Res. 18896-2014 Sala Constitucional — Protection and delimitation of the Mala Noche AquiferProtección y delimitación del Manto Acuífero Mala Noche

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Sala Constitucional

Resolución Nº 18896 - 2014

Fecha de la Resolución: 21 de Noviembre del 2014 a las 09:05

Expediente: 14-013819-0007-CO

Redactado por: Nancy Hernández López

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia clave

Sentencia estructural

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AGUAS.

18896-14. AMBIENTE. PROTECCIÓN Y DELIMINTACIÓN DEL MANTO ACUÍFERO MALA NOCHE. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. INCLUSIÓN EN EL PLAN REGULADOR DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DEL MANTO ACUÍFERO MALA NOCHE. VCG01/2021

RE/CO

Otras Referencias: Sentencia: 8892-12, 4790-08, 1923-04

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Coordinación

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN

“(…) VI.- Sobre el principio de coordinación interadministrativa. Uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Esta puede ser interorgánica –entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía– o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza interorgánica. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada; y se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación. (…)” VCG01/2021

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Precautorio

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO PRECAUTORIO

“(…) En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a dudas que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional. Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación. (…)” VCG01/2021

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AGUAS.

IX.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. El Magistrado Salazar Alvarado declara sin lugar el recurso con base en las siguientes consideraciones redactadas por el Magistrado Jinesta Lobo y a las cuales se ha adherido, en relación únicamente con lo que a la acusada violación al artículo 50 constitucional respecta:

1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.

2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad –legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable –sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.

VCG01/2021

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Texto de la resolución
*140138190007CO*

 

Exp: 14-013819-0007-CO

Res. Nº 2014018896

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil catorce.

          RECURSO DE AMPARO PRESENTADO POR  [NOMBRE 01], CÉDULA DE IDENTIDAD [VALOR 01], A FAVOR DE ASOCIACIÓN ADMININISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO RURAL PLAYA DE SÁMARA, CÉDULA JURÍDICA 3002213342, CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

 

RESULTANDO:

          1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 1 de setiembre del 2014, el accionante presenta recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). Indica que la amparada ha venido liderando seria e ininterrumpida la lucha en defensa del agua que les pertenece a todos y que actualmente está en peligro inminente por los daños ecológicos sufridos y amenazas en ascenso. Dice que los estudios y advertencias de entes autorizados tales como los preparados por SENARA y la Municipalidad de Nicoya no han pasado de buenas intenciones, dejan en la impunidad a los violadores de la ley y en indefensión a la naturaleza, por la tardanza en la toma de decisiones específicas, valientes y oportunas en la solución definitiva del problema. Indica que la Municipalidad de Nicoya cuenta con una excelente Profesional a cargo del Departamento de Gestión Ambiental, quién elaboró una propuesta seria, sometiéndola a consideración del Concejo Municipal con la sana intensión de que se pusiera límites a las construcciones otorgadas con o sin permiso, sobre el Manto Acuífero Mala Noche y las zonas de recarga inmediata. Manifiesta que ante dicha propuesta el Concejo Municipal acordó "Declárese el acuífero Mala Noche Zona Protectora, con el objetivo de proteger y conservar los recursos  hídricos superficial y subterráneo. Comprende el territorio cuyo perímetro está definido por los vértices que se describirán infra, mediante sus coordenadas según el mapa básico del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50000 Garza 045-1". Dice que ante presión de la amparada y otros entes, en la aprobación de la propuesta también acordó el Concejo Municipal en sesión 074 de veintiséis de setiembre de dos mil once, lo siguiente acuerdo número 26: "El Concejo Municipal en forma unánime aprueba brindar un voto de apoyo a la ASADA del distrito de Sámara, en la lucha por rescatar el Manto Acuífero Mala Noche, como fuente de agua potable para abastecer el futuro de la Comunidad de Sámara. Acuerdo definitivamente aprobado". Indica que el 19 de agosto pasado se volvió a insistir ante el Concejo para que aprobara la propuesta dicha y tampoco se logró el objetivo. Que el SENARA no ha actuado diligentemente en la atención del problema. Estima que los recurridos se han apartado de sus compromisos y obligaciones en materia de una sana administración ambiental y de la protección de los recursos hídricos. Manifiesta que la Municipalidad, a pesar de contar con una excelente Asesoría Legal e información clarísima sobre la contaminación del Acuífero y Pozo de abastecimiento, sólo se han atrevido tímidamente a darles un voto de apoyo a las gestiones que con justicia y razón han venido planteando como administrados en casi todos los niveles públicos de competencia, pero no sancionan ni paralizan aquellas construcciones y proyectos o perforaciones dentro de los 150 metros de la Zona Marítimo Terrestre. Tampoco denuncian las perforaciones realizadas más allá de sus límites, que rozan con el Plan Regulador vigente y con las más elevadas exigencias para combatir la contaminación y el peligro de la salinización del manto acuífero en cuestión como fuente actual de abastecimiento de agua potable de la comunidad. Reclama que tampoco ha requerido la Municipalidad  a aquellos proyectos autorizados por la misma institución, autorización de la SETENA, y según el Plan Regulador de 1981 y la realidad del sitio, se han permitido muchas construcciones sobre el manto acuífero y la no delimitación y legalización del pozo de abastecimiento, perforado dentro de los 150 metros de la Zona Marítimo Terrestre. Dice que el SENARA está obligado por ley a investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. Indica que en su caso el uso de sus competencias se centró en la elaboración desde hace mucho tiempo de un plano para proteger este manto acuífero, dejando atrás el protegerlo efectivamente. Manifiesta que el sitio sigue igual, sin manos que le protejan, al no darle seguimiento debido a la denuncia debida y de oficio, contra quien haya hecho caso omiso de sus potestades, poniendo en peligro el manto acuífero y un pozo profundo que abastece a más de la mitad de una población influyente en el turismo y consecuentemente en la economía nacional. Reclama que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a pesar del mandato que contiene su ley constitutiva, ni siquiera ha podido, a la fecha legalizar el pozo abastecedor de Playa Sámara, mucho menos formular criterio legal sobre el Manto Acuífero Mala Noche. Igual responsabilidad por abandono de protección de este recurso hídrico le corresponde al Ministerio de Ambiente, pues así lo ha indicado reiteradamente la Sala Constitucional en votos relacionados.

2.- Mediante escrito presentado el 9 de setiembre del 2014, Luis Felipe Arauz Cavalini, Presidente de la Junta Directiva y  Patricia Quirós Quirós, Gerente General, ambos del Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento explican que el Senara ha realizado desde el año 2002 a la fecha acciones tendiente a  la protección del manto acuífero. Recalca que SENARA ha cumplido razonablemente con las acciones de investigación, protección del recurso hídrico, ha comunicado los resultados de los estudios y emitido las recomendaciones técnicas.

3.- Mediante escrito presentado el 9 de setiembre del 2014, Eduardo Lezama Fernández, Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado explica que la Subgerencia de Sistemas Comunales procedió a realizar un levantamiento e inscripción de las fuentes de agua que abastecen las ASADAS del país. El AyA procedió a legalizar el suministro de agua de la ASADA de Playa Sámara, según consta en el expediente 384 R que lleva a cabo el Departamento de Aguas del MINAE.

4.- Mediante escrito presentado el 10 de setiembre del 2014, Marco Antonio Jiménez Muñoz, Alcalde Municipal de Nicoya informa que las edificaciones ubicadas en esa zona la gran mayoría tienen décadas de existir y según informes del Ingeniero Municipal, actualmente no se ha gestionado más permisos de construcción en esa área así como tampoco reportes de construcciones ilegales recientes.

5.- Mediante escrito presentado el 10 de setiembre de 2014, el recurrente refuta el informe rendido por la Municipalidad de Nicoya dice  que hay construcciones que tienen corto tiempo de levantadas sobre el manto acuífero. Recalca que se deja abierto el camino, si un ente rector no le ordena lo contrario para continuar dando permisos de construcción. Acusa que el ente municipal no ha aprobado la propuesta del Departamento de Gestión Ambiental para incluirlo dentro del nuevo Plan Regulador al Manto Acuífero Mala Noche.

6.- Mediante escrito presentado el 11 de setiembre del 2014, Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía señala que por informe DH-0226-2014 del 9 de setiembre del 2014, la funcionaria de la Dirección de Aguas recomendó no autorizar permisos de perforación, ni concesiones nuevas de agua, ni aumentos de caudal en el Acuífero Mala Noche, recomendación que la Dirección de Agua ha cumplido. Que la Dirección de Agua del Minae, participa en el Comité Técnico Interinstitucional, creado por el Decreto Ejecutivo 38449-MINAE-MAG, integrada por funcionarios de la Dirección de Agua del MINAE, el SENARA y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que inicialmente inició con la Gestión del Acuífero Sardinal pero que ha permanecido y se ha consolidado en el tiempo extendiéndose su gestión con gran éxito en la evaluación y acuerdo referente a otros sistemas de acuíferos. En éste se valoran los estudios elaborados por el Senara y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por lo que se llevan a cabo el continuo monitoreo de los pozos, para realizar el balance hídrico en forma conjunta entre las 3 instituciones, en la zona donde se genera el conflicto. Que el Ministerio de Ambiente y Energía a través de la Dirección de Agua, ha estado pendiente y atento a las recomendaciones del Comité Técnico Interinstitucional como el Senara y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no faltando el deber de vigilancia al que está obligado. Que no es posible debido a las claras y definidas competencias que son de resorte exclusivo de las Municipalidades que  se tomen decisiones o se emitan actos administrativos violatorios del principio de legalidad. Que en virtud de las acciones que se han venido realizando en cuanto al monitoreo en la zona donde se ubica el Acuífero Mala Noche, por parte de la Dirección de Agua, no lleva razón el recurrente al indicarle a la Sala Constitucional que debe responsabilizar al Ministerio de Ambiente y Energía por el supuesto abandono, de la protección del recurso hídrico del cantón de Sámara. Mediante oficio ACT-OR-DR-1238-14 del 9 de setiembre del 2014, suscrito por el Director a.i. del Área de Conservación Tempisque, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Minae, que es el ente  competente para atender y tramitar las denuncias de carácter ambiental, en la zona donde supuestamente se ocasionaron los hechos recurridos según lo establece el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad 7788 en la Oficina Subregional de Nicoya del Área de Conservación Tempisque, el accionante no ha interpuesto ninguna denuncia de carácter ambiental, por la supuesta contaminación del recurso hídrico, del manto Acuífero Mala Noche. En razón de lo expuesto la Oficina Subregional de Nicoya, del Área de Conservación Tempisque no cuenta con la información, sobre los hechos alegados por el recurrente. 

7.- Por resolución de las 10:22 horas del 30 de setiembre del 2014, la Sala solicitó como prueba para mejor resolver  informe a Luis Felipe Arauz Cavalini, Presidente de la Junta Directiva y Patricia Quirós Quirós, Gerente General, ambos del Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento; a Eduardo Lezama Fernández, Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado; a Marco Antonio Jiménez Muñoz, Alcalde Municipal de Nicoya, y a Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ostenten esos cargo, lo siguiente: a) Indicar cada uno según sus competencias que gestiones se han realizado para elaborar el mapa de vulnerabilidad hidrogeológica en la zona y para que suspendan los permisos de construcción de viviendas o proyectos turísticos u urbanísticos. También la apertura de caminos o trochas sobre el manto, además de incluirlo en el Plan Regulador. b) Referente a la Municipalidad de Nicoya: Sobre el otorgamiento de permisos de construcción a pesar de conocer desde el año 2007 por medio de SENARA que el Acuífero Mala Noche fue declarado de extrema vulnerabilidad y que no se puede ejecutar ningún proyecto que lo ponga en riesgo.

8.- Mediante escritos presentados el 8 de octubre del 2014, Luis Felipe Arauz Cavalini, Presidente de la Junta Directiva y  Patricia Quirós Quirós, Gerente General, ambos del Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento informan que el Senara en marzo del 2002 realizó la evaluación  del potencial y demanda hídrica subterránea  en los acuíferos costeros de Sámara, Nicoya. Que a partir de los estudios hidrogeológicos realizados se detallan los oficios que desde octubre del 2005 a febrero del 2006, SENARA envió a la Municipalidad de Nicoya, al MINAE y a SETENA solicitando se defina esta Área de Zona de Protección del Acuífero de Mala Noche. Que en el año 2006 la Junta Directiva de SENARA aprueba el acuerdo 3303, en la sesión extraordinaria 239-06 del 26 de setiembre del 2006, la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la protección del recurso hídrico. Esta Matriz proporciona parámetros para determinar si proceden o no los permisos para el desarrollo de actividades productivas en Zonas de Acuíferos. De acuerdo con la Ley de Senara, la Matriz aprobada por la Junta Directiva de SENARA, es de aplicación obligatoria y debe utilizarse como guía para regular las actividades que se desarrollen en el territorio cantonal, en aquellas zonas en las que se cuenta con el Mapa de Vulnerabilidad aprobado por SENARA. En el caso de Nicoya se cuenta con Mapas de Vulnerabilidad de los Acuíferos de Potrero Caimital y Mala Noche, los cuales fueron aportados a la Municipalidad y se encuentra en proceso otras zonas de estudio. Se ha declarado Extrema Vulnerabilidad, por lo que no se debe ejecutar ningún proyecto que ponga en riesgo el mismo. Que esto significa lo siguiente: a) Que se indicó a la Municipalidad de Nicoya acerca de la aplicación de una serie de recomendaciones y políticas, concretamente la aplicación de restricciones a la explotación de pozos y ejecución de obras en el manto acuífero. b) Declaración de Extrema Vulnerabilidad. No se debe permitir  ninguna ejecución de proyectos en el sistema Acuífero Mala Noche, sean estos de actividad de desarrollo urbanístico, ganadera, agrícola. c) Tampoco se permite la perforación de pozos en aquellos acuíferos identificados con problemas de intromisión  salina, sobreexplotación o como fuente de alternativa de agua para el desarrollo. Que Senara informó mediante oficio GE-705-2006 del 10 de diciembre del 2007 al Tribunal Ambiental Administrativo, expediente 157-07.01-TAA que el sector conocido como Acuífero Mala Noche no se puede permitir realizar ningún tipo de actividad por su condición de extrema vulnerabilidad.

9.- Mediante escrito presentado el 8 de octubre del 2014, Eduardo Lezama Fernández, Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados remite al informe técnico presentado por la Hidrog. Viviana Ramos Sánchez, de la Dirección del Área Funcional Hidrogeología de la UEN de Gestión Ambiental,  donde detalla las gestiones que se han implementado por parte de la Institución en referencia al Mapa de Vulnerabilidad del Acuífero Mala Noche- Sámara. En ese documento se establece que se han realizado a) Estudios: 1) Informe Técnico denominado “Definición de Zona de Protección del Pozo Sámara” elaborado por Viviana Ramos Sánchez, de la Dirección del Área Funcional Hidrogeología de la UEN de Gestión Ambiental en el año 2002. 2) Informe Técnico denominado: Elaboración del potencial y demanda hídrica subterránea en los acuíferos costeros de Sámara, elaborado por el Geol. Sigifredo Morera en el año 2002. 3) Informe Técnico denominado: Modelo hidrogeológico conceptual del Acuífero Aluvial Malanoche elaborado por el Lic. Alonso Alfaro. 4) Informe Técnico denominado: Hidrogeología de las Cuencas de Mala Noche y Buena Vista, elaborado por SENARA en noviembre del 2006. b) Permisos: Que a partir de las zona de protección emitida por SENARA la UEN Gestión Ambiental- Hidrogeología  realizó una revisión exhaustiva de solicitudes de perforación y no se ha autorizado ninguna perforación en la zona. c) Exoneración de Red de Alcantarillado Sanitario: Se procedió por parte de las UEN Gestión Ambiental a revisar la base de datos de Exoneración de Alcantarillado Sanitario y a la fecha no se ha autorizado ningún  proyecto (adjunta ejemplo de proyecto Condominio Residencial Paraíso, que ingresó a la institución para la Exoneración de Alcantarillado Sanitario, donde se recomendó no permitir la ejecución del proyecto –oficio del 2 de octubre del 2007). d) Coordinación entre instituciones: Mediante minuta CI-007-2012 del 9 de octubre del 2012, el Comité Técnico Interinstitucional conformado por los jerarcas institucionales y las partes técnicas del SENARA, Dirección de Aguas MINAE y el AyA, recomienda valorar los estudios realizados por el SENARA. Según minuta CI-001-2013 del 15 de enero del 2013, el Comité Técnico Institucional acordó valorar la información existente y realizar nuevas pruebas de campo y monitoreo de pozos – iniciando en el mes de abril del 2013- para realizar el balance hídrico en conjunto (MINAE, SENARA y AyA). Que se inicia monitoreo mensual de seguimiento del acuífero en el mes de junio del 2013, según minuta CI-004-2013 del 25 de junio del 2013, por un período de 2 años. A la fecha se han realizado un total de 16 monitoreos con un total de 23 pozos. Por lo tanto, debido a que existe el Mapa de Vulnerabilidad elaborado por el SENARA, con el respectivo sustento técnico, se indica que el AyA a través de la UEN Gestión Ambiental Hidrogeología, no han aprobado solicitudes de perforación ni se han exonerado solicitudes de Exoneración de Alcantarillado Sanitario en este acuífero y se continua con la protección del mismo a partir del monitoreo mensual en coordinación con AYA hidrogeología, SENARA y la Dirección de Aguas- MINAE.

10.- Mediante escrito presentado el 9 de octubre del 2014, Mario Antonio Jiménez Muñoz, Alcalde de la Municipalidad de Nicoya informa que se realizaron consultas al Departamento de Ingeniería y a la Unidad Técnica de Gestión Vial, según su competencia, respecto de las gestiones que han realizado para suspender permisos de construcción  de viviendas o proyectos turísticos y urbanísticos, así como la suspensión de apertura de caminos o trochas, y se establece lo siguiente: Que el Departamento de Ingeniería  mediante oficio número IM-433-2014 informa que desde el 2008 a la fecha no se han otorgado  licencias constructivas. Por su parte la Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante oficio U.T.-0823-14 informa que no ha realizado ninguna gestión referente a recepción de caminos en el lugar. Ambos Departamentos coinciden en que sería conveniente que el Concejo Municipal tome un acuerdo para que futuros trámites de ésta índole se aporte el visto bueno o autorización de SENARA por tratarse de una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica, o que la Comisión de Planes Reguladores declare la imposibilidad de otorgar futuros permisos de construcciones para evitar cualquier daño.

11.- Mediante escrito presentado el 9 de octubre del 2014, Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía indica que el Director del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación MINAE, que es ente competente para tramitar las denuncias de carácter ambiental dictó la resolución 12-2008 de las 11:15 horas del 23 de junio del 2008 de las 11:15 horas del 23 de junio del 2008, en la cuál se emitieron regulaciones de protección Hídrica en el Acuífero Mala Noche. Que la Dirección de Aguas informó que emitió el informe técnico DH-0226-2014 del 9 de setiembre del 2014, suscrito por la Geóloga Andrea Barrantes donde se recomendó no autorizar permisos de perforación, ni concesiones nuevas  de agua, ni aumentos  de caudal del Acuífero Mala Noche. Recalca que la Dirección de Aguas del MINAE participa plenamente en el Comité Técnico Institucional  creado por el Decreto Ejecutivo 38449-MINAE-MAG, bajo el principio de Coordinación Interinstitucional  integrada por funcionarios de MINAE, el SENARA y AyA, que inició con la gestión del Acuífero Sardinal pero que ha permanecido y consolidado en el tiempo, extendiéndose su gestión con gran éxito en la evaluación y acuerdo referente a otros sistemas acuíferos, llevándose el monitoreo de los pozos para realizar el balance hídrico en forma conjunta.

12.- Por resolución de las 13:07 horas del 17 de octubre del 2014, la Sala solicitó como prueba para mejor resolver al Alcalde Municipal de Nicoya, se refiera al Plan Regulador y la inclusión de los Mapas de  Vulnerabilidad y demás protecciones ambientales en el Manto Acuífero Mala Noche.

13.- Mediante escrito presentado el 23 de octubre del 2014, Marco Antonio Jiménez Muñoz, Alcalde Municipal de Nicoya informa que el Plan Regulador de Playa Sámara vigente fue elaborado por el Instituto Costarricense de Turismo y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance número 208 del día 30 de octubre del año 1981. El Plan no contempla ni los índices de fragilidad ambiental ni los mapas de vulnerabilidad ambiental o estudios hidrogeológicos. Que a raíz de estas debilidades el mismo ICT dispuso su actualización y ampliación de ese instrumento de regulación territorial, con una propuesta denominada Plan Regulador Sámara Carrillo. A esos efectos contrató una empresa privada que elaboró la propuesta sin participación municipal. Que cuando el Departamento de Gestión Ambiental de esta municipalidad detectó que la propuesta no incluía el Área de Protección del Manto Acuífero de Mala Noche, advirtió la irregularidad pero se indicó por parte de la empresa que no podían introducir cambios por cuanto los plazos establecidos en su contratación estaban vencidos. Afirma que la propuesta para el nuevo Plan Regulador no ha prosperado a la fecha, pues la Secretaría Técnica Ambiental dictó la resolución 2789-2013-SETENA de las 13:20 horas del 18 de noviembre del 2013, dentro de la diligencias del Expediente Administrativo # EAE-02-2013, mediante la cuál suspende el trámite respectivo por no contarse con “los estudios técnicos de vulnerabilidad intrínseca a la Contaminación de los Acuíferos”;  que al decir de la misma SETENA corresponde a SENARA (Sistema Nacional de Riego y Avenamiento) realizarlos. En algunas reuniones interinstitucionales sostenida, en las que ha intervenido la Contraloría General de la República, el ente Contralor ha sido claro que corresponde a SENARA, realizar los estudios que requiere la SETENA para lo cuál estamos solicitando una prórroga a esa instancia para que conceda un plazo prudencial mientras se cuenta con el Mapa de Vulnerabilidad de los Mantos Acuíferos del Área Costera Sámara Carrillo. Mientras no se cuente con tales instrumentos de protección ambiental, este despacho no autorizará construcciones de ningún tipo en las áreas sobre las que versa el presente recurso de amparo.

          14.- Por resolución de las 13: 35 horas del 24 de octubre del  2014, la Sala solicitó como prueba para mejore resolver al  Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento se pronunciara sobre el  Plan Regulador costero del sector de Sámara-Carrillo. 

15.- Mediante escrito presentado el 28 de octubre del 2014, Luis Felipe Arauz Cavalini, Presidente de la Junta Directiva y  Patricia Quirós Quirós, Gerente General, ambos del Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento informan que la resolución 2008-12109 ha sido aplicada a todas las municipalidades a nivel  nacional. Que el Senara ha realizado los estudios hidrogeológicos del Acuífero de Mala Noche en la Zona de Sámara. El Acuífero se clasifica como de Extrema Vulnerabilidad a la contaminación y según la Matriz de Criterios de uso del suelo no se permite ningún tipo de obras en la zona delimitada. Que para actualizar los estudios de la zona costera de Sámara Carrillo el Senara no ha sido consultado  como corresponde ni por las Municipalidades de Nicoya y Hojancha ni por el Setena, ni por el ICT, para la revisión de estudios realizados por la empresa contratada por el ICT. El Senara desconoce hasta la fecha el contenido de los estudios y no ha emitido criterio.

16.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

          Redacta la Magistrada Hernández López; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO: Acusa el accionante lesión al derecho al agua y al ambiente, por las siguientes razones: 1) No han tomado las medidas necesarias para proteger y delimitar el Manto Acuífero Mala Noche y las zonas de recarga inmediata.  No se han elaborado los Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica. 2) No se han suspendido los permisos de construcción de viviendas, proyectos turísticos u urbanísticos, caminos o trochas. 3) No se ha incluido en el Plan Regulador el  Área de Protección del Manto Acuífero Mala Noche.

II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

<![if !supportLists]>a.     <![endif]>SERVICIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO: 1) Que en marzo del 2002 realiza evaluación del potencial y demanda hídrica subterránea en los acuíferos costeros de Sámara de Costa Rica. 2) El 20 de octubre del 2005 se solicita a la Municipalidad de Nicoya se delimite esa área como la Zona de Protección del Acuífero de  Mala Noche. 3) El 1 de noviembre del 2005, se solicita al Jefe del Departamento  de Aguas de MINAE iniciar el proceso de definición del área como zona de protección. 4) El 16 de febrero del 2006 se comunica a la Municipalidad de Nicoya y al SETENA la propuesta para la Declaración de la zona de protección del Acuífero Mala Noche. 5) El 19 de julio del 2006 se comunica a la Municipalidad de Nicoya que el Senara declaró que la zona de protección del manto acuífero es de gran importancia para garantizar el suministro de agua de la población y turismo, al que se le deben aplicar restricciones al crecimiento para velar por la calidad y cantidad del recurso hídrico, por lo que es recomendable que la Municipalidad emita los acuerdos para la protección del recurso hídrico subterráneo. 6) El 26 de setiembre del 2006, la Junta Directiva de SENARA aprueba el acuerdo 3303, en la sesión extraordinaria 239-06, la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la protección del recurso hídrico. Esta Matriz proporciona parámetros para determinar si proceden o no los permisos para el desarrollo de actividades productivas en Zonas de Acuíferos. De acuerdo con la Ley de Senara, la Matriz aprobada por la Junta Directiva de SENARA, es de aplicación obligatoria y debe utilizarse como guía para regular las actividades que se desarrollen en el territorio cantonal, en aquellas zonas en las que se cuenta con el Mapa de Vulnerabilidad aprobado por SENARA. En el caso de Nicoya se cuenta con mapas de vulnerabilidad de los Acuíferos de Potrero Caimital y Mala Noche, los cuales fueron aportados a la Municipalidad y se encuentra en proceso otras zonas de estudio. Se ha declarado extrema Vulnerabilidad, por lo que no se debe ejecutar ningún proyecto que ponga en riesgo el mismo. 7) En noviembre del 2006 se emite el estudio de Hidrogeología de las Cuencas de Mala Noche y Buena Vista, Sámara de Nicoya. 7) El 6 de julio del 2007, se reitera a la Municipalidad de Nicoya que estas áreas siguen siendo de extrema vulnerabilidad. 8) El 21 de julio del 2007, por oficio  ASUB-326-07 se comunica a la Municipalidad de Nicoya el Mapa de Vulnerabilidad del Acuífero Mala Noche y se le comunica que al aplicar la Matriz ésta determina que el Acuífero Mala Noche se ha declarado de Extrema Vulnerabilidad. Se comunicó a la Municipalidad de de Nicoya lo siguiente: a) Recomendaciones y políticas, concretamente la aplicación de restricciones a la explotación de pozos y ejecución de obras en el manto acuífero. b) Declaración de Extrema Vulnerabilidad. No se debe permitir  ninguna ejecución de proyectos en el sistema acuífero Mala Noche, sean estos de actividad de desarrollo urbanístico, ganadera, agrícola. c) Tampoco se permite la perforación de pozos en aquellos acuíferos identificados con problemas de intromisión  salina, sobreexplotación o como fuente de alternativa de agua para el desarrollo. 9) Que Senara informó mediante oficio GE-705-2006 del 10 de diciembre del 2007 al Tribunal Ambiental Administrativo, expediente 157-07.01-TAA que el sector conocido como Acuífero Mala Noche no  puede permitir realizar ningún tipo de actividad por su condición de extrema vulnerabilidad. 10)  El 8 de setiembre del 2014, el Director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara comunica a la Gerencia General que el Acuífero Mala Noche es de extrema vulnerabilidad y que la Municipalidad de Nicoya y Setena deben tomar las medidas de protección (ver informe). Sobre el Plan Regulador: Señala que para actualizar los estudios de la zona costera de Sámara Carrillo el Senara no ha sido consultado  como corresponde ni por las Municipalidades de Nicoya y Hojancha ni por el Setena, ni por el ICT, para la revisión de estudios realizados por la empresa contratada por el IC. El Senara desconoce hasta la fecha el contenido de los estudios y no ha emitido criterio (ver documentación).

<![if !supportLists]>b.     <![endif]>INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS: 1) La Subgerencia de Sistemas Comunales procedió a realizar un levantamiento e inscripción de las fuentes de agua de los cuales se abastecen las ASADAS del país. 2) El AyA procedió a legalizar el suministro de agua de la ASADA de Playa Sámara, el 30 de  mayo del 2004, según consta en el expediente 384 R que lleva a cabo el Departamento de Aguas del MINAE. El AyA detalla las gestiones que se han implementado por parte de la Institución en referencia al Mapa de Vulnerabilidad del Acuífero Mala Noche- Sámara. En ese documento se establece que se han realizado a) Estudios b) Permisos: Que a partir de las zonas de protección emitida por SENARA la UEN Gestión Ambiental- Hidrogeología  realizó una revisión exhaustiva de solicitudes de perforación y no se ha autorizado ninguna perforación en la zona. c) Exoneración de Red de Alcantarillado Sanitario: Se procedió por parte de las UEN Gestión Ambiental a revisar la base de datos de Exoneración de Alcantarillado Sanitario y a la fecha no se ha autorizado ningún  proyecto. d) Coordinación entre instituciones: Que se inicia monitoreo mensual de seguimiento del acuífero en el mes de junio del 2013, según minuta CI-004-2013 del 25 de junio del 2013, por un período de 2 años. A la fecha se han realizado un total de 16 monitoreos con un total de 23 pozos. Por lo tanto, debido a que existe el Mapa de Vulnerabilidad elaborado por el SENARA, con el respectivo sustento técnico, se indica que el AyA a través de la UEN Gestión Ambiental Hidrogeología, no han aprobado solicitudes de perforación ni se han exonerado solicitudes de Exoneración de Alcantarillado Sanitario en este acuífero y se continua con la protección del mismo a partir del monitoreo mensual en coordinación con AYA hidrogeología, SENARA y la Dirección de Aguas- MINAE (ver documentación);

<![if !supportLists]>c.      <![endif]>MUNICIPALIDAD DE NICOYA: El Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Nicoya mediante oficio IM-402-2014 del 8 de setiembre del 2014 establece: 1) Permisos de construcción: Según la consulta realizada al Sistema de Integración Municipal y la inspección de campo realizada establece que no existen licencias de construcción de proyectos nuevos desde hace un año atrás en la localidad del Torito, un asentamiento con inmuebles con más de 10 años de existencia. 2) Zona Marítimo Terrestre: Es un área conflictiva debido a la gran invasión ilegal existente en los años pasados. Las licencias de construcción están sujetas a la existencia de concesiones, las cuales deben de ajustarse a la Ley 6043 y ser aprobadas por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Nicoya. 3) Departamento de Ingeniería y la Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio número IM-433-2014 informa que desde el 2008 a la fecha no se han otorgado  licencias constructivas. b) La Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante oficio U.T.-0823-14 informa que no ha realizado ninguna gestión referente a recepción de caminos en el lugar. SOBRE EL PLAN REGULADOR: 1) Que el Plan Regulador de Playa Sámara vigente publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance número 208 del día 30 de octubre del año 1981, no contempla ni los índices de fragilidad ambiental ni los mapas de vulnerabilidad ambiental o estudios hidrogeológicos. 2) Que Instituto Costarricense de Turismo propuso un  Plan Regulador Sámara Carrillo que no incluía el Área de Protección del Manto Acuífero de Mala Noche. 3) Que ante la Secretaría Técnica Ambiental, se tramita el Expediente Administrativo # EAE-02-2013. Referente al Plan Regulador Costero del Sector de Sámara-Carrillo. Incorporación de la Variable Ambiental. Mediante resolución 2789-2013-SETENA de las 13:20 horas del 18 de noviembre del 2013, acordó: En la Sesión Ordinaria 104-2013 de la Secretaría realizada el 18 de noviembre del 2014, artículo 5: Primero: Con fundamento en los considerandos anteriores, solicitar a los proponentes (Municipalidad de Nicoya y Hojancha) el visto bueno/aprobación de los estudios técnicos de Vulnerabilidad Intrínseca a la contaminación de los acuíferos en su Plan Regulador, cuyos estudios ambientales fueran presentados ante SETENA para obtener la Viabilidad Ambiental en dicho Plan. Segundo: Se otorga el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente resolución. Es indispensable  recordar  a los proponentes, que los documentos avalados y aprobados por SENARA  son insumos técnicos del proceso de incorporación de la variable ambiental en su plan regulador, razón por la cuál debe ajustarse, replantearse y/o sustituirse lo que corresponda, tanto cartográficamente como en los documentos escritos que han sido sometidos a valoración por parte de SETENA, así como la zonificación propuesta del plan regulador que posteriormente valorarán el ICT y el INVU (ver documentación). En algunas  reuniones interinstitucionales sostenida, en las que ha intervenido la Contraloría General de la República, el ente Contralor ha sido claro que corresponde a SENARA, realizar los estudios que requiere la SETENA para lo cuál estamos solicitando una prórroga a esa instancia para que conceda un plazo prudencial mientras se cuenta con el Mapa de Vulnerabilidad de los Mantos Acuíferos del Área Costera Sámara Carrillo. Mientras no se cuente con tales instrumentos de protección ambiental, este despacho no autorizará construcciones de ningún tipo en las áreas sobre las que versa el presente recurso de amparo (ver documentación); 

<![if !supportLists]>d.     <![endif]>MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: 1) Que por informe DH-0226-2014 del 9 de setiembre del 2014, de la Dirección de Agua estable que el SENARA ha realizado estudios respecto del acuífero Mala Noche, y determina que presenta vulnerabilidad intrínseca  extrema de contaminación, así como contaminación por intrusión salina. Se realizaron estudios hidrogeológicos, y mediante oficio ASUB-0294-2006 del 19 de junio del 2006, Senara declara Zona de Protección Hídrica el Acuífero Mala Noche. En el Acuífero no se autorizan permisos de perforación, concesiones nuevas o aumentos  de caudal. Que por resolución 12-2008 de las 11:15 horas del 23 de junio del 2008 del Área de Conservación Tempisque del Sistema de Áreas de Conservación estableció el límite del Acuífero Mala Noche a partir de la línea divisoria de las aguas, en el límite de la microcuenca hidrográfica  del Río Mala Noche. En reunión del 15 de enero del 2013, Senara hace la presentación de los estudios realizados en el Acuífero Mala Noche. La Comisión acuerda valorar la información existente y realizar nuevas pruebas de campo y monitorero de pozos para realizar el balance hídrico en conjunto con las 3 instituciones. El monitoreo mensual de pozos se inició en el mes de junio del 2013, con una red de 23 pozos. A la fecha tiene 15 meses de monitoreo. El monitoreo lleva el control de la explotación de acuífero por medio de mediciones mensuales de los niveles freáticos. Una vez concluida la etapa de monitoreo se procederá a elaborar el análisis del acuífero con la nueva información generada. 2) Que la Dirección de Agua, pese a las labores realizadas en la zona en conjunto con el SENARA y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados aún no cuenta con toda la información necesaria para realizar el balance hídrico. 3) Por oficio del 9 de setiembre del 2014, de la Oficina Subregional de Nicoya establece que en los últimos 3 años  no se han presentado denuncias ni otorgado permisos de aprovechamiento maderables. Los Funcionarios realizan periódicamente patrullajes de control ambiental. 3) Que mediante oficio ACT-OR-DR-1238-14 del 9 de setiembre del 2014, suscrito por el Director a.i. del Área de Conservación Tempisque, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Minae, que es el ente  competente para atender y tramitar las denuncias de carácter ambiental, en la zona donde supuestamente se ocasionaron los hechos recurridos según lo establece el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad 7788 en la Oficina Subregional de Nicoya  del Área de Conservación Tempisque, el accionante no ha interpuesto ninguna denuncia de carácter ambiental, por la supuesta contaminación del recurso hídrico, del manto Acuífero Mala Noche  (ver documentación).

          III.- ANTECEDENTE: Esta Sala en resolución 2012-08892 de las 16:03 horas del 27 de junio del 2012 dispuso lo siguiente:

“IV.- Sobre la aplicación del principio precautorio en materia ambiental: El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado otorga una protección especial a la biodiversidad y las aguas subterráneas, razón por la cual y en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, las actividades económicas con impacto ambiental deben ser autorizadas cuando exista certeza científica de que ese impacto no implique un riesgo o amenaza de daño permanente e irreversible al ambiente. Es por esta razón que la administración debe realizar siempre la evaluación ambiental necesaria mediante los instrumentos que estime necesarios, evaluación que debe ser compartida públicamente con la población afectada, para que luego de un análisis riguroso y detallado la administración emita de manera fundamentada la viabilidad ambiental correspondiente. La desatención e inobservancia de estos aspectos definidos normativa y jurisprudencialmente, deviene en la vulneración del referido derecho a un ambiente sano, por lo que las actuaciones administrativas así dispuestas resultan igualmente violatorias de este derecho fundamental. (ver, entre otras, sentencias de esta Sala números 5893-95, 5445-99, 2003-6322, 2004-13414, 2004-01923, 2006-7994 y 2010-6922).

V.- Sobre el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Esta Sala, en la sentencia número 2004-01923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004, y con redacción del Magistrado Jinesta Lobo, expuso que las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Es evidente que por disposición expresa de Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, artículo 3 incisos ch y h), el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia-. De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras.

VI.- Sobre el principio de coordinación interadministrativa. Uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Esta puede ser interorgánica –entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía– o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza interorgánica. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada; y se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación.

VII.- Sobre la coordinación interinstitucional en materia ambiental. Específicamente en materia de tutela ambiental, la sentencia número 2008-004790 subrayó el deber de coordinación entre las instituciones relacionadas con el tema y la imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación que emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico:

“III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).”

En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a dudas que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional. Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación.

VIII.- Sobre la relevancia constitucional y el régimen de protección a las aguas subterráneas. Conforme quedó consignado en la sentencia número 2004-01923, la protección a los mantos acuíferos o aguas subterráneas es fundamental para la preservación de la vida y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se trata de un componente esencial del ciclo hidrológico y la principal fuente de abastecimiento público en la región centroamericana, que en el caso de Costa Rica suministra el 70% del agua diaria consumida, lo que no es de extrañar dado el alto índice de contaminación de la mayoría de aguas superficiales (hecho público y notorio). De ahí que resulte fácil colegir su relevancia como derecho fundamental, cuyo parámetro de control de constitucionalidad se sustenta en normas positivas del derecho constitucional y supraconstitucional, así como en principios generales de Derecho. Entre otros, conviene citar el principio de preservación de los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras (principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano), derechos a la vida y la salud (numeral 21 de la Constitución Política), derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículos 50 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Por lo demás, en la citada sentencia, y haciendo alusión a los ordinales 50 de la Ley Orgánica del Ambiente ("El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social") y 4 del Código de Minería ("…las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales se reservan para el Estado"), se estableció expresamente el carácter de dominio público del agua, lo que evidentemente incluye todas las aguas subterráneas del país. Tal criterio vino a ser acentuado en las sentencias números 2005-16513 de las 20:04 horas del 29 de noviembre del 2005 y 2011-001034 de las 9:10 horas del 28 de enero de 2011, donde se reiteró que el régimen patrio de los bienes de dominio público, como el agua, los coloca fuera del comercio de los hombres y, por ello, los permisos para su explotación son siempre precarios y unilateralmente revocables por parte de la Administración cuando se justifique por razones de necesidad o interés general. Adicionalmente se indicó que, tratándose de la protección de los recursos naturales, el Estado tiene plena obligación de imponer limitaciones a la propiedad privada y regular las condiciones para el uso y protección de los bienes de dominio público, incluida por supuesto el agua, por lo que el ejercicio de ese deber estatal resulta absolutamente compatible con el derecho a la propiedad privada, estatuido en el numeral 45 de la Constitución Política. Esta obligación de salvaguardia de la aguas subterráneas irradia a lo largo de todo el territorio nacional, toda vez que la contaminación pone en peligro no solo a los mantos más vulnerables, los acuíferos superficiales separados de la superficie por una capa de suelo delgada y permeable; sino también a los volcánicos o figurados, cuyas áreas de recarga pueden verse amenazadas por actividades antrópicas como la deforestación, urbanización descontrolada y actividades agropecuarias intensivas y extensivas que conllevan el uso de plaguicidas y agroquímicos. En la sentencia número 2004-01923, asimismo, se destacan especiales características de la contaminación de aguas subterráneas, que ponen de manifiesto su particular vulnerabilidad: 1) La contaminación puede pasar inadvertida por mucho tiempo dado que las aguas están en el subsuelo. 2) La regeneración del agua una vez contaminada es muy lenta o bien tiene un costo tan alto que convierte a la contaminación en algo irreversible. 3) Existe un déficit de recursos técnicos y humanos para monitorear la calidad del agua subterránea y determinar la dimensión exacta de una eventual contaminación. Tales factores, a su vez, influyen en el tipo de protección requerida por los mantos acuíferos, que ineludiblemente debe ser preventiva, pues cuando el daño (la contaminación) se detecta, con frecuencia es ya demasiado tarde para una reversión de la situación. Entre tales medidas, señala la Sala en la sentencia de cita, están la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas y la imposición de medidas de seguridad a actividades potencialmente contaminantes. También, con carácter enumerativo, se puntualizan como medidas de protección el establecimiento de perímetros de protección de los mantos acuíferos, la declaración de acuífero sobreexplotado, la declaración de acuífero en proceso de intrusión salina y el estado de necesidad y crisis hídrica.

IX.-Sobre la aplicación de la “Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico.” Ahora bien, para los efectos del presente recurso de amparo, conviene resaltar la primera de las medidas descritas en el considerando previo. Consiste, en primer lugar, en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de este; y en segundo lugar, se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas- y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones– (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). En resumen, la Sala hace referencia a la emisión de documentos tales como mapas hidrogeológicos –en los que se traza o demarca la superficie bajo la que se asienta un acuífero– y matrices de uso de suelo según la vulnerabilidad de los mantos acuíferos a la contaminación –que fijan un régimen específico de utilización o afectación del suelo en relación con las aguas subterráneas–, cuyos perímetros de protección son de acatamiento obligatorio y deben verse reflejados en los planes reguladores sobre uso de suelos y ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación o de construcciones) por parte de las corporaciones municipales o del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales. Al respecto, la sentencia número 2004-01923 dispone de manera literal: “La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b) áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones, supuesto en el cual se deben inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.”Así las cosas, existe una diferencia sustancial entre un mapa hidrogeológico de aguas subterráneas y una matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. El mapa hidrogeológico contiene, fundamentalmente, información geológica e hidrológica y está referido al campo científico de la cartografía hidrogeológica. Esta área científica se ocupa tanto de los fenómenos que suceden sobre la superficie del suelo, como de los que ocurren en el subsuelo. En el caso de los mantos acuíferos, los mapas hidrogeológicos recogen datos relevantes como la profundidad de los niveles de agua, los espesores saturados o de materiales impermeables, la zonificación vertical de los acuíferos, etc. Entre otras características, la cartografía hidrogeológica es muy dinámica dado que si bien existen fenómenos con alto grado de permanencia (obras hidráulicas, puntos de agua), también se dan fenómenos que varían con el tiempo, como la profundidad del nivel de agua o algunos datos de hidroquímica, amén del condicionamiento espacial pues el objeto de la cartografía son zonas o superficies concretas que evidentemente difieren unas de otras según el punto geográfico por cartografiar. La variable tiempo introduce complejidad adicional a la representación cartográfica y acarrea una falta de actualización del mapa si se produce un retraso en su publicación; asimismo, según los objetivos que se persiguen, los mapas hidrogeológicos pueden ser generales o tender a objetivos específicos, como los mapas de vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas. Por el contrario, la matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, si bien no es permanente y puede cambiar por diversos factores –como la evolución del conocimiento científico y el desarrollo de nuevas tecnologías más amigables con el ambiente–, es mucho más estable y no está supeditada a ese alto índice de mutabilidad espacial y temporal propio del fenómeno hidrogeológico. Por tal razón, en concordancia con el criterio técnico del Director del Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica, esta Sala advierte que las medidas de protección y regulaciones de uso de suelo contenidas en una matriz de este tipo perfectamente son de aplicación general en todo el territorio nacional, toda vez que lo cambiante son las características hidrogeológicas de cada zona pero no la especificación de medidas de protección y regulaciones de uso de suelo en función de dichas características hidrogeológicas para una misma categoría de vulnerabilidad de un manto acuífero. Es decir, las características hidrogeológicas e hidroquímicas de un acuífero y, por ende, su vulnerabilidad a la contaminación varían de un sitio a otro; empero, las medidas de protección y regulaciones de uso de suelo para una misma categoría de vulnerabilidad son siempre las mismas, pues se basan en las variables propias del comportamiento hidrogeológico de un acuífero en el medio físico evaluado. Así, la prohibición de usar agroquímicos de alta toxicidad (factor de una matriz de vulnerabilidad del uso del suelo según la vulnerabilidad del manto acuífero a la contaminación) será de inexorable aplicación en zonas acuíferas de alta vulnerabilidad (factor de un mapa hidrogeológico), sin importar en dónde estén ubicadas tales zonas; ergo, en el sub examine, una indicación de determinada medida de uso de suelo en una matriz de vulnerabilidad a la contaminación es una variable constante, mientras que las condiciones hidrogeológicas e hidroquímicas del manto acuífero en cada región concreta constituyen variables dependientes. Este criterio también halla sustento en los principios precautorio o de indubio pro natura, debidamente explicados en la sentencia transcrita en el considerando anterior. En concordancia con lo anterior, la obligación del Estado de tomar cualesquiera medidas eficaces en función del costo para impedir la degradación de los mantos acuíferos, emerge como imperativo jurídico esencial aunque sobre tales medidas no exista absoluta certeza científica, pues el presupuesto de dicha obligación consiste en la mera existencia de un peligro de daño grave o irreversible a los mantos acuíferos. Señala la sentencia número 2004-01923, que “para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”

          IV.- SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA  PROTEGER Y DELIMITAR EL MANTO ACUÍFERO MALA NOCHE Y LOS MAPAS DE VULNERABILIDAD HIDROGEOLÓGICA. La Sala tiene por acreditado que contrario a lo que afirma el accionante las autoridades recurridas si han tomado las medidas necesarias para proteger y delimitar el Manto Acuífero Mala Noche, además se han elaborado los Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica. De la prueba que consta en autos la Sala tiene por acreditado que en marzo del 2002 realiza evaluación del potencial y demanda hídrica subterránea en los acuíferos costeros de Sámara de Costa Rica. El 20 de octubre del 2005 se solicita a la Municipalidad de Nicoya se delimite esa área como la Zona de Protección del Acuífero de  Mala Noche. El 1 de noviembre del 2005, se solicita al Jefe del Departamento  de Aguas de MINAE iniciar el proceso de definición del área como zona de protección.  El 16 de febrero del 2006 se comunica a la Municipalidad de Nicoya y al SETENA la propuesta para la Declaración de la zona de protección del Acuífero Mala Noche. El 19 de julio del 2006 se comunica a la Municipalidad de Nicoya que el Senara declaró que la zona de protección del manto acuífero es de gran importancia para garantizar el suministro de agua de la población y turismo, al que se le deben aplicar restricciones al crecimiento para velar por la calidad y cantidad del recurso hídrico, por lo que es recomendable que la Municipalidad emita los acuerdos para la protección del recurso hídrico subterráneo. El 26 de setiembre del 2006, la Junta Directiva de SENARA aprueba el acuerdo 3303, en la sesión extraordinaria 239-06, la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la protección del recurso hídrico. Esta Matriz proporciona parámetros para determinar si proceden o no los permisos para el desarrollo de actividades productivas en Zonas de Acuíferos. De acuerdo con la Ley de Senara, la Matriz aprobada por la Junta Directiva de SENARA, es de aplicación obligatoria y debe utilizarse como guía para regular las actividades que se desarrollen en el territorio cantonal, en aquellas zonas en las que se cuenta con el Mapa de Vulnerabilidad aprobado por SENARA. En el caso de Nicoya se cuenta con mapas de vulnerabilidad de los Acuíferos de Potrero Caimital y Mala Noche, los cuales fueron aportados a la Municipalidad y se encuentra en proceso otras zonas de estudio. Se ha declarado Extrema Vulnerabilidad, por lo que no se debe ejecutar ningún proyecto que ponga en riesgo el mismo. En noviembre del 2006 se emite el estudio de Hidrogeología de las Cuencas de Mala Noche y Buena Vista, Sámara de Nicoya. El 6 de julio del 2007, se reitera a la Municipalidad de Nicoya que estas áreas siguen siendo de extrema vulnerabilidad. El 21 de julio del 2007, por oficio  ASUB-326-07 se comunica a la Municipalidad de Nicoya el Mapa de Vulnerabilidad del Acuífero Mala Noche y se le comunica que al aplicar la Matriz ésta determina que el Acuífero Mala Noche se ha declarado de Extrema Vulnerabilidad. Se comunicó a la Municipalidad de de Nicoya lo siguiente: a) Recomendaciones y políticas, concretamente la aplicación de restricciones a la explotación de pozos y ejecución de obras en el manto acuífero. b) Declaración de extrema vulnerabilidad. No se debe permitir  ninguna ejecución de proyectos en el sistema acuífero Mala Noche, sean estos de actividad de desarrollo urbanístico, ganadera, agrícola. c) Tampoco se permite la perforación de pozos en aquellos acuíferos identificados con problemas de intromisión  salina, sobreexplotación o como fuente de alternativa de agua para el desarrollo. Que Senara informó mediante oficio GE-705-2006 del 10 de diciembre del 2007 al Tribunal Ambiental Administrativo, expediente 157-07.01-TAA que el sector conocido como Acuífero Mala Noche no  puede permitir realizar ningún tipo de actividad por su condición de extrema vulnerabilidad.  El 8 de setiembre del 2014, el Director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara comunica a la Gerencia General que el Acuífero Mala Noche es de extrema vulnerabilidad y que la Municipalidad de Nicoya y Setena deben tomar las medidas de protección. 

          De lo expuesto, la Sala comprueba que las autoridades recurridas han emitido los actos necesarios para proteger y delimitar el Manto Acuífero Mala Noche, y además se elaboraron los Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica. Vemos que el Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento declaró la Zona de Protección del Acuífero Mala Noche y aprobó la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos. Que Nicoya cuenta con Mapas de Vulnerabilidad de los Acuíferos de Potrero y Caimital y Mala Noche, y la zona fue declarada como de Extrema Vulnerabilidad. Que en  julio del 2007 comunicó a la Municipalidad de Nicoya el Mapa de Vulnerabilidad del Acuífero Mala Noche y que se había declarado de Extrema Vulnerabilidad, por lo que restringió la explotación de pozos y la ejecución de obras o proyectos de desarrollo urbanístico, ganadera, agrícola. Además se comunicó al Tribunal Ambiental Administrativo que la zona es de extrema vulnerabilidad por lo que no se puede ejecutar ningún proyecto que lo ponga en riesgo (diciembre del 2007).  Aunado a lo anterior tenemos que el SENARA, AyA y el MINAE  de manera conjunta realiza el monitoreo de los pozos en la zona para el balance hídrico. Por lo anterior, se descarta la lesión al artículo 50 de la Constitución Política. En consecuencia, se procede a declarar sin lugar el recurso en este extremo.

V.- SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, PROYECTOS TURÍSTICOS U URBANÍSTICOS, CAMINOS O TROCHAS:  La Sala determina que contrario a lo que afirma el accionante si se han suspendido los permisos de construcción y perforaciones en la zona. De la prueba que consta en autos la Sala tiene por acreditado lo siguiente: Referente al SERVICIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO: El 19 de julio del 2006 se comunica a la Municipalidad de Nicoya que el Senara declaró que la zona de protección del manto acuífero es de gran importancia para garantizar el suministro de agua de la población y turismo, al que se le deben aplicar restricciones al crecimiento para velar por la calidad y cantidad del recurso hídrico, por lo que es recomendable que la Municipalidad emita los acuerdos para la protección del recurso hídrico subterráneo. Que Nicoya cuenta con mapas de vulnerabilidad de los Acuíferos de Potrero Caimital y Mala Noche, los cuales fueron aportados a la Municipalidad y se encuentra en proceso otras zonas de estudio. Se ha declarado extrema Vulnerabilidad, por lo que no se debe ejecutar ningún proyecto que ponga en riesgo el mismo. El 6 de julio del 2007, se reitera a la Municipalidad de Nicoya que estas áreas siguen siendo de extrema vulnerabilidad. El 21 de julio del 2007, por oficio  ASUB-326-07 se comunica a la Municipalidad de Nicoya el Mapa de Vulnerabilidad del Acuífero Mala Noche y se le comunica que al aplicar la Matriz ésta determina que el Acuífero Mala Noche se ha declarado de Extrema Vulnerabilidad. Se comunicó a la Municipalidad de de Nicoya lo siguiente: a) Recomendaciones y políticas, concretamente la aplicación de restricciones a la explotación de pozos y ejecución de obras en el manto acuífero. b) Declaración de extrema vulnerabilidad. No se debe permitir  ninguna ejecución de proyectos en el sistema Acuífero Mala Noche, sean estos de actividad de desarrollo urbanístico, ganadera, agrícola. c) Tampoco se permite la perforación de pozos en aquellos acuíferos identificados con problemas de intromisión  salina, sobreexplotación o como fuente de alternativa de agua para el desarrollo. Que Senara informó mediante oficio GE-705-2006 del 10 de diciembre del 2007 al Tribunal Ambiental Administrativo, expediente 157-07.01-TAA que el sector conocido como Acuífero Mala Noche no puede permitir realizar ningún tipo de actividad por su condición de extrema vulnerabilidad. Por su parte el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS señala: El AyA detalla las gestiones que se han implementado por parte de la Institución en referencia al Mapa de Vulnerabilidad del Acuífero Mala Noche- Sámara. En ese documento se establece que se han realizado a) Estudios. b) Permisos: Que a partir de las zona de protección emitida por SENARA la UEN Gestión Ambiental- Hidrogeología realizó una revisión exhaustiva de solicitudes de perforación y no se ha autorizado ninguna perforación en la zona. c) Exoneración de Red de Alcantarillado Sanitario: Se procedió por parte de las UEN Gestión Ambiental a revisar la base de datos de Exoneración de Alcantarillado Sanitario y a la fecha no se ha autorizado ningún  proyecto. d) Coordinación entre instituciones: Que se inicia monitoreo mensual de seguimiento del acuífero en el mes de junio del 2013, según minuta CI-004-2013 del 25 de junio del 2013, por un período de 2 años. A la fecha se han realizado un total de 16 monitoreos con un total de 23 pozos. Por lo tanto, debido a que existe el Mapa de Vulnerabilidad elaborado por el SENARA, con el respectivo sustento técnico, se indica que el AyA a través de la UEN Gestión Ambiental Hidrogeología, no han aprobado solicitudes de perforación ni se han exonerado solicitudes de Exoneración de Alcantarillado Sanitario en este acuífero y se continua con la protección del mismo a partir del monitoreo mensual en coordinación con AYA Hidrogeología, SENARA y la Dirección de Aguas- MINAE   Referente a la MUNICIPALIDAD DE NICOYA: Departamento de Ingeniería y la Unidad Técnica de Gestión Vial Que el Departamento de Ingeniería  mediante oficio número IM-433-2014 informa que desde el 2008 a la fecha no se han otorgado  licencias constructivas.  La Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante oficio U.T.-0823-14 informa que no ha realizado ninguna gestión referente a recepción de caminos en el lugar. Además el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA indicó:  mediante oficio ASUB-0294-2006 del 19 de junio del 2006, explica que el Senara declaró la Zona de Protección Hídrica el Acuífero Mala Noche. Que en el Acuífero no se autorizan permisos de perforación, concesiones nuevas o aumentos  de caudal. Que por resolución 12-2008 de las 11:15 horas del 23 de junio del 2008 del Área de Conservación Tempisque del Sistema de Áreas de Conservación estableció el límite del Acuífero Mala Noche a partir de la línea divisoria de las aguas, en el límite de la microcuenca hidrográfica  del Río Mala Noche.

La Sala concluye que desde la elaboración de los Mapas de Vulnerabilidad de los Acuíferos de Potrero Caimital y Mala Noche, y la declaratoria de Extrema Vulnerabilidad, se emitieron las restricciones para la explotación de pozos, ejecución de obras, por lo que no se permite ejecución de proyectos urbanísticos, ganaderos o agrícolas, la perforación de pozos en aquellos acuíferos identificados con problemas de intromisión  salina, sobreexplotación o como fuente de alternativa de agua para el desarrollo (El Senara comunicó el 10 de diciembre del 2007 al Tribunal Ambiental Administrativo, que el sector conocido como Acuífero Mala Noche no  puede permitir realizar ningún tipo de actividad por su condición de extrema vulnerabilidad). Que el AyA no ha autorizado ninguna perforación en la zona o Redes de Alcantarillado Sanitario. Aunado a que la Municipalidad de Nicoya establece que no se han emitido permisos a partir del año 2008 y que mientras no se apruebe el nuevo Plan Regulador Costero del Sector Sámara- Carrillo que se tramita en el expediente administrativo EAE-02-2013-SETENA no se autorizará ninguna construcción. Finalmente tenemos que  el recurrente no detalló en su recurso a que construcciones, perforaciones o caminos hacía referencia en el recurso de amparo. Por lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar  el recurso en este extremo. 

VI.- SOBRE LA INCLUSIÓN EN EL PLAN REGULADOR DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DEL MANTO ACUÍFERO MALA NOCHE: La Sala tiene por acreditado mediante informe rendido por la Municipalidad de Nicoya lo siguiente: Que el Plan Regulador de Playa Sámara vigente publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance número 208 del día 30 de octubre del año 1981, no contempla ni los índices de fragilidad ambiental ni los mapas de vulnerabilidad ambiental o estudios hidrogeológicos.  Que Instituto Costarricense de Turismo propuso un  Plan Regulador Sámara Carrillo que no incluía el Área de Protección del Manto Acuífero de Mala Noche. Que ante la Secretaría Técnica Ambiental, se tramita el Expediente Administrativo # EAE-02-2013, referente al Plan Regulador Costero del Sector de Sámara-Carrillo. Incorporación de la Variable Ambiental. Mediante resolución 2789-2013-SETENA de las 13:20 horas del 18 de noviembre del 2013, acordó: En la Sesión Ordinaria 104-2013 de la Secretaría realizada el 18 de noviembre del 2014, artículo 5: Primero: Con fundamento en los considerandos anteriores, solicitar a los proponentes (Municipalidad de Nicoya y Hojancha) el visto bueno/aprobación de los estudios técnicos de Vulnerabilidad Intrínseca a la contaminación de los acuíferos en su Plan Regulador, cuyos estudios ambientales fueran presentados ante SETENA para obtener la Viabilidad Ambiental en dicho Plan. Segundo: Se otorga el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente resolución. Es indispensable  recordar  a los proponentes, que los documentos  avalados y aprobados por SENARA son insumos técnicos del proceso de incorporación de la variable ambiental en su plan regulador, razón por la cuál debe ajustarse, replantearse y/o sustituirse lo que corresponda, tanto cartográficamente como en los documentos escritos que han sido sometidos a valoración por parte de SETENA, así como la zonificación propuesta del plan regulador que posteriormente valorarán el ICT y el INVU. En algunas  reuniones interinstitucionales sostenida, en las que ha intervenido la Contraloría General de la República, el ente Contralor ha sido claro que corresponde a SENARA, realizar los estudios que requiere la SETENA para lo cuál estamos solicitando una prórroga a esa instancia para que conceda un plazo prudencial mientras se cuenta con el Mapa de Vulnerabilidad de los Mantos Acuíferos del Área Costera Sámara Carrillo. Mientras no se cuente con tales instrumentos de protección ambiental, este despacho no autorizará construcciones de ningún tipo en las áreas sobre las que versa el presente recurso de amparo. Por otra parte el SENARA recalca que no ha sido consultado como corresponde ni por las Municipalidades de Nicoya y Hojancha ni por el Setena, ni por el ICT, para la revisión de estudios realizados por la empresa contratada por el IC. El Senara desconoce hasta la fecha el contenido de los estudios y no ha emitido criterio.

La Sala comprueba que el Plan Regulador vigente no establece ninguna protección al Manto Acuífero Mala Noche. Que actualmente se tramita ante el SETENA el Plan Regulador Costero del Sector de Sámara-Carrillo, el cuál requiere de la viabilidad ambiental, resultando que, la  Secretaría Técnica Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía previno a la Municipalidad de Nicoya y Hojancha que debían de realizarse una serie de estudios ambientales por parte del SENARA. En este sentido vemos que la resolución 2789-2013-SETENA de las 13:20 horas del 18 de noviembre del 2013, se le indicó lo siguiente: Considerando décimo primero: “Que esta Secretaría, a través del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, verificará que en la documentación ambiental que es ingresda, en aras de obtener la viabilidad ambiental del plan del ordenamiento territorial, lo dispuesto por la Sala Constitucional y el Senara; particularmente en lo que respecta al tema de cartografiado hidrogeológico y vulnerabilidad  acuífera, haya sido debidamente incorporado en dicha  documentación ambiental en particular (índices de fragilidad ambiental, análisis de alcance ambiental, y reglamento de desarrollo sostenible) y en la propuesta de ordenamiento territorial en general (incluyendo la zonificación propuesta). Esta gestión implica verificar que en los estudios ambientales sometidos a valoración  por parte de esta Secretaría consten los vistos buenos, avales o aprobaciones que le corresponda otorgar al SENARA, en los estudios  técnicos que sean pertinentes, en función de sus competencias en el tema y además que los mismos fueran tomados como insumos técnicos en el proceso de la introducción de la variable en el plan regulador”.  Por su parte la municipalidad indica que los estudios no se han hecho y que solicitaran una prórroga al SETENA para su cumplimiento. En este sentido SENARA afirma que no ha sido consultado o gestionado que emita criterio.  De manera que al verificarse que la Municipalidad de Nicoya no ha emitido los actos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 2789-2013-SETENA de las 13:20 horas del 18 de noviembre del 2013 y dado que Senara no ha sido consultado al respecto, lo procedente es declarar con lugar el recurso en virtud del principio de coordinación interadministrativa en materia ambiental, de conformidad con lo expuesto por esta Sala en el considerando III de esta resolución, y ordenar a Marco Antonio Jiménez Muñoz, Alcalde Municipal de Nicoya y a Luis Felipe Arauz Cavalini, Presidente de la Junta Directiva y  a Patricia Quirós Quirós, Gerente General, ambos del Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, o a quienes ocupen esos cargos, que en el plazo de un año a partir de la comunicación de esta sentencia elaboren los estudios ambientales requeridos en la resolución 2789-2013-SETENA de las 13:20 horas del 18 de noviembre del 2013 emitida por la  Secretaría Técnica Ambiental, expediente Administrativo # EAE-02-2013. Asimismo se ordena que una vez elaborados sean enviados de inmediato a la Secretaría Técnica Ambiental para su estudio.

VII.- SOBRE EL  POZO ABASTECEDOR DE PLAYA SÁMARA: Acusa el accionante que el AyA no ha legalizado el pozo abastecedor de Playa Sámara. Al respecto, la Sala determina que el  AyA procedió a legalizar el suministro de agua de la ASADA de Playa Sámara, el 30 de mayo del 2004, según consta en el expediente 384 R que lleva a cabo el Departamento de Aguas del MINAE. Por lo que no tal situación no presenta vicios de constitucionalidad.

VIII.- SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: Acusa el amparado que existen construcciones en la zona marítimo terrestre. Por su parte la Municipalidad de Nicoya establece que es un área conflictiva debido a la gran invasión ilegal existente en los años pasados. Que las licencias de construcción están sujetas a la existencia de concesiones, las cuales deben de ajustarse a la Ley 6043 y ser aprobadas por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Nicoya. De ahí que, la Municipalidad recurrida esta atendiendo el tema. En caso de que el amparado lo considere pertinente podrá presentar las denuncias correspondientes en la jurisdicción ordinario en razón de su competencia.

IX.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. El  Magistrado Salazar Alvarado declara sin lugar el recurso con base en las siguientes consideraciones redactadas por el Magistrado Jinesta Lobo y a las cuales se ha adherido, en relación únicamente con lo que a la acusada violación al artículo 50 constitucional respecta:

1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado  (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el  Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas,  para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.

2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad –legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo,  cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge  respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable –sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas-  y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.

3.- COROLARIO. Por lo expuesto, el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

POR TANTO:

          Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Marco Antonio Jiménez Muñoz, Alcalde Municipal de Nicoya y a Luis Felipe Arauz Cavalini, Presidente de la Junta Directiva y a Patricia Quirós Quirós, Gerente General, ambos del Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, o a quienes ocupen esos cargos, que en el plazo de UN AÑO a partir de la comunicación de esta sentencia elaboren los estudios ambientales requeridos en la resolución 2789-2013-SETENA de las 13:20 horas del 18 de noviembre del 2013 emitida por la  Secretaría Técnica Ambiental, expediente Administrativo # EAE-02-2013. Asimismo se ordena que una vez elaborados sean enviados de inmediato a la Secretaría Técnica Ambiental para lo de su competencia. Se apercibe a Marco Antonio Jiménez Muñoz, a Luis Felipe Arauz Cavalini, y a Patricia Quirós Quirós, que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Nicoya al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Marco Antonio Jiménez Muñoz, a Luis Felipe Arauz Cavalini, y a Patricia Quirós Quirós, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. Sobre la alegada violación al artículo 50 de la Constitución Política por la omisión de protección, delimitación del Manto Acuífero Mala Noche y  falta de elaboración de  Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica se declara sin lugar el recurso. Comuníquese. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes únicamente en lo que a la acusada violación a lo dispuesto en el artículo 50 constitucional se refiere.

 

 

  

 

	

 

	

 




 

	

Gilbert Armijo S.

Presidente

	

 




 

	

 

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Fernando Castillo V.




 

	

 

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Nancy Hernández L.




 

	

 

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Ana María Picado B.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

EXPEDIENTE N° 14-013819-0007-CO

 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 25-03-2026 16:03:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Constitutional Chamber

Resolution No. 18896 - 2014

Date of Resolution: November 21, 2014 at 09:05

Case File: 14-013819-0007-CO

Drafted by: Nancy Hernández López

Type of Matter: Amparo Appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Judgment with Separate Opinion

Relevance Indicators

Relevant Ruling

Key Ruling

Structural Ruling

Related Rulings


Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental

Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

WATERS.

18896-14. ENVIRONMENT. PROTECTION AND DELIMITATION OF THE MALA NOCHE AQUIFER. PROTECTION OF GROUNDWATER. INCLUSION OF THE PROTECTION AREA OF THE MALA NOCHE AQUIFER IN THE REGULATING PLAN. VCG01/2021

RE/CO

Other References: Ruling: 8892-12, 4790-08, 1923-04

Content of Interest:

Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Coordination

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF COORDINATION

"(…) VI.- On the principle of inter-administrative coordination. One of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must prevail among all public entities and bodies when exercising their powers and providing the services assigned to them by the legal system. Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is an implicit or virtual constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and binds all public entities. This may be inter-organic –between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship– or inter-subjective, that is, between public entities, each with its own legal personality, budget, autonomy, and specific powers. The administrative autonomy or other degree thereof enjoyed by public entities obliges them to coordinate their actions, since they cannot be reciprocally subject to hierarchical relationships due to their inter-organic nature. The purpose of administrative coordination is to avoid duplication and omission in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, to ensure they are performed in a rational and orderly manner; and it is achieved through the establishment of fluid and permanent levels or channels of information between public entities, all of which can be achieved through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies. (…)" VCG01/2021

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Content of Interest:

Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Precautionary

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

PRECAUTIONARY PRINCIPLE

"(…) In other words, what matters is the technical cooperation that the different entities can provide, the technical elements they can contribute, and respect for each one's powers; in order to guarantee without any doubt that the impact of the projects being evaluated is not negative, and thus ensure the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm. Thus, the precautionary principle –which seeks to prevent or suspend any activity that may negatively affect such management– obliges the Administration, first, to summon the affected and interested parties, and the institutions that may be involved. This is so they can make the corresponding allegations and present the corresponding technical criteria, and ensure the effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources. And it obliges, secondly, to take into consideration the warnings made by an institution empowered by law to protect water resources regarding the danger of contamination. (…)" VCG01/2021

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Content of Interest:

Type of Content: Separate Note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

WATERS.

IX.- DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. Magistrate Salazar Alvarado dismisses the appeal based on the following considerations drafted by Magistrate Jinesta Lobo and to which he has adhered, solely in relation to the alleged violation of Article 50 of the Constitution:

1.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS INFRA-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in its second paragraph, as an express and clearly defined fundamental right, the right of "Every person" to enjoy "a healthy and ecologically balanced environment." This fundamental right, prior to the constitutional reform of 1994, was extensively developed by progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing norms of International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. Following the partial reform of Article 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and prolific infra-constitutional normative framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the third paragraph stipulated that "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive infra-constitutional normative framework embodied in various laws, regulations, and executive decrees dealing with substantive and formal issues for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal order has established an extensive and complex administrative organization to implement the constitutional imperatives and obligations contained in the third paragraph of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop Article 50 of the Constitution, the Organic Environmental Law No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other aspects, develops and regulates issues of prime importance such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (Chapter IV), the protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning and environmental protection (Chapter VI), protected wild areas (Chapter VII), marine and coastal resources and wetlands (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Article XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also prominent in this dense and vast legislative framework are the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its amendments, the Phytosanitary Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law on the Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010. Moreover, even before the partial reform of Article 50 of the Constitution, there were already sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Water Law, No. 276 of August 27, 1942, and its amendments, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its amendments, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The normative framework, at the infra-legal level, is even more abundant with various executive regulations of those laws and decrees governing the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, for example, the Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, stands out, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures that meticulously regulates all aspects of the Environmental Impact Assessment procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or harm to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, compliance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Procedure Regulation of the Administrative Environmental Tribunal responsible for hearing and resolving complaints regarding threats of infringement or effective violation of legislation protecting the environment and natural resources, and for establishing compensation for damage or harm thereto.

2.- NEED TO DISTINGUISH BETWEEN CONSTITUTIONALITY CONTROL AND LEGALITY CONTROL IN THE MATTER OF PROTECTING THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or infra-constitutional legal order that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in Article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Court to have to distinguish, in this matter, the sphere of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of the mechanisms or matters of constitutionality, as referred to in Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction, a concept that includes the unconstitutionality action and the constitutionality consultation –legislative and judicial–, the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without doubt, this Constitutional Court is exclusively and preclusively competent to hear and resolve such matters (Articles 10 of the Constitution, 1°, 2°, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction), for example, when it is argued that a legal or regulatory norm is unconstitutional because it violates Article 50, i.e., the right to a healthy and ecologically balanced environment, or the values and principles underlying it. The real problem in delimiting the two spheres of control arises with the amparo appeal or process, for several evident reasons, which are the following: a) The transversal nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which penetrates all layers or strata of the legal order; b) the open texture of constitutional norms, meaning any grievance may appear to be of a constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo process as a substitute avenue for ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, to delimit the amparo process from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when a public authority –entity or administrative body– has intervened in an activity, work, or project, carrying out studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, in application of the dense and vast infra-constitutional legal order, it is clear that the matter must be addressed before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same applies when a public authority has omitted to fulfill the obligations imposed upon it, in the matter of environmental and natural resource protection, by the infra-constitutional legal order, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in an amparo process only when no public authority has intervened in exercising its oversight or authorization powers, and conduct is being carried out that is potentially or currently harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, the violation of that right must be evident, manifest, or easily verifiable –without a major production or presentation of evidence– and, furthermore, it must be of great relevance or significance and be serious. If a public authority has breached the obligations and duties developed by the infra-constitutional legal order, the matter must also not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided at the administrative level, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public authority has intervened in exercising its legal and regulatory powers, conducting an administrative procedure –a concatenated series of administrative actions– and issuing administrative acts, the matter will be outside the sphere of constitutionality control; the same applies if it breaches or omits its legal and regulatory obligations. The amparo appeal is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and prompt. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions –formal procedures and acts that are translated and materialized in an administrative file– the matter ceases to be suitable for an amparo, because one must resort to a plenary cognition process, that is, a full knowledge process that can only be substantiated before the ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria issued in light of the infra-constitutional legal order, or to evacuate new elements of conviction to contrast those existing in an administrative file that has been processed over long and deliberate periods. The amparo process, ultimately, cannot be converted into an ordinary plenary cognition process ("turning it ordinary"), as it becomes distorted and corrupted in its aims and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or approving expert reports presented by interested parties, issuing reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, substantiating one or more administrative procedures, the amparo process is not the avenue to oversee such actions, but rather the contentious-administrative process. The administrative intervention that can be verified or proven is decisive for considering whether the matter falls within the plane or level, itself abstract and open, of constitutionality or the denser one of legality. Nor should this Constitutional Court hear and resolve the breach of obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for this purpose, there are powerful and efficient instruments at the administrative level (sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), within which are included legal or regulatory, material or formal omissions, an ordinary jurisdiction which now, with the new procedural legislation, is more flexible, expedited, swift, plenary, and universal.

VCG01/2021

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Text of the Resolution
*140138190007CO*

 
Exp: 14-013819-0007-CO
Res. No. 2014018896
 
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on November twenty-first, two thousand fourteen.

          AMPARO APPEAL FILED BY [NAME 01], IDENTITY CARD [VALUE 01], ON BEHALF OF THE ADMINISTRATIVE ASSOCIATION OF THE RURAL AQUEDUCT AND SEWER SYSTEM OF PLAYA SÁMARA, LEGAL IDENTITY CARD 3002213342, AGAINST THE MUNICIPALITY OF NICOYA, THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, AND THE NATIONAL SERVICE FOR GROUNDWATER, IRRIGATION, AND DRAINAGE (SENARA).

 
WHEREAS:

          1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber on September 1, 2014, the petitioner files an amparo appeal against the Ministry of Environment and Energy, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Senara). He indicates that the beneficiary of the appeal has been seriously and uninterruptedly leading the fight in defense of the water that belongs to everyone and that is currently in imminent danger due to the ecological damage suffered and escalating threats. He says that the studies and warnings from authorized entities, such as those prepared by SENARA and the Municipality of Nicoya, have not gone beyond good intentions, leaving lawbreakers unpunished and nature defenseless, due to the delay in making specific, courageous, and timely decisions for the definitive solution of the problem. He indicates that the Municipality of Nicoya has an excellent Professional in charge of the Environmental Management Department, who prepared a serious proposal, submitting it for consideration to the Municipal Council with the healthy intention of placing limits on constructions granted with or without permits, over the Mala Noche Aquifer and the immediate recharge zones. He states that in response to said proposal, the Municipal Council agreed: "Declare the Mala Noche Aquifer a Protected Zone, with the objective of protecting and conserving the surface and groundwater resources. It comprises the territory whose perimeter is defined by the vertices that will be described below, using their coordinates according to the basic map of the National Geographic Institute, scale 1:50000 Garza 045-1". He says that under pressure from the beneficiary of the appeal and other entities, in approving the proposal, the Municipal Council also agreed in session 074 of September twenty-sixth, two thousand eleven, the following agreement number 26: "The Municipal Council unanimously approves giving a vote of support to the ASADA of the district of Sámara, in the fight to rescue the Mala Noche Aquifer, as a source of potable water to supply the future of the Community of Sámara. Agreement definitively approved". He indicates that on August 19th, the Council was again urged to approve said proposal, and the objective was also not achieved. That SENARA has not acted diligently in addressing the problem. He believes that the respondents have departed from their commitments and obligations regarding sound environmental administration and the protection of water resources. He states that the Municipality, despite having excellent Legal Advisory services and very clear information about the contamination of the Aquifer and Supply Well, has only timidly dared to give a vote of support to the actions that they, as administered parties, have justly and reasonably been raising at almost all competent public levels, but they neither sanction nor halt those constructions and projects or drillings within 150 meters of the Maritime Terrestrial Zone. Nor do they report the drillings carried out beyond their limits, which conflict with the current Regulating Plan and the highest requirements to combat contamination and the danger of salinization of the aquifer in question as the current source of drinking water supply for the community. He claims that the Municipality has also not required, from those projects authorized by the same institution, authorization from SETENA, and according to the 1981 Regulating Plan and the reality of the site, many constructions have been allowed over the aquifer and the non-delimitation and legalization of the supply well, drilled within 150 meters of the Maritime Terrestrial Zone. He says that SENARA is legally obliged to investigate, protect, and promote the use of the country's water resources, both surface and groundwater. He indicates that in his case, the use of its powers was focused on the elaboration, long ago, of a plan to protect this aquifer, leaving behind the effective protection of it. He states that the site remains the same, without hands to protect it, by not giving due follow-up to the due and ex officio complaint, against whoever has ignored its powers, endangering the aquifer and a deep well that supplies more than half of a population influential in tourism and consequently in the national economy. He claims that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, despite the mandate contained in its constitutive law, has not even been able to date to legalize the supply well at Playa Sámara, much less formulate a legal opinion on the Mala Noche Aquifer. The same responsibility for abandonment of protection of this water resource falls on the Ministry of Environment, as the Constitutional Chamber has repeatedly indicated in related rulings.

2.- By brief filed on September 9, 2014, Luis Felipe Arauz Cavalini, President of the Board of Directors, and Patricia Quirós Quirós, General Manager, both from the Groundwater, Irrigation, and Drainage Service, explain that Senara has carried out actions since 2002 to date aimed at protecting the aquifer. He emphasizes that SENARA has reasonably complied with research actions, protection of the water resource, has communicated the results of the studies, and issued technical recommendations.

3.- By brief filed on September 9, 2014, Eduardo Lezama Fernández, Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, explains that the Deputy Management for Communal Systems proceeded to carry out a survey and registration of the water sources that supply the ASADAS of the country. AyA proceeded to legalize the water supply of the ASADA of Playa Sámara, as recorded in file 384 R processed by the Water Department of MINAE.

4.- By brief filed on September 10, 2014, Marco Antonio Jiménez Muñoz, Mayor of Nicoya, reports that the great majority of the buildings located in that zone have existed for decades and, according to reports from the Municipal Engineer, no further construction permits have been processed in that area, nor have there been reports of recent illegal constructions.

5.- By brief filed on September 10, 2014, the petitioner refutes the report rendered by the Municipality of Nicoya, saying that there are constructions recently built over the aquifer. He emphasizes that the path is left open for continuing to grant construction permits if a governing body does not order otherwise. He accuses the municipal entity of not having approved the Environmental Management Department's proposal to include the Mala Noche Aquifer within the new Regulating Plan.

6.- By brief filed on September 11, 2014, Edgar Gutiérrez Espeleta, Minister of Environment and Energy, notes that by report DH-0226-2014 of September 9, 2014, the Water Directorate official recommended not authorizing drilling permits, new water concessions, or increases in flow in the Mala Noche Aquifer, a recommendation that the Water Directorate has complied with. That the Water Directorate of Minae participates in the Inter-Institutional Technical Committee, created by Executive Decree 38449-MINAE-MAG, composed of officials from the Water Directorate of MINAE, SENARA, and the Costa Rican Institute of Acueducts and Sewers, which initially began with the Management of the Sardinal Aquifer but has remained and consolidated over time, its management extending with great success to the evaluation and agreement concerning other aquifer systems. In this committee, the studies prepared by Senara and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are evaluated, thus carrying out the continuous monitoring of the wells to perform the water balance jointly among the 3 institutions, in the area where the conflict arises. That the Ministry of Environment and Energy, through the Water Directorate, has been attentive and alert to the recommendations of the Inter-Institutional Technical Committee, such as Senara and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, not failing in the duty of vigilance to which it is obliged. That it is not possible, due to the clear and defined powers that are the exclusive responsibility of the Municipalities, to make decisions or issue administrative acts that violate the principle of legality. That by virtue of the actions that have been carried out regarding monitoring in the area where the Mala Noche Aquifer is located, by the Water Directorate, the petitioner is not correct in indicating to the Constitutional Chamber that it should hold the Ministry of Environment and Energy responsible for the alleged abandonment of the protection of the water resource of the canton of Sámara. By official letter ACT-OR-DR-1238-14 of September 9, 2014, signed by the Acting Director of the Tempisque Conservation Area, of the National System of Conservation Areas of Minae, which is the competent body to attend to and process environmental complaints, in the area where the appealed events allegedly occurred, as established in Article 22 of the Biodiversity Law 7788, at the Nicoya Subregional Office of the Tempisque Conservation Area, the petitioner has not filed any environmental complaint for the alleged contamination of the water resource of the Mala Noche Aquifer. For this reason, the Nicoya Subregional Office of the Tempisque Conservation Area does not have information on the facts alleged by the petitioner. 

7.- By resolution at 10:22 hours on September 30, 2014, the Chamber requested, as evidence for better resolution, reports from Luis Felipe Arauz Cavalini, President of the Board of Directors, and Patricia Quirós Quirós, General Manager, both from the Groundwater, Irrigation, and Drainage Service; from Eduardo Lezama Fernández, Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; from Marco Antonio Jiménez Muñoz, Mayor of Nicoya; and from Edgar Gutiérrez Espeleta, Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions, on the following: a) Each to indicate, according to their powers, what measures have been taken to prepare the hydrogeological vulnerability map in the area and to suspend construction permits for housing or tourism or urban development projects. Also, the opening of roads or trails over the aquifer, in addition to including it in the Regulating Plan. b) Regarding the Municipality of Nicoya: On the granting of construction permits despite knowing since 2007 through SENARA that the Mala Noche Aquifer was declared extremely vulnerable and that no project putting it at risk can be executed.

8.- By briefs filed on October 8, 2014, Luis Felipe Arauz Cavalini, President of the Board of Directors, and Patricia Quirós Quirós, General Manager, both from the Groundwater, Irrigation, and Drainage Service, report that in March 2002, Senara conducted the assessment of the potential and groundwater demand in the coastal aquifers of Sámara, Nicoya. That based on the hydrogeological studies carried out, the official letters that from October 2005 to February 2006 SENARA sent to the Municipality of Nicoya, to MINAE, and to SETENA requesting that this Area be defined as a Protection Zone for the Mala Noche Aquifer are detailed. That in 2006, the Board of Directors of SENARA approved agreement 3303, in extraordinary session 239-06 of September 26, 2006, the Matrix of Land Use Criteria according to Aquifer Contamination Vulnerability for the protection of the water resource. This Matrix provides parameters to determine whether or not permits for the development of productive activities in Aquifer Zones are appropriate. According to the Senara Law, the Matrix approved by the Board of Directors of SENARA is mandatory and must be used as a guide to regulate activities carried out in the cantonal territory, in those areas where there is a Vulnerability Map approved by SENARA.

In the case of Nicoya, there are Vulnerability Maps (Mapas de Vulnerabilidad) for the Potrero Caimital and Mala Noche aquifers, which were provided to the Municipality, and other study zones are in process. Extreme Vulnerability (Extrema Vulnerabilidad) has been declared, meaning no project that endangers it should be executed. This means the following: a) The Municipality of Nicoya was informed about the application of a series of recommendations and policies, specifically the application of restrictions on well exploitation and the execution of works in the aquifer (manto acuífero). b) Declaration of Extreme Vulnerability. No project execution whatsoever should be permitted in the Mala Noche Aquifer system, whether urban development, livestock, or agricultural activities. c) Well drilling is also not permitted in those aquifers identified with saline intrusion (intromisión salina) problems, overexploitation (sobreexplotación), or as an alternative water source for development. Senara reported through official letter GE-705-2006 of December 10, 2007, to the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), file 157-07.01-TAA, that the sector known as the Mala Noche Aquifer cannot be permitted to carry out any type of activity due to its extreme vulnerability condition.

9.- Through a brief filed on October 8, 2014, Eduardo Lezama Fernández, Deputy General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, submitted the technical report presented by Hydrogeologist Viviana Ramos Sánchez, from the Directorate of the Hydrogeology Functional Area of the UEN de Gestión Ambiental, detailing the measures implemented by the Institution regarding the Vulnerability Map of the Mala Noche-Sámara Aquifer. That document establishes that the following have been carried out: a) Studies: 1) Technical Report called "Definition of the Protection Zone for the Sámara Well" (Definición de Zona de Protección del Pozo Sámara) prepared by Viviana Ramos Sánchez, from the Directorate of the Hydrogeology Functional Area of the UEN de Gestión Ambiental in 2002. 2) Technical Report called: Preparation of the potential and underground water demand in the coastal aquifers of Sámara, prepared by Geologist Sigifredo Morera in 2002. 3) Technical Report called: Conceptual hydrogeological model of the Malanoche Alluvial Aquifer prepared by Lic. Alonso Alfaro. 4) Technical Report called: Hydrogeology of the Mala Noche and Buena Vista Basins, prepared by SENARA in November 2006. b) Permits: That, based on the protection zones issued by SENARA, the UEN Gestión Ambiental-Hydrogeology carried out an exhaustive review of drilling applications and no drilling has been authorized in the zone. c) Sanitary Sewer Network Exemption (Exoneración de Red de Alcantarillado Sanitario): The UEN Gestión Ambiental proceeded to review the Sanitary Sewer Exemption database, and to date, no project has been authorized (it attaches an example of the Condominio Residencial Paraíso project, which was submitted to the institution for the Sanitary Sewer Exemption, where it was recommended not to permit the project's execution – official letter of October 2, 2007). d) Coordination between institutions: Through minute CI-007-2012 of October 9, 2012, the Inter-institutional Technical Committee (Comité Técnico Interinstitucional) formed by the institutional heads and the technical parties of SENARA, the Dirección de Aguas MINAE, and the AyA, recommended evaluating the studies carried out by SENARA. According to minute CI-001-2013 of January 15, 2013, the Institutional Technical Committee agreed to evaluate the existing information and carry out new field tests and well monitoring – beginning in April 2013 – to perform the water balance (balance hídrico) jointly (MINAE, SENARA, and AyA). Monthly follow-up monitoring of the aquifer began in June 2013, according to minute CI-004-2013 of June 25, 2013, for a period of 2 years. To date, a total of 16 monitoring events have been carried out with a total of 23 wells. Therefore, because the Vulnerability Map prepared by SENARA exists, with the respective technical support, it is indicated that AyA, through the UEN Gestión Ambiental Hydrogeology, has not approved drilling applications, nor has it granted Sanitary Sewer Exemption requests in this aquifer, and its protection continues through monthly monitoring in coordination with AYA hydrogeology, SENARA, and the Dirección de Aguas-MINAE.

10.- Through a brief filed on October 9, 2014, Mario Antonio Jiménez Muñoz, Mayor of the Municipality of Nicoya, reports that consultations were made with the Engineering Department (Departamento de Ingeniería) and the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial), according to their competence, regarding the measures they have taken to suspend construction permits for housing or tourist and urban development projects, as well as the suspension of the opening of roads or trails (trozas), and the following is established: That the Engineering Department, through official letter number IM-433-2014, reports that from 2008 to date, no construction licenses have been granted. For its part, the Technical Road Management Unit, through official letter U.T.-0823-14, reports that it has not carried out any procedure regarding the acceptance of roads in the location. Both Departments agree that it would be convenient for the Municipal Council to adopt an agreement so that for future procedures of this nature, the approval or authorization of SENARA is provided because it is a zone of high hydrogeological vulnerability, or for the Regulatory Plan Commission (Comisión de Planes Reguladores) to declare the impossibility of granting future construction permits to avoid any damage.

11.- Through a brief filed on October 9, 2014, Edgar Gutiérrez Espeleta, Minister of Environment and Energy, indicates that the Director of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación MINAE, which is the competent entity to process environmental complaints, issued resolution 12-2008 at 11:15 a.m. on June 23, 2008, in which water protection regulations were issued for the Mala Noche Aquifer. The Dirección de Aguas reported that it issued technical report DH-0226-2014 of September 9, 2014, signed by Geologist Andrea Barrantes, where it was recommended not to authorize drilling permits, new water concessions (concesiones), or increases in flow (aumentos de caudal) for the Mala Noche Aquifer. It emphasizes that the Dirección de Aguas of MINAE fully participates in the Institutional Technical Committee created by Decreto Ejecutivo 38449-MINAE-MAG, under the principle of Inter-institutional Coordination, composed of officials from MINAE, SENARA, and AyA, which began with the management of the Sardinal Aquifer but has remained and consolidated over time, its management extending with great success to the evaluation and agreement regarding other aquifer systems, with well monitoring being carried out to perform the water balance jointly.

12.- By resolution at 1:07 p.m. on October 17, 2014, the Chamber requested, as evidence for a better decision, that the Municipal Mayor of Nicoya refer to the Regulatory Plan (Plan Regulador) and the inclusion of the Vulnerability Maps and other environmental protections in the Mala Noche Aquifer (Manto Acuífero Mala Noche).

13.- Through a brief filed on October 23, 2014, Marco Antonio Jiménez Muñoz, Municipal Mayor of Nicoya, reports that the current Regulatory Plan for Playa Sámara was prepared by the Instituto Costarricense de Turismo and published in the Official Gazette La Gaceta, Supplement number 208 of October 30, 1981. The Plan does not contemplate either environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental) or environmental vulnerability maps or hydrogeological studies. That as a result of these weaknesses, the ICT itself ordered its update and expansion of that territorial regulation instrument, with a proposal called the Sámara Carrillo Regulatory Plan (Plan Regulador Sámara Carrillo). For these purposes, it hired a private company that prepared the proposal without municipal participation. That when the Environmental Management Department of this municipality detected that the proposal did not include the Protection Area of the Mala Noche Aquifer, it warned of the irregularity, but the company indicated that they could not introduce changes because the deadlines established in their contract had expired. It affirms that the proposal for the new Regulatory Plan has not progressed to date, because the Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental) issued resolution 2789-2013-SETENA at 1:20 p.m. on November 18, 2013, within the proceedings of Administrative File # EAE-02-2013, whereby it suspends the respective procedure for lacking "the technical studies of intrinsic vulnerability to Aquifer Contamination"; which, according to SETENA itself, is the responsibility of SENARA (Sistema Nacional de Riego y Avenamiento) to carry out. In some inter-institutional meetings held, in which the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) has intervened, the Comptroller entity has been clear that it is the responsibility of SENARA to carry out the studies required by SETENA, for which we are requesting an extension from that instance to grant a reasonable period while the Vulnerability Map of the Aquifers of the Sámara Carrillo Coastal Area is available. As long as such environmental protection instruments are not available, this office will not authorize constructions of any type in the areas covered by this amparo appeal (recurso de amparo).

14.- By resolution at 1:35 p.m. on October 24, 2014, the Chamber requested, as evidence for a better decision, that the Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento pronounce on the Coastal Regulatory Plan for the Sámara-Carrillo sector.

15.- Through a brief filed on October 28, 2014, Luis Felipe Arauz Cavalini, President of the Board of Directors, and Patricia Quirós Quirós, General Manager, both of the Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, report that resolution 2008-12109 has been applied to all municipalities nationwide. That Senara has carried out the hydrogeological studies of the Mala Noche Aquifer in the Sámara Zone. The Aquifer is classified as Extreme Vulnerability to contamination, and according to the Land Use Criteria Matrix (Matriz de Criterios de uso del suelo), no type of works are permitted in the delimited zone. That to update the studies of the coastal zone of Sámara Carrillo, Senara has not been consulted as appropriate by either the Municipalities of Nicoya and Hojancha, or by Setena, or by the ICT, for the review of studies carried out by the company hired by the ICT. Senara is unaware to date of the content of the studies and has not issued an opinion.

16.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Hernández López; and,

CONSIDERING:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL: The petitioner alleges harm to the right to water and to the environment, for the following reasons: 1) The necessary measures have not been taken to protect and delimit the Mala Noche Aquifer (Manto Acuífero Mala Noche) and the immediate recharge zones. The Hydrogeological Vulnerability Maps have not been prepared. 2) Construction permits for housing, tourist or urban development projects, roads or trails have not been suspended. 3) The Protection Area of the Mala Noche Aquifer has not been included in the Regulatory Plan.

II.- PROVEN FACTS: Deemed important for the decision of this matter, the following facts are considered duly proven:

a. SERVICIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO: 1) That in March 2002, it carried out an evaluation of the potential and underground water demand in the coastal aquifers of Sámara, Costa Rica. 2) On October 20, 2005, the Municipality of Nicoya was requested to delimit that area as the Protection Zone for the Mala Noche Aquifer. 3) On November 1, 2005, the Head of the Department of Waters of MINAE was requested to initiate the process of defining the area as a protection zone. 4) On February 16, 2006, the proposal for the Declaration of the protection zone for the Mala Noche Aquifer was communicated to the Municipality of Nicoya and to SETENA. 5) On July 19, 2006, the Municipality of Nicoya was informed that Senara declared that the protection zone of the aquifer is of great importance to guarantee the water supply for the population and tourism, to which growth restrictions must be applied to ensure the quality and quantity of the water resource, so it is advisable for the Municipality to issue the agreements for the protection of the underground water resource. 6) On September 26, 2006, the Board of Directors of SENARA approved agreement 3303, in extraordinary session 239-06, the Land Use Criteria Matrix According to the Vulnerability to Contamination of Aquifers for the protection of the water resource. This Matrix provides parameters to determine whether or not permits for the development of productive activities in Aquifer Zones are appropriate. According to the Senara Law, the Matrix approved by the Board of Directors of SENARA is mandatory and must be used as a guide to regulate activities developed in the cantonal territory, in those zones where the Vulnerability Map approved by SENARA exists. In the case of Nicoya, there are vulnerability maps for the Potrero Caimital and Mala Noche Aquifers, which were provided to the Municipality, and other study zones are in process. Extreme Vulnerability has been declared, meaning no project that endangers it should be executed. 7) In November 2006, the Hydrogeology study of the Mala Noche and Buena Vista Basins, Sámara de Nicoya, was issued. 7) On July 6, 2007, the Municipality of Nicoya was reiterated that these areas remain of extreme vulnerability. 8) On July 21, 2007, by official letter ASUB-326-07, the Vulnerability Map of the Mala Noche Aquifer was communicated to the Municipality of Nicoya, and it was informed that applying the Matrix determines that the Mala Noche Aquifer has been declared Extreme Vulnerability. The following was communicated to the Municipality of Nicoya: a) Recommendations and policies, specifically the application of restrictions on well exploitation and the execution of works in the aquifer. b) Declaration of Extreme Vulnerability. No project execution whatsoever should be permitted in the Mala Noche aquifer system, whether urban development, livestock, or agricultural activities. c) Well drilling is also not permitted in those aquifers identified with saline intrusion problems, overexploitation, or as an alternative water source for development. 9) That Senara reported through official letter GE-705-2006 of December 10, 2007, to the Administrative Environmental Tribunal, file 157-07.01-TAA, that the sector known as the Mala Noche Aquifer cannot be permitted to carry out any type of activity due to its extreme vulnerability condition. 10) On September 8, 2014, the Director of the Directorate of Water Research and Management (Dirección de Investigación y Gestión Hídrica) of Senara communicated to the General Management that the Mala Noche Aquifer is of extreme vulnerability and that the Municipality of Nicoya and Setena must take protection measures (see report). Regarding the Regulatory Plan: It indicates that to update the studies of the coastal zone of Sámara Carrillo, Senara has not been consulted as appropriate by either the Municipalities of Nicoya and Hojancha, or by Setena, or by the ICT, for the review of studies carried out by the company hired by the IC. Senara is unaware to date of the content of the studies and has not issued an opinion (see documentation).

b. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS: 1) The Deputy Management of Communal Systems proceeded to conduct a survey and registration of the water sources from which the ASADAS of the country are supplied. 2) The AyA proceeded to legalize the water supply of the ASADA of Playa Sámara, on May 30, 2004, as recorded in file 384 R carried out by the Department of Waters of MINAE. The AyA details the measures that have been implemented by the Institution regarding the Vulnerability Map of the Mala Noche-Sámara Aquifer. That document establishes that the following have been carried out: a) Studies b) Permits: That, based on the protection zones issued by SENARA, the UEN Gestión Ambiental-Hydrogeology carried out an exhaustive review of drilling applications and no drilling has been authorized in the zone. c) Sanitary Sewer Network Exemption: The UEN Gestión Ambiental proceeded to review the Sanitary Sewer Exemption database, and to date, no project has been authorized. d) Coordination between institutions: Monthly follow-up monitoring of the aquifer began in June 2013, according to minute CI-004-2013 of June 25, 2013, for a period of 2 years. To date, a total of 16 monitoring events have been carried out with a total of 23 wells. Therefore, because the Vulnerability Map prepared by SENARA exists, with the respective technical support, it is indicated that AyA, through the UEN Gestión Ambiental Hydrogeology, has not approved drilling applications, nor has it granted Sanitary Sewer Exemption requests in this aquifer, and its protection continues through monthly monitoring in coordination with AYA hydrogeology, SENARA, and the Dirección de Aguas-MINAE (see documentation);

c. MUNICIPALITY OF NICOYA: The Engineering Department of the Municipality of Nicoya, through official letter IM-402-2014 of September 8, 2014, establishes: 1) Construction permits: According to the consultation made to the Municipal Integration System and the field inspection carried out, it establishes that there are no construction licenses for new projects for the past year in the locality of Torito, a settlement with properties over 10 years old. 2) Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre): It is a conflictive area due to the large illegal invasion existing in past years. Construction licenses are subject to the existence of concessions, which must comply with Law 6043 and be approved by the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipality of Nicoya. 3) The Engineering Department and the Technical Road Management Unit, through official letter number IM-433-2014, report that from 2008 to date, no construction licenses have been granted. b) The Technical Road Management Unit, through official letter U.T.-0823-14, reports that it has not carried out any procedure regarding the acceptance of roads in the location. REGARDING THE REGULATORY PLAN: 1) That the current Regulatory Plan for Playa Sámara, published in the Official Gazette La Gaceta, Supplement number 208 of October 30, 1981, does not contemplate either environmental fragility indices or environmental vulnerability maps or hydrogeological studies. 2) That the Instituto Costarricense de Turismo proposed a Sámara Carrillo Regulatory Plan that did not include the Protection Area of the Mala Noche Aquifer. 3) That Administrative File # EAE-02-2013 is being processed before the Environmental Technical Secretariat, regarding the Coastal Regulatory Plan for the Sámara-Carrillo Sector, Incorporation of the Environmental Variable. Through resolution 2789-2013-SETENA at 1:20 p.m. on November 18, 2013, it agreed: In Ordinary Session 104-2013 of the Secretariat held on November 18, 2014, article 5: First: Based on the preceding recitals, to request from the proponents (Municipality of Nicoya and Hojancha) the approval/endorsement of the technical studies of Intrinsic Vulnerability to contamination of the aquifers in their Regulatory Plan, whose environmental studies were presented before SETENA to obtain the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) in said Plan. Second: A period of one year is granted counted from the notification of the present resolution. It is essential to remind the proponents that the documents endorsed and approved by SENARA are technical inputs for the process of incorporating the environmental variable into their regulatory plan, which is why whatever corresponds must be adjusted, rethought, and/or substituted, both cartographically and in the written documents that have been submitted for assessment by SETENA, as well as the proposed zoning of the regulatory plan that will subsequently be assessed by the ICT and the INVU (see documentation). In some inter-institutional meetings held, in which the Comptroller General of the Republic has intervened, the Comptroller entity has been clear that it is the responsibility of SENARA to carry out the studies required by SETENA, for which we are requesting an extension from that instance to grant a reasonable period while the Vulnerability Map of the Aquifers of the Sámara Carrillo Coastal Area is available. As long as such environmental protection instruments are not available, this office will not authorize constructions of any type in the areas covered by this amparo appeal (see documentation);

d. MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY: 1) That through report DH-0226-2014 of September 9, 2014, from the Dirección de Agua, it establishes that SENARA has carried out studies regarding the Mala Noche aquifer and determines that it presents extreme intrinsic vulnerability to contamination, as well as contamination by saline intrusion. Hydrogeological studies were carried out, and through official letter ASUB-0294-2006 of June 19, 2006, Senara declared the Mala Noche Aquifer a Water Protection Zone (Zona de Protección Hídrica). In the Aquifer, drilling permits, new concessions, or flow increases are not authorized. That by resolution 12-2008 at 11:15 a.m. on June 23, 2008, from the Tempisque Conservation Area of the System of Conservation Areas, it established the limit of the Mala Noche Aquifer from the watershed divide line, at the limit of the Mala Noche River hydrographic micro-basin. In a meeting on January 15, 2013, Senara presented the studies carried out in the Mala Noche Aquifer. The Commission agreed to evaluate the existing information and carry out new field tests and well monitoring to perform the water balance jointly with the 3 institutions. Monthly well monitoring began in June 2013, with a network of 23 wells. To date, it has 15 months of monitoring. The monitoring controls the aquifer exploitation through monthly measurements of the phreatic levels. Once the monitoring stage is concluded, the analysis of the aquifer will be prepared with the new information generated. 2) That the Dirección de Agua, despite the work carried out in the zone jointly with SENARA and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, still does not have all the necessary information to perform the water balance. 3) Through an official letter of September 9, 2014, from the Subregional Office of Nicoya, it establishes that in the last 3 years, no complaints have been filed nor timber harvesting permits granted. Officials periodically carry out environmental control patrols. 3) That through official letter ACT-OR-DR-1238-14 of September 9, 2014, signed by the Acting Director of the Tempisque Conservation Area, of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE, which is the competent entity to address and process environmental complaints, in the zone where the appealed facts were allegedly caused, as established by Article 22 of the Biodiversity Law 7788 in the Subregional Office of Nicoya of the Tempisque Conservation Area, the petitioner has not filed any environmental complaint for the alleged contamination of the water resource, of the Mala Noche Aquifer (see documentation).

III.- ANTECEDENT: This Chamber, in resolution 2012-08892 at 4:03 p.m. on June 27, 2012, ordered the following:

"IV.- On the application of the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters: The right to a healthy and ecologically balanced environment grants special protection to biodiversity and groundwater, which is why, and in application of the precautionary principle in environmental matters, economic activities with environmental impact must be authorized when there is scientific certainty that this impact does not imply a risk or threat of permanent and irreversible damage to the environment. It is for this reason that the administration must always carry out the necessary environmental assessment through the instruments it deems necessary, an assessment that must be publicly shared with the affected population, so that after a rigorous and detailed analysis, the administration issues the corresponding environmental viability in a substantiated manner. The neglect and non-observance of these normatively and jurisprudentially defined aspects results in the violation of the aforementioned right to a healthy environment, for which reason administrative actions so ordered are equally violative of this fundamental right. (see, among others, judgments of this Chamber numbers 5893-95, 5445-99, 2003-6322, 2004-13414, 2004-01923, 2006-7994 and 2010-6922).

V.- On the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. This Chamber, in judgment number 2004-01923 at 2:55 p.m. on February 25, 2004, drafted by Magistrate Jinesta Lobo, stated that the competencies of SENARA transcend matters concerning irrigation districts, such that they turn out to have a national vocation derived from its own institutional background. It is evident that by express provision of the SENARA Creation Law, law number 6877, Article 3 subsections ch) and h), SENARA has the competence to protect the country's water resources, for which reason its decisions regarding exploitation, maintenance, and protection shall be definitive and of mandatory compliance. This normative provision must be interpreted and applied in accordance with the provisions of Article twenty-one of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils (Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos) – from which it is defined that the Ministry of Agriculture and Livestock (or Department of Agriculture in the language used by the Water Law) maintains a secondary or residual competence in this matter. Thus, the integration of the recently cited norms informs that for the use of public domain waters, every public entity – without distinction – has the obligation to obtain the corresponding permit from SENARA, to the point that the decisions SENARA adopts in a substantiated manner regarding this shall be definitive and of mandatory compliance. This definition is far from being a rhetorical manifestation of the Chamber; on the contrary, it comes from the responsible integration of the broad normative framework that regulates the matter, which, as stated, requires the progressive advancement and recognition proper to the field of human rights, given that the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber warns that this precision places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of the national water resource, which is important considering the eminently technical nature of this administrative dependency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved – ICAA, SETENA, MAG, Municipalities, among others.

VI.- On the principle of inter-administrative coordination. One of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist among all public entities and bodies when exercising their competencies and providing the services that the legal system has assigned to them. Coordination, as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and obligates all public entities. This can be inter-organic – between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship – or intersubjective, that is, among public entities, each with its own legal personality, budget, autonomy, and specific competencies. The administrative autonomy, or any other degree thereof enjoyed by public entities, obligates them to coordinate their actions, since they cannot be reciprocally subjected to hierarchical relationships due to their inter-organic nature. Administrative coordination aims to avoid duplications and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, for them to be performed in a rational and orderly manner; and it is achieved through the establishment of fluid and permanent levels or channels of information among public entities, all of which can be achieved through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies.

VII.- On inter-institutional coordination in environmental matters.

Specifically in the matter of environmental protection, judgment number 2008-004790 underscored the duty of coordination among the institutions related to the issue and the impossibility of disregarding warnings about the danger of contamination issued by an institution legally empowered to protect water resources:

“III.- Coordination among public agencies must guarantee the protection of the environment. On various occasions, constitutional case law has indicated that protecting the environment is a task that falls to everyone equally, that is, there exists an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, ‘public institution’ must be understood to include both the Central Administration –Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which by reason of subject matter have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); as well as decentralized institutions, in the case of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Instituto Costarricense de Turismo or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which, of course, municipalities bear great responsibility, with respect to their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between the latter and the municipalities, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber previously –and in a quite clear manner– referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the accomplishment of common goals –which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function–, for which it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes on July fourteenth, nineteen ninety-nine):

“So coordination is the ordering of relations among these various independent activities, which takes charge of that concurrence in a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, the imposition of certain conducts upon the latter is not possible, thereby creating the indispensable inter-institutional ‘concert,’ in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relations of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the State's interest (through the ‘administrative supervision’ of the State, and specifically, in the legality control function that falls to the State, with powers of general oversight over the entire sector).” On the other hand, omissions regarding the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of businesses without health permits regarding the treatment of black or residual waters (Acueductos y Alcantarillados and Ministry of Health), or not verifying sound controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard judgment number 2006-005159 of thirteen hours four minutes on April seventh, two thousand six).”

In other words, what is of interest is the technical cooperation that the various entities can provide to one another, the technical elements they can contribute, and respect for each one's competencies; in order to guarantee without any doubt that the impact of the projects being evaluated is not negative, and thus guarantee the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm. Thus, the precautionary principle –which aims to prevent or suspend any activity that may negatively affect such management– obligates the Administration, first, to summon affected and interested parties, and the institutions that may be involved. This is so that they can make the corresponding allegations and present the corresponding technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources. And it obligates, second, to take into consideration the warnings issued by an institution legally empowered to protect water resources about the danger of contamination.

VIII.- On the constitutional relevance and the protection regime for groundwater. As stated in judgment number 2004-01923, the protection of aquifers or groundwater is fundamental for the preservation of life and a healthy and ecologically balanced environment. It is an essential component of the hydrological cycle and the main source of public supply in the Central American region, which in the case of Costa Rica provides 70% of the daily water consumed, which is not surprising given the high contamination index of most surface waters (a public and notorious fact). Hence, it is easy to deduce its relevance as a fundamental right, whose parameter of constitutionality control is based on positive norms of constitutional and supra-constitutional law, as well as on general principles of Law. Among others, it is appropriate to cite the principle of preservation of natural resources for the benefit of present and future generations (principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment), rights to life and health (numeral 21 of the Constitución Política), right to a healthy and ecologically balanced environment (articles 50 of the Constitución Política and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights). Furthermore, in the cited judgment, and alluding to ordinals 50 of the Ley Orgánica del Ambiente ("Water is public domain, its conservation and sustainable use are of social interest") and 4 of the Código de Minería ("…mineral sources and waters and ground and surface waters are reserved for the State"), the public domain character of water was expressly established, which evidently includes all groundwater of the country. Such criterion came to be accentuated in judgments number 2005-16513 of 20:04 hours on November 29, 2005 and 2011-001034 of 9:10 hours on January 28, 2011, where it was reiterated that the national regime of public domain goods, like water, places them outside the commerce of men and, therefore, permits for their exploitation are always precarious and unilaterally revocable by the Administration when justified for reasons of necessity or general interest. Additionally, it was indicated that, in the case of the protection of natural resources, the State has a full obligation to impose limitations on private property and regulate the conditions for the use and protection of public domain goods, including of course water, so that the exercise of that state duty is absolutely compatible with the right to private property, established in numeral 45 of the Constitución Política. This obligation to safeguard groundwater radiates throughout the entire national territory, since contamination endangers not only the most vulnerable aquifers, the surface aquifers separated from the surface by a thin and permeable soil layer; but also the volcanic or fractured ones, whose recharge areas may be threatened by anthropic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural and livestock activities involving the use of pesticides and agrochemicals. In judgment number 2004-01923, likewise, special characteristics of groundwater contamination are highlighted, which reveal its particular vulnerability: 1) Contamination can go unnoticed for a long time given that the waters are in the subsoil. 2) The regeneration of water once contaminated is very slow or has such a high cost that it makes contamination something irreversible. 3) There is a deficit of technical and human resources to monitor groundwater quality and determine the exact dimension of eventual contamination. Such factors, in turn, influence the type of protection required by aquifers, which inevitably must be preventive, since when the damage (contamination) is detected, it is often already too late for a reversal of the situation. Among such measures, the Chamber points out in the cited judgment, are the prohibition of certain human activities in determined zones and the imposition of safety measures on potentially contaminating activities. Also, in an enumerative manner, protection measures are specified such as the establishment of protection perimeters for aquifers, the declaration of an overexploited aquifer, the declaration of an aquifer in a process of saline intrusion, and the state of necessity and water crisis.

IX.- On the application of the “Matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability for the protection of water resources.” Now, for the purposes of the present recurso de amparo, it is appropriate to highlight the first of the measures described in the preceding considerando. It consists, first, of projecting and tracing on the surface a demarcation under which an aquifer or part thereof lies; and second, a specific regime is established for the use of the hydraulic domain –ordering and restriction of pre-existing water concessions, impediment to granting new ones– and for the control of activities and installations that may affect it –through authorizations– (e.g. mines, quarries; urban activities including septic tanks, cemeteries, sanitary landfills –storage, transport and treatment of solid and liquid waste–; agricultural and livestock activities with deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with residual waters and farms; industrial activities with storage, transport and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). In summary, the Chamber refers to the issuance of documents such as hydrogeological maps –on which the surface under which an aquifer lies is traced or demarcated– and land-use matrices according to the vulnerability of aquifers to contamination –which set a specific regime of use or affectation of the land in relation to groundwater–, whose protection perimeters are of mandatory observance and must be reflected in the regulatory plans on land use and territorial planning (e.g., zoning or construction regulations) by municipal corporations or the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, given their residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans. In this regard, judgment number 2004-01923 literally disposes: “The definition of perimeters must be combined with the cartography of vulnerability or natural susceptibility of supply aquifers to anthropic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the elaboration of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability cartography, are suitable for being able to relocate in time a determined type of activity, the source of supply, or, ultimately, introduce methods and technical instruments for the treatment and disposal of contaminating agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability cartography vary depending on whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful to define the activities that may or may not be installed in the future; (b) already occupied areas, in which case a mapping of natural vulnerability and of the areas with greatest susceptibility to contamination is carried out, being able, in the face of the threat of a high contamination index, to relocate activities, sources of supply and introduce technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) already contaminated areas, for which alternative sources can be sought, the propagation of contamination plumes avoided and, if possible, due to its high cost, treat the aquifer waters after their extraction; (d) areas for new catchments, a case in which potentially contaminating activities and the impact area of each of these must be inventoried.” Thus, there is a substantial difference between a groundwater hydrogeological map and a matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability. The hydrogeological map contains, fundamentally, geological and hydrological information and is referred to the scientific field of hydrogeological cartography. This scientific area deals with both phenomena that happen on the soil surface and those that occur in the subsoil. In the case of aquifers, hydrogeological maps collect relevant data such as the depth of water levels, saturated thicknesses or impermeable materials, the vertical zoning of aquifers, etc. Among other characteristics, hydrogeological cartography is very dynamic given that although there are phenomena with a high degree of permanence (hydraulic works, water points), there are also phenomena that vary with time, such as the depth of the water level or some hydrochemical data, in addition to spatial conditioning since the object of the cartography is concrete zones or surfaces that evidently differ from one another according to the geographical point to be mapped. The time variable introduces additional complexity to cartographic representation and leads to a lack of updating of the map if a delay in its publication occurs; likewise, according to the objectives pursued, hydrogeological maps can be general or tend toward specific objectives, such as groundwater contamination vulnerability maps. On the contrary, the matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability, although it is not permanent and can change due to various factors –such as the evolution of scientific knowledge and the development of new technologies more friendly to the environment–, is much more stable and is not subject to that high index of spatial and temporal mutability characteristic of the hydrogeological phenomenon. For this reason, in accordance with the technical criterion of the Director of the Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas of the Universidad de Costa Rica, this Chamber warns that the protection measures and land-use regulations contained in a matrix of this type are perfectly applicable generally throughout the national territory, since what changes are the hydrogeological characteristics of each zone but not the specification of protection measures and land-use regulations based on said hydrogeological characteristics for the same vulnerability category of an aquifer. That is, the hydrogeological and hydrochemical characteristics of an aquifer and, therefore, its vulnerability to contamination vary from one site to another; however, the protection measures and land-use regulations for the same vulnerability category are always the same, since they are based on the variables inherent to the hydrogeological behavior of an aquifer in the evaluated physical environment. Thus, the prohibition of using high-toxicity agrochemicals (a factor of a land-use vulnerability matrix according to the aquifer's vulnerability to contamination) will be of inexorable application in highly vulnerable aquifer zones (a factor of a hydrogeological map), regardless of where such zones are located; ergo, in the sub examine, an indication of a determined land-use measure in a contamination vulnerability matrix is a constant variable, while the hydrogeological and hydrochemical conditions of the aquifer in each specific region constitute dependent variables. This criterion also finds support in the precautionary or in dubio pro natura principles, duly explained in the judgment transcribed in the preceding considerando. In accordance with the above, the State's obligation to take any cost-effective measures to prevent the degradation of aquifers emerges as an essential legal imperative even if absolute scientific certainty about such measures does not exist, since the premise of said obligation consists in the mere existence of a danger of serious or irreversible damage to the aquifers. Judgment number 2004-01923 states, “in the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary or in dubio pro natura principle assumes that when there are no studies or reports carried out in accordance with the unequivocal rules and exact application of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment or these are contradictory among themselves, the entities and organs of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those in progress until the dubious state is cleared and, in parallel, adopt all measures tending to their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment.”

          IV.- ON THE MEASURES ADOPTED TO PROTECT AND DELIMIT THE MALA NOCHE AQUIFER AND THE HYDROGEOLOGICAL VULNERABILITY MAPS. The Chamber finds it proven that contrary to what the claimant asserts, the respondent authorities have indeed taken the necessary measures to protect and delimit the Mala Noche Aquifer, and furthermore the Hydrogeological Vulnerability Maps have been prepared. From the evidence in the record, the Chamber finds it proven that in March 2002 an evaluation of the groundwater potential and demand in the coastal aquifers of Sámara, Costa Rica was carried out. On October 20, 2005, the Municipalidad de Nicoya was requested to delimit that area as the Mala Noche Aquifer Protection Zone. On November 1, 2005, the Head of the Water Department of MINAE was requested to initiate the process of defining the area as a protection zone. On February 16, 2006, the proposal for the Declaration of the Mala Noche Aquifer protection zone was communicated to the Municipalidad de Nicoya and to SETENA. On July 19, 2006, the Municipalidad de Nicoya was informed that Senara declared that the aquifer protection zone is of great importance to guarantee the water supply for the population and tourism, to which growth restrictions must be applied to ensure the quality and quantity of the water resource, so it is recommendable that the Municipality issue the agreements for the protection of the underground water resource. On September 26, 2006, the Junta Directiva of SENARA approved agreement 3303, in extraordinary session 239-06, the Matrix of Land-Use Criteria According to Aquifer Contamination Vulnerability for the protection of water resources. This Matrix provides parameters to determine whether or not permits for the development of productive activities in Aquifer Zones are appropriate. In accordance with the Ley de Senara, the Matrix approved by the Junta Directiva of SENARA is of mandatory application and must be used as a guide to regulate the activities developed in the cantonal territory, in those zones where the Vulnerability Map approved by SENARA is available. In the case of Nicoya, there are vulnerability maps for the Potrero Caimital and Mala Noche Aquifers, which were provided to the Municipality, and other study zones are in process. Extreme Vulnerability has been declared, so no project that puts it at risk should be executed. In November 2006, the Hydrogeology study of the Mala Noche and Buena Vista Basins, Sámara de Nicoya was issued. On July 6, 2007, it was reiterated to the Municipalidad de Nicoya that these areas continue to be of extreme vulnerability. On July 21, 2007, by official letter ASUB-326-07, the Mala Noche Aquifer Vulnerability Map was communicated to the Municipalidad de Nicoya, and it was communicated that upon applying the Matrix, it determines that the Mala Noche Aquifer has been declared of Extreme Vulnerability. The following was communicated to the Municipalidad de Nicoya: a) Recommendations and policies, specifically the application of restrictions on the exploitation of wells and execution of works in the aquifer. b) Declaration of extreme vulnerability. No execution of projects in the Mala Noche Aquifer system should be permitted, whether these are urban development, livestock, or agricultural activities. c) The drilling of wells is also not permitted in those aquifers identified with problems of saline intrusion, overexploitation, or as an alternative water source for development. That Senara reported through official letter GE-705-2006 of December 10, 2007, to the Tribunal Ambiental Administrativo, file 157-07.01-TAA, that the sector known as the Mala Noche Aquifer cannot permit any type of activity due to its condition of extreme vulnerability. On September 8, 2014, the Director of the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of Senara communicated to the General Management that the Mala Noche Aquifer is of extreme vulnerability and that the Municipalidad de Nicoya and Setena must take protection measures.

          From the foregoing, the Chamber verifies that the respondent authorities have issued the necessary actions to protect and delimit the Mala Noche Aquifer, and additionally the Hydrogeological Vulnerability Maps were prepared. We see that the Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento declared the Mala Noche Aquifer Protection Zone and approved the Matrix of Land-Use Criteria According to Aquifer Contamination Vulnerability. That Nicoya has Vulnerability Maps for the Potrero and Caimital and Mala Noche Aquifers, and the zone was declared as of Extreme Vulnerability. That in July 2007 it communicated to the Municipalidad de Nicoya the Mala Noche Aquifer Vulnerability Map and that it had been declared of Extreme Vulnerability, therefore it restricted the exploitation of wells and the execution of works or urban development, livestock, or agricultural projects. Furthermore, it was communicated to the Tribunal Ambiental Administrativo that the zone is of extreme vulnerability, so no project that puts it at risk can be executed (December 2007). In addition to the above, we have that SENARA, AyA and MINAE jointly carry out the monitoring of wells in the zone for the water balance. Therefore, an injury to article 50 of the Constitución Política is ruled out. Consequently, the recurso is declared without merit on this point.

V.- ON THE SUSPENSION OF CONSTRUCTION PERMITS FOR HOUSES, TOURIST OR URBAN PROJECTS, ROADS OR TRAILS: The Chamber determines that contrary to what the claimant states, construction and drilling permits in the zone have indeed been suspended. From the evidence in the record, the Chamber finds the following proven: Regarding the SERVICIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO: On July 19, 2006, the Municipalidad de Nicoya was informed that Senara declared that the aquifer protection zone is of great importance to guarantee the water supply for the population and tourism, to which growth restrictions must be applied to ensure the quality and quantity of the water resource, so it is recommendable that the Municipality issue the agreements for the protection of the underground water resource. That Nicoya has vulnerability maps for the Potrero Caimital and Mala Noche Aquifers, which were provided to the Municipality, and other study zones are in process. Extreme Vulnerability has been declared, so no project that puts it at risk should be executed. On July 6, 2007, it was reiterated to the Municipalidad de Nicoya that these areas continue to be of extreme vulnerability. On July 21, 2007, by official letter ASUB-326-07, the Mala Noche Aquifer Vulnerability Map was communicated to the Municipalidad de Nicoya, and it was communicated that upon applying the Matrix, it determines that the Mala Noche Aquifer has been declared of Extreme Vulnerability. The following was communicated to the Municipalidad de Nicoya: a) Recommendations and policies, specifically the application of restrictions on the exploitation of wells and execution of works in the aquifer. b) Declaration of extreme vulnerability. No execution of projects in the Mala Noche Aquifer system should be permitted, whether these are urban development, livestock, or agricultural activities. c) The drilling of wells is also not permitted in those aquifers identified with problems of saline intrusion, overexploitation, or as an alternative water source for development. That Senara reported through official letter GE-705-2006 of December 10, 2007, to the Tribunal Ambiental Administrativo, file 157-07.01-TAA, that the sector known as the Mala Noche Aquifer cannot permit any type of activity due to its condition of extreme vulnerability. For its part, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS indicates: The AyA details the efforts that have been implemented by the Institution in reference to the Mala Noche Aquifer Vulnerability Map - Sámara. That document establishes that the following have been carried out: a) Studies. b) Permits: That based on the protection zone issued by SENARA, the UEN Gestión Ambiental-Hidrogeología carried out an exhaustive review of drilling applications and no drilling has been authorized in the zone. c) Exemption from the Sanitary Sewer Network: The UEN Gestión Ambiental proceeded to review the Sanitary Sewer Exemption database and to date no project has been authorized. d) Coordination among institutions: That monthly follow-up monitoring of the aquifer began in the month of June 2013, according to minute CI-004-2013 of June 25, 2013, for a period of 2 years. To date, a total of 16 monitorings have been carried out with a total of 23 wells.

Therefore, due to the existence of the Vulnerability Map prepared by SENARA, with the respective technical support, it is indicated that AyA, through the UEN Gestión Ambiental Hidrogeología, has not approved drilling requests nor have requests for Sanitary Sewer Exemption been granted in this aquifer, and its protection continues through monthly monitoring in coordination with AYA Hydrogeology, SENARA, and the Dirección de Aguas- MINAE. Regarding the MUNICIPALITY OF NICOYA: Department of Engineering and the Technical Unit for Road Management. The Department of Engineering, through official communication number IM-433-2014, informs that from 2008 to date, no construction licenses have been granted. The Technical Unit for Road Management, through official communication U.T.-0823-14, informs that it has not carried out any action regarding the acceptance of roads in the area. Furthermore, the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY indicated: through official communication ASUB-0294-2006 of June 19, 2006, it explains that Senara declared the Mala Noche Aquifer a Water Protection Zone. That in the Aquifer, drilling permits, new concessions, or increases in flow are not authorized. That by resolution 12-2008 of 11:15 a.m. on June 23, 2008, of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas, it established the boundary of the Mala Noche Aquifer based on the watershed divide line of the Mala Noche River micro-basin.

This Chamber concludes that since the preparation of the Vulnerability Maps for the Potrero Caimital and Mala Noche Aquifers, and the declaration of Extreme Vulnerability, restrictions were issued for the exploitation of wells and execution of works; therefore, the execution of urban development, livestock, or agricultural projects, and the drilling of wells in those aquifers identified with problems of saltwater intrusion (intromisión salina), overexploitation, or as an alternative water source for development, are not permitted (Senara communicated on December 10, 2007, to the Administrative Environmental Tribunal, that the sector known as the Mala Noche Aquifer cannot allow any type of activity due to its condition of extreme vulnerability). That AyA has not authorized any drilling in the zone or Sanitary Sewer Networks. In addition, the Municipality of Nicoya states that no permits have been issued since 2008 and that while the new Coastal Regulatory Plan for the Sámara-Carrillo Sector, being processed in administrative file EAE-02-2013-SETENA, is not approved, no construction will be authorized. Finally, we have that the appellant did not detail in his appeal which constructions, drillings, or roads he was referring to in the amparo appeal. In light of the above, the appropriate course is to declare the appeal without merit on this point.

VI.- ON THE INCLUSION IN THE REGULATORY PLAN OF THE PROTECTION AREA OF THE MALA NOCHE AQUIFER: This Chamber has accredited, through a report rendered by the Municipality of Nicoya, the following: That the current Regulatory Plan of Playa Sámara, published in the Official Gazette La Gaceta, Supplement number 208 of October 30, 1981, does not contemplate environmental fragility indices, environmental vulnerability maps, or hydrogeological studies. That the Costa Rican Tourism Institute proposed a Sámara Carrillo Regulatory Plan that did not include the Protection Area of the Mala Noche Aquifer. That before the Environmental Technical Secretariat, Administrative File # EAE-02-2013 is being processed, regarding the Coastal Regulatory Plan of the Sámara-Carrillo Sector. Incorporation of the Environmental Variable. By resolution 2789-2013-SETENA of 1:20 p.m. on November 18, 2013, it was agreed: In Ordinary Session 104-2013 of the Secretariat held on November 18, 2014, article 5: First: Based on the preceding recitals, to request from the proponents (Municipality of Nicoya and Hojancha) the approval/endorsement of the technical studies of Intrinsic Vulnerability to contamination of the aquifers in their Regulatory Plan, whose environmental studies were submitted to SETENA to obtain the Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) of said Plan. Second: A period of one year is granted from the notification of this resolution. It is essential to remind the proponents that the documents endorsed and approved by SENARA are technical inputs for the process of incorporating the environmental variable into their regulatory plan, which is why what is necessary must be adjusted, reconsidered, and/or substituted, both cartographically and in the written documents that have been submitted for assessment by SETENA, as well as the proposed zoning of the regulatory plan that will subsequently be assessed by the ICT and the INVU. In some inter-institutional meetings held, in which the Comptroller General of the Republic has intervened, the Comptroller entity has been clear that it is the responsibility of SENARA to carry out the studies required by SETENA, for which we are requesting an extension from that body to grant a reasonable period while the Vulnerability Map of the Aquifers of the Sámara Carrillo Coastal Area is available. As long as such environmental protection instruments are not available, this office will not authorize constructions of any type in the areas covered by this amparo appeal. On the other hand, SENARA emphasizes that it has not been consulted as appropriate by the Municipalities of Nicoya and Hojancha, or by Setena, or by the ICT, for the review of studies carried out by the company hired by the IC. Senara is to date unaware of the content of the studies and has not issued an opinion.

The Chamber verifies that the current Regulatory Plan does not establish any protection for the Mala Noche Aquifer. That the Coastal Regulatory Plan for the Sámara-Carrillo Sector is currently being processed before SETENA, which requires environmental feasibility (viabilidad ambiental), resulting in the Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment and Energy reminding the Municipality of Nicoya and Hojancha that a series of environmental studies must be carried out by SENARA. In this regard, we see that resolution 2789-2013-SETENA of 1:20 p.m. on November 18, 2013, indicated the following: Recital eleven: "That this Secretariat, through the Department of Strategic Environmental Assessment, will verify that in the environmental documentation submitted to obtain the environmental feasibility of the land-use planning plan, what was ordered by the Constitutional Chamber and Senara has been duly incorporated into said environmental documentation in particular (environmental fragility indices, environmental scope analysis, and sustainable development regulations) and the land-use planning proposal in general (including the proposed zoning). This action implies verifying that the environmental studies submitted for assessment by this Secretariat include the approvals, endorsements, or approvals that SENARA is responsible for granting, in the relevant technical studies, based on its competencies on the subject, and also that they were used as technical inputs in the process of introducing the variable into the regulatory plan." For its part, the municipality indicates that the studies have not been done and that they will request an extension from SETENA for their fulfillment. In this sense, SENARA affirms that it has not been consulted or petitioned to issue an opinion. Consequently, upon verifying that the Municipality of Nicoya has not issued the necessary acts for compliance with the provisions of resolution 2789-2013-SETENA of 1:20 p.m. on November 18, 2013, and given that Senara has not been consulted in this regard, the appropriate course is to declare the appeal with merit by virtue of the principle of inter-administrative coordination in environmental matters, in accordance with what was set forth by this Chamber in recital III of this resolution, and to order Marco Antonio Jiménez Muñoz, Mayor of Nicoya, and Luis Felipe Arauz Cavalini, President of the Board of Directors, and Patricia Quirós Quirós, General Manager, both of the Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, or whoever occupies those positions, to, within a period of one year from the notification of this judgment, prepare the environmental studies required in resolution 2789-2013-SETENA of 1:20 p.m. on November 18, 2013, issued by the Environmental Technical Secretariat, Administrative File # EAE-02-2013. Likewise, it is ordered that once prepared, they be immediately sent to the Environmental Technical Secretariat for its study.

VII.- ON THE SUPPLY WELL OF PLAYA SÁMARA: The plaintiff alleges that AyA has not legalized the supply well of Playa Sámara. In this regard, the Chamber determines that AyA proceeded to legalize the water supply of the ASADA of Playa Sámara on May 30, 2004, as recorded in file 384 R processed by the Department of Waters of MINAE. Therefore, this situation does not present constitutional defects.

VIII.- ON THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE: The amparo beneficiary alleges that there are constructions in the maritime terrestrial zone. For its part, the Municipality of Nicoya states that it is a conflictive area due to the large illegal invasion existing in past years. That construction licenses are subject to the existence of concessions, which must comply with Ley 6043 and be approved by the Department of the Maritime Terrestrial Zone of the Municipality of Nicoya. Hence, the appealed Municipality is addressing the issue. Should the amparo beneficiary consider it pertinent, he may file the corresponding complaints in the ordinary jurisdiction based on its competence.

IX.- DIFFERING REASONS BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. Magistrate Salazar Alvarado declares the appeal without merit based on the following considerations drafted by Magistrate Jinesta Lobo and to which he has adhered, solely in relation to the alleged violation of Article 50 of the Constitution:

1.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS SUB-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in its 2nd paragraph, as an express and clearly defined fundamental right, the right of "Every person" to enjoy "a healthy and ecologically balanced environment." This fundamental right, before the 1994 constitutional reform, was widely developed by a progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing norms in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform of Article 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and detailed sub-constitutional normative framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the 3rd paragraph provided that "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive sub-constitutional normative framework consisting of various laws, regulations, and executive decrees, which address substantive and formal matters for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal system has established an extensive and complex administrative organization to carry out the constitutional imperatives and obligations contained in the 3rd paragraph of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop Article 50 of the Constitution, the Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4, 1995 stands out, which, among other aspects, develops and regulates first-order matters such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (Chapter IV), protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), land-use planning and environmental protection (Chapter VI), protected wilderness areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Article XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also notable in this dense and vast legislative framework are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms, the Phytosanitary Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law on Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010. On the other hand, even before the partial reform of Article 50 of the Constitution, sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment already existed, such as the Water Law (Ley de Aguas), No. 276 of August 27, 1942, and its reforms, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its reforms, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The normative framework, at the sub-legal level, is even more abundant with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, for example, the Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, stands out, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, which exhaustively regulates all aspects of the Environmental Impact Assessment procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or harm to the environment, its review and environmental feasibility (viabilidad ambiental), its subsequent control and follow-up, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, compliance and performance guarantees, and a sanctioning regime. Also noteworthy is the Decreto Ejecutivo No. 34136 of June 20, 2007, which is the Procedural Regulation of the Administrative Environmental Tribunal, responsible for hearing and resolving complaints regarding threatened or actual violation of legislation protecting the environment and natural resources, and for establishing compensation for damages or harm to them.

2.- NEED TO DELIMIT CONSTITUTIONALITY CONTROL AND LEGALITY CONTROL IN MATTERS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or sub-constitutional legal order that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in Article 50 of the Constitution, and which seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Court to have to delimit, in the matter, the sphere of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of the mechanisms or questions of constitutionality, as Title IV of the Constitutional Jurisdiction Law is called, a concept that includes the action of unconstitutionality and the query of constitutionality – both legislative and judicial – the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without a doubt, this Constitutional Court has the exclusive and excluding competence to hear and resolve such matters (Articles 10 of the Constitution, 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Constitutional Jurisdiction Law); thus, for example, when it is alleged that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating Article 50, i.e., the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the values and principles underlying it. The real problem in delimiting both spheres of control arises with respect to the amparo appeal or process, for several obvious reasons, which are the following: a) The transversal nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which penetrates all layers or strata of the legal order; b) the open texture of constitutional norms, so that any grievance can appear to be of a constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo process as a substitute remedy for the ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Constitutional Jurisdiction Law, that allow the amparo process to be delimited from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when, with respect to an activity, work, or project, a public authority – entity or administrative body – has intervened by carrying out studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, in application of the dense and vast sub-constitutional legal order, it is clear that the matter must be heard before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same applies when a public authority has failed to fulfill the obligations imposed upon it, in the matter of environmental and natural resource protection, by the sub-constitutional legal order, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in an amparo process only when no public authority has intervened by exercising its oversight or authorization powers and a conduct potentially or actually harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment is being carried out; additionally, it must be a violation of that right that is evident and manifest, or easily verifiable – without major production or taking of evidence – and, furthermore, must be of great relevance or significance and be serious. If a public authority has breached the obligations and duties established by the sub-constitutional legal order, the matter must also not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided for in the administrative sphere, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public authority has intervened by exercising its legal and regulatory powers, substantiating a procedure – a concatenated series of administrative actions – and issuing administrative acts, the matter will be outside the sphere of constitutionality control, and the same applies if it fails to fulfill or omits its legal and regulatory obligations. The amparo appeal is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions – procedures and formal acts that translate and materialize in an administrative file – the matter ceases to be subject to amparo, since one must resort to a full cognizance process, that is, a process of full knowledge that can only be substantiated before the ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria expressed in light of the sub-constitutional legal order, or to produce new elements of conviction to contrast those found in an administrative file that has been processed over long periods and with due reflection. The amparo process, in short, cannot be converted into an ordinary full cognizance process ("ordinary process"), since it is distorted and perverted in its ends and purposes; hence, when a public authority has intervened by carrying out studies, endorsing or homologating expert reports presented by interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, substantiating one or more administrative procedures, the amparo process is not the avenue to oversee such actions, but rather the contentious-administrative process. The administrative intervention that can be verified or proven is decisive in determining whether the matter is on the plane or level, otherwise abstract and open, of constitutionality, or on the denser one of legality. Neither should this Constitutional Court enter into hearing and resolving non-compliance with the obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, there are powerful and efficient instruments in the administrative sphere (sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of administrative action (Article 49 of the Constitution), within which are included legal or regulatory, material or formal omissions, an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.

3.- COROLLARY. Based on the foregoing, this amparo appeal should have been summarily rejected ad limine litis for entailing a matter belonging to legality control; however, since it was not, it must be declared without merit, without ruling on the merits of the matter, since it is for the ordinary jurisdiction, particularly the contentious-administrative, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite conform substantively or not to the sub-constitutional legal order of protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

THEREFORE:

The appeal is partially granted with merit. Marco Antonio Jiménez Muñoz, Mayor of Nicoya, and Luis Felipe Arauz Cavalini, President of the Board of Directors, and Patricia Quirós Quirós, General Manager, both of the Servicio de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, or whoever occupies those positions, are ordered to, within ONE YEAR from the notification of this judgment, prepare the environmental studies required in resolution 2789-2013-SETENA of 1:20 p.m. on November 18, 2013, issued by the Environmental Technical Secretariat, Administrative File # EAE-02-2013. Likewise, it is ordered that once prepared, they be immediately sent to the Environmental Technical Secretariat for matters within its competence. Marco Antonio Jiménez Muñoz, Luis Felipe Arauz Cavalini, and Patricia Quirós Quirós are warned that, based on the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of Nicoya is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. This resolution shall be notified personally to Marco Antonio Jiménez Muñoz, Luis Felipe Arauz Cavalini, and Patricia Quirós Quirós, or to whoever occupies those positions. Regarding the alleged violation of Article 50 of the Political Constitution due to the omission of protection, delimitation of the Mala Noche Aquifer, and failure to prepare Hydrogeological Vulnerability Maps, the appeal is declared without merit. Let it be communicated. Magistrate Salazar Alvarado provides different reasons only regarding the alleged violation of the provisions of Article 50 of the Constitution.

 

 

  

 

	

 

	

 



 

	

Gilbert Armijo S.

President

	

 



 

	

 

	

 



 

Fernando Cruz C.

	

 

	

Fernando Castillo V.



 

	

 

	

 



 

Paul Rueda L.

	

 

	

Nancy Hernández L.



 

	

 

	

 



 

Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Ana María Picado B.

 

 

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EXPEDIENTE N° 14-013819-0007-CO

 

Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Building of the Supreme Court of Justice, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6

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