Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De la sentencia transcrita queda claro que una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determianda área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional.
English (translation)It is clear from the cited ruling that once a specific area is declared a protected zone by an act of the State, the State cannot simply disaffect it, in whole or in part, to protect other interests—public or private—to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with Article 50 of the Constitution. However, the fact that a norm, of whatever rank, has declared a certain area a protected zone does not make it immutable, in the sense that its area could never be reduced by a subsequent norm. Nonetheless, it must be borne in mind that the declaration and delimitation of a protected zone, in compliance with Article 50 of the Constitution, entails a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, any reduction must not imply a detriment to that right, a determination to be made on a case-by-case basis. A subsequent law reducing the area of a protected zone, forest reserve, national park, or any other environmentally significant site is not necessarily unconstitutional, as long as it is justified and does not violate the right to the environment. It could be that, due to various circumstances, a particular site has lost, at least in part, the environmental interest that originally prompted its protection, which, following appropriate studies, would justify its modification or reduction, all in application of the constitutional principle of reasonableness.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 07294 - 1998 Fecha de la Resolución: 13 de Octubre del 1998 a las 16:15 Expediente: 96-007014-0007-CO Redactado por: Ana Virginia Calzada Miranda Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. Telf7455 / 96-007014. AMBIENTE. REDUCCIÓN DE LA ZONA PROTECTORA TIVIVES. Artículo 71 de la ley no. 7575 (Ley Forestal del 13 de febrero de 1996). Texto de la resolución Inconstitucionalidad Fecha: 13/10/1998 Exp: 96-007014-007-CO-C Res: 07294-98 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con quince minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho.- Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre176627 , VIUDA, CEDULA DE IDENTIDAD CED61520, SERGIO ZUÑIGA AGUILAR, CASADO, CEDULA DE IDENTIDAD CED131747 Y Nombre176628 , CEDULA DE IDENTIDAD CED61519, contra EL ARTICULO 71 DE LA LEY NO. 7575 (LEY FORESTAL DEL 13 DE FEBRERO DE 1996). Resultando: 1.- Los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad del artículo 71 de la Ley No. 7575, Ley Forestal del 13 de febrero de 1996. Alegan que la disposición impugnada es contraria al artículo 50 de la Constitución Política. Se señala en la argumentación de los accionantes, además de los criterios científicos que reconocen que la Zona Protectora Tivives constituye una de las formaciones humedales más importantes del país y contiene el manglar mejor conservado en el Pacífico costarricense, que mediante la modificación de límites acordada en la norma recurrida se reduce en un catorce por ciento. La reducción del área que comprende la zona protectora tendría dentro de sus efectos: 1. promover un cambio en el uso del suelo contra su capacidad y potencial en laderas y partes intermedias,ocasionando la sedimentación del manglar y la degradación del recurso principal que originó la creación del área; 2. provocar pérdida de biodiversidad, la destrucción de zonas de amortiguamiento, habitats y corredores biológicos, así como un alto impacto al ecosistema principal del área: el manglar; 3. perjudicar el potencial turístico de la zona y degradar el paisaje natural; 4. ampliar la frontera agrícola en terrenos no aptos; 5. desintegrar la unidad de conservación y algunos de sus habitats. Además, la norma cuestionada no está respaldada en criterios técnicos, es una acción política injustificada ambientalmente y legitima acciones declaradas ilegales por la Sala Constitucional en un proceso anterior, evadiendo la ejecución de su sentencia y la acción de la justicia. 2.- Por resolución de las diez horas diecisiete minutos del treinta de abril de mil novecientos noventa y siete (visible a folio 23 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndosele audiencia a la Procuraduría General de la República. 3.- Los edictos respectivos fueron publicados en los Boletines Judiciales números 93, 94 y 95, de los días 16, 19 y 20 de mayo de 1997. 4.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 27 a 40, en el cual concluye: PRIMERO. Que al derogar el artículo 73 de la Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996 la Ley Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969, fundamento del Decreto Ejecutivo No. 17023 de 6 de mayo de 1986 -que es un reglamento ejecutivo- desapareció jurídicamente la Zona Protectora Tivives creada en esta última normativa. SEGUNDO. Que el ordenamiento contenido en la Ley No. 4465 y el Decreto Reglamento Ejecutivo 17023, es derogado por el nuevo orden jurídico representado por la Ley Forestal No. 7575 cuyo, artículo 71 -impugnado- crea directamente la Zona Protectora Tivives con las dimensiones geográficas allí precisadas. TERCERO. Que de accederse a la anulación del artículo 71 de la Ley Forestal No. 7575 de 16 de abril de 1996, la zona protectora desaparecería jurídicamente y ya no existiría en ninguno de los ordenamientos jurídicos tradicionales, como son la ley o el reglamento ejecutivo, razón por la cual la acción no constituye un medio razonable para amparar el derecho o el interés difuso que se considera lesionado, y debió rechazarse de plano oportunamente. CUARTO. Que la pretensión de anular el artículo 71 de la Ley Forestal No. 7575 de 16 de abril de 1996, por atribuírsele que lesiona el artículo 50 constitucional, no constituye tampoco un medio razonable para proteger el interés difuso alegado, por cuanto la anulación solicitada provocaría la extinción definitiva de la zona protectora cuya defensa se reclama. QUINTO. Que la presente acción debe ser desestimada. 5.- La vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se celebró el día 19 de junio de 1998, a las nueve horas diez minutos, con la presencia de los señores Magistrados Mora Mora (quien presidió), Piza Escalante, Solano Carrera, Sancho González, Arguedas Ramírez, Calzada Miranda y Armijo Sancho; y en representación de la Procuraduría General de la República, el Lic. Farid Beirute Brenes y el Dr. Odilón Méndez Ramírez. 6.- En los términos y procedimientos se han observado las prescripciones de Ley. Redacta la Magistrada Calzada M. Considerando: I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD. La acción es admisible, pues los recurrentes están legitimados en los términos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En efecto, por tratarse de la defensa de un interés difuso, sea, la protección del ambiente, no es necesaria la existencia de un asunto provia donde se hubiese alegado la inconstitucionalidad que ahora se reclama, como en reiteradas ocasiones lo ha manifestado esta Sala. Es aplicable, entonces, la excepción prevista en el pátrafo segundo del artículo 75 citado y, por ende, la acción es admisible. II.- SOBRE EL FONDO: La norma cuestionada, artículo 71 de la Ley No. 7575, Ley Forestal del 13 de febrero de 1996, establece: "Artículo 71.- Modificación de límites.- Se modifican los límites de la zona protectora Tivives, en los terrenos comprendidos en los manglares de Mata de Limón y Tivives, así como el reducto de bosque tropical seco existente, ubicado en la hoja cartográfica Barranca N( 32451, a escala 1 :50.000 del Instituto Geográfico Nacional de la siguiente forma: partiendo de la intersección de la línea férrea con el camino Alto Cascabel-Salinas, en las coordenadas 212650 N y 460450 E; el límite sigue sobre la línea férrea, aproximadamente 250 metros, hasta las coordenadas 212900 N, 460200 E y continúa luego con rumbo general SO, hasta encontrar el límite del manglar. Luego continúa por la línea divisoria manglar-tierra dulce, hasta el punto de las coordenadas 212500 N y 458500 E en el estero de Mata de Limón; pasa sobre el estero, con un rumbo general Oeste, hasta encontrar nuevamente el manglar hasta el punto de las coordenadas 211900 N y 458180 E, otra vez en el estero Mata de Limón. De este último punto, con un rumbo general NE, el límite prosigue hasta el punto de las coordenadas 212050 N y 458500 E, ubicado en el margen oriental del estero de Mata de Limón. De aquí prosigue el lindero sobre la línea divisoria del manglar-tierra dulce, hasta el punto de las coordenadas 211520 N y 459250 E. De ahí se parte, con una línea recta y dirección general SO sobre el lindero de la Hacienda Salinas, hasta una quebrada intermitente ubicada en el punto de las coordenadas 210200 N y 458950 E y se sigue, aguas abajo de dicha quebrada hasta su desembocadura en el mar. El límite sobre la línea de costa, hasta el punto de las coordenadas 207540 N y 457180 E, en la playa Tivives. De este último punto, con rumbo N 75( E y una distancia aproximada de 230 metros. hasta el punto de las coordenadas 207600 N y 457400 E, continúa sobre la línea de la zona marítimo terrestre en la playa Tivives, hasta encontrar nuevamente el límite del manglar en las coordenadas 207000 N y 45860 E. Luego pasa por el límite de manglar, hasta un punto cercano a la margen occidental del río Jesús María en las coordenadas 205650 N y 459850 E y continúa, con dirección general SO, una distancia de 350 metros, hasta el punto de las coordenadas 205300 N y 457750 E, ubicado en la boca del río Jesús María; por ahí prosigue aguas arriba por la margen oriental, hasta las coordenadas 205440 N y 460500 E y continúa bordeando el manglar, hasta el punto de coordenadas 207750 N y 459350 E, ubicado en el camino principal de playa Tivives. A partir de este punto, el límite continúa en la línea recta con dirección general NO, una distancia de 100 metros, hasta el punto de las coordenadas 207800 N y 459250 E y luego, en línea recta con dirección general NE, una distancia de 680 metros, hasta las coordenadas 208400 N y 459450 E. Continúa después en línea recta, con rumbo Dirección20694, una distancia de 270 metros, hasta las coordenadas 208350 N y 459800 E y prosigue en línea recta con dirección Dirección20695, una distancia de 280 metros, hasta el punto de las coordenadas 208500 N y 460000 E; luego continúa con rumbo Norte franco, una distancia de 500 metros, hasta las coordenadas 209000 N y 460000 E. De este punto, con rumbo Este franco, se prosigue por una distancia de 300 metros, hasta las coordenadas 20900 N y 460300 E y se continúa con rumbo Norte franco, una distancia de 130 metros, hasta intersectarse con un camino en las coordenadas 210300 N y 460300 E, se sigue en línea recta con dirección general NE, una distancia de 1200 metros, hasta el punto de las coordenadas 211050 N y 461250 E. Se prosigue con dirección general NE, una distancia de 200 metros, hasta intersectarse con la carretera costanera Sur que comunica Caldera con Orotina, en el punto de las coordenadas 211200 N y 461400 E. El límite se traza por la carretera costanera con dirección general una distancia aproximada de 900 metros, hasta el punto de las coordenadas 210800 N y 462250 E, ubicado en la curva de nivel de 20 metros sobre el nivel del mar; a partir de este punto, el límite continúa por esa curva con dirección general NE, bordeando el cerro Coyolar (Cambalache), una distancia de 1400 metros, hasta el punto de las coordenadas 211800 N y 462800 E y va con dirección general NO una distancia de 300 metros, hasta el punto de las coordenadas 212100 N y 462650 E y el límite sigue con dirección Oeste franco, una distancia de 600 metros, hasta las coordenadas 212100 N y 462050 E. Continúa con dirección general SO, una distancia de 1500 metros, hasta intersectarse con la carretera costanera Sur, en el punto de las coordenadas 211250 N y 460900 E. A partir de este punto, se prosigue con dirección general SO una distancia de 1000 metros, hasta las coordenadas 211000 N y 460000 E. Se prosigue con rumbo NO, una distancia de 700 metros, hasta el punto de coordenadas 211650 N y 459750 E, ubicado contiguo al manglar y se continúa con rumbo general NE, bordeando el manglar de Mata de Limón, hasta encontrar el punto inicial de esta descripción en las coordenadas 212650 N y 460450 E." De la literaliad de la norma transcrita se colige que se trata de una modificación a la delimitación establecida en el Decreto No. 17023-MAG del día 6 de mayo de 1996, cuyo artículo 1o. crea la "Zona Protectora Tivives" y señala sus límites y área. Ahora bien, en criterio de la Procuraduría General de la República, no se trata de una modificación, sino de una norma enteramente nueva, pues, a su juicio, el citado decreto fue implícitamente derogado por la promulgación de la Ley N( 7575, toda vez que ésta derogó la Ley Forestal N( 4465, que era el fundamento de aquél. La tesis de la Procuraduría no es de recibo, ya que, según se analizará más adelante (Considerando VI), el decreto en cuestión no fue automáticamente derogado por la Ley N( 7575 y, en consecuencia, el artículo 71 de ésta sí reforma los límites de la "Zona Protectora Tivives". Así, pues, el análisis de constitucionalidad la norma cuestionada debe hacerse tomado como base el hecho de que es una reforma al decreto citado, no una norma enteramente nueva. De igual modo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con las manifestaciones de los accionantes, los medios probatorios por ellos aportados y el respectivo expediente legislativo, el cambio de linderos aprobado no implica un aumento de la cabida de la zona, sino una reducción del área sometida a protección. Precisamente, la discusión se centra en el hecho de si esa reducción de cabida, es decir, esa desprotección de parte de la zona que antes estaba protegida, es inconstitucional por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política. III.- El artículo 50 de la Constitución Política, el cual los accionantes invocan como infrinjido, reconoce el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes." Ya esta Sala ha abordado el tema de las áreas protegidas y su posible desafectación. Así, en sentencia N( 8743-97 de las dieciocho horas cincuenta y un minutos del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal dijo: "II. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY DE PROTECCION DEL PARQUE LA SABANA PADRE CHAPUI (N(7361 del 10/11/93). Ciertamente, esta Ley se emitió con criterio estrictamente proteccionista de lo que se ha llegado a denominar "Parque La Sabana Padre Chapuí", pudiendo notarse un dimensionamiento mayor en ese sentido, ya que en la antecedente Ley Orgánica de la Dirección General de Educación Física y Deportes, bajo otra denominación, la citada área había quedado afectada "al servicio directo o indirecto de la educación físico-deportiva del país" (Ley N(3656, del 6 de enero de 1966, artículo 5( párrafo primero). Adicionalmente, hay que precisar que allí se indicaba que "su destino no podrá ser variado sino en virtud de una ley" y de tal manera quedaba justificado un único artículo en la Ley N(7361, que dispone: "Prohíbese realizar construcciones en el Parque La Sabana Padre Chapuí, entendido éste como la propiedad descrita en el párrafo primero del artículo 5 de la Ley N( 3656 del 6 de enero de 1966." Se nota allí, pues, que se rigidizó la utilización de toda el área de La Sabana. Resulta muy significativo que ese mismo artículo 1(, en párrafo seguido, se ocupe de establecer como excepción, a modo de una interpretación auténtica incorporada en el propio texto legal, "la construcción de canchas y de otras instalaciones deportivas, siempre y cuando sean al aire libre y no se encuentren aisladas por vallas, cercas u obras parecidas". Esto es lo que permite identificar una progresión en el pensamiento del legislador, que poco a poco estimó que resultaba necesario otorgar la protección de la ley al parque, evitando así que se regresara a los tiempos en que se le fueron cercenando espacios, evitando a partir de aquí que, con el paso del tiempo, a través de pequeños zarpazos, se llegara a inutilizar el fin que inicialmente tuvo el donador de estos terrenos. III. SOBRE UNA DESAFECTACION IMPLICITA A TRAVES DE LA AUTORIZACION POR UNA UNICA VEZ CONTENIDA EN EL PROYECTO DE LEY. Si recapitulamos lo que se lleva dicho, podremos observar que mientras la Ley N(3656/66 exigía que el destino del Llano de La Sabana solamente pudiera modificarse a través de otra ley, la N( 7361/93 prohibió realizar todo tipo de construcción, excepto instalaciones deportivas al aire libre, siempre que no quedaran aisladas por vallas, cercas u obras parecidas. A esto se refería el considerando anterior, estimándolo como una rigidización de los fines a que quedaba destinada el área en cuestión, que en adelante quedaban identificados como los que tenían que ver con "prácticas deportivas y de recreación" en sentido estricto, lo cual, si se sigue con el análisis también implica un gran cambio respecto de la legislación anterior, que declaraba a La Sabana, destinada al servicio "directo o indirecto" de la educación físico deportiva. En la práctica, y no solamente por virtud de las Leyes aquí citadas, debe reconocerse en La Sabana un espacio de terreno protegido y específicamente destinado a la satisfacción de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal y como podría decirse en términos del artículo 50 de la Constitución Política. Precisamente por ello, estima la Sala que la mención contenida en el Proyecto ahora analizado, en el sentido de que se trata de una excepción a la norma general, y que es "por una sola vez", no permite salvarlo de la inconstitucionalidad, porque el uso para la práctica del deporte y la recreación del parque, se conforma con lo preceptuado por el artículo 50 constitucional, mientras que el derecho que ahora se desea potenciar, es decir, el arte o la cultura en general, que también está dentro de los fines del Estado, ciertamente puede y debe ser satisfecho sin mengua de los fines que desde el inicio tiene garantizado el deporte en La Sabana, aun cuando, como se dijo, en el pasado hubiera más de una claudicación en ese sentido. La Sala no encuentra razonable la desafectación que implícitamente se da del Parque, aun con el esfuerzo que el propio proyecto establece de una área de construcción limitada, ya que a través del prurito de una única vez, se podría continuar con el acecho a ese entorno protegido, cuyo uso público exclusivo para el deporte y la recreación se dijo resultaba legítimo, sino también por la importantísima función que cumple La Sabana en las condiciones cada día más complejas del desarrollo urbano. A la par de otras vicisitudes del pasado, este proyecto es un paso más en la tendencia histórica de darle otros fines al área de comentario, con transgresión del derecho a un ambiente sano. El argumento de que se trata de una excepción, entonces, en nada obstaría para que cada cierto tiempo se acuda con idénticas o parecidas razones con el propósito de establecer una nueva excepción, operándose una nueva transgresión, y porque a través de ese argumento de "por una única vez" se podría hasta dejar sin efecto el fin específico que tenía el Parque, aún antes de que una Ley viniera a establecer que tal era su destino. Así, sostener que el legislador no tiene límites en tal sentido, llevaría hasta entender que incluso podría derogar toda legislación de este tipo, lo que choca, por otra parte, con una afectación que el Estado aceptó, de buena fe, cuando el Padre Chapuí realizó la donación de esos terrenos. IV. CONSIDERACIONES FINALES. Por último, habría que señalar que el Estado tiene otros medios, perfectamente legítimos, para otorgar al arte y a la cultura, espacios apropiados para su plena vigencia y desarrollo, pues no se trata de impedir el acceso de la población a este tipo de derecho. El progreso de la cultura en los terrenos de comentario, se daría prácticamente a costa del derecho al ambiente y a una utilización legítima o conforme. De tal manera, que la única vía razonable resulta el mantener el statu quo, como lo sostienen los consultantes. No resulta ocioso indicar que la Ley N(7361 vino prácticamente a congelar el tipo de instalaciones deportivas que podrían levantarse en el Parque La Sabana y debemos recordar que esta ley se dictó precisamente a propósito de la ampliación de Dirección20098 , una obra a la que nadie le negaría carácter de interés público, pero que como citan los consultantes chocaba y choca aún con el espíritu y destino original del terreno. De tal manera, la experiencia de cualquiera de nosotros permite indicar que el aprovechamiento masivo del área protegida, a través del deporte, la educación física, la recreación, la contemplación, o el mero disfrute de lo natural y escénico, o de las ventajas que para la oxigenación urbana tiene, provocaría una lesión mayor que la ventaja que pretende lograrse con la ampliación del área del Museo de Arte Costarricense, con el agravante ya indicado, de que nadie puede garantizar que en el corto o mediano plazo no se vuelva a presentar "por otra única vez", la necesidad de dotar al Museo de mayor área para prestar su importante servicio. Así, las responsabilidades del Estado con el Museo de Arte Costarricense, o el arte en general, deben cumplirse, pero no a costa de limitar irrazonablemente la calidad de vida que se obtiene a través del uso de las diferentes áreas del Parque La Sabana. Si existe necesidad de dotar a aquél de un espacio apropiado, deberá encontrarse en otro sitio y mediante la utilización de otros recursos, no a través de lo que el Proyecto bajo análisis propone. Por lo dicho, la Sala estima que el Proyecto es inconstitucional en cuanto afecta el artículo 50 de la Carta Fundamental, aclarando expresamente que se ha marginado de toda mención la eventual existencia en materia legislativa de un principio de inderogabilidad singular de la ley, por no ser un tema formulado expresamente por los consultantes." De la sentencia transcrita queda claro que una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determianda área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional. Del mismo modo, la delimitación inicial de una zona protectora -o de otra índole- podría, a la larga, resultar insuficiente y, en razón de esto, motivar la aprobación de una reforma para ampliar la cabida. Estos aspectos son los que, a juicio de esta Sala, han de examinarse en el caso conreto del artículo 71 de la Ley N( 7575. IV.- La Asamblea Legislativa ha dictado un conjunto de disposiciones tendentes a conservación del ambiente. En particular merece resaltarse el establecimiento de una serie de figuras reconocidas actualmente bajo la denominación común de "áreas silvestres protegidas"; sobre este punto debe hacerse referencia al artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995: "Artículo 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas Biológicas. e) Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales. g) Monumentos naturales. Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la prevención de estas áreas. El mismo cuerpo normativo citado indica competencias y procedimientos tendentes a la creación y reducción de la superficie de las áreas silvestres protegidas: "Artículo 36.- Requisitos para crear nuevas áreas. Para crear nuevas áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente: a) Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, que la justifiquen. b) Definición de objetivos y ubicación del área. c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra. d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla. e) Confección de planos. f) Emisión de la ley o el decreto respectivo." "Artículo 38.- Reducción de las áreas silvestres protegidas. La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida." Ambas normas establecen el cumplimiento de requisitos obligatorios tanto para la creación como para la reducción de las áreas silvestres protegidas, dentro de las cuales se comprenden las denominadas "zonas protectoras". Se trata de la existencia de "estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, que la justifiquen", en el caso del establecimiento, y de "estudios técnicos que justifiquen", en el caso que la medida pretendida sea una reducción de la superficie bajo el referido régimen. Ambas disposiciones son vinculantes, inclusive para la Asamblea Legislativa, cotitular, junto con el Poder Ejecutivo, de la competencia para crear áreas silvestres protegidas, y detentadora exclusiva de la potestad de reducir su superficie. De conformidad con las disposiciones transcritas, y tomando en consideración el caso concreto que se somete a pronunciamiento, la Asamblea Legislativa no puede aprobar válidamente la reducción de la superficie de una zona protectora, sin contar antes con estudio técnico que justifique su decisión. Dicha actuación deviene contraria a la Constitución Política por violación del principio de razonabilidad constitucional en relación con los artículo 121, inciso 1), y 129 de la Carta Política. Sobre este tema existe un precedente de la Sala que resulta atinente, tanto por la similitud de la infracción que se invoca, como por tratarse de una hipótesis en que la no observancia de determinados requisitos tiene como efecto la transgresión de normas o principios sustanciales de rango constitucional. Se trata de la sentencia No. 2009, de las 10 horas 30 minutos del 21 de abril de 1995, dictada en relación con una consulta legislativa facultativa sobre un proyecto de ley tendiente a la creación de un nuevo cantón. En esa ocasión, la Sala expresó: "IV ).- NORMA CONSTITUCIONAL Y REGIMEN LEGAL PARA LA CREACION DE NUEVOS CANTONES.- El artículo 168 de la Constitución Política, en lo que interesa, señala que para los efectos de la Administración Pública el territorio nacional se divide en provincias, cantones y distritos; la creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa mediante votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros. Ninguna otra disposición contiene la Constitución Política sobre la creación de nuevos cantones. Como es principio general del Derecho de la Constitución que toda jurisdicción territorial existente al momento de surgir la norma suprema que la reconoce y la eleva a la categoría de institución descentralizada con rango constitucional, en este caso, los cantones, adquiere el derecho a su existencia plena e identidad, a su autonomía otorgada por norma de igual rango (art. 170 id.), a mantener su integridad y su condición de descentralización administrativa (esto último no implica, desde luego, que se trate de una forma de Estado o de gobierno que excluye toda otra forma de administración política, porque como toda descentralización, deja intacto el poder constituyente e incluso la potestad legislativa del Estado), la conclusión jurídico-constitucional necesaria nos lleva a determinar que corresponde al Poder Legislativo desarrollar o no la competencia contenida en el artículo 168 de la Constitución Política para la creación de cantones, estableciendo los requisitos y formalidades que le den contenido razonable y proporcionado a los principios que la propia norma superior haya concebido y en todo caso, a los complementarios que, sin estar en la norma originaria, sean apropiados para hacer posible el ejercicio de la competencia. V.- LEY SOBRE DIVISION TERRITORIAL ADMINISTRATIVA (No. 4366 de 19 de agosto de 1969).- Es esta ley, precisamente, la que ha emitido el Poder Legislativo para regular la creación de los nuevos cantones. Es necesario señalar que al fijar la Constitución Política en el párrafo final del artículo 168, que se requiere el voto afirmativo de por lo menos dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa para la creación de un cantón, da una clara idea de la importancia que el constituyente originario le ha dado a la integridad territorial y a toda la materia relacionada con la subdivisión territorial de las Provincias. A juicio de la Sala, el principio general de Derecho que establece que las normas jurídicas obligan incluso a la autoridad que las ha dictado y, dentro de su competencia, a su superior, implica que la ley que disciplina el funcionamiento de la Asamblea Legislativa para el ejercicio de una competencia también constitucional, la vincula en los casos concretos en que haya de ejercerla, lo cual no es más que aplicación del principio general de la inderogabilidad singular de la norma para el caso concreto; principio general de rango constitucional, como que es aplicable a la totalidad del ordenamiento jurídico, como derivación y a la vez condición del Estado de Derecho en su integridad. Todo lo cual significa, en relación con el presente asunto, que para la creación de un nuevo ente territorial municipal la Asamblea Legislativa debe observar la ley que ha dictado con tal propósito, desde luego, sin perjuicio de su potestad de derogarla o reformarla previamente a su ejercicio." (Los subrayados no son del original) De acuerdo con lo citado, mutatis mutandi, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido, podemos hablar de niveles de desafectación. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí que, para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del artículo 50 constitucional. El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucinal, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente N( 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios ténicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente. V.- Debe rescatarse además, como se señaló líneas arriba, que para otorgar vigencia y cumplir con el numeral 50 de la Constitución Política no basta que las autoridades públicas dicten medidas protectoras del ambiente. También es indispensable que en ejercicio de sus cargos esos mismos funcionarios no emitan actos contradictorios con el citado postulado constitucional, tal y como sucede con referencia a la norma cuya constitucionalidad se examina, la cual, aprobada mediante un procedimiento en que se omite un requisito sustancial, exigido por una ley vigente, establece la reducción de una superficie declarada como zona protectora. Por tanto, la disposición legal cuestionada, artículo 71 de la Ley No. 771 de la Ley No. 7575, Ley Forestal del 13 de febrero de 1996, también es contraria al artículo 50 de la Constitución Política. VI.- Sobre la razonabilidad de la acción planteada como medio para tutelar el derecho constitucional que los accionantes consideran violado, debe señalarse que la misma resulta idónea, y que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 71 de la Ley N( 7575 no deja insubsistente la Zona Protectora Tivives. En primer lugar, aún cuando el Decreto No. 17023-MAG se fundamente parcialmente en el texto de la Ley No. 4465, Ley Forestal del 25 de noviembre de 1969, normativa de rango legal vigente que en su momento amparó la creación de la Zona Protectora Tivives, la derogatoria de dicho ordenamiento no implica la derogatoria automática del referido decreto. No debe olvidarse que, en última instancia, tanto la Ley N( 4465 -hoy derogada- como el Decreto N( 17023-MAG no son sino desarrollo del contenido del artículo 50 constitucional, de modo que, aún cuando la normativa inmediata que dio fundamento al decreto haya sido sustituida por otra, éste subsiste tanto por haber sido promulgado al amparo de la normativa vigente en su momento, como por tener su último fundamente en el citado artículo constitucional. Por otra parte, el referido decreto no tiene el rango de reglamento ejecutivo de la citada ley, pues carece de alcance normativo (véase el artículo 121 de la Ley General de la Administración Pública). Asímismo, la figura denominada "zona protectora" se encuentra reconocida en otros textos del ordenamiento, que sirven de marco normativo suficiente al Decreto No. 17023-MAG, pese a la derogatoria de la Ley No. 4465, Ley Forestal del 25 de noviembre de 1969, o a la declaratoria de inconstitucionalidad del del numeral 71 de la Ley No. 7575, Ley Forestal del 13 de febrero de 1996. Dentro de las disposiciones a que se hace referencia está el numeral 32 de la Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente del 4 de octubre de 1995, transcrito en el Considerando IV. Existen también normas contenidas en convenios internacionales que regulan el tipo de zonas de conservación a las que se hace referencia, entre ellas la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Habitat de Aves Acuáticas "Convención de Ramsar", suscrita el 2 de febrero de 1971, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 7224 del 2 de abril de 1991, y la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, aprobada mediante Ley No. 3763 del 19 de octubre de 1976. En fin, contrario al criterio externado por la Procuraduría General de la República, la creación y delimitación de la Zona Protectora Tivives tiene su fundamento en el Decreto Ejecutivo N( 17023-MAG, cuya cabida reformó la norma ahora impugnada, decreto que, por las razones dichas, no quedó derogado implícitamente por la derogatoria de la Ley N( 4465 por Ley N( 7575. VII.- En consecuencia, lo que procedente es acoger la acción de inconstitucionalidad planteada y anular el artículo 71 de la Ley N( 7575, Ley Forestal, del trece de febrero de mil novecientos noventa y seis. De conformidad con lo establecido en el artìculo 91 de la Ley de la Jurisdicciòn Constitucional, esta sentencia tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de la vigencia de la norma ahora declarada inconstitucional. Se entiende que queda vigente el Decreto No. 17023-MAG, que crea y delimita la Zona Protectora Tivives. Por tanto: Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula el artículo 71 de la Ley No. 7575, Ley Forestal del trece de febrero de mil novecientos noventa y seis. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. Comuníquese a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Luis Paulino Mora M. Presidente R. E. Piza E. Nombre43951 . Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. ccg\AVC. ?? Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:28:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
I. ON ADMISSIBILITY. The action is admissible, as the appellants have standing under the terms of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Indeed, because this involves the defense of a diffuse interest, that is, the protection of the environment, the existence of a prior proceeding where the unconstitutionality now claimed had been alleged is not necessary, as this Chamber has stated on repeated occasions. The exception provided in the second paragraph of cited Article 75 is therefore applicable, and, consequently, the action is admissible. II. ON THE MERITS: The challenged provision, Article 71 of Law No. 7575, Ley Forestal of February 13, 1996, establishes: "Article 71.- Modification of boundaries (Modificación de límites).- The boundaries of the Tivives protective zone (zona protectora Tivives) are modified, on the lands comprised within the Mata de Limón and Tivives mangroves (manglares), as well as the existing remnant of tropical dry forest (bosque tropical seco), located on the Barranca N( 32451 cartographic sheet, at a scale of 1:50,000 of the Instituto Geográfico Nacional, as follows: starting from the intersection of the railway line with the Alto Cascabel-Salinas road, at coordinates 212650 N and 460450 E; the boundary follows the railway line, approximately 250 meters, to coordinates 212900 N, 460200 E and then continues with a general SW heading, until reaching the mangrove (manglar) boundary. It then continues along the dividing line between mangrove (manglar) and freshwater (tierra dulce), to the point at coordinates 212500 N and 458500 E on the Mata de Limón estuary (estero); it crosses the estuary (estero), with a general West heading, until encountering the mangrove (manglar) again at the point at coordinates 211900 N and 458180 E, again on the Mata de Limón estuary (estero). From this last point, with a general NE heading, the boundary proceeds to the point at coordinates 212050 N and 458500 E, located on the eastern margin of the Mata de Limón estuary (estero). From here the boundary line follows the dividing line between mangrove (manglar) and freshwater (tierra dulce), to the point at coordinates 211520 N and 459250 E. From there it departs, with a straight line and a general SW direction along the boundary of Hacienda Salinas, to an intermittent stream (quebrada intermitente) located at the point at coordinates 210200 N and 458950 E and follows, downstream on said stream (quebrada) to its mouth at the sea. The boundary follows the coastline, to the point at coordinates 207540 N and 457180 E, on Tivives beach. From this last point, with a heading of N 75( E and an approximate distance of 230 meters, to the point at coordinates 207600 N and 457400 E, it continues along the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) line on Tivives beach, until encountering the mangrove (manglar) boundary again at coordinates 207000 N and 45860 E. It then passes along the mangrove (manglar) boundary, to a point near the western margin of the Jesús María River at coordinates 205650 N and 459850 E and continues, with a general SW direction, a distance of 350 meters, to the point at coordinates 205300 N and 457750 E, located at the mouth of the Jesús María River; from there it proceeds upstream along the eastern margin, to coordinates 205440 N and 460500 E and continues bordering the mangrove (manglar), to the point at coordinates 207750 N and 459350 E, located on the main road of Tivives beach. From this point, the boundary continues in a straight line with a general NW direction, a distance of 100 meters, to the point at coordinates 207800 N and 459250 E and then, in a straight line with a general NE direction, a distance of 680 meters, to coordinates 208400 N and 459450 E. It then continues in a straight line, with a heading of Dirección20694, a distance of 270 meters, to coordinates 208350 N and 459800 E and proceeds in a straight line with a direction of Dirección20695, a distance of 280 meters, to the point at coordinates 208500 N and 460000 E; then it continues with a True North heading, a distance of 500 meters, to coordinates 209000 N and 460000 E. From this point, with a True East heading, it proceeds a distance of 300 meters, to coordinates 20900 N and 460300 E and continues with a True North heading, a distance of 130 meters, until intersecting with a road at coordinates 210300 N and 460300 E, it follows in a straight line with a general NE direction, a distance of 1200 meters, to the point at coordinates 211050 N and 461250 E. It proceeds with a general NE direction, a distance of 200 meters, until intersecting with the Southern coastal highway (carretera costanera Sur) that connects Caldera with Orotina, at the point at coordinates 211200 N and 461400 E. The boundary is drawn along the coastal highway (carretera costanera) with a general direction an approximate distance of 900 meters, to the point at coordinates 210800 N and 462250 E, located on the 20-meter contour line above sea level; from this point, the boundary continues along that contour line with a general NE direction, skirting Cerro Coyolar (Cambalache), a distance of 1400 meters, to the point at coordinates 211800 N and 462800 E and goes with a general NW direction a distance of 300 meters, to the point at coordinates 212100 N and 462650 E and the boundary follows with a True West heading, a distance of 600 meters, to coordinates 212100 N and 462050 E. It continues with a general SW direction, a distance of 1500 meters, until intersecting with the Southern coastal highway (carretera costanera Sur), at the point at coordinates 211250 N and 460900 E. From this point, it proceeds with a general SW direction a distance of 1000 meters, to coordinates 211000 N and 460000 E. It proceeds with a NW heading, a distance of 700 meters, to the point at coordinates 211650 N and 459750 E, located adjacent to the mangrove (manglar) and continues with a general NE heading, bordering the Mata de Limón mangrove (manglar), until reaching the starting point of this description at coordinates 212650 N and 460450 E." From the literal wording of the transcribed provision, it is inferred that it is a modification to the delimitation established in Decree No. 17023-MAG of May 6, 1996, whose Article 1 creates the "Tivives protective zone (Zona Protectora Tivives)" and indicates its boundaries and area. Now, in the opinion of the Procuraduría General de la República, it is not a modification, but an entirely new provision, because, in its judgment, the cited decree was implicitly repealed by the enactment of Law No. 7575, given that the latter repealed the Ley Forestal No. 4465, which was the basis of the former. The thesis of the Procuraduría is not accepted, since, as will be analyzed later (Considering VI), the decree in question was not automatically repealed by Law No. 7575 and, consequently, Article 71 of the latter does indeed reform the boundaries of the "Tivives protective zone (Zona Protectora Tivives)". Thus, the constitutional analysis of the challenged provision must be made taking as a basis the fact that it is an amendment to the cited decree, not an entirely new provision. Likewise, it must be taken into account that, in accordance with the statements of the appellants, the evidentiary means provided by them, and the respective legislative file, the approved change of boundaries does not imply an increase in the area (cabida) of the zone, but rather a reduction of the area subject to protection. Precisely, the discussion centers on the fact of whether this reduction of area, that is, this removal of protection (desprotección) from part of the zone that was previously protected, is unconstitutional for being contrary to the provisions of Article 50 of the Political Constitution. III.- Article 50 of the Political Constitution, which the appellants claim as violated, recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and ecologically balanced environment: "The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that violate this right and to claim compensation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve this right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." This Chamber has already addressed the issue of protected areas (áreas protegidas) and their possible release (desafectación). Thus, in ruling No. 8743-97 at 6:51 p.m. on December 23, 1997, this Court stated: "II. SOME CONSIDERATIONS ON THE LAW FOR THE PROTECTION OF LA SABANA PADRE CHAPUI PARK (N(7361 of 11/10/93). Certainly, this Law was enacted with strictly protectionist criteria for what has come to be called 'La Sabana Padre Chapuí Park', and a greater emphasis in that sense can be noted, since in the preceding Organic Law of the General Directorate of Physical Education and Sports, under a different name, the cited area had been designated 'for the direct or indirect service of the physical-sports education of the country' (Law N(3656, of January 6, 1966, first paragraph of Article 5). Additionally, it must be pointed out that it was indicated there that 'its purpose may not be changed except by virtue of a law' and in this way a single article in Law N(7361 was justified, which provides: 'It is forbidden to carry out constructions in La Sabana Padre Chapuí Park, understood as the property described in the first paragraph of Article 5 of Law No. 3656 of January 6, 1966.' It is noted there, therefore, that the use of the entire La Sabana area was made more rigid. It is very significant that this same Article 1, in the following paragraph, proceeds to establish as an exception, by way of an authentic interpretation incorporated into the legal text itself, 'the construction of courts and other sports facilities, provided they are outdoors and are not isolated by fences, walls, or similar works.' This is what allows us to identify a progression in the legislator's thinking, who gradually considered it necessary to grant the protection of the law to the park, thus avoiding a return to the times when spaces were cut away from it, preventing from this point on, through the passage of time, through small encroachments, that the purpose initially given by the donor of these lands be rendered useless. III. ON AN IMPLICIT RELEASE THROUGH THE SINGLE-TIME AUTHORIZATION CONTAINED IN THE DRAFT LAW. If we recapitulate what has been said, we can observe that while Law N(3656/66 required that the purpose of the Llano de La Sabana could only be modified through another law, Law N(7361/93 prohibited any type of construction, except outdoor sports facilities, provided they were not isolated by fences, walls, or similar works. This is what the previous considering clause referred to, deeming it a rigidification of the purposes to which the area in question was destined, which from then on were identified as those related to 'sports and recreational practices' in the strict sense, which, if one continues with the analysis, also implies a major change compared to the previous legislation, which declared La Sabana destined for the 'direct or indirect' service of physical-sports education. In practice, and not only by virtue of the Laws cited here, La Sabana must be recognized as a space of protected land specifically destined for the satisfaction of a healthy and ecologically balanced environment, as could be stated in terms of Article 50 of the Political Constitution. Precisely because of this, the Chamber considers that the mention contained in the Draft Law now being analyzed, to the effect that it is an exception to the general rule, and that it is 'for a single time', does not allow it to be saved from unconstitutionality, because the use for the practice of sport and recreation of the park is in conformity with the provisions of constitutional Article 50, while the right that is now desired to be promoted, that is, art or culture in general, which is also among the purposes of the State, can and should certainly be satisfied without detriment to the purposes that sport has had guaranteed at La Sabana from the beginning, even though, as stated, there may have been more than one capitulation in this sense in the past. The Chamber does not find the release that is implicitly given of the Park to be reasonable, even with the effort that the draft law itself establishes of a limited construction area, since through the pretext of a single time, the threat to this protected environment could continue, whose exclusive public use for sport and recreation was found to be legitimate, but also because of the very important function that La Sabana plays under the increasingly complex conditions of urban development. Alongside other vicissitudes of the past, this draft law is one more step in the historical tendency to give other purposes to the area under discussion, in violation of the right to a healthy environment. The argument that it is an exception, then, would in no way prevent an appeal, every so often, with identical or similar reasons, for the purpose of establishing a new exception, thereby effecting a new transgression, and because through this argument of 'for a single time' the specific purpose that the Park had could even be eliminated, even before a Law came to establish that this was its destiny. Thus, to maintain that the legislator has no limits in this sense would lead even to the understanding that it could repeal all legislation of this type, which clashes, moreover, with an encumbrance (afectación) that the State accepted, in good faith, when Padre Chapuí made the donation of these lands. IV. FINAL CONSIDERATIONS. Finally, it should be noted that the State has other means, perfectly legitimate, to grant art and culture appropriate spaces for their full validity and development, as it is not about preventing the population's access to this type of right. The progress of culture on the lands in question would practically occur at the expense of the right to the environment and a legitimate or conforming use. Thus, the only reasonable avenue is to maintain the status quo, as the consulting parties maintain. It is not idle to indicate that Law N(7361 practically came to freeze the type of sports facilities that could be built in La Sabana Park, and we must remember that this law was enacted precisely with regard to the expansion of Dirección20098, a work whose public interest character no one would deny, but which, as the consulting parties cite, clashed and still clashes with the spirit and original destiny of the land. Thus, the experience of any of us allows us to indicate that the massive use of the protected area, through sport, physical education, recreation, contemplation, or the mere enjoyment of the natural and scenic aspects, or of the advantages it has for urban oxygenation, would cause greater harm than the advantage sought to be achieved with the expansion of the area of the Museum of Costa Rican Art, with the already indicated aggravating factor that no one can guarantee that, in the short or medium term, the need to provide the Museum with a larger area to render its important service will not arise again 'for another single time'. Thus, the responsibilities of the State with the Museum of Costa Rican Art, or art in general, must be fulfilled, but not at the cost of unreasonably limiting the quality of life obtained through the use of the different areas of La Sabana Park. If there is a need to provide it with an appropriate space, it must be found in another location and through the use of other resources, not through what the Draft Law under analysis proposes. In light of the foregoing, the Chamber considers that the Draft Law is unconstitutional insofar as it affects Article 50 of the Fundamental Charter, expressly clarifying that any mention of the eventual existence in legislative matters of a principle of singular non-derogability of the law has been set aside, as it is not a subject expressly formulated by the consulting parties." From the transcribed ruling, it is clear that once a specific area has been declared a protective zone (zona protectora) by an act of the State, the latter cannot simply release (desafectar) it, in whole or in part, to protect other interests -public or private- to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with the provisions of constitutional Article 50. Now, the fact that a norm, whatever its rank, has declared a specific area a protective zone (zona protectora) does not imply the constitution of a petrified zone, in the sense that its area (cabida) can in no way be reduced by subsequent regulation. However, it must be kept in mind that the declaration and delimitation of a protective zone (zona protectora), in compliance with the provisions of constitutional Article 50, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction of its area (cabida) must not imply a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case. The fact that the area (cabida) of a protective zone (zona protectora), a forest reserve (reserva forestal), a National Park (Parque Nacional), or any other site of environmental interest is reduced by a subsequent law is not necessarily unconstitutional, provided it is justified insofar as it does not imply a violation of the right to the environment. It could be that, due to various circumstances, a specific site has lost, at least in part, the environmental interest that, at a given time, gave rise to it, which, upon conducting the relevant studies, would justify its modification or reduction, all in application of the principle of constitutional reasonableness. In the same way, the initial delimitation of a protective zone (zona protectora) -or another type- could, in the long run, prove insufficient and, because of this, motivate the approval of a reform to expand its area (cabida). These are the aspects that, in the judgment of this Chamber, must be examined in the specific case of Article 71 of Law No. 7575. IV.- The Legislative Assembly has enacted a set of provisions aimed at environmental conservation. In particular, the establishment of a series of categories currently recognized under the common name of "protected wild areas (áreas silvestres protegidas)" should be highlighted; on this point, reference must be made to Article 32 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554 of October 4, 1995: "Article 32.- Classification of protected wild areas (áreas silvestres protegidas). The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), may establish protected wild areas (áreas silvestres protegidas), in any of the management categories that are established and in those indicated below: a) Forest reserves (Reservas forestales). b) Protective zones (Zonas protectoras). c) National parks (Parques nacionales). d) Biological Reserves (Reservas Biológicas). e) National wildlife refuges (Refugios nacionales de vida silvestre). f) Wetlands (Humedales). g) Natural monuments (Monumentos naturales). These management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), except for those established in Article 33 of this law. Municipalities must collaborate in the preservation of these areas. The same cited regulatory body indicates competencies and procedures aimed at the creation and reduction of the surface area of protected wild areas (áreas silvestres protegidas): "Article 36.- Requirements to create new areas. To create new protected wild areas (áreas silvestres protegidas) owned by the State, regardless of the management category it establishes, the following must be previously complied with: a) Preliminary physiogeographic, biological diversity, and socioeconomic studies that justify it. b) Definition of objectives and location of the area. c) Technical feasibility and land tenure study. d) Minimum financing to acquire, protect, and manage the area. e) Preparation of plans (planos). f) Issuance of the respective law or decree." "Article 38.- Reduction of protected wild areas (áreas silvestres protegidas). The surface area of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), natural heritage of the State, regardless of their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure." Both provisions establish the fulfillment of mandatory requirements for both the creation and the reduction of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), within which the so-called "protective zones (zonas protectoras)" are included. This involves the existence of "preliminary physiogeographic, biological diversity, and socioeconomic studies that justify it", in the case of establishment, and of "technical studies that justify", in the case that the intended measure is a reduction of the surface area under the referred regime. Both provisions are binding, including for the Legislative Assembly, co-holder, together with the Executive Branch, of the competence to create protected wild areas (áreas silvestres protegidas), and exclusive holder of the power to reduce their surface area. In accordance with the transcribed provisions, and taking into consideration the specific case submitted for a ruling, the Legislative Assembly cannot validly approve the reduction of the surface area of a protective zone (zona protectora), without first having a technical study that justifies its decision. Said action becomes contrary to the Political Constitution for violation of the principle of constitutional reasonableness in relation to Articles 121, subsection 1), and 129 of the Political Charter. On this matter, there is a precedent from this Chamber that is pertinent, both because of the similarity of the violation claimed and because it involves a hypothesis in which the non-observance of certain requirements has the effect of transgressing substantive norms or principles of constitutional rank. This is ruling No. 2009, at 10:30 a.m. on April 21, 1995, issued in relation to a facultative legislative consultation on a draft law aimed at the creation of a new canton (cantón). On that occasion, the Chamber stated: "IV ).- CONSTITUTIONAL NORMS AND LEGAL REGIME FOR THE CREATION OF NEW CANTONS (CANTONES).- Article 168 of the Political Constitution, insofar as it is relevant, indicates that for the purposes of Public Administration, the national territory is divided into provinces, cantons (cantones), and districts; the creation of new cantons (cantones) requires approval by the Legislative Assembly through a vote of no less than two-thirds of the total of its members. The Political Constitution contains no other provision on the creation of new cantons (cantones). As it is a general principle of Constitutional Law that every territorial jurisdiction existing at the time of the emergence of the supreme norm that recognizes it and elevates it to the category of a decentralized institution with constitutional rank, in this case, the cantons (cantones), acquires the right to its full existence and identity, to its autonomy granted by a norm of equal rank (Art. 170 id.), to maintain its integrity and its condition of administrative decentralization (this does not imply, of course, that it is a form of State or government that excludes all other forms of political administration, because, like all decentralization, it leaves intact the constituent power and even the legislative power of the State), the necessary legal-constitutional conclusion leads us to determine that it corresponds to the Legislative Branch to develop or not the competence contained in Article 168 of the Political Constitution for the creation of cantons (cantones), establishing the requirements and formalities that give reasonable and proportionate content to the principles that the higher norm itself has conceived and, in any case, to the complementary ones that, without being in the original norm, are appropriate to make the exercise of the competence possible. V.- LAW ON ADMINISTRATIVE TERRITORIAL DIVISION (No. 4366 of August 19, 1969).- It is this law, precisely, that the Legislative Branch has issued to regulate the creation of new cantons (cantones). It is necessary to point out that when the Political Constitution establishes in the final paragraph of Article 168 that the affirmative vote of at least two-thirds of the total members of the Legislative Assembly is required for the creation of a canton, it gives a clear idea of the importance that the original constituent power has given to territorial integrity and to all matters related to the territorial subdivision (subdivisión territorial) of the Provinces. In the opinion of this Chamber, the general principle of Law that establishes that legal norms bind even the authority that issued them and, within its competence, its superior, implies that the law that governs the functioning of the Legislative Assembly for the exercise of a power that is also constitutional, binds it in the specific cases in which it must exercise that power, which is nothing more than the application of the general principle of the singular non-derogability of the norm for the specific case; a general principle of constitutional rank, as it is applicable to the entire legal system, as a derivation of, and simultaneously a condition for, the Rule of Law in its entirety. All of which means, in relation to the present matter, that for the creation of a new municipal territorial entity, the Legislative Assembly must observe the law it has enacted for that purpose, without prejudice, of course, to its power to repeal or amend it before exercising it." (The underlining is not from the original) In accordance with the foregoing, mutatis mutandis, if for the creation of a protected wilderness area (área silvestre protectora) the Legislative Assembly, through a law, established compliance with specific requirements in order to determine whether the restriction in question is justified, it is logical that, for its partial or total removal of protection (desafectación), certain requirements must also be met—such as conducting technical environmental studies—to determine that the removal of protection does not transgress the content of Article 50 of the Constitution. In this sense, we can speak of levels of removal of protection. Thus, not every removal of protection (desafectación) of a protected area (zona protegida) is unconstitutional, insofar as it entails impairment of the right to the environment or a threat to it. Hence, in order to reduce any protected wilderness area (área silvestre protegida), the Legislative Assembly must do so based on sufficient and necessary technical studies to determine that no damage will be caused to the environment or that it will not be placed at risk and, therefore, that the content of Article 50 of the Constitution is not violated. The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, requires that the norms issued regarding this matter be duly supported by serious technical studies, even if no other legal provision expressly established this. In the opinion of this Constitutional Court, the requirement contained in Article 38 of the Organic Law of the Environment No. 7554, to the effect that, in order to reduce a protected wilderness area (área silvestre protegida) created by a formal law, the technical studies justifying the measure must be conducted beforehand, is nothing other than an objectification of the principle of reasonableness in matters of environmental protection. V.- It must also be noted, as stated above, that in order to give force and comply with Article 50 of the Political Constitution, it is not enough for public authorities to issue protective measures for the environment. It is also essential that, in the exercise of their positions, those same officials do not issue acts contradictory to that constitutional postulate, as is the case with reference to the norm whose constitutionality is being examined, which, approved through a procedure that omits a substantial requirement demanded by a law in force, establishes the reduction of an area declared as a protected zone (zona protectora). Therefore, the challenged legal provision, Article 71 of Law No. 7575, Forest Law (Ley Forestal) of 13 February 1996, is also contrary to Article 50 of the Political Constitution. VI.- Regarding the reasonableness of the action brought as a means to safeguard the constitutional right that the plaintiffs consider violated, it must be noted that it is suitable, and that the declaration of unconstitutionality of Article 71 of Law No. 7575 does not leave the Tivives Protected Zone (Zona Protectora Tivives) without legal effect. In the first place, even though Decree No. 17023-MAG was partially based on the text of Law No. 4465, Forest Law (Ley Forestal) of 25 November 1969, a legal provision in force at the time that supported the creation of the Tivives Protected Zone (Zona Protectora Tivives), the repeal of that law does not imply the automatic repeal of the aforementioned decree. It must not be forgotten that, ultimately, both Law No. 4465—now repealed—and Decree No. 17023-MAG are nothing but a development of the content of Article 50 of the Constitution, so that, even though the immediate norm that served as the basis for the decree has been replaced by another, the decree subsists both because it was promulgated under the protection of the norm in force at the time and because its ultimate basis lies in the cited constitutional article. On the other hand, the aforementioned decree does not have the rank of an executive regulation to said law, given that it lacks normative scope (see Article 121 of the General Law of Public Administration). Likewise, the figure called "protected zone" (zona protectora) is recognized in other texts of the legal system, which serve as a sufficient regulatory framework for Decree No. 17023-MAG, despite the repeal of Law No. 4465, Forest Law (Ley Forestal) of 25 November 1969, or the declaration of unconstitutionality of Article 71 of Law No. 7575, Forest Law (Ley Forestal) of 13 February 1996. Among the provisions referred to is Article 32 of Law No. 7554, Organic Law of the Environment of 4 October 1995, transcribed in Considering IV. There are also norms contained in international conventions that regulate the type of conservation zones (zonas de conservación) referred to, among them the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat "Ramsar Convention", signed on 2 February 1971, approved by the Legislative Assembly through Law No. 7224 of 2 April 1991, and the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, approved through Law No. 3763 of 19 October 1976. In sum, contrary to the opinion expressed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), the creation and boundary setting of the Tivives Protected Zone (Zona Protectora Tivives) has its basis in Executive Decree No. 17023-MAG, whose scope was amended by the now-challenged norm, a decree that, for the reasons stated, was not implicitly repealed by the repeal of Law No. 4465 by Law No. 7575. VII.- Consequently, the appropriate course is to grant the action of unconstitutionality filed and to annul Article 71 of Law No. 7575, Forest Law (Ley Forestal), of the thirteenth of February, nineteen ninety-six. In accordance with the provisions of Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, this judgment has declaratory and retroactive effect to the date on which the norm now declared unconstitutional came into force. It is understood that Decree No. 17023-MAG, which creates and delimits the Tivives Protected Zone (Zona Protectora Tivives), remains in force. Therefore: The action is declared with merit. Consequently, Article 71 of Law No. 7575, Forest Law (Ley Forestal) of the thirteenth of February, nineteen ninety-six, is annulled. This judgment has declaratory and retroactive effects to the date on which the annulled norm came into force, without prejudice to good-faith vested rights. Let this ruling be noted in the Official Gazette La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Notify. Communicate this to the Legislative, Executive, and Judicial Branches. Luis Paulino Mora M. President R. E. Piza E. Nombre43951 . Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. ccg\AVC. ?? Classification prepared by the Constitutional Chamber of the Judiciary. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original – Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 06:28:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República