Res. 09493-2016 Sala Constitucional — Reiteration to the Legislative Assembly to remedy omission in Article 28 of the Forestry LawReiteración a la Asamblea Legislativa de subsanar omisión en artículo 28 de la Ley Forestal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09493 - 2016

Fecha de la Resolución: 08 de Julio del 2016 a las 09:45

Expediente: 05-010758-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 010- Sala Constitucional

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

“De conformidad con lo informado por el presidente de la Asamblea Legislativa, y habiendo transcurrido sobradamente un tiempo razonable para proceder a la reforma señalada en la sentencia transcrita, lo propio es reiterar la orden emitida en la sentencia número  2007-003923 de las quince horas y dos minutos del veintiuno de marzo de dos mil siete, para que la Asamblea Legislativa dicte las medidas precautorias que permitan asegurar la protección del ambiente en la aplicación del artículo 28 de la Ley Forestal, tal y como se indica en la parte considerativa de la resolución que se acusa como incumplida. Por otra parte, siendo necesario establecer desde el punto de vista procesal que si bien el informe fue rendido por el señor Rafael Ortiz Fabrega, anterior presidente de la Asamblea Legislativa, es de igual manera público y notorio, que a partir del 1° de mayo hay una nueva legislatura e integración del Directorio Legislativo, se imparte la orden a su nuevo presidente, Antonio Álvarez Desanti, en cuya posición debe procurar este cometido. Sentencia 9493-16

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Texto de la resolución

Exp: 05-010758-0007-CO

Res. Nº 2016009493




SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del ocho de julio de dos mil dieciséis.

         

Acción de inconstitucionalidad promovida por José Francisco Alfaro Carvajal, mayor, casado, portador de la cédula de identidad No. 0105180468, vecino de Concepción de San Rafael de Heredia; contra los artículos 27 y 29 de la Ley Forestal y los artículos 90 y 91 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE de 17 de octubre de 1996.

Resultando:

         1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas diecisiete minutos del veintitrés de febrero de 2016, el accionante junto a otros firmantes solicitan que se le prevenga a los diputados (as) de la Asamblea Legislativa realizar lo que corresponda para que inmediatamente se cumpla lo ordenado en la resolución No. 2007-003923, y para que se remedie la ausencia de medidas precautorias que aseguren la correcta aplicación del artículo 28 de la Ley Forestal.

          2.- Por resolución de las trece horas cuarenta y siete minutos de uno de marzo de 2016, el magistrado instructor de la acción otorgó audiencia por quince días hábiles al presidente de la Asamblea Legislativa, señor Rafael Ortiz Fábrega, para que se refiriera a lo denunciado y aportara las pruebas correspondientes a los hechos y omisiones que se le atribuyen. 

         3.- Por escrito presentado a las trece horas cuarenta y dos minutos del veintiocho de marzo de 2016, el presidente de la Asamblea Legislativa se opone a la pretensión de los gestionantes. En concreto, señala que a raíz de la declaratoria de inconstitucionalidad fueron presentados las siguientes iniciativas de Ley: Expediente No. 18765, denominado “Reforma al Artículo 28 de la Ley Forestal”, que proponía que, previo a contar con la autorización para talar árboles, debía contarse con una inspección ex ante, de la cual podían resultar las medidas de mitigación y precautorias que fueran necesarias para la protección del ambiente. El proyecto ingresó a la corriente legislativa de 7 de mayo de 2005, y fue archivado el 15 de diciembre de 2015, a causa de recibir Dictamen Unánime Negativo en la Comisión Especial de Ambiente, porque se consideró que no cumplía con los requerimientos de la sentencia de inconstitucionalidad, y porque había otras iniciativas que podrían subsanar la situación. Aclara que el dictamen no aclara cuáles era esas iniciativas.  El otro, Expediente No. 17472 “Reforma al artículo 28 de la Ley Forestal”, fue presentado a la corriente legislativa el 4 de agosto de 2009, pero fue archivado por vencimiento del plazo cuatrienal el 6 de agosto de 2013. Precisamente, intentaba dar certeza jurídica a las inversiones en plantaciones forestales, y proponía no incorporar medidas precautorias, sino un procedimiento para proceder sin autorización en los casos en que ya exista un plano de manejo, que básicamente era apegarse a él, o contar con la certificación de un regente ambiental de que no se produciría un daño, cuando no se contara con eses plan previamente aprobado. Este expediente fue archivado. Estas son las dos únicas iniciativas que se ha logrado identificar: una tendiente a legislar en el sentido que lo indicó la Sala y la otra más bien como respuesta a ese fallo, buscando rescatar el espíritu original de la norma.

Más aún, señala que el accionante busca conferirle efectos de una sentencia de amparo contra acciones materiales o actos administrativos de servidores públicos y de la Administración en general, pero no en contra de los actos propios de los Poderes del Estado, y en particular, no contra las leyes de carácter general que dicta la Asamblea Legislativa, según dispone expresamente en el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Las regulaciones propias de estos procesos están en los artículos 53 y 71 de la ley mencionada. Las regulaciones de las acciones comienzan a partir del Título IV, donde las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad tienen un efecto declarativo, los cuales recaen únicamente sobre la eficacia o validez de la norma cuestionada o impugnada (artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Es indebido y manifiestamente improcedente, acusar de desobediencia a una sentencia de acción de inconstitucionalidad que nunca ordenó plazo concreto, sino que, simplemente, se limitó a constatar la inconstitucionalidad por omisión del artículo 28 de la Ley Forestal. En el por tanto de la sentencia No. 2007-03923 únicamente se constata que es la Asamblea Legislativa la competente para subsanar la omisión señalada, pero, de ningún modo, hay una orden expresa de legislar, ni mucho menos, un plazo concreto para hacerlo. Debe tomar en cuenta la Sala que la propia Constitución Política establece el principio de soberanía de la ley en el artículo 105, que diáfanamente señala que: “que la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio o contrato, directa o indirectamente…”. Está claro que la Asamblea Legislativa es quien legisla, y que la Sala Constitucional puede constatar omisiones (inconstitucionalidad por omisión), pero no decidir cuándo ni cómo se legisla, porque, en este caso, asumiría las funciones del legislador.  Diferente ha sido cuando existe expresamente un mandato constitucional de legislar, en cuyo caso la orden o mandato deviene de la misma Constitución, y la Sala Constitucional se limita a aplicar dicha norma. La notificación de la sentencia a la Asamblea Legislativa no tiene los mismos alcances que la que se notifica en un recurso de amparo. Queda asentado que es absolutamente improcedente acusar de desobediencia en el cumplimiento de una sentencia de una acción de inconstitucionalidad, que únicamente declaró una inconstitucionalidad por omisión, y se limitó a observar o constatar que la Asamblea Legislativa es la competente para subsanar tal omisión, pero que la Sala nunca giró orden alguna. Solicita se rechace la solicitud.

          4.- El artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala que las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo.

         Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

         I.-   Alegatos del presidente de la Asamblea Legislativa.- El señor Rafael Ortiz Fábrega, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, informa que fueron tramitados dos proyectos de ley cuyo fin era atender el vacío señalado por la Sala en su sentencia No. 2007-3923 de las quince horas dos minutos del 21 de marzo de 2007, que si bien ingresaron a la corriente legislativa no gozaron de su aprobación por el plenario legislativo. Con base en lo señalado en esta audiencia, se tiene que los únicos dos proyectos que se pudieron identificar fueron: uno para dar cumplimiento a lo resuelto, y el otro, para retomar el espíritu original de la norma declarada inconstitucional. Por lo tanto, se logra uno de los primeros objetivos de la audiencia otorgada por esta Sala a la Asamblea Legislativa, es decir, constatar si en efecto existe en la corriente legislativa un proyecto de ley, determinar cuál es su avance o progreso, entre otras cosas, tendiente a llenar el vacío normativo declarado inconstitucional por la sentencia.  Pero en forma concreta, no hay más elementos que permitan concluir que la Asamblea Legislativa tiene presentado otro proyecto de ley tendiente a solucionar ese vacío, dentro de los parámetros señalados por la Sala, y con ellos, solventar las violaciones constitucionales indicadas en la mencionada sentencia. 

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa expresa que la referida sentencia adolece de varios problemas: el primero, es que el procedimiento por incumplimiento que se intenta aplicar, no corresponde a un proceso declaratorio de inconstitucionalidad o de omisión inconstitucional de normas, cuyo efecto es muy distinto, toda vez que estaría dispuesto para juzgar actos u omisiones en los recursos de amparo y habeas corpus, los que sirven para declarar las infracciones constitucionales contra omisiones materiales y de las autoridades administrativas. De segundo, tiene repercusiones importantes que esta Sala debe abordar, toda vez que el presidente de la Asamblea Legislativa invoca una prerrogativa del Poder Legislativo, señalado en el artículo 105 de la Constitución Política, con el que se deposita la representación del pueblo en los (las) legisladores (as) de la Asamblea Legislativa, y por la delegación de la soberanía del pueblo a favor de sus representantes, lo que implica la dirección como el manejo para legislar.  Finalmente, como tercer tema el presidente informante expresa que la parte dispositiva no contiene una orden concreta que cumplir. 

II.- Análisis de la Sala.  Lo primero que debe hacer es transcribir la parte final y dispositiva de la sentencia No. 2007-003923 de las quince horas dos minutos del veintiuno de marzo de dos mil siete, en la que se estableció que:

“… esta Sala considera de conformidad con lo expuesto, que en este caso, se produce una inconstitucionalidad por omisión relativa. No obstante, si bien la Sala Constitucional es la competente para declarar la inconstitucionalidad de una norma, una violación de esta naturaleza debe ser subsanada por la Asamblea Legislativa, extendiendo la aplicación de la ley a los casos no contemplados expresamente por ella, como en este caso, a las especies y áreas que quedaron desprotegidas en el concepto de bosque actual, así como tomar medidas de prevención y control sobre las áreas en las que son permitidas la tala. Por todo lo expuesto, estimamos que el artículo 28 cuestionado lesiona el artículo 50 de la Constitución Política. Sin embargo, con el fin de no violentar el principio de separación de poderes, resulta procedente a nuestro criterio, otorgar un plazo prudencial a la Asamblea Legislativa para que subsane la violación indicada.

VI.- Conclusión. Por todo lo expuesto, la acción se declara con lugar únicamente por la omisión relativa del artículo 28 de la Ley Forestal de establecer medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente respecto. En lo demás, se declara sin lugar la acción. El Magistrado Jinesta salva el voto y declara sin lugar la acción.

Por tanto:

Se declara con lugar la acción únicamente, por la omisión del artículo 28 de la Ley Forestal de establecer medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente. Corresponde a la Asamblea Legislativa subsanar la ausencia de medidas precautorias, que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 en tutela del ambiente, según lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia. Comuníquese esta sentencia a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial “La Gaceta” y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. En lo demás, se declara sin lugar la acción. El Magistrado Jinesta salva del voto y declara sin lugar la acción”.

De conformidad con lo informado por el presidente de la Asamblea Legislativa, y habiendo transcurrido sobradamente un tiempo razonable para proceder a la reforma señalada en la sentencia transcrita, lo propio es reiterar la orden emitida en la sentencia número  2007-003923 de las quince horas y dos minutos del veintiuno de marzo de dos mil siete, para que la Asamblea Legislativa dicte las medidas precautorias que permitan asegurar la protección del ambiente en la aplicación del artículo 28 de la Ley Forestal, tal y como se indica en la parte considerativa de la resolución que se acusa como incumplida. Por otra parte, siendo necesario establecer desde el punto de vista procesal que si bien el informe fue rendido por el señor Rafael Ortiz Fabrega, anterior presidente de la Asamblea Legislativa, es de igual manera público y notorio, que a partir del 1° de mayo hay una nueva legislatura e integración del Directorio Legislativo, se imparte la órden a su nuevo presidente, Antonio Álvarez Destanti, en cuya posición debe procurar este cometido.- 

III.- Voto Salvado del magistrado Castillo Víquez.

Como se observa de lo anterior, a pesar de la intención del Tribunal de establecer un plazo para adicionar la ley que encontró omisa, tema muy controversial en la doctrina y la jurisprudencia, tal y como lo deja entrever el presidente de la Asamblea Legislativa, lo cierto del caso es que el Tribunal no lo dispuso así en la parte dispositiva de la sentencia, y más bien quedó librado un tiempo “prudencial” para que el legislador realizara la reforma al artículo 28 de la Ley Forestal. Es cierto que la inconstitucionalidad por omisión supone unos efectos concretos sobre la inactividad del legislador, cuando hay una obligación constitucional, o internacional que impone determinadas y concretas obligaciones sobre el Estado costarricense. De manera que guiado por la parte dispositiva, y a pesar de que la parte considerativa se hubiese anunciado el tema del plazo “prudencial”, el resultado es que esta Sala no lo concretó, por lo que en efecto quedaría a la sensatez y a la discrecionalidad del legislador establecer la forma, el momento, así como la oportunidad para definir cómo cumplirá la sentencia mencionada. 

IV.- Nota del Magistrado Rueda Leal.-

En la sentencia número 2015-11533 de las 11:46 horas del 26 de julio de 2015, relacionada con una gestión por incumplimiento a lo dispuesto en el voto de una acción de inconstitucionalidad, esta Sala se pronunció en este sentido:

“Luego de estudiar el caso, la Sala considera que la gestión de desobediencia debe ser desestimada por los siguientes motivos. El proceso en que recayó dicha sentencia versó sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, según lo regulado por artículos 73 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Congruentemente, este Tribunal se abocó en dicha ocasión al estudio de los numerales cuestionados a la luz del bloque de constitucionalidad y determinó, de esa manera, los parámetros de constitucionalidad de tales normas, lo cual quedó plasmado finalmente en la parte dispositiva de la respectiva sentencia. Así,  la resolución no establece una orden específica que fuera impuesta a alguna autoridad por la Sala, ni siquiera contiene el deber de ejecutar alguna acción concreta, sino que, como se dijo, estableció los parámetros de constitucionalidad de la norma. En ese sentido, para acusar la desobediencia a una sentencia de la Sala, debe existir necesariamente una orden dirigida a un funcionario determinado o determinable, con advertencia de las consecuencias de ley en caso de incumplimiento y, además, la orden debe ser notificada personalmente. Nótese inclusive que la desobediencia a las órdenes de la Sala es sancionada por la ley en los procesos de amparo y hábeas corpus (no de acciones de inconstitucionalidad), pues es en ellos en los que se gira semejantes órdenes (artículos 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Así las cosas, en la sentencia de marras, como no existe una orden dirigida a alguna autoridad en específico, resulta jurídicamente improcedente plantear una gestión de desobediencia (véase en el mismo sentido las resoluciones Nº 2015-1475 de las 14:30 horas del 3 de febrero de 2015 y Nº 2013-13347 de las 14:30 horas del 9 de octubre de 2013) …” (El destacado no corresponde al original).

En el sub examine, no se advierte de la parte dispositiva de la sentencia número 2007-003923 de las 15:02 horas del 21 de marzo de 2007 (en cuya redacción no participé), que se haya emitido alguna orden dirigida a una autoridad en específico, puesto que en realidad se hace alusión a la Asamblea Legislativa en general. Por tal razón, en este caso en particular, no procede testimoniar piezas en los términos del Capítulo IV de la LJC.

Lo anterior no impide que la Sala procure la ejecución de sus sentencias, incluso en acciones de inconstitucionalidad, toda vez que el artículo 56 de la LJC dispone que “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.” Dicha norma no distingue entre procesos de constitucionalidad, pues de lo contrario se vería afectado, en su contenido esencial, el principio de supremacía de la Constitución.

En consecuencia, coincido con la mayoría en reiterarle al Presidente de la Asamblea Legislativa el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia objeto de esta gestión.




V.- Nota Separada de la Magistrada Hernández López .-

Nuestro ordenamiento jurídico, no contiene en la Ley de la Jurisdicción Constitucional potestad alguna para conminar con plazo a la Asamblea Legislativa a respetar el orden constitucional, salvo que sea la propia Constitución la que lo establezca o señale una obligación de hacer o no hacer específica a la Asamblea Legislativa. Otros ordenamientos jurídicos -generalmente de países desarrollados-, tienen remedios para este tipo de situaciones y regulan expresamente potestades a los Tribunales Constitucionales para conminar al Parlamento a acatar una orden o bien incluso para emitir reglas sustitutivas mientras la omisión se subsana. Sin embargo, al no existir una disposición expresa en ese sentido, considero que la Sala no puede dar plazos específicos al Poder Legislativo para suplir una omisión constitucional. Así las cosas, lo que este Tribunal puede hacer en cumplimiento de su deber, es señalar la omisión para que sea la Asamblea Legislativa la que determine cómo y cuándo suplir una determinada omisión, lo cual ya en este caso se ha dado en el voto citado.

Es sin duda un problema de diseño constitucional que en algún momento debe ser suplido ya que en un estado constitucional de derecho, todos los órganos y poderes constituidos estamos debajo de la Constitución y por lo tanto sin excepciones debemos estar sometidos a ella. Permitir que existan zonas de inmunidad, es prolongar un estado de cosas inconstitucional, en determinados ámbitos, que erosiona el sistema democrático en su totalidad.

Los primeros obligados a cumplir con el estado de derecho, son los representantes de la patria, y en este caso, trasluce una inercia que además ya se va haciendo costumbre cuando de cumplir con la Constitución se trata, porque son varios los casos en esta situación, lo cual es reflejo de que cuando se jura cumplir con la Constitución como primer acto a partir del nombramiento, para algunos es meramente simbólico.

En ese sentido, tal como expresé al conocerse el incumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 10-00477, lo anterior no significa que como órgano constituido que es, la Asamblea Legislativa no esté obligada a cumplir con la Constitución Política por lo que, en un Estado de Derecho, declarada una omisión inconstitucional de su parte, ella está obligada a ponerle remedio, No obstante, en respeto de su condición de Poder de la República de su función, debe hacerlo en sus tiempos y con sus formas procurando cumplir en un plazo razonable.

Dicho lo anterior, y en razón de ese mismo respeto al orden formal y material de la Carta Fundamental, estoy obligada a cumplir, y hacer cumplir por los medios apropiados, lo que se ha dispuesto en una sentencia válida y eficaz de la Sala Constitucional -aunque no la haya suscrito-, y por ese motivo concurro en la decisión que aquí se toma, de reiterar a la Asamblea Legislativa lo dispuesto en la sentencia 2007-003923 citada.

VI.- Nota separada del Magistrado Cruz Castro.-

 Al parlamento no es necesario darle plazo, porque la condición jurídico política que ostenta, no requiere un instrumento coactivo que le obligue a cumplir con sus obligaciones institucionales. Existe una obligación ineludible del primer poder de la república de acatar una decisión judicial, máxime si se trata de un tema vinculado con la protección del ambiente.  Aún con el plazo, hay demasiadas imprecisiones, prohijadas desde el poder, que impiden acatar un fallo de este tribunal. En las cúpulas del poder debe imperar una autocontención que imponga la obligación de acatar un mandato proveniente de un tribunal al que constitucionalmente se le ha dado la misión de tutelar el pacto fundamental de la sociedad. Si se le dio plazo  al parlamento o si no se le dio, son filigranas que no resuelven un flagrante incumplimiento de una obligación fundamental. Cuando un poder ignora un mandato judicial, incurre en un acto arbitrario, desconociendo el contenido de un mandato judicial, que sí sería exigible para el resto de los ciudadanos. No puedo imaginar al Ministerio Público investigando al parlamento por incumplir, conscientemente, un mandato judicial. Aquí sí vale la autocontención, la prudencia institucional. El mandato que contiene el fallo es muy claro, especialmente si se lee el siguiente párrafo del fallo (voto 3923-2007):

“…..Como ya fue expuesto, la norma resulta omisa al no contemplar la Ley Forestal medidas previas, que pueden ir desde la autorización, hasta la inspección previa a la corta de los árboles, independientemente de su naturaleza y área. El no haber contemplado el legislador medidas preventivas al respecto, se constituye lo denominado inconstitucionalidad por omisión relativa. Esta omisión consiste en aquellos casos en que un enunciado legal, regula una determinada situación jurídica, pero lo hace defectuosamente, omitiendo en su regulación alguna de sus dimensiones. En este tipo de silencio, lo que es objeto de control es la norma legal explícita, aunque el motivo de su impugnación no sea su texto, sino lo que justamente, no dice el texto, y esa omisión crea una situación contraria a la Constitución. Ejemplo típico  de la inconstitucionalidad por omisión, lo es el de los enunciados de una ley que vulnera el principio de igualdad, bien porque excluye expresamente a un grupo determinado de individuos sin razón aparente, de un beneficio al que tendrían derecho o una expectativa fundada; o bien, porque el enunciado al regular ese beneficio, lo hace a favor de un grupo determinado y guarda silencio sobre el resto (como el caso que nos ocupa). Según la doctrina, puede suceder que la disposición, guarde silencio sobre una situación jurídica que amerita ser tutelada, porque así lo ordena la Constitución. Del enunciado cabe derivar entonces una norma implícita, que regula de modo distinto en la norma explícita, la situación jurídica objeto de protección constitucional, como en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que lleva implícito el principio de precaución. Según el análisis practicado al artículo impugnado, el legislador modificó el concepto de bosque a partir del cual se desarrolla la protección, restricciones y permisos otorgados en la Ley Forestal -como es el caso del artículo 28 en cuestión "Excepción de permiso de corta"-, de tal manera que, restringió sin fundamento técnico, el concepto anterior de bosque existente en la ley previo a su reforma. De modo que fueron dejadas sin protección vía ley, las especies no autóctonas y las áreas inferiores a dos hectáreas que constituyeran bosque, trayendo como consecuencia, que a través del artículo 28 impugnado, no se requiera de permiso para talar, ni siquiera de inspección previa, que permita asegurar que se trata del supuesto que la norma quiso incentivar, toda plantación forestal, sistema agroforestal o cualquier árbol plantado, quedando expuestas áreas que por su ubicación, cantidad y la función que han ejercido durante muchísimos años, amerita la conservación y regulación de su tala, independientemente de la naturaleza de su especie y de la naturaleza del terreno donde se ubique. Así las cosas,  esta Sala considera de conformidad con lo expuesto, que en este caso, se produce una inconstitucionalidad por omisión relativa. No obstante, si bien la Sala Constitucional es la competente para declarar la inconstitucionalidad de una norma, una violación de esta naturaleza debe ser subsanada por la Asamblea Legislativa, extendiendo la aplicación de la ley a los casos no contemplados  expresamente por ella, como en este caso, a las especies y áreas que quedaron desprotegidas en el concepto de bosque actual, así como tomar medidas de prevención y control sobre las áreas en las que son permitidas la tala. Por todo lo expuesto, estimamos que el artículo 28 cuestionado lesiona el artículo 50 de la Constitución Política. Sin embargo, con el fin de no violentar el principio de separación de poderes, resulta procedente a nuestro criterio, otorgar un plazo prudencial a la Asamblea Legislativa para que subsane la violación indicada….”.

Este mandato de un tribunal de la República, es claro, el parlamento, como poder preponderante en un estado democrático, debe acatar una obligación impuesta constitucionalmente. Sin embargo, han pasado nueve años y los representantes de los ciudadanos, estiman que no están obligados a acatar tal mandato, a pesar del daño ambiental que provoca su omisión.  Se trata de una obligación con el ambiente, su incumplimiento evidencia la debilidad del compromiso en la tutela de la madre naturaleza. El país que es conocido mundialmente por su compromiso con el ambiente, el que ha declarado la paz con la naturaleza, incumple, conscientemente,  su compromiso con la tutela de la Madre Tierra. El incumplimiento de la sentencia, pierde relevancia, con plazo o sin él, porque no podríamos someter al parlamento a un proceso de desobediencia, porque frente a los poderes formales de máxima relevancia, no se impone la coercitividad, sino la convicción y los valores de una cultura política que se somete, voluntariamente,  a un mandato judicial, sin necesidad de la coercitividad. No es un buen síntoma para la democracia y para la vigencia del estado social y democrático de derecho, que el parlamento, durante nueve años,  incumpla un mandato judicial. La prudencia, la autocontención, la moderación, son las virtudes del poder, demostradas en cada una de sus acciones. No son necesarios los plazos, las medidas coercitivas para que los representantes de los ciudadanos acaten el mandato de un tribunal que constitucionalmente se encarga de la protección de los derechos fundamentales.  No hay que olvidar que la legitimidad de un poder no deriva de sus leyes o de su poder coercitivo,  sino de la aceptación del mandato, sin requerir coacción. Así como el ciudadano fortalece la legitimidad del poder cuando acata un mandato, de igual forma, los que ejercen un poder formal como el parlamento, desconocen la legitimidad del régimen cuando conscientemente desobedecen una sentencia. La desobediencia prolongada, es un mal síntoma de un poder que desconoce las obligaciones derivadas de la Constitución. En una República se espera que los que ejercen autoridad,  acaten lo que un tribunal constitucional  ha ordenado.  Esta es una situación en que la ética del poder es la que debe imperar, sin depender de plazos o de instrumentos coercitivos.   

VII.- Por todo lo expuesto, lo que procede es reiterar la orden emitida por esta Sala por sentencia número  2007-003923 de las quince horas y dos minutos del veintiuno de marzo de dos mil siete, para que la Asamblea Legislativa dicte para el artículo 28 de la Ley Forestal, las medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente.

El magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara que no ha lugar a la gestión formulada. Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y la magistrada Hernández López ponen notas separadas     

Por tanto:

Se reitera a Antonio Álvarez Desanti, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, o a quién ocupe su cargo, el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia número  2007-003923 de las quince horas y dos minutos del veintiuno de marzo de dos mil siete, para que la Asamblea Legislativa dicte para el artículo 28 de la Ley Forestal, las medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente. Notifíquese, reséñese y publíquese integralmente esta sentencia.

El magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara que no ha lugar a la gestión formulada. Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y la magistrada Hernández López ponen notas separadas.  

         









Fernando Cruz C.
Presidente a.i.








Fernando Castillo V.                                                            Paul Rueda L.










 Nancy Hernández L.                                                         Luis Fdo. Salazar A.










  Aracelly Pacheco S.                                                  José Paulino Hernández G.         





 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 15-03-2026 12:51:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Constitutional Chamber

Resolution No. 09493 - 2016

Date of Resolution: July 8, 2016 at 9:45 a.m.

Case File: 05-010758-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of matter: Unconstitutionality action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolutions in the same case file

Resolution with protected data, in accordance with current regulations

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 010- Constitutional Chamber

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

"In accordance with the information provided by the president of the Asamblea Legislativa, and a reasonable time having more than elapsed to proceed with the reform indicated in the transcribed ruling, it is proper to reiterate the order issued in ruling number 2007-003923 of three hours and two minutes past fifteen on March twenty-first, two thousand seven, so that the Asamblea Legislativa issues the precautionary measures that ensure the protection of the environment in the application of article 28 of the Ley Forestal, as indicated in the whereas part of the resolution accused of non-compliance. On the other hand, it being necessary to establish from a procedural point of view that, although the report was rendered by Mr. Rafael Ortiz Fabrega, former president of the Asamblea Legislativa, it is equally public and notorious that, as of May 1st, there is a new legislative term and composition of the Legislative Directory, the order is given to its new president, Antonio Álvarez Desanti, in whose position he must pursue this task. Ruling 9493-16

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Text of the resolution

Case File: 05-010758-0007-CO

Res. No. 2016009493

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty-five minutes on July eighth, two thousand sixteen.

Unconstitutionality action brought by José Francisco Alfaro Carvajal, of legal age, married, holder of identity card No. 0105180468, resident of Concepción de San Rafael de Heredia; against articles 27 and 29 of the Ley Forestal and articles 90 and 91 of its Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE of October 17, 1996.

Whereas:

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at eleven hours seventeen minutes on February twenty-third, 2016, the petitioner together with other signatories request that the deputies of the Asamblea Legislativa be warned to do what is necessary so that what was ordered in resolution No. 2007-003923 is immediately complied with, and to remedy the absence of precautionary measures that ensure the correct application of article 28 of the Ley Forestal.

2.- By resolution of thirteen hours forty-seven minutes on March first, 2016, the investigating magistrate of the action granted an audience of fifteen business days to the president of the Asamblea Legislativa, Mr. Rafael Ortiz Fábrega, to address the allegations and provide the corresponding evidence of the acts and omissions attributed to him.

3.- By brief filed at thirteen hours forty-two minutes on March twenty-eighth, 2016, the president of the Asamblea Legislativa opposes the claim of the petitioners. Specifically, he points out that as a result of the declaration of unconstitutionality, the following legislative initiatives were presented: Case File No. 18765, called "Reform of Article 28 of the Ley Forestal," which proposed that, prior to having authorization to cut trees, there must be an ex ante inspection, from which the mitigation and precautionary measures necessary for the protection of the environment could result. The bill entered the legislative process on May 7, 2005, and was archived on December 15, 2015, due to receiving a Unanimous Negative Opinion in the Special Environment Committee, because it was considered that it did not meet the requirements of the unconstitutionality ruling, and because there were other initiatives that could remedy the situation. He clarifies that the opinion does not clarify which those initiatives were. The other, Case File No. 17472 "Reform of article 28 of the Ley Forestal," was submitted to the legislative process on August 4, 2009, but was archived due to expiration of the four-year term on August 6, 2013. Specifically, it attempted to provide legal certainty to investments in forest plantations, and proposed not to incorporate precautionary measures, but a procedure to proceed without authorization in cases where a management plan already exists, which was basically to adhere to it, or to have the certification of an environmental regent that no damage would occur, when there was no such previously approved plan. This case file was archived. These are the only two initiatives that have been identified: one aimed at legislating in the sense indicated by the Chamber and the other rather as a response to that ruling, seeking to recover the original spirit of the norm.

Furthermore, he points out that the petitioner seeks to confer upon it the effects of an amparo ruling against material actions or administrative acts of public servants and the Administration in general, but not against the acts proper to the Powers of the State, and in particular, not against the general laws issued by the Asamblea Legislativa, as expressly provided in article 30, subsection a) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. The regulations governing these processes are found in articles 53 and 71 of the aforementioned law. The regulations for actions begin with Title IV, where rulings in unconstitutionality actions have a declaratory effect, which fall solely upon the effectiveness or validity of the norm questioned or challenged (article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). It is improper and manifestly inadmissible to accuse of disobedience a ruling in an unconstitutionality action that never ordered a specific deadline, but simply confined itself to verifying the unconstitutionality by omission of article 28 of the Ley Forestal. In the therefore part of ruling No. 2007-03923, it is only verified that the Asamblea Legislativa is the competent body to remedy the noted omission, but, in no way, is there an express order to legislate, much less a specific deadline to do so. The Chamber must take into account that the Political Constitution itself establishes the principle of sovereignty of the law in article 105, which clearly states: "that the power to legislate resides in the people, who delegate it to the Asamblea Legislativa through suffrage. Such power may not be renounced or subject to limitations by any agreement or contract, directly or indirectly...". It is clear that the Asamblea Legislativa is the one that legislates, and that the Constitutional Chamber can verify omissions (unconstitutionality by omission), but not decide when or how to legislate, because, in that case, it would assume the functions of the legislator. It has been different when there is expressly a constitutional mandate to legislate, in which case the order or mandate comes from the Constitution itself, and the Constitutional Chamber merely applies said norm. The notification of the ruling to the Asamblea Legislativa does not have the same scope as the one notified in an amparo appeal. It is established that it is absolutely inadmissible to accuse of disobedience in complying with a ruling from an unconstitutionality action, which only declared an unconstitutionality by omission, and was limited to observing or verifying that the Asamblea Legislativa is the competent body to remedy such omission, but the Chamber never issued any order. He requests that the petition be rejected.

4.- Article 12 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional states that rulings issued by the Chamber may be clarified or supplemented at the request of a party, if requested within three days, and on its own motion at any time, including in enforcement proceedings, to the extent necessary to give full compliance with the content of the decision.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- Allegations of the president of the Asamblea Legislativa.- Mr. Rafael Ortiz Fábrega, in his capacity as president of the Asamblea Legislativa, reports that two bills were processed whose purpose was to address the gap identified by the Chamber in its ruling No. 2007-3923 of fifteen hours and two minutes on March 21, 2007, which, although they entered the legislative process, did not receive approval from the legislative plenary. Based on what was stated in this audience, it is understood that the only two bills that could be identified were: one to comply with what was decided, and the other, to return to the original spirit of the norm declared unconstitutional. Therefore, one of the first objectives of the audience granted by this Chamber to the Asamblea Legislativa is achieved, that is, to verify whether a bill indeed exists in the legislative process, to determine its progress or advancement, among other things, aimed at filling the regulatory gap declared unconstitutional by the ruling. But in concrete terms, there are no further elements that allow concluding that the Asamblea Legislativa has submitted another bill aimed at resolving this gap, within the parameters indicated by the Chamber, and with it, resolving the constitutional violations indicated in the aforementioned ruling.

On the other hand, the president of the Asamblea Legislativa states that the referred ruling suffers from several problems: the first is that the non-compliance procedure being attempted does not correspond to a declaratory process of unconstitutionality or unconstitutional omission of norms, whose effect is very different, since it would be designed to judge acts or omissions in amparo and habeas corpus appeals, which serve to declare constitutional violations against material omissions and those of administrative authorities. Second, it has important repercussions that this Chamber must address, since the president of the Asamblea Legislativa invokes a prerogative of the Legislative Power, indicated in article 105 of the Political Constitution, by which the representation of the people is vested in the legislators of the Asamblea Legislativa, and through the delegation of the sovereignty of the people in favor of their representatives, which implies the direction and management for legislating. Finally, as a third point, the reporting president states that the operative part does not contain a specific order to comply with.

II.- Analysis of the Chamber. The first thing it must do is transcribe the final and operative part of ruling No. 2007-003923 of fifteen hours and two minutes on March twenty-first, two thousand seven, in which it was established that:

"... this Chamber considers in accordance with the foregoing, that in this case, a relative unconstitutionality by omission occurs. However, although the Constitutional Chamber is competent to declare the unconstitutionality of a norm, a violation of this nature must be remedied by the Asamblea Legislativa, extending the application of the law to cases not expressly contemplated by it, as in this case, to the species and areas that were left unprotected under the current definition of forest, as well as taking prevention and control measures over the areas in which cutting is permitted. For all the foregoing, we consider that the challenged article 28 violates article 50 of the Political Constitution. Nevertheless, in order not to violate the principle of separation of powers, it is appropriate in our judgment to grant a prudential deadline to the Asamblea Legislativa to remedy the indicated violation.

VI.- Conclusion. For all the foregoing, the action is granted solely regarding the relative omission in article 28 of the Ley Forestal to establish precautionary measures that ensure the protection of the environment. In all other respects, the action is dismissed. Magistrate Jinesta dissents and dismisses the action.

Therefore:

The action is granted solely regarding the omission in article 28 of the Ley Forestal to establish precautionary measures that ensure the protection of the environment. It is incumbent upon the Asamblea Legislativa to remedy the absence of precautionary measures that ensure, beforehand, the correct application of the provisions of article 28 in protection of the environment, as indicated in the whereas part of this ruling. Notify this ruling to the Legislative and Executive Powers. Record this pronouncement in the Official Gazette "La Gaceta" and publish it in its entirety in the Judicial Bulletin. In all other respects, the action is dismissed. Magistrate Jinesta dissents and dismisses the action."

In accordance with the information provided by the president of the Asamblea Legislativa, and a reasonable time having more than elapsed to proceed with the reform indicated in the transcribed ruling, it is proper to reiterate the order issued in ruling number 2007-003923 of fifteen hours and two minutes on March twenty-first, two thousand seven, so that the Asamblea Legislativa issues the precautionary measures that ensure the protection of the environment in the application of article 28 of the Ley Forestal, as indicated in the whereas part of the resolution accused of non-compliance. On the other hand, it being necessary to establish from a procedural point of view that, although the report was rendered by Mr. Rafael Ortiz Fabrega, former president of the Asamblea Legislativa, it is equally public and notorious that, as of May 1st, there is a new legislative term and composition of the Legislative Directory, the order is given to its new president, Antonio Álvarez Destanti, in whose position he must pursue this task.-

III.- Dissenting Vote of Magistrate Castillo Víquez.

As observed from the foregoing, despite the Court's intention to set a deadline to supplement the law it found to be omitted, a highly controversial topic in doctrine and jurisprudence, as hinted at by the president of the Asamblea Legislativa, the truth of the matter is that the Court did not so provide in the operative part of the ruling, and rather a "prudential" timeframe was left for the legislator to carry out the reform to article 28 of the Ley Forestal. It is true that unconstitutionality by omission entails specific effects on the legislator's inactivity, when there is a constitutional obligation, or an international one that imposes certain specific obligations on the Costa Rican State. Thus, guided by the operative part, and despite the fact that the whereas part had announced the issue of the "prudential" deadline, the result is that this Chamber did not specify it, so it would indeed be left to the wisdom and discretion of the legislator to establish the form, the moment, as well as the opportunity to define how to comply with the mentioned ruling.

IV.- Note from Magistrate Rueda Leal.-

In ruling number 2015-11533 of 11:46 a.m. on July 26, 2015, related to a petition for non-compliance with the provisions of a vote in an unconstitutionality action, this Chamber ruled in the following sense:

"After studying the case, the Chamber considers that the claim of disobedience must be dismissed for the following reasons. The proceeding in which said ruling was rendered dealt with the constitutionality of the challenged norm, as regulated by articles 73 and following of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Congruently, this Court addressed on that occasion the study of the questioned articles in light of the constitutional framework and determined, in this way, the parameters of constitutionality of such norms, which was finally reflected in the operative part of the respective ruling. Thus, the resolution does not establish a specific order that was imposed on any authority by the Chamber, nor does it even contain the duty to execute any specific action, but rather, as stated, it established the parameters of constitutionality of the norm. In that sense, to accuse disobedience of a Chamber ruling, there must necessarily be an order directed at a specific or determinable official, with warning of the legal consequences in case of non-compliance, and, in addition, the order must be personally notified. Note, moreover, that disobedience to the Chamber's orders is sanctioned by law in amparo and habeas corpus proceedings (not in unconstitutionality actions), since it is in those that such orders are issued (articles 71 and 72 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Thus, in the ruling in question, as there is no order directed at any specific authority, it is legally inadmissible to file a claim of disobedience (see, in the same sense, resolutions No. 2015-1475 of 2:30 p.m. on February 3, 2015 and No. 2013-13347 of 2:30 p.m. on October 9, 2013) ..." (Highlighting does not correspond to the original).

In the sub examine, it is not evident from the operative part of ruling number 2007-003923 of 3:02 p.m. on March 21, 2007 (in whose drafting I did not participate), that any order was issued directed at a specific authority, since in reality reference is made to the Asamblea Legislativa in general. For that reason, in this particular case, it is not appropriate to certify documents under the terms of Chapter IV of the LJC.

The foregoing does not prevent the Chamber from pursuing the enforcement of its rulings, even in unconstitutionality actions, since article 56 of the LJC provides that "the enforcement of rulings corresponds to the Constitutional Chamber, except regarding the liquidation and compliance with indemnities and pecuniary liabilities, or in other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case it shall be carried out in the administrative litigation venue through the ruling enforcement procedure provided for in the law regulating that jurisdiction." Said norm does not distinguish between constitutionality proceedings, otherwise the principle of constitutional supremacy would be affected in its essential content.

Consequently, I concur with the majority in reiterating to the President of the Asamblea Legislativa compliance with the provisions of the ruling that is the subject of this petition.

V.- Separate Note from Magistrate Hernández López.-

Our legal system does not contain in the Ley de la Jurisdicción Constitucional any power to compel the Asamblea Legislativa with a deadline to respect the constitutional order, unless it is the Constitution itself that establishes it or indicates a specific obligation to do or not to do something to the Asamblea Legislativa. Other legal systems -generally of developed countries-, have remedies for these types of situations and expressly regulate powers for Constitutional Courts to compel Parliament to obey an order or even to issue substitute rules while the omission is remedied. However, in the absence of an express provision in that sense, I consider that the Chamber cannot give specific deadlines to the Legislative Power to remedy a constitutional omission. Thus, what this Court can do in fulfillment of its duty is to point out the omission so that it is the Asamblea Legislativa that determines how and when to remedy a particular omission, which in this case has already occurred in the cited vote.

It is undoubtedly a problem of constitutional design that at some point must be remedied, since in a constitutional state of law, all constituted bodies and powers are beneath the Constitution and therefore, without exceptions, we must be subject to it. Allowing zones of immunity to exist is to prolong an unconstitutional state of affairs, in certain areas, which erodes the democratic system in its entirety.

The first ones obligated to comply with the rule of law are the representatives of the nation, and in this case, an inertia is apparent that, moreover, is already becoming customary when it comes to complying with the Constitution, because there are several cases in this situation, which reflects that when swearing to uphold the Constitution as the first act after appointment, for some it is merely symbolic.

In that sense, as I expressed when the non-compliance with the ruling issued in case file 10-00477 became known, the foregoing does not mean that, as a constituted body that it is, the Asamblea Legislativa is not obligated to comply with the Political Constitution. Therefore, in a State of Law, once an unconstitutional omission on its part has been declared, it is obligated to remedy it. Nevertheless, respecting its condition as a Power of the Republic and its function, it must do so in its own time and in its own ways, striving to comply within a reasonable timeframe.

Having said the above, and for that same respect for the formal and material order of the Fundamental Charter, I am obligated to comply with, and enforce through appropriate means, what has been ordered in a valid and effective ruling of the Constitutional Chamber -even if I did not sign it-, and for that reason I concur in the decision taken here, to reiterate to the Asamblea Legislativa the provisions of the cited ruling 2007-003923.

VI.- Separate note from Magistrate Cruz Castro.-

It is not necessary to give Parliament a deadline, because the juridical-political condition it holds does not require a coercive instrument to compel it to fulfill its institutional obligations. There is an unavoidable obligation of the first power of the republic to obey a judicial decision, especially if it concerns a matter linked to environmental protection. Even with a deadline, there are too many imprecisions, fostered from within the power, that prevent complying with a ruling of this court. In the upper echelons of power, self-restraint must prevail, imposing the obligation to obey a mandate from a court that has constitutionally been given the mission of safeguarding the fundamental pact of society. Whether a deadline was given to Parliament or not, these are filigrees that do not resolve a flagrant breach of a fundamental obligation. When a power ignores a judicial mandate, it commits an arbitrary act, disregarding the content of a judicial mandate, which would indeed be enforceable for the rest of the citizens. I cannot imagine the Public Ministry investigating Parliament for consciously breaching a judicial mandate. Here self-restraint, institutional prudence, does apply. The mandate contained in the decision is very clear, especially if one reads the following paragraph of the ruling (vote 3923-2007):

".....As already stated, the norm is omitted by not including in the Ley Forestal prior measures, which can range from authorization to a prior inspection before cutting trees, regardless of their nature and area. The fact that the legislator did not contemplate preventive measures in this regard constitutes what is called relative unconstitutionality by omission. This omission consists of those cases in which a legal statement regulates a given legal situation but does so defectively, omitting in its regulation some of its dimensions. In this type of silence, the object of control is the explicit legal norm, although the reason for its challenge is not its text, but precisely what the text does not say, and that omission creates a situation contrary to the Constitution. A typical example of unconstitutionality by omission is that of statements in a law that violate the principle of equality, either because it expressly excludes a determined group of individuals without apparent reason, from a benefit to which they would have a right or a well-founded expectation; or because the statement, in regulating that benefit, does so in favor of a determined group and remains silent about the rest (like the case at hand). According to doctrine, it may happen that the provision remains silent about a legal situation that merits being protected, because the Constitution so orders. From the statement, an implicit norm can then be derived, which regulates in a manner distinct from the explicit norm, the legal situation subject to constitutional protection, as in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment, which implicitly carries the precautionary principle. According to the analysis performed on the challenged article, the legislator modified the definition of forest from which the protection, restrictions, and permits granted in the Ley Forestal are developed -as is the case of article 28 in question 'Exception to cutting permit'-, in such a way that, without technical basis, it restricted the previous definition of forest existing in the law prior to its reform. Thus, species that are not indigenous and areas smaller than two hectares that constituted forest were left without protection under the law, resulting in the consequence that, through the challenged article 28, no permit is required for cutting, nor even a prior inspection, to ensure that it is the scenario that the norm intended to promote, for any forest plantation, agroforestry system, or any planted tree, leaving exposed areas that, due to their location, quantity, and the function they have performed for very many years, merit conservation and regulation of their cutting, regardless of the nature of their species and the nature of the land where they are located. Thus, this Chamber considers in accordance with the foregoing, that in this case, a relative unconstitutionality by omission occurs. However, although the Constitutional Chamber is competent to declare the unconstitutionality of a norm, a violation of this nature must be remedied by the Asamblea Legislativa, extending the application of the law to cases not expressly contemplated by it, as in this case, to the species and areas that were left unprotected under the current definition of forest, as well as taking prevention and control measures over the areas in which cutting is permitted. For all the foregoing, we consider that the challenged article 28 violates article 50 of the Political Constitution. Nevertheless, in order not to violate the principle of separation of powers, it is appropriate in our judgment to grant a prudential deadline to the Asamblea Legislativa to remedy the indicated violation.....".

This mandate from a court of the Republic is clear; Parliament, as the preeminent power in a democratic state, must obey a constitutionally imposed obligation. However, nine years have passed and the representatives of the citizens believe they are not obligated to obey such a mandate, despite the environmental damage caused by their omission. It is an obligation towards the environment; its non-compliance evidences the weakness of the commitment to protecting Mother Nature. The country that is known worldwide for its commitment to the environment, which has declared peace with nature, consciously breaches its commitment to protecting Mother Earth. The non-compliance with the ruling loses relevance, with or without a deadline, because we could not subject Parliament to a disobedience process, because against the formal powers of the highest relevance, coercion does not prevail, but rather conviction and the values of a political culture that voluntarily submits to a judicial mandate, without the need for coercion. It is not a good symptom for democracy and for the validity of the social and democratic state of law that Parliament, for nine years, breaches a judicial mandate. Prudence, self-restraint, moderation are the virtues of power, demonstrated in each of its actions. Deadlines and coercive measures are not necessary for the representatives of the citizens to obey the mandate of a court that constitutionally is responsible for protecting fundamental rights. It must not be forgotten that the legitimacy of a power does not derive from its laws or its coercive power, but from the acceptance of the mandate, without requiring coercion. Just as the citizen strengthens the legitimacy of power when obeying a mandate, similarly, those who exercise formal power like Parliament undermine the legitimacy of the regime when they consciously disobey a ruling. Prolonged disobedience is a bad symptom of a power that disregards the obligations derived from the Constitution. In a Republic, those who exercise authority are expected to obey what a constitutional court has ordered. This is a situation in which the ethics of power must prevail, without depending on deadlines or coercive instruments.

VII.- For all the foregoing, the appropriate course is to reiterate the order issued by this Chamber in judgment number 2007-003923 of fifteen hours and two minutes on March twenty-first, two thousand seven, so that the Legislative Assembly issues, for Article 28 of the Forest Law (Ley Forestal), the precautionary measures that ensure the protection of the environment.

Magistrate Castillo Víquez dissents and declares that the petition filed has no merit. Magistrates Cruz Castro, Rueda Leal, and Magistrate Hernández López append separate notes.

Therefore:

Antonio Álvarez Desanti, in his capacity as president of the Legislative Assembly, or whoever occupies his position, is reiterated the fulfillment of the provisions of judgment number 2007-003923 of fifteen hours and two minutes on March twenty-first, two thousand seven, so that the Legislative Assembly issues, for Article 28 of the Forest Law (Ley Forestal), the precautionary measures that ensure the protection of the environment. Notify, summarize, and publish this judgment in its entirety.

Magistrate Castillo Víquez dissents and declares that the petition filed has no merit. Magistrates Cruz Castro, Rueda Leal, and Magistrate Hernández López append separate notes.






Fernando Cruz C.
Acting President

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.




 Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.




  Aracelly Pacheco S. José Paulino Hernández G.

 
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