Res. 19249-2017 Sala Constitucional — Tree cutting in protection areas and Los Chorros Recreational Park under national convenience declarationCorte de árboles en áreas de protección y Parque Recreativo Los Chorros mediante declaratoria de conveniencia nacional

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Sala Constitucional

Resolución Nº 19249 - 2017

Fecha de la Resolución: 01 de Diciembre del 2017 a las 09:30

Expediente: 17-016247-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

*170162470007CO*

Exp: 17-016247-0007-CO

Res. Nº 2017019249

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del uno de diciembre de dos mil diecisiete .

                 Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 17-016247-0007-CO, interpuesto por ANDREA MARÍA SOLÍS MAROTO, cédula de identidad 0110430268, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) Y LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).

 

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 17 de octubre de 2017, la accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que el Poder Ejecutivo autorizó mediante el Decreto Ejecutivo No. 40675-MINAE, publicado en La Gaceta No. 244 del 11 de octubre de 2017, de forma directa: “la corta, poda o eliminación de árboles incluyendo especies declaradas en veda o en peligro de extinción que se ubiquen en terrenos cubiertos de bosque o en las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal 7575 ”. Explica que, de esta forma, el ICAA o cualquier empresa subcontratada se encuentra autorizada para ingresar a un área protegida, de alta fragilidad ambiental y que es Patrimonio Natural del Estado, como es el parque Los Chorros, ya que, a pesar que en sentencia No. 2013-11525, la Sala Constitucional estableció que Los Chorros es un área protegida que forma parte del Patrimonio Natural del Estado, el MINAE y las demás instancias recurridas no lo reconocen así. Agrega que el decreto cuestionado contradice la Ley No. 6126 “Declara Parque Recreativo Municipal Los Chorros Grecia”, que prohíbe la tala de árboles dentro del parque, así como la alteración de captaciones de agua. Considera que el ingreso a Los Chorros podría causar daños ambientales irreversibles, al existir la posibilidad de cortar especies en veda o peligro de extinción. Asegura que la explotación ambiental permitida por el decreto se extiende a ríos, áreas boscosas y a cualquier especie en veda y protegida que se encuentre en el camino del proyecto, lo que implica ingresar hasta el corazón del parque con tuberías y destruir los árboles que se interpongan. Refiere que, ante una consulta realizada, por oficio No. SG-AJ-2017-SETENA del 12 de octubre de 2017, la SETENA afirmó que el Parque Recreativo Municipal Los Chorros no es parte del Patrimonio Natural del Estado, posición que estima contraria a lo indicado por la Sala Constitucional en la sentencia mencionada y que, por ende, pone en peligro la flora, fauna y la belleza escénica del lugar, motivo por el cual solicita la intervención de este Tribunal.

2.- Por resolución de las 14:08 horas del 18 de octubre de 2017, se dio curso al amparo.

3.- Por escrito recibido en la Sala el 25 de octubre de 2017, informa bajo juramento Marco Arroyo Flores, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Indica que, de conformidad con lo indicado en el apartado II del considerando del Voto No. 11525-2013, se ha tenido por probado que los funcionarios de SETENA inspeccionaron el área del proyecto planteado y determinaron que el mismo no se encuentra dentro del Parque Recreativo Municipal Los Chorros y que las mejoras planteadas se habían realizado contiguo a calle pública. Señala que el SINAC indicó que esa zona no es considerada un área silvestre administrada y protegida bajo su responsabilidad. Sin embargo, se trata de un área protegida con alta fragilidad ambiental, según la normativa aplicable. Refiere que el objetivo del proyecto cuestionado es solventar problemas actuales de suministro de agua en sectores como: Cementerio, Brasil, Calle Real, La Loma, Ángeles y Pan de Azúcar en Concepción, entre otros, donde deben cerrarse las válvulas de los tanques hasta por 9 horas diarias en algunas partes para que llegue agua a otros sectores, ya que actualmente hay un faltante de 25 l/s. A la fecha, el sistema ha tenido mantenimiento y se le han realizado algunas mejoras parciales. Sin embargo, la demanda del líquido ha aumentado a tal punto que los sectores más altos se encuentran afectados actualmente durante varias horas al día. Destaca que se proyecta para 2030 que la población ubicada dentro de la zona de influencia que se abastecerá del acueducto de Atenas requerirá 1191 l/s, lo cual corresponde al caudal máximo diario demandado por una población de aproximadamente 30 000 habitantes. Manifiesta que el agua debe repartirse en algunos casos mediante camiones cisterna, ya que el sistema no provee de suficiente agua, principalmente durante el verano. Indica que la situación ha afectado a los estudiantes, pues en ocasiones se suspenden las lecciones. Indica que el ICAA ha mantenido estudios sobre la fuente de abastecimiento, la cual tiene suficiente capacidad para continuar utilizándose. Dicho instituto cuenta con aforos realizados durante 25 años sobre el rebalse de la captación existente, caudal que no está siendo utilizado. Además, ha realizado estudios hidrogeológicos para definir la zona de protección absoluta inmediata de la naciente Los Chorros. Aclara que el desarrollador está en la obligación de proceder bajo los parámetros que establece el último párrafo del artículo 19 de la Ley Forestal N° 7575, en el sentido de que la corta de árboles deberá realizarse de forma limitada, proporcional y razonable, previa tramitación de los respectivos permisos ante el Área de Conservación pertinente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Por lo anterior, se tramitó el Decreto Ejecutivo N° 40675 de Conveniencia Nacional, de conformidad con el artículo 3 inciso m), el 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, con el fin de autorizar la corta, poda o eliminación de árboles en veda o peligro de extinción que se ubiquen en terrenos cubiertos de bosques o en áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Indica que la SETENA realizó la Evaluación de Impacto Ambiental y aprobó las medidas de mitigación correspondientes para el área del proyecto y los límites del Parque Recreativo Municipal Los Chorros, que está conformado por un grupo de manantiales que descargan directamente al río Prendas. En los archivos de SENARA hay cuatro pozos inventariados en las cercanías. Detalla sus características. Explica que la naciente utilizada para el abastecimiento público se encuentra ubicada en la jurisdicción de la Municipalidad de Poás; sin embargo, el Parque Recreativo Municipal Los Chorros es administrado por la Municipalidad de Grecia. Además, el río Prendas constituye un límite entre ambos cantones. Dado que la producción de río Prendas es muy superior a los requerimientos del sistema, no se necesita recurrir a nuevas fuentes y únicamente se procede a analizar la opción de aumentar el caudal aprovechado hasta la fecha. Enfatiza, sin embargo, que el ICAA apuntó que se presenta el inconveniente de que la capacidad de la línea de conducción es insuficiente, por lo que es necesario aumentar esa capacidad. Por otra parte, debido al crecimiento que se ha dado en la población de Atenas, el sistema tiene actualmente un déficit en el volumen de almacenamiento cercano a los 500m3, lo cual es necesario solventar. Recalca que el acueducto es un sistema especializado para conducir agua desde la fuente hasta la población de Atenas. La fuente utilizada actualmente está ubicada en la jurisdicción de Poás, pero la tubería de conducción atraviesa territorio de Grecia y Atenas. De la totalidad de tubería, únicamente 0,75 km, aproximadamente, deberán pasar por servidumbres. Un porcentaje de este tramo, deberá pasar a través del Parque Recreativo Municipal Los Chorros, el cual se encuentra, según el plan regulador de Grecia, como zona de Parque Recreativo Urbano (en adelante PRU). Refiere que el PRU “es un área asociada a sectores de alto potencial urbano con restricciones físicas para su uso intensivo, que presenta condiciones para el emplazamiento de parques, zonas verdes, áreas recreativas y deportivas y como enriquecedoras del paisaje” (Plan Regulador Urbano y Rural de Grecia). Acota que, por lo anterior, el mayor porcentaje de la tubería (23,5 km, aproximadamente) se colocará por calle pública en jurisdicción de Grecia y Atenas. El tanque de almacenamiento se colocará en Atenas, en zona urbana, donde hay una infraestructura preexistente. La tubería, al ser subterránea, no afecta el uso actual de la tierra en la zona en ninguna de las áreas ya que no produce cambios en el uso de tierra. Señala que las tuberías de acueductos son infraestructuras principalmente subterráneas y los tanques de almacenamiento se ubican en zonas estratégicamente dispuestas para abastecer de agua potable a las comunidades beneficiadas con este servicio público. Destaca que el Estado tiene la obligación de brindar agua potable, según jurisprudencia constitucional. Relata que se aprobó un estudio de impacto ambiental con el fin de que el desarrollo de la obra pública se dé en armonía con el ambiente. Manifiesta que el ICAA ha realizado coordinación interinstitucional con la Municipalidad de Grecia y el MOPT para poner en conocimiento lo que corresponde al rompimiento de carpeta asfáltica y uso del suelo. Asimismo, se dejó constancia en el expediente administrado de la SETENA de que se informó a la población de la obra pública de infraestructura. Indica que se ha declarado de Conveniencia Nacional el proyecto “ Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas” mediante el Decreto Ejecutivo No. 40675-MINAE; la construcción, operación y mantenimiento, así como la ejecución de las obras de prevención, mitigación o compensación requeridas según lo dispuesto en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por SETENA para el Proyecto “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas ” serán realizadas por el ICAA o las empresas que este contrate para su ejecución. Remite a la ley N° 2726 en cuanto a las potestades del ICAA. Señala que el ICAA elaboró la evaluación económica-social del citado proyecto, misma que fue sometida a la valoración del Ministerio de Ambiente y Energía en aras de ponderar que los beneficios sociales fueran superiores a los costos socio-ambientales, al amparo del inciso m) del artículo 3 de la Ley Forestal N° 7575; lo anterior, a efectos de que se emitieran las recomendaciones respectivas, mismas que refirieron que el procedimiento utilizado por el ICAA era adecuado para la estimación de las externalidades señaladas y, a la postre, se concluyó que: “...existe un beneficio social positivo y se evidencia que safisfará una demanda real que requiere una población específica, como es el servicio de agua potable.” Por tal motivo, el proyecto puede considerarse de conveniencia nacional debido a los resultados del proyecto (TIR Y VAN positivos). Considera que al proyecto se le puede otorgar la Declaratoria de Conveniencia Nacional. Reitera que se trata de una obra de infraestructura de abastecimiento de agua potable de un actor público (ICAA) y su desarrollo contribuirá a atender la demanda de agua de la comunidad de Atenas. Asimismo, el proyecto se ajusta a las políticas nacionales de mejora de los sistemas de agua potable, de forma que se garantice la confiabilidad, oportunidad y calidad de este servicio disponible para el consumo a nivel nacional. Destaca que la infraestructura a desarrollar –una interconexión a la captación existente en donde se empotrará un tubo de hierro dúctil de 350 mm de diámetro- será el punto de partida de la nueva tubería de conducción. No se requiere construcción ni ampliación de obras masivas de concreto de ningún tipo. Remite a los artículos 3 y 13 de la Ley Forestal. Manifiesta que el SINAC-MINAE debe delimitar en el terreno los linderos de las áreas que conforman el Patrimonio Natural del Estado y, posteriormente, coordinar con el Registro Nacional el establecimiento de un catastro forestal para regular las áreas comprendidas dentro del Patrimonio Natural del Estado. Establece que es competencia del SINAC emitir criterio técnico sobre el PNE. En el caso concreto del Parque Recreativo Municipal Los Chorros, el SINAC manifestó que la zona es de alta vulnerabilidad ambiental; por lo tanto, también el SINAC tiene la competencia para delimitar las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales (artículos 3 inciso l) y 33 inciso d) de la Ley Forestal No. 7575, así como el artículo 2 de su reglamento) con el fin de tomar las medidas de conservación pertinentes por medio de un Estudio de Impacto Ambiental, tal como se estableció en el voto No. 11525-2013. Cita el dictamen C-297-2004. Señala que el tema planteado por la parte recurrente es competencia exclusiva del SINAC (artículo 22 de la Ley de Biodiversidad). Indica que se respondió a la recurrente Solís Maroto el 12 de octubre de 2017, indicando lo que manifestado por el SINAC. Pide que el SINAC sea tenido como parte. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

                4.- Por escrito recibido en la Sala el 25 de octubre de 2017, informa bajo juramento Manuel Antonio Salas Pereira, en su condición de Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que el recurso no es procedente por tratarse de una norma (artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Rechazan que el ICAA, el MINAE o SETENA pretendan dañar el Parque Recreativo Los Chorros ni mucho menos la captación de agua, en razón de que los trabajos que se van a realizar pretenden proteger y asegurar la captación y el recurso hídrico como tal. Dichas instituciones han realizado todos los trámites requeridos en el ámbito de sus competencias en el asunto de marras. Señala que el decreto cuestionado es un requisito legal para poder ejecutar, cumpliendo con la normativa vigente, el proyecto de mejoras de acueducto de Atenas. No es violatorio de nuestra legislación; al contrario, es un requerimiento exigido conforme al bloque de legalidad. En su promulgación se acataron todas las disposiciones al efecto. Señala que la declaratoria de conveniencia nacional es un requisito obligatorio para poder realizar obras y corta de árboles localizados en áreas de protección, según lo establece la Ley Forestal N° 7575. Achaca una actitud intransigente y beligerante de un grupo de la comunidad de Tacares, que se manifiesta en múltiples recursos de amparo para frenar y atrasar el proyecto, pues se oponen a que el agua de ese lugar sea llevada a otro. Estima que esa posición contraría la jurisprudencia de la Sala. Enfatiza que el Estado debe garantizar el acceso al agua para abastecimiento a las poblaciones, cuando técnicamente sea posible. Cita jurisprudencia en cuanto al tema. Señala que el Parque Recreativo Los Chorros no es un área silvestre protegida y las servidumbres existentes a favor del ICAA fueron constituidas de manera previa (dictamen de la Procuraduría General de la República C-172-2017). En él se encuentran fuentes que son captadas desde 1961 para abastecimiento poblacional. De esa toma preexistente se abastecen un sistema de acueducto que el ICAA delegó en una ASADA y un sistema administrado por ICAA. Señala que el ICAA es titular de los dos sistemas y, por tanto, su mayor interés es proteger el recurso, el parque como tal y el área que protege la captación, la cual fue expropiada por el ICAA con el fin público de ejecutar el proyecto y un área más amplia para proteger los recursos naturales de la zona. Aparte del recurso hídrico presente en ese parque, recalca que también se creó con un interés recreativo y paisajístico. Sin embargo, es una zona recreativa que cuenta con poca inversión en su mantenimiento y protección, por lo que el ICAA también expropió parte del terreno para su protección y para el aprovechamiento del recurso hídrico, tal como lo establece la propia ley de creación de esa figura especial, que faculta el aprovechamiento para abastecimiento poblacional del recurso hídrico que se recarga en la región de Poás y que aflora en ese Parque Recreativo, que jurisdiccionalmente comparten los gobiernos locales de Poás y Grecia. Cita el criterio de la Procuraduría General de la República y jurisprudencia de la Sala sobre el deber de brindar acceso al agua. Transcribe el decreto N° 49675. Para la emisión de dicho decreto se cumplieron los requisitos técnicos indispensables, como la resolución N° 1614-2014-SETENA de las 8:20 horas del 14 de agosto de 2014 y la evaluación económica-social del citado proyecto, sometida por parte del Ministerio de Ambiente y Energía a valoración (inciso m) del artículo 03 de la Ley Forestal N° 7575) para que se emitieran las recomendaciones respectivas. Dichas recomendaciones refirieron que el procedimiento utilizado por el ICAA había sido adecuado para la estimación de las externalidades señaladas y concluyó que “... existe un beneficio social positivo y se evidencia que satisfará una demanda real que requiere una población específica, como es el servicio de agua potable. Por tal motivo, el proyecto puede considerarse de conveniencia nacional…debido a que los resultados del proyecto (TIR Y VAN positivos), se considera que al proyecto se le puede otorgar la declaratoria de conveniencia nacional.” Señala que existen serias deficiencias en el suministro de agua potable en las comunidades de Atenas Centro, El Brasil, La Presa, Barrio Los Ángeles, Calle Real, Cementerio, INVU, Boquerón, Pan de Azúcar, Río Grande, Sistema Alto López, El Vainilla, La Puebla, Santa Eulalia, Barrio Mercedes, Barroeta y Sabana Larga, situadas en el cantón de Atenas, Provincia de Alajuela, lo que representa un peligro potencial en la proliferación de enfermedades que podrían afectar la salud de los vecinos de Atenas, por la falta de agua. Destaca que la población afectada conforme con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (2011) es de 25.460 y que hoy se encuentra cerca de los 26.000 habitantes. Cita el Decreto de emergencia N° 38005-S que se dictamina ante la deficiencia existente y que fue publicado en La Gaceta N° 217 del 11 de noviembre de 2013, decretando la “Emergencia sanitaria debido a deficiencias en el suministro de agua apta para consumo humano y declaratoria de interés público y nacional el proyecto de ampliación del acueducto de Atenas línea de conducción Tacares-Atenas fase I Desarrollado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”. Destaca que los temas que han generado el conflicto no son de carácter ambiental ni tampoco por falta de recurso hídrico, sino un tema de fuentes de agua compartidas, toda vez que un grupo de poder de la comunidad de Tacares se siente con el derecho pleno de gozar de manera única y exclusiva de esa fuente y que consideran el agua de Los Chorros como propia de la ASADA de Tacares para aprovechamiento futuro y disfrute exclusivo de esa región, y que la comunidad de Grecia ha actuado de manera generosa al haber permitido que por años se lleven agua de Los Chorros para Atenas, lugar que debe buscar otra fuente. Refiere que lo anterior evidencia desconocimiento con respecto al tema, dado que hay áreas que no son ricas en recurso hídrico, el cual debe ser conducido a esas zonas mediante la infraestructura correspondiente, considerando que no se puede negar el agua a ciudadanos de zonas donde no aflora dicho recurso. Señala que el acueducto de Atenas, construido en 1960 por el Ministerio de Obras Públicas, transporta el agua que emana de las fuentes “Los Chorros”, ubicadas en el distrito de Tacares de Grecia, donde brotan las aguas que se recargan en el cantón de Poás de Alajuela y cuya producción promedio se estima en 1000 litros por segundo (Lps). Amplia que dicha captación transporta por medio de tuberías instaladas hacia la comunidad de Tacares Sur (Grecia) y el cantón de Atenas, alrededor de 105 I/s. Agrega que el caudal restante de la captación anterior, discurre hacia el río Prendas, esto incluye el rebalse de la captación construida, desde donde parten las dos tuberías independientes, una para el acueducto de Tacares Sur, administrada por la ASADA homónima, y la otra para el acueducto de Atenas, bajo administración directa del ICAA. Precisa que en la actualidad se captan 61 l/s para el cantón de Atenas, mientras la ASADA de Tacares Sur aprovecha 43,5 litros por segundo. Acota que el ICAA desarrolló el proyecto denominado "Mejoras al Acueducto de Atenas", a través del contratista CONSTRUCTORA MECO.SA., quien resultó adjudicatario de la licitación pública internacional. Añade que mediante resolución N°1614-2014-SETENA, se le otorgó viabilidad ambiental al proyecto “Mejoras al Acueducto de Atenas ”; asimismo, ha sido financiado con recursos del BCIE. Destaca que 21,000 habitantes (año 2014) y 30,000 habitantes (año 2030) se beneficiaran con este proyecto. Con respecto a la afectación actual del proyecto, explica que existe un faltante actual de 25 I/s aproximadamente en toda la red de distribución, lo cual conlleva cierres de válvulas en distintos sectores y horas diarias sin el suministro. Menciona que el proyecto se realizó debido al faltante de agua potable desde hace 10 años; también prevén la demanda para el año 2030, según proyecciones de población. Manifiestan que ejecutaron las obras del proyecto en un 55%, y un 78% con respecto al avance financiero; asimismo, estiman la finalización de la obra en enero de 2015 (sic). Destaca que si no se lleva a cabo el proyecto se continuaría con el desabastecimiento del acueducto (discontinuidad en el servicio), problemas de salud pública (existe orden sanitaria), se frena el crecimiento poblacional y económico del cantón, se perdería el financiamiento con el BCIE de este proyecto y de la segunda etapa, tendrían que enfrentar una indemnización millonaria al contratista por la posible rescisión contractual, perderían la inversión realizada a la fecha a la cual los abonados del Instituto deberán de hacer frente. Señala que  la obstaculización del proyecto causaría un grave perjuicio a la comunidad de Atenas, ya que no existen fuentes disponibles para ser aprovechadas para abastecimiento en esa comunidad. Indica que según Ley Nº 6126 del 9 de noviembre de 1977, la administración del Parque Recreativo los Chorros se encuentra bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Grecia; sin embargo, dicha Municipalidad no tiene la competencia para emitir el  documento de "Uso del Suelo" en donde se ubica la fuente, ya que esta fuera de su jurisdicción territorial. Añade que de conformidad con el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, Artículo 54 de la Ley Orgánica del Ambiente, Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de (EIA) 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y normativa concordante y conexa, la ubicación geográfica de la fuente se ubica en la competencia jurisdiccional administrativa de la Municipalidad de Poás, por lo que corresponde a dicho gobierno local emitir el "Uso del Suelo”. Precisa que el documento del “Uso de Suelo” fue solicitado como requisito por la SETENA para el seguimiento del procedimiento de resolución de Viabilidad Ambiental. Aclara que mediante oficio Nº OG-1069-2013, el SINAC emitió la autorización respectiva y la definición del área en donde se desarrolla el proyecto: “ Cabe mencionar que el lugar donde se captan las aguas para abastecer los lugares antes mencionados es un área conocida como Parque Recreativo Municipal Los Chorros la cual no tiene categoría de Área Silvestre Protegida Administrada por el SINAC-MINAE, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente. Lo que quiere indicar que dicha fuente se encuentra en una propiedad Privada y captada por la ASADA de Tacares Carrillo y Atenas Centro”. Rechaza que la recurrida haga caso omiso a los señalamientos de la Sala Constitucional en la resolución Nº 2013011525 de las 10:05 horas  del 30 de agosto de 2013. Advierte que no pretende provocar daños ambientales irreversibles, dado que lo que se tramita es el cumplimiento de la normativa vigente, la cual autoriza, siempre que se cumplan determinadas condiciones, el aprovechamiento en ciertas zonas con autorización estatal. Resalta que es preocupante que se utiliza la vía del amparo para seguir obstruyendo el proyecto que cuentan con el aval de la de la Sala Constitucional, por lo que cita la resolución Nº 2017-001153 de dicho tribunal. Señala que ante los recursos de amparo que ha presentado un grupo de poder en Tacares para obstaculizar el proyecto, la comunidad de Atenas presentó un recurso de amparo, en el que como respuesta el ICAA le reseñó que cuenta con todos los estudios del Parque Recreativo Los Chorros, que tienen más de 25 años de estudios permanentes de aforos de las fuentes, que han adquirido terrenos para la ejecución del proyecto y para protección de la zona, y que ha instalado tubería a un costo millonario para conducir desde el Parque Recreativo Los Chorros a la ciudad de Atenas un mayor caudal del que se trasiega en la actualidad. Adiciona que lo anterior fue valorado, comprendido y aceptado por la Sala Constitucional en la resolución Nº 2017-001153, la cual señala que el ICAA se encuentra en proceso de atender la situación de problemas de acceso al agua de Atenas y que el proyecto se encontraba en ese momento en el proceso para contratar y ejecutar "el tramo correspondiente entre la captación Los Chorros hasta Calle Flores, una distancia aproximadamente 720 m con lo cual se completará el total aproximado de 26,3km antes mencionado”.  Refiere que la Sala Constitucional avaló la ejecución del proyecto aprovechando una toma autorizada dentro de ese Parque por una ley especial. Reitera que es un Parque con fin recreativo y no un área silvestre protegida ni Patrimonio Natural del Estado. Considera que lo que alegan los recurrentes, respecto a que el Decreto Ejecutivo No. 40675-MINAE es contrario a lo dictaminado en la Resolución Nº 2013-11525 de la Sala Constitucional, evidencia una errónea interpretación de la misma. Amplía que según los recurrentes, la Sala Constitucional, al señalar que el Parque Recreativo Los Chorros es un área de fragilidad ambiental la convierte en una categoría de manejo regulada en la Ley Orgánica del Ambiente, lo cual es incorrecto. Precisa que los amparados pretenden interpretar que el ICAA no puede captar ni realizar obras de servicio público amparadas en un interés público. Destaca que mediante un informe bajo juramento ante la Sala Constitucional, el SINAC indicó que ese Parque Recreativo no se encuentra bajo ninguna de las categorías de manejo administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por lo que estima que la interpretación de dicha sentencia resulta falsa y errada. Reitera que resolución Nº 2013-11525 más bien indica que conforme al concepto y clasificación legal vigente, el parque no es un Área Silvestre Protegida, dado que la Sala Constitucional señaló que se trata de un área de fragilidad ambiental, como lo sería prácticamente todo el país, en cuanto se ve expuesto a la acción del hombre. Agrega que dicho voto, le dictaminó al ICAA "suspender de forma inmediata, a la comunicación de esta sentencia, la continuidad del proyecto en cuestión, hasta que se obtenga la viabilidad ambiental en los términos señalado ". Precisa que se obtuvo la viabilidad ambiental mediante resolución N°1614-2014-SETENA; asimismo, la misma Sala Constitucional no desautoriza que el ICAA realice este proyecto. Acota que la Sala nunca consideró el Parque Recreativo un Área Silvestre Protegida, ni vislumbró vedar el proyecto totalmente, comprendiendo ello negaría el acceso al abastecimiento de agua para la zona de Atenas y que existía en ese caso un interés público prevaleciente, autorizado por la Ley de Creación del Parque, que precisamente, era proteger y preservar el recurso de esa zona para un fin ulterior que sería el abastecimiento de agua poblacional. Resalta que, por lo tanto, con el proyecto del ICAA se protegen, preservan y garantizan los derechos constitucionales. Afirma que lo anterior se evidencia en el estudio socio ambiental en el que se fundamenta el decreto cuestionado, en dicho estudio se valora los Costos y Beneficios, que no concluye una tala absoluta. Agrega que el proyecto en cuestión, está amparado en una Declaratoria de Conveniencia Nacional y cuenta con la Viabilidad Ambiental, la cual fue objeto de valoración técnica para determinar que no existe daño ambiental irreversible. Manifiesta que no van a talarse todos los árboles, como erróneamente interpretan los recurrente, se trata de 8 árboles, que están localizados conforme con el listado de árboles a talar que forman parte del Estudio Costo Socio Ambiental. Afirma que mediante oficio Nº PRE-UE-BCIE-2017-00982 se explica que: “inicialmente se había hablado de cortar 4, pero uno de ellos se cayó a causa de un deslizamiento. La decisión de corta se tomará al ejecutar la obra en sitio. Los árboles son de la especie guarea sp, sobre servidumbre de paso y tubería a favor de AyA..”. Informa que se deben cortar tres árboles al margen derecho del río Colorado, en La Argentina de Grecia, para construir el paso elevado e instalar la línea de conducción .En la zona de Santa Eulalia de Atenas, se deben cortar dos al margen izquierdo del río. Incluyen cuadro con las características desométricas de los árboles. Agregan que estos no poseen valor comercial y su atrape de carbono no es significativo, dado que el área contigua al río se encuentra cubiera por la vegetación del Bosque de Galería. Indica que para la línea de aducción de la Captación a la Estación de Bombeo se debe colocar una tubería de hierro dúctil, por lo que se debe cortar un árbol. Manifiesta que tal línea de abducción debe pasar sobre el río Prendas, por lo que debe construir un paso puente y para ello talarán dos árboles. Incluye un cuadro con las características dasométricas de los árboles. Afirma que la normativa faculta el requerimiento de la declaratoria de Conveniencia Nacional para cortar árboles en Zona de Protección. Cita los artículos 34  y 19 de la Ley Forestal Nº 7575. Explica que de conformidad a la  Sentencia N° 4399-2010 del 14 de diciembre de 2010 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se indica que el Estudio de Conveniencia Nacional, requiere un estudio de balance de beneficios sociales y costos ambientales, estado actual del proyecto y una explicación del mismo, justificación técnica de la necesidad de eliminación de árboles y vegetación (con identificación de la especie), y la Viabilidad Ambiental dictaminada por SETENA. Cita el artículo 33 de la Ley Forestal, el cual define cuales son las áreas de protección que requieren de la Conveniencia Nacional. Agrega que según dicho artículo 33, en las áreas de protección es prohibida la corta de árboles, salvo que se trate de situaciones de emergencia o que exista una Declaratoria de Conveniencia Nacional; en caso contrario, se configuraría el delito de invasión del Articulo 58 de la Ley Forestal, en concordancia con el Artículo 10 de la Ley Ley General de Administración Pública. Reitera que en el caso concreto, se trata de una corta limitada y taxativa de 8 árboles; asimismo, el decreto de conveniencia establece la obligación del ICAA de reponer los arboles talados. Destaca que ninguno de los arboles a talar se encuentran localizados en zona de protección. Precisa que el amparado confunde conceptos, dado que la Sala Constitucional señaló que el Parque Recreativo Los Chorros es una zona que se podría calificar como ambientalmente frágil; sin embargo, no por ello se constituye en un Área Silvestre Protegida, que se refiere solo a las áreas de manejo especiales conforme a la Ley Orgánica del Ambiente. Se reitera lo indicado en el hecho segundo. Amplía que mediante oficio Nº OG-1069-2013 del 15 de junio del 2013, suscrito por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se definió que el Parque Recreativo en cuestión no es un área silvestre protegida. Agrega que el oficio Nº SG-AJ-2017-SETENA del 12 de octubre de 2017 se sustenta en una valoración técnica para determinar que el parque Recreativo Municipal Los Chorros no es un Área Silvestre Protegida, conforme con el criterio del SINAC (oficio Nº OG-1069-2013). Con respecto al proyecto, destaca que se cumplió la etapa de viabilidad ambiental, tiene firmeza como acto administrativo y existe eficacia jurídica; además, respetaron el principio de coordinación interinstitucional. Agrega que todos los actos, permisos y trámites fueron conforme a derecho; además, no existen omisiones o vicios que subsanar en tal proceso, el cual ha sido puesto en conocimiento de la población involucrada. Menciona que el ICAA, en ejercicio de sus competencias, procuró captar la fuente Los Chorros tanto para abastecer a las comunidades de Tacares Sur a través de la ASADA en la cual ha delegado la prestación del servicio como a la comunidad de Atenas, cuya prestación de servicios depende directamente del ICAA. Menciona el dictamen Nº C-172-2017 del 18 de julio de 2017 de la Procuraduría General de la República, con respecto al concepto de servidumbre. Agrega que el proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas cuenta con uso conforme de suelo, emitido por la Municipalidad de Grecia, la cual avala tal proyecto. Adjunta cuadro de los aforos realizados por el Instituto. Afirma que con respecto al Proyecto de Mejoras del Acueducto de Atenas, se valoraron desde el principio los aspectos ambientales, sociales, legales y reglamentarios necesarios; sin embargo, líderes comunales apoyados por la Municipalidad de Grecia le dieron un matiz “social" de confrontación, que pone en riesgo el abastecimiento a la población de Atenas. Señala que existe certeza científica de que no se afectarán las fuentes de Los Chorros con la ejecución del proyecto. Afirma que el proyecto no es solo de interés del ICAA, dado que el Poder Ejecutivo intervino. Estima que con el decreto de emergencia N° 38005-S, se ha demostrado la necesidad para los habitantes de las comunidades situadas en el cantón de Atenas, Provincia de Alajuela, por lo que se deben llevar acabo acciones técnicas y administrativas en el menor tiempo posible, a fin de mejorar el caudal del agua potable del acueducto de Atenas. Explica que se estudió la posibilidad de utilizar el recurso de Ojo de Agua o de los Laguitos Phillips; sin embargo, el Laguito Phillips está a una elevación de 500 msnm, mientras que Atenas está a 812 msnm, por lo que sería necesaria la construcción de complicados sistemas de bombeo, con un costo elevado de construcción y operación (alta factura eléctrica permanente). Agrega que el agua de los Chorros es la alternativa óptima, dado que el agua puede llegar por gravedad sin ninguno de los costos anteriormente mencionados. Refiere que no se puede trasegar el agua de la línea de Ojo de Agua a Atenas,  por cuanto dichos volúmenes se utilizan en el abastecimiento del sector de Ciruelas y alrededores, siendo que la tubería se encuentra activa hasta la altura de Ciruelas. Agrega que, con la construcción de la carretera N° 27, la tubería fue interrumpida en el sector de Orotina, por lo que la producción se destina a abastecer en la Región Central, a la zona denominada "Ojo de Agua" que abastece al sector de Ciruelas, Calle Sánchez y parte de El Roble de Alajuela. Señala que se desea revisar las actuaciones administrativas, procedimientos y actos formales; ello deja de ser materia del amparo y debe acudirse a la jurisdicción ordinaria. Reitera que el ICAA cumplió a cabalidad informando sobre las obras a realizar respecto al Proyecto de Mejoras para el Acueducto de Atenas; asimismo, acató el principio de coordinación a fin de optimizar los recursos limitados de la Administración Pública, y se dio participación ciudadana en el conocimiento de los alcances del proyecto. Destaca que el ICAA tiene una función y una competencia determinada expresamente en los artículos 1 y 2 de su Ley Constitutiva; además, los gobiernos locales deben coordinar con dicho instituto para evitar daños a la salud pública, por lo que estima inoportuno y contrario a la normativa vigente, la notificación que se impugna. Refiere la sentencia Nº 2007-004610 de las 14:33 horas del 11 de abril de 2007 de la Sala Constitucional, con respecto al derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos. Acota que las autoridades públicas están obligadas a aplicar el principio precautorio en materia sanitaria en el sentido de que deben tomar las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar daños graves o irreparables a la salud de los habitantes; asimismo, los hechos anteriores configuran una situación de emergencia en materia de salud, que requiere la intervención inmediata de la Sala Constitucional para su solución. Agrega que debe cumplirse el Decreto Ejecutivo N° 38005-S, publicado en la Gaceta N° 217 del 11 de noviembre del 2013, en donde se declaró de interés público y nacional el proyecto “Ampliación del Acueducto de Atenas Línea de Conducción Tacares-Atenas Fase I ”. Considera que se violentó la garantía de ambiente sano para la comunidad de Atenas, no derivado de actos del ICAA, sino como consecuencia de los obstáculos que han interpuesto algunas partes que tienen intereses propios en la comunidad de Tacares.

5.- Por escrito recibido en la Sala el 26 de octubre de 2017, informa bajo juramento Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, que el recurso de amparo  debe rechazarse de plano, ya que corresponde a una cuestión propia de dilucidar en la jurisdicción ordinaria. Afirma que el MINAE, ante solicitud del ICAA, tramitó el Decreto Ejecutivo N°40675-MINAE del 25 de septiembre de 2017, que declaró de conveniencia nacional el proyecto “ Mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas”, previa valoración costo-beneficio y con el fin de determinar si era técnicamente viable y factible la Declaratoria de Conveniencia Nacional del citado proyecto. Explica que la anterior actuación se está amparada en inciso tu) del artículo 3 de la Ley Forestal N° 7575, ya que para dictar con arreglo a derecho el Decreto que declara una actividad de conveniencia nacional, solamente es procedente una vez se tenga certeza técnica de que los beneficios sociales sean mayores a los costos socio-ambientales. Agrega que el análisis de los beneficios sociales se dio en el proyecto anteriormente mencionado, por lo que cita Decreto Ejecutivo N°40675-MINAE: “IX-Para tal efecto, el AyA, elaboró la evaluación económica-social del citado proyecto, misma que fue sometida por parte del Ministerio de Ambiente y Energía a valoración, en aras de ponderar que los beneficios sociales sean superiores a los costos socioambientales, (…) lo anterior a efecto de que se emitieran las recomendaciones respectivas, mismas que en lo conducente, refirieron que el procedimiento utilizado por el AyA, fue adecuado para la estimación de las externalidades señaladas, y a la postre se concluyó que: "...existe un beneficio social positivo y se evidencia que satisfará una demanda real que requiere una población específica, como es el servicio de agua potable. Por tal motivo, el proyecto puede considerarse de conveniencia nacional””. Agrega que mediante oficio Nº PRE-2017-00648 del ICAA se indicó que, con respecto a la declaración de conveniencia nacional del proyecto, lo que se busca es satisfacer la demanda de agua potable hasta el año 2030 de al menos 30.000 habitantes de la comunidad de Atenas. Precisa que dicho proyecto tiene el fin de atender la emergencia sanitaria en las comunidades del cantón de Atenas, declarada por medio de Decreto Ejecutivo N° 38005-S del 15 de octubre de 2013, debido a deficiencias en el suministro de agua apta para consumo humano. Destaca que dicho decreto declaró el proyecto de interés público. Señala que la Ley Forestal N° 7575 prohíbe la corta o aprovechamiento de árboles en PNE, el cambio de uso del suelo en terrenos privados con bosque y cortar árboles en las áreas de protección. Aclara que dicha prohibición no es absoluta, pues el legislador incluyó excepciones, como las actividades de conveniencia nacional, que permiten cambiar el uso del suelo en terrenos privados con bosque y la corta de árboles dentro de las áreas de protección. Cita  la definición de actividades de conveniencia nacional que incluye la legislación: "...Actividades realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales”. Precisa que la figura de la conveniencia nacional se aplica únicamente para aquellos casos en los que se logre demostrar que los beneficios sociales son mayores que el costo socioambiental, tal como acontece con el proyecto de “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas”. Cita los antecedentes legislativos, para determinar que no era la intención del legislador establecer una prohibición absoluta de corta de árboles en áreas de protección o de cambio de uso de suelo en terrenos privados con bosque. Interpreta que las declaratorias de conveniencia nacional tienen como uno de sus principales efectos, establecer una excepción a la prohibición de cambiar el uso del suelo en terrenos privados cubiertos de bosque, cuando se trate de llevar a cabo en ellos proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional, quedando por fuera los terrenos que conforman parte del PNE. Agrega que el artículo 34 de la Ley Forestal N° 7575 establece como una segunda excepción a la prohibición de corta de árboles en las áreas de protección el artículo 33 de la misma Ley, cuando se trate de actividades declaradas por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional, siempre y cuando estas áreas de protección no se encuentren dentro de terrenos de PNE. Cita el dictamen Nº C-103-1998 de la Procuraduría General de la República, con respeto a dicha excepciones. Afirma que el MINAE no ha incurrido en ninguna falta, ya que más bien ha actuado al amparo del principio de legalidad, dado que procedió de manera previa a revisar los estudios y proyecto a realizar por el ICAA y posteriormente —al determinar que los beneficios sociales eran superiores a los costos socioambientales-, procedió a emitir la Declaratoria de Conveniencia Nacional, mediante Decreto Ejecutivo N°40675- MINAE. Refiere que dicho decreto indica lo siguiente: "Artículo 2 En virtud de la declaratoria de Conveniencia Nacional (…) del Proyecto 'Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" del ICAA se autoriza la corta, poda o eliminación de árboles -incluyendo especies declaradas en veda o en peligro de extinción- que se ubiquen en terrenos cubiertos de bosque o en las áreas de protección definidas en el articulo 33 de la Ley Forestal N° 7575, siempre que no se ubiquen en terrenos Patrimonio Natural del Estado".  "Artículo 4°(…) bajo los parámetros que establece el último párrafo del articulo 19 de la Ley Forestal N° 7575, en el sentido de que la corta de árboles deberá realizarse de forma limitada, proporcional y razonable, previa tramitación de los respectivos permisos ante el Área de Conservación pertinente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”. Precisa que el MINAE no autorizó la corta en PNE o algún tipo de tala rasa, sino más bien de corta o incluso poda, que deberá ser limitada, proporcional y razonable. Amplía que por medio de memorando de fecha 25 de octubre de 2017 del ICAA, se reitera, que se requieren talar aproximadamente 6 árboles, los cuales están ubicados en servidumbre de paso y donde además se especifica que "la decisión de corta se tomará al ejecutar la obra en sitio" , lo que implica que no necesariamente se tenga que llevar a cabo la corta. Refiere el voto Nº 2006-17126 de la Sala Constitucional, con respecto a la Conveniencia Nacional. Precisa que la declaratoria de conveniencia nacional no aplica en propiedades PNE, ya que es un instituto que usa únicamente como excepción a la prohibición de cambio del uso de suelo en terrenos privados cubiertos de bosque y a la prohibición de corta de árboles en área de protección establecida en el artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575, siempre y cuando estas no se ubiquen dentro de PNE, tal como los dispuso el Decreto Ejecutivo Nº 40675-MINAE. Explica que, con respecto a la Ley Nº 6126 “Declara el Parque Recreativo Municipal Los Chorros de Grecia”, resulta obvio con vistas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y en el principio de legalidad, que no se puede catalogar dicho parque como categoría de manejo de área silvestre protegida. Indica que por medio del oficio Nº OG-1069-2013 del 15 de julio de 2013, el SINAC informó sobre el Parque Recreativo Los Chorros, lo siguiente: “. ..El día 15 de ,julio del año 2013 se realizó una inspección al lugar conocido como: Parque Recreativo Municipal Los Chorros, en donde se ubica la captación conocida como Fuente Los Chorros, la cual es captada para consumo humano, donde se abastecen de agua potable las comunidades de Tacares Sur de Grecia, Carrillos de Poás y parte central del cantón de Atenas... Cabe mencionar que el lugar donde se captan las aguas para abastecer los lugares antes mencionados es un área conocida como Parque Recreativo Municipal Los Chorros, la cual no tiene categoría de manejo de área silvestre protegida, administrada por el SINAC-MINAE, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente. Lo que quiere indicar que dicha fuente se encuentra en una propiedad privada.. ." Agrega que por medio del informe Nº OG-1506-2017 del 24 de octubre de 2017, emitido con ocasión del amparo, el SINAC señaló lo siguiente: “ (…) el área que conforma el Parque Recreativo Municipal Los Chorros, a pesar de su fragilidad y relevancia para la protección del Recurso Hídrico, tiene una naturaleza jurídica diferenciada a las Áreas Silvestres Protegidas. Esta área no corresponde a un Área Silvestre Protegida, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995, en donde en el capitulo sétimo, artículo N° 32, hace una clasificación de las Áreas Silvestres Protegidas administradas por el Ministerio de Ambiente y Energía (….) Esta diferenciación resulta relevante, pues cambia la normativa a aplicar sobre el sitio, así como las posibles limitaciones legales del mismo, o las restricciones de uso de los recursos presentes. En cuanto a si el área en cuestión es Patrimonio Natural del Estado, es importante indicar que el área que cubre el Parque Recreativo Municipal Los Chorros, está compuesta por terrenos de Dominio Privado, que en nuestro criterio no forman parte del Patrimonio Natural del Estado, y otros de Dominio Estatal, que fueron adquiridos por el AyA y por la municipalidad de Grecia…" Acota que el Parque Recreativo Municipal Los Chorros no constituye una categoría de manejo de área silvestre protegida y además está integrado por terrenos privados, lo que implica que no todo el parque es PNE. Señala que por medio del dictamen Nº C-172-2017 del 18 de julio de 2017, la PGR indica que: “Coincidimos con la Asesoría Jurídica en que los inmuebles de propiedad privada, debidamente inscritos, dentro del PLCH, aun cuando estén sometidos al régimen forestal, no tienen la condición de Patrimonio Natural del Estado, el cual administra el MINAE- SINAC , excepto los monumentos naturales (Ley 6126/1977, art. 4; Ley 7575/1996, arts. 3° inc g, 13; Ley 7554/1996, arts. 32 y 33; Ley 7152/1990, art. 69. En sentido similar, en el dictamen C-285-2013 se dijo que los terrenos que forman parte de las áreas silvestres protegidas del Patrimonio Natural del Estado son los de propiedad pública; no los de propiedad privada, aunque los comprendan geográficamente. De más está decir que la municipalidad no administra terrenos de particulares… ”. Dado lo anterior, concluye que no existe inconveniente alguno con la declaratoria de conveniencia nacional emitida mediante Decreto Ejecutivo Nº 40675-MINAE para el proyecto “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas”. Aclara que, aunque dicho decreto autorice la corta, poda o eliminación de árboles, no quiere decir que necesariamente se dé, ya que la decisión de corta se tomará al ejecutar la obra en el sitio; asimismo, el Decreto indica que la corta debe ser limitada, proporcional y razonable, previa tramitación de los respectivos permisos ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, los cuales indicaran cuáles son especies de veda o peligro de extinción. Añade que dicha corta de árboles está amparada en la Ley Forestal Nº 7575, dado que la declaratoria de conveniencia nacional lo faculta; asimismo, la normativa no hace la salvedad respecto la prohibición de árboles vedados, pues sería irracional una prohibición absoluta. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

6.- Por escrito recibido en la Sala el 26 de octubre de 2017, la recurrente solicita que se suspenda el acto administrativo de ejecución de obras hasta que haya pronunciamiento de fondo. Indica que realizaron una protesta pacífica y se apersonó la policía antimotines. Señala que no tiene control de lo que pueda pasar en el bosque.

7.- Mediante escrito incorporado al expediente el 27 de octubre de 2017, informa bajo juramento Sergio Iván Alfaro Salas, en su condición de Ministro de la Presidencia, que suscribe lo manifestado por el Ministro de Ambiente y Energía.

8.- Mediante escrito recibido en la Sala el 27 de octubre de 2017, la recurrente aporta prueba para mejor resolver. Menciona que el ICAA afirmó que sí va a cortar árboles en el Parque Los Chorros. Destaca que el falsa que el ICAA solo ingresará 50 metros dentro del parque, dado que el ingreso es de aproximadamente 300 metros. Solicita que se suspenda el acto administrativo.

8.- Mediante escrito recibido en la Sala el 30 de octubre de 2017, la recurrente reitera lo indicado en sus dos últimas manifestaciones y aporta prueba para mejor resolver.

9.- Mediante escrito recibido en la Sala el 30 de octubre de 2017, la recurrente se manifiesta sobre los informes presentados. Indica que es falso  que el caso sea de mera legalidad, dado que se está violentando el artículo 50 del la Constitución Política. Reclama que SETENA indica que el tema de la corta de árboles no es de su competencia; sin embargo, le otorga la licencia ambiental al proyecto en cuestión, en la cual no se señala el tema de la corta de árboles. Indica que ninguna de las instancias recurridas cumple con la ley, y que el decreto dictado violenta el principio de legalidad. Alega que no se le está negando el agua a la comunidad de Atenas, dado que tiene un tubo que sale del parque hacia Santa Eulalia, que transporta 70 litros por segundo.  Precisa que el problema con respecto al recurso  hídrico en la comunidad de Atenas se basa en el mal manejo de este y la falta de un plan regulador. Reitera que según el artículo 5 de la ley N° 6126 en el Parque los Chorros es prohibido cortar árboles. Acota que el ICAA no aporto prueba sobre su supuesta siembra de árboles. Indica que es falso que la comunidad de Tacares quiera gozar de manera púnica y exclusiva la fuente de agua. Añade que es erróneo que en el lugar discurran 1000 litros por segundo de la toma que sea aprovechable para consumo humano. Precisa que es falso que la Sala haya avalado el proyecto. Rechaza  que haya habido manipulación de información incitando a la comunidad a apropiarse del agua. Menciona que es falso que en el escrito se interposición se señalara a la comunidad como dueña del recurso hídrico. Amplia que con respecto al cuadro de aforos se presenta un río y no naciente, por lo que la idea de 1000 litros por segundo corresponde al río y no la quebrada Zamora. Señala que se tienen que rechazar todos los argumentos con respecto al caos y anarquía. Menciona la resolución N° 2009-000262 de la Sala Constitucional. Indica que el decreto excluye cualquier forma artesanal del proyecto, dado que se van a talar especies en peligro de extinción, lo que cambia el proyecto y el permiso ambiental. Señala que el ICAA no se refirió en el informe sobre el dictamen N° C-134-2016, en el cual la PGR le indica que no puede ingresar a áreas de patrimonio natural, criterio que es vinculante para las instituciones.

10.- Por escrito recibido en la Sala el 3 de noviembre de 2017, Manuel Antonio Salara Pereira aporta prueba para mejor resolver. Indica que en Atenas no existe un plan regulador y padece de un crecimiento poblacional y de desarrollo, por lo que dicha población requiere tener acceso adecuado al abastecimiento de agua. Menciona que el tema del decreto es de legalidad y constituye uno de los requisitos que el ICAA cumplió para realizar las obras de mejoras al acueducto de Atenas; sin embargo, estima que la necesaria ejecución y finalización del proyecto es asunto de valoración constitucional. Refiere que la resolución N° 2017-001153 de la Sala Constitucional indica que ese proyecto es la única solución viable e inmediata con que cuenta la población de Atenas para solucionar la crisis de abastecimiento en la zona. Estima que la problemática va más allá del tema de mera legalidad, dado que no solamente el ICAA cumplió con todos los requisitos que se han requerido, sino que además, es un tema de salud pública, de daño real y efectivo a la salud de los habitantes de Atenas. Indica que se deben ponderar los derechos fundamentales y el daño real que se cause entre lo que implica la corta de 3 árboles y tener de la población de Atenas sin un adecuado suministro de agua. Agrega que, mediante la prueba aportada por el Ministerio de Salud, es contundente el grave deterioro a la Salud de la población de Atenas, dado que los servicios públicos se saturaron. Destaca que no es necesario conocimiento técnico para entender que en un área aproximada de 43 hectáreas de árboles, la tala de tres árboles no causa daño alguno a la biodiversidad ni a las fuentes de agua; asimismo, estos no se encuentran en zona de recarga, más bien dos de esos árboles están dañados y podrían dañar la infraestructura ya existente. Cita oficio Nº CN-DARS-AT-0256-2017, emitido por la Directora del Área Rectora de Salud de Atenas: " Como conclusión, puedo decirle que la no realización del proyecto de abastecimiento de agua en Atenas, va a tener serias implicaciones en la salud pública de los habitantes de este cantón y de las personas que vienen de otros lugares en condición de trabajadores o visitantes. Invertir en el proyecto a la brevedad, significa prevenir el daño y la enfermedad así como el riesgo de muerte, que es precisamente una de las pretensiones y razón de ser de las instituciones del sector salud. "  Menciona el oficio Nº CILOVIS-01-2016 del 26 de marzo de 2016, en donde la Directora del Área de Salud de Atenas le indicó al jefe de la Oficina del ICAA en Atenas: " Enviar oficio a su estimable persona con el fin de informarle la situación epidemiológica actual de las enfermedades transmitidas por vectores (Dengue, Chinkungunya y Zika), en el Cantón de Atenas y el posible impacto sobre estas enfermedades del suministro no continuo de agua.(...) De acuerdo con el análisis realizado, las enfermedades transmitidas por vectores son multicausales, se conoce que en Atenas, debido al suministro no continuo de agua, la población debe almacenada, convirtiéndose esos recipientes en potenciales criaderos para el aedes aegypti”. Adiciona que, mediante oficio Nº RCO-ATENAS-2016-00395 del 6 de mayo de 2016, se indicó que la necesidad de suspender el otorgamiento de disponibilidades en Atenas generó que los usuarios actuales no tengan agua y frenó el desarrollo de la zona.

11.- Mediante escrito recibido en la Sala el 6 de noviembre de 2017, la recurrente se manifiesta sobre el oficio presentado por el Gerente del ICAA. Indica que los vecinos de la comunidad se han manifestado de manera pacífica; sin embargo, les enviaron la fuerza pública. Alega que la viabilidad ambiental del parque no contempló talar o cortar árboles, reducir bosque, excavar en el parque, hacer huecos, construir sobre tuberías, introducir estructuras de gran tamaño dentro del parque. Menciona que el Gerente del ICAA incumplió acuerdos realizados. Indica que el recurrido en su informe no hace mención de la posibilidad de habilitar la tubería de Ojo de Agua, la cual estima es la solución más barata. Señala que, con respecto al proyecto de ICAA, este no ha agotado los requisitos que la Sala le ordenó a SETENA para el otorgamiento de viabilidad ambiental, para lo cual cita la resolución N° 2013011525. Refiere que la licencia ambiental debe ser declarada como un acto nulo, dado que las instituciones recurridas señalan aspectos diferentes con respecto a este y además, contraria la ley N° 6126.  Precisa que el ICAA está realizando trabajos de zanjeo y movimientos de tierra dentro del Parque Los Chorros.

                12.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

                 Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el Decreto Ejecutivo No. 40675-MINAE autoriza la corta, poda o eliminación de árboles en veda o peligro de extinción ubicados en el Parque Recreativo Los Chorros y áreas protegidas. Reclama que la SETENA desobedece los fallos de esta Sala y el criterio de la Procuraduría General de la República al establecer que el Parque citado no es Patrimonio Natural del Estado.

II. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a.     Mediante oficio Nº SG-AJ-867-2017-SETENA del 12 de octubre de 2017, la SETENA respondió a una gestión de información planteada por un tercero. En el oficio se indicó que que el Parque Recreativo Los Chorros no pertenecía al Patrimonio Natural del Estado (véase prueba aportada por las partes);

b.    Mediante resolución Nº 1614-2014-SETENA del 14 de agosto de 2014, la SETENA otorgó la viabilidad ambiental al proyecto “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas ” del ICAA, que consiste en “la ampliación de la capacidad de la línea de conducción de agua desde la fuente actual ubicada en la naciente Prenda hasta el nuevo tanque de almacenamiento den Sabana Larga de Atenas”. Tiene el objetivo de solventar el problema de agua en la comunidad de Atenas y abarca 20 kilómetros (véase informe rendido y prueba aportada);

c.     Mediante Decreto Ejecutivo Nº 40675 del 25 de setiembre de 2017, el Poder Ejecutivo declaró la Conveniencia Nacional del Proyecto “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas ” a desarrollar por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Dicho decreto autoriza “…la corta, poda o eliminación de árboles -incluyendo especies declaradas en veda o en peligro de extinción- que se ubiquen en terrenos cubiertos de bosque o en las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575, siempre que no se ubiquen en terrenos Patrimonio Natural del Estado. ” Además, dispone: “…que la corta de árboles deberá realizarse de forma limitada, proporcional y razonable, previa tramitación de los respectivos permisos ante el Área de Conservación pertinente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. ” (Véase informe rendido y prueba aportada);

d.    En septiembre de 2017, el ICAA elaboró el “Estudio de Costo Beneficio Ambiental del Proyecto: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas”, el cual concluyó que existe un beneficio social positivo. En dicho estudio se especifica la corta de 8 árboles, los cuales se encuentran en los márgenes de los ríos Colorado y Prendas (véase informe rendido y prueba aportada);

e.     El proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas cuenta con el permiso de uso de suelo, emitido por la Municipalidad de Grecia (véase informe rendido).

III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la recurrente plantea dos temas relacionados con el Parque Recreativo Los Chorros. El primero de ellos se refiere al Decreto Ejecutivo Nº 40675 del 25 de setiembre de 2017. La accionante considera que dicho Decreto permite que a los desarrolladores del proyecto “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas ” ingresar al Parque Los Chorros y otras zonas con el fin de cortar árboles. Estima que eso se contrapone a lo establecido en la Ley N° 6126, por cuanto esta prohíbe la corta de árboles en dicho parque. Tras analizar los autos, la Sala pudo determinar que mediante resolución Nº 1614-2014-SETENA del 14 de agosto de 2014, la SETENA otorgó viabilidad ambiental al proyecto “ Mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas” del ICAA, que consiste en “ la ampliación de la capacidad de la línea de conducción de agua desde la fuente actual ubicada en la naciente Prenda hasta el nuevo tanque de almacenamiento den Sabana Larga de Atenas”. Dicho proyecto tiene el objetivo de solventar el problema de agua en la comunidad de Atenas. En cuanto al citado Decreto Ejecutivo, la Sala observa que él estuvo precedido del “Estudio de Costo Beneficio Ambiental del Proyecto: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas ”, el cual concluyó que existe un beneficio social positivo. En dicho estudio se especifica la corta de 8 árboles, los cuales se encuentra en las riberas de los ríos Colorado y Prendas. Ahora bien, en cuanto al reclamo concreto, la Sala nota que el Decreto cuestionado establece que: “…la corta, poda o eliminación de árboles -incluyendo especies declaradas en veda o en peligro de extinción- que se ubiquen en terrenos cubiertos de bosque o en las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575, siempre que no se ubiquen en terrenos Patrimonio Natural del Estado.” Además, dispone: “ el desarrollador está en la obligación de proceder bajo los parámetros que establece el último párrafo del artículo 19 de la Ley Forestal N° 7575, en el sentido de que la corta de árboles deberá realizarse de forma limitada, proporcional y razonable, previa tramitación de los respectivos permisos ante el Área de Conservación pertinente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. ”

El análisis del decreto permite a la Sala llegar a diversas conclusiones. Este Tribunal resalta que dicho Decreto no hace mención concreta al Parque Recreativo Los Chorros, sino a las áreas definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal, el cual señala:

“ARTICULO 33.- Areas de protección

Se declaran áreas de protección las siguientes:

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal.

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley.”

Por otro lado, contrario a lo acusado por la recurrente, quien estima que el decreto se opone a la Ley N° 6126, la Sala determina que dicho decreto –según se desprende de su propio texto- pretende dar cumplimiento a lo preceptuado por los numerales 19 y 34 de la Ley Forestal:

“ARTICULO 19.- Actividades autorizadas

En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines:

(…)

b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. (…)

“ARTICULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas

Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.

Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.”

En este sentido, se tuvo por probado que los 8 árboles, que pueden ser talados como consecuencia del proyecto, se encuentran en los márgenes de los ríos Colorado y Prendas, de manera que su protección podría derivarse del citado inciso b) del artículo 33, tornándose necesaria la declaratoria de conveniencia nacional para su corta, de conformidad con el numeral 34 mencionado.

En abono a lo expresado, el decreto establece con claridad que “… la corta de árboles deberá realizarse de forma limitada, proporcional y razonable, previa tramitación de los respectivos permisos ante el Área de Conservación pertinente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.” Es decir, no solo se obliga a ajustar la corta de árboles a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, sino que se obliga a tramitar los permisos respectivos ante el SINAC. En cuanto a la razonabilidad de la medida, se destaca que el proyecto implicaría la corta de 8 árboles en un trayecto aproximado de 20 kilómetros. Independientemente de esto, los hechos probados y el análisis normativo anterior reflejan que el reclamo planteado por la tutelada carece de sustento, pues el decreto se refiere al cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 de la Ley Forestal, en relación con las áreas protegidas por el artículo 33, sin que se haga una previsión particular para el Parque Recreativo Los Chorros, lo que lleva a la Sala a declararlo sin lugar.

IV.- El segundo tema planteado se refiere al oficio Nº SG-AJ-867-2017-SETENA. La accionante disputa que la SETENA niegue el carácter de Patrimonio Natural del Estado al Parque Recreativo Los Chorros. Considera que se trata de una desobediencia a lo dispuesto por esta Sala (resolución N° 2013-11525) y la Procuraduría General de la República. Partiendo de lo establecido en el considerando anterior, respecto a los alcances del Decreto Ejecutivo 40675, la Sala no observa un acto o amenaza concreta a derechos fundamentales en el tema planteado, sino una disputa sobre la naturaleza jurídica del referido parque, situación que, in abstracto, es ajena a la competencia de esta Sala. Recuérdese que el proceso de amparo tiene la finalidad de “… garantiza los derechos y libertades fundamentales…” (artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En consecuencia, se declara sin lugar el extremo y, con ello, el recurso.

                V.- RAZONES DIFERENTES de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política.

           1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada,  le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente  a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación  –predominantemente legislativa y reglamentaria–  trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

          3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace,  o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos.  Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la  Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata  más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la  Constitución.  Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes.  Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-

7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción  Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. El suscrito aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remito a la jurisdicción contencioso administrativa, es lo cierto que tratándose de denuncias por la corta indiscriminada de árboles dentro de un área protegida, no lo haré así, por cuanto, están en juego otros derechos, tales como el derecho al ambiente, agua, la salud y gozar de un nivel digno de calidad de vida, que se pueden ver afectados por las circunstancias indicadas.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

                Se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López da razones diferentes. El Magistrado Salazar Alvarado, pone nota.

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Fernando Castillo V.

	

 

	

Nancy Hernández L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jose Paulino Hernández G.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Yerma Campos C.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*8XYPBM6MLOM61*

 8XYPBM6MLOM61

EXPEDIENTE N° 17-016247-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:30:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande  
Normal  
Pequeña  
Constitutional Chamber  

Resolution No. 19249 - 2017  

Date of Resolution: December 1, 2017 at 09:30  

Case File: 17-016247-0007-CO  

Drafted by: Anamari Garro Vargas  

Type of matter: Amparo proceeding  

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  

**Text of the resolution**  

*170162470007CO*  

Exp: 17-016247-0007-CO  

Res. No. 2017019249  

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty o'clock on December first, two thousand seventeen.  

Amparo proceeding processed under case file No. 17-016247-0007-CO, filed by ANDREA MARÍA SOLÍS MAROTO, identification number 0110430268, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA) AND THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA).  

**Whereas:**  

1.- By a document received in the Chamber on October 17, 2017, the petitioner files an amparo proceeding. She states that the Executive Branch authorized, through Executive Decree No. 40675-MINAE, published in La Gaceta No. 244 of October 11, 2017, directly: "the felling, pruning, or elimination of trees, including species declared subject to a ban or in danger of extinction, located on forest-covered land or in the protection areas defined in Article 33 of the Ley Forestal 7575." She explains that, in this manner, the ICAA or any subcontracted company is authorized to enter a protected area, of high environmental fragility and which is State Natural Heritage, such as the Los Chorros park, given that, despite the fact that in judgment No. 2013-11525, the Constitutional Chamber established that Los Chorros is a protected area that forms part of the State Natural Heritage, the MINAE and the other respondent entities do not recognize it as such. She adds that the questioned decree contradicts Law No. 6126 "Declares Los Chorros Grecia Municipal Recreational Park," which prohibits the felling of trees within the park, as well as the alteration of water catchments. She considers that entry into Los Chorros could cause irreversible environmental damage, given the possibility of felling species subject to a ban or in danger of extinction. She asserts that the environmental exploitation permitted by the decree extends to rivers, forested areas, and to any species subject to a ban and protected that are found in the path of the project, which implies entering into the heart of the park with pipelines and destroying the trees that stand in the way. She relates that, in response to a consultation made, by official letter No. SG-AJ-2017-SETENA of October 12, 2017, SETENA affirmed that the Los Chorros Municipal Recreational Park is not part of the State Natural Heritage, a position she deems contrary to what was indicated by the Constitutional Chamber in the aforementioned judgment and that, therefore, endangers the flora, fauna, and scenic beauty of the place, for which reason she requests the intervention of this Court.  

2.- By a ruling at 14:08 on October 18, 2017, the amparo was admitted.  

3.- By a document received in the Chamber on October 25, 2017, Marco Arroyo Flores, in his capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, reports under oath. He indicates that, in accordance with what was indicated in Section II of the whereas clause of Vote No. 11525-2013, it has been considered proven that SETENA officials inspected the area of the proposed project and determined that the same is not located within the Los Chorros Municipal Recreational Park and that the proposed improvements had been carried out adjacent to a public road. He points out that SINAC indicated that this zone is not considered a wild area administered and protected under its responsibility. However, it is a protected area with high environmental fragility, according to the applicable regulations. He relates that the objective of the questioned project is to solve current water supply problems in sectors such as: Cementerio, Brasil, Calle Real, La Loma, Ángeles, and Pan de Azúcar in Concepción, among others, where the tank valves must be closed for up to 9 hours daily in some parts so that water reaches other sectors, since there is currently a shortfall of 25 l/s. To date, the system has had maintenance and some partial improvements have been made. However, the demand for the liquid has increased to such a point that the highest sectors are currently affected for several hours a day. He highlights that it is projected that by 2030 the population located within the influence zone that will be supplied by the Atenas aqueduct will require 1191 l/s, which corresponds to the maximum daily flow demanded by a population of approximately 30,000 inhabitants. He states that the water must be distributed in some cases by tanker trucks, since the system does not provide enough water, mainly during the summer. He indicates that the situation has affected students, as lessons are sometimes suspended. He indicates that the ICAA has maintained studies on the supply source, which has sufficient capacity to continue being used. Said institute has flow measurements (aforos) carried out over 25 years on the overflow (rebalse) of the existing catchment (captación), a flow (caudal) that is not being used. In addition, it has carried out hydrogeological studies to define the immediate absolute protection zone of the Los Chorros spring (naciente). He clarifies that the developer is obligated to proceed under the parameters established by the last paragraph of Article 19 of the Ley Forestal No. 7575, in the sense that the felling of trees must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner, after prior processing of the respective permits before the pertinent Conservation Area of the National System of Conservation Areas. Due to the foregoing, Executive Decree No. 40675 of National Convenience was processed, in accordance with Article 3, subsection m), Article 19, subsection b) and Article 34 of the Ley Forestal, in order to authorize the felling, pruning, or elimination of trees subject to a ban or in danger of extinction that are located on forest-covered land (terrenos cubiertos de bosque) or in protection areas defined in Article 33 of the Ley Forestal. He indicates that SETENA carried out the Environmental Impact Assessment and approved the corresponding mitigation measures for the project area and the boundaries of the Los Chorros Municipal Recreational Park, which is formed by a group of springs (manantiales) that discharge directly into the Prendas River. In the SENARA archives, there are four inventoried wells in the vicinity. He details their characteristics. He explains that the spring (naciente) used for public supply is located in the jurisdiction of the Municipality of Poás; however, the Los Chorros Municipal Recreational Park is administered by the Municipality of Grecia. Furthermore, the Prendas River constitutes a boundary between both cantons. Given that the production of the Prendas River is far superior to the system's requirements, there is no need to resort to new sources and only the option of increasing the flow (caudal) utilized to date is being analyzed. He emphasizes, however, that the ICAA pointed out that the inconvenience is that the capacity of the conveyance line (línea de conducción) is insufficient, which makes it necessary to increase that capacity. On the other hand, due to the growth that has occurred in the population of Atenas, the system currently has a deficit in storage volume of close to 500m3, which must be resolved. He stresses that the aqueduct is a system specialized in conveying water from the source to the population of Atenas. The source currently used is located in the jurisdiction of Poás, but the conveyance pipeline (tubería de conducción) crosses territory belonging to Grecia and Atenas. Of all the pipeline, only approximately 0.75 km must pass through easements (servidumbres). A percentage of this stretch must pass through the Los Chorros Municipal Recreational Park, which is classified, according to the regulatory plan of Grecia, as an Urban Recreational Park (en adelante PRU) zone. He refers that the PRU "is an area associated with sectors of high urban potential with physical restrictions for its intensive use, which presents conditions for the siting of parks, green areas, recreational and sports areas and as landscape enrichments" (Urban and Rural Regulatory Plan of Grecia). He notes that, due to the foregoing, the largest percentage of the pipeline (approximately 23.5 km) will be placed along a public road in the jurisdiction of Grecia and Atenas. The storage tank will be placed in Atenas, in an urban zone, where there is pre-existing infrastructure. The pipeline, being underground, does not affect the current land use (uso de la tierra) in the zone in any of the areas, as it does not produce changes in land use (uso de tierra). He points out that aqueduct pipelines are mainly underground infrastructure and the storage tanks are located in zones strategically arranged to supply potable water to the communities benefited by this public service. He highlights that the State has the obligation to provide potable water, according to constitutional jurisprudence. He recounts that an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) was approved so that the development of the public works occurs in harmony with the environment. He states that the ICAA has carried out inter-institutional coordination with the Municipality of Grecia and the MOPT to inform them of the matters related to the breaking of the asphalt pavement and land use (uso del suelo). Likewise, it was recorded in the administrative file of SETENA that the population was informed of the public infrastructure works. He indicates that the project "Improvements to the Atenas Supply System" has been declared of National Convenience through Executive Decree No. 40675-MINAE; the construction, operation, and maintenance, as well as the execution of the prevention, mitigation, or compensation works required according to the provisions of the Environmental Management Plan approved by SETENA for the Project "Improvements to the Atenas Supply System" will be carried out by the ICAA or the companies it contracts for its execution. He refers to Law No. 2726 regarding the powers of the ICAA. He points out that the ICAA prepared the economic-social evaluation of the cited project, which was submitted to the assessment of the Ministry of Environment and Energy in order to weigh that the social benefits were greater than the socio-environmental costs, under the protection of subsection m) of Article 3 of the Ley Forestal No. 7575; the foregoing, in order for the respective recommendations to be issued, which stated that the procedure used by the ICAA was adequate for the estimation of the indicated externalities and, ultimately, it was concluded that: "...there is a positive social benefit and it is evidenced that it will satisfy a real demand required by a specific population, such as the potable water service." For this reason, the project may be considered of national convenience due to the results of the project (positive IRR and NPV). He considers that the Declaration of National Convenience can be granted to the project. He reiterates that this is a potable water supply infrastructure project by a public entity (ICAA) and its development will contribute to meeting the water demand of the Atenas community. Likewise, the project conforms to national policies for improving potable water systems, in order to guarantee the reliability, timeliness, and quality of this service available for consumption nationwide. He highlights that the infrastructure to be developed—an interconnection to the existing catchment (captación) where a 350 mm diameter ductile iron pipe will be embedded—will be the starting point for the new conveyance pipeline (tubería de conducción). No construction or expansion of massive concrete works of any type is required. He refers to Articles 3 and 13 of the Ley Forestal. He states that SINAC-MINAE must delimit on the ground the boundaries of the areas that make up the State Natural Heritage and, subsequently, coordinate with the National Registry the establishment of a forest cadastre to regulate the areas comprised within the State Natural Heritage. He establishes that it is the competence of SINAC to issue a technical opinion on the PNE. In the specific case of the Los Chorros Municipal Recreational Park, SINAC stated that the zone is of high environmental vulnerability; therefore, SINAC also has the competence to delimit the recharge areas and the aquifers of the springs (manantiales) (Article 3, subsection l) and Article 33, subsection d) of the Ley Forestal No. 7575, as well as Article 2 of its regulations) in order to take the pertinent conservation measures by means of an Environmental Impact Study, as established in Vote No. 11525-2013. He cites legal opinion C-297-2004. He points out that the issue raised by the petitioner is the exclusive competence of SINAC (Article 22 of the Biodiversity Law). He indicates that the petitioner Solís Maroto was responded to on October 12, 2017, indicating what was stated by SINAC. He requests that SINAC be considered a party. He requests that the proceeding be dismissed.  

4.- By a document received in the Chamber on October 25, 2017, Manuel Antonio Salas Pereira, in his capacity as Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath that the proceeding is not admissible as it concerns a norm (Article 30 of the Law of Constitutional Jurisdiction). They deny that the ICAA, MINAE, or SETENA intend to damage the Los Chorros Recreational Park, much less the water catchment (captación de agua), because the works to be carried out aim to protect and secure the catchment (captación) and the water resource (recurso hídrico) itself. Said institutions have carried out all the required procedures within the scope of their competencies in the matter at hand. He points out that the questioned decree is a legal requirement to be able to execute, in compliance with current regulations, the improvement project for the Atenas aqueduct. It is not a violation of our legislation; on the contrary, it is a requirement demanded in accordance with the body of law. In its promulgation, all provisions to that effect were complied with. He points out that the declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) is a mandatory requirement to be able to carry out works and fell trees located in protection areas, as established by the Ley Forestal No. 7575. He attributes an intransigent and belligerent attitude to a group from the Tacares community, which manifests itself in multiple amparo proceedings to stop and delay the project, as they oppose the water from that place being taken elsewhere. He deems that this position contradicts the Chamber's jurisprudence. He emphasizes that the State must guarantee access to water for supply to populations, when technically possible. He cites jurisprudence on the matter. He points out that the Los Chorros Recreational Park is not a protected wild area and the existing easements (servidumbres) in favor of the ICAA were constituted previously (opinion of the Attorney General's Office C-172-2017). Within it are sources that have been captured (captadas) since 1961 for population supply. From that pre-existing intake (toma) are supplied an aqueduct system that the ICAA delegated to an ASADA and a system administered by the ICAA. He points out that the ICAA is the owner of both systems and, therefore, its greatest interest is to protect the resource, the park itself, and the area that protects the catchment (captación), which was expropriated by the ICAA for the public purpose of executing the project and a broader area to protect the natural resources of the zone. Apart from the water resource (recurso hídrico) present in that park, he stresses that it was also created with a recreational and scenic interest. However, it is a recreational zone that has little investment in its maintenance and protection, which is why the ICAA also expropriated part of the land for its protection and for the use of the water resource (recurso hídrico), as established by the very law creating this special legal status, which authorizes the use for population supply of the water resource (recurso hídrico) that is recharged in the Poás region and that emerges in that Recreational Park, which jurisdictionally is shared by the local governments of Poás and Grecia. He cites the opinion of the Attorney General's Office and the Chamber's jurisprudence on the duty to provide access to water. He transcribes Decree No. 49675. For the issuance of said decree, the indispensable technical requirements were met, such as Resolution No. 1614-2014-SETENA at 08:20 on August 14, 2014, and the economic-social evaluation of the cited project, submitted by the Ministry of Environment and Energy for assessment (subsection m) of Article 03 of the Ley Forestal No. 7575) so that the respective recommendations could be issued. Said recommendations stated that the procedure used by the ICAA had been adequate for the estimation of the indicated externalities and concluded that "... there is a positive social benefit and it is evidenced that it will satisfy a real demand required by a specific population, such as the potable water service. For this reason, the project may be considered of national convenience…since the results of the project (positive IRR and NPV), it is considered that the declaration of national convenience can be granted to the project." He points out that there are serious deficiencies in the supply of potable water in the communities of Atenas Centro, El Brasil, La Presa, Barrio Los Ángeles, Calle Real, Cementerio, INVU, Boquerón, Pan de Azúcar, Río Grande, Sistema Alto López, El Vainilla, La Puebla, Santa Eulalia, Barrio Mercedes, Barroeta, and Sabana Larga, located in the canton of Atenas, Province of Alajuela, which represents a potential risk in the proliferation of diseases that could affect the health of the residents of Atenas, due to the lack of water. He highlights that the affected population, according to data from the National Institute of Statistics and Census (2011), is 25,460 and that today it is close to 26,000 inhabitants. He cites Emergency Decree No. 38005-S, which was decreed given the existing deficiency and was published in La Gaceta No. 217 of November 11, 2013, decreeing a "Sanitary emergency due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and declaration of public and national interest for the project to expand the Atenas aqueduct, Tacares-Atenas conveyance line (línea de conducción), Phase I, Developed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers." He highlights that the issues that have generated the conflict are not of an environmental nature nor due to a lack of water resources (recurso hídrico), but rather a matter of shared water sources, since a power group in the Tacares community feels it has the full right to enjoy that source uniquely and exclusively and considers the water from Los Chorros as belonging to the ASADA of Tacares for future use and exclusive enjoyment by that region, and that the Grecia community has acted generously by having allowed for years that water be taken from Los Chorros to Atenas, a place that should look for another source. He refers that the foregoing demonstrates ignorance regarding the matter, given that there are areas that are not rich in water resources (recurso hídrico), which must be conveyed to those zones through the corresponding infrastructure, considering that water cannot be denied to citizens of zones where said resource does not emerge. He points out that the Atenas aqueduct, built in 1960 by the Ministry of Public Works, transports water emanating from the "Los Chorros" sources, located in the district of Tacares de Grecia, where the waters that are recharged in the canton of Poás de Alajuela flow out and whose average production is estimated at 1000 liters per second (Lps). He elaborates that said catchment (captación) transports, by means of installed pipelines, approximately 105 l/s to the community of Tacares Sur (Grecia) and the canton of Atenas. He adds that the remaining flow (caudal) from the previous catchment (captación) flows to the Prendas River, which includes the overflow (rebalse) of the built catchment (captación), from where the two independent pipelines depart, one for the Tacares Sur aqueduct, administered by the homonymous ASADA, and the other for the Atenas aqueduct, under the direct administration of the ICAA. He specifies that currently 61 l/s are captured (captan) for the canton of Atenas, while the ASADA of Tacares Sur utilizes 43.5 liters per second. He notes that the ICAA developed the project called "Improvements to the Atenas Aqueduct," through the contractor CONSTRUCTORA MECO.SA., which was the successful bidder of the international public tender. He adds that by Resolution No. 1614-2014-SETENA, environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the project "Improvements to the Atenas Aqueduct"; likewise, it has been financed with resources from the CABEI. He highlights that 21,000 inhabitants (year 2014) and 30,000 inhabitants (year 2030) will benefit from this project. Regarding the current impact of the project, he explains that there is a current shortfall of approximately 25 l/s throughout the distribution network, which leads to valve closures in different sectors and daily hours without supply. He mentions that the project was carried out due to the potable water shortfall that has existed for 10 years; they also anticipate demand up to the year 2030, according to population projections. They state that they have executed 55% of the project works, and 78% regarding financial progress; likewise, they estimate the completion of the works in January 2015 (sic). He highlights that if the project is not carried out, the aqueduct's lack of supply (discontinuity of service) would continue, along with public health problems (there is a sanitary order), the population and economic growth of the canton would be halted, the CABEI financing for this project and the second stage would be lost, they would have to face a multimillion-dollar indemnity to the contractor for the possible contract rescission, and they would lose the investment made to date, which the Institute's subscribers would have to cover. He points out that the obstruction of the project would cause serious harm to the Atenas community, since there are no available sources to be used for supply in that community. He indicates that according to Law No. 6126 of November 9, 1977, the administration of the Los Chorros Recreational Park is under the jurisdiction of the Municipality of Grecia; however, said Municipality does not have the competence to issue the "Land Use" document (uso del suelo) where the source is located, since this is outside its territorial jurisdiction. He adds that in accordance with the Regulations to the Law on Use, Management, and Conservation of Soils No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, Article 54 of the Organic Environmental Law, the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, and concordant and related regulations, the geographic location of the source falls within the administrative jurisdictional competence of the Municipality of Poás, and therefore it is the responsibility of said local government to issue the "Land Use" document. He specifies that the "Land Use" document was requested as a requirement by SETENA for the follow-up of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) resolution procedure. He clarifies that by official letter No. OG-1069-2013, SINAC issued the respective authorization and the definition of the area where the project is developed: "It is worth mentioning that the place where the waters are captured (captan) to supply the previously mentioned places is an area known as the Los Chorros Municipal Recreational Park, which does not have a Protected Wild Area category Administered by SINAC-MINAE, as established in the Organic Environmental Law. This means that said source is on Private property and captured (captada) by the ASADA of Tacares Carrillo and Atenas Centro." He denies that the respondent ignores the indications of the Constitutional Chamber in Resolution No. 2013011525 at 10:05 on August 30, 2013. He warns that it does not intend to cause irreversible environmental damage, given that what is being processed is compliance with current regulations, which authorizes, provided that certain conditions are met, use in certain zones with state authorization. He highlights that it is worrying that the amparo route is being used to continue obstructing the project that has the endorsement of the Constitutional Chamber, for which reason he cites Resolution No. 2017-001153 of said court. He points out that in response to the amparo proceedings filed by a power group in Tacares to obstruct the project, the Atenas community filed an amparo proceeding, in which the ICAA, in response, outlined that it has all the studies for the Los Chorros Recreational Park, that it has over 25 years of permanent flow measurement (aforo) studies of the sources, that it has acquired land for the execution of the project and for the protection of the zone, and that it has installed pipeline at a multimillion-dollar cost to convey a greater flow (caudal) from the Los Chorros Recreational Park to the city of Atenas than what is currently conveyed. He adds that the foregoing was assessed, understood, and accepted by the Constitutional Chamber in Resolution No. 2017-001153, which points out that the ICAA is in the process of addressing the situation of water access problems in Atenas and that the project was at that time in the process of contracting and executing "the stretch corresponding between the Los Chorros catchment (captación) to Calle Flores, a distance of approximately 720 m, with which the previously mentioned approximate total of 26.3 km will be completed." He refers that the Constitutional Chamber endorsed the execution of the project using an authorized intake (toma) within that Park by a special law. He reiterates that it is a Park with a recreational purpose and not a protected wild area or State Natural Heritage. He considers that what the petitioners allege, that Executive Decree No. 40675-MINAE is contrary to what was ruled in Resolution No. 2013-11525 of the Constitutional Chamber, demonstrates an erroneous interpretation of the same. He elaborates that according to the petitioners, the Constitutional Chamber, by pointing out that the Los Chorros Recreational Park is an area of environmental fragility, converts it into a management category regulated in the Organic Environmental Law, which is incorrect. He specifies that the amparo petitioners seek to interpret that the ICAA cannot capture (captar) water nor carry out public service works protected by a public interest. He highlights that through a report under oath before the Constitutional Chamber, SINAC indicated that said Recreational Park is not under any of the management categories administered by the National System of Conservation Areas, for which reason he deems the interpretation of said judgment to be false and mistaken. He reiterates that Resolution No. 2013-11525 rather indicates that according to the current legal concept and classification, the park is not a Protected Wild Area, given that the Constitutional Chamber indicated that it is an area of environmental fragility, as practically the entire country would be, insofar as it is exposed to human action. He adds that said Vote ordered the ICAA to "immediately suspend, upon notification of this judgment, the continuity of the project in question, until the environmental viability (viabilidad ambiental) is obtained under the stated terms." He specifies that environmental viability (viabilidad ambiental) was obtained through Resolution No. 1614-2014-SETENA; furthermore, the Constitutional Chamber itself does not disallow the ICAA from carrying out this project. He notes that the Chamber never considered the Recreational Park a Protected Wild Area, nor did it contemplate totally prohibiting the project, understanding that this would deny access to water supply for the Atenas area and that a prevailing public interest existed in that case, authorized by the Law Creating the Park, which precisely was to protect and preserve the resource of that zone for an ulterior purpose that would be population water supply. He highlights that, therefore, with the ICAA's project, constitutional rights are protected, preserved, and guaranteed. He affirms that the foregoing is evidenced in the socio-environmental study on which the questioned decree is based; in said study, Costs and Benefits are assessed, and it does not conclude an absolute felling. He adds that the project in question is protected by a Declaration of National Convenience and has the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental), which was subject to technical assessment to determine that there is no irreversible environmental damage. He states that not all the trees are going to be felled, as the petitioners erroneously interpret; it concerns 8 trees, which are located according to the list of trees to be felled that forms part of the Socio-Environmental Cost Study. He affirms that by official letter No. PRE-UE-BCIE-2017-00982 it is explained that: "initially, cutting 4 had been discussed, but one of them fell due to a landslide (deslizamiento). The decision to fell will be made upon execution of the works on site. The trees are of the species guarea sp, over a right-of-way and pipeline easement (servidumbre) in favor of AyA..." He reports that three trees must be felled on the right bank of the Colorado River, in La Argentina de Grecia, to build the overpass and install the conveyance line (línea de conducción). In the Santa Eulalia de Atenas zone, two trees must be felled on the left bank of the river. They include a table with the dasometric characteristics of the trees.

They add that these trees have no commercial value and their carbon capture is not significant, given that the area adjacent to the river is covered by the vegetation of the Gallery Forest (Bosque de Galería). It indicates that for the adduction line from the Intake (Captación) to the Pumping Station (Estación de Bombeo), a ductile iron pipe must be placed, for which one tree must be cut. It states that this adduction line must pass over the Prendas River, so a bridge crossing must be built, and for this, two trees will be felled. It includes a table with the dasometric characteristics of the trees. It affirms that the regulations empower the requirement of a declaration of National Convenience (Conveniencia Nacional) to cut trees in Protection Zones (Zona de Protección). It cites Articles 34 and 19 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575. It explains that according to Judgment No. 4399-2010 of December 14, 2010, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, it is indicated that the National Convenience Study requires a study balancing social benefits and environmental costs, the current status of the project and an explanation thereof, technical justification of the need for removal of trees and vegetation (with identification of the species), and the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) issued by SETENA. It cites Article 33 of the Forestry Law, which defines which are the protection areas that require National Convenience. It adds that according to said Article 33, in protection areas, the cutting of trees is prohibited, except in emergency situations or when there is a Declaration of National Convenience; otherwise, the crime of invasion under Article 58 of the Forestry Law would be constituted, in conjunction with Article 10 of the General Public Administration Law. It reiterates that in this specific case, it involves a limited and exhaustive cut of 8 trees; likewise, the convenience decree establishes ICAA's obligation to replace the felled trees. It emphasizes that none of the trees to be felled are located in a protection zone. It clarifies that the amparo petitioner confuses concepts, given that the Constitutional Chamber indicated that Los Chorros Recreational Park is an area that could be classified as environmentally fragile; however, this does not make it a Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida), which refers only to special management areas under the Organic Law of the Environment. It reiterates what was indicated in the second fact. It expands that through official letter No. OG-1069-2013 of June 15, 2013, signed by the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central) of the National System of Conservation Areas (SINAC), it was defined that the Recreational Park in question is not a protected wilderness area. It adds that official letter No. SG-AJ-2017-SETENA of October 12, 2017, is based on a technical assessment to determine that the Los Chorros Municipal Recreational Park is not a Protected Wilderness Area, in accordance with SINAC's criterion (official letter No. OG-1069-2013). Regarding the project, it emphasizes that the environmental viability stage was completed, it has firmness as an administrative act, and legal efficacy exists; in addition, they respected the principle of inter-institutional coordination. It adds that all acts, permits, and procedures were in accordance with the law; furthermore, there are no omissions or defects to correct in such process, which has been made known to the involved population. It mentions that ICAA, in the exercise of its powers, sought to tap the Los Chorros spring (fuente) both to supply the communities of Tacares Sur through the ASADA to which it has delegated the provision of the service, and the community of Atenas, whose service provision depends directly on ICAA. It mentions opinion No. C-172-2017 of July 18, 2017, from the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), regarding the concept of easement (servidumbre). It adds that the project "Improvements to the Atenas Supply System" (Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas) has a land-use conformity certificate, issued by the Municipality of Grecia, which endorses said project. It attaches a table of the gauging (aforos) carried out by the Institute. It affirms that regarding the Atenas Aqueduct Improvement Project, the necessary environmental, social, legal, and regulatory aspects were assessed from the beginning; however, community leaders supported by the Municipality of Grecia gave it a "social" tone of confrontation, which puts the supply to the population of Atenas at risk. It points out that there is scientific certainty that the Los Chorros springs will not be affected by the execution of the project. It affirms that the project is not only of interest to ICAA, given that the Executive Branch intervened. It estimates that with emergency decree No. 38005-S, the need has been demonstrated for the inhabitants of the communities located in the canton of Atenas, Province of Alajuela, which requires carrying out technical and administrative actions in the shortest possible time, in order to improve the potable water flow of the Atenas aqueduct. It explains that the possibility of using the Ojo de Agua resource or the Laguitos Phillips was studied; however, the Laguito Phillips is at an elevation of 500 meters above sea level (msnm), while Atenas is at 812 meters above sea level, so the construction of complicated pumping systems would be necessary, with a high construction and operating cost (high permanent electric bill). It adds that the water from Los Chorros is the optimal alternative, given that the water can arrive by gravity without any of the aforementioned costs. It refers that water cannot be transferred from the Ojo de Agua line to Atenas, because those volumes are used in supplying the Ciruelas sector and surroundings, with the pipeline being active up to the height of Ciruelas. It adds that, with the construction of Highway No. 27, the pipeline was interrupted in the Orotina sector, so the production is destined to supply the Central Region, the area called "Ojo de Agua" that supplies the Ciruelas sector, Calle Sánchez, and part of El Roble de Alajuela. It points out that it is desired to review the administrative actions, procedures, and formal acts; this is no longer a matter for the amparo proceeding and must be brought before the ordinary jurisdiction. It reiterates that ICAA fully complied by informing about the works to be carried out regarding the Atenas Aqueduct Improvement Project; likewise, it complied with the principle of coordination in order to optimize the limited resources of the Public Administration, and citizen participation was provided in understanding the project's scope. It emphasizes that ICAA has a function and a competence expressly determined in Articles 1 and 2 of its Constitutive Law; furthermore, local governments must coordinate with said institute to prevent damage to public health, therefore it considers the contested notification untimely and contrary to current regulations. It refers to judgment No. 2007-004610 of 2:33 p.m. on April 11, 2007, of the Constitutional Chamber, regarding the fundamental right to the proper functioning of public services. It notes that public authorities are obliged to apply the precautionary principle in sanitary matters in the sense that they must take the preventive measures necessary to avoid serious or irreparable damage to the health of the inhabitants; likewise, the previous facts constitute an emergency situation in health matters, which requires the immediate intervention of the Constitutional Chamber for its solution. It adds that Executive Decree No. 38005-S must be complied with, published in Gazette No. 217 of November 11, 2013, where the project "Expansion of the Atenas Aqueduct Tacares-Atenas Conduction Line Phase I" was declared of public and national interest. It considers that the guarantee of a healthy environment for the community of Atenas was violated, not derived from ICAA's acts, but as a consequence of the obstacles that some parties with their own interests in the community of Tacares have interposed.

5.- By brief received in the Chamber on October 26, 2017, Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath that the amparo petition must be rejected outright, since it corresponds to a matter proper to be resolved in the ordinary jurisdiction. He affirms that MINAE, at ICAA's request, processed Executive Decree No. 40675-MINAE of September 25, 2017, which declared the project "Improvements to the Atenas supply system" of national convenience, after a cost-benefit assessment and in order to determine if the Declaration of National Convenience for said project was technically viable and feasible. He explains that the foregoing action is protected by subsection tu) of Article 3 of Forestry Law No. 7575, since to legally issue the Decree declaring an activity of national convenience, it is only appropriate once there is technical certainty that the social benefits are greater than the socio-environmental costs. He adds that the analysis of social benefits occurred in the aforementioned project, citing Executive Decree No. 40675-MINAE: "IX-For this purpose, AyA prepared the economic-social evaluation of said project, which was submitted by the Ministry of Environment and Energy for assessment, in order to weigh whether the social benefits are superior to the socio-environmental costs, (...) the foregoing so that the respective recommendations would be issued, which, as relevant, stated that the procedure used by AyA was adequate for the estimation of the indicated externalities, and ultimately it was concluded that: '...there is a positive social benefit and it is evident that it will satisfy a real demand required by a specific population, such as potable water service. For this reason, the project can be considered of national convenience.'" He adds that through ICAA official letter No. PRE-2017-00648, it was indicated that, regarding the declaration of national convenience of the project, what is sought is to satisfy the potable water demand until the year 2030 for at least 30,000 inhabitants of the community of Atenas. He clarifies that said project aims to address the sanitary emergency in the communities of the canton of Atenas, declared by Executive Decree No. 38005-S of October 15, 2013, due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption. He emphasizes that said decree declared the project of public interest. He points out that Forestry Law No. 7575 prohibits the cutting or harvesting of trees in PNE, the land-use change (cambio de uso del suelo) on private lands with forest, and cutting trees in protection areas. He clarifies that this prohibition is not absolute, as the legislator included exceptions, such as activities of national convenience, which allow changing land use on private lands with forest and cutting trees within protection areas. He cites the definition of activities of national convenience included in the legislation: "...Activities carried out by centralized State agencies, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs." He clarifies that the concept of national convenience applies only to those cases where it can be demonstrated that the social benefits are greater than the socio-environmental cost, as happens with the project "Improvements to the Atenas supply system." He cites the legislative history to determine that it was not the legislator's intention to establish an absolute prohibition on cutting trees in protection areas or changing land use on private lands with forest. He interprets that declarations of national convenience have as one of their main effects, establishing an exception to the prohibition on changing land use on private lands covered by forest, when it involves carrying out infrastructure projects, state or private, of national convenience, excluding lands that form part of the PNE. He adds that Article 34 of Forestry Law No. 7575 establishes, as a second exception to the prohibition on cutting trees in the protection areas of Article 33 of the same Law, when it involves activities declared by the Executive Branch as of national convenience, provided that these protection areas are not located within PNE lands. He cites opinion No. C-103-1998 of the Office of the Attorney General of the Republic, regarding said exceptions. He affirms that MINAE has not incurred any fault, since it has rather acted under the principle of legality, given that it proceeded beforehand to review the studies and project to be carried out by ICAA and subsequently—upon determining that the social benefits were superior to the socio-environmental costs—proceeded to issue the Declaration of National Convenience, through Executive Decree No. 40675-MINAE. He refers that said decree indicates the following: "Article 2 By virtue of the declaration of National Convenience (...) of the Project 'Improvements to the Atenas Supply System' (Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas) of ICAA, the cutting, pruning, or elimination of trees -including species declared under a ban or in danger of extinction- that are located on lands covered by forest or in the protection areas defined in Article 33 of Forestry Law No. 7575 is authorized, provided they are not located on State Natural Heritage lands." "Article 4 (...) under the parameters established by the last paragraph of Article 19 of Forestry Law No. 7575, in the sense that the cutting of trees must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner, after processing the respective permits before the pertinent Conservation Area of the National System of Conservation Areas." He clarifies that MINAE did not authorize cutting in PNE or any type of clear-cutting, but rather cutting or even pruning, which must be limited, proportional, and reasonable. He expands that through a memorandum dated October 25, 2017, from ICAA, it is reiterated that approximately 6 trees need to be felled, which are located in an easement (servidumbre de paso) and where it is also specified that "the decision to cut will be made upon executing the work on site," which implies that the cut does not necessarily have to be carried out. He refers to constitutional vote No. 2006-17126 of the Constitutional Chamber, regarding National Convenience. He clarifies that the declaration of national convenience does not apply to PNE properties, since it is a legal concept used only as an exception to the prohibition on land-use change on private lands covered by forest and to the prohibition on cutting trees in the protection area established in Article 33 of Forestry Law No. 7575, provided that these are not located within PNE, as provided by Executive Decree No. 40675-MINAE. He explains that, regarding Law No. 6126 "Declares the Los Chorros de Grecia Municipal Recreational Park," it is obvious in view of Article 32 of the Organic Law of the Environment and the principle of legality, that said park cannot be categorized as a protected wilderness area management category. He indicates that through official letter No. OG-1069-2013 of July 15, 2013, SINAC reported on the Los Chorros Recreational Park the following: "...On July 15, 2013, an inspection was carried out at the place known as: Los Chorros Municipal Recreational Park, where the intake (captación) known as Fuente Los Chorros is located, which is tapped for human consumption, supplying potable water to the communities of Tacares Sur de Grecia, Carrillos de Poás, and the central part of the canton of Atenas... It is worth mentioning that the place where the waters are tapped to supply the aforementioned places is an area known as Los Chorros Municipal Recreational Park, which does not have a protected wilderness area management category administered by SINAC-MINAE, as established in the Organic Law of the Environment. This means that said spring is located on private property..." He adds that through report No. OG-1506-2017 of October 24, 2017, issued on the occasion of the amparo, SINAC pointed out the following: "(...) the area that comprises the Los Chorros Municipal Recreational Park, despite its fragility and relevance for the protection of Water Resources, has a legal nature differentiated from Protected Wilderness Areas. This area does not correspond to a Protected Wilderness Area, according to the provisions of Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4, 1995, where in chapter seven, Article No. 32, it classifies the Protected Wilderness Areas administered by the Ministry of Environment and Energy (....) This differentiation is relevant, as it changes the regulations to be applied to the site, as well as its possible legal limitations, or the restrictions on the use of the resources present. Regarding whether the area in question is State Natural Heritage, it is important to indicate that the area covered by the Los Chorros Municipal Recreational Park is composed of Privately Owned lands, which in our opinion are not part of the State Natural Heritage, and others of State Ownership, which were acquired by AyA and by the municipality of Grecia..." He notes that the Los Chorros Municipal Recreational Park does not constitute a protected wilderness area management category and is also composed of private lands, which implies that not all of the park is PNE. He points out that through opinion No. C-172-2017 of July 18, 2017, the PGR indicates that: "We agree with the Legal Advisory Office that privately owned properties, duly registered, within the PLCH, even when subject to the forestry regime, do not have the status of State Natural Heritage, which is administered by MINAE-SINAC, except for natural monuments (Law 6126/1977, Art. 4; Law 7575/1996, Arts. 3 subsection g, 13; Law 7554/1996, Arts. 32 and 33; Law 7152/1990, Art. 69. Similarly, opinion C-285-2013 stated that the lands that form part of the protected wilderness areas of the State Natural Heritage are those of public property; not those of private property, even if they geographically encompass them. It goes without saying that the municipality does not administer private individuals' lands…" Given the foregoing, he concludes that there is no impediment whatsoever with the declaration of national convenience issued by Executive Decree No. 40675-MINAE for the project "Improvements to the Atenas supply system." He clarifies that, although said decree authorizes the cutting, pruning, or elimination of trees, it does not mean that it will necessarily occur, since the decision to cut will be made upon executing the work on site; likewise, the Decree indicates that the cut must be limited, proportional, and reasonable, after processing the respective permits before the National System of Conservation Areas, which will indicate which are species under a ban or in danger of extinction. He adds that said cutting of trees is protected by Forestry Law No. 7575, given that the declaration of national convenience authorizes it; likewise, the regulations do not make an exception regarding the prohibition of banned trees, as an absolute prohibition would be irrational. He requests that the petition be dismissed.

6.- By brief received in the Chamber on October 26, 2017, the petitioner requests that the administrative act of executing works be suspended until there is a final ruling. She indicates that they held a peaceful protest and riot police appeared. She points out that she has no control over what might happen in the forest.

7.- By brief incorporated into the case file on October 27, 2017, Sergio Iván Alfaro Salas, in his capacity as Minister of the Presidency, reports under oath that he subscribes to what was stated by the Minister of Environment and Energy.

8.- By brief received in the Chamber on October 27, 2017, the petitioner provides evidence for a better resolution. She mentions that ICAA affirmed that it will cut trees in Los Chorros Park. She emphasizes that it is false that ICAA will only enter 50 meters inside the park, given that the entry is approximately 300 meters. She requests that the administrative act be suspended.

8.- By brief received in the Chamber on October 30, 2017, the petitioner reiterates what was indicated in her last two statements and provides evidence for a better resolution.

9.- By brief received in the Chamber on October 30, 2017, the petitioner comments on the reports submitted. She indicates that it is false that the case is one of mere legality, given that Article 50 of the Political Constitution is being violated. She claims that SETENA indicates that the issue of tree cutting is not within its competence; however, it grants the environmental license to the project in question, which does not mention the issue of tree cutting. She indicates that none of the respondent entities complies with the law, and that the decree issued violates the principle of legality. She alleges that the community of Atenas is not being denied water, given that it has a pipe that leaves the park towards Santa Eulalia, which transports 70 liters per second. She clarifies that the problem regarding the water resource in the community of Atenas is based on its poor management and the lack of a regulatory plan. She reiterates that according to Article 5 of Law No. 6126, it is prohibited to cut trees in Los Chorros Park. She notes that ICAA did not provide proof of its alleged tree planting. She indicates that it is false that the community of Tacares wants to exclusively enjoy the water source in a punitive manner. She adds that it is erroneous that 1000 liters per second flow at the site from the intake that is usable for human consumption. She clarifies that it is false that the Chamber endorsed the project. She rejects that there was manipulation of information inciting the community to appropriate the water. She mentions that it is false that the initial filing brief identified the community as the owner of the water resource. She expands that regarding the gauging table, a river is presented and not a spring (naciente), therefore the idea of 1000 liters per second corresponds to the river and not the Zamora creek. She points out that all arguments regarding chaos and anarchy must be rejected. She mentions resolution No. 2009-000262 of the Constitutional Chamber. She indicates that the decree excludes any artisanal form of the project, given that species in danger of extinction will be felled, which changes the project and the environmental permit. She points out that ICAA did not refer in its report to opinion No. C-134-2016, in which the PGR indicates that it cannot enter natural heritage areas, a criterion that is binding for the institutions.

10.- By brief received in the Chamber on November 3, 2017, Manuel Antonio Salara Pereira provides evidence for a better resolution. He indicates that in Atenas there is no regulatory plan and it suffers from population and development growth, so said population requires adequate access to water supply. He mentions that the issue of the decree is one of legality and constitutes one of the requirements that ICAA fulfilled to carry out the improvement works to the Atenas aqueduct; however, he estimates that the necessary execution and completion of the project is a matter of constitutional assessment. He refers that resolution No. 2017-001153 of the Constitutional Chamber indicates that this project is the only viable and immediate solution available to the population of Atenas to solve the supply crisis in the area. He estimates that the problem goes beyond the matter of mere legality, given that ICAA not only complied with all the requirements that have been demanded, but also, it is a matter of public health, of real and effective damage to the health of the inhabitants of Atenas. He indicates that the fundamental rights and the real damage caused must be weighed between what the cutting of 3 trees implies and having the population of Atenas without an adequate water supply. He adds that, through the evidence provided by the Ministry of Health, the serious deterioration to the Health of the population of Atenas is undeniable, given that public services were saturated. He emphasizes that no technical knowledge is necessary to understand that in an approximate area of 43 hectares of trees, the felling of three trees causes no damage whatsoever to biodiversity or water sources; likewise, these are not located in a recharge zone, rather two of those trees are damaged and could damage the existing infrastructure. He cites official letter No. CN-DARS-AT-0256-2017, issued by the Director of the Governing Health Area of Atenas: "In conclusion, I can tell you that the non-realization of the water supply project in Atenas will have serious implications for the public health of the inhabitants of this canton and of the people who come from other places as workers or visitors. Investing in the project promptly means preventing harm and illness as well as the risk of death, which is precisely one of the aims and raison d'être of the health sector institutions." He mentions official letter No. CILOVIS-01-2016 of March 26, 2016, in which the Director of the Health Area of Atenas indicated to the head of the ICAA Office in Atenas: "Sending official letter to your esteemed person in order to inform you of the current epidemiological situation of vector-borne diseases (Dengue, Chikungunya, and Zika), in the Canton of Atenas and the possible impact of non-continuous water supply on these diseases. (...) According to the analysis carried out, vector-borne diseases are multi-causal; it is known that in Atenas, due to the non-continuous water supply, the population must store it, turning those containers into potential breeding sites for aedes aegypti." He adds that, through official letter No. RCO-ATENAS-2016-00395 of May 6, 2016, it was indicated that the need to suspend the granting of availability certificates in Atenas caused current users to have no water and halted the development of the area.

11.- By brief received in the Chamber on November 6, 2017, the petitioner comments on the official letter submitted by the Manager of ICAA. She indicates that the residents of the community have protested peacefully; however, public force was sent against them. She alleges that the environmental viability for the park did not contemplate felling or cutting trees, reducing forest, excavating in the park, making holes, building over pipelines, or introducing large structures into the park. She mentions that the Manager of ICAA breached agreements made. She indicates that the respondent in his report makes no mention of the possibility of reactivating the Ojo de Agua pipeline, which she estimates is the cheapest solution. She points out that, regarding ICAA's project, it has not exhausted the requirements that the Chamber ordered SETENA to fulfill for granting environmental viability, citing resolution No. 2013011525 for this purpose. She refers that the environmental license must be declared a null act, given that the respondent institutions point out different aspects regarding it and also, it contradicts Law No. 6126. She clarifies that ICAA is carrying out trenching and earthworks (movimientos de tierra) within Los Chorros Park.

                12.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

                 Drawn up by Magistrate Salazar Murillo; and,

Considering:

I.- Object of the petition. The petitioner alleges that Executive Decree No. 40675-MINAE authorizes the cutting, pruning, or elimination of trees under a ban or in danger of extinction located in the Los Chorros Recreational Park and protected areas. She claims that SETENA disobeys the rulings of this Chamber and the criterion of the Office of the Attorney General of the Republic by establishing that the cited Park is not State Natural Heritage.

II. Proven facts. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a. Through official letter No. SG-AJ-867-2017-SETENA of October 12, 2017, SETENA responded to a request for information filed by a third party. The official letter indicated that the Los Chorros Recreational Park did not belong to the State Natural Heritage (see evidence provided by the parties);

b. Through resolution No. 1614-2014-SETENA of August 14, 2014, SETENA granted environmental viability to the project "Improvements to the Atenas supply system" of ICAA, which consists of "expanding the capacity of the water conduction line from the current source located at the Prenda spring (naciente) to the new storage tank in Sabana Larga de Atenas." It aims to solve the water problem in the community of Atenas and spans 20 kilometers (see report rendered and evidence provided);

c. Through Executive Decree No. 40675 of September 25, 2017, the Executive Branch declared the National Convenience of the Project "Improvements to the Atenas Supply System" to be developed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Said decree authorizes "…the cutting, pruning, or elimination of trees -including species declared under a ban or in danger of extinction- that are located on lands covered by forest or in the protection areas defined in Article 33 of Forestry Law No. 7575, provided they are not located on State Natural Heritage lands.

” Furthermore, it provides: “…that the cutting of trees must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner, following the prior processing of the respective permits before the pertinent Conservation Area (Área de Conservación) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación).” (See the issued report and evidence provided);

d. In September 2017, the ICAA produced the “Environmental Cost-Benefit Study for the Project: Improvements to the Atenas Supply System” (Estudio de Costo Beneficio Ambiental del Proyecto: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas), which concluded that there is a positive social benefit. This study specifies the cutting of 8 trees, which are located on the banks of the Colorado and Prendas rivers (see the issued report and evidence provided);

e. The Improvements to the Atenas Supply System project has a land-use permit (permiso de uso de suelo), issued by the Municipality of Grecia (see the issued report).

III.- On the specific case. In the sub examine, the appellant raises two issues related to the Parque Recreativo Los Chorros. The first refers to Decreto Ejecutivo Nº 40675 of September 25, 2017. The plaintiff considers that said Decree allows the developers of the “Improvements to the Atenas Supply System” project to enter Parque Los Chorros and other areas in order to cut trees. She believes this contradicts the provisions of Ley N° 6126, since it prohibits the cutting of trees in said park. After analyzing the case file, the Chamber was able to determine that through resolution Nº 1614-2014-SETENA of August 14, 2014, SETENA granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the ICAA’s “Improvements to the Atenas Supply System” project, which consists of “the expansion of the capacity of the water conveyance line from the current source located at the Prenda spring (naciente) to the new storage tank in Sabana Larga de Atenas.” This project aims to solve the water problem in the community of Atenas. Regarding the cited Decreto Ejecutivo, the Chamber observes that it was preceded by the “Environmental Cost-Benefit Study for the Project: Improvements to the Atenas Supply System,” which concluded that there is a positive social benefit. This study specifies the cutting of 8 trees, which are located on the banks of the Colorado and Prendas rivers. Now, regarding the specific claim, the Chamber notes that the questioned Decree establishes: “…the cutting, pruning, or elimination of trees—including species declared under a ban (veda) or in danger of extinction—that are located on lands covered by forest (terrenos cubiertos de bosque) or in the protection areas defined in Article 33 of the Ley Forestal N° 7575, provided they are not located on State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) lands.” In addition, it provides: “the developer is obligated to proceed under the parameters established in the last paragraph of Article 19 of the Ley Forestal N° 7575, in the sense that the cutting of trees must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner, following the prior processing of the respective permits before the pertinent Conservation Area of the National System of Conservation Areas.”

The analysis of the decree allows the Chamber to reach various conclusions. This Court highlights that said Decree does not make specific mention of the Parque Recreativo Los Chorros, but rather to the areas defined by Article 33 of the Ley Forestal, which states:

“ARTICLE 33.- Protection areas

The following are declared protection areas:

a) The areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally.

b) A strip of fifteen meters in rural zones and ten meters in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and fifty meters horizontally if the land is broken.

c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on lakes or artificial reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are exempted.

d) The recharge areas and aquifers of the springs, the limits of which shall be determined by the competent bodies established in the regulation of this law.”

On the other hand, contrary to what is alleged by the appellant, who believes the decree opposes Ley N° 6126, the Chamber determines that said decree—as inferred from its own text—aims to comply with the provisions of numerals 19 and 34 of the Ley Forestal:

“ARTICLE 19.- Authorized activities

On lands covered by forest, land-use change (cambio de uso del suelo) shall not be permitted, nor shall forest plantations be established. However, the State Forest Administration may grant a permit in these areas for the following purposes:

(…)

b) Carrying out infrastructure projects, state or private, of national convenience. (…)

“ARTICLE 34.- Prohibition against felling in protected areas

The cutting or elimination of trees in the protection areas described in the previous article is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience.

The alignments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.”

In this sense, it was proven that the 8 trees, which may be felled as a consequence of the project, are located on the banks of the Colorado and Prendas rivers, so their protection could derive from the aforementioned subsection b) of Article 33, making the declaration of national convenience necessary for their cutting, in accordance with the mentioned numeral 34.

In support of what has been expressed, the decree clearly establishes that “…the cutting of trees must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner, following the prior processing of the respective permits before the pertinent Conservation Area of the National System of Conservation Areas.” That is to say, it not only requires that the cutting of trees be adjusted to criteria of proportionality and reasonableness, but also requires processing the respective permits before the SINAC. Regarding the reasonableness of the measure, it is highlighted that the project would involve the cutting of 8 trees along an approximate stretch of 20 kilometers. Regardless of this, the proven facts and the foregoing regulatory analysis reflect that the claim raised by the protected party lacks support, since the decree refers to compliance with the provisions of Article 34 of the Ley Forestal, in relation to the areas protected by Article 33, without a particular provision being made for the Parque Recreativo Los Chorros, which leads the Chamber to declare it without merit.

IV.- The second issue raised refers to official communication Nº SG-AJ-867-2017-SETENA. The appellant disputes that SETENA denies the status of State Natural Heritage to the Parque Recreativo Los Chorros. She considers this a disobedience to what was ordered by this Chamber (resolution N° 2013-11525) and the Procuraduría General de la República. Based on what was established in the preceding recital (considerando), regarding the scope of Decreto Ejecutivo 40675, the Chamber does not observe a concrete act or threat to fundamental rights in the issue raised, but rather a dispute over the legal nature of the referred park, a situation that, in abstracto, is outside the jurisdiction of this Chamber. It should be recalled that the amparo process has the purpose of “…guaranteeing fundamental rights and freedoms…” (Article 29 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Consequently, this point is declared without merit and, with it, the appeal.

V.- DIFFERENT REASONS of Judge Hernández López regarding the claim for violation of Article 50 of the Constitución Política.

1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has varied considerably, requiring this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of persons to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Constitución Política. In effect, the current situation—characterized by a vast legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Carta Fundamental—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state agencies with appropriate jurisdiction imposed on the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a “dense web” of environmental regulations—as correctly described by Judge Jinesta Lobo in his dissenting vote on this issue—which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists in the fact that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—entails an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and the ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In these, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of standing have been broadly regulated, so that those subject to administration can enforce what is established in that broad legal order related to the environmental topic.

3. In that context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for the Constitutional Chamber to displace or—even worse—substitute for the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, risking an overlap of its jurisdiction with that of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts that are composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are well-known examples where the Chamber has handed down a half-finished or technically incomplete resolution, or unnecessary friction and an impairment of juridical certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects that I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have execution judges for judgments to allow adequate follow-up of these—generally complex—rulings, which sometimes involve following up on remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up over months and even years.

5. From that perspective, the decision by this Court to take a step back in environmental matters should not be seen as an abandonment of environmental matters, but on the contrary, of their adequate protection in the instance that best suits the nature of their complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as a declination by this instance of its task of protecting constitutional rights imposed upon it by the Constitución Política and its Organic Law, which from my point of view, remains reserved in this area for specific cases. It is, rather, an exercise of rearrangement of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the sphere assigned to it, as well as the exercise of determining its own jurisdiction, as established by Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not intend to leave the work of protecting persons' rights in environmental matters to other jurisdictions. It is known that while every claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected up to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitution. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that—among all and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society in which other equally pressing needs also exist, can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose a whit of protection, but gains substantially in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of mandatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.-

7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber should abstain from hearing claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Constitución Política, in order to leave their hearing to the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is stated as a general rule, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this listing being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put people's health, or access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a patent absence of protection by the state authorities is verified, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural mechanism, since I also believe that the amparo process should not be made "ordinary" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity of being adequately attended to within the same.

8. In the specific case, in accordance with the proven facts, none of the exceptions mentioned are present, and the situation raised falls within those cases in which the intervention of the protective mechanisms of the Administration and ordinary justice turns out to be a broader and more complete avenue for the issue under discussion, which involves a discussion of advantages and disadvantages and evaluation of benefits that exceed the scope of amparo. Thus, Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional should have been applied and the appeal rejected outright; however, not having happened that way, it is now appropriate to declare the filed amparo without merit.

VI.- NOTE FROM JUDGE SALAZAR ALVARADO. The undersigned clarifies that while I refer environmental matters to the contentious-administrative jurisdiction when there is administrative intervention of any kind, the truth is that in the case of complaints regarding the indiscriminate cutting of trees within a protected area, I will not do so, because other rights are at stake, such as the right to the environment, water, health, and the enjoyment of a decent quality of life, which may be affected by the indicated circumstances.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared without merit. Judge Hernández López gives different reasons. Judge Salazar Alvarado enters a note.

Fernando Cruz C.
Acting President

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jose Paulino Hernández G.

Ronald Salazar Murillo

Yerma Campos C.

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