Res. 17305-2013 Sala Constitucional — Right to citizen participation in environmental public hearingDerecho de participación ciudadana en audiencia pública ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 17305 - 2013

Fecha de la Resolución: 20 de Diciembre del 2013 a las 11:32

Expediente: 13-013068-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias Relacionadas


Texto de la resolución

 

*130130680007CO*

Exp: 13-013068-0007-CO

Res. Nº 2013-017305

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas treinta y dos minutos del veinte de diciembre de dos mil trece.

          

          Recurso de amparo interpuesto por Myrna Ivette Pierre Dixon, portadora de la cédula de identidad 7-720-310; contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Resultando:

          1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:24 horas del 14 de noviembre de 2013, la recurrente interpone recurso de amparo contra la SETENA. Manifiesta que la autoridad recurrida lesionó su derecho de participación ciudadana durante la audiencia pública realizada el 09 de noviembre de 2013, en el gimnasio Eddy Bermúdez, en Limón centro, dentro del expediente administrativo número D1-7968-2012-SETENA, bajo el cual se tramita el proyecto denominado: “Nueva Terminal de Contenedores de Moín”. Explica que por medio del oficio Número FSC-004-2013, se apersonó a ese expediente y solicitó que se le otorgara el uso de la palabra durante la citada audiencia pública. Afirma que por oficio número SG-UE-DEA-146-2013, se le respondió que durante la realización de la audiencia se establecería un espacio de preguntas y comentarios, dentro del cual podría ejercer el uso de la palabra. Asegura que se apersonó el día de la audiencia y cumplió con los requisitos exigidos para el ejercicio de la palabra; no obstante, durante la celebración de la audiencia pública no se le concedió el uso de la palabra ni tampoco a gran cantidad de ciudadanos que así lo solicitaron. Agrega que presentó el oficio número FSC-005-20013, que cuenta con la firma de recibido de una funcionaria de la SETENA, el cual no fue leído durante la audiencia. Estima lesionado su derecho de participación ciudadana. Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias que ello implique.

          2.- Mediante resolución de Presidencia de las 08:58 horas del 18 de noviembre de 2013, se le dio curso al amparo.

          3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:26 horas del 03 de diciembre de 2013, informa bajo juramento Miguel Marín Cantarero, en su condición de Secretario General ad hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que el 25 de mayo de 2012 fue recibido en esa dependencia el documento de evaluación ambiental inicial del proyecto “Terminal de Contenedores de Moín” presentado a nombre de la empresa APM Terminals Moín S.A., al cual se le asignó el expediente número D1-7968-2012-SETENA. Refiere que el 31 de agosto de 2012, mediante resolución número 2246-2012 del 31 de agosto de 2013, se acordó solicitar al desarrollador en el plazo máximo de 1 año, la presentación de un estudio de impacto ambiental, de conformidad con los requerimientos legales. Indica que dicho estudio fue presentado y se encuentra en etapa de análisis. Señala que por la magnitud del proyecto y considerando que se debe realizar un análisis riguroso del más alto nivel, se debe aclarar que a finales de mayo de 2013, esa Secretaría solicitó criterio técnico a 32 instituciones, entre ellas: universidades públicas, colegios profesionales (biólogos, sociólogos, geólogos, ingenieros y arquitectos, ingenieros agrónomos), Museo Nacional, SENARA, SINAC, JAPDEVA y MOPT, entre otros, respecto al estudio de impacto ambiental presentado para el proyecto en cuestión. Afirma que de las instituciones consultadas, a la fecha se han pronunciado 22 de ellas y 4 han solicitado prórroga para suministrar su criterio. Sostiene que el 11 de abril de 2013 se publicó en un periódico de circulación nacional la presentación del estudio de impacto ambiental para que las personas interesadas presentaran a SETENA sus observaciones. Sostiene que luego la Comisión Plenaria acordó oficiosamente la realización de una audiencia pública mediante resolución número 2539-2013-SETENA del 10 de octubre de 2013, fijada a realizarse el 09 de noviembre de 2013 de las 08:00 a las 16:00 horas en el Gimnasio Eddy Bermúdez, de la localidad de Limón. Explica que mediante resoluciones número 2277-2013-SETENA y 2278-2013-SETENA del 08 de noviembre de 2013, se resolvieron 4 incidentes de nulidad presentados en contra de la convocatoria a audiencia pública, los cuales fueron resueltos sin lugar; además, a la fecha están pendientes de conocerse 5 incidentes de nulidad de la audiencia pública, así como un recurso de revocatoria contra la resolución número 2277-2013 y 25 recursos ordinarios de apelación contra la resolución número 2778-2013. Aduce que mediante resolución de las 14:19 horas del 19 de noviembre de 2013, se otorgó a la SETENA y al MINAE un plazo de 3 días para presentar informe en relación con el recurso de amparo presentado por Danny Jirón Menéndez, alegando lesiones al derecho de participación ciudadana de los interesados en formar parte de la audiencia pública del 09 de noviembre de 2013. Menciona que la recurrente se apersonó al expediente número D1-7968-2012; en cuanto a la solicitud planteada para que se le concediera oportunidad de hacer uso de la palabra, mediante oficio número SG-UE-DEA-146-2013 se le indicó que “durante la realización se establecería un espacio de preguntas y comentarios, dentro del cual podrá ejercer su derecho uso de la palabra”. Expresa que al inicio de la actividad, el Secretario General de SETENA dio lectura al programa general de la audiencia, en el que se indicó la manera en la que se utilizaría el tiempo y las oportunidades de comentarios y preguntas. Refiere que entre las reglas que se establecieron para dicha actividad se aclaró a los participantes que el tiempo dispuesto para la etapa de comentarios sería establecido en proporción a la cantidad de intervenciones propuestas; asimismo, serían admitidas las cesiones personales de tiempo para manifestarse. Indica que la oportunidad para participar durante la audiencia se otorgó en igualdad de condiciones, incluso para la recurrente. Señala que se repartieron boletas para preguntas y otras para comentarios, respecto de las cuales no se hizo distinción alguna entre los presentes. Afirma que la amparada, al igual que el resto de los presentes, tuvo la posibilidad de participar formulando las preguntas y comentarios procedentes, para lo cual debió llenar las boletas respectivas. Sostiene que para participar en la audiencia era necesario llenar las boletas que se entregaron, tal como fue explicado al inicio de la actividad. Sostiene que también se estableció que el tiempo para participar se distribuiría de manera proporcional a la cantidad de presentes. Explica que el oficio al que hace alusión la tutelada se presentó el mismo día de la audiencia pública, incluso cuando ya había iniciado y se había programado su desarrollo. Aduce que muchos de los presentes propiciaron un ambiente de irrespeto, obstaculizando el desarrollo normal de la audiencia y el intento de intimidación constante frente a funcionarios de SETENA. Aclara que según lo informado por el Comisionado del Ministerio de Seguridad Pública, “durante las ponencias se dieron llamadas de atención y llamados a la calma por parte de los funcionarios de SETENA ya que los participantes lanzaban proclamas contra el proyecto, además de utilizar pitos y trompetas, lo que impedía continuar con la misma (…)”. Expresa que ante esa situación fue imposible evitar la suspensión de la audiencia en razón del abrupto ingreso por parte de un grupo de los presentes a la cancha del gimnasio, zona donde se ubicaban los miembros de esa Secretaría; en razón de ello, no fue posible realizar la fase de comentarios. Manifiesta que, sin embargo, las boletas correspondientes a comentarios se recibieron y constan en el legajo de la audiencia pública. Refiere que la boleta de comentarios que entregó la recurrente, al igual que las demás, se recibió sin ninguna distinción. Asegura que el quebrantamiento de las medidas de seguridad por parte de un grupo de los presentes, generó una evidente amenaza contra la integridad física de los funcionarios y demás personas presentes. Afirma que la SETENA hizo lo que estuvo a su alcance para fomentar la participación en la audiencia de los interesados en el proyecto. Sostiene que además de la audiencia pública ordenada en el cantón de Limón, se han aplicado otros espacios de participación, como la publicación de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental en SETENA en el periódico La Prensa Libre el día 11 de abril de 2013, para que las personas interesadas pudieran presentar las observaciones pertinentes al estudio; además, existe la posibilidad de apersonarse al expediente o hacer llegar las observaciones de tipo ambiental que correspondan, solicitar audiencias privadas con la Comisión Plenaria de SETENA, entre otros. Sostiene que las observaciones presentadas por la amparada serán valoradas, de manera que su derecho a la participación no ha sido limitado. Explica que la tutelada, en realidad, se encuentra disconforme con la manera particular en que se desarrolló la audiencia y el mecanismo utilizado para la participación, lo cual es materia de legalidad. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

          4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

          Redacta el Magistrado  Rueda Leal; y,

Considerando:

          I.- Cuestión preliminar. Antes de examinar el caso que nos ocupa, es pertinente indicar que a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la jurisprudencia y los precedentes de esta jurisdicción son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. Ello implica que, ante nuevas situaciones de hecho que resulten similares, este Tribunal –previo estudio- podrá decidir en forma diversa, sin que ello implique lesión alguna al derecho que le asiste al recurrente de acudir a otras vías en auxilio de sus derechos. Así las cosas, pese a que en sentencia número 2013-015135 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2013, esta Sala rechazó de plano un recurso de amparo interpuesto contra la SETENA, entre otras cuestiones, por el levantamiento repentino de la audiencia pública relacionada con el proyecto portuario denominado “Terminal de Contenedores de Moín”; sin embargo, en este amparo, se dio curso al recurso y, al contrario del caso antedicho, sí se entró a conocer el fondo del asunto, motivo por el que, con base en los nuevos elementos probatorios y normativos, resulta procedente replantearse lo dispuesto en el voto supra citado.

          II.- Objeto del recurso. La recurrente alega que la SETENA lesionó su derecho de participación ciudadana durante la audiencia pública celebrada el 9 de noviembre de 2013, en el gimnasio Eddy Bermúdez, en Limón centro, correspondiente al expediente relacionado con el proyecto de la Nueva Terminal de Contenedores de Moín, ya que a pesar de que solicitó el uso de la palabra no se le concedió.

          III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) el 25 de mayo de 2012 fue recibido en la SETENA el documento de evaluación ambiental inicial del proyecto “Terminal de Contenedores de Moín” presentado a nombre de la empresa APM Terminals Moín S.A., al que se le asignó el expediente número D1-7968-2012-SETENA (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); b) mediante resolución número 2539-2013-SETENA del 10 de octubre de 2013, la Comisión Plenaria de SETENA acordó oficiosamente la realización de una audiencia pública, por efectuarse de las 8:00 a las 16:00 horas del 9 de noviembre de 2013 en el Gimnasio Eddy Bermúdez, de la localidad de Limón (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); c) mediante nota recibida el 4 de noviembre de 2013, la recurrente se apersonó en el expediente número D1-7968-2012, solicitando que se le concediera oportunidad de hacer uso de la palabra durante la audiencia pública por realizarse (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); d) mediante oficio número SG-UE-DEA-146-2013, la SETENA le indicó a la amparada que “durante la realización se establecería un espacio de preguntas y comentarios, dentro del cual podrá ejercer su derecho uso de la palabra” (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); e) el 9 de noviembre de 2013 se realizó la audiencia pública de cita, la cual comenzó a las 8:06 horas aproximadamente; al inicio de la actividad, el Secretario General de la SETENA dio lectura al programa general de la actividad y a las reglas para su desarrollo, entre las cuales se consignó que: “(…) en razón del orden que debe imperar en la celebración de la audiencia, las conductas que representen un quebranto a dicho propósito generará en primera instancia un llamado al orden. En caso de no restablecerse el mismo se podrán tomar medidas tales como acordar una pausa prudencial, requerir la intervención de la seguridad o la suspensión de la audiencia” (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); f) la audiencia tuvo el siguiente programa: de las 7:00 a las 8:00 horas, registro de participantes; de las 8:00 a las 8:30 horas, primera y segunda convocatoria respectivamente; de las 8:30 a las 8:50 horas, inicio formal de la actividad – presentación formal de la SETENA – establecimientos de las reglas de la audiencia; de las 8:50 a las 9:20 horas, descripción del proyecto; de las 9:20 a las 11:00 horas, presentación del Estudio de Impacto Ambiental; de las 11:00 a las 11:15 horas, recolección y clasificación de preguntas; de las 11:15 a las 12:00 horas, lectura de preguntas y respuestas a preguntas; de las 12:00 a las 13:00 horas, receso para el almuerzo; de las 13:00 a las 14:00 horas, continuación de la lectura de preguntas y respuestas; de las 14:00 a las 14:15 horas, recolección y clasificación de boletas con comentarios; de las 14:15 a las 16:00 horas, espacio para replica a comentarios; 16:00 horas, elaboración del acta, lectura y firmas – cierre de la actividad (informe de la parte recurrida); g) la diligencia en cuestión se dio por finalizada por parte del Secretario General de la SETENA aproximadamente a las 13:40 horas, debido a un conato de violencia generado por algunos de los asistentes, de manera que no se procedió con la última fase programada, correspondiente a “comentarios” (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada); h) la boleta de comentarios entregada por la recurrente se recibió e incorporó al expediente administrativo (ver manifestaciones dadas bajo juramento y prueba aportada).

          IV.- Sobre el control de constitucionalidad y su extensión. Conforme al artículo 10 de la Constitución Política, corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.

          Acudiendo a la ley, el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional determina que la ratio iuris de la jurisdicción constitucional es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.

          De esta forma, el parámetro de control de constitucionalidad comprende un espectro normativo que va más allá del texto constitucional, porque incorpora el derecho convencional así como los principios y valores constitucionales.

          En materia de amparo, literalmente, el ordinal 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional determina que el amparo procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. El amparo procederá no solo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. (El destacado no corresponde al original).

          Por consiguiente, al momento de ejercer el control de constitucionalidad por la vía del amparo, la Sala Constitucional debe determinar, entre otros aspectos, qué derechos constitucionales o convencionales están siendo lesionados, cuál resolución, acto u omisión ha venido a provocar la lesión de relevancia constitucional, y si de por medio se ha dado una indebida aplicación o errónea interpretación de normas a contrapelo de una correcta protección a los derechos fundamentales.

          Al respecto se deben subrayar las características tan particulares de las normas constitucionales: su contenido muchas veces es abstracto, enuncia disposiciones genéricas, y su aplicación es con frecuencia elástica (salvo algunas normas con un mandato muy puntual y preciso).

          Esta situación se explica porque la normativa constitucional se encuentra en la cúspide de la jerarquía normativa interna, de manera que su función fundamental consiste en dictar las pautas fundamentales que sirven de orientación al resto del engranaje normativo, a la hora que desarrollan las potestades legislativas y reglamentarias.

          Lo que queremos decir es que el contenido normativo de los derechos fundamentales no está restringido al núcleo duro contemplado en el texto constitucional, sino que inexorablemente abarca el ulterior desarrollo que de él se haga a través de leyes y reglamentos. Volver operativo un derecho fundamental demanda su concreción en el ordenamiento infraconstitucional. Ergo, pretender ejercer el control de constitucionalidad únicamente en el ámbito de la norma genérica y abstracta de la Constitución Política deviene una quimera; el verdadero control de constitucionalidad solo se puede ejercer mediante una interacción entre los ámbitos constitucional e infraconstitucional.

          Verbigracia, el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, expresamente regulado en el numeral 50 de la Constitución Política así como en cantidad de instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica, resulta imposible de tutelar por la mera referencia a la Ley Fundamental. El control de constitucionalidad correspondiente a dicho derecho solo puede desarrollarse si se acude a la normativa infraconstitucional a fin de velar porque los requerimientos fundamentales establecidos precisamente para resguardar el mandato constitucional del artículo 50 de la Ley Fundamental, efectivamente se cumplan.

          Así, un proyecto de gran impacto ambiental requerirá inexcusablemente de un estudio de impacto ambiental, el cual solo es exigido de modo directo por el artículo 17 (siguientes y concordantes) de la Ley Orgánica del Ambiente, no por la Constitución Política; empero, lo que hace dicho numeral no es sino desarrollar la pauta normativa previamente estatuida en el ordinal 50 de la Ley Fundamental.

          La distinción, entonces, de cuándo un asunto es de constitucionalidad y cuándo de legalidad en materia de amparo, no depende del tipo de norma usado en el análisis, sino de otros factores, tales como la intensidad de la lesión al orden constitucional y la complejidad técnica de la averiguación de la verdad real.

          Respecto del primer elemento, el control de constitucionalidad está hecho para actuar contra aquellas violaciones groseras y evidentes al orden constitucional, aquellas lesiones que por su grado de intensidad, se nos manifiestan de manera axiomática y vulneran el núcleo o contenido esencial de un derecho constitucional, lo que en doctrina alemana se denomina “Kern des Grundrechtes”. En cuanto al segundo punto, el amparo aspira a una célere protección de los derechos fundamentales, de manera que un asunto cuya averiguación de la verdad real demande una intensa y compleja evacuación de prueba técnica, resulta incompatible con esa naturaleza sumaria del amparo.

          De este modo, cuestiones en que violaciones al orden constitucional no sean de intensidad relevante, o asuntos en que el diligenciamiento de la prueba sea harto complejo, no pueden ser conocidos por la vía de amparo. En este último caso, al accionante le queda el camino de la legalidad, o, eventualmente, la de la acción de inconstitucionalidad, cuando esta última vía resulte admisible según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues dicho proceso de constitucionalidad no es sumario sino que le resulta consustancial un examen más profundo tanto de criterios constitucionales como de elementos fácticos.

          V.- Sobre el derecho constitucional al gobierno participativo. El derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió este derecho en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Este mandato de la Ley Fundamental ha orientado un posterior desarrollo normativo constitucional e infraconstitucional. Así, se ha establecido una serie de mecanismos que buscan que el derecho al gobierno participativo pueda ser aplicado en forma efectiva, y no quede únicamente en el papel, tales como el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes (véase, entre otras, la sentencia número 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005).

          El derecho al gobierno participativo, elevado a rango constitucional mediante la reforma propiciada por Ley N° 8364 de 01 de julio de 2003, publicada en La Gaceta N° 146 de 31 de julio de 2003, no solo significa un reconocimiento del más alto rango normativo a la función del control político, sino que, además, constituye una revalorización del papel del ciudadano en los procesos de toma de decisión. Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental de nuestro régimen democrático -cuestión erróneamente desconocida por el voto de minoría, que le baja la categoría a la participación ciudadana de derecho a principio general, en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala como más adelante se demuestra-, lo que resulta conteste con un sistema político basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad.

          Este derecho al gobierno participativo, también denominado derecho a la participación ciudadana, se encuentre cobijado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.

          De este modo, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos".

          Concordante con lo anterior, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.”

          En igual sentido, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 5° que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.”

          De manera más vehemente, el numeral 6 de dicha Carta estatuye que: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.”

          Este reconocimiento convencional y constitucional al mencionado derecho representa un aspecto fundamental del modelo democrático de este siglo, en el que el control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas destacan como factores inherentes al sistema republicano, lo que a su vez dota la toma de decisiones políticas de mucha mayor legitimidad, aspecto clave cuando de verdadera gobernabilidad se trata.

          Precisamente, uno de los mecanismos ideados para cumplir lo dispuesto en el artículo 9 constitucional es la audiencia pública, que constituye en un medio a través del cual las personas interesadas pueden hacer valer sus derechos, participando activamente en temas de relevancia nacional o local, y poniendo en conocimiento de la Administración todas aquellas anomalías o disconformidades en relación con el proyecto que se pretenda desarrollar. Así las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia madura, mediante el cual se fomente la participación activa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de tal forma que garantice la mayor participación de las personas que puedan verse afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que evite lo anterior, implica una abierta vulneración a los derechos fundamentales de los participantes (véase, entre otras, la sentencia número 2009-018223). En cuanto al carácter participativo de la audiencia pública, la propia Constitución Política obliga a ello, pues con la reforma vigente desde el 31 de julio de 2003 al numeral 9 de la Ley Fundamental quedó estatuido que el Gobierno de la República tiene que ser, entre otros aspectos, participativo, lo que implica que el gobierno de turno es un articulador de lo establecido por deliberación popular. En otras palabras, en la democracia actual, los ciudadanos gozan, por mandato constitucional, ya no solo del derecho al voto para ejercer su derecho al gobierno participativo, sino de cantidad de instrumentos de diversa naturaleza para coadyuvar en la toma de decisiones políticas, lo que propicia que puedan ejercer influencia directa en las grandes decisiones públicas. Este derecho fundamental de participación ciudadana establece que el pueblo debe estar habilitado para manifestarse por igual en puntos de vista tanto mayoritarios como minoritarios. Así, serán importantes tanto los mecanismos de participación nacionales como el referéndum o plebiscito, como los locales. Durante la audiencia pública se les deben otorgar a los participantes todas las facilidades para que se encuentren informados y puedan hacerse escuchar, todo dentro de lo razonable, pues tampoco puede convertirse la audiencia en un obstáculo o un recurso para impedir que se dé oportuna resolución a determinada gestión.

          De interés para el sub examine, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente garantiza el derecho a la audiencia en aquellos asuntos donde esté de por medio el ambiente. Literalmente, dicha norma reza así: “Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”. En igual sentido, el numeral 22 de ese cuerpo normativo indica lo siguiente: “Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final (lo subrayado no es del original)”. El Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, reúne una serie de reglas para la celebración de las audiencias públicas en los procedimientos que tramita SETENA a efectos de otorgar la viabilidad ambiental a determinado proyecto. Propiamente, el ordinal 3 define a la audiencia pública de este modo: “Artículo 3º—Definiciones y abreviaciones. Para los efectos del presente reglamento se utilizan las siguientes definiciones y abreviaciones:

(…)

12. Audiencia Pública: Es la presentación que la SETENA le ordena llevar a cabo, al desarrollador y al equipo de consultores ambientales, de una actividad, obra o proyecto de Categoría A, cuando lo estime necesario, a fin de informar a la sociedad civil, sobre el mismo y sus impactos, conforme la Ley Orgánica del Ambiente, la de Biodiversidad y este reglamento, y demás normativa concordante, así como escuchar las opiniones de los presentes en la audiencia para que sean analizadas en el proceso de EIA y se decida sobre su inclusión o no.”(Lo destacado no corresponde al original).

          En conclusión, la audiencia pública dentro de los procedimientos tramitados por SETENA a efectos de otorgar o no viabilidad ambiental a determinado proyecto, se convierte en una manifestación clara del derecho constitucional al gobierno participativo, entronizado en el artículo 9 de nuestra Constitución Política, el cual ha sido potenciado por este Tribunal Constitucional en su jurisprudencia; de ahí que la Sala esté llamada a garantizarlo en el sub judice, con todas las prerrogativas y derechos para ambas partes. Ejemplo del impulso que le ha dado esta Sala a la participación ciudadana en materia ambiental, son las siguientes sentencias:

          1) Sentencia número 2008-12583 de las 15:02 horas del 19 de agosto de 2008: "El artículo 50 de nuestra Constitución Política consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, entendiendo a éste como el derecho de las presente y futuras generaciones de habitar en un ambiente que garantice su salud tanto física, como mental Para cumplir con lo anterior, el constituyente otorgó a toda persona la legitimación para denunciar cualquier vulneración al medio ambiente, como forma de garantizar la participación ciudadana en la tutela del medio ambiente, y cumplir así no sólo con lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, sino además con el principio democrático, que se deriva del artículo primero de la Constitución Política. Sobre este tema en particular, conviene mencionar lo dispuesto en la sentencia número 2002-10693 de las dieciocho horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil dos, en la que se indicó en lo que interesa:

“i.– El derecho de acceso a la información ambiental. Este derecho tiene a su vez dos vertientes, por un lado –en su aspecto activo– conlleva el derecho de todas las personas a recibir información concerniente al ambiente, en virtud de haberse realizado una petición en ese sentido, sin que por ello tenga que ser demostrado previamente algún interés específico –bastando para ello alegar la presencia de un interés difuso, lo cual de por sí ha sido de amplia aceptación por esta Sala–, y debiendo dicha información ser puesta a disposición del petente tan pronto como sea posible. A este respecto, podría exceptuarse el acceso, únicamente bajo fundados argumentos de que la información a publicitar adversa la confidencialidad propia de procesos judiciales, los secretos de Estado y los derechos de propiedad intelectual. En cuanto a la vertiente pasiva, este derecho del ciudadano implica que correlativamente, la Administración se encuentra en el deber de facilitar a quien lo solicite la información relativa al ambiente, tanto dentro de los procedimientos como fuera de éstos; ello incluiría la obligación de informar sobre la actividad propuesta, la estructura del procedimiento, la indicación de cuáles serían los órganos para recibir las opiniones o cuestionamientos, entre otros.

ii.– El derecho a la participación pública. Implica esta vertiente, la posibilidad para aquellas personas que puedan verse afectadas o que tengan interés sobre una decisión referente al ambiente, a manifestar desde temprano sus criterios, opiniones, puntos de vista o cuestionamientos sobre la misma, sin tener estas que encontrarse sometidas a formalidades específicas para llegar a ser tomadas en cuenta. Consecuentemente, la información que se dé al administrado debe contener resúmenes no técnicos, que permita a las personas comprender la magnitud de la discusión. Asimismo, conlleva a la existencia de adecuados plazos para, de previo a la participación, se lleve a cabo una etapa para que los ciudadanos se informen.

iii.– El derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Esta dimensión refiere al derecho de los ciudadanos a tener una amplia legitimación activa para proceder a solicitar la revisión de las medidas tomadas en relación con el ambiente, en especial cuando consideren que se ha violentado dentro del procedimiento alguno de los dos aspectos antes citados.”

Precisamente, una de las formas de participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental, se concretiza en la posibilidad que tienen las personas de conocer y brindar su opinión con respecto a los distintos estudios de impacto ambiental que se presenten ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, esto conforme lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad. Sobre este tema en concreto, la Sala señaló en el voto antes mencionado, lo siguiente:

“El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se caracteriza por ser un procedimiento administrativo con una nota diferenciadora, pues lo que busca es eludir o minimizar la eventual configuración de un daño ambiental, dentro de la ejecución de actividades sobre las que existe certeza acerca del efecto perjudicial que éstas producirían sobre el ambiente, de llevarse a cabo sin mediar contención alguna. En otras palabras, este instrumento corresponde a la materialización del principio de prevención, por cuanto ante una actividad que se sabe de antemano que es dañosa para el ambiente, el interesado propone una serie de medidas tendientes a evitar o mitigar el detrimento ecológico, al órgano o ente público –en este caso la SETENA– que se encarga de determinar si las mismas son las más adecuadas para tal fin. Por consiguiente, dado que este procedimiento lo que persigue en todo momento es el prever cualquier consecuencia negativa, a través de un amplio flujo de información, resulta natural entender que una de sus características es que las personas que puedan verse afectadas por el desarrollo del proyecto puedan aportar datos o puntos de vista fundamentales, que las autoridades competentes a raíz de una conducta omisiva o arbitraria podrían ignorar o dejar de lado, desprotegiendo consecuentemente al ambiente. Es así como el principio o derecho de participación implica dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, un alto grado de publicidad, al punto de que cualquier acto o solicitud que tenga un efecto significativo sobre el resultado final del mismo, debe ser de alcance general para todos los interesados, de modo que estos puedan ejercer sus opiniones en cualquier momento y no ser encasillados a un momento procesal determinado. El papel de la población como defensor de un ambiente sano, va desde “la cuna hasta la tumba”, es decir, desde el inicio de la actividad productiva como proyecto, hasta el fin de su vida útil, por lo que no sería admisible que en una explotación encaminada a durar por un período de tiempo indefinido, inclusive décadas –como es el caso de los proyectos hidroeléctricos–, y de consecuencias irreversibles, se limite la participación de aquellos sectores sociales que puedan verse afectados, a una etapa procesal, que como una audiencia, puede durar sólo unas cuantas horas. Así, en razón de su naturaleza preventiva, es exigible que desde el mismo momento de su inicio, un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental deba ser puesto en conocimiento de la población a efectos de iniciar un fenómeno abierto de participación”. (lo destacado no es del original)

          

          2) Sentencia número 2010-017488 de las 14:34 horas del 19 de octubre de 2010: “Sobre la audiencia pública a la comunidad. Otro punto que reclama el recurrente es la falta de una audiencia pública a la comunidad para comunicar las diferentes consecuencias del relleno sanitario de Limón. Al respecto, la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental acepta, bajo fe de juramento, que efectivamente no se ha realizado la audiencia pública en la comunidad relacionada con este proyecto. Así, tomando en cuenta lo estipulado en el considerando V, se comprueba que el recurrente lleva razón en su alegato y, por consiguiente, este recurso debe ser declarado con lugar en cuanto a este punto. En efecto, la negativa de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a juicio de esta Sala, es arbitraria e injustificada, pues el presente asunto se trata de la construcción de un relleno sanitario, lo que sin duda incide en la vida de los vecinos del lugar y en el medio ambiente. Así, considera este Tribunal que una audiencia pública en donde se diera una adecuada comunicación, información y diálogo con la población sobre el proyecto de relleno sanitario resultaba de trascendencia para que los vecinos tuvieran un panorama más amplio sobre los beneficios y perjuicios que puede conllevar un proyecto como el antes mencionado. En ese sentido, a criterio de este Tribunal, el derecho a la participación ciudadana no fue garantizado, pues al no haberse realizado audiencia alguna en la comunidad, los interesados vieron limitadas sus posibilidades de conocer más a fondo el tema en discusión. Así, en razón de lo expuesto anteriormente, se estima que el presente recurso debe ser acogido en cuanto a este punto” (lo subrayado no es del original)

 

          3) Sentencia número 2013-009795 de las 10:00 horas del 19 de julio de 2013: “IV.- Por otro lado, este Tribunal ha potenciado el derecho que tiene la población de participar en aquellos asuntos que sean de su interés y que involucren la afectación al ambiente. Sobre el particular se ha indicado, que la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no solo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (ver sentencias número 2001-10466, 2003-6322 y 2010-6922). Así, resulta de gran importancia que sea puesta a disposición de los interesados la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pro ejemplo. Fue la Convención de Río la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio en materia ambiental, al señalar:

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Precisamente, por Ley No. 7412 del 03 de junio de 1994, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 50 de la Constitución Política, garantizando a toda persona el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Lo anterior ha traído como consecuencia, además, que se admita una legitimación muy amplia para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado, a través del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. Asimismo, cuando la Constitución Política hace mención en el artículo 9, que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino, además y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional, o eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. De los artículos 1, 9 y 50 Constitucionales se rescata pues, la consideración que los ciudadanos merecen en un Estado democrático, en el cual puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas. El precepto comentado, entonces, recoge el principio citado a través del acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses. En la materia que ahora analizamos, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que los particulares pueden solicitar incluso a SETENA llevar a cabo audiencias públicas, para efecto de que se tomen en cuenta las posiciones formuladas por las comunidades interesadas en la toma de decisiones que afectan el ambiente, lo que ha sido recogido en la Ley Orgánica del Ambiente y de su Reglamento, como informó la autoridad recurrida. Lo anterior, claro está, en aquellos asuntos que su trascendencia lo amerite, lo cual puede ser solicitado por cualquier interesado y valorado así por la Comisión Plenaria (…)”

          VI.- Jurisprudencia constitucional, nacional e internacional, en la que se reconoce el derecho al gobierno participativo o la participación ciudadana como derecho fundamental. Ahora bien, esta Sala ha establecido criterios dentro de su jurisprudencia sobre la participación pública en la toma de decisiones que afectan a la colectividad, en temas tan variados como el ambiente, la planificación urbana y la modificación de tarifas en los servicios públicos, entre otros. Asimismo, ha reconocido el gobierno participativo como derecho fundamental tutelable en la vía del amparo. Tal decisión se ha tomado con independencia del nombre que se le asignado al mismo, puesto también se le puede denominar derecho a la participación pública o al gobierno participativo. En todos estos casos se establece, con asidero en el ordinal 9 de la Constitución Política, el derecho al gobierno participativo de modo expreso. Además de los precedentes citados en el considerando anterior, resulta de relevancia recordar estos otros:

          i) Sentencia número 2007-011266 de las 14:35 horas del 08 de agosto de 2007: “Con fundamento en lo dicho en el considerando anterior, este Tribunal estima que en el caso de estudio existe una violación a lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución Política, pues la Autoridad Reguladora de los Servicios Público no incorporó en la resolución RRG-4771-2005, un mecanismo que garantice la participación de los ciudadanos en la resolución de las solicitudes de aumento extraordinario en los combustibles, presentadas por la Refinadora Costarricense de Petróleo. En ese sentido, considera esta Sala que resulta a todas luces arbitrario que la ARESEP apruebe un modelo extraordinario de fijación de precios de los combustibles que expende RECOPE sin publicitar la información para cada caso concreto, pues ello implica que las personas no puedan ejercer su derecho de participación en la toma de dicha decisión, incumpliendo así con lo dispuesto por el legislador constitucional. Si bien esta Sala entiende que en el caso del ajuste extraordinario de precios a los combustibles vendidos por RECOPE lo que se pretende es el restablecimiento urgente del equilibrio financiero de la relación entre prestatario y usuario que ha resultado afectado por circunstancias diferentes de las previstas para las fijaciones ordinarias, lo cierto es que dicho reajuste no puede lograrse en detrimento de los derechos de los habitantes del país, quienes tienen la potestad de expresar su opinión con respecto a los aumentos en los precios de los hidrocarburos, tal y como se indicó” (lo destacado no es del original)

 

          ii) Sentencia número 2012-017749 de las 09:30 horas del 14 de diciembre de 2012: “Bajo ese contexto, la autoridad recurrida lesionó el derecho de participación ciudadana en los asuntos ambientales, dado que una audiencia se realiza con el fin de dar oportunidad a los interesados de manifestarse, en contra o a favor de una decisión que tiene, indubitablemente, repercusiones en su esfera jurídica.”

 

          iii) Sentencia número 2011-005516 de las 12:31 horas del 29 de abril de 2011: “Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad.”

 

          iv) Sentencia número 2011-007962 de las 10:53 horas del 17 de junio de 2011: “De igual forma, este Tribunal Constitucional, en la Sentencia No. 8125-2008 de las 18:22 hrs. de 13 de mayo de 2008 -con respecto a las audiencias públicas que debe de organizar la ARESEP para la ciudadanía interesada en aquellos casos en los que se tramita un estudio de fijación tarifaria de servicios públicos-, estimó lo siguiente: “(…) La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas se encuentra prevista en el artículo 9 de la Constitución Política, por lo que adquiere el rango y la fuerza de un derecho constitucional de carácter fundamental. No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre diferentes temas que le afectan a la colectividad, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso.” (lo destacado no es del original).

          Este reconocimiento del gobierno democrático como derecho fundamental también se ha dado en otras latitudes. Verbigracia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha destacado su importancia en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, en la sentencia número C-180 de 1994, se precisó lo siguiente: “El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo”.

“El concepto de democracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional”.

“No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual”.

“La participación ciudadana en escenarios distintos del electoral alimenta la preocupación y el interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye a la formación de unos ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en los procesos gubernamentales y, adicionalmente, hace más viable la realización del ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para lograr el desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho”.

“En la democracia participativa el pueblo no sólo elige sus representantes, por medio del voto, sino que tiene la posibilidad de intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones, así como la de dejar sin efecto o modificar las que sus representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya sea por convocatoria o por su propia iniciativa, y la de revocarle el mandato a quienes ha elegido”.

“En síntesis: la participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social”.

          En el mismo sentido, en la sentencia número C-522 de 2002, la Corte Constitucional de Colombia destacó la proyección del principio democrático y de la participación ciudadana en otros escenarios en virtud de su carácter universal y expansivo. Dijo entonces: “De otra parte, es necesario puntualizar que la Constitución Política de 1991 no restringe el principio democrático al ámbito político sino que lo extiende a múltiples esferas sociales. El proceso de ampliación de la democracia supera la reflexión sobre los mecanismos de participación directa y especialmente hace énfasis en la extensión de la participación de las personas interesadas en las deliberaciones de los cuerpos colectivos diferentes a los políticos. El desarrollo de la democracia se extiende de la esfera de lo político en la que el individuo es considerado como ciudadano, a la esfera social donde la persona es tomada en cuenta en su multiplicidad de roles, por ejemplo, como trabajador, estudiante, miembro de una familia, afiliado a una empresa prestadora de salud, consumidor etc. Ante la extensión de la democracia la Corte Constitucional ha señalado que el principio democrático que la Carta prohija es a la vez universal y expansivo. Universal porque compromete varios escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que válidamente puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por lo tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder. Es expansivo pues porque ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción”.

          VII.- Sobre el caso concreto. La recurrente alega que la SETENA lesionó su derecho de participación ciudadana durante la audiencia pública realizada el 9 de noviembre de 2013, en el gimnasio Eddy Bermúdez de Limón, correspondiente al expediente del proyecto de la Nueva Terminal de Contenedores de Moín, ya que a pesar de que solicitó el uso de la palabra, no se le concedió.

          Al respecto, la Sala tiene por demostrado que el 25 de mayo de 2012, en la SETENA fue recibido el documento de evaluación ambiental inicial del proyecto “Terminal de Contenedores de Moín” presentado a nombre de la empresa APM Terminals Moín S.A., al cual se le asignó el expediente número D1-7968-2012-SETENA. Asimismo, se observa que mediante resolución número 2539-2013-SETENA del 10 de octubre de 2013, la Comisión Plenaria de SETENA acordó la celebración de una audiencia pública de las 8:00 a las 16:00 horas del 9 de noviembre de 2013 en el Gimnasio Eddy Bermúdez de Limón. Por otra parte, a través de nota recibida en la SETENA el 4 de noviembre de 2013, la recurrente se apersonó en el expediente número D1-7968-2012, solicitando hacer uso de la palabra durante la audiencia pública por efectuarse. Mediante oficio número SG-UE-DEA-146-2013, la SETENA le indicó que “durante la realización se establecería un espacio de preguntas y comentarios, dentro del cual podrá ejercer su derecho uso de la palabra”. Observa la Sala que, efectivamente, el 9 de noviembre de 2013 se celebró la audiencia pública de cita con el siguiente programa: de las 7:00 a las 8:00 horas, registro de participantes; de las 8:00 a las 8:30 horas, primera y segunda convocatoria respectivamente; de las 8:30 a las 8:50 horas, inicio formal de la actividad – presentación formal de la SETENA – establecimientos de las reglas de la audiencia; de las 8:50 a las 9:20 horas, descripción del proyecto; de las 9:20 a las 11:00 horas, presentación del Estudio de Impacto Ambiental; de las 11:00 a las 11:15 horas, recolección y clasificación de preguntas; de las 11:15 a las 12:00 horas, lectura de preguntas y respuestas a preguntas; de las 12:00 a las 13:00 horas, receso para el almuerzo; de las 13:00 a las 14:00 horas, continuación de la lectura de preguntas y respuestas; de las 14:00 a las 14:15 horas, recolección y clasificación de boletas con comentarios; de las 14:15 a las 16:00 horas, espacio para replica a comentarios; 16:00 horas, elaboración del acta, lectura y firmas – cierre de la actividad. Ahora bien, como correspondía, al inicio de la actividad, el Secretario General de SETENA dio lectura al programa general y explicó las reglas de la audiencia, entre las que puntualizó: “(…) en razón del orden que debe imperar en la celebración de la audiencia, las conductas que representen un quebranto a dicho propósito generará en primera instancia un llamado al orden. En caso de no restablecerse el mismo se podrán tomar medidas tales como acordar una pausa prudencial, requerir la intervención de la seguridad o la suspensión de la audiencia”. Ahora bien, debido a un conato de violencia generado por algunos de los presentes, la mencionada audiencia, en vez de suspenderse como se había indicado en las reglas del programa general, se dio por finalizada por parte del Secretario General de la SETENA aproximadamente a las 13:40 horas, de manera que no se procedió con el resto de las fases de la audiencia: recolección y clasificación de boletas con comentarios, espacio para replica a comentarios, y, finalmente, elaboración del acta, lectura y firmas, junto con el cierre de la actividad. Tal finalización de la audiencia ha quedado plenamente acreditada, tanto con fundamento en el video aportado como prueba por el Secretario General de la SETENA, como con base en la trascripción literal de la audiencia, donde se consignó: “14. Suspensión de la audiencia. Uriel Juárez:… par (sic) realizando esta audiencia pública, en este momento la damos por finalizada. Muchas gracias!”.

          De este modo, en vez de suspender la audiencia, esta se dio por finalizada, lo que implicó excluir aspectos fundamentales de dicha jornada, como la recolección de comentarios y sus réplicas. Adviértase que el derecho al gobierno participativo, estatuido en el artículo 9 de la Constitución Política, constituye, como se explicó en el considerando IV de este pronunciamiento, una pauta de orientación constitucional que irradia sobre el desarrollo legislativo y reglamentario, así como sobre el accionar de la Administración. Precisamente, en atención a ese mandato constitucional, los numerales 6 y 22 de la Ley Orgánica del Ambiente y 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental obligan a la realización de la citada audiencia. Para que esta se considere celebrada de manera correcta, la misma debió haber concluido de modo completa, lo que en la especie no se dio y, además, resulta de particular gravedad, porque ni los comentarios ni sus réplicas vendrían a ser tomados en cuenta al momento de emisión del acto final respectivo. Así las cosas, en el sub examine, la protección al derecho constitucional al gobierno participativo, que también puede ser visto como principio, solo puede volverse operativa si se vela por su correcto resguardo a la hora de aplicar e interpretar la normativa infra constitucional que obliga a la celebración de una audiencia completa, toda vez que se está ante una grosera y evidente violación al núcleo duro del referido derecho pues, como se señaló, aspectos esenciales (recolección de los comentarios de los participantes y sus réplicas) han venido a quedar por fuera, pese a que las reglas de la audiencia, expuestas al inicio de la actividad, solo hacían referencia a la suspensión de la actividad como medida más drástica en caso del algún disturbio. Como se advierte con facilidad, esta lesión al gobierno participativo no requiere para su demostración de diligencia alguna de prueba compleja, dada la claridad con que se fijaron las reglas de la audiencia. Además, pretender que el control de constitucionalidad está limitado al mero hecho de si hubo o no audiencia, sin analizar aspectos elementales de la forma en que esta se desarrolla (como lo ha venido efectuando la Sala Constitucional), implica desfigurar el derecho constitucional al gobierno participativo y dejarlo como un cascarón vacío, ayuno de una efectiva tutela constitucional.

          En el sub judice, la propia SETENA incumplió las reglas que ella misma instauró para el adecuado desarrollo de la diligencia. Recuérdese que dentro de las pautas acordadas previo al inicio de la audiencia se encontraba que, en caso de evidenciarse conductas que representaran un quebranto al orden, primero se haría un llamado al orden y si este no surtía los efectos deseados, se acordaría una pausa prudencial, se requeriría la intervención de la seguridad, o bien, se suspendería la audiencia. La suspensión de una diligencia no es lo mismo que su finalización. La primera conlleva una reprogramación con el fin de concluir satisfactoriamente lo omitido. En la segunda, se da por terminada de manera definitiva la audiencia, de manera que debe ser usada cuando ya se hayan agotado todas las fases programadas sin que se omita ninguna relevante. Sin embargo, en el caso concreto, se eliminó un elemento esencial de la audiencia pública: la etapa destinada a que las personas interesadas se manifestarán, a viva voz, para la réplica de los comentarios. Si por las circunstancias verificadas el 9 de noviembre de 2013 no fue posible concluir la diligencia pública, lo propio hubiese sido que SETENA reprogramara la audiencia para días posteriores y esta fuera concluida como correspondía.

          Sin demérito de lo señalado, la Sala es consciente de que los disturbios acaecidos durante el desenlace final de la audiencia no son imputables a la SETENA. Asimismo, este Tribunal reconoce que la autoridad recurrida tenía programada la intervención activa de las personas presentes. Empero, en atención al derecho constitucional al gobierno participativo, estipulado en el ordinal 9 de la Constitución Política, la Sala estima necesario ordenar en este amparo la finalización de la audiencia pública efectuada, con el propósito de que las personas que oportunamente habían solicitado el uso de la palabra durante la fase de comentarios, puedan exponer a viva voz sus opiniones, para lo cual se deberán tomar las medidas de organización, seguridad y tecnológicas pertinentes a fin de concluir la audiencia pública con normalidad.

          VIII.- Voto salvado del Magistrado Jinesta Lobo, la Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado, con redacción de la segunda. Estimamos que este amparo debe ser rechazo de plano. Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. Por esa razón, son ajenas y lejanas a la competencia de este Tribunal, las cuestiones que se plantean en el caso, a saber, si la estructura de la audiencia permitía la intervención de todos o solo algunos; si la Constitución garantiza que la recurrente deba exponer de viva voz su criterio aún cuando hizo llegar sus comentarios por escrito; si la audiencia fue bien o mal terminada, al haberse concluido dos horas veinte minutos antes de lo programado, o si debió solamente suspenderse; o las consecuencias jurídicas del proceder de los grupos de asistentes que iniciaron -sin saberse si adrede o no- los brotes de violencia que dieron al traste con lo programado.- En el caso específico, precisamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, no define si esa participación es a viva voz, por escrito o de qué manera se satisface la exigencia de la participación, lo cual requiere ser analizado en un proceso que permita la amplitud de prueba y contradictorio que, desde nuestro punto de vista, no encuadra en el amparo como proceso rápido, sencillo, sumario y especial de protección de derechos humanos fundamentales. Le corresponde entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico infra constitucional. Por las razones indicadas, estimamos que el tema planteado está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional.

Por tanto:

          Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Miguel Marín Cantarero, en su condición de Secretario General ad hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que de inmediato proceda a concluir la audiencia pública del expediente número D1-7968-2012-SETENA, la cual deberá ser efectuada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, con el propósito de concluir solo las fases omitidas según las reglas de la audiencia expuestas al comienzo de la misma. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta sentencia a Miguel Marín Cantarero, en su condición de Secretario General ad hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien en su lugar ocupe el cargo, en forma personal. Los Magistrados Jinesta Lobo, Hernández López y Salazar Alvarado salvan el voto y rechazan de plano el recurso.-

 

 

 

Gilbert Armijo S.

Presidente a.i.

 

 

 

Ernesto Jinesta L.                                                         Fernando Cruz C.

 

 

 

Paul Rueda L.                                                           Nancy Hernández L.

 

 

 

Luis Fernando Salazar A.                                      Rosa M. Abdelnour G.

 

 

 

Oloria

 

EXPEDIENTE N° 13-013068-0007-CO

 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 03:42:06.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

*130130680007CO*

Exp: 13-013068-0007-CO

Res. No. 2013-017305

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and thirty-two minutes on the twentieth of December of two thousand thirteen.

Recurso de amparo filed by Myrna Ivette Pierre Dixon, bearer of identity card 7-720-310; against the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA).

Resultando:

1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 11:24 hours on November 14, 2013, the petitioner files a recurso de amparo against SETENA. She states that the respondent authority violated her right to citizen participation during the public hearing held on November 9, 2013, at the Eddy Bermúdez gymnasium in downtown Limón, within administrative file number D1-7968-2012-SETENA, under which the project called: “New Moín Container Terminal” (Nueva Terminal de Contenedores de Moín) is being processed. She explains that through official letter Number FSC-004-2013, she appeared before that file and requested to be granted the floor during the cited public hearing. She affirms that through official letter number SG-UE-DEA-146-2013, she was answered that during the hearing, a space for questions and comments would be established, within which she could exercise her right to speak. She assures that she appeared on the day of the hearing and complied with the required conditions for exercising the right to speak; however, during the public hearing, she was not granted the floor, nor were a large number of citizens who so requested. She adds that she submitted official letter number FSC-005-20013, which bears the received signature of a SETENA official, which was not read during the hearing. She considers her right to citizen participation violated. She requests the Chamber to declare the recurso with merit, with the consequences that this implies.

2.- By resolution of the Presidency at 08:58 hours on November 18, 2013, the amparo was admitted for processing.

3.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 15:26 hours on December 3, 2013, Miguel Marín Cantarero, in his capacity as ad hoc Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), reports under oath that on May 25, 2012, the initial environmental assessment document for the project “Moín Container Terminal” was received at that office, submitted on behalf of the company APM Terminals Moín S.A., to which file number D1-7968-2012-SETENA was assigned. He states that on August 31, 2012, by resolution number 2246-2012 of August 31, 2013, it was agreed to request the developer, within a maximum period of 1 year, to submit an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA), in accordance with legal requirements. He indicates that said study was submitted and is in the analysis stage. He points out that due to the magnitude of the project and considering that a rigorous analysis of the highest level must be carried out, it should be clarified that at the end of May 2013, this Secretariat requested technical criteria from 32 institutions, among them: public universities, professional associations (biologists, sociologists, geologists, engineers and architects, agronomists), the National Museum, SENARA, SINAC, JAPDEVA and MOPT, among others, regarding the EIA submitted for the project in question. He affirms that of the institutions consulted, to date 22 of them have issued an opinion and 4 have requested an extension to provide their criteria. He maintains that on April 11, 2013, the submission of the EIA was published in a nationally circulated newspaper so that interested persons could submit their observations to SETENA. He maintains that later, the Plenary Commission officially agreed to hold a public hearing through resolution number 2539-2013-SETENA of October 10, 2013, scheduled to be held on November 9, 2013, from 08:00 to 16:00 hours at the Eddy Bermúdez Gymnasium, in the town of Limón. He explains that through resolutions number 2277-2013-SETENA and 2278-2013-SETENA of November 8, 2013, 4 nullity challenges (incidentes de nulidad) filed against the call for the public hearing were resolved without merit; in addition, 5 nullity challenges to the public hearing are currently pending, as well as a motion for reversal (recurso de revocatoria) against resolution number 2277-2013 and 25 ordinary appeals (recursos ordinarios de apelación) against resolution number 2778-2013. He argues that by resolution at 14:19 hours on November 19, 2013, SETENA and MINAE were granted a period of 3 days to submit a report in relation to the recurso de amparo filed by Danny Jirón Menéndez, alleging violations of the right to citizen participation of those interested in taking part in the public hearing of November 9, 2013. He mentions that the petitioner appeared before file number D1-7968-2012; regarding the request made to grant her an opportunity to speak, through official letter number SG-UE-DEA-146-2013, she was informed that “during the hearing, a space for questions and comments would be established, within which you may exercise your right to speak.” He states that at the beginning of the activity, the Secretary General of SETENA read the general program of the hearing, indicating the manner in which time and opportunities for comments and questions would be used. He states that among the rules established for said activity, it was clarified to the participants that the time available for the comments stage would be established in proportion to the number of proposed interventions; likewise, personal time waivers to speak would be admitted. He indicates that the opportunity to participate during the hearing was granted under equal conditions, including to the petitioner. He points out that ballots were distributed for questions and others for comments, regarding which no distinction was made among those present. He affirms that the petitioner, like the rest of those present, had the possibility of participating by formulating the pertinent questions and comments, for which she had to fill out the respective ballots. He maintains that to participate in the hearing, it was necessary to fill out the ballots that were distributed, as was explained at the beginning of the activity. He maintains that it was also established that the time to participate would be distributed proportionally to the number of people present. He explains that the official letter alluded to by the petitioner was submitted on the same day of the public hearing, even when it had already begun and its development had been programmed. He argues that many of those present created an atmosphere of disrespect, hindering the normal development of the hearing and constant attempts at intimidation towards SETENA officials. He clarifies that, according to what was reported by the Commissioner of the Ministry of Public Security, “during the presentations, there were calls for attention and calls for calm by SETENA officials since the participants shouted slogans against the project, in addition to using whistles and horns, which prevented it from continuing (…)”. He states that in light of that situation, it was impossible to avoid the suspension of the hearing due to the abrupt entry onto the gymnasium court by a group of those present, the area where the members of that Secretariat were located; for this reason, it was not possible to carry out the comments phase. He states that, however, the corresponding comment ballots were received and are recorded in the public hearing file. He states that the comment ballot submitted by the petitioner, like the rest, was received without any distinction. He assures that the breach of security measures by a group of those present generated an evident threat to the physical integrity of the officials and other people present. He affirms that SETENA did what was within its reach to promote the participation of those interested in the project during the hearing. He maintains that, in addition to the public hearing ordered in the canton of Limón, other participation spaces have been applied, such as the publication of the submission of the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) at SETENA in the newspaper La Prensa Libre on April 11, 2013, so that interested persons could submit pertinent observations to the study; furthermore, there is the possibility of appearing before the file or submitting corresponding environmental observations, requesting private hearings with the Plenary Commission of SETENA, among others. He maintains that the observations presented by the petitioner will be assessed, so her right to participation has not been limited. He explains that the petitioner, in reality, disagrees with the particular manner in which the hearing was conducted and the mechanism used for participation, which is a matter of legality. He requests the Chamber to declare the recurso without merit.

4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considerando:

I.- Preliminary matter. Before examining the case at hand, it is pertinent to indicate that in light of the provisions of Article 13 of the Law on Constitutional Jurisdiction, the jurisprudence and precedents of this jurisdiction are binding erga omnes, except for itself. This implies that, in the face of new, similar factual situations, this Tribunal—following prior study—may decide differently, without this implying any violation of the right of the petitioner to resort to other avenues in defense of their rights. Thus, despite the fact that in judgment number 2013-015135 at 10:30 hours on November 15, 2013, this Chamber flatly rejected a recurso de amparo filed against SETENA, among other issues, for the sudden lifting of the public hearing related to the port project called “Moín Container Terminal”; however, in this amparo, the recurso was admitted for processing and, unlike the aforementioned case, the merits of the matter were indeed examined, for which reason, based on the new evidentiary and normative elements, it is appropriate to reconsider what was ordered in the aforementioned vote.

II.- Object of the recurso. The petitioner alleges that SETENA violated her right to citizen participation during the public hearing held on November 9, 2013, at the Eddy Bermúdez gymnasium, in downtown Limón, corresponding to the file related to the project of the New Moín Container Terminal, since despite her request to speak, she was not granted the floor.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven: a) on May 25, 2012, the initial environmental assessment document for the project “Moín Container Terminal” was received at SETENA, submitted on behalf of the company APM Terminals Moín S.A., to which file number D1-7968-2012-SETENA was assigned (see statements given under oath and evidence provided); b) through resolution number 2539-2013-SETENA of October 10, 2013, the Plenary Commission of SETENA officially agreed to hold a public hearing, to be held from 8:00 to 16:00 hours on November 9, 2013, at the Eddy Bermúdez Gymnasium, in the town of Limón (see statements given under oath and evidence provided); c) through a note received on November 4, 2013, the petitioner appeared before file number D1-7968-2012, requesting to be granted an opportunity to speak during the upcoming public hearing (see statements given under oath and evidence provided); d) through official letter number SG-UE-DEA-146-2013, SETENA informed the petitioner that “during the hearing, a space for questions and comments would be established, within which you may exercise your right to speak” (see statements given under oath and evidence provided); e) on November 9, 2013, the cited public hearing was held, which began at approximately 8:06 hours; at the beginning of the activity, the Secretary General of SETENA read the general program of the activity and the rules for its development, among which it was stated that: “(…) due to the order that must prevail in the holding of the hearing, conduct that represents a breach of that purpose will generate, in the first instance, a call to order. If order is not restored, measures may be taken such as agreeing to a prudential pause, requesting the intervention of security, or the suspension of the hearing” (see statements given under oath and evidence provided); f) the hearing had the following program: from 7:00 to 8:00 hours, participant registration; from 8:00 to 8:30 hours, first and second call respectively; from 8:30 to 8:50 hours, formal start of the activity – formal presentation of SETENA – establishment of the hearing rules; from 8:50 to 9:20 hours, project description; from 9:20 to 11:00 hours, presentation of the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental); from 11:00 to 11:15 hours, collection and classification of questions; from 11:15 to 12:00 hours, reading of questions and answers to questions; from 12:00 to 13:00 hours, lunch recess; from 13:00 to 14:00 hours, continuation of reading of questions and answers; from 14:00 to 14:15 hours, collection and classification of ballots with comments; from 14:15 to 16:00 hours, space for reply to comments; 16:00 hours, drafting of the minutes, reading and signatures – closing of the activity (report from the respondent party); g) the procedure in question was concluded by the Secretary General of SETENA at approximately 13:40 hours, due to a outbreak of violence (conato de violencia) generated by some of the attendees, so that the last programmed phase, corresponding to “comments,” was not carried out (see statements given under oath and evidence provided); h) the comment ballot submitted by the petitioner was received and incorporated into the administrative file (see statements given under oath and evidence provided).

IV.- On the control of constitutionality and its extension. According to Article 10 of the Political Constitution, a specialized Chamber of the Supreme Court of Justice shall be responsible for declaring, by an absolute majority of its members, the unconstitutionality of norms of any nature and of acts subject to Public Law. Not challengeable through this route are the jurisdictional acts of the Judicial Branch, the declaration of election made by the Supreme Electoral Tribunal, and others determined by law.

Turning to the law, Article 1 of the Law on Constitutional Jurisdiction determines that the ratio iuris of constitutional jurisdiction is to guarantee the supremacy of the norms and principles of the Constitution and of International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in international human rights instruments in force in Costa Rica.

Thus, the parameter of constitutional control includes a normative spectrum that goes beyond the constitutional text, because it incorporates conventional law as well as constitutional principles and values.

In amparo matters, literally, Article 29 of the Law on Constitutional Jurisdiction determines that the amparo is admissible against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or simple material act not based on a valid administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights. The amparo shall be admissible not only against arbitrary acts, but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or improperly applied norms. (The highlighting is not from the original).

Consequently, when exercising constitutional control through the amparo route, the Constitutional Chamber must determine, among other aspects, which constitutional or conventional rights are being violated, which resolution, act, or omission has caused a violation of constitutional significance, and whether there has been an improper application or erroneous interpretation of norms contrary to the correct protection of fundamental rights.

In this regard, the very particular characteristics of constitutional norms must be emphasized: their content is often abstract, they enunciate generic provisions, and their application is frequently elastic (except for some norms with a very specific and precise mandate).

This situation is explained because constitutional regulations are at the apex of the internal normative hierarchy, so their fundamental function consists of dictating the basic guidelines that serve as orientation for the rest of the normative machinery when developing legislative and regulatory powers.

What we mean is that the normative content of fundamental rights is not restricted to the hard core contemplated in the constitutional text, but inexorably encompasses the subsequent development thereof through laws and regulations. Making a fundamental right operational demands its concretization in the infraconstitutional legal system. Ergo, attempting to exercise constitutional control only in the sphere of the generic and abstract norm of the Political Constitution becomes a chimera; true constitutional control can only be exercised through an interaction between the constitutional and infraconstitutional spheres.

For example, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, expressly regulated in Article 50 of the Political Constitution as well as in many international instruments in force in Costa Rica, is impossible to protect by mere reference to the Fundamental Law. The constitutional control corresponding to that right can only be developed if the infraconstitutional regulations are consulted in order to ensure that the fundamental requirements established precisely to safeguard the constitutional mandate of Article 50 of the Fundamental Law are effectively fulfilled.

Thus, a project with a significant environmental impact will inexcusably require an EIA, which is only directly required by Article 17 (and following and concordant articles) of the Environmental Framework Law (Ley Orgánica del Ambiente), not by the Political Constitution; however, what said article does is merely develop the normative guideline previously established in Article 50 of the Fundamental Law.

The distinction, then, of when a matter is one of constitutionality and when one of legality in amparo matters does not depend on the type of norm used in the analysis, but on other factors, such as the intensity of the violation of the constitutional order and the technical complexity of investigating the real truth.

Regarding the first element, constitutional control is designed to act against those gross and evident violations of the constitutional order, those violations that, due to their degree of intensity, manifest themselves axiomatically and violate the core or essential content of a constitutional right, which in German doctrine is called the “Kern des Grundrechtes”. As for the second point, the amparo aims for the swift protection of fundamental rights, so that a matter whose investigation of the real truth demands an intense and complex evacuation of technical evidence is incompatible with that summary nature of the amparo.

In this way, matters where violations of the constitutional order are not of relevant intensity, or matters where the processing of evidence is overly complex, cannot be heard through the amparo route. In this latter case, the plaintiff has recourse to the legality route, or, eventually, to the acción de inconstitucionalidad, when this latter route is admissible according to the Law on Constitutional Jurisdiction, since said constitutional process is not summary, but rather a more in-depth examination of both constitutional criteria and factual elements is consubstantial to it.

V.- On the constitutional right to participatory government. The right to citizen participation in decision-making has become one of the fundamental pillars on which the democratic system rests. In our country, the constitutional legislator enshrined this right in Article 9 of the Political Constitution by providing that the Government of the Republic is popular, representative, participatory, alternating, and responsible. This mandate of the Fundamental Law has guided subsequent constitutional and infraconstitutional normative development. Thus, a series of mechanisms has been established that seek to ensure that the right to participatory government can be applied effectively and does not remain only on paper, such as the referendum for the approval or repeal of laws and partial reforms to the Constitution, or the popular initiative in the formation of laws (see, among others, judgment number 2005-05649 at 14:39 hours on May 11, 2005).

The right to participatory government, elevated to constitutional rank through the reform brought about by Law No. 8364 of July 1, 2003, published in La Gaceta No. 146 of July 31, 2003, not only signifies recognition of the highest normative rank to the function of political control, but also constitutes a revaluation of the citizen's role in decision-making processes. By the will of the constituent legislator, which this Chamber must not and cannot ignore, the right to participatory government stands as a fundamental pillar of our democratic regime—a matter erroneously disregarded by the minority vote, which lowers the category of citizen participation from a right to a general principle, in clear opposition to the jurisprudential line of this Chamber as will be demonstrated below—which is consistent with a political system based on tolerance, pluralism, and respect for freedom.

This right to participatory government, also called the right to citizen participation, is sheltered in several international human rights instruments.

In this way, Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 provides that "everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives."

Consistent with the above, Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the right of citizens: “(…) to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.”

In a similar vein, the Inter-American Democratic Charter indicates in its Article 5 that: “Representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation of the citizenry within a framework of legality conforming to the respective constitutional order.”

More vehemently, Article 6 of said Charter states that: “Citizen participation in decisions relating to their own development is a right and a responsibility. It is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy. Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy.”

This conventional and constitutional recognition of the mentioned right represents a fundamental aspect of the democratic model of this century, in which citizen control, transparency, and accountability stand out as factors inherent to the republican system, which in turn endows political decision-making with much greater legitimacy, a key aspect when it comes to true governability.

Precisely one of the mechanisms devised to fulfill the provisions of Article 9 of the Constitution is the public hearing, which constitutes a means through which interested persons can assert their rights, actively participating in matters of national or local relevance, and bringing to the attention of the Administration all anomalies or disagreements in relation to the project being developed. Thus, the public hearing is a typical instrument of a mature democracy, through which the active participation of citizens in public decision-making is encouraged. By its meaning, the hearing must be conducted in such a way as to guarantee the greatest participation of persons who may be affected; hence, any action or omission that prevents the foregoing implies an open violation of the fundamental rights of the participants (see, among others, judgment number 2009-018223). Regarding the participatory nature of the public hearing, the Political Constitution itself mandates it, since with the reform to Article 9 of the Fundamental Law in force since July 31, 2003, it was established that the Government of the Republic must be, among other aspects, participatory, which implies that the government in power is an articulator of what is established by popular deliberation. In other words, in contemporary democracy, citizens enjoy, by constitutional mandate, not only the right to vote to exercise their right to participatory government, but also a number of instruments of diverse nature to contribute to political decision-making, which enables them to exert direct influence on major public decisions. This fundamental right of citizen participation establishes that the people must be enabled to express themselves equally on both majority and minority points of view. Thus, national participation mechanisms such as the referendum or plebiscite will be as important as local ones. During the public hearing, participants must be given all the facilities to be informed and to make themselves heard, all within reason, since the hearing cannot become an obstacle or a resource to prevent timely resolution of a given proceeding either.

Of interest for the sub examine, it should be recalled that Article 6 of the Environmental Framework Law guarantees the right to a hearing in those matters where the environment is at stake. Literally, said norm reads as follows: “Participation of the inhabitants. The State and the municipalities shall promote the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in the decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.” Similarly, Article 22 of that normative body indicates the following: “Evaluation file. Natural or legal persons, public or private, shall have the right to be heard by the National Environmental Technical Secretariat at any stage of the evaluation process and in the operational phase of the work or project. The observations of the interested parties shall be included in the file and assessed for the final report (the underlining is not from the original).” The General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, compiles a series of rules for holding public hearings in the procedures processed by SETENA for the purpose of granting environmental viability (viabilidad ambiental) to a specific project. Specifically, Article 3 defines the public hearing as follows: “Article 3—Definitions and Abbreviations. For the purposes of this regulation, the following definitions and abbreviations are used:

(…)

12.

Public Hearing: This is the presentation that SETENA orders the developer and the environmental consulting team to carry out, for a Category A activity, work, or project, when it deems it necessary, in order to inform civil society about the project and its impacts, in accordance with the Ley Orgánica del Ambiente, the Biodiversity Law, this regulation, and other concordant regulations, as well as to hear the opinions of those present at the hearing so that they may be analyzed in the EIA process and a decision may be made on their inclusion or not." (The highlighting does not correspond to the original).

          In conclusion, the public hearing within the procedures processed by SETENA for the purpose of granting or denying environmental viability (viabilidad ambiental) to a given project becomes a clear manifestation of the constitutional right to participatory government, enshrined in Article 9 of our Political Constitution, which has been strengthened by this Constitutional Court in its jurisprudence; hence, this Chamber is called upon to guarantee it in the sub judice case, with all the prerogatives and rights for both parties. An example of the impetus this Chamber has given to citizen participation in environmental matters are the following judgments:

          1) Judgment number 2008-12583 of 3:02 p.m. on August 19, 2008: "Article 50 of our Political Constitution enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment, understanding this as the right of present and future generations to inhabit an environment that guarantees their health, both physical and mental. To comply with the foregoing, the constituent power granted every person the standing to denounce any violation of the environment, as a way of guaranteeing citizen participation in the protection of the environment, and thus complying not only with the provisions of constitutional Article 50, but also with the democratic principle, which derives from Article 1 of the Political Constitution. On this particular topic, it is appropriate to mention the provisions of judgment number 2002-10693 of six twenty p.m. on November seven, two thousand two, in which it was indicated, in what is relevant:

“i.– The right of access to environmental information. This right has, in turn, two aspects; on the one hand –in its active aspect– it entails the right of all persons to receive information concerning the environment, by virtue of having made a request in that sense, without it being necessary to previously demonstrate any specific interest –it being sufficient to allege the presence of a diffuse interest, which in itself has been widely accepted by this Chamber–, and said information must be made available to the petitioner as soon as possible. In this regard, access could only be excepted under well-founded arguments that the information to be publicized adversely affects the confidentiality inherent in judicial proceedings, State secrets, and intellectual property rights. Regarding the passive aspect, this citizen's right implies that, correlatively, the Administration has the duty to provide, to whoever requests it, information relating to the environment, both within procedures and outside of them; this would include the obligation to inform about the proposed activity, the structure of the procedure, the indication of which bodies would receive opinions or questionings, among others.

ii.– The right to public participation. This aspect implies the possibility for those persons who may be affected or who have an interest in a decision concerning the environment to express their criteria, opinions, points of view, or questionings about it from an early stage, without these having to be subject to specific formalities to be taken into account. Consequently, the information provided to the administered party must contain non-technical summaries, allowing persons to understand the magnitude of the discussion. Likewise, it entails the existence of adequate timeframes so that, prior to participation, a stage is carried out for citizens to become informed.

iii.– The right of access to justice in environmental matters. This dimension refers to the right of citizens to have broad active legal standing to proceed to request the review of measures taken in relation to the environment, especially when they consider that any of the two aspects cited above have been violated within the procedure."

Precisely, one of the forms of citizen participation in decision-making on environmental matters materializes in the possibility that persons have to know about and provide their opinion with respect to the different environmental impact assessments submitted to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, this in accordance with the provisions of Article 6 of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 95 of the Biodiversity Law. On this specific topic, the Chamber indicated in the aforementioned vote the following:

“The environmental impact assessment procedure is characterized by being an administrative procedure with a differentiating note, since what it seeks is to avoid or minimize the eventual configuration of environmental damage, within the execution of activities about which there is certainty regarding the harmful effect they would produce on the environment if carried out without any containment. In other words, this instrument corresponds to the materialization of the prevention principle, in that before an activity that is known beforehand to be harmful to the environment, the interested party proposes a series of measures aimed at avoiding or mitigating the ecological detriment to the public body or entity –in this case SETENA– which is responsible for determining whether these are the most appropriate for that purpose. Consequently, given that what this procedure pursues at all times is to foresee any negative consequence through a broad flow of information, it is natural to understand that one of its characteristics is that persons who may be affected by the development of the project can provide fundamental data or points of view that the competent authorities, as a result of an omission or arbitrary conduct, could ignore or set aside, thereby leaving the environment unprotected. This is how the principle or right of participation implies, within the environmental impact assessment procedure, a high degree of publicity, to the point that any act or request that has a significant effect on its final result must be of general scope for all interested parties, so that they can exercise their opinions at any moment and not be pigeonholed to a specific procedural moment. The role of the population as defender of a healthy environment goes 'from the cradle to the grave,' that is, from the beginning of the productive activity as a project, until the end of its useful life, so it would not be admissible that in an exploitation destined to last for an indefinite period, even decades –as is the case of hydroelectric projects–, and with irreversible consequences, the participation of those social sectors that may be affected is limited to a procedural stage, which, like a hearing, can last only a few hours. Thus, by reason of its preventive nature, it is required that from the very moment of its initiation, a project subject to environmental impact assessment must be brought to the knowledge of the population for the purpose of initiating an open phenomenon of participation." (the highlighting is not from the original)


          2) Judgment number 2010-017488 of 2:34 p.m. on October 19, 2010: "Regarding the public hearing for the community. Another point claimed by the appellant is the lack of a public hearing for the community to communicate the different consequences of the Limón sanitary landfill (relleno sanitario). In this regard, the General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental accepts, under oath, that indeed the public hearing has not been held in the community in relation to this project. Thus, taking into account the stipulations in Considerando V, it is verified that the appellant is right in his allegation and, consequently, this appeal must be granted with regards to this point. In effect, the refusal of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in this Chamber's judgment, is arbitrary and unjustified, since the present matter deals with the construction of a sanitary landfill, which undoubtedly affects the lives of the local residents and the environment. Thus, this Court considers that a public hearing where adequate communication, information, and dialogue with the population about the sanitary landfill project was given was of importance so that the residents could have a broader overview of the benefits and harms that a project like the aforementioned can entail. In that sense, in the opinion of this Court, the right to citizen participation was not guaranteed, since, no hearing having been held in the community, the interested parties saw their possibilities of learning more deeply about the topic under discussion limited. Thus, by reason of the foregoing, it is deemed that the present appeal must be upheld regarding this point." (the underlining is not from the original)


          3) Judgment number 2013-009795 of 10:00 a.m. on July 19, 2013: "IV.- On the other hand, this Court has strengthened the right of the population to participate in those matters that are of their interest and that involve affecting the environment. On the subject, it has been indicated that citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information relating to environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making in these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only invite citizen participation but must promote it and respect it when it occurs (see judgments number 2001-10466, 2003-6322, and 2010-6922). Thus, it is of great importance that the information held on the matter in public offices, relating to the environmental impact assessments under the responsibility of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, be made available to the interested parties, for example. It was the Rio Convention that, in Principle 10, elevated this participation to the rank of a principle in environmental matters, stating:

\"The best way to treat environmental issues is with the participation of all interested citizens, at the corresponding level. At the national level, every person must have adequate training on the environment available from public authorities, including information about materials and activities that pose dangers in their communities, as well as the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to all. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress of damages and relevant remedies, shall be provided.\"

From this principle, the importance given at the international level to environmental issues is clearly evidenced, and in general, above all, to the participation of civil society in decisions of great significance for the community. Precisely, by Law No. 7412 of June 3, 1994, the Legislative Assembly reformed Article 50 of the Political Constitution, guaranteeing every person the right to a healthy and ecologically balanced environment. The foregoing has also brought as a consequence that very broad standing is admitted to denounce acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused, through effective access to judicial and administrative proceedings. Likewise, when the Political Constitution mentions in Article 9 that the Government of the Republic is popular, representative, participatory, alternative, and responsible, we must be clear that citizen participation would not be limited to the mere exercise of the right to vote, or to the aspiration to achieve a public office of popular election, but, additionally and in this new vision, to offering people the real opportunity to contribute to the making of the State's political decisions, especially when these have national significance or could eventually affect the fundamental rights of certain sectors of the population. From Articles 1, 9, and 50 of the Constitution, the consideration that citizens deserve in a democratic State is thus rescued, in which they can at least have access to information about the environment available from public authorities. The commented precept, then, embodies the cited principle through access to available information and its dissemination, so that decision-making is not limited to a restricted group of interests. In the matter we now analyze, our legal system already provides that individuals can request SETENA even to hold public hearings, for the purpose of taking into account the positions formulated by communities interested in decision-making that affects the environment, which has been included in the Ley Orgánica del Ambiente and its Regulations, as the respondent authority reported. The foregoing, of course, in those matters whose significance merits it, which can be requested by any interested party and assessed as such by the Plenary Commission (…)."

          VI.- Constitutional, national, and international jurisprudence recognizing the right to participatory government or citizen participation as a fundamental right. Now then, this Chamber has established criteria within its jurisprudence on public participation in decision-making that affects the community, on topics as varied as the environment, urban planning, and the modification of tariffs in public services, among others. Likewise, it has recognized participatory government as a fundamental right protectable through the amparo remedy. Such decision has been made regardless of the name assigned to it, as it can also be called the right to public participation or to participatory government. In all these cases, based on Article 9 of the Political Constitution, the right to participatory government is established expressly. In addition to the precedents cited in the preceding Considerando, it is relevant to recall these others:

          i) Judgment number 2007-011266 of 2:35 p.m. on August 8, 2007: "Based on what was stated in the preceding Considerando, this Court deems that in the case under study, there is a violation of the provisions of Article 9 of the Political Constitution, because the Regulatory Authority of Public Services did not incorporate in resolution RRG-4771-2005 a mechanism that guarantees the participation of citizens in the resolution of requests for extraordinary increases in fuels, presented by the Refinadora Costarricense de Petróleo. In that sense, this Chamber considers that it is clearly arbitrary for ARESEP to approve an extraordinary model for setting the prices of fuels sold by RECOPE without publicizing the information for each specific case, since this implies that persons cannot exercise their right to participate in making said decision, thereby breaching the provisions of the constitutional legislator. Although this Chamber understands that in the case of the extraordinary adjustment of prices for fuels sold by RECOPE, the purpose is the urgent reestablishment of the financial equilibrium of the relationship between provider and user that has been affected by circumstances different from those foreseen for ordinary settings, the fact is that said readjustment cannot be achieved to the detriment of the rights of the country's inhabitants, who have the power to express their opinion regarding increases in hydrocarbon prices, just as was indicated." (the highlighting is not from the original)


          ii) Judgment number 2012-017749 of 9:30 a.m. on December 14, 2012: "Under that context, the respondent authority injured the right of citizen participation in environmental matters, given that a hearing is held in order to give the interested parties the opportunity to express themselves, against or in favor of a decision that undoubtedly has repercussions in their legal sphere."


          iii) Judgment number 2011-005516 of 12:31 p.m. on April 29, 2011: "Although it is true this Chamber has recognized the existence of the right to citizen participation in matters of an environmental nature, this right must be understood, at least to be cognizable by this jurisdiction, for those projects that, due to their special nature and great significance or impact, may significantly affect a community."


          iv) Judgment number 2011-007962 of 10:53 a.m. on June 17, 2011: "Likewise, this Constitutional Court, in Judgment No. 8125-2008 of 6:22 p.m. on May 13, 2008 -with respect to the public hearings that ARESEP must organize for interested citizens in those cases where a study for setting tariffs for public services is being processed-, deemed the following: "(…) The participation of citizens in public decision-making is provided for in Article 9 of the Political Constitution, thus acquiring the rank and force of a constitutional right of a fundamental nature. It is not a matter of deconstitutionalizing the principle of legality of the Public Administration, although it certainly is a more democratic form of government, expanding the forums for debate on different topics that affect the community and which, by virtue thereof, remain open to citizen intervention and opinion. We are, therefore, before an option already widely accepted in the evolution of the concept of democracy, and this amparo case offers a magnificent opportunity to give it clear and effective validity, so that it does not remain in mere discourse." (the highlighting is not from the original).

          This recognition of democratic government as a fundamental right has also occurred in other latitudes. For example, the jurisprudence of the Constitutional Court of Colombia has highlighted its importance on repeated occasions. For example, in judgment number C-180 of 1994, the following was specified: "The principle of democratic participation expresses not only a system of decision-making but also a model of social and political behavior, founded on the principles of pluralism, tolerance, protection of rights and freedoms, as well as on a great responsibility of citizens in defining the collective destiny."

"The concept of participatory democracy inherently carries the application of the democratic principles that inform political practice to spheres different from the electoral one. It entails a revaluation and vigorous dimensioning of the concept of citizen and a rethinking of his or her role in national life."

"It does not merely comprise the consecration of mechanisms for citizens to make decisions in referendums or popular consultations, or to revoke the mandate of those who have been elected, but additionally implies that the citizen can permanently participate in non-electoral decision-making processes that will significantly influence the course of his or her life. The aim is thus to strengthen channels of representation, democratize them, and promote a more balanced and less unequal pluralism."

"Citizen participation in scenarios other than the electoral one nourishes the concern and interest of the citizenry for collective problems; contributes to the formation of citizens capable of being continuously interested in governmental processes, and, additionally, makes it more viable to achieve the ideal that every citizen has equal opportunities to achieve the personal development to which he or she aspires and is entitled."

"In participatory democracy, the people not only elect their representatives through the vote, but also have the possibility of intervening directly in taking certain decisions, as well as that of nullifying or modifying those that their representatives in public corporations may have adopted, whether by call or on their own initiative, and that of revoking the mandate of those they have elected."

"In summary: the participation conceived within the democratic system referred to herein inspires the new framework upon which the constitutional system of the Colombian State is structured. This implies the quantitative expansion of real opportunities for citizen participation, as well as its qualitative recomposition so that, in addition to the political-electoral aspect, its spectrum projects onto the planes of the individual, family, economic, and social."

          In the same vein, in judgment number C-522 of 2002, the Constitutional Court of Colombia highlighted the projection of the democratic principle and citizen participation in other scenarios by virtue of its universal and expansive character. It stated then: "On the other hand, it is necessary to point out that the 1991 Political Constitution does not restrict the democratic principle to the political sphere but extends it to multiple social spheres. The process of expanding democracy surpasses the reflection on mechanisms of direct participation and especially emphasizes the extension of the participation of interested persons in the deliberations of collective bodies other than political ones. The development of democracy extends from the political sphere, in which the individual is considered a citizen, to the social sphere where the person is taken into account in his or her multiplicity of roles, for example, as a worker, student, family member, member of a health-providing entity, consumer, etc. Faced with the extension of democracy, the Constitutional Court has pointed out that the democratic principle that the Charter upholds is both universal and expansive. Universal because it commits various scenarios, processes, and places, both public and private, and also because the notion of politics that sustains it is nourished by everything that can validly interest the person, the community, and the State and is therefore susceptible to affecting the distribution, control, and allocation of power. It is expansive because it must progressively expand, conquering new realms and permanently deepening its validity, which demands from the main public and private actors a determined effort for its effective construction."

          VII.- On the specific case. The appellant alleges that SETENA injured her right to citizen participation during the public hearing held on November 9, 2013, at the Eddy Bermúdez gymnasium in Limón, corresponding to the project file for the New Moín Container Terminal (Nueva Terminal de Contenedores de Moín), since, despite requesting the floor, it was not granted to her.

          In this regard, the Chamber finds it proven that on May 25, 2012, the initial environmental assessment document for the project "Moín Container Terminal" (Terminal de Contenedores de Moín) presented on behalf of the company APM Terminals Moín S.A. was received at SETENA, to which file number D1-7968-2012-SETENA was assigned. Likewise, it is observed that by resolution number 2539-2013-SETENA of October 10, 2013, the Plenary Commission of SETENA agreed to hold a public hearing from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. on November 9, 2013, at the Eddy Bermúdez gymnasium in Limón. On the other hand, through a note received at SETENA on November 4, 2013, the appellant appeared in file number D1-7968-2012, requesting to speak during the public hearing to be held. By official letter number SG-UE-DEA-146-2013, SETENA informed her that "during the event, a space for questions and comments would be established, within which you may exercise your right to speak." The Chamber observes that, indeed, on November 9, 2013, the aforementioned public hearing was held with the following program: from 7:00 a.m. to 8:00 a.m., participant registration; from 8:00 a.m. to 8:30 a.m., first and second call respectively; from 8:30 a.m. to 8:50 a.m., formal start of the activity – formal presentation by SETENA – establishment of the hearing rules; from 8:50 a.m. to 9:20 a.m., project description; from 9:20 a.m. to 11:00 a.m., presentation of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental); from 11:00 a.m. to 11:15 a.m., collection and classification of questions; from 11:15 a.m. to 12:00 p.m., reading of questions and answers to questions; from 12:00 p.m. to 1:00 p.m., lunch recess; from 1:00 p.m. to 2:00 p.m., continuation of reading questions and answers; from 2:00 p.m. to 2:15 p.m., collection and classification of ballots with comments; from 2:15 p.m. to 4:00 p.m., space for reply to comments; 4:00 p.m., drafting of the minutes, reading, and signing – closing of the activity. Now then, as was appropriate, at the beginning of the activity, the Secretary General of SETENA read the general program and explained the hearing rules, among which he specified: "(…) due to the order that must prevail in the holding of the hearing, conducts that represent a breach of that purpose will generate, in the first instance, a call to order. In the event it is not reestablished, measures may be taken such as agreeing on a prudential pause, requesting the intervention of security, or the suspension of the hearing." Now then, due to an outbreak of violence generated by some of those present, the mentioned hearing, instead of being suspended as indicated in the rules of the general program, was terminated by the Secretary General of SETENA at approximately 1:40 p.m., such that the rest of the hearing phases were not carried out: collection and classification of ballots with comments, space for reply to comments, and, finally, drafting of the minutes, reading, and signing, along with the closing of the activity. Such termination of the hearing has been fully accredited, both based on the video provided as evidence by the Secretary General of SETENA, and based on the literal transcript of the hearing, where it was recorded: "14. Suspension of the hearing. Uriel Juárez:… par [sic] holding this public hearing, at this moment we bring it to a close. Thank you very much!"

          In this way, instead of suspending the hearing, it was terminated, which implied excluding fundamental aspects of said session, such as the collection of comments and their replies. Note that the right to participatory government, established in Article 9 of the Political Constitution, constitutes, as explained in Considerando IV of this pronouncement, a guideline of constitutional orientation that radiates over legislative and regulatory development, as well as over the actions of the Administration. Precisely, in accordance with that constitutional mandate, numerals 6 and 22 of the Ley Orgánica del Ambiente and 3 of the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) require the holding of the cited hearing. For it to be considered correctly held, it must have concluded completely, which did not occur in the specific case and, furthermore, is of particular gravity, because neither the comments nor their replies would be taken into account at the moment of issuing the respective final act. Thus, in the sub examine case, the protection of the constitutional right to participatory government, which can also be seen as a principle, can only become operative if its correct safeguarding is ensured when applying and interpreting the infra-constitutional regulations that require the holding of a complete hearing, since we are faced with a gross and evident violation of the core of the referred right because, as indicated, essential aspects (collection of participants' comments and their replies) were left out, despite the fact that the hearing rules, presented at the beginning of the activity, only referred to the suspension of the activity as the most drastic measure in case of any disturbance. As is easily noticed, this injury to participatory government does not require any diligence or complex proof for its demonstration, given the clarity with which the hearing rules were established. Furthermore, attempting to claim that constitutionality control is limited to the mere fact of whether or not a hearing occurred, without analyzing elementary aspects of the way in which it is conducted (as the Constitutional Chamber has been doing), implies distorting the constitutional right to participatory government and leaving it as an empty shell, devoid of effective constitutional protection.

          In the sub judice case, SETENA itself breached the rules that it itself established for the adequate development of the proceeding.

Recall that among the guidelines agreed upon prior to the start of the hearing was that, in the event of conduct representing a breach of order, a call to order would first be made, and if this did not produce the desired effects, a prudential pause would be agreed upon, the intervention of security would be required, or the hearing would be suspended. The suspension of a proceeding is not the same as its conclusion. The former entails a rescheduling in order to satisfactorily complete what was omitted. In the latter, the hearing is definitively terminated, and therefore it should be used when all scheduled phases have already been exhausted without omitting any relevant ones. However, in the specific case, an essential element of the public hearing was eliminated: the stage intended for interested persons to express themselves, aloud, for the rebuttal of comments. If, due to the circumstances verified on November 9, 2013, it was not possible to conclude the public proceeding, the proper course would have been for SETENA to reschedule the hearing for subsequent days and for it to be concluded as appropriate.

          Without detracting from the foregoing, the Chamber is aware that the disturbances that occurred during the final outcome of the hearing are not attributable to SETENA. Likewise, this Court recognizes that the appealed authority had scheduled the active intervention of the persons present. However, in consideration of the constitutional right to participatory government, stipulated in Article 9 of the Political Constitution, the Chamber deems it necessary to order in this amparo action the completion of the public hearing held, for the purpose of allowing the persons who had timely requested the floor during the comment phase to express their opinions aloud, for which the pertinent organizational, security, and technological measures must be taken in order to conclude the public hearing normally.

          VIII.- Dissenting vote of Magistrate Jinesta Lobo, Magistrate Hernández López, and Magistrate Salazar Alvarado, with the second drafting. We believe this amparo action should be rejected outright. By amending Article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body intended to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the state decision-making process, as part of what doctrine calls "correction mechanisms" of representative democracy. Thus, the reforming Constituent body left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional norms, except in exceptional cases. In that sense, the natural venue to oversee its compliance is the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction. For that reason, the questions raised in the case are alien and distant to the competence of this Court, namely, whether the structure of the hearing allowed the intervention of all or only some; whether the Constitution guarantees that the appellant must express her opinion aloud even when she submitted her comments in writing; whether the hearing was concluded properly or improperly, having ended two hours and twenty minutes before the scheduled time, or whether it should have only been suspended; or the legal consequences of the conduct of the groups of attendees who initiated—whether deliberately or not—the outbreaks of violence that thwarted what was scheduled. In the specific case, precisely Article 22 of the Organic Environmental Law does not define whether that participation is aloud, in writing, or in what manner the requirement for participation is satisfied, which requires analysis in a proceeding allowing for ample evidence and adversarial debate that, from our point of view, does not fit within the amparo action as a rapid, simple, summary, and special proceeding for the protection of fundamental human rights. It therefore falls to the control of legality, and not to this Constitutional Court, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) by the National Environmental Technical Secretariat conform to the infra-constitutional legal framework. For the reasons stated, we believe the issue raised is far from the specific competences that the Constitutional Chamber is called upon to protect, without this meaning it does not merit analysis in the ordinary jurisdiction or that of mere administrative contentious legality, pursuant to Article 49 of the Constitution.

Therefore:

          The appeal is granted. Miguel Marín Cantarero, in his capacity as ad hoc General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, or whoever holds that position in his place, is ordered to immediately proceed to conclude the public hearing for case file number D1-7968-2012-SETENA, which must be held within the 15 working days following notification of this judgment, for the purpose of concluding only the omitted phases according to the hearing rules stated at the beginning of the same. The appealed authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment of the contentious-administrative proceedings. Let this judgment be notified to Miguel Marín Cantarero, in his capacity as ad hoc General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, or to whoever holds that position in his place, personally. Magistrates Jinesta Lobo, Hernández López, and Salazar Alvarado dissent and reject the appeal outright.-

Gilbert Armijo S.
Acting Presiding Judge

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Nancy Hernández L.

Luis Fernando Salazar A. Rosa M. Abdelnour G.

Oloria

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