Res. 01170-2014 Sala Constitucional — Constitutionality of penalizing damage to undeclared wetlandsConstitucionalidad de sancionar daño a humedales no declarados

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01170 - 2014

Fecha de la Resolución: 29 de Enero del 2014 a las 14:30

Expediente: 13-011450-0007-CO

Redactado por: Gilbert Armijo Sancho

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Rechazo de fondo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: PENAL

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Subtemas:

NO APLICA.

001170-14. LEY DE CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE. PROTECCIÓN DE HUMEDALES.Artículo 98 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. No. 7317 del 30 de octubre de 1992.




Texto de la resolución
Exp: 13-011450-0007-CO

 

 

Exp: 13-011450-0007-CO

Res. Nº 2014001170

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil catorce.

Acción de inconstitucionalidad interpuesta por LUIS ANTONIO SEGNINI ZUMBADO, A FAVOR DE CIRO SOLÍS UREÑA, contra el ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, NO. 7317 DE 30 DE OCTUBRE DE 1992.

RESULTANDO:

1.- Por medio del escrito presentado ante la Secretaría de la Sala Constitucional a las 11:27 hrs. de 8 de octubre de 2013, Luis Antonio Segnini Zumbado  formuló una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 98 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, pues considera que  la frase “declarados o no como tales” convierte al numeral en cuestión, en una norma penal abierta o en blanco. Apunta que el problema surge desde el momento en el cual a una persona, sin tener conocimiento previo, se le imponga una pena de prisión, por haber dañado o destruido un humedal, sin que el mismo hubiera sido declarado como tal, y mucho menos haber sido advertido previamente de su existencia.  Argumenta que la norma vulnera el principio de tipicidad penal, en tanto sanciona a todo aquél que drene, seque, rellene o elimine, un terreno que no haya sido declarado como humedal. Alega que resulta imposible que toda persona que pretenda realizar una labor de zanjeo para drenar su terreno, se le obligue a tener conocimiento técnico especializado para saber que aún cuando no haya sido declarado como humedal por el Estado, sea un humedal. Insiste en que la norma afecta derechos fundamentales y lesiona a todas aquellas personas propietarias de terrenos que realicen actividades, sobre todo agrícolas o industriales, en todas aquellas zonas del territorio nacional, que pese a no haber sido declaradas como humedales por el Estado, y sin que hayan sido comunicadas previa y oficialmente por una autoridad administrativa o judicial sean sancionados a través de una norma penal en blanco.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

          Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DE LA ACCIÓN. El recurrente cuestionó la conformidad con el Derecho de la Constitución del artículo 98 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. En su criterio la frase “declarados o no como tales” convierte al numeral en cuestión en una norma penal abierta o en blanco. Sostiene que resulta inadmisible que a toda persona que pretenda realizar una labor de zanjeo para drenar un terreno, se le obligue a tener conocimiento técnico especializado para saber que el inmueble es un humedal, aún cuando no haya sido declarado como tal por el Estado.

II.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD Y LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. La acción de inconstitucionalidad es un proceso instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política, frente a normas u otras disposiciones de carácter general. En función de esto y, por voluntad expresa del legislador, es de alto grado técnico, por lo que para su admisibilidad se deben cumplir de manera estricta, ciertos requisitos,  contrario a lo que ocurre a los recursos de hábeas corpus y de amparo, en los cuales la informalidad es la regla.  Así, el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula que para interponer una acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive un recurso de hábeas corpus o de amparo, o  bien, en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en el que se invoque la inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considere lesionado.

III.- En el presente asunto Luis Antonio Segnini Zumbado señaló como asunto base el proceso penal No. 11 – 000042 – 1111 – PE, el cual se tramita ante el Juzgado Penal de Golfito, en contra de su representado, Ciro Solís Ureña, por haber supuestamente incurrido en el delito tipificado en el artículo 98 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Ahora bien, pese a que se cumplieron los presupuestos de admisibilidad y legitimación que establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional, considera esta Sala que el presente proceso es manifiestamente improcedente, con sustento en las razones que a continuación se detallan.

IV.- NORMA CUESTIONADA. El artículo 98 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre dispone lo siguiente:

“(…) Artículo 98.-

Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, quien, sin previa autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, drene, seque, rellene o elimine lagos, lagunas no artificiales y los demás humedales, declarados o no como tales.

        Además, el infractor será obligado a dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de iniciar los trabajos de afectación del humedal; para ello, se faculta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a fin de que efectúe los trabajos correspondientes, pero a costa del infractor.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8689 de 4 de diciembre de 2008) (…)”. 

V.- SOBRE EL FONDO. Sobre los principios de legalidad y tipicidad penal, así como los tipos penales abiertos y en blanco, esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2008 – 000055 de las 14:46 hrs. de enero de 2008, explicó lo siguiente:

“(…) III.- PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD PENAL. El artículo 39 de la Constitución Política consagra, entre otros, el principio de legalidad, que en materia penal significa que la ley es la única fuente creadora de delitos y penas; garantía de la que se deriva el principio de tipicidad, que atiende a la necesaria descripción previa de la conducta punible, que debe contener como mínimo el sujeto activo, el verbo activo y la sanción a imponer (véase al efecto, la jurisprudencia vertida por este Tribunal en sentencias 1990-01876 de las dieciséis horas del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y 1990-01877 de las dieciséis horas y dos minutos del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa). Ambos principios, legalidad y tipicidad, forman parte del debido proceso, según lo ha señalado este Tribunal:

(…) debe decirse que el artículo 39 de la Constitución Política consagra entre otros, el principio de legalidad, que en materia penal significa que la ley es la única fuente creadora de delitos y penas. Esta garantía se relaciona directamente con la tipicidad, que es presupuesto esencial para tener como legítima la actividad represiva del Estado y a su vez determina que las conductas penalmente relevantes sean individualizadas como prohibidas por una norma o tipo penal. El objeto de este principio es proporcionar seguridad a los individuos en el sentido de que sólo podrán ser requeridos y eventualmente condenados por conductas que están debidamente tipificadas en el ordenamiento jurídico. La garantía del debido proceso en torno a este principio, se manifiesta claramente en la aplicación del principio de "nullum crimen, nulla poena sine previa lege" (artículo 39 Constitucional), el cual también obliga, procesalmente, a ordenar toda la causa penal sobre la base de esa previa definición legal, que en materia penal especialmente, excluye no sólo los reglamentos u otras normas inferiores a la ley formal, sino también todas las fuentes no escritas del derecho, así como toda interpretación analógica o extensiva de la ley (sustancial o procesal); todo lo anterior en función de las garantías debidas al reo, sea en la medida en que no lo favorezcan.” (Sentencia 1993-06660 de las nueve horas treinta y tres minutos del diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres).

Dentro de la tipicidad también debe considerarse la necesaria puesta en peligro de un bien jurídico tutelado, en virtud del principio de lesividad, derivado del artículo 28 de la Constitución Política, según el cual “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.

IV.- TIPOS PENALES ABIERTOS Y TIPOS PENALES EN BLANCO. Ha reconocido también este Tribunal en concordancia con la doctrina, que si bien es cierto la redacción de los tipos penales debe ser suficientemente clara y precisa, a fin de que no se traslade al juez la determinación de cuáles son las acciones punibles y a fin de que el ciudadano sepa a qué atenerse; las limitaciones propias del idioma, hacen que no en todos los casos sea posible lograr el mismo nivel de precisión o bien, que deba recurrirse a integrar el tipo a través de otras normas jurídicas:

“(...) la tipicidad exige que las conductas delictivas sean acuñadas en tipos que tengan una estructura básica conformada con el sujeto activo y el verbo activo. Se ha indicado también, que la norma puede hacer alusión a conceptos amplios o con una gran capacidad de absorción, de manera tal que mediante una valoración pueda concretarse y definirse el tipo penal, es decir, se determine el sujeto activo y la acción que se sanciona. Sin embargo, ésta práctica puede presentar problemas de comprensión de la norma, pero en ningún caso tales conceptos pueden significar tal vaguedad que no pueda delimitarse el contenido a que se refiere, haciendo ilusorio el principio de tipicidad. Debe tenerse en cuenta que esta Sala se pronunció además, sobre la constitucionalidad de las normas que requieren de otra norma para su complemento y que la doctrina denomina "norma penal en blanco" (ver voto número 1876-90 de las dieciséis horas del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa), admitiendo su conformidad con el orden constitucional, y no admitió la utilización de los denominados "tipos penales abiertos", que la doctrina más autorizada del derecho penal define como aquellos tipos penales en los que la materia de prohibición no se encuentra plenamente establecida por el legislador sino que la misma es dejada a la determinación judicial. Estos tipos -ha dicho la Sala- en tanto entrañan un grave peligro de arbitrariedad, lesionan abiertamente el principio de legalidad de los delitos (...).” (Sentencia número 1995-02905 de las quince horas cincuenta y siete minutos del siete de junio de mil novecientos noventa y cinco).

V.- NORMA PENAL EN BLANCO NO PUEDE REMITIR A DISPOSICIONES INFRALEGALES PARA COMPLETAR LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL TIPO. Si un tipo penal requiere ser completado, en sus elementos esenciales (conducta -verbo y sujeto activo- o sanción) por una norma de rango superior o del mismo rango, no existe ningún problema de constitucionalidad, porque justamente es a través de la ley que deben ser creados los delitos y las penas. En cambio, la delegación en normas de inferior rango, para conformar los elementos esenciales del tipo, sí es contrario al principio de legalidad y por ende, resulta inconstitucional. Ello no obsta, para que a través de una norma de rango inferior a la ley, se regulen aspectos complementarios o secundarios del tipo penal:

“Es frecuente que dada la especialidad de la materia y la rapidez con que pueden variar las circunstancias -la materia económica y comercial es una de ellas- el legislador se vea obligado a recurrir a la técnica, en todo caso excepcional, de las denominadas leyes penales en blanco. La constitucionalidad de esta técnica legislativa es generalmente admitida, en tanto tenga límites que permitan impedir una completa arbitrariedad en manos de la autoridad administrativa, que es justamente lo que quiere evitar el principio de legalidad de los delitos. Para que la materia de prohibición pueda válidamente ser remitida a una disposición de rango inferior (ej. decretos ejecutivos) es necesario que la ley penal tenga autonomía y que la disposición de rango inferior sea dependiente o complementaria. Para ello es necesario que la materia prohibida aparezca por lo menos fijada en su núcleo esencial de manera que la disposición de rango inferior, a la que remite, se encargue de señalar condiciones, circunstancias, límites y otros aspectos claramente complementarios.”  (Sentencia número 1993-02757 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de junio de mil novecientos noventa y tres. En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias 1995-01944, 1993-01085, 1993-06660, 1995-3542 y 2001-10542) (…)” (el énfasis no pertenece al original).

VI.- Según la argumentación del recurrente, la frase “declaradas o no como tales”, convierte al artículo 98 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en un tipo penal abierto o en blanco, pues, desde su punto de vista, resulta imposible que a toda persona que pretenda realizar una labor de zanjeo para drenar un terreno, se le obligue a tener conocimiento técnico especializado para saber que el inmueble es un humedal, aún cuando no haya sido declarado como tal por el Estado. Al respecto, se deben llevar a cabo una serie de precisiones.

VII.- Tal y como se desprende del considerando V de esta sentencia, los términos “tipo penal en blanco” y “tipo penal abierto” son distintos. La primera noción alude a aquellos tipos penales que requieren de otra norma para ser completados; estos, de acuerdo con la posición de esta Sala, no resultan inconstitucionales siempre y cuando la otra disposición sea de rango legal o supra legal; o bien, de tratarse de una norma infralegal tenga naturaleza dependiente y complementaria, es decir, se debe garantizar la autonomía del tipo penal. Los tipos penales abiertos, en cambio, dejan enteramente a discreción de la autoridad jurisdiccional la definición de la conducta punible; este tipo de normas, en el marco de un Estado Democrático de Derecho, son inadmisibles. Luego de analizar el artículo 98 de la Ley referida, este Tribunal no considera que se presenten las anomalías puntualizadas, ya que el tipo describe de forma detallada la conducta punible, así como el sujeto activo y la sanción. Ahora bien, resulta lógico que el Juez al aplicar la norma pueda acudir a otras disposiciones del ordenamiento jurídico (labor de integración) o hasta prueba pericial, para delimitar lo que técnica y biológicamente es considerado un humedal y valorar el caso concreto, pero lo sería de forma complementaria, no para constituir o definir la conducta punible (en lo esencial las disposiciones serían la Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat Aves Acuáticas, mejor conocida como Convención “Ramsar”, aprobada por Ley  No. 7224 de 9 de abril de 1991, el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ambiente y el Decreto 35803 – MINAET, “Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales”).  Por último, se debe indicar que el problema de determinar si es exigible a un sujeto tener conocimiento de que un terreno es un humedal o no, a la luz de las circunstancias particulares, es una cuestión que la autoridad jurisdiccional debe ponderar, no siendo un problema de la construcción del tipo penal.

VIII.- Un humedal lo es, independientemente que haya sido declarado por el Estado o no. Este tipo de declaratoria se emite para efectos de constituir formalmente un área silvestre protegida (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente), con todos sus efectos jurídicos, que alcanzan, entre otros, la posibilidad de expropiación. Aquí el término “humedal” es empleado como categoría de manejo, no en su acepción técnico biológica. En otras palabras, la declaratoria del Estado no es un elemento esencial para que un terreno sea un humedal, objetivamente hablando. Esta Sala Constitucional ha insistido en su jurisprudencia, en el deber del Estado de proteger los humedales aún cuando no hayan sido declarados. Así, en la sentencia No. 2009 – 014288 de las 15:19 hrs. de 9 de setiembre de 2009, se indicó: 

 “(…)  Si el Estado tiene interés en declarar un ecosistema de humedal y su zona de influencia o amortiguamiento como Área Silvestre Protegida, debe cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente, facultando al Estado a expropiar o pagar los terrenos privados. Sin embargo, ello no implica descartar la existencia y protección de los ecosistemas del humedal, solo porque no están declarados como Área Silvestre Protegida, o por estar en propiedad privada. Es por ello que la norma impugnada, al establecer que los humedales deben ser creados por decreto ejecutivo, resulta contraria a las disposiciones de la Convención de Ramsar, que obligan a la protección de estos valiosos ecosistemas, que brindan sinnúmero de servicios ambientales a la sociedad, ya sea que hayan sido sometidas a una categoría especial de manejo por el ente rector de los recursos naturales, lo que en algunos casos implica su expropiación o bien se trate de propiedad privada. La obligatoriedad de uso razonable y racional de estos ecosistemas atañe tanto al Estado como a los particulares, por lo que disposiciones como la impugnada constituyen un obstáculo incompatible con el cumplimiento de los fines de la Convención por parte del Estado Costarricense (…) el Estado se encuentra en la obligación actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación. Lo anterior obliga no apenas a reconocer el derecho al medio ambiente, sino además a utilizar todos los medios material y jurídicamente válidos para su protección contra los ataques de que pueda ser objeto. En virtud de que los daños al entorno suelen ser irreparables, la fiscalización preventiva de la administración y la celeridad de las medidas que adopte, incide directamente en la magnitud de la lesión al ambiente. En razón de lo anterior, el principio precautorio ha sido reconocido por la  jurisprudencia de esta Sala, otorgándole rango constitucional, entre otras, en la sentencia N. 2219-99 de las 15:18 horas del 24 de marzo de 1999. Interesa destacar el principio del uso racional de los recursos, derivado del artículo 69 constitucional, que se refiere al "uso racional de los recursos naturales". Esta Sala -en  diversas resoluciones- ha establecido que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos, y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso sostenible y protección del ambiente, es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas, sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio. De todo lo anterior se deriva la obligación del Estado de proteger los humedales, procurando el uso sostenible de tales recursos naturales, y por consiguiente su modificación o eliminación debe ser evitada a toda costa. De manera que la norma impugnada también contraviene los artículos 50 y 69 de la Constitución Política, pues al establecer que los humedales serán creados por Decreto Ejecutivo, excluye a los que no lo han sido de la tutela y fiscalización preventiva que pretende su utilización racional en beneficio de las generaciones presentes y futuras (…) De conformidad con las normas y principios constitucionales señalados, estima este Tribunal que la norma impugnada, en tanto exige la creación de los humedales por decreto ejecutivo, no es acorde con la obligación de tutelar eficaz y apropiadamente estos ecosistemas, según lo exige la Constitución Política. La disposición constituye un obstáculo para la aplicación del régimen de protección vigente en otras disposiciones de rango legal, como las que establece la Ley Orgánica del Ambiente, lo que no es acorde con los preceptos constitucionales señalados que les brindan protección (…)” (el énfasis no pertenece al original).

Apoyar la posición del accionante significaría reconocer la protección del ordenamiento jurídico y la sanción penal por su alteración o destrucción no autorizada, solamente a los humedales declarados por el Estado, lo que implicaría un irrespeto de los convenios internacionales aplicables, así como una vulneración del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

IX.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de consideraciones se impone rechazar por el fondo la acción de inconstitucionalidad.

POR TANTO:

            Se rechaza por el fondo la acción.

          

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 06-02-2026 06:47:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Exp: 13-011450-0007-CO

Res. No. 2014001170

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and thirty minutes on the twenty-ninth of January, two thousand fourteen.

Action of unconstitutionality filed by LUIS ANTONIO SEGNINI ZUMBADO, ON BEHALF OF CIRO SOLÍS UREÑA, against ARTICLE 98 OF THE WILDLIFE CONSERVATION LAW (LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE), NO. 7317 OF OCTOBER 30, 1992.

WHEREAS:

1.- By means of a writ filed before the Secretariat of the Constitutional Chamber at 11:27 a.m. on October 8, 2013, Luis Antonio Segnini Zumbado filed an action of unconstitutionality against Article 98 of the Wildlife Conservation Law, as he considers that the phrase “declared or not as such” turns the numeral in question into an open or blank criminal statute. He notes that the problem arises from the moment in which a person, without having prior knowledge, is imposed a prison sentence for having damaged or destroyed a wetland, without it having been declared as such, much less having been previously warned of its existence. He argues that the norm violates the principle of criminal legality (tipicidad penal), insofar as it punishes anyone who drains, dries, fills, or eliminates land that has not been declared a wetland. He alleges that it is impossible to oblige every person who intends to carry out ditching work to drain their land to have specialized technical knowledge to know that, even when it has not been declared a wetland by the State, it is a wetland. He insists that the norm affects fundamental rights and harms all those landowners who carry out activities, especially agricultural or industrial, in all those zones of the national territory that, despite not having been declared wetlands by the State, and without having been previously and officially notified by an administrative or judicial authority, are sanctioned through a blank criminal statute.

2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject, outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a prior, equal, or similar petition rejected.

Drafted by Judge Armijo Sancho; and,

CONSIDERING:

I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner questioned the conformity with the Constitutional Law of Article 98 of the Wildlife Conservation Law. In his opinion, the phrase “declared or not as such” turns the numeral in question into an open or blank criminal statute. He maintains that it is inadmissible to oblige every person who intends to carry out ditching work to drain land to have specialized technical knowledge to know that the property is a wetland, even when it has not been declared as such by the State.

II.- REGARDING THE FORMAL PREREQUISITES OF ADMISSIBILITY AND STANDING FOR THE ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. The action of unconstitutionality is a process established for the purpose of guaranteeing the supremacy of the Political Constitution against norms or other provisions of a general nature. By virtue of this and, by the express will of the legislator, it is of a high technical degree, so for its admissibility, certain requirements must be strictly met, contrary to what occurs with writs of habeas corpus and amparo, in which informality is the rule. Thus, the first paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law stipulates that to file an action of unconstitutionality, there must be a matter pending resolution before the courts, including a habeas corpus or amparo appeal, or, in the proceeding to exhaust administrative remedies, in which unconstitutionality is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered to be harmed.

III.- In the present matter, Luis Antonio Segnini Zumbado indicated criminal process No. 11 – 000042 – 1111 – PE, which is being processed before the Criminal Court of Golfito, against his represented, Ciro Solís Ureña, for having allegedly incurred the crime typified in Article 98 of the Wildlife Conservation Law, as the underlying matter. Now, despite the fact that the prerequisites of admissibility and standing established by the Constitutional Jurisdiction Law were met, this Chamber considers that the present process is manifestly inadmissible, based on the reasons detailed below.

IV.- QUESTIONED NORM. Article 98 of the Wildlife Conservation Law provides the following:

“(...) Article 98.-

Anyone who, without prior authorization from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), drains, dries, fills, or eliminates lakes, non-artificial lagoons, and other wetlands, declared or not as such, shall be punished with a prison sentence of one (1) to three (3) years.

Furthermore, the offender shall be obliged to leave things in the state they were in before starting the works affecting the wetland; to this end, the National System of Conservation Areas is empowered to carry out the corresponding works, but at the offender’s expense.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 8689 of December 4, 2008) (...)”.

V.- ON THE MERITS. Regarding the principles of legality and criminal legality (tipicidad penal), as well as open and blank criminal statutes, this Constitutional Chamber, in ruling No. 2008 – 000055 of 14:46 hrs. of January 2008, explained the following:

“(...) III.- PRINCIPLES OF LEGALITY AND CRIMINAL LEGALITY (TIPICIDAD PENAL). Article 39 of the Political Constitution enshrines, among others, the principle of legality, which in criminal matters means that the law is the sole source creating crimes and penalties; a guarantee from which the principle of criminal legality is derived, which addresses the necessary prior description of the punishable conduct, which must contain at a minimum the active subject, the active verb, and the sanction to be imposed (see in this regard, the jurisprudence rendered by this Court in rulings 1990-01876 of sixteen hours on the nineteenth of December, nineteen ninety, and 1990-01877 of sixteen hours and two minutes on the nineteenth of December, nineteen ninety). Both principles, legality and criminal legality, form part of due process, as this Court has indicated:

(...) it must be said that Article 39 of the Political Constitution enshrines, among others, the principle of legality, which in criminal matters means that the law is the sole source creating crimes and penalties. This guarantee is directly related to criminal legality (tipicidad), which is an essential prerequisite for considering the repressive activity of the State as legitimate and, in turn, determines that criminally relevant conduct is individualized as prohibited by a norm or criminal statute (tipo penal). The purpose of this principle is to provide security to individuals in the sense that they can only be required and eventually convicted for conduct that is duly typified in the legal system. The guarantee of due process regarding this principle is clearly manifested in the application of the 'nullum crimen, nulla poena sine previa lege' principle (Article 39 of the Constitution), which also obliges, procedurally, to order the entire criminal case based on that prior legal definition, which especially in criminal matters excludes not only regulations or other norms inferior to formal law, but also all unwritten sources of law, as well as any analogical or extensive interpretation of the law (substantive or procedural); all of the above in function of the guarantees due to the defendant, that is, to the extent that they do not favor him.” (Ruling 1993-06660 of nine hours thirty-three minutes on the seventeenth of December, nineteen ninety-three).

Within criminal legality (tipicidad), the necessary endangerment of a protected legal interest must also be considered, by virtue of the principle of harmfulness (lesividad), derived from Article 28 of the Political Constitution, according to which “Private actions that do not harm morality or public order, or that do not harm a third party, are outside the action of the law.”

IV.- OPEN CRIMINAL STATUTES AND BLANK CRIMINAL STATUTES. This Court has also recognized, in accordance with the doctrine, that although it is true the drafting of criminal statutes must be sufficiently clear and precise, so that the determination of what constitutes punishable actions is not transferred to the judge, and so that the citizen knows what to expect; the inherent limitations of language mean that it is not possible in all cases to achieve the same level of precision, or that it may be necessary to resort to integrating the statute through other legal norms:

“(...) criminal legality (tipicidad) requires that criminal conducts be coined in statutes that have a basic structure comprised of the active subject and the active verb. It has also been indicated that the norm can refer to broad concepts or those with a great capacity for absorption, such that through an evaluation, the criminal statute can be specified and defined, that is, the active subject and the sanctioned action are determined. However, this practice may present problems of comprehension of the norm, but in no case can such concepts signify such vagueness that the content referred to cannot be delimited, making the principle of criminal legality illusory. It must be taken into account that this Chamber also ruled on the constitutionality of norms that require another norm for their complement and that the doctrine calls 'blank criminal statute' (see vote number 1876-90 of sixteen hours on the nineteenth of December, nineteen ninety), admitting its conformity with the constitutional order, and did not admit the use of so-called 'open criminal statutes,' which the most authoritative doctrine of criminal law defines as those criminal statutes in which the prohibited matter is not fully established by the legislator but rather is left to judicial determination. These statutes – the Chamber has said – insofar as they entail a serious danger of arbitrariness, openly violate the principle of legality of crimes (...).” (Ruling number 1995-02905 of fifteen hours fifty-seven minutes on the seventh of June, nineteen ninety-five).

V.- A BLANK CRIMINAL STATUTE CANNOT REFER TO INFRALEGAL PROVISIONS TO COMPLETE THE ESSENTIAL ELEMENTS OF THE STATUTE (TIPO). If a criminal statute requires completion in its essential elements (conduct – verb and active subject – or sanction) by a norm of a higher or equal rank, there is no problem of constitutionality, because it is precisely through law that crimes and penalties must be created. Conversely, the delegation to norms of lower rank to form the essential elements of the statute (tipo) is contrary to the principle of legality and, therefore, is unconstitutional. This does not preclude the regulation of complementary or secondary aspects of the criminal statute through a norm of a rank lower than law:

“It is frequent that, given the specialty of the matter and the speed with which circumstances can vary – economic and commercial matters being one of them – the legislator is forced to resort to the technique, in any case exceptional, of so-called blank criminal laws. The constitutionality of this legislative technique is generally admitted, insofar as it has limits that allow preventing complete arbitrariness in the hands of the administrative authority, which is precisely what the principle of legality of crimes seeks to avoid. For the prohibited matter to be validly referred to a provision of lower rank (e.g., executive decrees), it is necessary that the criminal law has autonomy and that the provision of lower rank be dependent or complementary. For this, it is necessary that the prohibited matter appears at least fixed in its essential core, so that the lower-ranking provision to which it refers is responsible for indicating conditions, circumstances, limits, and other clearly complementary aspects.” (Ruling number 1993-02757 of fourteen hours forty-five minutes on the fifteenth of June, nineteen ninety-three. In the same sense, rulings 1995-01944, 1993-01085, 1993-06660, 1995-3542, and 2001-10542 can be consulted) (...)” (emphasis is not from the original).

VI.- According to the petitioner's argumentation, the phrase “declared or not as such” turns Article 98 of the Wildlife Conservation Law into an open or blank criminal statute, because, from his point of view, it is impossible to oblige every person who intends to carry out ditching work to drain land to have specialized technical knowledge to know that the property is a wetland, even when it has not been declared as such by the State. In this regard, a series of clarifications must be made.

VII.- As is evident from considering V of this ruling, the terms “blank criminal statute” and “open criminal statute” are distinct. The first notion alludes to those criminal statutes that require another norm to be completed; these, in accordance with the position of this Chamber, are not unconstitutional as long as the other provision is of legal or supra-legal rank; or, if it is an infralegal norm, it is of a dependent and complementary nature, that is, the autonomy of the criminal statute must be guaranteed. Open criminal statutes, on the other hand, leave the definition of the punishable conduct entirely to the discretion of the jurisdictional authority; this type of norm, within the framework of a Democratic State of Law, is inadmissible. After analyzing Article 98 of the referenced Law, this Court does not consider that the pointed-out anomalies are present, given that the statute (tipo) describes in detail the punishable conduct, as well as the active subject and the sanction. Now, it is logical that the Judge, when applying the norm, may resort to other provisions of the legal system (work of integration) or even expert evidence, to delimit what is technically and biologically considered a wetland and assess the specific case, but it would be in a complementary manner, not to constitute or define the punishable conduct (in essence, the provisions would be the Convention on International Wetlands as Habitat for Aquatic Birds, better known as the “Ramsar” Convention, approved by Law No. 7224 of April 9, 1991, Article 40 of the Organic Law of the Environment and Decree 35803 – MINAET, “Technical Criteria for the Identification, Classification and Conservation of Wetlands”). Finally, it must be indicated that the problem of determining whether it is required of a subject to have knowledge that a piece of land is a wetland or not, in light of the particular circumstances, is a question that the jurisdictional authority must assess, and is not a problem of the construction of the criminal statute (tipo penal).

VIII.- A wetland is a wetland, regardless of whether it has been declared by the State or not. This type of declaration is issued for the purposes of formally constituting a protected wild area (artículo 32 of the Organic Law of the Environment), with all its legal effects, which include, among others, the possibility of expropriation. Here the term “wetland” is employed as a management category, not in its technical-biological meaning. In other words, the State's declaration is not an essential element for a terrain to be a wetland, objectively speaking. This Constitutional Chamber has repeatedly insisted in its jurisprudence on the State's duty to protect wetlands even when they have not been declared. Thus, in ruling No. 2009 – 014288 of 15:19 hrs. on September 9, 2009, it was indicated:

“(...) If the State has an interest in declaring a wetland ecosystem and its zone of influence or buffer zone as a Protected Wild Area, it must comply with the requirements established in the Organic Law of the Environment, empowering the State to expropriate or pay for private lands. However, this does not imply discarding the existence and protection of wetland ecosystems, just because they are not declared as a Protected Wild Area, or because they are on private property. It is for this reason that the contested norm, by establishing that wetlands must be created by executive decree, is contrary to the provisions of the Ramsar Convention, which oblige the protection of these valuable ecosystems, which provide countless environmental services to society, whether they have been subjected to a special management category by the governing body of natural resources, which in some cases implies their expropriation, or whether they are private property. The obligation of reasonable and rational use of these ecosystems concerns both the State and individuals, so provisions such as the contested one constitute an obstacle incompatible with the fulfillment of the Convention's purposes by the Costa Rican State (...) the State is under the obligation to act preventively, avoiding – through supervision and direct intervention – the carrying out of acts that harm the environment, and bears the correlative and equally unavoidable prohibition of fostering its degradation. The foregoing obliges not only to recognize the right to the environment but also to use all materially and legally valid means for its protection against attacks to which it may be subject. By virtue of the fact that damage to the environment is often irreparable, the administration's preventive oversight and the speed of the measures it adopts directly affect the magnitude of the harm to the environment. Due to the foregoing, the precautionary principle has been recognized by the jurisprudence of this Chamber, granting it constitutional rank, among others, in ruling N. 2219-99 of 15:18 hours on March 24, 1999. It is important to highlight the principle of the rational use of resources, derived from Article 69 of the Constitution, which refers to the 'rational use of natural resources.' This Chamber – in various resolutions – has established that the protection of the environment must be directed towards the adequate and intelligent utilization of its elements, and in their natural, sociocultural, technological, and political relations (sustainable development), in order to thereby safeguard the patrimony to which present and future generations have a right. Therefore, the primary objective of the sustainable use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains are obtained but, above all, a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm. From all the foregoing derives the State's obligation to protect wetlands, seeking the sustainable use of such natural resources, and consequently, their modification or elimination must be avoided at all costs. Thus, the contested norm also contravenes Articles 50 and 69 of the Political Constitution, given that by establishing that wetlands shall be created by Executive Decree, it excludes those that have not been so from the tutelage and preventive oversight that seeks their rational utilization for the benefit of present and future generations (...) In accordance with the indicated constitutional norms and principles, this Court considers that the contested norm, insofar as it requires the creation of wetlands by executive decree, is not in accordance with the obligation to effectively and appropriately protect these ecosystems, as required by the Political Constitution. The provision constitutes an obstacle to the application of the protection regime in force in other legal-rank provisions, such as those established by the Organic Law of the Environment, which is not in accordance with the indicated constitutional precepts that provide them protection (...)” (emphasis is not from the original).

Supporting the petitioner's position would mean recognizing the protection of the legal system and the criminal sanction for their unauthorized alteration or destruction, only for wetlands declared by the State, which would imply a disrespect for the applicable international conventions, as well as a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

IX.- CONCLUSION. Under this order of considerations, it is necessary to reject the action of unconstitutionality on the merits.

THEREFORE:

The action is rejected on the merits.