Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. [...] la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. [...] Se declara con lugar el recurso. Se ordena [...] coordinar lo necesario, para que se brinde respuesta escrita a las recurrentes sobre la denuncia por contaminación [...] y que en el ámbito de sus competencias coordinen las acciones y giren las órdenes necesarias para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Salud en la orden sanitaria Nº 0219-Reg-2018.
English (translation)The State's objective obligation regarding environmental protection does not necessarily entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to have suitable measures adopted to protect that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities, or by natural and legal persons. [...] the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven State inaction, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights. [...] The appeal is granted. It is ordered [...] to coordinate as necessary to provide a written response to the appellants regarding the pollution complaint [...] and within their respective competencies, to coordinate actions and issue the necessary orders to fully comply with the Ministry of Health's sanitary order No. 0219-Reg-2018.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 02553 - 2019 Fecha de la Resolución: 15 de Febrero del 2019 a las 09:30 Expediente: 18-018800-0007-CO Redactado por: Ana María Picado Brenes Clase de asunto: Recurso de amparo Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: ORDEN SANITARIA.. 002553-19. AMBIENTE. ORDEN SANITARIA. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN SANITARIA EMITIDA, PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE CONTAMINACION DEL ESTERO DE PUNTARENAS. Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales,Constitución Política,Desarrollo de Principios Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: AREA PROTEGIDA. 002553-19. AMBIENTE. AREA PROTEGIDA. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN SANITARIA EMITIDA, PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE CONTAMINACION DEL ESTERO DE PUNTARENAS. Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONTAMINACION. 002553-19. AMBIENTE. CONTAMINACION. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN SANITARIA EMITIDA, PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE CONTAMINACION DEL ESTERO DE PUNTARENAS. Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: DENUNCIA. 002553-19. MUNICIPALIDAD. DENUNCIA. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN SANITARIA EMITIDA, PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE CONTAMINACION DEL ESTERO DE PUNTARENAS. Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas: NO APLICA. ARTICULO 50 “La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos.” Sentencia 2553-19 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 169- Gobierno municipal Subtemas: NO APLICA. ARTICULO 169 “(…) la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. Según lo establece nuestra Constitución Política en el numeral 169, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. En ese sentido, este Tribunal ya ha dicho que el interés local se entiende como todo aquel de naturaleza pública que importa al cantón de manera directa e inmediata, de suerte tal que la municipalidad respectiva está, no solo facultada, sino también obligada a ocuparse de todo lo que favorezca a su cantón.” Sentencia 2553-19 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Precautorio Subtemas: NO APLICA. PRINCIPIO PRECAUTORIO “En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social.” Sentencia 2553-19 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Coordinación Subtemas: NO APLICA. PRINCIPIO DE COORDINACION “(…) uno de los principios rectores de la organización administrativa, lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada (…)”Sentencia 2553-19 ... Ver más Texto de la resolución *180188000007CO* Exp: 18-018800-0007-CO Res. Nº 2019002553 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 18-018800-0007-CO, interpuesto por ANA GABRIEL JIMENEZ AGUERO, cédula de identidad 0116740996, MARIA JOSE ALPIZAR RODRIGUEZ, cédula de identidad 0604430331, SHARON PRADA SALAS, cédula de identidad 0116580052, contra MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA DE ESPARZA, MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS. Resultando: Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:40 horas del 26 de noviembre de 2018, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra EL JEFE DE LA OFICINA SUBREGIONAL DE ESPARZA-OROTINA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, ASÍ COMO EL DIRECTOR DE LA REGIÓN RECTORA DE SALUD PACÍFICO CENTRAL Y EL DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE SALUD CHACARITA-PUNTARENAS, AMBOS DEL MINISTERIO DE SALUD, Y EL ALCALDE Y EL JEFE DE LA UNIDAD DE PATENTES, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, y manifiestan que el 25 de setiembre del año en curso denunciaron la omisión total por parte de la autoridades recurridas en la solución de los problemas de salud y contaminación al ambiente presentes en el estero de la provincia de Puntarenas, cantón Central, distrito de Chacarita, específicamente el sector donde desemboca el río Naranjo y colindan los barrios de San Luis, Fray Casiano de Madrid y Santa Eduviges. Reclaman que el gobierno local no ha velado por el cumplimiento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, ya que las casas aledañas vierten residuos sólidos, aguas servidas y aguas negras, sin contar con las distancias requeridas por dicha normativa. Además, ha existido omisión ante la inactividad de su parte en el cuidado de brindar las condiciones y requerimientos para el debido tratamiento de los residuos sólidos, aguas negras y servidas. Agrega que si bien por escrito solicitaron que se realizara una inspección de campo para conocer la situación actual, esta no se ha dado; así como tampoco, la recolección de la mayor cantidad de residuos sólidos en el estero, ni la construcción de una planta de tratamiento y su respectivo alcantarillado sanitario. En lo que respecta al Ministerio de Salud, se acusa igualmente la omisión de esta autoridad tanto en la recolección de desechos sólidos, así como de sentar las responsabilidades de los vecinos responsables de verter las aguas servidas y negras, situación que genera riesgos a la salud. De su parte, únicamente el 2 de octubre del año en curso se recibió una llamada en la que se solicitó una mejor ubicación de la brindada en la gestión, por lo que pareciera que se realizó una inspección, pero esto no fue aclarado en el momento ni después. Tampoco se tiene noticia de la emisión de una orden sanitaria o de una orden que obligue a la realización de una planta de tratamiento y el alcantarillado sanitario adecuado. Finalmente, en lo que respecta al Ministerio de Ambiente de Energía, también reclaman la inobservancia de las acciones propias de su competencia, lo que ha provocado la afectación de biodiversidad, ya sea por naturaleza de los componentes de los residuos o porque algunas especies confunden estos con alimento, con resultados mortales para dichos organismos. A lo dicha agregan que la presencia de cantidades importantes de residuos sólidos alojados en las áreas naturales sin control ni manejo, dan un aspecto desagradable que afecta la actividad productiva, social, turística y ambiental. Mencionan que al dimensionar la gravedad del asunto se concluye quela afectación de la zona no sólo perjudica su biodiversidad local, sino la regional, ya que el manglar local tiene desembocadura en el océano pacífico, lo cual genera una mayor propagación de la contaminación. Reclaman que, pese a la denuncia interpuesta y las peticiones que allí se hicieron, a la fecha de interposición del recurso, la situación se mantiene idéntica, en clara violación de sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. Mediante resolución de las 13:48 horas del 28 de noviembre de 2018 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fecha 04 de diciembre de 2018. Informa bajo juramento Carlos Manuel Venegas Porras y Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Director Regional de la Rectoría de Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud y Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita, y explican que la gestión integral de los residuos es responsabilidad de la Municipalidad. Afirman que no tienen certeza de la existencia y alcances del alcantarillado sanitario ubicado en esa zona, ni del tratamiento final brindado a las aguas residuales generadas en las viviendas ubicadas en esa zona. Se realizaron inspecciones oculares el 16 de octubre y 22 de noviembre de 2018, y en algunos sectores se hallaron residuos sólidos en linderos y flotando sobre el agua, así como olores ofensivos, sin que se confirme visualmente desde la superficie la salida de aguas residuales ni se comprueben actos de vertido de residuos sólidos en los puntos visitados. El 05 de diciembre se notificó al Alcalde de Puntarenas la orden sanitaria Nº 0219-Reg-2018, y se ordenó presentar un plan de acciones correctivas con un cronograma de implementación, con el fin de eliminar y disponer de manera adecuada y sanitariamente en un sitio autorizado, los residuos sólidos acumulados en las zonas inspeccionadas. Además, mediante oficio PC-ARS-PC-0541-2018, se reiteró la importancia de generar dirección política sobre la disposición de los residuos sólidos y líquidos y la aparente carencia de alcantarillado sanitario en los habitantes del sector de Chacarita, desde Santa Eduviges hasta Los Garroberos; así como la necesidad de implementar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Señalan que no se contempla, dentro del análisis de esta denuncia, la variable cultural y educativa, que han actuado de conformidad con los protocolos institucionales establecidos para atender este tipo de denuncias, y que de lo actuado se dará respuesta a la denunciante; por lo que solicitan se desestime el recurso planteado. Informa bajo juramento Luis Picado Cubillo, en su condición de Jefe a.i. de la Oficina Subregional de Esparza-Orotina del Área de Conservación Pacífico Central, que el 25 de setiembre se asignó a la denuncia de la amparada el expediente Nº PC-2-CPI-001-059-2018 “Denuncia Contaminación Estero”. Explican que, debido a las diferentes acciones que se están realizando en el Humedal Estero de Puntarenas, ordenadas por la Fiscalía Agraria Ambiental y en cumplimiento al oficio DFOE-AE-IF-14-2011, que dispone la recuperación de los terrenos ocupados en el humedal; no se ha podido atender la denuncia concreta. Específicamente, han realizado operativos de desalojo de ocupantes, limpieza de terrenos e infraestructuras, coordinación con organizaciones comunales, campañas de limpieza de basura y reforestación. Afirma que, en atención al presente recurso, se coordinó realizar una inspección con los representantes del Ministerio de Salud y el Gestor Ambiental de la Municipalidad de Puntarenas el 10 de diciembre. Aclara que cuentan únicamente con una persona encargada de la Zona Marítimo Terrestre y del Programa de Control y Protección, que ha estado encargándose de los procesos mencionados, por lo que esa jefatura desconocía el atraso en la atención de la denuncia de la amparada. Informa bajo juramento Randall Alexis Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde del Cantón Central de Puntarenas, que en inspección realizada el 10 de octubre de 2018, no se pudo acceder a la desembocadura del río Naranjo; pero durante el recorrido se constató la presencia de residuos sólidos y vertido de aguas residuales en los canales de desagüe y los sitios donde estos desfogan en el estero, concordante con la denuncia. Aclara que esa se encuentra dentro del Área Silvestre Protegida y de la Zona de Protección del Río, por lo que es competencia de las autoridades ambientales. Indica que no cuentan recursos ni personal para recolectar los residuos depositados en el estero, pues los escasos accesos vía terrestre no son aptos para el ingreso de equipo mecanizado (orugas), y la morfología de los suelos y el tipo de vegetación del humedal complican el desplazamiento en su interior; y que la recolección requeriría ser realizada de forma manual por una gran cantidad de personas dedicadas de forma permanente a dicha labor, lo cual escapa las posibilidades de la Municipalidad. A ello se suma la dificultad de realizar labores en la zona, debido al factor que el Estero de Puntarenas es Área Silvestre Protegida, ampliamente protegida por diversas normas. Aún así, durante los años 2015 y 2016 se coordinó con la Asociación de Marinos Artesanales de San Luis para la recolección de residuos sólidos en el manglar, lo cual ha mitigado la contaminación en el humedal; y en febrero de 2018 se contrató maquinaria para atender la limpieza de 2 kilómetros de canales. Afirma que se procederá con una nueva inspección, a fin de elaborar un plan de acción que contenga las medidas necesarias para realizar la recolección reclamada. Indica que regularmente se brinda el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos ordinarios, y anualmente se realizan jornadas de recolección de residuos no tradicionales, de manejo especial y valorizables. Asegura que gran parte del problema de contaminación denunciado obedece a una mala cultura y conductas inadecuadas para la disposición final de los residuos sólidos por parte de los habitantes de la zona, por lo que se ha implementado un Programa de Educación Comunitaria sobre el tema, que dará inicio en el primer semestre de 2019 a través de los centros educativos. Refiere que las afectaciones que reclama la amparada también son una consecuencia de la ausencia de un ordenamiento territorial adecuado en las zonas aledañas al Estero de Puntarenas, lo que ha generado sobrepoblación y construcción de viviendas en zonas de amortiguamiento del humedal, sin condiciones sanitarias básicas como alcantarillado sanitario o planta de tratamiento de aguas residuales; con el consecuente impacto negativo en el medio ambiente. Sobre la ausencia de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario, se procederá a solicitarle al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizar las gestiones pertinentes. Concluye que, para dar una solución integral a los problemas de salud y contaminación evidenciados, se requiere una coordinación y trabajo permanente entre el Gobierno Local y las instituciones Públicas que tienen injerencia en el tema (el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo). Informa bajo juramento Marjorie Casanova Casanova, en su condición de Administradora Tributaria a.i. de la Municipalidad de Puntarenas, que la competencia sobre la materia denunciada la ostentan los Departamentos de Zona Marítimo Terrestre, Servicios Municipales y Gestión Ambiental. Solicita se desestime el recurso planteado. Por constancia extendida el 20 de diciembre de 2018, la Secretaría de la Sala Constitucional, hace constar que EL JEFE DE LA UNIDAD DE PATENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, no presentó escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en el auto inicial del amparo. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Picado Brenes; y, Considerando: Objeto del recurso. Las recurrentes acusan falta de atención a su denuncia de 25 de setiembre de 2018, acusando la omisión total por parte de las autoridades recurridas en brindar una solución de los problemas de salud y contaminación al ambiente presentes en el Estero de la provincia de Puntarenas. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) Durante los años 2015 y 2016 se coordinó con la Asociación de Marinos Artesanales de San Luis para la recolección de residuos sólidos en el manglar, lo cual ha mitigado la contaminación en el humedal; y en febrero de 2018 se contrató maquinaria para atender la limpieza de 2 kilómetros de canales (informe del Alcalde del Cantón Central de Puntarenas). b) Regularmente se brinda el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos ordinarios, y anualmente se realizan jornadas de recolección de residuos no tradicionales, de manejo especial y valorizables; pero gran parte del problema de contaminación denunciado obedece a una mala cultura y conductas inadecuadas para la disposición final de los residuos sólidos por parte de los habitantes de la zona, por lo que se ha implementado un Programa de Educación Comunitaria sobre el tema, que dará inicio en el primer semestre de 2019 a través de los centros educativos (informe del Alcalde del Cantón Central de Puntarenas). c) Los escasos accesos vía terrestre no son aptos para el ingreso de equipo mecanizado (orugas), y la morfología de los suelos y el tipo de vegetación del humedal complican el desplazamiento en su interior; y la recolección requeriría ser realizada de forma manual por una gran cantidad de personas dedicadas de forma permanente a dicha labor (informe del Alcalde del Cantón Central de Puntarenas). d) El 25 de setiembre de 2018, las amparadas denunciaron la omisión total por parte de la autoridades recurridas en la solución de los problemas de salud y contaminación al ambiente presentes en el estero de la provincia de Puntarenas, cantón Central, distrito de Chacarita, específicamente el sector donde desemboca el río Naranjo y colindan los barrios de San Luis, Fray Casiano de Madrid y Santa Eduviges e) En inspección realizada el 10 de octubre de 2018, no se pudo acceder a la desembocadura del río Naranjo; pero durante el recorrido se constató la presencia de residuos sólidos y vertido de aguas residuales en los canales de desagüe y los sitios donde estos desfogan en el estero, concordante con la denuncia (informe del Alcalde del Cantón Central de Puntarenas). f) Se realizaron inspecciones oculares el 16 de octubre y 22 de noviembre de 2018, y en algunos sectores se hallaron residuos sólidos en linderos y flotando sobre el agua, así como olores ofensivos, sin que se confirme visualmente desde la superficie la salida de aguas residuales ni se comprueben actos de vertido de residuos sólidos en los puntos visitados (informe del Director Regional de la Rectoría de Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud y Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita). g) El 05 de diciembre se notificó al Alcalde de Puntarenas la orden sanitaria Nº 0219-Reg-2018, y se ordenó presentar un plan de acciones correctivas con un cronograma de implementación, con el fin de eliminar y disponer de manera adecuada y sanitariamente en un sitio autorizado, los residuos sólidos acumulados en las zonas inspeccionadas (informe del Director Regional de la Rectoría de Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud y Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita). h) Mediante oficio PC-ARS-PC-0541-2018, se reiteró la importancia de generar dirección política sobre la disposición de los residuos sólidos y líquidos y la aparente carencia de alcantarillado sanitario en los habitantes del sector de Chacarita, desde Santa Eduviges hasta Los Garroberos; así como la necesidad de implementar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (informe del Director Regional de la Rectoría de Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud y Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita). i) Debido a las diferentes acciones que se están realizando en el Humedal Estero de Puntarenas, ordenadas por la Fiscalía Agraria Ambiental y en cumplimiento al oficio DFOE-AE-IF-14-2011, que dispone la recuperación de los terrenos ocupados en el humedal, se han realizado operativos de desalojo de ocupantes, limpieza de terrenos e infraestructuras, coordinación con organizaciones comunales, campañas de limpieza de basura y reforestación; sin embargo, no se ha podido atender la denuncia concreta de las recurrentes (informe del Jefe a.i. de la Oficina Subregional de Esparza-Orotina del Área de Conservación Pacífico Central). Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución: a) Que por parte de las autoridades recurridas se haya elaborado y notificado una respuesta a las denuncias interpuestas por las recurrentes el 25 de setiembre de 2018. Precedente. En el asunto conocido en el expediente Nº 18-017908-0007-CO, se emitió la sentencia Nº 2018021366, de las 09:20 horas de 21 de diciembre de 2018, y se tuvieron por válidas las actuaciones realizadas por la Municipalidad, el SINAC y el Ministerio de Seguridad Pública, tendentes a desalojar y recuperar el Manglar de Área Silvestre Protegida Humedal del Estero de Puntarenas, por considerar que el Humedal Estero Puntarenas y manglares asociados, poseen la categoría de Área Silvestre Protegida e incorporados al Patrimonio Natural del Estado, de modo que la actuación recurrida no presenta vicios de constitucionalidad, y, por el contrario, la actuación de los funcionarios recurridos se ajusta a derecho al resguardar bienes estatales y áreas silvestres protegidas. Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase sentencia Nº 180-98 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. Según lo establece nuestra Constitución Política en el numeral 169, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. En ese sentido, este Tribunal ya ha dicho que el interés local se entiende como todo aquel de naturaleza pública que importa al cantón de manera directa e inmediata, de suerte tal que la municipalidad respectiva está, no solo facultada, sino también obligada a ocuparse de todo lo que favorezca a su cantón (ver sentencia número 2014-002127). Acerca del principio de coordinación en materia ambiental. Asimismo, esta Sala ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa, lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada (ver en este sentido el voto número 07-15218 de las 12:00 horas del 19 de octubre de 2007). Dicha coordinación administrativa adquiere particular relevancia en el caso de problemas de contaminación ambiental, ya que esta permite que los distintos entes y órganos públicos puedan conjuntar esfuerzos, para que se pueda proteger, de forma oportuna y efectiva, el derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. VII.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, las recurrentes acusan falta de atención a la denuncia en que acusan la omisión de las autoridades recurridas para atender la problemática de contaminación en el Estero de Puntarenas. Por su parte, las autoridades recurridas afirman conocer la problemática denunciada, la cual fue constatada en distintas inspecciones oculares, explican que se han realizado acciones específicas tendentes, por ejemplo, a desalojar a los ocupantes irregulares de la zona de manglar; así como las dificultades que la morfología y condiciones (naturales y legales) del terreno imponen. Del elenco de hechos probados, de las pruebas aportadas a los autos y de los informes rendidos bajo fe de juramento, se desprende que, si bien se han realizado acciones específicas por parte de las autoridades recurridas, tendentes a la recuperación de los terrenos ocupados en el humedal, así como varios intentos por dar soluciones parciales, el problema de contaminación denunciado por las recurrentes persiste. En el mismo sentido, se infiere que las autoridades recurridas no han podido dar una solución definitiva a dicha problemática debido a distintos aspectos, entre ellos la morfología del terreno (manglar, área protegida, zona de protección de río), la cultura de los pobladores y la necesidad de realizar de manera manual la recolección requerida de residuos sólidos; así como a la falta de coordinación entre las distintas competencias de cada una de las instituciones involucradas. Con base en lo anterior y al constatarse que el problema de contaminación denunciado se mantiene, así como la problemática paralela ya expuesta, se impone estimar el recurso, ordenando la elaboración del plan de acciones correctivas y el cronograma de implementación estipulados en la orden sanitaria Nº 0219-Reg-2018, que deberán realizarse de manera coordinada con las demás instituciones involucradas, a fin de brindar una solución integral, tanto al problema de los ocupantes del humedal, a la falta de alcantarillado en la zona, a la falta de cultura de disposición de residuos de todo tipo, como al problema concreto de contaminación en el estero. Al respecto, se impone advertir que no le corresponde a este Tribunal determinar cuál es la alternativa que se debe adoptar para solucionar los problemas denunciados. En ese sentido, se dispone que, para brindar una solución integral a la problemática descrita, los recurridos implementarán las acciones correctivas que se hayan establecido con ocasión de la orden contenida en la Orden sanitaria Nº 0219-REG-2018. Asimismo, se debe acoger el recurso debido a la falta de atención de las denuncias formales interpuestas por las amparadas ante las instituciones recurridas el 25 de setiembre de 2018, a fin de ordenar que procedan a emitir y comunicar la respuesta que corresponda. En razón de lo expuesto, se considera procedente el amparo. Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de contaminación provenientes del estero ubicado en Puntarenas, lo que afecta la salud de la recurrente y de su familia, así como al resto de vecinos del lugar, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Randall Alexis Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde del Cantón Central de Puntarenas, Carlos Manuel Venegas Porras y Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Director Regional de la Rectoría de Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud y Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita, y Luis Picado Cubillo, en su condición de Jefe a.i. de la Oficina Subregional de Esparza-Orotina del Área de Conservación Pacífico Central, o a quien en su lugar ocupe el cargo, 1) coordinar lo necesario, para que se brinde respuesta escrita a las recurrentes sobre la denuncia por contaminación interpuesta el 25 de setiembre de 2018, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia; y 2) que en el ámbito de sus competencias coordinen las acciones y giren las órdenes necesarias para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Salud en la orden sanitaria Nº 0219-Reg-2018. Se le advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese la presente resolución a Randall Alexis Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde del Cantón Central de Puntarenas, Carlos Manuel Venegas Porras y Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Director Regional de la Rectoría de Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud y Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita, y Luis Picado Cubillo, en su condición de Jefe a.i. de la Oficina Subregional de Esparza-Orotina del Área de Conservación Pacífico Central, o a quien en su lugar ocupe el cargo, en forma personal, así como al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Fernando Castillo V. Presidente Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Marta Eugenia Esquivel R. Ana María Picado B. Mauricio Chacón J. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *WI7UXCHMZ3M61* WI7UXCHMZ3M61 EXPEDIENTE N° 18-018800-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:11:59. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine thirty on the fifteenth of February two thousand nineteen. Amparo action processed in case file number 18-018800-0007-CO, filed by ANA GABRIEL JIMENEZ AGUERO, identity card number 0116740996, MARIA JOSE ALPIZAR RODRIGUEZ, identity card number 0604430331, SHARON PRADA SALAS, identity card number 0116580052, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY OF ESPARZA, the MINISTRY OF HEALTH, and the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS. **Whereas:** By a brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:40 a.m. on November 26, 2018, the petitioners file an amparo action against THE HEAD OF THE SUBREGIONAL OFFICE OF ESPARZA-OROTINA OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, AS WELL AS THE DIRECTOR OF THE PACÍFICO CENTRAL HEALTH RECTORATE REGION AND THE DIRECTOR OF THE CHACARITA-PUNTARENAS HEALTH RECTORATE AREA, BOTH OF THE MINISTRY OF HEALTH, AND THE MAYOR AND THE HEAD OF THE PATENTS UNIT, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF PUNTARENAS, and they state that on September 25 of the current year, they reported the total omission by the respondent authorities in solving the health and environmental contamination problems present in the estuary (estero) of the province of Puntarenas, Central canton, district of Chacarita, specifically the sector where the Naranjo River flows out and adjacent to the neighborhoods of San Luis, Fray Casiano de Madrid, and Santa Eduviges. They claim that the local government has not ensured compliance with the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de Zona Marítimo Terrestre), since the surrounding houses discharge solid waste, greywater (aguas servidas), and blackwater (aguas negras), without complying with the distances required by said regulation. Furthermore, there has been omission in the face of its inactivity in providing the conditions and requirements for the proper treatment of solid waste, blackwater, and greywater. They add that although they requested a field inspection in writing to ascertain the current situation, this has not occurred; nor has the collection of the greatest amount of solid waste in the estuary, nor the construction of a treatment plant and its respective sanitary sewer system. Regarding the Ministry of Health, the omission of this authority is likewise alleged, both in the collection of solid waste and in assigning responsibility to the neighbors responsible for discharging greywater and blackwater, a situation that generates health risks. For its part, only on October 2 of the current year was a call received requesting a better location than the one provided in the filing, making it seem that an inspection was carried out, but this was not clarified at the time or afterwards. There is also no news of the issuance of a sanitary order (orden sanitaria) or an order mandating the construction of a treatment plant and the appropriate sanitary sewer system. Finally, regarding the Ministry of Environment and Energy, they also claim non-observance of the actions within its competence, which has caused an impact on biodiversity, either due to the nature of the waste components or because some species confuse waste with food, with fatal results for said organisms. To this, they add that the presence of significant amounts of solid waste lodged in natural areas without control or management gives an unpleasant appearance that affects productive, social, tourism, and environmental activities. They mention that upon sizing up the seriousness of the matter, it is concluded that the impact on the zone not only harms its local biodiversity but also the regional one, since the local mangrove (manglar) drains into the Pacific Ocean, which generates greater propagation of the contamination. They claim that, despite the filed complaint and the requests made therein, as of the date of filing the amparo action, the situation remains identical, in clear violation of their fundamental rights. They request that the amparo action be granted, with the legal consequences. By a ruling at 1:48 p.m. on November 28, 2018, this amparo action was admitted for processing, which was notified to the respondents on December 4, 2018. Carlos Manuel Venegas Porras and Ericka Jiménez Valverde report under oath, in their capacity as Regional Director of the Pacífico Central Health Rectorate of the Ministry of Health and Director of the Puntarenas-Chacarita Health Rectorate Area, and explain that integrated waste management is the responsibility of the Municipality. They state that they are not certain of the existence and scope of the sanitary sewer system located in that area, nor of the final treatment provided to the wastewater generated in the homes located in that area. Ocular inspections were carried out on October 16 and November 22, 2018, and in some sectors, solid waste was found on boundaries and floating on the water, as well as offensive odors, without visually confirming from the surface the outflow of wastewater nor verifying acts of solid waste dumping at the visited points. On December 5, the Mayor of Puntarenas was notified of sanitary order No. 0219-Reg-2018, and he was ordered to submit a corrective action plan with an implementation timeline, in order to eliminate and dispose of, in an adequate and sanitary manner at an authorized site, the solid waste accumulated in the inspected areas. In addition, through official communication PC-ARS-PC-0541-2018, the importance of generating political direction regarding the disposal of solid and liquid waste and the apparent lack of a sanitary sewer system for the inhabitants of the Chacarita sector, from Santa Eduviges to Los Garroberos, was reiterated, as well as the need to implement the Municipal Integrated Solid Waste Management Plan. They indicate that the cultural and educational variable is not contemplated within the analysis of this complaint, that they have acted in accordance with the institutional protocols established to address this type of complaint, and that a response will be given to the complainant regarding the actions taken; therefore, they request that the filed amparo action be dismissed. Luis Picado Cubillo reports under oath, in his capacity as Acting Head of the Subregional Office of Esparza-Orotina of the Pacífico Central Conservation Area, that on September 25, the amparo petitioner's complaint was assigned case file No. PC-2-CPI-001-059-2018 "Denuncia Contaminación Estero" (Estuary Contamination Complaint). They explain that, due to the various actions being carried out in the Humedal Estero de Puntarenas (Puntarenas Estuary Wetland), ordered by the Environmental Agrarian Prosecutor's Office (Fiscalía Agraria Ambiental) and in compliance with official communication DFOE-AE-IF-14-2011, which orders the recovery of lands occupied in the wetland, it has not been possible to address the specific complaint. Specifically, they have carried out eviction operations of occupants, cleaning of lands and infrastructure, coordination with community organizations, garbage cleanup campaigns, and reforestation. He states that, in response to the present amparo action, an inspection was coordinated with representatives of the Ministry of Health and the Environmental Manager of the Municipality of Puntarenas for December 10. He clarifies that they have only one person responsible for the Maritime Terrestrial Zone and the Control and Protection Program, who has been handling the mentioned processes, therefore this management was unaware of the delay in addressing the amparo petitioner's complaint. Randall Alexis Chavarría Matarrita reports under oath, in his capacity as Mayor of the Central Canton of Puntarenas, that during an inspection carried out on October 10, 2018, it was not possible to access the mouth of the Naranjo River; but during the tour, the presence of solid waste and wastewater discharges into the drainage channels and the sites where they discharge into the estuary was confirmed, consistent with the complaint. He clarifies that this area is located within a Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) and the River Protection Zone, and is therefore the competence of the environmental authorities. He indicates that they do not have the resources or personnel to collect the waste deposited in the estuary, as the scarce land accesses are not suitable for the entry of mechanized equipment (tracked vehicles orugas), and the morphology of the soils and the type of wetland vegetation complicate movement inside it; and the collection would need to be carried out manually by a large number of people dedicated permanently to this work, which is beyond the Municipality's possibilities. Added to this is the difficulty of carrying out work in the area, due to the fact that the Estero de Puntarenas is a Protected Wilderness Area, widely protected by various regulations. Even so, during 2015 and 2016, coordination was carried out with the Asociación de Marinos Artesanales de San Luis (Association of Artisanal Seafarers of San Luis) for the collection of solid waste in the mangrove, which has mitigated contamination in the wetland; and in February 2018, machinery was contracted to address the cleaning of 2 kilometers of channels. He states that a new inspection will be carried out, in order to develop an action plan containing the necessary measures to carry out the claimed collection. He indicates that the ordinary solid waste collection and final disposal service is regularly provided, and collection days for non-traditional, specially managed, and recoverable waste are held annually. He asserts that a large part of the reported contamination problem is due to poor culture and inadequate behaviors regarding the final disposal of solid waste by the inhabitants of the area, for which reason a Community Education Program on the subject has been implemented, which will begin in the first semester of 2019 through educational centers. He refers that the impacts claimed by the amparo petitioner are also a consequence of the absence of adequate land-use planning (ordenamiento territorial) in the areas surrounding the Estero de Puntarenas, which has generated overpopulation and housing construction in the wetland's buffer zones, without basic sanitary conditions such as a sanitary sewer system or wastewater treatment plant; with the consequent negative impact on the environment. Regarding the absence of a treatment plant and sanitary sewer system, they will proceed to request the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) to carry out the pertinent steps. He concludes that, to provide an integral solution to the evidenced health and contamination problems, permanent coordination and work is required between the Local Government and the Public Institutions having involvement in the matter (the Ministry of Health, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Ministry of Environment and Energy, and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)). Marjorie Casanova Casanova reports under oath, in her capacity as Acting Tax Administrator of the Municipality of Puntarenas, that competence over the reported matter lies with the Departments of the Maritime Terrestrial Zone, Municipal Services, and Environmental Management. She requests that the filed amparo action be dismissed. By a record issued on December 20, 2018, the Secretariat of the Constitutional Chamber records that THE HEAD OF THE PATENTS UNIT OF THE MUNICIPALITY OF PUNTARENAS did not submit any brief or document in order to render the report requested in the initial amparo order. In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Authored by Magistrate Picado Brenes; and, **Considering:** **Object of the amparo action.** The petitioners accuse a lack of attention to their complaint of September 25, 2018, accusing the total omission by the respondent authorities in providing a solution to the health and environmental contamination problems present in the Estuary (Estero) of the province of Puntarenas. **Proven facts.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order: a) During 2015 and 2016, coordination was carried out with the Asociación de Marinos Artesanales de San Luis for the collection of solid waste in the mangrove, which has mitigated contamination in the wetland; and in February 2018, machinery was contracted to address the cleaning of 2 kilometers of channels (report of the Mayor of the Central Canton of Puntarenas). b) The ordinary solid waste collection and final disposal service is regularly provided, and collection days for non-traditional, specially managed, and recoverable waste are held annually; but a large part of the reported contamination problem is due to poor culture and inadequate behaviors regarding the final disposal of solid waste by the inhabitants of the area, for which reason a Community Education Program on the subject has been implemented, which will begin in the first semester of 2019 through educational centers (report of the Mayor of the Central Canton of Puntarenas). c) The scarce land accesses are not suitable for the entry of mechanized equipment (tracked vehicles), and the morphology of the soils and the type of wetland vegetation complicate movement inside it; and the collection would need to be carried out manually by a large number of people dedicated permanently to this work (report of the Mayor of the Central Canton of Puntarenas). d) On September 25, 2018, the amparo petitioners reported the total omission by the respondent authorities in solving the health and environmental contamination problems present in the estuary of the province of Puntarenas, Central canton, district of Chacarita, specifically the sector where the Naranjo River flows out and adjacent to the neighborhoods of San Luis, Fray Casiano de Madrid, and Santa Eduviges. e) During an inspection carried out on October 10, 2018, it was not possible to access the mouth of the Naranjo River; but during the tour, the presence of solid waste and wastewater discharges into the drainage channels and the sites where they discharge into the estuary was confirmed, consistent with the complaint (report of the Mayor of the Central Canton of Puntarenas). f) Ocular inspections were carried out on October 16 and November 22, 2018, and in some sectors, solid waste was found on boundaries and floating on the water, as well as offensive odors, without visually confirming from the surface the outflow of wastewater nor verifying acts of solid waste dumping at the visited points (report of the Regional Director of the Pacífico Central Health Rectorate of the Ministry of Health and the Director of the Puntarenas-Chacarita Health Rectorate Area). g) On December 5, the Mayor of Puntarenas was notified of sanitary order No. 0219-Reg-2018, and he was ordered to submit a corrective action plan with an implementation timeline, in order to eliminate and dispose of, in an adequate and sanitary manner at an authorized site, the solid waste accumulated in the inspected areas (report of the Regional Director of the Pacífico Central Health Rectorate of the Ministry of Health and the Director of the Puntarenas-Chacarita Health Rectorate Area). h) Through official communication PC-ARS-PC-0541-2018, the importance of generating political direction regarding the disposal of solid and liquid waste and the apparent lack of a sanitary sewer system for the inhabitants of the Chacarita sector, from Santa Eduviges to Los Garroberos, was reiterated, as well as the need to implement the Municipal Integrated Solid Waste Management Plan (report of the Regional Director of the Pacífico Central Health Rectorate of the Ministry of Health and the Director of the Puntarenas-Chacarita Health Rectorate Area). i) Due to the various actions being carried out in the Humedal Estero de Puntarenas, ordered by the Environmental Agrarian Prosecutor's Office and in compliance with official communication DFOE-AE-IF-14-2011, which orders the recovery of lands occupied in the wetland, eviction operations of occupants, cleaning of lands and infrastructure, coordination with community organizations, garbage cleanup campaigns, and reforestation have been carried out; however, it has not been possible to address the specific complaint of the petitioners (report of the Acting Head of the Subregional Office of Esparza-Orotina of the Pacífico Central Conservation Area). **Unproven facts.** The following facts of relevance for this resolution are not deemed proven: a) That the respondent authorities have prepared and notified a response to the complaints filed by the petitioners on September 25, 2018. **Precedent.** In the matter examined in case file No. 18-017908-0007-CO, ruling No. 2018021366 was issued, at 9:20 a.m. on December 21, 2018, and the actions carried out by the Municipality, SINAC, and the Ministry of Public Security, aimed at evicting and recovering the Mangrove of the Protected Wilderness Area Humedal del Estero de Puntarenas, were deemed valid, considering that the Humedal Estero Puntarenas and associated mangroves possess the category of Protected Wilderness Area and are incorporated into the Natural Heritage of the State, such that the challenged action does not present constitutional flaws, and, on the contrary, the actions of the respondent officials conform to the law by safeguarding state assets and protected wilderness areas. **On the right to a healthy and ecologically balanced environment.** On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of this right requires that resources be used rationally, and that the State is responsible for protecting the environment, according to the precautionary principle (principio precautorio) that governs environmental matters. This principle obliges the State to provide whatever is necessary, within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the appropriate social conditions so that each person may enjoy their health, understood as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being (see ruling No. 180-98 at 4:24 p.m. on January 13, 1998). The State's objective obligation regarding environmental protection does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the adoption of those that are suitable for protecting that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities, or by natural or legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate those areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo action, a specific type of service-providing activity by the State in fulfillment of its duty to protect the life, health, or environmental rights for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against these rights of individuals. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of the proven inertia of the State, through its competent bodies, in attending to the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights. According to what our Political Constitution establishes in article 169, the administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. In this regard, this Court has already stated that local interest is understood as all that of a public nature that matters to the canton directly and immediately, such that the respective municipality is not only empowered, but also obliged, to attend to everything that benefits its canton (see ruling number 2014-002127). **Regarding the principle of coordination in environmental matters.** Likewise, this Chamber has recognized that one of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist between all public entities and bodies when exercising their competencies and providing the services assigned to them by the legal system. Coordination, in ensuring administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and binds all public entities. Coordination can be inter-organic—between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship—or intersubjective, that is, between public entities, each with its own legal personality, budget, autonomy, and specific competencies. Administrative coordination has the purpose of avoiding duplications and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, ensuring they are performed in a rational and orderly manner (see in this regard vote number 07-15218 at 12:00 p.m. on October 19, 2007). This administrative coordination takes on particular relevance in the case of environmental contamination problems, as it allows the different public entities and bodies to combine efforts, so that the fundamental right of every person to a healthy and ecologically balanced environment can be protected in a timely and effective manner. **VII.- On the specific case.** In the present matter, the petitioners accuse a lack of attention to the complaint in which they accuse the omission of the respondent authorities in addressing the contamination problem in the Estero de Puntarenas. For their part, the respondent authorities state they are aware of the reported problem, which was confirmed in various ocular inspections, explain that specific actions have been carried out aimed, for example, at evicting irregular occupants of the mangrove area; as well as the difficulties imposed by the morphology and conditions (natural and legal) of the terrain. From the list of proven facts, the evidence provided in the case file, and the reports rendered under oath, it is clear that, although specific actions have been carried out by the respondent authorities, aimed at recovering the lands occupied in the wetland, as well as several attempts to provide partial solutions, the contamination problem reported by the petitioners persists. In the same vein, it can be inferred that the respondent authorities have been unable to provide a definitive solution to this problem due to various aspects, including the morphology of the land (mangrove, protected area, river protection zone), the culture of the residents, and the need to manually carry out the required collection of solid waste; as well as the lack of coordination among the different competencies of each of the institutions involved. Based on the foregoing and upon confirming that the reported pollution problem persists, as well as the parallel issue already set forth, the appeal must be granted, ordering the preparation of the corrective action plan and the implementation schedule stipulated in sanitary order No. 0219-Reg-2018, which must be carried out in coordination with the other institutions involved, in order to provide a comprehensive solution, both to the problem of the occupants of the wetland, the lack of sewerage in the area, the lack of a culture of waste disposal of all kinds, and the specific problem of pollution in the estuary (estero). In this regard, it must be warned that it is not for this Court to determine which alternative should be adopted to solve the reported problems. In that sense, it is ordered that, to provide a comprehensive solution to the described problem, the respondents shall implement the corrective actions that have been established on the occasion of the order contained in Sanitary Order No. 0219-REG-2018. Likewise, the appeal must be granted due to the lack of attention to the formal complaints filed by the protected parties before the respondent institutions on September 25, 2018, in order to order them to issue and communicate the corresponding response. In light of the foregoing, the amparo is considered admissible. Note by Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the undersigned’s opinion that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which pollution problems originating from the estuary (estero) located in Puntarenas are alleged, affecting the health of the petitioner and her family, as well as the rest of the neighbors of the place, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life. Documentation provided to the case file. This Chamber must warn the petitioner that if any paper documents were provided, as well as objects or evidence backed up by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Por tanto: The appeal is granted. It is ordered that Randall Alexis Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of the Cantón Central de Puntarenas, Carlos Manuel Venegas Porras and Ericka Jiménez Valverde, in their capacity as Regional Director of the Rectoría de Salud Pacífico Central of the Ministerio de Salud and Director of the Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita, and Luis Picado Cubillo, in his capacity as Acting Chief of the Oficina Subregional de Esparza-Orotina of the Área de Conservación Pacífico Central, or whoever occupies the position in their place, 1) coordinate what is necessary so that a written response is provided to the petitioners regarding the pollution complaint filed on September 25, 2018, within five days following notification of this judgment; and 2) that within the scope of their competencies, they coordinate the actions and issue the orders necessary to fully comply with the provisions issued by the Ministerio de Salud in sanitary order No. 0219-Reg-2018. He is warned that if he fails to comply with said order, he will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Puntarenas are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado makes a note. Notify the present resolution to Randall Alexis Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of the Cantón Central de Puntarenas, Carlos Manuel Venegas Porras and Ericka Jiménez Valverde, in their capacity as Regional Director of the Rectoría de Salud Pacífico Central of the Ministerio de Salud and Director of the Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita, and Luis Picado Cubillo, in his capacity as Acting Chief of the Oficina Subregional de Esparza-Orotina of the Área de Conservación Pacífico Central, or whoever occupies the position in their place, personally, as well as to the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. \t Fernando Castillo V. President \t Paul Rueda L. \t \t Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. \t \t Marta Eugenia Esquivel R. Ana María Picado B. \t \t Mauricio Chacón J. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *WI7UXCHMZ3M61* WI7UXCHMZ3M61 EXPEDIENTE N° 18-018800-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:11:59. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República