Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En ese sentido, las Nombre73662 entiende que la Ley Forestal consigna mecanismos o instrumentos para la conservación, el desarrollo y el mejoramiento dichos. Esos mecanismos son los medios legislativos de defensa o protección de los valores constitucionales dichos. Uno de esos instrumentos es la planeación forestal, como medio técnico y objetivo, que tiene además como parámetro, al principio del uso racional de los recursos naturales renovables. Es decir, los planes forestales, vistos desde la perspectiva de la jurisdicción constituciona, son instrumentos para hacer efectivos y resguardar los principios fundamentales consignados. En síntesis, el EStado podrá disponer, de su patrimonio forestal, o autorizar el aprovechamiento por parte de los administrados -en la forma y medida en que la ley lo faculta-, con base en planas de manejo, que de conformidad con el ordenamiento jurídico, pueden ser elaborados por la propia Administración o los particulares (véanse las siguientes normas de la Ley Forestal, # 7174: 8, 47, 48, 51, 55 y 61). De manera que, si el órgano accionado procedió sindicho plan, actuó en detrimento del referido derecho fundamental, quebrantando la Constitución, y específicamente el principio de legalidad, dado que era necesario haber programado y decidido la supradicha solicitud, con esa base tpénica y legal, que se omitió.
English (translation)In that sense, the [Forestry Law] provides mechanisms or instruments for conservation, development, and improvement. These mechanisms are the legislative means of defense or protection of said constitutional values. One of those instruments is forest planning, as a technical and objective means, which also has as a parameter the principle of rational use of renewable natural resources. That is, forest plans, viewed from the perspective of constitutional jurisdiction, are instruments to make effective and safeguard the fundamental principles enshrined. In summary, the State may dispose of its forest patrimony, or authorize its use by individuals—in the manner and to the extent the law empowers it—based on management plans, which in accordance with the legal system may be prepared by the Administration itself or by private parties (see the following provisions of Forestry Law No. 7174: 8, 47, 48, 51, 55 and 61). Therefore, if the respondent body proceeded without such a plan, it acted to the detriment of said fundamental right, violating the Constitution, and specifically the principle of legality, since it was necessary to have planned and decided the aforesaid application on that technical and legal basis, which was omitted.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 02233 - 1993 Fecha de la Resolución: 28 de Mayo del 1993 a las 09:36 Expediente: 92-001322-0007-CO Redactado por: Eduardo Sancho González Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 069- Explotación racional de la tierra Subtemas: NO APLICA. "La norma 69, la Carta Política habla de la «explotación racional de la tierra» lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos que se han indicado" Sentencia 2233-93 Texto de la resolución Amparo Fecha: 28/05/1993 Exp. # 1322-E-92 VOTO # 2233-93 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos novente y tres. Recurso de amparo interpuesto por Nombre73661 contra el MINISTRO DE RECURSOS NATURALES, ENERGIA Y MINAS, LIC. HERNAN BRAVO TREJOS. RESULTANDO: PRIMERO: Alega el recurrente que es dueño de una finca sin inscribir ubicada en Golfito de Puntarenas; que sin su autorización, el Ministerio recurrido otorgó permiso a un empresario miero, para que éste construya una camino que atraviesa por la propiedad del promovente y la REserva Forestal de Golfo Dulce, que servirá para el acceso a áreas de exploración minera; que por causa de la construcción del camino, se ha talado el bosque en forma "desmedida, sin control alguno", siendo que en su fndo -asevera- los árboles cortados "son más de doscientos"; pretendiéndose incluso, por tras personas, sacar la madera del terreno que el accionante posee, para venderla; que la construcción de esa vía traerá una serie de inconvenientes, para los propietarios de la zona y, para la preservación de la rferida reserva, la flor ay la fauna silvestre que ahí existen además de que agravará el probelema que se da en el Parque Nacional de Corcovado con la extracción del oro. Finalmente, argumenta que el órgano recurrido no sólo transgredió la normativa que rige su actividad, sino que también, violentó el derecho constitucional de propiedad, consagrado por el artículo 45 de la Carta Política. SEGUNDO: El accionado contestó negativamente y solicitó la desestimación del recurso. En lo esencial, expresa que es cierto que concedió el permiso para construir el camino, lo que fue dispuesto en forma ténica y de conformidad con las facultades que la ley le concede, imponiendo además al constructor, una serie de requisitos y condiciones que debe cumplir para la protección del recurso forestal. Asimismo, rechaza el cargo sobre "tala desmedida" que se le atribuye, aseverando que la Dirección General Forestal ha ejercido vigilancia sobre esa construcción. Finalmente, informa que el permiso impugnado, se concedió además, con la autorización de los propietario y poseedores de los fundos por donde se trazó el camino, y que respecto del recurrente, es otra persona la que aparece como dueña en el REgistro, del inmueble que él alega como suyo. TERCERO: En el pr9oceso se han observado las prescripciones de ley. Redacta el Magistrao Sancho González; y, CONSIDERANDO: I. El presente amparo pretende la tutela del bien jurídico recurso forestal, lo que en último término significa la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural, que existe en el sitio donde se ha trazado el camino que es causa del problema. Ante la interrogante de si es ese bien jurídico, en todo su dimensión, sifnificación y relación, un valor constitucional o derecho fundamental, la respuesta es indudablememente, positiva. Mucho se habla hoy en día de la necesidad vital para el hombre -como género- y de la obligación consecuente, de esa protección y preservación, y esto constituye una actitud de carácter mundial, de la cual nuestro país no está exente, lo que se demuestra por el interés evicente de Costa Rica de participar en los foros internacionales donde se discute el tema ecológico. Pero tal conducta de nuestro pueblo no sólo se manifeista de ea manera, porque intermanente, lo que es primordial, también hemos actuado promnulgando leyes cuyo fin tiende a esa protección. Así por ejemplo, y para lo que aquí interesa, la Ley Forestal vigente, # 7174 de 28 de junio de 1990, dispone en su artículo 1: La presente ley establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables". Por su parte, en concordancia con el principio o parámetro de la regularidad jurídica, tal normativa y la actitud dicha, tienen fundamento en nuestra Constritución Política, que en lo relacionado con este tema prevé: "Artículo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación...".- "Artículo 6.- ...Ejerce además, -se refiere al Estado- una jurisdicción especial sobre los mares adyacente a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a find de proteger, conservar y explotar con exlucisividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios" (las líneas del subrayado no son del original). Pero eso no es todo, porque también en la norma 69, de la Carta Política habla de la "explotación racional de la tierra", lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos que se han indicado. II. Consta en el expediente que el órgano accionado autorizó el camino en discusión, dentro de una reserva forestal (véanse en el expediente administrativo las resoluciones 017-90-DGF y P-322-90 MIRENEM de las 10 hrs. 10 mts. del 21 de agosto de 1990, a folios 76-74 y 82-78) y que en la primera de dichas resoluciones dictada por la Dirección General Forestal .........."no resolver sobre la solicitud... hasta tanto se concluya el Plan de Manejo de la REserva Forestal Golfo Dulce"; que estaba proyectado para concluirse, según la misma resolución, en octubre de 1990. Por otra parte, no aparece en la segunda resolución que dio el permiso impugnado, ninguna alusión o evidencia, de que se hubiere dictado con base en ese Plan, siendo además, esta decisión, del 21 de agoto de 1990. La impo4tancia del referido "Plan" proviene de que conforma valores fundamentales la conservación, protección y preservación del medio ambiente natural y explotación racional de los recursos naturales. En ese sentido, las Nombre73662 entiende que la Ley Forestal consigna mecanismos o instrumentos para la conservación, el desarrollo y el mejoramiento dichos. Esos mecanismos son los medios legislativos de defensa o protección de los valores constitucionales dichos. Uno de esos instrumentos es la planeación forestal, como medio técnico y objetivo, que tiene además como parámetro, al principio del uso racional de los recursos naturales renovables. Es decir, los planes forestales, vistos desde la perspectiva de la jurisdicción constituciona, son instrumentos para hacer efectivos y resguardar los principios fundamentales consignados. En síntesis, el EStado podrá disponer, de su patrimonio forestal, o autorizar el aprovechamiento por parte de los administrados -en la forma y medida en que la ley lo faculta-, con base en planas de manejo, que de conformidad con el ordenamiento jurídico, pueden ser elaborados por la propia Administración o los particulares (véanse las siguientes normas de la Ley Forestal, # 7174: 8, 47, 48, 51, 55 y 61). De manera que, si el órgano accionado procedió sindicho plan, actuó en detrimento del referido derecho fundamental, quebrantando la Constitución, y específicamente el principio de legalidad, dado que era necesario haber programado y decidido la supradicha solicitud, con esa base tpénica y legal, que se omitió,. Por lo anterior, con fundamento en lo previsto por el rtículo 11 de la Ley Fundamental, que prescribe que los funcionarios públicos -todos, sin escepción- son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede, lo correspodientes es acoger el amparo y anular el permiso que se concedió para la construcción de esa vía; nulidad que no se extiende a las autorizaciones para "corta de árboles" que ya fueron otorgadas -según consta en el proceso-, por tenérseles como derechos adquiridos de buena fe. Del mismo mode, esa nulidad, se declara sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho el constructor de la vía. También, procede testimoniar piezas a efecto de que en la jurisdicción penal se valores los hechos expuestos por el recurrente en su escrito recibido el 19 de julio de 1991 (fs.32-34 v).- III. Una última observación debe hacerse en el sentido de que, este fallo se dicta sin perjuicio de lo que en la jurisdicción ordinaria se resuelva, acerca de la titularidad sobre el inmueble que indica el accionante. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso y en consecuencia, se anula la resolución del Ministerio de REcursos Naturales, Energía y Minas, número P-322-90 de las 10:10 horas del 21 de agosto de 1990. Se concena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de sentencia de lo Contencioso Administrativo. Testimoníense piezas para ante el Ministerio Público, para lo de su cargo. Luis Paulino Mora M./R. E. Piza E./Jorge E. Castro B./Eduardo Sancho G./Carlos Manuel Arguedas R./Ana Virginia Calzada M./José Luis Molina Q. ?? Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:47:28. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Amparo Date: 05/28/1993 Exp. # 1322-E-92 VOTO # 2233-93 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-six hours on the twenty-eighth of May, nineteen ninety-three. Recurso de amparo filed by Nombre73661 against the MINISTER OF NATURAL RESOURCES, ENERGY AND MINES, LIC. HERNAN BRAVO TREJOS. RESULTANDO: FIRST: The petitioner alleges that he is the owner of an unregistered farm located in Golfito de Puntarenas; that without his authorization, the respondent Ministry granted permission to a mining entrepreneur for the latter to build a road that crosses the petitioner's property and the Golfo Dulce Forest Reserve, which will serve as access to mining exploration areas; that due to the construction of the road, the forest has been felled in a "disproportionate manner, without any control whatsoever," and that on his property—he asserts—the cut trees "number more than two hundred"; it is even being attempted, by other persons, to remove the timber from the land the petitioner possesses in order to sell it; that the construction of this road will bring a series of drawbacks for the property owners of the area and for the preservation of the aforementioned reserve, the flora and wild fauna existing there, besides aggravating the problem occurring in the Corcovado National Park with gold extraction. Finally, he argues that the respondent body not only transgressed the regulations governing its activity but also violated the constitutional right to property, enshrined in Article 45 of the Political Constitution. SECOND: The respondent answered negatively and requested the dismissal of the recurso. In essence, he states that it is true that he granted the permit to build the road, which was ordered in a technical manner and in accordance with the powers granted to him by law, also imposing on the builder a series of requirements and conditions that must be met for the protection of the forest resource. Likewise, he rejects the charge of "disproportionate felling" attributed to him, asserting that the Dirección General Forestal has exercised oversight over this construction. Finally, he reports that the contested permit was granted, moreover, with the authorization of the owners and possessors of the properties through which the road was laid out, and that regarding the petitioner, it is another person who appears as the owner in the Registry of the real property he claims as his own. THIRD: The legal prescriptions have been observed in the process. Drafted by Magistrate Sancho González; and, CONSIDERANDO: I. This amparo seeks the protection of the legal asset of the forest resource, which ultimately signifies the protection and preservation of the integrity of the natural environment (medio ambiente natural) existing at the site where the road causing the problem has been laid out. Faced with the question of whether this legal asset, in all its dimension, significance, and relationship, is a constitutional value or fundamental right, the answer is undoubtedly positive. Much is spoken today of the vital need for mankind—as a gender—and the consequent obligation for that protection and preservation, and this constitutes a worldwide attitude, from which our country is not exempt, which is demonstrated by Costa Rica's evident interest in participating in international forums where the ecological topic is discussed. But such conduct of our people is not manifested only in that way, because internally, which is paramount, we have also acted by enacting laws whose purpose tends toward that protection. Thus, for example, and for what is of interest here, the current Ley Forestal, No. 7174 of June 28, 1990, provides in its Article 1: "This law establishes as an essential and priority function of the State to ensure the protection, conservation, use, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use (uso racional) of renewable natural resources." Meanwhile, in accordance with the principle or parameter of legal regularity, such regulations and the said attitude have their basis in our Political Constitution, which, in relation to this topic, provides: "Article 89.- Among the cultural aims of the Republic are: to protect natural beauty, conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation...".- "Article 6.- ...It exercises—referring to the State—a special jurisdiction over the seas adjacent to its territory over an extension of two hundred miles from the same line, in order to protect, conserve, and exploit with exclusivity all the natural resources and wealth existing in the waters, the soil, and the subsoil of those zones, in accordance with those principles" (the underlined lines are not from the original). But that is not all, because also in provision 69 of the Political Constitution it speaks of the "rational exploitation of the land (explotación racional de la tierra)," which constitutes a fundamental principle. Consequently, that protection and preservation, as well as the rational exploitation (explotación racional) of the indicated resources, are canons of the constitutional order. II. It is evident from the expediente that the respondent body authorized the road in question within a forest reserve (see in the administrative expediente resolutions 017-90-DGF and P-322-90 MIRENEM of 10:10 hrs. on August 21, 1990, at folios 76-74 and 82-78) and that in the first of said resolutions issued by the Dirección General Forestal .........."not to resolve on the request... until the Management Plan for the Golfo Dulce Forest Reserve is completed"; which was projected to be completed, according to the same resolution, in October 1990. On the other hand, there does not appear in the second resolution that granted the contested permit any allusion or evidence that it had been issued based on that Plan, this decision being, moreover, dated August 21, 1990. The importance of the referred "Plan" stems from the fact that the conservation, protection and preservation of the natural environment and rational exploitation (explotación racional) of natural resources form fundamental values. In that sense, the Nombre73662 understands that the Ley Forestal embodies mechanisms or instruments for said conservation, development, and improvement. These mechanisms are the legislative means of defense or protection of said constitutional values. One of these instruments is forest planning, as a technical and objective means, which also has as a parameter the principle of rational use (uso racional) of renewable natural resources. In other words, forest plans, seen from the perspective of constitutional jurisdiction, are instruments to make effective and safeguard the enshrined fundamental principles. In short, the State may dispose of its forest patrimony, or authorize its use by the governed—in the manner and to the extent that the law empowers it—based on management plans, which, in accordance with the legal system, may be prepared by the Administration itself or by private parties (see the following provisions of the Ley Forestal, No. 7174: 8, 47, 48, 51, 55, and 61). Consequently, if the respondent body proceeded without said plan, it acted to the detriment of the referred fundamental right, breaching the Constitution, and specifically the principle of legality, given that it was necessary to have programmed and decided the aforementioned request on that technical and legal basis, which was omitted. Therefore, based on what is provided by Article 11 of the Fundamental Law, which prescribes that public officials—all, without exception—are mere depositaries of authority and cannot assume powers that the law does not grant them, the appropriate action is to uphold the amparo and annul the permit that was granted for the construction of that road; a nullity that does not extend to the authorizations for "tree cutting" that were already granted—as recorded in the process—as they are considered rights acquired in good faith. In the same manner, that nullity is declared without prejudice to any indemnifications to which the road builder may be entitled. Also, it is appropriate to certify copies of documents for the purpose of having the facts set forth by the petitioner in his writing received on July 19, 1991 (fs.32-34 v) assessed in the criminal jurisdiction.- III. A final observation must be made in the sense that this ruling is issued without prejudice to whatever is decided in the ordinary jurisdiction regarding the ownership of the real property indicated by the petitioner. POR TANTO: The recurso is declared with merit and consequently, resolution number P-322-90 of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, issued at 10:10 hours on August 21, 1990, is annulled. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused, which will be liquidated, as appropriate, in the enforcement of judgment (vía de ejecución de sentencia) phase of the Contencioso Administrativo (Administrative Litigation) jurisdiction. Certify copies of documents for submission to the Public Prosecutor's Office, for its corresponding actions. Luis Paulino Mora M./R. E. Piza E./Jorge E. Castro B./Eduardo Sancho G./Carlos Manuel Arguedas R./Ana Virginia Calzada M./José Luis Molina Q.