Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)IX.- A partir de lo expuesto procede acoger el amparo. Por un lado, pues de conformidad con la certificación ACOSA-PNE-021-2012 y el informe técnico ACOSA-PNE-AD-15-2012, es claro que todavía existen concesionadas áreas que corresponden a PNE. Nótese que si bien en una de las concesiones no se encontró construcción alguna, en la otra si observó un área de construcción cercana a una quebrada. Por otro lado, a la fecha no se encuentra finalizado el nuevo Plan Regulador Costero, el cual debe necesariamente contemplar las áreas de PNE que todavía se encuentran en las áreas concesionadas. Finalmente, a pesar de lo anterior, consta que la Municipalidad acordó renovar ambas concesiones por espacio de 20 años, sin que, pese a que este Tribunal lo solicitó como prueba para mejor resolver se tenga certeza de la afectación actual al PNE. Así las cosas, evidencia la Sala que las autoridades de la Municipalidad de Osa no han adoptado las medidas necesarias y pertinentes en aras de proteger el recurso natural del Estado, por lo se impone estimar el amparo con sus consecuencias.
English (translation)IX.- In light of the foregoing, the amparo must be granted. On the one hand, according to certification ACOSA-PNE-021-2012 and technical report ACOSA-PNE-AD-15-2012, it is clear that areas corresponding to PNE are still under concession. Note that while no construction was found in one of the concessions, in the other a construction area was observed near a stream. On the other hand, the new Coastal Master Plan has not yet been finalized, which must necessarily include the PNE areas that are still within the concession areas. Finally, despite the above, it is on record that the Municipality agreed to renew both concessions for a period of 20 years, without—and despite this Court having requested it as evidence for a better decision—any certainty as to the current impact on the PNE. Thus, the Court finds that the authorities of the Municipality of Osa have not adopted the necessary and pertinent measures to protect the State's natural resources; therefore, the amparo must be granted with its consequences.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 07934 - 2013 Fecha de la Resolución: 14 de Junio del 2013 a las 09:05 Expediente: 12-014168-0007-CO Redactado por: Roxana Salazar Cambronero Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONCESION. 07934-13. AMBIENTE. SE ANULAN CONCESIONES OTORGADAS DENTRO DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. COMPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. PROTECCIÓN DE HUMEDALES “(…) IX.- A partir de lo expuesto procede acoger el amparo. Por un lado, pues de conformidad con la certificación ACOSA-PNE-021-2012 y el informe técnico ACOSA-PNE-AD-15-2012, es claro que todavía existen concesionadas áreas que corresponden a PNE. Nótese que si bien en una de las concesiones no se encontró construcción alguna, en la otra si observó un área de construcción cercana a una quebrada. Por otro lado, a la fecha no se encuentra finalizado el nuevo Plan Regulador Costero, el cual debe necesariamente contemplar las áreas de PNE que todavía se encuentran en las áreas concesionadas. Finalmente, a pesar de lo anterior, consta que la Municipalidad acordó renovar ambas concesiones por espacio de 20 años, sin que, pese a que este Tribunal lo solicitó como prueba para mejor resolver se tenga certeza de la afectación actual al PNE. Así las cosas, evidencia la Sala que las autoridades de la Municipalidad de Osa no han adoptado las medidas necesarias y pertinentes en aras de proteger el recurso natural del Estado, por lo se impone estimar el amparo con sus consecuencias. (…)” VCG12/2020 ... Ver más Otras Referencias: Sentencia: 12817-01, 6246-07, 16938-11, 14288-09, 4619-13 Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Precautorio Subtemas: NO APLICA. PRINCIPIO PRECAUTORIO “(…) VIII.- A partir de todo lo anterior, existe suficiente evidencia de amenaza al recurso natural del estado, la cual no puede pasar inadvertida. A partir del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo 50 de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río -Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles. En otras palabras, si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades. Es claro que este principio tiene aplicación igualmente tratándose de la protección de terrenos forestales y demás áreas de protección. (…) De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida que se carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación o reparación que deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo o magnitud del daño ambiental que puede producirse y de las medidas que deberán adoptarse en cada momento, se elimina todo sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría impropio dar aplicación al principio precautorio. Dicho de otro modo, el principio precautorio debe ser aplicado en supuestos de duda razonable o incerteza, más no cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las medidas que deban adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable la aplicación de este principio. En consecuencia, partiendo de que la propia Declaración de Río reconoce la existencia y correlación de los principios precautorio y de desarrollo humano sostenible, debe en todo momento asegurarse que se cumpla el adecuado juicio de ponderación que permita el debido respeto y aplicación de ambos principios, de forma que las actividades sean valoradas de acuerdo tanto al impacto ambiental como a su aporte al desarrollo humano sostenible.” VCG12/2020 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONCESION. XI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO. El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar el recurso por las siguientes razones: 1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos. 2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad -legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público -ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable -sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento -serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas -procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal. 3.- COROLARIO. Por lo expuesto, estimo que el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, considero que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. VCG12/2020 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 12-014168-0007-CO Res. Nº 2013007934 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del catorce de junio de dos mil trece. Recurso de amparo interpuesto por ILIANA RODRÍGUEZ VARGAS, cédula de identidad 0105690878, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y LA MUNICIPALIDAD DE OSA. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:16 horas del 30 de octubre de 2012, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa, y manifiesta lo siguiente: que el Plan Regulador Costero Punta San José, ubicado en el distrito de Sierpe, cantón de Osa, Punta San José, gestionado, elaborado y pagado por la empresa privada Estación Biológica Marenco, Sociedad Anónima, fue aprobado por la Municipalidad de Osa, incluyendo como concesionables áreas de humedales, terrenos cubiertos de bosque y una zona de conservación absoluta que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, contraviniendo, entre otras leyes, la Ley Forestal, número 7575 del 5 de febrero de 1996 y la sentencia número 1822 del 13 de marzo de 1998 de esta Sala. Señala que con base en ese plan regulador, la Municipalidad de Osa aprobó dos concesiones, una a Gilbert Rowe Córdoba y otra a Sergio Miranda Torres. Posteriormente, Rowe cedió sus derechos de concesión a la empresa Inversiones Drake Sociedad Anónima y luego esta traspasó sus derechos a Free Town Sociedad Anónima, sin que en ninguno de los casos se haya solicitado al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la clasificación del Patrimonio Natural del Estado. Afirma que ni las concesiones, ni los cambios de suelo, ni los traspasos aprobados, contaron con el estudio de impacto ambiental o la aprobación del Ministerio recurrido. Acusa que debido a lo anterior, fueron otorgados en concesión 90.000 metros cuadrados de humedal, terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, así como áreas de bosque, de tacotales y de nacientes. Agrega que este humedal de agua dulce desagua en un humedal de agua salada, con una importante área de corales, conocida como Playa San Josecito o Bahía San Josecito, que es un área de aproximadamente diez hectáreas. Además, el humedal colinda con el área protegida del Corredor Biológico Térraba-Sierpe. Alega que pese a lo expuesto, recientemente y en contra de lo dispuesto por la Contraloría General de la República, en el informe DFOE-DI-1016 del 30 de abril de 2012, basado en una investigación sobre las referidas concesiones y el plan regulador que les dio origen, el Concejo Municipal de Osa aprobó renovar la concesión a la empresa Free Town Sociedad Anónima y a Sergio Miranda Torres, a pesar de que continúa sin obtenerse el estudio de impacto ambiental. Estima que los hechos acusados violentan sus derechos fundamentales. 2.- Informa bajo juramento Etilma Morales Mora, en su condición de Directora del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que no es competencia del SINAC la aprobación de los planes reguladores costeros. Indica que es responsabilidad de previo al proceso de aprobación de los planes reguladores costeros que el Municipio corrobore con la certificación de Patrimonio Natural del Estado que realiza esa área de conservación a fin de que se estén dejando áreas de patrimonio como concesionables. Menciona que mediante oficio número DFOE-DI-491, el Fiscalizador Walter Moya de la Contraloría General de la República solicitó informe técnico sobre las áreas de Patrimonio Natural del Estado dentro del croquis a concesionar a nombre del señor Miranda Torres cabida 8 ha 0236.69 m y la 6-000006-000-Z cabida 8 has 7671 m en el cual el Ing. Joel García Medina concluye que en ambas concesiones existen áreas de Patrimonio Natural del Estado. Señala que el proceso de certificación de Patrimonio Natural del Estado, en esa Área de Conservación se inició en 2006, y se fue haciendo de acuerdo con la normativa vigente en cada momento, legislación que cambió con frecuencia, lo que provocó algunos cambios en los trabajos realizados por lo que en la actualidad el ACOSA de oficio y al poseer mayor tecnología e información de línea base ha modificado dichas certificaciones, además, que el trabajo de campo se realizó por personal calificado del Área de Conservación el cual conoce ampliamente el terreno. Al mismo tiempo, el ACOSA no ha realizado dichas certificaciones usando los planes reguladores costeros si no por sectores tal como lo es el sector de Drake, agrega que se realizó en una sola certificación debido a la extensión del terreno y por ser áreas frágiles; estos planes reguladores, de previo a ser aprobados por el Municipio, deben contar con las áreas de Patrimonio Natural del Estado clasificadas, por lo que a efectos del ACOSA el plan regulador que estuviese vigente como herramienta no resulta útil para clasificar el ecosistema ya que este debió ser un proceso previo. En la actualidad, la certificación que se encuentra vigente ACOSA-PNE-021-2012 del 16 de febrero de 2012, fue remitida con los shapes digitales a la Municipalidad de Osa, recibida el 28 de marzo de 2012, la cual es una modificación de las certificaciones anteriores. Explica que el proceso de certificación según el Decreto Ejecutivo No.36786-MINAE, en su artículo VI inciso a) se realiza a solicitud del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Municipalidad o en forma oficiosa por parte del SINAC, siendo la última la que aplicó el SINAC ACOSA en muchos de los casos. Una vez que el SINAC ACOSA contaba con los insumo para emitir dichas certificaciones procedía a su firma y notificación tanto a la Municipalidad de Osa como al ICT. Estos, al tener las certificaciones impresas y los shapes con los mapas en digital, de previo a otorgar un permiso de uso o concesión se encuentran en la obligación de corroborar si está o no afectado por el Patrimonio Natural del Estado. En caso de que hubiesen concesionado terrenos debieron hacerlo fuera del Patrimonio Natural del Estado, y si se realizó una cesión de derechos de estas concesiones no debió contar con el visto bueno del ACOSA ya que legalmente no es posible por cuanto el ente que administra fuera del Patrimonio Natural del Estado (PNE) es el Municipio de Osa y las áreas de PNE no son sujetas de concesión. En todo caso, si dichas concesiones se hubieran otorgado en áreas de Patrimonio Natural del Estado, carecerían de validez legal por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 6043 y artículos 13 y siguientes de la Ley Forestal quien administra estos sectores es el MINAE en este caso a través del SINAC ACOSA. Por ello, tanto el Municipio como el Instituto Costarricense de Turismo con la información suministrada, de previo a otorgar tales condiciones, debieron realizar un estudio de las áreas concesionadas a fin de determinar su legalidad. Destaca que no le consta que las concesiones hayan sido otorgadas en área de patrimonio natural del Estado. 3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:50 horas del 12 de noviembre de 2012, informa bajo juramento Uriel Juárez Baltodano, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que no se registra ningún Plan de Ordenamiento Territorial con Vialidad Ambiental para la región del Cantón de Osa, de manera que el Plan Regulador Costero de Punta San José no posee Viabilidad Ambiental, ni ninguna otra actividad de planificación territorial del distrito de Sierpe de Osa. Añade que mediante resolución número 1957-2012, esa Secretaría solicitó a los municipios del país, incluyendo a la Municipalidad de Osa, una certificación fundamentada del estado actual de la incorporación de la Variable Ambiental en el Plan Regulador correspondiente. En respuesta, la Municipalidad de Osa, mediante oficio AZM 1013-2012 del 13 de setiembre de 2012, informó que en la actualidad tienen un convenio con PRODUS de la Universidad de Costa Rica donde mediante el programa de “Investigación y Desarrollo Urbano Sostenible de la Escuela de Ingeniería Civil”, se encuentran realizando el Plan Regulador Integral tanto costero como urbano, sin que a esa fecha estuviera listo para ser presentado. Concluye que a la fecha no ha sido presentado a esa Secretaría ningún documento para analizar, en relación con el “Plan Regulador Costero de Punta San José de Osa”. 4.- Informa bajo juramento Jorge Alberto Cole de León, en su condición de Alcalde Municipal de Osa, que lleva razón la recurrente al manifestar que el Plan Regulador Costero Punta San José, ubicado en el distrito de Sierpe del Cantón de Osa, fue elaborado y pagado por la empresa privada Estación Biológica Marenco S.A., por cuanto no existía en esa fecha impedimento legal alguno. Indica que dicho Plan Regulador fue aprobado por la Municipalidad de Osa, según los usos permitidos en el mismo, ya que para esa fecha el MINAE-ACOSA-SINAC, no había realizado levantamientos de Áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado en el Cantón de Osa, incluyendo áreas de humedales, terrenos cubiertos de bosque y zona de conservación absoluta. Admite que la Municipalidad de Osa aprobó concesiones en ese sector costero, incluyendo la concesión otorgada al señor Gilbert Rowe Córdoba, quien luego cedió sus derechos de concesión a la Empresa Inversiones Drake Sociedad Anónima, la que a su vez cedió sus derechos a Free Town Sociedad Anónima. Asimismo, se aprobó la concesión del señor Sergio Miranda Torres. Con respecto al contrato de concesión de Freetown S.A., una vez que se dio el resultado de la evaluación de los planos constructivos, el Instituto Costarricense de Turismo determinó que el área otorgada en concesión, e inscrita a nombre de Free town S.A. bajo finca No.6-0000006-Z-000, se contrapone con la certificación de Patrimonio Natural del Estado (PNE) otorgada el 30 de mayo de 2006, firmada por el Ing. Raúl Solórzano Soto, Director del SINAC. A raíz de lo anterior, la Asesoría Legal del SINAC comunicó que no se podía continuar con el trámite del visado hasta que se hubiese realizado los ajustes a la concesión, de manera que quedase garantizado la no afectación al Patrimonio Natural del Estado. Por lo tanto, una vez rectificada la inscripción del contrato de concesión y aportados los documentos correspondientes por parte del Registro Público, el ICT inicia el proceso de revisión de los planos. Añade que conforme a las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, en las que se ha indicado que el Patrimonio Natural del Estado (PNE) debe ser administrado por el MINAE, y que los contratos de concesión otorgados por la municipalidad sin la previa clasificación del PNE deben ser delimitados y ajustados con el fin de que los contratos sólo contemplen los terrenos que no conforman para del PNE, se procedió a la exclusión de las áreas de bosques. Durante este proceso se obtuvo la certificación del 16 de noviembre de 2009, suscrita por la Sra. Guiselle Méndez Vega sobre la propuesta del Plan Regulador Integral Bahía Drake ubicado en el distrito de Sierpe, cantón de Osa, provincia de Puntarenas. Manifiesta que el concesionario realizó el ajuste del plano catastrado No.6-978360-2005 con un área de 81 711.54 metros debido a la afectación parcial que se detectó en la propiedad. Como resultado se generó el plano No. 6-1386840-2009 por un área de 8ha 7671 metros, el cual modificó el plano catastrado P-0757399-1988 con el cual se dio la concesión y el plano P-978360-2005 que la había modificado. Con base en lo anterior y dado que el terreno en cuestión resultó parcialmente afectado por el Patrimonio Natural del Estado, para corregir y subsanar de manera correcta los trámites de la concesión se tuvo que realizar la modificación en el proyecto de resolución, el acuerdo del Concejo y el contrato de concesión. Indica que mediante el oficio AZM-1024-2009 del 22 de diciembre de 2010, el Dpto. de Zona Marítimo Terrestre hizo constar que el plazo P-138640-2009 se encontraba fuera de áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado. Posteriormente, mediante el oficio A.Z.M 737-2012 se modificó dicha constancia porque se señaló mal el número de plano; lo correcto era P-1386840-2009. En este sentido, con la respectiva aprobación del Concejo del 2 de marzo de 2011, se remitió el adendum del contrato de concesión al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para su aprobación, proceso requerido para llevar a cabo el ajuste en el Registro Nacional. Señala que hasta el día de hoy, se ha tenido que realizar una serie de procesos para lograr la modificación del contrato de concesión a fin de que el concesionario proceda con la aprobación de los planos constructivos, mismos que se deben presentar de nuevo al Instituto Costarricense de Turismo. Cumpliendo con lo solicitado por ese Instituto, actualmente se confirmó que la rectificación del contrato de concesión está inscrito en el Registro Nacional, tal como consta en la Certificación Registral de la Finca Matrícula 60000006Z 000. Explica que recientemente la Dirección de ACOSA entregó la reclasificación del Patrimonio Natural del Estado para el sector comprendido desde Boca Ganada hasta Punta San Pedrillo, misma que se realizó durante los primeros meses del 2012, la cual modificó drásticamente la delimitación de PNE que dio origen a la modificación del plano de catastro P-1386840-2009 y el contrato de concesión de Free Town S.A. Dado que la reclasificación del Patrimonio Natural de Estado entregada mediante oficio ACOSA-PNE-021-2012 contradice completamente las certificaciones emitidas con base en la clasificación del 16 de noviembre de 2009, se comunicó a la Dirección de ACOSA mediante el oficio ALCAOSA-0448-2012 del 10 de mayo de 2012, que no se aceptaba la reclasificación realizada en el 2012 ya que venía a afectar drásticamente las concesiones que habían quedado libres de PNE con la certificación dada en San José el 16 de noviembre de 2009. El trabajo del 2012 generó serias dudas y contradice la delimitación anterior, en su lugar se instó para que se revisase y ajustase la misma en su totalidad. En virtud de que el plazo de la concesión otorgada a Free Town S.A. venció el 27 de julio de 2012, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de esa Municipalidad recomendó a la Alcaldía y al Concejo abstenerse de renovar el contrato hasta tanto se tuviera plena certeza del análisis y montaje del plano respectivo sobre el último levantamiento realizado al MINAE. Agrega que el 14 de junio de 2012, el representante de la Empresa Free Town, presentó ante el Concejo Municipal, escrito de Formal Solicitud de Renovación del Contrato de Concesión. El Concejo acordó referir dicho escrito al Departamento de Zona Marítima para que recomendara lo pertinente a la aprobación de la renovación de la concesión y considerare si ACOSA tenía una recalificación del área previo a la resolución. El 3 de julio de 2012, mediante oficio AZM-738-2012, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre remitió al Concejo Municipal el informe solicitado, en el que indicó al Concejo, que dado que la concesión de Free Town S.A., había vencido desde el 27 de julio de 2012, recomendaba la renovación del contrato de concesión por un período de 20 años, siendo claro que la redacción y firma del contrato de concesión final estaría supeditado a que el plano catastrado 6-1386840-2009 por un área de 8ha 7671 metros fuese ajustado a la versión final de la reclasificación del Patrimonio Natural del Estado que emitiese la Dirección ACOSA a fin de constatar que el terreno a concesionar estuviese libre de PNE; además, se recomendó analizar la autorización de la renovación de esta concesión. El Concejo conoció informe remitido por el Departamento de Zona Marítimo en sesión ordinaria 27-2012, celebrada el 4 de julio de 2012, y acordó remitirlo a la Comisión de Zona Marítima terrestre. El 25 de julio de 2012, el Concejo Municipal de Osa, mediante sesión ordinaria 30-2012, celebrada el 25 de julio de 2012, capítulo VIII, Acuerdo 1, acordó; prorrogar la concesión de Free Town y autorizó al Alcalde que actuase como correspondiese. Cualquier cambio que se suscitase en dicha situación, se haría primero guardando el debido proceso; asimismo, dicha decisión estará relacionada a lo esbozado por el SINAC en el oficio ACOSA-D-148-2012, en el cual dicha institución se compromete a sopesar las concesiones que pudieran estar afectadas por Patrimonio de una manera de que no violentase los derechos adquiridos por buena fe por los concesionarios. Destaca que a la fecha, la Municipalidad no ha firmado la prórroga de la concesión con la empresa Free Town, ya que primero debe solicitar el plano catastrado en el que se incluya solamente las áreas que estén fuera de Patrimonio y bajo administración municipal. Con relación al contrato de concesión con el señor Sergio Miranda, aclara que no fue sino hasta el 31 de mayo de 2005 que se publicó en La Gaceta No.104 el acuerdo del ICT tomado en Sesión Ordinaria de Junta Directiva No.5355, artículo 5, inciso VIII, celebrada el 26 de abril de 2005, en el que se estableció que los expedientes de concesión remitidos a ese Instituto deberían contener una certificación del MINAE, donde constase que el terreno solicitado en concesión, no constituía área de bosque ni terreno forestal o de aptitud forestal. Sobre el área otorgada en concesión al señor Sergio Miranda Torres, la cual se encuentra inscrita bajo el No.6-00001541-Z-000, plano catastrado P-097680-2005, la Municipalidad de Osa notificó al concesionario, que de acuerdo con el levantamiento de áreas declaradas como PNE en el sector comprendido entre Punta Campanario y Playa Ganadito en Drake, Distrito Sierpe, certificado por la Directora Superior del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y que remiten al ICT, el área otorgada en concesión ubicada entre los mojones número IGN1 al IGN7, bajo coordenadas 494413N 291439E se encuentra afectada por áreas declaradas como PNE. El concesionario ha demostrado disponibilidad para subsanar correctamente los trámites que dieron origen al contrato de concesión, de manera que ese Departamento de Zona Marítimo Terrestre verificó mediante constancia AZM-903-2011 del 18 de noviembre de 2011, que el área de concesión ajustada ya estaba fuera de áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado. En virtud de que el plazo de la concesión venció el primero de setiembre de 2012, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre realizará las modificaciones correspondientes al proyecto de resolución y al Contrato de concesión para corregir cualquier error, una vez que se modifique el plano catastrado P-0972680-2005 de manera que se garantice que la no afectación al Patrimonio Natural del Estado, por humedal. 5.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las XXX, informa bajo juramento Enoc Rugama Morales, en su condición de Presidente de la Municipalidad de Osa, en el mismo sentido que lo hizo el Alcalde Municipal. 6.- Mediante resolución de las 7:49 horas del 11 de enero de 2013, el Magistrado Instructor previno al Alcalde de la Municipalidad de Osa aportar un medio para notificar a la empresa Free Town Sociedad Anónima y al señor Sergio Miranda Torres. 7.- Por resolución de las 13:43 horas del 4 de marzo de 2013, suscrita por el Magistrado Instructor se otorgó audiencia a Sergio Miranda Torres y a los representantes legales de la Sociedad Free Town S.A. 8.- Informa Sergio Miranda Torres, actuando en su doble condición, personal y en asocio con Daniel Campos Lara, en representación de la sociedad Free Town S.A., que en su condición personal informa que sus derechos legítimos para concesionario provienen del otorgamiento de la concesión del 22 de julio de 1992, cuando no existía concepto de Patrimonio Nacional del Estado; no obstante, el ambiente se ha tutelado sin que medie daño ambiental alguno por más de 20 años, pues nada se ha construido en la concesión. Destaca que la concesión se ha ajustado a la evolución de los conceptos y regulación ambiental durante más de 20 años. En 20 años la protección al ambiente ha evolucionado poderosamente y ante ello la concesión se ha ajustado sin oposición o reticencia alguna de su parte. Como bien lo indica el informe rendido por el SINAC, el proceso de certificación de Patrimonio Natural del Estado en esa área de conservación se inició en el 2006 y se fue haciendo de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. La legislación cambió con frecuencia, lo que provocó algunos cambios en los trabajos realizados. En la actualidad, el ACOSA, de oficio y al poseer mayor tecnología e información de línea base, ha modificado dichas certificaciones; además, el trabajo de campo fue ejecutado por personal calificado del Área de Conservación que conoce ampliamente el terreno. Destaca que la Municipalidad informó que el concesionario ha demostrado disponibilidad para subsanar correctamente los trámites que dieron origen al contrato de concesión, de manera que ese Departamento de Zona Marítimo Terrestre verificó mediante constancia AZM-903-2011 del 18 de noviembre de 2011 que el área de concesión ajustada ya estaba fuera de las áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado. Resalta que hace 20 años no existía el concepto ni identificación del Patrimonio Natural del Estado, pero al incorporarse al derecho ambiental vigente, la concesión se adecuó sin problema. Señala que el área de concesión se ajustó y está fuera de las áreas del Patrimonio Natural del Estado, lo declara la Municipalidad en su informe. Indica que la renovación de la concesión es con la adecuación a las nuevas áreas determinadas del Patrimonio Natural del Estado, ya que se hizo con las modificaciones pertinentes, ya que desde el 2005 se ha venido modificando la determinación del Patrimonio Natural del Estado en la zona y conforme ha ido variando, sin que hayan acusado la inseguridad jurídica que esto genera. Refuta que no es cierto que el Plan Regulador esté permitiendo que su concesión incluya áreas del Patrimonio Natural del Estado. Sobre el Plan Regulador y el Impacto Ambiental indica que el Plan Regulador fue aprobado por el ICT en 1989, 1990 por la Municipalidad y 1996 por el INVU, se actualizó en febrero de 1997, en aquellos años resultaba de avanzada respecto del resto del país la inclusión -como en efecto se hizo- de la variable ambiental. Adjunta constancia de Uso de Suelo de su concesión, la cual conforme al Plan Regulador, se ubica en una zona de conservación absoluta, una zona de alojamiento turístico de baja densidad y una zona de protección a humedales; esta área ya se excluyó de la concesión al incorporarse en el tiempo el concepto del Patrimonio Natural del Estado. Aclara que el Plan Regulador sí comprende y considera la variable ambiental desde que se creó y considera que la denunciante quisiera desaparecer el Plan Regulador en perjuicio del ambiente para dejar desprotegido el desarrollo equilibrado y conservacionista de la zona. En Plan Regulador tiene más de 22 años, no podía incorporar lo que no existía, como en concepto de impacto ambiental de la forma en que hoy se entiende, pero eso no desvirtúa que sí protege el ambiente mediante el establecimiento de zonas de conservación absoluta y de desarrollo de baja densidad, lo cual resultaba de avanzada para aquel momento histórico, incluso respetó y consideró las zonas de bosque así como las áreas de protección de las quebradas y los humedales. Añade que como concesionario por más de 20 años conservando y protegiendo el territorio, sin construir nada ni destruir nada, ha tenido que esperar pacientemente la delimitación del Patrimonio Natural del Estado para poder plantear su proyecto. Resalta que su concesión no incluye áreas del Patrimonio Natural del Estado y que ante la inseguridad jurídica y lentitud, no ha podido más que esperar pacientemente a lo largo de 20 años, no hay construcción alguna, no es cierto que carezca de la tramitación de estudios de impacto ambiental. Con respecto a la sociedad Free Town S.A., reitera lo señalado en el informe de Sergio Torres Miranda con respecto al Plan Regulador y la introducción de la variable ambiental en el mismo. Agrega que dicha concesión tampoco abarca áreas del Patrimonio Natural del Estado, ante los múltiples cambios experimentados a lo largo de los años. La Municipalidad le indicó que la rectificación del contrato de concesión ya estaba inscrita en el Registro Nacional, tal como consta en la Certificación Registral de la Finca matrícula 600000062000. Además, la Dirección de ACOSA le entregó recientemente la reclasificación del Patrimonio Natural del Estado para el sector comprendido desde Boca Granada hasta Punta San Pedrillo, misma que se realizó durante los primeros meses del 2012. Esta modificó drásticamente la delimitación del Patrimonio Natural del Estado que dio origen a la modificación del plano catastrado P-1386840-2009 y el contrato de concesión de Freetown S.A.; la redacción y firma del contrato de concesión final estaría supeditada a que se ajuste el plano catastrado -1386840-2009 por un área de 8ha 7671 metros a la versión final de la reclasificación del Patrimonio Natural del Estado que emita la Dirección de ACOSA a fin de constatar que el terreno a concesionar esté libre del Patrimonio Natural del Estado. Agrega que sí tiene viabilidad ambiental tramitada y otorgada para el proyecto por desarrollar y sin oposición alguna a la exclusión en la concesión de los terrenos incorporados en la última certificación del Patrimonio Natural del Estado. La regencia ambiental está a cargo de Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A. 9.- Por escrito recibido a las 14:30 horas del 17 de abril de 2013, la recurrente manifiesta que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa está dejando por fuera del plan regulador integral costero de Bahia Drake el estudio realizado por PRODUS-ACOSA que determinó el PNE. 10.- En escrito recibido el 17 de abril de 2013, la recurrente presenta prueba documental que respalda su petición de tomar medidas urgentes con el fin de evitar la destrucción del arrecife coralino que se encuentra en el humedal salado ubicado en la Bahía San Josecito. 11.- En memorial presentado el 18 de abril de 2013, la recurrente replica el informe rendido por la Municipalidad de Osa y el concesionario Sergio Miranda Torres. 12.- Por escrito recibido el 06 de mayo de 2013, la recurrente aporta prueba documental. 13.- El 7 de mayo de 2013 la recurrente presenta copia de denuncia por tala en la concesión de Sergio Miranda Torres, que interpuso ante el ACOSA de Puerto Jiménez. 14.- Por resolución de las diez horas y nueve minutos del 24 de mayo de 2013, se solicitó prueba para mejor resolver al SINAC y la Municipalidad de Osa. 15.- En escrito recibido el 23 de mayo de 2013, el abogado de Sergio Miranda Torres y Free Town manifiesta que el “informe diagnóstico” elaborado por PRODUS no está completo ni firmado. Explica que en todo caso, no es el PRODUS quien está elaborando el nuevo Plan Regulador. Refiere que sus representados no se han opuesto a que la concesión otorgada hace muchos años se vaya adaptando a los nuevos estudios y determinación de los terrenos clasificados como PNE, así como tampoco se ha resistido a cumplir con las evaluaciones de todos y cada uno de los aspectos ambientales. Agrega que en ningún momento se ha actuado con resistencia al cambio, ni la Municipalidad ha ignorado el deber de proteger los terrenos clasificados como PNE, ya que se ha empleado la certificación del PNE vigente, no el Plan Regulador. Sostiene que el Plan Regulador de 1991 respondía a los criterios vigentes en aquel momento; sin embargo, si incluían la variable ambiental. Solicita se rechace el presente recurso de amparo. 16.- En atención a la audiencia conferida, informa bajo juramento Yanina Chaverri Rosales, en su condición de Alcalde Municipal a.i de la Municipalidad de Osa, que según el convenio del cooperación entre la Municipalidad de Osa, la Universidad de Costa Rica y The Nature Conservancy para la elaboración del Plan Regulador Cantonal y el Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Osa, firmado por las partes el 18 de julio 2006, no se estima fecha de finalización ni entrada en vigencia del nuevo plan regulador; sin embargo, se han llevado a cabo reuniones con personal municipal y personeros de PRODUS, donde se acordó que el plan regulador costero se elaborará en tres etapas. La I etapa Dominical-Punta Mala, estapa II Drake y etapa III Sierpe. El departamento de Zona Marítimo Terrestre, por medio del Asistente Técnico, realizó la revisión de lo entregado por PRODUS a la Municipalidad y se lograron detectar varias inconsistencias. Alega que dicho informe fue recibido en la Secretaria del Concejo el 19 de diciembre de 2012. En el “por tanto” de dicho informe se anota que en vista que esta planificación integral costera (PRI) lesiona los intereses y posibilidades de desarrollo del cantón, y por ende de la Municipalidad de Osa. Se consideró imprescindible que el Concejo no apruebe las láminas de la zonificación ni los reglamentos respectivos hasta tanto no se corrijan los puntos anteriormente indicados, se tenga certeza de que se conserve el uso aprobado en los planes reguladores vigentes y se elimine la zonificación propuesta en virtud de que los usos establecidos actualmente se oponen a los parámetros y especificaciones técnicas establecidas por e ICT en el documento “Manual para Elaboración de planes Reguladores Costeros” y las condiciones de cada sector. Comenta que dicho acuerdo fue comunicado a PRODUS el 12 de febrero de 2013, y hasta la fecha no se tiene información sobre las correcciones solicitadas, por lo que no es posible para la Municipalidad dar una estimación de finalización ni entrada en vigencia del nuevo plan regulador costero que se encuentra elaborando PRODUS. Con respecto a la concesión de Sergio Miranda Torres, señala que en la sesión ordinaria No. 36-2012 del 01 de setiembre de 2012 el Departamento de Zona Marítimo Terrestre recomendó renovar el contrato de concesión por un periodo de 20 años, siendo claro que la redacción y firma del contrato de concesión final estaría supeditado a que se ajuste el plano catastrado a la versión final de la reclasificación de PNE que emita la Dirección ACOSA, a fin de constatar que el terreno a concesionar esté libre de PNE. Con respecto a la concesión de Free Town, el Concejo acordó en sesión 20-2012 del 25 de julio de 2012 prorrogar la concesión por un plazo de 20 años, autorizando al Alcalde que actúe como corresponda. Cualquier cambio que se suscite en dicha situación se hará primero guardando el debido proceso. 17.- En memorial recibido el 7 de julio de 2012 informa bajo juramento Etilma Morales Mora, en su condición de Directora del Área de Conservación Osa, que el SINAC entregó a la Municipalidad de Osa junto con la certificación de PNE, los cuadros y mapas en formato impreso y digital para todo el cantón de Osa incluyendo el sector de las concesiones discutidas en el amparo. En la actualidad, previo a dar concesiones la Municipalidad debe contar con las clasificaciones del PNE incorporadas al Plan Regulador aprobado, sea previo o el elaborado por PRODUS, y abstenerse de otorgar en concesión las áreas clasificadas como PNE, ya que se encuentra imposibilitada de conformidad con el artículo 73 de la Ley 6043. Agrega que según informe ACOSA-PNE-AD-015-2012, dentro del terreno descrito dentro del plano a nombre de Sergio Miranda Torres no se observan áreas de construcción. Se puede observar que el inmueble es afectado por un área de humedal que se encuentra entre el mojón 8 y 3 del Plan Regulador. Este humedal es identificado en la certificación del PNE como el polígono H4, con una extensión de 2.58 hectáreas de la cual solo 1.29 afecta al plano del señor Sergio Miranda. Esto obedece a que dicho plano no se adaptaba a la línea de mojones que se encuentran en el campo. Si se ajustara el plano a dicha línea el área afectada por el humedal sería mayor. Además, existe una afectación de bosque muy pequeña. Sobre el plano de la concesión de Free Town (6-00006-Z-000), dentro del inmueble se puede observar un área de construcción cercana a una quebrada, según el informe ACOSA-PNE-AD-015-2012. Dentro de ese mismo informe el Ing. Joel García Medina, encargado de PNE del Estado en ACOSA concluyó que existen áreas del PNE que afectan ambas concesiones. Recomendó además solicitar una inspección del Departamento de Aguas para que se certifique o descarten las nacientes en el sector. Es claro que las ubicaciones de ambos planos no es la adecuada y se debe solicitar un levantamiento catastral para tener un mejor criterio. 18.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Salazar Cambronero; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. La recurrente estima violentados sus derechos fundamentales, toda vez que con base en un Plan Regulador gestionado y elaborado por una empresa privada, la Municipalidad de Osa incluyó como concesionables áreas destinadas a Patrimonio Natural del Estado (bosques y humedales). Acusa que debido a lo anterior, fueron otorgadas en concesión cerca de 9000m2 de humedales y se vieron afectadas áreas de bosques, tacotales y nacientes. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) en sesión No. 15 del 7 de marzo de 1990, el Concejo Municipal de Osa aprobó el Plan Regulador Costero de Punta San José, distrito de Sierpe (ver prueba documental adjunta); b) en sesión No. 29-99 del 7 de julio de 1999, el Concejo Municipal acordó actualizar el Plan Regulador Costero (ver prueba documental adjunta); c) en La Gaceta del 22 de enero de 2001 se publicó el Reglamento de Zonificación de Punta San José (ver prueba documental adjunta); d) en el año 2006 el MINAE inició el proceso de certificación de Patrimonio Natural del Estado en el Área de Conservación de Osa (véase informe rendido bajo juramento por la Directora del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC); e) el 30 de mayo de 2006, el SINAC entregó a la Municipalidad de Osa certificación de PNE (ver manifestaciones bajo juramento); f) mediante oficio número DFOE-DI-491, el Fiscalizador Walter Moya de la Contraloría General de la República solicitó informe técnico sobre las áreas del Patrimonio Natural del Estado dentro del croquis por concesionar a nombre de Sergio Miranda Torres, en el que concluyó que en las dos concesiones otorgadas objeto de este amparo existía áreas de Patrimonio Natural del Estado (véase informe rendido bajo juramento por la Directora del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC); g) el 16 de noviembre de 2009, el SINAC entregó una nueva certificación de PNE que modificaba la anterior (ver manifestaciones rendidas bajo fe de juramento); h) el 25 de enero de 2012, el Programa de Investigación y Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (PRODUS) comunicó que el Plan Regulador Costero de Punta San José contemplaba áreas de humedales y terrenos cubiertos de bosque (ver prueba documental adjunta); i) la certificación que actualmente se encuentra vigente es la ACOSA-PNE-021-2012 del 16 de febrero de 2012, la cual fue remitida a la Municipalidad de Osa el 28 de marzo de 2012 y es una modificación de las certificaciones anteriores (véase informe rendido bajo juramento por la Directora del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC); j) Por oficio número ACOSA-D-148-2012 del 5 de julio de 2012, dirigido a los Concejos Municipales de Osa y Golfito, así como a sus respectivos alcaldes, el Área de Conservación de Osa informó que en la actualidad el proceso de certificación del Patrimonio Natural del Estado fue concluido a excepción del Humedal Nacional Térraba en cuanto a los espacios que no forman parte de este. Les sugirieron que esperaran a que se realizara la revisión para tomar decisiones en cuanto a las concesiones ya dadas previendo que pudiese presentarse algún cambio que beneficiara a los interesados legítimos (folio 22 del informe rendido bajo juramento por la Directora del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC); k) El límite marino del área protegida del Humedal Nacional Térraba Sierpe se encuentra a 5.8 kilómetros del Punta Río Claro, así como a 11.1 kilómetros de Punta San Josecito (sitio de las concesiones) por lo que no colinda con dicho Humedal (véase informe rendido bajo juramento por la Directora del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC); l) la Municipalidad de Osa firmó un convenio con la PRODUs Departamento de Planificación Territorial y Ambiental de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa rica, para elaborar un plan regulador integral costero, que subsumirá todos los planes reguladores vigentes en el Cantón de Osa (ver prueba documental adjunta); m) el Plan Regulador Costero Punta San José no posee viabilidad ambiental otorgada por SETENA, ni tampoco SETENA ha otorgado viabilidad a ninguna actividad de planificación territorial del distrito de Sierpe (ver oficio No. DEAE-373-2012 del 7 de noviembre de 2012). En relación con la concesión otorgada a Free Town Sociedad Anónima : a) el 2 de mayo de 1992 la Municipalidad de Osa aprobó concesión a nombre de Gilbert Rowe, quien la cedió a la Sociedad Inversiones Drake, la cual a su vez la cedió a la Sociedad Free Town; actualmente se encuentra inscrita ante el Registro bajo finca No.6-0000006-Z-000 (véase manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo de Osa); b) el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) determinó que el área otorgada en concesión se contrapone a la certificación de Patrimonio Natural del Estado (PNE) otorgada el 6 de mayo de 2006 por el Director Superior del SINAC (véase manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo de Osa); c) el concesionario realizó el ajuste del plano catastrado No.6-978360-2005 con un área de 81 711 metros cuadrados debido a la afectación parcial que se detectó en la propiedad. Como resultado se generó el plano número 6-1386840-2009 por un área de 8ha 7671 metros cuadrados, el cual modificó el plano catastrado P-0757399-1988 con el que se dio la concesión y el plano P-97860-2005 que la había modificado (véase manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo de Osa); d) por oficio número AZM-1024-2009 del 22 de diciembre de 2010, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre hizo constar que el plano P-1386840-2009 se encuentra fuera de áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado (véase manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo de Osa); e) por oficio número AZM-276-2012 del 2 de marzo de 2012, Isabel Chavez Bonilla funcionaria del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa recomendó al Alcalde y al Concejo de Osa abstenerse de renovar el contrato de concesión a nombre de Free Town S.A. hasta tanto no se tuviera certeza del análisis y montaje del plano respectivo sobre el último levantamiento realizado por el MINAE (folios 38-39 del informe rendido bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal); f) mediante oficio sin número de 19 de abril de 2012, Allan Herrera Jiménez, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, transcribió al Alcalde y la Abogada de Zona Marítimo Terrestre el acuerdo tomado por el Concejo en la Sesión Ordinaria número 16-2012 del 18 de abril de 2012, en el que se indicó: “una vez visto y analizado el oficio AZM-276-2012, el Concejo Municipal ACUERDA, acatar las recomendaciones dadas por la Abogada del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, relacionadas a la solicitud del oficio AZM-276-2012 (…)” De ahí que se abstuvo de renovar el contrato de concesión (folio 40 del informe rendido bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo de Osa); g) mediante oficio número ALCAOSA-0448-2012 del 10 de mayo de 2012, la Municipalidad de Osa comunicó a la Dirección de ACOSA que no aceptaba la reclasificación realizada en el 2012, ya que afectó drásticamente las concesiones que quedaron libre del Patrimonio Natural del Estado con la certificación dada en el año 2009 (véase manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo de Osa); h) el 14 de junio de 2012, el representante de la empresa Free Town presentó ante el Concejo solicitud de renovación del contrato de concesión que vencía el 27 de julio de 2012 (véase manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo de Osa); i) mediante oficio número AZM-738-2012 del 3 de julio de 2012, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre recomendó al Concejo que dado que la concesión de Free Town S.A. vencía el 27 de julio de 2012 la renovara por un periodo de 20 años, aclarando que la redacción y firma del contrato de concesión final estaría supeditada a que se ajustara el plano catastrado 6-1386840-2009 por un área de 8 ha 7671 metros cuadrados a la versión final de la reclasificación del Patrimonio Natural del Estado que emita la Dirección ACOSA a fin de constatar que el terreno a concesionar esté libre de Patrimonio Natural del Estado (véase informe rendido bajo juramento por el Alcalde y por el Presidente del Concejo de Osa); j) la concesión otorgada venció el 27 de julio de 2012 (ver prueba documental adjunta); k) en el terreno de la concesión se puede observar un área de construcción cercana a una quebrada (ver oficio ACOSA-PNE-AD-15-2012 del 18 de mayo de 2012 suscrito por el Encargado de Patrimonio Natural del Estado ACOSA); l) el inmueble concesionado se encuentra afectado por dos polígonos de bosque de la certificación actual. Las posibles nacientes que señala el oficio ACOSA-PNE-AD-148-2011 se encuentran dentro de ellos (ver oficio ACOSA-PNE-AD-15-2012 del 18 de mayo de 2012 suscrito por el Encargado de Patrimonio Natural del Estado ACOSA). En relación con la concesión otorgada a Sergio Miranda: a) mediante acuerdo No. 43 del 22 de julio de 1992, el Concejo Municipal de Osa otorgó concesión No. 6-00001541-Z-000 para fines agropecuarios por un lapso de 20 años en Playa San Josecito, Sierpe (ver prueba documental adjunta); b) mediante acuerdo tomado el 30 de abril de 2001, el Concejo Municipal aprobó un addendum al contrato de concesión, en el que se estableció que el uso que se le daría a la parcela sería de conservación absoluta, turística de baja densidad y de protección de quebradas (ver prueba documental adjunta); c) mediante certificación del 16 de noviembre de 2009, se indicó que el área otorgada en concesión ubicada entre los mojones número IGN1 al IGN7, bajo coordenadas 494413N 291439E se encontraba afectada por áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado (véase manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo de Osa); d) por constancia AZM-903-2011 del 18 de noviembre de 2011, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre constató que el área de la concesión ajustada ya estaba fuera de áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado (folio 19 del informe rendido bajo juramento por el Alcalde y el Presidente del Concejo de Osa); e) la concesión venció el 01 de setiembre de 2012 (ver prueba documental adjunta); f) en los terrenos de la concesión no se observan áreas de construcción (ver oficio ACOSA-PNE-AD-15-2012 del 18 de mayo de 2012 suscrito por el Encargado de Patrimonio Natural del Estado ACOSA); g) el inmueble otorgado en concesión se encuentra afectado por área de humedal que se encuentra entre el mojón 8 y 3 del Plan Regulador, con una extensión de 2.58 hectáreas, de la cual solo 1.29 hectáreas afecta el plano del señor Sergio Miranda Torres (ver oficio ACOSA-PNE-AD-15-2012 del 18 de mayo de 2012 suscrito por el Encargado de Patrimonio Natural del Estado ACOSA). III.- Composición del Patrimonio Natural del Estado (PNE). De conformidad con los artículos 13 y 15 de la Ley Forestal vigente No. 7575, el Patrimonio Natural del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública. Cabe destacar que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo número 35803-MINAE del 7 de enero de 2010, denominado Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales, dispone, por un lado, todos los ecosistemas de humedal, independientemente de quién sea su propietario, deben ser protegidos por la Administración, y, por el otro, que solo los humedales que forman parte del patrimonio natural del Estado (porque tienen o reúnen los requisitos para integrarlo, por Derecho), deben ser administrados por el SINAC. Lo anterior implica que los que se encuentran en propiedades privadas, aunque no son administrados directamente por el Estado, no están desprotegidos porque sobre ellos pesa una limitación protectora de carácter constitucional: “Es claro que en virtud de la normativa cuestionada se imponen una serie de limitaciones al derecho de propiedad reconocido en el artículo 45 constitucional, limitaciones que resultan legítimas, en virtud de que la Ley Forestal 7174, fue aprobada mediante mayoría calificada, como lo exige la norma constitucional citada, como se constató en sentencia número 6490-95 (de las quince horas treinta y nueve minutos del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco), al igual que la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, número 7317 (en cuyo trámite fue aprobada tanto, en primer debate acta 80, como en el tercero acta 82-, por unanimidad); y que se encuentran justificadas en virtud del bien jurídico tutelado por todo este conjunto de normas tanto legislativas como reglamentarias, por cuanto es de interés público conservar la riqueza forestal con que cuenta el país, (según se indicó en sentencias número 6940-95, 7020-95, 7031-95, y 2902-96 entre otras), la que se pone en riesgo de ser destruida o deteriorada si se permite la explotación indiscriminada de ese recurso natural. No debe olvidarse que por recurso forestal, se ha entendido ³[...] la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural´; de conformidad con lo dicho por esta Sala en sentencia número 2233-93, de las nueve horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, bien jurídico que existe en las zonas afectadas por el decreto impugnado, y que es reconocido en la legislación internacional, en las leyes especiales dictadas al efecto -tratados internacionales de la materia- como en los textos de las cartas políticas (ver sentencia No. 1607-98 de las diecisiete horas veinticuatro minutos del diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho). Es así como la propiedad forestal privada, la cual, como su nombre lo indica, es la propiedad titulada por los particulares, y que se ostenta en los términos del artículo 45 de la Constitución Política, se afecta con un régimen jurídico especial, en el primer caso, al régimen forestal, mediante el correspondiente decreto ejecutivo del Ministerio del Ambiente y Energía, el cual pesa sobre la propiedad a modo de limitación de interés social, que en todo caso debe inscribirse en el registro público de la propiedad. Por este motivo es que estos inmuebles pueden hipotecarse, e incluso, el recurso forestal puede constituir prenda; adquirirse por usucapión, así como también enajenarse o trasladarse su dominio, con la advertencia de que en todos los casos, se traslada la afectación forestal. Y dependerá de la categorización que del recurso forestal haga la normativa vigente, como lo son las reservas forestales, las zonas protectoras y los refugios de vida silvestre (artículo 37 de la Ley forestal número 7174), que la propiedad privada podrá explotarse y aprovecharse, a condición de sujetarse al respectivo plan de manejo. Queda claro que las limitaciones en materia forestal implican un impedimento para el aprovechamiento del recurso forestal por parte de su propietario, quien en modo alguno está legitimado para talar o aprovechar económicamente el bosque existente en su propiedad a su antojo o voluntad, si no es, y exclusivamente, mediante un plan de manejo, debidamente aprobado por la dirección forestal” (ver sentencias números 2003-3656 de las 14:43 horas del 7 de mayo de 2003 y 2012-002678 de las 14:30 horas del 29 de febrero de 2012). Ahora bien, de conformidad con la legislación contenida en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, estos bienes del Patrimonio Natural del Estado soportan intereses y restricciones que superan los límites propios de los cantones, para dar lugar a un interés nacional e incluso internacional de protección (ver sentencias números 2010-021258 de las 14:00 horas del 22 de diciembre de 2010 y 2011-16938 de las 14:37 horas del 7 de diciembre de 2011). El Patrimonio Natural del Estado es inembargable e inalienable, y la acción reivindicatoria del Estado es imprescriptible, resultando así que la Administración Pública no pueden permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Este Tribunal ha precisado que el PNE es un bien de dominio público cuya conservación y administración están encomendadas, por ley, al Ministerio de Ambiente y Energía mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Por su parte, en los dictámenes números C-297-2004 del 19 de octubre del 2004 y C-321-2003 del 9 de octubre de 2003, la Procuraduría General de la República definió que el Patrimonio Natural del Estado lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales; b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 73 de la Ley No. 6043, las áreas silvestres protegidas están excluidas de la Zona Marítimo Terrestre, por lo que los Gobiernos Locales no tienen competencia para otorgar concesiones en dichas áreas, aunque se encuentren dentro de la Zona Marítimo Terrestre, pues están bajo la tutela del Estado. Anteriormente, el Patrimonio Natural del Estado se denominaba ³Patrimonio Forestal del Estado”. IV.- Conformación del Patrimonio Natural del Estado. De acuerdo con la Ley Forestal vigente No. 7575, los terrenos forestales de la Administración están afectados de forma automática al PNE, de manera que, en estos casos, la afectación al dominio público e incorporación al PNE no nace con la clasificación de los terrenos por parte del MINAE. Tal como lo señaló la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-321-2003, la clasificación configura un acto de constatación y no de afectación, que tiende a confirmar si en un inmueble rural concreto de una institución del Estado concurren los presupuestos bajo los que la norma establece el régimen público forestal, para considerarlo comprendido en el género de la demanialidad, con las consecuencias previstas, y neutralizar su pretendida enajenación por el ente público. Sobre el particular, en la sentencia No. 2012-002678 de las 14:30 horas del 29 de febrero de 2012, con redacción del Magistrado ponente, se señaló en lo que interesa: “El Patrimonio Natural del Estado es un bien jurídico, definido e individualizado en nuestro ordenamiento jurídico, cuyos terrenos que lo conforman según la legislación ambiental, no necesitan de una declaratoria de área silvestre protegida para ser objeto de protección por parte de la Administración. Lo anterior no obsta la Obligación de la Administración competente de darles las clasificaciones que científica y técnicamente correspondan, para su debida protección y preservación como áreas silvestres protegidas” Del mismo modo, en la sentencia No. 2011-16938 de las 14:37 horas del 7 de diciembre de 2012, se indicó: “Visto lo anterior, del examen del caso, lo primero que debe decirse es que no lleva razón el accionante cuando afirma que hay manglares o humedales que no forman parte del Patrimonio Natural del Estado. Más concretamente, está claro, de acuerdo con los elementos normativos de juicio que citan las partes, incluyendo a la accionante, que todos los humedales que se encuentren en propiedades del Estado (que pertenezcan a cualquier ente, órgano u organismo estatal), forman parte de ese patrimonio, dado que se les clasifica como terrenos forestales (ver Decreto Ejecutivo 36786 del 12 de agosto de 2011); además, los manglares o bosques salados y los esteros, al formar parte de la zona pública en la Zona Marítimo Terrestre, área inalienable según el artículo 1 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre [“el carácter demanial de la Zona Marítimo Terrestre (o ribera marina como se le denominó antiguamente) se reconoce desde tiempo inmemorial, y el Derecho Romano mismo recoge ese status, como ´res communes´y ´extra comercium´”; ver voto No. 447-91 de 15:30 horas del 21 de febrero de 1991], constituyen reserva forestal y están afectados a la Ley Forestal 7575 del 13 de febrero de 1996 de acuerdo con el artículo 13 de esa ley.” De lo anterior se colige que es falso que los ecosistemas naturales que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, sean solo los que cuentan con una declaratoria de área silvestre protegida, ya que es la ley formal la que determina las características de las zonas que forman parte de dicho patrimonio, de tal suerte que en el caso que nos interesa, todos los humedales que se encuentren en propiedades del Estado, integran ese patrimonio. V.- Sobre la protección a los humedales. Esta Sala se ha referido a la relevancia de estos ecosistemas y su protección, en las sentencias 2001-12817 de las 10:28 horas del 14 de diciembre del 2001 y 2007-6246 de las 19:30 horas del 8 de mayo del 2007, entre otras, señalando que los humedales son considerados como los ecosistemas más productivos del mundo. En Costa Rica, el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ambiente los ha definido como: “Ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas o arrecifes, o en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja”. Sobre la importancia de estos ecosistemas, en la resolución No. 2009-014288 de las 15:19 horas del 09 de setiembre de 2009, este Tribunal señaló: “La importancia de los humedales no lo es sólo en función de la biodiversidad y de las que se desarrollan a escala ecológica, sino porque proveen de funciones de apoyo y productos esenciales para las comunidades humanas en el mundo en desarrollo e industrializado. Según la doctrina y estudios científicos, el término humedales comprende una gran variedad de ecosistemas, con características muy distintas, se pueden clasificar en siete unidades paisajísticas: estuarios, costas abiertas, llanuras de inundación, pantanos de agua dulce, lagos, turberas y bosques de inundación; o en humedales de agua salada, de agua dulce o humedales artificiales. Cada uno está formado por una serie de componentes físicos, químicos y biológicos, tales como suelos, agua, especies de animales, vegetales y nutrimentos. Los procesos entre estos componentes y dentro de cada uno de ellos, permiten que el humedal desempeñe funciones, como el control de inundaciones y la protección contra tormentas, y que se generen productos, como la vida silvestre, pesquería y recursos forestales, purifican el agua y estabilizan la línea de la costa. No todas las características están presentes en cada humedal, pocos desempeñan todas las funciones de la misma manera. Además, presentan atributos muy valiosos como la diversidad biológica y la singularidad del patrimonio cultural. Es la combinación de estas funciones, productos y atributos de los ecosistemas la que hace que los humedales sean importantes para la sociedad. Mediante el almacenamiento de las precipitaciones y la liberación uniforme de la escorrentía, los humedales pueden disminuir la embestida destructiva de las crecidas y los ríos, por lo que la conservación de los depósitos naturales puede evitar la construcción de presas y embalses. Su vegetación puede estabilizar la línea costera mediante la reducción de la energía de las olas, corrientes u otras fuerzas de erosión, al mismo tiempo que con las raíces de las plantas, sostiene los sedimentos del fondo en su lugar, lo que puede prevenir tanto la erosión de valiosas tierras agrícolas o habitadas, como el daño a la propiedad. Los humedales que remueven nutrientes, mejoran la calidad del agua y ayudan a prevenir la eutrofización, lo que puede evitar la necesidad de construir sistemas de tratamiento del agua. Por otro lado, muchos sostienen la vida de densas poblaciones de peces, ganado o vida silvestre, que se alimentan de sus aguas ricas en nutrientes o de su sustrato, o bien comen en sus exuberantes pastizales. Los ciclos hidrológicos, de nutrientes y de materia, y los flujos de energía de los humedales, pueden estabilizar las condiciones climáticas locales, en particular, las precipitaciones y las temperaturas, lo que influye tanto en las actividades agrícolas como en aquellas basadas en los recursos naturales, como en la estabilidad de los ecosistemas naturales y en el mismo humedal. Coadyuvan además en la recreación, pesquerías, recurso agrícola y el turismo, así como en el aprovechamiento directo de los recursos forestales que generan en un importante número de bienes, que van desde leña, madera para la construcción y corteza, entre los productos maderables, hasta resinas y medicinas, que son productos forestales ³secundarios´ no maderables. Son incluso importantes como reserva genética de ciertas especies vegetales -como el arroz-.” Varios instrumentos internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar, suscrita por nuestro país según Ley No. 7224 el 9 de abril de 1991 y publicada en La Gaceta el 8 de mayo de ese mismo año, se ocupan de su protección. En la Convención de Ramsar, el humedal es definido como: “Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. La Convención proclama el deber de los Estados de proteger ±en aras no solamente de sus propios intereses, sino de intereses internacionales- estos ecosistemas, por lo que los países tienen la obligación de desarrollar políticas nacionales tendentes a la conservación de estos ambientes en sus políticas del uso de la tierra. En cuanto a las obligaciones adquiridas por los países signatarios, que son de diversa índole, se encuentra la designación de al menos un humedal de importancia internacional para ser incluido en la Lista de Sitios Ramsar, cuya selección deberá basarse en su interés internacional desde el punto de vista ecológico, botánico, zoológico, limnológico o hidrológico, por lo que es un compromiso referido a la protección de sitios específicos (artículo 2). Además, se adquieren obligaciones no relacionadas con sitios específicos, como elaborar y aplicar sus planes de gestión de forma que favorezcan el uso racional de los humedales de su territorio (artículo 3). También se obliga a fomentar la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la “Lista” (artículo 4). Por último, los países firmantes deben coordinar sus políticas y regulaciones relativas a la conservación de los humedales, de su flora y de su fauna (artículo 5). Así, las partes instauran un sistema de protección de las zonas húmedas, en primer lugar a través de una lista de humedales de importancia internacional (sitios Ramsar), y en segundo lugar, procurando el uso racional de todos los humedales en su territorio. Asimismo, en los “Lineamientos para la Aplicación del Concepto de Uso Racional de la Convención”, adoptados por la Recomendación 4.10, se indica que “las disposiciones sobre el uso racional se aplican a todos los humedales y a los sistemas que los sustentan dentro del territorio de una Parte Contratante, tanto los incluidos en la Lista, como todos los demás.” Según la Secretaría de la Convención de Ramsar, la Política Nacional de Humedales debe contemplar como objetivo: “Evitar nuevas pérdidas de los humedales que aún existan y alentar la rehabilitación de los humedales del país manteniendo su integridad, conservando su diversidad genética y velando por que su disfrute y aprovechamiento económico sean sostenibles.” Y debería “abarcar todos los tipos de humedales”. Es claro entonces que según la Convención de Ramsar, todo ecosistema que reúna las características de humedal, debe ser utilizado de forma racional y sostenible en los términos que la Convención y la Conferencia de las Partes han definido. VI.- Sobre el caso concreto. El reclamo de la amparada se fundamenta en que basados en un Plan Regulador elaborado por una empresa privada, la Municipalidad de Osa otorgó dos concesiones a particulares sobre terrenos en los que se encuentran humedales de agua dulce y zonas protegidas que forman parte del Patrimonio Natural del Estado. Sostiene que para el otorgamiento de ambas concesiones, el Gobierno Local no solicitó ni gestionó ante SETENA y MINAE ningún tipo de permiso, autorización o criterio, por lo que se vieron afectadas áreas de bosques, tacotales y nacientes. Refiere, además, que se está viendo afectado un humedal de agua salada que colinda con el corredor biológico Térraba-Sierpe, pues se han permitido varias construcciones sin ningún tipo de control. De la prueba que consta en el expediente se observa que efectivamente en el año 1992, la Municipalidad de Osa otorgó dos concesiones en la Zona Marítimo Terrestre de Osa; una a nombre de Sergio Miranda Torres y otra a nombre de Gilbert Rowe -luego Free Town-. Para ese entonces la Municipalidad contaba con un Plan Regulador, que no contemplaba la delimitación de las zonas destinadas al Patrimonio Natural del Estado. Si bien las concesionarias indicaron que el Plan Regulador vigente en ese momento contaba con la variable ambiental ±hecho que no está comprobado- lo cierto del caso es que dicho instrumento por si mismo no era útil para otorgar las concesiones, puesto que previamente el ecosistema en la zona no había sido clasificado por las autoridades correspondientes, por lo que se debió primeramente solicitar su correspondiente clasificación con el propósito de no afectar áreas no concesionables. Al respecto, debe advertirse que el hecho de que en 1992 no existiera el concepto de Patrimonio Natural del Estado, no era razón para desatender la obligación de proteger los humedales, que se encontraban debidamente protegidos por la Convención sobre los Humedales (Ramsar), suscrita por Costa Rica en la Ley No. 7224 del 09 de abril de 1991 y publicada en La Gaceta del 8 de mayo de ese mismo año. Así, ya desde antemano al otorgamiento de las concesiones pesaba sobre estas áreas una protección especial que debía ser garantizada por el Estado y las demás administraciones descentralizadas, como los gobiernos locales. A partir del año 2006, comenzó a hacerse más evidente la falta de previsión municipal en el otorgamiento de las concesiones en discusión, toda vez que es en ese año cuando el MINAE -a través del SINAC- comenzó a emitir certificaciones sobre las áreas destinadas a Patrimonio Natural del Estado en el Cantón de Osa. De esta forma, con las certificaciones comunicadas el 30 de mayo de 2006 y el 16 de noviembre de 2009 a la Municipalidad, se comprobó que en ambas concesiones existían áreas de Patrimonio Natural del Estado que las afectaban parcialmente. No obstante lo anterior, no existe en el expediente prueba alguna que indique que durante ese tiempo se haya ocasionado alguna alteración grave al medio ambiente, que lesionara los derechos fundamentales de la recurrente y los demás habitantes de la zona. Según se desprende de los informes rendidos bajo gravedad de juramento, en ambas concesiones las partes contratantes acordaron mutuamente las modificaciones respectivas a fin de excluir de las áreas concesionadas zonas de Patrimonio Natural del Estado, entre ellos humedales. Las concesionarias estuvieron de acuerdo, y se procedió a las modificaciones correspondientes, de lo cual dan fe las autoridades recurridas. A Principios del año 2012, el SINAC emitió una nueva certificación del PNE en Osa, la cual modificaba las anteriores certificaciones. En atención a ello, la Municipalidad mostró su disconformidad con la nueva certificación e indicó a ACOSA que no aceptaba la reclasificación porque afectaba drásticamente las concesiones que con las modificaciones realizadas habían quedado fuera de PNE. Por otro lado, según el oficio No. ACOSA-D-148-2012 del 5 de julio de 2012, el Área de Conservación de Osa comunicó a la Municipalidad que el proceso de certificación del Patrimonio Natural del Estado había sido concluido, con excepción del Humedal Nacional Térraba, por lo que sugirieron que esperaran a que se llevara a cabo una inspección para tomar decisiones en cuanto a las concesiones. Es importante destacar que el Departamento de Patrimonio Natural del Estado del Área de Conservación de Osa llevó a cabo un estudio técnico de campo con el fin de determinar si los terrenos concesionados poseían PNE, con fundamento en la certificación ACOSA-PNE-021-2012. En lo que respecta a la concesión de Sergio Miranda Torres, el informe ACOSA-PNE-AD-15-2012 del 18 de marzo de 2012 destacó que dentro de dicho inmueble no se observaban áreas de construcción, pero que sí se encontraba afectado por un área de humedal, identificado como el polígono H4, con una extensión de 2.58 hectáreas de las cuales 1.29 hectáreas afectan al plano del señor Miranda Torres. Además anotó que existía una afectación de bosque muy pequeña. Sobre la concesión otorgada a Free Town, el informe técnico señaló que se podía observar un área de construcción cercana a una quebrada, además de que el inmueble es afectado por dos polígonos de bosque de la certificación actual y se encuentran posibles nacientes que deben ser determinadas por la Dirección de Aguas del MINAE. A pesar de lo anterior, en julio de 2012, el Concejo Municipal de Osa acordó prorrogar la concesión de Free Town por 20 años más, mientras que en setiembre de ese mismo año acordó renovar la concesión de Sergio Miranda por 20 años más. VII.- Por otro lado, la amparada reclama que la Municipalidad renovó las concesiones sin que a la fecha, el nuevo Plan Regulador Costero de Osa esté finalizado y debidamente aprobado, lo que pone en grave riesgo a los humedales y demás áreas protegidas en la zona. El 18 de junio de 2006, la Municipalidad de Osa suscribió un convenio de cooperación con la Universidad de Costa Rica (PRODUS) y The Nature Conservancy para la elaboración del Plan Regulador Cantonal y el Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Osa. La Alcaldesa Municipal a.i informó que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre detectó varias inconsistencias en el documento entregado por PRODUS, y que lesiona los intereses y posibilidades de desarrollo del cantón. Por ello se consideró imprescindible que el Concejo no aprobara las láminas de zonificación ni los reglamentos respectivos hasta tanto no se corrigieran los puntos señalados en el informe de Dpto. ZMT. Dicho acuerdo fue comunicado a PRODUS el pasado 12 de febrero, sin que a la fecha se tenga información sobre las correcciones solicitadas. Por ello se indicó que no es posible dar una estimación de la fecha de entrada en vigencia del nuevo Plan Regulador Costero. VIII.- A partir de todo lo anterior, existe suficiente evidencia de amenaza al recurso natural del estado, la cual no puede pasar inadvertida. A partir del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo 50 de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río -Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles. En otras palabras, si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades. Es claro que este principio tiene aplicación igualmente tratándose de la protección de terrenos forestales y demás áreas de protección. Así, en la sentencia número 2013-004619 de las catorce horas treinta minutos del diez de abril de dos mil trece, estableció la Sala que: “3- El Principio precautorio en materia de derecho ambiental. Este principio está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, la cual dispone: "Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". (En igual sentido ver artículo 11 de la Ley de Biodiversidad). Como ya indicó la Sala, el término prevención deriva del latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención, se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener, la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, basada en estudios técnicos, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior, debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente”. De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida que se carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación o reparación que deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo o magnitud del daño ambiental que puede producirse y de las medidas que deberán adoptarse en cada momento, se elimina todo sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría impropio dar aplicación al principio precautorio. Dicho de otro modo, el principio precautorio debe ser aplicado en supuestos de duda razonable o incerteza, más no cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las medidas que deban adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable la aplicación de este principio. En consecuencia, partiendo de que la propia Declaración de Río reconoce la existencia y correlación de los principios precautorio y de desarrollo humano sostenible, debe en todo momento asegurarse que se cumpla el adecuado juicio de ponderación que permita el debido respeto y aplicación de ambos principios, de forma que las actividades sean valoradas de acuerdo tanto al impacto ambiental como a su aporte al desarrollo humano sostenible. IX.- A partir de lo expuesto procede acoger el amparo. Por un lado, pues de conformidad con la certificación ACOSA-PNE-021-2012 y el informe técnico ACOSA-PNE-AD-15-2012, es claro que todavía existen concesionadas áreas que corresponden a PNE. Nótese que si bien en una de las concesiones no se encontró construcción alguna, en la otra si observó un área de construcción cercana a una quebrada. Por otro lado, a la fecha no se encuentra finalizado el nuevo Plan Regulador Costero, el cual debe necesariamente contemplar las áreas de PNE que todavía se encuentran en las áreas concesionadas. Finalmente, a pesar de lo anterior, consta que la Municipalidad acordó renovar ambas concesiones por espacio de 20 años, sin que, pese a que este Tribunal lo solicitó como prueba para mejor resolver se tenga certeza de la afectación actual al PNE. Así las cosas, evidencia la Sala que las autoridades de la Municipalidad de Osa no han adoptado las medidas necesarias y pertinentes en aras de proteger el recurso natural del Estado, por lo se impone estimar el amparo con sus consecuencias. X.- En cuanto a la alegada afectación por colindancia del humedal Térraba-Sierpe, el SINAC informó que el límite marino del humedal nacional Térraba-Sierpe se encuentra a 5.8km de Punta Río Claro, así como a 11.1km de Punta San Josecito, por lo que el sitio no colinda con el humedal. XI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO. El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar el recurso por las siguientes razones: 1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho” ; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos. 2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad ±legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público ±ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable ±sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento ±serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas ±procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal. 3.- COROLARIO. Por lo expuesto, estimo que el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, considero que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se dejan sin efecto los acuerdos municipales mediante los que se prorrogaron las concesiones de Sergio Miranda Torres y Free Town, hasta tanto no se tenga certeza absoluta de que los terrenos a concesionar se encuentren libres de PNE, de conformidad con la certificación ACOSA-PNE-021-2012 y el informe técnico ACOSA-PNE-AD-15-2012. Se ordena a Jorge Alberto Cole de León, en su condición de Alcalde Municipal, y a Enoc Rugama Morales, en su condición de Presidente, ambos de la Municipalidad de Osa, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron base a esta declaratoria, bajo apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Osa al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Jorge Alberto Cole de León, en su condición de Alcalde Municipal, y a Enoc Rugama Morales, en su condición de Presidente, ambos de la Municipalidad de Osa, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, en forma personal. Comuníquese.- El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar el recurso. Gilbert Armijo S. Presidente a.i Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S. Roxana Salazar C. Jose Paulino Hernández G. Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 08:40:32. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional
**Ruling No. 07934 - 2013**
**Date of Ruling:** June 14, 2013 at 9:05 a.m.
**Case File:** 12-014168-0007-CO
**Drafted by:** Roxana Salazar Cambronero
**Type of Matter:** Amparo action
**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL
**Judgment with Dissenting Vote**
**Relevance Indicators**
Relevant judgment
**Related Judgments**
Judgment with protected data, in accordance with current regulations
**Content of Interest:**
**Type of content:** Majority vote
**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS
**Topic:** ENVIRONMENT
**Subtopics:**
CONCESSION.
07934-13. ENVIRONMENT. CONCESSIONS GRANTED WITHIN THE STATE'S NATURAL HERITAGE ARE ANNULLED. COMPOSITION AND FORMATION OF THE STATE'S NATURAL HERITAGE. PROTECTION OF WETLANDS
"(…) IX.- Based on the foregoing, the amparo action must be granted. On one hand, pursuant to certification ACOSA-PNE-021-2012 and technical report ACOSA-PNE-AD-15-2012, it is clear that there are still areas under concession that correspond to PNE (State Natural Heritage). Note that although no construction was found in one of the concessions, in the other, a construction area was observed near a stream (quebrada). On the other hand, the new Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) has not been finalized to date, and it must necessarily contemplate the PNE areas that are still within the conceded areas. Finally, despite the foregoing, it is on record that the Municipality agreed to renew both concessions for a period of 20 years, without there being certainty, despite this Court having requested it as evidence for better resolution, regarding the current impact on the PNE. Thus, the Chamber finds evident that the authorities of the Municipality of Osa have not adopted the necessary and pertinent measures to protect the State's natural resource; therefore, granting the amparo with its consequences is warranted. (…)" VCG12/2020
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**Other References:** Judgment: 12817-01, 6246-07, 16938-11, 14288-09, 4619-13
**Content of Interest:**
**Type of content:** Majority vote
**Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE
**Topic:** Precautionary
**Subtopics:**
NOT APPLICABLE.
PRECAUTIONARY PRINCIPLE
"(…) VIII.- From all the above, there is sufficient evidence of a threat to the State's natural resource, which cannot go unnoticed. Based on the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution and Principle Fifteen of the Rio Declaration - United Nations Conference on Environment and Development -, constitutional jurisprudence has recognized the so-called 'precautionary principle in environmental matters' (principio precautorio en materia ambiental) or 'in dubio pro natura principle' (principio in dubio pro natura), the observance of which implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive matters must be carried out with the appropriate zeal to avoid serious and irreversible risks and damages. In other words, if there is a lack of certainty about the harmlessness of the activity in terms of causing serious and irreparable damage, the administration must refrain from carrying out such activities. It is clear that this principle also applies to the protection of forest lands and other protection areas. (…) Thus, the precautionary principle applies to the extent that there is a lack of certainty regarding the damage to be produced and the mitigation or repair measures to be implemented, since when there is certainty about the type or magnitude of the environmental damage that may occur and the measures to be adopted at each moment, any element of doubt is eliminated and, consequently, it would be inappropriate to apply the precautionary principle. In other words, the precautionary principle must be applied in cases of reasonable doubt or uncertainty, but not when there is certainty about the type of damage and the measures to be adopted, since by its very nature the application of this principle is unfeasible. Consequently, starting from the premise that the Rio Declaration itself recognizes the existence and correlation of the precautionary and sustainable human development principles, it must be ensured at all times that the appropriate balancing test (juicio de ponderación) is carried out, allowing due respect for and application of both principles, so that activities are evaluated according to both their environmental impact and their contribution to sustainable human development." VCG12/2020
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**Content of Interest:**
**Type of content:** Dissenting vote
**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS
**Topic:** ENVIRONMENT
**Subtopics:**
CONCESSION.
XI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE JINESTA LOBO. Judge Jinesta Lobo dissents and dismisses the action for the following reasons:
1.- THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS INFRA-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in its second paragraph, as an express and clearly defined fundamental right, that which "Every person" has to enjoy "a healthy and ecologically balanced environment." This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was broadly developed by progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing norms of International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform of Article 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and detailed infra-constitutional normative framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the third paragraph provided that "The State shall guarantee, defend, and preserve this right"; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive infra-constitutional normative framework, translated into various laws, regulations, and executive decrees, which address substantive and formal matters for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal system has established an extensive and complex administrative organization to implement the constitutional imperatives and obligations contained in the third paragraph of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop Article 50 of the Constitution, stands out the Organic Environmental Law No. 7554 of October 4, 1995, which, among other aspects, develops and regulates matters of first order such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (Chapter IV), protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), land-use planning and environmental protection (Chapter VI), protected wilderness areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forestry and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Article XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also standing out in this dense and vast legislative framework are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms; the Phytosanitary Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997; the Law on Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997; the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998; the Law on Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998; and, more recently, the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010. Furthermore, even before the partial reform of Article 50 of the Constitution, there were already sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Water Law, No. 276 of August 27, 1942, and its reforms; the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms; the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978; the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its reforms; the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994; and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The normative framework, at the infra-legal level, is even more dense, with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, for example, stands out Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, which thoroughly regulates all aspects of the Environmental Impact Assessment procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or injury to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, performance and operational guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Procedural Regulation of the Administrative Environmental Tribunal responsible for hearing and resolving complaints regarding the threat of infraction or effective violation of environmental and natural resource protection legislation and for establishing compensation for damages or injuries thereto.
2.- NEED TO DELIMIT CONSTITUTIONALITY CONTROL AND LEGALITY CONTROL IN THE PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or infra-constitutional legal system that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment set forth in Article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation obliges this Constitutional Court to delimit, in this matter, the scope of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of mechanisms or matters of constitutionality, as referred to in Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction, a concept that includes the unconstitutionality action and the constitutionality consultation - legislative and judicial -, the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without a doubt, it is the competence of this Constitutional Court to hear and resolve such matters exclusively and excludently (Articles 10 of the Constitution, 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction); thus, for example, when it is argued that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, the values and principles underlying it. The real problem in delimiting both spheres of control arises with respect to the amparo action or proceeding, for several evident reasons, which are the following: a) The cross-cutting nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which penetrates all layers or strata of the legal system; b) the open texture of constitutional norms, whereby any grievance may appear to have constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo proceeding as a substitute pathway for ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that allow delimiting the amparo proceeding from other ordinary jurisdictional proceedings. Thus, when a public authority - entity or administrative body - has intervened regarding an activity, work, or project, carrying out studies, assessments, reports, or evaluations of any nature, applying the dense and vast infra-constitutional legal system, it is clear that the matter must be vested in the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same applies when a public authority has failed to comply with the obligations imposed upon it, regarding environmental and natural resource protection, by the infra-constitutional legal system, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in an amparo proceeding only when no public authority has intervened exercising its supervisory or authorization powers and a conduct is being carried out, potentially or actually, injurious to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, the violation of that right must be evident and manifest or easily verifiable - without the need for major production or evacuation of evidence - and, furthermore, must be of great relevance or transcendence and be serious. If a public authority has breached the obligations and duties developed by the infra-constitutional legal system, the matter should likewise not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided for in administrative venues, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative jurisdiction, has sufficient competence to supervise the material or formal omissions of public entities. From the moment a public authority has intervened exercising its legal and regulatory powers, substantiating a proceeding - a concatenated series of administrative actions - and issuing administrative acts, the matter will be outside the scope of constitutionality control, and the same applies if it fails to comply with or omits its legal and regulatory obligations. The amparo action is, essentially, a summary proceeding governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and prompt. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions - procedures and formal acts that are translated and materialized in an administrative file - the matter ceases to be subject to amparo, since one must resort to a plenary cognition proceeding, that is, a full knowledge proceeding that can only be substantiated before the ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria issued in light of the infra-constitutional legal system or to evacuate new elements of conviction to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged and unhurried periods. The amparo proceeding, in short, cannot be converted into an ordinary plenary cognition proceeding ("ordinariarlo"), as it would become distorted and perverted in its ends and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or approving expert opinions presented by interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act or, in general, substantiating one or more administrative procedures, the amparo proceeding is not the pathway to supervise such actions, but rather the contentious-administrative proceeding. The administrative intervention that can be verified or proven is decisive for considering that the matter is located at the level - abstract and open in itself - of constitutionality, or at the denser level of legality. Nor should this Constitutional Court proceed to hear and resolve the breach of obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for such purpose, there exist powerful and efficient instruments in administrative venues (sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), within which figure legal or regulatory omissions, whether material or formal; an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expedient, swift, plenary, and universal.
3.- COROLLARY. Based on the foregoing, I consider that the present amparo action should have been dismissed outright (ad limine litis) for involving a matter pertaining to legality control; however, since this was not the case, I consider that it should be dismissed, without ruling on the merits of the matter, since it is for the ordinary jurisdiction, in particular, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conducts deployed (active or omissive) in the case at hand (sub-lite) conform or not, substantially, to the infra-constitutional legal system for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
VCG12/2020
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**Text of the ruling**
Exp: 12-014168-0007-CO
Res. No. 2013007934
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours five minutes of June fourteenth, two thousand thirteen.
Amparo action filed by ILIANA RODRÍGUEZ VARGAS, identity card 0105690878, against the MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA (MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY) AND THE MUNICIPALIDAD DE OSA (MUNICIPALITY OF OSA).
**Whereas:**
1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber at 1:16 p.m. on October 30, 2012, the petitioner files an amparo action against the Municipalidad de Osa, and states the following: that the Plan Regulador Costero Punta San José (Punta San José Coastal Regulatory Plan), located in the district of Sierpe, canton of Osa, Punta San José, processed, prepared, and paid for by the private company Estación Biológica Marenco, Sociedad Anónima, was approved by the Municipalidad de Osa, including as areas eligible for concession (concesionables) zones of wetlands, lands covered by forest, and an absolute conservation zone that form part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), contravening, among other laws, the Ley Forestal, number 7575 of February 5, 1996, and judgment number 1822 of March 13, 1998, of this Chamber. She points out that based on that regulatory plan, the Municipalidad de Osa approved two concessions, one to Gilbert Rowe Córdoba and another to Sergio Miranda Torres. Subsequently, Rowe transferred his concession rights to the company Inversiones Drake Sociedad Anónima, and then the latter transferred its rights to Free Town Sociedad Anónima, without in any of the cases having requested from the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications) the classification of the State's Natural Heritage. She affirms that neither the concessions, nor the land-use changes (cambios de suelo), nor the approved transfers, had an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) or the approval of the respondent Ministry. She accuses that, due to the foregoing, 90,000 square meters of wetland, lands that form part of the State's Natural Heritage, as well as areas of forest, scrubland (tacotales), and springs (nacientes) were granted in concession. She adds that this freshwater wetland drains into a saltwater wetland, with an important coral area, known as Playa San Josecito or Bahía San Josecito, which is an area of approximately ten hectares. Furthermore, the wetland borders the protected area of the Corredor Biológico Térraba-Sierpe (Térraba-Sierpe Biological Corridor). She alleges that despite the above, recently and contrary to the provisions of the Contraloría General de la República (Comptroller General of the Republic), in report DFOE-DI-1016 of April 30, 2012, based on an investigation into the aforementioned concessions and the regulatory plan that gave rise to them, the Concejo Municipal de Osa (Municipal Council of Osa) approved renewing the concession to the company Free Town Sociedad Anónima and to Sergio Miranda Torres, despite the fact that the environmental impact study continues not to have been obtained. She estimates that the accused facts violate her fundamental rights.
2.- Etilma Morales Mora, in her capacity as Director of the Área de Conservación Osa (Osa Conservation Area) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (National System of Conservation Areas, SINAC), reports under oath that the approval of coastal regulatory plans is not the competence of SINAC. She indicates that it is the responsibility, prior to the process of approving the coastal regulatory plans, for the Municipality to verify with the certification of the State's Natural Heritage carried out by that conservation area, in order to ensure that heritage areas are not being designated as eligible for concession. She mentions that through official letter number DFOE-DI-491, the Comptroller Walter Moya of the Contraloría General de la República requested a technical report on the areas of State's Natural Heritage within the sketch map to be conceded in the name of Mr. Miranda Torres, area 8 ha 0236.69 m, and that of 6-000006-000-Z, area 8 ha 7671 m, in which Engineer Joel García Medina concluded that areas of State's Natural Heritage exist in both concessions. She points out that the process of certifying the State's Natural Heritage in that Área de Conservación began in 2006, and was carried out in accordance with the regulations in force at each moment, legislation that changed frequently, which caused some changes in the work performed, so that currently ACOSA, ex officio and possessing better technology and base line information, has modified said certifications; furthermore, the fieldwork was carried out by qualified personnel from the Área de Conservación who have broad knowledge of the terrain. At the same time, ACOSA has not carried out said certifications using the coastal regulatory plans but rather by sectors, such as the Drake sector; she adds that it was done in a single certification due to the extent of the terrain and because they are fragile areas. These regulatory plans, before being approved by the Municipality, must have the areas of State's Natural Heritage classified; therefore, for ACOSA's purposes, the regulatory plan in force as a tool is not useful for classifying the ecosystem, since this should have been a prior process. Currently, the certification in force, ACOSA-PNE-021-2012 of February 16, 2012, was sent with digital shapes to the Municipalidad de Osa, received on March 28, 2012, which is a modification of previous certifications. She explains that the certification process, according to Executive Decree No.36786-MINAE, in its Article VI, subsection a), is carried out at the request of the Instituto Costarricense de Turismo (Costa Rican Tourism Board, ICT), the Municipality, or ex officio by SINAC, the latter being the one applied by SINAC ACOSA in many of the cases. Once SINAC ACOSA had the inputs to issue such certifications, it proceeded to sign them and notify both the Municipalidad de Osa and the ICT. These entities, having the printed certifications and the shapes with the digital maps, are obligated, prior to granting a use permit or concession, to verify whether or not it is affected by the State's Natural Heritage. If they had granted concessions for lands, they should have done so outside the State's Natural Heritage, and if a transfer of rights of these concessions was carried out, it should not have had the approval of ACOSA, since legally it is not possible, because the entity that administers outside the State's Natural Heritage (PNE) is the Municipalidad de Osa, and PNE areas are not subject to concession. In any case, if such concessions had been granted in areas of the State's Natural Heritage, they would lack legal validity, since pursuant to the provisions of Article 73 of Law 6043 and Articles 13 et seq. of the Ley Forestal, the administrator of these sectors is MINAE, in this case through SINAC ACOSA. Therefore, both the Municipality and the Instituto Costarricense de Turismo, with the information provided, prior to granting such conditions, should have conducted a study of the conceded areas to determine their legality. She emphasizes that she cannot attest that the concessions were granted in State's Natural Heritage areas.
3.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber at 3:50 p.m. on November 12, 2012, Uriel Juárez Baltodano, in his capacity as Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (National Environmental Technical Secretariat, SETENA), reports under oath that no Plan de Ordenamiento Territorial with Environmental Viability (Plan de Ordenamiento Territorial con Vialidad Ambiental) is registered for the region of the Canton of Osa; therefore, the Plan Regulador Costero de Punta San José does not possess Environmental Viability, nor does any other territorial planning activity of the district of Sierpe de Osa. He adds that through resolution number 1957-2012, that Secretaría requested the country's municipalities, including the Municipalidad de Osa, a substantiated certification of the current state of the incorporation of the Environmental Variable in the corresponding Regulatory Plan. In response, the Municipalidad de Osa, through official letter AZM 1013-2012 of September 13, 2012, reported that they currently have an agreement with PRODUS of the Universidad de Costa Rica, whereby through the "Research and Sustainable Urban Development" program of the School of Civil Engineering, they are carrying out the Comprehensive Regulatory Plan, both coastal and urban, without it being ready to be presented as of that date. He concludes that to date, no document has been presented to that Secretaría for analysis in relation to the "Plan Regulador Costero de Punta San José de Osa."
4.- Jorge Alberto Cole de León, in his capacity as Alcalde Municipal of Osa (Mayor of Osa), reports under oath that the petitioner is correct in stating that the Plan Regulador Costero Punta San José, located in the district of Sierpe of the Canton of Osa, was prepared and paid for by the private company Estación Biológica Marenco S.A., since there was no legal impediment at that time. He indicates that said Regulatory Plan was approved by the Municipalidad de Osa, according to the uses permitted therein, since at that time MINAE-ACOSA-SINAC had not carried out surveys of Areas declared as State's Natural Heritage in the Canton of Osa, including wetland areas, forest-covered lands, and absolute conservation zones. He admits that the Municipalidad de Osa approved concessions in that coastal sector, including the concession granted to Mr. Gilbert Rowe Córdoba, who later transferred his concession rights to the company Inversiones Drake Sociedad Anónima, which in turn transferred its rights to Free Town Sociedad Anónima. Likewise, the concession of Mr. Sergio Miranda Torres was approved. With respect to the concession contract of Freetown S.A., once the result of the evaluation of the construction plans was obtained, the Instituto Costarricense de Turismo determined that the area granted in concession and registered in the name of Free town S.A. under property (finca) No.6-0000006-Z-000, conflicts with the certification of State's Natural Heritage (PNE) granted on May 30, 2006, signed by Engineer Raúl Solórzano Soto, Director of SINAC. As a result, the Legal Advisory Office of SINAC communicated that the approval process could not continue until adjustments had been made to the concession, so as to guarantee no impact to the State's Natural Heritage. Therefore, once the registration of the concession contract was rectified and the corresponding documents were provided by the Public Registry, the ICT began the plan review process. He adds that, in accordance with the directives issued by the Contraloría General de la República and the Procuraduría General de la República (Attorney General's Office), in which it has been indicated that the State's Natural Heritage (PNE) must be administered by MINAE, and that concession contracts granted by the municipality without prior classification of the PNE must be delimited and adjusted so that the contracts only cover lands that do not form part of the PNE, the exclusion of forest areas was proceeded with. During this process, the certification of November 16, 2009, signed by Ms. Guiselle Méndez Vega, was obtained regarding the proposal for the Plan Regulador Integral Bahía Drake (Comprehensive Regulatory Plan for Bahía Drake) located in the district of Sierpe, canton of Osa, province of Puntarenas. He states that the concessionaire adjusted the cadastral plan No.6-978360-2005 with an area of 81,711.54 meters due to the partial impact detected on the property. As a result, plan No. 6-1386840-2009 was generated for an area of 8ha 7671 meters, which modified cadastral plan P-0757399-1988, under which the concession was given, and plan P-978360-2005, which had modified it.
Based on the foregoing and given that the land in question was partially affected by the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), to correctly correct and remedy the concession procedures, a modification had to be made to the draft resolution, the Council agreement, and the concession contract. It indicates that through official letter AZM-1024-2009 of December 22, 2010, the Maritime Zone Department confirmed that cadastral plan P-138640-2009 was located outside of areas declared as State's Natural Heritage. Subsequently, through official letter A.Z.M 737-2012, this certification was modified because the plan number was incorrectly stated; the correct one was P-1386840-2009. In this regard, with the respective approval of the Council on March 2, 2011, the addendum to the concession contract was sent to the Institute of Agrarian Development (IDA) for its approval, a process required to carry out the adjustment in the National Registry. It notes that up to the present day, a series of processes have had to be undertaken to achieve the modification of the concession contract so that the concessionaire may proceed with the approval of the construction plans, which must be resubmitted to the Costa Rican Tourism Institute. Complying with what was requested by that Institute, it is currently confirmed that the rectification of the concession contract is registered in the National Registry, as stated in the Registry Certification of Property Registration Number 60000006Z 000. It explains that the Directorate of ACOSA recently delivered the reclassification of the State's Natural Heritage for the sector spanning from Boca Ganada to Punta San Pedrillo, which was carried out during the first months of 2012, and which drastically modified the PNE delimitation that gave rise to the modification of cadastral plan P-1386840-2009 and the concession contract of Free Town S.A. Given that the reclassification of the State's Natural Heritage delivered through official letter ACOSA-PNE-021-2012 completely contradicts the certifications issued based on the classification of November 16, 2009, the Directorate of ACOSA was notified via official letter ALCAOSA-0448-2012 of May 10, 2012, that the reclassification carried out in 2012 was not accepted as it came to drastically affect the concessions that had become free of PNE with the certification given in San José on November 16, 2009. The 2012 work generated serious doubts and contradicts the previous delimitation; instead, an urging was made for it to be reviewed and adjusted in its entirety. By virtue of the fact that the term of the concession granted to Free Town S.A. expired on July 27, 2012, the Maritime Zone Department of that Municipality recommended to the Mayor's Office and the Council to refrain from renewing the contract until full certainty was obtained from the analysis and overlay of the respective plan onto the latest survey conducted for MINAE. It adds that on June 14, 2012, the representative of the Free Town Company submitted a Formal Application for Renewal of the Concession Contract to the Municipal Council. The Council agreed to refer this document to the Maritime Zone Department for it to recommend the appropriate action for the approval of the concession renewal and to consider whether ACOSA had a requalification of the area prior to the resolution. On July 3, 2012, via official letter AZM-738-2012, the Maritime Zone Department sent the requested report to the Municipal Council, in which it indicated to the Council that, given that the concession of Free Town S.A. had expired as of July 27, 2012, it recommended the renewal of the concession contract for a period of 20 years, it being clear that the drafting and signing of the final concession contract would be subject to cadastral plan 6-1386840-2009 for an area of 8ha 7671 meters being adjusted to the final version of the reclassification of the State's Natural Heritage issued by the ACOSA Directorate in order to verify that the land to be granted in concession was free of PNE; furthermore, it recommended analyzing the authorization for the renewal of this concession. The Council became aware of the report sent by the Maritime Zone Department in ordinary session 27-2012, held on July 4, 2012, and agreed to refer it to the Maritime Zone Commission. On July 25, 2012, the Municipal Council of Osa, through ordinary session 30-2012, held on July 25, 2012, chapter VIII, Agreement 1, agreed to extend the concession of Free Town and authorized the Mayor to act as appropriate. Any change that might arise in that situation would first be made while respecting due process; likewise, that decision shall be related to what was outlined by SINAC in official letter ACOSA-D-148-2012, in which said institution committed to weighing the concessions that could be affected by Natural Heritage in a way that would not violate the rights acquired in good faith by the concessionaires. It emphasizes that, to date, the Municipality has not signed the extension of the concession with the Free Town company, as it must first request the cadastral plan that includes only the areas that are outside of Natural Heritage and under municipal administration. Regarding the concession contract with Mr. Sergio Miranda, it clarifies that it was not until May 31, 2005, that Gazette No. 104 published the ICT agreement taken in Ordinary Session of the Board of Directors No. 5355, article 5, subsection VIII, held on April 26, 2005, which established that the concession files sent to that Institute must contain a certification from MINAE, stating that the land requested in concession did not constitute a forest area (área de bosque) nor forest land (terreno forestal) or land with forestry aptitude. Regarding the area granted in concession to Mr. Sergio Miranda Torres, which is registered under No. 6-00001541-Z-000, cadastral plan P-097680-2005, the Municipality of Osa notified the concessionaire that, according to the survey of areas declared as PNE in the sector between Punta Campanario and Playa Ganadito in Drake, Sierpe District, certified by the Superior Director of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and which they sent to the ICT, the area granted in concession located between boundary markers IGN1 to IGN7, under coordinates 494413N 291439E, is affected by areas declared as PNE. The concessionaire has demonstrated willingness to correctly remedy the procedures that gave rise to the concession contract, such that that Maritime Zone Department verified through certification AZM-903-2011 of November 18, 2011, that the adjusted concession area was already outside of areas declared as State's Natural Heritage. By virtue of the fact that the term of the concession expired on September 1, 2012, the Maritime Zone Department will make the corresponding modifications to the draft resolution and the concession contract to correct any error, once cadastral plan P-0972680-2005 is modified in a manner that guarantees non-encroachment on the State's Natural Heritage, due to a wetland.
5.- By brief filed with the Secretariat of the Chamber at XXX, Enoc Rugama Morales, in his capacity as President of the Municipality of Osa, reports under oath in the same vein as the Municipal Mayor did.
6.- By resolution issued at 7:49 a.m. on January 11, 2013, the Investigating Judge directed the Mayor of the Municipality of Osa to provide a means of notifying the company Free Town Sociedad Anónima and Mr. Sergio Miranda Torres.
7.- By resolution issued at 1:43 p.m. on March 4, 2013, signed by the Investigating Judge, a hearing was granted to Sergio Miranda Torres and the legal representatives of the company Free Town S.A.
8.- Sergio Miranda Torres reports, acting in his dual capacity, personally and in association with Daniel Campos Lara, representing the company Free Town S.A., that in his personal capacity he reports that his legitimate rights as concessionaire derive from the granting of the concession on July 22, 1992, when the concept of State's Natural Heritage (Patrimonio Nacional del Estado) did not exist; nevertheless, the environment has been safeguarded without any environmental damage having occurred for over 20 years, since nothing has been built on the concession. He emphasizes that the concession has adjusted to the evolution of environmental concepts and regulations for over 20 years. In 20 years, environmental protection has evolved powerfully and in light of that, the concession has adjusted without any opposition or reluctance on his part. As the report rendered by SINAC rightly indicates, the certification process for the State's Natural Heritage in that conservation area began in 2006 and was carried out according to the regulations in force at each moment. The legislation changed frequently, which caused some changes in the work carried out. Currently, ACOSA, ex officio and by possessing more technology and baseline information, has modified said certifications; moreover, the fieldwork was executed by qualified personnel from the Conservation Area who are highly knowledgeable about the terrain. He emphasizes that the Municipality reported that the concessionaire has demonstrated willingness to correctly remedy the procedures that gave rise to the concession contract, such that that Maritime Zone Department verified through certification AZM-903-2011 of November 18, 2011 that the adjusted concession area was already outside of the areas declared as State's Natural Heritage. He highlights that 20 years ago, the concept and identification of the State's Natural Heritage did not exist, but when incorporated into current environmental law, the concession was adapted without issue. He points out that the concession area was adjusted and is outside the State's Natural Heritage areas, as stated by the Municipality in its report. He indicates that the renewal of the concession involves the adaptation to the newly determined areas of the State's Natural Heritage, since it was done with the relevant modifications, given that since 2005 the determination of the State's Natural Heritage in the zone has been modified and has continued to vary, without the legal uncertainty this generates having been denounced. He refutes that it is not true that the Regulatory Plan (Plan Regulador) is allowing his concession to include areas of the State's Natural Heritage. Regarding the Regulatory Plan and the environmental impact, he indicates that the Regulatory Plan was approved by the ICT in 1989, by the Municipality in 1990, and by the INVU in 1996; it was updated in February 1997. In those years, the inclusion—as was indeed done—of the environmental variable was advanced compared to the rest of the country. He attaches a land-use certificate (Uso de Suelo) for his concession, which, according to the Regulatory Plan, is located in a zone of absolute conservation, a low-density tourist accommodation zone, and a wetland protection zone; this area has already been excluded from the concession as the concept of State's Natural Heritage was incorporated over time. He clarifies that the Regulatory Plan does include and consider the environmental variable since its creation and considers that the complainant would like the Regulatory Plan to disappear to the detriment of the environment, leaving the balanced and conservationist development of the zone unprotected. The Regulatory Plan is over 22 years old; it could not incorporate what did not exist, such as the concept of environmental impact as understood today, but that does not distort the fact that it does protect the environment through the establishment of absolute conservation zones and low-density development, which was advanced for that historical moment; it even respected and considered forest areas as well as the protection areas of streams and wetlands. He adds that as a concessionaire for over 20 years, conserving and protecting the territory, without building or destroying anything, he has had to wait patiently for the delimitation of the State's Natural Heritage in order to be able to propose his project. He highlights that his concession does not include areas of the State's Natural Heritage and that, faced with legal uncertainty and slowness, he has been unable to do anything other than wait patiently for 20 years; there is no construction whatsoever, and it is not true that he lacks the processing of environmental impact studies. Regarding the company Free Town S.A., he reiterates what was stated in the report of Sergio Torres Miranda with respect to the Regulatory Plan and the introduction of the environmental variable therein. He adds that said concession also does not encompass areas of the State's Natural Heritage, given the multiple changes experienced over the years. The Municipality informed him that the rectification of the concession contract was already registered in the National Registry, as stated in the Registry Certification of Property Registration Number 600000062000. Moreover, the Directorate of ACOSA recently delivered to him the reclassification of the State's Natural Heritage for the sector spanning from Boca Granada to Punta San Pedrillo, which was carried out during the first months of 2012. This drastically modified the delimitation of the State's Natural Heritage that gave rise to the modification of cadastral plan P-1386840-2009 and the concession contract of Freetown S.A.; the drafting and signing of the final concession contract would be subject to cadastral plan -1386840-2009 for an area of 8ha 7671 meters being adjusted to the final version of the reclassification of the State's Natural Heritage issued by the ACOSA Directorate in order to verify that the land to be granted in concession is free of the State's Natural Heritage. He adds that it does have environmental viability processed and granted for the project to be developed and without any opposition to the exclusion from the concession of lands incorporated in the latest certification of the State's Natural Heritage. The environmental management (regencia ambiental) is overseen by Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A.
9.- By brief received at 2:30 p.m. on April 17, 2013, the complainant states that the Maritime Zone Department of the Municipality of Osa is leaving out of the integrated coastal regulatory plan of Bahia Drake the study carried out by PRODUS-ACOSA that determined the PNE.
10.- In a brief received on April 17, 2013, the complainant presents documentary evidence supporting her request to take urgent measures in order to prevent the destruction of the coral reef located in the coastal saltwater wetland located in San Josecito Bay.
11.- In a submission presented on April 18, 2013, the complainant replies to the report rendered by the Municipality of Osa and the concessionaire Sergio Miranda Torres.
12.- By brief received on May 6, 2013, the complainant provides documentary evidence.
13.- On May 7, 2013, the complainant presents a copy of a complaint regarding tree-felling in the concession of Sergio Miranda Torres, which she filed before the ACOSA of Puerto Jiménez.
14.- By resolution issued at ten hours and nine minutes on May 24, 2013, evidence was requested from SINAC and the Municipality of Osa for better resolution.
15.- In a brief received on May 23, 2013, the lawyer for Sergio Miranda Torres and Free Town states that the "diagnostic report" prepared by PRODUS is neither complete nor signed. He explains that, in any case, PRODUS is not the entity preparing the new Regulatory Plan. He states that his clients have not opposed the concession granted many years ago being adapted to the new studies and determination of lands classified as PNE, nor have they resisted complying with the evaluations of each and every environmental aspect. He adds that at no time has there been resistance to change, nor has the Municipality ignored the duty to protect lands classified as PNE, since the certification of the PNE in force has been used, not the Regulatory Plan. He maintains that the 1991 Regulatory Plan responded to the criteria in force at that time; however, it did include the environmental variable. He requests that this amparo appeal be dismissed.
16.- In response to the hearing granted, Yanina Chaverri Rosales reports under oath, in her capacity as Acting Municipal Mayor of the Municipality of Osa, that according to the cooperation agreement between the Municipality of Osa, the University of Costa Rica, and The Nature Conservancy for the preparation of the Cantonal Regulatory Plan and the Regulatory Plan for the Maritime Zone of the Canton of Osa, signed by the parties on July 18, 2006, no completion or entry into force date is estimated for the new regulatory plan; however, meetings have been held with municipal personnel and representatives of PRODUS, where it was agreed that the coastal regulatory plan shall be prepared in three stages. Stage I: Dominical-Punta Mala; stage II: Drake; and stage III: Sierpe. The Maritime Zone Department, through the Technical Assistant, reviewed what was delivered by PRODUS to the Municipality and several inconsistencies were detected. She alleges that said report was received by the Secretariat of the Council on December 19, 2012. The operative part ("por tanto") of said report notes that, given that this integrated coastal planning (PRI) harms the development interests and possibilities of the canton, and therefore of the Municipality of Osa, it was considered essential that the Council not approve the zoning maps or the respective regulations until the points previously indicated are corrected, there is certainty that the use approved in the regulatory plans in force is conserved, and the proposed zoning is eliminated by virtue of the fact that the uses currently established oppose the parameters and technical specifications established by the ICT in the document "Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans" and the conditions of each sector. She comments that this agreement was communicated to PRODUS on February 12, 2013, and to date there is no information regarding the requested corrections, thus it is not possible for the Municipality to provide an estimate of the completion or entry into force of the new coastal regulatory plan being prepared by PRODUS. Regarding the concession of Sergio Miranda Torres, she points out that in ordinary session No. 36-2012 of September 1, 2012, the Maritime Zone Department recommended renewing the concession contract for a period of 20 years, it being clear that the drafting and signing of the final concession contract would be subject to the cadastral plan being adjusted to the final version of the PNE reclassification issued by the ACOSA Directorate, in order to verify that the land to be granted in concession is free of PNE. Regarding the concession of Free Town, the Council agreed in session 20-2012 of July 25, 2012, to extend the concession for a period of 20 years, authorizing the Mayor to act as appropriate. Any change that arises in said situation shall be made while first observing due process.
17.- In a submission received on July 7, 2012, Etilma Morales Mora reports under oath, in her capacity as Director of the Osa Conservation Area, that SINAC delivered to the Municipality of Osa, together with the PNE certification, the tables and maps in printed and digital format for the entire canton of Osa, including the sector of the concessions discussed in the amparo. Currently, prior to granting concessions, the Municipality must have the PNE classifications incorporated into the approved Regulatory Plan, whether the previous one or the one prepared by PRODUS, and must refrain from granting in concession the areas classified as PNE, since it is prevented from doing so in accordance with article 73 of Law 6043. She adds that according to report ACOSA-PNE-AD-015-2012, no construction areas are observed within the land described in the plan under the name of Sergio Miranda Torres. It can be observed that the property is affected by a wetland area located between boundary marker 8 and 3 of the Regulatory Plan. This wetland is identified in the PNE certification as polygon H4, with an extension of 2.58 hectares, of which only 1.29 affect Mr. Sergio Miranda's plan. This is because said plan did not conform to the line of boundary markers found in the field. If the plan were adjusted to that line, the area affected by the wetland would be greater. In addition, there is a very small forest encroachment. Regarding the concession plan of Free Town (6-00006-Z-000), a construction area can be observed within the property near a stream (quebrada), according to report ACOSA-PNE-AD-015-2012. Within that same report, Engineer Joel García Medina, responsible for the State's PNE at ACOSA, concluded that there are PNE areas affecting both concessions. He also recommended requesting an inspection from the Department of Waters to certify or rule out the springs (nacientes) in the sector. It is clear that the locations of both plans are not adequate and a cadastral survey should be requested to have a better criterion.
18.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.
Rendered by Judge Salazar Cambronero; and,
Considering:
I.- Purpose of the appeal. The complainant considers her fundamental rights violated, insofar as, based on a Regulatory Plan managed and prepared by a private company, the Municipality of Osa included as concessionable areas designated as State's Natural Heritage (forests and wetlands). She alleges that because of the foregoing, nearly 9000m2 of wetlands were granted in concession, and forest areas, scrublands (tacotales), and springs (nacientes) were affected.
II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven: a) in session No. 15 of March 7, 1990, the Municipal Council of Osa approved the Coastal Regulatory Plan for Punta San José, Sierpe district (see attached documentary evidence); b) in session No. 29-99 of July 7, 1999, the Municipal Council agreed to update the Coastal Regulatory Plan (see attached documentary evidence); c) in the Gazette of January 22, 2001, the Zoning Regulation for Punta San José was published (see attached documentary evidence); d) in 2006, MINAE began the State's Natural Heritage certification process in the Osa Conservation Area (see report rendered under oath by the Director of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas, SINAC); e) on May 30, 2006, SINAC delivered the PNE certification to the Municipality of Osa (see statements under oath); f) via official letter number DFOE-DI-491, Auditor Walter Moya of the Comptroller General of the Republic requested a technical report on the areas of State's Natural Heritage within the sketch map to be granted in concession under the name of Sergio Miranda Torres, in which he concluded that in the two concessions granted that are the subject of this amparo, there were areas of State's Natural Heritage (see report rendered under oath by the Director of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas, SINAC); g) on November 16, 2009, SINAC delivered a new PNE certification that modified the previous one (see statements rendered under oath); h) on January 25, 2012, the Sustainable Urban Development and Research Program of the University of Costa Rica (PRODUS) communicated that the Coastal Regulatory Plan for Punta San José included wetland areas and lands covered with forest (see attached documentary evidence); i) the certification currently in force is ACOSA-PNE-021-2012 of February 16, 2012, which was sent to the Municipality of Osa on March 28, 2012, and is a modification of the previous certifications (see report rendered under oath by the Director of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas, SINAC); j) By official letter number ACOSA-D-148-2012 of July 5, 2012, addressed to the Municipal Councils of Osa and Golfito, as well as their respective mayors, the Osa Conservation Area reported that the State's Natural Heritage certification process has currently been completed, with the exception of the Térraba National Wetland in terms of areas not forming part of it. They suggested waiting until the review was carried out to make decisions regarding concessions already granted, anticipating that some change could arise that would benefit legitimate interested parties (folio 22 of the report rendered under oath by the Director of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas, SINAC); k) The marine boundary of the Térraba Sierpe National Wetland protected area is located 5.8 kilometers from Punta Río Claro, and 11.1 kilometers from Punta San Josecito (site of the concessions), thus it does not border said Wetland (see report rendered under oath by the Director of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas, SINAC); l) the Municipality of Osa signed an agreement with PRODUS, the Department of Territorial and Environmental Planning of the School of Engineering of the University of Costa Rica, to prepare an integrated coastal regulatory plan, which will subsume all the regulatory plans in force in the Canton of Osa (see attached documentary evidence); m) the Punta San José Coastal Regulatory Plan does not possess environmental viability granted by SETENA, nor has SETENA granted viability to any territorial planning activity in the Sierpe district (see official letter No. DEAE-373-2012 of November 7, 2012).
In relation to the concession granted to Free Town Sociedad Anónima:
a) on May 2, 1992, the Municipality of Osa approved a concession under the name of Gilbert Rowe, who transferred it to the company Inversiones Drake, which in turn transferred it to the company Free Town; it is currently registered in the Registry under property Registration Number 6-0000006-Z-000 (see statements rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); b) the Costa Rican Tourism Institute (ICT) determined that the area granted in concession conflicts with the State's Natural Heritage (PNE) certification granted on May 6, 2006, by the Superior Director of SINAC (see statements rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); c) the concessionaire adjusted cadastral plan No. 6-978360-2005 with an area of 81,711 square meters due to the partial encroachment detected on the property. As a result, plan number 6-1386840-2009 was generated for an area of 8ha 7671 square meters, which modified cadastral plan P-0757399-1988 with which the concession was originally granted and plan P-97860-2005 which had modified it (see statements rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); d) by official letter number AZM-1024-2009 of December 22, 2010, the Maritime Zone Department certified that plan P-1386840-2009 is located outside of areas declared as State's Natural Heritage (see statements rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); e) by official letter number AZM-276-2012 of March 2, 2012, Isabel Chavez Bonilla, an official of the Maritime Zone Department of the Municipality of Osa, recommended to the Mayor and the Council of Osa to refrain from renewing the concession contract under the name of Free Town S.A.
until there was certainty regarding the analysis and assembly of the respective map based on the latest survey conducted by MINAE (folios 38-39 of the report rendered under oath by the Mayor and the President of the Municipal Council); f) by official letter without number dated April 19, 2012, Allan Herrera Jiménez, of the Maritime Terrestrial Zone Department of the Municipality of Osa, transcribed to the Mayor and the Maritime Terrestrial Zone Attorney the agreement reached by the Council in Ordinary Session number 16-2012 of April 18, 2012, in which it was stated: "having seen and analyzed official letter AZM-276-2012, the Municipal Council AGREES to comply with the recommendations given by the Attorney of the Maritime Terrestrial Zone Department, related to the request in official letter AZM-276-2012 (…)" Hence, it refrained from renewing the concession contract (folio 40 of the report rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); g) by official letter number ALCAOSA-0448-2012 dated May 10, 2012, the Municipality of Osa informed the Directorate of ACOSA that it did not accept the reclassification carried out in 2012, since it drastically affected the concessions that had been left free of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) with the certification issued in 2009 (see statements rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); h) on June 14, 2012, the representative of the company Free Town presented before the Council a request for renewal of the concession contract that expired on July 27, 2012 (see statements rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); i) by official letter number AZM-738-2012 dated July 3, 2012, the Maritime Terrestrial Zone Department recommended to the Council that, since the concession of Free Town S.A. expired on July 27, 2012, it should be renewed for a period of 20 years, clarifying that the drafting and signing of the final concession contract would be subject to adjusting cadastral map 6-1386840-2009 for an area of 8 ha 7671 square meters to the final version of the reclassification of the Natural Heritage of the State issued by the Directorate of ACOSA in order to verify that the land to be concessioned is free of Natural Heritage of the State (see report rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); j) the granted concession expired on July 27, 2012 (see attached documentary evidence); k) on the concession land, a construction area can be observed near a stream (quebrada) (see official letter ACOSA-PNE-AD-15-2012 dated May 18, 2012, signed by the Person in Charge of the Natural Heritage of the State of ACOSA); l) the concessioned property is affected by two forest (bosque) polygons from the current certification. The possible springs (nacientes) indicated in official letter ACOSA-PNE-AD-148-2011 are located within them (see official letter ACOSA-PNE-AD-15-2012 dated May 18, 2012, signed by the Person in Charge of the Natural Heritage of the State of ACOSA).
Regarding the concession granted to Sergio Miranda: a) by agreement No. 43 of July 22, 1992, the Municipal Council of Osa granted concession No. 6-00001541-Z-000 for agricultural purposes for a period of 20 years in Playa San Josecito, Sierpe (see attached documentary evidence); b) by agreement taken on April 30, 2001, the Municipal Council approved an addendum to the concession contract, which established that the use given to the parcel would be absolute conservation, low-density tourism, and stream (quebradas) protection (see attached documentary evidence); c) by certification dated November 16, 2009, it was indicated that the area granted in concession located between boundary markers number IGN1 through IGN7, under coordinates 494413N 291439E was affected by areas declared as Natural Heritage of the State (see statements rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); d) by verification AZM-903-2011 dated November 18, 2011, the Maritime Terrestrial Zone Department verified that the adjusted concession area was already outside of areas declared as Natural Heritage of the State (folio 19 of the report rendered under oath by the Mayor and the President of the Council of Osa); e) the concession expired on September 1, 2012 (see attached documentary evidence); f) on the concession lands, no construction areas are observed (see official letter ACOSA-PNE-AD-15-2012 dated May 18, 2012, signed by the Person in Charge of the Natural Heritage of the State of ACOSA); g) the property granted in concession is affected by a wetland area located between boundary marker 8 and 3 of the Regulatory Plan (Plan Regulador), with an extension of 2.58 hectares, of which only 1.29 hectares affect the map of Mr. Sergio Miranda Torres (see official letter ACOSA-PNE-AD-15-2012 dated May 18, 2012, signed by the Person in Charge of the Natural Heritage of the State of ACOSA).
III.- Composition of the Natural Heritage of the State (PNE). In accordance with Articles 13 and 15 of the current Forestry Law No. 7575, the Natural Heritage of the State is constituted by all forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to the municipalities, the autonomous institutions, and the other bodies of the Public Administration. It should be noted that Article 1 of Executive Decree number 35803-MINAE of January 7, 2010, called Technical Criteria for the Identification, Classification and Conservation of Wetlands, provides, on the one hand, that all wetland ecosystems, regardless of who their owner is, must be protected by the Administration, and, on the other, that only wetlands that form part of the natural heritage of the State (because they have or meet the requirements to integrate it, by Law) must be administered by SINAC. The foregoing implies that those found on private properties, although not directly administered by the State, are not unprotected because a protective limitation of a constitutional nature weighs upon them: "It is clear that by virtue of the challenged regulations, a series of limitations are imposed on the right of property recognized in Article 45 of the Constitution, limitations that are legitimate, by virtue of the fact that Forestry Law 7174 was approved by a qualified majority, as required by the cited constitutional norm, as verified in judgment number 6490-95 (of fifteen hours thirty-nine minutes of December nineteenth, nineteen ninety-five), just like the Wildlife Conservation Law, number 7317 (in whose processing it was approved both in the first debate, record 80, and in the third, record 82, by unanimity); and that they are justified by virtue of the legal right protected by this entire set of both legislative and regulatory norms, since it is of public interest to conserve the forest wealth that the country has (as indicated in judgments number 6940-95, 7020-95, 7031-95, and 2902-96 among others), which is at risk of being destroyed or deteriorated if the indiscriminate exploitation of that natural resource is permitted. It should not be forgotten that forest resource has been understood as '[...] the protection and preservation of the integrity of the natural environment'; in accordance with what was stated by this Chamber in judgment number 2233-93, of nine hours thirty-six minutes of May twenty-eighth, nineteen ninety-three, a legal right that exists in the zones affected by the challenged decree, and that is recognized in international legislation, in the special laws enacted for that purpose -international treaties on the matter- as well as in the texts of political charters (see judgment No. 1607-98 of seventeen hours twenty-four minutes of March tenth, nineteen ninety-eight). This is how private forest property, which, as its name indicates, is the property titled by individuals, and which is held under the terms of Article 45 of the Political Constitution, is affected by a special legal regime, in the first case, the forest regime, through the corresponding executive decree of the Ministry of Environment and Energy, which weighs upon the property as a limitation of social interest, which in any case must be registered in the public property registry. For this reason, these properties can be mortgaged, and even the forest resource can constitute a pledge; be acquired by adverse possession (usucapión), as well as be alienated or have its domain transferred, with the warning that in all cases, the forest affectation is transferred. And it will depend on the categorization that the current regulations make of the forest resource, such as forest reserves, protective zones, and wildlife refuges (Article 37 of Forestry Law number 7174), whether the private property may be exploited and used, on the condition of being subject to the respective management plan. It is clear that the limitations in forest matters imply an impediment to the use of the forest resource by its owner, who is in no way legitimized to fell or economically exploit the forest existing on their property at their whim or will, if it is not, and exclusively, through a management plan, duly approved by the forest directorate" (see judgments numbers 2003-3656 of 14:43 hrs of May 7, 2003, and 2012-002678 of 14:30 hrs of February 29, 2012). Now then, in accordance with the legislation contained in the Organic Environmental Law and the Forestry Law, these assets of the Natural Heritage of the State support interests and restrictions that exceed the own limits of the cantons, to give rise to a national and even international protection interest (see judgments numbers 2010-021258 of 14:00 hrs of December 22, 2010, and 2011-16938 of 14:37 hrs of December 7, 2011). The Natural Heritage of the State is non-seizable (inembargable) and inalienable, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) is imprescriptible, resulting in the situation that the Public Administration cannot exchange, cede, alienate, in any way, deliver, or lease rural lands of its property or under its administration, without them having first been classified by the Ministry of Environment and Energy (MINAE). This Tribunal has specified that the PNE is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministry of Environment and Energy through the National System of Conservation Areas (SINAC). For its part, in opinions numbers C-297-2004 of October 19, 2004, and C-321-2003 of October 9, 2003, the General Attorney's Office of the Republic defined that the Natural Heritage of the State is composed of two important components: a) Protected Wild Areas, whatever their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments; b) The other forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and public institutions (Article 13 of the Forestry Law), which have an immediate legal affectation. It is important to mention that in accordance with Article 73 of Law No. 6043, protected wild areas are excluded from the Maritime Terrestrial Zone, so Local Governments do not have the competence to grant concessions in said areas, even if they are within the Maritime Terrestrial Zone, since they are under the tutelage of the State. Previously, the Natural Heritage of the State was called "State Forest Heritage" (Patrimonio Forestal del Estado).
IV.- Conformation of the Natural Heritage of the State. According to the current Forestry Law No. 7575, the forest lands of the Administration are automatically affected to the PNE, so that, in these cases, the affectation to the public domain and incorporation into the PNE does not arise from the classification of the lands by MINAE. As indicated by the General Attorney's Office of the Republic in Opinion C-321-2003, the classification constitutes an act of verification and not of affectation, which tends to confirm whether specific rural property of a State institution meets the assumptions under which the norm establishes the public forest regime, in order to consider it included in the genus of public domain (demanialidad), with the foreseen consequences, and neutralize its intended alienation by the public entity. On this matter, in judgment No. 2012-002678 of 14:30 hrs of February 29, 2012, authored by the Presiding Magistrate, it was stated in what is of interest:
"The Natural Heritage of the State is a legal right, defined and individualized in our legal system, whose lands that make it up, according to environmental legislation, do not need a declaration as a protected wild area to be subject to protection by the Administration. The foregoing does not hinder the Obligation of the competent Administration to give them the classifications that scientifically and technically correspond, for their due protection and preservation as protected wild areas"
In the same way, in judgment No. 2011-16938 of 14:37 hrs of December 7, 2012, it was indicated:
"In view of the foregoing, from the examination of the case, the first thing that must be said is that the petitioner is not correct when he affirms that there are mangroves or wetlands that do not form part of the Natural Heritage of the State. More specifically, it is clear, according to the normative elements of judgment cited by the parties, including the petitioner, that all wetlands found on State properties (that belong to any state entity, organ, or body), form part of that heritage, given that they are classified as forest lands (see Executive Decree 36786 of August 12, 2011); furthermore, mangroves or saltwater forests and estuaries, forming part of the public zone in the Maritime Terrestrial Zone, an inalienable area according to Article 1 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone ['the public domain character of the Maritime Terrestrial Zone (or marine riparian zone as it was formerly called) has been recognized since time immemorial, and Roman Law itself records that status, as 'res communes' and 'extra comercium''; see vote No. 447-91 of 15:30 hrs of February 21, 1991], constitute a forest reserve and are affected by Forestry Law 7575 of February 13, 1996, in accordance with Article 13 of that law."
From the foregoing it is inferred that it is false that the natural ecosystems that form part of the Natural Heritage of the State are only those that have a declaration as a protected wild area, since it is the formal law that determines the characteristics of the zones that form part of said heritage, such that in the case that interests us, all wetlands found on State properties integrate that heritage.
V.- On the protection of wetlands. This Chamber has referred to the relevance of these ecosystems and their protection, in judgments 2001-12817 of 10:28 hrs of December 14, 2001, and 2007-6246 of 19:30 hrs of May 8, 2007, among others, stating that wetlands are considered the most productive ecosystems in the world. In Costa Rica, Article 40 of the Organic Environmental Law has defined them as: "Ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish, or salty, including marine extensions up to the posterior limit of phanerogams or reefs, or in their absence, up to six meters deep at low tide." On the importance of these ecosystems, in resolution No. 2009-014288 of 15:19 hrs of September 9, 2009, this Tribunal stated:
"The importance of wetlands is not only in terms of biodiversity and those that develop on an ecological scale, but also because they provide support functions and essential products for human communities in the developing and industrialized world. According to doctrine and scientific studies, the term wetlands encompasses a great variety of ecosystems, with very different characteristics; they can be classified into seven landscape units: estuaries, open coasts, floodplains, freshwater marshes, lakes, peat bogs, and flood forests; or into saltwater wetlands, freshwater wetlands, or artificial wetlands. Each one is formed by a series of physical, chemical, and biological components, such as soils, water, animal and plant species, and nutrients. The processes between these components and within each one of them allow the wetland to perform functions, such as flood control and storm protection, and generate products, such as wildlife, fisheries, and forest resources, purify water, and stabilize the coastline. Not all characteristics are present in every wetland; few perform all functions in the same way. Furthermore, they present very valuable attributes such as biological diversity and the uniqueness of cultural heritage. It is the combination of these functions, products, and attributes of the ecosystems that makes wetlands important for society. Through the storage of precipitation and the uniform release of runoff, wetlands can reduce the destructive onslaught of floods and rivers, so the conservation of natural reservoirs can avoid the construction of dams and reservoirs. Their vegetation can stabilize the coastline by reducing the energy of waves, currents, or other erosive forces, while at the same time, with plant roots, it holds bottom sediments in place, which can prevent both the erosion of valuable agricultural or inhabited land and property damage. Wetlands that remove nutrients improve water quality and help prevent eutrophication, which can avoid the need to build water treatment systems. On the other hand, many sustain the life of dense populations of fish, livestock, or wildlife, that feed on their nutrient-rich waters or substrate, or else graze on their lush grasslands. The hydrological, nutrient, and material cycles, and the energy flows of wetlands, can stabilize local climatic conditions, particularly rainfall and temperatures, which influences both agricultural activities and those based on natural resources, as well as the stability of natural ecosystems and the wetland itself. They also contribute to recreation, fisheries, agricultural resources, and tourism, as well as the direct use of forest resources that they generate in a significant number of goods, ranging from firewood, construction timber, and bark, among wood products, to resins and medicines, which are 'secondary' non-wood forest products. They are even important as a genetic reserve for certain plant species -such as rice-."
Various international instruments, among which the Convention on Wetlands or Ramsar Convention stands out, subscribed to by our country through Law No. 7224 on April 9, 1991, and published in La Gaceta on May 8 of that same year, deal with their protection. In the Ramsar Convention, a wetland is defined as: "Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres." The Convention proclaims the duty of States to protect -for the sake not only of their own interests, but of international interests- these ecosystems, so countries have the obligation to develop national policies aimed at the conservation of these environments within their land-use policies. Regarding the obligations acquired by signatory countries, which are of diverse nature, one is the designation of at least one wetland of international importance to be included in the List of Ramsar Sites, whose selection must be based on its international interest from an ecological, botanical, zoological, limnological, or hydrological point of view; it is therefore a commitment referring to the protection of specific sites (Article 2). Additionally, obligations not related to specific sites are acquired, such as elaborating and applying their management plans in a way that favors the rational use of the wetlands in their territory (Article 3). It is also obligated to promote the conservation of wetlands and waterfowl by creating nature reserves in wetlands, whether or not they are included in the "List" (Article 4). Finally, the signatory countries must coordinate their policies and regulations relating to the conservation of wetlands, their flora, and their fauna (Article 5). Thus, the parties establish a system of protection for wetlands, first through a list of wetlands of international importance (Ramsar sites), and second, by seeking the rational use of all wetlands in their territory. Likewise, in the "Guidelines for the Application of the Wise Use Concept of the Convention," adopted by Recommendation 4.10, it is indicated that "the provisions on rational use apply to all wetlands and their supporting systems within the territory of a Contracting Party, both those included in the List and all others." According to the Secretariat of the Ramsar Convention, the National Wetland Policy must contemplate as an objective: "To avoid new losses of the wetlands that still exist and to encourage the rehabilitation of the country's wetlands by maintaining their integrity, conserving their genetic diversity, and ensuring that their enjoyment and economic use are sustainable." And it should "encompass all types of wetlands." It is clear then that according to the Ramsar Convention, every ecosystem that meets the characteristics of a wetland must be used in a rational and sustainable way in the terms that the Convention and the Conference of the Parties have defined.
VI.- On the specific case. The complaint of the protected party is based on the fact that, based on a Regulatory Plan elaborated by a private company, the Municipality of Osa granted two concessions to private parties on lands where there are freshwater wetlands and protected zones that form part of the Natural Heritage of the State. She argues that for the granting of both concessions, the Local Government did not request or manage before SETENA and MINAE any type of permit, authorization, or opinion, thus affecting areas of forests, thickets (tacotales), and springs (nacientes). She further relates that a saltwater wetland that borders the Térraba-Sierpe biological corridor is being affected, as several constructions have been permitted without any type of control. From the evidence in the case file, it is observed that indeed, in 1992, the Municipality of Osa granted two concessions in the Maritime Terrestrial Zone of Osa; one in the name of Sergio Miranda Torres and another in the name of Gilbert Rowe -later Free Town-. At that time, the Municipality had a Regulatory Plan, which did not contemplate the delimitation of the zones destined for the Natural Heritage of the State. Although the concessionaires indicated that the Regulatory Plan in force at that time included the environmental variable -a fact that is not proven-, the truth of the matter is that said instrument was not in itself useful for granting the concessions, since the ecosystem in the zone had not been previously classified by the corresponding authorities, so its corresponding classification should have been requested firstly with the purpose of not affecting non-concessionable areas. In this regard, it must be warned that the fact that in 1992 the concept of Natural Heritage of the State did not exist was not a reason to neglect the obligation to protect the wetlands, which were duly protected by the Convention on Wetlands (Ramsar), subscribed to by Costa Rica in Law No. 7224 of April 9, 1991, and published in La Gaceta of May 8 of that same year. Thus, already before the granting of the concessions, a special protection weighed upon these areas that had to be guaranteed by the State and the other decentralized administrations, such as local governments. Starting in 2006, the lack of municipal foresight in the granting of the concessions under discussion became more evident, since it is in that year when MINAE -through SINAC- began to issue certifications on the areas destined for the Natural Heritage of the State in the Canton of Osa. In this way, with the certifications communicated on May 30, 2006, and November 16, 2009, to the Municipality, it was proven that in both concessions there existed areas of Natural Heritage of the State that partially affected them. Notwithstanding the foregoing, there is no evidence whatsoever in the case file that indicates that during that time any serious alteration to the environment was caused, that would injure the fundamental rights of the appellant and the other inhabitants of the zone. As can be inferred from the reports rendered under gravity of oath, in both concessions the contracting parties mutually agreed to the respective modifications in order to exclude from the concessioned areas zones of Natural Heritage of the State, including wetlands. The concessionaires agreed, and the corresponding modifications proceeded, of which the appealed authorities attest. At the beginning of 2012, SINAC issued a new certification of the PNE in Osa, which modified the previous certifications. In response to this, the Municipality showed its disagreement with the new certification and indicated to ACOSA that it did not accept the reclassification because it drastically affected the concessions that, with the modifications made, had been left outside of the PNE. On the other hand, according to official letter No. ACOSA-D-148-2012 of July 5, 2012, the Osa Conservation Area informed the Municipality that the certification process of the Natural Heritage of the State had been concluded, with the exception of the Térraba National Wetland, so they suggested that they wait for an inspection to be carried out before making decisions regarding the concessions. It is important to highlight that the Department of Natural Heritage of the State of the Osa Conservation Area carried out a technical field study in order to determine if the concessioned lands held PNE, based on certification ACOSA-PNE-021-2012. With respect to the concession of Sergio Miranda Torres, report ACOSA-PNE-AD-15-2012 of March 18, 2012, highlighted that within said property, no construction areas were observed, but that it was indeed affected by a wetland area, identified as polygon H4, with an extension of 2.58 hectares, of which 1.29 hectares affect the map of Mr. Miranda Torres. It also noted that there was a very small forest affectation. Regarding the concession granted to Free Town, the technical report indicated that a construction area could be observed near a stream (quebrada), in addition to the property being affected by two forest polygons from the current certification and that there are possible springs (nacientes) that must be determined by the Water Directorate of MINAE. Despite the foregoing, in July 2012, the Municipal Council of Osa agreed to extend the concession of Free Town for 20 more years, while in September of that same year, it agreed to renew the concession of Sergio Miranda for 20 more years.
VII.- On the other hand, the protected party claims that the Municipality renewed the concessions without the new Coastal Regulatory Plan of Osa being finalized and duly approved to date, which puts the wetlands and other protected areas in the zone at serious risk. On June 18, 2006, the Municipality of Osa signed a cooperation agreement with the University of Costa Rica (PRODUS) and The Nature Conservancy for the elaboration of the Cantonal Regulatory Plan and the Regulatory Plan of the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Osa. The Acting Municipal Mayor informed that the Maritime Terrestrial Zone Department detected several inconsistencies in the document delivered by PRODUS, which harms the interests and development possibilities of the canton. Therefore, it was considered essential that the Council not approve the zoning sheets or the respective regulations until the points indicated in the ZMT Dept. report were corrected.
That agreement was communicated to PRODUS on February 12, and as of this date, no information is available regarding the requested corrections. For that reason, it was indicated that it is not possible to provide an estimate of the effective date of the new Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero).
VIII.- Based on all of the foregoing, there is sufficient evidence of a threat to the state's natural resource, which cannot go unnoticed. Based on the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in article 50 of the Political Constitution and principle number fifteen of the Rio Declaration - United Nations Conference on Environment and Development -, constitutional jurisprudence has recognized the so-called "precautionary principle in environmental matters" or "principle in dubio pro natura," whose observance implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive matters be carried out with the appropriate diligence to avoid serious and irreversible risks and damages. In other words, if there is a lack of certainty about the harmlessness of an activity in terms of causing serious and irreparable harm, the administration must refrain from carrying out such activities. It is clear that this principle is also applicable in the case of the protection of forest lands and other protection areas. Thus, in judgment number 2013-004619 of fourteen hours thirty minutes on April ten, two thousand thirteen, the Chamber established that:
"3.- The precautionary principle in environmental law. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which states:
"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." (In the same sense, see article 11 of the Biodiversity Law).
As the Chamber has already indicated, the term prevention derives from the Latin "praeventio," which refers to the action and effect of preventing, to those preparations and arrangements made in advance to avoid a risk or execute a thing. Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt in that regard—based on technical studies, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing, because in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since if the damage has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment."
Thus, the precautionary principle finds application to the extent that there is a lack of certainty regarding the damage to be produced and the mitigation or repair measures to be implemented, since when there is certainty about the type or magnitude of the environmental damage that may occur and the measures to be adopted at each moment, all doubt is eliminated and, therefore, it would be improper to apply the precautionary principle. In other words, the precautionary principle must be applied in cases of reasonable doubt or uncertainty, but not when there is certainty about the type of damage and the measures to be adopted, since by its very nature the application of this principle is unfeasible. Consequently, based on the fact that the Rio Declaration itself recognizes the existence and correlation of the precautionary and sustainable human development principles, an appropriate balancing test must always be ensured to permit the due respect for and application of both principles, so that activities are evaluated according to both their environmental impact and their contribution to sustainable human development.
IX.- Based on the foregoing, it is appropriate to grant the amparo. On the one hand, because in accordance with certification ACOSA-PNE-021-2012 and technical report ACOSA-PNE-AD-15-2012, it is clear that there are still areas under concession that correspond to PNE. It should be noted that although no construction was found in one of the concessions, in the other a construction area was observed near a stream (quebrada). On the other hand, the new Coastal Regulatory Plan, which must necessarily contemplate the PNE areas still found within the concession areas, has not yet been finalized. Finally, despite the foregoing, it is on record that the Municipality agreed to renew both concessions for a period of 20 years, without there being—despite this Court having requested it as evidence for a better resolution (prueba para mejor resolver)—any certainty regarding the current impact on the PNE. Thus, the Chamber sees evidence that the authorities of the Municipality of Osa have not adopted the necessary and pertinent measures to protect the natural resource of the State, and therefore it is necessary to grant the amparo with its consequences.
X.- Regarding the alleged impact by adjacency of the Térraba-Sierpe wetland, SINAC reported that the marine boundary of the Térraba-Sierpe national wetland is located 5.8 km from Punta Río Claro, as well as 11.1 km from Punta San Josecito, and therefore the site does not adjoin the wetland.
XI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE JINESTA LOBO. Magistrate Jinesta Lobo dissents and declares the appeal without merit for the following reasons:
1.- THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS SUB-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in its second paragraph, as an expressly and clearly defined fundamental right, the right of "Every person" to enjoy "a healthy and ecologically balanced environment." This fundamental right, prior to the 1994 constitutional reform, was extensively developed by the progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing norms of International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of article 50 of the Constitution. After the partial reform to numeral 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and prolix sub-constitutional normative framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the third paragraph provided that "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive sub-constitutional normative framework, translated into various laws, regulations, and executive decrees, which address substantive and formal matters for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, that sub-constitutional legal system has established an extensive and complex administrative organization to carry out the constitutional imperatives and obligations contained in the third paragraph of article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop article 50 of the Constitution, the Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other aspects, develops and regulates first-order issues such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (Chapter IV), protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning and environmental protection (Chapter VI), protected wild areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Article XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Environmental Administrative Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also prominent in this dense and vast legislative framework are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms, the Phytosanitary Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law on the Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Law for the Integral Management of Waste, No. 8839 of June 24, 2010. On the other hand, even before the partial reform of article 50 of the Constitution, there already existed sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Water Law, No. 276 of August 27, 1942, and its reforms, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its reforms, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The normative framework, at the sub-legal level, is even more nourished by various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, by way of example, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, stands out; it is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, which meticulously regulates all aspects of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or injury to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, performance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Procedure Regulation of the Environmental Administrative Tribunal, responsible for hearing and resolving complaints for threats of infraction or effective violation of legislation protecting the environment and natural resources, and for establishing compensation for damages or injuries to them.
2.- THE NEED TO DELIMIT CONSTITUTIONALITY CONTROL AND LEGALITY CONTROL IN MATTERS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or sub-constitutional legal system that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment, contemplated in article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obligates this Constitutional Court to have to delimit, in this matter, the sphere of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of the mechanisms or questions of constitutionality, as Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction is named—a concept that includes the action of unconstitutionality and the consultation of constitutionality (legislative and judicial)—the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without a doubt, it is the competence of this Constitutional Court to hear and resolve such matters exclusively and preclusively (articles 10 of the Constitution, 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction); thus, for example, when it is alleged that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the values and principles underlying it. The real problem in the delimitation of both spheres of control arises with respect to the amparo appeal or proceeding, for several obvious reasons, which are the following: a) The transversal nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which penetrates all layers or strata of the legal system; b) the open texture of constitutional norms, such that any grievance may appear to be of a constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo proceeding as a substitute route for the ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that allow the amparo proceeding to be delimited from other ordinary jurisdictional proceedings. Thus, when a public authority—administrative entity or body—has intervened with respect to an activity, work, or project, carrying out studies, environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), reports, or evaluations of any nature, by application of the dense and vast sub-constitutional legal system, it is clear that the matter must be brought before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same occurs when a public authority has failed to comply with the obligations imposed on it, in matters of environmental and natural resource protection, by the sub-constitutional legal system, whether of a legal or regulatory nature. Under this reasoning, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in the amparo proceeding only when no public authority has intervened exercising its supervisory or authorization powers and conduct is being carried out that is potentially or actually harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, it must involve a violation of that right that is evident and manifest or easily verifiable—without major production or evacuation of evidence—and, furthermore, must be highly relevant or significant and serious. If a public authority has breached the obligations and duties developed by the sub-constitutional legal system, the matter likewise should not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided for in the administrative sphere, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative one, has sufficient competence to supervise the material or formal omissions of public entities. From the moment a public authority has intervened by exercising its legal and regulatory powers, conducting a proceeding—a concatenated series of administrative actions—and issuing administrative acts, the matter will be outside the sphere of constitutionality control; the same applies if it breaches or omits its legal and regulatory obligations. The amparo appeal is, essentially, a summary proceeding governed by simplicity or, in the terms of article 25 of the American Convention on Human Rights, a recourse that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions—proceedings and formal acts that are translated and materialized in an administrative file—the matter ceases to be within the scope of amparo, since one must resort to a plenary cognition proceeding, that is, a full evidentiary proceeding that can only be conducted before the ordinary jurisdiction. Amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria set forth in light of the sub-constitutional legal system, or to introduce new evidentiary elements to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged periods and with deliberation. The amparo proceeding, in short, cannot be converted into an ordinary plenary cognition proceeding ("ordinariarlo"), as it would be denatured and perverted in its ends and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or homologating expert reports presented by interested parties, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, substantiating one or more administrative proceedings, the amparo proceeding is not the route to supervise such actions, but rather the contentious-administrative proceeding. The administrative intervention that can be verified or proven is decisive for considering that the matter is located at the level, inherently abstract and open, of constitutionality, or at the denser level of legality. Nor should this Constitutional Court enter to hear and resolve the breach of the obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, there exist powerful and efficient instruments in the administrative sphere (sanctioning regime, complaints, the Environmental Administrative Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (article 49 of the Constitution), within which figure legal or regulatory, material or formal omissions—an ordinary jurisdiction that, with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.
3.- COROLLARY. For the reasons stated, I consider that the present amparo appeal should have been rejected outright ad limine litis because it involves a matter proper to legality control; however, this not having been the case, I believe it should be declared without merit, without my pronouncing on the merits of the matter, since it is for the ordinary jurisdiction, particularly the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite conform or not, substantially, to the sub-constitutional legal system for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Therefore:
The appeal is granted. Consequently, the municipal agreements by which the concessions of Sergio Miranda Torres and Free Town were extended are nullified, until such time as there is absolute certainty that the lands to be granted under concession are free of PNE, in accordance with certification ACOSA-PNE-021-2012 and technical report ACOSA-PNE-AD-15-2012. Jorge Alberto Cole de León, in his capacity as Municipal Mayor, and Enoc Rugama Morales, in his capacity as President, both of the Municipality of Osa, or whomever holds those positions in their stead, are ordered to refrain from engaging again in the acts that gave rise to this ruling, under warning that, based on the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the offense is not more severely punishable. The Municipality of Osa is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of contentious-administrative proceedings. This resolution shall be notified to Jorge Alberto Cole de León, in his capacity as Municipal Mayor, and to Enoc Rugama Morales, in his capacity as President, both of the Municipality of Osa, or to whomever holds those positions in their stead, personally. Let it be communicated.- Magistrate Jinesta Lobo dissents and declares the appeal without merit.
Gilbert Armijo S.
Acting Presiding Judge
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.
Roxana Salazar C. Jose Paulino Hernández G.
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