Res. 09687-2012 Sala Constitucional — Fundamental Right to Potable Water and Aqueduct Execution in the Face of Agrochemical ContaminationDerecho fundamental al agua potable y ejecución de acueducto ante contaminación por agroquímicos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09687 - 2012

Fecha de la Resolución: 20 de Julio del 2012 a las 09:05

Expediente: 12-007047-0007-CO

Redactado por: No indica redactor

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Exp: 12-007047-0007-CO

Res. Nº 2012009687

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veinte de julio de dos mil doce. Recurso de amparo interpuesto por Y.F.B, mayor, profesora, casada, portadora de la cédula de identidad [...],   vecina  de [...]; contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

 

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas cuarenta y cinco minutos del 29 de mayo del 2012, la recurrente interpone recurso  de amparo contra el Instituto Costarricense  de Acueductos  y Alcantarillados y manifiesta que desde hace cinco años, la localidad de El Cairo no cuenta con agua potable por medio de fuente natural o vía acueducto, y aunque se han interpuesto varios recursos de Amparo, siguen recibiendo este líquido por medio de tanques cisternas, lo que no les garantiza el derecho a la vida y a la salud, ya que el agua que circula por el viejo acueducto sigue contaminada y muchas de las personas que hacen uso de esta agua para lavar o para bañarse, accidentalmente beben de ella, especialmente los niños. Considera  que el aumento de las enfermedades cancerosas y los nacimientos prematuros, se deben en gran parte al problema de agua contaminada,  siendo los niños quienes más sufren las consecuencias.  Al estimar vulnerados sus derechos, pide que se declare con lugar el recurso con sus consecuencias.

2.- Informa bajo juramento Yesenia Calderón Solano en su calidad de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que su representado ha concebido un nuevo proyecto de acueducto para abastecer a las comunidades de El Cairo, La Francia, Luisiana y otras que no disponen del sistema de acueducto  por lo que se abastecen  de pozos  artesanales, así como también  para  aumentar  la capacidad  de  infraestructura  para  el  crecimiento poblacional y resolver los problemas de contaminación con pesticidas de la piña.Señala que el costo  de ese acueducto integrado es de 1020 millones de colones, el cual se tiene totalmente financiado mediante un crédito suscrito  con el Banco Alemán K.f.W. y recursos de contrapartida. Indica que ese crédito será pagado por su representado por lo que el nuevo acueducto estará administrado directamente por el Instituto. Agrega que a pesar de los esfuerzos para iniciar el proyecto, han encontrado oposición por parte de la ASADA de El Cairo que obstruye la construcción por razones políticas y de conservación del poder, en detrimento de más del 50% de la población que se beneficiaría del proyecto por cuanto no cuenta con agua potable intra-domiciliar. Aduce que en consulta realizada casa por casa por su representado en el mes de mayo 2012, un 70% de la población mostró su anuencia a que el AyA asuma la administración del acueducto y con ello resolver los problemas de abastecimiento de agua potable en la zona. Indica que se cuenta con diseños del proyecto  por lo que se ha iniciado la compra de tubería y contratación de obras, compra de terrenos y otros. Informa que durante más de 2 años, el Instituto esperó la compra  de terrenos por parte de la comunidad  sin resultados satisfactorios, lo que obliga al Instituto a ejercer sus competencias de ley y dar inicio al acueducto por un asunto de salud pública, ello a pesar de las amenazas para que el acueducto siga en manos de la ASADA. Menciona que el proyecto ya dio inicio y paralelo a ello, por disposición del Ministerio de Salud, se mantienen camiones cisterna en distribución de agua como se ha hecho por más de 3 años, pero esta situación ya es inmanejable y por eso la posición de su representado de dar inicio a las obras. Argumenta que su representado está en posición de mejorar la calidad del agua de El Cairo, La Francia, Luisiana y adicionalmente abastecer a 7 localidades circunvecinas que no cuentan con agua potable (aproximadamente 9000 personas en total) en 18 meses, que se estima que duraría el proyecto, incluyendo las licitaciones necesarias para bienes y servicios del proyecto.  Agrega que sería muy conveniente para los intereses de 9000 personas de esa zona de Siquirres, contar con un mandato constitucional que le permita al AyA, iniciar este importantísimo proyecto. Indica que su representado ha atendido las solicitudes planteadas por los administrados, sus funcionarios se han reunido con los usuarios del sistema, se han realizado una serie de visitas de campo para poder  atender adecuadamente las necesidades  de las comunidades. Considera que su representado ha procedido conforme a derecho sin que ninguno de sus actos haya violentado derechos constitucionales, siendo que, por el contrario, se han tomado acciones necesarias para resolver el problema presentado de contaminación en las fuentes de agua de las comunidades descritas, como por ejemplo con el suministro de agua por camiones cisterna. Agrega que de acuerdo con la normativa, debe su representado, previo a realizar inversiones, asumir el sistema de acueducto y alcantarillado, pues no se puede delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera.   El AyA está adquiriendo un préstamo con el Banco Alemán para resolver integralmente el problema, pero indica que la comunidad se niega a que su representado asuma el sistema directamente. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso pero que se ordene a los habitantes de las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia, que no obstaculicen, comprometan ni impidan al AyA, la realización de las obras útiles y necesarias en la zona para atender la problemática que enfrentan las comunidades en relación con el suministro del agua.

3.- En los procedimientos  seguidos se ha observado  las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

 

Considerando:

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman  como  debidamente demostrados   los siguientes  hechos:  a)  que  las comunidades de El Cairo, La Francia y Luisiana, entre otras de Siquirres, no disponen del sistema de acueducto, y por tanto no cuentan con agua potable intra domiciliar (Ver informe rendido bajo juramento); b) que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha concebido un nuevo proyecto de acueducto para abastecer el servicio a esas comunidades, con expectativa de que más del 50% de la población se beneficiaría del proyecto (ver informe rendido bajo juramento); c) que el costo   de ese acueducto integrado es de 1020 millones de colones, financiado mediante un crédito suscrito con el Banco Alemán K.F.W. y recursos  de  contrapartida,  siendo  que el  nuevo  acueducto  deberá  estar administrado  directamente  por  el  Instituto  Costarricense  de Acueductos  y Alcantarillados (ver informe rendido bajo juramento); c) que el proyecto  ha encontrado oposición por parte de la ASADA de El Cairo a pesar de que en consulta realizada por el accionado, casa por casa en el mes de mayo 2012, un 70% de la población mostró su anuencia a que el AyA asuma la administración del acueducto y con ello resolver los problemas de abastecimiento de agua potable en la zona (ver informe rendido bajo juramento); d) que ya se cuenta con diseños del proyecto, se ha iniciado la compra de tubería y contratación de obras, compra de terrenos entre otros,  por lo que proyecto  ya dio inicio y paralelo a ello, por disposición  del  Ministerio  de  Salud,  se  mantienen  camiones  cisterna  en distribución de agua como se ha hecho por más de 3 años (ver informe rendido bajo juramento); e) que el Instituto accionado  está en posición de mejorar la calidad del agua de El Cairo, La Francia, Luisiana y adicionalmente abastecer a 7 localidades circunvecinas  que no cuentan con agua potable (aproximadamente 9000 personas  en total) en 18 meses,  que se estima que duraría el proyecto, incluyendo las licitaciones necesarias para bienes y servicios del proyecto (ver informe rendido bajo juramento).

II.- Sobre el derecho fundamental al agua potable. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar de Plata en 1977, se reconoció y se sentaron las bases para asumir el compromiso de alcanzar el acceso universal de todos los pueblos al agua potable. La Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU de 1986, incluyó un compromiso  por  parte  de  los  Estados  Parte  de  asegurar  la  igualdad  de oportunidades para todos a disfrutar de los recursos básicos. La Declaración sobre el Agua Potable y el Saneamiento para el Decenio de 1990, celebrada en Nueva Delhi, India, del 10 al 14 de septiembre de 1990, organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reconoció el siguiente principio rector: ³El agua potable y los medios adecuados de eliminación de desechos son esenciales para mantener  el medio ambiente  y mejorar  la salud humana y deben  ser el eje de la gestión integrada  de los recursos hídricos´. En la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, celebrada en Nueva York, en ese mismo año, se reconoció la necesidad de fomentar la provisión de agua potable para todos  los niños en todas las comunidades y lacreación de redes de saneamiento en todo el mundo (20.2.). En la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, celebrada en 1972, se reconoció lo siguiente: ³El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente´. En el Programa 21 de la Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1972, reconoció la necesidad de realizar una ordenación global del recurso hídrico (Sección 2, Capítulo 18, 18.6). Por su parte, en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social, celebrada en 1995, se reconoció la necesidad de orientar los esfuerzos y políticas a la tarea de superar las causas fundamentales de la pobreza y atender a las necesidades básicas de todos,  incluyendo el suministro de agua potable y el saneamiento (Capítulo I - Resoluciones aprobadas por la Cumbre, Segundo compromiso, b.). Sobre este particular, también se hizo hincapié en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (medida 106.x). Por su parte en la Declaración de Marrakech, Primer Foro Mundial del Agua, 1997, se reconoció la necesidad de establecer un mecanismo eficaz para la gestión de aguas compartidas, apoyar y conservar los ecosistemas, promover el uso eficaz del agua. El Comentario General sobre el derecho al agua, adoptado  en noviembre de 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU: E/C.12/2002/11) reconoció lo siguiente: ³el derecho humano al agua otorga derecho a todos a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos´ (ver en este sentido sentencia número 2012-006447 de las diez horas treinta minutos del 18 de mayo del 2012). Por su parte, y propiamente en lo que a Costa Rica se refiere, este Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua potable y que los órganos competentes  tienen la responsabilidad  ineludible de velar para que la sociedad, como un todo, no vea mermados esos derechos. En efecto, la Sala ha dispuesto,   que como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable: ³ («) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución,un derecho fundamental  al agua potable, derivado  de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación  y  la  vivienda  digna, entre  otros, tal como  ha sido reconocido también en instrumentos internacionales  sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura  explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia  en la Conferencia Internacional  sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara enotros numerosos  del Derecho Internacional Humanitario.  En nuestro Sistema Interamericano  de Derechos Humanos,  el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1  del  Protocolo  Adicional  a  la  Convención Americana  sobre Derechos Humanos  en Materia  de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: ³Artículo 11. Derecho  a un medio ambiente  sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos´. Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU  reiteró que disponer  de agua  es un derecho humano que, además de ser imprescindible  para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. VI.-Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales  ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para  que el Estado  le suministre  el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan  a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo: ³Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden  interno  como  mediante  la  cooperación  entre  los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo,  a  fin  de  lograr  progresivamente,  y  de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo´ (Ver  en  ese  sentido  sentencias  de  esta  Sala  números   2002-06157; 2002-10776; 2004-1923; 2003-04654; 2004-07779; 2011-014746; 2012-006647; entre otras).

III.- Sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento  de los servicios públicos.- Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento  de los servicios públicos, esto es, que sean prestados  con elevados  estándares de calidad,  el  cual  tiene  como  correlato  necesario  la  obligación  de  las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al PoderEjecutivo  el  deber  de ³Vigilar  el  buen  funcionamiento  de  los servicios y dependencias administrativas´, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de ³buena marcha del Gobierno´y el 191 en la medida que incorpora el principio de ³eficiencia de la administración´. Esa garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable. (Ver en este sentido la sentencia número 2003-11222 de las 17:48 hrs. del 30 de septiembre de 2003, reiterada entre otras en sentencia 2011-006581 de las once horas veintiocho minutos del 20 de mayo del 2011).

IV.-   Sobre  el fondo. Denuncia el recurrente que las comunidades  de El Cairo, La Francia y La Luisiana de Siquirres, desde hace más de 5 años, que no cuentan con agua potable, que se abastecen de pozos artesanales que suplen agua contaminada con agroquímicos, lo que    genera problemas de salud en los pobladores y que siguen recibiendo el líquido por medio de tanques cisternas sin que se vea una solución a corto plazo, para recibir el agua potable como existe en la mayor parte del país. Sobre el particular, debe recordarse  que esta Sala, en anteriores ocasiones, ha tenido conocimiento del serio problema de contaminación de los mantos acuíferos por agroquímicos existente en esa zona y en sentencia número 2009-009040 de las diez horas veintinueve minutos del 29 de mayo del 2009, se tuvo como hechos probados  de interés para este caso concreto, entre otros, que: ³ («) 7. Las nacientes del Cairo (según los recurrentes el acueducto de Cairo nutre en una parte al acueducto de Luisiana) y La Francia son de abastecimiento público y son captadas para el consumo humano («); 8. Además del Bromacil y del Diuron que ya se han citado, también se ha encontrado en el agua de los acueductos del Cairo y Luisiana, la presencia del plaguicida de uso agrícola llamado Triadimefon («); 11. El 10 de agosto de 2007, se recibió en el Despacho de la Ministra de Salud, un oficio del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (número PRE-2007-069),   en  el  que  informa  de  la  presencia  de plaguicidas en el agua que consumen las comunidades amparadas  y recomienda comunicar  a éstas ³no consumir esa agua  hasta estar seguros que los muestreos de agua no demuestran niveles peligrosos para la población («)´; 12. El 14 de agosto de 2007 en conferencia de prensa efectuada en las instalaciones del Ministerio de Salud, la Ministra de esta Cartera y el Presidente del Instituto de Acueductos  y Alcantarillados, ³señalaron ante la prensa sobre esta la citada presencia de plaguicidas en el agua para consumo humano en los distritos de Siquirres´a que este asunto se refiere.  En esa ocasión el Instituto de Acueductos y Alcantarillados se  comprometió  a  distribuir  agua  en  camiones  cisterna  a  las poblaciones afectadas(«)´. De igual manera, en esa sentencia número 2009-009040 de las diez horas veintinueve minutos del 29 de mayo del 2009, dentro de las consideraciones de fondo, la Sala indicó que: ³« La política del Instituto de Acueductos y Alcantarillados es apuntar al menor riesgo para  las personas  y por ello el mejor parámetro o método que ha escogido en su función es el europeo.  Esta postura resulta además, avalada por el Ministerio de Salud, que aclaró que no recomienda el consumo de agua con residuos de sustancia alguna ajena a su naturaleza  química y física, porque  lo contrario  violentaría   lo dispuesto por la Ley General de Salud. « De acuerdo con los hechos probados, los niveles de plaguicidas presentes en el agua de consumo de las comunidades afectadas, son superiores a la norma  de protección europea.   Por eso y existiendo evidencia  de  que  esos  productos  pueden  causar  cáncer,  resulta imposible no conceder el amparo que solicitan los recurrentes.  En este sentido debe observarse que primero está la seguridad  de que la población no sufrirá ningún daño.´ Para la Sala entonces es claro que, desde hace varios años, ha existido en las comunidades  a  las  que  se  refiere  el  recurrente,  un  serio  problema  de abastecimiento de agua potable. Ahora, en el caso bajo estudio, la Sala ha podido constatar que la situación se mantiene a la fecha pues inclusive, bajo juramento, la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha manifestado que las comunidades de El Cairo, La Francia, Luisiana y otras de la zona, no disponen del sistema de acueducto por lo que se abastecen de pozos artesanales, razón por la cual su representado ha concebido un nuevo proyecto de acueducto para abastecerlas,  así como  también para aumentar la capacidad  de infraestructura  para el crecimiento poblacional y resolver los problemas de contaminación con pesticidas de la piña. Bajo juramento se ha informado que por disposición del Ministerio de Salud, estas comunidades son abastecidas de agua potable por medio de camiones cisternas que reparten el líquido entre los pobladores; sin embargo, es evidente que esta situación no puede ser mantenida por más tiempo debido a que además de los costos que genera, no le está brindado calidad de vida a los pobladores  de esas comunidades.  Bajo juramento se ha informado que el proyecto  con que cuenta el Instituto accionado  para darle solución al problema, tiene la oposición de la ASADA de El Cairo y de algunos vecinos, pero es evidente que ello no puede ser un obstáculo cuando se trata de una situación tan seria como la que existe en estas comunidades. Al respecto, es importante recordar que si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir  con  organismos  comunales  la  administración  de  los  sistemas  de acueductos y alcantarillados, también es lo cierto que el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable  de todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para  el  suministro  de  agua  a  las  poblaciones. A partir  de  lo  anterior, la Administración no puede excusar la carencia de un servicio eficiente de agua potable,  por  la  falta  de  organización  comunal  o  la  mala  gestión  en  la administración del acueducto  rural por parte del órgano privado concesionado. Sobre el particular, el artículo 4 de Decreto Ejecutivo No. 32529 Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, estipula: ³Artículo   4.-  AyA  podrá  asumir  la  administración,  operación, mantenimiento y desarrollo de todos los sistemas de acueductos  y/o alcantarillado  comunales,  indistintamente  de  quien  sea  su  ente administrador,  cuando  no  se  garantice  el  servicio  público  de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. Estos sistemas serán asumidos de pleno derecho con todos sus deberes, obligaciones y patrimonio.´ V.- En este caso, pese a la grave situación descrita, que como se dijo es de vieja  data,  no  consta  que  el  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y Alcantarillados,  haya  dispuesto  alguna  medida  efectiva  a  fin  de  ejecutar inmediatamente el proyecto para brindar una solución definitiva al problema de abastecimiento de agua de los vecinos de El Cairo, La Francia y Luisiana así como abastecer a 7 localidades circunvecinas que no cuentan con agua potable, lo que evidentemente lesiona sus derechos fundamentales, pues no basta con que se haya creado el proyecto y se cuente con el financiamiento, sino que es indispensable que su ejecución se materialice de inmediato en acciones concretas, pues según se afirma bajo juramento, se estima que se tardaría 18 meses, incluyendo las etapas de licitaciones así como adquisición de bienes y servicios del proyecto. Bajo esta perspectiva, dada la problemática descrita, resulta claro que hay fundamento suficiente para que el Instituto Costarricense  de Acueductos  y Alcantarillados, como ente rector en la materia, no solo ejecute el proyecto que considere oportuno para abastecer de agua potable a esas comunidades, sino también que asuma la administración del acueducto, máxime que, como ya se apuntó, la vida y salud de los pobladores de esas comunidades, se encuentran en grave riesgo. Por tal razón, procede declarar con lugar el recurso,  y ordenar  la intervención inmediata del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.-

 

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Yesenia Calderón Solano en su condición de Presidenta  Ejecutiva del Instituto Costarricense  de Acueductos  y Alcantarillados o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que adopte las medidas que sean necesarias para que, de manera inmediata, se inicie la ejecución del proyecto de acueducto para abastecer a las comunidades de El Cairo, La Francia y Luisiana de Siquirres, a fin de que esté concluido, a más tardar, en 18 meses y con ello se de solución definitiva al problema de suministro de agua potable que se denuncia en este amparo. Se le advierte a Yesenia Calderón Solano en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que de no acatar las órdenes dichas, incurrirá en el delito de desobediencia y que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses  a dos  años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que  el  delito  no  esté  más  gravemente  penado.  Se  condena  a  la  Instituto Costarricense de Acueductos  y Alcantarillados al pago de las costas,  daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se  liquidarán  en  ejecución  de  sentencia  de  lo  contencioso  administrativo. Notifíquese la presente resolución a Yesenia Calderón Solano en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien  en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal.-

 

 

Gilbert Armijo S.

Presidente a.i

 

Ernesto Jinesta L.                                                                                                                                                           Fernando Castillo V.

 

Paul Rueda L.                                                                                                                                                           Aracelly Pacheco S.

 

Ricardo Guerrero P.                                                                                                                                                Jose Paulino Hernández G.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:56:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Exp: 12-007047-0007-CO

Res. Nº 2012009687

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours five minutes on the twentieth of July, two thousand twelve. Amparo (Recurso de Amparo) filed by Y.F.B, adult, teacher, married, bearer of identity card [...], resident of [...]; against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

 

Resultando:

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fifteen hours forty-five minutes on May 29, 2012, the petitioner files an amparo (Recurso de Amparo) against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and states that for five years, the locality of El Cairo has not had potable water through a natural source or via aqueduct, and although several Amparo appeals have been filed, they continue to receive this liquid by means of tanker trucks, which does not guarantee their right to life and health, since the water that circulates through the old aqueduct remains contaminated and many of the people who use this water for washing or bathing accidentally drink it, especially children. She considers that the increase in cancerous diseases and premature births is largely due to the problem of contaminated water, with children suffering the consequences the most. Deeming her rights violated, she requests that the appeal be granted with its consequences.

2.- Yesenia Calderón Solano, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath that her represented entity has conceived a new aqueduct project to supply the communities of El Cairo, La Francia, Luisiana, and others that do not have an aqueduct system and therefore are supplied by artisanal wells, as well as to increase infrastructure capacity for population growth and resolve the problems of contamination by pineapple pesticides. She states that the cost of this integrated aqueduct is 1,020 million colones, which is fully financed through a credit subscribed with the German Bank K.f.W. and counterpart funds. She indicates that this credit will be paid by her represented entity, so the new aqueduct will be administered directly by the Institute. She adds that despite efforts to start the project, they have encountered opposition from the ASADA of El Cairo, which obstructs the construction for political reasons and to conserve power, to the detriment of more than 50% of the population that would benefit from the project because they do not have in-home potable water. She argues that in a door-to-door consultation carried out by her represented entity in May 2012, 70% of the population showed their consent for AyA to assume the administration of the aqueduct and thereby resolve the problems of potable water supply in the area. She indicates that project designs are available, so the purchase of piping and contracting of works, purchase of land, and others have begun. She reports that for more than 2 years, the Institute waited for the purchase of land by the community without satisfactory results, which forces the Institute to exercise its legal powers and begin the aqueduct as a matter of public health, despite threats to keep the aqueduct in the hands of the ASADA. She mentions that the project has already begun and parallel to this, by order of the Ministry of Health, tanker trucks are maintained distributing water as has been done for more than 3 years, but this situation is now unmanageable and therefore her represented entity's position is to begin the works. She argues that her represented entity is in a position to improve the quality of water in El Cairo, La Francia, Luisiana, and additionally supply 7 neighboring localities that do not have potable water (approximately 9000 people in total) within 18 months, which is the estimated duration of the project, including the necessary bidding processes for goods and services for the project. She adds that it would be very convenient for the interests of 9000 people in that area of Siquirres to have a constitutional mandate that allows AyA to begin this very important project. She indicates that her represented entity has attended to the requests raised by the administered parties, its officials have met with the users of the system, and a series of field visits have been carried out to adequately address the needs of the communities. She considers that her represented entity has proceeded in accordance with the law without any of its acts having violated constitutional rights, and that, on the contrary, necessary actions have been taken to resolve the problem presented of contamination in the water sources of the described communities, such as the supply of water by tanker trucks. She adds that according to the regulations, her represented entity must, prior to making investments, assume the aqueduct and sewer system, since the administration of systems over which there is financial responsibility cannot be delegated. AyA is acquiring a loan with the German Bank to integrally resolve the problem, but she indicates that the community refuses to allow her represented entity to assume the system directly. She concludes by requesting that the appeal be dismissed but that the inhabitants of the communities of El Cairo, Luisiana, and La Francia be ordered not to obstruct, compromise, or impede AyA from carrying out the useful and necessary works in the area to address the problems faced by the communities in relation to water supply.

3.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Pacheco Salazar; and,

 

Considering:

I.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: a) that the communities of El Cairo, La Francia and Luisiana, among others in Siquirres, do not have an aqueduct system, and therefore do not have in-home potable water (See report rendered under oath); b) that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has conceived a new aqueduct project to supply the service to these communities, with the expectation that more than 50% of the population would benefit from the project (see report rendered under oath); c) that the cost of this integrated aqueduct is 1,020 million colones, financed through a credit subscribed with the German Bank K.F.W. and counterpart funds, and that the new aqueduct must be administered directly by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (see report rendered under oath); c) that the project has encountered opposition from the ASADA of El Cairo, despite the fact that in a consultation carried out by the respondent, door-to-door in May 2012, 70% of the population showed their consent for AyA to assume the administration of the aqueduct and thereby resolve the problems of potable water supply in the area (see report rendered under oath); d) that project designs are already available, the purchase of piping and contracting of works, purchase of land among others, have begun, so the project has already started, and parallel to this, by order of the Ministry of Health, tanker trucks are maintained distributing water as has been done for more than 3 years (see report rendered under oath); e) that the respondent Institute is in a position to improve the quality of water in El Cairo, La Francia, Luisiana, and additionally supply 7 neighboring localities that do not have potable water (approximately 9000 people in total) within 18 months, which is the estimated duration of the project, including the necessary bidding processes for goods and services for the project (see report rendered under oath).

II.- On the fundamental right to potable water. At the United Nations Water Conference, held in Mar del Plata in 1977, the foundation was recognized and laid for assuming the commitment to achieve universal access for all peoples to potable water. The Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, included a commitment by the States Parties to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources. The Declaration on Drinking Water and Sanitation for the 1990 Decade, held in New Delhi, India, from September 10 to 14, 1990, organized by the United Nations Development Programme, recognized the following guiding principle: "Potable water and adequate means of waste disposal are essential for sustaining the environment and improving human health and must be the axis of integrated water resources management." The World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children, from the World Summit for Children, held in New York that same year, recognized the need to promote the provision of potable water for all children in all communities and the creation of sanitation networks worldwide (20.2.). The Dublin Statement on Water and Sustainable Development, held in 1972, recognized the following: "Fresh water is a finite and vulnerable resource, essential to sustain life, development and the environment." Agenda 21 of the Rio Conference on Environment and Development, held in Rio de Janeiro in 1972, recognized the need for comprehensive water resource management (Section 2, Chapter 18, 18.6). For its part, the Copenhagen Declaration on Social Development, held in 1995, recognized the need to direct efforts and policies toward the task of overcoming the fundamental causes of poverty and meeting the basic needs of all, including the supply of potable water and sanitation (Chapter I - Resolutions adopted by the Summit, Second commitment, b.). In this regard, emphasis was also placed in the Beijing Declaration and Platform for Action (measure 106.x). Moreover, the Marrakech Declaration, First World Water Forum, 1997, recognized the need to establish an effective mechanism for shared water management, support and conserve ecosystems, and promote efficient water use. General Comment on the right to water, adopted in November 2002 by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (UN: E/C.12/2002/11) recognized the following: "the human right to water entitles everyone to sufficient, affordable, physically accessible, safe and acceptable quality water for personal and domestic uses" (see in this sense ruling number 2012-006447 at ten hours thirty minutes on May 18, 2012). Furthermore, and specifically concerning Costa Rica, this Constitutional Tribunal has recognized in its jurisprudence that the right to health and life are fundamental human rights that depend on access to potable water and that the competent bodies have the inescapable responsibility to ensure that society, as a whole, does not see those rights diminished. Indeed, the Chamber has ordered that as part of Constitutional Law, there exists a fundamental right to the supply of potable water: " (...) V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); moreover, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous others of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obliged in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides: "Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services." Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having water is a human right that, in addition to being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights. VI.- From the foregoing normative framework derives a series of fundamental rights linked to the State's obligation to provide basic public services, which imply, on the one hand, that people cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, the ownership of an enforceable right cannot be claimed by any individual for the State to supply them with the public service of potable water, immediately and wherever it may be, but rather that, in the manner provided in the same Protocol of San Salvador, this class of rights obligates the States to adopt measures, in accordance with Article one of the same Protocol: "The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among the States, especially economic and technical, to the maximum extent of available resources and taking into account their degree of development, in order to achieve progressively, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol" (See in this sense rulings of this Chamber numbers 2002-06157; 2002-10776; 2004-1923; 2003-04654; 2004-07779; 2011-014746; 2012-006647; among others).

III.- On the fundamental right to the proper functioning of public services.- Our political constitution implicitly enshrines the fundamental right of administered parties to the proper and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high standards of quality, which has as its necessary correlate the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, swiftly, effectively, and efficiently. This latter obligation derives from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8, which imposes upon the Executive Branch the duty to "Monitor the proper functioning of administrative services and dependencies," 139, subsection 4), as it incorporates the concept of "proper conduct of the Government," and 191, to the extent that it incorporates the principle of "efficiency of the administration." This atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as potable water supply. (See in this sense ruling number 2003-11222 at 17:48 hrs. on September 30, 2003, reiterated among others in ruling 2011-006581 at eleven hours twenty-eight minutes on May 20, 2011).

IV.- On the merits. The petitioner denounces that the communities of El Cairo, La Francia, and La Luisiana in Siquirres, for more than 5 years, have not had potable water, that they are supplied by artisanal wells that provide water contaminated with agrochemicals, which causes health problems for the residents, and that they continue receiving the liquid by means of tanker trucks without seeing a short-term solution to receive potable water as it exists in most of the country. In this regard, it must be recalled that this Chamber, on previous occasions, has become aware of the serious problem of aquifer contamination by agrochemicals existing in that zone, and in ruling number 2009-009040 at ten hours twenty-nine minutes on May 29, 2009, the following were held as proven facts of interest for this specific case, among others, that: " (...) 7. The springs (nacientes) of Cairo (according to the petitioners, the Cairo aqueduct partially feeds the Luisiana aqueduct) and La Francia are for public supply and are captured for human consumption (...); 8. In addition to Bromacil and Diuron which have already been cited, the presence of the agricultural pesticide called Triadimefon has also been found in the water of the Cairo and Luisiana aqueducts (...); 11. On August 10, 2007, a letter from the Instituto de Acueductos y Alcantarillados (number PRE-2007-069) was received in the Office of the Minister of Health, in which it reports the presence of pesticides in the water consumed by the protected communities and recommends informing them to 'not consume that water until it is certain that the water samplings do not show dangerous levels for the population (...);' 12. On August 14, 2007, at a press conference held at the facilities of the Ministry of Health, the Minister of this Portfolio and the President of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, 'stated before the press about this cited presence of pesticides in the water for human consumption in the districts of Siquirres' to which this matter refers. On that occasion, the Instituto de Acueductos y Alcantarillados committed to distributing water in tanker trucks to the affected populations (...).'" Likewise, in that ruling number 2009-009040 at ten hours twenty-nine minutes on May 29, 2009, within the considerations on the merits, the Chamber indicated that: "'... The policy of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados is to target the lowest risk for people and therefore the best parameter or method it has chosen in its function is the European one. This position is, moreover, endorsed by the Ministry of Health, which clarified that it does not recommend the consumption of water with residues of any substance foreign to its chemical and physical nature, because the contrary would violate the provisions of the Ley General de Salud. ... According to the proven facts, the levels of pesticides present in the drinking water of the affected communities exceed the European protection standard. Therefore, and with evidence that these products can cause cancer, it is impossible not to grant the amparo requested by the petitioners. In this sense, it must be observed that the priority is the certainty that the population will not suffer any harm.' For the Chamber, then, it is clear that for several years, there has been a serious potable water supply problem in the communities to which the petitioner refers. Now, in the case under study, the Chamber has been able to verify that the situation continues to date, since even under oath, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has stated that the communities of El Cairo, La Francia, Luisiana, and others in the area, do not have an aqueduct system, which is why they are supplied by artisanal wells, the reason for which her represented entity has conceived a new aqueduct project to supply them, as well as to increase infrastructure capacity for population growth and resolve the problems of contamination by pineapple pesticides. It has been reported under oath that by order of the Ministry of Health, these communities are supplied with potable water by means of tanker trucks that distribute the liquid among the residents; however, it is evident that this situation cannot be maintained for much longer because in addition to the costs it generates, it is not providing a quality of life to the residents of those communities. It has been reported under oath that the project that the respondent Institute has to solve the problem faces opposition from the ASADA of El Cairo and some neighbors, but it is evident that this cannot be an obstacle when dealing with a situation as serious as the one existing in these communities. In this regard, it is important to recall that although Article 2 of Ley 2726 empowers AyA to agree with communal organizations on the administration of aqueduct and sewer systems, it is also true that the respondent Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for the supply of water to the populations. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the lack of an efficient potable water service due to the lack of communal organization or the poor management in the administration of the rural aqueduct by the licensed private body. On this matter, Article 4 of Decreto Ejecutivo No. 32529 Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, stipulates: "Article 4.- AyA may assume the administration, operation, maintenance, and development of all communal aqueduct and/or sewer systems, regardless of who their administrative body is, when the public service is not guaranteed in accordance with Article 4 of the Ley General de la Administración Pública. These systems shall be assumed by full right with all their duties, obligations, and assets." V.- In this case, despite the serious situation described, which as stated is of long standing, it is not substantiated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has ordered any effective measure to immediately execute the project to provide a definitive solution to the water supply problem of the neighbors of El Cairo, La Francia, and Luisiana, as well as supply 7 neighboring localities that do not have potable water, which evidently harms their fundamental rights, since it is not enough that the project has been created and financing is available, but rather it is essential that its execution materialize immediately into concrete actions, since according to what is affirmed under oath, it is estimated that it would take 18 months, including the stages of bidding as well as acquisition of goods and services for the project. Under this perspective, given the described problem, it is clear that there is sufficient basis for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing body in the matter, not only to execute the project it deems appropriate to supply potable water to these communities, but also to assume the administration of the aqueduct, especially since, as already noted, the life and health of the residents of those communities are at serious risk. For this reason, it is appropriate to grant the appeal and order the immediate intervention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.-

 

Por tanto:

The appeal is granted. It is ordered that Yesenia Calderón Solano, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever in her place exercises that position, adopt the measures that are necessary so that, immediately, the execution of the aqueduct project begins to supply the communities of El Cairo, La Francia, and Luisiana of Siquirres, so that it is completed, at the latest, within 18 months and thereby a definitive solution is given to the potable water supply problem denounced in this amparo. Yesenia Calderón Solano, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever in her place exercises that position, is warned that failure to comply with said orders will result in the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be obeyed or enforced, issued in an amparo appeal, and does not obey it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. Let this resolution be notified personally to Yesenia Calderón Solano, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or to whoever in her place exercises that position.-

 

 

Gilbert Armijo S.

Acting President

 

Ernesto Jinesta L.                                                                                                                                                       Fernando Castillo V.

 

Paul Rueda L.                                                                                                                                                                 Aracelly Pacheco S.

 

Ricardo Guerrero P.                                                                                                                                               Jose Paulino Hernández G.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 02-23-2026 15:56:01.

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