETENA is corrected regarding the fifth operative clause (por tanto) in accordance with the criterion of the Department of Environmental Assessment, to adjust the project description to the environmental impact assessment (EIA) carried out, and in the First Operative Clause (Por tanto Primero), the last paragraphs indicated what the project comprises, indicating there the establishment of a treatment plant (planta de tratamiento), as follows: "The Project further comprises: -Wall (Tapia): shall be built of concrete and located on the South and Southwest boundary of the AP. (...) -Storm drain curbing and ditches (Cordones de caño y cunetas): these works shall be made of concrete, (...) -Drains (Tragantes): shall be made of reinforced concrete and cast-iron grates, according to the design that is produced. -Manholes (Pozos de registro): shall be built of reinforced concrete and fitted with covers and cast iron. -Collectors for stormwater and ordinary wastewater (Colectores de aguas pluviales y aguas residuales ordinarias) (...) -Electricity poles (...) – Establish a wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) since, although it has the permit from the Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados for use of the "sanitary aqueduct", this deposits untreated water directly into the stream or river, which is why the installation of said plant is environmentally necessary." (Report of the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, of May 26, 2011, electronic file).

i. On March 3, 2010, resolution No. 386-2010-SETENA was challenged by Mr. Andrew Paul Vickers, absolute general proxy (apoderado generalísimo) of Portafolio Inmobiliario S.A. (the project developer), through a motion for partial reversal (recurso de revocatoria parcial) and alternative appeal (apelación en subsidio) (see attached pages 242-244 of the file), the core point being the last paragraph of the description referring to the establishment of a treatment plant (planta de tratamiento), which the appellant considered an additional requirement not contemplated in the environmental impact assessment (EIA). (Reports of the Minister of Environment, Energy and Telecommunications and of the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, both of May 26, 2011, electronic file).

j. Resolution No. 768-2010-SETENA rejected the motion for partial reversal (recurso de revocatoria parcial), upholding the challenged resolution in accordance with the reasoning contained from the Third Considering (Considerando Tercero) onwards, and the file was elevated so that the head of the ministry could hear the appeal filed. (Report of the Minister of Environment, Energy and Telecommunications and of the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, both of May 26, 2011, electronic file).

k. The appeal filed was granted by resolution 248-2010-MINAET of 12:05 hours on May 6, 2010, from the Minister of Environment, Energy and Telecommunications, which eliminated the treatment plant (planta de tratamiento) from the project in the Fifth Operative Clause (Por Tanto Quinto) of resolution 2786-2009-SETENA (non-controverted fact and report of the Secretary General of SETENA, electronic file).

l. The project currently has both solutions: 1- treatment plant (planta de tratamiento) and -2- connection to the sewer system, (Report of the representative of the company SUEÑOS INMOBILIARIOS S.A and of PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A).

          III.- The State's duty in the protection of the environment (tutela del ambiente). Since the reform of Article 50 of the Constitution, in which environmental law was expressly enshrined as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and protect (tutelar) this right was also established in a conclusive manner. Consequently, the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding (tutela) of the environment and natural resources. It is under this provision, in relation to Articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a protective (tutelar) and governing role in this matter derives, as provided for by the constitutional norm under discussion itself, a function that environmental legislation develops. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. In this vein, it must be considered that the regulations establish the Ministerio del Ambiente y Energía as the governing body of the natural resources, energy, and mines sector, according to the provisions of Article 2 of the Organic Law of this ministry, number 7152, of June 4, 1990. This governing function in environmental matters, in the opinion of this Chamber, includes not only the establishment of adequate regulations for the use of forestry resources and natural resources, as also provided for in Article 56 of the Organic Law of the Environment, but also confers upon it the important function of exercising leadership in environmental matters, which consists of maintaining a preponderant role in this area. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State, according to the provisions of Article 50 of the Constitution, as it provides in the relevant part of the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; which is consistent with the constitutional principle established in the second paragraph of Article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the branches of State Power from delegating the exercise of functions that are their own, especially when they constitute essential functions. In this manner, concerning environmental protection, the functions of governance, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the responsibility of the various administrative agencies.

          IV.- The prevention of environmental risk. While this obligation of the State is established at the constitutional level, it is important to appreciate how, at the level of international instruments for the protection of human rights, specific obligations that must be respected are also established. In environmental matters, the duty of prevention that must exist in this area has been defined; the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, provides that:

"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."

Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the potential impact on the environment or people's health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt regarding it—a precautionary measure must be adopted, and even the activity in question must be postponed. This is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, as if damage has already occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment. As indicated by the international instrument cited and by Article 50 of the Constitution itself, the State is the one called upon to carry out this preventive work, and this Chamber has recognized it by affirming, through judgment number 2001-6503, of July 6, 2001, that:

"The third paragraph of Article 50 of the Constitution clearly indicates that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obliged to enforce environmental legislation—on individuals and other public entities—but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first ones called upon to comply with protective environmental legislation, with no justification existing to exempt them from compliance with environmental requirements such as, for example, the environmental impact study required by the Organic Law of the Environment for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment." (emphasis added)

          V.- The coordination of public institutions in comprehensive environmental protection. There is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and the excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of the administered. In this task, public institution is understood to mean both the Central Administration—Ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministry of Health, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Forest Directorate, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)—as well as decentralized institutions such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, SENARA, the Instituto Costarricense de Turismo, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Likewise, in this task, municipalities have great responsibility regarding their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, it could be thought that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various agencies of the Executive Power and decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to be able to carry out the functions entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the achievement of common goals, by stating, through judgment number 5445-99, of two thirty in the afternoon on July 14, 1999, that:

"[C]oordination is the ordering of relationships between these various independent activities, which deals with that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a comprehensive public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, it is not possible to impose certain behaviors on them, thus giving rise to the essential inter-institutional 'agreement' (concierto), in the strict sense, as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and comprehensive scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest thereof (through the 'administrative protection' – tutela administrativa – of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with general oversight powers over the entire sector).”

On the other hand, omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans (planes reguladores), or constructions without the approval of the environmental impact study by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministerio del Ambiente y Energía, allowing companies to operate without health permits regarding the treatment of wastewater – Acueductos y Alcantarillados and Ministry of Health –, or failing to verify sonic controls in bars, restaurants, or party venues – municipalities and Ministry of Health –.

          VI.- The role of municipalities in environmental matters. In accordance with the foregoing, municipalities, as an integral part of the whole that is the State, have within the scope of their powers and obligations a high degree of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements that accredit adequate environmental management before other public authorities is demanded, or through regular inspections and the channeling of risk situations to the authorities with greater competence for intervention. It has already been established that local governments are reached by the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of their territorial jurisdiction, from which it follows that municipalities are indeed important actors in the task of environmental protection. There is no doubt about the power of local governments to establish their own territorial planning through regulatory plans (planes reguladores); but the existence of these—which mostly lack planning supplements from the perspective of a healthy and ecologically balanced environment—does not result in the non-application of protective environmental legislation. On the contrary, this Chamber considers that it must be a fundamental requirement, which does not violate the constitutional principle of municipal autonomy, that every regulatory plan (plan regulador) must consider, prior to being approved and developed, an examination of the environmental impact from the perspective provided by Article 50 of the Constitution, so that the planning of the land and its various regimes are compatible with the scope of the superior norm, above all, valuing that this provision establishes the right of all inhabitants to obtain an environmental response from all public authorities and this includes, without a doubt, municipalities, who are not exempt from the application of the constitutional norm and its implementing legislation. It is evident that in this case, the national and local interest are fully coincident, and therefore local governments can and must demand compliance with environmental requirements in their territory, and in the event of conflict with the governing authorities in environmental matters, they can submit the disputes to the jurisdictional reviewer that corresponds according to the nature of the infraction. It is for the foregoing reasons that environmental protective norms are not incompatible, from the constitutional point of view, with the powers and competences of municipalities, which are obliged, by imperative of Article 50 of the Political Constitution, to dedicate themselves to the protection of the environment – see, in this sense, judgment number 2006-7994, of eight hours and fifty-seven minutes on June 2, 2006 –.

          VII.- On the precautionary principle in environmental matters and its application to groundwater. Starting from the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article Fifty of the Political Constitution and Principle Fifteen of the Rio Declaration – United Nations Conference on Environment and Development –, what is known as the "precautionary principle in environmental matters" (principio precautorio en materia ambiental) or "principle in dubio pro natura" has also been recognized, the observance of which implies that all actions of the public administration on matters sensitive to the environment be carried out with the appropriate zeal to avoid risks and serious, irreversible damage. In other words, if certainty is lacking regarding the harmlessness of the activity in terms of causing serious and irreparable damage, the administration must abstain from carrying out this type of activity. It is clear that this principle applies equally when dealing with the exploitation of groundwater. Thus, in the aforementioned judgment number 2004-1923, this Chamber established that:

"XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or prudent avoidance. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, includes the following principles as hermeneutical parameters: '1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary or in dubio pro natura criteria: When there is a danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.' In Ruling of this Chamber No. 1250-99 of 11:24 hours on February 19, 1999 (reiterated in Rulings Nos. 9773-00 of 9:44 hours on November 3, 2000, 1711-01 of 16:32 hours on February 27, 2001, and 6322-03 of 14:14 hours on July 3, 2003), this Court held the following: '(...) Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people's health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt regarding it—a precautionary measure must be adopted, and even the activity in question must be postponed. This is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment.' Subsequently, in Ruling No. 3480-03 of 14:02 hours on May 2, 2003, this Court indicated that 'Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.' In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura means that when there are no studies or reports conducted according to the univocal and exactly applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the harmlessness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must abstain from authorizing, approving, or permitting any new application or modification, suspend those in progress until the state of doubt is cleared, and, in parallel, adopt all measures aimed at its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation."

Thus, the precautionary principle finds application to the extent that there is a lack of certainty regarding the damage to be produced and the mitigation or repair measures that must be implemented, since once there is certainty about the type or magnitude of the environmental damage that may occur and the measures that should be adopted at each moment, any bias of doubt is eliminated and, consequently, it would be improper to apply the precautionary principle. Stated differently, the precautionary principle must be applied in cases of reasonable doubt or uncertainty, but not when there is certainty about the type of damage and the measures to be adopted, since by its very nature, the application of this principle is unfeasible. Consequently, starting from the fact that the Rio Declaration itself recognizes the existence and correlation of the precautionary and sustainable human development principles, it must at all times be ensured that the appropriate balancing test is met, allowing for the due respect and application of both principles, so that activities are assessed according to both their environmental impact and their contribution to sustainable human development.

          VIII.- On the importance of environmental viability (viabilidad ambiental), environmental impact studies, and the procedure that must be observed. The recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the application of the aforementioned precautionary principle, and the consequent regulatory development in matters of environmental protection impose compliance with different requirements and procedures that allow the administration to know the real impact that the execution of activities and works – public or private – may have on the environment, in order to, once the corresponding certainty is acquired, authorize or reject their execution.

Thus internal regulations created the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA), an administrative unit responsible for granting environmental viability (viabilidad ambiental) for projects, once the established procedure has been completed – see Article 17 of the Environmental Organic Law – through reasoned resolutions that analyze the situation in detail. The performance of environmental assessments has likewise been recognized by this Chamber as a guiding principle in environmental matters, from which it follows that their observance and application is unrestricted to ensure the due protection of the environment. Thus, through judgment number 2003-6322, at fourteen hours fourteen minutes on July 3, two thousand three, the Chamber defined that:

“5. On the performance of the environmental impact assessment prior to the commencement of works: It is premised on the principle that environmental standards must have a technical basis, since their application must be grounded in limits that determine the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be carried out. This is so because, since environmental damage and pollution are assessable, such as the presence of toxic substances or external elements that cause negative characteristics in the environment, both for biological diversity – including flora and fauna – and – above all – for human life, reflected in human health or well-being – soil, habitat, air, water, etc. – the impact of these elements requires scientific evaluation and treatment. Therefore, this principle (of prior performance of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental)) constitutes a corollary of the preceding principle, and its performance is especially important for all

“[...] human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat created in this Law. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requisite to initiate activities, works, or projects.” (Article 17 of the Environmental Organic Law, number 7554, of September 18, nineteen ninety-five).

Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obligates the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the principal measures provided by the legislator in this regard are the Estudios de Impacto Ambiental, which are grounded in the provisions of the cited Article 17 of the Environmental Organic Law. To this effect, it is important to emphasize that by virtue of the constitutional mandate – Article 50 – and in the Law – Article 17 of the Environmental Organic Law – it is established as a general principle that every human activity that modifies the environment shall require the environmental impact study, from which it follows that the condition of the project or work shall determine, in each case, whether said technical study is required or not, and not the establishment of arbitrary conditions, whether administrative or regulatory (as indicated by this Tribunal, in judgment number 1220-2002, at fourteen hours forty-eight minutes on February 6, two thousand two).”

Constitutional jurisprudence requires a prior evaluation of the risk that a given economic activity may produce, which shall be conducted using the technical instrument appropriate for the case. In this regard, the Chamber has considered:

“d. The environmental impact study as a protection instrument. Standards aimed at protecting the environment must have a technical basis, since their application must be grounded in the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be carried out. This is so because, since damage to and pollution of the environment are assessable, the impact of these elements requires scientific analysis and treatment. Therefore, the need for an evaluation of the impact on the environment which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), consists of a scientific-technical administrative procedure that makes it possible to identify and predict what effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighting them to guide decision-making. In accordance with the cited Regulation, which is Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC published on June 28, 2004, and which reformed Executive Decree No. 25705-MINAE, the environmental impact assessment encompasses three phases: a) an initial environmental assessment (evaluación ambiental inicial), which consists of a procedure for analyzing the environmental characteristics of the activity, work, or project with respect to its location to determine the significance of the impact; from this prior analysis, a potential environmental viability (viabilidad ambiental potencial) (which is temporary) may even be granted or its conditioning upon the presentation of other instruments for evaluating said impact; b) the preparation of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) or of other assessment instruments as appropriate. The environmental impact study is a document of a technical and interdisciplinary nature, which constitutes an environmental analysis instrument that the developer of an activity, work, or project must present prior to its execution and that is intended to predict, identify, evaluate, and correct the environmental impacts that specific actions may cause on the environment and to define the environmental viability (license) of the project, work, or activity subject to the study; and c) control and monitoring (control y seguimiento) of the activity, work, or project through the established environmental commitments. Environmental viability, for its part, represents the condition of acceptable harmonization or equilibrium, from the standpoint of environmental burden, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographic space where it is to be implemented. From the administrative and legal standpoint, environmental viability corresponds to the act approving the environmental impact assessment process, whether in its Initial Environmental Assessment phase, or in the phase of approval of the Environmental Impact Study or of the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), depending on the activity in question and its merits. In accordance with Article 17 of the Environmental Organic Law, number 7554, of September 18, nineteen ninety-five, the activities that require an environmental impact study approved by SETENA are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requisite to initiate activities, works, or projects. Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obligates the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the principal measures provided by the legislator in this regard are various technical instruments, among which the Environmental Impact Study stands out, according to the provisions of the cited article, with the condition of the project or work being what determines, in each case, its necessity… The legislator entrusted to the ‘National Environmental Technical Secretariat’ the assessments to be conducted by ‘an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat… in accordance with the guides prepared by it…’ (judgment No. 2004-9927)

          IX. On the situation of the Plaza Comercial Lincoln project. From the study of the case record and of the reports rendered under oath by the respondent authorities, in relation to the study of the administrative file 1805-2005-SETENA in the name of the Plaza Comercial Lincoln project, the Chamber dismisses the violation of the environment and health alleged by the petitioner. In the first place, and regarding the alleged lack of hydrogeological fragility maps (mapas de fragilidad hidrogeológica), the right to a healthy and balanced environment is not violated, because although it is apparent from the report requested from SENARA that the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica does not yet have such instruments, which must be provided by the Municipality of Moravia, nevertheless, in the specific case of the land on which the project in question is being developed, the representative of SENARA himself affirms under the gravity of oath that the institution he represents prepared the aquifer vulnerability maps for the canton of Moravia, according to which the zone where the works of the Lincoln project are being executed is of Low Vulnerability, which means that “works are permitted subject to an appropriate design of excreta and wastewater disposal systems.” As a consequence of this, the Chamber deems coherent the position taken by the Mayor’s Office of Moravia in that it required from the project developer a hydrogeological and groundwater contamination risk study of the property to be intervened (Report of the Mayor of the Canton of Moravia of May 26, 2011, electronic file). Regarding the second aspect raised by the petitioner, which is linked to the requirement that conditions environmental viability upon the construction of a wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales), from which he claims the developing company was exempted, according to the reports rendered by the various respondent authorities in relation to the evidence brought into the record, the Chamber observes that, although it is true that in the environmental impact assessment (EIA) process for the Plaza Comercial Lincoln project, SETENA granted environmental viability – through resolution No. 2786-2009-SETENA – it is also true that subsequently, upon resolving the motion for clarification of the cited resolution filed by the representative of the company in question, SETENA indicated to the interested party that the project had to include the construction of a treatment plant, because even though it has permission from the Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados to use the “sanitary aqueduct,” this deposits untreated waters directly into the creek or river and for this reason the installation of such a plant is environmentally necessary. This decision, contained in resolution 386-2010-SETENA, was challenged by the construction company, which filed a motion to revoke (recurso de revocatoria) and appeal (apelación) before the Minister of Environment and Energy, who, upon analyzing the matter submitted to his knowledge, declared the motion granted, exempting the company from the obligation to build the wastewater treatment plant. From the factual picture described, in relation to the report rendered by the representative of SETENA, this Tribunal considers that the establishment of a treatment plant was included by the Secretariat in the resolution granting Environmental Viability – No. 2786-2009-SETENA – whose project description states: “In addition to the basement parking, the project will have 547 exterior parking spaces on the first and second levels and will include a treatment plant” — (report of the representative of SETENA), an aspect that was not challenged. On this point, it is clear to this Chamber that what SETENA notes through the questioned resolution 386-2010 is thus the noncompliance by the developing company with the terms of reference (términos de referencia) regarding the treatment plant, since it was not included in the Environmental Impact Study presented. Thus, upon learning of the motion for clarification filed by the developing company, SETENA corrected the omission in resolution 2786-2009 and through resolution 386-2010 emphasizes compliance with the requirement of constructing the treatment plant before authorizing the project. However, the respondent Minister revoked what was decided by SETENA – which requires compliance with the treatment plant – without considering the enforceability of the precautionary principle (principio precautorio), ignoring that for those works the respective treatment plant was required to prevent damage to the environment and specifically to water resources; the Minister’s decision is based on the impropriety of establishing this requirement when resolving a motion for clarification. That being the case, in this matter, from the evidentiary elements on file and the facts that the Chamber has deemed proven, there is no doubt whatsoever that the construction of the Plaza Comercial Lincoln project in question without the treatment plant may cause damage to the river into which the waters would be discharged, which is noted both by the National Environmental Technical Secretariat itself, which indicated that the activity had to previously comply with those requirements before SETENA and justifies the treatment plant to process the wastewater because, despite there being sanitary sewer availability from the AyA, the Environmental Organic Law mandates in Articles 59 to 67 the prevention of pollution. Specifically Article 65 of the cited law, inasmuch as it states: “Article 65 Wastewater treatment. Wastewater from any source shall receive treatment before being discharged into rivers, lakes, seas, and other bodies of water; furthermore, they shall achieve the quality established for the receiving body, according to its current and potential use and for its future utilization in other activities.” For this reason, SETENA indicates in its report that the need to establish a treatment plant is mentioned time and again in the CFEAP and in the EsIA, because the AyA has the sanitary sewer system but does not have the treatment plant to process the wastewater, and these untreated waters from the AyA are discharged through the sanitary sewer into the hydrographic basin of the Río Virilla 4. The necessity of the water treatment plant for this project in question is reiterated by the Municipality of Moravia, which required the construction of a wastewater treatment plant and a retention pond, in order to first prevent the water from saturating the hydraulic capacity of the creek, and also seeks to reduce the pollution of wastewater emanating from said commercial center. Fully assuming the facts and arguments just cited, the decision adopted by the Minister of Environment, Energy and Telecommunications through resolution R-248-2010-MINAET, which grants the appeal (recurso de apelación) against resolution No. 386-2010-SETENA by granting the environmental viability while eliminating the paragraph referring to the establishment of the water treatment plant, is left without basis. Having analyzed all these questions, there is no doubt that with respect to the issue analyzed, the amparo must be granted, since there is abundant scientific support – the product of various observations made by the respondent SETENA and the Municipality of Moravia – that makes it possible to assure that the works carried out constitute a risk to the environment and that they can be controlled or, at least, their negative effects mitigated through the construction of a treatment plant for the wastewater that goes to the Río Virilla. On this point, the report of the representative of the companies SUEÑOS INMOBILIARIOS S.A. and PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A. must be highlighted (report of August 24, 2011), according to which, given the possibility that a treatment plant must be built, “his represented companies, in order to avoid any discussion, opted in August 2010 to build a water treatment plant.”

         X. Conclusion. The Chamber takes into account, in the present case, that the water treatment plant in question is not just one more simple requirement, not contemplated in the EIA, as estimated by Portafolio Inmobiliario S.A., the respondent company, but rather, in accordance with the data contributed for the particular case by the General Manager of SENARA and the applicable regulations cited by the respondent SETENA, especially the Environmental Organic Law, wastewater from any source shall receive treatment before being discharged into rivers, lakes, seas, and other bodies of water; furthermore, they shall achieve the quality established for the receiving body, according to its current and potential use and for its future utilization in other activities. In this matter, it was determined that the AyA has the sanitary sewer system, but does not have the treatment plant to process the wastewater, so that – lacking the plant – the waters without treatment by the AyA are discharged through the sanitary sewer into the hydrographic basin of the Río Virilla. For this reason, it must be understood in the same sense as stated by the representative of SETENA in his report, that the environmental viability is conditional upon compliance with that requirement mandated in current legislation, and the lack of this requirement is in all respects contrary to Article 50 of the Political Constitution. Consequently, what is appropriate in this case is to grant the recurso, annul resolution R-248-2010-MINAET that granted the appeal against resolution No. 386-2010-SETENA and granted the environmental viability, eliminating the paragraph referring to the establishment of the water treatment plant, and order SETENA to require the condition of the water treatment plant prior to granting environmental viability. In any event, as set forth in the report rendered to the Chamber by the representative of the respondent company Portafolio Inmobiliario S.A., there exists a Construction Contract for the Treatment Plant submitted for the Mall Plaza Lincoln project, assessed and paid before the Federated College of Engineers and Architects (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) in the amount of 75 million colones, so that the project now has both solutions: first, a treatment plant, and second, the connection to the sewer system, which constitutes the best possible scenario in the relationship between the project and the environment. That being the case, it is appropriate to grant the present recurso on the terms to be stated in the operative part of this judgment, without ordering the suspension of the work because this Chamber has deemed it demonstrated that in this case, that would entail a greater risk to the safety of the adjacent lands and a greater impact on the environment.

Por tanto:

The recurso is granted solely insofar as it is directed against the Minister of Environment, Energy and Telecommunications. Resolution R-248-2010-MINAET of 12:05 hours on May 6, 2010, of the Minister of Environment, Energy and Telecommunications is annulled. The validity of resolution No. 2786-2009-SETENA, as supplemented by No. 386-2010-SETENA, which imposes the obligation to build a treatment plant in the Mall Plaza Lincoln project, is maintained. Insofar as the amparo is directed against SETENA and the Municipality of Moravia, the recurso is dismissed. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Notify.-



Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Roxana Salazar C. Teresita Rodríguez A. FCC/68/jcalderonm.-                    


11-005917-0007-CO

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