Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En criterio de este Tribunal y de la lectura del texto supra se desprende que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la norma, lo que es diferente a establecer las normas técnicas que permitan evaluar los límites máximos admisibles para no generar contaminación visual. [...] Por lo tanto no es inconstitucional que el Reglamento cuestionado no contemple los parámetros técnicos y jurídicos que deben regular el desarrollo de actividades relacionadas con la contaminación visual. Lo anterior porque sí remite a los interesados en desarrollar obras, actividades o proyectos que impliquen una posible contaminación visual, a la normativa particular que al respecto corresponda [...] El decreto objetado en esta acción no es omiso en los términos reclamados por los accionantes, el hecho que el decreto no contenga las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA, no puede catalogarse como una omisión que lesione los principios contenidos en los artículos 21, 50 y 89 constitucionales.
English (translation)In the opinion of this Court and from reading the above text, it is clear that the Executive Branch must regulate the provision, which is different from establishing the technical standards that allow assessing the maximum permissible limits to avoid visual pollution. [...] Therefore, it is not unconstitutional that the challenged Regulation does not include the technical and legal parameters that should regulate the development of activities related to visual pollution. This is because it does refer those interested in carrying out works, activities, or projects that may cause visual pollution to the specific applicable regulations [...] The decree challenged in this action is not negligent in the terms claimed by the plaintiffs; the fact that the decree does not contain the technical standards referred to in Article 71 of the Environmental Organic Law cannot be classified as an omission that violates the principles contained in Articles 21, 50, and 89 of the Constitution.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 07784 - 2016 Fecha de la Resolución: 08 de Junio del 2016 a las 14:30 Expediente: 13-012064-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas: NO APLICA. 007784-16. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL. REGLAMENTO NO TIENE PARÁMETROS TÉCNICOS PARA REGULAR ACTIVIDADES QUE AFECTEN LA CONTAMINACIÓN VISUAL. Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET de 26 de febrero de 2010. Texto de la resolución *130120640007CO* Exp: 13-012064-0007-CO Res. Nº 2016007784 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del ocho de junio de dos mil dieciseis . Acción de inconstitucionalidad presentada por Christopher Segura Campos, mayor, soltero, estudiante de Derecho, portador de la cédula de identidad número 603730276, vecino de San Ramón, Dala Benavides Álvarez, mayor, soltera, estudiante de Derecho, portadora de la cédula de identidad número 6-0367-0892, vecina de Esparza, Natalia Pérez Monge, mayor, soltera, portadora de la cédula de identidad número 3- 04530823, vecina de San Ramón y Josué Hidalgo Rojas, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad 1-0151-0521, vecino de Alajuela, para que se declare inconstitucional el Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET de 26 de febrero de 2010. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 13:51 hrs. del 23 de octubre del 2013 los accionantes presentan acción de inconstitucionalidad contra el Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET de 26 de febrero de 2010. Manifiestan que el Reglamento viola de manera flagrante el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al paisaje no contaminado, el principio de irreductibilidad del bosque, el principio de progresividad y el principio de no regresión contenidos en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Manifiestan los accionantes que mediante la resolución No. 2008-011696 de las 11:29 hrs. de 25 de julio de 2008, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo tramitado bajo el expediente No. 08-006824-0007- CO, por omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente. Puntualizan que el 26 de febrero de 2010 se aprobó el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual, Decreto No. 35860-MINAET. Sin embargo, aún cuando el Poder Ejecutivo emitió formalmente el Reglamento, este carece de parámetros técnicos y jurídicos que regulen el desarrollo de cualesquiera actividades relacionadas con la contaminación visual. Así, el contenido normativo de este Reglamento es omiso en cuanto al principal objetivo que es la prevención de la contaminación visual. Sus disposiciones son redundantes y la mayoría de sus normas se limitan a remitir a otras disposiciones, algunas de los cuales aún no existen. En este sentido, el Reglamento no satisface, ni en grado mínimo, los parámetros ambientales que la Sala Constitucional ha establecido en su jurisprudencia por lo que resulta claramente insuficiente, lo cual provoca que las violaciones al medio ambiente persistan. 2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta acción de inconstitucionalidad, señalan que se las otorga el artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por estar ante normas que inciden en el núcleo de derechos e intereses que atañen a la colectividad en su conjunto. 3.- Por resolución de las nueve horas y cuarenta y tres minutos del veintiuno de febrero del dos mil catorce, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República (ver registro electrónico). 4.- La Procuraduría General de la República contesta la audiencia otorgada y manifiesta que: a) La Sala Constitucional ha interpretado lo dispuesto en el artículo 89 constitucional en relación con el 50 y ha sostenido que la belleza escénica -el paisaje- forma parte del derecho al ambiente (sentencia número 2003-06324 de 4 de julio de 2003), por lo tanto el paisaje es objeto de tutela constitucional; b) Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) número 7554 de 4 de octubre de 1995, en su artículo 71, define lo que se entiende por contaminación visual; pero, además, impone a cargo del estado la obligación de dictar las medidas adecuadas así como la promoción de su ejecución; c) Según la norma de cita, habrá contaminación visual cuando determinadas acciones, obras o instalaciones sobrepasen lo que las normas técnicas establecen; d) El artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente supone la existencia de normas técnicas que, por su naturaleza, conviene se establezcan vía reglamentaria con el debido respeto al principio constitucional de reserva de ley cuando de limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales se trata; e) Las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA no necesariamente deben estar contenidas en un reglamento específicamente dictado con tal propósito por el Poder Ejecutivo; f) Hay distintos entes públicos cuyas funciones están relacionadas con la protección del paisaje (Municipalidades, Ministerio de Obras Públicas y Transportes); g) Los distintos entes deben, en ejercicio de sus competencias, emitir las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA para prevenir la contaminación ambiental y, de esa forma, proteger el paisaje como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; h) En este sentido, la función del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) como ente rector en materia ambiental es emitir la normativa de coordinación necesaria, tal y como lo hizo con el dictado del Decreto Ejecutivo número 35860-MINAET, que en este tanto cumplió con lo ordenado por esta Sala en la sentencia número 2008-11696 de 25 de julio del 2008; i) El decreto impugnado en esta acción no es omiso en los términos reclamados por los accionantes, toda vez que el que dicho decreto no contenga las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA no constituye una omisión que lesione los principios contenidos en los artículos 21, 50 y 89 constitucionales; j) El artículo 71 de la LOA no establece como obligación a cargo del Poder Ejecutivo el dictado de un reglamento que establezca específicamente esas normas, por el contrario, pueden estar contenidas en diversos reglamentos según las competencias de los distintos entes y órganos; k) Precisamente, el decreto número 35860-MINAET refiere a la regulación específica de aquellos entes u órganos con competencias relacionadas con la tutela de paisaje; l) Limitarse a hacer dichas referencias no constituye una violación a las normas constitucionales citadas pues en principio allí deberían estar contenidas las normas técnicas que menciona el artículo 71 de la LOA; m) En tal sentido, los artículos 4, 5 y 8 refieren a los planes reguladores cantonales; n) El artículo 4 remite específicamente al Manual de Instrumentos Técnicos para la evaluación ambiental de dichos planes; o) Esto tiene especial importancia, pues este manual debería contener las disposiciones que permitan determinarse si se da o no la tutela debida al paisaje en los planes reguladores, específicamente en los reglamentos de construcción que forman parte de dichos planes; p) Hay que tener presente que corresponde a los gobiernos locales dictar la normativa en materia urbanística como parte de los planes reguladores cantonales, y a la SETENA controlar que dichos planes integren la variable ambiental, variable que debería comprender lo relativo a la tutela del paisaje y las bellezas escénicas; q) Finalmente, el artículo 6 remite al MOPT y a la regulación sobre derechos de vía y publicidad exterior; r) Para que la simple remisión a otra normativa conlleve algún vicio de inconstitucionalidad, habría que analizar si la reglamentación a que se hace referencia contiene o no normas técnicas relativas a la protección de paisaje; s) En cuanto a los planes reguladores cantonales lo importante sería determinar si el manual a que hace referencia el artículo 4 del decreto impugnado contiene o no disposiciones que permitan valorar la incorporación o no de normas técnicas sobre la tutela del paisaje en dichos planes; t) Lo mismo habría que decir respecto al decreto ejecutivo número 29253-MOPT de 20 de diciembre de 2000, que es el Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior; u) Habría que analizar dicho decreto para poder determinar si contiene o no normas técnicas relativas al paisaje que sirvan de parámetro para saber si se da o no contaminación visual; v) En el mismo sentido, sería necesario analizar las disposiciones regulatorias vigentes sobre infraestructura de servicios a que hace referencia el artículo 7 del decreto impugnado; w) El decreto impugnado no desmejora el nivel de tutela dispensado al paisaje porque lo que hace es remitir a la normativa que debe contener las disposiciones tutelares; x) Mucho menos afecta el llamado principio de irreductibilidad del bosque porque el decreto objeto de esta acción nada dispone en esta materia; z) La normativa que tutela el bosque en nada se ve afectada por lo que establezca o deje de establecer este decreto, pues no contiene ninguna disposición que permita un cambio de uso del suelo de terrenos forestales o cubiertos de bosque sean de dominio privado o de propiedad pública. En consecuencia, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Procuraduría General de la República, en su condición de Órgano Asesor de la Sala Constitucional, considera que el decreto número 35860 de 26 de febrero de 2010 no es inconstitucional por lo que recomienda que esta acción sea declarada sin lugar por el fondo. 5.- Los edictos a que se refiere el párrafo 2° del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 67, 68 y 69del Boletín Judicial, de los días cuatro, siete y ocho de abril del dos mil catorce (ver registro electrónico). 6.- La audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no se celebró, por considerar esta Sala que los elementos de juicio contenidos en el expediente son suficientes para la resolución del presente asunto. 7.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley. Considerando: I.- SOBRE LA ADMISIBLIDAD: El artículo 75 de la Ley de esta jurisdicción establece que la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad está condicionada a la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, en el que se haya invocado la inconstitucionalidad de la norma o normas impugnadas, de modo que la demanda sirva como un medio razonable para la tutela del derecho o interés que se estima lesionado. Las únicas excepciones posibles son las que señala el párrafo segundo de la misma norma, en el sentido de que no precisa la existencia del asunto previo los casos en que la acción sea deducida por el Contralor, Procurador o Fiscal Generales de la República, o bien por el Defensor de los Habitantes; así como en aquellos supuestos en que, por la naturaleza del caso, no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto. En el presente caso, el accionante formula la acción de inconstitucionalidad con fundamento en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, señalando que las normas impugnadas inciden en el núcleo de derechos e intereses que atañen a la colectividad. II.- OBJETO DE LA ACCIÓN: Los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad del Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET de 26 de febrero de 2010. El Decreto cuestionado estipula: Artículo 1º- Objetivo del Reglamento. El presente reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos generales en la evaluación ambiental, para prevenir los efectos de la contaminación visual. Artículo 2º- Alcance del Reglamento. Los lineamientos establecidos en este reglamento, se aplicarán a las actividades, obras o proyectos que se encuentren en su fase de diseño, en caso de que no exista un plan regulador cantonal con la variable ambiental aprobada. Artículo 3º- Definiciones: a) Actividades, obras o proyectos: Obras o edificaciones realizadas para el desarrollo de la actividad humana. b) Contaminación Visual: Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro. c) Derecho de vía: Franja de terreno propiedad del Estado, de naturaleza demanial, destinada para la construcción de obras viales, para la circulación de vehículos, tránsito de personas y otras obras relacionadas con la seguridad, el ornato y el uso peatonal, generalmente comprendida entre los linderos que la separa de los terrenos privados adyacentes a la vía, no susceptible de uso, ocupación o apropiación particular o con fines particulares, con excepción de los casos de nomenclatura vial, rótulos indicativos de destinos turísticos, actividades y servicios y las paradas en tránsito para el transporte público o para buses. d) Impacto visual: grado de alteración positiva o negativa producida en los recursos o componentes del paisaje. e) Infraestructura de servicios: Comprende todos los elementos que permiten la interconexión a sistemas de telecomunicaciones, agua y electricidad. f) Paisaje: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. g) Plan Regulador Cantonal: Instrumentos de planificación del territorio a nivel local con la inserción de la variable ambiental Artículo 4º- Del desarrollo de actividades. El desarrollo de actividades obras y proyectos se regirá por lo indicado en el Reglamento de desarrollo sostenible de los planes reguladores cantonales, que cuenten con viabilidad ambiental, y conforme a lo estipulado en el Decreto No 32967 del 20 de febrero del 2006, titulado Manual de instrumentos técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Artículo 5º- Planificación del paisaje en las ciudades. Todas las municipalidades, en sus respectivos planes reguladores cantonales, deberán respetar los lineamientos técnicos generales establecidos en este reglamento y en el resto de la regulación existente en la materia, para la prevención de la contaminación visual. Artículo 6º - Colocación de vallas y publicidad en derecho de vía. Se deberá actuar de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 29253-Mopt del 20 de diciembre de 2000, Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior. Artículo 7º- Colocación de infraestructura de servicios. Se deberá actuar conforme a las disposiciones regulatorias vigentes. Artículo 8º- Colocación de vallas y publicidad en zonas de dominio privado. Las vallas y publicidad en terrenos privados, deberán apegarse a las condiciones del presente reglamento y a las disposiciones locales establecidas en los planes reguladores cantonales. Respecto a las ya existentes, una vez cumplidos los compromisos que pudieran haber sido pactados, deberán adecuarse a lo establecido anteriormente. Artículo 9º - Guías de evaluación y de buenas prácticas ambientales. Los diversos tipos de guías ambientales para la evaluación de impacto ambiental y guías de buenas prácticas ambientales, deberán incluir un apartado sobre prevención de la contaminación visual, según los lineamientos establecidos en este reglamento. Artículo 10.- Vigilancia y control. Las autoridades que realizan control ambiental deberán velar por el cumplimiento de lo establecido en este reglamento. Artículo 11.- Incumplimiento de regulaciones y sanciones. Las infracciones por acción u omisión a las regulaciones aquí especificadas, serán sancionadas por los órganos competentes con base en lo establecido en los artículos 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, y/o de conformidad con otra normativa existente. Artículo 12.- Vigencia. Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la República, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diez. III.- SOBRE EL FONDO: Señalan los accionantes que el Reglamento impugnado viola de manera flagrante el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al paisaje no contaminado, el principio de irreductibilidad del bosque, el principio de progresividad y el principio de no regresión contenidos en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Manifiestan los accionantes que mediante sentencia número 2008-011696 de las 11:29 hrs. de 25 de julio de 2008, la Sala Constitucional le otorgó al Poder Ejecutivo el plazo de dos meses para reglamentar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente. Agregan que el 26 de febrero de 2010 se aprobó el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual, Decreto No. 35860-MINAET. Sin embargo, aún cuando el Poder Ejecutivo emitió formalmente el Reglamento, este carece de parámetros técnicos y jurídicos que regulen el desarrollo de cualesquiera actividades relacionadas con la contaminación visual. Así, el contenido normativo de este Reglamento es omiso en cuanto al principal objetivo que es la prevención de la contaminación visual. Sus disposiciones son redundantes y la mayoría de sus normas se limitan a remitir a otras disposiciones, algunas de los cuales aún no existen. En este sentido, el Reglamento no satisface, ni en grado mínimo, los parámetros ambientales que la Sala Constitucional ha establecido en su jurisprudencia por lo que resulta claramente insuficiente, lo cual provoca que las violaciones al medio ambiente persistan. Antes de realizar el análisis de lo impugnado, conviene recordar que ciertamente el reglamento impugnado se dictó luego de que esta Sala Constitucional, mediante resolución número 2008-011696 de las 11:29 horas del 25 de julio del 2008 se declarara con lugar el recurso no.08-006824-0007-CO por la omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente número 7554 publicada en la Gaceta número 215 del trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Así que, allí se le concedió al Poder Ejecutivo el plazo de dos meses contados a partir de la notificación de ésa resolución para que proceda a la reglamentación del artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicho artículo 71 establece: “Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro” En criterio de este Tribunal y de la lectura del texto supra se desprende que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la norma, lo que es diferente a establecer las normas técnicas que permitan evaluar los límites máximos admisibles para no generar contaminación visual. Por su parte los Artículos 4, 5, 6 y 8 del Reglamento cuestionado son claras al remitir a las vías competentes para el cumplimiento efectivo de los lineamientos técnicos, ya sea a los Manuales de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N°32967 del 20 de febrero del 2006, a los planes reguladores de las Municipalidades de cada cantón, a la Secretaría Técnica Ambiental o al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tal y como lo indica el artículo 1 del Reglamento cuestionado, la reglamentación del artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente tiene como finalidad establecer los lineamientos técnicos generales en la evaluación ambiental para prevenir la contaminación visual. Ahora bien, la implementación de esos lineamientos corresponde a los diferentes órganos señalados por el Reglamento, ya sean las Municipalidades competentes, la Secretaría Técnica Ambiental o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quienes deberán emitir dentro del marco de sus competencias las normas técnicas correspondientes para prevenir la contaminación ambiental y controlar que dichas normas integren la variable ambiente y así proteger el paisaje y las bellezas escénicas. Por lo tanto no es inconstitucional que el Reglamento cuestionado no contemple los parámetros técnicos y jurídicos que deben regular el desarrollo de actividades relacionadas con la contaminación visual. Lo anterior porque sí remite a los interesados en desarrollar obras, actividades o proyectos que impliquen una posible contaminación visual, a la normativa particular que al respecto corresponda, es decir, al Decreto N°32967 del 20 de febrero del 2006, titulado Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, al Decreto N°29253-MOPT del 20 de diciembre del 2000, titulado Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, así como a los Planes Reguladores de cada cantón. En cuanto al principio de irreductibilidad del bosque no procede pronunciamiento alguno, toda vez que el Reglamento cuestionado no hace mención alguna respecto a esa materia, ni se acusa afectación concretar con la mera existencia de la norma. En cuanto a los principios de regresión y progresividad el decreto impugnado no disminuye el nivel de protección ambiental al paisaje, por el contrario, y en ese sentido más bien, remite a la normativa que contiene las disposiciones de protección ambiental. El decreto objetado en esta acción no es omiso en los términos reclamados por los accionantes, el hecho que el decreto no contenga las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA, no puede catalogarse como una omisión que lesione los principios contenidos en los artículos 21, 50 y 89 constitucionales. La remisión a otras regulaciones, no supone una omisión esencial respecto del ambiente que sea constitucionalmente relevante. IV.- CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, la acción debe ser desestimada, como en efecto se hace. Por tanto: Se declara sin lugar la acción. Ernesto Jinesta L. Presidente Fernando Cruz C. Fernando Castillo V. Paul Rueda L. Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A. Jose Paulino Hernández G. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *L447SFHGD57K61* L447SFHGD57K61 EXPEDIENTE N° 13-012064-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 03-03-2026 18:46:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Resolución Nº 07784 - 2016 Date of Resolution: June 8, 2016 at 14:30 Expediente: 13-012064-0007-CO Drafted by: Fernando Cruz Castro Type of matter: Acción de inconstitucionalidad Constitutional control: Dismissing judgment Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Relevance Indicators Relevant judgment Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Topic: AMBIENTE Subtopics: NOT APPLICABLE. Topic: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtopics: NOT APPLICABLE. 007784-16. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL. REGLAMENTO NO TIENE PARÁMETROS TÉCNICOS PARA REGULAR ACTIVIDADES QUE AFECTEN LA CONTAMINACIÓN VISUAL. Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET of February 26, 2010. Text of the resolution *130120640007CO* Exp: 13-012064-0007-CO Res. Nº 2016007784 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours thirty minutes on June eight, two thousand sixteen. Acción de inconstitucionalidad filed by Christopher Segura Campos, of legal age, single, law student, bearer of identity card number 603730276, resident of San Ramón, Dala Benavides Álvarez, of legal age, single, law student, bearer of identity card number 6-0367-0892, resident of Esparza, Natalia Pérez Monge, of legal age, single, bearer of identity card number 3-04530823, resident of San Ramón, and Josué Hidalgo Rojas, of legal age, single, bearer of identity card number 1-0151-0521, resident of Alajuela, seeking a declaration that the Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET of February 26, 2010, is unconstitutional. Resultando: 1.- By brief filed in the Secretariat of this Chamber at 13:51 hrs. on October 23, 2013, the claimants file an acción de inconstitucionalidad against the Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET of February 26, 2010. They state that the Regulation flagrantly violates the right to a healthy and ecologically balanced environment, the right to an uncontaminated landscape (paisaje), the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, the principle of progressivity, and the principle of non-regression contained in Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution. The claimants state that through resolution No. 2008-011696 of 11:29 hrs. on July 25, 2008, the Sala Constitucional granted the amparo remedy processed under expediente No. 08-006824-0007-CO, due to the Executive Branch's failure to regulate Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente. They specify that on February 26, 2010, the Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual, Decreto No. 35860-MINAET, was approved. However, even though the Executive Branch formally issued the Regulation, it lacks technical and legal parameters to regulate the development of any activities related to visual pollution (contaminación visual). Thus, the normative content of this Regulation is deficient regarding its main objective, which is the prevention of visual pollution (contaminación visual). Its provisions are redundant, and most of its rules merely refer to other provisions, some of which do not yet exist. In this sense, the Regulation does not meet, even to a minimal degree, the environmental parameters that the Sala Constitucional has established in its jurisprudence, making it clearly insufficient, which causes violations of the environment to persist. 2.- To substantiate the standing they have to bring this acción de inconstitucionalidad, they indicate that it is granted to them by Article 75, paragraph 2, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as they are dealing with norms that affect the core of rights and interests concerning the community as a whole. 3.- By resolution of nine hours and forty-three minutes on February twenty-one, two thousand fourteen, the action was admitted, granting a hearing to the Procuraduría General de la República (see electronic record). 4.- The Procuraduría General de la República responds to the granted hearing and states that: a) The Sala Constitucional has interpreted the provisions of Article 89 of the Constitution in relation to Article 50 and has held that scenic beauty – the landscape (paisaje) – forms part of the right to the environment (judgment number 2003-06324 of July 4, 2003), therefore the landscape (paisaje) is subject to constitutional protection; b) For its part, the Ley Orgánica del Ambiente (LOA) number 7554 of October 4, 1995, in its Article 71, defines what is understood by visual pollution (contaminación visual); but also imposes on the state the obligation to issue the appropriate measures and to promote their execution; c) According to the cited norm, visual pollution (contaminación visual) exists when certain actions, works, or installations exceed what the technical standards establish; d) Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente presupposes the existence of technical standards which, by their nature, it is appropriate to establish via regulations with due respect for the constitutional principle of statutory reservation when limitations on the exercise of fundamental rights are involved; e) The technical standards referred to in Article 71 of the LOA do not necessarily have to be contained in a regulation specifically issued for that purpose by the Executive Branch; f) There are different public entities whose functions are related to the protection of the landscape (paisaje) (Municipalities, Ministerio de Obras Públicas y Transportes); g) The various entities must, in the exercise of their powers, issue the technical standards referred to in Article 71 of the LOA to prevent environmental pollution and, in this way, protect the landscape (paisaje) as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment; h) In this sense, the function of the Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) as the governing body on environmental matters is to issue the necessary coordinating regulations, as it did with the issuance of Decreto Ejecutivo number 35860-MINAET, which in this regard complied with what was ordered by this Chamber in judgment number 2008-11696 of July 25, 2008; i) The decree challenged in this action is not deficient in the terms claimed by the claimants, given that the fact that said decree does not contain the technical standards referred to in Article 71 of the LOA does not constitute a deficiency that injures the principles contained in Articles 21, 50, and 89 of the Constitution; j) Article 71 of the LOA does not establish as an obligation for the Executive Branch the issuance of a regulation that specifically establishes those standards; on the contrary, they can be contained in various regulations according to the powers of the different entities and bodies; k) Precisely, decree number 35860-MINAET refers to the specific regulation of those entities or bodies with powers related to the protection of the landscape (paisaje); l) Merely making such references does not constitute a violation of the cited constitutional norms, because in principle, the technical standards mentioned in Article 71 of the LOA should be contained there; m) In this regard, Articles 4, 5, and 8 refer to cantonal regulatory plans (planes reguladores cantonales); n) Article 4 specifically refers to the Manual de Instrumentos Técnicos for the environmental assessment of said plans; o) This is especially important, since this manual should contain the provisions that allow determining whether or not due protection is given to the landscape (paisaje) in regulatory plans (planes reguladores), specifically in the construction regulations that form part of said plans; p) It must be kept in mind that local governments are responsible for issuing regulations on urban planning matters as part of the cantonal regulatory plans (planes reguladores cantonales), and that SETENA is responsible for controlling that said plans integrate the environmental variable, a variable that should include matters relating to the protection of the landscape (paisaje) and scenic beauties; q) Finally, Article 6 refers to the MOPT and the regulation on rights-of-way and outdoor advertising; r) For the mere reference to other regulations to entail any vice of unconstitutionality, it would be necessary to analyze whether the regulation referred to contains or does not contain technical standards relating to the protection of the landscape (paisaje); s) Regarding cantonal regulatory plans (planes reguladores cantonales), the important thing would be to determine whether the manual referred to in Article 4 of the challenged decree contains or does not contain provisions that allow assessing the incorporation or non-incorporation of technical standards on the protection of the landscape (paisaje) in said plans; t) The same should be said regarding decreto ejecutivo number 29253-MOPT of December 20, 2000, which is the Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior; u) It would be necessary to analyze said decree to determine whether or not it contains technical standards relating to the landscape (paisaje) that serve as a parameter to know whether or not visual pollution (contaminación visual) occurs; v) In the same vein, it would be necessary to analyze the current regulatory provisions on service infrastructure referred to in Article 7 of the challenged decree; w) The challenged decree does not diminish the level of protection afforded to the landscape (paisaje) because what it does is refer to the regulations that must contain the protective provisions; x) Much less does it affect the so-called principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, because the decree that is the object of this action provides nothing on this matter; z) The regulations that protect the forest are in no way affected by what this decree establishes or fails to establish, since it does not contain any provision that allows a land-use change (cambio de uso del suelo) of forested or forest cover (cobertura boscosa) lands, whether privately owned or publicly owned. Consequently, and in accordance with the foregoing, this Procuraduría General de la República, in its capacity as Advisory Body to the Sala Constitucional, considers that decree number 35860 of February 26, 2010 is not unconstitutional and therefore recommends that this action be declared without merit on the merits. 5.- The notices referred to in paragraph 2 of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in numbers 67, 68, and 69 of the Boletín Judicial, on April four, seven, and eight, two thousand fourteen (see electronic record). 6.- The oral and public hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional was not held, as this Chamber considers that the elements of judgment contained in the expediente are sufficient for the resolution of this matter. 7.- The prescribed legal procedures have been followed in these proceedings. Considerando: I.- ON ADMISSIBILITY: Article 75 of the Law of this jurisdiction establishes that the admissibility of an acción de inconstitucionalidad is conditioned on the existence of a prior pending matter, in which the unconstitutionality of the challenged norm or norms has been invoked, so that the lawsuit serves as a reasonable means for the protection of the right or interest deemed injured. The only possible exceptions are those indicated in the second paragraph of the same norm, in the sense that the existence of a prior matter is not required in cases where the action is brought by the Contralor, Procurador or Fiscal Generales de la República, or by the Defensor de los Habitantes; as well as in those cases where, due to the nature of the case, there is no individual and direct injury, or it involves the defense of diffuse interests or those concerning the community as a whole. In the present case, the claimant files the acción de inconstitucionalidad based on the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, noting that the challenged norms affect the core of rights and interests concerning the community. II.- OBJECT OF THE ACTION: The claimants request that the unconstitutionality of the Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET of February 26, 2010, be declared. The challenged Decree stipulates: Article 1.- Objective of the Regulation. The purpose of this regulation is to establish general technical guidelines in environmental assessment (evaluación ambiental), to prevent the effects of visual pollution (contaminación visual). Article 2.- Scope of the Regulation. The guidelines established in this regulation shall apply to activities, works, or projects that are in their design phase, in the event that there is no cantonal regulatory plan (plan regulador cantonal) with the environmental variable approved. Article 3.- Definitions: a) Activities, works, or projects: Works or buildings carried out for the development of human activity. b) Visual Pollution (Contaminación Visual): Actions, works, or installations that exceed, to the temporary or permanent detriment of the landscape (paisaje), the maximum allowable limits established by the technical standards in force or issued in the future, shall be considered visual pollution (contaminación visual). c) Right-of-way (Derecho de vía): Strip of land owned by the State, of public domain nature, intended for the construction of road works, for the circulation of vehicles, transit of people, and other works related to safety, ornamentation, and pedestrian use, generally comprised between the boundaries separating it from private lands adjacent to the road, not susceptible to use, occupation, or appropriation for private or particular purposes, except in cases of road nomenclature, signs indicating tourist destinations, activities and services, and transit stops for public transport or buses. d) Visual impact (Impacto visual): degree of positive or negative alteration produced in the resources or components of the landscape (paisaje). e) Service infrastructure (Infraestructura de servicios): Comprises all elements that allow interconnection to telecommunications, water, and electricity systems. f) Landscape (Paisaje): any part of the territory as perceived by the population, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors. g) Cantonal Regulatory Plan (Plan Regulador Cantonal): Instruments for territorial planning at the local level with the inclusion of the environmental variable. Article 4.- On the development of activities. The development of activities, works, and projects shall be governed by what is indicated in the Reglamento de desarrollo sostenible of the cantonal regulatory plans (planes reguladores cantonales), which have environmental viability, and in accordance with the stipulations of Decreto No 32967 of February 20, 2006, entitled Manual de instrumentos técnicos for the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process. Article 5.- Landscape planning in cities. All municipalities, in their respective cantonal regulatory plans (planes reguladores cantonales), must respect the general technical guidelines established in this regulation and in the rest of the existing regulation on the matter, for the prevention of visual pollution (contaminación visual). Article 6.- Placement of billboards and advertising on the right-of-way. Actions must be in accordance with Decreto Ejecutivo Nº 29253-Mopt of December 20, 2000, Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior. Article 7.- Placement of service infrastructure. Actions must be in accordance with the current regulatory provisions. Article 8.- Placement of billboards and advertising in private domain areas. Billboards and advertising on private lands must conform to the conditions of this regulation and to the local provisions established in the cantonal regulatory plans (planes reguladores cantonales). Regarding existing ones, once the commitments that may have been agreed upon are fulfilled, they must be adapted to the above stipulations. Article 9.- Environmental assessment and good practice guides. The various types of environmental guides for environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and guides for good environmental practices must include a section on the prevention of visual pollution (contaminación visual), according to the guidelines established in this regulation. Article 10.- Surveillance and control. The authorities that carry out environmental control must ensure compliance with the provisions of this regulation. Article 11.- Non-compliance with regulations and sanctions. Infractions by action or omission to the regulations specified herein shall be sanctioned by the competent bodies based on the provisions of Articles 99, 100, and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente, and/or in accordance with other existing regulations. Article 12.- Validity. Shall be effective upon its publication. Issued at the Presidency of the Republic on February twenty-six, two thousand ten. III.- ON THE MERITS: The claimants argue that the challenged Regulation flagrantly violates the right to a healthy and ecologically balanced environment, the right to an uncontaminated landscape (paisaje), the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, the principle of progressivity, and the principle of non-regression contained in Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution. The claimants state that through judgment number 2008-011696 of 11:29 hrs. on July 25, 2008, the Sala Constitucional granted the Executive Branch a period of two months to regulate Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente. They add that on February 26, 2010, the Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual, Decreto No. 35860-MINAET was approved. However, even though the Executive Branch formally issued the Regulation, it lacks technical and legal parameters to regulate the development of any activities related to visual pollution (contaminación visual). Thus, the normative content of this Regulation is deficient regarding its main objective, which is the prevention of visual pollution (contaminación visual). Its provisions are redundant, and most of its rules merely refer to other provisions, some of which do not yet exist. In this sense, the Regulation does not meet, even to a minimal degree, the environmental parameters that the Sala Constitucional has established in its jurisprudence, making it clearly insufficient, which causes violations of the environment to persist. Before analyzing what is challenged, it is worth recalling that the challenged regulation was indeed issued after this Sala Constitucional, through resolution number 2008-011696 of 11:29 hours on July 25, 2008, granted recurso no. 08-006824-0007-CO due to the Executive Branch's failure to regulate Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente number 7554 published in Gaceta number 215 on November thirteen, nineteen ninety-five. Thus, the Executive Branch was granted a period of two months from the notification of that resolution to proceed with the regulation of Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente. Said Article 71 establishes: “Actions, works, or installations that exceed, to the temporary or permanent detriment of the landscape (paisaje), the maximum allowable limits established by the technical standards in force or issued in the future, shall be considered visual pollution (contaminación visual).” In the opinion of this Tribunal and from reading the above text, it is clear that the Executive Branch must regulate the norm, which is different from establishing the technical standards that allow evaluating the maximum allowable limits so as not to generate visual pollution (contaminación visual). For their part, Articles 4, 5, 6, and 8 of the challenged Regulation are clear in referring to the competent channels for the effective fulfillment of the technical guidelines, whether to the Manuales de Instrumentos Técnicos for the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) Process, Decreto N°32967 of February 20, 2006, to the regulatory plans (planes reguladores) of the Municipalities of each canton, to the Secretaría Técnica Ambiental, or to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. As indicated in Article 1 of the challenged Regulation, the regulation of Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente aims to establish general technical guidelines in environmental assessment (evaluación ambiental) to prevent visual pollution (contaminación visual). Now, the implementation of these guidelines corresponds to the different bodies indicated by the Regulation, whether the competent Municipalities, the Secretaría Técnica Ambiental, or the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, which must issue, within the framework of their powers, the corresponding technical standards to prevent environmental pollution and control that said standards integrate the environment variable and thus protect the landscape (paisaje) and scenic beauties. Therefore, it is not unconstitutional that the challenged Regulation does not contemplate the technical and legal parameters that must regulate the development of activities related to visual pollution (contaminación visual). This is because it does refer those interested in developing works, activities, or projects that may involve possible visual pollution (contaminación visual) to the specific regulations that apply in each case, that is, to Decreto N°32967 of February 20, 2006, titled Manual de Instrumentos Técnicos for the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) Process, to Decreto N°29253-MOPT of December 20, 2000, titled Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, as well as to the Planes Reguladores of each canton. Regarding the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, no pronouncement is appropriate, since the challenged Regulation makes no mention whatsoever of that matter, nor is any specific harm alleged from the mere existence of the norm. Regarding the principles of regression and progressivity, the challenged decree does not diminish the level of environmental protection for the landscape (paisaje); on the contrary, in that sense, it actually refers to the regulations that contain the environmental protection provisions. The decree challenged in this action is not deficient in the terms claimed by the claimants. The fact that the decree does not contain the technical standards referred to in Article 71 of the LOA cannot be classified as a deficiency that injures the principles contained in Articles 21, 50, and 89 of the Constitution. The reference to other regulations does not constitute an essential omission regarding the environment that is constitutionally relevant. IV.- CONCLUSION: For all the foregoing reasons, the action must be dismissed, as is hereby done. Por tanto: The action is declared without merit. Ernesto Jinesta L. President Fernando Cruz C. Fernando Castillo V. Paul Rueda L. Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A. Jose Paulino Hernández G. Digitally Signed Document -- Verification code -- *L447SFHGD57K61* L447SFHGD57K61 EXPEDIENTE N° 13-012064-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Corte Suprema de Justicia Building, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-03-2026 18:46:50.