Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Considerando VI.- ... el ordenamiento costarricense siempre brinda protección a las nacientes de recurso hídrico, lo cual va más allá de la simple determinación del radio del área de protección, pues para su explotación, igualmente se requiere el cumplimiento de una serie de recaudos técnicos y formales que deben ser verificados y aprobados por la administración técnica responsable, a través del otorgamiento de permisos o concesiones. Es esa misma administración, la que debe verificar si se está ante el supuesto de una naciente de carácter permanente o de carácter intermitente, decisión que tampoco puede ser arbitraria, sino, como toda decisión administrativa, debe estar sustentada en el mérito de los autos, y de conformidad con las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, lo cual implica, en definitiva, que dicha determinación de la administración, debe, necesariamente, estar fundada en razones de carácter técnico.
English (translation)Considering VI.- ... Costa Rican law always provides protection for water sources, which goes beyond the simple determination of the protection area’s radius, because their use also requires compliance with a series of technical and formal requirements that must be verified and approved by the responsible technical authority, through the granting of permits or concessions. It is that same authority that must verify whether a water source is permanent or intermittent, a decision that cannot be arbitrary, but, like any administrative decision, must be based on the merits of the file and in accordance with the unequivocal rules of science and technique, which ultimately means that this administrative determination must necessarily be grounded in technical reasons.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 09221 - 2019 Fecha de la Resolución: 22 de Mayo del 2019 a las 11:41 Expediente: 18-009400-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas: NO APLICA. 009221-19. AMBIENTE. RADIO DE PROTECCION DE NACIENTES. Artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal, la palabra "permanentes" “VI… el ordenamiento costarricense siempre brinda protección a las nacientes de recurso hídrico, lo cual va más allá de la simple determinación del radio del área de protección, pues para su explotación, igualmente se requiere el cumplimiento de una serie de recaudos técnicos y formales que deben ser verificados y aprobados por la administración técnica responsable, a través del otorgamiento de permisos o concesiones. Es esa misma administración, la que debe verificar si se está ante el supuesto de una naciente de carácter permanente o de carácter intermitente, decisión que tampoco puede ser arbitraria, sino, como toda decisión administrativa, debe estar sustentada en el mérito de los autos, y de conformidad con las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, lo cual implica, en definitiva, que dicha determinación de la administración, debe, necesariamente, estar fundada en razones de carácter técnico…” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Pro natura Subtemas: NO APLICA. “…el principio de no regresión, el cual es una característica de la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales, y, como tal, aplicable al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de modo alguno resulta violentado por la palabra «permanentes» contenida en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal. Este principio se entiende, grosso modo, en la imposibilidad de otorgar una protección menor a un derecho humano o fundamental, una vez que se ha logrado un determinado nivel en su ámbito de protección. Dicha situación dista de acontecer en el caso planteado por las accionantes, pues se parte de una verificación de la realidad, verificación que, según lo dicho, se logra a través del cumplimiento de los recaudos y estudios técnicos pertinentes, y ante supuestos de hecho que varían de un caso a otro. Así, la protección que recibe una naciente permanente, varía si la naciente deja de ser permanente y, en su lugar, se define como intermitente. Ante ello, no se configura vulneración alguna al principio de no regresión, pues no se trata de disminuir el área de protección de una naciente permanente, sino de la modificación de su condición –de permanente a intermitente-, supuesto en el cual, la protección, por determinación legal, también debe ajustarse…” Sentencia 009221-19 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Protección al ambiente Subtemas: NO APLICA. “…Sobre el principio de objetivación de la tutela ambiental. Este principio refiere la necesidad que toda protección que se brinde al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la regulación concerniente, se encuentre sustentada en criterios técnicos, objetivos y verificables. De conformidad con lo indicado, la normativa aplicable prevé que un cambio respecto de la condición de las nacientes, deba necesariamente estar documentado y acreditado de manera técnica, pues precisamente se trata de situaciones verificables a través de las ya mencionadas reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, lo cual permite, a su vez, el control de las decisiones que al respecto adopte la administración. Se ha referido y citado jurisprudencia de esta misma Sala en ese sentido –sentencias 2004-1923 y 2017-11803-, y bajo ese criterio, que implica que toda modificación sobre este aspecto deba documentarse y sustentarse técnicamente, se descarta que la palabra «permanentes», y cualquier cambio en cuanto a la tipología de la naciente para considerarla ya no como permanente, sino como intermitente, implique de suyo una afectación al principio de objetivación de la tutela ambiental. Por el contrario, el deber de sustentar técnicamente estas variaciones, cumple con respetar plenamente este principio. Por tal razón, la presunta afectación de este principio igualmente debe descartarse…” Sentencia 009221-19 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Precautorio Subtemas: NO APLICA. “…el principio precautorio en materia ambiental. La jurisprudencia de la Sala es amplia y contundente en reconocer este principio como consustancial a la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el sentido que ante la duda sobre el acontecimiento de un daño irreversible e irreparable, donde haya incerteza sobre la efectividad de las medidas de mitigación o de compensación, y las mismas no resultaren suficientes para contener un daño, y ese daño termine convirtiéndose en irreversible e irreparable, debe privilegiarse la protección al ambiente por sobre cualquier otro tipo de obra o emprendimiento que deseare desarrollarse. Nuevamente se parte de la existencia de criterios técnicos que determinen la validez de un cambio en la consideración de una naciente, por lo que la eventual afectación de este principio no puede aducirse prima facie y de forma general para cualquier caso donde se pretenda la recalificación de las nacientes, sino que la aplicación de este principio parte del análisis particular de los casos concretos, pues será en esas situaciones determinadas donde puede valorarse la incerteza o el riesgo real de un daño irreversible o irreparable. De tal manera, resulta impropio aducir de modo general la vulneración de este principio, si el mismo no se encuentra relacionado con una situación concreta que esté presentándose o deba resolverse. En este sentido, esta argumentación resulta igualmente inadmisible…” Sentencia 009221-19 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Protección al ambiente Subtemas: NO APLICA. “…Sobre los principios de irreductibilidad del bosque, compensación en materia ambiental, y la presunta afectación al patrimonio natural del Estado y la protección de la belleza natural. En lo concerniente a estas manifestaciones de las accionantes, debe reiterarse el ya reseñado criterio de la Procuraduría General de la República, en el sentido de la confusión de la que parte la argumentación de las accionantes, entre las áreas de protección de las nacientes, y las áreas silvestres protegidas, la cual las lleva a considerar que las áreas de protección de las nacientes son parte del patrimonio natural del Estado, se encuentran cubiertas de bosque y, como tal, ante la afectación del bosque, sería necesaria la fijación de alguna compensación ambiental. Tales condiciones distan de ser características propias o sine qua non de las nacientes; por el contrario, las nacientes suelen ubicarse de forma indistinta en bienes demaniales como en inmuebles privados, sin que necesariamente estén cubiertas de bosque, y, especialmente, sin que de modo alguno un eventual cambio de su consideración –de permanente a intermitente- implique un daño o desprotección absoluta que conduzca a una necesaria compensación. Debe tomarse en consideración que una variación en la definición del tipo de naciente, no conlleva la desprotección absoluta de la misma. Por el contrario, el ordenamiento siempre le otorga y reconoce una protección especial, la cual debe ser observada no sólo por la necesaria elaboración de los estudios técnicos que justifiquen la modificación, sino también por todas las demás entidades públicas relacionadas al momento de otorgar permisos, concesiones y viabilidades para el uso de suelos, por ejemplo. En tal sentido, resulta impropio afirmar que la palabra «permanentes» que se incluye en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, implica una violación constitucional a los principios y normas constitucionales aquí mencionados, toda vez que se parte de una premisa inexacta y no aplicable en términos generales a los supuestos que se pretende proteger. De tal forma, igualmente debe descartarse la inconstitucionalidad aducida en cuanto a estos extremos…” Sentencia 009221-19 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 089- Protección de bellezas naturales y patrimonio histórico y artístico Subtemas: NO APLICA. “…Sobre los principios de irreductibilidad del bosque, compensación en materia ambiental, y la presunta afectación al patrimonio natural del Estado y la protección de la belleza natural. En lo concerniente a estas manifestaciones de las accionantes, debe reiterarse el ya reseñado criterio de la Procuraduría General de la República, en el sentido de la confusión de la que parte la argumentación de las accionantes, entre las áreas de protección de las nacientes, y las áreas silvestres protegidas, la cual las lleva a considerar que las áreas de protección de las nacientes son parte del patrimonio natural del Estado, se encuentran cubiertas de bosque y, como tal, ante la afectación del bosque, sería necesaria la fijación de alguna compensación ambiental. Tales condiciones distan de ser características propias o sine qua non de las nacientes; por el contrario, las nacientes suelen ubicarse de forma indistinta en bienes demaniales como en inmuebles privados, sin que necesariamente estén cubiertas de bosque, y, especialmente, sin que de modo alguno un eventual cambio de su consideración –de permanente a intermitente- implique un daño o desprotección absoluta que conduzca a una necesaria compensación. Debe tomarse en consideración que una variación en la definición del tipo de naciente, no conlleva la desprotección absoluta de la misma. Por el contrario, el ordenamiento siempre le otorga y reconoce una protección especial, la cual debe ser observada no sólo por la necesaria elaboración de los estudios técnicos que justifiquen la modificación, sino también por todas las demás entidades públicas relacionadas al momento de otorgar permisos, concesiones y viabilidades para el uso de suelos, por ejemplo. En tal sentido, resulta impropio afirmar que la palabra «permanentes» que se incluye en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, implica una violación constitucional a los principios y normas constitucionales aquí mencionados, toda vez que se parte de una premisa inexacta y no aplicable en términos generales a los supuestos que se pretende proteger. De tal forma, igualmente debe descartarse la inconstitucionalidad aducida en cuanto a estos extremos…” Sentencia 009221-19 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas: NO APLICA. “…Sobre el principio de objetivación de la tutela ambiental. Este principio refiere la necesidad que toda protección que se brinde al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la regulación concerniente, se encuentre sustentada en criterios técnicos, objetivos y verificables. De conformidad con lo indicado, la normativa aplicable prevé que un cambio respecto de la condición de las nacientes, deba necesariamente estar documentado y acreditado de manera técnica, pues precisamente se trata de situaciones verificables a través de las ya mencionadas reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, lo cual permite, a su vez, el control de las decisiones que al respecto adopte la administración. Se ha referido y citado jurisprudencia de esta misma Sala en ese sentido –sentencias 2004-1923 y 2017-11803-, y bajo ese criterio, que implica que toda modificación sobre este aspecto deba documentarse y sustentarse técnicamente, se descarta que la palabra «permanentes», y cualquier cambio en cuanto a la tipología de la naciente para considerarla ya no como permanente, sino como intermitente, implique de suyo una afectación al principio de objetivación de la tutela ambiental. Por el contrario, el deber de sustentar técnicamente estas variaciones, cumple con respetar plenamente este principio. Por tal razón, la presunta afectación de este principio igualmente debe descartarse…” Sentencia 009221-19 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: AREA PROTEGIDA. 009221-19. AMBIENTE. RADIO DE PROTECCIÓN DE NACIENTES ... Ver más Texto de la resolución *180094000007CO* Exp: 18-009400-0007-CO Res. Nº 2019009221 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta y un minutos del veintidos de mayo de dos mil diecinueve. Acción de inconstitucionalidad promovida por Mechthild Bors de Barquero, mayor, portadora del documento de identidad número 127600115431, y Paulina Mata Monge, portadora de la cédula de identidad número 1-791-223, contra el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, específicamente respecto de la palabra «permanentes» utilizada en dicho inciso. Resultando 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 19 de julio de 2018, las accionantes solicitan se declare la inconstitucionalidad de la palabra «permanentes» que se utiliza en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, y requieren se elimine dicha palaba de la redacción de dicha norma. Estiman que con este vocablo, se hace una distinción injustificada del radio de protección de las nacientes dictaminadas como permanentes, respecto de las identificadas como no permanentes o intermitentes, y refieren las razones por las cuales consideran que algunas nacientes hayan pasado de ser permanentes a intermitentes, como serían, en su criterio, la explotaciones de pozos, la impermeabilización de los suelos en áreas de recarga acuífera, y el cambio climático. Refieren estudios que estiman respalda su criterio. Explican que cuando se pasa de nacientes permanentes a intermitentes, la protección normativa disminuye, pasando de una protección de 100 metros cuando la naciente es permanente –así establecido en el artículo 33 de la Ley Forestal-, a 50 ó 60 metros cuando no lo es –según lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Aguas-. Afirman que esa disminución del área de protección afecta intereses difusos, pues al hacerse la distinción entre nacientes permanentes e intermitentes se violentan los principios de explotación racional de la tierra, el de no regresión en materia ambiental, el de irreductibilidad del bosque, y el precautorio en materia ambiental, que imponen todos el deber del Estado de hacer estudios técnicos antes de aprobar toda normativa que pretenda hacer un ordenamiento territorial. Explican la situación en torno al cantón de Montes de Oca, afirmando que hay un balance negativo entre la utilización del recurso hídrico disponible en el cantón, y la cantidad de agua llovida que se infiltra y recarga los acuíferos, lo cual se debe, en su criterio, a la impermeabilización de los terrenos, dentro de cuya problemática se encuentran las fincas 3 y 4 de la Universidad de Costa Rica, cuyas zonas arboladas forman parte del Corredor Biológico del Río Torres y sus afluentes, con centenas de especies de flora y fauna silvestre, incluso de flora que ha desaparecido de las zonas urbanizadas del Valle Central. Mencionan que la Dirección de Aguas del MINAE ha identificado dos afloramientos o nacientes ubicadas en la finca 3, y otra en la finca 4. En la finca 3 se ubican las instalaciones deportivas de la Universidad, y allí se encuentra la denominada quebrada “Cangreja” o “Pipichueca”, con caudal permanente durante todo el año, incluso en la época seca, aunque antes era mayor, situación que estiman obedece a los movimientos de tierra para diversas obras civiles de la Universidad y a la explotación de pozos. Indican que el área de protección de la naciente ubicada en la finca 3 está desprovista de cobertura boscosa, y, por el contrario, han existido enormes movimientos de tierra, como el acceso a las instalaciones, el llamado Estadio Ecológico y otras vías de acceso. Respecto de la finca 4, aseguran que la naciente allí ubicada también ha sufrido una considerable disminución en las últimas décadas, especialmente desde el año 2007, que incluso generó un desplazamiento del lugar de afloramiento, de donde es esperable que la naciente desaparezca o se vuelva intermitente. Aducen que ambas nacientes aportan recurso hídrico relativamente descontaminado a las cuencas del río Torres y la Quebrada Los Negritos, y que la Universidad presentó un plan de reforestación en las respectivas áreas de protección que aún no ha sido aprobado por el MINAE. Respecto de los motivos de inconstitucionalidad, señalan que al incluir la palabra «permanentes» en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, se hace una distinción en los radios de protección según se trate de nacientes permanentes o intermitentes, lo cual violenta el principio de no regresión en materia ambiental, porque esta ley permite la reducción del área de protección cuando una naciente pase de ser permanente a intermitente, así sea por la acción del hombre. Así, continúan, también se vulnera el artículo 50 de la Constitución Política, pues se permite una disminución de la protección, disminución que no puede hacerse de manera injustificada. Agregan que también se violenta el principio de objetivación de la tutela ambiental, en el sentido que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente define la necesidad de que exista un análisis técnico para determinar el grado de protección ambiental, y en este caso, la normativa ambiental, de forma genérica e imprecisa, determina el cambio del área de protección si una naciente pasa de ser permanente a intermitente, así sea por la impermeabilización de los suelos o la explotación de pozos. Así, en su criterio, se violenta este principio porque la inclusión de la palabra «permanentes» en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, y el establecimiento en la Ley de Aguas de un radio menor de protección para las nacientes no permanentes, se hace sin que existan estudios técnicos. Estiman que se violenta igualmente el principio precautorio en materia ambiental, porque la palabra «permanente» hace una distinción injustificada entre el radio de protección de las nacientes, y así, declarar cualquier naciente intermitente cuando antes fue permanente, violenta el principio pro natura. Argumentan que también se vulnera el patrimonio cultural y el principio de irreductibilidad del bosque, en la medida que el artículo 13 de la misma Ley Forestal señala que en las propiedades del Estado se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques, lo cual no ocurre si se determina que una naciente ha pasado a ser intermitente, en cuyo caso el área de protección se disminuye. Asimismo, refieren que se contraría el artículo 89 de la Constitución Política, porque la disminución que se permite cuando la naciente pasa a ser intermitente, afecta la protección del paisaje porque permite la destrucción del bosque. Finalmente, aducen que se desatiende la previsión del inciso g) del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, que prevé la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente, pues la reducción permitida por la legislación requeriría una compensación ambiental proporcional a la zona que se estaría desafectando, lo cual no se contempla en la normativa cuestionada. Por ello, agregan, lo procedente es establecer un mecanismo de compensación en la Ley Forestal, y mientras ello sucede, no hacer distinción entre las áreas de protección de las nacientes permanentes y las intermitentes. Solicitan se declare la inconstitucionalidad de la palabra «permanentes» que se indica en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal. 2.- Mediante resolución de las once horas trece minutos del 4 de julio de 2018, se da curso a esta acción, y se otorga audiencia a la Procuraduría General de la República. 3.- La resolución de curso de la presente acción de inconstitucionalidad se publicó en las ediciones del Boletín Judicial números 138, 139 y 140, de los días 31 de julio, primero y 3 de agosto, todos de 2018, respectivamente. 4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 27 de julio de 2018, informa Julio Alberto Jurado Fernández, Procurador General de la República, quien señala que la norma cuestionada por las accionantes se encuentra relacionada con los artículos 34 y 58 de la Ley Forestal, a pesar que estas no se encuentran impugnadas. Explica el concepto de nacientes intermitentes o manantiales, las cuales, por lo general, sólo tienen agua durante la época lluviosa y se seca durante algún tiempo de forma natural, e indica que la normativa vigente señala distintos radios del área de protección, dependiendo si se trata de nacientes permanentes o intermitentes. Refiere que las áreas de protección son limitaciones de interés público a la propiedad, para proteger el recurso hídrico contra acciones humanas que puedan degradar el estado natural de las fuentes de agua, que consisten en la prohibición de corta o eliminación de árboles, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Estima improcedente el alegato de vulneración del principio de no regresión aducido por las accionantes, porque confunde los conceptos de «zona protectora» con el de «área de protección». Aclara que las áreas de protección son distintas a las áreas silvestres protegidas, al mismo tiempo que omiten realizar una comparación entre normas que sustente el supuesto retroceso en la protección del estándar ambiental. Menciona que respecto de las nacientes permanentes, la Ley Forestal es más protectora que la Ley de Aguas, y respecto de esta, no habría regresión normativa porque nunca se ha protegido las nacientes más allá de los sesenta metros señalado en el artículo 149 de la Ley de Aguas, y en dicho artículo se han apoyado los tribunales para proteger el radio de protección de las nacientes intermitentes. Señala que la palabra «permanentes» sí es una regresión que la actual ley de 1996 contiene respecto de la anterior Ley Forestal de 1990, pero este no es un aspecto alegado en la acción. Respecto a la presunta vulneración del principio de objetivación de la tutela ambiental, que se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones de la administración, tampoco resulta atendible la argumentación de las accionantes, pues nuevamente parte de la incorrecta equiparación de las áreas de protección, con las áreas silvestres protegidas del Patrimonio Natural del Estado. Afirma que los estudios técnicos previstos en el artículo 38 de la Ley Forestal, sólo son aplicables para reducir o desafectar áreas silvestres protegidas de bienes demaniales, pero no a inmuebles de dominio privado. Agrega que aunque las accionantes no lo plantean, la norma sí sería inconstitucional porque la palabra «permanentes», de manera implícita, omite regular las nacientes intermitentes, creando un distingo que las desprotege, sin que conste en el expediente legislativo de la Ley Forestal criterios técnicos que respalden su exclusión en la norma. En lo que atañe a la aducida violación del principio precautorio –por la reducción del área de protección de una naciente que pudo ser permanente, pero por la acción del hombre se convierte en intermitente, sin que haya un procedimiento en la Ley Forestal para determinar si la naciente era o no permanente- refiere que tal argumentación sería procedente ante la duda del daño ambiental que podría ocasionarse hacia el futuro si una naciente que hoy es permanente, llega a ser intermitente por actos humanos o de la naturaleza, con lo que tendría una reducción en su área de protección. Afirma que suprimir la palabra «permanentes», se equipararía el radio de protección de ambos tipos de nacientes, pero añade que es contradictorio solicitar la eliminación de dicha palabra al mismo tiempo de establecer un mecanismo para determinar qué tipo de naciente era una de ellas en el pasado, lo que mantendría su distinción con las intermitentes. Asegura que tal mecanismo es innecesario si se elimina la palabra «permanentes». En cuanto a la violación del patrimonio natural y al principio de irreductibilidad del bosque, afirma que la transgresión constitucional no se presenta, porque las accionantes dan por sentado que las áreas de protección de las nacientes son áreas silvestres protegidas del Patrimonio Natural del Estado, lo cual es inexacto. Explica que en propiedad privada, el principio de irreductibilidad del bosque presupone la existencia del mismo, y no todas las áreas de protección tienen bosque, según se define en el inciso d) del artículo 3 de la Ley Forestal. Asimismo, desestima la aducida violación del artículo 89 de la Constitución Política, porque parte de la base de que todas las áreas de protección son bellezas naturales. Sin embargo, no toda área de protección está compuesta de bosque, y no es cierto que la norma favorezca la destrucción del bosque. Así, no se aprecia la afectación del paisaje. Además, advierte que las accionantes no fundamentan este motivo, ni explican las razones por las que el inciso impugnado contraviene la Constitución y las convenciones internacionales. Señala también que las argumentaciones se centran o circunscriben al distrito de Mercedes del cantón de Montes de Oca, sin validación a nivel nacional. Finalmente, en lo que atañe al principio de compensación, tampoco estima admisible el alegato. Refiere que el artículo 38 de la Ley Forestal contempla la posibilidad de disminuir por ley la superficie de las áreas silvestres protegidas, después de realizar los estudios técnicos que así lo justifiquen, pero nuevamente el argumento de las accionantes parte de la premisa de confundir las áreas de protección de inmuebles privados con las áreas silvestres protegidas que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, a las que sí se aplica el necesario requisito de estudios técnicos que justifiquen la reducción de la cabida. Concluye afirmando que la acción debe desestimarse, salvo en las advertencias realizadas respecto de los argumentos no planteados por las accionantes. 5.- Mediante escritos recibidos en la Secretaría de la Sala el 21 de agosto de 2018, los señores Héctor Oldemar Araya Salazar, en su condición de Apoderado General de la Asociación Cámara de Productores de Caña del Atlántico; José Eduardo Hernández Chaverri, en su condición de Apoderado General de la Asociación Cámara de Productores de Caña del Pacífico; Heiner Bonilla Porras, en su condición de Apoderado General de la Asociación Cámara de Productores de Caña de San Carlos; Marco Antonio Gerardo Benavides Moraga, en su condición de Apoderado General de la Asociación de Productores de Caña de Puntarenas; José Luis Angulo Zúñiga, en su condición de Apoderado General de la Asociación Cámara de Productores de Caña de Guanacaste; Virgilio González Bolaños, en su condición de Apoderado General de la Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur; Christian Ocampo Vargas, en su condición de Apoderado General de la Asociación Federación de Cámaras de Productores de Caña; y Randall Murillo Astúa, en su condición de Apoderado Generalísimo de la Asociación Cámara Costarricense de la Construcción; presentan coaduyancia pasiva a favor de la constitucionalidad de la palabra «permanentes» contenida en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal. Afirman que lejos de violentar la Constitución Política, dicha palabra brinda una protección adicional a las nacientes permanentes, pues aumentó el área protegida respecto del radio contemplado en la anterior Ley Forestal. Agregan que no es cierto que las nacientes intermitentes se encuentren desprotegidas. Explican que si se extiende el área de protección de las nacientes intermitentes, para que sea igual al área de protección de las nacientes permanentes, se vería seriamente reducida el área efectiva que los productores podrían dedicar a las actividades agropecuarias, afectado especialmente a los productores con parcelas pequeñas y medianas. Afirman que debe tenerse mucho cuidado, porque hay zonas del país donde en la época lluviosa las precipitaciones provocan que brote agua en muchas zonas de las fincas, sin que necesariamente se trate de nacientes. Solicitan rechazar la acción de inconstitucionalidad y mantener la vigencia de la normativa impugnada. 6.- Por escritos recibidos en la Secretaría de la Sala el 22 de agosto de 2018, los señores Mario Alvarado Mora, en su condición de Apoderado Generalísimo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía; Rodolfo Castro Chavarría, en su condición de Presidente de la Asociación Consejo de Desarrollo Inmobiliario; Gonzalo Delgado Ramírez, en su condición de Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado; Rudolf Sauter Echeverría, Presidente de la Asociación Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de la República de Costa Rica; Rigoberto Vega Arias, Presidente a.i. de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria; José Álvaro Jenkins Rodríguez, en su condición de Presidente de la Asociación Cámara de Azucareros; y las señoras Sara Jacqueline Valverde Madrigal, en su condición de Presidenta de la Asociación Cámara Nacional de Turismo; e Ileana Vargas González, en su condición de Presidenta de la Asociación Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo; presentan coadyuvancia pasiva en similares términos a los señalados en el quinto resultando de esta sentencia. 7.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 22 de agosto de 2018, Rigoberto Vega Arias, en su condición de Apoderado General Judicial de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, presenta coadyuvancia pasiva a esta acción. Afirma que la premisa de que parten las accionantes es errónea y se trata de un argumento falaz, pues en sentido estricto, ninguna ley establece un área de protección para nacientes «intermitentes», ni las diferencia de las permanentes, tanto así que el artículo 149 de la Ley de Aguas no diferencia unas de las otras. Agrega que pretender mantener el área de protección de una naciente que ya no es permanente, como si aún lo fuera, es como procurar mantener un cauce abandonado como si fuera de dominio público, imponiéndole al titular del bien una doble limitación de su propiedad, al tener que soportar el rumbo del nuevo cauce junto con el cauce abandonado. Refiere el informe rendido por la Procuraduría General de la República, menciona la protección que jurisprudencialmente se ha dado a las nacientes intermitentes, y enfatiza que se trata de una especulación de las accionantes extender a las nacientes intermitentes la protección que se da a las permanentes, sólo sobre la base de que en algún momento aquellas también fueron permanentes. Solicita rechazar la acción. 8.- Por resolución de esta Sala, de las trece horas cuarenta minutos del 30 de agosto de 2018, se admiten las coadyuvancias presentadas. 9.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 24 de enero de 2019, las accionantes solicitan la adopción de una medida cautelar para evitar que la Dirección de Aguas del MINAE pueda cambiar el estado de las nacientes y otorgarles categoría de intermitentes, y que se cataloguen como permanentes aquellas que hayan sido consideradas como intermitentes. Refieren la presencia del fenómeno de El Niño, que podría provocar sequía, lo que a su vez implicaría que en lugar de reducir las áreas de protección, las mismas deberían aumentar. Mencionan el incremento de la cantidad de pozos existentes, lo que evidencia una creciente explotación de nuevas fuentes de agua subterránea. Señalan la importancia de que exista agua de calidad para el consumo humano, así como la importancia del agua para el ecoturismo, y los daños posibles ante la ausencia de recurso hídrico. Aseguran que la Universidad de Costa Rica solicitó a la Dirección de Aguas del MINAE la recalificación de una naciente de permanente a intermitente, aunque ya entrada la época seca la misma mantiene caudal, y sin que se explique de dónde procede el agua entonces. 10.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley. Redacta Magistrado Araya García; y, Considerando I.- Requisitos y presupuestos de la acción de inconstitucionalidad. Respecto de la legitimación para la interposición de una acción de inconstitucionalidad, la Sala ha señalado que puede definirse como aquella relación de causa-efecto entre lo que se pretende -objeto de la acción- y quien lo pretende –accionante-, que la Ley exige como requisito para poder examinar el fondo de un asunto. El supuesto contenido en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se refiere a la legitimación que podemos llamar indirecta, es decir, aquella que deriva del asunto previo donde se está aplicando la o las normas impugnadas en la acción. Por ello, se dice que la acción de inconstitucionalidad tiene naturaleza incidental y debe constituir medio razonable para amparar el derecho que se estima lesionado en el asunto principal. El párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece otro tipo de legitimación, que se ha llamado directa, y es aquella que no requiere de un asunto previo donde se esté aplicando la norma impugnada, y que se traduce en tres supuestos concretos: a) que por la naturaleza del asunto no exista posibilidad de lesión individual y directa; b) que se trate de la defensa de intereses difusos o de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto; y, c) los casos en que la acción es promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes en materias de su competencia. En estos supuestos, las circunstancias especiales del asunto -que deberán examinarse en cada caso concreto- hacen que la relación causa-efecto entre el accionante y el objeto de su pretensión sea más tenue, aunque no por ello menos relevante, lo que lo autoriza a interponer la acción directamente, sin necesidad del asunto pendiente de resolución. II.- Sobre los intereses difusos y la legitimación de las accionantes en el caso bajo estudio. Las accionantes señalan que su legitimación proviene de la defensa de los intereses difusos respecto de la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, cabe indicar que, como ya se mencionó, los supuestos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional constituyen excepciones a la regla contenida en el párrafo primero del mismo artículo, que deben ser analizados cuidadosamente en cada caso concreto. El interés difuso ha sido entendido como aquel interés relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de la colectividad puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia de la Sala indica que: "Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral." –ver sentencia número 360-90- De esta definición es posible estimar que el interés difuso está conformado por un elemento eminentemente subjetivo, relativo a su pertenencia o titularidad del interés, y otro objetivo, relacionado con la incidencia del bien en la sociedad, que lo distingue de otras situaciones jurídicas. En relación con el primero -el subjetivo-, es claro que la misma se encuentra difuminada en un grupo humano no individualizado, que coparticipa en el disfrute del bien jurídico objeto del interés, pero cuya conformación no resulta de un conjunto de sujetos identificable, abarcable y de contornos relativamente nítidos, como sí ocurre en el interés colectivo. Y desde la perspectiva objetiva, debe aclararse que no todo interés "difuminado" adquiere la categoría jurídica de "interés difuso", sino únicamente aquellos impregnados de una profunda relevancia social, cuya valoración resulta de las circunstancias de cada caso –ver, entre otras, sentencias números 2006-15960 y 2014-4904-. En este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional -lo que supondría la instauración tácita de una acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo –ver, entre otras, sentencias números 2008-13442, 2009-300 y 2009-9201-. Así, ejemplos de tales intereses son el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. De tal forma, en el caso bajo estudio, donde las accionantes refieren su legitimación respecto de la defensa de intereses difusos en materia de protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que corresponde es admitir esta acción para su conocimiento por el fondo, de conformidad con los siguientes considerandos. III.- Sobre el objeto de la acción. Las accionantes cuestionan la palabra «permanentes» contenida en la actual redacción del inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, al estimar que la inclusión de dicho vocablo contraría el principio de no regresión en materia ambiental, el principio de objetivación de la tutela ambiental, el principio precautorio, el principio de irreductibilidad del bosque y la violación del patrimonio natural, el artículo 89 de la Constitución Política, y el principio de compensación en materia ambiental, toda vez que dicha palabra significa, en su criterio, una disminución en el radio de las áreas de protección si una naciente llegare a considerarse como no permanente. La norma que se cuestiona señala, en lo conducente: “ARTÍCULO 33.- Áreas de protección Se declaran áreas de protección las siguientes: Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal.” –énfasis añadido- IV.- Sobre la protección del derecho al ambiente. La jurisprudencia de la Sala respecto de la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es amplia, conteste y contundente. De manera reiterada, se ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico y social -véase sentencia número 180-98-. La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. V.- Sobre el agua como derecho fundamental y la protección de las nacientes, los mantos acuíferos y la determinación de las correspondientes áreas de protección. El recurso hídrico es de carácter esencial para la preservación de la vida y la salud, por lo que su protección es consustancial a la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este sentido, la jurisprudencia de la Sala es clara en reconocer el derecho al agua como un derecho fundamental, siendo así que junto con la realización de esfuerzos serios para su otorgamiento a la población, existe el deber de las instituciones públicas de hacer un uso responsable y adecuado del recurso hídrico disponible, lo cual implica la necesidad de adquirir certeza del agua susceptible de explotación –disponibilidad- garantizando su otorgamiento presente y la futura sostenibilidad del servicio, evitando que con la utilización actual del recurso se produzca un riesgo ambiental que comprometa la existencia y dotación futura del líquido. La Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse de manera contundente y detallada sobre la protección que debe otorgarse al recurso hídrico nacional, clarificando tanto el marco normativo de protección, como las instituciones que conforman el sector hídrico, reconociendo y precisando el ámbito de competencias de dichas instancias y la trascendencia de sus actuaciones en materia de otorgamiento, aprovechamiento y protección del agua –ver, entre muchas otras, sentencias números 2004-1923, 2008-14092, 2008-15657, 2017-6340 y 2017-17353-. Asimismo, parte importante de esta preocupación por la tutela ambiental respecto del agua, ha sido la valoración del amplio espectro de fuentes de captación del recurso hídrico y cómo proteger el entorno para garantizar su existencia y pervivencia, así se trate de fuentes de carácter subterráneo, o bien su afloramiento en fuentes de carácter superficial. Particularmente relevante para la situación que ahora se conoce, resulta la definición en cuanto a los perímetros de protección de estas fuentes, respecto de los cuales la Sala, en las sentencias de referencia, y particularmente en la mencionada 2004-1923, ha indicado que: “a) Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Una de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas- y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales –MINAE e ICAA- debe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.). Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes, etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC) y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b) áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones, supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.” De tal manera, es claro que la consideración del agua como recurso esencial y derecho fundamental, conlleva la necesaria protección de sus fuentes y de las áreas de captación, donde se consideran desde los mantos acuíferos subterráneos y superficiales, así como las nacientes, pozos y demás áreas desde las que se ubica y dispone del recurso hídrico. Esta protección implica el establecimiento de las denominadas áreas o perímetros de protección, como la señalada, precisamente, en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, la cual, según se ha reseñado, refiere un radio de protección de 100 metros respecto de las nacientes permanentes, área de protección que puede variar, y de hecho así se establece en la legislación ordinaria, si la naciente dista de ser permanente, y, por el contrario, es una naciente de carácter intermitente o no permanente, respecto de las cuales no es que no exista protección alguna, sino que los radios de las áreas de protección pueden ser variables según así se considere por la normativa y las instancias técnicas responsables. Dicho de otro modo, la normativa y la jurisprudencia reconocen la importancia y la necesidad de brindar protección a las nacientes, y de ahí la definición de los radios de las áreas de protección de las mismas, cuya extensión varía dependiendo del tipo de naciente de que se trate, justamente, porque partiendo del tipo de naciente, así será el radio del área de protección correspondiente, sin que ello sea, per se, una situación que genere inconstitucionalidad alguna, pues como bien se indica en el precedente de cita, las propias condiciones de cada tipo de naciente –acuífero, pozo y demás- son las que definen las condiciones particulares de protección, de modo que haya áreas de protección especialmente definidas de acuerdo al tipo de naciente, manto o pozo de que se trate. En este sentido, la verificación de si una naciente es de carácter permanente o no permanente, es una determinación que compete a las instancias técnicas de la administración, que de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia, sería un asunto propio de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, en estricta coordinación con otras instancias relacionadas, como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, y el propio Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, definición que igualmente debe ser observada incluso por las municipalidades al momento de la elaboración de los correspondientes planes reguladores y los respectivos otorgamientos de los permisos de uso de suelo o sus denegatorias. De tal forma, corresponde a la administración, mediante la elaboración de los estudios técnicos necesarios, determinar el carácter de permanente o no permanente de una naciente de recurso hídrico. Así se ha validado en la jurisprudencia reciente de esta Sala, al señalar en la sentencia 2015-12550 que: “[L]a Sala tiene por demostrado que mediante oficio número AT-3246-2012 del 17 de setiembre de 2012, la Dirección de Aguas del MINAE indicó la presencia de dos nacientes de carácter permanente, localizadas en el sector de Aguas Claras, distrito San Vito, cantón Coto Brus, provincia Puntarenas. Sin embargo, el 18 de marzo de 2014 se recibió en el MINAE una solicitud de revaloración de la fuente 2 (naciente permanente) del pronunciamiento Nº AT-3246-2012, ya que se indicaba que en visita realizada al sitio dicha fuente no contaba con agua y tampoco fluía. En virtud de ello, mediante oficio Nº AT-3899-2014 del 19 de agosto de 2014, se recibió pronunciamiento de la Dirección de Aguas del MINAE, donde se indicaba que en una nueva inspección se observó que la fuente en cuestión no presentaba agua, por lo que se emitió un nuevo dictamen sobre la fuente 2, determinando que la misma se trataba de una naciente intermitente, modificando el pronunciamiento Nº AT-3246-2012. Así las cosas, se tiene por demostrado que, en la actualidad, la fuente de agua referida por el recurrente es catalogada por la Dirección de Aguas del MINAE únicamente como una naciente intermitente. Ante este panorama, la Sala es del criterio que se debe desestimar el amparo. En primer lugar, es preciso rescatar que el cuerpo de agua que alega el recurrente fue recalificado por parte de la Dirección de Aguas del MINAE. Inicialmente, en setiembre de 2012, era clasificado por la Dirección de Aguas como naciente de carácter permanente. Luego, en agosto de 2014, se revaloró dicha clasificación y se consideró que dicho cuerpo de agua era únicamente una naciente intermitente. Según explican los recurridos, únicamente las nacientes permanentes tienen un área de protección de 100 metros horizontales de radio alrededor de la misma. De ahí que la fuente referida por el recurrente ya no califique para ese tipo de protección. Así las cosas, en relación con este extremo se desestima el amparo. (…) Por último, la Dirección de Aguas se indicó que el afloramiento en cuestión es de carácter intermitente del dominio público, por lo que su aprovechamiento requiere de una concesión, que en el sitio no existe ningún permiso de uso de recurso hídrico, por lo que el aprovechamiento que está realizando el tutelado sería ilegal. (…) Bajo esa inteligencia, la Sala es del criterio que ha sido el propio recurrente quien se ha colocado en la situación de riesgo que denuncia; primero, porque extrae recurso hídrico sin los respectivos permisos y a sabiendas de que se recomendó el abastecimiento por otros medios debido a que el líquido que capta podría no ser apto para consumo humano; y segundo, en razón de que la clasificación del afloramiento de agua de interés del tutelado fue revalorada y ahora solamente es una naciente intermitente, no permanente, de ahí que no le apliquen una serie de restricciones en relación con el tema de construcciones y radio de protección…” –los destacados no son del original- Es claro, entonces, el reconocimiento que normativa y jurisprudencialmente se hace, de que corresponde a las instancias técnicas de la administración, la determinación del tipo de naciente de que se trate, es decir, definir si se está ante una naciente permanente o una intermitente o no permanente, para que sea a partir de esa definición de carácter técnico, que se aplique el radio del área de protección previsto en la normativa vigente. VI.- Sobre la aducida inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal. De conformidad con lo señalado en el segundo considerando de esta acción, las accionantes aducen la inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, en la medida que la inclusión de la palabra «permanentes» en dicha norma, produce, en su criterio, la vulneración de los principios constitucionales de no regresión en materia ambiental, de objetivación de la tutela ambiental, precautorio, de irreductibilidad del bosque y la violación del patrimonio natural, el artículo 89 de la Constitución Política, y el principio de compensación en materia ambiental. Sobre el particular, advierte la Sala que la premisa de la cual parten las accionantes para afirmar la presunta inconstitucionalidad del vocablo de referencia, se sustenta en la comparación que se hace de dicha norma del artículo 33 de la Ley Forestal, con otras previsiones normativas contempladas por la Ley de Aguas, en la medida que la Ley Forestal regula lo concerniente al radio del área de protección de las nacientes permanentes, mientras que la Ley de Aguas regula el radio de protección de las nacientes intermitentes o no permanentes. Así, entiende la Sala que la argumentación de las accionantes, va en el sentido de que si se elimina la palabra «permanentes», estaría otorgándose una protección general igualitaria a todo tipo de nacientes, sean permanentes o no; dicho de otro modo, si se elimina dicho vocablo –en criterio de las promoventes de esta acción-, la protección que se contempla en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal –radio de cien metros- sería aplicable a todas las nacientes. Esta es la argumentación que subyace en las manifestaciones de las accionantes, quienes externan su preocupación a partir de la idea de que una naciente catalogada como permanente, pueda ser calificada como no permanente, en cuyo caso variaría el radio del área de protección. En efecto, la protección que se brinda a las nacientes de recurso hídrico debe verse partiendo de la integración del referido inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal –ya citado-, y del artículo 149 de la Ley de Aguas, el cual define que: “Artículo 149.- Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como los de particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o a menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos.” Es decir, la protección que al respecto se brinda a las nacientes se resume de la siguiente manera: un radio de cien metros si la naciente es permanente, pero si la naciente es intermitente, el radio del área de protección será de sesenta metros si es una naciente ubicada en un cerro, o de cincuenta metros si la naciente se ubica en un terreno plano. Como bien lo refiere la Procuraduría General de la República, esta definición parte de la aplicación de esta norma respecto de las nacientes intermitentes, toda vez que para las nacientes permanentes existe una norma expresa en la referida Ley Forestal; así, se ha interpretado que si la Ley Forestal regula expresamente esa área de protección para las nacientes permanentes, la definición que se hace en la Ley de Aguas lo es respecto de las nacientes intermitentes. Así, la preocupación de las accionantes para tildar de inconstitucional la palabra «permanentes» radica, según lo dicho, en la posibilidad de considerar que una naciente ha pasado de ser permanente a ser intermitente, y con ello, disminuir el área de protección que les es reconocida según uno y otro caso. Es a partir de allí, que las accionantes pretenden justificar la inconstitucionalidad aducida, por la presunta vulneración de los principios constitucionales supra mencionados. Sin embargo, tal argumento dista de ser de recibo. Nótese que la premisa de la cual parte el argumento de las accionantes, desconoce que la distinta previsión normativa en uno y otro caso, obedece no a una arbitrariedad o situación antojadiza, sino a la real diferencia entre uno y otro tipo de naciente. Así, ante distintos supuestos de hecho, sería igualmente distinta la regulación que normativamente se prevea al respecto –veáse la precitada sentencia 2004-1923-. De tal forma, el ordenamiento costarricense siempre brinda protección a las nacientes de recurso hídrico, lo cual va más allá de la simple determinación del radio del área de protección, pues para su explotación, igualmente se requiere el cumplimiento de una serie de recaudos técnicos y formales que deben ser verificados y aprobados por la administración técnica responsable, a través del otorgamiento de permisos o concesiones. Es esa misma administración, la que debe verificar si se está ante el supuesto de una naciente de carácter permanente o de carácter intermitente, decisión que tampoco puede ser arbitraria, sino, como toda decisión administrativa, debe estar sustentada en el mérito de los autos, y de conformidad con las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, lo cual implica, en definitiva, que dicha determinación de la administración, debe, necesariamente, estar fundada en razones de carácter técnico. Sobre el particular, mediante sentencia 2017-11803, señaló la Sala que: “IV.- Sobre el fondo.- El artículo 33, de la Ley Forestal, declara entre las áreas de protección, las que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. De allí que dicha norma, es la básica que regula el uso y posible aprovechamiento de los terrenos que bordean los terrenos cercanos a las fuentes de agua, lo que rige tanto para los entes públicos que lo administran como para los particulares. A lo anterior, se suma la Ley de Aguas que señala, el deber de las autoridades públicas de proteger dichas zonas, por los medios que tengan a su alcance. (…) Efectivamente, la Administración se encuentra en la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los habitantes y el ambiente, especialmente el recurso hídrico, por lo que es su deber proteger el área cercana de las nacientes con el propósito de evitar una posible contaminación a causa de la siembras de cultivos o el desfogue de aguas negras, con fundamento en los estudios técnicos necesarios que delimiten dicha zona de protección. No obstante, excede la competencia de este Tribunal determinar qué dimensión debe tener el área de protección con relación a la naciente de agua, pero sí advierte que de forma inmediata se debe hacer o actualizar los estudios respectivos que establezcan con precisión el área de protección, los terrenos públicos o privados que la afecten.” –énfasis añadido- Es decir, es la administración quien define si una naciente es de uno u otro tipo, pero esa definición, ya sea la definición original o un cambio en la consideración del carácter o tipo de la naciente, debe, según lo establecido en la normativa y reconocido en la jurisprudencia, sustentarse y fundamentarse en los estudios técnicos pertinentes, los cuales, en todo caso, igualmente estarán sujetos a la verificación de legalidad que en cada caso corresponda. De tal forma, el temido cambio que podría darse respecto de la consideración de una naciente, deberá siempre estar sustentado en razones técnicas que sean verificables y controlables, pues precisamente la protección que se reconoce al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, implica que este tipo de decisiones no sean arbitrarias, sino debidamente fundamentadas a través de los recaudos técnicos previstos en la normativa que regula la materia, activándose a partir de allí todas las variables de verificación y control que se estime necesarias y procedentes dentro del ámbito de legalidad ordinaria. De tal manera, esta necesidad de fundamentación debe eliminar el riesgo de arbitrariedad que parece estar subyacente en el argumento de las accionantes. En todo caso, nótese que resultaría falaz afirmar que la eliminación del vocablo «permanentes» devendría de suyo en una mayor protección de las nacientes, pues aún procediendo a dicha supresión, subsistiría la norma del artículo 149 de la Ley de Aguas –que no se impugna de modo alguno en esta acción-, que contiene una regulación expresa y específica que se ha aplicado a las nacientes intermitentes o no permanentes. En este sentido, la acción de inconstitucionalidad que ahora se conoce dista de ser un medio idóneo y razonable para la pretendida protección del ambiente en los términos planteados por las accionantes, lo cual determina que al ser un medio inidóneo ni razonable para la protección del derecho que se estima violentado, la acción deba ser desestimada. VII.- Por otra parte, de manera reiterada, la Procuraduría afirma que las accionantes igualmente parten de una premisa inexacta, al confundir la protección que el Estado debe brindar a las áreas silvestres protegidas, con el área de protección de las nacientes según se contempla en la Ley Forestal y en la Ley de Aguas. Al respecto, la Procuraduría explica ampliamente qué se entiende por área silvestre protegida y el ámbito de protección que el ordenamiento les brinda, explicitando que de modo alguno el área de protección de las nacientes deba considerarse como área silvestre protegida, toda vez que aquellas, en no pocos casos, se sitúan incluso en inmuebles de naturaleza privada, mientras que las áreas silvestres protegidas, por su propia naturaleza son, en tesis de principio, bienes demaniales y, como tales, con una regulación y protección específica. Incluso, refiere la Procuraduría, esas áreas de protección de las nacientes no necesariamente están cubiertas de bosque, como pretenden hacer ver las accionantes, sino que bien puede tratarse de zonas abiertas sin cobertura boscosa alguna, pero que al ser adyacentes a la naciente, reciben una regulación especial respecto de las actividades que en las mismas pueden o no desarrollarse o autorizarse. En este sentido, la confusión de la que parte el argumento de las accionantes torna en inválido el cuestionamiento de constitucionalidad planteado, ya que las apreciaciones vertidas por las promoventes, se encuentran dirigidas a considerar las áreas de protección de las nacientes, como si fueran áreas silvestres protegidas, por lo que como bien señala la Procuraduría en su informe, las mismas no resultan de recibo para sustentar la alegación de inconstitucionalidad que se pretende, tal como se indica más adelante. VIII.- Sobre las concretas vulneraciones constitucionales aducidas por las accionantes. El principio de no regresión. De conformidad con lo señalado en los considerandos precedentes, es claro que resulta impropio aducir la inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la presunta vulneración de los principios constitucionales reseñados. En efecto, el principio de no regresión, el cual es una característica de la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales, y, como tal, aplicable al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de modo alguno resulta violentado por la palabra «permanentes» contenida en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal. Este principio se entiende, grosso modo, en la imposibilidad de otorgar una protección menor a un derecho humano o fundamental, una vez que se ha logrado un determinado nivel en su ámbito de protección. Dicha situación dista de acontecer en el caso planteado por las accionantes, pues se parte de una verificación de la realidad, verificación que, según lo dicho, se logra a través del cumplimiento de los recaudos y estudios técnicos pertinentes, y ante supuestos de hecho que varían de un caso a otro. Así, la protección que recibe una naciente permanente, varía si la naciente deja de ser permanente y, en su lugar, se define como intermitente. Ante ello, no se configura vulneración alguna al principio de no regresión, pues no se trata de disminuir el área de protección de una naciente permanente, sino de la modificación de su condición –de permanente a intermitente-, supuesto en el cual, la protección, por determinación legal, también debe ajustarse. IX.- Sobre el principio de objetivación de la tutela ambiental. Este principio refiere la necesidad que toda protección que se brinde al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la regulación concerniente, se encuentre sustentada en criterios técnicos, objetivos y verificables. De conformidad con lo indicado, la normativa aplicable prevé que un cambio respecto de la condición de las nacientes, deba necesariamente estar documentado y acreditado de manera técnica, pues precisamente se trata de situaciones verificables a través de las ya mencionadas reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, lo cual permite, a su vez, el control de las decisiones que al respecto adopte la administración. Se ha referido y citado jurisprudencia de esta misma Sala en ese sentido –sentencias 2004-1923 y 2017-11803-, y bajo ese criterio, que implica que toda modificación sobre este aspecto deba documentarse y sustentarse técnicamente, se descarta que la palabra «permanentes», y cualquier cambio en cuanto a la tipología de la naciente para considerarla ya no como permanente, sino como intermitente, implique de suyo una afectación al principio de objetivación de la tutela ambiental. Por el contrario, el deber de sustentar técnicamente estas variaciones, cumple con respetar plenamente este principio. Por tal razón, la presunta afectación de este principio igualmente debe descartarse. X.- Sobre el principio precautorio en materia ambiental. La jurisprudencia de la Sala es amplia y contundente en reconocer este principio como consustancial a la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el sentido que ante la duda sobre el acontecimiento de un daño irreversible e irreparable, donde haya incerteza sobre la efectividad de las medidas de mitigación o de compensación, y las mismas no resultaren suficientes para contener un daño, y ese daño termine convirtiéndose en irreversible e irreparable, debe privilegiarse la protección al ambiente por sobre cualquier otro tipo de obra o emprendimiento que deseare desarrollarse. Nuevamente se parte de la existencia de criterios técnicos que determinen la validez de un cambio en la consideración de una naciente, por lo que la eventual afectación de este principio no puede aducirse prima facie y de forma general para cualquier caso donde se pretenda la recalificación de las nacientes, sino que la aplicación de este principio parte del análisis particular de los casos concretos, pues será en esas situaciones determinadas donde puede valorarse la incerteza o el riesgo real de un daño irreversible o irreparable. De tal manera, resulta impropio aducir de modo general la vulneración de este principio, si el mismo no se encuentra relacionado con una situación concreta que esté presentándose o deba resolverse. En este sentido, esta argumentación resulta igualmente inadmisible. XI.- Sobre los principios de irreductibilidad del bosque, compensación en materia ambiental, y la presunta afectación al patrimonio natural del Estado y la protección de la belleza natural. En lo concerniente a estas manifestaciones de las accionantes, debe reiterarse el ya reseñado criterio de la Procuraduría General de la República, en el sentido de la confusión de la que parte la argumentación de las accionantes, entre las áreas de protección de las nacientes, y las áreas silvestres protegidas, la cual las lleva a considerar que las áreas de protección de las nacientes son parte del patrimonio natural del Estado, se encuentran cubiertas de bosque y, como tal, ante la afectación del bosque, sería necesaria la fijación de alguna compensación ambiental. Tales condiciones distan de ser características propias o sine qua non de las nacientes; por el contrario, las nacientes suelen ubicarse de forma indistinta en bienes demaniales como en inmuebles privados, sin que necesariamente estén cubiertas de bosque, y, especialmente, sin que de modo alguno un eventual cambio de su consideración –de permanente a intermitente- implique un daño o desprotección absoluta que conduzca a una necesaria compensación. Debe tomarse en consideración que una variación en la definición del tipo de naciente, no conlleva la desprotección absoluta de la misma. Por el contrario, el ordenamiento siempre le otorga y reconoce una protección especial, la cual debe ser observada no sólo por la necesaria elaboración de los estudios técnicos que justifiquen la modificación, sino también por todas las demás entidades públicas relacionadas al momento de otorgar permisos, concesiones y viabilidades para el uso de suelos, por ejemplo. En tal sentido, resulta impropio afirmar que la palabra «permanentes» que se incluye en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, implica una violación constitucional a los principios y normas constitucionales aquí mencionados, toda vez que se parte de una premisa inexacta y no aplicable en términos generales a los supuestos que se pretende proteger. De tal forma, igualmente debe descartarse la inconstitucionalidad aducida en cuanto a estos extremos. XII.- Sobre el carácter particular y no general de los pretendidos efectos de esta acción de inconstitucionalidad. Por otra parte, de la lectura del escrito de interposición de esta acción, se evidencia con absoluta claridad, que las accionantes centran su argumentación respecto de la situación concreta de las denominadas fincas 3 y 5 de la Universidad de Costa Rica, de donde resulta que sus valoraciones deban circunscribirse a las nacientes allí ubicadas, y no a la generalidad de las nacientes que resultan protegidas por el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal. La Sala no soslaya que de alguna manera podría entenderse que tales referencias son a modo de ejemplo; sin embargo, tomando en consideración el énfasis que respecto de estas fincas se hace en la interposición de la acción, y en atención a la expresa solicitud de la medida cautelar planteada por las accionantes respecto de las nacientes ubicadas en esas dos fincas, debe necesariamente concluirse que la argumentación de las accionantes se encuentra directamente relacionada con la protección de esas nacientes en particular, y no respecto de la generalidad de las nacientes de recurso hídrico. Adviértase que de forma concreta se hace mención a determinados dictámenes de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, que podrían estar cambiando la categorización de alguna de las nacientes ubicadas en tales fincas, al punto que se solicita que tales nacientes sean consideradas como permanentes. Así, de conformidad con lo señalado en los anteriores considerandos de esta sentencia, la discusión sobre la procedencia de clasificar o reclasificar una naciente como permanente o intermitente, debe sustentarse en recaudos técnicos valorables por la administración, y revisables o verificables por las vías previstas por el ordenamiento, dentro de las cuales la acción de inconstitucionalidad dista de ser el proceso adecuado para discutir una determinación semejante, toda vez que ese tipo de discusión respecto de alguna naciente en particular, es materia propia de legalidad, y dependiendo de la actuación u omisión de la administración, de un recurso de amparo, sin que sea mediante un cuestionamiento de constitucionalidad que proceda definir si una naciente es permanente o intermitente. En este sentido, la acción igualmente debe desestimarse. XIII.- En definitiva, siendo que la palabra «permanentes» contenida en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal dista de configurar los vicios de constitucionalidad aducidos por las promoventes, esta acción debe ser declarada sin lugar, como en efecto se dispone. Por tanto Se declara sin lugar la acción. Fernando Castillo V. Presidente a.i. Fernando Cruz C. Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Marta Esquivel R. Ana María Picado B. Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:11:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional
Resolution No. 09221 - 2019
Date of Resolution: May 22, 2019 at 11:41
Case File: 18-009400-0007-CO
Drafted by: Jorge Araya Garcia
Type of matter: Unconstitutionality action
Constitutional control: Dismissing judgment
Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL
Relevance Indicators
Relevant judgment
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Type of content: Majority vote
Branch of Law: 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS
Topic: ENVIRONMENT
Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Topic: UNCONSTITUTIONALITY ACTION
Subtopics:
NOT APPLICABLE.
009221-19. ENVIRONMENT. PROTECTION RADIUS OF SPRINGS. Article 33 subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal), the word "permanentes" "VI… Costa Rican law always provides protection to water resource springs (nacientes de recurso hídrico), which goes beyond the simple determination of the radius of the protection area, as their exploitation equally requires compliance with a series of technical and formal requirements that must be verified and approved by the responsible technical administration, through the granting of permits or concessions. It is that same administration that must verify whether it is dealing with a case of a permanent spring (naciente de carácter permanente) or an intermittent spring (naciente de carácter intermitente), a decision that also cannot be arbitrary, but, like any administrative decision, must be supported by the merits of the record and in accordance with the unequivocal rules of science and technique, which ultimately implies that said determination by the administration must necessarily be founded on technical reasons…"
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Type of content: Majority vote
Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE
Topic: Pro natura
Subtopics:
NOT APPLICABLE.
"…the principle of non-regression, which is a characteristic of the protection of human rights and fundamental rights, and, as such, applicable to the right to a healthy and ecologically balanced environment, is in no way violated by the word «permanentes» contained in subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal). This principle is understood, roughly, as the impossibility of granting lesser protection to a human or fundamental right, once a certain level in its scope of protection has been achieved. This situation is far from occurring in the case raised by the plaintiffs, as it starts from a verification of reality, a verification that, as stated, is achieved through compliance with the pertinent technical requirements and studies, and before factual circumstances that vary from one case to another. Thus, the protection received by a permanent spring (naciente permanente) varies if the spring ceases to be permanent and, instead, is defined as intermittent. Given this, no violation of the principle of non-regression is configured, as it is not a matter of reducing the protection area of a permanent spring (naciente permanente), but of the modification of its condition – from permanent to intermittent – a case in which the protection, by legal determination, must also be adjusted…" Judgment 009221-19
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Type of content: Majority vote
Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE
Topic: Environmental protection
Subtopics:
NOT APPLICABLE.
"…Regarding the principle of objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental). This principle refers to the need that all protection provided to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the relevant regulation, be supported by technical, objective, and verifiable criteria. In accordance with the foregoing, the applicable regulations provide that any change regarding the condition of springs (nacientes) must necessarily be documented and accredited technically, as these are precisely situations verifiable through the aforementioned unequivocal rules of science and technique, which allows, in turn, the review of the decisions adopted by the administration in this regard. This Chamber's own case law has been referred to and cited in this sense – judgments 2004-1923 and 2017-11803 – and under this criterion, which implies that any modification on this aspect must be documented and technically supported, it is ruled out that the word «permanentes», and any change regarding the typology of the spring (naciente) to consider it no longer as permanent, but as intermittent, implies per se an impact on the principle of objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental). On the contrary, the duty to technically support these variations fully respects this principle. For this reason, the alleged infringement of this principle must also be dismissed…" Judgment 009221-19
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Type of content: Majority vote
Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE
Topic: Precautionary
Subtopics:
NOT APPLICABLE.
"…the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters. The Chamber's case law is extensive and conclusive in recognizing this principle as consubstantial to the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in the sense that when there is doubt about the occurrence of irreversible and irreparable damage, where there is uncertainty about the effectiveness of mitigation or compensation measures, and these are not sufficient to contain damage, and that damage ends up becoming irreversible and irreparable, environmental protection must be prioritized over any other type of work or undertaking that wishes to be developed. Again, it starts from the existence of technical criteria that determine the validity of a change in the consideration of a spring (naciente), so the eventual infringement of this principle cannot be alleged prima facie and generally for any case where the reclassification of springs (nacientes) is sought; instead, the application of this principle starts from the particular analysis of specific cases, as it is in those specific situations where the uncertainty or the real risk of irreversible or irreparable damage can be assessed. Thus, it is improper to generally allege the violation of this principle if it is not related to a specific situation that is occurring or must be resolved. In this sense, this argument is equally inadmissible…" Judgment 009221-19
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Type of content: Majority vote
Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE
Topic: Environmental protection
Subtopics:
NOT APPLICABLE.
"…Regarding the principles of forest irreducibility (irreductibilidad del bosque), compensation in environmental matters, and the alleged impact on the State's natural heritage and the protection of natural beauty. Concerning these assertions by the plaintiffs, the already reviewed criterion of the Procuraduría General de la República must be reiterated, in the sense of the confusion on which the plaintiffs' argumentation is based, between protection areas of springs (nacientes) and protected wilderness areas, which leads them to consider that the protection areas of springs (nacientes) are part of the State's natural heritage, are covered with forest, and, as such, given the impact on the forest, the establishment of some environmental compensation would be necessary. Such conditions are far from being inherent or sine qua non characteristics of springs (nacientes); on the contrary, springs (nacientes) are often located indistinctly on public domain assets and on private properties, without necessarily being covered with forest, and, especially, without an eventual change in their consideration – from permanent to intermittent – in any way implying absolute damage or lack of protection that would lead to necessary compensation. It must be taken into consideration that a variation in the definition of the type of spring (naciente) does not entail its absolute lack of protection. On the contrary, the legal system always grants and recognizes it special protection, which must be observed not only through the necessary elaboration of technical studies that justify the modification, but also by all other related public entities when granting permits, concessions, and viabilities for land use, for example. In this sense, it is improper to state that the word «permanentes» included in subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) implies a constitutional violation of the principles and constitutional norms mentioned herein, as it is based on an inaccurate premise not generally applicable to the cases intended to be protected. Thus, the alleged unconstitutionality regarding these points must likewise be dismissed…" Judgment 009221-19
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Type of content: Majority vote
Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE
Topic: 089- Protection of natural beauties and historical and artistic heritage
Subtopics:
NOT APPLICABLE.
"…Regarding the principles of forest irreducibility (irreductibilidad del bosque), compensation in environmental matters, and the alleged impact on the State's natural heritage and the protection of natural beauty. Concerning these assertions by the plaintiffs, the already reviewed criterion of the Procuraduría General de la República must be reiterated, in the sense of the confusion on which the plaintiffs' argumentation is based, between protection areas of springs (nacientes) and protected wilderness areas, which leads them to consider that the protection areas of springs (nacientes) are part of the State's natural heritage, are covered with forest, and, as such, given the impact on the forest, the establishment of some environmental compensation would be necessary. Such conditions are far from being inherent or sine qua non characteristics of springs (nacientes); on the contrary, springs (nacientes) are often located indistinctly on public domain assets and on private properties, without necessarily being covered with forest, and, especially, without an eventual change in their consideration – from permanent to intermittent – in any way implying absolute damage or lack of protection that would lead to necessary compensation. It must be taken into consideration that a variation in the definition of the type of spring (naciente) does not entail its absolute lack of protection. On the contrary, the legal system always grants and recognizes it special protection, which must be observed not only through the necessary elaboration of technical studies that justify the modification, but also by all other related public entities when granting permits, concessions, and viabilities for land use, for example. In this sense, it is improper to state that the word «permanentes» included in subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) implies a constitutional violation of the principles and constitutional norms mentioned herein, as it is based on an inaccurate premise not generally applicable to the cases intended to be protected. Thus, the alleged unconstitutionality regarding these points must likewise be dismissed…" Judgment 009221-19
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Type of content: Majority vote
Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE
Topic: 050- Environment
Subtopics:
NOT APPLICABLE.
"…Regarding the principle of objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental). This principle refers to the need that all protection provided to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the relevant regulation, be supported by technical, objective, and verifiable criteria. In accordance with the foregoing, the applicable regulations provide that any change regarding the condition of springs (nacientes) must necessarily be documented and accredited technically, as these are precisely situations verifiable through the aforementioned unequivocal rules of science and technique, which allows, in turn, the review of the decisions adopted by the administration in this regard. This Chamber's own case law has been referred to and cited in this sense – judgments 2004-1923 and 2017-11803 – and under this criterion, which implies that any modification on this aspect must be documented and technically supported, it is ruled out that the word «permanentes», and any change regarding the typology of the spring (naciente) to consider it no longer as permanent, but as intermittent, implies per se an impact on the principle of objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental). On the contrary, the duty to technically support these variations fully respects this principle. For this reason, the alleged infringement of this principle must also be dismissed…" Judgment 009221-19
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Type of content: Majority vote
Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS
Topic: ENVIRONMENT
Subtopics:
PROTECTED AREA.
009221-19. ENVIRONMENT. PROTECTION RADIUS OF SPRINGS
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Text of the resolution
*180094000007CO*
Exp: 18-009400-0007-CO
Res. Nº 2019009221
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven hours and forty-one minutes on May twenty-second, two thousand nineteen.
Unconstitutionality action brought by Mechthild Bors de Barquero, of legal age, bearer of identity document number 127600115431, and Paulina Mata Monge, bearer of identity card number 1-791-223, against subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), specifically regarding the word «permanentes» used in said subsection.
Whereas
1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber on July 19, 2018, the plaintiffs request that the unconstitutionality of the word «permanentes» used in subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) be declared, and they request that said word be eliminated from the wording of said norm. They consider that with this term, an unjustified distinction is made regarding the protection radius of springs (nacientes) classified as permanent, compared to those identified as non-permanent or intermittent, and they refer to the reasons why they consider that some springs (nacientes) have gone from being permanent to intermittent, such as, in their opinion, well exploitation, soil impermeabilization in aquifer recharge areas, and climate change. They refer to studies that they estimate support their criterion. They explain that when changing from permanent to intermittent springs (nacientes), the regulatory protection diminishes, going from a protection of 100 meters when the spring (naciente) is permanent – as established in article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) – to 50 or 60 meters when it is not – as provided in article 149 of the Water Law (Ley de Aguas). They state that this reduction in the protection area affects diffuse interests, since by distinguishing between permanent and intermittent springs (nacientes), the principles of rational land exploitation, non-regression in environmental matters, forest irreducibility (irreductibilidad del bosque), and the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters are violated, all of which impose on the State the duty to conduct technical studies before approving any regulation that intends to carry out territorial planning. They explain the situation regarding the canton of Montes de Oca, stating that there is a negative balance between the use of the available water resource in the canton and the amount of rainwater that infiltrates and recharges the aquifers, which is due, in their opinion, to the impermeabilization of the land, within which problem are properties 3 and 4 of the Universidad de Costa Rica, whose wooded areas form part of the Biological Corridor of the Río Torres and its tributaries, with hundreds of species of wild flora and fauna, including flora that has disappeared from the urbanized areas of the Central Valley. They mention that the Dirección de Aguas of MINAE has identified two outcrops or springs (nacientes) located on property 3, and another on property 4. On property 3 are located the sports facilities of the University, and there is found the so-called "Cangreja" or "Pipichueca" creek, with permanent flow throughout the year, even in the dry season, although it was greater before, a situation they attribute to earthworks (movimientos de tierra) for various civil works of the University and to well exploitation. They indicate that the protection area of the spring (naciente) located on property 3 is devoid of forest cover (cobertura boscosa), and, on the contrary, there have been enormous earthworks (movimientos de tierra), such as the access to the facilities, the so-called Estadio Ecológico and other access roads. Regarding property 4, they assert that the spring (naciente) located there has also suffered a considerable decrease in recent decades, especially since the year 2007, which even generated a displacement of the outcrop location, from which it is expected that the spring (naciente) will disappear or become intermittent. They argue that both springs (nacientes) contribute relatively decontaminated water resource to the basins of the río Torres and the Quebrada Los Negritos, and that the University presented a reforestation plan in the respective protection areas that has not yet been approved by MINAE.
Regarding the grounds for unconstitutionality, they point out that by including the word «permanentes» in subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), a distinction is made in the protection radii depending on whether they are permanent or intermittent springs (nacientes), which violates the principle of non-regression in environmental matters, because this law allows the reduction of the protection area when a spring (naciente) goes from being permanent to intermittent, even if due to human action. Thus, they continue, article 50 of the Political Constitution is also violated, as a reduction in protection is allowed, a reduction that cannot be made unjustifiably.
They add that the principle of objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental) is also violated, in the sense that article 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) defines the need for a technical analysis to determine the degree of environmental protection, and in this case, the environmental regulations, in a generic and imprecise manner, determine the change of the protection area if a spring (naciente) goes from being permanent to intermittent, even if due to soil impermeabilization or well exploitation. Thus, in their opinion, this principle is violated because the inclusion of the word «permanentes» in subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), and the establishment in the Water Law (Ley de Aguas) of a smaller protection radius for non-permanent springs (nacientes), is done without existing technical studies.
They consider that the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters is also violated, because the word «permanente» makes an unjustified distinction between the protection radius of springs (nacientes), and thus, declaring any spring (naciente) intermittent when it was previously permanent violates the pro natura principle.
They argue that cultural heritage and the principle of forest irreducibility (irreductibilidad del bosque) are also violated, to the extent that article 13 of the same Forestry Law (Ley Forestal) indicates that on State properties, the cutting or exploitation of forests is prohibited, which does not occur if it is determined that a spring (naciente) has become intermittent, in which case the protection area is reduced.
Likewise, they state that article 89 of the Political Constitution is contravened, because the reduction allowed when the spring (naciente) becomes intermittent affects landscape protection by allowing the destruction of the forest.
Finally, they argue that the provision of subsection g) of article 99 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) is disregarded, which provides for the imposition of compensatory or environmental stabilization obligations, since the reduction permitted by the legislation would require environmental compensation proportional to the area that would be disaffected, which is not contemplated in the challenged regulations. Therefore, they add, the appropriate course is to establish a compensation mechanism in the Forestry Law (Ley Forestal), and while this happens, not to distinguish between the protection areas of permanent and intermittent springs (nacientes).
They request that the unconstitutionality of the word «permanentes» indicated in subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) be declared.
2.- By resolution at eleven hours and thirteen minutes on July 4, 2018, this action is admitted, and a hearing is granted to the Procuraduría General de la República.
3.- The resolution admitting the present unconstitutionality action was published in editions of the Boletín Judicial numbers 138, 139, and 140, of July 31, August 1, and August 3, all of 2018, respectively.
4.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber on July 27, 2018, Julio Alberto Jurado Fernández, Procurador General de la República, reports, pointing out that the norm challenged by the plaintiffs is related to articles 34 and 58 of the Forestry Law (Ley Forestal), even though these are not challenged. He explains the concept of intermittent springs (nacientes) or manantiales, which, in general, only have water during the rainy season and dry up naturally for some time, and indicates that the current regulations set different protection area radii, depending on whether they are permanent or intermittent springs (nacientes). He states that protection areas are limitations of public interest on property, to protect the water resource against human actions that may degrade the natural state of water sources, which consist of the prohibition of cutting or eliminating trees, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience. He deems the allegation of violation of the principle of non-regression argued by the plaintiffs to be improper, because it confuses the concepts of «protected zone» (zona protectora) with that of «protection area». He clarifies that protection areas are distinct from protected wilderness areas, while they omit to make a comparison between norms that supports the alleged regression in the protection of the environmental standard. He mentions that regarding permanent springs (nacientes), the Forestry Law (Ley Forestal) is more protective than the Water Law (Ley de Aguas), and regarding this latter, there would be no regulatory regression because springs (nacientes) have never been protected beyond the sixty meters indicated in article 149 of the Water Law (Ley de Aguas), and the courts have relied on said article to protect the protection radius of intermittent springs (nacientes). He points out that the word «permanentes» is indeed a regression that the current 1996 law contains with respect to the prior 1990 Forestry Law (Ley Forestal), but this is not an aspect alleged in the action.
Regarding the alleged violation of the principle of objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), which translates into the need to support the administration's decision-making with technical studies, the plaintiffs' argument is likewise not tenable, as it again starts from the incorrect equating of protection areas with the protected wilderness areas of the State's Natural Heritage. He affirms that the technical studies provided for in article 38 of the Forestry Law (Ley Forestal) are only applicable to reduce or disaffect protected wilderness areas of public domain assets, but not to private domain properties. He adds that although the plaintiffs do not raise it, the norm would indeed be unconstitutional because the word «permanentes», implicitly, omits regulating intermittent springs (nacientes), creating a distinction that leaves them unprotected, without the legislative record of the Forestry Law (Ley Forestal) containing technical criteria that support their exclusion from the norm.
Regarding the alleged violation of the precautionary principle (principio precautorio) – due to the reduction of the protection area of a spring (naciente) that could have been permanent, but due to human action becomes intermittent, without there being a procedure in the Forestry Law (Ley Forestal) to determine whether the spring (naciente) was permanent or not – he states that such argumentation would be appropriate given the doubt of the environmental damage that could be caused in the future if a spring (naciente) that is permanent today becomes intermittent due to human acts or nature, whereby it would have a reduction in its protection area. He affirms that removing the word «permanentes» would equate the protection radius of both types of springs (nacientes), but adds that it is contradictory to request the elimination of said word at the same time as establishing a mechanism to determine what type of spring (naciente) one of them was in the past, which would maintain its distinction from intermittent ones. He asserts that such a mechanism is unnecessary if the word «permanentes» is eliminated.
Regarding the violation of natural heritage and the principle of forest irreducibility (irreductibilidad del bosque), he affirms that the constitutional transgression does not arise, because the plaintiffs assume that the protection areas of springs (nacientes) are protected wilderness areas of the State's Natural Heritage, which is inaccurate. He explains that on private property, the principle of forest irreducibility (irreductibilidad del bosque) presupposes the existence of the forest, and not all protection areas have forest, as defined in subsection d) of article 3 of the Forestry Law (Ley Forestal).
Likewise, he dismisses the alleged violation of article 89 of the Political Constitution, because it starts from the basis that all protection areas are natural beauties. However, not every protection area is composed of forest, and it is not true that the norm favors the destruction of the forest. Thus, no impact on the landscape is perceived. Furthermore, he warns that the plaintiffs do not substantiate this ground, nor explain the reasons why the challenged subsection contravenes the Constitution and international conventions. He also points out that the arguments are centered or circumscribed to the Mercedes district of the canton of Montes de Oca, without national-level validation.
Finally, regarding the principle of compensation, he also does not deem the allegation admissible. He states that article 38 of the Forestry Law (Ley Forestal) contemplates the possibility of reducing by law the surface area of protected wilderness areas, after carrying out the technical studies that so justify it, but again the plaintiffs' argument starts from the premise of confusing the protection areas of private properties with the protected wilderness areas that form part of the State's Natural Heritage, to which the necessary requirement of technical studies justifying the reduction of the area does apply.
He concludes by affirming that the action should be dismissed, except for the warnings made regarding the arguments not raised by the plaintiffs.
5.- Through briefs received at the Secretariat of the Chamber on August 21, 2018, the gentlemen Héctor Oldemar Araya Salazar, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the Asociación Cámara de Productores de Caña del Atlántico; José Eduardo Hernández Chaverri, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the Asociación Cámara de Productores de Caña del Pacífico; Heiner Bonilla Porras, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the Asociación Cámara de Productores de Caña de San Carlos; Marco Antonio Gerardo Benavides Moraga, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the Asociación de Productores de Caña de Puntarenas; José Luis Angulo Zúñiga, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the Asociación Cámara de Productores de Caña de Guanacaste; Virgilio González Bolaños, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur; Christian Ocampo Vargas, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the Asociación Federación de Cámaras de Productores de Caña; and Randall Murillo Astúa, in his capacity as Generalísimo Attorney-in-Fact of the Asociación Cámara Costarricense de la Construcción; present a passive joinder in favor of the constitutionality of the word «permanentes» contained in subsection a) of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal). They affirm that far from violating the Political Constitution, said word provides additional protection to permanent springs (nacientes), as it increased the protected area compared to the radius contemplated in the previous Forestry Law (Ley Forestal). They add that it is not true that intermittent springs (nacientes) are unprotected. They explain that if the protection area of intermittent springs (nacientes) is extended to be equal to the protection area of permanent springs (nacientes), the effective area that producers could dedicate to agricultural activities would be seriously reduced, especially affecting producers with small and medium-sized plots. They affirm that great care must be taken, because there are areas of the country where in the rainy season, precipitation causes water to spring up in many areas of the properties, without necessarily being springs (nacientes).
They request that the unconstitutionality action be rejected and that the challenged regulations remain in force.
6.- Through briefs received at the Secretariat of the Chamber on August 22, 2018, Mr. Mario Alvarado Mora, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the Costa Rican Association of Energy Producers; Mr. Rodolfo Castro Chavarría, in his capacity as President of the Association Consejo de Desarrollo Inmobiliario; Mr. Gonzalo Delgado Ramírez, in his capacity as President of the Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado; Mr. Rudolf Sauter Echeverría, President of the Association Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de la República de Costa Rica; Mr. Rigoberto Vega Arias, Interim President of the Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria; Mr. José Álvaro Jenkins Rodríguez, in his capacity as President of the Association Cámara de Azucareros; and Ms. Sara Jacqueline Valverde Madrigal, in her capacity as President of the Association Cámara Nacional de Turismo; and Ms. Ileana Vargas González, in her capacity as President of the Association Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo; file passive joinders (coadyuvancia pasiva) in similar terms to those indicated in the fifth resultando of this judgment.
7.- By means of a brief received at the Secretariat of the Chamber on August 22, 2018, Rigoberto Vega Arias, in his capacity as Judicial Attorney-in-Fact of the Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, files a passive joinder to this action. He affirms that the premise from which the plaintiffs proceed is erroneous and constitutes a fallacious argument, since strictly speaking, no law establishes a protection area for “intermittent” springs (nacientes «intermitentes»), nor differentiates them from permanent ones, so much so that Article 149 of the Ley de Aguas does not differentiate one from the other. He adds that attempting to maintain the protection area of a spring (naciente) that is no longer permanent, as if it still were, is like trying to maintain an abandoned channel as if it were public domain, imposing on the property owner a double limitation on their property, by having to bear the course of the new channel along with the abandoned channel. He cites the report issued by the Procuraduría General de la República, mentions the protection that has been jurisprudentially granted to intermittent springs, and emphasizes that it is a speculation on the part of the plaintiffs to extend to intermittent springs the protection granted to permanent ones, solely on the basis that those were also permanent at some point. He requests that the action be rejected.
8.- By resolution of this Chamber, at thirteen forty on August 30, 2018, the joinders filed are admitted.
9.- By means of a brief received at the Secretariat of the Chamber on January 24, 2019, the plaintiffs request the adoption of a precautionary measure to prevent the Dirección de Aguas of MINAE from changing the status of springs (nacientes) and granting them an intermittent category, and from having those considered intermittent be cataloged as permanent. They refer to the presence of the El Niño phenomenon, which could cause drought, which in turn would imply that instead of reducing the protection areas, they should be increased. They mention the increase in the number of existing wells, which evidences a growing exploitation of new groundwater sources. They point out the importance of having quality water for human consumption, as well as the importance of water for ecotourism, and the possible damages in the absence of water resources. They assure that the Universidad de Costa Rica requested the Dirección de Aguas of MINAE to reclassify a spring (naciente) from permanent to intermittent, even though well into the dry season it maintains flow, without explaining where the water then comes from.
10.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.
Drafter Judge Araya García; and,
Considering
I.- Requirements and presuppositions of the unconstitutionality action. Regarding the standing (legitimación) to file an unconstitutionality action, the Chamber has indicated that it can be defined as that cause-and-effect relationship between what is sought -the object of the action- and who seeks it –the plaintiff-, which the Law requires as a prerequisite to be able to examine the merits of a matter. The assumption contained in the first paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional refers to what we may call indirect standing, that is, that which derives from the prior matter where the challenged norm or norms are being applied in the action. Therefore, it is said that the unconstitutionality action has an incidental nature and must constitute a reasonable means to protect the right deemed injured in the main matter. The second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes another type of standing, which has been called direct, and is that which does not require a prior matter where the challenged norm is being applied, and which translates into three specific assumptions: a) that due to the nature of the matter, there is no possibility of individual and direct injury; b) that it involves the defense of diffuse interests or interests that concern the community as a whole; and, c) cases in which the action is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, and the Defensor de los Habitantes in matters within their competence. In these assumptions, the special circumstances of the matter -which must be examined in each specific case- make the cause-and-effect relationship between the plaintiff and the object of their claim more tenuous, although no less relevant, which authorizes them to file the action directly, without the need for a pending matter to be resolved.
II.- On diffuse interests and the standing of the plaintiffs in the case under study. The plaintiffs indicate that their standing arises from the defense of diffuse interests regarding the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it should be noted that, as already mentioned, the assumptions of the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional constitute exceptions to the rule contained in the first paragraph of the same article, which must be carefully analyzed in each specific case. Diffuse interest has been understood as that interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which may be shared by other persons, with all interested parties forming a specific group or category. Thus, the violation of that right can affect everyone in general or each one in particular; hence, any member of the community can file the action to protect the right deemed injured. On this point, the reiterated jurisprudence of the Chamber indicates that:
"It has been noted that it is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the preceding considering, but which cannot be so broad and generic as to be confused with that recognized to all members of society to ensure constitutional legality, since the latter -as has been repeatedly stated- is excluded from the current system of constitutional review. It is therefore an interest distributed among each of the administered persons, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable for it, for the defense, in this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights themselves, and not the particular situation of the subjects who may hold them in relation to those rights, which is the key to the distinction and determination of the presence of so-called diffuse interests, as has been stated in various rulings such as number 03705-93 at fifteen hours on July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 at fourteen forty-five hours on November ninth of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 at thirteen thirty hours on May twenty-fourth, nineteen ninety-one for electoral matters." – see judgment number 360-90-
From this definition, it is possible to estimate that the diffuse interest is comprised of an eminently subjective element, relating to its belonging to or ownership of the interest, and an objective one, related to the impact of the good on society, which distinguishes it from other legal situations. In relation to the first -the subjective element-, it is clear that it is diffused within a non-individualized human group, which co-participates in the enjoyment of the legal good that is the object of the interest, but whose formation does not result from an identifiable, encompassable set of subjects with relatively clear contours, as does occur with collective interest. And from the objective perspective, it must be clarified that not every "diffused" interest acquires the legal category of "diffuse interest," but only those imbued with profound social relevance, the valuation of which results from the circumstances of each case –see, among others, judgments numbers 2006-15960 and 2014-4904-. In this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic as to be confused with the right to ensure constitutional legality -which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional-, neither can it be so concrete as to allow an individual claim, for in such a case, the standing would derive from that claim –see, among others, judgments numbers 2008-13442, 2009-300 and 2009-9201-. Thus, examples of such interests are the right to a healthy and harmonious environment, the defense of historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds. Consequently, in the case under study, where the plaintiffs base their standing on the defense of diffuse interests in the matter of protection of a healthy and ecologically balanced environment, what is appropriate is to admit this action for a hearing on the merits, in accordance with the following considerandos.
III.- On the object of the action. The plaintiffs challenge the word «permanent» (permanentes) contained in the current wording of subsection a) of Article 33 of the Ley Forestal, considering that the inclusion of said word contravenes the principle of non-regression in environmental matters, the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental), the precautionary principle, the principle of irreducibility of the forest (principio de irreductibilidad del bosque), and the violation of the natural heritage, Article 89 of the Constitución Política, and the principle of compensation in environmental matters, since that word means, in their view, a decrease in the radius of the protection areas if a spring (naciente) were to be considered non-permanent. The challenged norm provides, in relevant part:
"ARTICLE 33.- Protection Areas (Áreas de protección). The following are declared protection areas:
The areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined in a radius of one hundred meters measured horizontally." –emphasis added-
IV.- On the protection of the right to the environment. The Chamber's jurisprudence regarding the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment is extensive, unanimous, and forceful. Repeatedly, it has been recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally, and that the State is responsible for protecting the environment, according to the precautionary principle (principio precautorio) that governs in environmental matters. This principle obliges the State to arrange everything necessary, within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the favorable social conditions so that each person can enjoy their health, understanding this right as a situation of physical, psychological, and social well-being -see judgment number 180-98-. The objective obligation of the State in matters of environmental protection does not inevitably entail a subjective right of persons to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to demand that suitable measures be adopted to protect that right, in the face of overtly negligent attitudes by public authorities, or by physical or legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that damage the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures.
V.- On water as a fundamental right and the protection of springs (nacientes), aquifers (mantos acuíferos), and the determination of the corresponding protection areas. Water resources are essential for the preservation of life and health, so their protection is inherent to the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this sense, the Chamber's jurisprudence is clear in recognizing the right to water as a fundamental right, such that along with making serious efforts to provide it to the population, there is a duty of public institutions to make responsible and adequate use of the available water resources, which implies the need to ascertain the water susceptible to exploitation –availability- guaranteeing its present provision and the future sustainability of the service, preventing the current use of the resource from producing an environmental risk that compromises the future existence and supply of the liquid. The Chamber has had the opportunity to pronounce itself forcefully and in detail on the protection that must be granted to national water resources, clarifying both the regulatory protection framework and the institutions that make up the water sector, recognizing and specifying the scope of competence of these bodies and the transcendence of their actions in matters of granting, use, and protection of water –see, among many others, judgments numbers 2004-1923, 2008-14092, 2008-15657, 2017-6340 and 2017-17353-. Likewise, an important part of this concern for environmental protection regarding water has been the assessment of the broad spectrum of sources for capturing water resources and how to protect the environment to guarantee their existence and survival, whether they are underground sources, or their outcropping in surface sources. Particularly relevant for the situation now under review is the definition regarding the protection perimeters (perímetros de protección) of these sources, regarding which the Chamber, in the reference judgments, and particularly in the aforementioned 2004-1923, has indicated that:
"a) Protection perimeters of aquifers: One of the most innovative instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the contained water but also of its container, that is, the geological formation called aquifer (acuífero). This activity consists of projecting and plotting on the surface a demarcation under which an aquifer or part thereof lies, in which a specific regime is established for the use of the hydraulic domain –ordering and restriction of pre-existing water concessions, preventing the granting of new ones- and for the control of activities and installations that may affect it –through authorizations- (e.g., mines, quarries; urban activities that include septic tanks, cemeteries, landfills –storage, transport, and treatment of solid and liquid waste-; agricultural and livestock activities with deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with wastewater, and farms; industrial activities with storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries, and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by national authorities –MINAE and ICAA- must be respected by local governments (Municipalities) and INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) to make compatible, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of the protection perimeters in the regulations contained in the respective Regulatory Plans on land uses or land-use planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, to the above must be added the protection around catchment areas (wells -PPP: wellhead protection perimeters (perímetros de protección de los pozos)-, springs (manantiales), sources (nacientes), etc.-), through the definition of an area around them in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the well's capture or capture zone (ZOC) and its extent depends on the characteristics and properties of the catchment area and the recharge terrain, since the rules cannot be the same for permeable or fissured terrains as for those that have impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with the vulnerability cartography (cartografía de vulnerabilidad) or natural susceptibility of supply aquifers to anthropogenic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the production of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability cartography, are suitable for being able to relocate a certain type of activity, the supply source, or, ultimately, to introduce technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents in a timely manner. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability cartography vary depending on whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful to define which activities may or may not be installed in the future; (b) areas already occupied, in which case a mapping of natural vulnerability and the areas with greater susceptibility to contamination is carried out, and in the face of the threat of a high contamination index, it is possible to relocate activities, supply sources, and introduce technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) areas already contaminated, for which alternative sources can be sought, prevent the spread of contamination plumes, and, if possible, given its high cost, treat the aquifer waters after their extraction; (d) areas for new catchments, an assumption in which potentially contaminating activities and the impact area of each of these must be inventoried."
Thus, it is clear that the consideration of water as an essential resource and fundamental right entails the necessary protection of its sources and catchment areas, where subterranean and surface aquifers (mantos acuíferos), as well as springs (nacientes), wells, and other areas from which water resources are located and obtained, are considered. This protection implies the establishment of the so-called protection areas or perimeters, such as that precisely indicated in subsection a) of Article 33 of the Ley Forestal, which, as has been outlined, refers to a protection radius of 100 meters for permanent springs (nacientes permanentes), a protection area that may vary, and in fact is so established in ordinary legislation, if the spring is far from being permanent, and, conversely, is an intermittent or non-permanent spring (naciente de carácter intermitente o no permanente), regarding which it is not that there is no protection at all, but that the radii of the protection areas can be variable as determined by the regulations and the responsible technical bodies. In other words, the regulations and jurisprudence recognize the importance and need to provide protection to springs (nacientes), and hence the definition of the radii of their protection areas, the extent of which varies depending on the type of spring involved, precisely because the radius of the corresponding protection area will depend on the type of spring, without this being, per se, a situation that generates any unconstitutionality, since, as is well indicated in the cited precedent, the very conditions of each type of spring –aquifer, well, and others- are what define the particular conditions of protection, so that there are protection areas specially defined according to the type of spring, aquifer layer (manto), or well involved.
In this sense, verifying whether a spring (naciente) is permanent or non-permanent is a determination that falls to the technical bodies of the administration, which, in accordance with their respective areas of competence, would be a matter for the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía, in strict coordination with other related bodies, such as the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados itself, a definition that must likewise be observed even by the municipalities at the time of drafting the corresponding regulatory plans and the respective granting of land-use permits or their denials.
Accordingly, it is up to the administration, through the preparation of the necessary technical studies, to determine the permanent or non-permanent nature of a water resource spring (naciente).
This has been validated in the recent jurisprudence of this Chamber, when it stated in judgment 2015-12550 that:
"[T]he Chamber finds it proven that through official letter number AT-3246-2012 of September 17, 2012, the Dirección de Aguas of MINAE indicated the presence of two permanent springs (nacientes de carácter permanente), located in the Aguas Claras sector, San Vito district, Coto Brus canton, Puntarenas province. However, on March 18, 2014, a request for reassessment of source 2 (permanent spring (naciente permanente)) from pronouncement No. AT-3246-2012 was received at MINAE, since it was indicated that in a visit made to the site, said source had no water and was not flowing either. By virtue of this, through official letter No. AT-3899-2014 of August 19, 2014, a pronouncement was received from the Dirección de Aguas of MINAE, where it was indicated that in a new inspection, it was observed that the source in question did not present water, so a new report (dictamen) was issued on source 2, determining that it was an intermittent spring (naciente intermitente), modifying pronouncement No. AT-3246-2012. Thus, it is found proven that, currently, the water source referred to by the appellant is cataloged by the Dirección de Aguas of MINAE only as an intermittent spring. Given this scenario, the Chamber is of the view that the amparo must be dismissed. First, it is necessary to highlight that the body of water alleged by the appellant was reclassified by the Dirección de Aguas of MINAE. Initially, in September 2012, it was classified by the Dirección de Aguas as a permanent spring. Then, in August 2014, that classification was reassessed, and it was considered that said body of water was only an intermittent spring. As the respondents explain, only permanent springs have a protection area of 100 horizontal meters radius around it. Hence, the source referred to by the appellant no longer qualifies for that type of protection. Thus, in relation to this point, the amparo is dismissed. (…)
Lastly, the Dirección de Aguas indicated that the outcrop in question is of an intermittent nature of the public domain, meaning its use requires a concession, that there is no water use permit at the site, so the use being made by the protected person would be illegal. (…) Under that understanding, the Chamber is of the view that it has been the appellant himself who has placed himself in the situation of risk he denounces; first, because he extracts water resources without the respective permits and knowing that supply by other means was recommended because the liquid he captures might not be suitable for human consumption; and second, because the classification of the water outcrop of interest to the protected person was reassessed and is now only an intermittent spring (naciente intermitente), not a permanent one, hence a series of restrictions related to the topic of constructions and protection radius do not apply to it…" –the highlighting is not from the original-
It is clear, then, the recognition made both normatively and jurisprudentially, that it is up to the technical bodies of the administration to determine the type of spring (naciente) involved, that is, to define whether it is a permanent spring (naciente permanente) or an intermittent or non-permanent one, so that it is based on that technical definition that the radius of the protection area provided for in current regulations is applied.
VI.- On the alleged unconstitutionality of subsection a) of Article 33 of the Ley Forestal. In accordance with what was stated in the second considering of this action, the plaintiffs allege the unconstitutionality of subsection a) of Article 33 of the Ley Forestal, to the extent that the inclusion of the word «permanent» (permanentes) in said norm produces, in their view, the violation of the constitutional principles of non-regression in environmental matters, objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), precautionary principle, irreducibility of the forest (irreductibilidad del bosque), and the violation of the natural heritage, Article 89 of the Political Constitution (Constitución Política), and the principle of compensation in environmental matters.
On this point, the Chamber notes that the premise from which the plaintiffs start to affirm the alleged unconstitutionality of the referenced word is based on the comparison made between said norm of Article 33 of the Ley Forestal and other regulatory provisions contemplated by the Ley de Aguas, to the extent that the Ley Forestal regulates what concerns the radius of the protection area of permanent springs (nacientes permanentes), while the Ley de Aguas regulates the protection radius of intermittent or non-permanent springs. Thus, the Chamber understands that the argumentation of the plaintiffs is to the effect that if the word «permanent» (permanentes) were eliminated, equal general protection would be granted to all types of springs (nacientes), whether permanent or not; put another way, if said word were eliminated –in the view of the promoters of this action-, the protection contemplated in subsection a) of Article 33 of the Ley Forestal –a radius of one hundred meters- would be applicable to all springs. This is the argumentation underlying the statements of the plaintiffs, who express their concern based on the idea that a spring cataloged as permanent may be classified as non-permanent, in which case the radius of the protection area would vary.
Indeed, the protection provided to water resource springs (nacientes) must be seen starting from the integration of the referenced subsection a) of Article 33 of the Ley Forestal –already cited-, and Article 149 of the Ley de Aguas, which defines that:
"Article 149.- It is forbidden to destroy, both in national forests and in those on private lands, trees located less than sixty meters from springs (manantiales) that arise on hills, or less than fifty meters from those that arise on flat terrain."
That is, the protection provided in this regard to springs (nacientes) is summarized as follows: a radius of one hundred meters if the spring is permanent, but if the spring is intermittent, the radius of the protection area will be sixty meters if it is a spring located on a hill, or fifty meters if the spring is located on flat terrain. As the Procuraduría General de la República well points out, this definition stems from the application of this norm regarding intermittent springs, given that for permanent springs (nacientes permanentes), there is an express norm in the referenced Ley Forestal; thus, it has been interpreted that if the Ley Forestal expressly regulates that protection area for permanent springs, the definition made in the Ley de Aguas is regarding intermittent springs.
Thus, the concern of the plaintiffs to brand the word «permanent» (permanentes) as unconstitutional lies, according to what has been said, in the possibility of considering that a spring (naciente) has changed from being permanent to being intermittent, and thereby, decreasing the protection area recognized for each case.
It is from that point that the plaintiffs seek to justify the alleged unconstitutionality, due to the presumed violation of the aforementioned constitutional principles.
However, such an argument is far from being acceptable. Note that the premise from which the plaintiffs' argument proceeds ignores the fact that the different regulatory provisions in one case and the other are due not to arbitrariness or a capricious situation, but to the real difference between one type of spring (naciente) and the other. Thus, given different factual assumptions, the regulation normatively provided in that regard would likewise be different – see the aforementioned judgment 2004-1923. In this way, the Costa Rican legal system always provides protection to water resource springs (nacientes de recurso hídrico), which goes beyond the simple determination of the radius of the protection area, since for their exploitation, compliance with a series of technical and formal requirements that must be verified and approved by the responsible technical administration, through the granting of permits or concessions, is equally required. It is that same administration that must verify whether it is faced with the assumption of a permanent (permanente) spring (naciente) or an intermittent (intermitente) spring (naciente), a decision that likewise cannot be arbitrary, but rather, like all administrative decisions, must be supported by the merits of the record, and in accordance with the unequivocal rules of science and technique, which implies, ultimately, that said determination by the administration must necessarily be founded on technical reasons. On this point, through judgment 2017-11803, the Chamber stated that:
“IV.- On the merits.- Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) declares, among the protection areas, those that border permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. Hence, said norm is the basic one that regulates the use and possible exploitation of lands bordering areas near water sources, which governs both for the public entities that administer it and for private individuals. In addition to this, the Water Law (Ley de Aguas) points out the duty of public authorities to protect said zones, by the means available to them. (…)
Indeed, the Administration is under the obligation to take the necessary measures to preserve the health of the inhabitants and the environment, especially water resources, so it is its duty to protect the area near springs (nacientes) with the purpose of avoiding possible contamination caused by crop planting or the discharge of blackwater, based on the necessary technical studies that delimit said protection zone. However, it exceeds the competence of this Court to determine what dimension the protection area should have in relation to the water spring (naciente de agua), but it does warn that the respective studies that precisely establish the protection area, and the public or private lands that affect it, must be done or updated immediately.” – emphasis added -
In other words, it is the administration that defines whether a spring (naciente) is of one type or another, but that definition, whether the original definition or a change in the consideration of the character or type of the spring (naciente), must, according to what is established in the regulations and recognized in case law, be supported and substantiated by the pertinent technical studies, which, in any case, will likewise be subject to the legality verification that applies in each case.
In this way, the feared change that could occur regarding the consideration of a spring (naciente) must always be supported by technical reasons that are verifiable and controllable, since precisely the protection recognized for the right to a healthy and ecologically balanced environment implies that this type of decision is not arbitrary, but rather duly substantiated through the technical requirements provided for in the regulations governing the matter, thereby triggering all the verification and control variables deemed necessary and appropriate within the scope of ordinary legality. Thus, this need for substantiation should eliminate the risk of arbitrariness that seems to underlie the plaintiffs' argument.
In any case, note that it would be fallacious to affirm that the elimination of the word “permanentes” would, in itself, result in greater protection of springs (nacientes), since even if such suppression were to occur, the rule of Article 149 of the Water Law (Ley de Aguas) – which is not challenged in any way in this action – would remain in effect, containing an express and specific regulation that has been applied to intermittent or non-permanent springs (nacientes intermitentes o no permanentes).
In this regard, the unconstitutionality action now being heard is far from being an suitable and reasonable means for the intended protection of the environment in the terms proposed by the plaintiffs, which determines that, since it is an unsuitable and unreasonable means for the protection of the right deemed violated, the action must be dismissed.
VII.- On the other hand, the Office of the Attorney General (Procuraduría) repeatedly states that the plaintiffs also proceed from an inaccurate premise, confusing the protection that the State must provide to protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) with the protection area of springs (nacientes) as contemplated in the Forestry Law (Ley Forestal) and the Water Law (Ley de Aguas). In this regard, the Office of the Attorney General (Procuraduría) extensively explains what is understood by protected wilderness area (área silvestre protegida) and the scope of protection that the legal system provides them, clarifying that in no way should the protection area of springs (nacientes) be considered a protected wilderness area (área silvestre protegida), since the former, in not a few cases, are located even on properties of a private nature, while protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), by their very nature, are, in principle, public domain assets (bienes demaniales) and, as such, have a specific regulation and protection. Even more, the Office of the Attorney General (Procuraduría) states, these protection areas of springs (nacientes) are not necessarily covered by forest, as the plaintiffs seek to suggest, but may well be open zones without any forest cover (cobertura boscosa), but which, being adjacent to the spring (naciente), receive special regulation regarding the activities that may or may not be developed or authorized in them.
In this sense, the confusion from which the plaintiffs' argument proceeds renders the constitutional challenge raised invalid, since the assessments made by the promoters are aimed at considering the protection areas of springs (nacientes) as if they were protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), and therefore, as the Office of the Attorney General (Procuraduría) rightly points out in its report, they are not acceptable to support the allegation of unconstitutionality sought, as indicated further on.
VIII.- On the specific constitutional violations alleged by the plaintiffs. The principle of non-regression. In accordance with what has been stated in the preceding recitals, it is clear that it is improper to allege the unconstitutionality of the questioned norm due to the presumed violation of the constitutional principles outlined. Indeed, the principle of non-regression, which is a characteristic of the protection of human rights and fundamental rights, and, as such, applicable to the right to a healthy and ecologically balanced environment, is in no way violated by the word “permanentes” contained in subsection a) of Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal). This principle is understood, broadly speaking, as the impossibility of granting lesser protection to a human or fundamental right once a certain level has been achieved in its scope of protection. Such a situation is far from occurring in the case raised by the plaintiffs, since it proceeds from a verification of reality, a verification that, as stated, is achieved through compliance with the pertinent technical requirements and studies, and given factual assumptions that vary from one case to another. Thus, the protection that a permanent spring (naciente permanente) receives varies if the spring (naciente) ceases to be permanent and, instead, is defined as intermittent. Faced with this, no violation of the principle of non-regression is configured, since it is not a matter of reducing the protection area of a permanent spring (naciente permanente), but of the modification of its condition – from permanent to intermittent – an assumption in which the protection, by legal determination, must also be adjusted.
IX.- On the principle of objectification of environmental protection. This principle refers to the need that all protection provided to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the relevant regulation, be supported by technical, objective, and verifiable criteria. In accordance with what has been indicated, the applicable regulations provide that a change regarding the condition of springs (nacientes) must necessarily be documented and accredited in a technical manner, since these are precisely situations verifiable through the already mentioned unequivocal rules of science and technique, which allows, in turn, control of the decisions that the administration adopts in this regard. Case law from this same Chamber has been referred to and cited in that sense – judgments 2004-1923 and 2017-11803 – and under that criterion, which implies that any modification of this aspect must be documented and technically supported, it is ruled out that the word “permanentes”, and any change in the typology of the spring (naciente) to consider it no longer as permanent but as intermittent, in itself implies an impact on the principle of objectification of environmental protection. On the contrary, the duty to technically support these variations fully respects this principle. For this reason, the presumed impact on this principle must likewise be ruled out.
X.- On the precautionary principle in environmental matters. The Chamber's case law is extensive and conclusive in recognizing this principle as consubstantial to the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in the sense that when there is doubt about the occurrence of irreversible and irreparable damage, where there is uncertainty about the effectiveness of mitigation or compensation measures, and these are not sufficient to contain the damage, and that damage ends up becoming irreversible and irreparable, protection of the environment must be privileged over any other type of work or undertaking that wishes to be developed. Again, the starting point is the existence of technical criteria that determine the validity of a change in the consideration of a spring (naciente), so the eventual impact on this principle cannot be alleged prima facie and in a general manner for any case where the reclassification of springs (nacientes) is sought, but rather the application of this principle proceeds from the particular analysis of specific cases, since it will be in those determined situations where the uncertainty or real risk of irreversible or irreparable damage can be assessed. Thus, it is improper to allege in a general manner the violation of this principle if it is not related to a concrete situation that is occurring or must be resolved. In this sense, this argument is equally inadmissible.
XI.- On the principles of lifetime tenure of forest (irreductibilidad del bosque), compensation in environmental matters, and the presumed impact on the State's natural heritage and the protection of natural beauty. Regarding these manifestations by the plaintiffs, the already outlined criterion of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) must be reiterated, regarding the confusion from which the plaintiffs' argument proceeds, between the protection areas of springs (nacientes) and the protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), which leads them to consider that the protection areas of springs (nacientes) are part of the State's natural heritage, are covered by forest, and as such, given the impact on the forest, the establishment of some environmental compensation would be necessary. Such conditions are far from being characteristic or sine qua non of springs (nacientes); on the contrary, springs (nacientes) are usually located indistinctly on public domain assets as well as on private properties, without necessarily being covered by forest, and, especially, without a possible change in their consideration – from permanent to intermittent – in any way implying absolute damage or lack of protection that would lead to necessary compensation. It must be taken into consideration that a variation in the definition of the type of spring (naciente) does not entail its absolute lack of protection. On the contrary, the legal system always grants and recognizes it special protection, which must be observed not only through the necessary preparation of technical studies justifying the modification, but also by all other related public entities when granting permits, concessions, and feasibilities for land use, for example. In this regard, it is improper to affirm that the word “permanentes” included in subsection a) of Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) implies a constitutional violation of the constitutional principles and norms mentioned herein, since it proceeds from an inaccurate premise that is not generally applicable to the assumptions sought to be protected. In this way, the alleged unconstitutionality regarding these aspects must likewise be ruled out.
XII.- On the particular and not general nature of the intended effects of this unconstitutionality action. Moreover, from the reading of the brief filing this action, it is absolutely clear that the plaintiffs focus their argument on the specific situation of the so-called farms 3 and 5 of the University of Costa Rica, from which it follows that their assessments must be limited to the springs (nacientes) located there, and not to the generality of springs (nacientes) that are protected by subsection a) of Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal). The Chamber does not disregard that, in some way, it could be understood that such references are by way of example; however, taking into consideration the emphasis placed on these farms in the filing of the action, and in view of the express request for the precautionary measure proposed by the plaintiffs regarding the springs (nacientes) located on those two farms, it must necessarily be concluded that the plaintiffs' argument is directly related to the protection of those springs (nacientes) in particular, and not to the generality of water resource springs (nacientes de recurso hídrico).
Note that specific mention is made of certain opinions from the Directorate of Waters (Dirección de Aguas) of the Ministry of Environment and Energy, which could be changing the categorization of some of the springs (nacientes) located on such farms, to the point that it is requested that such springs (nacientes) be considered as permanent. Thus, in accordance with what has been stated in the preceding recitals of this judgment, the discussion on the appropriateness of classifying or reclassifying a spring (naciente) as permanent or intermittent must be supported by technical requirements assessable by the administration, and reviewable or verifiable through the channels provided for by the legal system, within which the unconstitutionality action is far from being the appropriate process to discuss such a determination, since that type of discussion regarding a particular spring (naciente) is a matter of ordinary legality, and depending on the action or omission of the administration, of an amparo appeal (recurso de amparo), without it being through a constitutional challenge that it is appropriate to define whether a spring (naciente) is permanent or intermittent.
In this sense, the action must likewise be dismissed.
XIII.- Ultimately, since the word “permanentes” contained in subsection a) of Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) is far from configuring the constitutional defects alleged by the promoters, this action must be declared without merit, as is hereby ordered.
Therefore
The action is declared without merit.
Fernando Castillo V.
Acting Presiding Judge
Fernando Cruz C. Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.
Marta Esquivel R. Ana María Picado B.
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