Res. 20057-2017 Sala Constitucional — Coastal Zone Concessions without Hydrogeological Studies and Impact on State Natural HeritageConcesiones en Zona Marítimo Terrestre sin estudios hidrogeológicos y afectación al Patrimonio Natural del Estado

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Sala Constitucional

Resolución Nº 20057 - 2017

Fecha de la Resolución: 15 de Diciembre del 2017 a las 09:20

Expediente: 17-004881-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias Relacionadas


Texto de la resolución

*170048810007CO*

Exp: 17-004881-0007-CO

Res. Nº 2017020057

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de diciembre de dos mil diecisiete .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente No. 17-004881-0007-CO, interpuesto por FUAD SELIM YANTANI OLIVER, cédula de residencia No. 115200021604, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (SENARA), el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) y la MUNICIPALIDAD DE OSA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:34 horas de 28 de marzo de 2017, el recurrente interpone recurso de amparo. Indica que el Concejo Municipal de Osa en Sesión Ordinaria No. 17-2015, celebrada el 29 de abril de 2015, en el artículo IX, acuerdo Nº 3, acordó prorrogar las concesiones de Zona Marítimo Terrestre a Sergio Miranda Torres y a la empresa Free Town, ubicadas en Bahía Drake, Punta San José, Playa San Josesita y la Península de Osa en Puntarenas. Señala que lo anterior, pese a no contar con un plan regulador que contemple estudios técnicos sobre la vulnerabilidad intrínseca a los acuíferos aprobados por el SENARA ni tampoco estudios para determinar la zona de recarga acuífera, las nacientes en el sector y su área de protección. Asimismo, acusa la posible afectación generada en los últimos años en el Corredor Biológico Osa, donde se encuentran ubicadas ambas concesiones, debido a que se trata de Patrimonio Natural del Estado. Menciona que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, por oficio No. RVLA-0665-2016-SETENA y el Formulario No. D2-17821-16 SETENA catalogó las zonas que fueron otorgadas en concesión como ambientalmente frágiles. Agrega que las áreas bajo concesión colindan: al norte y este con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Río Claro; al sur con un humedal tipo sistema fluvial de tramo bajo con recorrido corto; y al oeste con el humedal, zona pública y el Océano Pacífico, donde se encuentran gran cantidad de arrecifes y corales denominados “Coralinos del Área de Conservación de Osa ” y, además, existe un arrecife que va de San Pedrillo hasta la Isla del Caño, el cual está siendo afectado en gran medida por la afluencia de turistas que visitan la zona. Acota que en el estudio hidrogeológico contratado por los dos concesionarios se determinó que la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación es muy elevada. Destaca que tanto el Corredor Biológico de Osa como el Refugio de Vida Silvestre Punta Río Claro cuentan con un entorno natural de gran diversidad de flora y fauna terrestre y marina. Expone que en tomas aéreas encontrabas en Google de los años 2005, 2014 y 2017, se puede comprobar la tala indiscriminada y la eliminación de la zona boscosa entre el humedal y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Río Claro, lo cual ha afectado la zona de las nacientes y humedales y ha provocado un grave daño al ambiente y el ecosistema del lugar. Menciona que la municipalidad recurrida prorrogó los permisos de concesión en la Zona Marítimo Terrestre sin contar con el plan regulador y estudios de impacto ambiental, con la finalidad de garantizar la protección del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la no afectación de mantos acuíferos. Considera que los hechos expuestos violentan sus derechos fundamentales.

2.- Mediante resolución de las 7:51 horas de 29 de marzo de 2017, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Secretario Técnico Nacional Ambiental, al Director del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Área de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, así como al Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Osa.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 7:55 horas de 5 de abril de 2017, informa bajo juramento Marco Vinicio Arroyo Flores, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Indica que el 14 de junio de 2016, Sergio Miranda Torres presentó documentación sobre el proyecto denominado “ Concesión de Aguas Superficiales”, con fines de viabilidad ambiental. Alega que el 20 de junio de 2016, su representada emitió la resolución Nº RVLA-0665-2016-Setena, la cual indicó:  “(…) En relación con el Documento de Evaluación de Impacto Ambiental (D2), al cual se le asignó el expediente administrativo D2-17821-2016-Setena presentado por usted (Sergio Miranda Torres) ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en fecha 14-5-2016, correspondiente a la actividad, obra o proyecto denominada: Concesión de aguas Superficiales (Caudal 0,050 Vs), me permito comunicarle que analizada la información recibida, se ha determinado que la misma NO CUMPLE con la establecido en los Decretos Ejecutivas-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 28 de junio del 2004 y Nº 32079-MINAE del 05 de noviembre del 2004, por lo siguiente: El (Impacto Ambiental Potencia) IAP, no corresponde a la categoría C debido a que la actividad solicitada se ubica dentro de la ZONA MARITIMA TERRESTRE, la cual está categorizada como ÁREA AMBIENTALMENTE FRÁGIL en función de sus condiciones ecosistémicas que la conforman y también comprende áreas para las cuales el estado en virtud de sus características ambientales ha emitido un marco jurídico especial de protección. Por lo tanto, se declara sin lugar la gestión. A efecto de optar por la viabilidad ambiental de su actividad, obra o proyecto, deberá de presentar el documento D1 correspondiente y adjuntar todo la documentación que señalan los Decretos Ejecutivos N' 31849-MINAES-MOPT-MAG-MEIC del 28 de junio del 2004 y Nº 32 712-MINAE del 18 de noviembre del 2005. Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de 3 días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente (...)". Alega que de la resolución citada puede concluir que la gestión del recurrente fue denegada, precisamente, porque su actividad, obra o proyecto se realizaría en un área ambientalmente frágil (Zona Marítima Terrestre) y está en firme, ya que no se interpuso recurso de apelación en su contra, pese a que fue notificada el 27 de junio del 2016.

4.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las  16:15 horas de 5 de abril de 2017,  rinde informe bajo juramento Jorge Alberto Cole De León, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Osa. Refuta que la Municipalidad haya acordado prorrogar concesiones de aguas de nacientes al recurrente y a la empres Free Town, ya que según la legislación vigente no es una atribución suya. Indica que la directriz NºGG-325-16 de SETENA (acuerdo de la Sesión 01-2016 tomado por el Consejo Sectorial de Ambiente, Energía, Minas y Ordenamiento Territorial) refiere: " El Consejo Sectorial acuerda que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) enviará en el plazo de 22 días una nota la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) Y las Municipalidad del país indicando en forma actual cuales son los Municipios que por disposición de la Sala Constitucional deben elaborar matriz de vulnerabilidad hídrica y mapas hidrogeológicos. Lo anterior es con el fin de que SETENA continúe los trámites respectivos de la revisión y aprobación los índices de fragilidad ambiental de los planes reguladores teniendo claro exactamente a cuales municipios debe exigirle el cumplimiento de la matriz hídrica y los mapas hidrogeológicos (…) todas aquellas municipalidades (con excepción de las incluidas en el punto 1 que han presentado una solicitud de valoración del EHG ante el SENARA a la fecha de publicación de este acuerdo y que no cuentan todavía con el aval correspondiente, podrán continuar los tramites respectivos ante la SETENA utilizando la metodología establecida en el Decreto 32962-MINAE. En tanto el SENARA dispondrá de un plazo de hasta cinco años para aprobar los EHG. Una vez que se cuente con la información de los EHG elaborados por SENARA serán incorporados en los planes reguladores. Para todas aquellas Municipalidades que no cuentan con EHG y que han iniciado el trámite, podrán iniciar su gestión ante SETENA para su respectiva aprobación de la integración de variable ambiental en planes reguladores correspondiente. Una vez que se cuente con la información de los EHG elaborados por SENARA serán incorporados en los planes reguladores". Menciona que la directriz refiere que cuando las municipalidades tengan la variable ambiental se debe incorporar. Señala que el gobierno local está en total apertura de incorporar los índices de fragilidad ambiental hídrica cuando el SENARA los aporte. Manifiesta que esa municipalidad se encuentra elaborando un plan regulador integral costero de todo el cantón de Osa y cuando SENARA les aporte los índices de fragilidad ambiental hídrica serán incorporados. Refuta que el área otorgada en concesión colinde con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Río Claro, toda vez que, según oficio SINAC-AL-363 de 6 de agosto de 2013, consta: “ Que en cuanto a la vigencia del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Punta Rio Claro, creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 25937-MINAE el mismo se encuentra VENCIDO para los terrenos privados”. Considera que no es potestad del municipio vigilar la afluencia de turistas que visitan la zona de humedales, zona pública y océano pacífico. Estima que tampoco corresponde a la Municipalidad controlar la tala de zona boscosa. Arguye que antes de otorgar la concesión, se le exigió al concesionario excluir las áreas afectadas al patrimonio. Refiere que el expediente fue remitido y aprobado por el ICT, por lo cual es una concesión debidamente inscrita ante el Registro Nacional.

5.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:20 horas de 7 de abril de 2017, rinde informe bajo juramento Paula Mena Corea, en su condición de Directora a.i. del Área de Conservación OSA del SINAC. Indica que como lo señala en su informe el Ingeniero Topógrafo del ACOSA José María Arroyo Arguedas, en un inicio Free Town (Concesión Nº 0006Z, plano P-1386840-2009) y Sergio Miranda (Concesión Nº 01541Z, plano P-0972680-2005) poseían concesiones inscritas ante el Registro Nacional, las cuales fueron afectadas con la certificación Nº ACOSA-PNE-AD-021-2012 de Patrimonio Natural de Estado, emitida el 17 de febrero del 2012. Acota que debido a esa afectación el Concejo de la Municipalidad de Osa, mediante oficio AZM 627-2014, solicitó al Departamento de Patrimonio Natural del Estado una recalificación de estas áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado (PNE). Alega que, mediante oficio  SINA-ACOSA-PNE-029-2015, se le indicó al Concejo Municipal que se realizó la verificación en campo de la certificación de PNE, y que a su vez se realizó el levantamiento topográfico de los polígonos que clasifican como PNE, lo anterior con el fin de inscribir los planos a nombre del Estado. Alega que de ese levantamiento topográfico se generaron las minutas de inscripción número 2015-63742 y 2015-63744, las cuales corresponden a un polígono de bosque y un polígono de humedal que se encontraban en las concesiones antes mencionadas. Resalta que el Registro Nacional no inscribió los planos de PNE, ya que traslapaban con los planos de concesiones. Agrega que debido a esa situación los concesionarios modificaron los planos originales de sus concesiones excluyendo las áreas declaradas como PNE. Añade que la concesión Nº 1541Z de Sergio Miranda Torres modificó y rectificó su plano, por lo que tiene inscrito en su asiento registral el plano número P-1731442-2014. Expone que la concesión de Freetown también modificó su plano y presentó ante el registro la minuta Nº 2015-95527-C, la cual también excluyó las áreas de PNE. Indica que el Ingeniero Topógrafo del ACOSA en su oficio SINAC-ACOSA-PNE-AD-046-2017, sobre la pérdida de cobertura, señaló: "se verificaron las imágenes satelitales disponibles en el programa Google Earth, las mismas son de las fechas Julio 2005, abril 2014 y febrero 2017, en las mismas imágenes no se puede apreciar dicha perdida de cobertura boscosa ”. Expresa que en dicho oficio también se indicó: "la aseveración de que las propiedades colindan en el océano pacifico con arrecifes coralinos 1 que estos se encuentran afectados por la afluencia de turistas, esta afirmación no es cierta ya que según el estudio que realizo el Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad De Costa Rica, para el Área de Conservación de Osa (Plan Director EcoRegional), el arrecife coralino más cercano a esta zona se encuentra a más de 5 kilómetros". Alega que se debe tomar en cuenta que el corredor biológico OSA es una extensión territorial, generalmente propiedad privada, cuya función es interconectar áreas silvestres protegidas para posibilitar tanto la migración como la dispersión de especies de flora y fauna silvestres.

6.- Por constancia de 17 de abril de 2017, el Secretario y Técnico Judicial, ambos de la Sala Constitucional, hicieron saber: “revisado, en el sistema costarricense de gestión de despachos judiciales el control de documentos recibidos y este expediente, no aparece que del 04/04/2017 al 16/04/2017, el Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las siete horas y cincuenta y uno minutos de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete”.

7.- Mediante resolución de las 9:51 horas de 28 de abril de 2017, se rectificó el curso del proceso y se tuvo como recurrido al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Asimismo, se solicitó informe al Secretario Técnico Nacional Ambiental, al Director del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional del Área de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, al Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, así como, al Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Osa.

8.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:19 horas de 4 de mayo de 2017, rinde informe bajo juramento Paula Mena Corea, en su condición de Directora del Área de Conservación de Osa. Manifiesta que se tengan por contestados los hechos alegados con el oficio ACOSA-D-156-17 de 6 de abril de 2017, ya presentado en la Secretaría de la Sala.

9.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:35 horas de 10 de mayo de 2017, rinde informe bajo juramento Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, en su condición Sub Gerente del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Indica que el SENARA no ha emitido ninguna matriz general, mapa hidrológico o alguna referencia con respecto a las aguas subterráneas, en el sector costero de Bahía Drake, Punta San José, Playa San Josesita y Península de Osa en Puntarenas. Señala que el SENARA no es competente en relación con concesiones en la zona marítima terrestre; no obstante, afirma que un proyecto nuevo o uno existente debe tener una valoración hidrogeológica en los procesos de evaluación y viabilidad ambiental, estudios que deben contemplar la vulnerabilidad, amenaza, riesgo y delimitación de las áreas de recarga y descarga. Acota que los proyectos que tienen potencial de contaminar o impactar las aguas subterráneas debe tener un estudio hidrogeológico revisado y aprobado por SENARA, debido a la función esencial del SENARA como lo es evaluar los proyectos de inversión para que los mismos no afecten los recursos hídricos superficiales y subterráneos, a fin de cumplir con las funciones que la Ley Constitutiva de Senara No.6877 que le asigna a la institución, lo siguiente: "Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos”. Manifiesta que sobre la zona donde se ubica la concesión objeto del presente recurso existe poca información geológica e hidrogeológica, y para llevar a cabo una evaluación de los impactos de proyectos deberán realizar estudios hidrogeológicos específicos y exhaustivos. Menciona que la Municipalidad de la zona está en la obligación de desarrollar el componente hidrogeológico de los planes reguladores, herramienta para poder utilizar el territorio de una forma sostenible. Refiere que para la protección de los recursos hídricos, tanto en su calidad como en su cantidad, el SENARA ha diseñado instrumentos como son las matrices de uso de suelo según la vulnerabilidad de los acuíferos, en las cuales se establecen regulaciones para que las actividades humanas no impacten negativamente el recurso. Explica que en los casos en que no existen estudios hidrogeológicos o mapas hidrogeológicos (como el caso presente), la matriz genérica para la protección de acuíferos aprobada por la Junta Directiva del SENARA debe servir de guía y orientación técnica para regular las actividades humanas que causen, o potencialmente puedan causar, efectos adversos en el ambiente, y particularmente en el recurso hídrico.

10.- Por constancia de 11 de mayo de 2017, el Secretario y Técnico Judicial, ambos de la Sala Constitucional, hicieron saber: “no aparece que del 05/05/2017 al 10/05/2017, el Secretario Técnico Nacional Ambiental haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las nueve horas y cincuenta y uno minutos de veintiocho de abril de dos mil diecisiete”.

11.- Por constancia de 11 de mayo de 2017, el Secretario y Técnico Judicial, ambos de la Sala Constitucional, hicieron saber: “no aparece que del 05/05/2017 al 10/05/2017, el Alcalde de la Municipalidad de Osa haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las nueve horas y cincuenta y uno minutos de veintiocho de abril de dos mil diecisiete”.

12.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:23 horas de 16 de mayo de 2017, se apersona el recurrente. Indica que los informes de la Municipalidad de Osa son de suma importancia para el recurso de amparo y requiere que se emita la comisión correspondiente para la notificación.

13.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:04 horas de 23 de mayo de 2017, se apersona Alberto Cole De León, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Osa. Señala que el fax correcto para recibir notificaciones es el 2786-8492.

14.- Mediante resolución de las 9:52 horas de 23 de mayo de 2017, se dispuso notificarle al Alcalde de la Municipalidad de Osa la resolución de las 9:51 horas de 28 de abril de 2017.

15.- Por constancia de 30 de mayo de 2017, el Secretario y Técnico Judicial, ambos de la Sala Constitucional, hicieron saber: “no aparece que del 25/05/2017 al 29/05/2017, el Alcalde Municipal de Osa haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las nueve horas y cincuenta y uno minutos de veintiocho de abril de dos mil diecisiete”.

16.-  Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:05 horas de 30 de mayo de 2017, se apersona Marco Vinicio Arroyo Flores, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional. Indica que de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), se creó como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía con el propósito de, entre otras cosas, armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Expone que, según la normativa, es a la municipalidad (en ocasiones también con aprobación del ICT, SINAC-áreas silvestres protegidas) a la que le corresponde otorgar y prorrogar las concesiones dentro de la zona restringida. Aclara que SETENA no tiene injerencia legal en el otorgamiento de las concesiones de la zona restringida; sin embargo, sus competencias están definidas en la Ley Orgánica del Ambiente (artículo 17), el reglamento de dicha ley (Decreto Ejecutivo Nº 31849), y una serie de manuales y nomas emitidas vía decreto ejecutivo. Acota que la zona restringida es catalogada, de acuerdo con el Decreto N° 31849, como un área ambientalmente frágil por lo que cualquier proyecto, obra o actividad que se desee efectuar allí, deberá de someterse al procedimiento de evaluación ambiental. Arguye que otorgada la Viabilidad Ambiental al proyecto, SETENA puede prorrogarla. Agrega que en caso de que durante el plazo de vigencia hayan ocurrido variantes evidentes en las condiciones exógenas que se evaluaron al momento de otorgar la viabilidad ambiental, SETENA puede solicitar de oficio al desarrollador interesado una actualización de los instrumentos de evaluación ambiental presentados o una certificación de que las condiciones ambientales que fueron evaluadas inicialmente en el proyecto no han variado con respecto a esas condiciones exógenas actuales y que mantiene vigencia la evaluación realizada. En cuanto la pregunta: ¿Si tienen conocimiento de prórroga de concesiones en Zona Marítima Terrestre otorgadas a Sergio Miranda Torres y a la empresa Free Town, ubicadas en Bahía Drake, Punta San José, Playa San Josesita y la Península de Osa Puntarenas?, señala que SETENA no puede brindar la información en ese aspecto, pues tal y como se indicó anteriormente existen entes competentes que se encargan de tramitar y otorgar las concesiones en la zona restringida (municipalidades, SINAC, ICT); sin embargo, reitera lo externado en el oficio SG-AJ-291-2017-SETENA de 4 de abril de 2017, en lo referente a que se le rechazó la gestión a Sergio Miranda Núñez del proyecto “Concesión de Aguas Superficiales ”. Indica a nombre de Sergio Miranda Núñez y Free Town S.A. aparecen los siguientes expedientes: “1) Expediente Nº D1-6808-2011. Nombre del desarrollador: Sergio Miranda Torres, cédula de identidad 1-522-606. Nombre del Proyecto: Concesión de Agua de nacientes. Ubicación: Provincia de Puntarenas, Cantón Osa Distrito Sierpe. Mediante resolución N° 0658-2012-SETENA de las 15 horas 50 minutos del día 05 de marzo del 2012, la Comisión Plenaria de la Setena otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto citado. Dicha Viabilidad se dio por un plazo de 2 años. No consta en el expediente ningún tipo de prorroga ni suspensión del proyecto. 2) Expediente Nº D1-6807-2011. Nombre del desarrollador: Sergio Miranda Torres, cédula de identidad 1-522-606. Nombre del Proyecto: Free Town. Ubicación: Provincia de Puntarenas, Cantón Osa, Distrito Sierpe Mediante resolución N° 1917-2013-SETENA de las 8 horas 50 minutos del día 31 de julio del 2013, la Comisión Plenaria de la Setena resolvió archivar el expediente del proyecto denominado Free Town. En este mismo sentido, según resolución N° 2534-2013-SETENA de las 8 horas 45 minutos del día 10 de octubre del 2013, la Comisión Plenaria rechazó el recurso de revocatoria planteado por el señor Miranda Torres y mediante resolución N° 606-2013-MINAE de las 13 horas 50 minutos del 16 de diciembre del 2013, se denegó el recurso de apelación, agotándose la vía administrativa. Por último, consta en el expediente que el día 18 de mayo del 2016, ingresó en la Plataforma de Servicios de la SETENA la resolución de las 10 horas 10 minutos del día 12 de mayo del 2016, emitida por le Sala Constitucional, en la que solicitan referirse a los hechos alegados por la recurrente Faryanie Darbey Maxwell. Dicha solicitud fue contestada a los señores magistrados en día 23 de mayo del 2016, mediante Oficio se-AJ-0491-2016. Al día de hoy entonces, el proyecto no tiene viabilidad ambiental, incluso se agotó la vía administrativa. 3) Expediente Nº D2-17821-2016. Nombre del desarrollador: Sergio Miranda Torres, cédula de identidad 1-522-606. Nombre del Proyecto: Concesión de Aguas Superficiales. Ubicación: Provincia de Puntarenas. Cantón Osa, Distrito Sierpe. La gestión del señor Miranda Torres fue denegada por la SETENA, precisamente porque su actividad, obra o proyecto se realizaría en un área ambientalmente frágil (Zona Marítima Terrestre, 2).  Que la resolución RVLA-0665-2016 fue debidamente notificada el día 27 de junio del 2016 al señor Sergio Miranda Torres, y que la misma no fue apelada, por tanto, se encuentra en firme. En relación con este expediente, se recibió la resolución de las 7 horas 51 minutos del día 29 de marzo del 2017 emitida por la Sala Constitucional la cual fue contestada mediante oficio SG-AJ-291-2017-SETENA.” Señala sobre la pregunta: ¿Si una prórroga de concesión en Zona Marítima Terrestre después de 20 años de otorgada requiere algún estudio o pronunciamiento por parte de la SETENA de previo a su prórroga?, refiere que en cuanto a la prórroga de la concesión en zona marítima terrestre, no compete a SETENA emitir ningún criterio, pues como se ha manifestado, el trámite de la concesión es competencia de la Municipalidad, el ICT o el SINAC según sea el caso, pero si en la zona concesionada se desea realizar un proyecto, obra o actividad que esté normado como sujeto al proceso de Evaluación de impacto Ambiental, deberá el concesionario tramitar ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental la Viabilidad (Licencia) Ambiental del mismo.

17.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 17:55 horas de 1º de junio de 2017, se apersona Jorge Alberto Cole De León, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Osa. Manifiesta rendir el informe bajo juramento. Indica que la prórroga de concesión a Sergio Miranda Torres fue aprobada por el Concejo Municipal de Osa en sesión Nº 36-2012 del 1º de setiembre del 2012, capítulo VI, punto 15, y, además, en sesión ordinaria Nº 17-2015, celebrada el 29 de abril del 2015, mediante articulo IX, acuerdo Nº 3, fue aprobado el proyecto de resolución en el que se acordó autorizar al Alcalde Municipal a la elaboración y firma del contrato de concesión respectivo. Señala que la prórroga de concesión a nombre de Free Town S.A. fue aprobada por el Concejo Municipal de Osa, en sesión ordinaria Nº 30-2012 de 25 de julio de 2012, capítulo VIII, acuerdo 1. Acota que la directriz de SETENA Nº GG-325-16, que corresponde al acuerdo de la sesión  Nº 1-2016 tomado por el Consejo Sectorial de Ambiente, Energía, Minas y Ordenamiento Territorial, indica:  "El Consejo Sectorial acuerda que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) enviará en el plazo de 22 días una nota la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) Y las Municipalidad del país indicando en forma actual cuales son los Municipios que por disposición de la Sala Constitucional deben elaborar matriz de vulnerabilidad hídrica y mapas hidrogeológicos. Lo anterior es con el fin de que SETENA continúe los trámites respectivos de la revisión y aprobación los índices de fragilidad ambiental de los planes reguladores teniendo claro exactamente a cuales municipios debe exigirle el cumplimiento de la matriz hídrica y los mapas hidrogeológicos (…) Que según Voto 2008-12109 de la Sala Constitucional ordena a las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Mora y Vasquez (sic) de Coronado que procedan a contratar a los profesionales necesarios para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por el Senara en su informe denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva Valle Central Costa Rica, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus instituciones y como lo recomienda la autoridad antes mencionada (…). (…) todas aquellas municipalidades (con excepción de las incluidas en el punto 1 que han presentado una solicitud de valoración del EHG ante el SENARA a la fecha de publicación de este acuerdo y que no cuentan todavía con el aval correspondiente, podrán continuar los tramites respectivos ante la SETENA utilizando la metodología establecida en el Decreto 32962-MINAE. En tanto el SENARA dispondrá de un plazo de hasta cinco años para aprobar los EHG. Una vez que se cuente con la información de los EHG elaborados por SENRA (sic) serán incorporados en los planes reguladores. Para todas aquellas Municipalidades que no cuentan con EHG y que han iniciado el trámite, podrán iniciar su gestión ante SETENA para su respectiva aprobación de la integración de variable ambiental en planes reguladores correspondiente. Una vez que se cuente con la información de los EHG elaborados por SENARA serán incorporados en los planes reguladores". Señala que las concesiones otorgadas en dicho sector costero afectadas por Patrimonio Natural del Estado han tenido que ser modificadas en cuanto a sus áreas, ya que por ley todas aquellas áreas que queden afectadas por Patrimonio Natural del Estado (bosques, humedal, manglar, terreno aptitud forestal) debidamente clasificadas y oficializadas mediante certificación por parte del MINAE, quedan excluidas de la administración municipal, ya que las mismas por Ley Nº 7575 quedan bajo administración del MINAE. Explica que, por lo anterior, la municipalidad no podría otorgar ninguna área en concesión a persona física o jurídica que se encuentre afectada por Patrimonio Natural del Estado (PNE). Expone que no tiene conocimiento del oficio N°RVLA-0665-2016 SETENA ni del Formulario N°D2-17821-16 SETENA. Refuta que el área otorgada en concesión colinde con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Río Claro, por cuanto el oficio SINAC-AL-363 de 6 de agosto de 2013 indicó: “(…) Que en cuanto a la vigencia del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Punta Rio Claro, creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 25937-MINAE el mismo se encuentra VENCIDO para los terrenos privados ” y hasta la fecha no se cuenta con documento oficial alguno en esa municipalidad que verifique que ese refugio se encuentre vigente. Considera que no es potestad del municipio vigilar la afluencia de turistas que visitan la zona de humedales, zona pública y océano pacífico. Estima que tampoco corresponde a la municipalidad controlar la tala de zona boscosa, por ser áreas que se encuentran bajo la administración del MINAE; sin embargo, cuando el municipio conoce alguna irregularidad lo hace saber a la institución correspondiente. Expone que la municipalidad prorrogó la concesión de Sergio Miranda una vez que cumplió con lo dispuesto por la Sala Constitucional en el expediente 12-014168-0007 CO, donde se dejaron sin efecto los acuerdos municipales mediante los cuales se prorrogaron las concesiones de Sergio Miranda y Free Town, hasta tanto no se tuviera certeza absoluta de que los terrenos a concesionar encontraran libres de PNE, lo que fue cumplido a cabalidad ya que el contrato de prórroga de concesión con Sergio Miranda fue autorizado por el concejo municipal una vez que el concesionario efectuó lo ordenado. Explica que lo anterior no ocurrió con el trámite de prórroga de concesión a nombre de Free Town hasta que concluya el proceso de exclusión de áreas afectadas por Patrimonio Natural del Estado y se presente el plano debidamente catastrado. Agrega que Sergio Miranda Torres aparece con una concesión otorgada a su nombre (prórroga que fue debidamente aprobada por la Gerencia General del ICT G-2414-2015 de 26 de noviembre de 2015. Asimismo el ICT, mediante oficio G-0110-2017 de las 14:00 horas de 19 de enero de 2017 aprobó adenda al contrato de concesión). Añade que Free Town aparece como persona jurídica con una concesión otorgada a su nombre en proceso de prórroga. Arguye que la concesión otorgada a Sergio Miranda, según información que consta en el expediente respectivo y certificación literal del Registro Nacional, está inscrita desde el 1º de setiembre de 1992 y por prórroga se mantiene vigente hasta la fecha. Refiere que la Empresa Free Town, según certificación del Registro Nacional, cuenta con concesión desde el 27 de julio de 1992. Indica que las concesiones se otorgaron según documentos que constan en el expediente de concesión, mediante los siguientes acuerdos municipales: a) Sergio Miranda Torres: artículo Nº 4, punto d) del acta Nº 43 del día 22 de julio de 1992 por un plazo de 20 años (venció año 2012) b)  Free Town S.A.: sesión extraordinaria Nº 18-2002 de 6 de setiembre del 2002, punto 2 del acta de comisión de zona marítimo terrestre Nº 13. Menciona que sobre los estudios y requisitos que cumplieron para el otorgamiento de las concesiones según el expediente constan: plan regulador, solicitud formal, inspección, publicación de edicto (con o sin oposiciones), plano catastrado, acuerdo municipal, contrato firmado. Afirma que en el caso de Sergio Miranda Torres se cuenta con oficio presentado ante esa municipalidad recibido en la plataforma de servicios, según sello que consta en el documento, el 24 de julio de 2012, en la que solicitaron la renovación de contrato de concesión (prorroga), lo cual fue aprobado por el Concejo Municipal de Osa en sesión Ordinaria Nº 36-2012 del 1º de setiembre del 2012, capítulo Nº VI, punto Nº 15. Manifiesta que en el caso de Free Town S.A se cuenta con oficio presentado ante esa municipalidad recibido en plataforma de servicios, según sello que constan en el documento el 20 de febrero  de 2012, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal de Osa en sesión Ordinaria 30-2012 de 25 de julio del 2012, capítulo VIII, acuerdo Nº 1. Aclara que en el caso de Free Town S.A. aún no se ha firmado el contrato de prórroga de concesión por cuanto se encuentra en el trámite respectivo del plano catastrado, excluyendo áreas afectadas por PNE. Plantea que el plan regulador de ese sector costero, en el apartado de observaciones y normas generales indica ciertas medidas a tomar en cuenta a la hora de desarrollar una concesión, las cuales involucran las descargas de aguas pluviales, aguas negras, drenajes, rellenos, excavaciones o nivelaciones de terreno que se pueden interpretar tanto para la protección del recurso naturales superficial, como del recurso hídrico subterráneo. Refiere que lo anterior debe ser revisado y exigido al momento que el concesionario presente la solicitud de permiso de construcción, el cual debe ir completamente apegado al plan regulador de dicho sector, y a la Legislación vigente.

18.- Mediante resolución de las 13:30 horas de 4 de julio de 2017, se previno al recurrente aportar personería jurídica de Free Town S.A y la dirección exacta para notificar a Sergio Miranda Torres.

19.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 21:28 horas de 7 de julio de 2017, se apersona el recurrente en atención a la resolución de las  13:30 horas de 4 de julio de 2017.

20.- Mediante resolución de las 13:34 horas de 4 de julio de 2017, se amplió el curso del amparo y se tuvo como recurrido a Sergio Miranda Torres, a Free Town S.A. y al Instituto Costarricense de Turismo.

21.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:21 horas de 27 de julio de 2017, se apersona Alberto López Chaves, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo. Aporta poder especial judicial y señala medio para recibir notificaciones.

22.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:10 horas de 31 de julio de 2017, rinde informe bajo juramento Alberto López Chaves, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo. Indica que no consta copia del expediente de concesión a nombre de la Free Town. Señala que el sector costero cuenta con una “ Declaratoria de Aptitud Turística” publicada en la Gaceta N° 163 de 27 de agosto de 2013, dada al amparo del artículo 27 de la ley N° 6043. Acota que ese sector cuenta a la fecha con un plan regulador costero para la zona marítimo terrestre vigente, publicado en la Gaceta N° 15 de 22 de enero de 2001, salvo los sectores calificados como Patrimonio Natural del Estado. Menciona que los sectores que fueron clasificados como Patrimonio Natural del Estado por el Área de Conservación SINAC-MINAE quedaron excluidos de dicha declaratoria. Manifiesta que no hace mención al estudio hidrogeológico contratado por los concesionarios en el que se determinó que la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación es muy elevada, ya que le corresponde a SENARA elaborar mapas de vulnerabilidad hídrica y elevarlos a su Junta Directiva para su aprobación. Afirma que las certificaciones de vulnerabilidad hídrica son necesarias cuando SENARA haya aprobado los índices por zona, tarea que todavía está en proceso por parte de dicho ente. Refiere a votos de este Tribunal. Arguye que en los procesos de revisión de los trámites de concesiones que remiten las municipalidades con jurisdicción costera, cuando exista un mapa de riesgo a la contaminación de acuíferos, este se considera y, además, se utiliza la matriz para apuntar alguna observación. Refiere que en los casos en que no existe mapa, no hay criterio técnico que aplicar por parte de la institución. Cita la directriz SETENA GG-325-16. Agrega que el otorgamiento de concesiones, prórrogas, cesiones y demás, son actos que por normativa legal le corresponden a la municipalidad. Añade que el ICT hace un proceso de revisión de los principios constitucionales y legales en cuanto a que hayan sido cumplidos por la corporación. Explica que para impedir la extinción de su derecho el concesionario debe solicitar a la municipalidad la prórroga antes del vencimiento del plazo. Cita el artículo 50 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre. Plantea que según esa norma y el numeral 52 inciso a), la concesión se extingue por el transcurso del tiempo sin que se haya solicitado la prórroga. Indica que para impedir que se extinga se requiere: la petición del interesado, el acuerdo de la municipalidad y la aprobación del ICT. Refiere a un voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Señala que para la prórroga correspondiente el ICT cumplió con el ordenamiento y disposiciones constitucionales vigentes, ya que realizó el proceso de revisión pertinente.

23.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:32 horas de 17 de agosto de 2017, se apersona Jonatán Picado León, en su condición de apoderado especial judicial de Sergio Miranda Torres y Free Town S.A. Cita el “ por tanto” de la sentencia Nº 2013-7934 de las 9:05 horas de 14 de junio de 2013. Explica que en esa ocasión la Sala tenía competencia para: 1) anular total o parcialmente los acuerdos municipales, el Plan Regulador y las concesiones; 2) modificarlos; o 3) suspenderlos; sin embargo, decidió dimensionar los efectos “dejando sin efecto los acuerdos municipales… hasta tanto no se tenga certeza absoluta”. Señala que esa resolución no anuló la concesión ni tampoco el plan regulador, ya que no existía motivo de nulidad absoluta. Estima que lo cuestionado ya fue resuelto y, por ello, existe cosa juzgada constitucional. Acota que con base en la resolución dictada se solicitó a la Dirección de ACOSA realizar una inspección en las concesiones de Sergio Miranda Torres, a fin de determinar in situ y con absoluta certeza, cuáles son las áreas de PNE existentes en ambas propiedades y poder cumplir con la condición suspensiva que exigió la Sala, lo cual se ha cumplido a cabalidad. Menciona que el tema ya fue resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo en la resolución Nº 271-2017 al declarar sin lugar el recurso extraordinario de revisión con apelación en subsidio. Manifiesta que el plan regulador fue aprobado en 1989 por el ICT, 1990 por la Municipalidad y 1996 por el INVU y, además, se actualizó en febrero de 1997. Afirma que no puede revisarse a la luz de la legislación posterior, actos anteriores, por el principio de irretroactividad. Arguye que el plan regulador sí comprendió y consideró la variable ambiental desde que se creó, por lo que al parecer  el recurrente quiere desaparecerlo en perjuicio del ambiente para dejar  desprotegido el desarrollo equilibrado y conservacionista de la zona. Refiere que el plan regulador tiene más de 22 años, por lo que no podía incorporar lo que no existía (como el concepto de impacto ambiental de la forma en que hoy se entiende), pero eso no desvirtúa que sí protege el ambiente mediante el establecimiento de zonas de conservación absoluta y de desarrollo de baja densidad, lo cual resultaba de avanzada para aquel momento histórico. Destaca que adicionalmente en la actualidad se requiere el estudio de impacto ambiental para el desarrollo de cualquier obra. Agrega que, en cuanto a la delimitación del Patrimonio Natural del Estado, como concesionario por más de 20 años, sin construir ni destruir nada, su representada ha tenido que esperar pacientemente su delimitación para poder desarrollar la concesión. Añade que no hay construcción alguna y refuta que se carezca de la tramitación de estudios de impacto ambiental, ya que para cualquier desarrollo se requiere de ese estudio. Expone que no ha afectado el área de Patrimonio Natural del Estado y que su derecho se deriva de la concesión otorgada el 22 de julio de 1992, por lo que, por el contrario, aun cuando no existía el concepto de PNE, el ambiente ha sido tutelado por más de 20 años ya que no se construido en la concesión ni se ha destruido nada. Plantea que el área de concesión se ajustó y está fuera de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, tal y como se observa en la constancia AZM-650-2014 de 3 de julio de 2017 que dice: “se encuentra fuera de áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado ”. Refiere al informe de la Municipalidad en cuanto al comportamiento de la concesionaria, ya que se excluyó el PNE del plano catastrado y se elaboró uno nuevo avalado por las siguientes instituciones: Municipalidad de Osa, Instituto Geográfico Nacional, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-ACOSA-MINAET) y Registro Nacional. Indica que los corredores biológicos son espacios geográficos en los que se da la posibilidad de hacer manejo sostenible y que las personas puedan actuar sin que haya efectos negativos en la flora y fauna del lugar, ejecutados a través de un proyecto del SINAC, usualmente desarrollados en propiedad privada; sin embargo, en el caso en concreto, existe una certificación de PNE que no indica que las mismas sean afectadas por algún corredor biológico. Señala que la colindancia de las propiedades con un corredor biológico, no ejerce sobre estas alguna influencia, restricción o prohibición para ser dadas en concesión, en razón de que los corredores biológicos son programas que se realizan a través de comités locales que son integrados por todos aquellos que quieran participar en el mismo. Acota que el Refugio de Punta Río Claro no se traslapa con las propiedades y no existe perjuicio alguno. Manifiesta que el estudio hidrogeológico nunca fue aprobado en razón de que fue presentado dentro de la gestión ante SETENA con el Documento de Evaluación de Impacto Ambiental (D-2), bajo el número de expediente administrativo D2-17821-2016-SETENA. Menciona que se realizó una nueva evaluación de impacto ambiental del proyecto a desarrollar y, en razón de los resultados obtenidos, se gestionó ante SETENA la viabilidad ambiental tanto del proyecto como de la concesión de agua, mediante formulario D1, expediente administrativo D1-6808-11-SETENA. Arguye que las áreas de protección de las nacientes son de 100 metros, en los cuales no se puede construir ni realizar desarrollo alguno; sin embargo, ello no significa que formen parte del PNE exclusivamente. Explica que las concesiones de agua tramitadas se encuentran en una propiedad privada que no tiene relación con las propiedades concesionadas.

24.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:32 horas de 22 de agosto de 2017, Jonatán Picado León, en su condición de apoderado especial judicial de Sergio Miranda Torres y Free Town S.A., aporta poder especial judicial.

25.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:24 horas de 19 de octubre de 2017, Jonatán Picado León, en su condición de apoderado especial judicial de Sergio Miranda Torres y Free Town S.A., aporta estudio de comparación de cobertura vegetal con base en fotointerpretación de las fotografías aéreas de 1991, 1992, 1995, 2014 y 2017, elaborado por el Ing. Nahuel Flores Biancchi, consultor ambiental CI-067-2015-SETENA. Señala que ese estudio demuestra que no se ha deforestado el bosque, sino que, más bien, durante los más de 20 años de concesión, este se ha regenerado de manera natural.

26.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

                 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

 

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que se prorrogaron concesiones en la Zona Marítimo Terrestre a Sergio Miranda Torres y Free Town S.A. sin los estudios técnicos aprobados por SENARA que comprueben la vulnerabilidad de los acuíferos, sin estudios que determinen zonas de recarga acuífera o nacientes y sin que se excluyeran las áreas de Patrimonio Natural del Estado.  Reclama que en las áreas concesionadas ha existido deforestación.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, porque así han sido acreditados:

           i.         Sobre la concesión en zona marítimo terrestre a nombre de Sergio Miranda Torres:

a.     La concesión fue otorgada por un plazo de 20 años, mediante el acuerdo municipal artículo Nº 4, punto d), del acta Nº43 de 22 de julio de 1992. Está inscrita desde el 1º de setiembre de 1992. (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa).

b.     La concesión (Nº 01541Z con plano 6-0972680-2005) fue afectada por la certificación Nº ACOSA-PNE-AD-021-2012 de Patrimonio Natural de Estado, emitida el 17 de febrero del 2012. (Informe del Director del Área de Conservación OSA del SINAC).

c.      El 24 de julio de 2012 se presentó en la plataforma de servicios un oficio en el que se solicitó la renovación de contrato de concesión (prórroga). (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa).

d.     La prórroga de concesión fue aprobada por el Concejo Municipal de Osa en sesión Nº 36-2012 del 1º de setiembre del 2012, capítulo VI, punto Nº 15. (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa).

e.      El plano de concesión fue rectificado y se excluyeron las áreas de Patrimonio Natural del Estado. En razón de lo anterior, la concesión tiene inscrito en su asiento registral el plano número P-1731442-2014. (Informe del Director del Área de Conservación Osa).

f.       El Concejo Municipal de Osa, en sesión ordinaria Nº 17-2015, celebrada el 29 de abril de 2015, mediante artículo IX, acuerdo Nº 3, aprobó el proyecto de resolución en el que se acordó autorizar al Alcalde para la elaboración y firma del contrato de concesión respectivo. (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa).

g.     La información registral de la concesión a nombre de Sergio Miranda Torres tiene consignado lo siguiente:

“NATURALEZA:

TERRENO PARA CONSTRUIR EN PLAYA SAN JOSECITO PARA USO DE ZONA DE ALOJAMIENTO TURISTICO DE BAJA DENSIDAD (ZATBD: 25006,53M²) Y ZONA DE CONSERVACION ABSOLUTA (ZCA: 15475,47M²)” (Prueba aportada por SINAC e información que consta en la página web del Registro Nacional).

h.     La prórroga de la concesión fue aprobada por la Gerencia General del ICT, mediante resolución G-2414-2015 de 26 de noviembre de 2015. Asimismo el ICT, mediante oficio G-0110-2017 de las 14:00 horas de 19 de enero de 2017 aprobó adenda al contrato de concesión. (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa).

i.       La concesión se encuentra vigente (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa y el SINAC).

        ii.         Sobre la concesión en zona marítimo terrestre a nombre de Free Town S.A:

a.     La concesión fue otorgada mediante acuerdo municipal  tomado en sesión extraordinaria Nº 18-2002 de 6 de setiembre de 2002, punto Nº 2, del acta de comisión de zona marítimo terrestre Nº 13; sin embargo,  está inscrita desde el 27 de julio de 1992. (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa).

b.     El 20 de febrero de 2012 se presentó en la plataforma de servicios de la municipalidad la solicitud de prórroga. (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa).

c.      La prórroga de la concesión fue aprobada por el Concejo Municipal de Osa en sesión ordinaria Nº 30-2012 de 25 de julio de 2012, capítulo VIII, acuerdo Nº 1. (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa).

d.     La concesión (Nº 0006Z con plano 6-1386840-2009) fue afectada por la certificación Nº ACOSA-PNE-AD-021-2012 de Patrimonio Natural de Estado, emitida el 17 de febrero del 2012. (Informe del Director del Área de Conservación OSA del SINAC).

e.La información registral de la concesión a nombre de Free Town S.A. tiene consignado lo siguiente:

“NATURALEZA:

TERRENO CON CABINAS, RESTAURANTE, AREA DE CAMPAMENTO Y QUEBRADAS DE USOS. ZONA VIAL,ZONA DE FACILIDADES TURISTICAS, ZONA DE PROTECCION A QUEBRADAS,ZONA DE ALOJAMIENTO TURISTICO DE BAJA DENSIDAD,ZONA DE PROTECCION ABSOLUTA Y ZONA DE CAMPAMENTO.” (Prueba aportada por SINAC e información que consta en la página web del Registro Nacional)

f. El plano de la concesión fue modificado y presentado ante el Registro Nacional, de acuerdo con la minuta Nº 2015-95527-C; sin embargo, aún no está inscrito. (Informe del Director del Área de Conservación OSA y prueba aportada).

g.     El trámite de prórroga aún no se ha concretado y no se ha firmado el contrato hasta que se logre concluir con el proceso de exclusión de áreas afectadas por Patrimonio Natural del Estado y se presente el plano debidamente catastrado. (Prueba aportada por la Municipalidad de Osa).

III.- Hechos no probados. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:

a.     Que durante los plazos de vigencia de las concesiones otorgadas a Sergio Miranda Torres y Free Town S.A., haya existido deforestación en ellas.

IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente alega que se prorrogaron concesiones en la Zona Marítimo Terrestre a Sergio Miranda Torres y Free Town S.A. sin los estudios técnicos aprobados por SENARA que comprueben la vulnerabilidad de los acuíferos, sin estudios que determinen zonas de recarga acuífera o nacientes y sin que se excluyeran las áreas de Patrimonio Natural del Estado. Reclama que en las áreas concesionadas ha existido deforestación.

Del estudio de los autos, en cuanto a la concesión en zona marítimo terrestre a nombre de Sergio Miranda Torres, se tiene por demostrado fue otorgada por un plazo de 20 años, mediante el acuerdo municipal artículo Nº 4, punto d), del acta Nº43 de 22 de julio de 1992 y está inscrita desde el 1º de setiembre de 1992. Fue afectada por la certificación Nº ACOSA-PNE-AD-021-2012 de Patrimonio Natural de Estado, emitida el 17 de febrero del 2012. El 24 de julio de 2012 se presentó en la plataforma de servicios un oficio en el que se solicitó la renovación del contrato de concesión (prórroga), la cual fue aprobada por el Concejo Municipal de Osa en sesión Nº 36-2012 del 1º de setiembre del 2012, capítulo VI, punto Nº 15. Posteriormente, se rectificó el plano y excluyó las áreas de Patrimonio Natural del Estado, por lo que la concesión tiene inscrito en su asiento registral el plano número P-1731442-2014. El Concejo Municipal de Osa, en sesión ordinaria Nº 17-2015, celebrada el 29 de abril de 2015, mediante artículo IX, acuerdo Nº 3, aprobó el proyecto de resolución en el que se acordó autorizar al Alcalde para la elaboración y firma del contrato de concesión respectivo. La prórroga de la concesión a Sergio Miranda fue aprobada por el Instituto Costarricense de Turismo, mediante resolución G-2414-2015 de 26 de noviembre de 2015 y, además, por oficio G-0110-2017 de las 14:00 horas de 19 de enero de 2017, se aprobó adenda al contrato de concesión, por lo cual se mantiene vigente. Asimismo, la información registral indica que su naturaleza es “: TERRENO PARA CONSTRUIR EN PLAYA SAN JOSECITO PARA USO DE ZONA DE ALOJAMIENTO TURISTICO DE BAJA DENSIDAD (ZATBD: 25006,53M²) Y ZONA DE CONSERVACION ABSOLUTA (ZCA: 15475,47M²)”.

En cuanto a la concesión en zona marítimo terrestre a nombre de Free Town S.A., se tiene por comprobado que fue otorgada mediante acuerdo municipal  tomado en sesión extraordinaria Nº 18-2002 de 6 de setiembre de 2002, punto Nº 2, del acta de comisión de zona marítimo terrestre Nº 13 y   está inscrita desde el 27 de julio de 1992. El 20 de febrero de 2012 se presentó en la plataforma de servicios de la municipalidad la solicitud de prórroga, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal de Osa, en sesión ordinaria Nº 30-2012 de 25 de julio de 2012, capítulo VIII, acuerdo Nº 1. El plano de la concesión fue modificado y presentado ante el Registro Nacional, de acuerdo con la minuta Nº 2015-95527-C; sin embargo, aún no está inscrito. El trámite de prórroga aún no se ha concretado ni se ha firmado el contrato hasta que se logre concluir con el proceso de exclusión de áreas afectadas por Patrimonio Natural del Estado y se presente el plano debidamente catastrado. La información contenida en la página web del Registro Nacional señala que la naturaleza de la concesión es: “ TERRENO CON CABINAS, RESTAURANTE, AREA DE CAMPAMENTO Y QUEBRADAS DE USOS. ZONA VIAL, ZONA DE FACILIDADES TURISTICAS, ZONA DE PROTECCION A QUEBRADAS, ZONA DE ALOJAMIENTO TURISTICO DE BAJA DENSIDAD, ZONA DE PROTECCION ABSOLUTA Y ZONA DE CAMPAMENTO”.

Tomando en consideración el cuadro fáctico antes referido, se analizarán por separado por separado los alegatos del recurrente.

V.- Sobre la acusada aprobación de las concesiones en zona marítimo terrestre sin los estudios técnicos aprobados por SENARA e inexistencia de estudios para determinar las zonas de recarga acuífera y nacientes .

En el caso concreto, a efectos de determinar si la prórroga de las concesiones en zona marítimo terrestre requería algún tipo de estudio o pronunciamiento por parte de SENARA o SETENA, se le solicitó informe a dichas autoridades.

En ese sentido, SENARA informó que no es competente en materia de concesiones en la zona marítima terrestre, pero que un proyecto nuevo o uno existente debe tener una valoración hidrogeológica en los procesos de evaluación y viabilidad ambiental que contemple la vulnerabilidad, amenaza, riesgo y delimitación de las áreas de recarga y descarga acuífera. Además, dicha autoridad informó que los proyectos que tengan potencial de contaminar o impactar las aguas subterráneas deben contar con un estudio hidrogeológico revisado y aprobado por SENARA.

Por su parte, si bien SETENA señaló que no tenía injerencia legal en el otorgamiento o prórroga de las concesiones de la zona restringida, también refirió que como dichas zonas son catalogadas como ambientalmente frágiles, cualquier proyecto, obra o actividad que se desee efectuar allí, debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental a efectos de tramitar la respectiva licencia.

Sobre el particular, del estudio de los autos se observa que la zona en concesión que se encuentra pendiente de prórroga, a nombre de Free Town S.A., de acuerdo con la información registral, posee construcciones y desarrollos como cabinas restaurantes, áreas de campamentos y zonas de facilidades turísticas. Por lo anterior, como en este caso aún no se ha prorrogado la concesión, se debe desestimar el recurso; sin embargo, deberá tomar nota el representante de dicha sociedad y las autoridades de la Municipalidad de Osa, SETENA, SENARA y el ICT, para que, previo a la firma y aprobación del contrato de prórroga de concesión, se elabore y apruebe el respectivo estudio hidrogeológico que comprenda las áreas ya construidas y destinadas para el uso turístico, así como las actividades que se desarrollan, a efectos de que sean incorporados en los respectivos procedimientos y evaluaciones por cada una dentro del ámbito de sus competencias. Asimismo, las autoridades de la Municipalidad de Osa, SETENA y SENARA deberán inspeccionar la zona a concesionar a efectos de determinar si se requiere algún otro estudio o evaluación adicional.

En cuanto a la concesión de Sergio Miranda Torres, no consta en autos  ni fue alegado por el recurrente que se hubiere desarrollado algún proyecto o construcción en ella, razón por la cual procede declarar sin lugar el recurso; sin embargo, aun cuando ya esta fue prorrogada y se firmaron los contratos correspondientes, las autoridades de la Municipalidad de Osa, el SENARA y el SETENA deberán revisar e inspeccionar la zona concesionada a efectos de determinar, si existen construcciones, zonas destinadas al turismo o actividades desarrolladas que requieran el cumplimiento de requisitos adicionales, como el estudio hidrogeológico o cualquier otro estudio de evaluación ambiental.

En adición, deben tomar nota las autoridades recurridas que si en un futuro los concesionarios pretenden construir o llevar a cabo alguna actividad en el área concesionada, deberán incorporar los estudios hidrogeológicos correspondientes a fin de que SENARA los revise y, posteriormente, sean considerados por la Municipalidad de Osa y demás autoridades correspondientes. Asimismo, también deberán someter a aprobación de SETENA el proyecto, obra o actividad que pretendan llevar a cabo a efecto de que se tramite la viabilidad ambiental si fuere procedente.

Por lo anterior, la Municipalidad de Osa, SENARA, SETENA, el ICT y los recurridos Sergio Miranda Torres y Free Town S.A., deberán tomar nota de lo estipulado en este considerando y de la línea jurisprudencial que ha establecido este Tribunal, ya que la falta de plan regulador o mapas hidrogeológicos del SENARA, no los exime, según sus competencias, de analizar y someter a revisión los estudios hidrogeológicos y de evaluación ambiental correspondientes de los proyectos o actividades que se pretendan realizar en las áreas concesionadas.

En los términos antes expuestos, la Sala ha establecido una serie de parámetros que deben considerarse. 

En cuanto a la protección de aguas subterráneas y su tutela constitucional, la línea de la Sala ya ha sido debidamente definida. En la sentencia Nº. 2010-20988 de las 16:51 horas de 15 de diciembre de 2010 dispuso:

“ III.- SOBRE EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. Como ya lo ha dicho la Sala en sentencia 2004- 01923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Es evidente que por disposición expresa de Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, artículo 3 incisos ch y h), el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia-. De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras.”

Asimismo, la Sala, en sentencia Nº 2012-8892 de las 16:03 horas de 27 de junio de 2012, refirió:

“ VIII.- Sobre la relevancia constitucional y el régimen de protección a las aguas subterráneas. Conforme quedó consignado en la sentencia número 2004-01923, la protección a los mantos acuíferos o aguas subterráneas es fundamental para la preservación de la vida y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se trata de un componente esencial del ciclo hidrológico y la principal fuente de abastecimiento público en la región centroamericana, que en el caso de Costa Rica suministra el 70% del agua diaria consumida, lo que no es de extrañar dado el alto índice de contaminación de la mayoría de aguas superficiales (hecho público y notorio). De ahí que resulte fácil colegir su relevancia como derecho fundamental, cuyo parámetro de control de constitucionalidad se sustenta en normas positivas del derecho constitucional y supraconstitucional, así como en principios generales de Derecho. Entre otros, conviene citar el principio de preservación de los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras (principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano), derechos a la vida y la salud (numeral 21 de la Constitución Política), derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículos 50 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Por lo demás, en la citada sentencia, y haciendo alusión a los ordinales 50 de la Ley Orgánica del Ambiente ("El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social") y 4 del Código de Minería ("…las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales se reservan para el Estado"), se estableció expresamente el carácter de dominio público del agua, lo que evidentemente incluye todas las aguas subterráneas del país. Tal criterio vino a ser acentuado en las sentencias números 2005-16513 de las 20:04 horas del 29 de noviembre del 2005 y 2011-001034 de las 9:10 horas del 28 de enero de 2011, donde se reiteró que el régimen patrio de los bienes de dominio público, como el agua, los coloca fuera del comercio de los hombres y, por ello, los permisos para su explotación son siempre precarios y unilateralmente revocables por parte de la Administración cuando se justifique por razones de necesidad o interés general. Adicionalmente se indicó que, tratándose de la protección de los recursos naturales, el Estado tiene plena obligación de imponer limitaciones a la propiedad privada y regular las condiciones para el uso y protección de los bienes de dominio público, incluida por supuesto el agua, por lo que el ejercicio de ese deber estatal resulta absolutamente compatible con el derecho a la propiedad privada, estatuido en el numeral 45 de la Constitución Política. Esta obligación de salvaguardia de la aguas subterráneas irradia a lo largo de todo el territorio nacional, toda vez que la contaminación pone en peligro no solo a los mantos más vulnerables, los acuíferos superficiales separados de la superficie por una capa de suelo delgada y permeable; sino también a los volcánicos o figurados, cuyas áreas de recarga pueden verse amenazadas por actividades antrópicas como la deforestación, urbanización descontrolada y actividades agropecuarias intensivas y extensivas que conllevan el uso de plaguicidas y agroquímicos. En la sentencia número 2004-01923, asimismo, se destacan especiales características de la contaminación de aguas subterráneas, que ponen de manifiesto su particular vulnerabilidad: 1) La contaminación puede pasar inadvertida por mucho tiempo dado que las aguas están en el subsuelo. 2) La regeneración del agua una vez contaminada es muy lenta o bien tiene un costo tan alto que convierte a la contaminación en algo irreversible. 3) Existe un déficit de recursos técnicos y humanos para monitorear la calidad del agua subterránea y determinar la dimensión exacta de una eventual contaminación. Tales factores, a su vez, influyen en el tipo de protección requerida por los mantos acuíferos, que ineludiblemente debe ser preventiva, pues cuando el daño (la contaminación) se detecta, con frecuencia es ya demasiado tarde para una reversión de la situación. Entre tales medidas, señala la Sala en la sentencia de cita, están la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas y la imposición de medidas de seguridad a actividades potencialmente contaminantes. También, con carácter enumerativo, se puntualizan como medidas de protección el establecimiento de perímetros de protección de los mantos acuíferos, la declaración de acuífero sobreexplotado, la declaración de acuífero en proceso de intrusión salina y el estado de necesidad y crisis hídrica.”

En adición, la Sala, mediante resolución Nº 2017-6340 de las 9:15 horas de 5 de mayo de 2017, resolvió:

“IV.- Sobre la protección de las aguas subterráneas. (…) Particularmente, la intervención de SENARA se ha potenciado cuando se trata de proyectos cuyo impacto podría recaer en aguas subterráneas. Al respecto, en sentencia No. 2010-20988, de las 16:51 horas del 15 de diciembre de 2010, este Tribunal indicó lo siguiente:

“ III.- SOBRE EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. Como ya lo ha dicho la Sala en sentencia 2004- 01923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Es evidente que por disposición expresa de Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, artículo 3 incisos ch y h), el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia-. De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras.”

V.- Sobre la delimitación y uso de las zonas vulnerables por la contaminación de acuíferos. Tal como se ha indicado reiteradamente (ver sentencia No. 2012-8892 de las 16:03 horas del 27 de junio de 2012), desde la emisión de la sentencia número 2004-01923, se han evidenciado especiales características de la contaminación de las aguas subterráneas que ponen de manifiesto su particular vulnerabilidad: “1) La contaminación puede pasar inadvertida por mucho tiempo dado que las aguas están en el subsuelo. 2) La regeneración del agua una vez contaminada es muy lenta o bien tiene un costo tan alto que convierte a la contaminación en algo irreversible. 3) Existe un déficit de recursos técnicos y humanos para monitorear la calidad del agua subterránea y determinar la dimensión exacta de una eventual contaminación. Tales factores, a su vez, influyen en el tipo de protección requerida por los mantos acuíferos, que ineludiblemente debe ser preventiva, pues cuando el daño (la contaminación) se detecta, con frecuencia es ya demasiado tarde para una reversión de la situación. Entre tales medidas, señala la Sala en la sentencia de cita, están la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas y la imposición de medidas de seguridad a actividades potencialmente contaminantes. También, con carácter enumerativo, se puntualizan como medidas de protección el establecimiento de  perímetros de protección de los mantos acuíferos, la declaración de acuífero sobreexplotado, la declaración de acuífero en proceso de intrusión salina y el estado de necesidad y crisis hídrica.” A partir de lo anterior, cobran especial relevancia los mecanismos que puedan establecerse para delimitar la existencia de los acuíferos y su grado de vulnerabilidad, tal como las matrices de criterio de uso de suelo y los mapas hidrogeológicos, los cuales fueron diferenciados por la Sala en la sentencia No. 2012-8892 de las 16:03 horas del 27 de junio de 2012, aludida anteriormente, en el siguiente sentido:

“IX.- Sobre la aplicación de la “Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico.” Ahora bien, para los efectos del presente recurso de amparo, conviene resaltar la primera de las medidas descritas en el considerando previo. Consiste, en primer lugar, en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de este; y en segundo lugar, se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas- y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones– (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). En resumen, la Sala hace referencia a la emisión de documentos tales como mapas hidrogeológicos –en los que se traza o demarca la superficie bajo la que se asienta un acuífero– y matrices de uso de suelo según la vulnerabilidad de los mantos acuíferos a la contaminación –que fijan un régimen específico de utilización o afectación del suelo en relación con las aguas subterráneas–, cuyos perímetros de protección son de acatamiento obligatorio y deben verse reflejados en los planes reguladores sobre uso de suelos y ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación o de construcciones) por parte de las corporaciones municipales o del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales. Al respecto, la sentencia número 2004-01923 dispone de manera literal:

“La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b) áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones, supuesto en el cual se deben inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.”

Así las cosas, existe una diferencia sustancial entre un mapa hidrogeológico de aguas subterráneas y una matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. El mapa hidrogeológico contiene, fundamentalmente, información geológica e hidrológica y está referido al campo científico de la cartografía hidrogeológica. Esta área científica se ocupa tanto de los fenómenos que suceden sobre la superficie del suelo, como de los que ocurren en el subsuelo. En el caso de los mantos acuíferos, los mapas hidrogeológicos recogen datos relevantes como la profundidad de los niveles de agua, los espesores saturados o de materiales impermeables, la zonificación vertical de los acuíferos, etc. Entre otras características, la cartografía hidrogeológica es muy dinámica dado que si bien existen fenómenos con alto grado de permanencia (obras hidráulicas, puntos de agua), también se dan fenómenos que varían con el tiempo, como la profundidad del nivel de agua o algunos datos de hidroquímica, amén del condicionamiento espacial pues el objeto de la cartografía son zonas o superficies concretas que evidentemente difieren unas de otras según el punto geográfico por cartografiar. La variable tiempo introduce complejidad adicional a la representación cartográfica y acarrea una falta de actualización del mapa si se produce un retraso en su publicación; asimismo, según los objetivos que se persiguen, los mapas hidrogeológicos pueden ser generales o tender a objetivos específicos, como los mapas de vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas. Por el contrario, la matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, si bien no es permanente y puede cambiar por diversos factores –como la evolución del conocimiento científico y el desarrollo de nuevas tecnologías más amigables con el ambiente–, es mucho más estable y no está supeditada a ese alto índice de mutabilidad espacial y temporal propio del fenómeno hidrogeológico. Por tal razón, en concordancia con el criterio técnico del Director del Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica, esta Sala advierte que las medidas de protección y regulaciones de uso de suelo contenidas en una matriz de este tipo perfectamente son de aplicación general en todo el territorio nacional, toda vez que lo cambiante son las características hidrogeológicas de cada zona pero no la especificación de medidas de protección y regulaciones de uso de suelo en función de dichas características hidrogeológicas para una misma categoría de vulnerabilidad de un manto acuífero. Es decir, las características hidrogeológicas e hidroquímicas de un acuífero y, por ende, su vulnerabilidad a la contaminación varían de un sitio a otro; empero, las medidas de protección y regulaciones de uso de suelo para una misma categoría de vulnerabilidad son siempre las mismas, pues se basan en las variables propias del comportamiento hidrogeológico de un acuífero en el medio físico evaluado. Así, la prohibición de usar agroquímicos de alta toxicidad (factor de una matriz de vulnerabilidad del uso del suelo según la vulnerabilidad del manto acuífero a la contaminación) será de inexorable aplicación en zonas acuíferas de alta vulnerabilidad (factor de un mapa hidrogeológico), sin importar en dónde estén ubicadas tales zonas; ergo, en el sub examine, una indicación de determinada medida de uso de suelo en una matriz de vulnerabilidad a la contaminación es una variable constante, mientras que las condiciones hidrogeológicas e hidroquímicas del manto acuífero en cada región concreta constituyen variables dependientes. Este criterio también halla sustento en los principios precautorio o de  indubio pro natura, debidamente explicados en la sentencia transcrita en el considerando anterior. En concordancia con lo anterior, la obligación del Estado de tomar cualesquiera medidas eficaces en función del costo para impedir la degradación de los mantos acuíferos, emerge como imperativo jurídico esencial aunque sobre tales medidas no exista absoluta certeza científica, pues el presupuesto de dicha obligación consiste en la mera existencia de un peligro de daño grave o irreversible a los mantos acuíferos. Señala la sentencia número 2004-01923, que

“para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”

A partir de la distinción señalada, la Sala dejó claramente establecido, que una Matriz de Criterios de Uso de Suelo emitida para la protección del recurso hídrico, tal como la que se emitió en un inicio para el cantón de Poás, es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se contara con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA. No obstante, también se enfatizó, que en aquellos cantones donde no se contara con mapas hidrogeológicos, la matriz señalada debía servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, mientras no existiera una matriz propia elaborada por el SENARA con la participación de las otras instituciones involucradas, que garantizara el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico. Así lo dispuso este Tribunal partiendo de la aplicación del principio precautorio que debe regir en materia de tutela del recurso hídrico, y valorando el conocimiento técnico que SENARA tiene con respecto a este tipo de aguas. En sentencia No. 2012-8892, citada anteriormente, esta Sala señaló:

“Por consiguiente, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento no puede, simple y llanamente, conformarse con emitir recomendaciones y desentenderse de su implementación –por el mero hecho de que otra entidad de la Administración sea corresponsable en tal materia–, pues ello implicaría una omisión a su deber de protección a las aguas subterráneas y al principio de coordinación interadministrativa expuesto. En otras palabras, si bien las competencias para el manejo integrado de los recursos hídricos subterráneos se encuentran fragmentadas entre varias entidades (Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, municipalidades y el propio Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento), no menos cierto es que este último, por la información hidrológica subterránea que maneja y su experiencia y conocimiento especializado en el campo de las aguas subterráneas, ostenta una pericia técnica prevalente en dicha área, de modo que, por un lado, sus advertencias de contaminación y correlativas medidas para prevenirla no pueden ser desatendidas unilateralmente por el resto de la Administración Pública y, de otro, existe una imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación que emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico (ver en ese sentido la sentencia número 2008-004790 de las 12:39 horas del 27 de marzo de 2008).”

En conclusión, si bien existen cantones o zonas todavía no disponen de mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por SENARA, la matriz emitida por SENARA para el cantón de Poás desde mayo de 2012, y actualmente, la matriz genérica de protección acuífera aprobada por SENARA en sesión de Junta Directiva N° 702-16 del 7 de noviembre de 2016, deben servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el SENARA con la participación de las instituciones competentes, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico. Se reitera, que las medidas de protección y regulaciones de uso de suelo contenidas en una matriz de este tipo, perfectamente son de aplicación general en todo el territorio nacional, toda vez que lo cambiante son las características hidrogeológicas de cada zona, no la especificación de medidas de protección y regulaciones de uso de suelo en función de dichas características hidrogeológicas para una misma categoría de vulnerabilidad de un manto acuífero. Es decir, las características hidrogeológicas e hidroquímicas de un acuífero y, por ende, su vulnerabilidad a la contaminación varían de un sitio a otro; empero, las medidas de protección y regulaciones de uso de suelo para una misma categoría de vulnerabilidad son siempre las mismas, pues se basan en las variables propias del comportamiento hidrogeológico de un acuífero en el medio físico evaluado.  Por ello, en la sentencia No. 2012-8892 referida, se dispuso en el por tanto, en lo que interesa, lo siguiente:

“Se declara parcialmente con lugar el amparo. En consecuencia, se ordena a Gloria Abraham Peralta y Bernal Soto Zúñiga, por su orden Presidenta y Gerente General del SENARA, o a quienes ocupen esos cargos, que de inmediato comuniquen a Vianney Saborío Hernández, o a quien en su lugar represente a Simen Mountain Business, así como a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y todas las municipalidades, que la "Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en el cantón Poás" es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el SENARA con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico.”

VI.- Sobre la intervención de SENARA en la aprobación de proyectos de desarrollo. Ahora bien, a partir de lo anterior, la Matriz de Uso de Suelos y los Mapas de Vulnerabilidad emitidos por SENARA, proporciona información importante para determinar la autorización de los proyectos a desarrollar en el territorio del país. De ahí la relevancia de que las demás autoridades públicas las apliquen obligatoriamente donde existan mapas hidrogeológicos, y se adopten como guías en aquellos cantones donde no existan dichos mapas al momento de determinar si aprueba o no proyectos de desarrollo, tal como los urbanísticos. Ahora bien, no lleva razón SENARA en el informe rendido en este amparo, al señalar que en la sentencia No. 2016-18352 de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016, este Tribunal la conmino a autorizar previamente todos los proyectos urbanísticos futuros y en cualquier parte del país. Debe tomar en consideración SENARA, que lo resuelto en dicha sentencia se emitió para un caso muy particular como es el cantón de Poás, en el que ya se había constatado por diversas sentencias específicas el riesgo producido al recurso hídrico de esa zona, dada la forma en que se habían autorizado los proyectos habitacionales, pese a haberse emitido incluso la Matriz respectiva (ver al efecto las sentencias No. 2004-1923, 2004-5181, 2011-435 y 2011-5548), por lo que, en esa ocasión se ordenó al Alcalde de Poás lo siguiente:

“ 1-Abstenerse de otorgar nuevos permisos de construcción en los proyectos Urbanización Caliche, Los Conejos, la Propiedad de Marvin Murillo, Calle Telón- FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Don Manuel, y Calle Los Murillo, hasta no contar con estudios hidrogeológicos detallados realizados por los interesados, aprobados por SENARA y que contemplen la totalidad del proyecto, a fin de determinar la condición de la calidad de los recursos hídricos, el riesgo de afectación futuro, y la definición en caso de ser necesario, de la implementación de medidas para mitigar los efectos actuales; 2- No emitir permiso de construcción alguno en la Urbanización Residencial Don Manuel y Calle Ladelia, sin exigir previamente, la instalación de sistemas de tratamiento individualizados, planta de tratamiento o red de alcantarillado sanitario, atendiendo al tamaño de lote mínimo; 3 - Diligenciar los procedimientos y actuaciones respectivas en el marco de sus competencias, a fin de que en un plazo de 2 años contado a partir de la notificación de esta sentencia, sea implementado un sistema de tratamiento individualizado que cumpla con el reglamento de vertidos, y que sea equiparable a una planta de tratamiento, en los proyectos habitacionales Calle Ladelia y Finca  Erick Lonis (finca 1 y 2). 4- Abstenerse de otorgar permisos de construcción o autorizar proyectos habitacionales futuros, sin verificar de previo; el cumplimiento de lo dispuesto en la Matriz Genérica de Protección Acuífera aprobada por SENARA.”

Ahora bien, en aplicación del principio precautorio, este Tribunal considera que para determinar si un proyecto urbanístico que se desarrollará en un terreno bajo el cual yacen aguas subterráneas confinadas (acuíferos), debe ser o no exonerado de la implementación de una planta de tratamiento o utilizar tanque séptico, el desarrollador debe realizar el estudio hidrogeológico respectivo, y contar previamente con el visto bueno de SENARA, a fin de que dicha dependencia técnica, verifique necesariamente pero dentro de un plazo razonable, si el estudio realizado se ajusta a los lineamientos de la matriz vigente y de la metodología empleada para valorar los impactos en dicho acuífero. Esto se establece, con fundamento en el principio precautorio que rige en materia ambiental, especialmente en protección del recurso hídrico, el cual fue claramente esbozado por este Tribunal en la sentencia No. 2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004:

“ XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.-Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación.”

                 Por las consideraciones expuestas, procede desestimar este alegato del recurso.

VI.- Sobre la acusada afectación al Patrimonio Natural del Estado. Atinente al sub judice , sobre el Patrimonio Natural del Estado en las concesiones en zona marítimo terrestre a nombre de Sergio Miranda Torres y Free Town S.A., la Sala, mediante sentencia Nº 2013-7934 de las 9:05 horas de 14 de junio de 2013, ordenó:

“Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se dejan sin efecto los acuerdos municipales mediante los que se prorrogaron las concesiones de Sergio  Miranda Torres y Free Town, hasta tanto no se tenga certeza absoluta de que los terrenos a concesionar  se encuentren libres de PNE, de conformidad  con la  certificación ACOSA-PNE -021-2012 y el informe             técnico ACOSA-PNE-AD-15 -2012. Se ordena a Jorge Alberto Cole de León, en su condición de Alcalde Municipal, y a Enoc Rugama Morales, en su condición de Presidente, ambos de la Municipalidad de Osa, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron base a esta declaratoria (…)”.

En el sub examine, consta en autos que la prórroga de la concesión en zona marítimo terrestre a nombre de Sergio Miranda Torres fue aprobada por el Instituto Costarricense de Turismo (previa autorización del concejo municipal al alcalde para la elaboración y firma de contratos) y se encuentra vigente. Al respecto, según informó bajo juramento el Director del Área de Conservación de Osa, el plano de dicha concesión fue rectificado y se excluyeron las áreas de Patrimonio Natural del Estado, por lo que tiene inscrito en su asiento registral el plano número P-1731442-2014 (lo cual es posterior al dictado de la sentencia de este Tribunal antes referida). En razón de ello, se descarta una afectación al Patrimonio Natural del Estado en esta concesión.

En cuanto a la concesión de Free Town S.A., si bien el Director del Área de Conservación de Osa también informó que el plano fue modificado y presentado ante el Registro Nacional, aún no está inscrito. Asimismo, según manifestó el Alcalde de la Municipalidad de Osa, el trámite de prórroga de la concesión aún no se ha concretado ni se ha firmado el contrato hasta tanto se logre concluir con el proceso de exclusión de áreas afectadas por Patrimonio Natural del Estado y se presente el plano debidamente catastrado.

Por lo expuesto, en cuanto a la afectación al Patrimonio Natural del Estado se desestima el recurso.

VII.- Sobre la deforestación alegada. En el sub lite , con base en los elementos aportados a los autos, no se logró acreditar que durante los plazos de vigencia de las concesiones otorgadas a Sergio Miranda Torres y Free Town S.A., haya existido deforestación en ellas. Por el contrario, el Área de Conservación OSA, mediante oficio SINAC-ACOSA-PNE-AD-046-2017, sobre la pérdida de cobertura boscosa, señaló:

"(…) se verificaron las imágenes satelitales disponibles en el programa Google Earth, las mismas son de las fechas Julio 2005, abril 2014 y febrero 2017, en las mismas imágenes no se puede apreciar dicha perdida de cobertura boscosa”.

 Asimismo, Sergio Miranda Torres y Free Town S.A., aportaron un estudio de comparación de cobertura vegetal con base en fotointerpretación de las fotografías aéreas de 1991, 1992, 1995, 2014 y 2017, elaborado por el Ing. Nahuel Flores Biancchi, consultor ambiental CI-067-2015-SETENA, que concluyó:

“(…) •Según lo observado en la fotografía del año 1991, la propiedad del proyecto Freetown, contaba con un 9.11% (7053m2) de bosque al norte, el cual se encuentra delimitado en la certificación del PNE emitida por el área de conservación OSA, no obstante dicha certificación se encuentra en proceso de rectificación ya que, según lo indicado por el cliente, áreas desprovistas de bosque fueron afectadas con PNE. • En la propiedad con plano catastro 6-1731422-2014 se identificó la misma situación, ya que, según la foto aérea del año 1991 la propiedad se encontraba desprovista de bosque con unos cuantos árboles en lo que se presume era una cerca viva. En las fotografías de los años 2014 y 2017 puede apreciarse como la cobertura vegetal se regeneró, visualizándose varios árboles en el centro de la propiedad, esta condición también hace suponer, que a través de los años la intervención ha sido mínima permitiendo el surgimiento de árboles y regeneración de la cobertura vegetal. (…) • Con el presente estudio no se detectaron indicios de que la cobertura en un periodo de 26 años haya sufrido intervenciones que provocaran una disminución de la cobertura forestal, por el contrario, pudo observarse una clara regeneración de árboles aislados producto de una escasa intervención en la zona.”.

En razón de lo expuesto, procede desestimar este extremo también.

VIII.- NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA HERNANDEZ LOPEZ. En el caso de recursos por cuestiones ambientales sostengo como línea general que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Pero también he advertido que mi planteamiento no impide reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.  En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro tales casos de excepción pues se hace referencia a la existencia de una amenaza a las fuentes de agua potable para consumo humano, susceptibles de afectarse por la inercia o acciones erradas de la administración; de tal modo en esta situación concuerdo con la mayoría en que este Tribunal debe conocer y decidir sobre el fondo de este caso, tal y como se ha hecho.

IX.-NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. El suscrito aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remito a la jurisdicción contencioso administrativa, es lo cierto que tratándose de denuncias por contaminación de mantos acuíferos, no lo haré así, por cuanto, están en juego otros derechos, tales como el derecho al agua, la salud y gozar de un nivel digno de calidad de vida, que se pueden ver afectados por las circunstancias indicadas.

X.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota SENARA, SETENA, la Municipalidad de Osa, el ICT, Sergio Miranda Torres y Free Town S.A., de lo consignado en el considerando V. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Nancy Hernández L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.




Jose Paulino Hernández G.

	

 

	

Alicia Salas T.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*NRFIG2T9IDU61*

 NRFIG2T9IDU61

EXPEDIENTE N° 17-004881-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 10:17:35.

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Constitutional Chamber

Resolution No. 20057 - 2017

Date of Resolution: December 15, 2017 at 09:20

Case File: 17-004881-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Related Judgments


Text of the resolution

*170048810007CO*

Exp: 17-004881-0007-CO

Res. No. 2017020057

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of December two thousand seventeen.

Amparo appeal processed in case file No. 17-004881-0007-CO, filed by FUAD SELIM YANTANI OLIVER, residence ID No. 115200021604, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA), the NATIONAL GROUNDWATER SERVICE (SENARA), the COSTA RICAN TOURISM INSTITUTE (ICT), and the MUNICIPALITY OF OSA.

Whereas:

1.- In a writing received at the Secretariat of the Chamber at 13:34 hours on March 28, 2017, the appellant files an amparo appeal. He indicates that the Municipal Council of Osa, in Ordinary Session No. 17-2015, held on April 29, 2015, in article IX, agreement No. 3, agreed to extend the Maritime-Terrestrial Zone concessions to Sergio Miranda Torres and to the company Free Town, located in Bahía Drake, Punta San José, Playa San Josesita, and the Península de Osa in Puntarenas. He points out that the foregoing occurred despite not having a regulatory plan (plan regulador) that includes technical studies on the intrinsic vulnerability of aquifers approved by SENARA, nor studies to determine the aquifer recharge zone, the springs (nacientes) in the sector, and their protection area. Likewise, he alleges the possible impact generated in recent years on the Corredor Biológico Osa, where both concessions are located, because it constitutes State Natural Heritage. He mentions that the National Environmental Technical Secretariat, by official letter No. RVLA-0665-2016-SETENA and Form No. D2-17821-16 SETENA, classified the zones that were granted in concession as environmentally fragile. He adds that the concession areas are adjacent: to the north and east with the Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Río Claro; to the south with a wetland of the lower-course short-path fluvial system type; and to the west with the wetland, public zone, and the Pacific Ocean, where there are a large number of reefs and corals called "Coralinos del Área de Conservación de Osa" and, furthermore, there is a reef that runs from San Pedrillo to Isla del Caño, which is being greatly affected by the influx of tourists visiting the area. He notes that the hydrogeological study commissioned by the two concessionaires determined that the aquifer's vulnerability to contamination is very high. He highlights that both the Corredor Biológico de Osa and the Refugio de Vida Silvestre Punta Río Claro possess a natural environment of great diversity of terrestrial and marine flora and fauna. He states that aerial imagery found on Google from the years 2005, 2014, and 2017 shows indiscriminate logging and the elimination of the forested area between the wetland and the Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Río Claro, which has affected the area of springs and wetlands and has caused serious damage to the environment and the ecosystem of the place. He mentions that the respondent municipality extended the concession permits in the Maritime-Terrestrial Zone without having the regulatory plan (plan regulador) and environmental impact studies, for the purpose of guaranteeing the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the non-impairment of aquifer layers. He considers that the facts set forth violate his fundamental rights.

2.- By resolution at 7:51 hours on March 29, 2017, the amparo was admitted and a report was requested from the National Environmental Technical Secretary, the Director of the Área de Conservación de Osa of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, as well as from the Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipality of Osa.

3.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at 7:55 hours on April 5, 2017, Marco Vinicio Arroyo Flores reports under oath, in his capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat. He indicates that on June 14, 2016, Sergio Miranda Torres submitted documentation on the project called "Surface Water Concession," for environmental viability (viabilidad ambiental) purposes. He alleges that on June 20, 2016, his represented entity issued resolution No. RVLA-0665-2016-Setena, which stated: "(...) In relation to the Document for Environmental Impact Assessment (Documento de Evaluación de Impacto Ambiental, D2), to which administrative file D2-17821-2016-Setena was assigned, filed by you (Sergio Miranda Torres) before the National Environmental Technical Secretariat on the date 14-5-2016, corresponding to the activity, work, or project called: Surface Water Concession (Flow 0.050 L/s), I hereby inform you that after analyzing the information received, it has been determined that it DOES NOT COMPLY with the provisions of Executive Decrees-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of June 28, 2004 and No. 32079-MINAE of November 5, 2004, for the following reason: The Potential Environmental Impact (IAP) does not correspond to category C because the requested activity is located within the MARITIME-TERRESTRIAL ZONE, which is categorized as an ENVIRONMENTALLY FRAGILE AREA based on its constituent ecosystem conditions and also comprises areas for which the State, by virtue of their environmental characteristics, has issued a special legal framework for protection. Therefore, the petition is declared without merit. In order to apply for the environmental viability (viabilidad ambiental) of your activity, work, or project, you must submit the corresponding D1 document and attach all the documentation indicated by Executive Decrees No. 31849-MINAES-MOPT-MAG-MEIC of June 28, 2004 and No. 32712-MINAE of November 18, 2005. Against this resolution, within a period of 3 days from the day following notification, the ordinary remedies of revocation before SETENA and appeal before the Minister of Environment and Energy may be filed, in accordance with articles 342 and following of the General Law of Public Administration and 87 of the Organic Environmental Law (...)". He alleges that from the cited resolution it can be concluded that the appellant's petition was denied precisely because his activity, work, or project would be carried out in an environmentally fragile area (Maritime-Terrestrial Zone) and is final (en firme), since no appeal was filed against it, even though it was notified on June 27, 2016.

4.- By a writing incorporated into the digital case file at 16:15 hours on April 5, 2017, Jorge Alberto Cole De León reports under oath, in his capacity as Mayor of the Municipality of Osa. He refutes that the Municipality agreed to extend spring water concessions to the appellant and the company Free Town, since according to current legislation this is not one of its attributions. He indicates that directive No. GG-325-16 from SETENA (agreement of Session 01-2016 taken by the Sectoral Council on Environment, Energy, Mines, and Land Use Planning) states: "The Sectoral Council agrees that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) will send, within 22 days, a note to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and the Municipalities of the country, indicating currently which Municipalities, by order of the Constitutional Chamber, must develop a water vulnerability matrix (matriz de vulnerabilidad hídrica) and hydrogeological maps. The purpose of the foregoing is for SETENA to continue the respective procedures for the review and approval of the environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental) of the regulatory plans (planes reguladores), having it clearly established exactly which municipalities must be required to comply with the water matrix (matriz hídrica) and hydrogeological maps (...) all those municipalities (with the exception of those included in point 1 that have submitted a request for assessment of the Hydrogeological Study (EHG) to SENARA as of the date of publication of this agreement and do not yet have the corresponding approval, may continue the respective procedures before SETENA using the methodology established in Decree 32962-MINAE. Meanwhile, SENARA will have a period of up to five years to approve the EHGs. Once the information from the EHGs prepared by SENARA is available, they will be incorporated into the regulatory plans (planes reguladores). For all those Municipalities that do not have an EHG and have begun the procedure, they may initiate their petition before SETENA for the respective approval of the integration of the environmental variable into the corresponding regulatory plans (planes reguladores). Once the information from the EHGs prepared by SENARA is available, they will be incorporated into the regulatory plans (planes reguladores)". He mentions that the directive states that when the municipalities have the environmental variable, it must be incorporated. He notes that the local government is fully open to incorporating the water environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental hídrica) when SENARA provides them. He states that this municipality is in the process of preparing a comprehensive coastal regulatory plan (plan regulador integral costero) for the entire canton of Osa and when SENARA provides them with the water environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental hídrica), they will be incorporated. He refutes that the area granted in concession borders the Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Río Claro, given that, according to official letter SINAC-AL-363 of August 6, 2013, it is recorded: "That regarding the validity of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Punta Rio Claro, created by Executive Decree No. 25937-MINAE, the same is EXPIRED for private lands". He considers that it is not the municipality's authority to monitor the influx of tourists visiting the area of wetlands, public zone, and Pacific Ocean. He believes it is also not the Municipality's responsibility to control the logging of the forested area. He argues that before granting the concession, the concessionaire was required to exclude areas affected as Heritage. He notes that the file was forwarded and approved by the ICT, and therefore it is a concession duly registered before the National Registry.

5.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at 12:20 hours on April 7, 2017, Paula Mena Corea reports under oath, in her capacity as Acting Director of the Área de Conservación OSA of SINAC. She indicates that as noted in his report by the Topographical Engineer of ACOSA, José María Arroyo Arguedas, initially Free Town (Concession No. 0006Z, plan P-1386840-2009) and Sergio Miranda (Concession No. 01541Z, plan P-0972680-2005) held concessions registered before the National Registry, which were affected by certification No. ACOSA-PNE-AD-021-2012 of State Natural Heritage, issued on February 17, 2012. She notes that due to this affectation, the Council of the Municipality of Osa, via official letter AZM 627-2014, requested the Department of State Natural Heritage to reclassify these areas declared as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE). She alleges that, via official letter SINA-ACOSA-PNE-029-2015, the Municipal Council was informed that the PNE certification field verification was carried out, and that a topographical survey of the polygons classified as PNE was conducted, with the aim of registering the plans in the name of the State. She alleges that from this topographical survey, registration minutes numbers 2015-63742 and 2015-63744 were generated, which correspond to a forest polygon and a wetland polygon that were within the aforementioned concessions. She highlights that the National Registry did not register the PNE plans, as they overlapped with the concession plans. She adds that due to this situation, the concessionaires modified the original plans of their concessions, excluding the areas declared as PNE. She adds that concession No. 1541Z of Sergio Miranda Torres modified and rectified its plan, and therefore has plan number P-1731442-2014 registered in its land registration entry. She states that the Freetown concession also modified its plan and submitted minute No. 2015-95527-C before the registry, which also excluded the PNE areas. She indicates that the Topographical Engineer of ACOSA, in his official letter SINAC-ACOSA-PNE-AD-046-2017, regarding the loss of forest cover (cobertura boscosa), stated: "the satellite images available in the Google Earth program were verified, these are from the dates July 2005, April 2014, and February 2017; in said images, said loss of forest cover (cobertura boscosa) cannot be appreciated." She states that in said official letter it was also indicated: "the assertion that the properties border the Pacific Ocean with coral reefs and that these are affected by the influx of tourists, this statement is not true since according to the study conducted by the Sustainable Urban Development Research Program of the School of Civil Engineering of the Universidad De Costa Rica, for the Área de Conservación de Osa (EcoRegional Master Plan), the coral reef closest to this area is located more than 5 kilometers away." She alleges that it must be considered that the Corredor Biológico OSA is a territorial extension, generally private property, whose function is to interconnect protected wild areas to enable both the migration and dispersal of wild flora and fauna species.

6.- By certification of April 17, 2017, the Secretary and Judicial Technician, both of the Constitutional Chamber, made it known: "reviewed, in the Costa Rican judicial case management system, the control of received documents and this case file; it does not appear that from 04/04/2017 to 04/16/2017, the President of the Municipal Council of the Municipality of Osa filed any writing or document for the purpose of rendering the report requested in the resolution issued at seven hours fifty-one minutes on March twenty-ninth, two thousand seventeen."

7.- By resolution at 9:51 hours on April 28, 2017, the course of the process was rectified and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento was included as a respondent. Likewise, a report was requested from the National Environmental Technical Secretary, the Director of the Área de Conservación de Osa of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, as well as the Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipality of Osa.

8.- By a writing incorporated into the digital case file at 9:19 hours on May 4, 2017, Paula Mena Corea reports under oath, in her capacity as Director of the Área de Conservación de Osa. She requests that the facts alleged be considered answered with the official letter ACOSA-D-156-17 of April 6, 2017, already filed with the Secretariat of the Chamber.

9.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at 11:35 hours on May 10, 2017, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo reports under oath, in his capacity as Deputy Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. He indicates that SENARA has not issued any general matrix, hydrological map, or any reference regarding groundwater in the coastal sector of Bahía Drake, Punta San José, Playa San Josesita, and Península de Osa in Puntarenas. He states that SENARA is not competent regarding concessions in the maritime-terrestrial zone; however, he affirms that a new or existing project must have a hydrogeological assessment in the evaluation and environmental viability (viabilidad ambiental) processes, studies that must consider the vulnerability, threat, risk, and delimitation of recharge and discharge areas. He notes that projects that have the potential to contaminate or impact groundwater must have a hydrogeological study reviewed and approved by SENARA, due to the essential function of SENARA, which is to evaluate investment projects so that they do not affect surface and groundwater resources, in order to fulfill the functions assigned to the institution by the Constitutive Law of Senara No. 6877, as follows: "Research, protect, and promote the use of the country's water resources, both surface and underground." He states that for the zone where the concession subject to this appeal is located, there is limited geological and hydrogeological information, and to carry out an impact assessment of projects, specific and exhaustive hydrogeological studies must be conducted. He mentions that the Municipality of the zone is obligated to develop the hydrogeological component of the regulatory plans (planes reguladores), a tool for using the territory in a sustainable manner. He notes that for the protection of water resources, both in quality and quantity, SENARA has designed instruments such as land-use matrices according to aquifer vulnerability, which establish regulations so that human activities do not negatively impact the resource. He explains that in cases where no hydrogeological studies or hydrogeological maps exist (as in the present case), the generic matrix for aquifer protection approved by the Board of Directors of SENARA should serve as a guide and technical orientation to regulate human activities that cause, or potentially could cause, adverse effects on the environment, and particularly on the water resource.

10.- By certification of May 11, 2017, the Secretary and Judicial Technician, both of the Constitutional Chamber, made it known: "it does not appear that from 05/05/2017 to 05/10/2017, the National Environmental Technical Secretary filed any writing or document for the purpose of rendering the report requested in the resolution issued at nine hours fifty-one minutes on April twenty-eighth, two thousand seventeen."

11.- By certification of May 11, 2017, the Secretary and Judicial Technician, both of the Constitutional Chamber, made it known: "it does not appear that from 05/05/2017 to 05/10/2017, the Mayor of the Municipality of Osa filed any writing or document for the purpose of rendering the report requested in the resolution issued at nine hours fifty-one minutes on April twenty-eighth, two thousand seventeen."

12.- By a writing incorporated into the digital case file at 16:23 hours on May 16, 2017, the appellant appears. He indicates that the reports from the Municipality of Osa are of utmost importance for the amparo appeal and requests that the corresponding commission be issued for notification.

13.- By a writing incorporated into the digital case file at 9:04 hours on May 23, 2017, Alberto Cole De León appears, in his capacity as Mayor of the Municipality of Osa. He indicates that the correct fax number to receive notifications is 2786-8492.

14.- By resolution at 9:52 hours on May 23, 2017, it was ordered to notify the Mayor of the Municipality of Osa of the resolution at 9:51 hours on April 28, 2017.

15.- By certification of May 30, 2017, the Secretary and Judicial Technician, both of the Constitutional Chamber, made it known: "it does not appear that from 05/25/2017 to 05/29/2017, the Municipal Mayor of Osa filed any writing or document for the purpose of rendering the report requested in the resolution issued at nine hours fifty-one minutes on April twenty-eighth, two thousand seventeen."

16.- By a writing received at the Secretariat of the Chamber at 15:05 hours on May 30, 2017, Marco Vinicio Arroyo Flores appears, in his capacity as General Secretary of the National Technical Secretariat. He indicates that in accordance with the provisions of article 83 of the Organic Environmental Law No. 7554, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) was created as a body of maximum deconcentration of the Ministry of Environment and Energy with the purpose of, among other things, harmonizing environmental impact with productive processes. He states that, according to the regulations, it is the municipality (sometimes also with the approval of the ICT, SINAC-protected wild areas) that is responsible for granting and extending concessions within the restricted zone. He clarifies that SETENA has no legal involvement in the granting of concessions in the restricted zone; however, its competencies are defined in the Organic Environmental Law (article 17), the regulation to that law (Executive Decree No. 31849), and a series of manuals and standards issued via executive decree. He notes that the restricted zone is classified, according to Decree No. 31849, as an environmentally fragile area, so any project, work, or activity that is intended to be carried out there must undergo the environmental assessment procedure. He argues that once Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) is granted to the project, SETENA can extend it. He adds that in the event that during the effective term, evident variations have occurred in the exogenous conditions that were evaluated at the time of granting environmental viability (viabilidad ambiental), SETENA may officially request the interested developer to provide an update of the environmental assessment instruments submitted or a certification that the environmental conditions that were initially assessed for the project have not varied with respect to those current exogenous conditions and that the evaluation conducted remains valid. Regarding the question: "Do you have knowledge of an extension of Maritime-Terrestrial Zone concessions granted to Sergio Miranda Torres and the company Free Town, located in Bahía Drake, Punta San José, Playa San Josesita, and Península de Osa in Puntarenas?", he indicates that SETENA cannot provide information on that aspect, as indicated previously, there are competent entities responsible for processing and granting concessions in the restricted zone (municipalities, SINAC, ICT); however, he reiterates what was stated in official letter SG-AJ-291-2017-SETENA of April 4, 2017, regarding the fact that the petition of Sergio Miranda Núñez for the project "Surface Water Concession" was rejected. He indicates that the following files appear in the name of Sergio Miranda Núñez and Free Town S.A.: "1) File No. D1-6808-2011. Developer Name: Sergio Miranda Torres, ID No. 1-522-606. Project Name: Spring Water Concession. Location: Province of Puntarenas, Canton Osa, Sierpe District. By resolution No. 0658-2012-SETENA at 15 hours 50 minutes on March 5, 2012, the Plenary Commission of Setena granted Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) to the cited project. Said Viability was granted for a term of 2 years. The file contains no record of any type of extension or suspension of the project. 2) File No. D1-6807-2011. Developer Name: Sergio Miranda Torres, ID No. 1-522-606. Project Name: Free Town. Location: Province of Puntarenas, Canton Osa, Sierpe District. By resolution No. 1917-2013-SETENA at 8 hours 50 minutes on July 31, 2013, the Plenary Commission of Setena resolved to archive the file of the project called Free Town. In the same vein, by resolution No. 2534-2013-SETENA at 8 hours 45 minutes on October 10, 2013, the Plenary Commission rejected the revocation appeal filed by Mr. Miranda Torres, and by resolution No. 606-2013-MINAE at 13 hours 50 minutes on December 16, 2013, the appeal was denied, exhausting the administrative remedy. Finally, the file contains a record that on May 18, 2016, the resolution at 10 hours 10 minutes on May 12, 2016, issued by the Constitutional Chamber, was received at the SETENA Services Platform, in which they are requested to refer to the facts alleged by the appellant Faryanie Darbey Maxwell. Said request was answered to the justices on May 23, 2016, by Official Letter se-AJ-0491-2016. Thus, to date, the project does not have environmental viability (viabilidad ambiental), and the administrative remedy was even exhausted. 3) File No. D2-17821-2016. Developer Name: Sergio Miranda Torres, ID No. 1-522-606. Project Name: Surface Water Concession. Location: Province of Puntarenas, Canton Osa, Sierpe District. Mr. Miranda Torres's petition was denied by SETENA, precisely because his activity, work, or project would be carried out in an environmentally fragile area (Maritime-Terrestrial Zone, 2). That resolution RVLA-0665-2016 was duly notified on June 27, 2016, to Mr. Sergio Miranda Torres, and that the same was not appealed, therefore, it is final (en firme). In relation to this file, the resolution at 7 hours 51 minutes on March 29, 2017, issued by the Constitutional Chamber was received, which was answered via official letter SG-AJ-291-2017-SETENA." Regarding the question: "Does an extension of a concession in the Maritime-Terrestrial Zone after 20 years of being granted require any study or pronouncement by SETENA prior to its extension?", he notes that as for the extension of the concession in the maritime-terrestrial zone, it is not SETENA's competence to issue any criteria, since as has been stated, the processing of the concession is the competence of the Municipality, the ICT, or SINAC as the case may be, but if in the concessioned zone a project, work, or activity is intended to be carried out that is regulated as subject to the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process, the concessionaire must process the Environmental Viability (Viabilidad) (License) for it before the National Environmental Technical Secretariat.

17.- By a writing incorporated into the digital case file at 17:55 hours on June 1, 2017, Jorge Alberto Cole De León appears, in his capacity as Mayor of the Municipality of Osa. He states that he renders the report under oath. He indicates that the extension of the concession to Sergio Miranda Torres was approved by the Municipal Council of Osa in session No. 36-2012 of September 1, 2012, chapter VI, point 15, and, in addition, in ordinary session No. 17-2015, held on April 29, 2015, by article IX, agreement No. 3, the draft resolution was approved in which it was agreed to authorize the Municipal Mayor to prepare and sign the respective concession contract. He states that the extension of the concession in the name of Free Town S.A. was approved by the Municipal Council of Osa, in ordinary session No. 30-2012 of July 25, 2012, chapter VIII, agreement 1. He notes that directive of SETENA No. GG-325-16, which corresponds to the agreement of session No. 1-2016 taken by the Sectoral Council of Environment, Energy, Mines, and Land Use Planning, indicates: "The Sectoral Council agrees that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) will send, within 22 days, a note to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and the Municipalities of the country, indicating currently which Municipalities, by order of the Constitutional Chamber, must develop a water vulnerability matrix (matriz de vulnerabilidad hídrica) and hydrogeological maps. The purpose of the foregoing is for SETENA to continue the respective procedures for the review and approval of the environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental) of the regulatory plans (planes reguladores), having it clearly established exactly which municipalities must be required to comply with the water matrix (matriz hídrica) and hydrogeological maps (...) That according to Ruling 2008-12109 of the Constitutional Chamber, it orders the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Mora, and Vasquez (sic) de Coronado to proceed to hire the necessary professionals for the preparation of the hydrogeological vulnerability maps recommended by Senara in its report entitled Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer Central Valley Costa Rica, which must be included in the urban planning regulations of their institutions and as recommended by the aforementioned authority (...). (...) all those municipalities (with the exception of those included in point 1 that have submitted a request for assessment of the EHG to SENARA as of the date of publication of this agreement and do not yet have the corresponding approval, may continue the respective procedures before SETENA using the methodology established in Decree 32962-MINAE. Meanwhile, SENARA will have a period of up to five years to approve the EHGs. Once the information from the EHGs prepared by SENRA (sic) is available, they will be incorporated into the regulatory plans (planes reguladores). For all those Municipalities that do not have an EHG and have begun the procedure, they may initiate their petition before SETENA for the respective approval of the integration of the environmental variable into the corresponding regulatory plans (planes reguladores). Once the information from the EHGs prepared by SENARA is available, they will be incorporated into the regulatory plans (planes reguladores)". He states that the concessions granted in said coastal sector affected by State Natural Heritage have had to be modified in terms of their areas, since by law, all those areas that are affected by State Natural Heritage (forests, wetland, mangrove, land with forestry aptitude), duly classified and made official by certification from MINAE, are excluded from municipal administration, since the same by Law No. 7575 fall under the administration of MINAE.

It explains that, for the foregoing reason, the municipality could not grant any area in concession to an individual or legal entity that is affected by State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE). It states that it has no knowledge of official letter N°RVLA-0665-2016 SETENA or of Form N°D2-17821-16 SETENA. It refutes that the area granted in concession borders the Punta Río Claro National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Río Claro), because official letter SINAC-AL-363 of August 6, 2013 indicated: “(…) That regarding the validity of the Punta Rio Claro Mixed National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Punta Rio Claro), created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) Nº 25937-MINAE, it is EXPIRED for private lands” and to date there is no official document whatsoever in that municipality verifying that this refuge is in effect. It considers that it is not the municipality’s authority to monitor the influx of tourists visiting the wetlands zone, public zone, and the Pacific Ocean. It deems that it is also not the municipality’s responsibility to control logging in the forested zone, as these are areas under the administration of MINAE; however, when the municipality becomes aware of any irregularity, it notifies the corresponding institution. It explains that the municipality extended Sergio Miranda’s concession once he complied with what was ordered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in case file 12-014168-0007 CO, where the municipal agreements by which the concessions of Sergio Miranda and Free Town were extended were rendered null and void, until absolute certainty was had that the lands to be conceded were free of State Natural Heritage (PNE), which was fully complied with since the concession extension contract with Sergio Miranda was authorized by the municipal council once the concessionaire fulfilled what was ordered. It explains that the foregoing did not occur with the concession extension process in the name of Free Town until the process of excluding areas affected by State Natural Heritage (PNE) is completed and the duly cadastral map (plano debidamente catastrado) is submitted. It adds that Sergio Miranda Torres appears with a concession granted in his name (extension that was duly approved by the General Management of the ICT G-2414-2015 of November 26, 2015. Likewise, the ICT, by official letter G-0110-2017 at 2:00 p.m. on January 19, 2017, approved an addendum to the concession contract). It adds that Free Town appears as a legal entity with a concession granted in its name in the process of extension. It argues that the concession granted to Sergio Miranda, according to information contained in the respective file and a literal certification from the National Registry (Registro Nacional), has been registered since September 1, 1992, and by extension remains in effect to date. It refers that the Company Free Town, according to a certification from the National Registry (Registro Nacional), has held a concession since July 27, 1992. It indicates that the concessions were granted according to documents contained in the concession file, through the following municipal agreements: a) Sergio Miranda Torres: article Nº 4, point d) of minute Nº 43 of July 22, 1992, for a term of 20 years (expired in 2012) b) Free Town S.A.: extraordinary session Nº 18-2002 of September 6, 2002, point 2 of the minute of the maritime terrestrial zone commission Nº 13. It mentions that regarding the studies and requirements fulfilled for the granting of concessions, the file contains: regulatory plan (plan regulador), formal application, inspection, publication of edict (with or without oppositions), cadastral map (plano catastrado), municipal agreement, signed contract. It affirms that in the case of Sergio Miranda Torres, there is an official letter submitted to that municipality, received at the services platform according to the stamp on the document, on July 24, 2012, in which they requested the renewal of the concession contract (extension), which was approved by the Municipal Council of Osa in Ordinary Session Nº 36-2012 of September 1, 2012, chapter Nº VI, point Nº 15. It states that in the case of Free Town S.A., there is an official letter submitted to that municipality, received at the services platform according to the stamp on the document on February 20, 2012, which was approved by the Municipal Council of Osa in Ordinary Session 30-2012 of July 25, 2012, chapter VIII, agreement Nº 1. It clarifies that in the case of Free Town S.A., the concession extension contract has not yet been signed because it is in the respective process for the cadastral map (plano catastrado), excluding areas affected by State Natural Heritage (PNE). It posits that the regulatory plan (plan regulador) of that coastal sector, in the section on observations and general norms, indicates certain measures to be taken into account when developing a concession, which involve stormwater discharges, black water, drainages, fill, excavations, or land leveling that can be interpreted both for the protection of surface natural resources and groundwater resources. It refers that the foregoing must be reviewed and required at the time the concessionaire submits the construction permit application, which must be completely in accordance with the regulatory plan (plan regulador) of said sector and with current legislation.

18.- By resolution at 1:30 p.m. on July 4, 2017, the appellant was warned to provide the legal personality (personería jurídica) of Free Town S.A. and the exact address for notifying Sergio Miranda Torres.

19.- By brief incorporated into the digital file at 9:28 p.m. on July 7, 2017, the appellant appears in response to the resolution at 1:30 p.m. on July 4, 2017.

20.- By resolution at 1:34 p.m. on July 4, 2017, the amparo proceeding was expanded, and Sergio Miranda Torres, Free Town S.A., and the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) were included as respondents.

21.- By brief incorporated into the digital file at 3:21 p.m. on July 27, 2017, Alberto López Chaves appears, in his capacity as General Manager of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo). He provides a special power of attorney (poder especial judicial) and indicates a means for receiving notifications.

22.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 1:10 p.m. on July 31, 2017, Alberto López Chaves, in his capacity as General Manager of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), renders a report under oath. He indicates that there is no copy of the concession file in the name of Free Town. He points out that the coastal sector has a “Declaration of Tourist Suitability (Declaratoria de Aptitud Turística)” published in Gazette N° 163 of August 27, 2013, issued under article 27 of Law N° 6043. He notes that this sector currently has a coastal regulatory plan (plan regulador costero) for the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) in effect, published in Gazette N° 15 of January 22, 2001, except for the sectors classified as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). He mentions that the sectors that were classified as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) by the SINAC-MINAE Conservation Area were excluded from said declaration. He states that he makes no mention of the hydrogeological study contracted by the concessionaires, which determined that the aquifer’s vulnerability to contamination is very high, since it corresponds to SENARA to prepare water vulnerability maps and submit them to its Board of Directors for approval. He affirms that water vulnerability certifications are necessary when SENARA has approved the indices by zone, a task that is still in process by said entity. He refers to rulings of this Tribunal. He argues that in the review processes for concession procedures submitted by municipalities with coastal jurisdiction, when a map of aquifer contamination risk exists, it is considered and, additionally, the matrix is used to note any observation. He refers that in cases where no map exists, there is no technical criterion to be applied by the institution. He cites the directive SETENA GG-325-16. He adds that the granting of concessions, extensions, assignments, and others are acts that, by legal regulation, correspond to the municipality. He adds that the ICT conducts a review process of the constitutional and legal principles regarding whether they have been complied with by the corporation. He explains that to prevent the extinction of their right, the concessionaire must request the extension from the municipality before the expiration of the term. He cites article 50 of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de Zona Marítimo Terrestre). He posits that according to that regulation and numeral 52 subsection a), the concession is extinguished by the passage of time without the extension having been requested. He indicates that to prevent it from being extinguished, the following are required: the petition of the interested party, the agreement of the municipality, and the approval of the ICT. He refers to a ruling of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice. He indicates that for the corresponding extension, the ICT complied with the current legal system and constitutional provisions, since it carried out the pertinent review process.

23.- By brief incorporated into the digital file at 4:32 p.m. on August 17, 2017, Jonatán Picado León appears, in his capacity as special judicial representative (apoderado especial judicial) of Sergio Miranda Torres and Free Town S.A. He cites the “Por tanto” (Therefore) of judgment Nº 2013-7934 at 9:05 a.m. on June 14, 2013. He explains that on that occasion, the Chamber had jurisdiction to: 1) annul totally or partially the municipal agreements, the Regulatory Plan (Plan Regulador), and the concessions; 2) modify them; or 3) suspend them; however, it decided to shape the effects “rendering null and void the municipal agreements… until absolute certainty is had.” He points out that that resolution did not annul the concession or the regulatory plan, since no grounds for absolute nullity existed. He deems that what was questioned has already been resolved, and, therefore, constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) exists. He notes that based on the issued resolution, the Directorate of ACOSA was asked to conduct an inspection on the concessions of Sergio Miranda Torres, in order to determine in situ and with absolute certainty, which are the existing State Natural Heritage (PNE) areas on both properties and to be able to fulfill the suspensive condition that the Chamber required, which has been fully complied with. He mentions that the matter was already resolved by the Administrative Litigation Tribunal (Tribunal Contencioso Administrativo) in resolution Nº 271-2017, by declaring the extraordinary review appeal with a subsidiary appeal without merit. He states that the regulatory plan (plan regulador) was approved in 1989 by the ICT, in 1990 by the Municipality, and in 1996 by the INVU and, furthermore, was updated in February 1997. He affirms that previous acts cannot be reviewed in light of later legislation, due to the principle of non-retroactivity (irretroactividad). He argues that the regulatory plan (plan regulador) did comprehend and consider the environmental variable since its creation, so it seems the appellant wants it to disappear to the detriment of the environment, leaving the balanced and conservationist development of the zone unprotected. He refers that the regulatory plan (plan regulador) is more than 22 years old, so it could not incorporate what did not exist (such as the concept of environmental impact in the way it is understood today), but that does not detract from the fact that it does protect the environment through the establishment of zones of absolute conservation and low-density development, which was advanced for that historical moment. He highlights that additionally, currently, an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is required for the development of any work. He adds that, regarding the delimitation of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), as a concessionaire for more than 20 years, without building or destroying anything, his represented party has had to patiently wait for its delimitation in order to be able to develop the concession. He adds that there is no construction whatsoever and refutes that there is a lack of processing environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), since that study is required for any development. He explains that he has not affected the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) area and that his right derives from the concession granted on July 22, 1992, so, on the contrary, even though the concept of State Natural Heritage (PNE) did not exist, the environment has been safeguarded for more than 20 years since nothing has been built in the concession nor has anything been destroyed. He posits that the concession area was adjusted and is outside the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) areas, as observed in certification AZM-650-2014 of July 3, 2017, which says: “it is outside areas declared State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado).” He refers to the Municipality's report regarding the concessionaire's behavior, since the State Natural Heritage (PNE) was excluded from the cadastral map (plano catastrado) and a new one was prepared endorsed by the following institutions: Municipality of Osa, National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), National System of Conservation Areas (SINAC-ACOSA-MINAET), and National Registry (Registro Nacional). He indicates that biological corridors are geographic spaces where there is the possibility of sustainable management and where people can act without there being negative effects on the flora and fauna of the place, executed through a SINAC project, usually developed on private property; however, in the specific case, there is a State Natural Heritage (PNE) certification that does not indicate that they are affected by any biological corridor. He points out that the fact that the properties border a biological corridor does not exert any influence, restriction, or prohibition on them from being granted in concession, given that biological corridors are programs carried out through local committees that are integrated by all those who wish to participate in them. He notes that the Punta Río Claro Refuge (Refugio de Punta Río Claro) does not overlap with the properties, and no harm exists. He states that the hydrogeological study was never approved because it was submitted within the proceedings before SETENA with the Environmental Impact Assessment Document (Documento de Evaluación de Impacto Ambiental, D-2), under administrative file number D2-17821-2016-SETENA. He mentions that a new environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) of the project to be developed was carried out and, due to the results obtained, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of both the project and the water concession was processed before SETENA, through form D1, administrative file D1-6808-11-SETENA. He argues that the protection areas of the springs (nacientes) are 100 meters, within which no construction or development can be carried out; however, this does not mean they form part of the State Natural Heritage (PNE) exclusively. He explains that the water concessions being processed are located on a private property that has no relation to the properties under concession.

24.- By brief incorporated into the digital file at 9:32 a.m. on August 22, 2017, Jonatán Picado León, in his capacity as special judicial representative (apoderado especial judicial) of Sergio Miranda Torres and Free Town S.A., provides a special power of attorney (poder especial judicial).

25.- By brief incorporated into the digital file at 3:24 p.m. on October 19, 2017, Jonatán Picado León, in his capacity as special judicial representative (apoderado especial judicial) of Sergio Miranda Torres and Free Town S.A., provides a comparison study of vegetation cover (cobertura vegetal) based on photo-interpretation of the aerial photographs of 1991, 1992, 1995, 2014, and 2017, prepared by Eng. Nahuel Flores Biancchi, environmental consultant CI-067-2015-SETENA. He points out that this study demonstrates that the forest has not been deforested, but rather, on the contrary, during the more than 20 years of concession, it has regenerated naturally.

26.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Rueda Leal; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant claims that concessions in the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) were extended to Sergio Miranda Torres and Free Town S.A. without the technical studies approved by SENARA verifying the vulnerability of the aquifers, without studies determining aquifer recharge zones or springs (nacientes), and without State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) areas having been excluded. He complains that deforestation has occurred in the conceded areas.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, as they have been so accredited:

i. On the concession in the maritime terrestrial zone in the name of Sergio Miranda Torres:

a. The concession was granted for a term of 20 years, by municipal agreement article Nº 4, point d), of minute Nº 43 of July 22, 1992. It has been registered since September 1, 1992. (Evidence provided by the Municipality of Osa).

b. The concession (Nº 01541Z with map 6-0972680-2005) was affected by the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) certification Nº ACOSA-PNE-AD-021-2012, issued on February 17, 2012. (Report from the Director of the OSA Conservation Area of SINAC).

c. On July 24, 2012, an official letter was submitted at the services platform requesting the renewal of the concession contract (extension). (Evidence provided by the Municipality of Osa).

d. The concession extension was approved by the Municipal Council of Osa in session Nº 36-2012 of September 1, 2012, chapter VI, point Nº 15. (Evidence provided by the Municipality of Osa).

e. The concession map was rectified and the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) areas were excluded. Due to the foregoing, the concession has map number P-1731442-2014 registered in its registration entry. (Report from the Director of the Osa Conservation Area).

f. The Municipal Council of Osa, in ordinary session Nº 17-2015, held on April 29, 2015, by article IX, agreement Nº 3, approved the draft resolution where it was agreed to authorize the Mayor to prepare and sign the respective concession contract. (Evidence provided by the Municipality of Osa).

g. The registration information for the concession in the name of Sergio Miranda Torres states the following:

“NATURE:
LAND FOR CONSTRUCTION ON SAN JOSECITO BEACH FOR USE AS A LOW-DENSITY TOURIST ACCOMMODATION ZONE (ZATBD: 25006.53M²) AND ABSOLUTE CONSERVATION ZONE (ZCA: 15475.47M²)” (Evidence provided by SINAC and information appearing on the National Registry (Registro Nacional) website).

h. The concession extension was approved by the General Management of the ICT, by resolution G-2414-2015 of November 26, 2015. Likewise, the ICT, by official letter G-0110-2017 at 2:00 p.m. on January 19, 2017, approved an addendum to the concession contract. (Evidence provided by the Municipality of Osa).

i. The concession is in effect (Evidence provided by the Municipality of Osa and SINAC).

ii. On the concession in the maritime terrestrial zone in the name of Free Town S.A.:

a. The concession was granted by municipal agreement taken in extraordinary session Nº 18-2002 of September 6, 2002, point Nº 2, of the minute of the maritime terrestrial zone commission Nº 13; however, it has been registered since July 27, 1992. (Evidence provided by the Municipality of Osa).

b. On February 20, 2012, the extension request was submitted at the municipality's services platform. (Evidence provided by the Municipality of Osa).

c. The concession extension was approved by the Municipal Council of Osa in ordinary session Nº 30-2012 of July 25, 2012, chapter VIII, agreement Nº 1. (Evidence provided by the Municipality of Osa).

d. The concession (Nº 0006Z with map 6-1386840-2009) was affected by the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) certification Nº ACOSA-PNE-AD-021-2012, issued on February 17, 2012. (Report from the Director of the OSA Conservation Area of SINAC).

e. The registration information for the concession in the name of Free Town S.A. states the following:

“NATURE:
LAND WITH CABINS, RESTAURANT, CAMPING AREA, AND USE WATERCOURSES. ROAD ZONE, TOURIST FACILITIES ZONE, WATERCOURSE PROTECTION ZONE, LOW-DENSITY TOURIST ACCOMMODATION ZONE, ABSOLUTE PROTECTION ZONE, AND CAMPING ZONE.” (Evidence provided by SINAC and information appearing on the National Registry (Registro Nacional) website)

f. The concession map was modified and submitted to the National Registry (Registro Nacional), according to minute Nº 2015-95527-C; however, it is not yet registered. (Report from the Director of the OSA Conservation Area and evidence provided).

g. The extension process has not yet been finalized and the contract has not been signed until the process of excluding areas affected by State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) is concluded and the duly cadastral map (plano debidamente catastrado) is submitted. (Evidence provided by the Municipality of Osa).

III.- Facts not proven. Of importance for the resolution of this matter, the following fact is deemed not proven:

a. That during the effective terms of the concessions granted to Sergio Miranda Torres and Free Town S.A., deforestation has occurred on them.

IV.- On the specific case. In the sub lite, the appellant claims that concessions in the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) were extended to Sergio Miranda Torres and Free Town S.A. without the technical studies approved by SENARA verifying the vulnerability of the aquifers, without studies determining aquifer recharge zones or springs (nacientes), and without State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) areas having been excluded. He complains that deforestation has occurred in the conceded areas.

From the study of the case records, regarding the concession in the maritime terrestrial zone in the name of Sergio Miranda Torres, it is proven that it was granted for a term of 20 years, by municipal agreement article Nº 4, point d), of minute Nº 43 of July 22, 1992, and has been registered since September 1, 1992. It was affected by the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) certification Nº ACOSA-PNE-AD-021-2012, issued on February 17, 2012. On July 24, 2012, an official letter was submitted at the services platform requesting the renewal of the concession contract (extension), which was approved by the Municipal Council of Osa in session Nº 36-2012 of September 1, 2012, chapter VI, point Nº 15. Subsequently, the map was rectified and the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) areas were excluded, so the concession has map number P-1731442-2014 registered in its registration entry. The Municipal Council of Osa, in ordinary session Nº 17-2015, held on April 29, 2015, by article IX, agreement Nº 3, approved the draft resolution where it was agreed to authorize the Mayor to prepare and sign the respective concession contract. The extension of the concession to Sergio Miranda was approved by the Costa Rican Tourism Institute by resolution G-2414-2015 of November 26, 2015, and, additionally, by official letter G-0110-2017 at 2:00 p.m. on January 19, 2017, an addendum to the concession contract was approved, for which reason it remains in effect. Likewise, the registration information indicates its nature is: “LAND FOR CONSTRUCTION ON SAN JOSECITO BEACH FOR USE AS A LOW-DENSITY TOURIST ACCOMMODATION ZONE (ZATBD: 25006.53M²) AND ABSOLUTE CONSERVATION ZONE (ZCA: 15475.47M²).”

Regarding the concession in the maritime terrestrial zone in the name of Free Town S.A., it is proven that it was granted by municipal agreement taken in extraordinary session Nº 18-2002 of September 6, 2002, point Nº 2, of the minute of the maritime terrestrial zone commission Nº 13, and has been registered since July 27, 1992. On February 20, 2012, the extension request was submitted at the municipality's services platform, which was approved by the Municipal Council of Osa in ordinary session Nº 30-2012 of July 25, 2012, chapter VIII, agreement Nº 1. The concession map was modified and submitted to the National Registry (Registro Nacional), according to minute Nº 2015-95527-C; however, it is not yet registered. The extension process has not yet been finalized, nor has the contract been signed until the process of excluding areas affected by State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) is concluded and the duly cadastral map (plano debidamente catastrado) is submitted. The information contained on the National Registry (Registro Nacional) website indicates that the nature of the concession is: “LAND WITH CABINS, RESTAURANT, CAMPING AREA, AND USE WATERCOURSES. ROAD ZONE, TOURIST FACILITIES ZONE, WATERCOURSE PROTECTION ZONE, LOW-DENSITY TOURIST ACCOMMODATION ZONE, ABSOLUTE PROTECTION ZONE, AND CAMPING ZONE.”

Taking into consideration the factual framework described above, the appellant's claims will be analyzed separately.

V.- On the alleged approval of the concessions in the maritime terrestrial zone without the technical studies approved by SENARA and the non-existence of studies to determine aquifer recharge zones and springs (nacientes).

In the specific case, in order to determine whether the extension of the concessions in the maritime terrestrial zone required any type of study or pronouncement by SENARA or SETENA, a report was requested from said authorities.

In that regard, SENARA reported that it is not competent in the matter of concessions in the maritime terrestrial zone, but that a new or existing project must have a hydrogeological assessment in the environmental evaluation and feasibility (viabilidad ambiental) processes that addresses the vulnerability, threat, risk, and delimitation of aquifer recharge and discharge areas. Furthermore, said authority reported that projects that have the potential to contaminate or impact groundwater must have a hydrogeological study reviewed and approved by SENARA.

For its part, although SETENA pointed out that it had no legal involvement in the granting or extension of concessions in the restricted zone, it also stated that since such zones are classified as environmentally fragile, any project, work, or activity that one wishes to carry out there must be submitted to the environmental evaluation procedure for the purpose of processing the respective license.

In this regard, from the study of the case records, it is observed that the concession zone that is pending extension, in the name of Free Town S.A., according to the registration information, possesses constructions and developments such as cabins, restaurants, camping areas, and tourist facility zones. Therefore, since in this case the concession has not yet been extended, the appeal must be dismissed; however, the representative of said company and the authorities of the Municipality of Osa, SETENA, SENARA, and the ICT must take note that, prior to the signing and approval of the concession extension contract, the respective hydrogeological study must be prepared and approved, encompassing the areas already built and intended for tourist use, as well as the activities being carried out, so that they are incorporated into the respective procedures and evaluations by each one within the scope of their competencies. Likewise, the authorities of the Municipality of Osa, SETENA, and SENARA must inspect the zone to be conceded in order to determine if any other additional study or evaluation is required.

Regarding the concession of Sergio Miranda Torres, it is not evident in the case records, nor was it claimed by the appellant, that any project or construction has been carried out on it, which is why it is appropriate to declare the appeal without merit; however, even though this one was already extended and the corresponding contracts were signed, the authorities of the Municipality of Osa, SENARA, and SETENA must review and inspect the conceded area in order to determine if there are constructions, zones intended for tourism, or activities being carried out that require compliance with additional requirements, such as the hydrogeological study or any other environmental evaluation study.

In addition, the respondent authorities must take note that if in the future the concessionaires intend to build or carry out any activity in the conceded area, they must incorporate the corresponding hydrogeological studies so that SENARA reviews them and, subsequently, they are considered by the Municipality of Osa and other corresponding authorities. Likewise, they must also submit the project, work, or activity they intend to carry out to SETENA for approval so that the environmental feasibility (viabilidad ambiental) is processed if applicable.

Therefore, the Municipality of Osa, SENARA, SETENA, the ICT, and the respondents Sergio Miranda Torres and Free Town S.A., must take note of what is stipulated in this considering and the jurisprudential line that this Tribunal has established, since the lack of a regulatory plan (plan regulador) or hydrogeological maps from SENARA does not exempt them, according to their competencies, from analyzing and submitting for review the corresponding hydrogeological and environmental evaluation studies for the projects or activities that are intended to be carried out in the conceded areas.

In the terms set forth above, the Chamber has established a series of parameters that must be considered.

Regarding the protection of groundwater and its constitutional safeguarding, the Chamber's line has already been properly defined. In judgment Nº. 2010-20988 at 4:51 p.m. on December 15, 2010, it ordered:

“III.- ON THE NATIONAL GROUNDWATER, IRRIGATION, AND DRAINAGE SERVICE (SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO). As the Chamber has already stated in judgment 2004-01923 at fourteen hours fifty-five minutes on February twenty-fifth, two thousand four, the competencies of SENARA transcend what concerns irrigation districts, as they are found to have a national vocation derived from its very institutional antecedents. It is evident that by express provision of the Law Creating SENARA, Law number 6877, article 3 subsections ch and h), SENARA has the competence to protect the country's water resources, which is why its decisions regarding exploitation, maintenance, and protection will be definitive and of mandatory compliance.

This regulatory provision must be interpreted and applied in accordance with the provisions of Article 21 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils —from which it is defined that the Ministry of Agriculture and Livestock (or Department of Agriculture in the language used by the Water Law) maintains a secondary or residual competence in this matter—. Thus, the integration of the recently cited norms informs that for the use of public domain waters, every public entity —without distinction— has the obligation to obtain the corresponding permit from SENARA, to the point that the decisions that SENARA makes in a reasoned manner in this regard will be definitive and of mandatory compliance. This definition is far from being a rhetorical statement by the Chamber; on the contrary, it stems from the responsible integration of the broad regulatory framework that governs the matter, which, as stated, requires the progressive advancement and recognition inherent to the field of human rights, given that the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber warns that this clarification places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of the national water resource, which is important considering the eminently technical nature of this administrative body, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved —ICAA, SETENA, MAG, Municipalities, among others.”

Likewise, the Chamber, in judgment No. 2012-8892 of 4:03 p.m. on June 27, 2012, stated:

“ VIII.- On the constitutional relevance and the protection regime for groundwater. As set forth in judgment number 2004-01923, the protection of aquifers or groundwater is fundamental for the preservation of life and a healthy and ecologically balanced environment. It is an essential component of the hydrological cycle and the main source of public supply in the Central American region, which in the case of Costa Rica supplies 70% of the daily water consumed, which is not surprising given the high contamination index of most surface waters (a public and notorious fact). Hence, it is easy to infer its relevance as a fundamental right, whose parameter of constitutional control is based on positive norms of constitutional and supra-constitutional law, as well as general principles of Law. Among others, it is appropriate to cite the principle of preservation of natural resources for the benefit of present and future generations (principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment), rights to life and health (section 21 of the Political Constitution), right to a healthy and ecologically balanced environment (articles 50 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights). Furthermore, in the cited judgment, and alluding to sections 50 of the Organic Law of the Environment ("Water is of public domain, its conservation and sustainable use are of social interest") and 4 of the Mining Code ("...mineral sources and waters and groundwater and surface waters are reserved for the State"), the public domain character of water was expressly established, which evidently includes all groundwater in the country. This criterion came to be accentuated in judgments numbers 2005-16513 of 8:04 p.m. on November 29, 2005, and 2011-001034 of 9:10 a.m. on January 28, 2011, where it was reiterated that the national regime of public domain goods, such as water, places them outside the commerce of men and, therefore, the permits for their exploitation are always precarious and unilaterally revocable by the Administration when justified for reasons of necessity or general interest. Additionally, it was indicated that, regarding the protection of natural resources, the State has the full obligation to impose limitations on private property and regulate the conditions for the use and protection of public domain goods, including of course water, so the exercise of that state duty is absolutely compatible with the right to private property, established in section 45 of the Political Constitution. This obligation to safeguard groundwater radiates throughout the entire national territory, since contamination endangers not only the most vulnerable aquifers, the shallow aquifers separated from the surface by a thin and permeable soil layer; but also the volcanic or fractured ones, whose recharge areas may be threatened by anthropic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural and livestock activities that involve the use of pesticides and agrochemicals. In judgment number 2004-01923, likewise, special characteristics of groundwater contamination are highlighted, which reveal its particular vulnerability: 1) Contamination can go unnoticed for a long time given that the waters are underground. 2) The regeneration of water once contaminated is very slow or has such a high cost that it makes contamination something irreversible. 3) There is a deficit of technical and human resources to monitor the quality of groundwater and determine the exact dimension of a potential contamination. Such factors, in turn, influence the type of protection required by aquifers, which inevitably must be preventive, because when the damage (contamination) is detected, it is often already too late for a reversal of the situation. Among such measures, the Chamber points out in the cited judgment, are the prohibition of certain human activities in certain zones and the imposition of safety measures on potentially contaminating activities. Also, in an enumerative manner, the following are specified as protection measures: the establishment of protection perimeters for aquifers, the declaration of an overexploited aquifer, the declaration of an aquifer in the process of saline intrusion, and the state of water necessity and crisis.”

In addition, the Chamber, through resolution No. 2017-6340 of 9:15 a.m. on May 5, 2017, resolved:

“IV.- On the protection of groundwater. (…) Particularly, SENARA's intervention has been strengthened when it comes to projects whose impact could fall on groundwater. In this regard, in judgment No. 2010-20988, of 4:51 p.m. on December 15, 2010, this Court indicated the following:

“ III.- ON THE NATIONAL SERVICE FOR GROUNDWATER, IRRIGATION, AND DRAINAGE. As the Chamber has already stated in judgment 2004-01923 of two fifty-five p.m. on February twenty-five, two thousand four, SENARA's competencies transcend what concerns irrigation districts, so that they turn out to have a national vocation derived from its very institutional background. It is evident that by express provision of the Law Creating SENARA, law number 6877, article 3 subsections ch) and h), SENARA has the competence to protect the country's water resources, which is why its decisions regarding exploitation, maintenance, and protection will be definitive and of mandatory compliance. This regulatory provision must be interpreted and applied in accordance with the provisions of Article 21 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils —from which it is defined that the Ministry of Agriculture and Livestock (or Department of Agriculture in the language used by the Water Law) maintains a secondary or residual competence in this matter—. Thus, the integration of the recently cited norms informs that for the use of public domain waters, every public entity —without distinction— has the obligation to obtain the corresponding permit from SENARA, to the point that the decisions that SENARA makes in a reasoned manner in this regard will be definitive and of mandatory compliance. This definition is far from being a rhetorical statement by the Chamber; on the contrary, it stems from the responsible integration of the broad regulatory framework that governs the matter, which, as stated, requires the progressive advancement and recognition inherent to the field of human rights, given that the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber warns that this clarification places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of the national water resource, which is important considering the eminently technical nature of this administrative body, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved —ICAA, SETENA, MAG, Municipalities, among others.”

V.- On the delimitation and use of zones vulnerable to aquifer contamination. As has been repeatedly indicated (see judgment No. 2012-8892 of 4:03 p.m. on June 27, 2012), since the issuance of judgment number 2004-01923, special characteristics of groundwater contamination have been evidenced that reveal its particular vulnerability: “1) Contamination can go unnoticed for a long time given that the waters are underground. 2) The regeneration of water once contaminated is very slow or has such a high cost that it makes contamination something irreversible. 3) There is a deficit of technical and human resources to monitor the quality of groundwater and determine the exact dimension of a potential contamination. Such factors, in turn, influence the type of protection required by aquifers, which inevitably must be preventive, because when the damage (contamination) is detected, it is often already too late for a reversal of the situation. Among such measures, the Chamber points out in the cited judgment, are the prohibition of certain human activities in certain zones and the imposition of safety measures on potentially contaminating activities. Also, in an enumerative manner, the following are specified as protection measures: the establishment of protection perimeters for aquifers, the declaration of an overexploited aquifer, the declaration of an aquifer in the process of saline intrusion, and the state of water necessity and crisis.” Based on the foregoing, the mechanisms that can be established to delimit the existence of aquifers and their degree of vulnerability take on special relevance, such as land-use criterion matrices and hydrogeological maps, which were differentiated by the Chamber in judgment No. 2012-8892 of 4:03 p.m. on June 27, 2012, alluded to above, in the following sense:

“IX.- On the application of the “Matrix of land-use criteria according to the vulnerability to aquifer contamination for the protection of the water resource.” Now, for the purposes of this amparo appeal, it is appropriate to highlight the first of the measures described in the preceding considerando. It consists, firstly, of projecting and drawing on the surface a demarcation under which an aquifer or part of it lies; and secondly, a specific regime is established for the use of the hydraulic domain —ordering and restriction of pre-existing water concessions, preventing the granting of new ones— and for the control of activities and installations that may affect it —through authorizations— (e.g., mines, quarries; urban activities that include septic tanks, cemeteries, sanitary landfills —storage, transport, and treatment of solid and liquid waste—; agricultural and livestock activities with deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with wastewater, and farms; industrial activities with storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). In summary, the Chamber refers to the issuance of documents such as hydrogeological maps —in which the surface under which an aquifer lies is drawn or demarcated— and matrices of land use according to the vulnerability of aquifers to contamination —which set a specific regime for the utilization or affectation of the land in relation to groundwater—, whose protection perimeters are of mandatory compliance and must be reflected in the regulatory plans on land use and territorial planning (e.g., zoning or construction regulations) by municipal corporations or the National Institute of Housing and Urbanism, given their residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans. In this regard, judgment number 2004-01923 literally provides:

“The definition of perimeters must be combined with the mapping of vulnerability or natural susceptibility of supply aquifers to anthropic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the survey of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability mapping, are suitable for being able to relocate a certain type of activity in time, the supply source, or, ultimately, introduce technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability mapping vary depending on whether it involves (a) an area without territorial occupation, being useful to define the activities that may or may not be installed in the future; (b) already occupied areas, in which case a mapping of natural vulnerability and of the areas with greater susceptibility to contamination is carried out, and in the face of the threat of a high contamination index, activities and supply sources can be relocated and technology introduced for the treatment and disposal of contaminants; (c) already contaminated areas, for which alternative sources can be sought, the spread of contamination plumes avoided, and, if possible, due to its high cost, the aquifer waters treated after extraction; (d) areas for new catchments, a case in which potentially contaminating activities and the impact area of each of these must be inventoried.”

Thus, there is a substantial difference between a hydrogeological map of groundwater and a matrix of land-use criteria according to the vulnerability to aquifer contamination. The hydrogeological map fundamentally contains geological and hydrological information and refers to the scientific field of hydrogeological cartography. This scientific area deals with both the phenomena that occur on the land surface and those that occur underground. In the case of aquifers, hydrogeological maps collect relevant data such as the depth of water levels, saturated thicknesses or impermeable materials, the vertical zoning of aquifers, etc. Among other characteristics, hydrogeological cartography is very dynamic given that, while there are phenomena with a high degree of permanence (hydraulic works, water points), there are also phenomena that vary over time, such as the depth of the water level or some hydrochemical data, in addition to spatial conditioning since the object of the cartography is specific zones or surfaces that evidently differ from one another according to the geographic point to be mapped. The variable of time introduces additional complexity to cartographic representation and entails a lack of updating of the map if there is a delay in its publication; likewise, depending on the objectives pursued, hydrogeological maps can be general or tend toward specific objectives, such as vulnerability maps to groundwater contamination. On the contrary, the matrix of land-use criteria according to the vulnerability to aquifer contamination, while not permanent and capable of changing due to various factors —such as the evolution of scientific knowledge and the development of new, more environmentally friendly technologies—, is much more stable and is not subject to that high index of spatial and temporal mutability inherent to the hydrogeological phenomenon. For this reason, in accordance with the technical criterion of the Director of the Center for Research in Geological Sciences of the University of Costa Rica, this Chamber warns that the protection measures and land-use regulations contained in a matrix of this type are perfectly applicable generally throughout the national territory, since what changes are the hydrogeological characteristics of each zone but not the specification of protection measures and land-use regulations based on said hydrogeological characteristics for the same vulnerability category of an aquifer. That is, the hydrogeological and hydrochemical characteristics of an aquifer and, therefore, its vulnerability to contamination vary from one site to another; however, the protection measures and land-use regulations for the same vulnerability category are always the same, because they are based on the variables inherent to the hydrogeological behavior of an aquifer in the evaluated physical environment. Thus, the prohibition on using highly toxic agrochemicals (a factor in a land-use vulnerability matrix according to the vulnerability of the aquifer to contamination) will be inescapably applicable in high-vulnerability aquifer zones (a factor in a hydrogeological map), regardless of where such zones are located; ergo, in the sub examine, an indication of a certain land-use measure in a contamination vulnerability matrix is a constant variable, while the hydrogeological and hydrochemical conditions of the aquifer in each specific region constitute dependent variables. This criterion also finds support in the precautionary or in dubio pro natura principles, duly explained in the judgment transcribed in the preceding considerando. In accordance with the above, the obligation of the State to take any cost-effective measures to prevent the degradation of aquifers emerges as an essential legal imperative even if there is no absolute scientific certainty about such measures, since the premise of said obligation is the mere existence of a danger of serious or irreversible damage to aquifers. Judgment number 2004-01923 states that:

“for the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary or in dubio pro natura principle supposes that when there are no studies or reports carried out according to the univocal and exactly applicable rules of science and technique that allow arriving at a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those that are in progress until the dubious state is cleared, and, in parallel, adopt all measures tending to their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment.”

Based on the indicated distinction, the Chamber clearly established that a Land-Use Criteria Matrix issued for the protection of the water resource, such as the one initially issued for the canton of Poás, is mandatorily applicable in all cantons or zones where there are vulnerability maps approved or prepared by SENARA. However, it was also emphasized that in those cantons where there are no hydrogeological maps, the indicated matrix must serve as a guide and technical orientation for the elaboration of land-use policies, as long as there is no specific matrix prepared by SENARA with the participation of the other institutions involved, guaranteeing the same or a higher level of protection of the water resource. This is what this Court ordered based on the application of the precautionary principle that must govern in matters of water resource protection, and assessing the technical knowledge that SENARA has with respect to this type of water. In judgment No. 2012-8892, cited above, this Chamber stated:

“Consequently, the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage cannot simply and plainly settle for issuing recommendations and disengaging from their implementation —by the mere fact that another Administration entity is co-responsible in such matter—, since that would imply an omission of its duty to protect groundwater and the principle of inter-administrative coordination set forth. In other words, although the competencies for the integrated management of underground water resources are fragmented among several entities (Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Livestock, Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, National Institute of Housing and Urbanism, municipalities, and the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage itself), it is no less true that the latter, due to the underground hydrological information it handles and its experience and specialized knowledge in the field of groundwater, holds a prevailing technical expertise in said area, so that, on one hand, its contamination warnings and correlative measures to prevent it cannot be unilaterally disregarded by the rest of the Public Administration and, on the other, there is an impossibility of ignoring the warnings about the danger of contamination issued by an institution empowered by law to protect the water resource (see in that sense judgment number 2008-004790 of 12:39 p.m. on March 27, 2008).”

In conclusion, although there are cantons or zones that do not yet have vulnerability maps approved or prepared by SENARA, the matrix issued by SENARA for the canton of Poás since May 2012, and currently, the generic aquifer protection matrix approved by SENARA in Board of Directors session No. 702-16 of November 7, 2016, must serve as a guide and technical orientation for the elaboration of land-use policies, as long as such cantons or zones do not have a specific matrix prepared by SENARA with the participation of the competent institutions, guaranteeing the same or a higher level of protection of the water resource. It is reiterated that the protection measures and land-use regulations contained in a matrix of this type are perfectly applicable generally throughout the national territory, since what changes are the hydrogeological characteristics of each zone, not the specification of protection measures and land-use regulations based on said hydrogeological characteristics for the same vulnerability category of an aquifer. That is, the hydrogeological and hydrochemical characteristics of an aquifer and, therefore, its vulnerability to contamination vary from one site to another; however, the protection measures and land-use regulations for the same vulnerability category are always the same, because they are based on the variables inherent to the hydrogeological behavior of an aquifer in the evaluated physical environment. Therefore, in judgment No. 2012-8892 referred to, it was ordered in the por tanto, as relevant, the following:

“The amparo is partially granted. Consequently, Gloria Abraham Peralta and Bernal Soto Zúñiga, in their order President and General Manager of SENARA, or those occupying those positions, are ordered to immediately communicate to Vianney Saborío Hernández, or whoever represents Simen Mountain Business in her place, as well as to the National Environmental Technical Secretariat and all municipalities, that the ‘Matrix of land-use criteria according to the vulnerability to aquifer contamination for the protection of the water resource in the canton of Poás’ is mandatorily applicable in all cantons or zones where there are vulnerability maps approved or prepared by SENARA and, in any case, must serve as a guide and technical orientation for the elaboration of land-use policies, as long as such cantons or zones do not have a specific matrix prepared by SENARA with the participation of the other institutions that prepared the matrix, guaranteeing the same or a higher level of protection of the water resource.”

VI.- On SENARA's intervention in the approval of development projects. Now, based on the foregoing, the Land-Use Matrix and Vulnerability Maps issued by SENARA provide important information for determining the authorization of projects to be developed in the country's territory. Hence the relevance that the other public authorities apply them mandatorily where hydrogeological maps exist, and adopt them as guides in those cantons where such maps do not exist when determining whether or not to approve development projects, such as urban development ones. Now, SENARA is not correct in the report rendered in this amparo, when stating that in judgment No. 2016-18352 of 9:05 a.m. on December 16, 2016, this Court urged it to previously authorize all future urban development projects anywhere in the country. SENARA must take into consideration that what was resolved in said judgment was issued for a very particular case such as the canton of Poás, where the risk produced to the water resource of that zone had already been verified through various specific judgments, given the manner in which housing projects had been authorized, despite the respective Matrix having even been issued (see in this regard judgments No. 2004-1923, 2004-5181, 2011-435, and 2011-5548), so that, on that occasion, the Mayor of Poás was ordered as follows:

“1- Refrain from granting new construction permits in the projects Urbanización Caliche, Los Conejos, the Property of Marvin Murillo, Calle Telón- FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Don Manuel, and Calle Los Murillo, until there are detailed hydrogeological studies carried out by the interested parties, approved by SENARA and that contemplate the entirety of the project, in order to determine the condition of the quality of the water resources, the risk of future affectation, and the definition, if necessary, of the implementation of measures to mitigate current effects; 2- Not issue any construction permit in Urbanización Residencial Don Manuel and Calle Ladelia, without previously requiring the installation of individualized treatment systems, treatment plant, or sanitary sewer network, attending to the minimum lot size; 3- Diligently carry out the respective procedures and actions within the framework of their competencies, so that within a period of 2 years counted from the notification of this judgment, an individualized treatment system is implemented that complies with the discharge regulation, and that is comparable to a treatment plant, in the housing projects Calle Ladelia and Finca Erick Lonis (farms 1 and 2). 4- Refrain from granting construction permits or authorizing future housing projects, without previously verifying compliance with the provisions of the Generic Aquifer Protection Matrix approved by SENARA.”

Now, in application of the precautionary principle, this Court considers that to determine whether an urban development project to be developed on land under which confined groundwater (aquifers) lies, should or should not be exempt from the implementation of a treatment plant or use a septic tank, the developer must carry out the respective hydrogeological study, and previously have the approval of SENARA, so that said technical body necessarily verifies, but within a reasonable timeframe, whether the study carried out conforms to the guidelines of the current matrix and the methodology used to assess the impacts on said aquifer. This is established, based on the precautionary principle that governs in environmental matters, especially in the protection of the water resource, which was clearly outlined by this Court in judgment No. 2004-1923 of 2:55 p.m. on February 25, 2004:

“ XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary or prudential avoidance principle.

This principle is enshrined in the United Nations Conference on Environment and Development, or Rio Declaration, which literally states: “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” In domestic law, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, incorporates the following principles as hermeneutic parameters: “1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: Where there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.” In Ruling No. 1250-99 of this Chamber, issued at 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Rulings No. 9773-00 at 9:44 a.m. on November 3, 2000, No. 1711-01 at 4:32 p.m. on February 27, 2001, and No. 6322-03 at 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court held: “(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or human health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt about it—a precautionary measure must be adopted, including postponing the activity in question. This is because, in environmental matters, after-the-fact coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may carry moral weight but will hardly compensate for the damage caused to the environment.” Subsequently, in Ruling No. 3480-03, issued at 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court stated: “Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment.” In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura means that when there are no studies or reports conducted in accordance with the unambiguous and exactly applied rules of science and technology that would lead to a state of absolute certainty regarding the harmlessness of the activity intended to be carried out on the environment, or when those studies are contradictory, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or allowing any new or modification application, suspend those in progress until the state of doubt is resolved, and, in parallel, adopt all measures aimed at their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater means protecting the resource before its contamination or degradation.”

                For the reasons stated, this argument in the appeal must be dismissed.

VI.- Regarding the alleged impact on the State Natural Heritage. With respect to the sub judice matter, concerning the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in the concessions in the maritime-terrestrial zone in the names of Sergio Miranda Torres and Free Town S.A., the Chamber, through judgment No. 2013-7934 at 9:05 a.m. on June 14, 2013, ordered:

“The appeal is granted. Consequently, the municipal agreements by which the concessions of Sergio Miranda Torres and Free Town were extended are set aside, until there is absolute certainty that the lands to be concessioned are free of PNE, in accordance with certification ACOSA-PNE-021-2012 and technical report ACOSA-PNE-AD-15-2012. Jorge Alberto Cole de León, in his capacity as Municipal Mayor, and Enoc Rugama Morales, in his capacity as President, both of the Municipality of Osa, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to refrain from again incurring in the conduct that gave rise to this declaration (...)”.

In the sub examine, the record shows that the extension of the concession in the maritime-terrestrial zone in the name of Sergio Miranda Torres was approved by the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) (with prior authorization from the municipal council to the mayor for the drafting and signing of contracts) and is in force. In this regard, as reported under oath by the Director of the Osa Conservation Area, the plan for said concession was rectified and the State Natural Heritage areas were excluded, which is why it has registered in its registry entry plan number P-1731442-2014 (which is subsequent to the issuance of this Court’s aforementioned judgment). For this reason, any impact on the State Natural Heritage in this concession is ruled out.

As for the concession of Free Town S.A., although the Director of the Osa Conservation Area also reported that the plan was modified and submitted to the National Registry, it has not yet been registered. Likewise, as stated by the Mayor of the Municipality of Osa, the extension procedure for the concession has not yet been finalized nor has the contract been signed, pending the conclusion of the process of excluding areas affected by State Natural Heritage and the submission of the duly surveyed plan.

For the foregoing reasons, regarding the impact on the State Natural Heritage, the appeal is dismissed.

VII.- Regarding the alleged deforestation. In the sub lite, based on the elements submitted to the record, it was not proven that during the effective terms of the concessions granted to Sergio Miranda Torres and Free Town S.A., deforestation occurred on them. On the contrary, the OSA Conservation Area, through official communication SINAC-ACOSA-PNE-AD-046-2017, regarding the loss of forest cover (cobertura boscosa), stated:

“(…) the satellite images available in the Google Earth program were verified; they are from the dates July 2005, April 2014, and February 2017. In those images, such loss of forest cover cannot be appreciated.”

Likewise, Sergio Miranda Torres and Free Town S.A. submitted a comparative study of vegetation cover based on photointerpretation of aerial photographs from 1991, 1992, 1995, 2014, and 2017, prepared by Eng. Nahuel Flores Biancchi, environmental consultant CI-067-2015-SETENA, which concluded:

“(…) • According to what was observed in the 1991 photograph, the Freetown project property had 9.11% (7053m2) of forest to the north, which is delimited in the PNE certification issued by the OSA conservation area; however, said certification is in the process of rectification since, as indicated by the client, areas devoid of forest were affected as PNE. • In the property with cadastral plan P-1731422-2014, the same situation was identified, since, according to the 1991 aerial photograph, the property was devoid of forest with a few trees in what was presumably a live fence. In the 2014 and 2017 photographs, it can be seen how the vegetation cover regenerated, with several trees visible in the center of the property; this condition also suggests that, over the years, intervention has been minimal, allowing the emergence of trees and regeneration of the vegetation cover. (…) • With this study, no evidence was detected that the cover, over a 26-year period, had suffered interventions causing a decrease in forest cover; on the contrary, a clear regeneration of isolated trees could be observed as a result of scarce intervention in the area.”

For the reasons stated, this point must also be dismissed.

VIII.- SEPARATE NOTE BY MAGISTRATE HERNANDEZ LOPEZ. In the case of appeals on environmental issues, I maintain as a general line that this Chamber should refrain from hearing claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, leaving them to the administrative justice system and the contentious-administrative jurisdiction. But I have also warned that my position does not prevent recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my view, would indeed be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this listing being considered closed and definitive, I can state that the Chamber should reserve jurisdiction over situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to human health, or to access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural remedy, since I believe that amparo should not be “ordinary-ized” to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately handled within it. In this specific case, it is observed that the situation presented falls within such exceptional cases because reference is made to the existence of a threat to sources of drinking water for human consumption, susceptible to being affected by the inertia or erroneous actions of the administration; thus, in this situation I agree with the majority that this Court should hear and decide on the merits of this case, as has been done.

IX.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. The undersigned clarifies that while I refer environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, to the contentious-administrative jurisdiction, it is true that in the case of complaints regarding contamination of aquifers, I will not do so, because other rights are at stake, such as the right to water, health, and enjoyment of a decent quality of life, which may be affected by the indicated circumstances.

X.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

 

Por tanto:

The appeal is dismissed. Let SENARA, SETENA, the Municipality of Osa, the ICT, Sergio Miranda Torres, and Free Town S.A. take note of what is set forth in Considerando V. Magistrate Hernández López adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note.

 

 

 

 

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

 

 

 



 

Paul Rueda L.

 

 

 

Nancy Hernández L.



 

Luis Fdo. Salazar A.

 

 

 

Aracelly Pacheco S.



 

Jose Paulino Hernández G.

 

 

 

Alicia Salas T.

 

 

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EXPEDIENTE N° 17-004881-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 10:17:35.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República