Res. 04619-2013 Sala Constitucional — Constitutionality of permits for felling non-native trees and legislative omissionConstitucionalidad de los permisos para tala de árboles no autóctonos y omisión legislativa

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Sala Constitucional

Resolución Nº 04619 - 2013

Fecha de la Resolución: 10 de Abril del 2013 a las 14:30

Expediente: 13-002058-0007-CO

Redactado por: Ana Virginia Calzada Miranda

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Rechazo de fondo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Subtemas:

NO APLICA.

004619-13. PERMISOS PARA TALA DE ÁRBOLES NO AUTÓCTONOS. Artículos 27 y 28 de la Ley Forestal No. 7575 y el artículos 90 y 91 del Reglamento a la Ley Forestal. Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE del 17-10-1996.

Texto de la resolución

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 13-002058-0007-CO

Exp: 13-002058-0007-CO Res. Nº 2013004619

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del diez de abril de dos mil trece. Acción de Inconstitucionalidad promovida por Verny Valerio Hernández, mayor, casado, abogado, vecino de Santiago de San Rafael de Heredia, cédula de identidad  número1-902-177,  Sandra  Batalla  González,  mayor,  divorciada, comerciante, vecina de Los Angeles de San Rafael de Heredia, cédula 1-581-540, Alice Espinoza Hernández, mayor, casada una vez, ama de casa, con domicilio en La Suiza de San Rafael de Heredia, cédula 4-103-1456 y Carlos Alonso Rojas Esquivel, mayor, casado una vez, mecánico de precisión, con domicilio en Santiago de San Rafael de Heredia, cédula 1-771-433 contra los artículos  27 y 28 de la Ley Forestal N.7575 y 90 y 91 de su reglamento, que es  el Decreto Ejecutivo 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996.

Resultando:

1.- En memorial presentado  a la Sala el           20 de febrero del      2013 los

accionantes  piden que se declare la inconstitucionalidad de  los artículos    27 y 28

de la Ley Forestal N.7575 y 90 y 91 de su reglamento, que es  el Decreto Ejecutivo 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996 por considerar que son contrarias a los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. Actúan en defensa de un interés difuso,  como  titulares  del  derecho colectivo de procurar la protección del ambiente, el equilibrio ecológico, las bellezas naturales y el respeto de los elementos paisajísticos de la zona en la que viven, y de la cual son en primera instancia munícipes y habitantes del sector que se e directamente afectado por las normas que se impugnan, y además representantes políticos, en  su condición de Regidores de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

 

 

 

 

 

 

 

Interponen la acción contra las normas impugnadas, que permiten o autorizan la corta o tala de árboles, siempre y cuando los mismos no sean autóctonos de una determinada  zona,  lo  cual  puede  provocar  serias  afectaciones  al  equilibrio ambiental, por cuanto se permite la eliminación de   la cobertura vegetal y en el caso del Cantón de San Rafael de Heredia y cantones circunvecinos de la Zona Norte de Heredia, se permite sin restricción alguna la tala de especies como ciprés y pino, que si bien es cierto no son nativas de la zona, sí fueron introducidas en la parte norte de la Provincia de Heredia hace muchas décadas, y en muchos casos se trata de la única cobertura boscosa existente en la zona y forman parte de las bellezas naturales de la zona y son parte del entorno paisajístico que ha sido reconocido por la Sala Constitucional como elemento integrante del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Las normas cuestionadas permiten la tala de especies no autóctonas cuando se trate de terrenos de uso agropecuario y sin bosque, con una simple autorización del Consejo Regional Ambiental o de la respectiva municipalidad hasta un límite de veinte árboles y si se requiere la corta de más de veinte árboles por medio de un profesional en  ciencias forestales que de fe de que los mismos no son parte de un bosque. Además, el artículo 28 de la Ley Forestal establece como excepciones a la exigencia de permisos de corta a las plantaciones   forestales,   sistemas   agroforestales   y   árboles   plantados individualmente, por lo que si se relaciona dicho numeral con el artículo 3 inciso

d) del mismo cuerpo legal, el cual define el concepto jurídico de bosque, tenemos como efecto inmediato que para la  corta del ciprés y otras especies no autóctonas, no se requiere ningún tipo de permiso, pues el concepto legal de bosque implica un ecosistema nativo o autóctono con una superficie de más de dos hectáreas, y que cubra más del 70 % de la superficie y que tenga más de 60 árboles por hectárea, por lo que al amparo de dicha autorización legal, se permite la corta del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciprés en la zona, lo que ha conllevado una tala desmedida en el sector, pues es bien sabido el valor comercial de la madera de ciprés, sin que se hayan tomado en cuenta los efectos ambientales que dicha tala por la libre pueda causar al ambiente y al elemento paisajístico de la zona. Las normas impugnadas también han abierto la posibilidad para la tala en los terrenos de uso agropecuario  y sin bosque autóctono; sin que la norma establezca  la necesidad  de hacer las valoraciones ambientales de los efectos inherentes a la autorización legal conferida; sin que se haya tomado en consideración que la zona norte de Heredia es Zona Especial de Protección   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el   Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE, por lo que por un lado, mediante el decreto indicado se imponen una serie de restricciones y limitaciones al uso de la tierra en razón de la protección del ambiente, pero por otro lado las normas aquí cuestionadas  abren la posibilidad de tala o corta de las especies no autóctonas    de la región. Consideran que las autorizaciones legales y reglamentarias que contienen las normas impugnadas no sólo violentan el equilibrio ambiental, sino que también son violatorias del deber de preservación de las bellezas naturales, la belleza escénica y el elemento paisajístico de la zona, el cual ha sufrido serias afectaciones y cambios drásticos y desmedidos, vista la supresión de una especie que había caracterizado e identificado a la zona en cuestión.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo,  en cualquier momento,  incluso desde  su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente,  o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,

Considerando:

 

 

 

 

 

 

 

I.- Esta Sala, en la sentencia número 2007-3923 de las 15:02 horas del 21 de marzo del 2007, se pronunció sobre la constitucionalidad de las normas que aquí se impugnan, sea los artículos 27 y 28 de la Ley Forestal N.7575 y 90 y 91 de su REglamento, el Decreto Ejecutivo N.25721-MINAE, en los siguientes términos:

 

"III.- Objeto de la impugnación. El accionante impugna los artículos 27 y 28 de la Ley Forestal y 90 y 91 de su Reglamento, (Decreto No. 25721-MINAE),  por estimarlos contrarios a los artículos 46 y 50 de la Constitución Política, en tanto permiten una tala irrestricta de árboles por el hecho de no calificar como nativos, o autóctonos de una zona, a pesar de que puedan  estar desempeñando una función de importancia desde el punto de vista de la protección de los recursos hídricos  y  del  equilibrio  ambiental  y  ecológico.  Para  efectos  de  mejor comprensión, se procede a citar las normas de estudio:

"Artículo 27.- Autorización para talar

Solo podrán cortarse hasta un máximo de tres árboles por hectárea anualmente en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental.  Si la corta sobrepasare  los diez árboles por inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado. Fomento de las plantaciones forestales

Artículo 28.- Excepción de permiso de corta

Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente  y sus productos, no requerirán permiso de corta, transporte,   industrialización ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificados de Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado.

CAPITULO DECIMO SETIMO

Del Control Forestal

1- Del aprovechamiento en áreas sin bosque.

Artículo 90: Las personas que deseen realizar aprovechamiento forestal o tala de árboles en terrenos sin bosque y que por sus características no es un sistema agroforestal, podrán decidir si solicitan la autorización ante el Consejo Regional Ambiental o en la Municipalidad  donde se encuentre  el inmueble,  siempre y cuando no superen un total de veinte árboles por año.

La solicitud deberá ser presentada por el propietario o propietaria o poseedor del inmueble según los requisitos que para cada caso establezcan tanto los Consejos Regionales como las respectivas Municipalidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

En un plazo de 10 días los Consejos Regionales Ambientales deberán resolver y extender los permisos de corta y transporte. Los Consejos Regionales Ambientales y las municipalidades deberán remitir copia de la documentación a la A.F.E. Artículo 91: Para aquellos casos donde el número de árboles a aprovechar sea superior a veinte árboles, en áreas arboladas  excluidas de la definición de bosques,  deberá  ser  tramitado  en  la  Oficina  Sub-Regional  del  A.C. correspondiente, debiendo adicionar a los requisitos generales establecidos en este reglamento un inventario que deberá contener, número de especies a cortar, número de individuos a cortar y volumen a extraer. Dicho inventario deberá ser elaborado y firmado por un profesional en ciencias forestales, además se debe elaborar un croquis de la finca indicando la ubicación aproximada de los árboles a cortar. La solicitud deberá contener una constancia del profesional en la cual establezca que el área no corresponde a un bosque o parte de un bosque según la definición de la Ley, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 85 de este reglamento. Recibida  la solicitud por la Oficina Sub-Regional  del A.C. correspondiente,  esta  verificará  los  requisitos  y  entregará  el  permiso correspondiente sin requerir de inspección previa."

IV.- Sobre el fondo. Una vez delimitado el objeto de la acción y siendo que lo impugnado por el accionante está vinculado al permiso de corta de árboles cuando están en determinado tipo de terrenos y por su naturaleza, se procede a realizar  el  análisis  de  constitucionalidad  correspondiente,  determinando previamente el derecho fundamental lesionado:

A.-  Sobre  el  Derecho  Fundamental  a  un  Ambiente  Sano  y Ecológicamente Equilibrado . Este Tribunal  en la sentencia No. 2003-6322, desarrolló el tratamiento jurisprudencial que le ha dado la Sala a este derecho constitucional, el cual se resume para los efectos de estudio en esta acción y se complementa con otras consideraciones. De previo a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia  de la Sala  ya había reconocido  la protección y preservación del ambiente  como un derecho humano (sentencia número 1993-2233), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución, con fundamento en las siguientes consideraciones:

"V.)- La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos de vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: "La vida humana  es  inviolable."  Es  de  este  principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y

 

 

 

 

 

 

 

 

social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana. Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual,  el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación.  Aspecto  este  último  que  está  protegido  en  el  artículo 89

constitucional,  el  cual  literalmente  dice:  "Entre  los  fines  culturales  de  la República están: proteger las bellezas naturales,  conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico". Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla  ni transformarla  en mercancía, es educar al ciudadano  para  que  aprenda  a  apreciar  el  paisaje  estético  por  su  valor intrínseco" (sentencia número 1993-3705, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres).

"XIII.-  El  término  "bellezas  naturales"  era  el  empleado  al  momento  de promulgarse  la  Constitución (7  de  noviembre  de 1949)  que  hoy  se  ha

desarrollado como una especialidad  del derecho: el derecho ambiental  que reconoce  la  necesidad  de  preservar  el  entorno  no  como  un  fin  cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto  de derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma. [...]

[...]

De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera  de ejemplo podemos  citar las sentencias 1580-90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido" (sentencia número 1993-6240, de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres).

"La norma 69, la Carta Política habla de la "explotación racional de la tierra" lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional,  aquella  protección  y  preservación,  así  como  la  explotación racional de los recursos que se han indicado" (sentencia número 1993-2233). Del artículo 69 de la Carta Fundamental se deriva el principio de explotación racional de la tierra, y se impone, tanto a los particulares como al Estado en su acepción  más  amplia, la  obligación  de  proteger  y  preservar  los  recursos naturales renovables:

"II. La protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual: a las instituciones  públicas, haciendo  respetar la legislación vigente y

 

 

 

 

 

 

 

 

promoviendo  esfuerzos  que  prevengan  o  eliminen  peligros  para  el  medio ambiente; a los particulares, acatando aquellas disposiciones y colaborando en la defensa del suelo, el aire y el agua, pues todo cambio nocivo resultante de un acto humano en la composición, contenido o calidad de éstos resultará también perjudicial para la calidad de vida del humano" (sentencia número 4480-94, de las diez horas cuarenta y un minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro).

En la jurisprudencia  constitucional,  el concepto de "ambiente" no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental  sin el cual las demandas  básicas -como la alimentación,

energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto "macro-ambiental",  al comprender  también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros:

"Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente.  La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental" (sentencia  número 5893-95,  de las nueve horas cuarenta  y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco; y en igual sentido, las número 3705- 93, supra citada, y número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos  del veintitrés de abril de mil novecientos noventa  y nueve).

1-Tutela del derecho ambiental, un deber Estatal. A partir de la reforma del artículo 50 constitucional mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental  como un derecho fundamental,  se estableció también -en forma

terminante- la obligación del Estado de garantizar,  defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del ambiente y los recursos naturales. Es a partir de esta reforma, donde se otorga a los ciudadanos,  plena acción para defenderlo, dando  así contenido expreso a este derecho:

"[...],  esta  Sala  ha  establecido  que  el  derecho  a  un  ambiente  sano  y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental, como tal ya consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución, [motivo por el que] no considera

 

 

 

 

 

 

 

inútil ni, mucho menos, objetable que se reconozca de manera expresa y claramente individualizado, [...]" (sentencia número 1394-94, de las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro). "II.- Se tiene entonces que la posición asumida por este Tribunal al respecto, se ve confirmada en la actualidad por la reforma constitucional de cita, reforma esta que no es sino reflejo de la concepción de que el hombre si bien tiene derecho a hacer uso del medio ambiente,  tiene también la obligación de protegerlo y preservarlo para el disfrute de generaciones futuras" (sentencia número 5668-94, de las dieciocho horas del veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro).

Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado y se perfila el Estado Social de Derecho; por lo que podemos concluir, que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente, es un mecanismo adecuado para tutelar  y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar  que la persona se desarrolle y desenvuelva  en un ambiente sano. Es así, como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho:

"Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender  es vedar, prohibir  e impedir  toda actividad  que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales" (sentencia número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil).

La incidencia que tiene este derecho dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera  razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan  a  la  esfera  privada  de  los  individuos,  sino  que  tienen  asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado, se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad.  En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía, como el órgano rector del sector de los recursos naturales,  energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de cuatro de junio de mil novecientos noventa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Serán funciones del Ministerio del Ministerio del Ambiente y Energía, las siguientes:

a) Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, promoción y el desarrollo en los campos mencionados.  Asimismo,  realizar  y  supervisar  las  investigaciones,  las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los recursos del sector.

b) Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros.

c) Promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de ellos, y velar por su cumplimiento.

ch) Dictar, mediante  decreto ejecutivo, normas y regulaciones,  con carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas.

d)  Promover  la  investigación  científica  y  tecnológica  relacionada  con  las materias de su competencia,  en coordinación con el Ministerio de Ciencia  y Tecnología.

e)  Promover  y  administrar  la  legislación  sobre  exploración,  explotación, distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos naturales relacionados con el área de su competencia, y velar por su cumplimiento.

f) Tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a la materia de su competencia.

g) Propiciar,  conforme con la legislación vigente,  la suscripción de tratados, convenios y acuerdos internacionales,  así como representar al Gobierno de la República en los actos de su competencia, de carácter nacional e internacional. Todo lo anterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

h) Fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los niveles educativos y hacia el público en general.

i) Realizar inventarios de los recursos naturales con que cuenta el país.

j) Asesorar a instituciones públicas y privadas en relación con la planificación ambiental y el desarrollo de áreas naturales.

k) Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico."

Esta función de rectoría en la materia ambiental,  a criterio de este Tribunal, comprende no sólo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia, para lo cual,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"[...]  dictará  las  medidas  generales  y  particulares,  relacionadas  con  la investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo de esos recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo";

En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante  con el principio constitucional establecido  en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.

2- Uso racional de los recursos. Un equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente.  A partir del artículo 69 constitucional,  en cuanto dispone el "uso racional de los recursos naturales", es que la Sala en su jurisprudencia,  ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales, queda claro que la protección al ambiente  debe encaminarse  a la utilización adecuada  e inteligente  de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen  derecho  las  generaciones  presentes  y  futuras. Por  ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan  no solo ganancias  económicas (libertad  de empresa), sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio:

"Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales,  de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando   la capacidad   de  producción  o  bien, ampliando   las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro"

 

 

 

 

 

 

 

 

(sentencia número 1994-1763, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro).

La Sala ha indicado que el ambiente,  debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo  actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras.  Los  orígenes  de  los  problemas  ambientales  son  complejos  y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales  dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad  de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad  de vida; pues precisamente  el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa  calidad  de  vida;  otros  parámetros  no  menos  importantes  son  salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo,  al igual  que cualquier  otra nación, de sus recursos naturales y su medio para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales  y el paisaje conforman  el marco ambiental  sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles.  De igual modo, nuestra  economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales. Por otro lado, las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano  y con el mantenimiento  de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar  de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las

 

 

 

 

 

 

 

 

necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo  y  creando  los  bienes  de  capital,  que  a  su  vez  hagan  posible  la transformación de los recursos en productos  de consumo, de producción y de exportación. La declaración que se hizo en la Cumbre de la Tierra en 1992, se proclamó y reconoció la naturaleza integral  e independiente  del planeta,  ello significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sostenibilidad. Los Estados signatarios, entre los que figura  Costa Rica, se comprometieron,  dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a la protección sobre todo del ser humano. Se partió del principio de que toda persona tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; se incluyó el derecho de las generaciones presentes y futuras a que el desarrollo se realice de modo tal que satisfaga sus necesidades ambientales y de progreso; se mantuvo la potestad soberana de los Estados de explotar  sus  recursos, recalcando  su responsabilidad  de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción y control no causen  daños ambientales a otros Estados o áreas más allá de los límites de su jurisdicción nacional. Establecieron el deber de los Estados de cooperar en la conservación, protección y restauración del ambiente y sus responsabilidades comunes en ese sentido; de ese modo la cooperación internacional en la promoción y apoyo del crecimiento económico y el desarrollo sostenible permitirá abordar  mejor los problemas de la degradación ambiental. Asimismo, se impuso un deber especial a los países desarrollados fundado  en su responsabilidad  en la búsqueda del desarrollo sostenible, dada la evidente presión que ejercen en el ambiente global las tecnologías que desarrollan y los recursos financieros que poseen.

3- El Principio  precautorio en materia  de derecho ambiental.  Este principio está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, la cual dispone:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente,  los Estados deberán  aplicar  ampliamente  el  criterio  de  precaución  conforme  a  sus capacidades. Cuando  haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta  no deberá utilizarse como razón para postergar  la adopción  de  medidas  eficaces  en  función  de  los  costos  para  impedir  la degradación del medio ambiente". (En igual sentido ver artículo 11 de la Ley de Biodiversidad).

Como  ya  indicó  la  Sala,  el  término  prevención  deriva  del  latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar

 

 

 

 

 

 

 

 

la   protección,   conservación   y   adecuada   gestión   de   los   recursos. Consecuentemente,  el principio rector de prevención, se fundamenta  en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias  para evitar o contener, la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, basada en estudios técnicos, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior, debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.

4- La coordinación entre las dependencias públicas, debe garantizar la protección del medio ambiente.  En diversas oportunidades,  la jurisprudencia constitucional ha indicado  que la protección del ambiente  es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado

-como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados.  En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General  de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional   Ambiental (SETENA);   así   como   también   las   instituciones

descentralizadas,  caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,  el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos  y  Alcantarillados;  tarea  en  la  que  por  supuesto  tienen  gran responsabilidad  las municipalidades,  en  lo  que  respecta  a  su  jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las   diversas   dependencias   del   Poder   Ejecutivo   y   las   instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad -y en  forma  bastante  clara-  se  refirió  al  principio  de  coordinación  de  las

 

 

 

 

 

 

 

 

dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes

-lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función  realizan  las  instituciones  de  la  Administración  Central  y  las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 1999-5445, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades,  no es posible la imposición a éstas de determinadas  conductas,  con  lo  cual  surge  el  imprescindible  "concierto" interinstitucional,  en  sentido  estricto,  en  cuanto  los  centros  autónomos  e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector)."

Por otro lado,  las omisiones  al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental  son de relevancia constitucional,  por cuanto a consecuencia  de la inercia  de la Administración en esta materia,  se puede producir  un daño al ambiente  y a los recursos naturales,  a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración;  como  lo  es  la  autorización  de  planes  reguladores,  o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental  por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas  por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento  de empresas  sin los permisos de salud en lo que respecta  al  tratamiento  de  aguas  negras  o  residuales (Acueductos  y

Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discotheques (municipalidades y Ministerio de Salud), etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.-La ley Forestal. En desarrollo de lo anterior, la Ley Forestal señala que es función esencial y primordial  del Estado,  velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento,  la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables y se distingue entre el patrimonio forestal del Estado y el patrimonio forestal privado. El primero está sometido a un régimen de dominio público y es formado por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública. En este caso, la administración puede conceder permisos de uso únicamente para proyectos que no requieran aprovechamiento  forestal y que no afecten los ecosistemas, la vida silvestre, los suelos, los humedales y los mantos acuíferos. Por su parte, constituye patrimonio forestal privado, todos aquellos bosques y terrenos de aptitud forestal que pertenezcan a personas físicas o jurídicas particulares (artículos 1°, 32 y 43 de la Ley Forestal).  En estas propiedades pueden llevarse a cabo diversas actividades,  según se trate de terrenos con bosque, con plantaciones  forestales o sean terrenos de uso agropecuario  sin bosque. No obstante,  los requisitos y restricciones   para el ejercicio de una actividad  dentro  de  estas  zonas,  están  básicamente   relacionadas  con  el aprovechamiento maderable o forestal. Este último se refiere a la acción de corta, eliminación de árboles maderables  en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de la Ley Forestal, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona  que la realiza o para quien esta representa.  Este concepto como ya fue señalado, excluye todos aquellos terrenos que formen parte del patrimonio natural del Estado, pues dicho aprovechamiento debe tomar lugar en fincas privadas.  Ahora bien, las delimitaciones  de la Ley Forestal están claramente vinculadas al concepto de bosque. Esta normativa define lo que debe ser considerado bosque  y lo que refiere, a un ecosistema  boscoso.   Según el artículo 3 de esta Ley, el bosque es un ecosistema nativo o autóctono, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del 70% de esa superficie y donde existan más de 60 árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro a la altura  del pecho (DAP). De conformidad  con lo anterior, el carácter determinante  es básicamente la superficie  de terreno que debe ocupar, de más de 2 hectáreas para ser considerado tal. A contrario sensu y en la forma descrita, no existe bosque en aquellos terrenos con una superficie inferior a las dos hectáreas, ni por aquellos  árboles que no sean autóctonos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a lo anterior, el ordenamiento jurídico mediante el decreto ejecutivo No. 27998 publicado  el 29 de julio de 1999 denominado  "Manejo Sostenible  de Bosques Secundarios y Certificación Forestal", acogió una definición de bosque secundario, con el fin de tutelar aquel bosque de menor superficie y con menor densidad, el cual es definido de la siguiente manera:

"Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la vegetación original ha sido eliminada por actividades humanas y/o fenómenos naturales, con una superficie mínima de 0,5 hectáreas y con una densidad no menor a 500 árboles por hectárea de todas las especies, con diámetro mínimo a la altura del pecho de 5 cm. Se incluyen también las tierras de bosque secundario inmediatamente después de aprovechadas bajo el sistema de cortas de regeneración"

No  obstante  lo  anterior,  su  aplicación  no  podría  ser  efectiva  al encontrarse frente a una definición de bosque establecida  vía ley, lo cual la convierte en una ineficaz protección frente a los permisos y procedimientos establecidos en la ley forestal. De conformidad con el ordenamiento jurídico, en terrenos considerados bosque, según el artículo 3 citado, el SINAC puede

autorizar determinado  tipo de actividades,  como por ejemplo: proyectos de infraestructura,  de naturaleza estatal o privada, de conveniencia nacional; construcción de casas, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes y otras instalaciones dedicadas  a la recreación, ecoturismo y otros afines en terrenos y fincas de dominio privado; cortar árboles por razones de seguridad humana o de interés científico, prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas, así como para el aprovechamiento. Estos bosques sólo pueden ser aprovechados,  si   sus titulares legítimos cuentan  con un Plan de Manejo debidamente aprobado  por el SINAC,   siempre y cuando  se analice previamente  el  impacto  que  éste  pueda  ocasionar.  Para  ello,  la  persona legitimada puede someterse al Plan de Manejo al Sistema de Certificación Forestal, a través de la participación de un Certificador Forestal debidamente acreditado por la Administración Forestal del Estado o presentar una solicitud ante la oficina subregional para la respectiva aprobación del Plan de Manejo. En el primer caso, será un certificador forestal debidamente acreditado por la A.F.E. quien deberá garantizar previamente  que el plan de manejo cumple con los requisitos  legales  y  técnicos,  para  luego  continuar  el  procedimiento  de autorización; en el segundo, la solicitud que inicia el trámite, debe ir firmada por un profesional forestal, quien será responsable por la información que suscriba. Este Plan de manejo, según el artículo 3 inciso e), debe entenderse como aquel:

"Conjunto de normas técnicas que regularán las acciones por ejecutar en un bosque  o plantación forestal, en un predio o parte de este con el fin de aprovechar, conservar y desarrollar la vegetación arbórea que exista o se

 

 

 

 

 

 

 

pretenda establecer, de acuerdo con el principio del uso racional de los recursos naturales renovables que garantizan la sostenibilidad del recurso."            Asimismo, de conformidad  con el artículo 21 de la Ley Forestal,  debe existir un regente forestal,  quien será el que esté a cargo de la ejecución del plan de  manejo  y  será  responsable  de  que  el  mismo  se  cumpla,  con  las responsabilidades penales y civiles que derivan de su cargo. La discusión es que toda  esta protección circunda alrededor de lo que concibe la ley, en su concepción restringida  de bosque  ya citada, destinada  a proteger únicamente áreas superiores a las 2 hectáreas y que sean únicamente de especies nativas o autóctonas. De ahí que el accionante considere la violación acusada, por cuanto señala que el ciprés no se encuentra protegido dentro de dicho supuesto. Efectivamente, el ciprés, cuyo nombre común es del género Cupressus, es un árbol de zonas cálidas o templadas, de crecimiento rápido, que puede alcanzar los 20 m de altura con un diámetro aproximado de unos 60 cm. Es una conífera de hojas perennes, de la familia  de las Cupresáceas. Crece naturalmente  en cualquier parte del mundo,  con las temperaturas  y suelos adecuados,  pero es cultivado comercialmente en África oriental, Sudáfrica y Nueva Zelanda.  La plantación de árboles de ciprés en nuestro país data de hace muchos años, pues se trata de una especie no autóctona, sembrada por algunas personas con diversos fines, algunos como parte de proyectos de reforestación (de aprovechamiento  y venta de la madera), así como de rompevientos en zonas altas, y otros les han dado el uso de belleza escénica. El accionante cuestiona que la función que realizan los árboles de ciprés, debe ser tutelado de la misma forma que un bosque natural,  sin embargo se trata de una especie no autóctona, que como ya se indicó, no está tutelada  en nuestro ordenamiento  jurídico, lo que amerita previamente un pronunciamiento de este Tribunal.

C.-Los bosques. Independientemente  del concepto señalado en la Ley Forestal actual, es posible concebir doctrinariamente conceptos más amplios de bosque. Por ejemplo, bosque es un sitio poblado de árboles y matas, generalmente en espesura. Ampliando  el concepto,  también puede  señalarse que "bosque  es toda aquella  superficie de tierra en donde se hallan  creciendo asociaciones vegetales, predominando árboles de diferentes tamaños que han sido explotados o no, capaces de producir madera u otros productos; influyen en el clima y en el régimen hidrológico y además brindan  protección a la vida silvestre.". La Procuraduría  General  nos  ilustra  en  su  informe  también  con  algunas definiciones: "los bosques son ecosistemas dinámicos, con procesos continuos de cambio (crecimiento y deterioro) con árboles representativos y dominantes". Se relacionan con otras plantas, animales  y microorganismos,  así como con su medio físico, geográfico, produciendo una serie de interacciones complejas de elementos bióticos y abióticos denominadas funciones  ecológicas, tales como:

 

 

 

 

 

 

 

 

regulación hidrológica, ciclaje de nutrientes, flujo de energía y regulación climática. Otros distinguen  entre bosque primario y bosque secundario.  Los primeros, considerados bosques vírgenes o climáticos, se caracterizan por una abundancia de árboles maduros, que no han sido alterados por las actividades humanas, los cuales según datos aportados por la Procuraduría, un 78% de estos bosques a nivel mundial han sido ya destruidos. Los secundarios, por su parte, contienen ecosistemas que se regeneran naturalmente en un plazo medio de 15 años aproximadamente,  a  partir  de  una  alteración  sustancial:  inundación, quemas agrícolas, incendios forestales, limpia de terreno o aprovechamiento extensivo. Se caracterizan  por la poca cantidad  de árboles maduros,  con una abundancia  de especies de rápido crecimiento y un espeso sotobosque de plántulas y plantas  herbáceas. Se caracterizan  además por surgir, en algunas ocasiones, a partir de charrales o tacotales. De hecho, es de suma importancia recalcar, que la Ley Forestal previo a su reforma mediante ley No. 7575 de 5 de febrero de 1996, tenía una concepción de bosque amplísima en el artículo 6: "Son bosques todas las asociaciones vegetales compuestas, predominantemente  de árboles y de otra vegetación leñosa". No se hacía distinción alguna en aquella definición ni en las citadas, el hecho de que para ser considerado bosque, deba estar formado  únicamente por árboles nativos y no por exóticos, que incluso pudieron haberse regenerado naturalmente y que deba ser mayor a 2 hectáreas. Otro aspecto importante a considerar son los servicios que prestan los bosques, los cuales son de suma importancia para las personas y para el desarrollo de la misma sociedad,  entre ellos podemos citar: servicios maderables (uso de la

madera,  leña,  postes),  no  maderables      (hierbas  medicinales,  tintes,  plantas

ornamentales, semillas, bejucos, palmas y materiales de construcción, material para artesanía), mantenimiento  del ciclo hidrológico (agua  para el consumo humano,  labores  industriales,  comerciales  y  domésticas;  protección  de  la agricultura,  energía  hidroeléctrica),  regulación  del  microclima,  control  de inundaciones,   de  la  erosión,  de  sedimentos,  de  vientos  y  ruidos;  paisaje (fotografía,  pintura,  videos,  pesca  y  turismo),  recreación  y  ecoturismo, mantenimiento de la resistencia, preservación del ecosistema y la biodiversidad (material de investigación, turismo científico), y cambio  climático (fijación de dióxido de carbono).   De ahí que la afectación de los mismos, acarree graves problemas para el mismo ser humano, toda vez que la deforestación provoca inundaciones, derrumbes, escasez del agua, sedimentación de ríos, riachuelos y represas, pérdidas de cosechas, etc. Visto lo anterior, resulta claro para la Sala, que lleva razón la Procuraduría al señalar, que la definición de bosque contenida en la actual ley Forestal, es insuficiente y tutela en forma deficitaria los bosques de nuestro país, con el agravante, de que es a partir de ésta, que se producen las demás definiciones  de los tipos de terrenos que son objeto de la corta de los

 

 

 

 

 

 

 

 

mismos, en algunos casos reguladamente y en otras, hasta en forma irrestricta. Ciertamente la reforma a esta ley, que se produjo mediante ley No. 7575 de 5 de febrero de 1996,  tuvo como fin el promover   e incentivar  la reforestación en nuestro país, para  lo cual intentó librar de trámites innecesarios  la corta de determinado tipo de árboles. No obstante lo anterior, considera este Tribunal que al haber pasado la ley de una definición amplia de bosque, con mayor cobertura de protección, a una tan restringida en cuanto a especies y superficie, hace que la protección dada  con anterioridad  al ambiente,  haya sido disminuida  sin una justificación razonable,  que vaya más allá de la necesidad  de reforestar y eliminar las trabas administrativas, como un incentivo de esta actividad, pero sin asegurar previamente,  que ésta en su ejecución, no pusiera en peligro el ambiente.  Debemos  recordar  que  nuestro  país  ha  suscrito  compromisos internacionales de protección al ambiente  y uno de los principios que debe resguardar es el principio precautorio  ya citado, según el cual, la prevención debe anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente,  este principio  rector de prevención, se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Sin duda alguna, para ello se requiere  de  una  posición  preventiva,  activa  y  alerta  por  parte  de  la administración, pues una conducta posterior y únicamente sancionatoria, haría nugatoria cualquier acción efectiva que se pretenda a favor del ambiente, donde una vez producido el daño, difícilmente puede ser restaurado y sus efectos nocivos pueden afectar no sólo a nivel nacional, sino mundial. Y es que este, es uno de los principios rectores en materia ambiental,  la prevención. Con ello no se trata tampoco de evitar el desarrollo y detener el progreso y la economía, sin embargo se debe procurar un equilibrio que le permita al ser humano desarrollarse, pero también vivir y disfrutar ese desarrollo, al cual tienen derecho no sólo las generaciones actuales, sino también las venideras. La Sala ha indicado:

"Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una  articulación de procesos naturales  y sociales en el marco del estilo de desarrollo  socioeconómico  que  adopte  el  país.  Por  ejemplo,  se  producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales  dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad  de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad  de vida; pues precisamente  el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución

 

 

 

 

 

 

 

 

favorable al ser humano...pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia,  del principio  de la "lesión" ya consolidado  en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales : por un lado, los iguales derechos de los demás, y, por el otro, el ejercicio racional  y el disfrute útil del derecho mismo". (véanse sentencias

1993-3705 de las quince horas del 30 de julio de 1993 y 1783-94 de las nueve horas cincuenta y siete minutos del 15 de abril de 1994).

Este desarrollo no pretende igualar el trato que deben recibir los bosques y las plantaciones  forestales indiscriminadamente,  toda vez que a partir de estudios ecológicos y socioeconómicos se puede determinar por ejemplo, que un área debe ser forestal protectora, por la necesidad de recuperar el suelo, el agua o proteger especies de flora y fauna, así como en algunos casos lo recomendable puede ser la recuperación del recurso, permitiendo su aprovechamiento forestal o la renovación del bosque. De modo que, lo relevante no es establecer una prohibición total e irrazonada que impida el aprovechamiento de los recursos, pero  sí  debidamente  regulada  y  que  cuente  previamente,  al  menos,  con inspecciones que garanticen que no sean talados árboles nativos o exóticos sin importar el área, que estén cumpliendo una  función esencial ambiental  en el sector donde fueron sembrados o generados naturalmente.

V.- Sobre las normas impugnadas. Según el artículo 27 cuestionado, sólo podrán cortarse hasta un máximo de 3 árboles por hectárea anualmente  en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental. Si la corta sobrepasare los 10 árboles por inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado. De modo, que esta norma autoriza la tala de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, los cuales según el artículo 2 del  Reglamento a la Ley Forestal, son aquellas fincas privadas  con la presencia  de árboles no establecidos  bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura boscosa menores a dos hectáreas, ó aquellos árboles ubicados en áreas urbanas. Este Tribunal no estima de lo anterior, que se esté lesionando el artículo 50 de la Constitución Política, por cuanto el mismo señala, que  para la corta respectiva, se requiere de la autorización previa de los órganos competentes y se trata de terrenos de uso agropecuario que no tienen bosque, con las limitaciones que además establecen los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal:

"Artículo 33.- Áreas de protección

Se declaran áreas de protección las siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal.

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones.  Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley."

"Artículo 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas

Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.

Los alineamientos  que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo." Asimismo, los artículos 90 y 91 disponen:

"1- Del aprovechamiento en áreas sin bosque.

Artículo 90: Las personas que deseen realizar aprovechamiento forestal o tala de árboles en terrenos sin bosque y que por sus características no es un sistema agroforestal, podrán decidir si solicitan la autorización ante el Consejo Regional Ambiental o en la Municipalidad  donde se encuentre  el inmueble,  siempre y cuando no superen un total de veinte árboles por año.

La solicitud deberá ser presentada por el propietario o propietaria o poseedor del inmueble según los requisitos que para cada caso establezcan tanto los Consejos Regionales como las respectivas Municipalidades.

En un plazo de 10 días los Consejos Regionales Ambientales deberán resolver y extender los permisos de corta y transporte. Los Consejos Regionales Ambientales y las municipalidades deberán remitir copia de la documentación a la A.F.E." "Artículo 91: Para aquellos casos donde el número de árboles a aprovechar sea superior a veinte árboles, en áreas arboladas  excluidas de la definición de bosques,  deberá  ser  tramitado  en  la  Oficina  Sub-Regional  del  A.C. correspondiente, debiendo adicionar a los requisitos generales establecidos en este reglamento un inventario que deberá contener, número de especies a cortar, número de individuos a cortar y volumen a extraer. Dicho inventario deberá ser elaborado y firmado por un profesional en ciencias forestales, además se debe elaborar un croquis de la finca indicando la ubicación aproximada de los árboles

 

 

 

 

 

 

 

 

a cortar. La solicitud deberá contener una constancia del profesional en la cual establezca que el área no corresponde a un bosque o parte de un bosque según la definición de la Ley, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 85 de este reglamento. Recibida  la solicitud por la Oficina  Sub- Regional  del A.C. correspondiente,  esta  verificará  los  requisitos  y  entregará  el  permiso correspondiente sin requerir de inspección previa."

Nótese que en ambos  artículos, la tala no es irrestricta, sino que está sujeta  a  las  condiciones  del  terreno  y  a  los  permisos  correspondientes. Actualmente nuestra regulación, prevé dos tipos de permisos, según la cantidad de árboles a cortar. De modo que, sólo podrán cortarse hasta un máximo de tres árboles por hectárea anualmente, después de obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental y si la corta sobrepasare los diez árboles por inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado (A.F.E.); en ese orden y para los terrenos con estas características, los permisos que deben tramitarse son: Permisos menores a 20 árboles y los inventarios. El primer caso es el contemplado  en los artículos 27 y 90 impugnados,  cuyo permiso de

aprobación requiere de todo un procedimiento, dispuesto en el reglamento, según el cual, una vez que el interesado presenta una solicitud, ésta es analizada por la autoridad competente, quien  podrá solicitar el cumplimiento  de los requisitos faltantes o la ampliación de alguno en especial, para lo cual otorgará un plazo de treinta días para su cumplimiento. La autoridad competente, deberá resolver en forma definitiva en un plazo de 10 días, extendiendo así los permisos de corta y transporte.  Las  autoridades  pertinentes  deberán  remitir  copia  de  la documentación  a  la  A.F.E.  En  caso  de  que  exista incumplimiento,  previa notificación al interesado de los requisitos faltantes, el expediente entra en un archivo  temporal  durante  los  seis  meses  siguientes  al incumplimiento,  sin necesidad  de emitir acto alguno, pudiendo durante ese plazo reactivar el expediente. Vencido este último plazo, se podría decretar mediante resolución la caducidad del expediente y se archiva el mismo definitivamente. Cualquier gestión posterior sobre ese mismo asunto, debe ser tramitada como una nueva gestión. Contra  los actos y resoluciones  que emitan  los Consejos Regionales, entre ellas la que rechace la solicitud del permiso de aprovechamiento  en terrenos de uso agropecuario, cabrán recursos de revocatoria y apelación. En el primer caso será conocida por la misma autoridad  y resueltos en un plazo máximo de veinte días y las apelaciones, serán resueltas por el Ministerio del Ambiente y Energía.  Por su parte, el inventario que requiere el artículo 91, es el tipo de permiso que deben pedir  las personas, titulares o poseedores, de fincas, cuyos terrenos puedan  ser definidos como agropecuarios  sin bosque, donde pueden cortar más de 20 árboles por año, sin embargo debiendo  utilizar el permiso de inventario forestal. Como requisito previo, debe tratarse de un área a

 

 

 

 

 

 

 

 

aprovechar que no está contemplada en la definición de bosque contenida en la Ley. Sin embargo, y a pesar de la incipiente delimitación que hace el artículo 3 de dicha ley al definir el bosque, al menos en este supuesto, también se cuenta con la necesidad de solicitar un permiso previo, el cual debe seguir el siguiente procedimiento: El interesado en realizar un aprovechamiento forestal superior a los 20 árboles en terreno agropecuario sin bosque, debe presentar en la Oficina Sub-Regional del Area de.Conservación correspondiente, una solicitud con sus datos, la documentación requerida,  así como una  explicación clara de lo que solicita. Es por lo anterior, que debe incluir un inventario  que contenga:  el número de especies a cortar, el número de ellos a cortar y el volumen a extraer. Dicho inventario debe ser elaborado y firmado por un profesional en ciencias forestales. Además,  debe elaborar un croquis de la finca indicando la ubicación aproximada de los árboles a cortar. La solicitud debe contener también una constancia del profesional, en la cual se establezca que el área no corresponde a un bosque o sea parte de un bosque, según el concepto dado. La solicitud que presente el interesado, es analizada por la autoridad competente, quien puede solicitar el cumplimiento de los requisitos faltantes o la ampliación de alguno en especial, para lo cual, se otorga un plazo de treinta días para su cumplimiento. La Administración Forestal del Estado (A.F.E.), procede a su resolución definitiva en un  período  máximo  de  treinta  días  naturales.  En  caso  de  que  exista incumplimiento, previa notificación al interesado de los requisitos faltantes, el expediente entra en un archivo temporal durante  los seis meses siguientes  al incumplimiento, sin necesidad de emitir acto alguno, pudiendo durante ese plazo reactivar el expediente. Vencido este último plazo, se decreta mediante resolución la caducidad  del expediente y se archiva definitivamente. Cualquier  gestión posterior sobre ese mismo asunto, debe ser tramitado como una nueva gestión. Contra los actos y resoluciones de la AFE, entre ellas la que rechace la solicitud del permiso de inventario, también caben los recursos de revocatoria y apelación. Así las cosas y según ha quedado debidamente expuesto, la normativa señalada no  presenta  a  criterio  de  este Tribunal,  una lesión al artículo 50  de la

Constitución Política, toda vez que, como ya se indicó, se trata de una tala regulada y que excluye los bosques de nuestro país. No obstante lo anterior, esta Sala lo que sigue evidenciando, es que efectivamente se presenta un problema con la definición de bosque contenida en el artículo 3 de la Ley Forestal.

-Por su parte, el artículo 28 impugnado,  sí dispone  una excepción al permiso de corta de árboles, señalando que en las plantaciones  forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus  productos,  no  requieren  permiso,  transporte,  industrialización,  ni exportación. Cuando la norma hace alusión a plantación forestal, se refiere a una o más hectáreas cultivadas  de una o más especies forestales cuyo objetivo

 

 

 

 

 

 

 

 

principal,  pero  no  único,  será  la  producción  de  madera.   Las  anteriores precisiones son importantes, porque resulta relevante a efectos de este estudio, diferenciar un bosque, de una plantación forestal y del sistema agroforestal, con el objeto de determinar  el grado  de tutela y protección que le otorga la Ley Forestal a las especies. Como ya se indicó, nuestra ley concibe el bosque como un ecosistema nativo o autóctono, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del 70% de esa superficie y donde existan más de 60 árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro a la altura del pecho (DAP). Por su parte, la plantación forestal, es aquel terreno de una o más hectáreas cultivadas de una o más especies forestales, cuyo objetivo principal, pero no único, es la producción de madera. El sistema agroforestal por otro lado, es la forma de usar la tierra que implica la combinación de especies forestales en tiempo y espacio con especies agronómicas, en procura de la sostenibilidad del sistema. Lo anterior es de relevancia, a efecto de clarificar que la diferencia sustancial entre ellas, es que la existencia de plantaciones forestales y árboles plantados individualmente  obedecen a una decisión productiva y económica de sus propietarios,  por lo que razonablemente  se requiere de la facilidad para  su corta, transporte,  industrialización y exportación. Este es el supuesto contemplado en el artículo 28 impugnado. Una plantación forestal es un sistema artificial, a diferencia del bosque que es un ecosistema en estado natural. Además, las plantaciones  forestales, también generan servicios ambientales, dentro los cuales podemos  citar: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación,  reducción,  secuestro, almacenamiento   y  absorción), protección del uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida, etc. Otro beneficio, es la generación de empleo que promueve  la reforestación por el aprovechamiento de la madera,  lo cual es de suma relevancia  también para nuestro mercado nacional, pues dependiendo de la cantidad de madera extraída, así será la importación por el faltante que se requiere. Los estudios del MINAE, FONAFIFO y SINAC revelan que en el país, se han disminuido sustancialmente las hectáreas plantadas,  lo que está ocasionando  un desabastecimiento  de la madera. Esto trae consigo otra serie de problemas,  no sólo laborales,  sino económicos para el país y para la misma naturaleza,  porque lo ideal, es ciertamente fomentar  la reforestación y así, no reducir el pago  por servicios ambientales, que es un fondo destinado  a su promoción. Este es el motivo principal por el cual la Ley Forestal, contempla el otorgamiento de diferentes incentivos, con el fin de hacer más atractivos los proyectos de reforestación y uno

 

 

 

 

 

 

 

 

de ellos es precisamente,  la excepción del permiso de corta dispuesto en el artículo 28 impugnado. Para establecer un proyecto de reforestación, se evalúan los  aspectos  técnicos,  sociales,  ambientales  y  financieros,  además  del cumplimiento de otros lineamientos legales. Uno de   los incentivos señalados, es que los inversionistas en esta materia, analizan la rentabilidad del proyecto de reforestación, así como la proyección del volumen requerido por la industria y el mercado en general, generando un flujo de materia prima e ingresos previamente programados. Claro está, no se trata de incentivar la tala de árboles en forma irrestricta, con el único fin de favorecer la inversión en detrimento del ambiente, sino de buscar un equilibrio que contribuya a un desarrollo sostenible, bajo el marco de los principios de razonabilidad  y proporcionalidad.  La Sala ha indicado, que la calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; sin embargo, hay otros parámetros no menos importantes que son salud, alimentación, trabajo, vivienda,  educación, etc. Se ha enfatizado  que lo más importante es entender, que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo,  al igual  que cualquier  otra nación, de sus recursos naturales y su medio para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional. El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad  y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales. Por otro lado, las metas del desarrollo sostenible, tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales,  es decir, de la calidad ambiental  y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de  satisfacción  de  las  necesidades  humanas  presentes  y  futuras  y  del mejoramiento de la calidad de vida, es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios, para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez, hagan  posible la transformación de los recursos, en productos de consumo, de producción y de exportación. Bajo estos lineamientos,  no resulta inconstitucional establecer un incentivo a la plantación forestal, como lo es la autorización de talar unas especies determinadas de árboles. Nótese que el fin mismo de la plantación forestal, es sembrar para luego cosechar, en este caso, el producto  es la madera como materia prima. Además, esta explotación va acompañada  de  un  límite  de  árboles  y  con  la  obligación  de  reforestar

 

 

 

 

 

 

 

 

nuevamente.  Reforestación,  que  a  contrario  sensu  de  lo  indicado  por  el accionante,  contribuye  a  la  conservación  de  los  suelos  y  favorece  el establecimiento de la cobertura vegetal. Ahora bien, también está el otro caso en el que los propietarios por decisión propia, sembraron una pequeña cantidad de árboles con el fin de embellecer su terreno. Dependiendo de la cantidad de éstos, no resultaría razonable tampoco, que posteriormente requiera de un permiso para talar cada  uno de éstos, como mera imposición al ejercicio de su derecho de propiedad. La solución pretendida por el accionante, en el sentido de impedir cualquier  tala,  es  inaceptable  en  criterio  de  este  Tribunal,  tomando  en consideración,  que  algunos  árboles  son  plantados  precisamente  para  ser aprovechados, por lo que el artículo 28 per se no resulta inconstitucional.  Ahora bien, la Sala no duda que un buen Plan de Reforestación, garantiza  una explotación razonable  y proporcional  de las plantaciones  forestales, es decir, asegura el desarrollo sostenible de los recursos forestales e hídricos; y que además es importante liberar de trabas administrativas, lo relacionado con los terrenos de uso agroforestal, donde como ya se indicó, se combinan las especies agronómicas con las forestales. Sin embargo, la Sala sí evidencia, que la ley no determina medidas precautorias  que aseguren la correcta aplicación, de lo dispuesto en el artículo 28 impugnado, toda vez que, no toda plantación requiere de un plan de manejo y lo único requerido es el certificado de origen, pero para sacar la madera y transportarla.  Con ese certificado, se debe acreditar la existencia de una plantación forestal o un sistema agroforestal en determinada finca, indicar el área plantada, el número de árboles, las especies, la ubicación, el nombre del propietario o propietaria. No obstante, como ya se indicó, dicho certificado se emite previamente, pero a la movilización de la madera, o sea una vez talada. Lo anterior, aunado al concepto tan restringido de bosque que vino a reformar la Ley Forestal, considera esta Sala,  configura una omisión que viola el principio precautorio  que debe resguardar  el derecho a un ambiente  sano y ecológicamente equilibrado.  Con el desarrollo anterior, quedó debidamente expuesto que el concepto de bosque, dispuesto en el artículo 3 de la Ley Forestal, es a partir del cual, se deriva la aplicación y delimitación de todos los demás permisos y restricciones establecidas  en esta materia.  Es por ello, que este Tribunal al pronunciarse respecto a los artículos 27, 28 de la ley y 90 y 91 del

reglamento impugnados, debe hacer alusión por conexidad ineludible al artículo

3. Uno de los argumentos  del accionante,  es que el ciprés es una  especie no autóctona y por ende, no es protegida su tala bajo ningún concepto, pues quedó excluida del concepto de bosque. Ciertamente los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, protegen lo que se consideran áreas protegidas, por tratarse de zonas cercanas a recursos hídricos, independientemente de la naturaleza de la especie. Sin embargo, la Sala considera que ello es insuficiente, tomando en consideración

 

 

 

 

 

 

 

 

que un bosque,  en un concepto amplio,  incluso concebido  en la Ley Forestal previo a su reforma, puede estar conformado también por especies no autóctonas, de las cuales también se pueden obtener los mismos servicios ambientales que fueron anteriormente  señalados. De igual modo, si la tutela fue respecto a la especie, el modo de producción o de regeneración de los árboles, tampoco considera la Sala razonable que se haya establecido que debía tratarse de una zona mayor a 2 hectáreas. Lo expuesto deja en evidencia, una insuficiente tutela legislativa al respecto, que en lugar de asegurar la protección cuando se reformó la ley en los años 1995 y 1998, redujo el ámbito de protección, y por ende del derecho a un ambiente  sano y ecológicamente equilibrado,  sin tomar siquiera medidas  preventivas  al  respecto,  tratando  incluso  posteriormente  el  Poder Ejecutivo, mediante  decreto, tratar   de proteger las áreas menores a esas 2 hectáreas, con el agravante  de que vía decreto, no puede ser impuesta  una restricción que no fue dispuesta en la ley, quedando de este modo desprotegidos los bosques menores de dos hectáreas o conformados por especies no autóctonas independientemente de su área.  Debe recordarse, que uno de los presupuestos de una plantación forestal o sistema agroforestal, es que lo plantado desde un inicio, lo sea   con el único fin de ser aprovechado.  Es bajo ese supuesto,  que la ley intentó incentivar  las mismas, eliminando  ciertos trámites administrativos.  No obstante, debe garantizarse que ello es así, previo a la corta de los árboles, toda vez que podría estarse propiciando por la falta de control, que sean taladas áreas que  en  realidad  no  constituyen  ni  una  plantación  forestal, ni  un  sistema agroforestal. Además, existen terrenos que por la inercia de sus propietarios, han dejado proliferar  un verdadero bosque  en su propiedad  y luego es talado  sin regulación alguna, o árboles que aún cuando hayan sido plantados, sirven de rompevientos, por la cantidad, su ubicación y la función que han ejercido durante muchísimos años, lo que en protección de valores fundamentales, amerita  la conservación y regulación de su tala, independientemente de la naturaleza de su especie. Hay zonas donde incluso se han realizado plantaciones  como las realizadas por el ICE, con el fin de proteger zonas de protección aledañas o de recarga de los acuíferos. Muestra de la importancia de esta tutela, incluso por la zona, es lo dispuesto en el Decreto Ley No. LXV de 30 de julio de 1888:

"Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales  que abastecen  que abastecen  de agua  a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela,

Art. 1- Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba (sic), desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia,  ya sea dicha zona de propiedad  nacional o municipal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2- Se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar o disminuir la extensión de la zona a que se refiere el artículo anterior si después de practicado el reconocimiento  respectivo  por  medio  de  una  comisión  científica,  juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión indique."

Según opinión jurídica de la Procuraduría No. OJ-118-2004  del 27 de setiembre  del 2004,  la  zona  objeto  de  esta  acción  está  actualmente aproximadamente comprendiendo,  un 82% dentro de las áreas cubiertas por la Reserva Forestal Cordillera  Volcánica Central  y el Parque Nacional Braulio Carrillo, y abarca aproximadamente 40 nacientes  que describe la cartografía

oficial. Lo anterior, nos ilustra la relevancia de este sector como recurso hídrico, lo  cual  amerita  medidas  de  prevención  y  protección  que  garanticen  su conservación. Es por lo anterior que este Tribunal considera, que el artículo 28 impugnado resulta inconstitucional, pero no por su contenido, sino por omisión legislativa, al no contemplar la Ley Forestal medidas previas, a la corta de los árboles, independientemente  de su naturaleza  y área. Ello, con el fin de dar seguridad jurídica a los administrados de que su actuación se ajusta a derecho y se asegura la protección al ambiente, al evitar la corta en áreas, que de acuerdo al criterio de  expertos en la materia, no es recomendable, por las consecuencias ambientales gravosas que se puedan llegar a producir. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos,  y asegurar  la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente,  el principio rector de prevención, se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias, para evitar o contener, la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, ante la existencia de un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior, debido a que en materia ambiental, la acción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias ecológicas y socialmente nocivas pueden ser  irreparables.  Una  vez  determinado  que  la  norma  en  cuestión,  es inconstitucional por ser omisa en la protección del derecho a un ambiente sano, en el que debe prevalecer el principio precautorio, se debe hacer alusión ineludible a los efectos de una declaratoria en este sentido. Como ya fue expuesto, la norma resulta omisa al no contemplar la Ley Forestal medidas previas, que pueden ir desde la autorización, hasta  la inspección previa a la corta de los árboles, independientemente de su naturaleza y área. El no haber contemplado el legislador  medidas  preventivas  al  respecto,  se  constituye  lo  denominado inconstitucionalidad por omisión relativa. Esta omisión consiste en aquellos casos en que un enunciado legal, regula una determinada situación jurídica, pero lo hace defectuosamente, omitiendo en su regulación alguna de sus dimensiones. En este tipo de silencio, lo que es objeto de control es la norma  legal explícita,

 

 

 

 

 

 

 

 

aunque el motivo de su impugnación no sea su texto, sino lo que justamente, no dice el texto, y esa omisión crea una situación contraria a la Constitución. Ejemplo típico  de la inconstitucionalidad por omisión, lo es el de los enunciados de  una  ley  que  vulnera  el  principio  de  igualdad,  bien  porque  excluye expresamente a un grupo determinado de individuos sin razón aparente, de un beneficio al que tendrían derecho o una expectativa fundada; o bien, porque el enunciado al regular ese beneficio, lo hace a favor de un grupo determinado y guarda silencio sobre el resto (como el caso que nos ocupa). Según la doctrina, puede suceder que la disposición, guarde silencio sobre una situación jurídica que amerita ser tutelada, porque así lo ordena la Constitución. Del enunciado cabe derivar entonces una norma implícita, que regula de modo distinto en la norma explícita, la situación jurídica objeto de protección constitucional, como en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que lleva implícito el principio de precaución. Según el análisis practicado al artículo impugnado, el legislador  modificó el concepto  de bosque  a partir del cual se desarrolla la protección, restricciones y permisos otorgados en la Ley Forestal

-como es el caso del artículo 28 en cuestión "Excepción de permiso de corta"-, de tal manera que, restringió sin fundamento técnico, el concepto anterior de bosque existente en la ley previo a su reforma. De modo que fueron dejadas sin protección vía ley, las especies no autóctonas y las áreas inferiores a dos hectáreas que constituyeran bosque, trayendo como consecuencia, que a través del artículo 28 impugnado, no se requiera de permiso para talar, ni siquiera de inspección previa, que permita asegurar que se trata del supuesto que la norma quiso incentivar, toda plantación forestal, sistema agroforestal o cualquier árbol plantado, quedando expuestas áreas que por su ubicación, cantidad y la función que han ejercido durante muchísimos años, amerita la conservación y regulación de su tala, independientemente de la naturaleza de su especie y de la naturaleza del terreno donde se ubique. Así las cosas,  esta Sala considera de conformidad con lo expuesto, que en este caso, se produce una inconstitucionalidad  por omisión relativa. No obstante,  si bien la Sala Constitucional  es la competente para declarar la inconstitucionalidad  de una norma, una violación de esta naturaleza debe ser subsanada  por la Asamblea Legislativa, extendiendo  la aplicación de la ley a los casos no contemplados  expresamente por ella, como en este caso, a las especies y áreas que quedaron desprotegidas en el concepto de bosque actual, así como tomar medidas de prevención y control sobre las áreas en las que son permitidas la tala. Por todo lo expuesto, estimamos que el artículo 28 cuestionado lesiona el artículo 50 de la Constitución Política. Sin embargo, con el fin de no violentar el principio de separación de poderes, resulta procedente a nuestro criterio, otorgar un plazo prudencial a la Asamblea Legislativa para que subsane la violación indicada.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- Conclusión. Por todo lo expuesto,  la acción se declara con lugar únicamente por la omisión relativa del artículo 28 de la Ley Forestal de

establecer  medidas  precautorias  que  aseguren  la  protección  del  ambiente respecto. En lo demás, se declara sin lugar la acción.   El Magistrado Jinesta salva el voto y declara sin lugar la acción.

Por tanto:

Se declara con lugar la acción únicamente, por la omisión del artículo 28 de la Ley Forestal de establecer medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente. Corresponde a la Asamblea Legislativa subsanar la ausencia de medidas precautorias,  que aseguren  de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 en tutela del ambiente, según lo señalado en la parte considerativa  de  esta  sentencia.Comuníquese  esta  sentencia  a  los  Poderes Legislativo y Ejecutivo.Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial "La Gaceta" y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. En lo demás, se declara sin lugar la acción. El Magistrado Jinesta salva el voto y declara sin lugar la acción.´

Considera este Tribunal que no existe mérito para variar las consideraciones allí expuestas,  por lo que lo procedente  es rechazar por el fondo  la acción, y reiterar lo dispuesto  por esta Sala en la citada sentencia, en el sentido de que corresponde  a  la  Asamblea  Legislativa  subsanar  la  ausencia  de  medidas precautorias, que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 en tutela del ambiente, según lo señalado en la parte considerativa de dicho voto.

II.- NOTA SEPARADA DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y CASTILLO VÍQUEZ.   El Magistrado Jinesta Lobo reitera el voto salvado consignado en la sentencia 2007-3923 de las 15:02 horas del 21 de marzo del

2007, y el Magistrado Castillo Víquez se adhiere al mismo, en el cual se estableció:

"Comparto el análisis del voto de mayoría sobre el Derecho Fundamental a un ambiente  sano y ecológicamente equilibrado,  así como sobre el deber del

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado en protegerlo. Por el contrario, difiero en cuanto se refiere al numeral 28 de la Ley Forestal.  Según dicha norma,  no requieren  permiso de corta «Las plantaciones  forestales,  incluidos  los  sistemas  agroforestales  y  los  árboles plantados individualmente». De conformidad con el voto de mayoría, es necesario añadir al artículo 28 medidas precautorias  para asegurar  la protección del

ambiente  y,  en  consecuencia,  ordena  a  la  Asamblea  Legislativa  hacerlo. Considero que la modificación de la norma en el sentido apuntado es innecesaria y podría ser más bien perjudicial para la protección del ambiente. Debe tenerse presente, por un lado, que es de interés público detener la explotación del bosque. Por otra parte, el fomento de las plantaciones forestales es una de las políticas adoptadas por el Estado para alcanzar ese objetivo. Gracias a estas plantaciones, se satisfacen las necesidades sociales de madera y productos derivados sin dañar el bosque. Se promueve así un modelo de desarrollo sostenible, que armoniza las necesidades humanas con la protección del bosque. No puede perderse de vista, en consecuencia, que la norma en cuestión es el primer artículo del capítulo III (Fomento de las plantaciones forestales), Título II (Propiedad forestal privada), de la Ley No. 7575 (Ley Forestal). Precisamente concede al propietario de un terreno permiso para talar los árboles que siembre con fines comerciales para que, con confianza,  se decida a hacerlo. Es una medida  para incentivar  las plantaciones forestales y desincentivar así la explotación del bosque; su fin último es la protección del ambiente  y no su destrucción. Es aceptable  conceder el permiso anticipadamente, porque  es claro que para dedicarse  a tal actividad ²así como a cualquier otra², el interesado debe ajustarse a las limitaciones de uso de suelo. Por consiguiente,  carece de interés, que el MINAE extienda  un permiso de corta de árboles de una plantación forestal, cuando ya la ley lo hizo. Supeditar el aprovechamiento  de esos árboles a una decisión administrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anula el incentivo. Ahora bien la Administración no solo tiene la potestad, sino que está obligada a comprobar que la madera que se produce en el país provenga de una plantación forestal y no de una corta ilegal, sin que sea necesario que cada uno de los artículos de la Ley Forestal ²entre ellos el 28² así lo disponga. Por el contrario, exigir permiso de corta o, incluso, otra medida menos gravosa, solo podría traer como consecuencia desincentivar la inversión en plantaciones forestales, encarecer la madera  y, en consecuencia,  hacer más lucrativa la explotación irracional, incluso al margen del ordenamiento jurídico, del bosque. Entiendo la preocupación externada  en el voto de mayoría (considerando  V) sobre el posible abuso en la aplicación del artículo 28 a áreas que no son ni plantaciones ni sistemas agroforestales. Sin embargo, tal exceso no se deriva de la norma ni se evitaría reiterando que sólo se aplica a cierto tipo de plantaciones ²ya eso es sabido²; es un problema de falta de fiscalización. Los poderes del MINAE para fiscalizar no se ven reducidos por el texto de la norma ni aumentarían porque ésta se los repita. En suma, aunque  bien intencionada, considero que una modificación legislativa del artículo impugnado traería más desventajas que beneficios para la protección del ambiente, por lo que considero que la acción interpuesta debe declararse sin lugar ".

Por tanto:

Se rechaza por el fondo la acción. Tome nota la Asamblea Legislativa de lo dispuesto  en  el  último  párrafo  del  primer considerando  de  esta  sentencia. Comuníquese  esta  sentencia  a  los  Poderes  Legislativo  y  Ejecutivo.  Los Magistrados Jinesta Lobo y Castillo Víquez ponen nota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Virginia Calzada M.             Presidenta

 

 

 

 

 

Gilbert Armijo S.                                                                              Ernesto Jinesta L.

 

 

 

 

 

Fernando Cruz C.                                                                          Fernando Castillo V.

 

 

 

 

 

Paul Rueda L.                                                                              Aracelly Pacheco S.

 

 

 

 

 

 

-- Código verificador --

6,"7-956 '

VLBWMYUV6G861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 03-05-2026 04:02:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE N° 13-002058-0007-CO

Exp: 13-002058-0007-CO Res. Nº 2013004619

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours thirty minutes on the tenth of April two thousand thirteen. Unconstitutionality Action brought by Verny Valerio Hernández, of legal age, married, attorney, resident of Santiago de San Rafael de Heredia, identity card number 1-902-177, Sandra Batalla González, of legal age, divorced, merchant, resident of Los Angeles de San Rafael de Heredia, ID 1-581-540, Alice Espinoza Hernández, of legal age, married once, homemaker, domiciled in La Suiza de San Rafael de Heredia, ID 4-103-1456, and Carlos Alonso Rojas Esquivel, of legal age, married once, precision mechanic, domiciled in Santiago de San Rafael de Heredia, ID 1-771-433, against Articles 27 and 28 of the Forestry Law No. 7575 (Ley Forestal N.7575) and 90 and 91 of its regulation, which is Executive Decree 25721-MINAE of October 17, 1996 (Decreto Ejecutivo 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996).

Resultando:

1.- In a brief filed with the Chamber on February 20, 2013, the plaintiffs request that the unconstitutionality of Articles 27 and 28 of the Forestry Law No. 7575 and 90 and 91 of its regulation, which is Executive Decree 25721-MINAE of October 17, 1996, be declared on the grounds that they are contrary to Articles 50 and 89 of the Political Constitution. They act in defense of a diffuse interest, as holders of the collective right to seek the protection of the environment, ecological balance, natural beauties, and respect for the landscape elements of the area in which they live, and of which they are, in the first instance, residents and inhabitants of the sector directly affected by the challenged norms, and additionally as political representatives, in their capacity as Council Members (Regidores) of the Municipality of San Rafael de Heredia.

They bring the action against the challenged norms, which permit or authorize the felling or cutting of trees, provided they are not native (autóctonos) to a given area, which may cause serious harm to environmental balance, since it permits the elimination of plant cover (cobertura vegetal) and, in the case of the Canton of San Rafael de Heredia and the neighboring cantons of the Northern Zone of Heredia, it permits without any restriction the felling of species such as cypress (ciprés) and pine (pino), which, while it is true they are not native to the area, were introduced in the northern part of the Province of Heredia many decades ago, and in many cases constitute the only existing forest cover (cobertura boscosa) in the area and form part of the natural beauties of the area and are part of the landscape environment that has been recognized by the Constitutional Chamber as an integral element of the right to a healthy and ecologically balanced environment. The questioned norms permit the felling of non-native species on land of agricultural and livestock use (terrenos de uso agropecuario) and without forest, with a simple authorization from the Regional Environmental Council (Consejo Regional Ambiental) or the respective municipality up to a limit of twenty trees, and, if the felling of more than twenty trees is required, by means of a professional in forest sciences certifying that they are not part of a forest. In addition, Article 28 of the Forestry Law establishes as exceptions to the requirement for felling permits forest plantations (plantaciones forestales), agroforestry systems (sistemas agroforestales), and individually planted trees, such that if said article is related to Article 3 subsection d) of the same body of law, which defines the legal concept of forest, the immediate effect is that for the felling of cypress and other non-native species, no type of permit whatsoever is required, since the legal concept of forest implies a native or autochthonous ecosystem with an area of more than two hectares, covering more than 70% of the surface and having more than 60 trees per hectare, such that, under the protection of said legal authorization, the felling of cypress is permitted in the area, which has led to unfettered felling in the sector, as the commercial value of cypress wood is well known, without the environmental effects that said unrestricted felling may cause to the environment and the landscape element of the area having been taken into account. The challenged norms have also opened the possibility for felling on land of agricultural and livestock use and without native forest; without the norm establishing the need to carry out environmental impact assessments (valoraciones ambientales) of the effects inherent to the legal authorization conferred; without having taken into consideration that the northern zone of Heredia is a Special Protection Zone (Zona Especial de Protección) in accordance with the provisions of Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE, such that, on the one hand, the indicated decree imposes a series of restrictions and limitations on land use by reason of environmental protection, but on the other hand, the norms challenged here open the possibility of felling or cutting of non-native species in the region. They consider that the legal and regulatory authorizations contained in the challenged norms not only violate the environmental balance, but are also in violation of the duty to preserve natural beauties, scenic beauty, and the landscape element of the area, which has suffered serious harm and drastic and unmeasured changes, given the removal of a species that had characterized and identified the area in question.

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject on procedural grounds or on the merits, at any time, even from the moment of filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a prior identical or similar petition that was rejected.

Drafted by Magistrate Calzada Miranda; and,

Considerando:

I.- This Chamber, in judgment number 2007-3923 of 15:02 hours on March 21, 2007, ruled on the constitutionality of the norms challenged here, i.e., Articles 27 and 28 of the Forestry Law No. 7575 and 90 and 91 of its Regulation, Executive Decree No. 25721-MINAE, in the following terms:

"III.- Object of the challenge. The plaintiff challenges Articles 27 and 28 of the Forestry Law and 90 and 91 of its Regulation, (Decree No. 25721-MINAE), considering them contrary to Articles 46 and 50 of the Political Constitution, insofar as they permit unrestricted felling of trees by the mere fact that they do not qualify as native, or autochthonous to an area, even though they may be performing an important function from the standpoint of the protection of water resources and of environmental and ecological balance. For purposes of better understanding, we proceed to cite the norms under study:

"Article 27.- Authorization to fell

Only up to a maximum of three trees per hectare per year may be felled on land of agricultural and livestock use and without forest, after obtaining authorization from the Regional Environmental Council. If the felling exceeds ten trees per property, authorization from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado) shall be required. Promotion of forest plantations

Article 28.- Exception from felling permit

Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees and their products, shall not require a permit for felling, transport, industrialization, or export. However, in cases where, prior to the entry into force of this law, a forest contract exists, signed with the State for the receipt of Forest Payment Certificates (Certificados de Abono Forestal) or income tax deduction, the felling shall be carried out in accordance with the provisions of the management plan approved by the State Forest Administration.

CHAPTER SEVENTEEN

Forest Control

1- Harvesting in areas without forest.

Article 90: Persons wishing to carry out forest harvesting or felling of trees on land without forest and which, by its characteristics, is not an agroforestry system, may decide whether to request authorization from the Regional Environmental Council or from the Municipality where the property is located, provided that they do not exceed a total of twenty trees per year.

The application must be submitted by the owner or possessor of the property in accordance with the requirements established for each case by both the Regional Councils and the respective Municipalities.

Within a period of 10 days, the Regional Environmental Councils must resolve and issue the felling and transport permits. The Regional Environmental Councils and the municipalities must forward a copy of the documentation to the A.F.E. Article 91: For those cases where the number of trees to be harvested exceeds twenty trees, in wooded areas excluded from the definition of forests, the application must be processed at the corresponding Sub-Regional Office of the A.C., requiring the addition to the general requirements established in this regulation of an inventory that must contain the number of species to be felled, the number of individuals to be felled, and the volume to be extracted. Said inventory must be prepared and signed by a professional in forest sciences, and a sketch of the farm must be prepared indicating the approximate location of the trees to be felled. The application must contain a certification from the professional stating that the area does not correspond to a forest or part of a forest according to the definition of the Law, and comply with the requirements established in Article 85 of this regulation. Once the application is received by the corresponding Sub-Regional Office of the A.C., it shall verify the requirements and issue the corresponding permit without requiring a prior inspection."

IV.- On the merits. Having delimited the object of the action, and given that what is challenged by the plaintiff is linked to the permit for felling trees when they are on a certain type of land and by their nature, we proceed to carry out the corresponding constitutional analysis, first determining the fundamental right injured:

A.- On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. This Court, in judgment No. 2003-6322, developed the jurisprudential treatment that the Chamber has given to this constitutional right, which is summarized for the purposes of study in this action and complemented with other considerations. Prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the Chamber's case law had already recognized the protection and preservation of the environment as a human right (judgment number 1993-2233), deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement of the "rational exploitation of the land"), and 89 (protection of natural beauties), all of the Constitution, based on the following considerations:

"V.)- Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains and supports us, not only for physical sustenance, but also as psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in a pollution-free environment, which is the basis of a just and productive society. Thus, Article 21 of the Political Constitution states: 'Human life is inviolable.' It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably derives, a human right that is inextricably linked to the right to health and the State's obligation to protect human life. Likewise, from a psychological and intellectual point of view, the state of mind also depends on nature, so that when the landscape becomes a useful space for rest and free time, its preservation and conservation is an obligation. This last aspect is protected in Article 89 of the Constitution, which literally states: 'Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress.' Protecting nature from an aesthetic point of view is not to commercialize it or transform it into merchandise; it is to educate the citizen so that they learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value" (judgment number 1993-3705, of fifteen hours on the thirtieth of July nineteen ninety-three).

"XIII.- The term 'natural beauties' was the one used at the time the Constitution was enacted (November 7, 1949), which today has been developed as a specialty of law: environmental law, which recognizes the need to preserve the environment not only as a cultural purpose, but as a vital necessity of every human being. In this sense, the concept of the right to a healthy environment goes beyond recreational or cultural interests, which are also important aspects of life in society, and also constitutes a capital requirement for life itself. [...]

[...]

Thus, it is clear that there is no longer any doubt about the constitutional protection of the right to health as derived from the right to life and thereby of a right to a healthy environment. By way of example, we may cite judgments 1580-90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; which have recognized the right to health and to a healthy environment as a constitutionally protected individual right" (judgment number 1993-6240, of fourteen hours on the twenty-sixth of November nineteen ninety-three).

"Provision 69, the Political Charter, speaks of the 'rational exploitation of the land,' which constitutes a fundamental principle. Consequently, those protection and preservation measures, as well as the rational exploitation of the resources indicated, are canons of the constitutional order" (judgment number 1993-2233). From Article 69 of the Fundamental Charter, the principle of rational exploitation of the land is derived, and the obligation to protect and preserve renewable natural resources is imposed, both on private individuals and on the State in its broadest sense:

"II. The protection of the environment is a task that corresponds to everyone equally: to public institutions, by enforcing current legislation and promoting efforts that prevent or eliminate dangers to the environment; to private individuals, by complying with those provisions and collaborating in the defense of the soil, air, and water, since any harmful change resulting from a human act in the composition, content, or quality of these will also be detrimental to the quality of human life" (judgment number 4480-94, of ten hours forty-one minutes on the nineteenth of August nineteen ninety-four).

In constitutional case law, the concept of "environment" has not been limited to the primary elements of nature, i.e., the soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed, without which basic demands -such as food, energy, housing, sanitation, and recreation- would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more integral way, establishing a "macro-environmental" concept, by also encompassing aspects relating to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others:

"Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, since nature is only part of the environment. Nature protection policy also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave out important concepts and thus manage to unify the legal whole that we call Environmental Law" (judgment number 5893-95, of nine hours forty-eight minutes on the twenty-seventh of October nineteen ninety-five; and in the same sense, numbers 3705-93, supra, and number 2988-99, of eleven hours fifty-seven minutes on the twenty-third of April nineteen ninety-nine).

1- Protection of the environmental right, a State duty. Following the reform of Article 50 of the Constitution by Law number 7412, of June third, nineteen ninety-four, in which the environmental right was expressly enshrined as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and protect this right was also established -in express terms- by which the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is from this reform that citizens are granted full standing to defend it, thus giving express content to this right:

"[...], this Chamber has established that the right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right, as such already enshrined and guaranteed by the Law of the Constitution, [for which reason] it does not consider it useless, much less objectionable, that it be recognized in an express and clearly individualized manner, [...]" (judgment number 1394-94, of fifteen hours twenty-one minutes on the sixteenth of March nineteen ninety-four). "II.- Thus, the position taken by this Court in this regard is currently confirmed by the constitutional reform cited, a reform which is but a reflection of the conception that man, while having the right to use the environment, also has the obligation to protect and preserve it for the enjoyment of future generations" (judgment number 5668-94, of eighteen hours on the twenty-eighth of September nineteen ninety-four).

It is according to this provision, in relation to Articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the responsibility of the State was derived and the Social Rule of Law is outlined; therefore, we can conclude that the Political Constitution emphasizes that the protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of Public Powers over factors that may alter its balance and hinder the person from developing and functioning in a healthy environment. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right:

"Prima facie, to guarantee is to insure and protect the right against some risk or need, to defend is to veto, prohibit, and impede any activity that violates the right, and to preserve is an action aimed at sheltering the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of acting and refraining from acting; on the one hand, it must refrain from itself violating the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements" (judgment number 9193-2000, of sixteen hours twenty-eight minutes on the seventeenth of October two thousand).

The incidence that this right has within the activity of the State finds its first raison d'être in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but also have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor thereof, and, secondly, because the activity of the State is directed towards satisfying the interests of the community. In this vein, it must be considered that the regulations establish the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE), as the governing body of the natural resources, energy, and mining sector, pursuant to the provisions of Article 2 of the Organic Law of this ministry, number 7152, of June fourth, nineteen ninety:

"The functions of the Ministry of Environment and Energy shall be the following:

a) To formulate, plan, and execute the policies on natural resources, energy, mining, and environmental protection of the Government of the Republic, as well as the direction, control, oversight, promotion, and development in the aforementioned fields. Likewise, to carry out and supervise research, technical explorations, and economic studies of the sector's resources.

b) To foster the development of natural, energy, and mining resources.

c) To promote and administer legislation on the conservation and rational use of natural resources, in order to achieve their sustained development, and to ensure its compliance.

d) To issue, by executive decree, mandatory norms and regulations relating to the rational use and protection of natural resources, energy, and mines.

e) To promote scientific and technological research related to matters within its competence, in coordination with the Ministry of Science and Technology.

f) To promote and administer legislation on exploration, exploitation, distribution, protection, management, and processing of natural resources related to its area of competence, and to ensure its compliance.

g) To process and grant permits and concessions related to matters within its competence.

h) To promote, in accordance with current legislation, the signing of international treaties, conventions, and agreements, as well as to represent the Government of the Republic in acts within its competence, of a national and international nature. All the foregoing in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Worship.

i) To foster and develop environmental education programs at all educational levels and for the general public.

j) To conduct inventories of the natural resources of the country.

k) To advise public and private institutions in relation to environmental planning and the development of natural areas.

l) Any others assigned to it by the legal order."

This governing function in environmental matters, in the opinion of this Court, encompasses not only the establishment of adequate regulations for the use of forest resources and natural resources, as provided for also in Article 56 of the Organic Law of the Environment, but also confers on it the important function of exercising stewardship in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this matter, for which

"[...] it shall issue general and specific measures related to the research, exploration, exploitation, and development of such resources, based on the provisions of the National Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo)";

In this sense, the control and oversight of environmental subject matter and activity constitutes an essential function of the State, pursuant to the provisions of Article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in what is relevant in the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; which is concordant with the constitutional principle established in the second paragraph of Article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of the State from delegating the exercise of functions that are proper to them, especially when they constitute essential functions. Thus, with regard to environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, to be carried out by the various administrative dependencies.

2- Rational use of resources. A balance between the country's development and the right to the environment. Based on Article 69 of the Constitution, insofar as it provides for the "rational use of natural resources," the Chamber, in its case law, has established the constitutional parameters for the adequate use thereof; and by virtue of which, it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent utilization of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development), in order thereby to safeguard the heritage to which present and future generations are entitled. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains be obtained (freedom of enterprise), but also a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm:

"This Chamber has also recognized that both the right to health and to a pollution-free environment, without which the former could not be made effective, are fundamental rights, so that it is the obligation of the State to provide for their protection, whether through general policies to procure that end or, indeed, through specific acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State enacts to expand the possibilities for everyone to fulfill their aspirations for a better life, by increasing productive capacity or, indeed, by expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between it and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, the orientation of investments, the channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and the future"

(judgment number 1994-1763, of sixteen hours forty-five minutes on the thirteenth of April nineteen ninety-four).

The Chamber has indicated that the environment must be understood as a potential for development to be used adequately, and it must be acted upon in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relationships, since, otherwise, its productivity for the present and the future is degraded and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modalities of exploitation of natural resources give rise to a degradation of ecosystems exceeding their regenerative capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and generates a high environmental and social cost that results in a deterioration of quality of life; for precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to achieve a development and evolution favorable to the human being.

Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other equally important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this field of the principle of "lesión" (injury), already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. Our country has depended and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and its environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep operating the productive apparatus that sustains the national economy, whose main source is agriculture and, in recent years, tourism, especially in its ecotourism dimension. Soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and the landscape make up the environmental framework without which basic demands—such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources. On the other hand, the goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of human beings and with the maintenance of essential ecological processes, that is, of environmental quality and the survival of other species. Speaking of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving quality of life is speaking of the demand for natural resources at the individual level and of the direct or supporting means necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumer, production, and export products. The declaration made at the Earth Summit in 1992 proclaimed and recognized the integral and independent nature of the planet; this signifies the acceptance of certain principles that inform the transition from current development styles to sustainability. The signatory States, among which Costa Rica figures, committed themselves, within the preservation of sustainable development, to the protection above all of human beings. It started from the principle that every person has the right to a healthy and productive life in harmony with nature; it included the right of present and future generations for development to be carried out in such a way that satisfies their environmental and progress needs; it maintained the sovereign power of States to exploit their resources, emphasizing their responsibility to ensure that activities carried out within their jurisdiction and control do not cause environmental damage to other States or areas beyond the limits of their national jurisdiction. They established the duty of States to cooperate in the conservation, protection, and restoration of the environment and their common responsibilities in that sense; in this way, international cooperation in promoting and supporting economic growth and sustainable development will make it possible to better address the problems of environmental degradation. Likewise, a special duty was imposed on developed countries based on their responsibility in the pursuit of sustainable development, given the evident pressure that the technologies they develop and the financial resources they possess exert on the global environment.

3- The Precautionary Principle in environmental law. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which states:

"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." (See in the same sense Article 11 of the Biodiversity Law).

As the Chamber has already indicated, the term prevention derives from the Latin "praeventio," which refers to the action and effect of preventing, to those preparations and arrangements made in advance to avoid a risk or execute something. Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt about it—based on technical studies, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing, because in environmental matters, subsequent coercion proves ineffective, since if the damage has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment.

4- Coordination among public agencies must guarantee environmental protection. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that corresponds to everyone equally, that is, that there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources that endanger the health of the administered. In this task, "public institution" must be understood to include both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which due to the subject matter have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the field, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); as well as the decentralized institutions, the case of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the SENARA, the Instituto Costarricense de Turismo or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which, of course, the municipalities have great responsibility regarding their territorial jurisdiction. That is why one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the realization of common ends—which, of course, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function—for which it refers to what was indicated on that occasion (Judgment No. 1999-5445, at fourteen hours thirty minutes on July fourteenth, nineteen ninety-nine):

"So, coordination is the ordering of the relationships among these various independent activities, which takes charge of that concurrence in the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, it is not possible to impose specific conduct on the latter, thus giving rise to the indispensable inter-institutional 'concert,' in the strict sense, in that the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the 'administrative tutelage' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general supervision over the entire sector)."

On the other hand, omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a result of the Administration's inertia in this matter, damage may occur to the environment and natural resources, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact study by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and supervision in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of companies without health permits regarding the treatment of black or residual waters (Acueductos y Alcantarillados and Ministry of Health), or not verifying sound controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), etc.

B.- The Forestry Law. In development of the foregoing, the Forestry Law states that it is an essential and primary function of the State to ensure the protection, conservation, use, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources, and it distinguishes between the forest heritage of the State and private forest heritage. The former is subject to a public domain regime and is formed by all forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration. In this case, the administration may grant use permits only for projects that do not require forest use and that do not affect ecosystems, wildlife, soils, wetlands, and aquifers. For its part, private forest heritage is constituted by all those forests and lands of forest aptitude that belong to private individuals or legal entities (Articles 1, 32, and 43 of the Forestry Law). On these properties, various activities may be carried out, depending on whether they are lands with forest, with forest plantations, or are agricultural-use lands without forest. However, the requirements and restrictions for carrying out an activity within these zones are basically related to timber or forest use. The latter refers to the action of cutting, elimination of standing timber trees, or utilization of fallen trees, carried out on private lands, not included in Article 1 of the Forestry Law, that generates or may generate some benefit, advantage, utility, or gain for the person who carries it out or for whom that person represents. This concept, as already noted, excludes all those lands that form part of the natural heritage of the State, since such use must take place on private properties. Now, the delimitations of the Forestry Law are clearly linked to the concept of forest. This regulation defines what should be considered a forest and what refers to a forest ecosystem. According to Article 3 of this Law, a forest is a native or autochthonous ecosystem, regenerated by natural succession or other forest techniques, that occupies an area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies that cover more than 70% of that area and where there are more than 60 trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter at breast height (DBH). In accordance with the foregoing, the determining characteristic is basically the land area it must occupy, of more than 2 hectares to be considered as such. A contrario sensu and in the manner described, there is no forest on those lands with an area of less than two hectares, nor for those trees that are not autochthonous.

In view of the foregoing, the legal system, through Executive Decree No. 27998 published on July 29, 1999, called "Sustainable Management of Secondary Forests and Forest Certification," adopted a definition of secondary forest, in order to protect that forest of smaller area and lower density, which is defined as follows:

"Land with woody vegetation of secondary successional character that develops once the original vegetation has been eliminated by human activities and/or natural phenomena, with a minimum area of 0.5 hectares and with a density of no less than 500 trees per hectare of all species, with a minimum diameter at breast height of 5 cm. Also included are secondary forest lands immediately after being used under the regeneration cutting system."

Notwithstanding the foregoing, its application could not be effective when faced with a definition of forest established by law, which makes it ineffective protection against the permits and procedures established in the forestry law. In accordance with the legal system, on lands considered forest, according to Article 3 cited, SINAC may authorize certain types of activities, such as: infrastructure projects, of state or private nature, of national convenience; construction of houses, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and other facilities dedicated to recreation, ecotourism, and other related purposes on privately owned lands and properties; cutting trees for reasons of human safety or scientific interest, preventing forest fires, natural disasters, or other analogous causes, as well as for use. These forests may only be used if their legitimate owners have a Management Plan duly approved by SINAC, provided that the impact it may cause is previously analyzed. For this, the entitled person may submit the Management Plan to the Forest Certification System, through the participation of a Forest Certifier duly accredited by the State Forest Administration, or submit an application to the subregional office for the respective approval of the Management Plan. In the first case, a forest certifier duly accredited by the A.F.E. must guarantee in advance that the management plan meets the legal and technical requirements, to then continue the authorization procedure; in the second, the application that initiates the process must be signed by a forest professional, who will be responsible for the information subscribed. This Management Plan, according to Article 3 subsection e), must be understood as that:

"Set of technical norms that will regulate the actions to be executed in a forest or forest plantation, on a property or part thereof, with the purpose of using, conserving, and developing the tree vegetation that exists or is intended to be established, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources that guarantee the sustainability of the resource." Likewise, in accordance with Article 21 of the Forestry Law, there must be a forest regent, who will be in charge of executing the management plan and will be responsible for its compliance, with the criminal and civil liabilities that derive from his position. The discussion is that all this protection revolves around what the law conceives, in its restricted conception of forest already cited, intended to protect only areas greater than 2 hectares and only of native or autochthonous species. Hence, the claimant considers the alleged violation, because he points out that the cypress is not protected within that assumption. Indeed, the cypress, whose common name is of the genus Cupressus, is a tree of warm or temperate zones, fast-growing, that can reach 20 m in height with an approximate diameter of about 60 cm. It is an evergreen conifer, of the Cupressaceae family. It grows naturally in any part of the world, with the appropriate temperatures and soils, but is commercially cultivated in East Africa, South Africa, and New Zealand. The planting of cypress trees in our country dates back many years, as it is a non-autochthonous species, planted by some people for various purposes, some as part of reforestation projects (for use and sale of wood), as well as for windbreaks in high areas, and others have given it the use of scenic beauty. The claimant questions that the function performed by cypress trees must be protected in the same way as a natural forest; however, it is a non-autochthonous species, which, as already indicated, is not protected in our legal system, which merits a prior pronouncement by this Tribunal.

C.- Forests. Independently of the concept set forth in the current Forestry Law, it is possible to conceive doctrinally broader concepts of forest. For example, a forest is a site populated with trees and shrubs, generally dense. Broadening the concept, it can also be indicated that "a forest is all that land surface where plant associations are found growing, predominantly trees of different sizes that have been exploited or not, capable of producing wood or other products; they influence the climate and the hydrological regime and also provide protection to wildlife." The Procuraduría General also illustrates us in its report with some definitions: "forests are dynamic ecosystems, with continuous processes of change (growth and deterioration) with representative and dominant trees." They relate to other plants, animals, and microorganisms, as well as to their physical, geographic environment, producing a series of complex interactions of biotic and abiotic elements called ecological functions, such as: hydrological regulation, nutrient cycling, energy flow, and climate regulation. Others distinguish between primary forest and secondary forest. The former, considered virgin or climax forests, are characterized by an abundance of mature trees, which have not been altered by human activities, of which, according to data provided by the Procuraduría, 78% worldwide have already been destroyed. Secondary forests, for their part, contain ecosystems that regenerate naturally in an average period of approximately 15 years, starting from a substantial alteration: flooding, agricultural burning, forest fires, land clearing, or extensive use. They are characterized by the low quantity of mature trees, with an abundance of fast-growing species and a dense understory of seedlings and herbaceous plants. They are also characterized by arising, on some occasions, from thickets (charrales or tacotales). In fact, it is extremely important to emphasize that the Forestry Law prior to its reform through Law No. 7575 of February 5, 1996, had a very broad conception of forest in Article 6: "Forests are all plant associations composed predominantly of trees and other woody vegetation." No distinction was made in that definition or in those cited regarding the fact that to be considered a forest, it must be formed solely by native trees and not by exotic ones, which may even have regenerated naturally, and that it must be greater than 2 hectares. Another important aspect to consider are the services provided by forests, which are of utmost importance for people and for the development of society itself, among which we can cite: timber services (use of wood, firewood, posts), non-timber services (medicinal herbs, dyes, ornamental plants, seeds, vines, palms, and construction materials, craft material), maintenance of the hydrological cycle (water for human consumption, industrial, commercial, and domestic tasks; protection of agriculture, hydroelectric energy), regulation of microclimate, control of floods, erosion, sediments, winds, and noise; landscape (photography, painting, videos, fishing, and tourism), recreation and ecotourism, maintenance of resilience, preservation of the ecosystem and biodiversity (research material, scientific tourism), and climate change (carbon dioxide fixation). Hence, the affectation of these entails serious problems for human beings themselves, since deforestation causes floods, landslides, water scarcity, sedimentation of rivers, streams, and dams, crop losses, etc. In view of the foregoing, it is clear to the Chamber that the Procuraduría is right in pointing out that the definition of forest contained in the current Forestry Law is insufficient and protects the country's forests deficiently, with the aggravating factor that it is from this that the other definitions of the types of lands that are the object of cutting arise, in some cases regulated and in others, even unrestricted. Certainly, the reform of this law, which occurred through Law No. 7575 of February 5, 1996, had the purpose of promoting and incentivizing reforestation in our country, for which it attempted to free the cutting of certain types of trees from unnecessary procedures. Notwithstanding the foregoing, this Tribunal considers that by going from a broad definition of forest, with greater coverage of protection, to one so restricted in terms of species and area, the law has caused the protection previously given to the environment to be diminished without reasonable justification that goes beyond the need to reforest and eliminate administrative obstacles, as an incentive for this activity, but without previously ensuring that its execution would not endanger the environment. We must remember that our country has signed international commitments to protect the environment and one of the principles it must safeguard is the precautionary principle already cited, according to which prevention must anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, this guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt about it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. Without a doubt, this requires a preventive, active, and alert stance on the part of the administration, since a subsequent and solely punitive conduct would render nugatory any effective action intended in favor of the environment, where once the damage has occurred, it can hardly be restored, and its harmful effects can affect not only nationally, but globally. And this is one of the guiding principles in environmental matters: prevention. This is not about preventing development and stopping progress and the economy; however, a balance must be sought that allows human beings to develop, but also to live and enjoy that development, to which not only current generations but also future ones have a right. The Chamber has indicated:

"The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the exploitation modalities of natural resources lead to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration of quality of life; because precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain a development and evolution favorable to human beings...but more important than that is understanding that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this field of the principle of 'lesión' (injury) already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on one hand, the equal rights of others, and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself." (See Judgments 1993-3705 at fifteen hours on July 30, 1993, and 1783-94 at nine hours fifty-seven minutes on April 15, 1994).

This development does not seek to equalize the treatment that forests and forest plantations should receive indiscriminately, since from ecological and socioeconomic studies it can be determined, for example, that an area should be a protective forest, due to the need to recover the soil, water, or protect species of flora and fauna, just as in some cases what may be advisable is the recovery of the resource, allowing its forest use or the renewal of the forest. So, what is relevant is not establishing a total and unreasonable prohibition that prevents the use of resources, but rather one that is duly regulated and that has at least prior inspections to ensure that native or exotic trees are not felled regardless of the area, which are fulfilling an essential environmental function in the sector where they were planted or naturally generated.

V.- On the impugned norms. According to the challenged Article 27, only up to a maximum of 3 trees per hectare may be cut annually on agricultural-use lands without forest, after obtaining authorization from the Regional Environmental Council. If the cutting exceeds 10 trees per property, authorization from the State Forest Administration will be required. Thus, this norm authorizes tree felling on agricultural-use lands without forest, which according to Article 2 of the Regulations to the Forestry Law, are those private properties with the presence of trees not established under an agroforestry system or properties that have areas with forest cover of less than two hectares, or those trees located in urban areas.

This Court does not consider from the foregoing that Article 50 of the Political Constitution is being violated, since it indicates that the respective cutting requires prior authorization from the competent bodies and involves agricultural lands without forest cover (bosque), with the limitations also established by Articles 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal):

"Article 33.- Protection areas

The following are declared protection areas:

a) Areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally.

b) A strip of fifteen meters in rural zones and ten meters in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters if the terrain is broken.

c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of lakes and natural reservoirs and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted.

d) Recharge areas and aquifers of springs, the boundaries of which shall be determined by the competent bodies established in the regulation of this law."

"Article 34.- Prohibition on cutting in protected areas

The cutting or removal of trees in the protection areas described in the preceding article is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience.

The alignments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo." Likewise, Articles 90 and 91 provide:

"1- On harvesting in areas without forest cover.

Article 90: Persons who wish to carry out forest harvesting or cutting of trees on lands without forest cover and which, due to their characteristics, are not an agroforestry system, may decide whether to request authorization before the Regional Environmental Council or the Municipality where the property is located, provided they do not exceed a total of twenty trees per year.

The request must be submitted by the owner or possessor of the property according to the requirements established for each case by both the Regional Councils and the respective Municipalities.

Within a period of 10 days, the Regional Environmental Councils must resolve and issue the cutting and transport permits. The Regional Environmental Councils and the municipalities must send a copy of the documentation to the A.F.E." "Article 91: For those cases where the number of trees to be harvested exceeds twenty trees, in wooded areas excluded from the definition of forest cover (bosques), the procedure must be carried out at the corresponding Sub-Regional Office of the A.C., and an inventory must be added to the general requirements established in this regulation, which must contain: number of species to be cut, number of individuals to be cut, and volume to be extracted. Said inventory must be prepared and signed by a professional in forestry sciences; in addition, a sketch of the farm must be prepared indicating the approximate location of the trees to be cut. The request must contain a certification from the professional establishing that the area does not correspond to a forest cover (bosque) or part of a forest cover (bosque) according to the definition of the Law, and comply with the requirements established in Article 85 of this regulation. Once the request is received by the corresponding Sub-Regional Office of the A.C., it shall verify the requirements and deliver the corresponding permit without requiring a prior inspection."

Note that in both articles, cutting is not unrestricted but is subject to the conditions of the land and the corresponding permits. Currently, our regulations provide for two types of permits, depending on the number of trees to be cut. Thus, only a maximum of three trees per hectare may be cut annually, after obtaining authorization from the Regional Environmental Council, and if the cutting exceeds ten trees per property, authorization from the State Forestry Administration (A.F.E.) will be required; in that order and for lands with these characteristics, the permits that must be processed are: Permits for fewer than 20 trees and inventories. The first case is that contemplated in the challenged Articles 27 and 90, whose approval permit requires an entire procedure, set forth in the regulation, according to which, once the interested party submits a request, it is analyzed by the competent authority, who may request compliance with the missing requirements or the expansion of any one in particular, for which a period of thirty days will be granted for compliance. The competent authority must issue a final decision within a period of 10 days, thus issuing the cutting and transport permits. The pertinent authorities must send a copy of the documentation to the A.F.E. In the event of non-compliance, after notifying the interested party of the missing requirements, the file is placed in temporary archive for the six months following the non-compliance, without the need to issue any act, and the file may be reactivated during that period. Once this latter period has expired, the expiration (caducidad) of the file may be decreed by resolution and it is definitively archived. Any subsequent proceeding on that same matter must be processed as a new proceeding. Against the acts and resolutions issued by the Regional Councils, including those rejecting the request for a harvesting permit on agricultural lands (terrenos de uso agropecuario), remedies of revocation and appeal shall lie. In the first case, it will be heard by the same authority and resolved within a maximum period of twenty days, and appeals will be resolved by the Ministry of Environment and Energy. For its part, the inventory required by Article 91 is the type of permit that must be requested by persons, owners or possessors, of farms whose lands can be defined as agricultural without forest cover (bosque), where they can cut more than 20 trees per year, however, they must use the forest inventory permit. As a prerequisite, it must be an area to be harvested that is not covered by the definition of forest cover (bosque) contained in the Law. However, despite the incipient delimitation made by Article 3 of said law when defining forest cover (bosque), at least in this case, there is also the need to request a prior permit, which must follow the following procedure: The person interested in carrying out forest harvesting exceeding 20 trees on agricultural land without forest cover (bosque) must submit to the corresponding Sub-Regional Office of the Conservation Area a request with their data, the required documentation, as well as a clear explanation of what they are requesting. For the foregoing reason, it must include an inventory containing: the number of species to be cut, the number of individuals to be cut, and the volume to be extracted. Said inventory must be prepared and signed by a professional in forestry sciences. In addition, a sketch of the farm must be prepared indicating the approximate location of the trees to be cut. The request must also contain a certification from the professional, establishing that the area does not correspond to a forest cover (bosque) or is part of a forest cover (bosque), according to the given concept. The request submitted by the interested party is analyzed by the competent authority, who may request compliance with the missing requirements or the expansion of any one in particular, for which a period of thirty days is granted for compliance. The State Forestry Administration (A.F.E.) proceeds to its final resolution within a maximum period of thirty calendar days. In the event of non-compliance, after notifying the interested party of the missing requirements, the file is placed in temporary archive for the six months following the non-compliance, without the need to issue any act, and the file may be reactivated during that period. Once this latter period has expired, the expiration (caducidad) of the file is decreed by resolution and it is definitively archived. Any subsequent proceeding on that same matter must be processed as a new proceeding. Against the acts and resolutions of the AFE, including those rejecting the request for an inventory permit, the remedies of revocation and appeal also lie. Thus, and as has been duly set forth, the indicated regulations do not, in the opinion of this Court, present a violation of Article 50 of the Political Constitution, given that, as already indicated, it involves regulated cutting that excludes the forest cover (bosques) of our country. Notwithstanding the foregoing, what this Chamber continues to evidence is that a problem effectively exists with the definition of forest cover (bosque) contained in Article 3 of the Forestry Law (Ley Forestal).

-For its part, the challenged Article 28 does establish an exception to the tree-cutting permit, indicating that in forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees and their products, no cutting, transport, industrialization, or export permit is required. When the norm alludes to a forest plantation, it refers to one or more hectares cultivated with one or more forest species whose main, but not sole, objective shall be wood production. The preceding clarifications are important, because it is relevant for the purposes of this study to differentiate a forest cover (bosque) from a forest plantation and from an agroforestry system, in order to determine the degree of guardianship and protection that the Forestry Law (Ley Forestal) grants to the species. As already indicated, our law conceives of a forest cover (bosque) as a native or autochthonous ecosystem, regenerated by natural succession or other forestry techniques, occupying a surface area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies covering more than 70% of that surface area and where there exist more than 60 trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter at breast height (DBH). For its part, a forest plantation is land of one or more hectares cultivated with one or more forest species, the main, but not sole, objective of which is wood production. The agroforestry system, on the other hand, is the manner of using land that involves the combination of forest species in time and space with agronomic species, in pursuit of system sustainability. The foregoing is relevant for clarifying that the substantial difference among them is that the existence of forest plantations and individually planted trees corresponds to a productive and economic decision by their owners; therefore, it is reasonable to require ease for their cutting, transport, industrialization, and export. This is the scenario contemplated in the challenged Article 28. A forest plantation is an artificial system, unlike a forest cover (bosque), which is an ecosystem in its natural state. Additionally, forest plantations also generate environmental services (servicios ambientales), among which we can mention: mitigation of greenhouse gas emissions (fixation, reduction, sequestration, storage, and absorption), protection of urban, rural, or hydroelectric use, protection of biodiversity for conservation and sustainable, scientific, and pharmaceutical use, research and genetic improvement, protection of ecosystems, life forms, etc. Another benefit is the generation of employment that reforestation promotes through wood harvesting, which is also of utmost relevance for our national market, since depending on the quantity of wood extracted, imports will be determined by the shortfall required. Studies by MINAE, FONAFIFO, and SINAC reveal that in the country, planted hectares have substantially decreased, which is causing a shortage of wood. This brings with it another series of problems, not only labor-related but economic for the country and for nature itself, because what is ideal is certainly to promote reforestation and thus not reduce the Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales), which is a fund intended for its promotion. This is the main reason why the Forestry Law (Ley Forestal) contemplates the granting of different incentives, in order to make reforestation projects more attractive, and one of them is precisely the exception from the cutting permit provided in the challenged Article 28. To establish a reforestation project, technical, social, environmental, and financial aspects are evaluated, in addition to compliance with other legal guidelines. One of the indicated incentives is that investors in this area analyze the profitability of the reforestation project, as well as the projection of the volume required by industry and the market in general, generating a flow of raw materials and previously programmed income. It is clear that this is not about incentivizing unrestricted tree cutting with the sole purpose of favoring investment to the detriment of the environment, but about seeking a balance that contributes to sustainable development, under the framework of the principles of reasonableness and proportionality. The Chamber has indicated that environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; however, there are other no less important parameters such as health, food, work, housing, education, etc. It has been emphasized that the most important thing is to understand that, although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. Our country has depended, and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and its environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep operating the productive apparatus that sustains the national economy. Soil, water, air, marine and coastal resources, forest cover (bosques), biological diversity, mineral resources, and the landscape make up the environmental framework without which basic demands—such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources. On the other hand, the goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of human beings and with the maintenance of essential ecological processes, that is, environmental quality and the survival of other species. To speak of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and for the direct or support means necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumer, production, and export products. Under these guidelines, it is not unconstitutional to establish an incentive for forest plantations, such as the authorization to cut certain determined species of trees. Note that the very purpose of a forest plantation is to sow in order to later harvest; in this case, the product is wood as raw material. Furthermore, this exploitation is accompanied by a limit on trees and the obligation to reforest again. Reforestation, which, contrary to what the plaintiff indicates, contributes to soil conservation and favors the establishment of vegetative cover (cobertura vegetal). Now, there is also the other case in which owners, by their own decision, planted a small number of trees to beautify their land. Depending on the number of these, it would not be reasonable either to subsequently require a permit to cut each one of them, as a mere imposition on the exercise of their property right. The solution sought by the plaintiff, in the sense of preventing any cutting, is unacceptable in the opinion of this Court, taking into consideration that some trees are planted precisely to be harvested, and therefore Article 28 per se is not unconstitutional. Now, the Chamber does not doubt that a good Reforestation Plan guarantees a reasonable and proportional exploitation of forest plantations, that is, it ensures the sustainable development of forest and water resources; and furthermore, it is important to free from administrative obstacles matters related to agroforestry use lands, where, as already indicated, agronomic species are combined with forest species. However, the Chamber does evidence that the law does not determine precautionary measures to ensure the correct application of what is provided in the challenged Article 28, given that not every plantation requires a management plan, and the only thing required is the certificate of origin, but only to transport the wood. With that certificate, one must accredit the existence of a forest plantation or an agroforestry system on a given farm, indicating the planted area, the number of trees, the species, the location, the name of the owner. Nonetheless, as already indicated, said certificate is issued prior to the mobilization of the wood, that is, once it has been cut. The foregoing, coupled with the very restricted concept of forest cover (bosque) that came to reform the Forestry Law (Ley Forestal), constitutes, in this Chamber's view, an omission that violates the precautionary principle (principio precautorio) that must safeguard the right to a healthy and ecologically balanced environment. With the foregoing development, it has been duly set forth that the concept of forest cover (bosque), provided in Article 3 of the Forestry Law (Ley Forestal), is the basis from which the application and delimitation of all other permits and restrictions established in this matter are derived. For that reason, this Court, when ruling on the challenged Articles 27, 28 of the law and 90 and 91 of the regulation, must make reference, due to an inescapable connection, to Article 3. One of the plaintiff's arguments is that cypress is a non-autochthonous species and therefore its cutting is not protected under any concept, since it was excluded from the concept of forest cover (bosque). Certainly, Articles 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) protect what are considered protected areas, because they are zones near water resources, regardless of the nature of the species. However, the Chamber considers that this is insufficient, taking into consideration that a forest cover (bosque), in a broad concept, even one conceived in the Forestry Law (Ley Forestal) prior to its reform, may also be composed of non-autochthonous species, from which the same environmental services (servicios ambientales) previously indicated can also be obtained. Likewise, if the protection was regarding the species, the mode of production or regeneration of the trees, the Chamber does not consider it reasonable either to have established that it must be a zone larger than 2 hectares. The foregoing reveals an insufficient legislative protection in this regard, which, instead of ensuring protection when the law was reformed in the years 1995 and 1998, reduced the scope of protection, and therefore of the right to a healthy and ecologically balanced environment, without even taking preventive measures in this regard, with the Executive Branch subsequently attempting, by decree, to protect areas smaller than those 2 hectares, with the aggravating factor that by decree a restriction not established in the law cannot be imposed, thus leaving forest cover (bosques) smaller than two hectares or composed of non-autochthonous species unprotected, regardless of their area. It must be remembered that one of the presuppositions of a forest plantation or agroforestry system is that what is planted is done so from the beginning for the sole purpose of being harvested. It is under that assumption that the law sought to incentivize them, eliminating certain administrative procedures. However, it must be guaranteed that this is the case prior to the cutting of trees, given that the lack of control could be propitiating the cutting of areas that in reality constitute neither a forest plantation nor an agroforestry system. Furthermore, there exist lands that, due to the inertia of their owners, have allowed a true forest cover (bosque) to proliferate on their property, which is later cut without any regulation, or trees that, even if planted, serve as windbreaks, due to their number, their location, and the function they have performed for many years, which, in protection of fundamental values, warrants the conservation and regulation of their cutting, regardless of the nature of their species. There are zones where plantations have even been established, such as those carried out by ICE, for the purpose of protecting nearby protection zones or aquifer recharge zones. Evidence of the importance of this protection, even by zone, is what is provided in Decree Law No. LXV of July 30, 1888:

"Whereas the conservation of the mountains in which the streams and springs that supply water to the province of Heredia and part of the province of Alajuela originate is of public utility,

Art. 1- A zone of land two kilometers wide is declared inalienable, on both sides of the peak of the mountain known as Montaña del Volcán de Barba (sic), from the hill called El Zurquí to the one known as Concordia, whether said zone is national or municipal property.

Art. 2- The Executive Branch is authorized to increase or decrease the extension of the zone referred to in the preceding article if, after carrying out the respective reconnaissance by means of a scientific commission, it deems it convenient to modify it in the manner that said commission indicates."

According to legal opinion No. OJ-118-2004 of the Attorney General's Office dated September 27, 2004, the zone subject to this action is currently approximately comprised, 82% within the areas covered by the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve and Braulio Carrillo National Park, and encompasses approximately 40 springs (nacientes) described by official cartography. The foregoing illustrates the relevance of this sector as a water resource, which warrants prevention and protection measures to guarantee its conservation. For the foregoing reasons, this Court considers that the challenged Article 28 is unconstitutional, not because of its content, but due to a legislative omission, in that the Forestry Law (Ley Forestal) does not contemplate measures prior to the cutting of trees, regardless of their nature and area. This is for the purpose of providing legal certainty to the administered parties that their action conforms to the law and ensuring environmental protection, by preventing cutting in areas that, according to the criteria of experts in the field, is not advisable due to the serious environmental consequences that could result. Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the face of a risk of serious or irreversible harm—or doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted, including postponing the activity in question. This is due to the fact that in environmental matters, a posteriori action is ineffective, since once the harm has occurred, the ecologically and socially harmful consequences may be irreparable. Once it has been determined that the norm in question is unconstitutional for being remiss in protecting the right to a healthy environment, in which the precautionary principle (principio precautorio) must prevail, an inescapable reference must be made to the effects of a ruling in this sense. As already set forth, the norm is remiss by not contemplating in the Forestry Law (Ley Forestal) prior measures, which can range from authorization to a prior inspection before the cutting of trees, regardless of their nature and area. The legislature's failure to contemplate preventive measures in this regard constitutes what is known as unconstitutionality by relative omission. This omission consists of those cases in which a legal statement regulates a certain legal situation, but does so defectively, omitting in its regulation some of its dimensions. In this type of silence, the object of review is the explicit legal norm, although the reason for its challenge is not its text but precisely what the text does not say, and that omission creates a situation contrary to the Constitution. A typical example of unconstitutionality by omission is that of the statements of a law that violate the principle of equality, either because it expressly excludes a determined group of individuals without apparent reason from a benefit to which they would be entitled or have a founded expectation; or because the statement, when regulating that benefit, does so in favor of a determined group and remains silent on the rest (as in the case before us). According to doctrine, it may happen that the provision is silent on a legal situation that warrants being protected, because the Constitution so orders. From the statement, an implicit norm can then be derived that regulates, in a manner different from the explicit norm, the legal situation subject to constitutional protection, as in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment, which implicitly carries the precautionary principle (principio de precaución). According to the analysis carried out on the challenged article, the legislature modified the concept of forest cover (bosque) from which the protection, restrictions, and permits granted in the Forestry Law (Ley Forestal) are developed—as is the case of Article 28 in question, "Exception to cutting permit"—such that, without technical basis, it restricted the previous concept of forest cover (bosque) existing in the law prior to its reform. Thus, non-autochthonous species and areas smaller than two hectares that constituted forest cover (bosque) were left without protection under the law, resulting in the consequence that, through the challenged Article 28, no permit is required for cutting, nor even a prior inspection to ensure that it involves the situation the norm intended to incentivize: any forest plantation, agroforestry system, or any planted tree, thereby exposing areas that, due to their location, number, and the function they have performed for many years, warrant the conservation and regulation of their cutting, regardless of the nature of their species and the nature of the land where they are located. Thus, this Chamber considers, in accordance with the foregoing, that in this case, an unconstitutionality by relative omission occurs. However, while the Constitutional Chamber is competent to declare the unconstitutionality of a norm, a violation of this nature must be remedied by the Legislative Assembly, extending the application of the law to cases not expressly contemplated by it, as in this case, to the species and areas that were left unprotected in the current concept of forest cover (bosque), as well as taking prevention and control measures over the areas where cutting is permitted. For all the foregoing, we find that the challenged Article 28 violates Article 50 of the Political Constitution. However, in order not to violate the principle of separation of powers, it is appropriate in our view to grant a prudential period to the Legislative Assembly to remedy the indicated violation.

VI.- Conclusion. For all the foregoing, the action is granted with merit solely due to the relative omission in Article 28 of the Forestry Law (Ley Forestal) to establish precautionary measures to ensure the protection of the respective environment. In all other respects, the action is denied. Judge Jinesta dissents and denies the action.

Therefore:

The action is granted with merit solely due to the omission in Article 28 of the Forestry Law (Ley Forestal) to establish precautionary measures to ensure the protection of the environment. It is incumbent upon the Legislative Assembly to remedy the absence of precautionary measures that ensure, in advance, the correct application of what is provided in Article 28 in protection of the environment, as indicated in the recitals section of this judgment. Let this judgment be communicated to the Legislative and Executive Branches. Let this pronouncement be recorded in the Official Gazette "La Gaceta" and published in its entirety in the Judicial Bulletin. In all other respects, the action is denied.

Magistrate Jinesta dissents and declares the action without merit.

This Tribunal considers that there is no basis to vary the considerations set forth therein, and therefore it is appropriate to reject the action on the merits, and to reiterate what was ordered by this Chamber in the cited judgment, in the sense that it is incumbent upon the Legislative Assembly to remedy the absence of precautionary measures that ensure, in advance, the correct application of the provisions of Article 28 in protection of the environment, as indicated in the recitals of that vote.

II.- SEPARATE NOTE OF MAGISTRATES JINESTA LOBO AND CASTILLO VÍQUEZ. Magistrate Jinesta Lobo reiterates the dissenting vote set forth in judgment 2007-3923 of 3:02 p.m. on March 21,

2007, and Magistrate Castillo Víquez adheres to it, in which it was established:

"I share the analysis of the majority vote regarding the Fundamental Right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the duty of the






State to protect it. On the contrary, I differ regarding numeral 28 of the Ley Forestal. According to that provision, 'Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees' do not require a logging permit. In accordance with the majority vote, it is necessary to add precautionary measures to Article 28 to ensure the protection of the

environment and, consequently, it orders the Legislative Assembly to do so. I consider that modifying the provision in the manner indicated is unnecessary and could even be detrimental to the protection of the environment. It must be kept in mind, on the one hand, that it is in the public interest to stop the exploitation of the forest. On the other hand, the promotion of forest plantations is one of the policies adopted by the State to achieve that objective. Thanks to these plantations, social needs for wood and derived products are met without damaging the forest. A sustainable development model is thus promoted, which harmonizes human needs with forest protection. It cannot be overlooked, consequently, that the provision in question is the first article of Chapter III (Promotion of forest plantations), Title II (Private forest property), of Law No. 7575 (Ley Forestal). It precisely grants the owner of land a permit to fell the trees they plant for commercial purposes so that, with confidence, they decide to do so. It is a measure to incentivize forest plantations and thus disincentivize the exploitation of the forest; its ultimate purpose is the protection of the environment and not its destruction. It is acceptable to grant the permit in advance, because it is clear that to engage in that activity —as with any other—, the interested party must adhere to limitations on land-use change (uso de suelo). Consequently, it is of no interest that MINAE issue a tree-felling permit for a forest plantation when the law already did so. Making the harvesting of those trees subject to an administrative decision






nullifies the incentive. Now, the Administration not only has the power but is obliged to verify that the wood produced in the country comes from a forest plantation and not from illegal logging, without it being necessary for each of the articles of the Ley Forestal – among them Article 28 – to so provide. On the contrary, requiring a logging permit or even another less burdensome measure could only result in disincentivizing investment in forest plantations, making wood more expensive, and, consequently, making irrational exploitation of the forest – even outside the legal framework – more lucrative. I understand the concern expressed in the majority vote (recital V) about the possible abuse in the application of Article 28 to areas that are neither plantations nor agroforestry systems. However, such excess does not derive from the provision nor would it be avoided by reiterating that it only applies to certain types of plantations – that is already known; it is a problem of a lack of oversight. MINAE's powers to oversee are not reduced by the text of the provision nor would they increase because the provision repeats them to it. In short, although well-intentioned, I consider that a legislative modification of the challenged article would bring more disadvantages than benefits for the protection of the environment, and therefore I consider that the filed action should be declared without merit."

Therefore:

The action is rejected on the merits. Let the Legislative Assembly take note of what is ordered in the last paragraph of the first recital of this judgment. Let this judgment be communicated to the Legislative and Executive Branches. Magistrates Jinesta Lobo and Castillo Víquez set down a note.

Ana Virginia Calzada M. Presiding Judge

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Paul Rueda L. Aracelly Pacheco S.

-- Verification code --

6,"7-956 '

VLBWMYUV6G861

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