Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)IV.- En relación con la autonomía municipal que se alega lesionada la Sala estima necesario, para una mejor comprensión del fallo, establecer los alcances del término "interés local", pues la autonomía municipal está referida a este tipo de intereses. El numeral 5 del Código Municipal expresa: "La competencia municipal, definida en el artículo anterior, no afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la Administración Pública...". En torno a la autonomía municipal, como bien lo indica la gestionante, el numeral 170 de la Constitución Política establece que las corporaciones municipales son autónomas, concepto que es desarrollado por la legislación secundaria en el artículo 7 del Código Municipal que dice "en el ejercicio de sus atribuciones las municipalidades gozan de autonomía que les confiere la Constitución Política, con potestades de Gobierno y de Administración inherentes a la misma...".
V.- Sobre el artículo 13 párrafo 2° de la Ley Forestal y el Cerro Chompipe.- (…) El carácter unitario del Estado costarricense así como el bien jurídico que es objeto de protección –el medio ambiente-, han motivado a este Tribunal a considerar que la protección del mismo es un asunto de interés nacional. (…) Es claro que corresponde al Estado central la emisión de una política nacional ambiental. El artículo 50 de nuestra Constitución, otorga le otorga la potestad de planificar, proteger y ejecutar políticas públicas a favor de los recursos naturales, de manera que logre la conservación de aquellos, procure su adecuado aprovechamiento y favorezca el disfrute del derecho al ambiente por parte de individuos y comunidades. Siendo ese derecho uno que le asiste a todas las personas, su preservación va más allá de cualquier limitación territorial. En este sentido, es importante recordar que los problemas ambientales son, por esencia, de alcance general: la contaminación del aire, de un río, siempre sobrepasará los límites locales e incidirá en el colectivo general. El interés local debe ceder frente al interés nacional, con el objeto de garantizar un manejo unificado, coherente y racional de los recursos naturales que conforman el patrimonio natural de la nación.
English (translation)IV. Regarding the municipal autonomy alleged to be violated, the Chamber deems it necessary, for a better understanding of the ruling, to establish the scope of the term "local interest," since municipal autonomy pertains to this type of interest. Article 5 of the Municipal Code states: "The municipal jurisdiction, defined in the preceding article, does not affect the powers conferred upon other entities of the Public Administration...". With respect to municipal autonomy, as the petitioner rightly indicates, Article 170 of the Political Constitution establishes that municipal corporations are autonomous, a concept developed by secondary legislation in Article 7 of the Municipal Code, which states "in the exercise of their powers, municipalities enjoy the autonomy conferred upon them by the Political Constitution, with inherent powers of Government and Administration...".
V. Regarding Article 13, paragraph 2, of the Forestry Law and Cerro Chompipe. (...) The unitary nature of the Costa Rican State, as well as the legal interest being protected—the environment—have led this Court to consider its protection a matter of national interest. (...) It is clear that the issuance of a national environmental policy corresponds to the central State. Article 50 of our Constitution grants it the power to plan, protect, and execute public policies in favor of natural resources, so as to achieve their conservation, ensure their proper use, and promote the enjoyment of the right to the environment by individuals and communities. Since this right belongs to all persons, its preservation goes beyond any territorial limitation. In this regard, it is important to recall that environmental problems are, by essence, of general scope: air pollution, river pollution, will always exceed local boundaries and impact the general collective. Local interest must yield to national interest, in order to guarantee a unified, coherent, and rational management of the natural resources that comprise the nation's natural heritage.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 16362 - 2015 Fecha de la Resolución: 21 de Octubre del 2015 a las 09:30 Expediente: 15-011871-0007-CO Redactado por: Gilbert Armijo Sancho Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Rechazo de fondo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 170- Autonomía municipal Subtemas: NO APLICA. Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “…corresponde al Estado central la emisión de una política nacional ambiental. El artículo 50 de nuestra Constitución, otorga le otorga la potestad de planificar, proteger y ejecutar políticas públicas a favor de los recursos naturales, de manera que logre la conservación de aquellos, procure su adecuado aprovechamiento y favorezca el disfrute del derecho al ambiente por parte de individuos y comunidades. Siendo ese derecho uno que le asiste a todas las personas, su preservación va más allá de cualquier limitación territorial. En este sentido, es importante recordar que los problemas ambientales son, por esencia, de alcance general: la contaminación del aire, de un río, siempre sobrepasará los límites locales e incidirá en el colectivo general. El interés local debe ceder frente al interés nacional, con el objeto de garantizar un manejo unificado, coherente y racional de los recursos naturales que conforman el patrimonio natural de la nación. Por coincidir ambos intereses en un mismo espacio territorial, las corporaciones municipales deben ejercer sus funciones en esta materia de manera coordinada y armónica, atendiendo los objetivos y directrices de dicha política con el objeto de lograr un desarrollo sostenible que garantice la preservación, recuperación y promoción del medio ambiente. Al mismo tiempo, mantienen los deberes de conservación de la biodiversidad que el ordenamiento impone. Sin embargo, la administración como tal le corresponderá al MINAET que es el ente rector de esta materia según disponen los artículos 1° y 2 inciso ch) de la Ley N° 7152 del 5 de junio de 1990…” LBH08/21 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: MUNICIPALIDAD. Subtemas: NO APLICA. 016362-15. SE ACUSA QUE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR ADMINISTRADAS POR EL MINAE, LESIONA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL INSTITUCIONES AUTONOMAS. Artículo 13 párrafo segundo de la Ley 7575, Ley Forestal. LBH08/21 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: INSTITUCIONES AUTÓNOMAS Subtemas: NO APLICA. 016362-15. SE ACUSA QUE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR ADMINISTRADAS POR EL MINAE, LESIONA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL INSTITUCIONES AUTONOMAS. Artículo 13 párrafo segundo de la Ley 7575, Ley Forestal. LBH08/21 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 009- Rechazo de plano. Rechazo por el fondo. Resolución interlocutoria Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. “El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.” LBH08/21 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 169- Gobierno municipal Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Consecuentemente, es en el Concejo Municipal, como órgano político, plurimembre y democrático por antonomasia, el llamado por el Constituyente originario para defender y preservar la autonomía política de gobierno que proclama el párrafo primero del artículo 170 constitucional. El Alcalde - denominado antes del Código Municipal de 1998 “Ejecutivo Municipal”- es un órgano unipersonal de carácter eminentemente administrativo y ejecutivo, que no tiene la vocación política del Concejo Municipal. Desde la óptica del Derecho de la Constitución el Alcalde municipal tiene por competencia fundamental la ejecución de todo aquello que sea resuelto por el Concejo Municipal, consecuentemente, no puede arrogarse funciones de carácter político tales como procurar la defensa y preservación de la autonomía sin que éste último órgano no se haya pronunciado en ese sentido.” LBH08/21 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Autonomía municipal. Subtemas: NO APLICA. “IV.- En relación con la autonomía municipal que se alega lesionada la Sala estima necesario, para una mejor comprensión del fallo, establecer los alcances del término "interés local", pues la autonomía municipal está referida a este tipo de intereses. El numeral 5 del Código Municipal expresa: "La competencia municipal, definida en el artículo anterior, no afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la Administración Pública...". En torno a la autonomía municipal, como bien lo indica la gestionante, el numeral 170 de la Constitución Política establece que las corporaciones municipales son autónomas, concepto que es desarrollado por la legislación secundaria en el artículo 7 del Código Municipal que dice "en el ejercicio de sus atribuciones las municipalidades gozan de autonomía que les confiere la Constitución Política, con potestades de Gobierno y de Administración inherentes a la misma...". LBH08/21 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 169- Gobierno municipal Subtemas: NO APLICA. "...la descentralización territorial del régimen municipal, no implica una restricción o eliminación de las competencias asignadas constitucionalmente a otros órganos del Estado...de manera que existen intereses locales cuya custodia corresponde a las Municipalidades y junto a ellas, coexisten otros cuya protección constitucional y legal es atribuida a otros entes públicos, lo que ha sido objeto de un trato legislativo muy claro en el artículo 5 del Código Municipal, al indicar que la competencia municipal genérica no afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la administración pública, y esa afirmación debe entenderse, desde luego, como conclusión constitucionalmente posible, pero únicamente en tesis de principio. Y es así, porque al haber incluido el constituyente un concepto jurídico indeterminado en el artículo 169, al señalar que le corresponde a la Municipalidad de cada cantón, administrar los servicios e intereses "locales", se requiere para precisar este concepto, estar en contacto con la realidad a la que va destinado, de manera que la única forma de definir o de distinguir lo local de lo que no lo es, debe serlo o la propia ley o la interpretación jurisprudencial que de estos contenidos se haga.(...)O lo que es lo mismo, lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el Juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa, que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial) si no lo hace por los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política (...).En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales y no pueden ser substraídos de lo local para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que deberá ser examinado en cada caso concreto." LBH08/21 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: MUNICIPALIDAD. Subtemas: NO APLICA. Nota separada del Magistrado Castillo Víquez. Me he separado de la tesis de la mayoría, que sostiene que el alcalde solo puede incoar una acción de inconstitucionalidad si cuenta con el aval del concejo. Desde mi perspectiva, entre el concejo y el alcalde no hay una relación de jerarquía, sino de exclusión de competencias por mandato de ley, y no por imperio del Derecho de la Constitución (valores, principios y normas). Así las cosas, bien puede el alcalde presentar una acción en defensa de los intereses y servicios locales, así como de la autonomía municipal –política y administrativa- cuando considere que una norma o una omisión los afecten. Lo anterior es mayormente cierto, a partir de la elección del alcalde y vicealcaldes por medio del sufragio universal, por lo que es un hecho probable que ambos órganos –el colegiado y el individual- tengan visiones ideológicas, políticas y jurídicas diferentes sobre el contenido de los conceptos jurídicos indeterminados de intereses y servicios locales, de autonomía política y administrativa y de otras competencias propias de los gobiernos locales. LBH08/21 ... Ver más Texto de la resolución *150118710007CO* Exp: 15-011871-0007-CO Res. Nº 2015016362 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil quince . Acción de inconstitucionalidad promovida por JORGE ISAAC HERRERA PANIAGUA, mayor, casado una vez, sociólogo, con cédula de identidad número cuatro-ciento catorce-cero quinientos ochenta y siete, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, según resolución cero veintidós-E-once-dos mil once del Tribunal Supremo de Elecciones de las diez horas con quince minutos del tres de enero del dos mil once, para el período legal comprendido entre el siete de febrero del dos mil once y el treinta de abril del dos mil dieciséis; contra el artículo 13 párrafo segundo de la Ley N° 7575 del 5 de febrero de1996, reformado por leyes N° 7609 de 11 de junio de1996, N° 7761 de 2 de abril de 1998 y N° 7788 de 30 de abril de 1998. Resultando: 1.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas cincuenta y tres minutos del 10 de agosto del 2015, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley N° 7575 del 5 de febrero de1996, reformado por leyes N° 7609 de 11 de junio de1996, N° 7761 de 2 de abril de 1998 y No. 7788 de 30 de abril de 1998; párrafo segundo. Alega que su representada es propietaria de un inmueble denominado cerro “El Chompipe”, cuya naturaleza es terreno de patrimonio forestal. Recientemente, el Instituto Costarricense de Electricidad procedió a realizar labores de instalación de telecomunicaciones en dicha propiedad. Sin embargo, su representada no ha otorgado ningún permiso de construcción ni autorización alguna, a tal efecto. Que al ser compelido el Instituto en cuestión, no solo no contestó, sino que procedió con la ejecución de las obras. En razón de ello, el Concejo Municipal procedió a presentar la denuncia respectiva ante la Secretaría Técnica Ambiental, sin que a la fecha se haya realizado gestión alguna por parte de esa institución. Ante la violación por parte del I.C.E. de la normativa señalada, la Municipalidad interpuso un amparo de legalidad. En dicho procedimiento se apersonó el Estado, quien manifestó que dado que la propiedad es patrimonio forestal debe ser traspasada al MINAET. En ese procedimiento se ha invocado la inconstitucionalidad de la aplicación de la norma en que se fundamenta el Estado, sea el artículo 13 párrafo segundo de la Ley Forestal. A juicio del representante de la accionante, la norma lesiona los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, que disponen sobre la autonomía municipal. Las municipalidades gozan de autonomía derivada de la norma jerárquicamente superior, sea la Constitución Política. En razón de esta especial condición no podría la ley venir a crear condiciones diferentes que limiten el ejercido de la autonomía municipal en el cantón. Las municipalidades son las administradoras de sus territorios, dado el mandato de administración de los intereses locales que le impone la carta política. Si lo que se pretende es cercenar o desmembrar el territorio o jurisdicción del municipio, lo lógico es acudir al proceso de expropiación. No puede el Estado apropiarse de territorios sin pagar por ellos, máxime que no son de su exclusiva administración. Esto resultaría violatorio de las más mínimas normas de convivencia pacífica de los entes públicos, y, además del derecho constitucional que tiene la municipalidad de administrar su territorio conforme convenga a sus intereses y en el caso en examen de los terrenos de vocación forestal o zonas de protección. Lo contrario sería afirmar que el Estado puede apropiarse de las zonas de protección de las partes altas del Cantón de San Rafael que se encuentran reguladas por el Decreto Ejecutivo N° 25902; y en donde el municipio ha definido la propia zonificación, como zona de protección. Igual condición aplica a las zonas que son administradas por el Estado bajo régimen especial, como los parques nacionales, las reservas y los refugios de protección; por los cuales incluso el municipio se le desmiembra su territorio y no percibe ni un céntimo. Es evidente que la inconstitucional redacción actual de la norma recurrida, tiene consecuencias de co-administración territorial y consecuencias ilegales confiscatorias. Por un lado, en despecho a las atribuciones constitucionales que en materia territorial se le otorgan a las Municipalidades, la norma reprochada, le otorga al Estado, la autoridad de administrar territorios municipales, sin justificación alguna. Evidentemente el fin perseguido por la Ley Forestal en torno al patrimonio natural, es su preservación, pero no existe motivación ni justificación para que a los fines de ese fin necesariamente deba otorgarse su administración al Estado, cercenando un porcentaje del territorio al gobierno local. Nótese que incluso dicha ley y otras conexas, permiten la utilización de las áreas de conservación con fines compatibles y en consecuencia podrían continuar siendo fuentes de ingreso para el municipio, sin demerito del fin legal último. Contrario a lo que sucede con el tema de la propiedad privada, independientemente del título adquirente que posea la municipalidad del cantón, ante la determinación de patrimonio natural se procede a confiscar el territorio municipal. No solo se ignora el principio constitucional de Gobierno Local en razón de la ubicación territorial, sino que además sin motivación de ningún tipo se define que el único que pude administrar esos territorios es el Estado, cuando desde la Constitución, pasando por las diferentes leyes y jurisprudencia patria, queda claro que la administración de los territorios locales es potestad de cada Municipalidad. ¿Por qué, la norma reprochada hace diferencia en donde no la hay? Que garantía o seguridad jurídica adicional se le otorga a la preservación del patrimonio natural, confiscándolo al gobierno local y dando su administración al Estado Central. 2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que deriva del artículo 75, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El asunto previo es un proceso de conocimiento que se tramita en el expediente 12-000631-1028-CA. 3.- Mediante resolución de las once horas cuarenta y tres minutos del once de agosto de dos mil quince se previno al accionante aportar autorización o habilitación del Concejo Municipal para interponer la acción de inconstitucionalidad o ratificación de lo actuado a la fecha. 4.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional a las quince horas veinte minutos del catorce de agosto último, el accionante cumplió la prevención hecha. 5.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y, Considerando: I.- Objeto de la acción.- El accionante pretende que se declare la inconstitucionalidad del artículo 13 párrafo segundo de la Ley N° 7575, el cual dispone: “Artículo 13.- Constitución y administración El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. (…).” II.- Legitimación del Alcalde Municipal para interponer una acción de inconstitucionalidad para la defensa de la autonomía de la corporación territorial. El Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia interpone acción de inconstitucionalidad contra el artículo 13 párrafo segundo de la Ley N° 7575, por estimarlo contrario a los artículos 168 y 169 de la Constitución Política y lesionar, en esencia, la autonomía municipal. A partir de la sentencia N° 2007-07136 de las dieciséis horas cuarenta y seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil siete, este Tribunal consideró que la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un Alcalde municipal, en representación de una corporación territorial, debe contar, ineludiblemente, con un acuerdo del Concejo Municipal que así lo autorice y habilite. Al efecto, señaló: “…el Gobierno Municipal está en manos de un cuerpo deliberante y colegiado conformado por los regidores y, tradicional y legalmente, denominado Concejo Municipal. Es a ese órgano colegiado al que le corresponde ejercer el gobierno local y adoptar los lineamientos de política territorial de nivel cantonal. Consecuentemente, es en el Concejo Municipal, como órgano político, plurimembre y democrático por antonomasia, el llamado por el Constituyente originario para defender y preservar la autonomía política de gobierno que proclama el párrafo primero del artículo 170 constitucional. El Alcalde - denominado antes del Código Municipal de 1998 “Ejecutivo Municipal”- es un órgano unipersonal de carácter eminentemente administrativo y ejecutivo, que no tiene la vocación política del Concejo Municipal. Desde la óptica del Derecho de la Constitución el Alcalde municipal tiene por competencia fundamental la ejecución de todo aquello que sea resuelto por el Concejo Municipal, consecuentemente, no puede arrogarse funciones de carácter político tales como procurar la defensa y preservación de la autonomía sin que éste último órgano no se haya pronunciado en ese sentido. Debe agregarse, que la circunstancia actual -a partir de la entrada en vigencia del Código Municipal de 1998- de que el Alcalde sea nombrado en una elección popular, tampoco cambia su naturaleza de órgano eminentemente administrativo y, por consiguiente, subordinado a lo que disponga el órgano de gobierno de carácter colegiado. De la misma manera, la circunstancia jurídica de carácter infra-constitucional de asignarle al Alcalde la condición de representante judicial y extrajudicial, no lo habilita para que actúe de forma separada de los criterios políticos que establezca el Concejo Municipal. Admitir que el Alcalde puede interponer acciones de inconstitucionalidad de forma inconsulta y separada al Concejo Municipal implica fragmentar o escindir el gobierno local que, constitucionalmente, le fue otorgado en exclusiva al Concejo.” En el caso en estudio, el Alcalde fue prevenido en tal sentido y aportó el acuerdo a que se ha hecho referencia. Adicionalmente, la acción cumple los requisitos formales y de legitimación que exige la Ley de la Jurisdicción y su objeto es de los indicados en los artículos 10 de la Constitución Política y 73 de la Ley citada. En razón de ello, la acción sea admisible para su estudio. III.- Sobre el fondo. La Municipalidad de San Rafael de Heredia, considera que la norma impugnada lesiona los artículos 169 y 170 de la Constitución Política los cuales establecen que la administración de los bienes locales corresponde al Gobierno Municipal y dispone en forma expresa sobre la autonomía municipal. La tutela de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado forma parte de los llamados derechos la tercera generación. Desde su creación, la Sala sostuvo que el artículo 50 constitucional tutelaba de manera implícita el derecho a un ambiente sano y destacó la importancia y necesidad de protegerlo, por constituir este, una condición indispensable para que las personas puedan aspirar a vivir en un ambiente de calidad, con dignidad y bienestar. A partir de la reforma constitucional al artículo 50 mediante ley N° 7412 del 3 de junio de 1994, quedó regulado de manera expresa el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Posteriormente, esta norma ha sido desarrollada por el legislador en diversas leyes con el objeto potenciar y efectivizar la protección al medio ambiente; la Ley Forestal es una de ellas. Entre los elementos que conforman el medio ambiente están el aire, el agua, la atmósfera, y por supuesto el suelo y todos sus componentes. Todo esto forma el patrimonio natural del Estado, concepto que alude la norma impugnada y al cual este Tribunal se refirió en la sentencia 2008-016975: “(…)el Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes).” En el caso en estudio, la municipalidad aduce que la norma cuestionada lesiona la autonomía municipal, pues la Constitución Política otorga a esas corporaciones la potestad de administrar los intereses locales que se originan en su territorio, entre los cuales están, los bienes inmuebles localizados en su jurisdicción. Aducen que, si lo que se pretende es cercenar o desmembrar el territorio o jurisdicción del municipio, lo lógico es acudir al proceso de expropiación. No puede el Estado apropiarse de territorios sin pagar por ellos, máxime que no son de su exclusiva administración. El tema planteado enfrenta los intereses locales con los intereses nacionales, cuestión que fue analizada por este Tribunal en la sentencia 1998-001822: “IV.- En relación con la autonomía municipal que se alega lesionada la Sala estima necesario, para una mejor comprensión del fallo, establecer los alcances del término "interés local", pues la autonomía municipal está referida a este tipo de intereses. El numeral 5 del Código Municipal expresa: "La competencia municipal, definida en el artículo anterior, no afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la Administración Pública...". En torno a la autonomía municipal, como bien lo indica la gestionante, el numeral 170 de la Constitución Política establece que las corporaciones municipales son autónomas, concepto que es desarrollado por la legislación secundaria en el artículo 7 del Código Municipal que dice "en el ejercicio de sus atribuciones las municipalidades gozan de autonomía que les confiere la Constitución Política, con potestades de Gobierno y de Administración inherentes a la misma...". Desde el punto de vista doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad. Así, algún sector de la doctrina también ha dicho que esa autonomía implica libre elección de sus propias autoridades; libre gestión en las materias de su competencia, la creación, recaudación de sus propios ingresos, y expecíficamente a todo lo relacionado con los aspectos, normativos, tributarios y administrativos, definiéndolos, en términos generales, como autonomía política, normativa, tributaria, y administrativa. La Sala tiene claro, y así lo ha sostenido en su abundante jurisprudencia sobre el tema, que el artículo 170 de la Constitución Política y el numeral 7 del Código Municipal, que lo desarrolla, han conferido a las municipalidades la gestión y promoción de los intereses y servicios locales, bajo una clara situación de autonomía, que es, sin duda, libertad frente a la Administración centralizada para la adopción de las decisiones fundamentales del ente. Ahora bien, como ya se sugirió, y la Sala lo consignó expresamente en la sentencia número 6469-97 de las 16 :21 horas del 8 de octubre de 1997, "...la descentralización territorial del régimen municipal, no implica una restricción o eliminación de las competencias asignadas constitucionalmente a otros órganos del Estado...de manera que existen intereses locales cuya custodia corresponde a las Municipalidades y junto a ellas, coexisten otros cuya protección constitucional y legal es atribuida a otros entes públicos, lo que ha sido objeto de un trato legislativo muy claro en el artículo 5 del Código Municipal, al indicar que la competencia municipal genérica no afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la administración pública, y esa afirmación debe entenderse, desde luego, como conclusión constitucionalmente posible, pero únicamente en tesis de principio. Y es así, porque al haber incluido el constituyente un concepto jurídico indeterminado en el artículo 169, al señalar que le corresponde a la Municipalidad de cada cantón, administrar los servicios e intereses "locales", se requiere para precisar este concepto, estar en contacto con la realidad a la que va destinado, de manera que la única forma de definir o de distinguir lo local de lo que no lo es, debe serlo o la propia ley o la interpretación jurisprudencial que de estos contenidos se haga.(...)O lo que es lo mismo, lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el Juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa, que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial) si no lo hace por los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política (...).En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales y no pueden ser substraídos de lo local para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que deberá ser examinado en cada caso concreto." En síntesis, es el legislador -que tiene como límite el respeto al marco esencial de las competencias municipales- y eventualmente el Juez, el que debe establecer, en cada caso, si estamos ante un interés local o nacional.” (sentencia 1998-001822). V.- Sobre el artículo 13 párrafo 2° de la Ley Forestal y el Cerro Chompipe.- La norma cuestionada establece que corresponde al MINAET la administración del patrimonio forestal del Estado. A juicio del accionante, ello lesiona la autonomía municipal, pues impide a la corporación administrar los bienes inmuebles localizados en su jurisdicción. La Sala estima, sin embargo, que la norma no es inconstitucional en tanto la tutela del patrimonio natural constituye un asunto de interés nacional tal y como se indicó en la sentencia parcialmente transcrita. El carácter unitario del Estado costarricense así como el bien jurídico que es objeto de protección –el medio ambiente-, han motivado a este Tribunal a considerar que la protección del mismo es un asunto de interés nacional. En este sentido, en la sentencia 5606-96 y en relación con el carácter unitario del Estado costarricense la Sala señaló: “III.- Sobre el fondo. Estructura Unitaria y Concentrada del Estado. El Estado costarricense es desde su fundación, un Estado unitario, que procura alcanzar de la manera más eficiente los fines, objetivos y metas políticas que tutela el ordenamiento jurídico vigente (artículos 1 y 9 de la Constitución Política; 1 Ley General de la Administración Pública). Partiendo de dicho carácter unitario y por razones funcionales y de limitación del poder, nuestra Constitución Política estableció un diseño organizacional fundado tanto en la división de poderes (artículo 9), como en la creación de un modelo de descentralización administrativa, por territorio (las Municipalidades), y un modelo funcional o institucional y de descentralización corporativa. Ese carácter unitario es reconocido por la jurisprudencia constitucional en forma reiterada (vgr. 4091/94; 7528/97) que señala a Costa Rica como un Estado unitario concentrado, sin ningún tipo de descentralización política, pero que reconoce un modelo de descentralización administrativa para, la mejor satisfacción de los intereses locales, como también la prestación de servicios y la realización de actividades que requieren de especialización técnica. A pesar del distinto grado de autonomía con que se crean los entes públicos que conforman la administración descentralizada, el Estado como un todo mantiene y debe mantener una unidad y armonía de su accionar. IV. Autonomía Municipal; alcances. Dentro de este esquema, esta Sala ha reconocido que el régimen municipal es una modalidad de descentralización territorial, de conformidad con la propia redacción del párrafo primero del artículo 168 constitucional. Su autonomía se define, principalmente, en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política que señalan, en lo que interesa, que la "administración de los intereses y servicios locales estará a cargo del Gobierno Municipal formado por un cuerpo deliberante de elección popular y de un funcionario ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un "sistema corporativo que goza de autonomía y de recursos económicos propios (competencia presupuestaria)". De esta enunciación de los principales rasgos jurídicos de la institución municipal, derivan ciertos elementos, a saber: la existencia de una jurisdicción territorial para atender los intereses y servicios del nivel local; la constitución de una población fincada en lazos de vecindad, de manera que todo habitante del Cantón es munícipe; el gobierno formado por dos órganos diferenciados (Concejo y Alcalde) con funciones y relaciones entre ellos definidas; la naturaleza corporativa de la institución; garantía constitucional de independencia (autonomía); y la materia objeto de su administración, que está formada por todo aquello que sea o constituya "interés y servicio local". Desde el punto de vista político, las municipalidades son gobiernos representativos con competencia sobre un determinado territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y potestades públicas frente a sus munícipes (habitantes del cantón); operan de manera descentralizada frente al Gobierno de la República, y gozan de autonomía constitucionalmente garantizada y reforzada que se manifiesta en materia política, al determinar sus propias metas y los medios normativos y administrativos en cumplimiento de todo tipo de servicio público local para la satisfacción del bien común en su comunidad. Puede decirse, en síntesis, que las municipalidades o gobiernos locales son entidades territoriales de naturaleza corporativa y pública no estatal, dotadas de autonomía en materia de gobierno y funcionamiento en cuanto se trata de intereses y servicios locales. Todo esto implica, necesariamente, que para poder definir correctamente la conformación del Estado Costarricense, debe existir un ensamble exacto en la suma de los Gobiernos Municipales en su conjunto e individualmente, en orden a las relaciones y funcionamiento coordinado con el Gobierno de la República, para evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, y la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas. V-. Si bien está claro que la unidad y concentración del Estado costarricense implica que las municipalidades no son soberanas ni Estados independientes, y que por lo tanto están obligadas a coordinar con el Gobierno Central, por razones históricas que ya ha expuesto esta Sala en la sentencia 5445-99 citada, el legislador constituyente sí las dotó de autonomía respecto de dos aspectos: la materia “local” y en atención a su “territorio.” (…) En cuanto al primer aspecto, el artículo 169 de la Constitución le garantiza al Gobierno Municipal la administración de los “intereses y servicios locales”, y precisamente para definir qué es “local” y que no lo es, se ha aceptado pacíficamente, en nuestro caso desde 1963 por medio de la jurisprudencia, que los intereses y servicios locales referidos en el artículo constitucional citado, serán tanto los que indique la ley como los que reconozca la jurisprudencia. Así lo definió Corte Plena en su sesión extraordinaria del 17 de marzo de 1963, con motivo de un recurso de inconstitucionalidad que presentó la Municipalidad de Goicoechea contra la Ley 2726 que creó el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (hoy AyA), precisamente sobre el tema que ahora se discute. Sobre este punto concreto, el voto de mayoría expresó al respecto lo siguiente: "...desde que la Carta no enumera cuáles son los intereses y servicios locales (referidos en el art. 169 constitucional), precisa entender que serán los que la ley indique, ley que la Asamblea Legislativa puede modificar y aún derogar, o los que de hecho se realicen, que desde luego mantendrán su condición de locales en tanto la realidad no los transforme en generales o nacionales." Evidentemente que además de lo señalado, “lo local” tiene también un límite territorial, de tal forma que los temas aunque de interés local, que no puedan ser estrictamente administrados dentro del respectivo territorio, carecen de esa naturaleza autonómica. Cabe aclarar también que si bien la Ley, es un parámetro válido y reconocido para determinar cuándo un interés es local o ha dejado de serlo por voluntad del legislador, esta potestad debe entenderse que no le otorga al legislador una libertad irrestricta para utilizar este instrumento para “degradar” o “vaciar” a las municipalidades y centralizar los intereses locales. Es en casos de evidente interés nacional, que el legislador puede constituir otras administraciones que se ocupen de materias que incluso podría ser de interés local, pero que están referidas a una circunscripción territorial más amplia, como una zona, región o provincia como ha sido el caso de la creación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, para ejercer su competencia en todo el territorio nacional en materia de agua potable.” Es claro que corresponde al Estado central la emisión de una política nacional ambiental. El artículo 50 de nuestra Constitución, otorga le otorga la potestad de planificar, proteger y ejecutar políticas públicas a favor de los recursos naturales, de manera que logre la conservación de aquellos, procure su adecuado aprovechamiento y favorezca el disfrute del derecho al ambiente por parte de individuos y comunidades. Siendo ese derecho uno que le asiste a todas las personas, su preservación va más allá de cualquier limitación territorial. En este sentido, es importante recordar que los problemas ambientales son, por esencia, de alcance general: la contaminación del aire, de un río, siempre sobrepasará los límites locales e incidirá en el colectivo general. El interés local debe ceder frente al interés nacional, con el objeto de garantizar un manejo unificado, coherente y racional de los recursos naturales que conforman el patrimonio natural de la nación. Por coincidir ambos intereses en un mismo espacio territorial, las corporaciones municipales deben ejercer sus funciones en esta materia de manera coordinada y armónica, atendiendo los objetivos y directrices de dicha política con el objeto de lograr un desarrollo sostenible que garantice la preservación, recuperación y promoción del medio ambiente. Al mismo tiempo, mantienen los deberes de conservación de la biodiversidad que el ordenamiento impone. Sin embargo, la administración como tal le corresponderá al MINAET que es el ente rector de esta materia según disponen los artículos 1° y 2 inciso ch) de la Ley N° 7152 del 5 de junio de 1990. VI.- Conclusión.- La Sala estima que la administración del patrimonio natural del Estado es un asunto de interés nacional y no lesiona la Constitución Política que su administración le corresponda al Estado. En razón de lo anterior, la acción debe ser rechazada. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. VII.- Nota separada del Magistrado Castillo Víquez. Me he separado de la tesis de la mayoría, que sostiene que el alcalde solo puede incoar una acción de inconstitucionalidad si cuenta con el aval del concejo. Desde mi perspectiva, entre el concejo y el alcalde no hay una relación de jerarquía, sino de exclusión de competencias por mandato de ley, y no por imperio del Derecho de la Constitución (valores, principios y normas). Así las cosas, bien puede el alcalde presentar una acción en defensa de los intereses y servicios locales, así como de la autonomía municipal –política y administrativa- cuando considere que una norma o una omisión los afecten. Lo anterior es mayormente cierto, a partir de la elección del alcalde y vicealcaldes por medio del sufragio universal, por lo que es un hecho probable que ambos órganos –el colegiado y el individual- tengan visiones ideológicas, políticas y jurídicas diferentes sobre el contenido de los conceptos jurídicos indeterminados de intereses y servicios locales, de autonomía política y administrativa y de otras competencias propias de los gobiernos locales. Por tanto: Se rechaza por el fondo la acción.- El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Gilbert Armijo S. Presidente Fernando Cruz C. Fernando Castillo V. Paul Rueda L. Nancy Hernández L. Alicia Salas T. Yerma Campos C. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *6VPLRD4TQ7461* 6VPLRD4TQ7461 EXPEDIENTE N° 15-011871-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:46:58. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
*150118710007CO* Exp: 15-011871-0007-CO Res. No. 2015016362 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-first of October of two thousand fifteen. Action of unconstitutionality brought by JORGE ISAAC HERRERA PANIAGUA, of legal age, married once, sociologist, with identity card number four-fourteen-zero five hundred eighty-seven, in his capacity as Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, according to resolution zero twenty-two-E-eleven-two thousand eleven of the Supreme Electoral Tribunal at ten hours fifteen minutes on the third of January of two thousand eleven, for the legal period between the seventh of February of two thousand eleven and the thirtieth of April of two thousand sixteen; against Article 13, second paragraph of Law No. 7575 of February 5, 1996, amended by laws No. 7609 of June 11, 1996, No. 7761 of April 2, 1998, and No. 7788 of April 30, 1998. Resulting: 1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at eleven hours fifty-three minutes on August 10, 2015, the petitioner requests that the unconstitutionality of Article 13 of Law No. 7575 of February 5, 1996, amended by laws No. 7609 of June 11, 1996, No. 7761 of April 2, 1998, and No. 7788 of April 30, 1998, second paragraph, be declared. He alleges that his represented entity is the owner of a property called "El Chompipe" hill, whose nature is forest-heritage land. Recently, the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) proceeded to carry out telecommunications installation works on said property. However, his represented entity has not granted any construction permit or any authorization whatsoever, to that effect. That when the Institute in question was compelled, it not only did not respond, but proceeded with the execution of the works. For this reason, the Municipal Council proceeded to file the respective complaint before the Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), without any action having been taken to date by that institution. Given the violation by ICE of the aforementioned regulations, the Municipality filed a legal compliance appeal (amparo de legalidad). The State appeared in said proceeding, stating that since the property is forest heritage it must be transferred to MINAE. In that proceeding, the unconstitutionality of the application of the norm on which the State bases its claim, namely Article 13, second paragraph of the Ley Forestal, has been invoked. In the opinion of the petitioner's representative, the norm harms Articles 169 and 170 of the Political Constitution, which provide for municipal autonomy. Municipalities enjoy autonomy derived from the hierarchically superior norm, namely the Political Constitution. By reason of this special condition, the law could not come to create different conditions that limit the exercise of municipal autonomy in the canton. Municipalities are the administrators of their territories, given the mandate of administration of local interests imposed upon them by the political charter. If what is intended is to curtail or dismember the territory or jurisdiction of the municipality, the logical course is to resort to the expropriation process. The State cannot appropriate territories without paying for them, especially since they are not for its exclusive administration. This would be a violation of the most minimal rules of peaceful coexistence among public entities, and, in addition, of the constitutional right of the municipality to administer its territory as befits its interests and, in the case under review, regarding lands of forest vocation or protection zones. The contrary would be to affirm that the State can appropriate the protection zones in the upper parts of the Canton of San Rafael that are regulated by Decreto Ejecutivo No. 25902; and where the municipality has defined its own zoning, as a protection zone. The same condition applies to areas that are administered by the State under a special regime, such as national parks, reserves, and wildlife refuges; for which the municipality even has its territory dismembered and does not receive a single cent. It is evident that the current unconstitutional wording of the challenged norm has consequences of territorial co-administration and illegal confiscatory consequences. On the one hand, in contempt of the constitutional attributions regarding territorial matters granted to Municipalities, the reproached norm grants the State the authority to administer municipal territories, without any justification. Evidently, the purpose pursued by the Ley Forestal regarding natural heritage is its preservation, but there is no motivation or justification for, in order to achieve that purpose, its administration to necessarily have to be granted to the State, severing a percentage of the territory from the local government. Note that even said law and other related laws permit the use of conservation areas for compatible purposes and, consequently, they could continue to be sources of income for the municipality, without detriment to the ultimate legal purpose. Contrary to what happens with the issue of private property, independently of the acquiring title held by the canton's municipality, upon the determination of natural heritage, the municipal territory is confiscated. Not only is the constitutional principle of Local Government based on territorial location ignored, but also, without any kind of motivation, it is defined that the only one who can administer those territories is the State, when from the Constitution, through the different laws and national jurisprudence, it is clear that the administration of local territories is a power of each Municipality. Why does the reproached norm make a distinction where there is none? What guarantee or additional legal certainty is granted to the preservation of natural heritage, by confiscating it from the local government and giving its administration to the Central State. 2.- In order to substantiate the standing to bring this action of unconstitutionality, he indicates that it derives from Article 75, first paragraph of the Law of the Constitutional Jurisdiction. The prior matter is a plenary proceeding being processed under file number 12-000631-1028-CA. 3.- By resolution at eleven hours forty-three minutes on August eleventh of two thousand fifteen, the petitioner was warned to provide authorization or empowerment from the Municipal Council to file the action of unconstitutionality or ratification of the actions taken to date. 4.- By brief filed in the Secretariat of the Constitutional Chamber at fifteen hours twenty minutes on the fourteenth of last August, the petitioner complied with the made warning. 5.- Article 9 of the Law of the Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any action brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it deems there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous identical or similar rejected action. Drafted by Magistrate Armijo Sancho; and, Considering: I.- Object of the action.- The petitioner seeks that the unconstitutionality of Article 13, second paragraph of Law No. 7575 be declared, which provides: "Article 13.- Constitution and administration The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its patrimony. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the Procuraduría General de la República, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized properties owned by the State. (…)." II.- Standing of the Municipal Mayor to file an action of unconstitutionality for the defense of the territorial corporation's autonomy. The Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia files an action of unconstitutionality against Article 13, second paragraph of Law No. 7575, considering it contrary to Articles 168 and 169 of the Political Constitution and essentially harming municipal autonomy. Since judgment No. 2007-07136 of sixteen hours forty-six minutes on the twenty-third of May of two thousand seven, this Court has considered that the action of unconstitutionality filed by a Municipal Mayor, representing a territorial corporation, must, inevitably, have an agreement from the Municipal Council authorizing and empowering it to do so. To that effect, it stated: "...the Municipal Government is in the hands of a deliberative and collegiate body made up of council members and, traditionally and legally, called the Municipal Council. It is that collegiate body that is responsible for exercising local government and adopting cantonal-level territorial policy guidelines. Consequently, it is the Municipal Council, as a political, multi-member, and quintessentially democratic body, that is called upon by the original Constituent to defend and preserve the political autonomy of government proclaimed in the first paragraph of Article 170 of the Constitution. The Mayor - named before the 1998 Código Municipal 'Municipal Executive'- is a unipersonal body of an eminently administrative and executive character, that does not have the political vocation of the Municipal Council. From the perspective of Constitutional Law, the fundamental competence of the Municipal Mayor is the execution of everything resolved by the Municipal Council; consequently, they cannot arrogate functions of a political nature such as seeking the defense and preservation of autonomy without this latter body having pronounced itself in that sense. It must be added, that the current circumstance - since the entry into force of the 1998 Código Municipal - that the Mayor is appointed by popular election, also does not change their nature as an eminently administrative body, and, therefore, subordinated to what the collegiate government body decides. Similarly, the infra-constitutional legal circumstance of assigning the Mayor the condition of judicial and extrajudicial representative does not enable them to act separately from the political criteria established by the Municipal Council. Admitting that the Mayor can file actions of unconstitutionality without consulting and separately from the Municipal Council implies fragmenting or splitting the local government that, constitutionally, was granted exclusively to the Council." In the case under study, the Mayor was previously warned in this regard and provided the agreement referred to. Additionally, the action meets the formal and standing requirements demanded by the Law of the Constitutional Jurisdiction, and its object is one of those indicated in Articles 10 of the Political Constitution and 73 of the cited Law. For this reason, the action is admissible for its study. III.- On the merits. The Municipality of San Rafael de Heredia considers that the challenged norm harms Articles 169 and 170 of the Political Constitution, which establish that the administration of local assets corresponds to the Municipal Government and expressly provides for municipal autonomy. The protection of a healthy and ecologically balanced environment is part of the so-called third-generation rights. Since its creation, the Chamber has held that Article 50 of the Constitution implicitly protected the right to a healthy environment and highlighted the importance and necessity of protecting it, as it constitutes an indispensable condition for people to aspire to live in an environment of quality, with dignity and well-being. Since the constitutional amendment to Article 50 through Law No. 7412 of June 3, 1994, everyone's right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment was expressly regulated. Subsequently, this norm has been developed by the legislator in various laws to enhance and effectuate environmental protection; the Ley Forestal is one of them. Among the elements that make up the environment are air, water, the atmosphere, and of course the soil and all its components. All this forms the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), a concept alluded to by the challenged norm and to which this Court referred in judgment 2008-016975: "(...) the Natural Heritage of the State is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Minister of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) (Ley Forestal, arts. 6 inc. a and 13 pfo.2°, and 14; Ley Orgánica del Ambiente, Article 32, pfo. 2°). Two important components make it up: a) The Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), whatever their management category, declared by Law or Decreto Ejecutivo: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, Article 32; Ley de Biodiversidad No. 7788, arts. 22 and following and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales No. 6084, Article 3° incs. d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE No. 7152 and its Regulations; Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, Article 82, inciso a). b) The other forests and forest lands or lands of forest aptitude belonging to the State and public institutions (Article 13 of the Ley Forestal), which have an immediate legal designation. For the maritime-terrestrial zone, the same Law 6043 (Article 73) excludes Protected Wild Areas from its scope and subjects them to their own legislation. The remaining forested areas and lands of forest aptitude on the coastlines are also under the administration of the Ministry of Environment and Energy and are governed by its specific regulations (Ley Forestal, Article 13 and concordant)." In the case under study, the municipality argues that the questioned norm harms municipal autonomy, since the Political Constitution grants these corporations the power to administer the local interests originating in their territory, among which are the real estate located within their jurisdiction. They argue that, if what is intended is to curtail or dismember the territory or jurisdiction of the municipality, the logical course is to resort to the expropriation process. The State cannot appropriate territories without paying for them, especially since they are not for its exclusive administration. The issue raised pits local interests against national interests, a question that was analyzed by this Court in judgment 1998-001822: "IV.- In relation to the municipal autonomy that is alleged to have been damaged, the Chamber deems it necessary, for a better understanding of the ruling, to establish the scope of the term 'local interest', since municipal autonomy is referred to this type of interest. Numeral 5 of the Código Municipal states: 'The municipal competence, defined in the previous article, does not affect the attributions conferred upon other entities of the Public Administration...'. Regarding municipal autonomy, as the petitioner well indicates, numeral 170 of the Political Constitution establishes that municipal corporations are autonomous, a concept that is developed by secondary legislation in Article 7 of the Código Municipal, which states 'in the exercise of their attributions, the municipalities enjoy the autonomy conferred upon them by the Political Constitution, with inherent powers of Government and of Administration...'. From a doctrinal point of view, this autonomy must be understood as the capacity that Municipalities have to freely decide, and under their own responsibility, everything related to the organization of a specific locality. Thus, a sector of the doctrine has also said that this autonomy implies free election of their own authorities; free management in the matters of their competence, the creation and collection of their own revenues, and specifically everything related to normative, tax, and administrative aspects, defining them, in general terms, as political, normative, tax, and administrative autonomy. The Chamber is clear, and has so maintained in its abundant jurisprudence on the subject, that Article 170 of the Political Constitution and numeral 7 of the Código Municipal, which develops it, have conferred upon the municipalities the management and promotion of local interests and services, under a clear situation of autonomy, which is, without a doubt, freedom from the centralized Administration for the adoption of the entity's fundamental decisions. Now then, as was already suggested, and the Chamber expressly recorded it in judgment number 6469-97 of 16:21 hours on October 8, 1997, '...the territorial decentralization of the municipal regime does not imply a restriction or elimination of the competencies constitutionally assigned to other State bodies...so there exist local interests whose custody corresponds to the Municipalities, and alongside them, others coexist whose constitutional and legal protection is attributed to other public entities, which has been the subject of very clear legislative treatment in Article 5 of the Código Municipal, indicating that generic municipal competence does not affect the attributions conferred upon other entities of the public administration, and that affirmation must be understood, of course, as a constitutionally possible conclusion, but only in principle. And this is so, because when the constituent power included an indeterminate legal concept in Article 169, by stating that the Municipality of each canton is responsible for administering "local" services and interests, defining this concept requires being in contact with the reality to which it is directed, so that the only way to define or distinguish the local from that which is not, must be either the law itself or the jurisprudential interpretation made of these contents. (...) Or what is the same, the local has such a connotation that defining its scope by the legislator or the Judge must lead to maintaining the integrity of local interests and services, so that not even the legislator could issue regulations that tend to dismember the Municipality (territorial element) without doing so through the procedures previously established in the Political Constitution (...). In another turn, there will be tasks that by their nature are municipal and cannot be subtracted from the local to convert them into national services or interests, because doing so would imply dismantling the Municipality and therefore, it is not possible in advance to set the impassable limits of the local, but rather it must be examined in each specific case." In summary, it is the legislator – whose limit is respect for the essential framework of municipal competencies – and eventually the Judge, who must establish, in each case, whether we are dealing with a local or national interest." (judgment 1998-001822). V.- On Article 13, paragraph 2 of the Ley Forestal and Cerro Chompipe.- The challenged norm establishes that MINAET is responsible for the administration of the State's forest heritage (patrimonio forestal del Estado). In the plaintiff's judgment, this harms municipal autonomy, as it prevents the corporation from administering real estate located in its jurisdiction. The Chamber considers, however, that the norm is not unconstitutional insofar as the protection of the natural heritage (patrimonio natural) constitutes a matter of national interest, as indicated in the partially transcribed judgment. The unitary nature of the Costa Rican State, as well as the legal good that is the object of protection – the environment –, have motivated this Court to consider that its protection is a matter of national interest. In this sense, in judgment 5606-96 and in relation to the unitary nature of the Costa Rican State, the Chamber stated: "III.- On the merits. Unitary and Concentrated Structure of the State. The Costa Rican State is, since its founding, a unitary state, which seeks to achieve in the most efficient manner the political ends, objectives, and goals protected by the current legal system (Articles 1 and 9 of the Political Constitution; 1 of the General Law of Public Administration). Based on this unitary nature and for functional reasons and limitations of power, our Political Constitution established an organizational design founded both on the division of powers (Article 9), and on the creation of a model of administrative decentralization, by territory (the Municipalities), and a functional or institutional model and of corporate decentralization. This unitary nature is recognized by constitutional jurisprudence in a reiterative manner (e.g., 4091/94; 7528/97) which identifies Costa Rica as a concentrated unitary State, without any type of political decentralization, but which recognizes a model of administrative decentralization for the better satisfaction of local interests, as well as the provision of services and the carrying out of activities that require technical specialization. Despite the different degree of autonomy with which the public entities that make up the decentralized administration are created, the State as a whole maintains and must maintain a unity and harmony in its actions. IV. Municipal Autonomy; scope. Within this scheme, this Chamber has recognized that the municipal regime is a modality of territorial decentralization, in accordance with the very wording of the first paragraph of Article 168 of the Constitution. Its autonomy is defined, mainly, in Articles 169 and 170 of the Political Constitution which state, in relevant part, that the 'administration of local interests and services shall be in charge of the Municipal Government formed by a deliberative body of popular election and an executive official designated by law' (today the Municipal Mayor); it is a 'corporate system that enjoys autonomy and its own economic resources (budgetary competence).' From this enunciation of the main legal features of the municipal institution, certain elements derive, namely: the existence of a territorial jurisdiction to attend to the interests and services of the local level; the constitution of a population rooted in bonds of neighborliness, so that every inhabitant of the Canton is a citizen (munícipe); the government formed by two differentiated bodies (Council and Mayor) with functions and relationships between them defined; the corporate nature of the institution; constitutional guarantee of independence (autonomy); and the subject matter of its administration, which is formed by everything that is or constitutes 'local interest and service.' From a political point of view, the municipalities are representative governments with competence over a determined territory (canton), with their own legal personality and public powers facing their citizens (inhabitants of the canton); they operate in a decentralized manner vis-à-vis the Government of the Republic, and enjoy constitutionally guaranteed and reinforced autonomy that manifests itself in political matters, in determining their own goals and the normative and administrative means in fulfillment of all types of local public service for the satisfaction of the common good in their community. It can be said, in summary, that municipalities or local governments are territorial entities of a corporate and public, non-state nature, endowed with autonomy in matters of government and functioning insofar as it concerns local interests and services. All of this necessarily implies that in order to correctly define the conformation of the Costa Rican State, there must be an exact assembly in the sum of the Municipal Governments as a whole and individually, in order to the relations and coordinated functioning with the Government of the Republic, to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, and the confusion of rights and obligations between the various parties involved. V-. While it is clear that the unity and concentration of the Costa Rican State implies that the municipalities are not sovereign nor independent States, and that therefore they are obligated to coordinate with the Central Government, for historical reasons that this Chamber has already set forth in the cited judgment 5445-99, the constituent legislator did endow them with autonomy regarding two aspects: the 'local' subject matter and in attention to their 'territory.' (...) As for the first aspect, Article 169 of the Constitution guarantees the Municipal Government the administration of 'local interests and services,' and precisely to define what is 'local' and what is not, it has been peaceably accepted, in our case since 1963 through jurisprudence, that the local interests and services referred to in the cited constitutional article shall be both those indicated by law and those recognized by jurisprudence. This was defined by the Full Court in its extraordinary session of March 17, 1963, on the occasion of an unconstitutionality action filed by the Municipality of Goicoechea against Law 2726 which created the National Service of Aqueducts and Sewers (today AyA), precisely on the topic now under discussion. On this specific point, the majority vote expressed the following: '...since the Charter does not enumerate which are the local interests and services (referred to in Article 169 of the Constitution), it is necessary to understand that they shall be those indicated by law, a law that the Legislative Assembly may modify and even repeal, or those that de facto are carried out, which of course shall maintain their local condition as long as reality does not transform them into general or national ones.' Evidently, in addition to what has been pointed out, 'the local' also has a territorial limit, such that matters, although of local interest, that cannot be strictly administered within the respective territory, lack that autonomous nature. It should also be clarified that although the Law is a valid and recognized parameter to determine when an interest is local or has ceased to be so by the will of the legislator, this power must be understood not to grant the legislator unrestricted freedom to use this instrument to 'degrade' or 'empty' the municipalities and centralize local interests. It is in cases of evident national interest that the legislator can constitute other administrations that deal with matters that could even be of local interest, but that are referred to a broader territorial circumscription, such as a zone, region, or province, as has been the case with the creation of the Board of Port Administration and Development of the Atlantic Slope (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA), of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, to exercise its competence throughout the national territory in matters of drinking water." It is clear that the issuance of a national environmental policy corresponds to the central State. Article 50 of our Constitution grants it the power to plan, protect, and execute public policies in favor of natural resources, so as to achieve the conservation of the same, procure their adequate use, and favor the enjoyment of the right to the environment by individuals and communities. Since this right is one held by all persons, its preservation goes beyond any territorial limitation. In this sense, it is important to remember that environmental problems are, by essence, of general scope: the contamination of the air, of a river, will always exceed local limits and will impact the general collective. The local interest must yield to the national interest, in order to guarantee a unified, coherent, and rational management of the natural resources that make up the nation's natural heritage (patrimonio natural). Because both interests coincide in the same territorial space, the municipal corporations must exercise their functions in this matter in a coordinated and harmonious manner, attending to the objectives and directives of said policy in order to achieve sustainable development that guarantees the preservation, recovery, and promotion of the environment. At the same time, they maintain the biodiversity conservation duties imposed by the legal system. However, the administration as such shall correspond to MINAET, which is the governing body on this matter as provided by Articles 1 and 2, subsection ch) of Law No. 7152 of June 5, 1990. VI.- Conclusion.- The Chamber considers that the administration of the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado) is a matter of national interest and it does not harm the Political Constitution for its administration to correspond to the State. For the above reason, the action must be dismissed. Judge Castillo Víquez adds a note. VII.- Separate note of Judge Castillo Víquez. I have separated from the majority thesis, which holds that the mayor can only file an unconstitutionality action if he has the endorsement of the council. From my perspective, between the council and the mayor there is no hierarchical relationship, but rather an exclusion of competencies by legal mandate, and not by the rule of Constitutional Law (values, principles, and norms). Thus, the mayor may well file an action in defense of local interests and services, as well as of municipal autonomy – political and administrative – when he considers that a norm or an omission affects them. The foregoing is mostly true, starting from the election of the mayor and deputy mayors through universal suffrage, so it is a probable fact that both bodies – the collegial and the individual – have different ideological, political, and legal views on the content of the indeterminate legal concepts of local interests and services, of political and administrative autonomy, and of other competencies proper to local governments. Therefore: The action is dismissed on the merits.- Judge Castillo Víquez adds a note. Gilbert Armijo S. Presidente Fernando Cruz C. Fernando Castillo V. Paul Rueda L. Nancy Hernández L. Alicia Salas T. Yerma Campos C. Digitally Signed Document -- Verification Code -- *6VPLRD4TQ7461* 6VPLRD4TQ7461 EXPEDIENTE N° 15-011871-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. 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