Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“…El transitorio II del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S) adicionado mediante el Decreto Ejecutivo No. 39144-S no violenta el principio de participación ciudadana, el principio de reserva legal, ni la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, debido a que dicho transitorio no hace alusión alguna a estudios técnicos que garanticen que el cambio de parámetros para determinar el valor máximo admisible de plaguicidas en el agua no ocasionará daños a la salud de las personas, debido a que varios de los componentes químicos ni siquiera tienen un valor máximo permitido, sino que se consignan como ND (no detectable por método); y debido a que se pasa temporalmente de una norma con parámetros establecidos, número y globalmente, a una norma con valores individuales y hasta indeterminados, considera esta Sala que dicho transitorio es violatorio del Principio precautorio en materia ambiental y de los derechos fundamentales a la Vida, salud y ambiente relacionados con el consumo de agua potable. En consecuencia, procede la estimatoria con lugar de esta acción, procediendo a anularse el transitorio, pero para no causar un grave trastorno a la Seguridad jurídica, dicha anulación procede a partir de la fecha de esta resolución…”
English (translation)“…Transitional provision II of the Drinking Water Quality Regulation (Executive Decree No. 38924-S) added by Executive Decree No. 39144-S does not violate the principle of citizen participation, the principle of legal reserve, or the autonomy of the Costa Rican Social Security Fund. However, because the transitional provision makes no reference to any technical studies guaranteeing that the change in parameters to determine the maximum admissible value of pesticides in water will not cause harm to people’s health, because several chemical components do not even have a permitted maximum value but are listed as ND (not detectable by method); and because there is a temporary shift from a standard with established parameters, both numerically and globally, to a standard with individual and even indeterminate values, this Chamber finds that the transitional provision violates the Precautionary principle in environmental matters and the fundamental rights to Life, health and environment related to the consumption of drinking water. Consequently, the action is upheld, and the transitional provision is annulled, but to avoid a serious disruption to legal certainty, the annulment takes effect from the date of this ruling…”
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 06589 - 2018 Fecha de la Resolución: 27 de Abril del 2018 a las 09:30 Expediente: 16-014567-0007-CO Redactado por: No indica redactor Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución *160145670007CO* Exp: 16-014567-0007-CO Res. Nº 2018006589 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciocho . Recurso de amparo interpuesto RIGOBERTO BLANCO SAENZ, cédula de identidad 0401070405 , contra lo dispuesto en el DECRETO EJECUTIVO No 39144-S que adiciona un transitorio al DECRETO EJECUTIVO No. 38924-S DE 12 DE ENERO DE 2015 "REGLAMENTO PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE". Resultando: 1.- El recurrente presenta recurso de amparo por considerar que el Decreto impugnado es inconstitucional por contravenir lo establecido en el artículo 21 y 50 de la Constitución Política. La norma se impugnan por las siguientes razones: 1.- omisión de cumplimiento del principio de precaución, 2.- incumplimiento de su obligación legal y constitucional de velar por la protección de la salud de la población. ya que de manera antojadiza, y sin contar con ninguna razón científica al respecto, deja sin efecto una regulación técnica que regula las concentraciones de residuos de plaguicidas en el agua potable impidiendo así la vigilancia de la posible presencia de sustancias tóxicas en el agua de bebida, poniendo en riesgo a la población de Costa Rica. 3.- actuar de manera arbitraria y no transparente, no siguiendo el procedimiento establecido por el MEIC, pues el Decreto no se consulta públicamente según el procedimiento establecido en el Decreto N° 36214-MEIC Reglamento para elaborar Reglamentos Técnicos Nacionales, para suspender por tres años la aplicación de una regulación que bien o mal pretende proteger a la salud de las personas y atentando contra el bien que debe proteger, cual es la salud de la población, a pesar de que las acciones teratogénicas y cancerígenas de las sustancias químicas se manifiestan en cuestión de pocos meses como se demuestra en sus efectos en infantes en gestación. 4.- prohijar la posible causación de daños y lesiones irreparables en la población, que se verá proveída con agua que creerá potable, pero que podría contener los plaguicidas más tóxicos, violando el artículo 50 de la Constitución Política.- Además viola el Principio Constitucional de Buena Fe, artículo 11 constitucional, pues la ciudadanía espera que el Ministerio actúe protegiendo a la salud y no de forma artera, incumpliendo su obligación primaria de proteger la salud y la vida humana y hacer lo posible para tener un medio ambiente seguro. 2. Informa bajo juramento Karen Mayorga Quirós, en su condición de Ministra de Salud que el Decreto Ejecutivo N° 39144-S medición de un artículo Transitorio al Decreto Ejecutivo N° 38924-S) publicado el 1 de setiembre, 2015 modifica el Cuadro 5 en lo referente a los parámetros de residuos de plaguicidas originalmente propuestos con los límites de la normativa europea. El Servicio Fitosanitaria del Estado (SFE) envió una serie de recomendaciones una vez concluido el documento original, las cuales fueron remitidas por medio de Oficios: DM-3844-2015 y DM-6277-2015 para su consideración. Al respecto se tomó la decisión de modificar el Cuadro 5 del Decreto 38924-S (Residuos de Plaguicidas) por la normativa de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La emisión de este Decreto es producto de la consulta de observaciones técnicas de la propuesta original y por medio de un transitorio se otorgue un plazo de tres años para dar vigencia a la normativa europea para residuos de plaguicidas en agua potable. En las disposiciones que emitió la Contraloría General de la República (CGR) en el informe DFOE-AE-IF-01-2013 del 15 de febrero 2013 estableció que el Ministerio de Salud debe de fortalecer la vigilancia de la calidad del agua y el control por parte de los operadores de sistemas de abastecimiento como función esencial para salvaguardar la salud de los pobladores. En este contexto todo lo contemplado en el Decreto N° 38924-S se apega a estas disposiciones de la CGR, y es así como en el fortalecimiento de la vigilancia, la inspección sanitaria asociada a las fuentes de agua aplicando la Guía de Inspección SERSA determina y categoriza los factores de riesgo para tomar las medidas y evitar así la contaminación de los sistemas de abastecimiento de agua. El Nivel Cuarto (N4) lo establece claramente y en el caso de los residuos de plaguicidas, estos parámetros pueden ser solicitados por el Ministerio de Salud para constatar la contaminación del agua por la cercanía de actividad agrícola. No es cierto, entonces, como afirma el recurrente, que se permita el "agua contaminada" porque los criterios de establecer valores máximos en plaguicidas, metales pesados y elementos químicos en general están concebidos tomando en consideración que la mayoría de sustancias químicas presentes en el agua de consumo son potencialmente peligrosas para la salud solo después de una exposición prolongada. El valor de referencia representa normalmente la concentración de un componente que no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda la vida. A muchos de los residuos de plaguicidas se les fijó el valor máximo admisible (VMA) de esas organizaciones (EPA y OMS) respetando los votos de la Sala Constitucional N° 2009-009040 y 2009-00904I para Bromacil, Diurón y Triadimefóm además de los que están prohibidos en el país tanto su importación y venta. Adicionalmente señala que en La Gaceta del 05 de junio, 201 7 se publicó el Decreto N° 40423-AM G-MINAE-S "Prohibición de plaguicidas que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3-sec-butyl-6-metnyl uracil, de nombre común Bromacil y su sal de Litio”, tomado en consideración la problemática de contaminación en fuentes de agua aledañas a actividad agrícola, principalmente el cultivo de piña. Cinco laboratorios tienen ante el ECA residuos de plaguicidas acreditados, y el Ministerio de Salud apegado al artículo 34 de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad (Ley N° 8279) realiza la contratación para los análisis de residuos de plaguicidas ya sea para cumplir con los votos originales de la Sala Constitucional en el caso de Siquirres o de cualquier fuente de agua cuya inspección sanitaria revele riesgo de contaminación por actividad agrícola y consecuente aplicación de plaguicidas cercanas a las fuentes de agua. Se concibió el Decreto No 39144-S precisamente incorporando los plaguicidas que regula la EPA y la OMS y los no contemplados por estas agencias internacionales en cuanto al ND como resultado analítico se basó en el principio de que " Cuando una actividad representa una amenaza para la salud humana 0 para el medioambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas de manera científica. " En conclusión, se consideraron tres aspectos para la modificación al Decreto N° 38924-S. 1 -. Respetar el mandato de la Sala Constitucional "ausencia de residuos de plaguicidas en fuentes de agua (Bromacil, Diurón, Triadímefón) " 2- Plaguicidas prohibidos en el país: ausencia en agua potable. 3- Principio precautorio: ausencia de plaguicidas que no están regulados por EPA y OMS" Con base en lo anteriormente expuesto, solicita declarar sin lugar el presente recurso de amparo, en virtud de que es claro en cuanto al origen, lo contemplado en Decreto Ejecutivo N° 39144-S a la hora de emitirlo y el fin que se pretendió alcanzar con dicho decreto. Tal y como se desprende, el Ministerio de Salud como ente Rector de la Salud, en cumplimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la República vertidas en el Informe DFOE-AE-IF-2013 del 15 de febrero del 2013, el Ministerio está en la obligación de fortalecer la vigilancia de la calidad del agua y el control por parte de los operadores de sistemas de abastecimiento, como función esencial en resguardo de la salud de los pobladores. Es así como el Decreto N° 38924-S se apega a dichas disposiciones, y en el fortalecimiento de la vigilancia y la inspección sanitaria relacionada a las fuentes aplicando la Guía de Inspección SERSA que determina y categoriza los factores de riesgo en la toma de medidas para evitar la contaminación de los abastos. Además, para la emisión del Decreto Ejecutivo N° 39144-S, se cumplió con el procedimiento y consulta establecido en el "Reglamento para elaborar Reglamentos Técnicos Nacionales", el mismo fue publicado en el Diario La Gaceta NI 96 del 18 de mayo del 2012 y en el medio nacional La Prensa Libre del 5 de mayo del 2012, así como en INTRANET, del Ministerio de Salud para los funcionarios institucionales. Solicita se desestime el recurso. 3.- Por resolución interlocutoria número 2016-15922 de las nueve horas treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se reservó el dictado de la sentencia en este proceso de amparo y se otorgó al recurrente el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, interpusiera acción de inconstitucionalidad contra DECRETO EJECUTIVO No 39144-S que adiciona un transitorio al DECRETO EJECUTIVO No. 38924-S DE 12 DE ENERO DE 2015 'REGLAMENTO PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE", bajo apercibimiento de que si no lo hiciera, se archivaría el expediente. 4.- Bajo expediente 16-015608-0007-CO, se tramitó acción de inconstitucionalidad, interpuesta por el recurrente, para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 39144-S que adiciona un transitorio al Decreto Ejecutivo No. 38924-S, del 12 de enero de 2015, -Reglamento para la Calidad del Agua Potable- por estimarlo contrario a los artículos 7, 11, 21, 50, 139, inciso 3), 140, incisos 4) y 8) y 191 de la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales en materia ambiental. A este expediente se le dio curso, mediante resolución las once horas y seis minutos de once de noviembre de dos mil dieciséis. 5.- Por sentencia 2017-17950 dictada a las diez horas y treinta y un minutos del 8 de noviembre del año 2017, la Sala resolvió la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo expediente 16-015608-0007-CO. 6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Hernández López; y, Considerando: I.- Objeto del recurso.- En el caso bajo estudio el recurrente no plantea ninguna actuación u omisión por parte de la autoridad recurrida que deba analizar este Tribunal, el objeto del recurso aquí planteado, es que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 39144-S que adiciona un transitorio al Decreto Ejecutivo No. 38924-S, del 12 de enero de 2015, -Reglamento para la Calidad del Agua Potable- por estimarlo contrario a los artículos 7, 11, 21, 50, 139, inciso 3), 140, incisos 4) y 8) y 191 de la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales en materia ambiental. II.- Sobre el fondo.- El análisis y estudio de la constitucionalidad de la normativa citada, fue analizada dentro de la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente 16-15608-0007-CO también planteado por el recurrente y en donde se dictó la sentencia 2017-17950. En dicha sentencia, este Tribunal dispuso que las regulaciones, que cuestiona el recurrente son inconstitucionales por lesionar el principio precautorio en materia ambiental y de los derechos fundamentales a la vida, salud y ambiente relacionados con el consumo de agua potable y al respecto se dispuso: “…El transitorio II del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S) adicionado mediante el Decreto Ejecutivo No. 39144-S no violenta el principio de participación ciudadana, el principio de reserva legal, ni la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, debido a que dicho transitorio no hace alusión alguna a estudios técnicos que garanticen que el cambio de parámetros para determinar el valor máximo admisible de plaguicidas en el agua no ocasionará daños a la salud de las personas, debido a que varios de los componentes químicos ni siquiera tienen un valor máximo permitido, sino que se consignan como ND (no detectable por método); y debido a que se pasa temporalmente de una norma con parámetros establecidos, número y globalmente, a una norma con valores individuales y hasta indeterminados, considera esta Sala que dicho transitorio es violatorio del Principio precautorio en materia ambiental y de los derechos fundamentales a la Vida, salud y ambiente relacionados con el consumo de agua potable. En consecuencia, procede la estimatoria con lugar de esta acción, procediendo a anularse el transitorio, pero para no causar un grave trastorno a la Seguridad jurídica, dicha anulación procede a partir de la fecha de esta resolución… En virtud del análisis realizado por este Tribunal, se impone acoger el recurso de amparo que sirvió de fundamento a la acción, únicamente para efectos de daños y perjuicios. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo Fernando Cruz C. Presidente a.i Paul Rueda L. Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A. Jose Paulino Hernández G. Alejandro Delgado F. Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *UVBBSJ7BPKY61* UVBBSJ7BPKY61 EXPEDIENTE N° 16-014567-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:54:22. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional
Resolution No. 06589 - 2018
Date of Resolution: April 27, 2018 at 09:30
Case File: 16-014567-0007-CO
Drafted by: Drafter not indicated
Type of matter: Amparo action
Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL
Text of the resolution
*160145670007CO*
Case File: 16-014567-0007-CO
Res. No. 2018006589
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and thirty minutes on the twenty-seventh of April, two thousand eighteen .
Amparo action filed by RIGOBERTO BLANCO SAENZ, identity card number 0401070405 , against the provisions of DECRETO EJECUTIVO No 39144-S which adds a transitory provision to DECRETO EJECUTIVO No. 38924-S OF JANUARY 12, 2015 "REGLAMENTO PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE".
Whereas:
1.- The petitioner files an amparo action considering that the challenged Decree is unconstitutional for contravening the provisions of articles 21 and 50 of the Constitución Política. The regulation is challenged for the following reasons: 1.- omission of compliance with the precautionary principle, 2.- failure to comply with its legal and constitutional obligation to ensure the protection of the population's health, since it whimsically, and without any scientific reason in this regard, renders ineffective a technical regulation that regulates concentrations of pesticide residues in drinking water, thus preventing the monitoring of the possible presence of toxic substances in drinking water, putting the population of Costa Rica at risk. 3.- acting in an arbitrary and non-transparent manner, not following the procedure established by MEIC, since the Decree was not publicly consulted according to the procedure established in Decreto N° 36214-MEIC Reglamento para elaborar Reglamentos Técnicos Nacionales, to suspend for three years the application of a regulation that, whether well or poorly, aims to protect people's health and threatens the good it should protect, which is the population's health, despite the fact that the teratogenic and carcinogenic actions of chemical substances manifest within a matter of a few months, as demonstrated by their effects on infants in gestation. 4.- fostering the possible causation of irreparable damages and injuries to the population, which will be supplied with water that it will believe is potable, but which could contain the most toxic pesticides, violating article 50 of the Constitución Política.- It also violates the Constitutional Principle of Good Faith, article 11 of the Constitution, since citizens expect the Ministry to act to protect health and not in a cunning manner, failing to fulfill its primary obligation to protect health and human life and to do everything possible to have a safe environment.
2. Karen Mayorga Quirós, in her capacity as Minister of Health, reports under oath that Decreto Ejecutivo N° 39144-S adding a Transitory Article to Decreto Ejecutivo N° 38924-S), published on September 1, 2015, modifies Table 5 regarding the parameters for pesticide residues originally proposed with the limits of European regulations. The Servicio Fitosanitaria del Estado (SFE) sent a series of recommendations once the original document was concluded, which were forwarded through Official Communications: DM-3844-2015 and DM-6277-2015 for consideration. In this regard, the decision was made to modify Table 5 of Decreto 38924-S (Pesticide Residues) by the regulations of the EPA (United States Environmental Protection Agency) and the World
Health Organization (OMS). The issuance of this Decree is the product of consultation of technical observations on the original proposal, and by means of a transitory provision, a period of three years is granted to give effect to the European regulations for pesticide residues in drinking water. In the provisions issued by the Contraloría General de la República (CGR) in report DFOE-AE-IF-01-2013 of February 15, 2013, it established that the Ministry of
Health must strengthen the monitoring of water quality and control by operators of supply systems as an essential function to safeguard the health of the population. In this context, everything contemplated in Decreto N° 38924-S adheres to these provisions of the CGR, and it is thus that in strengthening monitoring, the sanitary inspection associated with water sources applying the SERSA Inspection Guide determines and categorizes risk factors to take measures and thus prevent contamination of water supply systems. The Fourth Level (N4) establishes this clearly, and in the case of pesticide residues, these parameters may be requested by the Ministry of Health to verify water contamination due to the proximity of agricultural activity. It is not true, then, as the petitioner asserts, that "contaminated water" is permitted because the criteria for establishing maximum values for pesticides, heavy metals, and chemical elements in general are conceived taking into consideration that the majority of chemical substances present in drinking water are potentially hazardous to health only after prolonged exposure. The reference value normally represents the concentration of a component that does not cause any significant risk to health when consumed over an entire lifetime. For many of the pesticide residues, the maximum admissible value (VMA) was set by those organizations (EPA and OMS), respecting the rulings of the Sala Constitucional No. 2009-009040 and 2009-00904I for Bromacil, Diurón, and Triadimefóm, in addition to those that are prohibited in the country for both importation and sale. Additionally, she points out that in La Gaceta of June 5, 2017, Decreto N° 40423-AM G-MINAE-S “Prohibición de plaguicidas que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3-sec-butyl-6-metnyl uracil, de nombre común Bromacil y su sal de Litio” was published, taking into consideration the problem of contamination in water sources adjacent to agricultural activity, mainly pineapple cultivation. Five laboratories have pesticide residues accredited before ECA, and the Ministry of Health, adhering to article 34 of the Ley del Sistema Nacional para la Calidad (Ley N° 8279), carries out contracting for pesticide residue analyses, whether to comply with the original rulings of the Sala Constitucional in the case of Siquirres or for any water source whose sanitary inspection reveals a risk of contamination due to agricultural activity and the consequent application of pesticides near water sources. Decreto No 39144-S was conceived precisely by incorporating the pesticides regulated by the EPA and the OMS, and those not contemplated by these international agencies regarding ND as an analytical result were based on the principle that "When an activity represents a threat to human health or to the environment, precautionary measures must be taken even when some cause and effect relationships have not been fully scientifically determined." In conclusion, three aspects were considered for the modification to Decreto N° 38924-S. 1 -. Respect the mandate of the Sala Constitucional "absence of pesticide residues in water sources (Bromacil, Diurón, Triadímefón)" 2- Pesticides prohibited in the country: absence in drinking water. 3- Precautionary principle: absence of pesticides that are not regulated by EPA and OMS". Based on the foregoing, she requests that the present amparo action be declared without merit, by virtue of the fact that it is clear regarding the origin of what is contemplated in Decreto Ejecutivo N° 39144-S at the time of issuing it and the purpose intended to be achieved with said decree. As can be deduced, the Ministry of Health, as the Governing Body of Health, in compliance with the provisions of the Contraloría General de la República set forth in Report DFOE-AE-IF-2013 of February 15, 2013, the Ministry is obligated to strengthen the monitoring of water quality and control by operators of supply systems, as an essential function in safeguarding the health of the population. It is thus that Decreto N° 38924-S adheres to said provisions, and in strengthening monitoring and sanitary inspection related to sources applying the SERSA Inspection Guide, which determines and categorizes risk factors in taking measures to prevent contamination of supplies. Furthermore, for the issuance of Decreto Ejecutivo N° 39144-S, the procedure and consultation established in the “Reglamento para elaborar Reglamentos Técnicos Nacionales” were complied with; it was published in Diario La Gaceta No. 96 of May 18, 2012, and in the national newspaper La Prensa Libre of May 5, 2012, as well as on the INTRANET of the Ministry of Health for institutional officials. She requests that the action be dismissed.
3.- By interlocutory resolution number 2016-15922 of nine hours and thirty minutes on October twenty-eighth, two thousand sixteen, the issuance of the judgment in this amparo proceeding was reserved, and the petitioner was granted a period of fifteen business days, counted from the notification of this resolution, so that, upon prior fulfillment of the requirements established in the
Ley de la Jurisdicción Constitucional, he would file an unconstitutionality action against DECRETO EJECUTIVO No 39144-S which adds a transitory provision to DECRETO EJECUTIVO No. 38924-S OF JANUARY 12, 2015 'REGLAMENTO PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE", under warning that if he did not do so, the case file would be archived.
4.- Under case file 16-015608-0007-CO, an unconstitutionality action filed by the petitioner was processed, seeking a declaration that Decreto Ejecutivo No. 39144-S, which adds a transitory provision to Decreto Ejecutivo No. 38924-S, of January 12, 2015, -Reglamento para la Calidad del Agua Potable- is unconstitutional, deeming it contrary to articles 7, 11, 21, 50, 139, subsection 3), 140, subsections 4) and 8) and 191 of the Constitución Política and various international instruments on environmental matters. This case file was given course by resolution at eleven hours and six minutes on November eleventh, two thousand sixteen.
5.- By judgment 2017-17950 issued at ten hours and thirty-one minutes on November 8, 2017, the Court resolved the unconstitutionality action processed under case file 16-015608-0007-CO.
6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Judge Hernández López; and,
Considering:
I.- Object of the action.- In the case under study, the petitioner does not raise any action or omission on the part of the respondent authority that this Court must analyze; the object of the action raised here is to have Decreto Ejecutivo No. 39144-S, which adds a transitory provision to Decreto Ejecutivo No. 38924-S, of January 12, 2015, -Reglamento para la Calidad del Agua Potable- declared unconstitutional, deeming it contrary to articles 7, 11, 21, 50, 139, subsection 3), 140, subsections 4) and 8) and 191 of the Constitución Política and various international instruments on environmental matters.
II.- On the merits.- The analysis and study of the constitutionality of the cited regulation was analyzed within the unconstitutionality action processed in case file 16-15608-0007-CO, also filed by the petitioner, and in which judgment 2017-17950 was issued. In said judgment, this Court held that the regulations challenged by the petitioner are unconstitutional for violating the precautionary principle in environmental matters and the fundamental rights to life, health, and the environment related to the consumption of drinking water, and in this regard, it provided:
"…Transitory provision II of the Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S) added by Decreto Ejecutivo
No. 39144-S does not violate the principle of citizen participation, the principle of legal reservation, or the autonomy of the Caja Costarricense de Seguro Social. However, because said transitory provision makes no mention whatsoever of technical studies that guarantee that the change of parameters to determine the maximum admissible value of pesticides in water will not cause harm to people's health, because several of the chemical components do not even have a maximum permitted value but are instead recorded as ND (not detectable by method); and because it temporarily shifts from a regulation with established parameters, in number and globally, to a regulation with individual and even indeterminate values, this Court considers that said transitory provision violates the precautionary principle in environmental matters and the fundamental rights to life, health, and the environment related to the consumption of drinking water. Consequently, the granting of this action is appropriate, proceeding to
annul the transitory provision, but in order not to cause a serious disruption to legal certainty, said annulment proceeds from the date of this resolution…
By virtue of the analysis carried out by this Court, it is necessary to uphold the amparo action that served as the basis for the action, solely for the purposes of damages and losses.
Therefore:
The action is granted. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative litigation court.
Fernando Cruz C.
Acting Presiding Judge
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Alejandro Delgado F.
Ronald Salazar Murillo
Digitally Signed Document
-- Verification Code --
*UVBBSJ7BPKY61*
UVBBSJ7BPKY61
CASE FILE N° 16-014567-0007-CO
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Document reception: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
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