Res. 12975-2011 Sala Constitucional — Prior Consultation Obligation to Térraba Indigenous People for El Diquís Hydroelectric ProjectObligación de consulta previa al pueblo indígena Térraba por el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 12975 - 2011

Fecha de la Resolución: 23 de Setiembre del 2011 a las 14:30

Expediente: 08-009215-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia desestimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Subtemas:

NO APLICA.

12975-11.  RESERVA INDÍGENA. OMISION DE CONSULTA A PUEBLOS INDIGENAS POR UBICACIÓN DE PROYECTO HIDROELECTRICO. Artículos 1, 4 y 8 del Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE del 6 de febrero del 2008. Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad

Texto de la resolución
*080092150007CO*

 

*080092150007CO*

 

Exp: 08-009215-0007-CO

Res. Nº 2011012975

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta minutos del veintitrés de setiembre del dos mil once.

Acción de inconstitucionalidad promovida por J.G.R., conocido como G.G.R., mayor, casado una vez, dirigente comunal, portador de la cédula de identidad número 0000000, vecino de la reserva indígena de T. de Buenos Aires de Puntarenas; en su condición de representante judicial y extrajudicial de la ASOC.D.I.R.I.T., contra los artículos 1, 4 y 8 del Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE del 6 de febrero del 2008.-

Resultando:

          1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas veintitrés minutos del 25 de junio de 2008, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 4 y 8 del Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE del 6 de febrero del 2008.- Alega que el decreto impugnado viola el derecho a la propiedad privada, ya que las áreas dentro de las cuales se ejecutará el proyecto, se ubican mayoritariamente en zonas declaradas de reserva indígena. Indica que de conformidad con el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, los pueblos indígenas, luego de que el gobierno cumple con su obligación de determinar y delimitar sus tierras, tienen total derecho a que se les garantice la protección efectiva de esas áreas, reconociéndoles y respetándoles su derecho de propiedad. Alega que sin observancia de sus derechos de propiedad, consagrados en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Indígena, el decreto impugnado afecta aproximadamente setecientas hectáreas de su territorio, contraviniendo de esta forma, no solo lo dispuesto por el artículo 14 del Convenio 169, sino también el artículo 45 de la Constitución Política. Señala que en este caso, por tratarse de aspectos garantizados o regulados por el Convenio 169 de la OIT, que implican la adopción de medidas legislativas o administrativas que afectarán a un pueblo indígena, debe mediar una consulta obligatoria previa a los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas y esas consultas deben ejecutarse de buena fe y de una manera que se logre un consentimiento acerca de las medidas propuestas, al no realizarse dicha consulta se violaron los artículos 4,2; 5 inciso c); 6 incisos a), b) y c); 7 incisos 2) y 3); 15 inciso 2) y 16 inciso 2) del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. Alegan que la actuación gubernamental obviando adrede recabar de previo su opinión, implica clara violación a sus derechos, pues ellos se conculcan al reducir su actividad a participar tardíamente en arreglos "post mortem", pues no permiten su participación, sino de manera limitada e impropia luego de tomada la decisión de ejecutar los actos iniciales del proyecto para seguidamente continuarlo sin valorar su opinión.

          2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que de conformidad con el artículo 1° del Decreto Ejecutivo No. 13568-C-G, relacionado con el 3 del Decreto Ejecutivo No. 8487-G y el párrafo primero del artículo 2 de la Ley Indígena No. 6172, su organización representa y defiende los intereses y derechos difusos de la colectividad indígena de T.

          3.- Por resolución de las ocho horas treinta minutos del diecisiete de julio de 2008 (visible a folios 92 del expediente), se le dio curso a la acción para que se declaren inconstitucionales los artículos 1, 4 y 8 del Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE del 6 de febrero del 2008.-, por estimarlos contrarios a los artículos 45 de la Constitución Política y 14 del Convenio 169 de la OIT, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad.

          4.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 302 -317. Señala que las reservas indígenas constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral que las representa (ver certificaciones registrales adjuntas a la acción); de carácter inalienable o intransferible a los no indígenas, contra los que están protegidas en caso de invasiones; imprescriptibles y sus límites no pueden variarse disminuyendo la superficie, sino por ley expresa. (Ley Indígena, arts . 1°, 2°, 3°, 4°, 5°; 3°, 5° y 10 de su Reglamento, Decreto 8487). A lo interno, preservando la titularidad comunitaria la Asociación de Desarrollo Integral asigna la posesión o utilización individual de la tierra entre los aborígenes o grupos de familias étnicas, de acuerdo con sus necesidades. Indica el Decreto impugnado, en el considerando IX, que la Ley Forestal (artículos 19, inciso b, y 34) prohíbe el cambio de uso de suelo y la corta de árboles en áreas de protección, exceptuando los proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia Nacional (considerando IX). El artículo 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 reformó el artículo 3°, inciso m, de la Ley Forestal, y define las actividades de conveniencia nacional como aquellas que realizan “las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados." Como tales, cataloga el Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 25721-MINAE, los proyectos de “generación, transmisión y distribución de electricidad” y otras de similar naturaleza que determine el MINAE según las necesidades del país. Acorde con lo anterior, el artículo 1° del Decreto 34312-MP-MINAE declara de conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad. La declaratoria tiene por objeto habilitar la corta de árboles necesaria para el desarrollo del Proyecto, mas no precisa el sector donde éste se concretará. En sí, no afecta la Reserva Indígena de T., ni lesiona su derecho de propiedad. Por consiguiente, el citado artículo 1° no infringe el 45 constitucional, ni el 14 del Convenio 169 de la OIT. La cuestión entonces se desplaza a lo que se regula en torno a los lugares de ejecución de las obras. Por tratarse de aspectos técnicos que escapan de nuestro conocimiento, solicitamos al Instituto Geográfico Nacional (I.G.N), Catastro Nacional y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Departamento de Estudios Territoriales, un estudio que correlacionara sobre segmentos de las respectivas Hojas Cartográficas los datos antes mencionados con el área de la Reserva Indígena T., conforme a la delimitación hecha por el Decreto 22203/1993, artículo 5°, para determinar si el Proyecto cubre su territorio. De los estudios se colige: a) Los puntos de coordenadas planas descritos por el artículo 8° del Decreto 34312/2008 detallan sitios para la explotación de materiales en cauces de ríos que conforman los límites de la Reserva , sin especificar sus dimensiones. Sea que no permiten trazar una figura poligonal. b) Hay tres puntos coincidentes entre el Proyecto y la Reserva. Se localizan en el Río General y marcan con color rojo en el estudio del IGN y la CONAI. Son : 536 000 E / 337 875 N, 547 052 E / 334 121 N y 546 614 E /332 384 N. Según se interprete que ese río es parte de la Reserva –como lo hacen el IGN y la CONAI- o no, los puntos quedarían dentro o fuera de ésta. Para la Procuraduría, tesis ya sostenida en el dictamen C-395-2003, los ríos son bienes nacionales de dominio público (artículos 1°, inc. IV, de la Ley de Aguas y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente), y mantienen esa condición aunque se ubiquen en áreas de las Reservas Indígenas, así como las vías públicas (Ley General de Caminos Públicos, artículos 1° y 4°). En otras palabras, si bien una Reserva Indígena materialmente puede incorporar un río, en el plano jurídico éste no pierde su carácter demanial. Lo mismo ocurriría con los que encierre una finca privada inscrita bajo el trámite de informaciones posesorias. (Artículos 19, inciso b, de la Ley de Informaciones Posesorias y 72 de la Ley de Aguas). Este Órgano Asesor disiente de ambos criterios en cuanto anexan a la Reserva Indígena T. áreas del Río General, por considerar que no forma parte de ella. Para que el Decreto 22203, artículo 5°, lo abarcara, de manera ilícita, debió aclarar que se proseguía por la margen correspondiente del Río General que lo comprendiera. El Catastro Nacional, por no tener la demarcación y límites del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, requirió a su encargado informe sobre el área que cubre. Con fundamento en los datos, suministró imagen digital, y el montaje hecho por la Sección de Cartografía Digital y Estudios Catastrales, concluye que: a) La ubicación y explotación probables de ese Proyecto se establece a partir de la curva de nivel 300, sobre el Río General. b) El área aproximada de inundación (color azul rey) en que afectará la Reserva Indígena T. (a.t.) es de un seis por ciento. c) Le resulta técnicamente imposible determinar con certeza y exactitud si los términos del artículo 9 del Decreto 34312 traslapan terrenos indígenas. Para contestar la audiencia se prescinde de la posible área de inundación del Proyecto, por ser eventual, ajena a las normas que se tildan de inconstitucionales. Así, el artículo 8° del Decreto 34312 no contraviene el 45 de la Constitución y 14 del Convenio 169 de la OIT, por cuanto los sitios de explotación que detalla son exteriores a la Reserva Indígena de T.. El voto 08-11743 de la SALA CONSTITUCIONAL versa sobre información atinente al área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico, el que calificó de interés público. La SALA CONSTITUCIONAL, como consta en los votos números 3003-92 cons . 8ª; 3515-97, cons V y VI; 3886-97, 2000-8019, 2000-10075, 2002-2623, 2002-3468, 2003-3485, 2004-9931, 2005-6856, 2007-5249, 2007-16213, 2007-17191, 2007-18597, se ha pronunciado en varias oportunidades con relación al deber de consulta a los pueblos indígenas que prevé el Convenio 169 de la OIT, abordando distintas facetas: régimen especial de protección, derecho fundamental, instituciones representativas, obligatoriedad y fin, ámbitos en que pueden incidir las medidas, momento de realizarla, transparencia y buena fe, efectos de su omisión, etc. Con todo, de la literalidad de los artículos objetados, y en particular del 4°, no se desprende que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís tendrá repercusión directa o menoscabará el territorio y bienes de la Reserva Indígena de T., o la cultura, intereses y calidad de vida de sus habitantes. Luego, no habría violación de las normas internacionales que se invocan en orden a la formalidad de consulta.

          5.- La señora Adriana Jiménez Calderón contesta a folios 93 -139 la audiencia concedida, en su condición de Apoderada General Judicial sin límite de suma del Instituto Costarricense de Electricidad, y manifiesta que no es cierto que el recurrente posea legitimación para accionar directamente en la vía de la acción de inconstitucionalidad para la defensa de intereses difusos. En conjunto con las diferentes comunidades se realiza un proceso para lograr no solo la aplicación de las normas sino la compilación de las necesidades reales que les afectan lo que cubriría más allá de lo que se ve a través de la simple aplicación del ordenamiento jurídico. El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís ha tratado de establecer una relación con la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de T.; no se ha encontrado la apertura de parte de este grupo. En la etapa actual no se ha realizado consulta formal, porque el proyecto aún está efectuando estudios de la fase de factibilidad. Lo que el accionante interpreta como inconstitucional es el actuar del ICE y no la forma o el fondo del Decreto impugnado. La institución estatal está dedicada al desarrollo de proyecto que proporcione bienestar a la población. En Costa Rica el mayor aporte de electricidad lo proporciona el ICE por medio de plantas generadoras, dentro de las cuales se encuentran las hidroeléctricas. Indica que se tiene una estrategia para los próximos 15 años, la cual se ha denominado “Visión 2021” y constituye un esfuerzo de planificación integral orientado a determinar el conjunto de acciones y proyectos para garantizar la satisfacción de la demanda eléctrica nacional mediante el aprovechamiento predominante de fuentes de energías renovables. Se busca reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovable del país y llegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir de fuentes de energía renovables. El ICE tiene una clara y definida política para su gestión socio-ambiental, tanto a nivel institucional como sectorial. La política ambiental del ICE fue aprobada por el Consejo Directivo en la sesión número 5388 del 19 de marzo de 2002 y en la sesión No. 5486 del 11 de febrero de 2003. Desde 1997, el Sector Eléctrico emitió una serie de lineamientos ambientales de índole general para las etapas de estudio, construcción, operación y mantenimiento de todas las obras, que fueron revisados y reafirmados en el año 2002. Entre todo ello, se estima de gran importancia una relación armoniosa con las comunidades aledañas a sus obras y evidentemente el respeto a la diversidad étnica. La estrategia que el ICE impulsa para abastecer electricidad hasta el año 2021, es la construcción de plantas hidroeléctricas, proyectos El Diquís, Reventazón, Savegre y Pacuare. Es imponderable para el país la generación de electricidad por medio de las fuentes renovables que posee. El Decreto Ejecutivo No. 26728-MP-MINAE declara de interés público los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y el No. 33619-MP-MINAE declara de conveniencia nacional e interés público los planes de expansión del ICE y sus empresas, en los Sectores de Electricidad y Telecomunicaciones. El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís forma parte del Plan Siglo XXI impulsado por el Gobierno de la República y está dentro de los planes de expansión del ICE, la alternativa de generación hidroeléctrica de mayor envergadura para Costa Rica de todos los tiempos, de gran importancia para el país pero además por el beneficio que traerá a toda la Región Sur con la promoción del desarrollo local que se potenciará mediante las mejoras en la infraestructura. Ante la actual crisis energética, declarada emergencia nacional en el año 2007, el proyecto requiere un impulso adicional pasando a ser su construcción una prioridad nacional; si no se realiza se tendría que pensar en energía generada con combustibles fósiles. De ahí que el decreto No. 34312-MP-MINAE del 13 de febrero de 2008, en su artículo primero, declara de conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión. Utilizará las aguas del Río General que recorren los cantones de Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón, el cual forma parte del Plan de Expansión de Generación Eléctrica. Es importante resaltar que los proyectos hidroeléctricos, como El Diquís, poseen diversas fases. Actualmente se está en la primera fase, que comprende la preparación de los insumos para la firma consultora que se contratará para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, esta etapa, concluye con la presentación de dicho estudio ante la Secretaría Técnica Nacional. Obtenida la viabilidad ambiental, se inicia otra etapa, la ejecución del proyecto y la etapa final es la operación del proyecto. El proyecto está efectuando estudios de la fase de factibilidad, y se aclara que ni siquiera ha iniciado el Estudio de Impacto Ambiental. Se trabaja en la finalización de estudios del entorno físico (geología, geofísica, hidrología, etc.) requeridos como insumo para el diseño de las obras, así como en la colecta de información biótica, física y socioeconómica que se empleará como sustento técnico para hacer el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Se recaba información sobre el proyecto y sus implicaciones hacia las comunidades directamente vinculadas al proyecto, con especial énfasis en las que se encuentran en territorios que serán inundados. La finalidad de cualquier estilo de administración pública debe ser el logro de la máxima eficiencia para el bienestar colectivo. El objetivo primordial del proceso es establecer instrumentos y herramientas de base que enmarquen la relación entre el ICE y las comunidades para atender eficazmente los procesos de participación, consulta y negociación de forma que se garanticen los derechos y deberes de las partes, en un ámbito de confianza, transparencia, colaboración y respeto mutuo. A la fecha, el ICE ha mantenido una relación con las comunidades caracterizada por el respeto mutuo. El propósito de proponer a la comunidad un proceso conjunto de desarrollo del proyecto y desarrollo social de la comunidad, es establecer una reglamentación entre las partes que permita definir procedimientos claros que brinden consistencia a la relación entre el ICE y las comunidades en torno al Proyecto El Diquís. Se trata de establecer la estructura específica del proceso para implementar el diálogo, de forma que se puedan ir aclarando situaciones y estableciendo pautas a seguir por las partes, entendiendo cada etapa del proyecto, siendo que será esta la que marcará la pauta de lo que, por ejemplo, la institución, puede o no puede, esté o no obligada a hacer o dar. Este proceso es la base para darle contenido a las propuestas de participación, consulta y negociación, y lograr que se transformen en acciones que beneficien a toda la comunidad, por lo que queda claro que es importantísima la inclusión de la comunidad en el proceso, no solo porque así lo designe la ley, sino, para que conviertan al proyecto en un componente de su motor para el desarrollo, con su visión, no la externa. En el informe se detallan las distintas fases de la propuesta para la participación entre el ICE y las comunidades (folios 112 y ss). El equipo del Área Social de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís ha venido manteniendo reuniones con todos los grupos organizados de la comunidad T.. Estos grupos son: La Asociación de Desarrollo Indígena de T. (ADIT), Ruta de las Aves, Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas Teribes (ASODINT), Consejo Indígena T., Rincón Ecológico, Asociación para la Defensa de los Habitantes de la Cultura Indígena (ASODEACUI), Nasö Lokes (Grupos de Jóvenes). Se incluye también el conjunto de organizaciones específicas tales como Comités, Juntas y Patronato. Adicionalmente se mantiene contacto con las estructuras administrativas del Colegio y las Escuelas del Territorio Indígena. Existe una instancia que los indígenas han denominado Frente de Lucha que hemos contactado y mantenido comunicación con su dirigencia, algunos de los representantes de los grupos civiles mencionados están adscritos a esta instancia. Por su parte, la Asociación Regional Aborigen del Valle del Diquís (ARADIKES) se encuentra implementando un proyecto, con el apoyo de la UICN, donde han logrado instalar una especie de grupo focal de enlace en cada territorio indígena del cantón, denominado Comisión de Enlace pero no se encuentra la ADIT. Agrega que existen posiciones encontradas entre el Frente de Lucha y los grupos de afiliados indígenas, los de rechazo al Proyecto Hidroeléctrico y quienes mantienen una estrategia de acercamiento hacia las autoridades del PHED y están interesados en lograr acuerdos para mejorar la imagen del territorio en materia de desarrollo y oportunidades para la población indígena. Con la ADIT se mantiene un proceso de información sobre el avance de los compromisos asumidos por el PHED. Mucha de la información que se requiere para conocer en profundidad las comunidades indígenas del Área de Influencia Directa y el Área de Influencia indirecta y completar los vacíos de información existentes, se obtendrá mediante investigaciones. Algunas de estas estarán a cargo del área social de la Unidad de Gestión Ambiental, mientras que otras serán realizadas mediante contrataciones externas. Con estos acercamientos se espera abarcar toda la información socioeconómica y cultural muy precisa que hasta ahora no ha sido recopilada y que no se encuentra tampoco en las fuentes secundarias que existen. Las investigaciones que el área social tiene planteadas están dirigidas a las comunidades dentro del Área de Influencia Directa, es decir, las comunidades indígenas abordadas son T. y China Kichá, que tendrían afectación directa en su territorio. Específicamente son tres las investigaciones programadas dentro del área social, de las cuales algunas se están realizando actualmente y otras están planteadas para dar inicio este año y finalizar el año entrante. En consecuencia se realizará el censo socioeconómico, el mapeo socio-político, y el estudio etnográfico. Mediante consultorías complementarias se pretende establecer la caracterización socioeconómica y cultural de la Cuenca del Río Grande de T. para el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), y un estudio epidemiológico en el Área de Influencia Directa del Proyecto, la caracterización socio-económica de las comunidades ubicadas en el sector “aguas abajo”, el fortalecimiento organizacional y mecanismos alternativos de resolución de conflictividades socio ambientales en las comunidades del área de influencia del Proyecto, sistemas socio productivos y manejo de los recursos naturales en el área de influencia directa y área de influencia indirecta, determinación del potencial institucional regional-local en torno al Proyecto Hidroeléctrico y puesta en marcha de una instancia de coordinación y cooperación interinstitucional. Se han logrado acuerdos con la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de T., entre ellos, en una primera fase el lastrado de camino del Colegio y colocación de alcantarillados de pasos de agua; de igual manera con la entrada a T., y de T.-Bijagual con el mejoramiento de la superficie de rodamiento y drenajes, sin incluir colocación de lastre, ni alcantarillas de pasos de agua (11.9 km.), y lo mismo con T. – San Antonio (6.2 Km). En una segunda fase, la colocación de lastre en un 40% de su longitud y colocación de alcantarillados de paso de agua, entre T. – Bijagual y T. – San Antonio. También, explanación para el terreno del Colegio con 800 metros cuadrados, demanda de empleo, mejoramiento de servicios eléctricos, entre otros. En cuanto a los hechos alegados, estima que aunque se demuestra que la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de T. de Buenos Aires es la representante judicial de la reserva, no es de recibo los alegatos en la vía de acción de inconstitucionalidad, sino más bien en el recurso de amparo. Estima que no le asiste la legitimación para interponer la demanda con fundamento en un interés difuso, debe reunir una doble naturaleza, tratándose de ciertos valores (ambiente, defensa de valores históricos, electoral, etc.) la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión la sufre tanto la comunidad como el individuo. Luego de transcribir los artículos impugnados en la acción, se indica que el numeral 4 del Decreto establece la forma de trabajo llevada a cabo por el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, que no solamente es fiel en el cumplimiento de políticas internas, sino también, de la legislación nacional e internacional. Las comunidades étnicas del país han tenido procesos históricos que hacen desconfiar de las instituciones del Estado, al sentir que se han tomado decisiones sobre el desarrollo local que lesionan o no toman en cuenta su identidad y sus valores culturales. El ICE ha estado haciendo estudios en la cuenca desde los años 60 y sin embargo aún no se ha cristalizado ningún proyecto. Uno de los retos actuales del proyecto hidroeléctrico es construir relaciones de confianza, pero eso no se puede hacer sin la ayuda de los distintos grupos y visiones, que deben orientar en qué acciones ejecutar para que sus ideas no sean excluidas y que pesen en la toma de decisiones del proyecto. El cómo hacerlo debe ser una decisión de las distintas organizaciones locales, muchas veces con ideas y visiones antagónicas. El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís ha tratado de establecer una relación con la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de T., pero no se ha encontrado la apertura de parte de este grupo. Incluso ante una denuncia presentada ante la Defensoría de los Habitantes se solicitó un espacio de concertación para lograr una acercamiento con la comunidad indígena de T.. La Sala, en el recurso de amparo No. 04-12966-0007-CO interpuesto por indígenas que no representan a la Asociación, aun cuando resolvió a favor de la Asociación, se detuvieron las investigaciones para querer lograr consenso con la comunidad y se retomaron en el 2007. Si las investigaciones no se llevan a cabo, simplemente no hay forma de saber si es posible o no, por la geología del lugar, construir una presa. El 9 de junio de 2007, durante la celebración de una Asamblea Ordinaria de Agremiados, el ICE hizo entrega de una carta de compromisos a G.G.R., presidente de la ADI de T.. Los compromisos allí contemplados se han programado según tiempos y presupuestos que dispone el ICE para su cumplimiento. A la fecha, nunca se realizó la devolución del convenio firmado; aun así, el ICE cumplió sus compromisos y continuó los trabajos pactados en dicho documento. Lo que se discute actualmente con la población indígena de T., no asociada a la ADIT, es el mecanismo efectivo de concertación social a fin de solventar la puesta en marcha del mecanismo de participación y representación indígena. Uno de los mecanismos que cobra fuerza es la instalación de una instancia de enlace con las autoridades del ICE (una especie de la comisión de enlace indígena) en donde se valora el aporte de organizaciones como la Asociación Regional Aborigen del Valle del Diques (ARADIQUES) con experiencia reciente en materia de consulta popular y adecuación de instrumentos de apoyo para la participación indígena. Sobre la violación al derecho de propiedad, los resultados de los estudios ejecutados hasta el momento, han determinado que se estarían inundando aproximadamente 74 hectáreas en la reserva indígena de China Kichá y 653 hectáreas de la reserva indígena de T.. En total se inundarían aproximadamente 727 hectáreas, lo cual representa alrededor de un 12.6% del total de tierras inundadas por el proyecto, un 7.5% para el total del territorio indígena de T. y un 5.7% del total del territorio de China Kichá. El proyecto no está ubicado mayoritariamente en zonas declaradas reservas indígenas. Aun cuando la comunidad indígena de T. posea el título de propiedad de las tierras que están dentro de los límites de la reserva, el real uso, goce y disfrute no lo posee. Ambas están entre las comunidades con menos territorio en manos de indígenas y con las menores cantidades de tierra conservada de bosque. La ocupación de los territorios es un problema que se agrava día a día. Ahora no solamente son ocupados por personas catalogados como poseedores de buena fe, sino, por otras personas que no están a derecho, con el agravante de que su número ha crecido y continúa creciendo. Aunque el gobierno, por medio de las instituciones encargadas, ha tenido pequeños avances, no son suficientes para dar una solución integral a todas las partes involucradas y no se observa ni siquiera a mediano plazo, que el Estado pueda dar una respuesta efectiva al problema. Dentro del instituto de la propiedad se habla de propiedad agraria, propiedad horizontal, propiedad conyugal, pero, la figura de la “propiedad privada colectiva” no es un concepto regulado, ni desarrollado como tal dentro del nuestro ordenamiento jurídico, lo que significa que da espacio a múltiples interpretaciones, lo que indudablemente provoca confusión, se crearon las “Reservas Indígenas” pero no su régimen patrimonial. Con respecto a los sitios contenidos en el artículo 8 del decreto, de forma preliminar y por los volúmenes de material que requiere el proyecto, tanto para las obras civiles como presa, toma de aguas, etc, como para reparación de caminos, y previendo la especulación posterior de venta de material o concesiones al ICE, de manera preliminar se tomaron algunos puntos de posibles sitios de extracción. Este proceso pertenece a la etapa posterior de ejecución del proyecto. Por lo tanto, la violación a la que hace alusión el accionante no tiene ningún sustento, ni es demostrable de su parte. Cabe resaltar que los límites de la Reserva de T. a los que se hace alusión, no son tan actuales y no por una acción del ICE, sino por los levantamientos topográficos realizados por el Instituto de Desarrollo Agrario en el año 2003 para proceder al traspaso de tierras a la comunidad indígena, lo que provocó muy probablemente hasta una variación en su cabida, ya no se tiene un todo sino partes del todo. Con respecto a las medidas que deben ser consultadas la misma Defensoría de los Habitantes establece “…Si bien el Derecho de Consulta es uno de los ejes centrales del Convenio No. 169 de la OIT el derecho de los Pueblos Indígenas de ser consultados, no es oponible respecto de todo el quehacer del Estado. En este sentido, la posibilidad de una afectación a las poblaciones indígenas, no crea la obligatoriedad del Estado de realizar todo un proceso de consulta…”, hasta tanto no finalice la etapa de estudios, se integre el EsIA, se entregue a la Secretaría Técnica Nacional y no se pronuncie denegando o autorizando la viabilidad ambiental del proyecto, su afectación en la etapa actual es eventual. El proyecto está en estudios de la fase de factibilidad, el Convenio 169 en su articulado no establece los procedimientos, pero la Sala Constitucional estableció en la sentencia 6188-98 la remisión para la aplicación analógica del procedimiento establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. Además de lo anterior, en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental vigente en Costa Rica existen mecanismos formales para hacer consulta sobre el proyecto, que están establecidos en el Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, donde sobresale el mecanismo de las Audiencias Públicas. La audiencia se ejecuta una vez que el EsIA del proyecto ha sido entregado a la SETENA para su proceso de revisión y si ésta dictamina tal necesidad. La celebración de la audiencia constituye entonces una etapa del proceso de revisión y los resultados son tomados en cuenta por la Setena para emitir la resolución final. Pide desestimar la acción en todos sus extremos.

          6.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 152, 153 y 154 del Boletín Judicial, de los días 07, 08 y 11 de agosto de 2008 (folio 97).

          7.- Mediante memorial recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional a las 17:40 hrs. del 31 de agosto de 2010, G.G.N., en su condición de representante judicial y extrajudicial de Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de T., solicita resolver sin más dilación la presenta acción de inconstitucionalidad.

          8.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

           Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

          I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD. G.G.R. es representante de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de T. de Buenos Aires. De conformidad con el escrito de interposición, su representada es propietaria de los bienes inmuebles que vienen certificados por el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble. La Sala no pretende definir la ubicación exacta de los terrenos que presuntamente serán afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís. A partir de las certificaciones se determina la legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad, por el ligamen de la persona jurídica propietaria del territorio, titular de los derechos patrimoniales. La legislación costarricense hace el reconocimiento de la capacidad jurídica del grupo indígena para representarse en los artículos 2 y 4 de la Ley Indígena, 3, 4 y 5 del Reglamento a la Ley Indígena, y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 13568-C-G de 30 de abril de 1982, donde se reconoce la representación legal de las Comunidades Indígenas en las Asociaciones de Desarrollo Integral, que actúan como gobierno local, pero sin que se les pueda considerar entidades estatales. En el caso de esta acción de inconstitucionalidad, la legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad deriva del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, razón por la que se debe resolver la acción de inconstitucionalidad por el fondo.

          II.- PLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN. Alega la parte accionante que las áreas dentro de las cuales se ejecutará el Proyecto Hidroeléctrico el Diquís, a que se refiere el Decreto Ejecutivo número 34312, se ubican mayoritariamente en zonas declaradas como reserva indígena. En concreto, el recurrente considera inconstitucionales los artículos 1, 4 y 8 del citado decreto. El numeral 1 dispone lo siguiente: “En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE.” Al respecto, asegura que el proyecto se ejecutará mayoritariamente en zonas declaradas como reserva indígena. Expresa que de conformidad con el artículo 14 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], ratificado por Costa Rica, los pueblos indígenas tienen derecho a que se les garantice la protección efectiva de sus tierras y a que se respete su derecho de propiedad. Pese a ello, el decreto impugnado afecta aproximadamente 700 hectáreas de territorio indígena, lo que contraviene los numerales 14 del Convenio 169 y 45 de la Constitución Política. En cuanto al ordinal 4 del Decreto, establece que: “Artículo 4º—El ICE dispondrá de mecanismos de información y negociación con las comunidades involucradas en el desarrollo del Proyecto, a efecto de alcanzar los acuerdos que permitan balancear los intereses locales en materia de reconocimiento del arraigo de los habitantes, con los intereses nacionales de abastecimiento energético. Los mecanismos de información y negociación deberán: a) Contener etapas preclusivas de negociación, de modo que lo acordado en cada etapa no podrá ser sometido a discusión en una etapa posterior y b) Constituir instrumentos de transparencia, compromiso y participación comunal. El ICE podrá solicitar asesoría a la Defensoría de los Habitantes y al Programa Estado de la Nación, para la elaboración y ejecución de los mecanismos de información y negociación; los que se consultarán a las Municipalidades de los cantones de Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón, previo a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” Al respecto reclama que esa norma incumple el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas previsto en el Convenio 169. Explica que en su reserva indígena se han iniciado y se realizan importantes obras que afectarán severamente a la comunidad indígena que representa, tanto en su modo de vida, como en sus costumbres, tradiciones, cultura, valores religiosos y el disfrute de su territorio, y que la comunidad que representa debió ser, previamente, consultada sobre ese proyecto, o sea, debió mediar una obligada consulta previa a los pueblos indígenas afectados, en particular a través de sus instituciones representativas, con la finalidad de llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, todo conforme a los deseos expresados libremente por los pueblos afectados y lo dispuesto en el Convenio 169. Sostiene que se quiso forjar a sus espaldas, sin consultarse su posición, un proyecto en el que deben y tienen derecho de participar de manera activa, con la meta de superar la histórica condición de pobreza y retraso a la que se les ha tenido confinados y que la actuación gubernamental impugnada ha obviado adrede, recabar de previo su opinión, lo que implica una clara violación a sus derechos, pues estos se conculcan al reducir la actividad de la comunidad accionante a participar tardíamente en ridículos arreglos o conversaciones que solo pueden calificarse como “post morten”, pues no permitir que participen sino de manera limitada e impropia, luego de tomada la decisión de ejecutar actos iniciales del proyecto, para seguidamente continuarlo en todos sus detalles sin antes haber escuchado, valorado y accedido en lo pertinente a sus pretensiones, significa no recabar ni apreciar su opinión. Señala que no se menciona siquiera la consulta a organizaciones legalmente representativas de sus comunidades indígenas, ni al CONAI y que su comunidad debe participar desde las etapas más incipientes, de todo plan o programa que les afecte, y no solo cuando el programa ya es una realidad en proceso de ejecución. También estima inconstitucional el artículo 8 del Decreto impugnado, en el que se estipula lo siguiente:

“Artículo 8º—Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los siguientes puntos de polígonos:

Punto Inicio Punto Final

534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N

536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N

530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N

534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N

533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N

532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N

522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N

520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N

518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N

547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N

548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N”

Este numeral, según lo alega, es inconstitucional en la medida que los sitios para explotación establecidos afectan territorio indígena, sin que de previo se haya consultado a la comunidad indígena que representa, lo que violenta el artículo 45 de la Constitución Política en relación con el artículo 14 del Convenio N° 169.

          III.- SOBRE LA PROPIEDAD DEL PUEBLO INDÍGENA ACCIONANTE. La Reserva Indígena de T. se encuentra delimitada en el Decreto Ejecutivo 22203 del 2 de abril de 1993. Asimismo, su fundamento legislativo se desprende de la denominada Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, cuyo artículo 2, en forma expresa, declara propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en su artículo 1°, dentro de las cuales se incluye la reserva T.. Ahora bien, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el artículo 8 del citado Decreto refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. Por su parte, el proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción, y como no se manifiestan las dimensiones espaciales de tales sitios o puntos, es imposible por ahora -de acuerdo con la información que consta en este proceso-, calcular un área de terreno en común que pueda existir entre el Proyecto Hidroeléctrico Diquís y la Reserva Indígena de T.. No obstante, establecidos los límites de la Reserva Indígena de T. sobre las hojas topográficas respectivas, en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N y 546614 E / 332384 N. Por otro lado, en su informe, el Instituto Costarricense de Electricidad admite que se estarían inundando aproximadamente 74 hectáreas en la reserva indígena de China Kichá y 653 hectáreas de la reserva indígena de T.. En total se inundarían aproximadamente 727 hectáreas, que afecta un 7.5% del total de territorio indígena de T. y un 5.7% del total de territorio de China Kichá. En consecuencia, resulta indubitable que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en su fase de ejecución -que todavía no ha comenzado- y de acuerdo con la información que sí consta en el expediente de esta acción, comprenderá territorio indígena T..

          IV.- ANTECEDENTES DE ESTE CASO. Previo a discutir esta acción, se revisaron los casos fallados en que se ha cuestionado el proyecto hidroeléctrico objeto de este asunto. Al respecto, es relevante lo siguiente:

“Por otra parte, en lo referente a la falta de entrega de los estudios técnicos que justificaron la promulgación del Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE, la autoridad explica en su informe -que es rendido bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que a la fecha no existen tales estudios, sino que, por el contrario, se está en la primera fase del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, que comprende la preparación de los insumos para la firma consultora que se contratará para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental. Lo que implica que se trabaja en la elaboración de estudios de entorno físico requeridos como insumos para el diseño de las obras, así como en la colecta de información biótica, física y socioeconómica que se empleará como sustento técnico para hacer el Estudio de Impacto Ambiental. Por lo que alega que aún no existen estudios técnicos concluidos o finalizados que se puedan facilitar al recurrente, como así se le explicó a éste al momento de responder sus gestiones” (ver sentencia No. 2008-011743 de las doce horas y dieciséis minutos del veinticinco de julio del dos mil ocho; el subrayado no es del original).

“ÚNICO.- El recurrente demandó la tutela del derecho de propiedad de la comunidad indígena de T., pues en su criterio, dentro de esa Reserva Indígena se está construyendo el proyecto hidroeléctrico El Diquís, sin la autorización de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral correspondiente. No obstante lo anterior, el Apoderado General Judicial del Instituto Costarricense de Electricidad explicó, en su informe -rendido bajo la solemnidad del juramento, con el oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales-, que la represa no está en construcción, por el contrario, se está evaluando la factibilidad del proyecto, para luego realizar los estudios impacto ambiental (visible a folio 22). Además, resaltó que el Instituto Costarricense de Electricidad ha propiciado el diálogo, no solo entre los representantes de las comunidades, sino también de los grupos del entorno al desarrollo del proyecto (visible a folio 23). Ante esto, es criterio de esta Sala Constitucional que no se ha transgredido derecho fundamental alguno. En primer lugar, la autoridad recurrida certificó que la represa no está en construcción. El proyecto está apenas en su fase inicial. Aunado a esto, el recurrente no acreditó la existencia de alguna medida tomada por parte del ente recurrido, que atentara contra la integridad de la reserva indígena o sus centros de población. De otra parte, el Apoderado General Judicial del Instituto garantizó a este Tribunal que se ha incentivado el diálogo con la población de la localidad y los posibles afectados. Por ello no se puede concluir que se irrespetaron los artículos del 13 al 19 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Consecuentemente, se impone desestimar el recurso planteado” (ver sentencia No. 2008-013560 de las diez horas y veinte minutos del cinco de septiembre del dos mil ocho; el subrayado no es del original).

“I.- Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a) Mediante oficio de fecha diez de julio de dos mil ocho, el Presidente de la Junta Directiva del Territorio Indígena de T., le indicó al recurrente Aguirre Castillo, que: “La autorización de ingreso y realización de los estudios de factibilidad fueron otorgados bajo la condición de suscribir un Convenio entre nuestra organización y el ICE, en el cual se consignarían con detalle las demás condiciones bajo las cuela se autorizaba el estudio. En ocasión del serio deterioro de las relaciones entre el ICE y nuestra comunidad, el Convenio nunca fue suscrito, razón por la cual la autorización nunca surtió efecto legal alguno. En otras palabras, el ICE se encuentra desarrollando su proyecto sin autorización alguna, razón por la cual estamos iniciando las acciones legales del caso para expulsar al ICE de nuestro territorio… “ (folio 09).

b) Por oficio número 0510-1044-2008 del cinco de julio de dos mil ocho, Luis Pacheco Morgan, en su condición de Asistente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, le informó al amparado que no se ha firmado ningún convenio entre la Reserva Indígena de T. de Buenos Aires y ese Instituto (folio 10).

c) Mediante oficio de fecha nueve de setiembre de dos mil ocho, el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de T. de Buenos Aires, le comunicó al Coordinador del Área Social del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), que en la reunión del treinta de agosto de dos mil ocho, se acordó condenar la presencia del Instituto Costarricense de Electricidad y demandar la inmediata desocupación de sus territorios (folio 11).

d) Por cierto número PHED-78100-0051-2009 del dieciocho de mil nueve, el Director del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, le remitió al Presidente de la Asociación Desarrollo Indígena T., el informe de evaluación de la bomba y pozo de la comunidad de San Antonio de T. (folio 71).

e) Por oficio número PHED-78100-0070-2009 del tres de marzo de dos mil nueve, el Director del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, le solicitó al Presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de T., autorización para realizar una serie de actividades relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (folios 64-65).

II.- Objeto del recurso. El recurrente acusa que el Instituto Costarricense de Electricidad, lesiona el artículo 6 del Convenio Internacional No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, toda vez que no se ha realizado la consulta respectiva a los pueblos correspondiente al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. […]

IV.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, el recurrente acusa lesión al artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989, ya que, el Instituto Costarricense de Electricidad, no le consultó a los habitantes de la Reserva Indígena de T., previo a realizar los estudios para el Proyecto Hidroeléctrico El Díquís. Efectivamente, y con sustento en la normativa internacional esbozada en el considerando anterior, existe un derecho de parte de los pueblos indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Ciertamente la construcción de una Planta Hidroeléctrica es uno de esos temas; sin embargo, es menester analizar si en el caso concreto existía el deber de consultar. En ese sentido, del informe rendido bajo juramento, con las consecuencias incluso penales que prevé el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se colige que actualmente el proyecto en cuestión se encuentra en la primera fase, la de factibilidad, que comprende la preparación de los insumos para la firma consultora que se contratará para el Estudio de Impacto Ambiental, siendo que dicho estudio ni siquiera se ha iniciado. De esta manera, se tiene que aún la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, no esta siquiera definido su desarrollo y efectiva construcción, toda vez que todavía ni siquiera se han solicitado los permisos correspondientes, por cuanto no se ha determinado aún la factibilidad para realizar el mencionado proyecto, ya que si las investigaciones no se llevan a cabo no hay forma de saber si es posible o no, por la geología de lugar, construir una presa. Es así, como esta Sala considera que el presente amparo es prematuro, ya que se está ante un hecho futuro e incierto, por cuanto aún no se sabe con seguridad si se va a realizar o no la construcción en cuestión. […]

En razón de lo anterior, esta Sala estima que la autoridad recurrida ha realizado esfuerzos para acercarse a los habitantes indígenas de la comunidad de T., ello a pesar de que todavía no se ha concretizado de manera definitiva la construcción de la presa. Sin embargo, es menester recordarle a la autoridad recurrida, que en caso de decidirse desarrollo el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberán asegurarle a los pueblos indígenas una efectiva participación en el proceso y en la toma de decisiones” (ver sentencia No. 2009-06045 de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del veintidós de abril del dos mil nueve; el subrayado no es del original).

“III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) Mediante la resolución número 2174-2007-SETENA del 7 de noviembre de 2007 la Secretaría Nacional Ambiental aprobó la propuesta del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, indicando que “a efecto de continuar con el proceso de evaluación ambiental, se le solicita al desarrollador, en el plazo máximo de dos años, contados a partir de la notificación de esta resolución, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental” (véase documento en el folio 48 de las copias del expediente administrativo 0843-07-SETENA)

b) El proyecto de Exploraciones Geológicas en T. cuenta con la viabilidad ambiental, otorgada mediante la resolución No. 1584-2005-SETENA del 1° de julio de 2005. Este proyecto es necesario para la realización de perforaciones, galerías, investigaciones geofísicas del proyecto hidroeléctrico El Diquís, el cual se encuentra en su etapa de evaluación (véase documento en el folio 84 de las copias del expediente administrativo 366-2005- SETENA).

c) El campamento Buenos Aires, diseñado para facilitar la ejecución de la etapa inicial del proyecto hidroeléctrico El Diquís, cuenta con la viabilidad ambiental, conferida por medio de la resolución No. 2634-2007-SETENA del 6 de diciembre de 2007 (véase documento en el folio 39 del expediente). […]

En el mismo orden de ideas, la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental aseguró que el proyecto hidroeléctrico El Diquís está en su etapa de evaluación, las obras que se están ejecutando como la realización de perforaciones, galerías, investigaciones geofísicas, no corresponden a la etapa constructiva del proyecto, sino a la fase de investigación que cuenta, también, con la viabilidad ambiental, otorgada mediante la resolución No. 1584-2005-SETENA del 1° de julio de 2005. Adicionalmente, el campamento Buenos Aires, diseñado para facilitar la ejecución de esta etapa inicial, cuenta con la viabilidad ambiental, conferida por medio de la resolución No. 2634-2007-SETENA del 6 de diciembre de 2007. A partir de lo expuesto, en criterio de esta Sala Constitucional, no se ha lesionado derecho fundamental alguno. En primer lugar, las autoridades recurridas certificaron que la represa no está en construcción. El proyecto está apenas en una de sus fases iniciales. Aunado a esto, el Apoderado General Judicial del Instituto garantizó a este Tribunal que se ha incentivado el diálogo con la población de la localidad y los posibles afectados. Por ello, no se puede concluir que, hasta esta etapa, se hubieran irrespetado los artículos 13 al 19 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo. […]

Por consiguiente, este Tribunal considera que no existe fundamento para variar el criterio vertido en esta sentencia. Por lo tanto, no se constata irrespeto del convenio no. 169 de la organización internacional del trabajo, ya que, como se mencionó, el proyecto está apenas en una de sus fases iniciales, por lo que no se puede concluir que, hasta esta etapa, se hubieran irrespetado el mencionado convenio. […]

Por consiguiente, no se acreditó que los recurridos hayan iniciado obras que dañen el ambiente y la fauna del territorio indígena con este proyecto, ya que, como se mencionó, se encuentra en la fase de estudios de impacto ambiental y técnicos en la cuenca del Río T., por lo que no es la etapa constructiva sino la fase de investigación. Por todo lo anterior, el recurso de amparo resulta prematuro, pues, por el momento no se ha concretado ninguna violación a los derechos fundamentales de los presuntos agraviados” (ver sentencia No. 2010-009536 de las once horas y un minuto del veintiocho de mayo del dos mil diez; el subrayado no es del original).

“Pues bien, lo dicho hasta ahora sirve para indicar que el Poder Ejecutivo no se ha excedido en sus atribuciones y las exenciones que ha otorgado están plenamente amparadas en su obligación de velar porque el país siga un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, basado en formas de producción de energía limpia. Adicionalmente, la declaratoria de conveniencia nacional del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís se encuentra amparada en lo dispuesto en la Ley Forestal y su reglamento, pues, una represa hidroeléctrica es, ciertamente, un proyecto que lo que pretende es la “generación, transmisión y distribución de electricidad”, de tal suerte que, el decreto impugnado daría abrigo a un proyecto que cabe dentro de los supuestos del artículo 19 de la Ley Forestal y el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal. Aunado a esto, debe tomarse en cuenta que el decreto en ningún momento implica la posibilidad de llevar adelante el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sin cumplir los controles ambientales dispuestos por el ordenamiento, pues, como bien lo admiten los informantes en esta acción, el decreto no lo exime de la realización de un estudio de impacto ambiental para la obtención de la respectiva viabilidad ambiental, requisito esencial e indispensable si se desea continuar hasta la materialización del proyecto. En adición, debe hacerse ver que el accionante no enjuicia, de manera concreta, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto ejecutivo 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, debido a que no aporta las razones concretas por las cuales esos tres apartados de ese decreto pueden vaciar de su contenido esencial el artículo 50 Constitucional. […]

Desde esa perspectiva, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto impugnado no resultan contrarios al Derecho de la Constitución, pues se encuentran amparados en una norma legal que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar determinadas acciones, para aligerar el tipo de proyectos ahí contemplados, sin que esto signifique o acarree una desprotección del medio y sin que la autorización se erija como una prerrogativa arbitraria, irrazonable e ilimitada para la destrucción del ambiente o el vaciamiento del contenido mínimo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” (ver sentencia No. 2010-013100 de las catorce horas y cincuenta y siete minutos del cuatro de agosto del dos mil diez; el subrayado no es del original).

“Segundo: Debe quedar claro que sólo es con ocasión de una situación de emergencia o excepción en los términos previstos en el artículo 180 constitucional (“para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción o calamidad pública”) que puede excepcionarse la vinculatoriedad de la normativa ambiental –al igual que el resto del ordenamiento jurídico, como lo consideró este Tribunal en la citada sentencia número 2340-92–. […]

Sin embargo, sí es lo cierto que las normas impugnadas sí prevén un caso en que se puede modificar el destino de los inmuebles particulares sobre los que pese una afectación al patrimonio forestal del Estado, para permitir la construcción de obras de infraestructura de conveniencia social, pero se insiste, no es un régimen de excepción que autorice a las instituciones públicas a contaminar el ambiente, en tanto en aquél no se aplica la normativa ambiental, en cambio en esta excepción sí, en tanto, la decisión debe estar sustentada precisamente en ella. Se trata de inmuebles a los que se les ha impuesto una limitación de evidente interés social, sustentada en la finalidad de la preservación y tutela del ambiente, de ahí la regla general y absoluta de la imposibilidad de su cambio de uso (párrafo primero del artículo 19 y frase primera del primer párrafo del artículo 34 de la Ley Forestal); finalidad que se modifica en aras del interés general de la colectividad nacional. […]

De la lectura del precedente parcialmente transcrito se desprende que la declaratoria de un proyecto u obra como de conveniencia nacional o interés público, al amparo de los artículos 19, inciso b), y 34 de la Ley Forestal, no supone, en forma alguna, eximir a tal proyecto u obra de la aplicación de la normativa ambiental, incluida la obligación de realizar los correspondientes estudios técnicos (artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente) para acreditar la pertinencia del proyecto en la ubicación dispuesta, y el impacto que tales obras tendrán sobre el ambiente, a fin de determinar las medidas compensatorias necesarias para mitigar los efectos negativos. […]

Lo cierto es que la eventual ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís podría tener un impacto ambiental en dicho refugio de vida silvestre. Posible impacto que, evidentemente, no puede ser previamente dilucidado por medio de esta acción de inconstitucionalidad. Para valorar tal aspecto existe el estudio de impacto ambiental exigido por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por lo que se reitera que la mera declaración de conveniencia nacional e interés público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión no supone, en forma alguna, la exoneración del deber de realizar tal estudio. […]

En ese sentido, nuestro legislador, al emitir la Ley Forestal, número 7575, con gran visión, dejó un espacio dentro del artículo 19 de ese cuerpo legal para que el Estado pudiera llevar adelante proyectos que, eventualmente, podrían tener impactos ambientales, como cualquier otra actividad humana, pero que, sopesados con los beneficios sociales, económicos y ambientales, resultaran ser aquellos mucho menores que estos últimos, de tal suerte que fuera beneficioso llevarlos adelante, para lo cual se requeriría que estos sean de conveniencia nacional. […]

Entonces, es claro que esas autorizaciones, otorgadas legalmente al Poder Ejecutivo, lo que pretenden es que este tenga un espacio idóneo para, justamente, poder impulsar un desarrollo ambientalmente sostenible […]

“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.” […]

Conforme con lo expuesto, una gestión sostenible de los recursos implica satisfacer las necesidades de los países, teniendo en consideración los requerimientos de las generaciones presentes y futuras y balanceando tres objetivos principales: ambiental, social y económico. Lo anterior, en aras de invertir las tendencias que amenazan la calidad de vida de los seres humanos y evitar un aumento de los costos para la sociedad. [...]

Velar por la existencia de un vínculo sostenible entre la humanidad y la naturaleza. Incluso, la adopción de políticas sostenibles está basada en la concordancia entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación de los recursos naturales […]

El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. […]

Aunado a esto, debe tomarse en cuenta que el decreto en ningún momento implica la posibilidad de llevar adelante el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sin cumplir los controles ambientales dispuestos por el ordenamiento, pues, como bien lo admiten los informantes en esta acción, el decreto no lo exime de la realización de un estudio de impacto ambiental para la obtención de la respectiva viabilidad ambiental, requisito esencial e indispensable si se desea continuar hasta la materialización del proyecto. […]

La dignidad humana es el centro, la piedra angular, de cualquier Estado de Derecho, por lo que esta y el respeto por la integridad del entorno deben, sin duda, ir de la mano, pues una política ambiental que no tome en cuenta el pleno desarrollo de las personas difícilmente será sostenible, como tampoco lo será un modelo de desarrollo socioeconómico que no se preocupe por el entorno y que sacrifique, a toda costa, la protección del medio […]” (ver sentencia No. 2010-013622 de las quince horas y cuarenta y dos minutos del diecisiete de agosto del dos mil diez; el subrayado no es del original).

De estos antecedentes se desprende una serie de ideas y principios por los cuales la Sala no ha considerado inconstitucional la actuación estatal desplegada en lo que ahí se entendió como la fase inicial del proyecto hidroeléctrico El Diquís.

          V.- SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 34312. Al respecto, esa norma establece lo siguiente: “En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE.”. En relación con ese numeral, la mera declaración de que el proyecto de marras sea de conveniencia nacional, no puede ser considerada como violatoria al derecho a la propiedad cobijado en el artículo 45 constitucional ni contraria al artículo 14 del Convenio 169. En todo caso, el Estado, de previo a la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto, deberá hacer efectivos a los pueblos indígenas interesados los derechos fundamentales que se derivan tanto de su derecho de propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, es decir, la reserva, así como los derechos sobre recursos naturales referidos a tales territorios y los que dispone el convenio 169, lo que implicará -entre otros- el derecho a medidas de compensación o indemnizatorias que en su momento deberán ser determinadas, así como medidas de mitigación y el reparto de beneficios del proyecto de manera proporcionada y razonable, con observancia de lo que indican el artículo 45 de la Constitución y los compromisos del Estado costarricense adquiridos al ratificar el citado Convenio de la OIT. No obstante, tal obligación jurídica no resulta incompatible con la declaratoria de conveniencia nacional e interés público de la obra en mención, que se justifica por la necesidad del país de reducir la dependencia de combustibles fósiles en la producción de electricidad, lo que promueve el derecho constitucional de toda la población a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el derecho de toda la ciudadanía de asegurar una nivel de producción de electricidad óptimo para resguardar el desarrollo económico del país y el abastecimiento de ese bien jurídico fundamental a los habitantes de la República.

          VI. SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 34312. La citada norma dispone lo siguiente:

“Artículo 4º—El ICE dispondrá de mecanismos de información y negociación con las comunidades involucradas en el desarrollo del Proyecto, a efecto de alcanzar los acuerdos que permitan balancear los intereses locales en materia de reconocimiento del arraigo de los habitantes, con los intereses nacionales de abastecimiento energético. Los mecanismos de información y negociación deberán:

a) Contener etapas preclusivas de negociación, de modo que lo acordado en cada etapa no podrá ser sometido a discusión en una etapa posterior y

b) Constituir instrumentos de transparencia, compromiso y participación comunal.

El ICE podrá solicitar asesoría a la Defensoría de los Habitantes y al Programa Estado de la Nación, para la elaboración y ejecución de los mecanismos de información y negociación; los que se consultarán a las Municipalidades de los cantones de Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón, previo a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.”

Al respecto, el accionante estima esa norma inconstitucional porque antes de dictarse, el ICE debió consultar a la ADI de la Reserva Indígena T. con base en el artículo 6 del Convenio 169, que regula lo siguiente:

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

En opinión de la Sala, la norma cuestionada, en el fondo, lo que busca es aplicar el mandato establecido en el artículo 6 del Convenio 169 al caso concreto, toda vez que obliga al ICE a negociar y alcanzar acuerdos y compromisos, así como la participación de la comunidad indígena, es decir, se trata de una disposición tendente a cumplir ese convenio internacional, lo que implica efectuar la consulta extrañada por la accionante. Asimismo, el hecho de que se determinen etapas preclusivas de negociación, de modo que lo acordado en cada fase no pueda ser sometido a discusión en una posterior, resulta razonable, pues de lo contrario se podría caer en tardanzas injustificadas por cualquiera de las partes, en detrimento de la requerida agilidad administrativa que demanda un proyecto de declarada conveniencia nacional e interés público. No obstante, conviene resaltar que cada etapa debe respetar criterios de transparencia, compromiso y participación comunal, de modo que si ello se incumple, no se pueda tener por precluida una fase de negociación. Dicho de otra forma: la transparencia, compromiso y participación comunal, en un ambiente de libertad y buena fe, son condiciones sine qua non para la conclusión de cada fase de la negociación. Al respecto, la buena fe requiere de todas las partes de la consulta, inclusive las partes indígenas y la representación del ICE, que se reconozcan los intereses legítimos relativos al proyecto hidroeléctrico de ambas partes, y que se intente llegar a decisiones consensuadas. Así las cosas, como la norma cuestionada reconoce y promueve el derecho de las poblaciones indígenas a ser consultadas dentro de cánones razonables, no se estima que exista inconstitucionalidad alguna. Ahora bien, el artículo 4 cuestionado solo regula una base mínima para establecer el procedimiento de la consulta, cuyo objetivo debe ser el consentimiento libre, previo e informado de la población T. así como de otras poblaciones indígenas que pudieran verse afectadas de manera directa por el mencionado proyecto hidroeléctrico. Evidentemente, en la definición de dicho procedimiento ninguna de las partes podrá imponer a la otra unilateralmente su criterio más allá de la base establecida en la citada norma y de acuerdo, por supuesto, con lo que dispone el Convenio 169. Lo anterior implica que en un proceso de diálogo libre, constructivo y de buena fe, la representación indígena y el ICE tendrán que definir el procedimiento de la consulta en sí, para cuyo efecto resulta adecuado, tal como lo estipula el artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 34312, contar con asesoría de la Defensoría de los Habitantes y el Programa Estado de la Nación, entre otras instituciones, pues también podrían coadyuvar otras entidades de derecho público o privado, nacionales o internacionales. En concreto, los demás elementos específicos del procedimiento de consulta en sí deberán ser definidos de acuerdo con los pueblos indígenas afectados por el proyecto, entre ellos la comunidad T.. A efectos de desarrollar lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) del Decreto Ejecutivo número 34312, la consulta a los indígenas deberá plantearse de forma tal que estos puedan manifestar su voluntad de manera libre, previa e informada, según dispone el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para cuyo efecto los indígenas deberán tener acceso a los estudios técnicos correspondientes, entre ellos los de factibilidad del proyecto hidroeléctrico ya realizados y los que estén en curso. Esta actitud de apertura a entregar información deberá mantenerla el ICE durante todas las fases del proceso de consulta. Además, el conocimiento informado supone que los pueblos indígenas dispongan del conocimiento y capacidad técnica requerida, para cuyo efecto resulta indispensable que estos cuenten con sus propios asesores expertos en las materias pertinentes; tales consultores serán libre y autónomamente escogidos y contratados por los indígenas pero su costo correrá a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad. Complementariamente, si ambas partes estuviesen de acuerdo, un equipo de expertos independientes y confiables podrían facilitar el proceso de consulta, el cual podría ser auspiciado por el sistema de Naciones Unidas. En todo caso, la consulta deberá ejecutarse en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo antes de la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto. Resulta inconciliable con la buena fe en el proceso de consulta, el hecho de que cualquiera de las partes llegue a adoptar posiciones abiertamente contrarias a reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Ninguna de las partes, en el proceso de consulta, podrá partir del supuesto que impondrá su voluntad a la otra; por el contrario, deberá imperar un ambiente de recíproco respeto y consideración para con los criterios de cada una de ellas. Asimismo, la buena fe demanda que el Instituto Costarricense de Electricidad suspenda toda actividad de investigación o de otra índole que implique operaciones en los territorios indígenas afectados hasta tanto no concluya la consulta estipulada en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 34312.

          VII. SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 34312. Este ordinal regula lo siguiente:

“Artículo 8º—Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los siguientes puntos de polígonos:

Punto Inicio Punto Final

534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N

536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N

530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N

534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N

533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N

532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N

522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N

520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N

518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N

547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N

548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N”

Al respecto, como se indicó supra, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el mencionado artículo refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. El proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción. Establecidos los límites de la Reserva Indígena de T. sobre las hojas topográficas respectivas (véase el mapa confeccionado por ese Instituto a folio 321 de esta acción), en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios en el Decreto número 34312, coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N y 546614 E / 332384 N. Ahora bien, la mera determinación de los mencionados sitios, si bien comprende territorio de la Reserva Indígena de T., no puede catalogarse como contraria al Convenio 169. A efecto de sustentar este criterio, conviene advertir que en la especie no se necesita analizar los problemas de titularidad de la propiedad de una comunidad tribal (que en nuestro caso no se da dado que existe pleno reconocimiento a la propiedad comunal), pero si el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos naturales que repercuten en la forma de vida indígena y su espiritualidad. En este sentido, la Corte Interamericana establece en el caso de los Saramaka (sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2007) que “En virtud de todas las consideraciones mencionadas, la Corte concluye lo siguiente: primero, que los integrantes del pueblo Saramaka tienen el derecho a usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio que ocupan tradicionalmente y que sean necesarios para su supervivencia; segundo, que el Estado puede restringir dicho derecho mediante el otorgamiento de concesiones para exploración y extracción de recursos naturales que se hallan dentro del territorio Saramaka sólo si el Estado garantiza la participación efectiva y los beneficios del pueblo Saramaka, si realiza o supervisa evaluaciones previas de impacto ambiental o social y si implementa medidas y mecanismos adecuados a fin de asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor a las tierras tradicionales Saramaka y a sus recursos naturales, y por último, que las concesiones ya otorgadas por el Estado no cumplieron con estas garantías. ”. (Parr. 159 Sentencia del 28 de noviembre de 2007 Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam). Es claro, que en el caso que analizó la Corte muchas de estas violaciones se consumaron, situación que no es el caso, pues se está en las etapas previas de análisis y de consulta al pueblo indígena. En efecto, contrario al caso Saramaka, en este asunto, la norma impugnada se dictó en un periodo que corresponde a la fase inicial de investigación, por lo que en ese momento no resultaba razonable formular la consulta aludida en el artículo 6 del Convenio 169, pues para ello se requería, como presupuesto lógico jurídico, mayor claridad y precisión en el proyecto por realizar, lo que serviría de base para el inicio de las negociaciones. Lo anterior confirma la línea jurisprudencial seguida por esta Sala en los votos números 2010-009536 de las 11:01 horas del 28 de mayo de 2010 y 2008-014549 de las 14:24 horas del 26 de setiembre de 2008, en los que no se constató irrespeto alguno al Convenio 169 de la OIT, ya que como ahí se dijo, el proyecto de marras estaba en etapa de estudio e investigación. En todo caso, obsérvese que esta forma de resolver según el criterio de la mayoría del Tribunal, corresponde a la doctrina jurisprudencial usualmente aplicada en materia de derecho constitucional de propiedad, porque la sola indicación hecha por el Estado respecto de determinado inmueble que podría ser necesario para la realización de una obra de interés público, no implica por sí misma, la violación de ese derecho. Con base en lo expuesto, el artículo 8º del Decreto Ejecutivo número 34312 resulta constitucional, porque los sitios ahí señalados, aunque concuerden con la reserva de la accionante, solamente eran referencias al momento en que la norma fue dictada. Sin embargo, al momento actual, es público y notorio que aquella fase primaria ya precluyó, de manera que la evolución de los acontecimientos implica un cambio de circunstancias significativo, que, efectivamente, podría derivar en una inconstitucionalidad sobrevenida de la norma cuestionada de no hacerse la consulta a los pueblos indígenas afectados, como se ordena en este pronunciamiento. En tal sentido, esta Sala advierte el criterio emitido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, fechado 30 de mayo de 2011, quien, por un lado, considera que “debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos” pero por el otro estima “No obstante, el Relator Especial considera que es posible remediar la falta de participación indígena previa a la elaboración del proyecto, si en la actualidad se iniciara un proceso de consulta adecuado de acuerdo a las normas internacionales y con algunas características para atender a los desafíos particulares que se han presentado en este caso.” Conteste con tal criterio, la constitucionalidad de la norma se preserva, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo ello conforme a los requerimientos descritos en el considerando anterior.

          VIII. CONCLUSIÓN. De conformidad con lo expuesto corresponde desestimar la acción, aunque la consulta prevista en el artículo 4 del Decreto impugnado deberá realizarse sin demora, dentro del plazo fijado en la parte dispositiva de este pronunciamiento. Los Magistrados Calzada, Jinesta y Cruz salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad, únicamente, contra el artículo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de la Reserva Indígena de T. de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la comunidad indígena. El Magistrado Cruz pone nota.

Por tanto:

Se declara sin lugar la acción respecto de los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo número 34312. Por mayoría, se interpreta conforme a la Constitución el numeral 8 del Decreto Ejecutivo número 34312, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento. Los Magistrados Calzada, Jinesta y Cruz salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad, únicamente, contra el artículo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de la Reserva Indígena de T. de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la comunidad indígena. El Magistrado Cruz pone nota.

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

 

Luis Paulino Mora M.                                                              Gilbert Armijo S.

 

 

 

 

 

Ernesto Jinesta L.                                                                    Fernando Cruz C.

 

 

 

 

 

Fernando Castillo V.                                                                Paul Rueda L.

 

 

 

VOTO SALVADO

DE LA MAGISTRADA CALZADA Y

 DE LOS  MAGISTRADOS JINESTA Y CRUZ

 

 

          La Magistrada Calzada y los Magistrados Jinesta y Cruz, salvan el voto y declaran parcialmente la acción de inconstitucionalidad, únicamente, contra el articulo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de la Reserva Indígena de T. de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la comunidad indígena, por las siguientes razones:

 

 

Redacta el Magistrado Jinesta; y

CONSIDERANDO:

 

I.- TRASLAPE DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EN CIERTOS PUNTOS DE LA RESERVA INDÍGENA, SU AFECTACIÓN, POR INUNDACIÓN, EN UN 6% DE SU EXTENSIÓN Y MEDIOS DE PRUEBA TÉCNICOS. El artículo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, delimitó el área del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, concretamente, las áreas de explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. Los derroteros y área del proyecto fueron establecidos en el Decreto con fundamento en hojas Topográficas del Instituto Geográfico Nacional. Empero, en el expediente obra prueba contundente aportada por los órganos técnicos en el sentido que el área del proyecto se traslapa con parte de la Reserva Indígena de T. de Buenos Aires. Así, a folios 318-320 del Tomo II del expediente judicial, consta el oficio No. DEGEO-095-08 de 1° de agosto de 2008, donde el Departamento de Geografía del Instituto Geográfico Nacional, señala, de manera concluyente, lo siguiente: “Establecidos los límites de la Reserva Indígena de T. sobre las hojas topográficas respectivas, en asocio y ubicación de los sitios que forman parte del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, se concluye que existen tres sitios (puntos) de dicho Proyecto que son coincidentes con el área de la Reserva”  (folio 320 Tomo II del expediente judicial, el resaltado no es del original).  El Instituto Geográfico Nacional aportó, como parte del oficio referido anteriormente, una hoja cartográfica (visible a folio 321 del Tomo II del expediente judicial) donde se aprecian, claramente, los tres puntos en rojo donde existe un traslape entre la Reserva Indígena y el Proyecto Hidroeléctrico, que aunque se encuentren en la zona limítrofe de las dos áreas, coinciden con el área de reserva. En igual sentido se pronunció la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas que mediante oficio CEDET-047-2008 de 4 de agosto de 2008, le hizo ver a la Procuradora Adjunta que “Según puntos de coordenadas dadas en el decreto No. 34312 Artículo 8° Se (sic) localiza tres puntos de estos dentro de la reserva indígena de T.” (visible a folio 322 Tomo II expediente judicial). Por su parte, el Coordinador General del Departamento Catastral Registral del Catastro Nacional, mediante oficio CR-094-2008 de 6 de agosto de 2008 (visible a folios 324-325 Tomo II expediente judicial), concluyó, categóricamente, lo siguiente: “Con vista a la información (sic) suministrada, se ha podido determinar, en forma aproximada, que el área de la Reserva Indígena T. se ve afectada en un 6% de su área total por el área de explotación (inundación), del P. H. El Diquís” (el destacado no es del original). En la ocho láminas que aportó el Departamento Catastra Registral, visibles a folios 326-333 del Tomo II del expediente judicial, se aprecia en color azul, con suficiente claridad gráfica, el área de la reserva indígena que será inundada y afectada por el Proyecto Hidroeléctrico. Es así como, en criterio de los Magistrados de la minoría, quedó plena, idónea y fehacientemente acreditado que la reserva indígena es cubierta en tres puntos por el área del Proyecto Hidroeléctrico y que será, significativa y seriamente, afectada al inundarse, como parte del proyecto, un 6% de su área total.

II.- DERECHO DE PARTICIPACIÓN PREVIO Y EFECTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, IRREDUCTIBILIDAD DE LOS TERRENOS DE RESERVA INDÍGENA Y ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. Los Magistrados de la minoría entendemos que cuando un proyecto afecta puntos de una reserva indígena, impacta terrenos de ésta o los reduce, es menester, ineluctablemente, darle participación previa y efectiva a las comunidades indígenas para que se les suministre toda la información necesaria y puedan formular las observaciones y objeciones que estimen pertinentes. En tal sentido, el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, estatuye lo siguiente:

 

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativa o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

 

Como se desprende de esta norma del Derecho internacional público de los Derechos Humanos, la consulta debe ser previa o anterior (ex ante) a la adopción de una medida administrativa como lo es, en la especie, la emisión de un decreto ejecutivo que declara de conveniencia nacional e interés público un proyecto hidroeléctrico, que lo delimita, traslapándose en tres puntos sobre la reserva indígena –aunque sea en la zona limítrofe entre la reserva y el proyecto hidroeléctrico-  y la afecta por la inundación de un 6% de su área. Empero, no sucedió de esta forma, de manera que estimamos se ha quebrantado, palmariamente, el Derecho internacional de los Derechos Humanos, en particular, el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, que protegen, tutelan y aseguran a las comunidades indígenas su derecho de participación previo y efectivo. La postura de la mayoría de este Tribunal Constitucional no resulta congruente con lo establecido en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas citada, por cuanto, la consulta debe ser, ineluctablemente, previa y no posterior o ex post. De otra parte, existe consenso en el Derecho de protección de las comunidades indígenas, que los terrenos destinados a reservas, no pueden ser disminuidos o diezmados por varias razones tales como el vínculo ancestral y espiritual que mantienen estos pueblos con la tierra como parte de su cosmovisión, el régimen de propiedad comunal o colectiva que los caracteriza, así como la circunstancia histórica que desde la conquista española han sufrido toda clase de vejámenes, discriminaciones y marginación, ya que, después de ser los pobladores autóctonos y originarios del continente americano, han sido, progresivamente, reducidos a terrenos relativamente pequeños y acotados cuyas dimensiones, extensión y características debe evitarse, a toda costa, que sean mermados por el designio de personas y comunidades que son ajenas a las tradiciones y costumbres milenarias de las etnias indígenas. Sobre este particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 10° prescribe lo siguiente:

 

“Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, siempre que sea posible, la opción del regreso”.

Varios preceptos de la Declaración de Naciones Unidas de 2007, insisten sobre la integridad de los territorios y el derecho a las tierras de las comunidades indígenas, así el artículo 26, párrafos 1° y 2°, proclaman el derecho que tienen sobre las tierras, territorios y recursos que, tradicionalmente, han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Por su parte, el numeral 28 estatuye el derecho de las comunidades indígenas a obtener reparación, mediante la restitución o una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado y que hayan sido “tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado” (párrafo 1°). El párrafo 2° de ese mismo precepto dispone que “Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada”. Estas normas de ius cogens, no han sido respetadas en el presente asunto, por cuanto, pese a que el área del proyecto hidroeléctrico se traslapa en, por lo menos, tres puntos con la reserva indígena y, adicionalmente, se verá seriamente afectada por la inundación futura de un 6% de su extensión, no se le ha consultado previamente a las comunidades indígenas, como tampoco se les ha ofrecido las medidas compensatorias o de reparación pertinentes. No cabe la menor duda que las comunidades indígenas, por tratarse de un grupo en desventaja, son acreedoras de acciones afirmativas, por la discriminación, despojo o destrucción de su cultura, proceso forzado de transculturación  –rayano en la aculturación- al que se han sometido injustamente y el dramático desarraigo y desplazamiento coactivo que han sufrido desde tiempos de la trágica conquista española; tales acciones afirmativas, demandan de los poderes públicos, el respeto de sus tradiciones y costumbres ancestrales y, desde luego, de sus derechos históricos y humanos. Como parte esencial de tales derechos de las comunidades indígenas, decantados por el Convenio No. 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra la participación efectiva y previa que debe brindárseles cuando un proyecto afecta sus reservas o se pretende, directa o colateralmente, disminuirlas, para que pueden manifestar su libre, previo e informado consentimiento o rechazo. La observancia de tales derechos se echa de menos en el presente asunto, al delimitarse, por vía de decreto ejecutivo, el área de un proyecto hidroeléctrico, cuya importancia nacional y para el desarrollo está fuera de discusión, pero que, según abundante y concordante prueba técnica afecta una reserva indígena. Todo lo anterior, impone declarar inconstitucional el artículo 8° del Decreto Ejecutivo impugnado, para que, se rectifique el área del proyecto hidroeléctrico de tal manera que no afecte la reserva indígena y menos aún reduzca su territorio o extensión o bien para que, previa consulta y consentimiento libre, expreso e informado de la comunidad indígena, ésta determine los alcances de su afectación, en el ejercicio de su libre autodeterminación, con las consecuentes compensaciones o indemnizaciones.   

 

 

 

Ana Virginia Calzada

 

 

 

Ernesto Jinesta                                           Fernando Cruz 

 

 

 

 

 

Acción Inconstitucionalidad 08-009215-0007-CO

 

Nota del magistrado Cruz Castro:

 

          En el voto de minoría se establece la inconstitucionalidad del artículo ocho del Decreto Ejecutivo impugnado, para que se rectifique el área del proyecto hidroeléctrico, para que no afecte la reserva indígena y menos aún reduzca su territorio o extensión o bien para que, previa consulta y consentimiento libre, expreso e informado, la comunidad indígena determine los alcances de su afectación, en el ejercicio de su libre autodeterminación, con las consecuentes compensaciones o indemnizaciones. Esta decisión de la minoría permite derivar las siguientes consecuencias: a- La consulta previa  no es una simple formalidad, es la expresión de un procedimiento de vocación democrática,  que también puede tener consecuencias prácticas, porque al escuchar a la comunidad afectada, ésta puede sugerir soluciones alternativas, sin afectar el contenido esencial del acuerdo. El diálogo entre quien representa el interés público y los representantes de la comunidad, permite encontrar soluciones que le dan legitimidad a la decisión de la institución estatal que afecta la reserva indígena; b- La consulta, al igual que cualquier consulta a la ciudadanía, debe responder a un equilibrio en la información que asegure un consentimiento informado efectivo. Se excluyen las informaciones sesgadas o que no asegure a los ciudadanos que participan en la consulta, estar en igualdad de condiciones para cuestionar y evaluar los argumentos de la institución estatal que impulsa el proyecto.   

 

 

Fernando Cruz Castro

Magistrado

 

  

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-02-2026 16:22:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Great
Normal
Small
Constitutional Chamber

Resolution No. 12975 - 2011

Date of Resolution: September 23, 2011 at 14:30

Case File: 08-009215-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Type of Matter: Unconstitutionality Action

Constitutional Review: Dismissive Judgment

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Relevance Indicators

Relevant Judgment

Related Judgments

Judgment with protected data, in accordance with current regulations



Content of Interest:

Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 3. CONSTITUTIONAL REVIEW MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

Topic: UNCONSTITUTIONALITY ACTION

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

12975-11. INDIGENOUS RESERVE. FAILURE TO CONSULT INDIGENOUS PEOPLES REGARDING THE LOCATION OF A HYDROELECTRIC PROJECT. Articles 1, 4, and 8 of Executive Decree number 34312-MP-MINAE of February 6, 2008. Declares the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, to be of National Convenience and Public Interest, which shall be constructed by the Instituto Costarricense de Electricidad

Text of the resolution
*080092150007CO*

*080092150007CO*

Exp: 08-009215-0007-CO

Res. No. 2011012975

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and thirty minutes of September twenty-third, two thousand eleven.

Unconstitutionality action brought by J.G.R., known as G.G.R., of legal age, married once, community leader, bearer of identity card number 0000000, resident of the T. indigenous reserve of Buenos Aires de Puntarenas; in his capacity as judicial and extrajudicial representative of ASOC.D.I.R.I.T., against Articles 1, 4, and 8 of Executive Decree number 34312-MP-MINAE of February 6, 2008.-

Whereas:

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at ten hours twenty-three minutes of June 25, 2008, the petitioner requests that Articles 1, 4, and 8 of Executive Decree number 34312-MP-MINAE of February 6, 2008 be declared unconstitutional.- He alleges that the challenged decree violates the right to private property, since the areas within which the project will be executed are mostly located in areas declared indigenous reserves. He indicates that in accordance with Article 14 of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, indigenous peoples, after the government fulfills its obligation to determine and delimit their lands, have the full right to be guaranteed effective protection of those areas, recognizing and respecting their right to property. He alleges that without observance of their property rights, enshrined in the second paragraph of Article 2 of the Ley Indígena, the challenged decree affects approximately seven hundred hectares of their territory, thus contravening not only the provisions of Article 14 of Convention 169, but also Article 45 of the Political Constitution. He points out that in this case, as it concerns aspects guaranteed or regulated by ILO Convention 169, which imply the adoption of legislative or administrative measures that will affect an indigenous people, there must be a mandatory prior consultation with the affected peoples through their representative institutions, and these consultations must be carried out in good faith and in a manner that achieves consent regarding the proposed measures; by not carrying out said consultation, Articles 4(2); 5(c); 6(a), (b), and (c); 7(2) and (3); 15(2); and 16(2) of the ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples were violated. They allege that the governmental action, deliberately failing to first obtain their opinion, implies a clear violation of their rights, since these are violated by reducing their activity to participating belatedly in "post mortem" arrangements, because they do not allow their participation, except in a limited and improper manner, after the decision has been made to execute the initial acts of the project and then continue without valuing their opinion.

2.- In order to substantiate the standing he holds to bring this unconstitutionality action, he indicates that in accordance with Article 1 of Executive Decree No. 13568-C-G, related to Article 3 of Executive Decree No. 8487-G and the first paragraph of Article 2 of the Ley Indígena No. 6172, his organization represents and defends the diffuse interests and rights of the indigenous community of T.

3.- By resolution of eight hours thirty minutes of July seventeen, two thousand eight (visible on folio 92 of the case file), the action was admitted to seek a declaration that Articles 1, 4, and 8 of Executive Decree number 34312-MP-MINAE of February 6, 2008 are unconstitutional, considering them contrary to Articles 45 of the Political Constitution and 14 of ILO Convention 169, granting a hearing to the Procuraduría General de la República and the Executive President of the Instituto Costarricense de Electricidad.

4.- The Procuraduría General de la República rendered its report, visible on folios 302-317. It indicates that indigenous reserves constitute a regime of collective private property, exclusive to the indigenous communities that inhabit them, registered in the Public Property Registry in the name of the Asociación de Desarrollo Integral that represents them (see the registry certifications attached to the action); inalienable or non-transferable to non-indigenous people, against whom they are protected in case of invasions; imprescriptible, and their boundaries cannot be varied by reducing the surface area, except by express law. (Ley Indígena, Arts. 1, 2, 3, 4, 5; 3, 5, and 10 of its Reglamento, Decree 8487). Internally, preserving the community title, the Asociación de Desarrollo Integral assigns individual possession or use of the land among the aborigines or ethnic family groups, in accordance with their needs. The challenged Decree indicates, in Considerando IX, that the Ley Forestal (Articles 19(b) and 34) prohibits land-use change (cambio de uso del suelo) and the felling of trees in protection areas, except for state or private projects that the Executive Branch declares of National Convenience (Considerando IX). Article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788, reformed Article 3(m) of the Ley Forestal, and defines activities of national convenience as those carried out by "the centralized dependencies of the State, the autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs. The balance shall be made through appropriate instruments." As such, the Reglamento to the Ley Forestal, Executive Decree 25721-MINAE, catalogs projects of "generation, transmission, and distribution of electricity" and others of a similar nature as determined by MINAE according to the country's needs. In accordance with the foregoing, Article 1 of Decree 34312-MP-MINAE declares the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, which shall be constructed by the Instituto Costarricense de Electricidad, to be of national convenience and public interest. The declaration aims to enable the felling of trees necessary for the development of the Project, but does not specify the sector where it will materialize. In itself, it does not affect the T. Indigenous Reserve, nor does it injure its property right. Consequently, said Article 1 does not infringe upon Article 45 of the Constitution, nor Article 14 of ILO Convention 169. The question then shifts to what is regulated regarding the places of execution of the works. Because they are technical aspects beyond our knowledge, we requested from the Instituto Geográfico Nacional (I.G.N), the Catastro Nacional, and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Department of Territorial Studies, a study that would correlate, on segments of the respective Cartographic Sheets, the aforementioned data with the area of the T. Indigenous Reserve, according to the delimitation made by Decree 22203/1993, Article 5, to determine if the Project covers its territory. The following is deduced from the studies: a) The flat coordinate points described by Article 8 of Decree 34312/2008 detail sites for the exploitation of materials in riverbeds that form the boundaries of the Reserve, without specifying their dimensions. That is, they do not allow the drawing of a polygonal figure. b) There are three coincident points between the Project and the Reserve. They are located on the Río General and marked in red in the IGN and CONAI study. They are: 536 000 E / 337 875 N, 547 052 E / 334 121 N, and 546 614 E / 332 384 N. Depending on whether that river is considered part of the Reserve – as the IGN and CONAI do – or not, the points would lie inside or outside of it. For the Procuraduría, a thesis already held in opinion C-395-2003, rivers are national goods of public domain (Articles 1(IV) of the Water Law and 50 of the Organic Environmental Law), and maintain that condition even if located in areas of Indigenous Reserves, as do public roads (General Public Roads Law, Articles 1 and 4). In other words, although an Indigenous Reserve may materially incorporate a river, legally the river does not lose its public domain character. The same would occur with those enclosed by a private property registered under the possessory information procedure. (Articles 19(b) of the Law of Possessory Information and 72 of the Water Law). This Advisory Body disagrees with both criteria in that they annex areas of the Río General to the T. Indigenous Reserve, considering that it does not form part of it. For Decree 22203, Article 5, to encompass it, illicitly, it should have clarified that it continued along the corresponding bank of the Río General that comprised it. The Catastro Nacional, lacking the demarcation and limits of the El Diquís Hydroelectric Project, requested a report from the entity in charge of it regarding the area it covers. Based on the data, it provided a digital image, and the montage done by the Section of Digital Cartography and Cadastral Studies concludes that: a) The probable location and exploitation of that Project is established from the 300-meter contour line, on the Río General. b) The approximate flood (inundación) area (in royal blue) that will affect the T. Indigenous Reserve (a.t.) is six percent. c) It is technically impossible to determine with certainty and exactitude whether the terms of Article 9 of Decree 34312 overlap indigenous lands. To answer the hearing, the possible flood area of the Project is disregarded, as it is eventual and unrelated to the norms being challenged as unconstitutional. Thus, Article 8 of Decree 34312 does not contravene Article 45 of the Constitution and Article 14 of ILO Convention 169, since the exploitation sites it details are external to the T. Indigenous Reserve. Ruling 08-11743 of the CONSTITUTIONAL CHAMBER addresses information regarding the area of influence of the Hydroelectric Project, which it qualified as being of public interest. The CONSTITUTIONAL CHAMBER, as recorded in rulings numbers 3003-92, recital 8; 3515-97, recitals V and VI; 3886-97, 2000-8019, 2000-10075, 2002-2623, 2002-3468, 2003-3485, 2004-9931, 2005-6856, 2007-5249, 2007-16213, 2007-17191, 2007-18597, has ruled on several occasions regarding the duty to consult indigenous peoples provided for in ILO Convention 169, addressing different facets: special protection regime, fundamental right, representative institutions, mandatory nature and purpose, areas in which the measures may have an impact, timing of the consultation, transparency and good faith, effects of its omission, etc. In any case, from the literal wording of the challenged articles, and in particular Article 4, it does not appear that the El Diquís Hydroelectric Project will have a direct impact or diminish the territory and assets of the T. Indigenous Reserve, or the culture, interests, and quality of life of its inhabitants. Hence, there would be no violation of the international norms invoked regarding the consultation formality.

5.- Ms. Adriana Jiménez Calderón answers the granted hearing on folios 93-139, in her capacity as General Judicial Attorney-in-Fact without limit of sum for the Instituto Costarricense de Electricidad, and states that it is not true that the petitioner has standing to bring a direct action in the unconstitutionality action procedure for the defense of diffuse interests. Together with the different communities, a process is carried out to achieve not only the application of the norms but also the compilation of the real needs that affect them, which would cover beyond what is seen through the simple application of the legal system. The El Diquís Hydroelectric Project has tried to establish a relationship with the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de T.; openness has not been found on the part of this group. At the current stage, no formal consultation has been carried out because the project is still conducting feasibility phase studies. What the petitioner interprets as unconstitutional is the conduct of the ICE, not the form or substance of the challenged Decree. The state institution is dedicated to the development of a project that provides well-being to the population. In Costa Rica, the largest contribution of electricity is provided by the ICE through generating plants, among which are hydroelectric plants. It indicates that there is a strategy for the next 15 years, which has been called "Vision 2021" and constitutes a comprehensive planning effort aimed at determining the set of actions and projects to guarantee the satisfaction of national electricity demand through the predominant use of renewable energy sources. It seeks to reduce dependence on imported fuels, make better use of the country's renewable energy sources, and reach the production of 100% of the country's electricity from renewable energy sources. The ICE has a clear and defined policy for its socio-environmental management, both at the institutional and sector levels. The ICE's environmental policy was approved by the Board of Directors in session number 5388 of March 19, 2002, and in session No. 5486 of February 11, 2003. Since 1997, the Electricity Sector issued a series of general environmental guidelines for the study, construction, operation, and maintenance stages of all works, which were reviewed and reaffirmed in 2002. Among all this, a harmonious relationship with the communities surrounding its works and evidently respect for ethnic diversity are considered of great importance. The strategy that the ICE promotes to supply electricity until the year 2021 is the construction of hydroelectric plants: El Diquís, Reventazón, Savegre, and Pacuare projects. The generation of electricity through the renewable sources it possesses is essential for the country. Executive Decree No. 26728-MP-MINAE declares electricity generation, transmission, and distribution projects to be of public interest, and No. 33619-MP-MINAE declares the expansion plans of the ICE and its companies, in the Electricity and Telecommunications Sectors, to be of national convenience and public interest. The El Diquís Hydroelectric Project is part of the Plan Siglo XXI promoted by the Government of the Republic and is within the ICE's expansion plans, the largest hydroelectric generation alternative for Costa Rica of all time, of great importance for the country, but also for the benefit it will bring to the entire Southern Region with the promotion of local development that will be enhanced through infrastructure improvements. Given the current energy crisis, declared a national emergency in 2007, the project requires an additional boost, making its construction a national priority; if it is not carried out, one would have to think of energy generated with fossil fuels. Hence, Decree No. 34312-MP-MINAE of February 13, 2008, in its first article, declares the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works to be of national convenience and public interest. It will use the waters of the Río General that run through the cantons of Buenos Aires, Osa, and Pérez Zeledón, which forms part of the Electric Generation Expansion Plan. It is important to highlight that hydroelectric projects, such as El Diquís, have different phases. Currently, it is in the first phase, which includes the preparation of inputs for the consulting firm that will be contracted to prepare the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA); this stage concludes with the submission of said study to the Secretaría Técnica Nacional. Once environmental viability is obtained, another phase begins: the execution of the project, and the final phase is the operation of the project. The project is conducting feasibility phase studies, and it is clarified that the environmental impact assessment has not even begun. Work is underway to finalize physical environment studies (geology, geophysics, hydrology, etc.) required as input for the design of the works, as well as the collection of biotic, physical, and socioeconomic information that will be used as technical support for preparing the EIA (EsIA). Information is being collected about the project and its implications for the communities directly linked to the project, with special emphasis on those located in territories that will be flooded (inundados). The purpose of any style of public administration must be the achievement of maximum efficiency for collective well-being. The primary objective of the process is to establish base instruments and tools that frame the relationship between the ICE and the communities to effectively address participation, consultation, and negotiation processes in a manner that guarantees the rights and duties of the parties, in an atmosphere of trust, transparency, collaboration, and mutual respect. To date, the ICE has maintained a relationship with the communities characterized by mutual respect. The purpose of proposing to the community a joint process of project development and community social development is to establish regulations between the parties that allow defining clear procedures that provide consistency to the relationship between the ICE and the communities surrounding the El Diquís Project. It is about establishing the specific structure of the process to implement dialogue, so that situations can be clarified and guidelines to be followed by the parties can be established, understanding each stage of the project, and it will be this that sets the guideline for what, for example, the institution can or cannot do, is or is not obligated to do or give. This process is the basis for giving content to the proposals for participation, consultation, and negotiation, and ensuring they transform into actions that benefit the entire community; thus, it is clear that the inclusion of the community in the process is of utmost importance, not only because the law so designates, but so that they make the project a component of their engine for development, with their own vision, not an external one. The report details the different phases of the proposal for participation between the ICE and the communities (folios 112 ff). The Social Area team of the Environmental Management Unit of the El Diquís Hydroelectric Project has been holding meetings with all the organized groups of the T. community. These groups are: The Asociación de Desarrollo Indígena de T. (ADIT), Ruta de las Aves, Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas Teribes (ASODINT), Consejo Indígena T., Rincón Ecológico, Asociación para la Defensa de los Habitantes de la Cultura Indígena (ASODEACUI), Nasö Lokes (Youth Groups). Also included are the set of specific organizations such as Committees, Boards, and the Patronato. Additionally, contact is maintained with the administrative structures of the High School and the Schools of the Indigenous Territory. There is an instance that the indigenous people have called the Frente de Lucha, which we have contacted and maintained communication with its leadership; some of the representatives of the mentioned civil groups are affiliated with this instance. For its part, the Asociación Regional Aborigen del Valle del Diquís (ARADIKES) is implementing a project, with support from IUCN, where they have managed to establish a kind of liaison focus group in each indigenous territory of the canton, called the Comisión de Enlace, but ADIT is not included. It adds that there are conflicting positions between the Frente de Lucha and the groups of indigenous affiliates, those who reject the Hydroelectric Project, and those who maintain a strategy of rapprochement with the PHED authorities and are interested in reaching agreements to improve the territory's image in terms of development and opportunities for the indigenous population. A process of information on the progress of commitments undertaken by the PHED is maintained with ADIT. Much of the information required to know in depth the indigenous communities of the Direct Influence Area and the Indirect Influence Area and to fill existing information gaps will be obtained through research. Some of this research will be the responsibility of the social area of the Environmental Management Unit, while others will be conducted through external contracting. With these approaches, it is expected to cover all the very precise socioeconomic and cultural information that has not yet been compiled and that is also not found in the existing secondary sources. The research that the social area has planned is directed at communities within the Direct Influence Area, that is, the indigenous communities addressed are T. and China Kichá, which would have direct impact on their territory. Specifically, three investigations are planned within the social area, some of which are currently underway and others are scheduled to begin this year and end the coming year. Consequently, the socioeconomic census, socio-political mapping, and ethnographic study will be carried out. Through complementary consultancies, the aim is to establish the socioeconomic and cultural characterization of the Río Grande de T. Basin for the El Diquís Hydroelectric Project (PHED), and an epidemiological study in the Project's Direct Influence Area, the socioeconomic characterization of the communities located in the "downstream" sector, organizational strengthening and alternative mechanisms for resolving socio-environmental conflicts in the communities of the Project's influence area, socio-productive systems and natural resource management in the direct and indirect influence areas, determination of the regional-local institutional potential around the Hydroelectric Project, and the launch of an inter-institutional coordination and cooperation body. Agreements have been reached with the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de T., among them, in a first phase, the ballasting of the road to the High School and placement of culverts for water crossings; likewise, from the entrance to T., and T.-Bijagual, with the improvement of the road surface and drainage, without including placement of ballast or culverts for water crossings (11.9 km), and the same with T. – San Antonio (6.2 Km). In a second phase, the placement of ballast on 40% of its length and placement of culverts for water crossings between T. – Bijagual and T. – San Antonio. Also, leveling for the High School grounds with 800 square meters, employment demand, improvement of electrical services, among others. Regarding the alleged facts, it deems that although it is demonstrated that the Asociación de Desarrollo Integral of the T. de Buenos Aires Indigenous Reserve is the judicial representative of the reserve, the allegations are not admissible through the unconstitutionality action procedure, but rather through the amparo remedy. It considers that it does not have standing to file the lawsuit based on a diffuse interest; it must meet a dual nature: in the case of certain values (environment, defense of historical values, electoral, etc.), standing corresponds to the human being as such, since the injury is suffered by both the community and the individual. After transcribing the articles challenged in the action, it is indicated that numeral 4 of the Decree establishes the working method carried out by the El Diquís Hydroelectric Project, which is not only faithful in compliance with internal policies but also with national and international legislation. The country's ethnic communities have undergone historical processes that cause distrust of State institutions, feeling that decisions on local development have been made that injure or do not take into account their identity and cultural values. The ICE has been conducting studies in the basin since the 1960s, and yet no project has materialized. One of the current challenges of the hydroelectric project is to build relationships of trust, but this cannot be done without the help of the different groups and visions, which must guide what actions to execute so that their ideas are not excluded and that they weigh in the project's decision-making. How to do it must be a decision of the different local organizations, often with antagonistic ideas and visions. The El Diquís Hydroelectric Project has tried to establish a relationship with the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de T., but openness on the part of this group has not been found. Even before a complaint filed with the Defensoría de los Habitantes, a space for concertation was requested to achieve a rapprochement with the indigenous community of T.. The Chamber, in the amparo remedy No. 04-12966-0007-CO filed by indigenous people who do not represent the Association, even though it ruled in favor of the Association, the investigations were halted to try to achieve consensus with the community and were resumed in 2007. If the investigations are not carried out, there is simply no way to know whether it is possible or not, due to the geology of the site, to build a dam. On June 9, 2007, during the celebration of an Ordinary Assembly of Members, the ICE delivered a letter of commitments to G.G.R., president of the ADI of T.. The commitments contemplated therein have been scheduled according to the times and budgets available to the ICE for their fulfillment. To date, the signed agreement was never returned; even so, the ICE fulfilled its commitments and continued the work agreed upon in said document. What is currently being discussed with the indigenous population of T., not associated with ADIT, is the effective mechanism for social concertation in order to resolve the start-up of the indigenous participation and representation mechanism. One of the mechanisms gaining strength is the establishment of a liaison body with ICE authorities (a type of indigenous liaison commission) where the contribution of organizations such as the Asociación Regional Aborigen del Valle del Diques (ARADIQUES), with recent experience in popular consultation and adaptation of support instruments for indigenous participation, is valued. Regarding the violation of the right to property, the results of the studies carried out to date have determined that approximately 74 hectares in the China Kichá indigenous reserve and 653 hectares of the T. indigenous reserve would be flooded (inundar). In total, approximately 727 hectares would be flooded, which represents around 12.6% of the total land flooded by the project, 7.5% of the total T. indigenous territory, and 5.7% of the total China Kichá territory. The project is not mostly located in areas declared indigenous reserves. Even though the T. indigenous community holds the property title to the lands within the limits of the reserve, it does not possess the real use, enjoyment, and benefit. Both are among the communities with the least territory in the hands of indigenous people and with the smallest amounts of land conserved as forest cover (cobertura boscosa). The occupation of the territories is a problem that worsens daily. Now they are not only occupied by people classified as good faith possessors but also by other people who are not in compliance with the law, with the aggravating factor that their number has grown and continues to grow. Although the government, through the responsible institutions, has made small advances, they are not sufficient to provide a comprehensive solution to all the involved parties, and it is not foreseeable, even in the medium term, that the State can provide an effective response to the problem. Within the institution of property, concepts like agrarian property, horizontal property, and conjugal property are discussed, but the figure of "collective private property" is not a concept regulated or developed as such within our legal system, which means it gives space to multiple interpretations, which undoubtedly causes confusion; the "Indigenous Reserves" were created, but not their patrimonial regime.

Regarding the sites contained in Article 8 of the decree, preliminarily and due to the volumes of material that the project requires, both for civil works such as the dam, water intake, etc., and for road repair, and anticipating later speculation regarding the sale of material or concessions to ICE, some points of possible extraction sites were preliminarily selected. This process belongs to the later execution stage of the project. Therefore, the violation that the plaintiff alludes to has no basis whatsoever, nor is it demonstrable on his part. It should be noted that the boundaries of the T. Reserve to which allusion is made are not so current, and not due to any action by ICE, but rather due to the topographic surveys carried out by the Institute of Agrarian Development in 2003 to proceed with the transfer of lands to the indigenous community, which very probably even caused a variation in its area; there is no longer a whole, but parts of the whole. Regarding the measures that must be consulted, the Office of the Ombudsman itself establishes: "...While the Right to Consultation is one of the central axes of ILO Convention No. 169, the right of Indigenous Peoples to be consulted is not applicable regarding every action of the State. In this sense, the possibility of an impact on indigenous populations does not create an obligation on the part of the State to carry out an entire consultation process...", so long as the study stage has not concluded, the environmental impact assessment (EsIA) has not been integrated, delivered to the National Technical Secretariat, and it has not ruled denying or authorizing the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the project, its impact at the current stage is contingent. The project is in the feasibility phase studies; Convention 169 in its articles does not establish the procedures, but the Constitutional Chamber established in ruling 6188-98 the referral for the analogous application of the procedure established in Article 361 of the General Law of Public Administration. In addition to the above, in the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process in force in Costa Rica, there are formal mechanisms for consulting on the project, which are established in Executive Decree 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, where the mechanism of Public Hearings stands out. The hearing is held once the project's EsIA has been delivered to SETENA for its review process and if it determines such a need. The holding of the hearing thus constitutes a stage of the review process, and the results are taken into account by Setena to issue the final resolution. It requests that the action be dismissed in all its aspects.

          6.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in numbers 152, 153, and 154 of the Judicial Bulletin, of the 7th, 8th, and 11th of August, 2008 (folio 97).

          7.- By means of a brief received at the Secretariat of the Constitutional Chamber at 5:40 p.m. on August 31, 2010, G.G.N., in his capacity as judicial and extrajudicial representative of the Integral Development Association of the Indigenous Reserve of T., requests that this action of unconstitutionality be resolved without further delay.

          8.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings.

          Drafted by Judge Rueda Leal; and,

Considering:

          I.- ON ADMISSIBILITY. G.G.R. is the representative of the Integral Development Association of the Indigenous Reserve of T. of Buenos Aires. In accordance with the filing brief, his represented party is the owner of the real estate certified by the National Registry of Real Property. The Chamber does not intend to define the exact location of the lands that will presumably be affected by the El Diquís hydroelectric project. Based on the certifications, standing to file the action of unconstitutionality is determined, due to the link of the legal entity that owns the territory, the holder of the patrimonial rights. Costa Rican legislation recognizes the legal capacity of the indigenous group to represent itself in Articles 2 and 4 of the Indigenous Law, 3, 4, and 5 of the Regulation to the Indigenous Law, and Article 1 of Executive Decree 13568-C-G of April 30, 1982, where the legal representation of Indigenous Communities in the Integral Development Associations is recognized, which act as local government, but without being able to be considered state entities. In the case of this action of unconstitutionality, the standing to file the action of unconstitutionality derives from the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, reason for which the action of unconstitutionality must be resolved on its merits.

          II.- STATEMENT OF THE ACTION. The plaintiff party alleges that the areas within which the El Diquís Hydroelectric Project, referred to in Executive Decree number 34312, will be executed, are located mostly in zones declared as indigenous reserves. Specifically, the appellant considers Articles 1, 4, and 8 of the cited decree unconstitutional. Numeral 1 provides the following: "In compliance with the provisions of Articles 3 subsection m), 19 subsection b) and 34 of Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which will be built by the Costa Rican Institute of Electricity, hereinafter ICE, are declared of National Convenience and Public Interest." In this regard, it asserts that the project will be executed mostly in zones declared as indigenous reserves. It states that in accordance with Article 14 of Convention No. 169 of the International Labor Organization [ILO], ratified by Costa Rica, indigenous peoples have the right to be guaranteed effective protection of their lands and to have their property right respected. Despite this, the challenged decree affects approximately 700 hectares of indigenous territory, which contravenes numerals 14 of Convention 169 and 45 of the Political Constitution. As for ordinal 4 of the Decree, it establishes that: "Article 4.—ICE shall have information and negotiation mechanisms with the communities involved in the development of the Project, in order to reach agreements that allow balancing local interests regarding recognition of the residents' rootedness with the national interests of energy supply. The information and negotiation mechanisms must: a) Contain preclusive negotiation stages, so that what is agreed upon in each stage may not be submitted for discussion in a later stage, and b) Constitute instruments of transparency, commitment, and community participation. ICE may request advice from the Office of the Ombudsman and the State of the Nation Program, for the preparation and execution of the information and negotiation mechanisms; which shall be consulted with the Municipalities of the cantons of Buenos Aires, Osa, and Pérez Zeledón, prior to their publication in the Official Gazette La Gaceta." In this regard, it claims that this rule fails to comply with the requirement of prior consultation with the affected indigenous communities provided for in Convention 169. It explains that in its indigenous reserve, important works have been initiated and are being carried out that will severely affect the indigenous community it represents, both in its way of life, and in its customs, traditions, culture, religious values, and the enjoyment of its territory, and that the community it represents should have been previously consulted about this project, that is, there should have been a mandatory prior consultation with the affected indigenous peoples, particularly through their representative institutions, with the purpose of reaching an agreement about the proposed measures, all in accordance with the wishes freely expressed by the affected peoples and the provisions of Convention 169. It maintains that an attempt was made to forge behind their backs, without consulting their position, a project in which they must and have the right to participate actively, with the goal of overcoming the historic condition of poverty and backwardness to which they have been confined, and that the challenged governmental action has deliberately avoided gathering their opinion beforehand, which implies a clear violation of their rights, since these are violated by reducing the plaintiff community's activity to participating belatedly in ridiculous arrangements or conversations that can only be described as "post mortem," since not allowing them to participate except in a limited and improper manner, after the decision has been made to execute initial acts of the project, to then continue it in all its details without first having heard, assessed, and acceded in what is pertinent to their claims, means not gathering or appreciating their opinion. It points out that no mention is even made of consultation with legally representative organizations of their indigenous communities, nor with CONAI, and that their community must participate from the most incipient stages of any plan or program that affects them, and not only when the program is already a reality in the process of execution. It also deems Article 8 of the challenged Decree unconstitutional, which stipulates the following:

"Article 8.—The sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works; are located on the General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra Topographic Sheets, scale 1:50,000 of the National Geographic Institute, and have the following polygon points:

Start Point End Point

534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N

536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N

530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N

534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N

533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N

532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N

522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N

520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N

518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N

547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N

548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N"

This numeral, as alleged, is unconstitutional to the extent that the established exploitation sites affect indigenous territory, without the indigenous community it represents having been previously consulted, which violates Article 45 of the Political Constitution in relation to Article 14 of Convention No. 169.

          III.- ON THE PROPERTY OF THE PLAINTIFF INDIGENOUS PEOPLE. The Indigenous Reserve of T. is delimited in Executive Decree 22203 of April 2, 1993. Likewise, its legislative basis arises from the so-called Indigenous Law No. 6172 of November 29, 1977, whose Article 2 expressly declares the reserves mentioned in its Article 1 as property of the indigenous communities, within which the T. reserve is included. Now, according to the technical report of the National Geographic Institute of the Ministry of Public Works and Transport (folio 318), Article 8 of the cited Decree refers to plane coordinate points that represent sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works. For its part, the project is composed of exploitation sites, therefore, it does not possess a single space or action area, and since the spatial dimensions of such sites or points are not stated, it is impossible for now—according to the information contained in this process—to calculate an area of land in common that may exist between the Diquís Hydroelectric Project and the Indigenous Reserve of T. However, having established the boundaries of the Indigenous Reserve of T. on the respective topographic sheets, in association with and location of the places that form part of the hydroelectric project, there are three sites that coincide with the Reserve area: the points 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N, and 546614 E / 332384 N. On the other hand, in its report, the Costa Rican Institute of Electricity admits that approximately 74 hectares in the indigenous reserve of China Kichá and 653 hectares in the indigenous reserve of T. would be flooded. In total, approximately 727 hectares would be flooded, affecting 7.5% of the total indigenous territory of T. and 5.7% of the total territory of China Kichá. Consequently, it is unquestionable that the El Diquís Hydroelectric Project, in its execution phase—which has not yet begun—and according to the information that is indeed on file in this action, will encompass T. indigenous territory.

          IV.- BACKGROUND OF THIS CASE. Prior to discussing this action, the cases decided in which the hydroelectric project that is the subject of this matter has been questioned were reviewed. In this regard, the following is relevant:

"Furthermore, regarding the failure to deliver the technical studies that justified the promulgation of Executive Decree number 34312-MP-MINAE, the authority explains in its report—which is rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction—that to date such studies do not exist, but rather, on the contrary, the El Diquís Hydroelectric Project is in its first phase, which comprises the preparation of inputs for the consulting firm that will be contracted to prepare the Environmental Impact Study. Which implies that work is being done on the preparation of physical environment studies required as inputs for the design of the works, as well as on the collection of biotic, physical, and socioeconomic information that will be used as technical support to conduct the Environmental Impact Study. Therefore, it alleges that there are still no completed or finalized technical studies that can be provided to the appellant, as was explained to him at the time of responding to his requests" (see ruling No. 2008-011743 of twelve hours and sixteen minutes of July twenty-fifth, two thousand eight; the underlining is not original).

"SOLE.— The appellant sought protection of the property right of the indigenous community of T., since in his opinion, within that Indigenous Reserve the El Diquís hydroelectric project is being built, without the authorization of the Board of Directors of the corresponding Integral Development Association. Notwithstanding the foregoing, the General Judicial Attorney of the Costa Rican Institute of Electricity explained, in his report—rendered under the solemnity of oath, with the timely warning of the consequences, including criminal ones—that the dam is not under construction; on the contrary, the project's feasibility is being evaluated, to later carry out the environmental impact studies (visible at folio 22). Furthermore, he highlighted that the Costa Rican Institute of Electricity has fostered dialogue, not only among the representatives of the communities but also among the groups surrounding the project's development (visible at folio 23). Given this, it is the criterion of this Constitutional Chamber that no fundamental right has been violated. In the first place, the respondent authority certified that the dam is not under construction. The project is barely in its initial phase. In addition to this, the appellant did not prove the existence of any measure taken by the respondent entity that threatened the integrity of the indigenous reserve or its population centers. On the other hand, the General Judicial Attorney of the Institute guaranteed to this Court that dialogue has been encouraged with the local population and those potentially affected. Therefore, it cannot be concluded that Articles 13 through 19 of Convention No. 169 of the International Labor Organization were disrespected. Consequently, the filed appeal must be dismissed" (see ruling No. 2008-013560 of ten hours and twenty minutes of September fifth, two thousand eight; the underlining is not original).

"I.- Proven Facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

a) By official communication dated July tenth, two thousand eight, the President of the Board of Directors of the Indigenous Territory of T. indicated to the appellant Aguirre Castillo that: "The authorization for entry and carrying out of the feasibility studies was granted under the condition of signing an Agreement between our organization and ICE, in which the other conditions under which the study was authorized would be set forth in detail. On the occasion of the serious deterioration of relations between ICE and our community, the Agreement was never signed, reason for which the authorization never had any legal effect. In other words, ICE is carrying out its project without any authorization, reason for which we are initiating the pertinent legal actions to expel ICE from our territory... " (folio 09).

b) By official communication number 0510-1044-2008 of July fifth, two thousand eight, Luis Pacheco Morgan, in his capacity as Executive Assistant of the Costa Rican Institute of Electricity, informed the protected party that no agreement has been signed between the Indigenous Reserve of T. of Buenos Aires and that Institute (folio 10).

c) By official communication dated September ninth, two thousand eight, the President of the Integral Development Association of the Indigenous Reserve of T. of Buenos Aires notified the Coordinator of the Social Area of the El Diquís Hydroelectric Project (PHED) that in the meeting of August thirtieth, two thousand eight, it was agreed to condemn the presence of the Costa Rican Institute of Electricity and demand the immediate vacation of its territories (folio 11).

d) By a certain number PHED-78100-0051-2009 of the eighteenth of two thousand nine, the Director of the El Diquís Hydroelectric Project sent the President of the T. Indigenous Development Association the evaluation report of the pump and well of the community of San Antonio de T. (folio 71).

e) By official communication number PHED-78100-0070-2009 of March third, two thousand nine, the Director of the El Diquís Hydroelectric Project requested authorization from the President of the Indigenous Development Association of T. to carry out a series of activities related to the El Diquís Hydroelectric Project (folios 64-65).

II.- Purpose of the appeal. The appellant accuses the Costa Rican Institute of Electricity of violating Article 6 of International Convention No. 169 of the International Labor Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, since the respective consultation with the peoples corresponding to the El Diquís Hydroelectric Project has not been carried out. [...]

IV.- On the specific case. In the case under study, the appellant accuses violation of Article 6 of Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989, since the Costa Rican Institute of Electricity did not consult the inhabitants of the Indigenous Reserve of T. prior to carrying out the studies for the El Diquís Hydroelectric Project. Indeed, and based on the international regulations outlined in the preceding considering, there is a right on the part of indigenous peoples to be consulted, through appropriate procedures, and in particular through their representative institutions, whenever legislative or administrative measures likely to affect them directly are foreseen. Certainly, the construction of a Hydroelectric Plant is one of those topics; however, it is necessary to analyze whether in the specific case there was a duty to consult. In that sense, from the report rendered under oath, with the consequences, including criminal ones, foreseen in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it is inferred that the project in question is currently in the first phase, the feasibility phase, which comprises the preparation of inputs for the consulting firm that will be contracted for the Environmental Impact Study, given that said study has not even been initiated. Thus, it is understood that the construction of the El Diquís Hydroelectric Project is not even defined in its development and effective construction, since the corresponding permits have not even been requested yet, because the feasibility of carrying out the mentioned project has not yet been determined, since if the investigations are not carried out there is no way to know if it is possible or not, due to the geology of the place, to build a dam. It is thus, as this Chamber considers that the present amparo is premature, since it is dealing with a future and uncertain event, as it is not yet known with certainty whether or not the construction in question will take place. [...]

By reason of the foregoing, this Chamber estimates that the respondent authority has made efforts to approach the indigenous inhabitants of the community of T., despite the fact that the construction of the dam has not yet definitively materialized. However, it is necessary to remind the respondent authority that, should it decide to develop the El Diquís Hydroelectric Project, it must ensure the indigenous peoples effective participation in the process and in decision-making" (see ruling No. 2009-06045 of fourteen hours and fifty-three minutes of April twenty-second, two thousand nine; the underlining is not original).

"III.- Proven Facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent omitted to refer to them according to the provisions of the initial order:

a) By means of resolution number 2174-2007-SETENA of November 7, 2007, the National Environmental Secretariat approved the proposal for the El Diquís Hydroelectric Project, indicating that "in order to continue with the environmental assessment process, the developer is requested, within a maximum period of two years, counted from the notification of this resolution, to submit an Environmental Impact Study" (see document at folio 48 of the copies of administrative file 0843-07-SETENA)

b) The Geological Explorations in T. project has environmental feasibility (viabilidad ambiental), granted through resolution No. 1584-2005-SETENA of July 1, 2005. This project is necessary for carrying out drilling, galleries, and geophysical investigations of the El Diquís hydroelectric project, which is in its evaluation stage (see document at folio 84 of the copies of administrative file 366-2005- SETENA).

c) The Buenos Aires camp, designed to facilitate the execution of the initial stage of the El Diquís hydroelectric project, has environmental feasibility (viabilidad ambiental), conferred through resolution No. 2634-2007-SETENA of December 6, 2007 (see document at folio 39 of the file). [...]

In the same line of thought, the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat affirmed that the El Diquís hydroelectric project is in its evaluation stage; the works that are being executed, such as the drilling, galleries, and geophysical investigations, do not correspond to the construction stage of the project, but to the research phase which also has environmental feasibility (viabilidad ambiental), granted through resolution No. 1584-2005-SETENA of July 1, 2005. Additionally, the Buenos Aires camp, designed to facilitate the execution of this initial stage, has environmental feasibility (viabilidad ambiental), conferred through resolution No. 2634-2007-SETENA of December 6, 2007. Based on the foregoing, in the opinion of this Constitutional Chamber, no fundamental right has been violated. In the first place, the respondent authorities certified that the dam is not under construction. The project is barely in one of its initial phases. In addition to this, the General Judicial Attorney of the Institute guaranteed to this Court that dialogue has been encouraged with the local population and those potentially affected. Therefore, it cannot be concluded that, up to this stage, Articles 13 through 19 of Convention No. 169 of the International Labor Organization had been disrespected. [...]

Consequently, this Court considers that there is no basis to vary the criterion set forth in this ruling. Therefore, no disrespect of Convention No. 169 of the International Labor Organization is verified, since, as mentioned, the project is barely in one of its initial phases, so it cannot be concluded that, up to this stage, the mentioned convention had been disrespected. [...]

Consequently, it was not proven that the respondents had initiated works that damage the environment and fauna of the indigenous territory with this project, since, as mentioned, it is in the phase of environmental impact and technical studies in the T. River basin, so it is not the construction stage but the research phase. For all the foregoing, the amparo appeal is premature, since, for the moment, no violation of the fundamental rights of the presumed aggrieved parties has materialized" (see ruling No. 2010-009536 of eleven hours and one minute of May twenty-eighth, two thousand ten; the underlining is not original).

"Well then, what has been said so far serves to indicate that the Executive Branch has not exceeded its powers and the exemptions it has granted are fully protected by its obligation to ensure that the country follows a model of environmentally sustainable development, based on forms of clean energy production. Additionally, the declaration of national convenience of the El Diquís Hydroelectric Project is protected by the provisions of the Forest Law and its regulation, since a hydroelectric dam is, certainly, a project that aims at the "generation, transmission, and distribution of electricity," such that the challenged decree would shelter a project that falls within the assumptions of Article 19 of the Forest Law and Article 2 of the Regulation to the Forest Law. In addition to this, it must be taken into account that the decree in no way implies the possibility of carrying out the El Diquís Hydroelectric Project without complying with the environmental controls established by the legal system, since, as the informants in this action well admit, the decree does not exempt it from carrying out an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) to obtain the respective environmental feasibility (viabilidad ambiental), an essential and indispensable requirement if one wishes to continue to the materialization of the project. In addition, it must be noted that the plaintiff does not specifically challenge subsections b), c), and d) of Article 9 of Executive Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, because he does not provide the specific reasons why those three paragraphs of that decree could empty the essential content of Constitutional Article 50. [...]

From that perspective, subsections b), c), and d) of Article 9 of the challenged decree are not contrary to the Law of the Constitution, since they are protected by a legal norm that authorizes the Executive Branch to take certain actions to expedite the type of projects contemplated therein, without this implying or entailing a lack of protection of the environment and without the authorization being erected as an arbitrary, unreasonable, and unlimited prerogative for the destruction of the environment or the emptying of the minimum content of the right to a healthy and ecologically balanced environment" (see ruling No. 2010-013100 of fourteen hours and fifty-seven minutes of August fourth, two thousand ten; the underlining is not original).

"Second: It must be clear that only on the occasion of an emergency or exceptional situation under the terms provided for in Constitutional Article 180 ("to satisfy urgent or unforeseen needs in cases of war, internal commotion, or public calamity") can the binding nature of environmental regulations be excepted—as with the rest of the legal system, as this Court considered in the cited ruling number 2340-92—. [...]

However, it is indeed true that the challenged norms do foresee a case in which the use of private properties subject to an encumbrance on the State's forest heritage can be modified to allow the construction of infrastructure works of social convenience, but it is reiterated, it is not an exceptional regime that authorizes public institutions to pollute the environment, since in that regime environmental regulations are not applied, whereas in this exception they are, inasmuch as the decision must be supported precisely by them. It concerns properties on which a limitation of evident social interest has been imposed, supported by the purpose of preservation and protection of the environment, hence the general and absolute rule of the impossibility of changing their use (first paragraph of Article 19 and first phrase of the first paragraph of Article 34 of the Forest Law); a purpose that is modified for the sake of the general interest of the national community.

[…]

From the reading of the partially transcribed precedent, it is clear that declaring a project or work to be of national convenience or public interest, under the provisions of articles 19, subsection b), and 34 of the Forest Law (Ley Forestal), does not in any way imply exempting such project or work from the application of environmental regulations, including the obligation to carry out the corresponding technical studies (article 17 of the Organic Law of the Environment, Ley Orgánica del Ambiente) to certify the suitability of the project in the designated location, and the impact that such works will have on the environment, in order to determine the necessary compensatory measures to mitigate the negative effects. […]

The fact is that the eventual execution of the El Diquís Hydroelectric Project could have an environmental impact on said wildlife refuge (refugio de vida silvestre). A possible impact that, evidently, cannot be previously elucidated through this unconstitutionality action. To assess that aspect, there exists the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) required by article 17 of the Organic Law of the Environment. Therefore, it is reiterated that the mere declaration of national convenience and public interest of the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works does not in any way imply the exemption from the duty to carry out such a study. […]

In that sense, our legislator, upon issuing the Forest Law, number 7575, with great vision, left a space within article 19 of that legal body so that the State could carry forward projects that, eventually, could have environmental impacts, like any other human activity, but that, weighed against the social, economic, and environmental benefits, would turn out to be much smaller than the latter, such that it would be beneficial to carry them forward, for which it would be required that these be of national convenience. […]

Thus, it is clear that those authorizations, legally granted to the Executive Branch, are intended to provide it with a suitable space, precisely to be able to promote environmentally sustainable development. […]

“The right to development must be exercised in such a way as to equitably meet the development and environmental needs of present and future generations.” […]

In accordance with the foregoing, sustainable management of resources implies meeting the needs of countries, taking into consideration the requirements of present and future generations and balancing three main objectives: environmental, social, and economic. The above, in order to reverse trends that threaten the quality of life of human beings and to avoid an increase in costs to society. [...]

Ensuring the existence of a sustainable link between humanity and nature. Even the adoption of sustainable policies is based on the concordance between economic growth, social equity, and the conservation of natural resources. […]

The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be used appropriately, requiring action in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relationships, since, otherwise, its productivity for the present and the future is degraded and the heritage of future generations could be put at risk. […]

Added to this, it must be taken into account that the decree at no time implies the possibility of carrying forward the El Diquís Hydroelectric Project without complying with the environmental controls established by the legal system, since, as the informants in this action well admit, the decree does not exempt it from carrying out an environmental impact study to obtain the respective environmental viability (viabilidad ambiental), an essential and indispensable requirement if one wishes to continue to the materialization of the project. […]

Human dignity is the center, the cornerstone, of any Rule of Law, so this and respect for the integrity of the environment must undoubtedly go hand in hand, because an environmental policy that does not take into account the full development of people will hardly be sustainable, just as a socioeconomic development model that does not care about the environment and that sacrifices, at all costs, environmental protection will not be either […]” (see judgment No. 2010-013622 of fifteen hours and forty-two minutes of August seventeen, two thousand ten; the underlining is not from the original).

From these antecedents, a series of ideas and principles emerge by which the Chamber has not considered unconstitutional the state action deployed in what was there understood as the initial phase of the El Diquís hydroelectric project.

          V.- ON THE CONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 1 OF EXECUTIVE DECREE NUMBER 34312. In this regard, that provision establishes the following: “In compliance with the provisions of articles 3 subsection m), 19 subsection b) and 34 of the Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, the studies and works of the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which will be built by the Costa Rican Institute of Electricity (Instituto Costarricense de Electricidad), hereinafter ICE, are declared of National Convenience and Public Interest.” In relation to that provision, the mere declaration that the project in question is of national convenience cannot be considered as violating the right to property protected in article 45 of the Constitution nor contrary to article 14 of Convention 169. In any case, the State, prior to the state decision allowing the start of the project works, must make effective for the interested indigenous peoples the fundamental rights derived both from their right of property over the lands they traditionally occupy, that is, the reserve (reserva), as well as the rights over natural resources referred to such territories and those provided for in Convention 169, which will imply -among others- the right to compensation or indemnity measures that in due course must be determined, as well as mitigation measures and the sharing of project benefits in a proportionate and reasonable manner, observing what is indicated by article 45 of the Constitution and the commitments of the Costa Rican State acquired upon ratifying the cited ILO Convention. However, such legal obligation is not incompatible with the declaration of national convenience and public interest of the work in question, which is justified by the country's need to reduce dependence on fossil fuels in electricity production, which promotes the constitutional right of the entire population to a healthy and ecologically balanced environment, and the right of all citizens to ensure an optimal level of electricity production to safeguard the country's economic development and the supply of that fundamental legal good to the inhabitants of the Republic.

          VI. ON THE CONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 4 OF EXECUTIVE DECREE NUMBER 34312. The cited provision establishes the following:

“Article 4.—ICE shall have information and negotiation mechanisms with the communities involved in the development of the Project, in order to reach agreements that allow balancing local interests regarding the recognition of the inhabitants' rootedness (arraigo), with the national interests of energy supply. The information and negotiation mechanisms must:

a) Contain preclusive stages of negotiation, so that what is agreed in each stage may not be submitted to discussion in a later stage, and

b) Constitute instruments of transparency, commitment, and community participation.

ICE may request advice from the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) and the State of the Nation Program (Programa Estado de la Nación), for the development and execution of the information and negotiation mechanisms; which shall be consulted with the Municipalities of the cantons of Buenos Aires, Osa, and Pérez Zeledón, prior to their publication in the Official Gazette La Gaceta.”

In this regard, the plaintiff considers that provision unconstitutional because, before it was issued, ICE should have consulted the ADI of the T. Indigenous Reserve based on article 6 of Convention 169, which regulates the following:

“1. In applying the provisions of this Convention, governments shall:

a) Consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;

b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them;

c) establish means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in appropriate cases provide the resources necessary for this purpose.

2. The consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken in good faith and in a form appropriate to the circumstances, with the objective of achieving agreement or consent to the proposed measures.”

In the opinion of the Chamber, the provision in question, in essence, seeks to apply the mandate established in article 6 of Convention 169 to the specific case, since it obliges ICE to negotiate and reach agreements and commitments, as well as the participation of the indigenous community; that is, it is a provision aimed at complying with that international convention, which implies carrying out the consultation missed by the plaintiff. Likewise, the fact that preclusive stages of negotiation are determined, so that what is agreed in each phase may not be submitted to discussion in a later one, is reasonable, since otherwise there could be unjustified delays by either party, to the detriment of the required administrative agility that a project of declared national convenience and public interest demands. However, it is worth highlighting that each stage must respect criteria of transparency, commitment, and community participation, so that if this is breached, a negotiation phase cannot be considered precluded. In other words: transparency, commitment, and community participation, in an environment of freedom and good faith, are sine qua non conditions for the conclusion of each phase of the negotiation. In this regard, good faith requires from all parties to the consultation, including the indigenous parties and ICE's representation, that the legitimate interests relating to the hydroelectric project of both parties be recognized, and that an attempt be made to reach consensual decisions. This being the case, as the provision in question recognizes and promotes the right of indigenous populations to be consulted within reasonable canons, no unconstitutionality is deemed to exist. Now then, the questioned article 4 only regulates a minimum basis to establish the consultation procedure, the objective of which must be the free, prior, and informed consent of the T. population as well as other indigenous populations that could be directly affected by the mentioned hydroelectric project. Evidently, in the definition of said procedure, neither party may unilaterally impose its criteria on the other beyond the basis established in the cited provision and in accordance, of course, with what Convention 169 provides. The foregoing implies that in a free, constructive, and good-faith dialogue process, the indigenous representation and ICE must define the consultation procedure itself, for which purpose it is appropriate, as stipulated in article 4 of Executive Decree number 34312, to have advice from the Ombudsman's Office and the State of the Nation Program, among other institutions, since other public or private, national or international entities could also assist. Specifically, the other specific elements of the consultation procedure itself must be defined in agreement with the indigenous peoples affected by the project, among them the T. community. For the purpose of developing what is provided in article 4 subsection b) of Executive Decree number 34312, the consultation of the indigenous people must be formulated in such a way that they can express their will freely, priorly, and with information, as provided in article 19 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, for which purpose the indigenous people must have access to the corresponding technical studies, among them the feasibility studies of the hydroelectric project already carried out and those underway. ICE must maintain this attitude of openness to provide information during all phases of the consultation process. Furthermore, informed knowledge presupposes that indigenous peoples have the required knowledge and technical capacity, for which purpose it is essential that they have their own expert advisors in the relevant matters; such consultants shall be freely and autonomously chosen and hired by the indigenous people, but their cost shall be borne by the Costa Rican Institute of Electricity. Complementarily, if both parties agree, a team of independent and reliable experts could facilitate the consultation process, which could be sponsored by the United Nations system. In any case, the consultation must be carried out within a period of 6 months counted from the notification of this pronouncement, all before the state decision that allows the start of the project works. It is irreconcilable with good faith in the consultation process that either party comes to adopt positions openly contrary to unequivocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic, or convenience. Neither party, in the consultation process, may start from the assumption that it will impose its will on the other; on the contrary, an environment of reciprocal respect and consideration for the other party's criteria must prevail. Likewise, good faith demands that the Costa Rican Institute of Electricity suspend all investigation activities or activities of any other nature that involve operations in the affected indigenous territories until the consultation stipulated in article 4 of Executive Decree number 34312 is concluded.

          VII. ON THE CONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 8 OF EXECUTIVE DECREE NUMBER 34312. This provision regulates the following:

“Article 8.—The sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse (casa de máquinas), and related works are located on the Topographic Sheets General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, at a scale of 1:50,000 of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), have the following polygon points:

Start Point End Point

534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N

536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N

530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N

534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N

533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N

532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N

522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N

520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N

518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N

547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N

548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N”

In this regard, as indicated supra, according to the technical report of the National Geographic Institute of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) (folio 318), the mentioned article refers to plane coordinate points that represent sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works. The project is composed of exploitation sites, therefore, it does not have a single space or area of action. Having established the limits of the Indigenous Reserve of T. on the respective topographic sheets (see the map prepared by that Institute at folio 321 of this action), in association and location of the places that form part of the hydroelectric project, there are three sites in Decree number 34312 coinciding with the area of the Reserve: points 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N, and 546614 E / 332384 N. Now then, the mere determination of the mentioned sites, although it comprises territory of the Indigenous Reserve of T., cannot be classified as contrary to Convention 169. In order to support this criterion, it is worth noting that in this case, it is not necessary to analyze problems of ownership title of a tribal community's property (which in our case does not arise since there is full recognition of communal property), but rather the granting of concessions for the exploitation of natural resources that affect the indigenous way of life and its spirituality. In this sense, the Inter-American Court establishes in the Saramaka case (judgment of the Inter-American Court of Human Rights of November 28, 2007) that “By virtue of all the above considerations, the Court concludes the following: first, that the members of the Saramaka people have the right to use and enjoy the natural resources that lie within the territory they traditionally occupy and that are necessary for their survival; second, that the State may restrict said right by granting concessions for the exploration and extraction of natural resources found within Saramaka territory only if the State ensures the effective participation and benefit of the Saramaka people, if it performs or supervises prior environmental and social impact assessments, and if it implements adequate measures and mechanisms to ensure that these activities do not cause a major effect on Saramaka traditional lands and their natural resources, and finally, that the concessions already granted by the State did not meet these guarantees.” (Par. 159 Judgment of November 28, 2007, Case of the Saramaka People vs. Suriname). It is clear that in the case analyzed by the Court, many of these violations were consummated, a situation that is not the case, since it is in the prior stages of analysis and consultation of the indigenous people. Indeed, contrary to the Saramaka case, in this matter, the challenged provision was issued in a period corresponding to the initial research phase, so at that time it was not reasonable to formulate the consultation referred to in article 6 of Convention 169, because for that, greater clarity and precision in the project to be carried out was required, as a logical legal prerequisite, which would serve as a basis for the start of negotiations. The foregoing confirms the jurisprudential line followed by this Chamber in votes numbers 2010-009536 of 11:01 hours on May 28, 2010, and 2008-014549 of 14:24 hours on September 26, 2008, in which no disrespect to ILO Convention 169 was found, since as stated therein, the project in question was in the study and research stage. In any case, it should be noted that this manner of resolving, according to the majority criterion of the Court, corresponds to the jurisprudential doctrine usually applied in matters of constitutional property law, because the mere indication made by the State regarding a particular property that might be necessary for the execution of a work of public interest does not imply, in itself, a violation of that right. Based on the foregoing, article 8 of Executive Decree number 34312 is constitutional, because the sites indicated therein, even if they coincide with the plaintiff's reserve, were only references at the time the provision was issued. However, at the current time, it is public and notorious that that primary phase has already concluded, so the evolution of events implies a significant change of circumstances, which, indeed, could lead to a supervening unconstitutionality of the questioned provision if the consultation of the affected indigenous peoples is not carried out, as ordered in this pronouncement. In this sense, this Chamber notes the criterion issued by the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, James Anaya, dated May 30, 2011, who, on the one hand, considers that “a process of consultation on the hydroelectric project should have been initiated before the technical studies had begun” but on the other hand deems “Nonetheless, the Special Rapporteur considers that it is possible to remedy the lack of prior indigenous participation in the elaboration of the project, if an adequate consultation process is currently initiated in accordance with international standards and with some characteristics to address the particular challenges that have arisen in this case.” In accordance with such criterion, the constitutionality of the provision is preserved, provided that the consultation established in article 4 of that Decree is carried out within a period of 6 months counted from the notification of this pronouncement, all in accordance with the requirements described in the preceding recital (considerando).

          VIII. CONCLUSION. In accordance with the foregoing, the action must be dismissed, although the consultation provided for in article 4 of the challenged Decree must be carried out without delay, within the period set in the operative part (por tanto) of this pronouncement. Magistrates Calzada, Jinesta, and Cruz dissent (salvan el voto) and partially grant (declaran parcialmente con lugar) the unconstitutionality action, solely, against article 8 of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE, insofar as the delimitation of the El Diquís Hydroelectric Project includes points within the T. Indigenous Reserve of Buenos Aires, Puntarenas, and the indigenous community was not consulted. Magistrate Cruz adds a note.

Therefore (Por tanto):

The action is dismissed (se declara sin lugar) regarding articles 1 and 4 of Executive Decree number 34312. By majority, provision number 8 of Executive Decree number 34312 is interpreted in accordance with the Constitution, provided that the consultation established in article 4 of that Decree is carried out within the non-extendable period of 6 months counted from the notification of this pronouncement. Magistrates Calzada, Jinesta, and Cruz dissent and partially grant the unconstitutionality action, solely, against article 8 of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE, insofar as the delimitation of the El Diquís Hydroelectric Project includes points within the T. Indigenous Reserve of Buenos Aires, Puntarenas, and the indigenous community was not consulted. Magistrate Cruz adds a note.

 

 

Ana Virginia Calzada M.

President

 

Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.

 

 

 

 

 

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

 

 

 

 

 

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

 

 

 

DISSENTING VOTE (VOTO SALVADO)

OF MAGISTRATE CALZADA AND

 OF MAGISTRATES JINESTA AND CRUZ

 

 

          Magistrate Calzada and Magistrates Jinesta and Cruz dissent and partially grant the unconstitutionality action, solely, against article 8 of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE, insofar as the delimitation of the El Diquís Hydroelectric Project includes points within the T. Indigenous Reserve of Buenos Aires, Puntarenas, and the indigenous community was not consulted, for the following reasons:

 

 

Magistrate Jinesta drafts; and

WHEREAS (CONSIDERANDO):

 

I.- OVERLAP OF THE HYDROELECTRIC PROJECT ON CERTAIN POINTS OF THE INDIGENOUS RESERVE, ITS AFFECTATION, BY FLOODING, OF 6% OF ITS EXTENSION, AND TECHNICAL EVIDENCE. Article 8 of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, delimited the area of the El Diquís Hydroelectric Project, specifically, the areas for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works. The boundaries and area of the project were established in the Decree based on Topographic sheets of the National Geographic Institute. However, in the case file, there is conclusive evidence provided by the technical bodies indicating that the project area overlaps with part of the T. Indigenous Reserve of Buenos Aires. Thus, at folios 318-320 of Volume II of the judicial case file, there is official letter No. DEGEO-095-08 of August 1°, 2008, where the Geography Department of the National Geographic Institute indicates, conclusively, the following: “Having established the limits of the T. Indigenous Reserve on the respective topographic sheets, in association and location of the sites that form part of the El Diquís Hydroelectric Project, it is concluded that there are three sites (points) of said Project that are coincident with the area of the Reserve” (folio 320 Volume II of the judicial case file, the highlighting is not from the original). The National Geographic Institute provided, as part of the aforementioned official letter, a cartographic sheet (visible at folio 321 of Volume II of the judicial case file) where the three points in red where there is an overlap between the Indigenous Reserve and the Hydroelectric Project are clearly seen, which, although they are located in the border zone of the two areas, coincide with the reserve area. The National Commission of Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) pronounced in the same sense, which, by official letter CEDET-047-2008 of August 4, 2008, made it known to the Deputy Attorney General that “According to the coordinate points given in decree No. 34312 Article 8 Three points of these are located within the indigenous reserve of T.” (visible at folio 322 Volume II judicial case file). For its part, the General Coordinator of the Cadastral Registry Department of the National Cadastre (Catastro Nacional), by official letter CR-094-2008 of August 6, 2008 (visible at folios 324-325 Volume II judicial case file), concluded, categorically, the following: “In view of the information provided, it has been possible to determine, approximately, that the area of the T. Indigenous Reserve is affected in 6% of its total area by the exploitation area (flooding), of the P. H. El Diquís” (the highlighting is not from the original). In the eight sheets provided by the Cadastral Registry Department, visible at folios 326-333 of Volume II of the judicial case file, the area of the indigenous reserve that will be flooded and affected by the Hydroelectric Project is seen in blue, with sufficient graphic clarity. It is thus how, in the minority Magistrates' view, it was fully, suitably, and reliably proven that the indigenous reserve is covered at three points by the area of the Hydroelectric Project and that it will be, significantly and seriously, affected when, as part of the project, 6% of its total area is flooded.

II.- RIGHT TO PRIOR AND EFFECTIVE PARTICIPATION OF INDIGENOUS PEOPLES, LIFETIME TENURE (IRREDUCTIBILIDAD) OF INDIGENOUS RESERVE LANDS, AND AFFIRMATIVE ACTIONS IN FAVOR OF INDIGENOUS COMMUNITIES. The minority Magistrates understand that when a project affects points of an indigenous reserve, impacts its lands, or reduces them, it is necessary, ineluctably, to give prior and effective participation to the indigenous communities so that they are provided with all the necessary information and may formulate the observations and objections they deem pertinent. In this sense, article 19 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of September 13, 2007, establishes the following:

 

“States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them.”

 

As is clear from this norm of public international Human Rights law, the consultation must be prior or anterior (ex ante) to the adoption of an administrative measure such as, in this case, the issuance of an executive decree that declares a hydroelectric project of national convenience and public interest, that delimits it, overlapping on three points on the indigenous reserve –even if in the border zone between the reserve and the hydroelectric project– and affects it by the flooding of 6% of its area. However, it did not happen this way, so we estimate that international Human Rights law has been flagrantly violated, in particular, ILO Convention No. 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of September 13, 2007, which protect, safeguard, and ensure for indigenous communities their right to prior and effective participation. The majority position of this Constitutional Court is not congruent with what is established in article 19 of the cited United Nations Declaration, since the consultation must be, ineluctably, prior and not subsequent or ex post.

On the other hand, there is a consensus in the law protecting indigenous communities that lands designated as reserves cannot be diminished or decimated for several reasons, such as the ancestral and spiritual bond that these peoples maintain with the land as part of their worldview, the communal or collective property regime that characterizes them, as well as the historical circumstance that since the Spanish conquest they have suffered all kinds of humiliations, discrimination, and marginalization, since, after being the autochthonous and original inhabitants of the American continent, they have been progressively reduced to relatively small and bounded lands whose dimensions, extension, and characteristics must be prevented, at all costs, from being reduced by the design of persons and communities that are alien to the millennia-old traditions and customs of the indigenous ethnic groups. On this matter, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, in its Article 10, prescribes the following:


“Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and without prior agreement on just and fair compensation, and, wherever possible, the option of return.”


Several precepts of the 2007 United Nations Declaration insist on the integrity of territories and the right to lands of indigenous communities; thus, Article 26, paragraphs 1 and 2, proclaim the right they have over the lands, territories, and resources that they have traditionally owned, occupied, or otherwise used or acquired. For its part, Article 28 establishes the right of indigenous communities to obtain redress, through restitution or just, fair, and equitable compensation, for the lands, territories, and resources they have traditionally owned, occupied, or used and that have been "taken, occupied, used, or damaged without their free, prior and informed consent" (paragraph 1). Paragraph 2 of that same provision states that "Unless otherwise freely agreed upon by the peoples concerned, compensation shall take the form of lands, territories and resources equal in quality, size and legal status or of monetary compensation or other appropriate redress." These peremptory norms of international law (ius cogens) have not been respected in this case, because, despite the fact that the area of the hydroelectric project overlaps with the indigenous reserve in at least three points and, additionally, will be seriously affected by the future flooding of 6% of its extension, the indigenous communities have not been previously consulted, nor have they been offered the pertinent compensatory or reparatory measures. There is no doubt that indigenous communities, as a disadvantaged group, are entitled to affirmative action, due to the discrimination, dispossession, or destruction of their culture, the forced process of transculturation—bordering on acculturation—to which they have been unjustly subjected, and the dramatic uprooting and coercive displacement they have suffered since the time of the tragic Spanish conquest; such affirmative action demands that public authorities respect their ancestral traditions and customs and, of course, their historical and human rights. As an essential part of those rights of indigenous communities, as delineated by ILO Convention No. 169, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of September 13, 2007, and the case law of the Inter-American Court of Human Rights, is the effective and prior participation that must be afforded to them when a project affects their reserves or an attempt is made, directly or collaterally, to diminish them, so that they may express their free, prior, and informed consent or rejection. The observance of such rights is notably absent in this case, when the area of a hydroelectric project, whose importance for the nation and for development is beyond dispute, but which, according to abundant and concordant technical evidence, affects an indigenous reserve, was delimited by executive decree. All of the foregoing makes it necessary to declare Article 8 of the challenged Executive Decree unconstitutional, so that the area of the hydroelectric project is rectified in such a way that it does not affect the indigenous reserve, much less reduce its territory or extension, or so that, after prior consultation and free, express, and informed consent of the indigenous community, the community may determine the scope of its impact, in the exercise of its free self-determination, with the consequent compensation or indemnities.


 


 


Ana Virginia Calzada


 


 


Ernesto Jinesta                                                     Fernando Cruz 


 


 


 


 


Unconstitutionality Action 08-009215-0007-CO


Note from Magistrate Cruz Castro:


          The dissenting vote establishes the unconstitutionality of Article eight of the challenged Executive Decree, so that the area of the hydroelectric project is rectified so that it does not affect the indigenous reserve, much less reduce its territory or extension, or so that, after prior consultation and free, express, and informed consent, the indigenous community determines the scope of its impact, in the exercise of its free self-determination, with the consequent compensation or indemnities. This decision of the minority allows the following consequences to be derived: a- The prior consultation is not a mere formality; it is the expression of a procedure of democratic vocation, which may also have practical consequences, because by listening to the affected community, it may suggest alternative solutions, without affecting the essential content of the agreement. The dialogue between the representative of the public interest and the representatives of the community allows for finding solutions that lend legitimacy to the decision of the state institution affecting the indigenous reserve; b- The consultation, like any consultation of the citizenry, must respond to a balance of information that ensures effective informed consent. Skewed information, or information that does not ensure that the citizens participating in the consultation are on an equal footing to question and evaluate the arguments of the state institution promoting the project, is excluded.


 


Fernando Cruz Castro

Magistrate


 
  
Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-02-2026 16:22:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República