Res. 01594-2013 Sala Constitucional — Ban on open-pit metal mining does not violate the ConstitutionProhibición de minería metálica a cielo abierto no viola la Constitución

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01594 - 2013

Fecha de la Resolución: 30 de Enero del 2013 a las 16:01

Expediente: 12-006179-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia desestimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 121- Atribuciones de la Asamblea Legislativa

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: 046- Libertad empresarial. Prohibición de monopolios

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Subtemas:

NO APLICA.

“…El inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política expresamente atribuye al legislador la potestad de “Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la nación” por tanto el legislador, dentro de las facultades atribuidas, puede participar a los particulares en el uso y explotación de los bienes de dominio público o por el contrario decidir, respecto de alguno de ellos, excluirlo totalmente de la explotación y el comercio, como ha sucedido en este caso. El legislador no está limitando o restringiendo la libertad de empresa, sólo está regulado el uso y la explotación de un bien demanial, al que de todas maneras el particular solo podría acceder de conformidad con la ley…En consecuencia, estima la Sala que tratándose de los propios bienes del Estado, afectos al dominio público, el legislador puede optar válidamente por la prohibición de explotación, máxime si, como en el presente caso, la medida responde a una política acorde al desarrollo y protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 constitucional. La Ley 8904 se funda en un interés público constitucional: la protección del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes…”  Sentencia 1594-13

“…Para el examen de esta materia, tenemos que tener en cuenta que estamos en presencia de bienes pertenecientes al dominio público, titularidad del Estado, que los particulares solo pueden explotar al amparo de la Ley y dentro del régimen jurídico específico del título habilitante: concesión o permiso. No estamos en presencia de bienes privados, el legislador no está restringiendo o limitando bienes privados, sino que está regulando propiedad pública y la actividad orientada a su explotación y comercialización. En tratándose de los bienes demaniales, la libertad de empresa, industria y comercio tendrá los alcances que de forma rigurosa le fija la ley dentro de los parámetros constitucionales. Es el legislador el que de conformidad con la potestad que le atribuye el constituyente en el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución y con sustento en los principios dispositivo y de libre configuración dentro del marco de la Constitución el que define el régimen jurídico de los bienes de dominio público. El inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política expresamente atribuye al legislador la potestad de “Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la nación” por tanto el legislador, dentro de las facultades atribuidas, puede participar a los particulares en el uso y explotación de los bienes de dominio público o por el contrario decidir, respecto de alguno de ellos, excluirlo totalmente de la explotación y el comercio, como ha sucedido en este caso. El legislador no está limitando o restringiendo la libertad de empresa, sólo está regulado el uso y la explotación de un bien demanial, al que de todas maneras el particular solo podría acceder de conformidad con la ley…” Sentencia 1594-13

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: COMERCIO

Subtemas:

NO APLICA.

001594-13. LIMITACIÓN DE CONCESIONES PARA MINERÍA. Artículos 8 bis y 65 f) del Código de Minería y el Transitorio V. Ley número 8964 del 01 de diciembre del 2010.

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Texto de la resolución
Exp: [

 

Exp: [...]

Res. Nº 2013001594

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y uno minutos del treinta de enero del dos mil trece.

 

Acción de inconstitucionalidad promovida por [NOMBRE 01] [...], cédula de identidad número […], en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la ACACIM y afines; para que se declaren inconstitucionales los artículos 8 bis y 65 inciso f) del Código de Minería y el Transitorio V de la Ley número 8904 del 1º de diciembre de 2010. Interviene en la acción la Procuraduría General de la República y el Diputado J.M.V.F.E como coadyuvante pasivo.

 

Resultando

1.- Por escrito recibido mediante el sistema de Gestión en Línea de la Sala a las 14:31 horas del 11 de mayo de 2012, el accionante solicita se declare la inconstitucionalidad de los artículos 8 bis y 65 inciso f) del Código de Minería y el Transitorio V de la Ley número 8904 del 1º de diciembre de 2010, por estimarlos contrarios a los artículos 33, 34, 45, 46, 50 y 121 inciso 14 de la Constitución Política y al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección de Inversiones, aprobado mediante ley número 7870. Las normas se impugnan en cuanto disponen que no se otorguen permisos, ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto, y que las existentes no sean renovadas o prorrogadas. Sostiene que el artículo 8 bis, al disponer dicha prohibición, es contrario al principio de interdicción de la arbitrariedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, en tanto considera que la Asamblea Legislativa, so pretexto de perseguir fines públicos, lo que hizo al introducir esta norma fue perjudicar a dos determinadas empresas de manera arbitraria. Expone que no existe ninguna razón ambiental ni técnica que justifique la prohibición aquí impugnada, toda vez que al ser la minería a cielo abierto realizada por empresas especializadas en la materia y de conformidad con estándares internacionales rigurosos, produce menos impacto ambiental que la explotación artesanal de canteras que abundan en nuestro país. Critica el uso del término generalizado “minería metálica a cielo abierto”, y explica que al hablar de “a cielo abierto” se refiere únicamente al hecho físico de si la mina tiene o no techo y explica lo peligroso de generalizar el término “minería metálica”, dado que incluso las calizas que son explotadas por las cementeras tienen componentes metálicos que las hacen caer en esta categoría. Asegura que la eliminación de la minería metálica a cielo abierto producirá una catástrofe, puesto que el 90% de todos los materiales utilizados por el ser humano provienen de esta actividad; cita como ejemplo: el cemento, la arena, la piedra, las cerámicas, el hierro, el oro, el magnesio y el aluminio. Reitera que no existe ninguna justificación técnica ni científica para la eliminación de esa actividad. Remite a la importancia del desarrollo de la actividad minera metálica en el mundo, afirmando que esta es una de las bases de la existencia humana, y que es el cimiento de la sociedad tal como la conocemos hoy en día. Afirman que, con los avances tecnológicos en máquina y equipos, la minería a cielo abierto se ha convertido en el método de extracción más favorable para los minerales superficiales y de baja proporción de metal. En criterio del accionante, la normativa impugnada carece de sustento constitucional, y contra dice la autorización que otorga al artículo 121, inciso 14 de la Carta Magna para la exploración y explotación minera sea realizada por parte de particulares. Considera que esta norma no hace distinción entre los tipos de minería que autoriza, por lo cual no puede un texto legal hacer diferenciaciones que no están incluidas en la norma constitucional. Alega que el legislador podría regular esta actividad en forma más estricta por razones de tutela al ambiente, pero que no puede prohibirla, lo que lesiona el artículo 46 constitucional. Expone que las normas impugnadas violentan el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, fue aprobada mediante Ley número 7870. Indica que dicho Tratado establece la obligación de dar a las inversiones del otro país un trato justo y equitativo de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, así como total protección y seguridad. En criterio del accionante, en el caso de las normas aquí objetadas se da un trato desigual, injusto y discriminatorio, que conlleva una inseguridad y desprotección de las inversiones que empresas canadienses han realizado en Costa Rica hasta la fecha. Alega que la normativa impugnada viola el artículo 46 de la Constitución, pues le introduce limitaciones no consentidas por el ordenamiento jurídico al ejercicio de una actividad empresarial lícita. Asegura que por razones de seguridad jurídica, las reglas del juego sobre la explotación minera no pueden ser cambiadas ni siquiera por una norma legal posterior. Reitera que al estar la actividad minera expresamente autorizada por el numeral 121 inciso 14 de la Constitución Política, ninguna norma de rango legal puede prohibirla. Acusa el accionante que la normativa impugnada también es violatoria del principio constitucional de desarrollo sostenible, derivado del artículo 50 de la Carta Magna, por prohibir una actividad productiva compatible con el respeto al ambiente y que coadyuva a la ceración de riqueza y empleo para el país. Afirma que es técnicamente posible que la explotación de la minería metálica a cielo abierto se haga con respeto absoluto del medio ambiente, y explica que la utilización de compuestos químicos como el mercurio y el cianuro no dañan el ambiente si son manejados adecuadamente. Asevera  que la inconstitucionalidad del artículo 65, inciso f) del Código de Minería se da por conexidad al depender su existencia de la validez del artículo 8 bis aquí objetado. Sobre el Transitorio IV impugnado, declara el accionante que el mismo violenta los artículos 34 y 45 de la Constitución Política, pues pretende dejar sin efecto, con efecto retroactivo, los derechos adquiridos de las empresas con concesiones mineras, además de eliminar el derecho adquirido a la posibilidad de renovación de dicha concesión. Señala que el Transitorio constituye prácticamente una expropiación de hecho, sin el pago de indemnización alguna. Solicita que se declaren inconstitucionales las normas impugnadas.

2.- Mediante resolución de las 15:23 horas del 11 de junio de 2012 (visible en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales), se cursa la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 8 bis y 65 inciso f) del Código de Minería  y contra el Transitorio V de la Ley 8904 de 1º de diciembre de 2010, por estimarse contraria a los artículos 33,34, 45, 46, 50 y 121 inciso 14 de la Constitución Política, a fin de que rinda el informe contemplado en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se le confiere audiencia a la procuraduría por un plazo de 15 días.

3.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:02 horas del 04 de julio de 2012 (Visible en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales), la Procuraduría General de la República rinde su informe. Señala que en la acción se impugnan los artículos 8 bis y 65 inciso f) del Código de Minería, Ley 6797 de 04 de octubre de 1982, y sus reformas, así como el transitorio V de la Ley número 8 bis aquí impugnado y modificó el 65 del Código de Minería, agregándole el inciso f) actual; puesto que el accionante los considera violatorios del principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política por consistir una discriminación en contra de este tipo de minería y quienes la practican, a pesar de que cumplen todas las especificaciones técnicas y ambientales. Violentan lo dispuesto en el artículo 121, inciso 14) de la Constitución Política en tanto esa norma autoriza la exploración y explotación minera por parte de los sujetos de derecho privado, ya por concesión otorgada por la propia Asamblea Legislativa o por concesión otorgada en el marco de una ley que lo autorice, como es el caso del Código de Minería. Violan, según el dicho del accionante. El artículo 50 constitucional en la medida en que la prohibición establecida en las normas impugnadas impide el desarrollo de una actividad productiva compatible con el ambiente. Acusan la violación del tratado “Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la promoción y protección recíproca de inversiones”, aprobado por ley número 7870, por cuanto los proyectos mineros para la extracción de oro más importantes del país –Bella Vista y Crucitas- los llevan a cabo empresas canadienses y el tratado, en su artículo II, obliga a las partes contratantes a otorgar a la otra parte un trato justo y equitativo, así como total protección y seguridad. Indica la Procuraduría en su informe, que el accionante estima las normas impugnadas contrarias al artículo 46 constitucional por cuanto limitan específicamente la libertad de empresa de dos empresas. En relación con la invocada violación del principio de igualdad mediante la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, la Procuraduría General de la República expresa que la prohibición contenida en el artículo 8 bis del Código de Minería, así como las disposiciones complementarias del artículo 65, inciso f) que declara la nulidad de permisos y concesiones otorgadas en contra de lo dispuesto por el artículo 8 bis, y del Transitorio IV de la Ley número 8904, no son por sí mismas discriminatorias, más bien son manifestación del ejercicio de las potestades constitucionales del legislador en relación con cierto tipo de minería que considera peligrosa desde el punto de vista ambiental. La norma es universal, afecta a todos aquellos particulares que se encuentren en el supuesto de hecho que ella describe. El principio de igualdad no impide que el legislador realice tratos diferenciados en atención del principio de igualdad real y en función de criterios socioeconómicos. La libertad de empresa, industria y comercio no es irrestricta y el legislador puede imponer limitaciones fundado en el artículo 50 constitucional, siempre que se dicten en procura de un interés público y sean proporcionales y razonables. El interés público que se procura tutelar con la prohibición es de naturaleza ambiental protegido en el artículo 50 de la Constitución. Afirma que el legislador se fundó en estudios técnicos que demuestran el riesgo para el ambiente de este tipo de actividad como se pueden observar en el expediente legislativo, en ese sentido, la misma Ley que introdujo el artículo 8 bis y modificó el artículo 65 del Código de Minería, reformó el 103 para tener como factor que deteriora el ambiente, la utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio, tal como ocurre en la minería a cielo abierto. No se trata de una decisión arbitraria desde el punto de vista técnico y científico. La prohibición lejos de ser violatoria del artículo 50 constitucional es una medida tendiente a la protección del derecho al ambiente en él consagrado. En relación con la violación al artículo 121 inciso 14) de la Constitución, expresa la Procuraduría en su informe que de conformidad con esa norma la potestad para enajenar bienes de dominio público o afectados a usos públicos, corresponde a la Asamblea Legislativa. En virtud de esta norma, el legislador dispuso en el artículo 1 del Código de Minería que los recursos minerales están afectos al dominio público y la posibilidad de otorgar concesiones para su reconocimiento, exploración, explotación y beneficio. No existe reserva constitucional en relación con los recursos minerales, solo respecto de los recursos radiactivos, razón por la que su régimen jurídico queda sometido a la ley y por ello, la norma impugnada no supone un quebranto del artículo 121 inciso 14 constitucional. Sobre la argüida violación al Tratado entre los Gobiernos de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la promoción y protección recíproca de las inversiones expresa, que la prohibición establecida en perjuicio de inversiones canadienses en Costa Rica. La prohibición va dirigida a un tipo de minería por los métodos que utiliza y sus riesgos ambientales. El hecho de que existan empresas canadienses explotando este tipo de minas es solo un hecho circunstancial. Tómese en cuenta que de conformidad con la norma, se verá afectada cualquier otra empresa de cualquier nacionalidad incluida las costarricenses. En todo caso, la Ley 8904 deja a salvo los derechos adquiridos de buena fe con acatamiento de los requisitos legales vigentes, respetando el principio de seguridad jurídica [p1]. Respecto del Transitorio V, la Procuraduría advierte que la accionante no fundamentó la inconstitucionalidad del transitorio. Respecto de este punto la acción debe ser rechazada por falta de fundamentación. Además el Transitorio V, debido a cambios en la numeración en Comisión Legislativa, no se refiere al artículo 8 bis, sino al artículo 8 que no está impugnado en esta acción. La Procuraduría estima que el accionante carece de legitimación para interponer la acción. En primer lugar, porque la personería no está vigente, venció el 15 de marzo de 2012. En segundo lugar, porque no interpone la acción en defensa de intereses colectivos, sino en defensa de los intereses particulares y privados de dos empresas mineras, que según el accionante están siendo perjudicadas por las normas legales impugnadas. En ese sentido, la invocación del Tratado entre Costa Rica y Canadá se debe a que las dos empresas mineras que consideran están siendo perjudicadas son canadienses. Asimismo, la Asociación invoca la violación de la libertad de empresa que le asiste a esas dos empresas. En consecuencia, la acción requiere de un asunto previo pendiente de resolución, en la vía judicial o de agotamiento de la vía administrativa, de amparo o de hábeas corpus donde se haya invocado la inconstitucionalidad de las normas impugnadas como medio idóneo para amparar los derechos, toda vez que la Sala Constitucional, al amparo de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, expresamente ha señalado que cuando se alegan intereses colectivos estos no deben ser susceptibles de alegarse de forma individual y cita en su apoyo lo dispuesto en la sentencia número […] de las 16:12 horas del 10 de marzo de 1999 y considera que el hecho de que la accionante fundamente su legitimación en un proceso contencioso administrativo número [...] no cumple con las exigencias de la Ley de rito. En definitiva, solicita que se desestime por el fondo la acción por falta de legitimación activa del accionante y en su defecto, la acción sea declarada sin lugar por cuanto las normas impugnadas no son contrarias a la Constitución.

4.- Mediante resolución de las 9:27 horas del 3 de agosto de 2012, se tiene como coadyuvante pasivo en el proceso al señor J.M.V.F.E, cédula de identidad número [...], por cuanto se apersonó en este proceso mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 12:00 horas del 6 de julio de 2012, dentro del plazo establecido en el numeral 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En su escrito, el coadyuvante funda su legitimación en la defensa de intereses difusos de protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por cuanto la Ley número 8904 del 1º de diciembre de 2010, que reformó el Código de Minería, persigue fortalecer la protección ambiental vigente en el país, de manera que su eventual nulidad estaría debilitando el sistema de protección e iría en detrimento del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley se funda en los principios preventivo y precautorio para prohibir la minería metálica a cielo abierto por los altísimos riesgos para la biodiversidad y para las aguas superficiales y subterráneas. La Ley procura el desarrollo progresivo de la protección al derecho a un ambiente sano en nuestro país. Específicamente en relación con la constitucionalidad de los artículos 8 bis y 65 inciso f) del Código de Minería (adicionados mediante Ley número 8904 del 1º de diciembre de 2010) indica que las normas no lesionan los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad, ni el numeral 33 de la Constitución como alega la accionante, toda vez que el artículo 8 bis dispone que “no se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional”, en su redacción no existe ningún trato discriminatorio, carente de diferenciación objetiva en perjuicio de alguna persona o grupo de personas, la norma prohíbe otorgar nuevos permisos o concesiones para esta actividad, en razón de los altos riesgos que la misma implica para el ambiente y para otras actividades productivas que pueden resultar más sostenibles a largo plazo (turismo, agricultura, conservación del bosque, etc.); esta prohibición aplica para todas las personas interesadas en obtener nuevos permisos o concesiones para esta actividad, sin discriminar entre nacionales o extranjeros, grandes o pequeñas empresas, ni entre las que desean instalarse en el país o las que ya están operando. Tampoco el legislador incurrió en un vicio de desviación de poder como lo sugiere la accionante para perjudicar a dos empresas en concreto, la norma estableció una prohibición general con el fin de proteger el medio ambiente, dejando a salvo los derechos adquiridos de buena fe y en cumplimiento de lo requisitos de la legislación vigente con anterioridad a la entrada en vigencia de la prohibición. Al momento de la aprobación de la Ley, las dos empresas que se sienten perjudicadas contaban con concesiones vigentes, si los tribunales han declarado otra cosa, es ajeno al Poder legislativo. La prohibición de la minería metálica a cielo abierto no es una decisión antojadiza ni arbitraria, responde a una preocupación objetiva y justificada de proteger el patrimonio natural de Costa Rica frente a una actividad calificada de riesgosa para el ambiente, la salud y potencialmente destructivas de la naturaleza, sustancias químicas como el cianuro y el mercurio utilizadas en la actividad, así como la emanación de polvos, sedimentos y desechos acumulados, cráteres, deforestación, contaminan las aguas superficiales y subterráneas, el aire, la morfología del terreno, perdida irreversible de suelos, afectan la salud humana, destruye la flora y la fauna de la zona, produce cambios en el microclima de la zona, destruye la belleza escénica e impacta negativamente en actividades económicas como la agricultura, la ganadería y turísticas. Alega que con estas medidas Costa Rica sigue experiencias de otros países. Apoya su argumentación en los principios preventivo y precautorio o pro-natura recogido en los dos primeros incisos del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, número 7788, ampliamente desarrollados por la Sala Constitucional y cita la sentencia número [...].  Sobre la violación del artículo 121 inciso 14 de la Constitución, expresa que los numerales 8bis y 65 incisos f) del Código de Minería no lesionan esta norma constitucional, porque no existe una obligación constitucional del Estado costarricense de otorgar concesiones para minería metálica a cielo abierto. La norma constitucional le atribuye a la Asamblea Legislativa la potestad de definir el régimen de conservación, uso, explotación de los bienes allí protegidos y claramente dice que “podrán ser explotados” de acuerdo con la ley, por tanto, autorizar o no la explotación de estos bienes demaniales es una potestad soberana de la Asamblea Legislativa. La accionante erróneamente lee “deberán” donde la norma dice “podrán”, no existe ningún derecho constitucional a determinada técnica de explotación minera. En relación con la alegada violación del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de inversiones con Canadá dice que la accionante no la explica adecuadamente, al parecer la violación vendría porque la prohibición afectaría dos empresas de nacionalidad canadiense; sin embargo, la norma es de alcance general y no diferencia por condiciones personales de los sujetos interesados en realizar este tipo de explotación minera, como por ejemplo, la nacionalidad de los sujetos interesados. El artículo III del Tratado permite el establecimiento en el país de inversionistas canadienses que, en circunstancias similares, no sean menos favorables que las otorgadas a inversionistas de un tercer Estado e inversionistas costarricenses, el artículo 8 bis cumple con esta disposición, porque rige por igual y en idénticos términos y condiciones para inversionistas costarricenses y de cualquier otra nacionalidad. Las normas impugnadas cumplen igualmente con las disposiciones de los artículos II, IV y las excepciones generales del Tratado. Sobre la lesión a la libertad de empresa, industria y comercio y el artículo 46 constitucional, sostiene que carece de sustento porque la Asamblea Legislativa tiene la potestad de regular, restringir o incluso prohibir la explotación de los bienes propios de la Nación de conformidad con el inciso 14 del artículo 121 constitucional, de manera que es justo y necesario limitar el ejercicio de esta libertad con fines de protección ambiental, por cuanto sin la garantía plena de los derechos a la salud, al ambiente y la vida no sería posible el ejercicio de ninguna otra actividad humana. Para el coadyuvante los artículos 8 bis y 65 incisos f del Código de Minería cumplen plenamente  con el principio de desarrollo sostenible y el artículo 50 constitucional. Alega en primer lugar, que la accionante desconoce el contenido y alcances de este principio. El principio de desarrollo sostenible se alcanza mediante la soberanía de los Estados para regular el aprovechamiento de sus propios recursos naturales, cita en su apoyo el principio 2 de la Declaración de Río de 1992 “Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.” Desarrollo sostenible  incluye el deber de los Estados de restringir y hasta prohibir las formas de explotación de los recursos naturales que puedan resultar dañinas para el medio ambiente conforme al principio 8 de la misma Declaración. La Ley que se impugna en lugar de ser incompatible con el desarrollo sostenible, busca cumplir coherentemente con este principio y se presenta como una ley solidaria con las futuras generaciones, no se trata de generar riquezas a corto plazo mediante una explotación intensiva de los recursos naturales a costa de altos sacrificios del patrimonio natural y de recursos esenciales para la vida (alimentación, agua potable, etcétera). Sobre la constitucionalidad del Transitorio IV de la Ley número 8904. el coadyuvante afirma que no lesiona el artículo 34 de la Constitución Política por cuanto no existe un derecho adquirido a la prórroga de concesiones sobre bienes de dominio público. La Ley respeta los derechos de concesión legítimamente otorgados con anterioridad a su entrada en vigencia: “TRANSITORIO II. Quedan a salvo de lo dispuesto en esta ley los derechos de concesión adquiridos de buena fe y en cumplimiento con todos los requisitos de la normativa vigente, con anterioridad a su entrada en vigencia. Los titulares de estos derechos deberán cumplir con todas las obligaciones establecidas en la legislación nacional.” Como se observa, el Transitorio es respetuoso de los derechos adquiridos y vigentes. Sin embargo, la accionante, en una errónea lectura alega que las empresas con concesiones actuales no podrán renovarlas causándoles un perjuicio. En estos casos, expresa el coadyuvante, la concesión se encuentra extinguida y el empresario lo que tiene es una expectativa de derecho y no un derecho subjetivo, por cuanto no existe el derecho a la renovación de una concesión, el mismo inciso 14 del artículo 121 de la Constitución dispone que la concesiones sobre bienes de dominio público serán otorgadas por tiempo limitado, de donde se deduce que no existen concesiones automáticas o a perpetuidad como lo dejó claro la Sala Constitucional desde el caso Millicom de 1993, razón por la cual no existe la violación que se acusa. Según el coadyuvante, el Transitorio IV de la Ley 8904 tampoco afecta en nada el derecho de propiedad privada ni el artículo 45 constitucional que lo reconoce. El accionante habla de una “expropiación de hecho” sin indemnización previa, la que fundan en un supuesto derecho a renovar la concesión; sin embargo como ya se dijo no existe el derecho a renovar una concesión, una vez vencida ésta, lo único que tiene el administrado es una expectativa de derecho y el legislador no encuentra en la Constitución ningún impedimento para prohibir mediante ley la renovación de ciertas concesiones cuya actividad se prohíbe como parte de una política del Estado para proteger el patrimonio natural. Si no hay prórroga automática tampoco existe expropiación. Solicita se declare sin lugar la acción en todos sus extremos.

5-. Escrito del colegio de geólogos de Costa Rica representado  por su presidenta, presentó escrito a las 11:47 horas del 03 de agosto de 2012, se presenta en defensa de sus asociados afectados con las normas impugnadas, por cuanto se han cerrado un gran número de fuentes de trabajo, toda vez que la minería metálica requiere de personal de geología de varias especialidades: geología general, hidrogeología, geotecnia, geoquímica, ingeniería de minas, geología ambiental; el cierre de las minas los ha obligado a migrar a otros trabajos con ingresos más bajos e incluso a otros países en busca de oportunidades de trabajo.

La prohibición le impedirá al país capitalizar nuevos conocimientos sobre el subsuelo. El estudio geológico para la explotación de una mina de esta naturaleza alcanza un área de 20 kilómetros cuadrados, generando un conocimiento detallado de la zona. Lográndose como producto mapas actuales y de detalle geológicos y de recursos naturales que sirven luego para la toma de decisiones gubernamentales, estudios que difícilmente puede realizar el Estado. El Colegio de Geólogos estaría legitimado por cuanto por Ley Orgánica le corresponde velar por la generación de empleos de sus asociados.

Advierten falta de proporcionalidad y razonabilidad de la norma, por cuanto la Organización Mundial de la Salud no tiene una normativa específica en cuanto a la utilización del Cianuro en minería. Estiman que se violan los derechos adquiridos de buena fe y estiman que el legislador está expropiando las concesiones otorgadas y los derechos derivados de éstas. El Transitorio obvia que existen muchos expedientes en trámite y que las empresas han realizado inversiones considerables, especialmente aquellos que han cumplido con la fase de exploración y que fueron realizadas partiendo de la buena fe de la Administración, sin indemnización previa, lo que violenta el artículo 45 constitucional. Expresa que si se viola el principio de igualdad toda vez que el Transitorio VII si permite el uso de cianuro, mercurio y las sustancias peligrosas de la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligalleros. Se viola el principio de propiedad privada por cuanto se violentan los derechos adquiridos que el Código de Minería define en el artículo 12 como derechos reales que nacen de los actos administrativos soberanos del Estado. Finalmente agregan se violenta el artículo 56 de la Constitución por cuanto la prohibición menoscaba las posibilidades de trabajo de los geólogos en Costa Rica.  

6.- Los edictos o avisos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los Boletines del Poder Judicial números [...], de los días 02, 03 y 04 de julio de 2012 (visible en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales).

7.- Se prescinde de la audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, por considerar que existen suficientes elementos de juicio para resolver esta acción.

8.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley

          Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando

          I.- Coadyuvancia del Colegio de Geólogos de Costa Rica. En el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales se encuentra la solicitud de coadyuvancia activa interpuesto por E.G.R, en su condición de presidenta del Colegio de Geólogos de Costa Rica, escrito presentado a las 11:47 horas del 03 de agosto de 2012, por estimar que le corresponde velar por los derechos de los agremiados. Al respecto, esta Sala estima que dicha gestión resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto en el numeral 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que se presentó fuera del plazo de quince días contado a partir de la primera publicación del edicto de la resolución que dio curso a la acción.

          II.- Objeto de la acción. La presente acción tiene por objeto determinar la constitucionalidad de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, y la consecuente imposibilidad de prorrogar o renovar los permisos o concesiones otorgadas con anterioridad a entrada en vigencia de la prohibición. Concretamente para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 8 bis y 65 inciso f) del Código de Minería, por violar –según lo expone la accionante- los artículos 33, 46, 50 y 121 inciso 14) de la Constitución Política y los principios de igualdad y no discriminación por cuanto discrimina sin justificación ambiental o técnica la minería metálica a cielo abierto de otros tipos de minerías; del principio de interdicción de la arbitrariedad por constituir desviación de poder de la Asamblea Legislativa cuyo objetivo es perjudicar a dos únicas empresas que explotan minas de oro, se trata de una ley ad-personan; y el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución autoriza la exploración y explotación minera por los particulares por medio de una concesión legislativa o administrativa al amparo de la ley, pudiendo el legislador regular la actividad más intensamente pero no prohibirla porque encuentra asidero en la norma constitucional y de los artículos I, II, III, Anexo I del  de “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones” Ley número 7870, Gaceta número 100 del 25 de mayo de 1999 debido a la inseguridad y desprotección de las inversiones de dos empresas canadienses; y para que se declare el Transitorio V de la Ley número 8904 del 1º de diciembre de 2010, por ser contrario a los artículos 34 y 45 de la Constitución Política.

          III.- Legitimación de la accionante. La accionante funda su legitimación en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que al efecto expresa:

“Artículo 75,- Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de habeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionando.”

La accionante planteó proceso ordinario contencioso administrativo, que se conoce bajo el expediente judicial número [...] ACACIM y afines c/El Estado, donde impugna los Decretos Ejecutivos números 35982-MINAET Y 36019-MINAET, así como la directriz adoptada por el Poder Ejecutivo el 13 de enero de 2010 y comunicada mediante Oficio número DM-042-2010; donde invocó la inconstitucionalidad de las normas legales como medio idóneo para amparar los derechos o intereses que considera lesionados.

 Por otra parte, se ha suscitado una discusión en el seno del Tribunal, en el sentido de si debe existir o no una correspondencia entre las normas que se indican en el libelo en que se haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal y las que se señalan en el escrito de la acción, toda vez que los recurrentes en el primero invocaron la inconstitucionalidad de toda la ley, mientras que en el segundo sólo hacen referencia a algunos artículos. A juicio de la mayoría de este Tribunal, esa falta de congruencia no puede configurarse en un requisito de inadmisibilidad por varias razones. En primer lugar, el artículo 75, en su párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo único que exige es que, en el asunto base, la acción de inconstitucionalidad sea un medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Si ello se cumple, al menos en lo que atañe a este requisito de admisibilidad, no hay razón para rechazar de plano la acción. No se puede perder de vista que la acción de inconstitucionalidad, por regla general, es una especie de prejudicialidad en efecto devolutivo absoluto, toda vez que ante la invocación de inconstitucionalidad que hace una de las partes de una norma o una omisión en la que la otra fundamenta su pretensión en el juicio base, no puede ser resuelta por el Juez ordinario, sino que el asunto se debe suspender y remitir el expediente a la Sala Constitucional para que sea este órgano quien determine la constitucionalidad o no de la norma o la omisión. Desde esta perspectiva, el escrito de invocación de inconstitucionalidad que se hace en el juicio base es un mero anuncio, un anticipo al Juez ordinario de que la norma u omisión que está en discusión se va a cuestionar en la jurisdicción constitucional. Es en esta jurisdicción donde el recurrente debe indicar las normas que cuestiona, dar los fundamentos en forma clara y precisa, con cita de las normas y principios que se consideran infringidos, lo que, en el presente caso, se ha hecho. Por otra parte, abogar por la tesis de la absoluta correspondencia entre las normas que se invocan como inconstitucionales en el juicio base y las que se indican en el escrito de la acción, conllevaría a un excesivo formalismo, tal y como sucedía, en algunos casos, con el recurso de casación, cuando hoy en día las corrientes procesalistas se han decantado por reducir al mínimo los formalismos y, con ello, potenciar el derechos de los justiciables de acceso al servicio público de la Administración de Justicia. Es por estas razones que la mayoría de este Tribunal admite la acción y entra a conocer el fondo.

          IV.- Sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas. En concreto, la Asociación accionante alega la inconstitucionalidad de las siguientes normas: El artículo 8 bis del Código de Minería, Ley 6797, incorporado al Código mediante ley: "Reforma Código de Minería y sus reformas ley para declarar a Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto", número 8904 del 1° de diciembre de 2010, que establece:

 “Artículo 8 bis.- No se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. Se establece que como excepción se otorgarán, únicamente, permisos de exploración con fines científicos y de investigación.”

La inconstitucionalidad del inciso f) del artículo 65 del Código de Minería, Ley 6797, incorporado al Código mediante Ley 8904 de 1º de diciembre de 2010.

“Artículo 65.- Serán nulos los permisos y concesiones otorgados en contravención a la ley, y en especial los siguientes: a)…f) Las concesiones otorgadas en contra de lo estipulado en el artículo 8 bis de esta Ley.”

Y finalmente, la inconstitucionalidad del Transitorio V de la Ley 8904 de 1º de diciembre de 2010, que en realidad es el IV, lo que se desprende de su argumentación jurídica y cita de la norma:

“TRANSITORIO IV.- Ningún permiso o concesión para minería metálica a cielo abierto será renovado o prorrogado, después de haberse extinguido estos por cualquier motivo, de conformidad con la legislación que los regula.”

          V.- Sobre la alegada violación de los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad y del artículo 33 constitucional. Alega el accionante que el artículo 8 bis es contrario a los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad consagrados en el artículo 33 de la Constitución Política, por considerar, en primer lugar, que constituye una discriminación en contra de este tipo de minería y de quienes la practican, a pesar de que cumplen con todas las especificaciones técnicas y ambientales. Asimismo, alega que la Asamblea Legislativa, so pretexto de perseguir fines públicos, perjudicó dos empresas de manera arbitraria, sin que existiera ninguna razón ambiental o técnica para establecer la prohibición contenida en el numeral impugnado, dando a entender que la Asamblea Legislativa incurrió en desviación de poder.

La Sala estima que no existe violación del principio de igualdad ni del numeral 33 constitucional que lo recoge, por cuanto la prohibición del artículo 8 bis es general, objetiva y abstracta, sin ninguna diferenciación subjetiva en perjuicio de persona física o jurídica alguna. La norma prohíbe otorgar nuevas concesiones mineras para la exploración o explotación de la minería metálica a cielo abierto en todo en territorio nacional. La norma afecta tanto a los nacionales como a extranjeros, personas físicas o jurídicas, grandes, medianas o pequeñas empresas. Todo el que cae en el supuesto de hecho de la norma: actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional, se hace acreedor de las consecuencias jurídicas que la norma dispone: “no se otorgarán permisos ni concesiones”. La norma establece una regulación hacia el futuro, a partir de la entrada en vigencia de la Ley en adelante, lo que se expresa en el uso verbal “no se otorgarán…”, de manera que toda persona (física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera) que estuviere explorando o explotando minería metálica a cielo abierto al momento de la vigencia de la ley, sabe que hacia el futuro ya no se otorgarán más permisos ni concesiones para dicha actividad. La norma no afecta su situación actual ni pasada, impacta su situación futura, sin configurar ninguna discriminación subjetiva como alega el accionante. El artículo 8 bis cumple con las exigencias constitucionales de objetividad, abstracción y generalidad como ha quedado explicado, razón por la cual se rechaza el alegato invocado.

Esas mismas exigencias constitucionales de igualdad son respetadas por el inciso f) del artículo 65 del Código de Minería y el Transitorio IV de la Ley 8904. 

El artículo 65 inciso f) dispone: “Artículo 65.- Serán nulos los permisos y concesiones otorgados en contravención a la ley, y en especial los siguientes: a)…f) Las concesiones otorgadas en contra de lo estipulado en el artículo 8 bis de esta Ley.” Esta norma dispone como efecto jurídico la nulidad de todas aquellas situaciones que se encuentren en el supuesto de hecho que ella contempla: permisos y concesiones otorgados en contravención a la ley, entre las que se encuentran aquellas que se hayan otorgado en contra de lo dispuesto por el Código de Minería en el artículo 8 bis. La norma no introduce ninguna diferenciación de trato, fundada en alguna cualidad de la persona (física o jurídica) para efectos de aplicar la nulidad del permiso o concesión otorgada. No se observa ni en el supuesto de hecho ni en la aplicación del efecto o consecuencia jurídica distinción alguna fundada en la nacionalidad de los permisionarios o concesionarios, como erróneamente lo interpreta la accionante.

El Transitorio IV introduce una regulación específica para todos aquellos que se encuentran al momento de entrada en vigencia de la ley, explorando o explotando la minería metálica a cielo abierto al amparo de dos títulos jurídicos concretos: el permiso y la concesión. De conformidad con el Transitorio IV toda persona, física o jurídica, nacional o extranjera, que se encuentre explorando o explotando la minería metálica a cielo abierto podrán continuar con la actividad hasta la extinción del permiso o concesión por cualquier motivo, de conformidad con la ley que los regula. Nuevamente, analizada la norma, la Sala no observa violación alguna del principio de igualdad, por cuanto no distingue para efectos de la conservación de su situación jurídica entre permisionarios o concesionarios por razón de su nacionalidad o alguna otra cualidad incompatible con el parámetro constitucional.

Finalmente, en relación con el alegato de que se viola el principio de igualdad porque se discrimina entre los distintos tipos de minería, prohibiendo la metálica a cielo abierto, esta sala en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en el sentido de que no se viola el estándar constitucional de igualdad si la diferenciación es objetiva y razonable; amén de que el principio de igualdad es derecho que corresponden a personas, físicas y jurídicas, y no a objetos, actividades o funciones. La razón por la cual el Legislador prohíbe la minería metálica a cielo abierto, es porque hay razones técnicas e información que evidencian que esta actividad representa un riesgo para la salud y el medio ambiente, así como también hay razones técnicas para sostener que esta actividad se podría desarrollar sin afectar la salud y el medio ambiente. En todo caso, corresponde al legislador, dentro del marco de la Constitución impulsar, a través de la legislación,  una política ambiental y de utilización de los recursos naturales y del Estado. La normativa impugnada responde a una protección del ambiente y a la configuración de un modelo de desarrollo que el legislador estima más compatible con el ambiente, dentro del marco de la Constitución. En consecuencia, considera la Sala que hay razones objetivas que justifican el ejercicio de la potestad legislativa en este campo y que tornan razonable la distinción objetiva introducida en el régimen jurídico de la minería metálica a cielo abierto, por lo que la prohibición  deviene en constitucional.

Este Tribunal tampoco observa que el legislador haya incurrido en la violación del principio de interdicción de la arbitrariedad que alega la accionante, ya fuera por una violación grosera del principio de igualdad o por incurrir en desviación de poder. La desviación de poder se configura cuando se utiliza una potestad pública para fines distintos a los queridos por el Ordenamiento Jurídico a través de dicha potestad; en este tipo de vicio también puede incurrir el legislador en el ejercicio de la potestad legislativa cuando hipotéticamente la utilizara para alcanzar fines distintos a los fijados por la Constitución Política; sin embargo, del análisis de las normas impugnadas se observa, con meridiana claridad, que el legislador se fundó en suficientes razones técnicas, que la norma es general, abstracta y objetiva y que en ningún momento incurrió en alguna discriminación fundada en razones subjetivas que hicieran pensar mínimamente a este Tribunal que el verdadero motivo del legislador sea el perjuicio de las empresas que menciona el accionante. Por el contrario, la prohibición de la minería metálica a cielo abierto no parece ser una decisión antojadiza o arbitraria, responde a una preocupación objetiva y justificada de proteger el medio ambiente y aparece sustentada en la aplicación de los principios preventivo y precautorio, frente a una actividad calificada de riesgosa para el ambiente y la salud. En consecuencia se rechaza la acción en relación con este alegato.

          VI.- Sobre la alegada violación a la libertad de empresa, industria y comercio y al numeral 46 de la Constitución Política. Alega la violación del artículo 46 constitucional, en la medida que el legislador puede regular esta actividad de forma más estricta por razones ambientales, pero de ninguna manera prohibirla de forma absoluta. Viola el artículo 46 constitucional al introducir limitaciones no consentidas por el ordenamiento jurídico al ejercicio de una actividad empresarial lícita.

         Para el examen de esta materia, tenemos que tener en cuenta que estamos en presencia de bienes pertenecientes al dominio público, titularidad del Estado, que los particulares solo pueden explotar al amparo de la Ley y dentro del régimen jurídico específico del título habilitante: concesión o permiso. No estamos en presencia de bienes privados, el legislador no está restringiendo o limitando bienes privados, sino que está regulando propiedad pública y la actividad orientada a su explotación y comercialización. En tratándose de los bienes demaniales, la libertad de empresa, industria y comercio tendrá los alcances que de forma rigurosa le fija la ley dentro de los parámetros constitucionales. Es el legislador el que de conformidad con la potestad que le atribuye el constituyente en el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución y con sustento en los principios dispositivo y de libre configuración dentro del marco de la Constitución el que define el régimen jurídico de los bienes de dominio público. El inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política expresamente atribuye al legislador la potestad de “Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la nación” por tanto el legislador, dentro de las facultades atribuidas, puede participar a los particulares en el uso y explotación de los bienes de dominio público o por el contrario decidir, respecto de alguno de ellos, excluirlo totalmente de la explotación y el comercio, como ha sucedido en este caso. El legislador no está limitando o restringiendo la libertad de empresa, sólo está regulado el uso y la explotación de un bien demencial, al que de todas maneras el particular solo podría acceder de conformidad con la ley.

En consecuencia, estima la Sala que tratándose de los propios bienes del Estado, afectos al dominio público, el legislador puede optar válidamente por la prohibición de explotación, máxime si, como en el presente caso, la medida responde a una política acorde al desarrollo y protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 constitucional. La Ley 8904 se funda en un interés público constitucional: la protección del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes.

          VII. Sobre la alegada violación al principio de desarrollo sostenible y del artículo 50 constitucional. La accionante invoca la violación del principio constitucional de desarrollo sostenible derivado del artículo 50 de la Carta Magna, por prohibir una actividad productiva compatible con el respeto al ambiente y que coadyuva a la creación de riqueza y empleo para el país. Es técnicamente posible que la explotación de la minería metálica a cielo abierto se haga con respeto absoluto al medio ambiente, y que la utilización de compuestos químicos como el mercurio o el cianuro no dañan el ambiente si son manejados adecuadamen. Para la Sala no es casualidad que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se haya regulado en el artículo 50 constitucional, numeral que le otorga al legislador las potestades para la organización y estímulo de la producción y para el más adecuado reparto de la riqueza, potestades que de conformidad con la norma deben ser ejercidas en procura de un fin definido constitucionalmente: el mayor bienestar de todos los habitantes. Dentro del término “mayor bienestar” encontramos no solo una política orientada a un mayor desarrollo económico, sino también una política redistributiva, dirigida a lograr la distribución de la riqueza producto de la cooperación social. Tanto la una como la otra, deben realizarse con absoluto respeto al equilibrio ecológico y la sanidad ambiental, sólo así, la vida y toda actividad humana serán posibles. En ese sentido, el principio 8 de la Declaración de Río de 1992, establece que “Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas”.

Los artículo 8 bis, 65 inciso f) y el Transitorio IV que se impugnan en lugar de ser incompatibles con el ambiente y con el principio de desarrollo sostenible, tienden a su protección. El legislador dentro del marco de la Constitución opta por un modelo de desarrollo que estimula la generación de riqueza basada en el aprovechamiento del patrimonio natural, y desestimula aquel que para generarla pone en peligro o sacrifica ese patrimonio. El legislador optó por la no explotación y aprovechamiento de bienes de dominio del Estado en aras de una mayor protección del medio ambiente y un mayor bienestar ambiental de los habitantes. No estamos en presencia de bienes privados destinados a una finalidad pública, estamos en presencia de bienes públicos destinados a una finalidad pública. Desde esta perspectiva no existe inconstitucionalidad alguna en el hecho de que el legislador disponga prohibir la minería metálica a cielo abierto aun en el supuesto de que sea posible su explotación de manera compatible con el ambiente. En consecuencia, se declara sin lugar la acción respecto de esta violación alegada.

          VIII.- Sobre la alegada violación al artículo 121 inciso 14 de la Constitución. La accionante alega que el artículo 8 bis y el 65 inciso f) del Código de Minería y el Transitorio IV contradicen la autorización que otorga el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política para la exploración y explotación minera por particulares. Al estar la actividad minera autorizada por la Constitución, ninguna norma de rango legal puede prohibir esta actividad.

El 121 inciso 14 de la Constitución, en lo que interesa dispone:

“Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea legislativa: 1)…14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación. No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional; b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional; c) Los servicios inalámbricos. Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa…”

El constituyente establece a partir de esta norma el régimen jurídico de los bienes de dominio público. A través de esta norma le atribuye al legislador la potestad de regular mediante ley, la “enajenación o la aplicación a usos públicos” de esos bienes dentro de las limitaciones que la propia norma constitucional establece. De conformidad con la norma compete al legislador en primer lugar, la afectación o desafectación de los bienes al dominio público y a usos públicos, salvo aquellos que ya lo son por disposición constitucional y sobre los cuales el legislador carece de competencias de desafectación. Dentro del ejercicio de esta potestad el legislador sometió los recursos mineros al régimen jurídico de los bienes demaniales. En segundo lugar, el constituyente le atribuye al legislador la competencia de dictar el régimen jurídico para la explotación de los bienes de la Nación, con las limitaciones que también el constituyente le fija. En relación con la minería metálica, el legislador goza de un ámbito de libertad de configuración, que debe ejercer dentro del marco de los principios, normas, fines y derechos constitucionales.

No se infiere del texto del inciso 14) un derecho a favor de los particulares para la explotación de los bienes afectados al dominio público por el constituyente o por el legislador, como erróneamente lo interpreta el accionante. El particular sólo puede participar en la explotación de esos bienes de la forma y con las limitaciones que el propio legislador defina mediante ley. El particular sólo puede derivar derechos de explotación de bienes de dominio público a partir de la ley, con las limitaciones temporales, espaciales, materiales y de cualquier otro orden que la ley le fije. Estos derechos de explotación son de rango legal y están sometidos a la ley que los reconoce y configura, de manera que el legislador, mientras respete las exigencias constitucionales de igualdad, irretroactividad, proporcionalidad y razonabilidad puede cambiar el régimen jurídico existente, pudiendo incluso prohibir la explotación de ciertos bienes públicos, impidiendo la explotación por parte de particulares o de la propia Administración, siempre que respete las garantías constitucionales antes mencionada. El principio dispositivo o de libre configuración del legislador encuentra mayor profundidad y alcance en tratándose del desarrollo de los bienes de dominio público que de la propiedad privada, así por ejemplo, mientras que para la limitación del derecho de propiedad privada requiere de mayoría calificada, para la regulación de los bienes propios del Estado basta mayoría absoluta. En aplicación de ese principio, la explotación de tales bienes queda sujeta al régimen jurídico que define el legislador, es por esa razón, que la Sala no encuentra ningún roce de constitucionalidad entre las normas impugnadas y el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política. 

          IX. Sobre la aducida violación del artículo 45 constitucional. Alega que el inciso f) del artículo 65 del Código de Minería y el Transitorio IV de la Ley 8904 son inconstitucionales porque transgreden el artículo 34 y 45 de la Constitución Política, por cuanto desconoce con efectos retroactivos los derechos adquiridos de las empresas con concesiones mineras y elimina el derecho adquirido de la empresa concesionaria a la renovación de dicha concesión y agrega que el Transitorio IV constituye en la práctica un expropiación sin indemnización previa.

En primer lugar, como ya se expuso en los considerandos anteriores, las normas impugnadas surten efectos hacia futuro, a ninguna de ellas se le atribuye efecto retroactivo en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas o derechos adquiridos de buena fe. El Transitorio IV al que la accionante hace referencia especifica, dispone:

“TRANSITORIO IV.- Ningún permiso o concesión para minería metálica a cielo abierto será renovado o prorrogado, después de haberse extinguido estos por cualquier motivo, de conformidad con la legislación que los regula.”

         La norma está redactada de manera que surta efectos a futuro, el efecto o consecuencia jurídica de la norma: “ningún permiso o concesión para minería metálica a cielo abierto será renovado o prorrogado”  solo se aplicará y surtirá sus efectos cuando se haya tenido lugar en la realidad o se haya cumplido el supuesto de hecho de la norma: la extinción por cualquier motivo, de conformidad con la legislación que los regula, los permisos o concesiones para minería metálica a cielo abierto. No existe el derecho a la renovación automática de la concesión, esta sólo se otorga una vez que la Administración haya revisado la solicitud de prórroga o renovación con el ordenamiento jurídico aplicable y solo existe derecho a la concesión una vez que se haya dictado ese nuevo acto administrativo; el concesionario o permisionario solo tienen una expectativa de derecho y no un derecho sujetivo pleno, en consecuencia las normas impugnadas no violentan  ni el derecho propiedad del artículo 45 ni el estándar constitucional del artículo 34, ambos de la Constitución Política, en definitiva no se viola el principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de persona alguna o de derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas.

         Sí no hay afectación de derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas tampoco se configura el supuesto de la expropiación sin inmdenización previa como lo alega la accionante, máxime, que no estamos en presencia de derecho sobre bienes privados, sino de la regulación y explotación de bienes de dominio público dentro de las limitaciones que dispone la ley, entendiendo que el legislador tiene potestad para regular la materia, incluida por supuesto la prohibición de exploración y explotación de la minería a cielo abierto. 

          X.- Sobre la alegada violación del Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la promoción y protección de las inversiones. Alega la accionante que las normas violentan el Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, por cuanto dicho tratado establece la obligación de dar a las inversiones del otro país un trato justo y equitativo de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, así como total protección y seguridad jurídica, y en el presente caso, se da un trato desigual, injusto y discriminatorio, que conlleva una inseguridad y desprotección de las inversiones que empresas canadienses han realizado hasta la fecha en Costa Rica.

         El Acuerdo citado, dispone en el artículo II inciso 2), sobre promoción y protección de las inversiones lo siguiente:

“Cada Parte Contratante le otorgará a las inversiones de la otra Parte Contratante: a) trato justo y equitativo de acuerdo con los principios del derecho internacional, y b) total protección y seguridad.”

En el artículo III, relativo al establecimiento de las inversiones, el Acuerdo reconoce el principio de nación más favorecida y de trato nacional de la siguiente manera:

“1.- Cada Parte Contratante permitirá el establecimiento de toda nueva empresa comercial o la adquisición de una empresa comercial existente, o una parte de tal empresa, por inversionistas o inversionistas potenciales de la otra Parte Contratante sobre una base no menos favorable a aquella que, en circunstancias similares, permita tal adquisición o establecimiento por parte de: a) inversionistas o inversionistas potenciales de cualquier tercer Estado; b) sus propios inversionistas o inversionistas potenciales…”

  En el artículo IV recoge los mismos principios de trato nacional y de nación más favorecida en relación con las inversiones ya establecidas.

“Con relación a las inversiones y al disfrute, uso, administración, conducción, operación, expansión y venta u otra disposición de la inversión, cada Parte Contratante acordará un trato no menos favorable a aquel que, en circunstancias similares, otorga con respecto a: a) las inversiones en su territorio de inversionistas de un tercer Estado; b) las inversiones en su territorio de sus propios inversionistas.”

Confrontadas las normas impugnadas con los textos transcritos del Acuerdo invocado y revisados los alegatos de la accionante no encuentra esta Sala ningún roce o irregularidad jurídica. La prohibición del numeral 8 bis, el inciso f) del artículo 65 del Código de Minería  y el Transitorio IV de la Ley 8904 cumplen con la exigencias del principio de igualdad, no se desprende de su regulación ninguna diferenciación de trato a favor de nacionales frente a extranjeros en situaciones idénticas, que hicieran suponen a esta Sala la violación del principio de trato nacional y la desprotección para los inversionistas extranjeros. Tampoco incurrió el legislador en el favorecimiento de alguna particular categoría de extranjeros excluyendo la aplicación de la prohibición respecto de otros extranjeros, que pudiera dar lugar a la violación del principio de nación más favorecida.

Por otro lado,  el Transitorio IV respeta los derechos adquiridos de buena fe al amparo de la legislación vigente hasta el término, por cualquier motivo, de la concesión o permiso. Con esta disposición se respetan los derechos existentes, obviamente no existe un derecho a la renovación automática de la concesión o permiso, salvo que la propia ley así lo disponga, de lo contrario lo que existe es una expectativa de derecho que cualquier legislación con efectos a futuro puede lícitamente limitar. Por las razones expuestas, no se observa ninguna violación al trato justo y equitativo en perjuicio de empresas de otra nacionalidad como lo alega la accionante, en consecuencia se declara sin lugar la acción también respecto de estos alegatos, por no encontrar ninguna violación de las normas impugnadas con el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la promoción y protección recíproca de las inversiones, Ley 7870.

          XI. Corolario. Tomando en consideración los argumentos expuestos en esta sentencia, estima la Sala que se debe declarar sin lugar la acción, por cuanto los artículos 8 bis, 65 inciso f) del Código de Minería, ley número 6797 del 04 de octubre de 1982 y sus reformas y el Transitorio IV de la Ley 8904 del 1º de diciembre de 2010, no tienen ningún roce con las normas y principios constitucionales, por lo que se declara sin lugar la acción.

         XII.- Voto salvado del Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Salazar Cambronero, con redacción del primero: Con todo respeto, discrepamos del voto de mayoría, por cuanto la recurrente no se encuentra legitimada para accionar por incumplimiento de requisitos básicos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En la sentencia número [...], votada a las 14:30 horas de este mismo día, este Tribunal con idéntica integración dispuso lo siguiente:

“III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS ACCIONANTES EN EL PRESENTE ASUNTO. De acuerdo con lo explicado en el considerando anterior, la acción de inconstitucionalidad tiene una naturaleza eminentemente incidental, por lo que la legitimación para interponerla deriva, por regla general, de la existencia de un asunto base, en el cual se haya invocado la inconstitucionalidad de una norma, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Así, las hipótesis del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional – referente a la existencia de intereses colectivos o difusos – son la excepción. Como tales, solamente resultan aplicables cuando las circunstancias del caso - mismas que deben ser examinadas en particular – determinen la imposibilidad (o, al menos, una manifiesta improbabilidad) de que pueda llegar a plantearse un proceso judicial o procedimiento administrativo base. En este sentido, en la sentencia No. 2008-006803 de las 17:46 hrs. de 23 de abril de 2008, este Tribunal explicó:

“(…) La jurisprudencia de este tribunal es pacífica y de larga data en el sentido de que las acciones populares no están permitidas en nuestro medio, en la medida en que, de admitirse, conducirían a negar diametralmente el carácter incidental que posee la acción en el diseño de nuestro sistema de justicia constitucional vigente. En efecto, el artículo 75 de la Ley que rige esta jurisdicción establece que, como regla, la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad está condicionada a la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, en el que se haya invocado la inaplicabilidad de la norma o normas impugnadas, de modo que la demanda sirva como un medio razonable para la tutela del derecho o interés que se estima lesionado. En atención a esa naturaleza incidental, es importante subrayar que las hipótesis del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de esta jurisdicción no constituyen alternativas, sino excepciones a la mencionada regla general que exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver como fundamento de la acción. Como tales, solo resultan aplicables cuando las circunstancias del caso –que deben ser examinadas individualmente- determinan la imposibilidad (o, al menos, una manifiesta improbabilidad) de que pueda llegar a plantearse un proceso base, judicial o administrativo, entablado con motivo o con ocasión de una lesión individual y directa causada por la aplicación de las disposiciones impugnadas (…)” (el énfasis no pertenece al original) (criterio reiterado, entre otras, en las sentencias Nos. 2008 – 015448 de las 14:54 hrs. de 15 de octubre de 2008, 2010 – 011346 de las 14:59 hrs. de 29 de junio de 2010 y, 2011 – 1633 de las 14:47 hrs. de 9 de febrero de 2011).

En la presente acción, se cuestiona la constitucionalidad de la frase “entidades autorizadas” del artículo 72 de la Ley de Protección al Trabajador, No. 7983 de 16 de febrero de 2000, el cual dispone:

“(…) ARTÍCULO 72.- Beneficios fiscales. Estarán exentos de los impuestos referidos en el artículo 18 y en el inciso c) del artículo 23 de la Ley del impuesto sobre la renta, los intereses, los dividendos, las ganancias de capital y cualquier otro beneficio que produzcan los valores en moneda nacional o en moneda extranjera, en los cuales las entidades autorizadas inviertan los recursos de los fondos que administren (…)” (el énfasis no pertenece al original).

 Considera esta Sala que la normativa es susceptible de aplicación” individualizada, de modo que es posible que genere disputas en sede administrativa o jurisdiccional contencioso – administrativa, por la denegatoria del beneficio, a partir de las cuales, perfectamente podría  interponerse la acción de inconstitucionalidad. Nótese que los promoventes enfatizaron en el escrito de interposición, lo siguiente: “(…) En diferentes oportunidades se han realizado gestiones ante el Ministerio de Hacienda, en sus diferentes áreas de resolución del tema, solicitando que expresamente se declare la exoneración indicada por el artículo 72 de la Ley de Protección del Trabajador (…) Las resoluciones han rechazado las gestiones del fondo, violentando los principios constitucionales de interpretación de las exenciones fiscales y se han mantenido interpretaciones jurídicas que descomponen los derechos laborales, sociales y de interés público de los trabajadores (…)” (ver memorial digitalizado en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales) (el énfasis no pertenece al original). Lo anterior, sin lugar a dudas, confirma el criterio expuesto en estas líneas. Una interpretación diferente, llevaría necesariamente a concluir que, basta simple y llanamente, con que una persona - sea física o jurídica – asegure ostentar la representación de intereses corporativos, para admitir la acción de inconstitucionalidad, sin necesidad de examinar si la norma es o no susceptible de aplicación individualizada, lo que aproximaría la legitimación de este mecanismo de control de constitucionalidad, a la acción popular o directa, opción que no encuentra cabida en el estado actual de nuestro ordenamiento jurídico.   Bajo esta tesitura, la acción  deviene inadmisible.”

En igual sentido, se expresó la Sala  en la sentencia número 1830-99 de las 16:12 horas del 10 de marzo de 1999:

“la Sala ha aclarado los alcances de lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y ha señalado que cuando la disposición normativa que se impugna en una acción de inconstitucionalidad está destinada a concretizarse en numerosos y diversos casos de aplicación que inciden directamente en la esfera jurídica de personas singulares, de modo que pueden dar origen a reclamaciones en sede administrativa o jurisdiccional, a partir de las cuales cabe deducir acciones de inconstitucionalidad en su contra, no aplican los supuestos del segundo párrafo del indicado artículo. Es decir, que cuando en el párrafo segundo del artículo 75 ibídem se indica que no es necesario el caso previo pendiente de resolución para plantear la acción de inconstitucionalidad, y que -en consecuencia- se puede acudir a una legitimación directa por interés difuso o colectivo,  se alude al supuesto en que “por la naturaleza del asunto no exista lesión individual o directa”, o sea, a la hipótesis en que, dada la materia que la disposición impugnada regula, no es posible obtener un supuesto justiciable de aplicación singular y concreto. De ahí que el caso pendiente de resolución sea necesario para plantear la acción de inconstitucionalidad cuando sea previsible que el supuesto justiciable de aplicación singular y concreto se va a producir, dada la naturaleza de la ley impugnada. Esto se dijo expresamente en la sentencia No.6433-98 de las 10:33 horas del 4 de setiembre de 1998, y justifica el que no se pueda admitir una legitimación con base en los tres supuestos establecidos en el párrafo segundo del artículo 75 de la indicada Ley, a saber, que no exista posibilidad de lesión individual y directa, que se detente la defensa de intereses difusos o de los que atañen a la colectividad en su conjunto,  cuando exista la posibilidad de que al concretizarse la ley, produzca efectos individualizables en cabeza de personas específicas que estén en posibilidad de plantear reclamos con base en los cuales se pueda deducir la acción de inconstitucionalidad.” (Lo destacado no pertenece al original)

Ergo, de lo expuesto se extrae con toda facilidad que las hipótesis del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional – referente a la existencia de intereses colectivos o difusos – son la excepción y únicamente resultan aplicables cuando las circunstancias del caso - mismas que deben ser examinadas en particular -  determinen la imposibilidad (o, al menos, una manifiesta improbabilidad) de que pueda llegar a plantearse un proceso judicial o procedimiento administrativo base. Lo contrario sería admitir que por la mera representación de intereses corporativos se ostente una especie de legitimación vía acción popular en un proceso de acción de inconstitucionalidad.

En la especie, nos percatamos de que esta acción fue admitida por “la existencia de intereses colectivos de la Asociación representada” (resolución de las 15:33 horas del 11 de junio de 2012). Sin embargo, estimamos que tal motivo de legitimación es improcedente, pues lo impugnado por la recurrente es susceptible de la interposición de un proceso base. Esto resulta más que evidente porque la accionante identifica como asunto base el expediente judicial número [...] tramitado en el Tribunal Contencioso Administrativo, y en el que figuran como partes la ACACIM y afines contra El Estado.

         Ahora bien, aun cuando se tomara el caso supracitado como asunto base de esta acción, tampoco sería viable la legitimación de la parte actora.

         Siguiendo la jurisprudencia citada, la accionante debe cumplir los requisitos dispuestos en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:

“Artículo 75,- Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de habeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionando.”

En el citado proceso ordinario contencioso administrativo número [...] la accionante impugna los Decretos Ejecutivos números 35982-MINAET y 36019-MINAET, así como la directriz adoptada por el Poder Ejecutivo el 13 de enero de 2010 y comunicada mediante oficio número DM-042-2010. No es sino hasta en el escrito de réplica a la contestación de la Procuraduría General de la República que la parte accionante invoca la inconstitucionalidad de las normas impugnadas de la siguiente forma: “En efecto, el fundamento principal de la representación estatal para oponerse a la demanda es la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ley número 8904 del primero de diciembre de 2010. Dicha Ley también adolece de vicios graves de nulidad, los cuales se alegarán oportunamente en la jurisdicción constitucional, por tratarse de vicios de constitucionalidad y transgresiones a la Constitución Política. Para lo efectos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como medio razonable para proteger los derechos e intereses legítimos de la Asociación que represento, expreso que la Ley número 8904 es inconstitucional por violentar entre otros los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el mandato de procurar el bienestar general y desarrollo económico tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política y contener vicios de procedimiento.” (Folio 114-115 del Expediente Judicial número [...]).

         De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la acción de inconstitucionalidad está sujeta a una serie de requisitos, que no se solicitan en asuntos de amparo  ni de habeas corpus, entre los que destaca la exposición de “los fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideran infringidos” (artículo 78 LJC).

Las exigencias del artículo 78 guardan relación lógica, para efectos de admisibilidad, con lo dispuesto en el párrafo primero del numeral 75 de la misma Ley de rito, puesto que la inconstitucionalidad invocada en el asunto previo como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado, tiene que guardar congruencia con las normas invocadas en la acción de inconstitucionalidad correspondiente.

En el sub examine, esa congruencia no se da, toda vez que en el escrito de réplica en el proceso ordinario invoca la accionante la inconstitucionalidad de toda la ley 8904 del 1º de diciembre de 2010; sin embargo, en el escrito de acción solo alega la inconstitucionalidad de los artículos 8 bis y 65 inciso f) del Código de Minería, reformados por la Ley 8904 y el Transitorio IV de ésta última. La Ley contiene otras normas como la adición de varios párrafos al artículo 8, la reforma del artículo 103 ambos del Código de Minería y 7 transitorios de los cuales solo se impugna uno de ellos. Es decir, en la invocación de la inconstitucionalidad se ataca toda la ley como un cuerpo, y no ninguno de sus artículos en específico; por el contrario, en esta acción se reputan como inconstitucionales artículos en concreto, no la ley en su globalidad. Ergo, no existe la necesaria correlación entre la invocación y la acción, requisito ineludible para que esta última sea admisible. Bajo esta tesitura, la acción deviene inadmisible.

El criterio distinto de la mayoría no solo resulta contrario a lo que se ha resuelto este mismo día en la sentencia número [...], sino que, además, podría llevar a consecuencias muy cuestionables. Utilizando una argumentación “ad absurdum” como método de demostración lógico de la validez de nuestro criterio, la opinión de la mayoría implica que si en cualquier asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, alguna parte invocara la inconstitucionalidad de todo un código (compuesto por centenares de normas) sin mayor precisión, esto sería suficiente para legitimarla para que después formulase una acción de inconstitucionalidad en la que solo ciertas normas serían cuestionadas (imaginemos la invocación genérica de inconstitucionalidad de todo el Código Penal con 413 artículos solo para venir a plantear una acción contra un numeral). Estimamos que la laxitud de los criterios de legitimación en una acción de inconstitucionalidad jamás puede llegar a tal extremo (propio de otro tipo de procesos como los de amparo o habeas corpus), toda vez que en las acciones se exige el patrocinio legal, de modo que el recurrente cuenta con asesoría profesional, y, además, la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional ha dispuesto una serie de requerimientos particulares que evidencian la mayor seriedad y rigurosidad que impregna este tipo de proceso de constitucionalidad. Si el legislador hubiera pensado de manera distinta, entonces los requisitos de legitimación en las acciones serían igual a los de los amparos y habeas corpus, con todas las consecuencias que esto implicaría.

Por lo demás, subrayamos que esta acción, como indica la Procuraduría General de la República, está planteada en defensa de los intereses particulares y privados de dos empresas mineras. El recurrente, entre otros extremos, reclama que se violenta el Acuerdo entre el Gobierno de República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la promoción y protección recíproca de inversiones, en la medida que se ven lesionados derechos de dos empresas canadienses dedicadas a la minería metálica a cielo abierto. Igualmente, se arguye la vulneración de la libertad de empresa de tales firmas. En consecuencia, los argumentos citados no van dirigidos a atacar la violación de ningún interés colectivo de la asociación, sino de intereses absolutamente individualizables de otras personas, respecto de los cuales la accionante no está legitimada. Por las razones aducidas declaramos rechazamos de plano la acción.

Por tanto

          Se declara sin lugar la acción. Los magistrados Rueda Leal y Salazar Cambronero salvan el voto y rechazan de plano la acción.

 

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-03-2026 15:45:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

... The content of subparagraph 14 of Article 121 of the Political Constitution expressly grants the legislator the power to "Decree the alienation or application to public uses of the goods belonging to the nation"; therefore the legislator, within the powers granted, can allow private parties to participate in the use and exploitation of public domain goods, or on the contrary decide, with respect to some of them, to totally exclude them from exploitation and commerce, as has occurred in this case. The legislator is not limiting or restricting the freedom of enterprise (libertad de empresa); it is only regulating the use and exploitation of a demanial good, to which in any case the private individual could only have access in accordance with the law... Consequently, the Chamber considers that, dealing with the State's own goods, designated for public domain, the legislator can validly opt for the prohibition of exploitation, especially if, as in the present case, the measure responds to a policy consistent with the development and protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, contained in Article 50 of the Constitution. Law 8904 is based on a constitutional public interest: the protection of the inhabitants' right to health and to a healthy and ecologically balanced environment..." Ruling 1594-13

"...For the examination of this matter, we must take into account that we are in the presence of goods belonging to the public domain, owned by the State, which private parties can only exploit under the protection of the Law and within the specific legal regime of the enabling title: concession or permit. We are not in the presence of private goods; the legislator is not restricting or limiting private goods, but rather is regulating public property and the activity oriented toward its exploitation and commercialization. In dealing with demanial goods, the freedom of enterprise (libertad de empresa), industry, and commerce will have the scope that is rigorously set by the law within constitutional parameters. It is the legislator who, in accordance with the power granted by the constituent power in subparagraph 14 of Article 121 of the Constitution and based on the principles of party disposition and free configuration within the framework of the Constitution, defines the legal regime of public domain goods. Subparagraph 14 of Article 121 of the Political Constitution expressly grants the legislator the power to "Decree the alienation or application to public uses of the goods belonging to the nation"; therefore the legislator, within the powers granted, can allow private parties to participate in the use and exploitation of public domain goods, or on the contrary decide, with respect to some of them, to totally exclude them from exploitation and commerce, as has occurred in this case. The legislator is not limiting or restricting the freedom of enterprise (libertad de empresa); it is only regulating the use and exploitation of a demanial good, to which in any case the private individual could only have access in accordance with the law..." Ruling 1594-13

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Content of Interest:
Type of content: Majority vote
Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL
Topic: COMMERCE
Subtopics:
NOT APPLICABLE.
001594-13. LIMITATION OF CONCESSIONS FOR MINING. Articles 8 bis and 65 f) of the Mining Code and Transitory Provision V. Law number 8964 of December 1, 2010.
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Text of the ruling
Exp: [



Exp: [...]

Res. Nº 2013001594


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at sixteen hours and one minute of January thirtieth, two thousand thirteen.


Action of unconstitutionality brought by [NAME 01] [...], identity card number […], in his capacity as unlimited general agent of ACACIM and associates; seeking a declaration that Articles 8 bis and 65 subsection f) of the Mining Code and Transitory Provision V of Law number 8904 of December 1, 2010 are unconstitutional. The Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) and Deputy J.M.V.F.E are intervening in the action as passive coadjuvant.


Whereas

1.- By a writ received through the Constitutional Chamber's Online Management system at 14:31 hours on May 11, 2012, the petitioner requests that the unconstitutionality of Articles 8 bis and 65 subsection f) of the Mining Code and Transitory Provision V of Law number 8904 of December 1, 2010 be declared, considering them contrary to Articles 33, 34, 45, 46, 50, and 121 subparagraph 14 of the Political Constitution and to the Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of Canada for the Promotion and Protection of Investments, approved by Law number 7870. The provisions are challenged insofar as they provide that no permits or concessions shall be granted for open-pit metallic mining exploration and exploitation activities, and that existing ones shall not be renewed or extended. He argues that Article 8 bis, by establishing said prohibition, is contrary to the principle of prohibition of arbitrariness enshrined in Article 33 of the Political Constitution, as he considers that the Legislative Assembly, under the pretext of pursuing public ends, what it did by introducing this provision was to arbitrarily harm two specific companies. He states that there is no environmental or technical reason that justifies the prohibition challenged here, given that open-pit mining, when carried out by specialized companies and in accordance with rigorous international standards, produces less environmental impact than the artisanal exploitation of quarries that abound in our country. He criticizes the use of the generalized term "open-pit metallic mining," and explains that speaking of "open-pit" refers only to the physical fact of whether the mine has a roof or not, and explains the danger of generalizing the term "metallic mining," given that even the limestones exploited by cement companies have metallic components that cause them to fall into this category. He asserts that the elimination of open-pit metallic mining will produce a catastrophe, since 90% of all materials used by human beings come from this activity; he cites as examples: cement, sand, stone, ceramics, iron, gold, magnesium, and aluminum. He reiterates that there is no technical or scientific justification for the elimination of this activity. He refers to the importance of the development of metallic mining activity in the world, affirming that it is one of the bases of human existence, and that it is the foundation of society as we know it today. They affirm that, with technological advances in machinery and equipment, open-pit mining has become the most favorable extraction method for surface minerals with low metal content. In the petitioner's opinion, the challenged regulations lack constitutional support and contradict the authorization granted by Article 121, subparagraph 14 of the Magna Carta for mining exploration and exploitation to be carried out by private parties. He considers that this constitutional provision makes no distinction between the types of mining it authorizes, and therefore a legal text cannot make differentiations that are not included in the constitutional norm. He alleges that the legislator could regulate this activity in a stricter manner for reasons of environmental protection, but that it cannot prohibit it, which harms Article 46 of the Constitution. He argues that the challenged provisions violate the Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of Canada for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, which was approved through Law number 7870. He indicates that said Treaty establishes the obligation to give the investments of the other country fair and equitable treatment in accordance with the principles of International Law, as well as full protection and security. In the petitioner's opinion, in the case of the provisions objected to here, unequal, unjust, and discriminatory treatment occurs, leading to insecurity and lack of protection for the investments that Canadian companies have made in Costa Rica to date. He alleges that the challenged regulations violate Article 46 of the Constitution, as they introduce limitations not consented to by the legal system on the exercise of a lawful business activity. He asserts that for reasons of legal certainty (seguridad jurídica), the rules of the game regarding mining exploitation cannot be changed, not even by a subsequent legal norm. He reiterates that, as mining activity is expressly authorized by numeral 121 subparagraph 14 of the Political Constitution, no legal norm can prohibit it. The petitioner accuses that the challenged regulations also violate the constitutional principle of sustainable development (desarrollo sostenible), derived from Article 50 of the Magna Carta, by prohibiting a productive activity compatible with respect for the environment and that helps create wealth and employment for the country. He affirms that it is technically possible for the exploitation of open-pit metallic mining to be done with absolute respect for the environment, and explains that the use of chemical compounds such as mercury and cyanide do not harm the environment if managed properly. He asserts that the unconstitutionality of Article 65, subsection f) of the Mining Code occurs by connection, as its existence depends on the validity of Article 8 bis challenged here. Regarding the challenged Transitory Provision IV, the petitioner declares that it violates Articles 34 and 45 of the Political Constitution, as it attempts to nullify, with retroactive effect, the acquired rights of companies with mining concessions, in addition to eliminating the acquired right to the possibility of renewing said concession. He points out that the Transitory Provision practically constitutes a de facto expropriation, without the payment of any compensation. He requests that the challenged provisions be declared unconstitutional.

2.- By means of a resolution at 15:23 hours on June 11, 2012 (visible in the Judicial Office Management System), the action of unconstitutionality is processed against Articles 8 bis and 65 subsection f) of the Mining Code and against Transitory Provision V of Law 8904 of December 1, 2010, considering them contrary to Articles 33, 34, 45, 46, 50, and 121 subparagraph 14 of the Political Constitution, so that the report contemplated in Article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) may be rendered. A hearing is granted to the Office of the Attorney General for a period of 15 days.

3.- By means of a writ received in the Secretariat of the Constitutional Chamber at 16:02 hours on July 4, 2012 (Visible in the Judicial Office Management System), the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) renders its report. It indicates that the action challenges Article 8 bis and Article 65 subsection f) of the Mining Code, Law 6797 of October 4, 1982, and its reforms, as well as Transitory Provision V of Law number 8 bis challenged here and modified Article 65 of the Mining Code, adding the current subsection f); given that the petitioner considers them violative of the principle of equality enshrined in Article 33 of the Political Constitution by consisting of discrimination against this type of mining and those who practice it, even though they comply with all technical and environmental specifications. They violate the provisions of Article 121, subparagraph 14) of the Political Constitution insofar as that norm authorizes mining exploration and exploitation by private legal entities, whether by concession granted by the Legislative Assembly itself or by concession granted within the framework of a law that authorizes it, as is the case with the Mining Code. They violate, according to the petitioner's statement, Article 50 of the Constitution to the extent that the prohibition established in the challenged provisions prevents the development of a productive activity compatible with the environment. They accuse the violation of the treaty "Approval of the Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of Canada for the reciprocal promotion and protection of investments," approved by Law number 7870, inasmuch as the most important mining projects for gold extraction in the country –Bella Vista and Crucitas– are carried out by Canadian companies, and the treaty, in its Article II, obligates the contracting parties to grant the other party fair and equitable treatment, as well as full protection and security. The Office of the Attorney General indicates in its report that the petitioner considers the challenged provisions contrary to Article 46 of the Constitution inasmuch as they specifically limit the freedom of enterprise (libertad de empresa) of two companies. In relation to the invoked violation of the principle of equality through the prohibition of open-pit metallic mining, the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) states that the prohibition contained in Article 8 bis of the Mining Code, as well as the complementary provisions of Article 65, subsection f) that declares the nullity of permits and concessions granted contrary to the provisions of Article 8 bis, and of Transitory Provision IV of Law number 8904, are not in themselves discriminatory; rather, they are a manifestation of the exercise of the legislator's constitutional powers in relation to a certain type of mining considered dangerous from an environmental point of view. The norm is universal, affecting all those private parties who fall within the factual situation it describes. The principle of equality does not prevent the legislator from making differentiated treatment in consideration of the principle of real equality and based on socioeconomic criteria. The freedom of enterprise (libertad de empresa), industry, and commerce is not unrestricted, and the legislator can impose limitations based on Article 50 of the Constitution, provided they are enacted in pursuit of a public interest and are proportional and reasonable. The public interest sought to be protected with the prohibition is of an environmental nature, protected in Article 50 of the Constitution. It affirms that the legislator relied on technical studies that demonstrate the risk to the environment of this type of activity, as can be observed in the legislative file; in that sense, the same Law that introduced Article 8 bis and modified Article 65 of the Mining Code, reformed Article 103 to include as a factor that deteriorates the environment, the use of leaching techniques with cyanide and mercury, as occurs in open-pit mining. It is not an arbitrary decision from a technical and scientific point of view. The prohibition, far from being violative of Article 50 of the Constitution, is a measure aimed at protecting the right to the environment enshrined therein. In relation to the violation of Article 121 subparagraph 14) of the Constitution, the Office of the Attorney General states in its report that, in accordance with that norm, the power to alienate public domain goods or those designated for public uses corresponds to the Legislative Assembly. By virtue of this norm, the legislator provided in Article 1 of the Mining Code that mineral resources are designated for public domain and the possibility of granting concessions for their reconnaissance, exploration, exploitation, and processing. There is no constitutional reservation in relation to mineral resources, only regarding radioactive resources, which is why their legal regime is subject to the law, and therefore, the challenged norm does not imply a breach of Article 121 subparagraph 14 of the Constitution. Regarding the alleged violation of the Treaty between the Governments of the Republic of Costa Rica and the Government of Canada for the reciprocal promotion and protection of investments, it states that the prohibition is established to the detriment of Canadian investments in Costa Rica. The prohibition is directed at a type of mining due to the methods it uses and its environmental risks. The fact that there are Canadian companies exploiting this type of mine is only a circumstantial fact. It should be noted that, in accordance with the norm, any other company of any nationality, including Costa Rican ones, will be affected. In any case, Law 8904 safeguards the rights acquired in good faith with compliance with the legal requirements in force, respecting the principle of legal certainty (seguridad jurídica) [p1]. Regarding Transitory Provision V, the Office of the Attorney General warns that the petitioner did not substantiate the unconstitutionality of the transitory provision. Regarding this point, the action must be rejected for lack of substantiation. Furthermore, Transitory Provision V, due to changes in numbering in the Legislative Committee, does not refer to Article 8 bis, but to Article 8, which is not challenged in this action. The Office of the Attorney General considers that the petitioner lacks standing to file the action. In the first place, because the legal representation is not current; it expired on March 15, 2012. In the second place, because it does not file the action in defense of collective interests, but in defense of the particular and private interests of two mining companies, which according to the petitioner are being harmed by the challenged legal norms. In that sense, the invocation of the Treaty between Costa Rica and Canada is because the two mining companies considered to be harmed are Canadian. Likewise, the Association invokes the violation of the freedom of enterprise (libertad de empresa) that attends those two companies. Consequently, the action requires a prior matter pending resolution in the judicial avenue or the exhaustion of the administrative avenue, an amparo or habeas corpus proceeding where the unconstitutionality of the challenged norms has been invoked as the suitable means to safeguard the rights, given that the Constitutional Chamber, pursuant to the provisions of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), has expressly indicated that when collective interests are alleged, they must not be susceptible to being alleged individually, and cites in support the provisions of ruling number [...] of 16:12 hours on March 10, 1999, and considers that the fact that the petitioner bases her standing on a contentious-administrative proceeding number [...] does not comply with the requirements of the procedural law. In short, it requests that the action be dismissed on the merits for lack of active standing of the petitioner, and failing that, that the action be declared without merit because the challenged norms are not contrary to the Constitution.

4.- By means of a resolution at 9:27 hours on August 3, 2012, Mr. J.M.V.F.E, identity card number [...], is recognized as a passive coadjuvant in the process, inasmuch as he appeared in this process by means of a writ filed in the Secretariat of the Constitutional Chamber at 12:00 hours on July 6, 2012, within the period established in numeral 83 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional). In his writ, the coadjuvant bases his standing on the defense of diffuse interests for the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, inasmuch as Law number 8904 of December 1, 2010, which reformed the Mining Code, seeks to strengthen the environmental protection in force in the country, so that its eventual annulment would be weakening the protection system and would be to the detriment of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. The Law is based on the preventive and precautionary principles to prohibit open-pit metallic mining due to the extremely high risks to biodiversity and to surface and underground waters. The Law seeks the progressive development of the protection of the right to a healthy environment in our country. Specifically in relation to the constitutionality of Articles 8 bis and 65 subsection f) of the Mining Code (added through Law number 8904 of December 1, 2010), he indicates that the norms do not harm the principles of equality and prohibition of arbitrariness, nor numeral 33 of the Constitution as the petitioner alleges, given that Article 8 bis provides that "no permits or concessions shall be granted for open-pit metallic mining exploration and exploitation activities in the national territory"; in its wording, there is no discriminatory treatment, lacking objective differentiation to the detriment of any person or group of persons; the norm prohibits granting new permits or concessions for this activity, due to the high risks it entails for the environment and for other productive activities that may be more sustainable in the long term (tourism, agriculture, forest conservation, etc.); this prohibition applies to all persons interested in obtaining new permits or concessions for this activity, without discriminating between nationals or foreigners, large or small companies, nor between those wishing to establish themselves in the country or those already operating. Neither did the legislator incur a defect of abuse of power as the petitioner suggests, to harm two specific companies; the norm established a general prohibition with the aim of protecting the environment, safeguarding the rights acquired in good faith and in compliance with the requirements of the legislation in force prior to the entry into force of the prohibition. At the time of the approval of the Law, the two companies that feel harmed had concessions in force; if the courts have declared otherwise, that is alien to the Legislative Branch. The prohibition of open-pit metallic mining is not a whimsical or arbitrary decision; it responds to an objective and justified concern to protect Costa Rica's natural heritage against an activity described as risky for the environment, health, and potentially destructive of nature, chemical substances such as cyanide and mercury used in the activity, as well as the emanation of dust, sediments, and accumulated waste, craters, deforestation, contaminate surface and underground waters, the air, the morphology of the land, irreversible loss of soils, affect human health, destroy the flora and fauna of the area, produce changes in the microclimate of the area, destroy scenic beauty, and negatively impact economic activities such as agriculture, livestock, and tourism. He alleges that with these measures Costa Rica follows experiences of other countries. He supports his argument with the preventive and precautionary or pro-natura principles contained in the first two subsections of Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), number 7788, extensively developed by the Constitutional Chamber, and cites ruling number [...]. Regarding the violation of Article 121 subparagraph 14 of the Constitution, he states that numerals 8 bis and 65 subsections f) of the Mining Code do not harm this constitutional norm, because there is no constitutional obligation of the Costa Rican State to grant concessions for open-pit metallic mining. The constitutional norm grants the Legislative Assembly the power to define the regime of conservation, use, and exploitation of the goods protected therein, and clearly says that "they may be exploited" in accordance with the law; therefore, authorizing or not the exploitation of these demanial goods is a sovereign power of the Legislative Assembly. The petitioner erroneously reads "must" where the norm says "may"; there is no constitutional right to a specific mining exploitation technique. In relation to the alleged violation of the Bilateral Treaty for the Promotion and Protection of Investments with Canada, he says that the petitioner does not adequately explain it; apparently, the violation would arise because the prohibition would affect two companies of Canadian nationality; however, the norm is of general scope and does not differentiate based on the personal conditions of the subjects interested in carrying out this type of mining exploitation, such as, for example, the nationality of the interested subjects. Article III of the Treaty allows the establishment in the country of Canadian investors that, in similar circumstances, are no less favorable than those granted to investors of a third State and Costa Rican investors; Article 8 bis complies with this provision, because it applies equally and under identical terms and conditions to Costa Rican investors and those of any other nationality. The challenged norms also comply with the provisions of Articles II, IV, and the general exceptions of the Treaty. Regarding the harm to the freedom of enterprise (libertad de empresa), industry, and commerce and Article 46 of the Constitution, he maintains that it lacks support because the Legislative Assembly has the power to regulate, restrict, or even prohibit the exploitation of the Nation's own goods in accordance with subparagraph 14 of Article 121 of the Constitution, so it is fair and necessary to limit the exercise of this freedom for environmental protection purposes, given that without the full guarantee of the rights to health, the environment, and life, the exercise of any other human activity would not be possible. For the coadjuvant, Articles 8 bis and 65 subsections f) of the Mining Code fully comply with the principle of sustainable development (desarrollo sostenible) and Article 50 of the Constitution. He alleges, in the first place, that the petitioner ignores the content and scope of this principle. The principle of sustainable development is achieved through the sovereignty of States to regulate the use of their own natural resources; he cites in support Principle 2 of the 1992 Rio Declaration: "States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction." Sustainable development (desarrollo sostenible) includes the duty of States to restrict and even prohibit forms of exploitation of natural resources that may be harmful to the environment, in accordance with Principle 8 of the same Declaration. The Law being challenged, instead of being incompatible with sustainable development, seeks to coherently comply with this principle and presents itself as a law in solidarity with future generations; it is not about generating short-term wealth through intensive exploitation of natural resources at the cost of high sacrifices to the natural heritage and essential resources for life (food, drinking water, etc.). Regarding the constitutionality of Transitory Provision IV of Law number 8904, the coadjuvant affirms that it does not harm Article 34 of the Political Constitution inasmuch as there is no acquired right to the extension of concessions over public domain goods. The Law respects the concession rights legitimately granted prior to its entry into force: "TRANSITORY PROVISION II. The concession rights acquired in good faith and in compliance with all the requirements of the regulations in force, prior to its entry into force, are safeguarded from the provisions of this law. The holders of these rights must comply with all the obligations established in national legislation." As can be observed, the Transitory Provision is respectful of acquired and current rights. However, the petitioner, through an erroneous reading, alleges that companies with current concessions will not be able to renew them, causing them harm. In these cases, states the coadjuvant, the concession is extinguished, and the entrepreneur has only an expectation of a right and not a subjective right, inasmuch as there is no right to the renewal of a concession; subparagraph 14 of Article 121 of the Constitution itself provides that concessions over public domain goods shall be granted for a limited time, from which it is deduced that there are no automatic or perpetual concessions, as the Constitutional Chamber made clear since the Millicom case of 1993, which is why the violation alleged does not exist. According to the coadjuvant, Transitory Provision IV of Law 8904 also does not affect in any way the right to private property or Article 45 of the Constitution that recognizes it.

The claimant speaks of a “de facto expropriation” without prior compensation, which they base on an alleged right to renew the concession; however, as already stated, there is no right to renew a concession, once it has expired, the only thing the administered party has is an expectation of right and the legislator finds no impediment in the Constitution to prohibit by law the renewal of certain concessions whose activity is prohibited as part of a State policy to protect the natural heritage. If there is no automatic extension, there is also no expropriation. The State requests that the action be declared without merit in all its aspects.

5-. Brief of the Colegio de Geólogos de Costa Rica represented by its president, filed a brief at 11:47 a.m. on August 3, 2012, appearing in defense of its affected associates under the challenged provisions, since a large number of sources of employment have been closed, given that metallic mining requires geology personnel of various specialties: general geology, hydrogeology, geotechnics, geochemistry, mining engineering, environmental geology; the closure of the mines has forced them to migrate to other jobs with lower incomes and even to other countries in search of work opportunities.

The prohibition will prevent the country from capitalizing on new knowledge about the subsoil. The geological study for the exploitation of a mine of this nature covers an area of 20 square kilometers, generating detailed knowledge of the area. Achieving as a product current and detailed geological and natural resource maps that later serve for governmental decision-making, studies that the State can hardly carry out. The Colegio de Geólogos would have standing because, by its Organic Law, it is responsible for ensuring the generation of employment for its associates.

They note a lack of proportionality and reasonableness (razonabilidad) of the provision, since the World Health Organization does not have specific regulations regarding the use of Cyanide in mining. They consider that rights acquired in good faith are violated and consider that the legislator is expropriating the granted concessions and the rights derived from them. The Transitional Provision ignores that there are many case files in process and that the companies have made considerable investments, especially those that have completed the exploration phase and that were carried out based on the good faith of the Administration, without prior compensation, which violates constitutional article 45. It states that the principle of equality is violated since Transitional Provision VII does allow the use of cyanide, mercury, and hazardous substances in small-scale mining for family subsistence, artisanal (artesanal), and coligalleros. The principle of private property is violated since the acquired rights that the Código de Minería defines in Article 12 as real rights (derechos reales) arising from the sovereign administrative acts of the State are violated. Finally, they add that Article 56 of the Constitution is violated since the prohibition diminishes the work possibilities of geologists in Costa Rica.

6.- The edicts or notices referred to in the second paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in the Judicial Branch Bulletins numbers [...], on July 2, 3, and 4, 2012 (visible in the Sistema de Gestión de Despachos Judiciales).

7.- The oral and public hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, considering that there are sufficient elements of judgment to resolve this action.

8.- The legal prescriptions have been complied with in the proceedings.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering

I.- Intervention (Coadyuvancia) of the Colegio de Geólogos de Costa Rica. In the Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, there is the request for active intervention (coadyuvancia activa) filed by E.G.R., in her capacity as president of the Colegio de Geólogos de Costa Rica, a brief filed at 11:47 a.m. on August 3, 2012, considering that she is responsible for safeguarding the rights of the association members. In this regard, this Chamber considers that said action is untimely in light of the provisions of numeral 83 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, since it was filed outside the fifteen-day period counted from the first publication of the edict of the resolution that granted the action.

II.- Object of the action. The purpose of this action is to determine the constitutionality of the prohibition of open-pit metallic mining, and the consequent impossibility of extending or renewing the permits or concessions granted prior to the entry into force of the prohibition. Specifically, to declare the unconstitutionality of Articles 8 bis and 65 subsection f) of the Código de Minería, for violating –as stated by the claimant– Articles 33, 46, 50, and 121 subsection 14) of the Constitución Política and the principles of equality and non-discrimination because it discriminates, without environmental or technical justification, open-pit metallic mining from other types of mining; the principle of interdiction of arbitrariness (interdicción de la arbitrariedad) by constituting a misuse of power (desviación de poder) by the Asamblea Legislativa whose objective is to harm two sole companies that exploit gold mines, it is an ad-personam law; and subsection 14 of Article 121 of the Constitution authorizes mining exploration and exploitation by private parties through a legislative or administrative concession under the law, the legislator being able to regulate the activity more intensely but not prohibit it because it finds basis in the constitutional norm and in Articles I, II, III, Annex I of the "Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of Canada for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments" Law number 7870, Gaceta number 100 of May 25, 1999, due to the insecurity and lack of protection of the investments of two Canadian companies; and to declare Transitional Provision V of Law number 8904 of December 1, 2010, as contrary to Articles 34 and 45 of the Constitución Política.

III.- Standing (Legitimación) of the claimant. The claimant bases her standing on the provisions of the first paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which to that effect states:

“Article 75.- To file the action of unconstitutionality, it is necessary that there be a matter pending resolution before the courts, including habeas corpus or amparo, or in the proceeding to exhaust the administrative channel, in which said unconstitutionality is invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered to be harmed.”

The claimant filed an ordinary contentious-administrative proceeding, known under judicial case file number [...] ACACIM and related cases v/The State, where she challenges Decretos Ejecutivos numbers 35982-MINAET and 36019-MINAET, as well as the directive adopted by the Poder Ejecutivo on January 13, 2010, and communicated via Official Communication number DM-042-2010; where she invoked the unconstitutionality of the legal norms as the suitable means to protect the rights or interests considered harmed.

Furthermore, a discussion has arisen within the Court as to whether there must be a correspondence between the norms indicated in the pleading where the unconstitutionality was invoked in the principal matter and those indicated in the action brief, since the appellants in the former invoked the unconstitutionality of the entire law, while in the latter they only refer to some articles. In the opinion of the majority of this Court, this lack of congruence cannot be configured as an inadmissibility requirement for several reasons. First, Article 75, in its first paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, only requires that, in the base matter, the action of unconstitutionality be a reasonable means to protect the right or interest considered harmed. If this is met, at least with regard to this admissibility requirement, there is no reason to dismiss the action outright. It cannot be overlooked that the action of unconstitutionality, as a general rule, is a kind of preliminary ruling with absolute devolutive effect (prejudicialidad en efecto devolutivo absoluto), since upon the invocation of unconstitutionality made by one of the parties regarding a norm or an omission on which the other bases its claim in the base trial, it cannot be resolved by the ordinary Judge, but rather the matter must be suspended and the case file sent to the Sala Constitucional so that this body can determine the constitutionality or not of the norm or omission. From this perspective, the brief invoking unconstitutionality made in the base trial is a mere announcement, a preview to the ordinary Judge that the norm or omission under discussion will be questioned in the constitutional jurisdiction. It is in this jurisdiction where the appellant must indicate the norms being challenged, provide the grounds in a clear and precise manner, citing the norms and principles considered infringed, which, in the present case, has been done. Furthermore, advocating for the thesis of absolute correspondence between the norms invoked as unconstitutional in the base trial and those indicated in the action brief would lead to excessive formalism, as happened, in some cases, with the cassation appeal, when nowadays proceduralist currents have opted to minimize formalities and, thereby, enhance the rights of litigants to access the public service of the Administration of Justice. It is for these reasons that the majority of this Court admits the action and proceeds to examine the merits.

IV.- On the constitutionality of the challenged norms. Specifically, the claimant Association alleges the unconstitutionality of the following norms: Article 8 bis of the Código de Minería, Law 6797, incorporated into the Código by law: "Reform Código de Minería and its reforms law to declare Costa Rica a country free of Open-Pit Metallic Mining", number 8904 of December 1, 2010, which establishes:

“Article 8 bis.- No permits or concessions shall be granted for exploration and exploitation activities of open-pit metallic mining in the national territory. It is established that, as an exception, only exploration permits for scientific and research purposes shall be granted.”

The unconstitutionality of subsection f) of Article 65 of the Código de Minería, Law 6797, incorporated into the Código by Law 8904 of December 1, 2010.

“Article 65.- Permits and concessions granted in contravention of the law shall be null, and especially the following: a)…f) Concessions granted contrary to the stipulations of Article 8 bis of this Law.”

And finally, the unconstitutionality of Transitional Provision V of Law 8904 of December 1, 2010, which is actually IV, as inferred from her legal argumentation and citation of the norm:

“TRANSITIONAL PROVISION IV.- No permit or concession for open-pit metallic mining shall be renewed or extended, after having been extinguished for any reason, in accordance with the legislation that regulates them.”

V.- On the alleged violation of the principles of equality and interdiction of arbitrariness and of constitutional Article 33. The claimant alleges that Article 8 bis is contrary to the principles of equality and interdiction of arbitrariness (interdicción de la arbitrariedad) enshrined in Article 33 of the Constitución Política, considering, in the first place, that it constitutes discrimination against this type of mining and those who practice it, despite complying with all technical and environmental specifications. Likewise, she alleges that the Asamblea Legislativa, under the pretext of pursuing public purposes, arbitrarily harmed two companies, without there being any environmental or technical reason to establish the prohibition contained in the challenged numeral, implying that the Asamblea Legislativa incurred in a misuse of power (desviación de poder).

The Chamber considers that there is no violation of the principle of equality nor of constitutional numeral 33 that encompasses it, because the prohibition in Article 8 bis is general, objective, and abstract, without any subjective differentiation to the detriment of any natural or legal person. The norm prohibits granting new mining concessions for the exploration or exploitation of open-pit metallic mining throughout the national territory. The norm affects both nationals and foreigners, natural or legal persons, large, medium, or small companies. Anyone who falls under the factual assumption of the norm: exploration and exploitation activities of open-pit metallic mining in the national territory, becomes subject to the legal consequences that the norm provides: “no permits or concessions shall be granted”. The norm establishes a regulation for the future, from the entry into force of the Law onward, which is expressed in the verbal usage “no… shall be granted…”, so that any person (natural or legal, public or private, national or foreign) who was exploring or exploiting open-pit metallic mining at the time the law came into force, knows that in the future no more permits or concessions will be granted for said activity. The norm does not affect their current or past situation; it impacts their future situation, without configuring any subjective discrimination as the claimant alleges. Article 8 bis meets the constitutional requirements of objectivity, abstraction, and generality as has been explained, for which reason the argument invoked is rejected.

These same constitutional requirements of equality are respected by subsection f) of Article 65 of the Código de Minería and Transitional Provision IV of Law 8904.

Article 65 subsection f) provides: “Article 65.- Permits and concessions granted in contravention of the law shall be null, and especially the following: a)…f) Concessions granted contrary to the stipulations of Article 8 bis of this Law.” This norm provides as a legal effect the nullity of all those situations that fall under the factual assumption it contemplates: permits and concessions granted in contravention of the law, among which are those that have been granted contrary to the provisions of the Código de Minería in Article 8 bis. The norm introduces no differentiation in treatment, based on any quality of the person (natural or legal) for the purposes of applying the nullity of the granted permit or concession. No distinction based on the nationality of the permit holders or concessionaires is observed, neither in the factual assumption nor in the application of the legal effect or consequence, as the claimant erroneously interprets it.

Transitional Provision IV introduces a specific regulation for all those who are, at the time the law enters into force, exploring or exploiting open-pit metallic mining under two specific legal titles: the permit and the concession. In accordance with Transitional Provision IV, any person, natural or legal, national or foreign, who is exploring or exploiting open-pit metallic mining may continue the activity until the extinction of the permit or concession for any reason, in accordance with the law that regulates them. Again, having analyzed the norm, the Chamber observes no violation of the principle of equality, as it does not distinguish, for purposes of preserving their legal situation, between permit holders or concessionaires by reason of their nationality or any other quality incompatible with the constitutional parameter.

Finally, in relation to the argument that the principle of equality is violated because discrimination is made between different types of mining, prohibiting open-pit metallic mining, this Chamber has repeatedly ruled that the constitutional standard of equality is not violated if the differentiation is objective and reasonable; moreover, the principle of equality is a right pertaining to persons, natural and legal, and not to objects, activities, or functions. The reason why the Legislator prohibits open-pit metallic mining is that there are technical reasons and information showing that this activity represents a risk to health and the environment, just as there are also technical reasons to maintain that this activity could be carried out without affecting health and the environment. In any case, it is incumbent upon the legislator, within the framework of the Constitution, to promote, through legislation, an environmental policy and a policy for the use of natural resources and the State. The challenged provisions respond to environmental protection and the configuration of a development model that the legislator considers more compatible with the environment, within the framework of the Constitution. Consequently, the Chamber considers that there are objective reasons that justify the exercise of legislative power in this field and that make the objective distinction introduced into the legal regime of open-pit metallic mining reasonable, so the prohibition is constitutional.

This Court also does not observe that the legislator has incurred in a violation of the principle of interdiction of arbitrariness alleged by the claimant, whether through a gross violation of the principle of equality or by incurring in misuse of power (desviación de poder). Misuse of power is configured when a public power is used for purposes other than those intended by the Legal System through said power; the legislator can also incur in this type of defect in the exercise of legislative power when hypothetically it was used to achieve purposes other than those set by the Constitución Política; however, from the analysis of the challenged norms, it is observed, with clear clarity, that the legislator relied on sufficient technical reasons, that the norm is general, abstract, and objective, and that it in no moment incurred in any discrimination based on subjective reasons that would minimally cause this Court to think that the true motive of the legislator is the harm to the companies mentioned by the claimant. On the contrary, the prohibition of open-pit metallic mining does not seem to be a capricious or arbitrary decision; it responds to an objective and justified concern to protect the environment and appears supported by the application of the prevention (preventivo) and precautionary (precautorio) principles, in the face of an activity classified as hazardous to the environment and health. Consequently, the action is rejected in relation to this argument.

VI.- On the alleged violation of the freedom of enterprise, industry, and commerce and of numeral 46 of the Constitución Política. The claimant alleges the violation of constitutional Article 46, to the extent that the legislator can regulate this activity more strictly for environmental reasons, but in no way prohibit it absolutely. It violates Article 46 of the Constitution by introducing limitations not consented to by the legal system to the exercise of a lawful business activity.

To examine this matter, we must bear in mind that we are in the presence of goods belonging to the public domain (dominio público), owned by the State, which private parties can only exploit under the Law and within the specific legal regime of the enabling title: concession or permit. We are not in the presence of private goods; the legislator is not restricting or limiting private goods, but rather is regulating public property and the activity aimed at its exploitation and commercialization. In the case of public domain goods (bienes demaniales), the freedom of enterprise, industry, and commerce will have the scope that the law rigorously sets within constitutional parameters. It is the legislator who, in accordance with the power attributed to him by the constituent body in subsection 14 of Article 121 of the Constitution and with support in the dispositive (dispositivo) and free configuration (libre configuración) principles within the framework of the Constitution, defines the legal regime of public domain goods. Subsection 14 of Article 121 of the Constitución Política expressly attributes to the legislator the power to “Decree the alienation or application to public uses of the Nation’s own goods” therefore the legislator, within the attributed faculties, may allow private parties to participate in the use and exploitation of public domain goods or, on the contrary, decide, regarding some of them, to totally exclude it from exploitation and commerce, as has happened in this case. The legislator is not limiting or restricting the freedom of enterprise; he is only regulating the use and exploitation of a public domain good (bien demanial), to which in any case the private party could only gain access in accordance with the law.

Consequently, the Chamber considers that in the case of the State’s own goods, designated to the public domain, the legislator can validly opt for the prohibition of exploitation, especially if, as in the present case, the measure responds to a policy in accordance with the development and protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado), contained in constitutional Article 50. Law 8904 is based on a constitutional public interest: the protection of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the inhabitants.

VII. On the alleged violation of the principle of sustainable development and of constitutional Article 50. The claimant invokes the violation of the constitutional principle of sustainable development derived from Article 50 of the Magna Carta, by prohibiting a productive activity compatible with respect for the environment and that contributes to the creation of wealth and employment for the country. It is technically possible for the exploitation of open-pit metallic mining to be carried out with absolute respect for the environment, and that the use of chemical compounds such as mercury or cyanide does not harm the environment if they are handled adequately. For the Chamber, it is no coincidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment was regulated in constitutional Article 50, a numeral that grants the legislator the powers for the organization and stimulation of production and for the most adequate distribution of wealth, powers that, in accordance with the norm, must be exercised in pursuit of a constitutionally defined end: the greater well-being of all the inhabitants. Within the term “greater well-being” we find not only a policy oriented towards greater economic development, but also a redistributive policy, aimed at achieving the distribution of the wealth product of social cooperation. Both one and the other must be carried out with absolute respect for ecological balance and environmental health; only thus will life and all human activity be possible. In that sense, principle 8 of the 1992 Rio Declaration establishes that “To achieve sustainable development and a better quality of life for all people, States should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies.”

Articles 8 bis, 65 subsection f), and Transitional Provision IV that are being challenged, rather than being incompatible with the environment and with the principle of sustainable development, tend towards its protection. The legislator, within the framework of the Constitution, opts for a development model that stimulates the generation of wealth based on the use of the natural heritage, and discourages that which, to generate it, endangers or sacrifices that heritage. The legislator opted for the non-exploitation and non-use of State domain goods for the sake of greater environmental protection and a greater environmental well-being of the inhabitants. We are not in the presence of private goods destined for a public purpose; we are in the presence of public goods destined for a public purpose. From this perspective, there is no unconstitutionality whatsoever in the fact that the legislator decides to prohibit open-pit metallic mining even under the assumption that its exploitation in a manner compatible with the environment is possible. Consequently, the action is declared without merit regarding this alleged violation.

VIII.- On the alleged violation of Article 121 subsection 14 of the Constitution. The claimant alleges that Article 8 bis and 65 subsection f) of the Código de Minería and Transitional Provision IV contradict the authorization granted by Article 121 subsection 14 of the Constitución Política for mining exploration and exploitation by private parties. Since mining activity is authorized by the Constitution, no norm of legal rank can prohibit this activity.

Article 121 subsection 14 of the Constitution, in relevant part, provides:

“In addition to the other powers conferred by this Constitution, the following correspond exclusively to the Legislative Assembly: 1)…14) To decree the alienation or application to public uses of the Nation’s own goods. The following may not permanently leave the State’s domain: a) The power that may be obtained from the public domain waters (aguas del dominio público) in the national territory; b) Coal deposits, sources and deposits of petroleum, and any other hydrocarbon substances, as well as deposits of radioactive minerals existing in the national territory; c) Wireless services. The goods mentioned in sections a), b), and c) above may only be exploited by the public administration or by private parties, in accordance with the law or by means of a special concession granted for a limited time and according to the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly…”

The constituent body establishes, through this norm, the legal regime for public domain goods. Through this norm, it attributes to the legislator the power to regulate, by law, the “alienation or application to public uses” of those goods within the limitations that the constitutional norm itself establishes. In accordance with the norm, it is incumbent upon the legislator, in the first place, to designate or remove the designation of goods to the public domain and to public uses (afectación o desafectación), except for those that already are so by constitutional provision and over which the legislator lacks the competence to remove designation. In the exercise of this power, the legislator subjected mining resources to the legal regime of public domain goods (bienes demaniales). In the second place, the constituent body attributes to the legislator the competence to issue the legal regime for the exploitation of the Nation’s goods, with the limitations that the constituent body also sets. In relation to metallic mining, the legislator enjoys a sphere of freedom of configuration (libertad de configuración), which must be exercised within the framework of constitutional principles, norms, purposes, and rights.

No right in favor of private parties for the exploitation of goods designated to the public domain by the constituent body or by the legislator is inferred from the text of subsection 14), as the claimant erroneously interprets. The private party can only participate in the exploitation of those goods in the manner and with the limitations that the legislator himself defines by law. The private party can only derive rights of exploitation of public domain goods based on the law, with the temporal, spatial, material, and any other type of limitations that the law sets. These exploitation rights are of legal rank and are subject to the law that recognizes and configures them, so that the legislator, as long as he respects the constitutional requirements of equality, non-retroactivity, proportionality, and reasonableness (razonabilidad), can change the existing legal regime, even being able to prohibit the exploitation of certain public goods, preventing exploitation by private parties or by the Administration itself, provided he respects the aforementioned constitutional guarantees. The dispositive principle or principle of free configuration of the legislator (principio dispositivo o de libre configuración del legislador) finds greater depth and scope in the case of the development of public domain goods than of private property, thus, for example, while the limitation of the right to private property requires a qualified majority, for the regulation of the State’s own goods, an absolute majority suffices. In application of this principle, the exploitation of such goods remains subject to the legal regime defined by the legislator; it is for this reason that the Chamber finds no constitutional friction between the challenged norms and subsection 14 of Article 121 of the Constitución Política.

IX. On the alleged violation of constitutional Article 45.

It alleges that paragraph f) of Article 65 of the Mining Code and Transitory Provision IV of Law 8904 are unconstitutional because they violate Articles 34 and 45 of the Political Constitution, in that they disregard, with retroactive effects, the acquired rights of companies with mining concessions and eliminate the acquired right of the concessionaire company to the renewal of said concession, and adds that Transitory Provision IV constitutes in practice an expropriation without prior compensation.

First, as already set forth in the preceding recitals, the challenged rules produce effects for the future; none of them is attributed retroactive effect to the detriment of consolidated legal situations or rights acquired in good faith. Transitory Provision IV to which the petitioner refers specifically provides:

"TRANSITORIO IV.- No permit or concession for open-pit metallic mining shall be renewed or extended after it has been extinguished for any reason, in accordance with the legislation governing them."

The rule is drafted so as to produce effects in the future; the rule's legal effect or consequence: "no permit or concession for open-pit metallic mining shall be renewed or extended" will only apply and produce its effects when the rule's factual predicate has occurred in reality or has been fulfilled: the extinction for any reason, in accordance with the legislation governing them, of the permits or concessions for open-pit metallic mining. There is no right to automatic renewal of the concession; renewal is granted only once the Administration has reviewed the application for extension or renewal against the applicable legal system, and a right to the concession exists only once that new administrative act has been issued; the concessionaire or permit holder has only an expectation of a right and not a full subjective right; consequently, the challenged rules violate neither the property right of Article 45 nor the constitutional standard of Article 34, both of the Political Constitution; ultimately, the principle of non-retroactivity of rules to the detriment of any person or of acquired property rights or consolidated legal situations is not violated.

If there is no impact on acquired property rights or consolidated legal situations, the scenario of expropriation without prior compensation as alleged by the petitioner is also not configured, especially as we are not in the presence of rights over private property, but rather the regulation and exploitation of public domain goods within the limitations established by law, understanding that the legislature has the authority to regulate the matter, including, of course, the prohibition of exploration and exploitation of open-pit mining.

X.- Regarding the alleged violation of the Agreement between the Government of Costa Rica and the Government of Canada for the promotion and protection of investments. The petitioner alleges that the rules violate the Agreement between the Government of Costa Rica and the Government of Canada for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, in that said treaty establishes the obligation to accord investments of the other country fair and equitable treatment in accordance with the principles of International Law, as well as full protection and legal security, and in the present case, an unequal, unfair, and discriminatory treatment is given, which entails insecurity and lack of protection for investments that Canadian companies have made to date in Costa Rica.

The cited Agreement provides in Article II, paragraph 2), regarding promotion and protection of investments, the following:

"Each Contracting Party shall accord to investments of the other Contracting Party: a) fair and equitable treatment in accordance with the principles of international law, and b) full protection and security."

In Article III, concerning the establishment of investments, the Agreement recognizes the most-favored-nation principle and national treatment as follows:

"1.- Each Contracting Party shall permit the establishment of any new commercial enterprise or the acquisition of an existing commercial enterprise, or a part of such enterprise, by investors or potential investors of the other Contracting Party on a basis no less favorable than that which, in like circumstances, permits such acquisition or establishment by: a) investors or potential investors of any third State; b) its own investors or potential investors…"

In Article IV, it incorporates the same principles of national treatment and most-favored-nation treatment in relation to investments already established.

"With respect to investments and the enjoyment, use, management, conduct, operation, expansion, and sale or other disposition of the investment, each Contracting Party shall accord treatment no less favorable than that which, in like circumstances, it accords to: a) investments in its territory of investors of a third State; b) investments in its territory of its own investors."

Having compared the challenged rules with the transcribed texts of the invoked Agreement and reviewed the petitioner's arguments, this Chamber finds no friction or legal irregularity. The prohibition of numeral 8 bis, paragraph f) of Article 65 of the Mining Code, and Transitory Provision IV of Law 8904 comply with the requirements of the principle of equality; no differentiation in treatment in favor of nationals over foreigners in identical situations can be deduced from their regulation that would cause this Chamber to presume a violation of the principle of national treatment and the lack of protection for foreign investors. Nor did the legislature incur in favoring any particular category of foreigners by excluding the application of the prohibition with respect to other foreigners, which could give rise to a violation of the most-favored-nation principle.

Furthermore, Transitory Provision IV respects rights acquired in good faith under the protection of the legislation in force until the termination, for any reason, of the concession or permit. This provision respects existing rights; obviously, there is no right to automatic renewal of the concession or permit, unless the law itself so provides; otherwise, what exists is an expectation of a right that any legislation with future effects may lawfully limit. For the reasons stated, no violation of fair and equitable treatment to the detriment of companies of another nationality is observed, as alleged by the petitioner; consequently, the action is also denied with respect to these arguments, as no violation is found between the challenged rules and the Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of Canada for the reciprocal promotion and protection of investments, Law 7870.

XI. Corollary. Taking into consideration the arguments set forth in this judgment, the Chamber considers that the action must be denied, in that Articles 8 bis, 65 paragraph f) of the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982, and its amendments, and Transitory Provision IV of Law 8904 of December 1, 2010, have no friction whatsoever with constitutional rules and principles; therefore, the action is denied.

XII.- Dissenting vote of Judge Rueda Leal and Judge Salazar Cambronero, with the former writing: With all due respect, we disagree with the majority vote, in that the petitioner lacks standing to bring the action due to failure to comply with basic requirements established in the Law of Constitutional Jurisdiction.

In judgment number [...], voted at 2:30 p.m. on this same day, this Tribunal with identical composition ordered the following:

"III.- ON THE STANDING OF THE PETITIONERS IN THE PRESENT MATTER. In accordance with what was explained in the preceding recital, the unconstitutionality action has an eminently incidental nature; therefore, standing to bring it derives, as a general rule, from the existence of a base proceeding in which the unconstitutionality of a rule has been invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered injured. Thus, the hypotheses of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction – concerning the existence of collective or diffuse interests – are the exception. As such, they are only applicable when the circumstances of the case – which must be examined individually – determine the impossibility (or, at least, a manifest improbability) that a base judicial proceeding or administrative procedure could ever be brought. In this regard, in judgment No. 2008-006803 of 5:46 p.m. on April 23, 2008, this Tribunal explained:

"(…) The jurisprudence of this tribunal is settled and of long standing to the effect that popular actions are not permitted in our system, insofar as, if admitted, they would lead to diametrically denying the incidental character that the action possesses in the design of our current constitutional justice system. Indeed, Article 75 of the Law governing this jurisdiction establishes that, as a rule, the admissibility of an unconstitutionality action is conditioned on the existence of a prior pending matter to be resolved, in which the inapplicability of the challenged rule or rules has been invoked, such that the claim serves as a reasonable means for the protection of the right or interest considered injured. In consideration of that incidental nature, it is important to emphasize that the hypotheses of the second paragraph of Article 75 of the Law of this jurisdiction do not constitute alternatives, but exceptions to the aforementioned general rule that requires the existence of a prior pending matter to be resolved as the basis of the action. As such, they are only applicable when the circumstances of the case – which must be examined individually – determine the impossibility (or, at least, a manifest improbability) that a base proceeding, judicial or administrative, could ever be brought on the occasion of an individual and direct injury caused by the application of the challenged provisions (…)" (emphasis not in the original) (criterion reiterated, among others, in judgments Nos. 2008 – 015448 of 2:54 p.m. on October 15, 2008; 2010 – 011346 of 2:59 p.m. on June 29, 2010; and 2011 – 1633 of 2:47 p.m. on February 9, 2011).

In the present action, the constitutionality of the phrase "authorized entities" in Article 72 of the Law for the Protection of the Worker, No. 7983 of February 16, 2000, is questioned, which provides:

"(…) ARTÍCULO 72.- Tax benefits. The interest, dividends, capital gains, and any other benefit produced by securities in national or foreign currency in which the authorized entities invest the resources of the funds they administer shall be exempt from the taxes referred to in Article 18 and in paragraph c) of Article 23 of the Income Tax Law (…)" (emphasis not in the original).

This Chamber considers that the regulation is susceptible to individualized application, such that it is possible for it to generate disputes in the administrative or contentious-administrative jurisdictional sphere, due to the denial of the benefit, from which an unconstitutionality action could perfectly be brought. Note that the petitioners emphasized in the initial brief, the following: "(…) On different occasions, steps have been taken before the Ministry of Finance, in its various areas of resolution of the matter, requesting that the exemption indicated by Article 72 of the Law for the Protection of the Worker be expressly declared (…) The resolutions have rejected the fund's steps, violating the constitutional principles of interpretation of tax exemptions, and legal interpretations have been maintained that break down the labor, social, and public interest rights of the workers (…)" (see memorandum digitized in the Costa Rican Judicial Offices Management System) (emphasis not in the original). The foregoing, without any doubt, confirms the criterion set forth in these lines. A different interpretation would necessarily lead to the conclusion that it is enough, simply and plainly, for a person – whether natural or legal – to claim to represent corporate interests for the unconstitutionality action to be admitted, without needing to examine whether or not the rule is susceptible to individualized application, which would approximate the standing in this constitutionality control mechanism to the popular or direct action, an option that finds no place in the current state of our legal system. Under this reasoning, the action becomes inadmissible."

In the same sense, the Chamber expressed itself in judgment number 1830-99 of 4:12 p.m. on March 10, 1999:

"the Chamber has clarified the scope of the provisions of the first two paragraphs of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction and has indicated that when the regulatory provision challenged in an unconstitutionality action is destined to be concretized in numerous and diverse cases of application that directly affect the legal sphere of individual persons, such that they can give rise to claims in the administrative or jurisdictional sphere, from which unconstitutionality actions can be brought against them, the scenarios of the second paragraph of the indicated article do not apply. That is to say, when the second paragraph of Article 75 ibid. indicates that a prior pending case is not necessary to bring the unconstitutionality action, and that – consequently – one may resort to direct standing based on diffuse or collective interest, it alludes to the scenario in which 'by the nature of the matter there is no individual or direct injury,' that is, to the hypothesis in which, given the subject matter that the challenged provision regulates, it is not possible to obtain a justiciable scenario of singular and concrete application. Hence, a pending case to be resolved is necessary to bring the unconstitutionality action when it is foreseeable that the justiciable scenario of singular and concrete application will occur, given the nature of the challenged law. This was expressly stated in judgment No. 6433-98 of 10:33 a.m. on September 4, 1998, and justifies that standing cannot be admitted based on the three scenarios established in the second paragraph of Article 75 of the indicated Law, namely, that there is no possibility of individual and direct injury, that the defense of diffuse interests or those pertaining to the community as a whole is undertaken, when there exists the possibility that, upon being concretized, the law will produce individualizable effects on specific persons who are in a position to bring claims on the basis of which the unconstitutionality action can be deduced." (Highlighting not in the original)

Ergo, from the foregoing it is extracted with all ease that the hypotheses of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction – concerning the existence of collective or diffuse interests – are the exception and are only applicable when the circumstances of the case – which must be examined individually – determine the impossibility (or, at least, a manifest improbability) that a base judicial proceeding or administrative procedure could ever be brought. To hold otherwise would be to admit that by the mere representation of corporate interests one holds a kind of standing via popular action in an unconstitutionality action proceeding.

In the instant case, we perceive that this action was admitted based on "the existence of collective interests of the represented Association" (resolution of 3:33 p.m. on June 11, 2012). However, we consider that such ground for standing is improper, because what is challenged by the petitioner is susceptible to the bringing of a base proceeding. This is more than evident because the petitioner identifies as the base matter judicial file number [...] processed in the Contentious Administrative Tribunal, in which ACACIM and affiliates appear as parties against the State.

Now, even if the aforementioned case were taken as the base matter for this action, the standing of the petitioner would likewise not be viable.

Following the cited jurisprudence, the petitioner must comply with the requirements set forth in the first paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction:

"Artículo 75.- To bring the unconstitutionality action it is necessary that there exists a matter pending resolution before the tribunals, including habeas corpus or amparo, or in the procedure to exhaust the administrative route, in which that unconstitutionality is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered injured."

In the cited ordinary contentious-administrative proceeding number [...], the petitioner challenges Executive Decrees numbers 35982-MINAET and 36019-MINAET, as well as the directive adopted by the Executive Branch on January 13, 2010, and communicated via official communication number DM-042-2010. It is not until the reply brief to the response of the Office of the Attorney General of the Republic that the petitioner invokes the unconstitutionality of the challenged rules in the following manner: "Indeed, the principal foundation of the state's representation to oppose the claim is the approval by the Legislative Assembly of Law number 8904 of December 1, 2010. Said Law also suffers from serious nullity defects, which will be alleged in due course in the constitutional jurisdiction, as they are defects of constitutionality and transgressions of the Political Constitution. For the purposes of the provisions of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as a reasonable means to protect the rights and legitimate interests of the Association I represent, I state that Law number 8904 is unconstitutional for violating, among others, the principles of reasonableness and proportionality, the mandate to pursue the general welfare and economic development protected in Article 50 of the Political Constitution, and for containing procedural defects." (Folio 114-115 of Judicial File number [...]).

In accordance with the provisions of the Law of Constitutional Jurisdiction, the unconstitutionality action is subject to a series of requirements, which are not required in amparo or habeas corpus matters, among which stands out the exposition of "the grounds in a clear and precise form, with specific citation of the rules or principles considered infringed" (Article 78 LJC).

The requirements of Article 78 bear a logical relationship, for purposes of admissibility, with the provisions of the first paragraph of numeral 75 of the same procedural Law, since the unconstitutionality invoked in the prior matter as a reasonable means of protecting the right or interest considered injured must be consistent with the rules invoked in the corresponding unconstitutionality action.

In the sub examine, that consistency does not exist, since in the reply brief in the ordinary proceeding the petitioner invokes the unconstitutionality of the entirety of Law 8904 of December 1, 2010; however, in the action brief, it only alleges the unconstitutionality of Articles 8 bis and 65 paragraph f) of the Mining Code, amended by Law 8904, and Transitory Provision IV of the latter. The Law contains other rules such as the addition of several paragraphs to Article 8, the amendment of Article 103, both of the Mining Code, and 7 transitory provisions of which only one is challenged. That is, in the invocation of unconstitutionality, the entire law is attacked as a body, and not any of its specific articles; to the contrary, in this action, specific articles are deemed unconstitutional, not the law in its entirety. Ergo, the necessary correlation between the invocation and the action does not exist, an unavoidable requirement for the latter to be admissible. Under this reasoning, the action becomes inadmissible.

The differing criterion of the majority is not only contrary to what has been resolved this same day in judgment number [...], but could also lead to highly questionable consequences. Using an "ad absurdum" argument as a method of logical demonstration of the validity of our criterion, the majority's opinion implies that if, in any matter pending resolution before the tribunals, including habeas corpus or amparo, or in the procedure to exhaust the administrative route, a party were to invoke the unconstitutionality of an entire code (composed of hundreds of rules) without greater precision, this would be sufficient to confer standing to later formulate an unconstitutionality action in which only certain rules would be questioned (imagine the generic invocation of unconstitutionality of the entire Penal Code with 413 articles just to come and bring an action against a single numeral). We consider that the laxness of standing criteria in an unconstitutionality action can never reach such an extreme (proper to other types of proceedings such as amparo or habeas corpus), since legal representation is required in the actions, such that the petitioner has professional counsel, and, moreover, the Law of Constitutional Jurisdiction itself has set forth a series of particular requirements that demonstrate the greater seriousness and rigor that permeates this type of constitutional proceeding. If the legislator had thought otherwise, the standing requirements in the actions would be the same as those for amparos and habeas corpus, with all the consequences that this would entail.

Furthermore, we emphasize that this action, as indicated by the Office of the Attorney General of the Republic, is brought in defense of the particular and private interests of two mining companies. The petitioner, among other things, claims that the Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of Canada for the reciprocal promotion and protection of investments is violated, to the extent that the rights of two Canadian companies dedicated to open-pit metallic mining are injured. Likewise, the violation of the freedom of enterprise of such firms is argued. Consequently, the cited arguments are not aimed at attacking the violation of any collective interest of the association, but rather interests that are absolutely individualizable of other persons, with respect to which the petitioner lacks standing. For the reasons adduced, we reject the action outright.

Therefore

The action is denied. Judges Rueda Leal and Salazar Cambronero dissent and reject the action outright.

Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.

It is a faithful copy of the original – Taken from Nexus.PJ on: 09-03-2026 15:45:54.

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