Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)El artículo 26 del Proyecto, no exige a la Administración Pública estudios técnicos en materia ambiental que garanticen a los costarricenses que su derecho a un ambiente sano no será perturbado o conculcado por la actividad de exploración y explotación de los recursos naturales hidrocarburados, de previo a otorgar la concesión a una persona física o jurídica privada. En su lugar el Proyecto escoge la vía inversa: otorgar la concesión y luego exigir los estudios sobre el efecto que esas actividades producirán en el ambiente.
De esta segunda visión del tema ambiental, se hace posible revestir a los derechos individuales clásicos de las condiciones necesarias para su pleno disfrute y ejercicio, en especial del derecho a la vida particularmente reforzado por nuestro artículo 21 constitucional, que la declara inviolable. Así, de la necesidad de disfrutar plenamente de los derechos humanos, surgen normas directamente derivadas de las fundamentales —entendidas como las ya consagradas en el texto constitucional— que operan como condiciones instrumentales para su preservación y ejercicio. Por ello las condiciones necesarias para la protección de los derechos fundamentales, se constituyen en verdaderos derechos independientes y exigibles con autonomía de aquéllos.
Por ello podemos afirmar que del derecho a la vida y de la obligación estatal de "proteger las bellezas naturales" contenidos en los artículos 21 y 89 de la Constitución, surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como son los de la salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales o no sería posible el ejercicio de los primeros, o su disfrute se vería severamente limitado.
English (translation)Article 26 of the Bill does not require the Public Administration to carry out technical environmental studies that guarantee Costa Ricans that their right to a healthy environment will not be disturbed or violated by hydrocarbon exploration and exploitation activities, prior to granting a concession to a private individual or legal entity. Instead, the Bill takes the opposite route: granting the concession and only then requiring studies on the effects those activities will have on the environment.
From this second view of the environmental issue, it becomes possible to vest classic individual rights with the conditions necessary for their full enjoyment and exercise, especially the right to life, particularly strengthened by our Article 21 of the Constitution, which declares it inviolable. Thus, from the need to fully enjoy human rights, norms directly derived from fundamental ones —understood as those already enshrined in the constitutional text— emerge, operating as instrumental conditions for their preservation and exercise. Therefore, the conditions necessary for the protection of fundamental rights become true independent rights that can be demanded autonomously from those.
Hence, we can affirm that from the right to life and the state obligation to "protect natural beauties" contained in Articles 21 and 89 of the Constitution, other rights of mandatory protection and equal rank arise, such as the right to health and to a healthy environment, without which the exercise of the former would not be possible, or their enjoyment would be severely limited.
Partially granted opinion
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 06240 - 1993 Fecha de la Resolución: 26 de Noviembre del 1993 a las 14:00 Expediente: 93-004165-0007-CO Redactado por: Rodolfo Piza Escalante Clase de asunto: Consulta legislativa facultativa Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 030- Información Subtemas: NO APLICA. Tema: 050- Ambiente Subtemas: NO APLICA. Tema: 121- Atribuciones de la Asamblea Legislativa Subtemas: NO APLICA. Tema: 140- Deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo Subtemas: NO APLICA. Tema: 185- Tesorería Nacional Subtemas: NO APLICA. “el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de un derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma. Ningún resultado racional puede producir la negación de nuestra fragilidad como seres animados, dependientes del entorno para nuestra subsistencia y la de generaciones futuras”. Sentencia 6240-93 “…el artículo 121 inciso 14), en las materias reservadas por la propia Constitución en virtud de su importancia capital, no dispone expresamente dicha competencia, cuando la Asamblea Legislativa no opte por otorgar ella misma la concesión, sino por regularla a efecto de que lo haga la Administración; de lo cual, sin embargo, no cabe inferir, ni que el régimen administrativo de unas u otras concesiones sea distinto -incluso en las otorgadas directamente por la Asamblea…” Sentencia 6240-93 “…En efecto, los artículos 3 y 9.ch) pretenden que la Dirección funja como una tesorería revestida de un fuero especial frente a la Tesorería Nacional recibiendo, presupuestando y girando fondos públicos, lo que se enfrenta abiertamente al "TITULO XIII" sobre la "HACIENDA PUBLICA" de la Constitución, en concreto con los artículo 176, 180, y 185(…) Por ello es absolutamente inconstitucional autorizar a una Dirección que forma parte de una Cartera del Poder Ejecutivo, cuyo titular es un obligado colaborador del Presidente de la República y no su par, para percibir, presupuestar y girar fondos públicos a su entera conveniencia(…) Sentencia 6240-93 NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN. “Este derecho tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que siendo de interés público se hallen en oficinas o departamentos administrativos. Es por esto que la naturaleza pública de la información es el elemento cardinal para definir el derecho a solicitarla al órgano o ente público." Sentencia 6240-93 No dispone expresamente dicha competencia, cuando la Asamblea Legislativa no opte por otorgar ella misma la concesión, sino por regularla a efecto de que lo haga la Administración; de lo cual, sin embargo, no cabe inferir, ni que el régimen administrativo de unas u otras concesiones sea distinto -incluso en las otorgadas directamente por la Asamblea, como lo prevé el artículo 124, párrafo segundo-, ni que la competencia genérica del Poder Ejecutivo excluya la posibilidad de desplazarla por ley a entidades descentralizadas con personalidad jurídica propia diferente de la del Estado, o a los demás Poderes Públicos, pero sí que toda la contratación de la Administración Central -Poder Ejecutivo, y sus dependencias- debe entenderse reservada constitucionalmente al órgano titular, Presidente de la República y Ministro del ramo respectivo, de manera que sí resulta contrario a las normas u principios dichos de la Carta Magna que se autorice para otorgar concesiones o celebrar contratos administrativos a órganos subordinados de dicha Administración Central. Sentencia 6240-93 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Hidrocarburos Subtemas: Proyecto de Ley de Hidrocarburos. Inconstitucionalidad de las disposiciones de los artículos 3, 4, 10, 12, 13, 16 y 17 del Proyecto. Constitución de la Dirección General de Hidrocarburos sin salir de la esfera del Poder Ejecutivo con características y competencias que equivalen a las de una persona jurídica pública. Inconstitucionalidad del Proyecto por permitir que la Dirección de Hidrocarburos capte, presupueste y disponga de los dinero recaudados por concepto de la exploración y explotación de sustancias hidrocarburadas. Inconstitucionalidad por permitir a los concesionarios presentar los estudios sobre el impacto ambiental que la exploración y explotación de los recursos hidrocarburados pueda producir, después de suscritos los contratos de concesión. Inconstitucionalidad del artículo 38 párrafo segundo del Proyecto, por establecer una garantía de confidencialidad indiscriminada de la información relativa al ejercicio de la exploración y explotación de hidrocarburos. LA NATURALEZA JURIDICA DE LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS: Uno de los aspectos centrales cuestionados por los diputados, es la naturaleza jurídica del órgano creado en el artículo 3 del Proyecto y las atribuciones de las que está siendo investido, en cuenta la de suscribir contratos en materia de hidrocarburos y contratar empréstitos con entidades nacionales y extranjeras. La Dirección General de Hidrocarburos se crea como órgano del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) para ejercer las funciones que se le asignan respecto de la exploración y explotación de sustancias hidrocarburadas. Para cumplir sus propósitos se le otorga capacidad contractual y autonomía financiera y presupuestaria. Del análisis de estos elementos y de las potestades que se le confieren, tanto en el artículo 4, como en los 5.ch) y 5.i) del Proyecto, se concluye que, aunque sería un órgano desconcentrado de la Administración Central, dentro del MIRENEM. sin embargo, se le dota de una serie de potestades tales que equivalen a una autonomía administrativa casi plena, que inevitablemente comporta el otorgamiento de una personalidad jurídica incompatible con su condición subalterna. En este sentido, es necesario señalar que, con la creación de la Dirección General, se pretende configurar una institución con el régimen jurídico propio de un ente descentralizado -con capacidad contractual, autonomía financiera y presupuestaria, patrimonio propio, etc.-; bajo la cobertura de un órgano desconcentrado, que por su naturaleza no podría contar, a lo sumo, más que con una personalidad jurídica meramente instrumental. No es posible delegar en la Dirección General competencias atribuidas por la Constitución al Poder Ejecutivo en sentido estricto -Presidente de la República y Ministro de la cartera-, no empece que se le otorgue tal personalidad instrumental. Dicho de otra manera, si el legislador opta por desconcentrar un órgano de una Cartera de Gobierno, no puede dotarlo de personalidad jurídica propia e independiente de ésta, en los términos de administración descentralizada, en tanto el titular de la Cartera integra con el Presidente de la República, el órgano constitucional "Poder Ejecutivo" que es su jerarca necesario; salvo que el legislador opte por crear una verdadera institución descentralizada u autónoma, la cual, en todo caso, requeriría para su creación una ley aprobada por votación no menor de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa (art. 189 Constitución Política), en razón, precisamente, de que su creación implica el desplazamiento de competencias que constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo como jerarca de la Administración Central; de lo contrario, se conformaría un régimen de excepción, que puede conducir a una atomización del Poder Ejecutivo y de sus propias competencias que repugna a la ideología constitucional. En la consulta tramitada bajo el #4171-93, acumulada a la anterior, los Diputados cuestionan el artículo 9 del Proyecto, en cuanto confiere potestades al Poder Ejecutivo para la suscripción de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, sin someterlos a aprobación legislativa. Esta norma, junto con la del 13 inciso d), señalan las atribuciones del Consejo Técnico y del Director General de Hidrocarburos, como sigue: "Artículo 9... h) Aprobar los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos". "Artículo 13... d) Firmar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y someterlos a la aprobación del Consejo Técnico." La Sala estima que, de conformidad con su sentencia #3789-92 de las 12:00 horas del 27 de noviembre de 1992, el artículo 121.14) de la Constitución Política contiene tres reglas distintas claramente diferenciadas: " a) La primera, es una norma que habilita a la Asamblea Legislativa para decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación». Por una parte, esta norma es irrestricta en cuanto se refiere a todos los bienes propios de la Nación, y, por otra, reserva a la ley la materia, invalidando actos administrativos de enajenación o aplicación a usos públicos no fundados en ley previa; b) La segunda, prescribe qué bienes no podrán salir definitivamente del dominio del Estado». Para esas categorías, que están enunciadas en los incisos a), b) y c), la restricción es total y absoluta en cuanto a salir del dominio del Estado», pero, de inmediato, la norma modera su severidad advirtiendo que tales categorías de bienes pueden ser explotados por la administración pública o por particulares» de acuerdo con la ley o mediante concesión especial; c) La tercera, es una norma que se refiere específicamente a ciertos bienes (ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales en servicio) no incluidos en las tres categorías de la norma precedente". En consecuencia, la Constitución prevé dos regímenes para explotar esos recursos naturales especialmente protegidos, sin que ninguno de ellos puedan salir del dominio del Estado: Uno, el de las concesiones o contratos otorgados por la Asamblea Legislativa directamente, en uso de una competencia originaria; el otro, su posibilidad sea de explotarlos, por la Administración Pública, sea de encomendarlos a particulares, mediante concesión legalmente otorgada o autorizada. Ambas posibilidades presuponen la competencia de la Asamblea Legislativa para fijar en el caso concreto, o bien regular en una ley general, "condiciones y estipulaciones" imperativas en la ejecución del contrato -como su naturaleza temporal, forma de cumplimiento, obligaciones mínimas del ejecutor, etc.-, las cuales sitúan fuera del alcance de los concesionarios o del acuerdo mismo de las partes, la posibilidad de apartarse de ellas. No es ocioso recordar que el acto administrativo de concesión no adquiere nunca carácter ni rango de ley, aunque sea tramitado y adoptado como tal, (arts. 140.19 y especialmente 124.2 Constitución). Así pues, una de las formas allí establecidas, obviamente previendo lo difícil y complicado que puede resultar el tener que acudir a la Asamblea Legislativa para la aprobación de cada contrato de concesión individual, es la de una ley general regulatoria del proceso de contratación, comúnmente conocida como "ley marco". En este caso, la Asamblea Legislativa inviste en la Administración Pública la potestad de otorgar concesiones específicas, competencia que, claro está, no comprende la de sustituir del todo la función de la primera, como se dirá adelante. En esta hipótesis, el delegado puede ser cualquier ente del ámbito público -tanto el propio Poder Ejecutivo, órgano normal de la contratación administrativa (art.140 inc.14 Constitución), como cualquier otra entidad descentralizada de la Administración Pública- pero no, como se propone en el Proyecto, un simple órgano desconcentrado dentro de una cartera del Ejecutivo. La Dirección Nacional de Hidrocarburos, como oficina técnica del MIRENEM puede, naturalmente, participar en las negociaciones para el otorgamiento y disciplina de las concesiones, incluso para la suscripción de los contratos previstos y la fiscalización de su ejecución. También puede ser encargada de realizar directamente las tareas de exploración y de explotación, en su calidad de órgano especializado del Ministerio en la materia; pero siempre respetando los preceptos del inciso 19) del artículo 140 de la Constitución, que son, como se dijo, generales y de principio, según los cuales: "Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:... 19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del Estado."... Esta norma inviste al Poder Ejecutivo de competencia constitucional originaria para la suscripción de los contratos administrativos, sea que se convengan con particulares o con otros entes públicos -como contratos administrativos que son-, de conformidad con lo cual, y también a la luz del esquema de separación de funciones de los Poderes del Estado, es potestad privativa del Poder Ejecutivo, específicamente el Presidente conjuntamente con el Ministro del ramo, mientras que el artículo 121 inciso 14), en las materias reservadas por la propia Constitución en virtud de su importancia capital, no dispone expresamente dicha competencia, cuando la Asamblea Legislativa no opte por otorgar ella misma la concesión, sino por regularla a efecto de que lo haga la Administración; de lo cual, sin embargo, no cabe inferir, ni que el régimen administrativo de unas u otras concesiones sea distinto -incluso en las otorgadas directamente por la Asamblea, como lo prevé el artículo 124, párrafo segundo-, ni que la competencia genérica del Poder Ejecutivo excluya la posibilidad de desplazarla por ley a entidades descentralizadas con personalidad jurídica propia diferente de la del Estado, o a los demás Poderes Públicos, pero sí que toda la contratación de la Administración Central -Poder Ejecutivo, y sus dependencias- debe entenderse reservada constitucionalmente al órgano titular, Presidente de la República y Ministro del ramo respectivo, de manera que sí resulta contrario a las normas u principios dichos de la Carta Magna que se autorice para otorgar concesiones o celebrar contratos administrativos a órganos subordinados de dicha Administración Central, como es el caso de la Dirección General de Hidrocarburos propuesta en el Proyecto. Por esta razón, deben considerarse inconstitucionales las disposiciones de los artículo 3, 4, 10, 12, 13, 16 y 17 en cuanto constituyen la Dirección General de Hidrocarburos, sin salir de la esfera del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, con características y competencias que equivalen a las de una persona jurídica pública, con violación de las propias del Poder Ejecutivo en lo que se refiere a la Administración Central, así como las disposiciones de los artículos 3, 4, 5 en su incisos ch) en cuanto a la atribución de celebrar actos y contratos reservados al Poder Ejecutivo, d) en lo relativo a la referencia a "su patrimonio", e) en lo referente a la disposición de excedentes-, i), lo mismo los artículos 9, 12 y 17, particularmente en cuanto otorgan a la Dirección General y, en su caso, al Consejo Técnico de Hidrocarburos, competencias para celebrar y cancelar las concesiones o contratos en materia de exploración y explotación de hidrocarburos o en conexión con ellas; para contratar empréstitos nacionales o extranjeros; para adquirir, construir o disponer de inmuebles; para percibir o administrar utilidades propias; todo lo cual debe entenderse reservado al Poder Ejecutivo como tal -Presidente de la República y Ministro del ramo-sin perjuicio de las limitadas delegaciones posibles en el titular de la Cartera, en los términos previstos por la Ley General de la Administración Pública (arts. 21 y siguientes), y del asesoramiento de la Dirección General y del Consejo Técnico, a los cuales se puede reconocer también atribuciones administrativas propias en las demás materias. SOBRE EL REGIMEN DE EXPROPIACION: Manifiestan también los Diputados que debe analizarse el artículo 40 del Proyecto, que permite al MIRENEM expropiar los inmuebles que sean necesarios para la exploración y explotación de hidrocarburos y autorizar al contratista a iniciar los trabajos, consignando el monto estipulado en el avalúo realizado por Tributación Directa a la orden del Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de no lograrse un acuerdo satisfactorio con el propietario del inmueble. Por sentencia #4266-93, ya la Sala indicó que el artículo 45 de la Constitución Política garantiza la previa indemnización al expropiado como requisito para que la entidad expropiante pueda entrar en posesión del bien, dado el despojo que sufre el propietario de los derechos de posesión, usufructo, uso, transformación y enajenación. Sin embargo, el pago actual de la propiedad puede sustituirse por el depósito provisional del valor de la propiedad que fije la Dirección General de la Tributación Directa, mediante el procedimiento expropiatorio usual, a efecto de que el concesionario pueda entrar en posesión del bien o derecho expropiado, pero a condición de que la toma de posesión debe ser autorizada por el juez de la expropiación, pronunciándose expresamente sobre la necesidad de la misma anticipadamente a la resolución definitiva, y siempre que el expropiado la autorice o retire el precio depositado, "esto último de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de esta Sala #4266-93 de las 15:48 horas del 31 de agosto de 1993". SOBRE LAS POTESTADES PRESUPUESTARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS: Aparte de lo dicho en cuanto a que la Dirección Nacional de Hidrocarburos -que se constituye por esta ley- no puede ser ésta una entidad jurídica independiente del Ministerio al que pertenece ni mucho menos actuar con la autonomía propia del régimen de las instituciones descentralizadas del Poder Ejecutivo. Resaltan del Proyecto las atribuciones hacendarias que se asignan a esa Dirección. En efecto, los artículos 3 y 9.ch) pretenden que la Dirección funja como una tesorería revestida de un fuero especial frente a la Tesorería Nacional recibiendo, presupuestando y girando fondos públicos, lo que se enfrenta abiertamente al "TITULO XIII" sobre la "HACIENDA PUBLICA" de la Constitución, en concreto con los artículo 176, 180, y 185; dice el primero: "Artículo 176.- El presupuesto de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados, de la Administración Pública, durante todo el año económico. en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. Las municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar presupuestos. El Presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre" Esta cláusula regula lo que se ha denominado el principio de caja única del Estado por el que todos los ingresos han de incorporarse al Presupuesto de la República y son asignados a las diferentes dependencias estatales de conformidad con las necesidades públicas. VIII.- La Constitución también le impediría a la Dirección de Hidrocarburos preparar su propio presupuesto de ingresos y de gastos, labor reservada al Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro de Hacienda, art.140 CP) por el artículo 177 de la constitución; y estaría ausente la función de tutela de la Asamblea Legislativa sin cuya aprobación esos gastos no podrían girarse. Al respecto, el artículo 180 de la Constitución es claro en cuanto declara que los agentes del Estado ven limitadas sus atribuciones por lo dispuesto en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Veáse el texto: "Artículo 180.- El Presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. Todo Proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior. Sin embargo, cuando la Asamblea Legislativa esté en receso, el Poder ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales casos la Contraloría podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará la convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento." Es entonces por medio de nuevas leyes que se puede modificar el contenido de lo presupuesto y no por actos administrativos dictados por el jerarca de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio. Aunado a estos aspectos de captación y asignación de los renglones en los que se emplearán estos recursos públicos, los artículos 3 y 9.ch) del Proyecto permitiría a la Dirección girar directamente los dineros captados en virtud de la actividad de explotación de los recursos naturales hidrocarburados, incurriendo en otra transgresión a la Constitución, en esta ocasión al artículo 185 cuyo texto es este: "Artículo 185.- La tesorería nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a título de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales." Por ello es absolutamente inconstitucional autorizar a una Dirección que forma parte de una Cartera del Poder Ejecutivo, cuyo titular es un obligado colaborador del Presidente de la República y no su par, para percibir, presupuestar y girar fondos públicos a su entera conveniencia; lo cual implica, además, otra violación constitucional la del texto y doctrina de los artículos 121 inciso 11), 176 y siguientes que regulan el Presupuesto Nacional y, por consiguiente la previsión, la autorización legislativa expresa, el manejo, la disposición y la liquidación de los fondos públicos, creándose en el Proyecto lo que el lenguaje popular ha bautizado con el nombre de "cajas chicas", al margen de las normas, la prudencia y el control en el manejo de la Hacienda Pública. En consecuencia la Sala considera inconstitucional el artículo 3, el cual sugiere eliminar del Proyecto. En contraste, no estima la Sala que sea inconstitucional que, por mandato legal, se orienten los recursos generados por la actividad de explotación de hidrocarburos o producto de la propia gestión de la Administración, debidamente presupuestados por el Poder Ejecutivo y autorizados por la Asamblea Legislativa, hacia los gastos propios del Ministerio o con mayor precisión, de la Dirección de Hidrocarburos, por consistir éste un órgano desconcentrado. (artículo 9 inciso 1) del Proyecto. SOBRE LA PROTECCION DEL AMBIENTE: El artículo 26 del Proyecto, no exige a la Administración Pública estudios técnicos en materia ambiental que garanticen a los costarricenses que su derecho a un ambiente sano no será perturbado o conculcado por la actividad de exploración y explotación de los recursos naturales hidrocarburados, de previo a otorgar la concesión a una persona física o jurídica privada. En su lugar el Proyecto escoge la vía inversa: otorgar la concesión y luego exigir los estudios sobre el efecto que esas actividades producirán en el ambiente. Pero lo más grave es que no se prevé una consecuencia directa del incumplimiento de esas exigencias, dejando a merced del libre arbitrio de los funcionarios competentes, la decisión sobre el punto. Estima la Sala que el tema debe ser analizado desde la perspectiva constitucional en aras de garantizar la protección del derecho a un ambiente sano ampliamente reconocido y protegido por esta jurisdicción y expresamente contemplado por el artículo 89 de la Constitución que establece: "Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico." El término "bellezas naturales" era el empleado al momento de promulgarse la Constitución, (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho; el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de un derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma. Ningún resultado racional puede producir la negación de nuestra fragilidad como seres animados, dependientes del entorno para nuestra subsistencia y la de generaciones futuras. De esta segunda visión del tema ambiental, se hace posible revestir a los derechos individuales clásicos de las condiciones necesarias para su pleno disfrute y ejercicio, en especial del derecho a la vida particularmente reforzado por nuestro artículo 21 constitucional, que la declara inviolable. Así, de la necesidad de disfrutar plenamente de los derechos humanos, surgen normas directamente derivadas de las fundamentales -entendidas como las ya consagradas en el texto constitucional- que operan como condiciones instrumentales para su preservación y ejercicio. Por ello las condiciones necesarias para la protección de los derechos fundamentales, se constituyen en verdaderos derechos independientes y exigibles con autonomía de aquéllos. Son verdaderas normas subconstitucionales como las denomina la doctrina, surgidas de la interpretación armónica del derecho de la Constitución; como por ejemplo la relación género-especie entre la libertad de comercio y la libertad de contratación según lo desarrolló la Corte Plana en funciones de tribunal constitucional, en la sentencia de 26-8-82. La segunda como consecuencia de la primera, es una condición indispensable para su ejercicio y sin embargo un derecho autónomo a la vez. Por ello podemos afirmar que del derecho a la vida y de la obligación estatal de "proteger las bellezas naturales" contenidos en los artículos 21 y 89 de la Constitución, surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como son los de la salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales o no sería posible el ejercicio de los primeros, o su disfrute se vería severamente limitado. El derecho a la Salud, como derecho humano, fue reconocido por la Sala en tempranas sentencias, como la #56-90 que declaró ese derecho como irrenunciable; y la sentencia #1755-90 en la que se dijo: "En el presente caso, está de por medio del derecho a la Salud, derecho fundamental del ser humano -en la medida en que la vida depende en gran parte de su respecto- de tal forma que conforme a nuestra Constitución Política, artículos 10 y 48, y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la materia objeto del presente recurso... sí se constituye en objeto de obligado conocimiento de esta instancia, en la medida en que involucra la presunta violación de un derecho constitucional..." De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera de ilustración podemos citar las sentencias 1580-90; 1833-91; 2362-91; 2728-91; 1297-92; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido. Dentro de este proceso lógico de integración y desarrollo de los valores constitucionales, empleando como instrumento jurídico la interpretación lógico sistemática de los mismos, la enmienda al artículo 48 de la Constitución operada en 1989, ha ampliado de manera singular el catálogo de derechos humanos susceptibles de protección judicial al remitirnos expresamente al derecho internacional contenido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, debidamente suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país. Ordenamiento jurídico supranacional que debemos integrar al análisis del Proyecto de Ley consultado en virtud del rango superior a las leyes que le otorga el artículo 7° de la Constitución. En efecto, Costa Rica ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que protegen nuestra riqueza ecológica y que en el fuero interno, son legislación plenamente aplicable -y de exibilidad judicial directa- al caso sobre todo por la posibilidad de explotar los recursos hidrocarburados en otras áreas no parte del régimen de parques nacionales. Por ello resulta imprescindible revisar qué otras áreas o biosistemas estarían vedados a esta actividad o en los que es necesario cumplir otras exigencias. En Primer término podemos citar como directamente atinente a la materia que nos ocupa: A) El "CONVENIO SOBRE LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS", Firmado en México D.F. el 29 de diciembre de 1972 y aprobado por la Asamblea Legislativa por ley #5566 de 13 de agosto de 1964 que impide "la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida humana, reducir las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar" (art. 1°), materias especificadas en el Anexo Primero que en su inciso 5° incluye diferentes derivados de los hidrocarburos. El Convenio exige permisos del Estado ribereño para verter ciertos desechos autorizados. B) El "CONVENIO PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO Y SU PROTOCOLO DE COOPERACION PARA COMBATIR LOS DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN LA REGION DEL GRAN CARIBE", abierto a la firma en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983 y en Bogotá del 25 de marzo de 1983 al 23 de marzo de 1984; aprobado por la Asamblea Legislativa por ley #7227 de 12 de abril de 1991, el que tiene como objeto "prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del convenio y para asegurar una ordenación racional del medio". Destacan el artículo 10 que otorga especial importancia a "los ecosistemas raros y vulnerables, así como el hábitat de especies diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción"; y se comprometen los Estados partes a constituir zonas protegidas. El artículo 12 obliga a "elaborar directrices técnicas y de otra índole que sirvan de ayuda en la planificación de sus Proyectos de desarrollo importantes", que sirvan para prevenir la contaminación del medio marino. C).- El "CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO", Adoptado en Viena el 22 de marzo de 1985, aprobado por ley #7228 de 22 de abril de 1991, y su "PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO" suscrito en Montreal el 16 de setiembre de 1987 y aprobado por ley #7223 de 2 de abril de 1991, que protegen "la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono." CH).- La "CONVENCION DE LA ONU SOBRE DERECHO DEL MAR", suscrita en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 y aprobada por ley #7291, publicada el 15 de julio de 1992, que regula lo concerniente a la explotación de los recursos naturales en la plataforma continental. D). CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS", suscrito en Ramsar el 2 de febrero de 1971 y aprobado por ley #7224 de 2 de abril de 1991, por el que se protegen los humedales entendidos como "extensiones de marismas, pantanos, tueberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros"; así como a las aves acuáticas que son aquellas que dependen de las zonas húmedas. (Art. 1°) E).- La "CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL" Suscrita en París el 23 de noviembre de 1972 y aprobada por ley #5980 de 23 de octubre de 1966, por la que se obliga a la conservación del patrimonio cultural, definido como la protección de monumentos de un valor excepcional universal como cavernas; de conjuntos de edificaciones; de lugares como obras de la naturaleza. Además declara patrimonio natural a las formaciones físicas o biológicas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas. F).- La "CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMERICA". Adoptada en Washington el 3 de marzo de 1973 y aprobada por ley #3763 de 19 de octubre de 1976, que define las diferencias entre los parques nacionales, reservas naturales, los monumentos naturales, las reservas de regiones vírgenes y prohíbe alterar los límites de los parques nacionales sino es por ley y explotar sus riquezas con fines comerciales. En cuanto a las reservas de regiones vírgenes permite un uso compatible con las mismas. (arts.1 y 2). G).- "CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES", de la O.I.T. Conocido como convenio #169 que introdujo reformas al anterior #107. Este convenio otorga preferencia a las comunidades indígenas en cuanto a la explotación de las riquezas naturales que existan dentro de los territorios que les pertenecen. Todas estos instrumentos internacionales son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas por el Proyecto de Ley sobre Hidrocarburos en tanto el rango normativo de aquéllos es superior. En consecuencia lo dispuesto por el artículo 41 párrafo 2° del Proyecto que exige los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de exploración o explotación sobre todo en caso de particulares, es contraria a los fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental, en tanto el contrato una vez suscrito crea derechos en favor del interesado. Por ello estima la Sala que el artículo 41 prf. 2° es inconstitucional en este aspecto. SOBRE EL REGIMEN LABORAL DE LA DIRECCION: Señalan los diputados que el artículo 9 inciso e), en relación con los numerales 13, 14 y 15 del Proyecto, crean todo un régimen especial de salarios para los funcionarios de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y le conceden al Director General de Hidrocarburos la potestad de nombrar, ascender y remover libremente a dichos servidores; segregándolo del régimen del Servicio Civil, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 192 de la Constitución y lo resuelto en la sentencia de esta Sala #1588-91. En cuanto a la exclusión de los funcionarios de la Dirección Nacional de Hidrocarburos del Régimen del Servicio Civil, estima la Sala que tanto la descentralización como la desconcentración dentro de la Administración Pública, deben interpretarse como el traslado del ejercicio de funciones especializadas hacia entes u órganos públicos con el objeto de permitir el desarrollo técnico de los fines elegidos por el legislador; pero esta condición de descentralización o de desconcentración no presupone la constitución de un régimen de servicio público segregado que pudiese admitir diferencias en detrimento o de privilegio de los servidores de este tipo de agencias públicas. Como la Sala expresó en el Considerando V de la sentencia #1696-92, en relación con la aprobación de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política: "...Está claro, también, conforme lo expuesto, que el constituyente quiso adoptar el régimen del Servicio Civil, que cubriera a todos los servidores públicos. Así, dichos numerales buscaron enunciar los principios por los que debía regularse el régimen estatutario del empleado público, con el objeto de evitar injerencias extrañas en las funciones propias de sus servidores..." Es claro que la Constitución al hablar de un sólo régimen aplicable a los servidores públicos, no restringió el concepto de estatuto» al de un instrumento jurídico único, sino que pretende concretar un régimen uniforme de principios y garantías que regulen la protección de los derechos laborales del servidor público; especialmente atendiendo al de su derecho a la estabilidad. Asimismo un régimen universal será una garantía para la Administración Pública de que contará con recursos humanos de la mejor calidad y condición, lo que permitirá el desarrollo eficiente de las funciones. El artículo 13 inciso b) del Proyecto establece como atribución del Director General de Hidrocarburos: "...nombrar, remover y ascender al personal de la Dirección5690 y celebrar los contratos de trabajo con sus empleados, de conformidad con las disposiciones legales vigentes...". Dicho inciso, debido a la discrecionalidad con la que cuenta el Director General de Hidrocarburos para designar y remover el personal de la Dirección, contraviene los derechos protegidos por la Constitución y desarrollados en el Estatuto del Servicio Civil, en cuanto a la estabilidad en el puesto y categoría de que gozan los funcionarios y empleados públicos, así como la necesaria idoneidad comprobada para su nombramiento. SOBRE LA CONTRATACION DE EMPRESTITOS: Los Diputados consultantes, tiene duda también de la constitucionalidad del artículo 5.i) del Proyecto en tanto faculta a la Dirección de Hidrocarburos a contratar empréstitos por sí y ante sí, sin obtener la aprobación previa de la Asamblea Legislativa. Comparte la Sala este criterio por las razones que se dirán. Si bien no hay objeción alguna a que la legislación permita que una institución descentralizada capte recursos públicos como impuestos especialmente diseñados para el fin público asignado al ente, tasas o contribuciones, asunto muy diferente es la posibilidad de que comprometan los fondos públicos al contraer obligaciones de crédito con acreedores internacionales. Y mucho mayor es el obstáculo constitucional si, tal y como se ha desarrollado supra, la Dirección no es uno de aquéllos entes sino uno simplemente desconcentrado e integrado a una cartera de Gobierno. En este sentido, si en el punto I se detalló la falta de personalidad jurídica independiente de la Dirección -personalidad ficta o instrumental- se ha denominado, mucho menos podemos admitir que obligue al Estado costarricense mediante la suscripción de empréstitos. Véase como en la sentencia #1027-90 por la que se evacuó la consulta legislativa hecha por la Asamblea Legislativa respecto de los empréstitos públicos suscritos por el I.C.E., se delimitaron los conceptos de empréstito», de tratado internacional» y se dejó claramente establecido que, aun cuando los empréstitos son contratos administrativos especiales de crédito, y por su naturaleza pueden obligar a un agente del Estado como sujeto de derecho o al Estado mismo, si comprometen los fondos públicos del ente ante un acreedor externo, deben ser sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Dice el texto en lo que interesa: "III.- En cambio la denominación de "empréstitos" designa simplemente los contratos de crédito en los cuales el deudor es un ente público de manera que, tanto lo son aquéllos contraídos por el Estado mismo, como deudor; cuanto por sus instituciones descentralizadas, municipalidades, corporaciones o, en general cualquier persona de derecho público y lo mismo si lo es en favor de un acreedor nacional o extranjero, público o privado, o inclusive, como en el caso de marras, de una entidad de carácter y con personalidad jurídico-internacionales sin que en uno y otro caso cambien, ni tengan por qué cambiar su naturaleza, alcances o efectos, siempre contractuales en sí mismos -obligación de pagarlos puntualmente y garantizar su cumplimiento-, aunque resulten afectados también, en algún grado, por las reservas de derecho público que acompañan inevitablemente a su especial deudor -procedimiento de promulgación, requisitos de validez y eficacia, inembargabilidad de bienes, etc.-..." "V.- En efecto, si bien nuestra Constitución ha considerado conveniente regular los empréstitos en una categoría especial, pasando de un sistema de autorización previa al Poder Ejecutivo para negociarlos, a la exigencia de una votación legislativa calificada para su aprobación en ciertos casos -empréstitos en el exterior o para ser financiados con capital extranjero (art. 121 inc. 15.2)-, lo cierto es que , al no ser confundidos con tratados internacionales, no pueden tener otra naturaleza general que la de los contratos públicos sujetos a aprobación de la Asamblea Legislativa (regulados por lo general por los arts. 124 párrafo 2, y, en su caso, 121 inc. 14) y 140 inc. 19)" "VII... Es evidente que tal aprobación legislativa corresponde más bien a una función tutelar, en ejercicio de un control político sobre el endeudamiento del Estado, que fue una de las preocupaciones del constituyente de 1949, de allí también la exigencia de una votación calificada para el endeudamiento externo." Es absolutamente claro que la Dirección no puede contratar los empréstitos sino que esta será una facultad del Poder Ejecutivo con la aprobación de la Asamblea, según lo manda el artículo 121.15) de la Constitución. En consecuencia el artículo 5.i) del Proyecto es inconstitucional en cuanto permite a la Dirección de Hidrocarburos del MIRENEM suscribir empréstitos sean nacionales, en el exterior o financiados con capital extranjero y además que éstos no sean sometidos a la función de tutela de la Asamblea Legislativa tal y como lo ordena el artículo 121.15) de la Constitución. SOBRE EL TRASPASO GRATUITO DE BIENES: Manifiestan los Diputados que el artículo 24 del Proyecto obliga a los contratistas, al finalizar el contrato, a traspasar gratuitamente al Estado los bienes muebles e inmuebles utilizados en la exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual podría interpretarse como una confiscación contraria al artículo 40 de la Constitución Política. Estima la Sala que esto no es así por el hecho de que el traspaso gratuito a nombre del Estado de los bienes del contratista, está establecido en una cláusula incorporada al contrato por imperativo legal, previamente conocida y aceptada por éste al participar voluntariamente en el concurso que podría favorecerlo con el otorgamiento de la concesión. En este sentido dicha norma no tiene carácter confiscatorio en los términos del artículo 40 de la Constitución Política que determina la prohibición de imponer una pena cuyo efecto consista en privar al administrado de bienes de su propiedad, al ser una de las cláusulas del contrato voluntariamente aceptado por el interesado. En la ley bajo consulta se establecen una serie de directrices y limitaciones que impone el Estado para el otorgamiento de las concesiones y la explotación de la actividad por parte de los contratistas, así como se imponen ciertos lineamentos en cuanto al término del contrato y el área de exploración y explotación, por lo que la cesión gratuita de los bienes a favor del Estado al finalizar el contrato, no es más que una condición adicional que el concesionario deberá cumplir. SOBRE EL PROCESO DE NULIDAD Y EL DEBIDO PROCESO LEGAL: El artículo 46 del Proyecto es cuestionado en relación con la garantía constitucional del debido proceso. Este numeral define las causales de caducidad del contrato y en sus dos últimos párrafos establece que el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, después del estudio de la situación, concederá un plazo no mayor de 30 días hábiles para que, en caso de incumplimiento de la obligaciones del acuerdo o de interrupción de los programas de exploración o explotación, la empresa cumpla lo estipulado en el contrato o en su caso, formule su defensa; después de lo cual se procederá a declarar la caducidad. El artículo también detalla las reglas sobre comunicación a los interesados de las resoluciones del Ministerio y establece que deben hacerse por medio de notificación en el domicilio que la empresa designe dentro del perímetro judicial de San José o personalmente en las oficinas del Ministerio. La Sala no considera que este artículo del Proyecto incumpla los principios y derechos que consagra la garantía del debido proceso. Al estar estipulada expresamente la audiencia al perjudicado, y la comunicación de los cargos así como la notificación de la resolución del Ministerio, deben entenderse también incorporados los demás derechos que garantizan al administrado el desarrollo de un procedimiento justo. En este sentido, es necesario indicar que en el artículo deben entenderse protegidos los derechos que la Sala definió en el Voto #15-90 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, como parte del debido proceso en materia administrativa: "... a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada..." DERECHO A LA INFORMACION: Consultan los Diputados acerca de la constitucionalidad del artículo 38 del Proyecto que establece la confidencialidad de los informes semestrales que deben rendir los contratistas a la Dirección en relación con las operaciones, inversiones y trabajos efectuados, así como la información y documentación geológica y geofísica de los yacimientos de hidrocarburos que se les solicite, por ser contrario al derecho a la información consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política. Dicha norma constitucional garantiza el libre acceso a los departamentos públicos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, exceptuando los secretos de Estado. En Voto #2450-92 de las 11:04 minutos del 21 de agosto de 1992, la Sala indicó que: "...el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información de asuntos de interés público, no da derecho a cualquier persona a obtener información confidencial o de importancia vital para el Estado y privada de otras. Los artículos 272, 273, 274 de la Ley General de la Administración Pública que desarrollan esos principios constitucionales, claramente excluyen los secretos de Estado y la información confidencial o privada de las partes de un expediente administrativo...". De conformidad con lo expuesto y con lo resuelto por la Sala en la sentencia #880-90 de las 14:25 horas del 1 de agosto de 1990, que señala como únicas limitaciones que en cuanto al derecho a obtener información pública de los departamentos administrativos contempla la norma 30 constitucional: a) siendo un asunto de interés público constituya secreto de Estado o b) que no configure una información de interés público. Como resultado de lo anterior, el derecho a la información tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que, siendo de interés público, se hallen en las oficinas o departamentos administrativos. Es por esto que la naturaleza pública de la información es el elemento cardinal para definir el derecho a solicitarla al órgano o ente público. Por lo que los datos que brinden los contratistas que constituyan informaciones de interés general, son esencialmente públicos y deben estar al alcance de los administrados en aras de permitir la fiscalización y vigilancia de la entidad estatal o de la actividad desarrollada por la empresa concesionaria, razones por las que no son protegidas por el derecho a la confidencialidad enunciada en el artículo 38 del Proyecto. Dentro de estas informaciones se cuentan los datos brindados por los contratistas en los informes semestrales que se refieren a producción, operaciones, inversiones y trabajos realizados por las empresas y cualquier información estadística al respecto. Sin embargo, los datos geológicos y geofísicos compilados por las empresas o compañías contratadas por ellas y las informaciones protegidas por el secreto comercial o económico de las empresas, -tales como sus estados financieros, crediticios, tributarios, sus sistemas o medios técnicos de exploración y explotación, o los procesos, equipos o artículos de su invención particular-, conservan su carácter confidencial debido a su naturaleza eminentemente privada. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario indicar que, por la amplia gama de asuntos que puedan comunicar los contratistas a la Dirección, la Sala no pretende definir la naturaleza pública o privada de cada uno de ellos, sino únicamente proporcionar las pautas o criterios generales que permitan resolver los conflictos que susciten en el futuro. SOBRE LA LICITACION PUBLICA: Señalan los diputados que el artículo 32 del Proyecto debe analizarse en relación con los principios de igualdad, seguridad y transparencia que deben informar los actos y contratos de la Administración Pública. Dicho numeral desarrolla el procedimiento para el otorgamiento de la concesión y determina que la única forma de contratación administrativa válida, en estos casos, es la licitación pública. La Sala considera que el artículo 32 al establecer el procedimiento de licitación pública, para suscribir los contratos de ejecución de actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos, garantiza una participación más amplia y equitativa de los oferentes. Además el citado artículo en el párrafo segundo del inciso a), autoriza a la Dirección a comunicar directamente el objeto del cartel a las principales empresas petroleras nacionales y extranjeras, lo que no transgrede el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, porque favorece la publicidad del cartel, sin perjudicar la igualdad en la participación y la no discriminación de las compañías que cumplan los requisitos necesarios para la contratación. En virtud de lo expuesto la Sala no encuentra motivo para considerar que el artículo 32 del Proyecto desconoce el principio de igualdad o la seguridad y transparencia de los contratos administrativos. SOBRE LA ASIGNACION DE DIVISAS: El artículo 56 del Proyecto pretende reformar el inciso g) del artículo 94 de la Ley Orgánica del Banco Central, con el objeto de permitir al Banco Central la asignación al concesionario, del 50% de las divisas producto de la exportación de petróleo u otras sustancias hidrocarburadas. Estima la Sala que no existe cuestionamiento constitucional al respecto en tanto, como régimen de excepción, no es diferente a las otros casos de exclusión contemplados por el artículo 94 de la Ley. Es decir, si la misma ley admite ciertos casos en los que la liquidación de divisas no deberá hacerse ante el Banco Central, y la explotación de hidrocarburos es una actividad pública sujeta a concesión, no existe inconstitucionalidad por el hecho de crear una excepción más a la regla. DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONCESIONARIO: En relación con la obligación de los contratistas de domiciliar una sucursal de la compañía en Costa Rica, para poder contratar al amparo de la normativa consultada, es importante indicar que no transgrede derecho fundamental alguno, porque consiste en una obligación impuesta por ley a cargo de la compañía extranjera, como requisito previo a la celebración de contratos en el país en materia de hidrocarburos. Constituye otra cláusula preestablecida al acto convenido, que el eventual contratista está en libertad de cumplir si pretende obtener la concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos. En este sentido, considera la Sala que dicha norma únicamente pretende facilitar el desarrollo de la relación contractual, en tratándose de empresas extranjeras y definir las normas con las que se solucionarán eventuales conflictos que se presenten en el desarrollo de la actividad. Al especificar el artículo citado que los titulares de los contratos, obtenidos al amparo de la Ley de Hidrocarburos, estarán sujetos a la legislación nacional y a la jurisdicción contencioso administrativa de los tribunales costarricenses y que para todos los efectos, la de toda compañía extranjera domiciliada en el país, será considerada como costarricense, pretende evitar futuras complicaciones sobre la definición de la normativa aplicable, en caso de que surjan dificultades durante la ejecución de los contratos; conflictos propios de Derecho Internacional Privado, que con sus normas de reenvío, podrían dificultar la pronta solución del problema. En consecuencia, el artículo 22 del Proyecto, al imponer como requisito previo al otorgamiento del contrato, el domiciliar una sucursal en el país, en caso de empresas cuyo asiento principal de negocios se encuentre en el extranjero, pretende que sean las leyes costarricenses las aplicables en todos los casos, cerrando las posibilidades que los artículos 25, 27 y 28 del Título Preliminar del Código Civil, abren a la aplicación de la ley extranjera en los casos ahí contemplados. DEL REGIMEN SALARIAL: En cuanto al establecimiento de un régimen salarial especial para los funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos, los artículos 9. e), 14 y 15 del Proyecto señalan como atribuciones del Consejo Técnico de la Dirección, la determinación de la remuneración del Director General y demás funcionarios de dicho órgano, así como el sometimiento de estos servidores al régimen de prohibición establecido en la Ley #5867, estima la Sala que, de conformidad con lo expuesto en el punto XXI anterior en el sentido de que los funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos, al igual que los demás servidores pertenecientes a la Administración Pública Central, deben incorporarse al Régimen del Servicio Civil; máxime de si, como en este caso, se trata de un órgano desconcentrado del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas. En consecuencia, se les debe aplicar el artículo 48, inciso b) del Capítulo X del Estatuto del Servicio Civil (Ley #1581 de 30 de mayo de 1953), con base en el cual se emitió la Ley de Salarios de la Administración Pública #2166 de 9 de octubre de 1957 que fija la retribución correspondiente a los puestos desglosados en el Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil. Los salarios de los funcionarios de la Dirección deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa citada, así como los aumentos que reciban y demás beneficios salariales. En cuanto al pago adicional por concepto de prohibición para el ejercicio de otras actividades profesionales que se pretende otorgar a los funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos, de conformidad con la Ley #5867 de 15 de diciembre de 1975 y a lo estipulado en el artículo 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República, al constituir una compensación económica sobre el salario base que fija la Ley de Salarios de la Administración Pública, no considera la Sala que exista inconveniente si se cumplen las estipulaciones de la citada ley y sus reformas. Sin embargo, es importante indicar que el artículo 1 de la Ley #5867 de 15 de diciembre de 1975, reformado por el numeral 35 de la Ley #6999 de 3 de setiembre de 1985, fue impugnando en la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el #1157-91, por considerar el artículo primero, párrafo 1 y 2 inciso 2), contrarios a los numerales 33, 68 y 191 de la Constitución Política. Dicha acción se encuentra pendiente de resolución, por lo que en cuanto a este punto, deberán estarse las autoridades de la Dirección, a lo que ahí se resuelva. Una situación similar se presenta con relación al artículo 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República que prohíbe a una serie de funcionarios celebrar contratos administrativos o participar en los trámites previos a su celebración, pues se encuentra impugnado en las acciones de inconstitucionalidad #1750-91 y #1919-91. ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. Tema: CONSULTA LEGISLATIVA FACULTATIVA Subtemas: NO APLICA. Expediente Legislativo Nº 9573 "Ley de Hidrocarburos" ... Ver más Texto de la resolución Placa12021 EXP.4165-P-93. VOTO Placa12020 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres. Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad formulada por los Diputados William Cordero Gamboa, Luis Villalobos Villalobos, Daniel Aguilar González, Manuel Antonio Bolaños Salas, Víctor Rojas Hidalgo, Solón Chavarría Aguilar, Nury Vargas Aguilar, Roberto Tovar Faja, Víctor Morales Mora y Flory Soto Valerio, en torno al Proyecto de Ley de Hidrocarburos, expediente legislativo No.9573. RESULTANDO I. Manifiestan los Diputados consultantes, que el artículo 3 del Proyecto debe analizarse conjuntamente con el 5 inciso i), en cuanto a la posibilidad de dotar de capacidad contractual y autonomía financiera y presupuestaria a un órgano de la Administración Pública Central. También debe ser objeto de revisión el artículo 9 inciso e), en concordancia con los artículos 14 y 15, dado que establecen un régimen salarial especial para los funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos. Les causa inquietud, del artículo 22, la obligación que impone a las compañías extranjeras interesadas en participar en la actividad, de domiciliar en el país una sucursal, principalmente relacionándolo con el artículo 19 de la Constitución Política; del artículo 24, el traspaso gratuito de bienes, muebles e inmuebles, a que se obliga a los contratistas, al momento de la terminación del contrato, lo cual podría interpretarse como una confiscación contraria al artículo 40 de la Constitución; del artículo 32, la confidencialidad que estatuye de la información y documentación geológica y geofísica de los yacimientos, en concordancia con los principios de igualdad, seguridad y transparencia que deben informar los actos y contratos de la Administración Pública, y particularmente en relación con el artículo 30 de la Constitución; del artículo 40, la disposición que permite poner en posesión al contratista de los bienes inmuebles a expropiar, con sólo consignar a la orden del Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda el monto del avalúo, cuando no se haya podido lograr un acuerdo satisfactorio con el propietario del inmueble. Finalmente cuestionan el artículo 46, en relación con los principios y derecho constitucionales del debido proceso. II. Por resolución de las 11:15 horas del 27 de octubre de 1993, se acumuló a la anterior la consulta tramitada bajo el expediente #4171-93, presentada por los Diputados Víctor Evelio Castro Retana, Sonia Rodríguez Quesada, José Joaquín Chaves Zamora, Edgar Ugalde Alvarez, Daysi Serrano Vargas, Israel Avila Castro, Federico Vargas Peralta, Sigifredo Aiza Campos, Oscar Soley Soler, Marco Antonio González Salazar, Tomás Poblador Soto, Santana Esquivel Ramírez, Gladys Rojas Prado, Manrique Montoya Morales, Carlos Rodríguez Hernández y Karen Olsen Beck, que cuestiona, del mismo Proyecto de ley, el artículo 9 en cuanto confiere a órganos del Poder Ejecutivo -el Consejo Técnico de la Dirección General de Hidrocarburos- la potestad de suscribir contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos directamente, sin necesidad de someterlos a la Asamblea Legislativa, lo que podría afectar el cumplimiento del inciso 14) del artículo 121, en relación con el 19) del 140, de la Constitución Política. Sin embargo, reconocen que el Proyecto establece una serie de lineamentos generales que deben ser observados a la hora de suscribir los contratos, como su plazo y vencimiento, áreas de exploración y explotación y pago al Estado de la renta y regalías. Ya la Sala, en su sentencia #3789-92, sobre la consulta del Proyecto de Ley de Construcción de Obra Pública por Concesión, que en los casos de fuerzas que se obtengan de las aguas de dominio público, los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas y los servicios inalámbricos, si bien la restricción es total y absoluta en cuanto a salir del dominio del Estado, sin embargo, el mismo artículo 121 inciso 14), modera su severidad señalando que pueden ser explotados por la Administración Pública o por particulares de acuerdo con la ley o mediante concesión especial; materia sobre la cual la Procuraduría General de la República manifestó, en el expediente legislativo de esta ley, que la exploración y explotación de sustancias hidrocarburadas debe hacerse mediante concesión especial, la cual requiere ser aprobada por una ley en la que se regulen sus requerimientos y condiciones. Además, en cuanto a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 5, con relación a la facultad otorgada a la Dirección Nacional de Hidrocarburos para contratar empréstitos con entidades nacionales y extranjeras, podría lesionar el inciso 15) del artículo 121 de la Constitución. También señalan los consultantes que las disposiciones que se introducen a la Ley Orgánica del Banco Central, a efecto de liberalizar el 50% del uso de las divisas producto de la eventual exportación de petróleo, podrían dar lugar a una pérdida de la soberanía económica del país, con violación de los artículos 2 y 50 de la Constitución Política. Finalmente, plantean duda en cuanto a que los artículos 9 y 13 del Proyecto crean todo un régimen especial de salarios para los funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos, y establecen la potestad de nombrarlos, ascenderlos y removerlos libremente, en el Director General, excluyéndolos del Servicio Civil, lo que aparentemente contraviene lo estipulado en el artículo 192 de la Constitución y en el Sentencia #1588-91. III. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Piza Escalante; y, CONSIDERANDO I. LA NATURALEZA JURIDICA DE LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS: Uno de los aspectos centrales cuestionados por los diputados, es la naturaleza jurídica del órgano creado en el artículo 3 del Proyecto y las atribuciones de las que está siendo investido, en cuenta la de suscribir contratos en materia de hidrocarburos y contratar empréstitos con entidades nacionales y extranjeras. La Dirección General de Hidrocarburos se crea como órgano del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) para ejercer las funciones que se le asignan respecto de la exploración y explotación de sustancias hidrocarburadas. Para cumplir sus propósitos se le otorga capacidad contractual y autonomía financiera y presupuestaria. Del análisis de estos elementos y de las potestades que se le confieren, tanto en el artículo 4, como en los 5.ch) y 5.i) del Proyecto, se concluye que, aunque sería un órgano desconcentrado de la Administración Central, dentro del MIRENEM. sin embargo, se le dota de una serie de potestades tales que equivalen a una autonomía administrativa casi plena, que inevitablemente comporta el otorgamiento de una personalidad jurídica incompatible con su condición subalterna. En este sentido, es necesario señalar que, con la creación de la Dirección General, se pretende configurar una institución con el régimen jurídico propio de un ente descentralizado -con capacidad contractual, autonomía financiera y presupuestaria, patrimonio propio, etc.-; bajo la cobertura de un órgano desconcentrado, que por su naturaleza no podría contar, a lo sumo, más que con una personalidad jurídica meramente instrumental. No es posible delegar en la Dirección General competencias atribuidas por la Constitución al Poder Ejecutivo en sentido estricto -Presidente de la República y Ministro de la cartera-, no empece que se le otorgue tal personalidad instrumental. Dicho de otra manera, si el legislador opta por desconcentrar un órgano de una Cartera de Gobierno, no puede dotarlo de personalidad jurídica propia e independiente de ésta, en los términos de administración descentralizada, en tanto el titular de la Cartera integra con el Presidente de la República, el órgano constitucional "Poder Ejecutivo" que es su jerarca necesario; salvo que el legislador opte por crear una verdadera institución descentralizada u autónoma, la cual, en todo caso, requeriría para su creación una ley aprobada por votación no menor de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa (art. 189 Constitución Política), en razón, precisamente, de que su creación implica el desplazamiento de competencias que constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo como jerarca de la Administración Central; de lo contrario, se conformaría un régimen de excepción, que puede conducir a una atomización del Poder Ejecutivo y de sus propias competencias que repugna a la ideología constitucional. II.- En la consulta tramitada bajo el #4171-93, acumulada a la anterior, los Diputados cuestionan el artículo 9 del Proyecto, en cuanto confiere potestades al Poder Ejecutivo para la suscripción de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, sin someterlos a aprobación legislativa. Esta norma, junto con la del 13 inciso d), señalan las atribuciones del Consejo Técnico y del Director General de Hidrocarburos, como sigue: "Artículo 9... h) Aprobar los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos". "Artículo 13... d) Firmar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y someterlos a la aprobación del Consejo Técnico." La Sala estima que, de conformidad con su sentencia #3789-92 de las 12:00 horas del 27 de noviembre de 1992, el artículo 121.14) de la Constitución Política contiene tres reglas distintas claramente diferenciadas: " a) La primera, es una norma que habilita a la Asamblea Legislativa para decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación». Por una parte, esta norma es irrestricta en cuanto se refiere a todos los bienes propios de la Nación, y, por otra, reserva a la ley la materia, invalidando actos administrativos de enajenación o aplicación a usos públicos no fundados en ley previa; b) La segunda, prescribe qué bienes no podrán salir definitivamente del dominio del Estado». Para esas categorías, que están enunciadas en los incisos a), b) y c), la restricción es total y absoluta en cuanto a salir del dominio del Estado», pero, de inmediato, la norma modera su severidad advirtiendo que tales categorías de bienes pueden ser explotados por la administración pública o por particulares» de acuerdo con la ley o mediante concesión especial; c) La tercera, es una norma que se refiere específicamente a ciertos bienes (ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales en servicio) no incluidos en las tres categorías de la norma precedente". En consecuencia, la Constitución prevé dos regímenes para explotar esos recursos naturales especialmente protegidos, sin que ninguno de ellos puedan salir del dominio del Estado: Uno, el de las concesiones o contratos otorgados por la Asamblea Legislativa directamente, en uso de una competencia originaria; el otro, su posibilidad sea de explotarlos, por la Administración Pública, sea de encomendarlos a particulares, mediante concesión legalmente otorgada o autorizada. Ambas posibilidades presuponen la competencia de la Asamblea Legislativa para fijar en el caso concreto, o bien regular en una ley general, "condiciones y estipulaciones" imperativas en la ejecución del contrato -como su naturaleza temporal, forma de cumplimiento, obligaciones mínimas del ejecutor, etc.-, las cuales sitúan fuera del alcance de los concesionarios o del acuerdo mismo de las partes, la posibilidad de apartarse de ellas. No es ocioso recordar que el acto administrativo de concesión no adquiere nunca carácter ni rango de ley, aunque sea tramitado y adoptado como tal, (arts. 140.19 y especialmente 124.2 Constitución). III.- Así pues, una de las formas allí establecidas, obviamente previendo lo difícil y complicado que puede resultar el tener que acudir a la Asamblea Legislativa para la aprobación de cada contrato de concesión individual, es la de una ley general regulatoria del proceso de contratación, comúnmente conocida como "ley marco". En este caso, la Asamblea Legislativa inviste en la Administración Pública la potestad de otorgar concesiones específicas, competencia que, claro está, no comprende la de sustituir del todo la función de la primera, como se dirá adelante. En esta hipótesis, el delegado puede ser cualquier ente del ámbito público -tanto el propio Poder Ejecutivo, órgano normal de la contratación administrativa (art.140 inc.14 Constitución), como cualquier otra entidad descentralizada de la Administración Pública- pero no, como se propone en el Proyecto, un simple órgano desconcentrado dentro de una cartera del Ejecutivo. VI.- La Dirección Nacional de Hidrocarburos, como oficina técnica del MIRENEM puede, naturalmente, participar en las negociaciones para el otorgamiento y disciplina de las concesiones, incluso para la suscripción de los contratos previstos y la fiscalización de su ejecución. También puede ser encargada de realizar directamente las tareas de exploración y de explotación, en su calidad de órgano especializado del Ministerio en la materia; pero siempre respetando los preceptos del inciso 19) del artículo 140 de la Constitución, que son, como se dijo, generales y de principio, según los cuales: "Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:... 19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del Estado."... V.- Esta norma inviste al Poder Ejecutivo de competencia constitucional originaria para la suscripción de los contratos administrativos, sea que se convengan con particulares o con otros entes públicos -como contratos administrativos que son-, de conformidad con lo cual, y también a la luz del esquema de separación de funciones de los Poderes del Estado, es potestad privativa del Poder Ejecutivo, específicamente el Presidente conjuntamente con el Ministro del ramo, mientras que el artículo 121 inciso 14), en las materias reservadas por la propia Constitución en virtud de su importancia capital, no dispone expresamente dicha competencia, cuando la Asamblea Legislativa no opte por otorgar ella misma la concesión, sino por regularla a efecto de que lo haga la Administración; de lo cual, sin embargo, no cabe inferir, ni que el régimen administrativo de unas u otras concesiones sea distinto -incluso en las otorgadas directamente por la Asamblea, como lo prevé el artículo 124, párrafo segundo-, ni que la competencia genérica del Poder Ejecutivo excluya la posibilidad de desplazarla por ley a entidades descentralizadas con personalidad jurídica propia diferente de la del Estado, o a los demás Poderes Públicos, pero sí que toda la contratación de la Administración Central -Poder Ejecutivo, y sus dependencias- debe entenderse reservada constitucionalmente al órgano titular, Presidente de la República y Ministro del ramo respectivo, de manera que sí resulta contrario a las normas u principios dichos de la Carta Magna que se autorice para otorgar concesiones o celebrar contratos administrativos a órganos subordinados de dicha Administración Central, como es el caso de la Dirección General de Hidrocarburos propuesta en el Proyecto. Por esta razón, deben considerarse inconstitucionales las disposiciones de los artículo 3, 4, 10, 12, 13, 16 y 17 en cuanto constituyen la Dirección General de Hidrocarburos, sin salir de la esfera del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, con características y competencias que equivalen a las de una persona jurídica pública, con violación de las propias del Poder Ejecutivo en lo que se refiere a la Administración Central, así como las disposiciones de los artículos 3, 4, 5 en su incisos ch) en cuanto a la atribución de celebrar actos y contratos reservados al Poder Ejecutivo, d) en lo relativo a la referencia a "su patrimonio", e) en lo referente a la disposición de excedentes-, i), lo mismo los artículos 9, 12 y 17, particularmente en cuanto otorgan a la Dirección General y, en su caso, al Consejo Técnico de Hidrocarburos, competencias para celebrar y cancelar las concesiones o contratos en materia de exploración y explotación de hidrocarburos o en conexión con ellas; para contratar empréstitos nacionales o extranjeros; para adquirir, construir o disponer de inmuebles; para percibir o administrar utilidades propias; todo lo cual debe entenderse reservado al Poder Ejecutivo como tal -Presidente de la República y Ministro del ramo-sin perjuicio de las limitadas delegaciones posibles en el titular de la Cartera, en los términos previstos por la Ley General de la Administración Pública (arts. 21 y siguientes), y del asesoramiento de la Dirección General y del Consejo Técnico, a los cuales se puede reconocer también atribuciones administrativas propias en las demás materias. VI.- SOBRE EL REGIMEN DE EXPROPIACION: Manifiestan también los Diputados que debe analizarse el artículo 40 del Proyecto, que permite al MIRENEM expropiar los inmuebles que sean necesarios para la exploración y explotación de hidrocarburos y autorizar al contratista a iniciar los trabajos, consignando el monto estipulado en el avalúo realizado por Tributación Directa a la orden del Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de no lograrse un acuerdo satisfactorio con el propietario del inmueble. Por sentencia #4266-93, ya la Sala indicó que el artículo 45 de la Constitución Política garantiza la previa indemnización al expropiado como requisito para que la entidad expropiante pueda entrar en posesión del bien, dado el despojo que sufre el propietario de los derechos de posesión, usufructo, uso, transformación y enajenación. Sin embargo, el pago actual de la propiedad puede sustituirse por el depósito provisional del valor de la propiedad que fije la Dirección General de la Tributación Directa, mediante el procedimiento expropiatorio usual, a efecto de que el concesionario pueda entrar en posesión del bien o derecho expropiado, pero a condición de que la toma de posesión debe ser autorizada por el juez de la expropiación, pronunciándose expresamente sobre la necesidad de la misma anticipadamente a la resolución definitiva, y siempre que el expropiado la autorice o retire el precio depositado, "esto último de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de esta Sala #4266-93 de las 15:48 horas del 31 de agosto de 1993". VII.- SOBRE LAS POTESTADES PRESUPUESTARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS: Aparte de lo dicho en cuanto a que la Dirección Nacional de Hidrocarburos -que se constituye por esta ley- no puede ser ésta una entidad jurídica independiente del Ministerio al que pertenece ni mucho menos actuar con la autonomía propia del régimen de las instituciones descentralizadas del Poder Ejecutivo. Resaltan del Proyecto las atribuciones hacendarias que se asignan a esa Dirección. En efecto, los artículos 3 y 9.ch) pretenden que la Dirección funja como una tesorería revestida de un fuero especial frente a la Tesorería Nacional recibiendo, presupuestando y girando fondos públicos, lo que se enfrenta abiertamente al "TITULO XIII" sobre la "HACIENDA PUBLICA" de la Constitución, en concreto con los artículo 176, 180, y 185; dice el primero: "Artículo 176.- El presupuesto de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados, de la Administración Pública, durante todo el año económico. en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. Las municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar presupuestos. El Presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre" Esta cláusula regula lo que se ha denominado el principio de caja única del Estado por el que todos los ingresos han de incorporarse al Presupuesto de la República y son asignados a las diferentes dependencias estatales de conformidad con las necesidades públicas. VIII.- La Constitución también le impediría a la Dirección de Hidrocarburos preparar su propio presupuesto de ingresos y de gastos, labor reservada al Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro de Hacienda, art.140 CP) por el artículo 177 de la constitución; y estaría ausente la función de tutela de la Asamblea Legislativa sin cuya aprobación esos gastos no podrían girarse. Al respecto, el artículo 180 de la Constitución es claro en cuanto declara que los agentes del Estado ven limitadas sus atribuciones por lo dispuesto en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Veáse el texto: "Artículo 180.- El Presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. Todo Proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior. Sin embargo, cuando la Asamblea Legislativa esté en receso, el Poder ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales casos la Contraloría podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará la convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento." Es entonces por medio de nuevas leyes que se puede modificar el contenido de lo presupuesto y no por actos administrativos dictados por el jerarca de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio. IX.- Aunado a estos aspectos de captación y asignación de los renglones en los que se emplearán estos recursos públicos, los artículos 3 y 9.ch) del Proyecto permitiría a la Dirección girar directamente los dineros captados en virtud de la actividad de explotación de los recursos naturales hidrocarburados, incurriendo en otra transgresión a la Constitución, en esta ocasión al artículo 185 cuyo texto es este: "Artículo 185.- La tesorería nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a título de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales." X.- Por ello es absolutamente inconstitucional autorizar a una Dirección que forma parte de una Cartera del Poder Ejecutivo, cuyo titular es un obligado colaborador del Presidente de la República y no su par, para percibir, presupuestar y girar fondos públicos a su entera conveniencia; lo cual implica, además, otra violación constitucional la del texto y doctrina de los artículos 121 inciso 11), 176 y siguientes que regulan el Presupuesto Nacional y, por consiguiente la previsión, la autorización legislativa expresa, el manejo, la disposición y la liquidación de los fondos públicos, creándose en el Proyecto lo que el lenguaje popular ha bautizado con el nombre de "cajas chicas", al margen de las normas, la prudencia y el control en el manejo de la Hacienda Pública. En consecuencia la Sala considera inconstitucional el artículo 3, el cual sugiere eliminar del Proyecto. XI.- En contraste, no estima la Sala que sea inconstitucional que, por mandato legal, se orienten los recursos generados por la actividad de explotación de hidrocarburos o producto de la propia gestión de la Administración, debidamente presupuestados por el Poder Ejecutivo y autorizados por la Asamblea Legislativa, hacia los gastos propios del Ministerio o con mayor precisión, de la Dirección de Hidrocarburos, por consistir éste un órgano desconcentrado. (artículo 9 inciso 1) del Proyecto. XII.- SOBRE LA PROTECCION DEL AMBIENTE: El artículo 26 del Proyecto, no exige a la Administración Pública estudios técnicos en materia ambiental que garanticen a los costarricenses que su derecho a un ambiente sano no será perturbado o conculcado por la actividad de exploración y explotación de los recursos naturales hidrocarburados, de previo a otorgar la concesión a una persona física o jurídica privada. En su lugar el Proyecto escoge la vía inversa: otorgar la concesión y luego exigir los estudios sobre el efecto que esas actividades producirán en el ambiente. Pero lo más grave es que no se prevé una consecuencia directa del incumplimiento de esas exigencias, dejando a merced del libre arbitrio de los funcionarios competentes, la decisión sobre el punto. Estima la Sala que el tema debe ser analizado desde la perspectiva constitucional en aras de garantizar la protección del derecho a un ambiente sano ampliamente reconocido y protegido por esta jurisdicción y expresamente contemplado por el artículo 89 de la Constitución que establece: "Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico." XIII.- El término "bellezas naturales" era el empleado al momento de promulgarse la Constitución, (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho; el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de un derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma. Ningún resultado racional puede producir la negación de nuestra fragilidad como seres animados, dependientes del entorno para nuestra subsistencia y la de generaciones futuras. XIV.- De esta segunda visión del tema ambiental, se hace posible revestir a los derechos individuales clásicos de las condiciones necesarias para su pleno disfrute y ejercicio, en especial del derecho a la vida particularmente reforzado por nuestro artículo 21 constitucional, que la declara inviolable. Así, de la necesidad de disfrutar plenamente de los derechos humanos, surgen normas directamente derivadas de las fundamentales -entendidas como las ya consagradas en el texto constitucional- que operan como condiciones instrumentales para su preservación y ejercicio. Por ello las condiciones necesarias para la protección de los derechos fundamentales, se constituyen en verdaderos derechos independientes y exigibles con autonomía de aquéllos. Son verdaderas normas subconstitucionales como las denomina la doctrina, surgidas de la interpretación armónica del derecho de la Constitución; como por ejemplo la relación género-especie entre la libertad de comercio y la libertad de contratación según lo desarrolló la Corte Plana en funciones de tribunal constitucional, en la sentencia de 26-8-82. La segunda como consecuencia de la primera, es una condición indispensable para su ejercicio y sin embargo un derecho autónomo a la vez. XV.- Por ello podemos afirmar que del derecho a la vida y de la obligación estatal de "proteger las bellezas naturales" contenidos en los artículos 21 y 89 de la Constitución, surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como son los de la salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales o no sería posible el ejercicio de los primeros, o su disfrute se vería severamente limitado. XVI.- El derecho a la Salud, como derecho humano, fue reconocido por la Sala en tempranas sentencias, como la #56-90 que declaró ese derecho como irrenunciable; y la sentencia #1755-90 en la que se dijo: "En el presente caso, está de por medio del derecho a la Salud, derecho fundamental del ser humano -en la medida en que la vida depende en gran parte de su respecto- de tal forma que conforme a nuestra Constitución Política, artículos 10 y 48, y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la materia objeto del presente recurso... sí se constituye en objeto de obligado conocimiento de esta instancia, en la medida en que involucra la presunta violación de un derecho constitucional..." De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera de ilustración podemos citar las sentencias 1580-90; 1833-91; 2362-91; 2728-91; 1297-92; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido. XVII.- Dentro de este proceso lógico de integración y desarrollo de los valores constitucionales, empleando como instrumento jurídico la interpretación lógico sistemática de los mismos, la enmienda al artículo 48 de la Constitución operada en 1989, ha ampliado de manera singular el catálogo de derechos humanos susceptibles de protección judicial al remitirnos expresamente al derecho internacional contenido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, debidamente suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país. Ordenamiento jurídico supranacional que debemos integrar al análisis del Proyecto de Ley consultado en virtud del rango superior a las leyes que le otorga el artículo 7° de la Constitución. XVIII.- En efecto, Costa Rica ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que protegen nuestra riqueza ecológica y que en el fuero interno, son legislación plenamente aplicable -y de exibilidad judicial directa- al caso sobre todo por la posibilidad de explotar los recursos hidrocarburados en otras áreas no parte del régimen de parques nacionales. Por ello resulta imprescindible revisar qué otras áreas o biosistemas estarían vedados a esta actividad o en los que es necesario cumplir otras exigencias. XIX.- En Primer término podemos citar como directamente atinente a la materia que nos ocupa: A) El "CONVENIO SOBRE LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS", Firmado en México D.F. el 29 de diciembre de 1972 y aprobado por la Asamblea Legislativa por ley #5566 de 13 de agosto de 1964 que impide "la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida humana, reducir las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar" (art. 1°), materias especificadas en el Anexo Primero que en su inciso 5° incluye diferentes derivados de los hidrocarburos. El Convenio exige permisos del Estado ribereño para verter ciertos desechos autorizados. B) El "CONVENIO PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO Y SU PROTOCOLO DE COOPERACION PARA COMBATIR LOS DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN LA REGION DEL GRAN CARIBE", abierto a la firma en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983 y en Bogotá del 25 de marzo de 1983 al 23 de marzo de 1984; aprobado por la Asamblea Legislativa por ley #7227 de 12 de abril de 1991, el que tiene como objeto "prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del convenio y para asegurar una ordenación racional del medio". Destacan el artículo 10 que otorga especial importancia a "los ecosistemas raros y vulnerables, así como el hábitat de especies diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción"; y se comprometen los Estados partes a constituir zonas protegidas. El artículo 12 obliga a "elaborar directrices técnicas y de otra índole que sirvan de ayuda en la planificación de sus Proyectos de desarrollo importantes", que sirvan para prevenir la contaminación del medio marino. C).- El "CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO", Adoptado en Viena el 22 de marzo de 1985, aprobado por ley #7228 de 22 de abril de 1991, y su "PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO" suscrito en Montreal el 16 de setiembre de 1987 y aprobado por ley #7223 de 2 de abril de 1991, que protegen "la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono." CH).- La "CONVENCION DE LA ONU SOBRE DERECHO DEL MAR", suscrita en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 y aprobada por ley #7291, publicada el 15 de julio de 1992, que regula lo concerniente a la explotación de los recursos naturales en la plataforma continental. D). CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS", suscrito en Ramsar el 2 de febrero de 1971 y aprobado por ley #7224 de 2 de abril de 1991, por el que se protegen los humedales entendidos como "extensiones de marismas, pantanos, tueberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros"; así como a las aves acuáticas que son aquellas que dependen de las zonas húmedas. (Art. 1°) E).- La "CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL" Suscrita en París el 23 de noviembre de 1972 y aprobada por ley #5980 de 23 de octubre de 1966, por la que se obliga a la conservación del patrimonio cultural, definido como la protección de monumentos de un valor excepcional universal como cavernas; de conjuntos de edificaciones; de lugares como obras de la naturaleza. Además declara patrimonio natural a las formaciones físicas o biológicas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas. F).- La "CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMERICA". Adoptada en Washington el 3 de marzo de 1973 y aprobada por ley #3763 de 19 de octubre de 1976, que define las diferencias entre los parques nacionales, reservas naturales, los monumentos naturales, las reservas de regiones vírgenes y prohíbe alterar los límites de los parques nacionales sino es por ley y explotar sus riquezas con fines comerciales. En cuanto a las reservas de regiones vírgenes permite un uso compatible con las mismas. (arts.1 y 2). G).- "CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES", de la O.I.T. Conocido como convenio #169 que introdujo reformas al anterior #107. Este convenio otorga preferencia a las comunidades indígenas en cuanto a la explotación de las riquezas naturales que existan dentro de los territorios que les pertenecen. XX.- Todas estos instrumentos internacionales son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas por el Proyecto de Ley sobre Hidrocarburos en tanto el rango normativo de aquéllos es superior. En consecuencia lo dispuesto por el artículo 41 párrafo 2° del Proyecto que exige los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de exploración o explotación sobre todo en caso de particulares, es contraria a los fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental, en tanto el contrato una vez suscrito crea derechos en favor del interesado. Por ello estima la Sala que el artículo 41 prf. 2° es inconstitucional en este aspecto. XXI.- SOBRE EL REGIMEN LABORAL DE LA DIRECCION: Señalan los diputados que el artículo 9 inciso e), en relación con los numerales 13, 14 y 15 del Proyecto, crean todo un régimen especial de salarios para los funcionarios de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y le conceden al Director General de Hidrocarburos la potestad de nombrar, ascender y remover libremente a dichos servidores; segregándolo del régimen del Servicio Civil, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 192 de la Constitución y lo resuelto en la sentencia de esta Sala #1588-91. En cuanto a la exclusión de los funcionarios de la Dirección Nacional de Hidrocarburos del Régimen del Servicio Civil, estima la Sala que tanto la descentralización como la desconcentración dentro de la Administración Pública, deben interpretarse como el traslado del ejercicio de funciones especializadas hacia entes u órganos públicos con el objeto de permitir el desarrollo técnico de los fines elegidos por el legislador; pero esta condición de descentralización o de desconcentración no presupone la constitución de un régimen de servicio público segregado que pudiese admitir diferencias en detrimento o de privilegio de los servidores de este tipo de agencias públicas. Como la Sala expresó en el Considerando V de la sentencia #1696-92, en relación con la aprobación de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política: "...Está claro, también, conforme lo expuesto, que el constituyente quiso adoptar el régimen del Servicio Civil, que cubriera a todos los servidores públicos. Así, dichos numerales buscaron enunciar los principios por los que debía regularse el régimen estatutario del empleado público, con el objeto de evitar injerencias extrañas en las funciones propias de sus servidores..." Es claro que la Constitución al hablar de un sólo régimen aplicable a los servidores públicos, no restringió el concepto de estatuto» al de un instrumento jurídico único, sino que pretende concretar un régimen uniforme de principios y garantías que regulen la protección de los derechos laborales del servidor público; especialmente atendiendo al de su derecho a la estabilidad. Asimismo un régimen universal será una garantía para la Administración Pública de que contará con recursos humanos de la mejor calidad y condición, lo que permitirá el desarrollo eficiente de las funciones. El artículo 13 inciso b) del Proyecto establece como atribución del Director General de Hidrocarburos: "...nombrar, remover y ascender al personal de la Dirección General de Hidrocarburos y celebrar los contratos de trabajo con sus empleados, de conformidad con las disposiciones legales vigentes...". Dicho inciso, debido a la discrecionalidad con la que cuenta el Director General de Hidrocarburos para designar y remover el personal de la Dirección, contraviene los derechos protegidos por la Constitución y desarrollados en el Estatuto del Servicio Civil, en cuanto a la estabilidad en el puesto y categoría de que gozan los funcionarios y empleados públicos, así como la necesaria idoneidad comprobada para su nombramiento. XXII.- SOBRE LA CONTRATACION DE EMPRESTITOS: Los Diputados consultantes, tiene duda también de la constitucionalidad del artículo 5.i) del Proyecto en tanto faculta a la Dirección de Hidrocarburos a contratar empréstitos por sí y ante sí, sin obtener la aprobación previa de la Asamblea Legislativa. Comparte la Sala este criterio por las razones que se dirán. Si bien no hay objeción alguna a que la legislación permita que una institución descentralizada capte recursos públicos como impuestos especialmente diseñados para el fin público asignado al ente, tasas o contribuciones, asunto muy diferente es la posibilidad de que comprometan los fondos públicos al contraer obligaciones de crédito con acreedores internacionales. Y mucho mayor es el obstáculo constitucional si, tal y como se ha desarrollado supra, la Dirección no es uno de aquéllos entes sino uno simplemente desconcentrado e integrado a una cartera de Gobierno. En este sentido, si en el punto I se detalló la falta de personalidad jurídica independiente de la Dirección -personalidad ficta o instrumental- se ha denominado, mucho menos podemos admitir que obligue al Estado costarricense mediante la suscripción de empréstitos. Véase como en la sentencia #1027-90 por la que se evacuó la consulta legislativa hecha por la Asamblea Legislativa respecto de los empréstitos públicos suscritos por el I.C.E., se delimitaron los conceptos de empréstito», de tratado internacional» y se dejó claramente establecido que, aun cuando los empréstitos son contratos administrativos especiales de crédito, y por su naturaleza pueden obligar a un agente del Estado como sujeto de derecho o al Estado mismo, si comprometen los fondos públicos del ente ante un acreedor externo, deben ser sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Dice el texto en lo que interesa: "III.- En cambio la denominación de "empréstitos" designa simplemente los contratos de crédito en los cuales el deudor es un ente público de manera que, tanto lo son aquéllos contraídos por el Estado mismo, como deudor; cuanto por sus instituciones descentralizadas, municipalidades, corporaciones o, en general cualquier persona de derecho público y lo mismo si lo es en favor de un acreedor nacional o extranjero, público o privado, o inclusive, como en el caso de marras, de una entidad de carácter y con personalidad jurídico-internacionales sin que en uno y otro caso cambien, ni tengan por qué cambiar su naturaleza, alcances o efectos, siempre contractuales en sí mismos -obligación de pagarlos puntualmente y garantizar su cumplimiento-, aunque resulten afectados también, en algún grado, por las reservas de derecho público que acompañan inevitablemente a su especial deudor -procedimiento de promulgación, requisitos de validez y eficacia, inembargabilidad de bienes, etc.-..." "V.- En efecto, si bien nuestra Constitución ha considerado conveniente regular los empréstitos en una categoría especial, pasando de un sistema de autorización previa al Poder Ejecutivo para negociarlos, a la exigencia de una votación legislativa calificada para su aprobación en ciertos casos -empréstitos en el exterior o para ser financiados con capital extranjero (art. 121 inc. 15.2)-, lo cierto es que , al no ser confundidos con tratados internacionales, no pueden tener otra naturaleza general que la de los contratos públicos sujetos a aprobación de la Asamblea Legislativa (regulados por lo general por los arts. 124 párrafo 2, y, en su caso, 121 inc. 14) y 140 inc. 19)" "VII... Es evidente que tal aprobación legislativa corresponde más bien a una función tutelar, en ejercicio de un control político sobre el endeudamiento del Estado, que fue una de las preocupaciones del constituyente de 1949, de allí también la exigencia de una votación calificada para el endeudamiento externo." Es absolutamente claro que la Dirección no puede contratar los empréstitos sino que esta será una facultad del Poder Ejecutivo con la aprobación de la Asamblea, según lo manda el artículo 121.15) de la Constitución. En consecuencia el artículo 5.i) del Proyecto es inconstitucional en cuanto permite a la Dirección de Hidrocarburos del MIRENEM suscribir empréstitos sean nacionales, en el exterior o financiados con capital extranjero y además que éstos no sean sometidos a la función de tutela de la Asamblea Legislativa tal y como lo ordena el artículo 121.15) de la Constitución. XXIII.- SOBRE EL TRASPASO GRATUITO DE BIENES: Manifiestan los Diputados que el artículo 24 del Proyecto obliga a los contratistas, al finalizar el contrato, a traspasar gratuitamente al Estado los bienes muebles e inmuebles utilizados en la exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual podría interpretarse como una confiscación contraria al artículo 40 de la Constitución Política. Estima la Sala que esto no es así por el hecho de que el traspaso gratuito a nombre del Estado de los bienes del contratista, está establecido en una cláusula incorporada al contrato por imperativo legal, previamente conocida y aceptada por éste al participar voluntariamente en el concurso que podría favorecerlo con el otorgamiento de la concesión. En este sentido dicha norma no tiene carácter confiscatorio en los términos del artículo 40 de la Constitución Política que determina la prohibición de imponer una pena cuyo efecto consista en privar al administrado de bienes de su propiedad, al ser una de las cláusulas del contrato voluntariamente aceptado por el interesado. En la ley bajo consulta se establecen una serie de directrices y limitaciones que impone el Estado para el otorgamiento de las concesiones y la explotación de la actividad por parte de los contratistas, así como se imponen ciertos lineamentos en cuanto al término del contrato y el área de exploración y explotación, por lo que la cesión gratuita de los bienes a favor del Estado al finalizar el contrato, no es más que una condición adicional que el concesionario deberá cumplir. XXIV.- SOBRE EL PROCESO DE NULIDAD Y EL DEBIDO PROCESO LEGAL: El artículo 46 del Proyecto es cuestionado en relación con la garantía constitucional del debido proceso. Este numeral define las causales de caducidad del contrato y en sus dos últimos párrafos establece que el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, después del estudio de la situación, concederá un plazo no mayor de 30 días hábiles para que, en caso de incumplimiento de la obligaciones del acuerdo o de interrupción de los programas de exploración o explotación, la empresa cumpla lo estipulado en el contrato o en su caso, formule su defensa; después de lo cual se procederá a declarar la caducidad. El artículo también detalla las reglas sobre comunicación a los interesados de las resoluciones del Ministerio y establece que deben hacerse por medio de notificación en el domicilio que la empresa designe dentro del perímetro judicial de San José o personalmente en las oficinas del Ministerio. La Sala no considera que este artículo del Proyecto incumpla los principios y derechos que consagra la garantía del debido proceso. Al estar estipulada expresamente la audiencia al perjudicado, y la comunicación de los cargos así como la notificación de la resolución del Ministerio, deben entenderse también incorporados los demás derechos que garantizan al administrado el desarrollo de un procedimiento justo. En este sentido, es necesario indicar que en el artículo deben entenderse protegidos los derechos que la Sala definió en el Voto #15-90 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, como parte del debido proceso en materia administrativa: "... a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada..." XXV.- DERECHO A LA INFORMACION: Consultan los Diputados acerca de la constitucionalidad del artículo 38 del Proyecto que establece la confidencialidad de los informes semestrales que deben rendir los contratistas a la Dirección en relación con las operaciones, inversiones y trabajos efectuados, así como la información y documentación geológica y geofísica de los yacimientos de hidrocarburos que se les solicite, por ser contrario al derecho a la información consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política. Dicha norma constitucional garantiza el libre acceso a los departamentos públicos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, exceptuando los secretos de Estado. En Voto #2450-92 de las 11:04 minutos del 21 de agosto de 1992, la Sala indicó que: "...el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información de asuntos de interés público, no da derecho a cualquier persona a obtener información confidencial o de importancia vital para el Estado y privada de otras. Los artículos 272, 273, 274 de la Ley General de la Administración Pública que desarrollan esos principios constitucionales, claramente excluyen los secretos de Estado y la información confidencial o privada de las partes de un expediente administrativo...". De conformidad con lo expuesto y con lo resuelto por la Sala en la sentencia #880-90 de las 14:25 horas del 1 de agosto de 1990, que señala como únicas limitaciones que en cuanto al derecho a obtener información pública de los departamentos administrativos contempla la norma 30 constitucional: a) siendo un asunto de interés público constituya secreto de Estado o b) que no configure una información de interés público. XXVI.- Como resultado de lo anterior, el derecho a la información tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que, siendo de interés público, se hallen en las oficinas o departamentos administrativos. Es por esto que la naturaleza pública de la información es el elemento cardinal para definir el derecho a solicitarla al órgano o ente público. Por lo que los datos que brinden los contratistas que constituyan informaciones de interés general, son esencialmente públicos y deben estar al alcance de los administrados en aras de permitir la fiscalización y vigilancia de la entidad estatal o de la actividad desarrollada por la empresa concesionaria, razones por las que no son protegidas por el derecho a la confidencialidad enunciada en el artículo 38 del Proyecto. Dentro de estas informaciones se cuentan los datos brindados por los contratistas en los informes semestrales que se refieren a producción, operaciones, inversiones y trabajos realizados por las empresas y cualquier información estadística al respecto. Sin embargo, los datos geológicos y geofísicos compilados por las empresas o compañías contratadas por ellas y las informaciones protegidas por el secreto comercial o económico de las empresas, -tales como sus estados financieros, crediticios, tributarios, sus sistemas o medios técnicos de exploración y explotación, o los procesos, equipos o artículos de su invención particular-, conservan su carácter confidencial debido a su naturaleza eminentemente privada. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario indicar que, por la amplia gama de asuntos que puedan comunicar los contratistas a la Dirección, la Sala no pretende definir la naturaleza pública o privada de cada uno de ellos, sino únicamente proporcionar las pautas o criterios generales que permitan resolver los conflictos que susciten en el futuro. XXVII.- SOBRE LA LICITACION PUBLICA: Señalan los diputados que el artículo 32 del Proyecto debe analizarse en relación con los principios de igualdad, seguridad y transparencia que deben informar los actos y contratos de la Administración Pública. Dicho numeral desarrolla el procedimiento para el otorgamiento de la concesión y determina que la única forma de contratación administrativa válida, en estos casos, es la licitación pública. La Sala considera que el artículo 32 al establecer el procedimiento de licitación pública, para suscribir los contratos de ejecución de actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos, garantiza una participación más amplia y equitativa de los oferentes. Además el citado artículo en el párrafo segundo del inciso a), autoriza a la Dirección a comunicar directamente el objeto del cartel a las principales empresas petroleras nacionales y extranjeras, lo que no transgrede el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, porque favorece la publicidad del cartel, sin perjudicar la igualdad en la participación y la no discriminación de las compañías que cumplan los requisitos necesarios para la contratación. En virtud de lo expuesto la Sala no encuentra motivo para considerar que el artículo 32 del Proyecto desconoce el principio de igualdad o la seguridad y transparencia de los contratos administrativos. XXVIII.- SOBRE LA ASIGNACION DE DIVISAS: El artículo 56 del Proyecto pretende reformar el inciso g) del artículo 94 de la Ley Orgánica del Banco Central, con el objeto de permitir al Banco Central la asignación al concesionario, del 50% de las divisas producto de la exportación de petróleo u otras sustancias hidrocarburadas. Estima la Sala que no existe cuestionamiento constitucional al respecto en tanto, como régimen de excepción, no es diferente a las otros casos de exclusión contemplados por el artículo 94 de la Ley. Es decir, si la misma ley admite ciertos casos en los que la liquidación de divisas no deberá hacerse ante el Banco Central, y la explotación de hidrocarburos es una actividad pública sujeta a concesión, no existe inconstitucionalidad por el hecho de crear una excepción más a la regla. XXIX.- DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONCESIONARIO: En relación con la obligación de los contratistas de domiciliar una sucursal de la compañía en Costa Rica, para poder contratar al amparo de la normativa consultada, es importante indicar que no transgrede derecho fundamental alguno, porque consiste en una obligación impuesta por ley a cargo de la compañía extranjera, como requisito previo a la celebración de contratos en el país en materia de hidrocarburos. Constituye otra cláusula preestablecida al acto convenido, que el eventual contratista está en libertad de cumplir si pretende obtener la concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos. En este sentido, considera la Sala que dicha norma únicamente pretende facilitar el desarrollo de la relación contractual, en tratándose de empresas extranjeras y definir las normas con las que se solucionarán eventuales conflictos que se presenten en el desarrollo de la actividad. Al especificar el artículo citado que los titulares de los contratos, obtenidos al amparo de la Ley de Hidrocarburos, estarán sujetos a la legislación nacional y a la jurisdicción contencioso administrativa de los tribunales costarricenses y que para todos los efectos, la de toda compañía extranjera domiciliada en el país, será considerada como costarricense, pretende evitar futuras complicaciones sobre la definición de la normativa aplicable, en caso de que surjan dificultades durante la ejecución de los contratos; conflictos propios de Derecho Internacional Privado, que con sus normas de reenvío, podrían dificultar la pronta solución del problema. En consecuencia, el artículo 22 del Proyecto, al imponer como requisito previo al otorgamiento del contrato, el domiciliar una sucursal en el país, en caso de empresas cuyo asiento principal de negocios se encuentre en el extranjero, pretende que sean las leyes costarricenses las aplicables en todos los casos, cerrando las posibilidades que los artículos 25, 27 y 28 del Título Preliminar del Código Civil, abren a la aplicación de la ley extranjera en los casos ahí contemplados. XXX.- DEL REGIMEN SALARIAL: En cuanto al establecimiento de un régimen salarial especial para los funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos, los artículos 9. e), 14 y 15 del Proyecto señalan como atribuciones del Consejo Técnico de la Dirección, la determinación de la remuneración del Director General y demás funcionarios de dicho órgano, así como el sometimiento de estos servidores al régimen de prohibición establecido en la Ley #5867, estima la Sala que, de conformidad con lo expuesto en el punto XXI anterior en el sentido de que los funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos, al igual que los demás servidores pertenecientes a la Administración Pública Central, deben incorporarse al Régimen del Servicio Civil; máxime de si, como en este caso, se trata de un órgano desconcentrado del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas. En consecuencia, se les debe aplicar el artículo 48, inciso b) del Capítulo X del Estatuto del Servicio Civil (Ley #1581 de 30 de mayo de 1953), con base en el cual se emitió la Ley de Salarios de la Administración Pública #2166 de 9 de octubre de 1957 que fija la retribución correspondiente a los puestos desglosados en el Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil. Los salarios de los funcionarios de la Dirección deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa citada, así como los aumentos que reciban y demás beneficios salariales. En cuanto al pago adicional por concepto de prohibición para el ejercicio de otras actividades profesionales que se pretende otorgar a los funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos, de conformidad con la Ley #5867 de 15 de diciembre de 1975 y a lo estipulado en el artículo 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República, al constituir una compensación económica sobre el salario base que fija la Ley de Salarios de la Administración Pública, no considera la Sala que exista inconveniente si se cumplen las estipulaciones de la citada ley y sus reformas. Sin embargo, es importante indicar que el artículo 1 de la Ley #5867 de 15 de diciembre de 1975, reformado por el numeral 35 de la Ley #6999 de 3 de setiembre de 1985, fue impugnando en la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el #1157-91, por considerar el artículo primero, párrafo 1 y 2 inciso 2), contrarios a los numerales 33, 68 y 191 de la Constitución Política. Dicha acción se encuentra pendiente de resolución, por lo que en cuanto a este punto, deberán estarse las autoridades de la Dirección, a lo que ahí se resuelva. Una situación similar se presenta con relación al artículo 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República que prohíbe a una serie de funcionarios celebrar contratos administrativos o participar en los trámites previos a su celebración, pues se encuentra impugnado en las acciones de inconstitucionalidad #1750-91 y #1919-91. XXXI.- El Magistrado Piza Escalante salva el voto en lo que se refiere al punto c) Por Tanto y lo emite conforme se consigna a continuación de esta sentencia. Los Magistrados Castro y Solano salvan el voto respecto del apartado c) de la parte resolutiva. POR TANTO Se evacua la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad respecto del Proyecto de Ley de Hidrocarburos, expediente legislativo #9573, en los siguientes términos: A) Son inconstitucionales las disposiciones de los artículos 3, 4, 10, 12, 13, 16 y 17 del Proyecto, en cuanto constituyen la Dirección General de Hidrocarburos, sin salir de la esfera del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, con características y competencias que equivalen a las de una persona jurídica pública, con violación de las propias del Poder Ejecutivo en lo que se refiere a la Administración Central. B) Son también inconstitucionales las disposiciones de los artículos 3, 4, 5, 9, 12 y 17, en cuanto otorgan a la Dirección General y, en su caso, al Consejo Técnico de Hidrocarburos, competencias para celebrar y cancelar las concesiones o contratos en materia de exploración y explotación de hidrocarburos o en conexión con ellas; para contratar empréstitos nacionales o extranjeros; para adquirir, construir o disponer de inmuebles; para percibir o administrar utilidades propias; todo lo cual debe entenderse reservado al Poder Ejecutivo como tal -Presidente de la República y Ministro del ramo-sin perjuicio de las limitadas delegaciones posibles en el titular de la Cartera, en los términos previstos por la Ley General de la Administración Pública (arts. 21 y siguientes), y del asesoramiento de la Dirección General y del Consejo Técnico, a los cuales se puede reconocer también atribuciones administrativas propias en las demás materias. C) No es inconstitucional el artículo 40 del Proyecto, en cuanto permite al concesionario entrar en posesión de los bienes expropiados a su favor mediante el depósito del valor provisionalmente fijado por la Dirección General de la Tributación Directa, a condición de que la toma de posesión deba ser autorizada por el juez de la expropiación, pronunciándose expresamente sobre su necesidad anticipada a la resolución definitiva y siempre que el expropiado la autorice o retire el precio depositado. CH) Es contrario a los artículos 176, 177, 180 y 185 de la Constitución los artículo 3 y 9.ch) del Proyecto por el hecho de permitir que la Dirección de Hidrocarburos capte, presupueste y disponga de los dinero recaudados por concepto de la exploración y explotación de sustancias hidrocarburadas. D) Es contrario a los artículos 6, 7, 21, 41, 50, 89 de la constitución y a los instrumentos internacionales suscritos y vigentes en Costa Rica, el artículo 41 párrafo 2° del Proyecto por cuanto permite a los concesionarios presentar los estudios sobre el impacto ambiental que la exploración y explotación de los recursos hidrocarburados pueda producir, después de suscritos los contratos de concesión, y esa misma norma además, por no establecer ningún tipo de sanción si éstos no se presentan o son del todo inaceptables. A estos se agrega el vicio de que adolece el artículo 26 del Proyecto que exceptúa de esta actividad únicamente a los parques nacionales, cuando existen otras áreas especialmente protegidas por Convenciones u otros instrumentos internacionales. E) Es inconstitucional la norma del artículo 38 párrafo segundo del Proyecto, en cuanto establece una garantía de confidencialidad de la información relativa al ejercicio de la exploración y explotación de hidrocarburos, indiscriminadamente, confidencialidad que solo debe proteger aquellos documentos que, por disposición de la ley o por su naturaleza exclusivamente privada, puedan afectar los derechos de particulares, excluyéndose del todo los de carácter público. Al no hacerse esta distinción en el Proyecto, se protegería indebidamente información pública o que, por su naturaleza, debe estar al alcance de todos. F) Estima la Sala que son asimismo inconstitucionales las disposiciones de los artículos 10, 9 e) y 13 b) del Proyecto, que facultan, el primero al Consejo Técnico para elegir al Director General de Hidrocarburos, el tercero al Director General para nombrar, remover y ascender al personal de la Dirección, competencias constitucionalmente reservadas al Poder Ejecutivo, así como en cuanto crean un régimen laboral y salarial privilegiado para los jerarcas, funcionarios y empleados de la Dirección de Hidrocarburos en contravención al contenido de los artículos 191 a 193 de la Constitución y de las sentencias de inconstitucionalidad #1148-90, 1588-91 y 1696-92, que claramente sujetan las relaciones entre el Estado y todos los servidores públicos a un régimen de servicio civil; sin distinguir entre el Poder Ejecutivo, sus entes desconcentrados o los descentralizados. Nombre43949 . Presidente. R. E. Piza E. Jorge E. Castro B. Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G. Carlos Arguedas R. José Luis Molina Q. Gerardo Madriz P. Secretario. VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO PIZA ESCALANTE: El Magistrado Piza salva el voto respecto del punto c) anterior, en cuanto considera que, además de los motivos de inconstitucionalidad expuestos en el voto de mayoría, el juez de la expropiación debe calificar, en incidente contradictorio, la razonabilidad del avalúo administrativo. En todo lo demás concurre con el voto de mayoría. R. E. Piza E. Gerardo Madriz P. Secretario. VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CASTRO Y SOLANO, REDACTA EL ULTIMO: Los suscritos Magistrados salvamos el voto en cuanto al acápite c) de la parte dispositiva de esta opinión consultiva, en base a las siguientes razones: En nuestro criterio no atenta contra el derecho de propiedad, que en un proceso de expropiación, como lo dispone el Proyecto de Ley que se consulta, se autorice por el juez que el concesionario tome posesión del inmueble a expropiar, si ha habido el depósito del precio provisionalmente fijado por la Dirección General de la Tributación Directa. No es indispensable, según nuestro punto de vista, la exigencia que señala la mayoría de la Sala, en el sentido de que para entrar en posesión no solamente se requiere la autorización del juez, sino y además, que haya autorización del expropiado. Si el proceso de expropiación tiene como propósito -con respecto de una participación adecuada del propietario- establecer el justiprecio del inmueble (y eventualmente otros derechos conexos), más bien entendemos que se trata de una exigencia desmedida, que la sola falta de anuencia del propietario, pueda enervar que el concesionario entre en la posesión dicha. No hay una lesión constitucional, aun cuando por motivos de conveniencia, se estime necesario que solamente fijado el precio justo (definitivo), en firme, pueda entrarse en posesión del inmueble. Jorge E. Castro B. Luis Fernando Solano C. Gerardo Madriz P Secretario. Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:10:37. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 06240 - 1993 Date of Resolution: November 26, 1993 at 14:00 Case File: 93-004165-0007-CO Drafted by: Rodolfo Piza Escalante Type of Matter: Optional legislative consultation Constitutional Control: Upholding judgment Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Related Judgments Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 030- Information Subtopics: NOT APPLICABLE. Topic: 050- Environment Subtopics: NOT APPLICABLE. Topic: 121- Powers of the Legislative Assembly Subtopics: NOT APPLICABLE. Topic: 140- Duties and powers of the Executive Branch Subtopics: NOT APPLICABLE. Topic: 185- National Treasury Subtopics: NOT APPLICABLE. “environmental law recognizes the need to preserve the environment not only as a cultural goal, but as a vital necessity for every human being. In this sense, the concept of a right to a healthy environment surpasses the recreational or cultural interests that are also important aspects of life in society, and furthermore constitutes a capital requirement for life itself. No rational result can come from denying our fragility as animate beings, dependent on the environment for our subsistence and that of future generations.” Judgment 6240-93 “…Article 121, subsection 14), regarding matters reserved by the Constitution itself due to their capital importance, does not expressly provide for such competence when the Legislative Assembly chooses not to grant the concession itself, but rather to regulate it so that the Administration does so; from which, however, it cannot be inferred that the administrative regime of some concessions or others is different—even those granted directly by the Assembly…” Judgment 6240-93 “…Indeed, Articles 3 and 9.ch) intend for the Directorate to function as a treasury vested with a special immunity against the National Treasury, receiving, budgeting, and disbursing public funds, which openly conflicts with "TITLE XIII" on "PUBLIC FINANCE" of the Constitution, specifically with Articles 176, 180, and 185 (…) Therefore, it is absolutely unconstitutional to authorize a Directorate that forms part of a Ministry of the Executive Branch, whose head is an obligated collaborator of the President of the Republic and not his peer, to collect, budget, and disburse public funds at its entire convenience (…) Judgment 6240-93 NATURE OF INFORMATION. “This right is based on the community's interest in knowing the activity of the public official, as well as their good or bad performance in the exercise of their office and the information that, being of public interest, is found in administrative offices or departments. This is why the public nature of the information is the cardinal element for defining the right to request it from the public organ or entity.” Judgment 6240-93 It does not expressly provide for such competence when the Legislative Assembly chooses not to grant the concession itself, but rather to regulate it so that the Administration does so; from which, however, it cannot be inferred that the administrative regime of some concessions or others is different—even those granted directly by the Assembly, as provided for in Article 124, second paragraph—nor that the generic competence of the Executive Branch excludes the possibility of transferring it by law to decentralized entities with their own legal personality different from that of the State, or to the other Public Branches, but it does indicate that all contracting by the Central Administration—Executive Branch, and its dependencies—must be understood as constitutionally reserved to the titular organ, the President of the Republic and the respective Minister of the branch, such that it is indeed contrary to the stated norms or principles of the Magna Carta to authorize subordinate organs of said Central Administration to grant concessions or enter into administrative contracts. Judgment 6240-93 ... See more Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: PREVIOUS TOPICS Topic: Hydrocarbons Subtopics: Hydrocarbons Bill. Unconstitutionality of the provisions of Articles 3, 4, 10, 12, 13, 16, and 17 of the Bill. Constitution of the General Directorate of Hydrocarbons without leaving the sphere of the Executive Branch, with characteristics and competences equivalent to those of a public legal entity. Unconstitutionality of the Bill for allowing the Directorate of Hydrocarbons to collect, budget, and dispose of the money raised from the exploration and exploitation of hydrocarbon substances. Unconstitutionality for allowing concessionaires to present the studies on the environmental impact that the exploration and exploitation of hydrocarbon resources may produce, after the concession contracts are signed. Unconstitutionality of Article 38, second paragraph of the Bill, for establishing a guarantee of indiscriminate confidentiality of information related to the exercise of hydrocarbon exploration and exploitation. THE LEGAL NATURE OF THE DIRECTORATE OF HYDROCARBONS: One of the central aspects questioned by the deputies is the legal nature of the organ created in Article 3 of the Bill and the powers with which it is being vested, including the power to sign hydrocarbon contracts and contract loans with national and foreign entities. The General Directorate of Hydrocarbons is created as an organ of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (MIRENEM) to exercise the functions assigned to it regarding the exploration and exploitation of hydrocarbon substances. To fulfill its purposes, it is granted contractual capacity and financial and budgetary autonomy. From the analysis of these elements and the powers conferred upon it, both in Article 4 and in 5.ch) and 5.i) of the Bill, it is concluded that, although it would be a deconcentrated organ of the Central Administration, within MIRENEM, it is nevertheless endowed with a series of powers such that they equate to almost full administrative autonomy, which inevitably entails the granting of a legal personality incompatible with its subordinate condition. In this sense, it is necessary to point out that, with the creation of the General Directorate, the intent is to configure an institution with the legal regime proper to a decentralized entity—with contractual capacity, financial and budgetary autonomy, its own assets, etc.—under the cover of a deconcentrated organ, which by its nature could possess, at most, only a merely instrumental legal personality. It is not possible to delegate to the General Directorate competences attributed by the Constitution to the Executive Branch in the strict sense—President of the Republic and Minister of the ministry—notwithstanding that it is granted such instrumental personality. In other words, if the legislator chooses to deconcentrate an organ of a Government Ministry, it cannot endow it with its own legal personality independent of the latter, in terms of decentralized administration, insofar as the head of the Ministry integrates, with the President of the Republic, the constitutional organ "Executive Branch" which is its necessary superior; unless the legislator chooses to create a true decentralized or autonomous institution, which, in any case, would require for its creation a law approved by a vote of no less than two-thirds of the total members of the Legislative Assembly (Art. 189 Political Constitution), precisely because its creation implies the displacement of competences that constitutionally correspond to the Executive Branch as head of the Central Administration; otherwise, an exceptional regime would be formed, which could lead to an atomization of the Executive Branch and its own competences that is repugnant to constitutional ideology. In the consultation processed under #4171-93, accumulated to the previous one, the Deputies question Article 9 of the Bill, insofar as it confers powers upon the Executive Branch for the signing of hydrocarbon exploration and exploitation contracts, without submitting them to legislative approval. This provision, together with that of 13 subsection d), indicates the powers of the Technical Council and the General Director of Hydrocarbons, as follows: "Article 9... h) Approve contracts for the exploration and exploitation of hydrocarbons". "Article 13... d) Sign the exploration and exploitation contracts for hydrocarbons and submit them for the approval of the Technical Council." The Chamber considers that, in accordance with its judgment #3789-92 of 12:00 hours on November 27, 1992, Article 121.14) of the Political Constitution contains three distinct, clearly differentiated rules: " a) The first is a rule that empowers the Legislative Assembly to decree the alienation or the application to public uses of the Nation's own property. On the one hand, this rule is unrestricted insofar as it refers to all the Nation's own property, and, on the other, it reserves the matter to law, invalidating administrative acts of alienation or application to public uses not based on prior law; b) The second prescribes which property may not definitively leave the domain of the State. For those categories, which are listed in subsections a), b), and c), the restriction is total and absolute regarding leaving the domain of the State, but, immediately, the rule moderates its severity by warning that such categories of property may be exploited by the public administration or by private parties in accordance with the law or by special concession; c) The third is a rule that refers specifically to certain property (railways, docks, and national airports in service) not included in the three categories of the preceding rule". Consequently, the Constitution provides for two regimes to exploit those specially protected natural resources, without any of them being able to leave the domain of the State: One, that of concessions or contracts granted by the Legislative Assembly directly, in use of an original competence; the other, the possibility of exploiting them, either by the Public Administration, or of entrusting them to private parties, by legally granted or authorized concession. Both possibilities presuppose the competence of the Legislative Assembly to set in the specific case, or else to regulate in a general law, imperative "conditions and stipulations" in the execution of the contract—such as its temporary nature, manner of performance, minimum obligations of the executor, etc.—which place beyond the reach of the concessionaires or the agreement of the parties themselves the possibility of departing from them. It is not idle to recall that the administrative act of concession never acquires the character or rank of law, even if it is processed and adopted as such (Arts. 140.19 and especially 124.2 Constitution). Thus, one of the forms established therein, obviously foreseeing how difficult and complicated it can be to have to resort to the Legislative Assembly for the approval of each individual concession contract, is that of a general regulatory law of the contracting process, commonly known as a "framework law". In this case, the Legislative Assembly vests in the Public Administration the power to grant specific concessions, a competence that, of course, does not include that of entirely substituting the function of the former, as will be stated below. In this hypothesis, the delegate can be any entity of the public sphere—both the Executive Branch itself, the normal organ of administrative contracting (Art. 140, subsection 14 Constitution), and any other decentralized entity of the Public Administration—but not, as proposed in the Bill, a simple deconcentrated organ within a ministry of the Executive. The National Directorate of Hydrocarbons, as a technical office of MIRENEM, can naturally participate in the negotiations for the granting and discipline of concessions, including for the signing of the provided contracts and the oversight of their execution. It can also be entrusted with directly carrying out the tasks of exploration and exploitation, in its capacity as a specialized organ of the Ministry in the matter; but always respecting the precepts of subsection 19) of Article 140 of the Constitution, which are, as stated, general and in principle, according to which: "Article 140.- The following are duties and powers that correspond jointly to the President and the respective Minister of Government:... 19) Sign administrative contracts not included in subsection 14) of Article 121 of this Constitution, subject to submitting them for the approval of the Legislative Assembly when they stipulate exemption from taxes or fees, or have as their object the exploitation of public services, resources, or natural wealth of the State."... This rule vests the Executive Branch with original constitutional competence for the signing of administrative contracts, whether they are agreed upon with private parties or with other public entities—as they are administrative contracts—in accordance with which, and also in light of the scheme of separation of functions of the Branches of State, it is the exclusive power of the Executive Branch, specifically the President jointly with the Minister of the branch, whereas Article 121, subsection 14), regarding matters reserved by the Constitution itself due to their capital importance, does not expressly provide for such competence when the Legislative Assembly chooses not to grant the concession itself, but rather to regulate it so that the Administration does so; from which, however, it cannot be inferred that the administrative regime of some concessions or others is different—even those granted directly by the Assembly, as provided for in Article 124, second paragraph—nor that the generic competence of the Executive Branch excludes the possibility of transferring it by law to decentralized entities with their own legal personality different from that of the State, or to the other Public Branches, but it does indicate that all contracting by the Central Administration—Executive Branch, and its dependencies—must be understood as constitutionally reserved to the titular organ, the President of the Republic and the respective Minister of the branch, such that it is indeed contrary to the stated norms or principles of the Magna Carta to authorize subordinate organs of said Central Administration to grant concessions or enter into administrative contracts, as is the case of the General Directorate of Hydrocarbons proposed in the Bill. For this reason, the provisions of Articles 3, 4, 10, 12, 13, 16, and 17 must be considered unconstitutional insofar as they constitute the General Directorate of Hydrocarbons, without leaving the sphere of the Executive Branch through the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, with characteristics and competences equivalent to those of a public legal entity, in violation of those proper to the Executive Branch with regard to the Central Administration, as well as the provisions of Articles 3, 4, 5 in its subsection ch) regarding the power to enter into acts and contracts reserved to the Executive Branch, d) regarding the reference to "its assets", e) regarding the disposal of surpluses—, i), likewise Articles 9, 12, and 17, particularly insofar as they grant the General Directorate and, where applicable, the Technical Council of Hydrocarbons, competences to enter into and cancel concessions or contracts regarding the exploration and exploitation of hydrocarbons or in connection with them; to contract national or foreign loans; to acquire, construct, or dispose of real estate; to receive or administer its own profits; all of which must be understood as reserved to the Executive Branch as such—President of the Republic and Minister of the branch—without prejudice to the limited delegations possible to the head of the Ministry, under the terms provided by the General Law of Public Administration (Arts. 21 and following), and the advisory role of the General Directorate and the Technical Council, to which own administrative powers in other matters may also be recognized. ON THE EXPROPRIATION REGIME: The Deputies also state that Article 40 of the Bill must be analyzed, which allows MIRENEM to expropriate the real estate necessary for the exploration and exploitation of hydrocarbons and to authorize the contractor to begin work, by consigning the amount stipulated in the appraisal carried out by the Direct Taxation Office to the order of the Judge of Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters, if a satisfactory agreement is not reached with the owner of the real estate. By judgment #4266-93, the Chamber already indicated that Article 45 of the Political Constitution guarantees prior indemnification to the expropriated party as a requirement for the expropriating entity to enter into possession of the property, given the dispossession suffered by the owner of the rights of possession, usufruct, use, transformation, and alienation. However, actual payment for the property may be substituted by the provisional deposit of the property value as determined by the General Directorate of Direct Taxation, through the usual expropriation procedure, so that the concessionaire may enter into possession of the expropriated property or right, but on the condition that the taking of possession must be authorized by the judge of the expropriation, expressly ruling on the necessity thereof in advance of the final resolution, and provided that the expropriated party authorizes it or withdraws the deposited price, "the latter in accordance with the provisions of judgment #4266-93 of this Chamber at 15:48 on August 31, 1993". ON THE BUDGETARY POWERS OF THE NATIONAL DIRECTORATE OF HYDROCARBONS: Aside from what has been stated regarding the fact that the National Directorate of Hydrocarbons—which is constituted by this law—cannot be a legal entity independent of the Ministry to which it belongs, much less act with the autonomy proper to the regime of decentralized institutions of the Executive Branch. The Bill highlights the treasury powers assigned to that Directorate. Indeed, Articles 3 and 9.ch) intend for the Directorate to function as a treasury vested with a special immunity against the National Treasury, receiving, budgeting, and disbursing public funds, which openly conflicts with "TITLE XIII" on "PUBLIC FINANCE" of the Constitution, specifically with Articles 176, 180, and 185; the first states: "Article 176.- The budget of the Republic comprises all probable revenues and all authorized expenditures of the Public Administration, during the entire fiscal year. in no case may the amount of budgeted expenditures exceed that of probable revenues. The municipalities and autonomous institutions shall observe the foregoing rules for issuing budgets. The Budget of the Republic shall be issued for a term of one year, from the first of January to the thirty-first of December" This clause regulates what has been called the principle of the State's single treasury, whereby all revenues must be incorporated into the Budget of the Republic and are allocated to the different state dependencies in accordance with public needs. VIII.- The Constitution would also prevent the Directorate of Hydrocarbons from preparing its own revenue and expenditure budget, a task reserved to the Executive Branch (President and Minister of Finance, Art. 140 PC) by Article 177 of the Constitution; and the oversight function of the Legislative Assembly would be absent, without whose approval these expenditures could not be disbursed. In this regard, Article 180 of the Constitution is clear in declaring that state agents' powers are limited by what is provided in the ordinary and extraordinary budgets of the Republic. See the text: "Article 180.- The ordinary budget and the extraordinary budgets constitute the limit of action of the Public Branches for the use and disposition of State resources, and may only be modified by laws initiated by the Executive Branch. Any modification bill that implies an increase or creation of expenditures must be subject to the provisions of the preceding article. However, when the Legislative Assembly is in recess, the Executive Branch may vary the destination of an authorized line item, or open additional credits, but only to meet urgent or unforeseen needs in cases of war, internal commotion, or public calamity. In such cases, the Comptroller's Office may deny its approval to the ordered expenditures and the respective decree shall imply the convening of the Legislative Assembly to extraordinary sessions for its knowledge." It is therefore through new laws that the content of the budget can be modified, and not by administrative acts issued by the head of the Directorate of Hydrocarbons of the Ministry. Added to these aspects of collection and allocation of the line items in which these public resources will be employed, Articles 3 and 9.ch) of the Bill would allow the Directorate to directly disburse the monies collected by virtue of the activity of exploiting hydrocarbon natural resources, thereby incurring another transgression of the Constitution, on this occasion to Article 185, the text of which is as follows: "Article 185.- The national treasury is the center of operations of all national revenue offices; this organism is the only one that has legal authority to pay in the name of the State and to receive the amounts that, as revenue or for any other reason, must enter the national coffers." Therefore, it is absolutely unconstitutional to authorize a Directorate that forms part of a Ministry of the Executive Branch, whose head is an obligated collaborator of the President of the Republic and not his peer, to collect, budget, and disburse public funds at its entire convenience; which implies, moreover, another constitutional violation of the text and doctrine of Articles 121 subsection 11), 176, and following that regulate the National Budget and, consequently, the provision, express legislative authorization, management, disposition, and liquidation of public funds, thereby creating in the Bill what popular language has baptized as "petty cash", outside the norms, prudence, and control in the management of the Public Treasury. Consequently, the Chamber considers Article 3 unconstitutional, which it suggests eliminating from the Bill. In contrast, the Chamber does not consider it unconstitutional that, by legal mandate, the resources generated by the hydrocarbon exploitation activity or resulting from the Administration's own management, duly budgeted by the Executive Branch and authorized by the Legislative Assembly, be directed towards the Ministry's own expenditures or, more precisely, those of the Directorate of Hydrocarbons, as it constitutes a deconcentrated organ (Article 9, subsection 1) of the Bill. ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: Article 26 of the Bill does not require the Public Administration to conduct technical environmental studies to guarantee Costa Ricans that their right to a healthy environment will not be disturbed or violated by the activity of exploration and exploitation of hydrocarbon natural resources, prior to granting the concession to a private individual or legal entity. Instead, the Bill chooses the inverse route: granting the concession and then requiring the studies on the effect that these activities will produce on the environment. But what is most serious is that no direct consequence is provided for non-compliance with these requirements, leaving the decision on the point to the free discretion of the competent officials. The Chamber considers that the issue must be analyzed from the constitutional perspective in order to guarantee the protection of the right to a healthy environment, widely recognized and protected by this jurisdiction and expressly contemplated in Article 89 of the Constitution, which establishes: "Among the cultural goals of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress." The term "natural beauties" was the one employed at the time the Constitution was enacted (November 7, 1949), which today has developed into a legal specialty; environmental law recognizes the need to preserve the environment not only as a cultural goal, but as a vital necessity for every human being. In this sense, the concept of a right to a healthy environment surpasses the recreational or cultural interests that are also important aspects of life in society, and furthermore constitutes a capital requirement for life itself. No rational result can come from denying our fragility as animate beings, dependent on the environment for our subsistence and that of future generations. From this second vision of the environmental topic, it becomes possible to vest classic individual rights with the necessary conditions for their full enjoyment and exercise, especially the right to life, particularly reinforced by our Article 21 of the Constitution, which declares it inviolable. Thus, from the need to fully enjoy human rights, norms arise that are directly derived from fundamental ones—understood as those already enshrined in the constitutional text—and that operate as instrumental conditions for their preservation and exercise. Therefore, the conditions necessary for the protection of fundamental rights become true independent and enforceable rights, with autonomy from the former. They are true sub-constitutional norms, as the doctrine calls them, arising from the harmonious interpretation of constitutional law; such as, for example, the genus-species relationship between freedom of commerce and freedom of contract, as developed by the Full Court acting as a constitutional tribunal in the judgment of 26-8-82. The second, as a consequence of the first, is an indispensable condition for its exercise and yet, at the same time, an autonomous right. Therefore, we can affirm that from the right to life and the state obligation to "protect natural beauties" contained in Articles 21 and 89 of the Constitution, other rights of obligatory protection and equal rank arise, such as those to health and to a healthy environment, in the absence of which either the exercise of the former would not be possible, or their enjoyment would be severely limited. The right to Health, as a human right, was recognized by the Chamber in early judgments, such as #56-90, which declared that right to be inalienable; and judgment #1755-90, in which it was stated: "In the present case, the right to Health is at stake, a fundamental right of the human being—to the extent that life depends to a large extent on its respect—in such a way that, in accordance with our Political Constitution, Articles 10 and 48, and the Law of Constitutional Jurisdiction, the matter subject to this recourse... does constitute an object of obligatory knowledge of this instance, to the extent that it involves the presumed violation of a constitutional right..." Thus, it is clear that there is no longer any doubt about the constitutional protection of the right to health, derived from the right to life, and thereby of a right to a healthy environment. By way of illustration, we can cite judgments 1580-90; 1833-91; 2362-91; 2728-91; 1297-92; 2233-93; 4894-93; which have recognized the right to health and to a healthy environment as a constitutionally protected individual right. Within this logical process of integration and development of constitutional values, using logical-systematic interpretation as a legal instrument, the amendment to Article 48 of the Constitution enacted in 1989 has singularly expanded the catalog of human rights susceptible to judicial protection by expressly referring us to the international law contained in international human rights instruments duly signed, approved, and ratified by our country. A supranational legal order that we must integrate into the analysis of the consulted Bill by virtue of the rank superior to laws granted to it by Article 7 of the Constitution. Indeed, Costa Rica has signed numerous international instruments that protect our ecological wealth and which, in the domestic sphere, constitute fully applicable legislation—and of direct judicial enforceability—to the case, especially given the possibility of exploiting hydrocarbon resources in areas that are not part of the national park regime. Therefore, it is essential to review which other areas or biosystems would be off-limits to this activity or in which it is necessary to comply with other requirements. First, we can cite as directly relevant to the matter at hand: A) The "CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER," signed in Mexico City on December 29, 1972, and approved by the Legislative Assembly through Law #5566 of August 13, 1964, which prevents "pollution of the sea by the dumping of wastes and other matter that may constitute a hazard to human health, harm biological resources and human life, reduce amenities or interfere with other legitimate uses of the sea" (Art. 1), matters specified in Annex I (Anexo Primero) which, in its subsection 5, includes different hydrocarbon derivatives. The Convention requires permits from the coastal State to dump certain authorized wastes. B) The "CONVENTION FOR THE PROTECTION AND DEVELOPMENT OF THE MARINE ENVIRONMENT AND ITS PROTOCOL CONCERNING COOPERATION IN COMBATING OIL SPILLS IN THE WIDER CARIBBEAN REGION," opened for signature in Cartagena de Indias on March 24, 1983, and in Bogotá from March 25, 1983, to March 23, 1984; approved by the Legislative Assembly through Law #7227 of April 12, 1991, whose purpose is to "prevent, reduce and control pollution of the convention area and to ensure sound environmental management." Article 10 stands out, giving special importance to "rare and vulnerable ecosystems, as well as the habitat of depleted, threatened or endangered species"; and the States Parties undertake to establish protected areas. Article 12 obligates them to "develop technical and other guidelines to assist in the planning of their major development projects," which serve to prevent pollution of the marine environment. C) The "VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER," adopted in Vienna on March 22, 1985, approved by Law #7228 of April 22, 1991, and its "MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER," signed in Montreal on September 16, 1987, and approved by Law #7223 of April 2, 1991, which protect "human health and the environment against adverse effects resulting or likely to result from human activities which modify or are likely to modify the ozone layer." CH) The "UN CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA," signed in Montego Bay on December 10, 1982, and approved by Law #7291, published on July 15, 1992, which regulates matters concerning the exploitation of natural resources on the continental shelf. D) The "CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT," signed in Ramsar on February 2, 1971, and approved by Law #7224 of April 2, 1991, which protects wetlands understood as "areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters"; as well as waterfowl, which are those birds dependent on wetlands. (Art. 1) E) The "CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE," signed in Paris on November 23, 1972, and approved by Law #5980 of October 23, 1966, which obligates the conservation of cultural heritage, defined as the protection of monuments of outstanding universal value such as caves; groups of buildings; and sites that are works of nature. It also declares as natural heritage physical or biological formations that constitute the habitat of threatened animal and plant species. F) The "CONVENTION ON NATURE PROTECTION AND WILD LIFE PRESERVATION IN THE WESTERN HEMISPHERE," adopted in Washington on March 3, 1973, and approved by Law #3763 of October 19, 1976, which defines the differences between national parks, natural reserves, natural monuments, and wilderness reserves and prohibits altering the boundaries of national parks except by law and exploiting their resources for commercial purposes. Regarding wilderness reserves, it permits uses compatible with them. (Arts. 1 and 2). G) The "CONVENTION CONCERNING INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES IN INDEPENDENT COUNTRIES," of the I.L.O., known as Convention #169, which introduced reforms to the previous #107. This convention grants preference to indigenous communities regarding the exploitation of natural resources existing within the territories belonging to them. All these international instruments are mandatorily binding and enjoy full enforceability insofar as their norms do not require further legislative development, and therefore must be respected by the Hydrocarbons Bill (Proyecto de Ley sobre Hidrocarburos) since the normative rank of the former is superior. Consequently, the provision of Article 41, paragraph 2 of the Bill, which requires environmental impact studies after the exploration or exploitation concession is approved, especially in the case of private parties, is contrary to the aims, purposes, and constitutional obligations regarding environmental matters, insofar as the contract, once signed, creates rights in favor of the interested party. Therefore, the Chamber considers that Article 41, paragraph 2 is unconstitutional in this aspect. REGARDING THE LABOR REGIME OF THE DIRECTORATE: The deputies indicate that Article 9, subsection e), in relation to numerals 13, 14, and 15 of the Bill, create an entire special salary regime for the officials of the National Directorate of Hydrocarbons (Dirección Nacional de Hidrocarburos) and grant the General Director of Hydrocarbons (Director General de Hidrocarburos) the power to appoint, promote, and freely remove said servants; segregating it from the Civil Service regime, which contravenes the stipulations of Article 192 of the Constitution and what was resolved in this Chamber's judgment #1588-91. Regarding the exclusion of the officials of the National Directorate of Hydrocarbons from the Civil Service Regime, the Chamber considers that both decentralization and deconcentration within the Public Administration must be interpreted as the transfer of the exercise of specialized functions to public entities or bodies with the purpose of allowing the technical development of the ends chosen by the legislator; but this condition of decentralization or deconcentration does not presuppose the constitution of a segregated public service regime that could admit differences to the detriment or privilege of the servants of this type of public agencies. As the Chamber expressed in Considering V (Considerando V) of judgment #1696-92, in relation to the approval of Articles 191 and 192 of the Political Constitution: "...It is also clear, according to what has been set forth, that the constituent body wished to adopt the Civil Service regime, covering all public servants. Thus, said numerals sought to enunciate the principles by which the statutory regime of the public employee should be regulated, with the purpose of avoiding outside interference in the functions proper to its servants..." It is clear that the Constitution, when speaking of a single regime applicable to public servants, did not restrict the concept of statute to that of a single legal instrument, but rather aims to establish a uniform regime of principles and guarantees that regulate the protection of the labor rights of the public servant; especially attending to their right to job stability. Likewise, a universal regime will be a guarantee for the Public Administration that it will have human resources of the best quality and condition, which will allow for the efficient development of its functions. Article 13, subsection b) of the Bill establishes as an attribution of the General Director of Hydrocarbons: "...to appoint, remove, and promote the staff of the Directorate and to enter into employment contracts with its employees, in accordance with the legal provisions in force...". Said subsection, due to the discretionary power held by the General Director of Hydrocarbons to designate and remove the Directorate's staff, contravenes the rights protected by the Constitution and developed in the Civil Service Statute, regarding the stability in the position and category enjoyed by public officials and employees, as well as the necessary proven suitability for their appointment. REGARDING THE CONTRACTING OF LOANS: The consulting Deputies also have doubts about the constitutionality of Article 5.i) of the Bill insofar as it empowers the Directorate of Hydrocarbons to contract loans by itself and for itself, without obtaining the prior approval of the Legislative Assembly. The Chamber shares this criterion for the reasons that will be stated. Although there is no objection whatsoever to legislation allowing a decentralized institution to capture public resources such as taxes specifically designed for the public purpose assigned to the entity, fees, or contributions, a very different matter is the possibility that they may commit public funds by incurring credit obligations with international creditors. And the constitutional obstacle is much greater if, as developed above, the Directorate is not one of those entities but rather a merely deconcentrated one integrated into a Government ministry. In this sense, if in point I the lack of independent legal personality of the Directorate was detailed—it has been termed a fictitious or instrumental personality—much less can we admit that it obligates the Costa Rican State through the signing of loans. See how in judgment #1027-90, through which the legislative consultation made by the Legislative Assembly regarding public loans signed by the ICE was processed, the concepts of loan and international treaty were delimited, and it was clearly established that, even though loans are special administrative credit contracts, and by their nature can obligate an agent of the State as a subject of law or the State itself, if they commit the public funds of the entity before an external creditor, they must be submitted to the approval of the Legislative Assembly. The text states, in the pertinent part: "III.- On the other hand, the denomination of 'loans' (empréstitos) simply designates credit contracts in which the debtor is a public entity, so that both those contracted by the State itself, as debtor, and those by its decentralized institutions, municipalities, corporations, or, in general, any public law person, and the same whether it is in favor of a national or foreign creditor, public or private, or even, as in the case at hand, of an entity of international character and with international legal personality, are included, without their nature, scope, or effects changing, nor having why to change, in either case—they are always contractual in themselves—obligation to pay them punctually and guarantee their fulfillment—although they are also affected, to some degree, by the public law reservations that inevitably accompany their special debtor—promulgation procedure, validity and efficacy requirements, non-attachability of assets, etc...." "V.- Indeed, although our Constitution has deemed it convenient to regulate loans in a special category, moving from a system of prior authorization to the Executive Branch to negotiate them, to the requirement of a qualified legislative vote for their approval in certain cases—loans abroad or to be financed with foreign capital (Art. 121, subsec. 15.2)—the truth is that, not being confused with international treaties, they cannot have any other general nature than that of public contracts subject to the approval of the Legislative Assembly (generally regulated by Arts. 124 paragraph 2, and, where applicable, 121 subsec. 14) and 140 subsec. 19)" "VII... It is evident that such legislative approval corresponds rather to a tutelary function, in the exercise of political control over the State's indebtedness, which was one of the concerns of the 1949 constituent body, hence also the requirement of a qualified vote for external indebtedness." It is absolutely clear that the Directorate cannot contract loans, but rather this will be a power of the Executive Branch with the approval of the Assembly, as mandated by Article 121.15) of the Constitution. Consequently, Article 5.i) of the Bill is unconstitutional insofar as it allows the Directorate of Hydrocarbons of MIRENEM to sign loans, whether domestic, abroad, or financed with foreign capital, and furthermore that these are not submitted to the tutelary function of the Legislative Assembly as ordered by Article 121.15) of the Constitution. REGARDING THE FREE TRANSFER OF ASSETS: The Deputies state that Article 24 of the Bill obligates the contractors, at the end of the contract, to transfer free of charge to the State the movable and immovable property used in the exploration and exploitation of hydrocarbons, which could be interpreted as a confiscation contrary to Article 40 of the Political Constitution. The Chamber considers that this is not so, given that the free transfer to the name of the State of the contractor's assets is established in a clause incorporated into the contract by legal imperative, previously known and accepted by the latter when voluntarily participating in the public tender that could favor them with the granting of the concession. In this sense, said norm does not have a confiscatory character under the terms of Article 40 of the Political Constitution, which determines the prohibition of imposing a penalty whose effect consists of depriving the administered party of their property, as it is one of the clauses of the contract voluntarily accepted by the interested party. The law under consultation establishes a series of directives and limitations imposed by the State for the granting of concessions and the exploitation of the activity by the contractors, just as certain guidelines are imposed regarding the term of the contract and the area of exploration and exploitation, so the free transfer of the assets in favor of the State at the end of the contract is nothing more than an additional condition that the concessionaire must fulfill. REGARDING THE NULLITY PROCESS AND DUE PROCESS OF LAW: Article 46 of the Bill is questioned in relation to the constitutional guarantee of due process. This numeral defines the causes for contract expiration, and in its last two paragraphs establishes that the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, after studying the situation, will grant a period not exceeding 30 business days so that, in case of non-compliance with the obligations of the agreement or interruption of the exploration or exploitation programs, the company fulfills what is stipulated in the contract or, where applicable, formulates its defense; after which the expiration will be declared. The article also details the rules on communication to interested parties of the Ministry's decisions and establishes that they must be made by means of notification at the address designated by the company within the judicial perimeter of San José or personally at the Ministry's offices. The Chamber does not consider that this article of the Bill fails to comply with the principles and rights enshrined in the guarantee of due process. As the hearing for the affected party and the communication of the charges as well as the notification of the Ministry's decision are expressly stipulated, the other rights that guarantee the administered party the development of a fair procedure must also be understood as incorporated. In this sense, it is necessary to indicate that the rights defined by the Chamber in Voto #15-90 of 4:45 p.m. on January 5, 1990, as part of due process in administrative matters, must be understood as protected in the article: "... a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the procedure; b) right to be heard, and opportunity for the interested party to present arguments and produce the evidence they deem pertinent; c) opportunity for the administered party to prepare their allegation, which necessarily includes access to information and administrative records linked to the matter in question; ch) right of the administered party to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; d) adequate notification of the decision issued by the administration and the reasons on which it is based; and e) right of the interested party to appeal the decision issued..." RIGHT TO INFORMATION: The Deputies consult about the constitutionality of Article 38 of the Bill, which establishes the confidentiality of the semi-annual reports that contractors must submit to the Directorate regarding operations, investments, and work carried out, as well as the geological and geophysical information and documentation of the hydrocarbon deposits requested from them, for being contrary to the right to information enshrined in Article 30 of the Political Constitution. Said constitutional norm guarantees free access to public departments for purposes of information on matters of public interest, excepting State secrets. In Voto #2450-92 of 11:04 a.m. on August 21, 1992, the Chamber indicated that: "...free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest does not give any person the right to obtain confidential information or information of vital importance to the State and private to others. Articles 272, 273, 274 of the General Law of Public Administration, which develop these constitutional principles, clearly exclude State secrets and confidential or private information of the parties to an administrative file...". In accordance with the above and with what was resolved by the Chamber in judgment #880-90 of 2:25 p.m. on August 1, 1990, which indicates as the only limitations contemplated by constitutional norm 30 regarding the right to obtain public information from administrative departments: a) if the matter of public interest constitutes a State secret or b) if it does not constitute information of public interest. As a result of the above, the right to information is based on the community's interest in knowing the activity of the public official, as well as their good or bad performance in the exercise of their duties and the information that, being of public interest, is located in the administrative offices or departments. This is why the public nature of the information is the cardinal element for defining the right to request it from the public body or entity. Therefore, the data provided by contractors that constitute information of general interest are essentially public and must be available to the administered parties in order to allow oversight and monitoring of the state entity or the activity developed by the concessionaire company, reasons for which they are not protected by the right to confidentiality stated in Article 38 of the Bill. Among this information are the data provided by contractors in the semi-annual reports referring to production, operations, investments, and work carried out by the companies, and any statistical information in this regard. However, the geological and geophysical data compiled by the companies or firms contracted by them and the information protected by the commercial or economic secret of the companies—such as their financial, credit, or tax statements, their technical exploration and exploitation systems or means, or the processes, equipment, or articles of their particular invention—retain their confidential nature due to their eminently private nature. Without prejudice to the above, it is necessary to indicate that, due to the wide range of matters that contractors may communicate to the Directorate, the Chamber does not intend to define the public or private nature of each one of them, but only to provide the general guidelines or criteria that allow resolving the conflicts that may arise in the future. REGARDING PUBLIC TENDERING: The deputies point out that Article 32 of the Bill must be analyzed in relation to the principles of equality, security, and transparency that should inform the acts and contracts of the Public Administration. Said numeral develops the procedure for granting the concession and determines that the only valid form of administrative contracting, in these cases, is public tendering. The Chamber considers that Article 32, by establishing the public tendering procedure to sign contracts for the execution of activities related to the exploration and exploitation of hydrocarbons, guarantees broader and more equitable participation of the offerors. Furthermore, the cited article, in the second paragraph of subsection a), authorizes the Directorate to directly communicate the subject of the tender documents to the main national and foreign oil companies, which does not violate the principle of equality enshrined in Article 33 of the Political Constitution, because it favors the publicity of the tender documents, without impairing equality in participation and non-discrimination of companies that meet the necessary requirements for contracting. By virtue of the above, the Chamber finds no reason to consider that Article 32 of the Bill disregards the principle of equality or the security and transparency of administrative contracts. REGARDING THE ALLOCATION OF FOREIGN CURRENCY: Article 56 of the Bill aims to reform subsection g) of Article 94 of the Organic Law of the Central Bank, in order to allow the Central Bank to allocate to the concessionaire 50% of the foreign currency resulting from the export of oil or other hydrocarbon substances. The Chamber considers that there is no constitutional question in this regard insofar as, as an exceptional regime, it is no different from the other cases of exclusion contemplated by Article 94 of the Law. That is, if the same law admits certain cases in which the liquidation of foreign currency need not be made before the Central Bank, and the exploitation of hydrocarbons is a public activity subject to concession, there is no unconstitutionality for the fact of creating one more exception to the rule. REGARDING THE LEGAL DOMICILE OF THE CONCESSIONAIRE: Regarding the obligation of contractors to domicile a branch of the company in Costa Rica, in order to contract under the regulations under consultation, it is important to indicate that it does not violate any fundamental right, because it consists of an obligation imposed by law on the foreign company, as a prerequisite for entering into contracts in the country on hydrocarbon matters. It constitutes another clause pre-established for the agreed act, which the eventual contractor is free to fulfill if it seeks to obtain the concession for the exploration and exploitation of hydrocarbons. In this sense, the Chamber considers that said norm only aims to facilitate the development of the contractual relationship, in the case of foreign companies, and to define the norms with which eventual conflicts that arise in the development of the activity will be resolved. By specifying that the holders of contracts obtained under the Hydrocarbons Law (Ley de Hidrocarburos) will be subject to national legislation and the administrative litigation jurisdiction of the Costa Rican courts, and that for all purposes, the branch of any foreign company domiciled in the country will be considered Costa Rican, the cited article aims to avoid future complications regarding the definition of applicable regulations, should difficulties arise during the execution of the contracts; conflicts typical of Private International Law, which, with its renvoi rules, could hinder the prompt solution of the problem. Consequently, Article 22 of the Bill, by imposing as a prerequisite for granting the contract the domiciling of a branch in the country, in the case of companies whose principal place of business is abroad, aims for Costa Rican laws to be applicable in all cases, closing the possibilities that Articles 25, 27, and 28 of the Preliminary Title of the Civil Code open to the application of foreign law in the cases contemplated therein. REGARDING THE SALARY REGIME: Regarding the establishment of a special salary regime for the officials of the Directorate of Hydrocarbons, Articles 9.e), 14, and 15 of the Bill indicate as attributions of the Technical Council of the Directorate the determination of the remuneration of the General Director and other officials of said body, as well as the subjection of these servants to the prohibition regime established in Law #5867. The Chamber considers that, in accordance with what was set forth in point XXI above, in the sense that the officials of the General Directorate of Hydrocarbons, like the other servants belonging to the Central Public Administration, must be incorporated into the Civil Service Regime; especially if, as in this case, it deals with a deconcentrated body of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines. Consequently, Article 48, subsection b) of Chapter X of the Civil Service Statute (Law #1581 of May 30, 1953) must be applied to them, based on which the Public Administration Salary Law #2166 of October 9, 1957, was issued, fixing the corresponding remuneration for the positions broken down in the Descriptive Manual of Civil Service Jobs. The salaries of the Directorate's officials must be adjusted to the provisions of the cited regulations, as well as the increases they receive and other salary benefits. Regarding the additional payment for the concept of prohibition against exercising other professional activities that is intended to be granted to the officials of the Directorate of Hydrocarbons, in accordance with Law #5867 of December 15, 1975, and the stipulations of Article 107 of the Law of the Financial Administration of the Republic, as it constitutes an economic compensation on the base salary fixed by the Public Administration Salary Law, the Chamber does not consider that there is an inconvenience if the stipulations of the cited law and its reforms are complied with. However, it is important to indicate that Article 1 of Law #5867 of December 15, 1975, reformed by numeral 35 of Law #6999 of September 3, 1985, was challenged in the unconstitutionality action processed under #1157-91, for considering the first article, paragraph 1 and 2, subsection 2), contrary to numerals 33, 68, and 191 of the Political Constitution. Said action is pending resolution, so regarding this point, the authorities of the Directorate must abide by what is resolved therein. A similar situation is presented in relation to Article 107 of the Law of the Financial Administration of the Republic, which prohibits a series of officials from entering into administrative contracts or participating in the procedures prior to their execution, as it is challenged in unconstitutionality actions #1750-91 and #1919-91. The following aspects of the bill give them cause for concern: in Article 22, the obligation it imposes on foreign companies interested in participating in the activity to domicile a branch in the country, mainly in relation to Article 19 of the Political Constitution; in Article 24, the free transfer of assets, movable and immovable, to which contractors are obligated upon termination of the contract, which could be interpreted as a confiscation contrary to Article 40 of the Constitution; in Article 32, the confidentiality it establishes for geological and geophysical information and documentation of the deposits, in accordance with the principles of equality, security, and transparency that must inform the acts and contracts of the Public Administration, and particularly in relation to Article 30 of the Constitution; in Article 40, the provision allowing the contractor to be placed in possession of the immovable property to be expropriated by merely depositing the appraisal amount to the order of the Judge of Administrative and Civil Treasury Litigation (Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) when a satisfactory agreement with the property owner could not be achieved. Finally, they question Article 46, in relation to constitutional principles and the right to due process. II. By resolution at 11:15 a.m. on October 27, 1993, the consultation processed under expediente #4171-93, filed by Deputies Víctor Evelio Castro Retana, Sonia Rodríguez Quesada, José Joaquín Chaves Zamora, Edgar Ugalde Alvarez, Daysi Serrano Vargas, Israel Avila Castro, Federico Vargas Peralta, Sigifredo Aiza Campos, Oscar Soley Soler, Marco Antonio González Salazar, Tomás Poblador Soto, Santana Esquivel Ramírez, Gladys Rojas Prado, Manrique Montoya Morales, Carlos Rodríguez Hernández, and Karen Olsen Beck, was consolidated with the prior one. This consultation questions, from the same Bill, Article 9 insofar as it confers upon organs of the Executive Branch – the Technical Council (Consejo Técnico) of the General Directorate of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos) – the power to directly sign contracts for the exploration and exploitation of hydrocarbons, without the need to submit them to the Legislative Assembly, which could affect compliance with subparagraph 14) of Article 121, in relation to subparagraph 19) of Article 140, of the Political Constitution. However, they acknowledge that the Bill establishes a series of general guidelines that must be observed when signing contracts, such as their term and expiration, exploration and exploitation areas, and payment of income and royalties to the State. The Chamber already stated, in its judgment #3789-92, regarding the consultation on the Bill for Construction of Public Works by Concession, that in the cases of forces obtained from public-domain waters, coal deposits, petroleum sources and deposits, and any other hydrocarbon substances, and wireless services, although the restriction is total and absolute regarding leaving the domain of the State, subparagraph 14) of Article 121 nonetheless moderates its severity by indicating that they may be exploited by the Public Administration or by private parties, in accordance with the law or through a special concession; a matter on which the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) stated, in the legislative file for this law, that the exploration and exploitation of hydrocarbon substances must be carried out through a special concession, which requires approval by a law regulating its requirements and conditions. Additionally, regarding the provision in subparagraph i) of Article 5, concerning the power granted to the National Directorate of Hydrocarbons (Dirección Nacional de Hidrocarburos) to contract loans with national and foreign entities, it could violate subparagraph 15) of Article 121 of the Constitution. The petitioners also point out that the provisions introduced into the Organic Law of the Central Bank, aimed at liberalizing 50% of the use of foreign currency resulting from the eventual export of petroleum, could lead to a loss of the country's economic sovereignty, violating Articles 2 and 50 of the Political Constitution. Finally, they raise doubts as to whether Articles 9 and 13 of the Bill create an entirely special salary regime for the officials of the General Directorate of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos) and establish the power of the Director General to freely appoint, promote, and remove them, excluding them from the Civil Service, which apparently contravenes the stipulations of Article 192 of the Constitution and Judgment #1588-91. III. The prescriptions of law have been observed in the proceedings. Drafted by Magistrate Piza Escalante; and, CONSIDERING I. THE LEGAL NATURE OF THE DIRECTORATE OF HYDROCARBONS (DIRECCION DE HIDROCARBUROS): One of the central aspects questioned by the deputies is the legal nature of the organ created in Article 3 of the Bill and the powers with which it is being invested, including that of signing contracts regarding hydrocarbons and contracting loans with national and foreign entities. The General Directorate of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos) is created as an organ of the Ministry of Natural Resources, Energy, and Mines (MIRENEM) to exercise the functions assigned to it regarding the exploration and exploitation of hydrocarbon substances. To fulfill its purposes, it is granted contractual capacity and financial and budgetary autonomy. From the analysis of these elements and the powers conferred upon it, both in Article 4 and in Articles 5.ch) and 5.i) of the Bill, it is concluded that, although it would be a deconcentrated organ of the Central Administration, within MIRENEM, it is nevertheless endowed with a series of powers such that they amount to an almost full administrative autonomy, which inevitably entails the granting of legal personality incompatible with its subordinate condition. In this sense, it is necessary to point out that, with the creation of the General Directorate (Dirección General), the intent is to configure an institution with the legal regime characteristic of a decentralized entity – with contractual capacity, financial and budgetary autonomy, its own assets, etc. – under the cover of a deconcentrated organ, which by its nature could not have, at most, more than a merely instrumental legal personality. It is not possible to delegate to the General Directorate (Dirección General) powers attributed by the Constitution to the Executive Branch in the strict sense – the President of the Republic and the Minister of the relevant portfolio – notwithstanding the granting of such instrumental personality. Put another way, if the legislator opts to deconcentrate an organ of a Government Ministry, it cannot endow it with its own legal personality independent of it, in terms of decentralized administration, as the head of the Ministry, together with the President of the Republic, forms the constitutional organ "Executive Branch" which is their necessary superior; unless the legislator opts to create a true decentralized or autonomous institution, which, in any case, would require for its creation a law approved by a vote of no less than two-thirds of the total membership of the Legislative Assembly (Art. 189 Political Constitution), precisely because its creation implies the displacement of powers that constitutionally correspond to the Executive Branch as the head of the Central Administration; otherwise, an exceptional regime would be formed, which could lead to an atomization of the Executive Branch and its own powers that is repugnant to constitutional ideology. II.- In the consultation processed under #4171-93, consolidated with the prior one, the Deputies question Article 9 of the Bill, insofar as it confers powers upon the Executive Branch for the signing of hydrocarbon exploration and exploitation contracts, without submitting them for legislative approval. This provision, together with that of Article 13, subparagraph d), outlines the powers of the Technical Council (Consejo Técnico) and the Director General of Hydrocarbons (Director General de Hidrocarburos), as follows: "Article 9... h) Approve contracts for the exploration and exploitation of hydrocarbons." "Article 13... d) Sign the hydrocarbon exploration and exploitation contracts and submit them for the approval of the Technical Council (Consejo Técnico)." The Chamber considers that, in accordance with its judgment #3789-92 of 12:00 p.m. on November 27, 1992, Article 121.14) of the Political Constitution contains three distinct, clearly differentiated rules: " a) The first is a provision that empowers the Legislative Assembly to decree the disposal or the application to public uses of the Nation's own property. On one hand, this provision is unrestricted insofar as it refers to all of the Nation's own property, and, on the other, it reserves the matter to the law, invalidating administrative acts of disposal or application to public uses not based on prior law; b) The second prescribes which property may never permanently leave the domain of the State. For these categories, which are stated in subparagraphs a), b), and c), the restriction is total and absolute regarding leaving the domain of the State, but the provision immediately moderates its severity by warning that such categories of property may be exploited by the public administration or by private parties, in accordance with the law or through a special concession; c) The third is a provision that refers specifically to certain property (railways, docks, and national airports in service) not included in the three categories of the preceding provision." Consequently, the Constitution provides for two regimes for exploiting these specially protected natural resources, without any of them being able to leave the domain of the State: One, that of concessions or contracts granted directly by the Legislative Assembly, in exercise of an original power; the other, the possibility of either exploiting them by the Public Administration, or entrusting them to private parties, through a legally granted or authorized concession. Both possibilities presuppose the competence of the Legislative Assembly to establish, in the specific case, or to regulate in a general law, imperative "conditions and stipulations" in the execution of the contract – such as its temporary nature, manner of performance, minimum obligations of the executor, etc. – which place the possibility of departing from them beyond the reach of the concessionaires or the agreement of the parties themselves. It is not idle to recall that the administrative act of concession never acquires the nature or rank of law, even if processed and adopted as such (Arts. 140.19 and especially 124.2 Constitution). III.- Thus, one of the forms established therein, obviously anticipating how difficult and complicated it can be to have to resort to the Legislative Assembly for the approval of each individual concession contract, is that of a general regulatory law for the contracting process, commonly known as a "framework law" (ley marco). In this case, the Legislative Assembly invests the Public Administration with the power to grant specific concessions, a competence that, of course, does not include that of completely substituting the function of the former, as will be discussed later. In this scenario, the delegate may be any entity in the public sphere – whether the Executive Branch itself, the normal organ for administrative contracting (Art. 140, subparagraph 14 Constitution), or any other decentralized entity of the Public Administration – but not, as proposed in the Bill, a mere deconcentrated organ within a ministry of the Executive Branch. VI.- The National Directorate of Hydrocarbons (Dirección Nacional de Hidrocarburos), as a technical office of MIRENEM, may naturally participate in the negotiations for the granting and regulation of concessions, including the signing of the envisaged contracts and the oversight of their execution. It may also be tasked with directly carrying out exploration and exploitation tasks, in its capacity as the specialized organ of the Ministry in this matter; but always respecting the precepts of subparagraph 19) of Article 140 of the Constitution, which are, as stated, general and principle-based, according to which: "Article 140.- The following are duties and powers that correspond jointly to the President and the respective Minister of Government:... 19) Sign administrative contracts not covered by subparagraph 14) of Article 121 of this Constitution, subject to submitting them for the approval of the Legislative Assembly when they stipulate tax or fee exemptions, or have as their object the exploitation of public services, natural resources, or wealth of the State."... V.- This provision invests the Executive Branch with original constitutional competence for the signing of administrative contracts, whether they are agreed upon with private parties or with other public entities – as administrative contracts that they are – in accordance with which, and also in light of the scheme of separation of functions of the Branches of Government, it is the exclusive power of the Executive Branch, specifically the President jointly with the Minister of the relevant portfolio, whereas Article 121, subparagraph 14), in matters reserved by the Constitution itself due to their capital importance, does not expressly stipulate this competence when the Legislative Assembly opts not to grant the concession itself, but rather to regulate it so that the Administration does so; from which, however, it cannot be inferred either that the administrative regime of one or another type of concession is different – even in those granted directly by the Assembly, as provided for in Article 124, second paragraph – or that the generic competence of the Executive Branch excludes the possibility of transferring it by law to decentralized entities with their own legal personality different from that of the State, or to the other Public Branches, but rather that all contracting by the Central Administration – the Executive Branch and its dependencies – must be understood as constitutionally reserved to the titular organ, the President of the Republic and the Minister of the respective portfolio, so that it is indeed contrary to the stated norms or principles of the Magna Carta to authorize subordinate organs of said Central Administration to grant concessions or enter into administrative contracts, as is the case with the General Directorate of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos) proposed in the Bill. For this reason, the provisions of Articles 3, 4, 10, 12, 13, 16, and 17 must be considered unconstitutional insofar as they constitute the General Directorate of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos), without leaving the sphere of the Executive Branch through the Ministry of Natural Resources, Energy, and Mines, with characteristics and powers equivalent to those of a public legal person, violating those of the Executive Branch concerning the Central Administration. Also unconstitutional are the provisions of Articles 3, 4, and 5, in its subparagraphs ch) regarding the power to carry out acts and contracts reserved to the Executive Branch, d) regarding the reference to "its assets," e) regarding the disposition of surpluses, and i); likewise Articles 9, 12, and 17, particularly insofar as they grant the General Directorate (Dirección General) and, where applicable, the Technical Council of Hydrocarbons (Consejo Técnico de Hidrocarburos), powers to enter into and cancel concessions or contracts regarding hydrocarbon exploration and exploitation or in connection with them; to contract national or foreign loans; to acquire, construct, or dispose of real estate; to collect or administer their own profits; all of which must be understood as reserved to the Executive Branch as such – the President of the Republic and the Minister of the relevant portfolio – without prejudice to the limited delegations possible to the head of the Ministry, under the terms provided for by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Arts. 21 et seq.), and to the advisory role of the General Directorate (Dirección General) and the Technical Council (Consejo Técnico), to which may also be recognized their own administrative powers in other matters. VI.- ON THE EXPROPRIATION REGIME: The Deputies also state that Article 40 of the Bill must be analyzed, which allows MIRENEM to expropriate the real estate necessary for hydrocarbon exploration and exploitation and to authorize the contractor to begin work, by depositing the amount stipulated in the appraisal conducted by the Direct Taxation Office (Tributación Directa) to the order of the Judge of Administrative and Civil Treasury Litigation (Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), if a satisfactory agreement with the property owner cannot be achieved. Through judgment #4266-93, the Chamber already indicated that Article 45 of the Political Constitution guarantees prior compensation to the expropriated party as a requirement for the expropriating entity to enter into possession of the property, given the dispossession suffered by the owner of the rights of possession, usufruct, use, transformation, and disposal. However, the actual payment for the property may be substituted by the provisional deposit of the property value established by the General Directorate of Direct Taxation (Dirección General de la Tributación Directa), through the usual expropriation procedure, so that the concessionaire may enter into possession of the expropriated property or right, but on the condition that the taking of possession must be authorized by the expropriation judge, expressly ruling on the necessity of the same in advance of the final resolution, and provided that the expropriated party authorizes it or withdraws the deposited price, "the latter in accordance with the provisions of judgment #4266-93 of this Chamber, rendered at 3:48 p.m. on August 31, 1993." VII.- ON THE BUDGETARY POWERS OF THE NATIONAL DIRECTORATE OF HYDROCARBONS (DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS): Apart from what has been stated regarding that the National Directorate of Hydrocarbons (Dirección Nacional de Hidrocarburos) – which is constituted by this law – cannot be a legal entity independent of the Ministry to which it belongs, much less act with the autonomy characteristic of the regime of decentralized institutions of the Executive Branch. The treasury powers assigned to this Directorate stand out in the Bill. Indeed, Articles 3 and 9.ch) intend for the Directorate to function as a treasury vested with a special jurisdiction compared to the National Treasury, receiving, budgeting, and disbursing public funds, which openly conflicts with "TITLE XIII" on "PUBLIC FINANCE" of the Constitution, specifically with Articles 176, 180, and 185; the first states: "Article 176.- The budget of the Republic encompasses all probable revenues and all authorized expenditures of the Public Administration throughout the entire fiscal year. In no case may the amount of budgeted expenditures exceed that of probable revenues. Municipalities and autonomous institutions shall observe the foregoing rules when adopting budgets. The Budget of the Republic shall be issued for a term of one year, from the first of January to the thirty-first of December." This clause regulates what has been termed the principle of the single treasury of the State, whereby all revenues must be incorporated into the Budget of the Republic and are allocated to the various state dependencies in accordance with public needs. VIII.- The Constitution would also prevent the Directorate of Hydrocarbons (Dirección de Hidrocarburos) from preparing its own budget of revenues and expenditures, a task reserved to the Executive Branch (President and Minister of Finance, Art. 140 CP) by Article 177 of the Constitution; and the oversight function of the Legislative Assembly would be absent, without whose approval those expenditures could not be disbursed. In this regard, Article 180 of the Constitution is clear in declaring that the agents of the State have their powers limited by what is stipulated in the ordinary and extraordinary budgets of the Republic. See the text: "Article 180.- The ordinary and extraordinary budgets constitute the limit of action of the Public Branches for the use and disposition of State resources, and may only be modified by laws initiated by the Executive Branch. Any modification bill that implies an increase or creation of expenditures must comply with the provisions of the preceding article. However, when the Legislative Assembly is in recess, the Executive Branch may vary the purpose of an authorized line item or open additional credits, but only to meet urgent or unforeseen needs in cases of war, internal disturbance, or public calamity. In such cases, the Comptroller's Office (Contraloría) may deny its approval to the ordered expenditures and the respective decree shall entail calling the Legislative Assembly to extraordinary sessions for its consideration." It is therefore through new laws that the content of the budget may be modified, and not through administrative acts issued by the head of the Directorate of Hydrocarbons (Dirección de Hidrocarburos) of the Ministry. IX.- Added to these aspects of collection and allocation of the items in which these public resources will be used, Articles 3 and 9.ch) of the Bill would allow the Directorate to directly disburse the funds collected by virtue of the activity of exploiting hydrocarbon natural resources, incurring another transgression of the Constitution, on this occasion of Article 185, the text of which is as follows: "Article 185.- The National Treasury is the center of operations for all national revenue offices; this organism is the only one with legal authority to pay on behalf of the State and to receive the amounts that, by way of revenue or for any other reason, must enter the national coffers." X.- Therefore, it is absolutely unconstitutional to authorize a Directorate that forms part of a Ministry of the Executive Branch, whose head is an obligatory collaborator of the President of the Republic and not their equal, to collect, budget, and disburse public funds at its entire convenience; which also implies another constitutional violation, that of the text and doctrine of Articles 121, subparagraph 11), 176, and those that follow, which regulate the National Budget and, consequently, the planning, express legislative authorization, management, disposition, and liquidation of public funds. The Bill creates what popular language has dubbed "slush funds" (cajas chicas), outside the norms, prudence, and control in the management of the Public Treasury. Consequently, the Chamber considers Article 3 unconstitutional, which it suggests be eliminated from the Bill. XI.- In contrast, the Chamber does not consider it unconstitutional for legal mandate to channel the resources generated by the hydrocarbon exploitation activity or resulting from the Administration's own management, duly budgeted by the Executive Branch and authorized by the Legislative Assembly, toward the Ministry's own expenses, or more precisely, those of the Directorate of Hydrocarbons (Dirección de Hidrocarburos), as it is a deconcentrated organ (Article 9, subparagraph 1) of the Bill). XII.- ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: Article 26 of the Bill does not require the Public Administration to conduct technical environmental studies guaranteeing Costa Ricans that their right to a healthy environment will not be disturbed or violated by the activity of exploring and exploiting hydrocarbon natural resources, prior to granting the concession to a private individual or legal entity. Instead, the Bill chooses the opposite path: granting the concession and then requiring studies on the effect these activities will produce on the environment. But what is most serious is that no direct consequence is stipulated for non-compliance with these requirements, leaving the decision on this point to the free discretion of the competent officials. The Chamber considers that the issue must be analyzed from a constitutional perspective to ensure the protection of the right to a healthy environment, widely recognized and protected by this jurisdiction and expressly contemplated by Article 89 of the Constitution, which establishes: "Among the cultural aims of the Republic are: to protect natural beauty, to conserve and develop the historical heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress." XIII.- The term "natural beauty" was that in use at the time the Constitution was enacted (November 7, 1949), which today has developed into a specialty of law; environmental law, which recognizes the need to preserve the environment not solely as a cultural aim, but as a vital necessity for every human being. In this sense, the concept of a right to a healthy environment surpasses recreational or cultural interests, which are also important aspects of life in society, and instead constitutes a capital requirement for life itself. No rational result can be produced by the denial of our fragility as animate beings, dependent on the environment for our subsistence and that of future generations. XIV.- From this second view of the environmental issue, it becomes possible to vest classic individual rights with the conditions necessary for their full enjoyment and exercise, especially the right to life, particularly reinforced by our Article 21 of the Constitution, which declares it inviolable. Thus, from the necessity of fully enjoying human rights, norms arise that are directly derived from fundamental ones – understood as those already enshrined in the constitutional text – operating as instrumental conditions for their preservation and exercise. Therefore, the conditions necessary for the protection of fundamental rights become true independent rights, enforceable autonomously from those. They are true sub-constitutional norms, as doctrine calls them, arising from the harmonious interpretation of constitutional law; as, for example, the genus-species relationship between freedom of commerce and freedom of contract, as developed by the Full Court in its role as constitutional tribunal in the judgment of August 26, 1982. The latter, as a consequence of the former, is an indispensable condition for its exercise and yet an autonomous right at the same time. XV.- Hence, we can affirm that from the right to life and the state obligation to "protect natural beauty," contained in Articles 21 and 89 of the Constitution, other rights arise of obligatory protection and equal rank, such as those to health and a healthy environment, in the absence of which either the exercise of the former would not be possible, or their enjoyment would be severely limited. XVI.- The right to Health, as a human right, was recognized by the Chamber in early judgments, such as #56-90, which declared that right to be inalienable; and judgment #1755-90, in which it was stated: "In the present case, the right to Health is at issue, a fundamental right of the human being – to the extent that life depends greatly on its respect – such that in accordance with our Political Constitution, Articles 10 and 48, and the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the subject matter of this appeal... does constitute an object of obligatory knowledge for this instance, to the extent that it involves the presumed violation of a constitutional right..." Thus, it is clear that there is no longer any doubt about the constitutional protection of the right to health, derived from the right to life, and thereby of a right to a healthy environment. By way of illustration, we can cite judgments 1580-90; 1833-91; 2362-91; 2728-91; 1297-92; 2233-93; 4894-93; which have recognized the right to health and to a healthy environment as an individually, constitutionally protected right. XVII.- Within this logical process of integration and development of constitutional values, using as a legal instrument the logical-systematic interpretation thereof, the amendment to Article 48 of the Constitution carried out in 1989 has singularly expanded the catalog of human rights susceptible to judicial protection by expressly referring us to international law contained in international human rights instruments, duly signed, approved, and ratified by our country. A supranational legal order that we must integrate into the analysis of the consulted Bill by virtue of its rank superior to laws granted by Article 7 of the Constitution. XVIII.- Indeed, Costa Rica has signed numerous international instruments that protect our ecological wealth and that, in the domestic forum, are fully applicable legislation – and directly judicially enforceable – to this case, especially given the possibility of exploiting hydrocarbon resources in areas not part of the national park system. Therefore, it is essential to review what other areas or biosystems would be closed to this activity or in which other requirements must be met. XIX.- Firstly, we can cite as directly pertinent to the matter at hand: A) The "CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER," signed in Mexico City on December 29, 1972, and approved by the Legislative Assembly through law #5566 of August 13, 1964, which prevents "the pollution of the sea by the dumping of wastes and other matter that is liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea" (Art. 1), matters specified in Annex I, which in its paragraph 5 includes various petroleum derivatives. The Convention requires permits from the riparian State to discharge certain authorized wastes. B) The "CONVENIO PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO Y SU PROTOCOLO DE COOPERACION PARA COMBATIR LOS DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN LA REGION DEL GRAN CARIBE", opened for signature in Cartagena de Indias on March 24, 1983 and in Bogotá from March 25, 1983 to March 23, 1984; approved by the Legislative Assembly by Law #7227 of April 12, 1991, whose purpose is to "prevent, reduce and control pollution of the convention's application area and to ensure rational environmental management." Noteworthy is Article 10, which grants special importance to "rare and vulnerable ecosystems, as well as the habitat of depleted, threatened or endangered species"; and the States Parties undertake to establish protected areas. Article 12 requires "developing technical and other guidelines to assist in the planning of their major development projects," which serve to prevent pollution of the marine environment. C).- The "CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO", Adopted in Vienna on March 22, 1985, approved by Law #7228 of April 22, 1991, and its "PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO" signed in Montreal on September 16, 1987 and approved by Law #7223 of April 2, 1991, which protect "human health and the environment against the adverse effects resulting or likely to result from human activities that modify or are likely to modify the ozone layer." CH).- The "CONVENCION DE LA ONU SOBRE DERECHO DEL MAR", signed in Montego Bay on December 10, 1982 and approved by Law #7291, published on July 15, 1992, which regulates matters concerning the exploitation of natural resources on the continental shelf. D).- The "CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS", signed in Ramsar on February 2, 1971 and approved by Law #7224 of April 2, 1991, whereby wetlands are protected, understood as "extensions of marshes, swamps, peatlands or waters of natural or artificial regime, permanent or temporary, stagnant or flowing, fresh, brackish or salt, including extensions of marine water whose depth at low tide does not exceed six meters"; as well as waterfowl, which are those that depend on wetlands. (Art. 1°) E).- The "CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL" Signed in Paris on November 23, 1972 and approved by Law #5980 of October 23, 1966, which mandates the conservation of cultural heritage, defined as the protection of monuments of exceptional universal value such as caverns; groups of buildings; sites such as works of nature. It also declares as natural heritage the physical or biological formations that constitute the habitat of threatened animal and plant species. F).- The "CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMERICA". Adopted in Washington on March 3, 1973 and approved by Law #3763 of October 19, 1976, which defines the differences between national parks, nature reserves, natural monuments, and wilderness reserves and prohibits altering the boundaries of national parks except by law and exploiting their wealth for commercial purposes. Regarding wilderness reserves, it allows a use compatible with them. (Arts. 1 and 2). G).- "CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES", of the I.L.O. Known as Convention #169, which introduced reforms to the previous #107. This convention grants preference to indigenous communities regarding the exploitation of natural resources existing within the territories that belong to them. XX.- All these international instruments must be mandatorily complied with and enjoy full enforceability as long as their provisions do not require further legislative development, and therefore must be respected by the Hydrocarbons Bill Project inasmuch as the normative rank of the former is superior. Consequently, the provision of Article 41, paragraph 2 of the Bill Project, which requires environmental impact studies after the exploration or exploitation concession is approved, especially in the case of private parties, is contrary to the constitutional purposes, objectives, and obligations in environmental matters, insofar as the contract, once signed, creates rights in favor of the interested party. Therefore, the Chamber considers that Article 41, paragraph 2 is unconstitutional in this aspect. XXI.- ON THE LABOR REGIME OF THE DIRECTORATE: The Deputies point out that Article 9, subsection e), in connection with articles 13, 14, and 15 of the Bill Project, create an entire special salary regime for the officials of the National Directorate of Hydrocarbons (Dirección Nacional de Hidrocarburos) and grant the Director General of Hydrocarbons the power to freely appoint, promote, and remove said public servants; segregating them from the Civil Service regime, which contravenes the provisions of Article 192 of the Constitution and what was decided in this Chamber's judgment #1588-91. Regarding the exclusion of National Directorate of Hydrocarbons officials from the Civil Service Regime, the Chamber considers that both decentralization and deconcentration within the Public Administration must be interpreted as the transfer of specialized functions to public entities or bodies with the aim of enabling the technical development of the goals chosen by the legislator; but this condition of decentralization or deconcentration does not presuppose the constitution of a segregated public service regime that might allow differences to the detriment or privilege of the public servants of this type of public agency. As the Chamber expressed in Considerando V of judgment #1696-92, in relation to the approval of Articles 191 and 192 of the Political Constitution: "...It is also clear, as stated, that the constituent assembly intended to adopt the Civil Service regime, covering all public servants. Thus, those articles sought to enunciate the principles by which the statutory regime of the public employee should be regulated, in order to avoid external interference in the proper functions of its servants..." It is clear that the Constitution, in speaking of a single regime applicable to public servants, did not restrict the concept of statute to that of a single legal instrument, but rather seeks to establish a uniform regime of principles and guarantees that regulate the protection of the public servant's labor rights; especially attending to their right to stability. Likewise, a universal regime will be a guarantee for the Public Administration that it will have human resources of the best quality and condition, which will allow for the efficient development of functions. Article 13, subsection b) of the Bill Project establishes as an attribution of the Director General of Hydrocarbons: "...to appoint, remove, and promote the personnel of the Directorate General of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos) and to enter into employment contracts with its employees, in accordance with the legal provisions in force...". This subsection, due to the discretion available to the Director General of Hydrocarbons to hire and fire the Directorate's personnel, contravenes the rights protected by the Constitution and developed in the Civil Service Statute, regarding the stability in the position and category enjoyed by public officials and employees, as well as the necessary proven suitability for their appointment. XXII.- ON THE CONTRACTING OF LOANS: The consulting Deputies also have doubts about the constitutionality of Article 5.i) of the Bill Project insofar as it empowers the Directorate of Hydrocarbons to contract loans (empréstitos) by and for itself, without obtaining the prior approval of the Legislative Assembly. The Chamber shares this view for the reasons that will be stated. While there is no objection to legislation allowing a decentralized institution to raise public funds such as taxes specifically designed for the public purpose assigned to the entity, fees, or contributions, a very different matter is the possibility of committing public funds by entering into credit obligations with international creditors. And the constitutional obstacle is much greater if, as developed above, the Directorate is not one of those entities but rather a simply deconcentrated one integrated into a Government ministry. In this sense, if in point I the lack of independent legal personality of the Directorate was detailed - a fictitious or instrumental personality, as it has been called - we can even less admit that it may bind the Costa Rican State through the signing of loans. Observe how in judgment #1027-90, which settled the legislative consultation made by the Legislative Assembly regarding the public loans signed by I.C.E., the concepts of loan, international treaty were delimited, and it was clearly established that, even though loans are special administrative credit contracts, and by their nature may bind an agent of the State as a subject of law or the State itself, if they commit the entity's public funds to an external creditor, they must be submitted for the approval of the Legislative Assembly. The text states, in the relevant part: "III.- In contrast, the denomination of 'loans' (empréstitos) designates simply the credit contracts in which the debtor is a public entity, so that they include both those contracted by the State itself, as debtor; as well as by its decentralized institutions, municipalities, corporations, or, in general, any person of public law, and the same whether it is in favor of a national or foreign creditor, public or private, or even, as in the case at hand, of an entity of international character and legal personality, without the nature, scope, or effects changing, nor having reason to change, in either case, always contractual in themselves -obligation to pay them punctually and guarantee their compliance-, although they are also affected, to some degree, by the public law reservations that inevitably accompany their special debtor -promulgation procedure, requirements for validity and effectiveness, unseizureability of property, etc.-..." "V.- Indeed, although our Constitution has considered it appropriate to regulate loans in a special category, moving from a system of prior authorization to the Executive Branch to negotiate them, to the requirement of a qualified legislative vote for their approval in certain cases -loans abroad or to be financed with foreign capital (Art. 121, subsection 15.2)-, the fact is that, since they are not to be confused with international treaties, they cannot have any other general nature than that of public contracts subject to the approval of the Legislative Assembly (generally regulated by Arts. 124, paragraph 2, and, where applicable, 121, subsection 14) and 140, subsection 19)" "VII... It is evident that such legislative approval corresponds rather to a tutelary function, in the exercise of political control over State indebtedness, which was one of the concerns of the constituent assembly of 1949, hence also the requirement of a qualified vote for external indebtedness." It is absolutely clear that the Directorate cannot contract the loans, but rather this will be a power of the Executive Branch with the approval of the Assembly, as mandated by Article 121.15) of the Constitution. Consequently, Article 5.i) of the Bill Project is unconstitutional in that it allows the Directorate of Hydrocarbons of MIRENEM to sign loans, whether national, abroad, or financed with foreign capital, and also that these not be subjected to the oversight function of the Legislative Assembly as ordered by Article 121.15) of the Constitution. XXIII.- ON THE GRATUITOUS TRANSFER OF GOODS: The Deputies state that Article 24 of the Bill Project obliges the contractors, upon ending the contract, to gratuitously transfer to the State the movable and immovable goods used in the exploration and exploitation of hydrocarbons, which could be interpreted as a confiscation contrary to Article 40 of the Political Constitution. The Chamber considers that this is not the case due to the fact that the gratuitous transfer to the State of the contractor's goods is established in a clause incorporated into the contract by legal imperative, previously known and accepted by said contractor when voluntarily participating in the tender process that could favor him with the granting of the concession. In this sense, said provision does not have a confiscatory character within the terms of Article 40 of the Political Constitution, which determines the prohibition of imposing a penalty whose effect consists of depriving the administered party of their property, as it is one of the clauses of the contract voluntarily accepted by the interested party. The law under consultation establishes a series of directives and limitations that the State imposes for the granting of concessions and the exploitation of the activity by the contractors, just as certain guidelines are imposed regarding the term of the contract and the exploration and exploitation area, so the gratuitous transfer of the goods to the State at the end of the contract is nothing more than an additional condition that the concessionaire must fulfill. XXIV.- ON THE NULLITY PROCESS AND DUE PROCESS OF LAW: Article 46 of the Bill Project is questioned in relation to the constitutional guarantee of due process. This article defines the grounds for termination (caducidad) of the contract and in its last two paragraphs establishes that the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, after studying the situation, shall grant a period of no more than 30 business days so that, in case of non-compliance with the obligations of the agreement or interruption of the exploration or exploitation programs, the company fulfills what is stipulated in the contract or, as applicable, formulates its defense; after which proceedings will be made to declare the termination (caducidad). The article also details the rules on communication to interested parties of the Ministry's decisions and establishes that they must be done by means of notice (notificación) at the domicile the company designates within the judicial perimeter of San José or personally at the Ministry's offices. The Chamber does not consider that this article of the Bill Project breaches the principles and rights enshrined in the guarantee of due process. Since the hearing of the affected party and the communication of charges are expressly stipulated, as well as the notice of the Ministry's resolution, the other rights that guarantee the administered party the development of a fair procedure must also be understood as incorporated. In this sense, it is necessary to indicate that the article must be understood to protect the rights that the Chamber defined in Voto #15-90 of 16:45 on January 5, 1990, as part of due process in administrative matters: "... a) Notice (Notificación) to the interested party of the character and purposes of the procedure; b) right to be heard, and opportunity for the interested party to present arguments and produce evidence deemed pertinent; c) opportunity for the administered party to prepare its allegation, which necessarily includes access to the information and administrative records linked to the matter in question; ch) right of the administered party to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; d) adequate notice (notificación) of the decision issued by the administration and the grounds on which it is based; and e) right of the interested party to appeal the decision issued..." XXV.- RIGHT TO INFORMATION: The Deputies consult on the constitutionality of Article 38 of the Bill Project, which establishes the confidentiality of the semi-annual reports that contractors must submit to the Directorate regarding operations, investments, and works carried out, as well as the geological and geophysical information and documentation of the hydrocarbon deposits requested from them, for being contrary to the right to information enshrined in Article 30 of the Political Constitution. Said constitutional provision guarantees free access to public departments for the purpose of information on matters of public interest, except for State secrets. In Voto #2450-92 of 11:04 on August 21, 1992, the Chamber indicated that: "...free access to administrative departments for the purpose of information on matters of public interest does not give any person the right to obtain confidential information or information of vital importance to the State and private information from others. Articles 272, 273, 274 of the General Law of Public Administration, which develop those constitutional principles, clearly exclude State secrets and the confidential or private information of the parties to an administrative file...". In accordance with the foregoing and with what was decided by the Chamber in judgment #880-90 of 14:25 on August 1, 1990, which indicates as the only limitations regarding the right to obtain public information from administrative departments provided for by constitutional provision 30: a) being a matter of public interest constituting a State secret, or b) not constituting information of public interest. XXVI.- As a result of the foregoing, the right to information is based on the community's interest in knowing the activity of the public official, as well as their good or bad performance in the exercise of their position and the information that, being of public interest, is found in administrative offices or departments. This is why the public nature of the information is the cardinal element for defining the right to request it from the public body or entity. Therefore, the data provided by contractors that constitute information of general interest are essentially public and must be within the reach of the administered parties in order to enable the oversight and vigilance of the state entity or the activity developed by the concessionaire company, reasons for which they are not protected by the right to confidentiality stated in Article 38 of the Bill Project. Within this information are the data provided by the contractors in the semi-annual reports referring to production, operations, investments, and works carried out by the companies and any statistical information in this regard. However, the geological and geophysical data compiled by the companies or companies contracted by them, and the information protected by the trade or economic secrets of the companies -such as their financial, credit, or tax statements, their technical systems or means of exploration and exploitation, or the processes, equipment, or articles of their own invention- retain their confidential character due to their eminently private nature. Without prejudice to the foregoing, it is necessary to indicate that, due to the wide range of matters that contractors may communicate to the Directorate, the Chamber does not intend to define the public or private nature of each one, but only to provide the general guidelines or criteria that will allow for the resolution of conflicts that arise in the future. XXVII.- ON PUBLIC BIDDING: The Deputies point out that Article 32 of the Bill Project must be analyzed in relation to the principles of equality, certainty, and transparency that must inform the acts and contracts of the Public Administration. Said article develops the procedure for granting the concession and determines that the only valid form of administrative contracting, in these cases, is public bidding (licitación pública). The Chamber considers that Article 32, by establishing the public bidding procedure for signing contracts for the execution of activities related to the exploration and exploitation of hydrocarbons, guarantees broader and more equitable participation of bidders. Furthermore, the cited article, in the second paragraph of subsection a), authorizes the Directorate to directly communicate the object of the tender documents (cartel) to the main national and foreign oil companies, which does not violate the principle of equality enshrined in Article 33 of the Political Constitution, because it favors the publicity of the tender documents (cartel), without harming equality in participation and non-discrimination of companies that meet the necessary requirements for contracting. By virtue of the foregoing, the Chamber finds no reason to consider that Article 32 of the Bill Project disregards the principle of equality or the certainty and transparency of administrative contracts. XXVIII.- ON THE ALLOCATION OF FOREIGN EXCHANGE: Article 56 of the Bill Project aims to reform subsection g) of Article 94 of the Organic Law of the Central Bank, in order to allow the Central Bank to allocate 50% of the foreign exchange proceeds from the export of oil or other hydrocarbon substances to the concessionaire. The Chamber considers there is no constitutional challenge in this regard insofar as, as an exception regime, it is no different from other cases of exclusion provided for by Article 94 of the Law. That is, if the same law admits certain cases in which the liquidation of foreign exchange must not be made before the Central Bank, and the exploitation of hydrocarbons is a public activity subject to concession, there is no unconstitutionality by the mere fact of creating one more exception to the rule. XXIX.- ON THE CONCESSIONAIRE'S LEGAL DOMICILE: In relation to the obligation of contractors to domicile a branch of the company in Costa Rica, in order to contract under the consulted regulations, it is important to indicate that it does not violate any fundamental right, because it consists of an obligation imposed by law on the foreign company, as a prerequisite for entering into contracts in the country in the matter of hydrocarbons. It constitutes another pre-established clause to the agreed act, which the prospective contractor is free to fulfill if it intends to obtain the concession for the exploration and exploitation of hydrocarbons. In this sense, the Chamber considers that said provision only intends to facilitate the development of the contractual relationship, in the case of foreign companies, and to define the rules by which eventual conflicts arising in the development of the activity will be resolved. By specifying the cited article that the holders of contracts, obtained under the Hydrocarbons Law, will be subject to national legislation and the contentious-administrative jurisdiction of the Costa Rican courts, and that for all purposes, any foreign company domiciled in the country will be considered Costa Rican, it aims to avoid future complications regarding the definition of applicable law, in case difficulties arise during the execution of the contracts; conflicts inherent to private international law, which, with its rules of renvoi, could hinder the prompt solution of the problem. Consequently, Article 22 of the Bill Project, by imposing as a prerequisite to granting the contract the domiciling of a branch in the country, in the case of companies whose principal place of business is abroad, intends for Costa Rican laws to be applicable in all cases, closing the possibilities that Articles 25, 27, and 28 of the Preliminary Title of the Civil Code open for the application of foreign law in the cases contemplated therein. XXX.- ON THE SALARY REGIME: Regarding the establishment of a special salary regime for the officials of the Directorate of Hydrocarbons, Articles 9.e), 14, and 15 of the Bill Project indicate as attributions of the Technical Council of the Directorate the determination of the compensation of the Director General and other officials of said body, as well as the subjection of these servants to the prohibition regime established in Law #5867. The Chamber considers that, in accordance with what was set forth in point XXI above, in the sense that the officials of the Directorate General of Hydrocarbons, like the other servants belonging to the Central Public Administration, must be incorporated into the Civil Service Regime; especially if, as in this case, it concerns a deconcentrated body of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines. Consequently, Article 48, subsection b) of Chapter X of the Civil Service Statute (Law #1581 of May 30, 1953) must be applied to them, based on which the Law on Salaries of the Public Administration #2166 of October 9, 1957 was issued, fixing the compensation corresponding to the positions listed in the Descriptive Manual of Civil Service Jobs. The salaries of the Directorate's officials must conform to the provisions of the cited regulations, as well as any increases they receive and other salary benefits. Regarding the additional payment for the prohibition on exercising other professional activities intended to be granted to the officials of the Directorate of Hydrocarbons, in accordance with Law #5867 of December 15, 1975 and the provisions of Article 107 of the Law of Financial Administration of the Republic, as it constitutes economic compensation on the base salary set by the Law on Salaries of the Public Administration, the Chamber does not consider there is any inconvenience if the stipulations of the cited law and its reforms are met. However, it is important to indicate that Article 1 of Law #5867 of December 15, 1975, reformed by article 35 of Law #6999 of September 3, 1985, was challenged in the unconstitutionality action processed under file #1157-91, considering the first article, paragraphs 1 and 2, subsection 2), contrary to Articles 33, 68, and 191 of the Political Constitution. Said action is pending resolution, so regarding this point, the authorities of the Directorate must abide by what is resolved therein. A similar situation arises in relation to Article 107 of the Law of Financial Administration of the Republic, which prohibits a series of officials from entering into administrative contracts or participating in the preliminary steps to their execution, as it is challenged in unconstitutionality actions #1750-91 and #1919-91. XXXI.- Judge Piza Escalante issues a dissenting vote regarding point c) of the Operative Part (Por Tanto) and casts it as recorded following this judgment. Judges Castro and Solano issue dissenting votes regarding subsection c) of the operative part. POR TANTO The optional legislative consultation of constitutionality regarding the Hydrocarbons Bill Project, legislative file #9573, is settled in the following terms: A) The provisions of Articles 3, 4, 10, 12, 13, 16, and 17 of the Bill Project are unconstitutional, insofar as they constitute the Directorate General of Hydrocarbons, without departing from the sphere of the Executive Branch through the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, with characteristics and competencies equivalent to those of a public legal person, in violation of those proper to the Executive Branch regarding the Central Administration. B) The provisions of Articles 3, 4, 5, 9, 12, and 17 are also unconstitutional, insofar as they grant to the Directorate General and, as applicable, to the Technical Council of Hydrocarbons, competencies to execute and cancel concessions or contracts regarding the exploration and exploitation of hydrocarbons or in connection with them; to contract national or foreign loans; to acquire, build, or dispose of real estate; to receive or manage own profits; all of which must be understood as reserved to the Executive Branch as such -President of the Republic and Minister of the relevant sector- without prejudice to the limited delegations possible to the head of the Ministry, in the terms provided for by the General Law of Public Administration (Arts. 21 et seq.), and the advisory role of the General Directorate and the Technical Council, which may also be granted their own administrative powers in other matters. C) Article 40 of the Bill is not unconstitutional, insofar as it allows the concessionaire to take possession of the assets expropriated in its favor upon depositing the value provisionally set by the Dirección General de la Tributación Directa, on the condition that the taking of possession must be authorized by the expropriation judge, expressly ruling on its need prior to the final decision, and always provided that the expropriated party authorizes it or withdraws the deposited price. CH) Articles 3 and 9.ch) of the Bill are contrary to Articles 176, 177, 180, and 185 of the Constitution due to the fact that they allow the Dirección de Hidrocarburos to collect, budget, and dispose of the money collected for the exploration and exploitation of hydrocarbon substances. D) Article 41, paragraph 2, of the Bill is contrary to Articles 6, 7, 21, 41, 50, and 89 of the Constitution and to the international instruments signed and in force in Costa Rica, inasmuch as it allows concessionaires to submit studies on the environmental impact (impacto ambiental) that the exploration and exploitation of hydrocarbon resources may produce, after the concession contracts have been signed, and that same provision, furthermore, because it does not establish any type of sanction if these studies are not submitted or are entirely unacceptable. Added to this is the defect afflicting Article 26 of the Bill, which excepts only national parks from this activity, when there are other areas specially protected by Conventions or other international instruments. E) The provision of Article 38, paragraph two, of the Bill is unconstitutional, insofar as it establishes a guarantee of confidentiality for information relating to the exercise of hydrocarbon exploration and exploitation, indiscriminately; confidentiality that should only protect those documents that, by provision of law or by their exclusively private nature, may affect the rights of individuals, entirely excluding those of a public nature. By not making this distinction in the Bill, public information, or information that by its nature should be available to all, would be improperly protected. F) The Chamber considers that the provisions of Articles 10, 9 e), and 13 b) of the Bill are likewise unconstitutional, which empower, the first, the Technical Council to elect the Director General de Hidrocarburos, the third, the Director General to appoint, remove, and promote personnel of the Directorate, powers constitutionally reserved to the Executive Branch, as well as insofar as they create a privileged labor and salary regime for the leaders, officials, and employees of the Dirección de Hidrocarburos in contravention of the content of Articles 191 to 193 of the Constitution and of unconstitutionality rulings #1148-90, 1588-91, and 1696-92, which clearly subject relations between the State and all public servants to a civil service regime, without distinguishing between the Executive Branch, its deconcentrated entities, or decentralized ones. Name43949 . President. R. E. Piza E. Jorge E. Castro B. Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G. Carlos Arguedas R. José Luis Molina Q. Gerardo Madriz P. Secretary. DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE PIZA ESCALANTE: Magistrate Piza dissents with respect to point c) above, insofar as he considers that, in addition to the grounds of unconstitutionality set forth in the majority vote, the expropriation judge must evaluate, in a contradictory incidental proceeding, the reasonableness of the administrative appraisal. In all other respects, he concurs with the majority vote. R. E. Piza E. Gerardo Madriz P. Secretary. DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES CASTRO AND SOLANO, THE LATTER DRAFTING: The undersigned Magistrates dissent with respect to subparagraph c) of the operative part of this advisory opinion, based on the following reasons: In our opinion, it does not violate the right to property that, in an expropriation process, as provided in the Bill under consultation, the judge authorizes the concessionaire to take possession of the property to be expropriated, if the deposit of the price provisionally set by the Dirección General de la Tributación Directa has been made. It is not essential, in our view, to require, as the majority of the Chamber indicates, that in order to enter into possession, not only judicial authorization is required, but also the authorization of the expropriated party. If the purpose of the expropriation process is—with adequate participation of the owner—to establish the just price of the property (and eventually other related rights), we rather understand that it is an excessive requirement that the mere lack of consent of the owner can prevent the concessionaire from entering into said possession. There is no constitutional injury, even if, for reasons of convenience, it is considered necessary that possession of the property may only be taken once the (final) just price is firmly established. Jorge E. Castro B. Luis Fernando Solano C. Gerardo Madriz P Secretary. Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 06:10:37. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República