Res. 02816-2017 Sala Constitucional — Closure of gas station built without permits or environmental viabilityClausura de gasolinera construida sin permisos ni viabilidad ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 02816 - 2017

Fecha de la Resolución: 24 de Febrero del 2017 a las 09:30

Expediente: 16-016968-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

*160169680007CO*

Exp: 16-016968-0007-CO

Res. Nº 2017002816

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete .

                 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 16-016968-0007-CO, interpuesto por JOSE ANIBAL ARRIETA SEQUEIRA, cédula de identidad 0501430693, mayor,   contra  LA MUNICIPALIDAD DE UPALA.

Resultando:

                1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:41 del 2 de diciembre de 2016, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Upala, y expresa que es representante de Multiservicios del Norte Armo Sociedad Anónima, que es propietaria de estaciones de servicio a las afueras de Upala. Indica que el 16 de septiembre de 2015 envió un comunicado a la recurrida, informando la resolución de las 09:30 hrs. de 9 de junio de 2015, emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía (expediente administrativo No. D1-9741-2013-SETENA), en la que se denegó la viabilidad ambiental y se ordenó el archivo definitivo del expediente referente al "Proyecto Servicentro La Revera S.A.", mediante el cual se pretendía construir e instalar una nueva estación de servicio para el expendio de combustible en el centro de Upala.  requeridas para su aprobación. Acusa que dicha municipalidad otorgó, anticipadamente, los permisos de construcción respectivos, pese a no contar con criterios técnicos suficientes que respaldaran el proyecto. Señala que el 8 de agosto de 2016,  requirió ante la recurrida, información respecto a la solicitud de uso de suelo para la instalación de la gasolinera privada de autoconsumo propiedad de la empresa Inmobiliaria Rosela R&L S.A. Aduce que por oficio No. DAMU-AA-139-2016 de 9 de agosto de 2016, se le informó que a la compañía citada se le concedió, de forma condicionada, la ubicación para futura construcción de la gasolinera privada de autoconsumo. Lo anterior, siempre y cuando, al momento de tramitar el permiso de construcción municipal, se cumpla con la aprobación de los planos constructivos por parte de las autoridades competentes, así como la viabilidad ambiental de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el aval del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Reclama que, a la fecha de interposición de este amparo, la empresa Inmobiliaria Rosela R&L S.A. se encuentra en operación, pese a que no gestionó la solicitud de viabilidad ambiental ante la SETENA. Estima que la omisión por parte de la municipalidad recurrida pone en riesgo la protección adecuada del medio ambiente y de los recursos de la zona, con el perjuicio que esto significa para los vecinos de las comunidades aledañas.  Solicita que se declare con lugar el recurso, y se ordene la anulación del oficio No. D&CU U.S. 0608-2016 de 20 de julio de 2016 emitido por la Municipalidad de Upala.

                2.- Informa bajo juramento Juan Acevedo Hurtado, en su calidad de Alcalde de Upala, que es cierto que la empresa Inmobiliaria Rosela R&L S.A. no cuentan con ningún tipo de permiso municipal, pues lo único que tramitó fue un uso de suelo para una gasolinera privada de autoconsumo, en la propiedad con plano catastro 2-1093083-2006. Indica que dicho uso de suelo fue otorgado en forma condicionada al cumplimiento de toda la normativa vigente, tanto en materia ambiental como en manejo de hidrocarburos. Agrega que la empresa de cita no cuentan con ningún tipo de licencia constructiva, pues el último movimiento registrado fue la declaración de bienes el 7 de junio de 2013. Acepta que en la propiedad antes citada, actualmente se puede visualizar una estación de servicio de combustible, así como un galerón, los cuales fueron construidos sin los permisos respectivos. Niega que exista peligro de contaminación del recurso hídrico, pues conforme lo señalado en el oficio Acueducto 055-2016, no existe evidencia de que el diámetro de la tubería traslape el terreno, ya que el tubo de agua potable está colocado frente a la calle pública. Asegura que se está realizando la investigación sobre la existencia de irregularidades cometidas por Inmobiliaria Rosela R&L S.A., y una vez comprobados los hechos se continuará con el debido proceso, para entablar las responsabilidades del caso. Por lo anterior, pide que se desestime el recurso.

3.- Por resolución de las 10:55 del 12 de enero de 2017, el Magistrado Instructor del presente asunto solicitó al Director del Registro Nacional y al Alcalde de Upala, que aportaran un documento en el que constara el nombre y la dirección en que podía ser localizado el representante legal de la empresa Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima.

4.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 17 de enero de 2017, el Registro Nacional cumplió con la prevención hecha por la resolución de las 10:55 del 12 de enero de 2017.

5.- Por resolución de las 11:21 del 19 de enero de 2017, el Magistrado Instructor del presente asunto confirió audiencia al representante legal de Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima.

6.- Mediante constancia del 23 de enero de 2017, el notificador de la Oficina de Comunicaciones Judiciales del I Circuito Judicial de Alajuela indica que no pudo localizar al representante legal de Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima, en la dirección señalada por el Registro Nacional.

7.-  Por resolución de las 14:42 del 3 de febrero de 2017, el Magistrado Instructor del presente asunto dispuso la presentación del representante legal de Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima, por medio de la Oficina de Localizaciones y Presentaciones del Organismo de Investigación Judicial, con el fin de que le fuera notificada la resolución de las 11:21 del 19 de enero de 2017.

8.- Rinde informe Miguel Zamora Herrera, en su calidad de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima, que es cierto que su representada es propietaria registral del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Partido de Alajuela, matrícula 427404-000. En dicho inmueble se ubica una gasolinera privada de autoconsumo, que todavía no está en funcionamiento. Aduce que su representada ya cuenta con la mayoría de los requisitos que se necesitan para la obtención del permiso definitiva para el funcionamiento de la estructura de cita, siendo que se encuentra próxima a obtener el aval hidrogeológico del SENARA y la viabilidad ambienta de SETENA. Reitera que la gasolinera privada de autoconsumo no está en operación, y no se aporta prueba alguna que demuestre lo contrario. Por lo anterior, pide que se desestime el recurso.

9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 

                 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

               I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

                a) Por oficio D&CU U.S 0608-2016 del 20 de julio de 2016, la Municipalidad de Upala concedió a Inmobiliaria Rosela R&L S.A. un uso de suelo conforme para el desarrollo de una gasolinera privada de autoconsumo, en la propiedad con plano catastro 2-1093083-2006. En dicho documento, se informó que se concedía en forma condicionada la resolución municipal para la ubicación de la construcción de dicha infraestructura, siempre y cuando, al momento de tramitar el permiso de construcción municipal, se cumpliera con una serie de requisitos y permisos de otras instituciones. (Informe de la autoridad recurrida y prueba aportada a los autos).

                b) A la fecha en que la autoridad recurrida rinde su informe en el presente asunto, ya se había realizado la construcción de una estación de servicio, así como de un galerón y una tapia de cemento, sin contar con los respectivos permisos municipales. (Informe y prueba de la autoridad recurrida)

                 II.- Hechos no probados. Ninguno de relevancia para la resolución de este asunto.

                III.-Sobre el fondo. En el caso en estudio, el recurrente cuestiona que mediante el oficio número D&CU U.S 0608-2016 del 20 de julio de 2016, la Municipalidad de Upala autorizó la construcción de una gasolinera, a pesar de que no contaba con la autorización respectiva por parte del SETENA. Asimismo, acusa que a la fecha dicha infraestructura ya fue desarrollada, sin que se otorgaran los permisos del caso. En lo que atañe al primero de los reclamos del accionante, debe señalarse que tras analizar el documento cuestionado, se desprende que, contrario a lo que se afirma en el libelo de interposición, en el mismo la corporación accionada no otorga un permiso de construcción para el desarrollo de una estación de servicio, sino únicamente emitido un certificado de uso de suelo para eventualmente desarrollar dicho proyecto, una vez que se contara con todos permisos establecidos por la legislación. En virtud de lo anterior, la Sala no considera que se presente la violación alegada por el accionante, por lo que si este estima que el uso de suelo otorgado no es procedente, deberá plantear los alegatos del caso ante la vía ordinaria, con el fin de que se resuelva ahí lo que corresponda. Por otra parte, en lo que respecta al segunde los alegatos del recurrente, el Tribunal estima que éste sí lleva razón en su reclamo, pues en su informe el Alcalde de Upala acepta que ya fue construida una estación de servicio, junto con un galerón y una tapia de cemento, sin que existieran los permisos municipales respectivos. Lo anterior, sin lugar a dudas implica una violación al numeral 169 de la Constitución Política, toda vez que conforme lo dispuesto por dicho artículo, la Municipalidad de Upala se encontraba en la obligación de velar que el proyecto antes citado no fuera desarrollado sin contar con todas las autorizaciones exigidas por el ordenamiento jurídico, sobre todo, si se toma en cuenta que por su naturaleza, puede ponerse en riesgo la integridad de los habitantes del cantón. Asimismo, existe una clara vulneración a los numerales 21 y 50 de la Carta Magna, en tanto la construcción y eventual operación de la estructura citada, sin contar con las autorizaciones correspondientes, pone en riesgo el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan el sector. En ese sentido, conviene recordar que, en reiteradas ocasiones, este Tribunal ha señalado que las distintas autoridades se encuentran en la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar, o al menos disminuir, los daños generados por las actividades humanas en el medio ambiente. De esa forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente -o una duda fundada al respecto-, los principios rectores del Derecho al Ambiente exigen medidas de prevención o precaución para que esa afectación no se produzca o se posponga la actividad de que se trate, por cuanto de producirse las consecuencias biológicas y sociales nocivas, una acción a posteriori resultaría ineficaz y se limitaría a una trascendencia meramente económica. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo requiere que cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables. Este principio se puede aplicar cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero existen elementos suficientes para preveer eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio se refiere a los casos en los que, según el principio 15 de la Declaración de Río, existe falta de certeza científica sobre los riesgos y sus impactos de cierta actividad. En general, se indica que la diferencia entre el principio preventivo y precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra genere. El principio precautorio solo aplica si existe tal estado de duda resultado de determinada información científica, estudios técnicos, etc., que estén disponibles o se hayan realizado. Ahora bien, con base en lo anterior, la Sala estima necesario establecer que, si bien la Ley de Construcciones establece una serie de sanciones para las edificaciones que no cuenten con los permisos respectivos, tales como la imposición de una multa, o incluso su demolición, en este caso, y que en aplicación del principio preventivo, el recurso debe ser acogido, ordenando la clausura del inmueble de cita, hasta tanto no cumpla con los requerimientos establecidos por el ordenamiento jurídico. Esto, sin perjuicio de las otras sanciones que conforme la normativa ordinaria, pueda llegar a imponer la corporación accionada.

                IV.- NOTA DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO. El suscrito Magistrado aclara que los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, en este caso no lo hará así, ya que, se acusa una presunta contaminación causada por la construcción de una gasolinera que no cuenta con los respectivos permisos y en la que, por ende, no existió intervención administrativa alguna en materia ambiental. En concreto, el suscrito Magistrado considera que, en la especie, se encuentran en juego los derechos a la salud, a la integridad y a gozar de un ambiente sano, así como de un nivel digno de calidad de vida.

          V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que, en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa problemas de contaminación causados por la construcción irregular de una gasolinera sin los permisos respectivos y sin la intervención administrativa en materia ambiental, lo que afecta al amparado y demás vecinos del lugar, con violación de su derecho a la salud y al disfrute de un nivel digno de calidad de vida.

                VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

                 Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Juan Acevedo Hurtado, en su calidad de Alcalde de Upala, o a quien ocupe su cargo, realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que de inmediato se clausuren las obras de la estación de servicio y demás infraestructura, que fueron construidas sin contar con los permisos de construcción respectivos, y que fueron objeto de este recurso de amparo, hasta tanto no cumplan con los requerimientos establecidos por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, sin perjuicio de las otras sanciones que conforme la normativa ordinaria, pueda llegar a imponer la corporación accionada.Se advierte al recurrido, o a quien ocupe su cargo, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Upala al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que dieron lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado ponen notas.

                

 

 

 

 

	

Ernesto Jinesta L.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Fernando Castillo V.




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Jose Paulino Hernández G.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*SSYJDFID3GO61*

 SSYJDFID3GO61

EXPEDIENTE N° 16-016968-0007-CO

 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:44:41.

SCIJ de Hacienda
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Constitutional Chamber

Resolution No. 02816 - 2017

Date of Resolution: February 24, 2017 at 09:30

Case File: 16-016968-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of Case: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER





Text of the resolution

*160169680007CO*

Exp: 16-016968-0007-CO

Res. No. 2017002816

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on February twenty-fourth, two thousand seventeen.

                 Amparo action processed in case file number 16-016968-0007-CO, filed by JOSE ANIBAL ARRIETA SEQUEIRA, identity card 0501430693, of legal age, against THE MUNICIPALITY OF UPALA.

Whereas:

                1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 14:41 on December 2, 2016, the petitioner files an amparo action against the Municipality of Upala, and states that he is a representative of Multiservicios del Norte Armo Sociedad Anónima, which owns service stations on the outskirts of Upala. He indicates that on September 16, 2015, he sent a communication to the respondent, reporting the resolution of 09:30 hrs. on June 9, 2015, issued by the Ministry of Environment and Energy (administrative file No. D1-9741-2013-SETENA), in which the environmental feasibility (viabilidad ambiental) was denied and the definitive closure of the file regarding the "Servicentro La Revera S.A. Project" was ordered, through which it was intended to build and install a new service station for the sale of fuel in the center of Upala. required for its approval. He accuses that said municipality granted, in advance, the respective construction permits, despite not having sufficient technical criteria to support the project. He notes that on August 8, 2016, he requested information from the respondent regarding the application for land use (uso de suelo) for the installation of the private self-consumption gas station owned by the company Inmobiliaria Rosela R&L S.A. He alleges that by official letter No. DAMU-AA-139-2016 of August 9, 2016, he was informed that the cited company was conditionally granted the location for the future construction of the private self-consumption gas station. The foregoing, provided that, at the time of processing the municipal construction permit, approval of the construction plans by the competent authorities is obtained, as well as the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) and the endorsement of the Ministry of Public Works and Transport. He claims that, on the date of filing this amparo, the company Inmobiliaria Rosela R&L S.A. is in operation, despite not having processed the application for environmental feasibility (viabilidad ambiental) before SETENA. He considers that the omission by the respondent municipality endangers the adequate protection of the environment and the area's resources, with the harm this means for the residents of the neighboring communities. He requests that the action be declared with merit, and that official letter No. D&CU U.S. 0608-2016 of July 20, 2016, issued by the Municipality of Upala, be ordered annulled.

                2.- Juan Acevedo Hurtado, in his capacity as Mayor of Upala, reports under oath that it is true that the company Inmobiliaria Rosela R&L S.A. does not have any type of municipal permit, since the only thing it processed was a land use (uso de suelo) for a private self-consumption gas station, on the property with cadastral map 2-1093083-2006. He indicates that said land use (uso de suelo) was granted conditionally upon compliance with all current regulations, both in environmental matters and in hydrocarbon management. He adds that the cited company does not have any type of construction license, since the last recorded activity was the declaration of assets on June 7, 2013. He accepts that on the aforementioned property, a fuel service station can currently be seen, as well as a large shed (galerón), which were built without the respective permits. He denies that there is a danger of contamination of the water resource, since as indicated in official letter Acueducto 055-2016, there is no evidence that the diameter of the pipe overlaps the land, given that the drinking water pipe is placed in front of the public road. He assures that an investigation is being carried out into the existence of irregularities committed by Inmobiliaria Rosela R&L S.A., and once the facts are confirmed, the due process will continue to establish the corresponding responsibilities. Therefore, he requests that the action be dismissed.

3.- By resolution of 10:55 on January 12, 2017, the Instructing Magistrate of this matter requested the Director of the National Registry and the Mayor of Upala to provide a document stating the name and address where the legal representative of the company Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima could be located.

4.- By document received at the Secretariat of the Chamber on January 17, 2017, the National Registry complied with the order made by the resolution of 10:55 on January 12, 2017.

5.- By resolution of 11:21 on January 19, 2017, the Instructing Magistrate of this matter granted a hearing to the legal representative of Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima.

6.- By certification of January 23, 2017, the process server of the Office of Judicial Communications of the First Judicial Circuit of Alajuela indicates that they could not locate the legal representative of Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima at the address provided by the National Registry.

7.- By resolution of 14:42 on February 3, 2017, the Instructing Magistrate of this matter ordered the presentation of the legal representative of Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima, through the Office of Location and Presentations of the Judicial Investigation Agency, for the purpose of notifying them of the resolution of 11:21 on January 19, 2017.

8.- Miguel Zamora Herrera reports, in his capacity as president with powers of most general attorney without limit of sum of Inmobiliaria Rosela R&L Sociedad Anónima, that it is true that his represented company is the registered owner of the property registered in the National Registry, Alajuela Registry Section, title number 427404-000. A private self-consumption gas station is located on said property, which is not yet in operation. He alleges that his represented company already meets most of the requirements needed to obtain the definitive permit for the operation of the cited structure, being that it is close to obtaining the hydrogeological endorsement from SENARA and the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA. He reiterates that the private self-consumption gas station is not in operation, and no evidence is provided to prove otherwise. Therefore, he requests that the action be dismissed.

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

 

                 Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

               I.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:

                a) By official letter D&CU U.S 0608-2016 of July 20, 2016, the Municipality of Upala granted Inmobiliaria Rosela R&L S.A. a compliant land use (uso de suelo) for the development of a private self-consumption gas station, on the property with cadastral map 2-1093083-2006. In said document, it was reported that the municipal resolution for the location of the construction of said infrastructure was granted conditionally, provided that, at the time of processing the municipal construction permit, a series of requirements and permits from other institutions were met. (Report from the respondent authority and evidence provided to the case file).

                b) On the date the respondent authority submits its report in this matter, the construction of a service station had already been carried out, as well as a large shed (galerón) and a concrete wall (tapia de cemento), without having the respective municipal permits. (Report and evidence from the respondent authority)

                 II.- Facts not proven. None of relevance for the resolution of this matter.

                III.- On the merits. In the case under study, the petitioner questions that through official letter number D&CU U.S 0608-2016 of July 20, 2016, the Municipality of Upala authorized the construction of a gas station, despite it not having the respective authorization from SETENA. Likewise, he accuses that to date said infrastructure has already been developed, without the relevant permits being granted. Regarding the first of the petitioner's claims, it must be noted that after analyzing the questioned document, it is clear that, contrary to what is stated in the filing brief, the respondent corporation did not grant a construction permit for the development of a service station, but rather only issued a land-use certificate (certificado de uso de suelo) to eventually develop said project, once all permits established by legislation were obtained. By virtue of the foregoing, the Chamber does not consider that the violation alleged by the petitioner exists, so if he considers that the land use (uso de suelo) granted is not appropriate, he must raise the relevant arguments before the ordinary jurisdiction, so that what is appropriate can be resolved there. On the other hand, with respect to the second of the petitioner's arguments, the Court considers that he is indeed correct in his claim, since in his report the Mayor of Upala accepts that a service station has already been built, together with a large shed (galerón) and a concrete wall (tapia de cemento), without the respective municipal permits existing. The foregoing, without a doubt, implies a violation of provision 169 of the Political Constitution, since as provided by said article, the Municipality of Upala was under the obligation to ensure that the aforementioned project was not developed without all the authorizations required by the legal system, especially considering that by its nature, the integrity of the canton's inhabitants could be put at risk. Likewise, there is a clear violation of provisions 21 and 50 of the Magna Carta, insofar as the construction and eventual operation of the cited structure, without the corresponding authorizations, endangers the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people who inhabit the sector. In this sense, it is worth recalling that, on repeated occasions, this Court has indicated that the various authorities are obliged to adopt all necessary measures to avoid, or at least reduce, the damages generated by human activities on the environment. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage to the environment—or a well-founded doubt in this regard—the guiding principles of Environmental Law require measures of prevention or precaution so that this impact does not occur or the activity in question is postponed, because if the harmful biological and social consequences were to occur, a subsequent action would be ineffective and limited to a merely economic transcendence. In this line of thought, the specialized doctrine has indicated that the preventive principle requires that when there is certainty of possible damages to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified as at least probable. This principle can be applied when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle refers to cases in which, according to principle 15 of the Rio Declaration, there is a lack of scientific certainty about the risks and their impacts of a certain activity. In general, it is indicated that the difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work generates. The precautionary principle only applies if such a state of doubt exists resulting from certain scientific information, technical studies, etc., that are available or have been carried out. Now, based on the foregoing, the Chamber deems it necessary to establish that, although the Construction Law establishes a series of sanctions for buildings that do not have the respective permits, such as the imposition of a fine, or even their demolition, in this case, and applying the preventive principle, the action must be upheld, ordering the closure of the cited property, until it complies with the requirements established by the legal system. This, without prejudice to the other sanctions that, according to ordinary regulations, the respondent corporation may impose.

                IV.- NOTE BY MAGISTRATE JINESTA LOBO. The undersigned Magistrate clarifies that environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, are referred to the administrative contentious jurisdiction. However, in this case he will not do so, since an alleged contamination is accused, caused by the construction of a gas station that does not have the respective permits and in which, therefore, there was no administrative intervention whatsoever in environmental matters. Specifically, the undersigned Magistrate considers that, in this instance, the rights to health, integrity, and to enjoy a healthy environment are at stake, as well as a dignified level of quality of life.

          V.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I have agreed with the position held by Magistrate Jinesta Lobo on this matter, and therefore, in environmental matters, it is also the undersigned's criterion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50, of the Political Constitution), as is the case here, where contamination problems are accused, caused by the irregular construction of a gas station without the respective permits and without administrative intervention in environmental matters, which affects the protected party and other residents of the place, in violation of their right to health and the enjoyment of a dignified level of quality of life.

                VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Electronic Case File Regulations before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

                 The action is partially upheld. Juan Acevedo Hurtado, in his capacity as Mayor of Upala, or whoever holds his position, is ordered to carry out the actions within the scope of his powers, to immediately close the works of the service station and other infrastructure, which were built without the respective construction permits, and which were the subject of this amparo action, until they comply with the requirements established by the legal system. The foregoing, without prejudice to the other sanctions that, according to ordinary regulations, the respondent corporation may impose. The respondent, or whoever holds his position, is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued within an amparo action and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Upala is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that gave rise to this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado provide separate notes.

                

 

 

 

 

	

Ernesto Jinesta L.

President

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Fernando Castillo V.





Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.





Jorge Araya G.

	

 

	

Jose Paulino Hernández G.

 

 

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CASE FILE N° 16-016968-0007-CO

 

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