Res. 11203-2019 Sala Constitucional — Amparo against environmental viability of Vista Islas project and unattended environmental complaintAmparo contra viabilidad ambiental del proyecto Vista Islas y denuncia ambiental no atendida

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Sala Constitucional

Resolución Nº 11203 - 2019

Fecha de la Resolución: 21 de Junio del 2019 a las 09:30

Expediente: 19-005823-0007-CO

Redactado por: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias Relacionadas


Texto de la resolución

*190058230007CO*

Exp: 19-005823-0007-CO

Res. Nº 2019011203

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve .

               

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-005823-0007-CO, interpuesto por STEVEN LILL COIT, cédula de identidad 0801030053, representante de la Fundación Corcovado, contra el ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC) y la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).

 

Resultando

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 04 de abril de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Área de Conservación Pacífico Central y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y manifiesta que: la SETENA por resolución No. 1739-2017 de 06 de setiembre de 2017, expediente No. 19369-17-SETENA, otorgó permiso de viabilidad ambiental para la construcción de un desarrollo inmobiliario denominado Vista Islas a nombre de la empresa Vista Paradise MA SRL, en la finca folio real No. 6-109617-000, situada en Manuel Antonio. Indica que en esa misma finca, en 2002, la SETENA, por resolución No. 1042-200-SETENA, condicionó el desarrollo de un proyecto de construcción similar a una serie de estrictos requisitos que garantizaran el uso sostenible del recurso natural, debido a las características boscosas y de importancia para la biodiversidad del inmueble. Manifiesta que ese proyecto fue el denominado Manuel Antonio Spa, gestionado por la empresa CALDARIUM S.A. Narra que previo al dictado de la resolución No. 1042-2002-SETENA dentro del expediente No. 094-00-SETENA, se realizó una consulta interinstitucional para determinar si era viable o no conceder el permiso por la ubicación altamente sensible desde el punto de vista ambiental. Agrega que el Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) en su informe de inspección No. ACOPAC-CF-012-02, conocido por SETENA el 27 de noviembre de 2001, concluyó que el permiso debía ser rechazado porque no existe ninguna razón válida para realizar un cambio de uso en terrenos clase VIII, dada la importancia que tiene este bosque para la conservación de la biodiversidad de la zona, en especial de las especies endémicas y en peligro de extinción que están presentes en la propiedad y, acto seguido, recomendó, denegar el permiso solicitado a SETENA. Agrega que este criterio se reiteró en informe rendido por ACOPAC, en oficio No. D-176-02, denominado "Algunas consideraciones técnicas sobre el proyecto turístico Manuel Antonio Spa-Aguirre" en el cual se distingue como un corredor biológico la zona afectada por el proyecto. Indica que para verificar si el área donde se pretendía desarrollar el proyecto era bosque, se realizó una visita por Gerardo Chavarría, Jefe de la Oficina Subregional de Parrita, Luis Picado Cubillo, Coordinador del Programa y Protección del Área de Conservación Pacífico Central, Eugenia Arguedas, Bióloga y Coordinadora del Programa de Educación de ACOPAC, quienes concluyeron que el bosque del área del proyecto sirve de refugio y área de alimentación para especies mayores de la fauna silvestre local, en especial primates; que por el tipo de trabajos de remoción de la vegetación, el área perturbada será mayor a la que se ha previsto y que, en los sitios se harán construcciones, se eliminará toda la vegetación, situación que es equivalente a una tala rasa, por lo que recomendaron denegar el permiso de eliminación de la vegetación para dar paso al proyecto y realizar los respectivos trámites administrativos y legales para declarar este bosque y todos aquellos que se ubiquen en esta localidad, como una zona especial de protección. Narra que no obstante esta posición tan definitiva, se varía considerablemente en 2017, en relación con el proyecto constructivo Vista Islas, por lo que llama poderosamente como ACOPAC cambia radicalmente su postura en aras de favorecer la viabilidad del referido proyecto, pero, en el informe de ese año, no hay nada que justifique tan drástico cambio. Agrega que el informe de 2017 tiene graves incongruencias sobre las garantías ambientales, las áreas de construcción y el cambio de uso de los terrenos, aspectos medulares que se protegieron adecuadamente en 2002. Afirma que con el desarrollo inmobiliario de este proyecto, se pondrán en riesgo zonas que se encuentran o encontraban cubiertas completamente de bosque, provocando la eventual afectación de especies en vías de extinción, con lo cual se estaría provocando un grave daño al ecosistema, todo con el aval de los entes llamados por ley a protegerlo a toda costa. Manifiesta que en el fundamento técnico de las actuaciones de SETENA y ACOPAC se percibe una valoración laxa y muy débil en cuanto al impacto real de esta construcción respecto a la inminente destrucción ambiental. Narra que el supuesto beneficio económico es mucho menor al del costo socio-ambiental que provocaría el desarrollo de un proyecto que carece de bases científico-técnicas objetivas para determinar cuál sería el verdadero costo socioambiental del proyecto. Agrega que dada la preocupación por el daño que se pueda ocasionar, un grupo de vecinos presentó por correo electrónico [email protected] y ante el SITADA (Sistema de Denuncias Ambientales) una denuncia, que se gestionó con el No. 12127-2018-SETENA y fue recibida el 27 de setiembre de 2018, con el fin de que se investigaran las incongruencias con el permiso de viabilidad ambiental otorgado al proyecto Vista Islas, solicitando la anulación de la misma y la aplicación de una medida cautelar que paralizara cualquier desarrollo de obra en el terreno hasta que se analizara el impacto real del proyecto. Indica que a pesar de haber transcurrido ya 6 meses desde entonces, aún no se ha obtenido respuesta alguna por parte de SETENA, a pesar de múltiples gestiones que se han realizado con la finalidad de conocer la posición de la institución. Estima que con esta actuación se compromete gravemente el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Informa bajo juramento Luis Sánchez Arguedas, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que  “Se hace ver que no existe ningún derecho constitucional que pueda haber sido vulnerado por las actuaciones de la Administración en las situaciones planteadas por el recurrente, lo anterior según las pruebas que constan en los expedientes administrativos e informe S|NAC-ACOPACOSRAP- 309-2019 de fecha 23 de abril del 2019 emitido por la Oficina Subregional de Aguirre Parrita responsable de la tramitación del proceso, por lo que a continuación se describen las actuaciones realzadas por la Administración con base en los hechos alegados por el recurrente: Con respecto los hechos atribuidos referentes a la existencia de pronunciamiento de denegatoria en el área cuestionada realizado en el año 2002, por parte del Área de Conservación Pacifico Central (ACOPAC), bajo el oficio No. ACOPAC-CF-012-02, se hacer ver que el mismo no indica fecha de inspección ni coordenadas de ubicación, solo se menciona que el mismo es realizado en tres fincas contiguas, dos de ellas registradas a nombre de Pablo Juan S.A. (con número de plano catastros P-559906-99 y P-501725-98) y una tercera otorgada bajo concesión municipal por encontrarse en Zona Marítima Terrestre, plano catastro P-611159- 2000. En dicho informe no se menciona con precisión la ubicación de las construcciones, aunque se indica que el sitio presenta pequeños parches de cobertura boscosa con diferentes grados de alteración. A su vez en las conclusiones se indica que la finca (no se precisa cual), forma parte de un parche de bosque que sirve de corredor biológico para las diferentes especies de fauna. Cabe mencionar que el plano catastro P-501725-98 es el mismo donde se otorgó la viabilidad ambiental por parte de la SETENA en el año 2017 objeto de recurso. Asimismo, se hace mención al informe de ACOPAC, oficio No. D-176-02, no obstante, dicho informe no consta en los archivos de la oficina subregional Quepos y Parrita. Se indica en el recurso de amparo que el ACOPAC cambia radicalmente de postura en aras de favorecer la viabilidad del proyecto, así como el cambio de uso del suelo, sin embargo, en el informe bajo oficio No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2017, en ningún momento se indica que el sitio deba de cambiarse el uso del suelo, al contrario, se recalca en reiteradas ocasiones que el sitio presenta áreas de protección que deben ser protegidas según los señalamientos del INVU. que en su mayoría e terreno presenta fuertes pendientes tal y como se señala en el análisis de gabinete y en el marco jurídico apartado sexto, página tercera del presente informe. En la página cuatro, en el apartado estudio de campo. párrafo tercero se menciona explícitamente que la vegetación observada tiene vestigios de lo que no hace muchos años era  bosque, que la vegetación dentro de las áreas de protección corresponde a bosque, condición que vuelve a recalcarse en la última conclusión del informe, donde se indica nuevamente que según capa de FONAFIFO 2000 y el plano catastro el área de proyecto se encuentra en área de cobertura de bosque, aunque al momento de la inspección solo se observa los vestigios de lo que fue bosque. Al momento de esta inspección y confección del informe no se aportó documentos que visualizaban un cambio de uso del suelo, pues la revisión en los registros de denuncia del centro operativo se realizó bajo el nombre de Vista Islas, no encontrando registro alguno. Sumado a esto los funcionarios actuantes desconocían que dicha zona tenía antecedentes bajo el nombre de Manuel Antonio SPA, pues los mismos no laboraban en este centro operativo en las épocas de estos registros los cuales fueron tramitados desde otra unidad administrativa hace ya más de 17 años. Cabe resaltar que la oficina menciona a la SETENA las observaciones del caso, esta última es la que analiza y decide si otorga o no la viabilidad ambiental. pues no es competencia del SINAC el otorgamiento de viabilidades ambientales. Es cierto que por la interposición de denuncias en la zona, se realizó una búsqueda expedita localizando dos expedientes de denuncia de la zona en cuestión: a) El expediente PC-03-DJ- 032-05, remitido a la Fiscalía de Quepos y Parrita, donde menciona, el informe policial OSRP-424-05 del 01 de junio del 2005, hace referencia al proyecto Manuel Antonio SPA, donde se indica sobre la corta de 16 árboles de diferentes especies dentro de área de bosque, no obstante dicho informe no presenta coordenadas puntuales para conocer si se trata del mismo sitio bajo viabilidad ambiental actualmente. b) El expediente PC-03-DJ-049-06, remitido a la Fiscalía de Quepos y Parrita, donde menciona: Que el día 22 de marzo del 2006 el señor Josué Brenes Bonilla interpone denuncia a la oficina subregional, misma es asignada al funcionario Rafael Porras el día 30 de marzo del 2006. El 06 de abril se atiende el caso por parte de funcionario supra citado, generando el informe policial ACOPAC-OSRAP-423-06, donde informa a corta de árboles en bosque dentro del inmueble P-501725-98, en las coordenadas Lambert Sur, que al convertirse en CRTM 05 (proyección oficial hoy día), coinciden con la ubicación del proyecto Vista Islas. Basado en lo anterior se comprueba que el sitio con viabilidad ambiental presentaba características de bosque y que los cambios observados al momento de la inspección en el año 2017 se produjeron por aparente cambio de uso o tala de área de bosque. Por tal razón el día 05 de abril del 2019 se remite a la SETENA oficio No. SINAC-ACOPACOSRAP- 274-2019, que indica los antecedentes de la denuncia bajo informe policial ACOPAC-OSRAP-424-06 y observaciones sobre el proyecto bajo expediente D1-19369-2017-SETENA, en el cual se le indica a la SETENA que dicha oficina realizará las investigaciones del caso en procura de salvaguardar los recursos ambientales del lugar, esto amparado al indubio pro natura y al principio de irreductibilidad del bosque. El 10 de abril del 2019, mediante oficio no. SINAC-ACOPAC-OSRAP-297-2019 el funcionario José Alberto Solís Madrigal, solicita un levantamiento de parcelas temporales de muestreo en la zona de Vista Islas. En dicho oficio se solicita el levantamiento de parcelas temporales de muestreo para una adecuada determinación de bosque, entre varios profesionales y contar con un mejor análisis técnico actualizado, con la finalidad de verificar la existencia de un aparente cambio de uso del suelo o cualquier otro daño ambiental. El 23 de abril del 2019, se solicita mediante oficio SlNAC-ACOPAC-OSRAP-305-2019, a la Dirección del ACOPAC, la conformación de un equipo técnico para el levantamiento de parcelas temporales de muestreo en seguimiento al oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-297-2019. Finalmente es importante indicar que a partir del 2010, se da una modificación al artículo 36 y adicionase (sic) el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE reglamento a la Ley Forestal No. 35883-MINAET, en la cual se pueden dar vistos buenos a construcciones en áreas de bosque siempre y cuando se ajusten a lo planteado por dicho decreto. Ahora bien, en resguardo a los recursos naturales, la legislación prevé dos regímenes de tutela, a saber, el patrimonio natural del Estado y el patrimonio forestal privado (…) La propia Ley Foresta dispone que le corresponde a la Administración Forestal del Estado la función de conservar los recursos forestales del país, tanto en terrenos del patrimonio natural del Estado como en áreas forestales privadas. Ahora bien, en el Capítulo I del Título Tercero, se regula, en específico, el régimen de protección de la propiedad forestal privada, señalando que en estos terrenos, en tesis de principio, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sn embargo, reconoce la posibilidad que la Administración otorgue permisos para los fines, expresamente, establecidos. Dicha norma dispone lo siguiente: ´La posibilidad del cambio del uso del suelo que se conoce [articulo 19 de la Ley Forestal] queda reservada únicamente para el patrimonio forestal privado, con lo cual, no se 'afecta´ el patrimonio natural del Estado (artículos 1, párrafo segundo y 18 de la Ley Forestal)" (voto de la Sala Constitucional No. 17126-2006, la frase entre corchetes no pertenece al original). ARTÍCULO 19.- Actividades autorizadas. En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: a) Construir casas de habitación, oficinas, estables, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta Iey´. No obstante, en aras que estas actividades no provoquen una excesiva explotación de los recursos naturales, se indica en los artículos 20 y 21 de la Ley Forestal, que los bosques sólo podrán aprovecharse si cuentan con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente, el cual, deberá ser elaborado por un profesional en ciencias forestales. Este Tribunal Constitucional, anteriormente, se ha referido a la constitucionalidad del artículo 19 de la Ley Forestal, considerando que no son legítimas este tipo de autorizaciones, siempre y cuando, se cumplan las medidas de seguridad y mitigación previstas en la propia normativa. En la sentencia No. 2006-17126 de las 15:05 hrs. de 28 de noviembre de 2006, se consideró lo siguiente: («) VI.- DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO.- Interesa resaltar la forma en que está conformado el patrimonio forestal del Estado, en tanto en él se da una doble naturaleza, en primer lugar, por el patrimonio natural del Estado, conformado por reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco), al cual se le dota de la condición de bien de dominio público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Forestal, número 7575; ´Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria, y por tanto la invasión como la ocupación serán sancionadas conforme con lo dispuesto en esta Ley." (En idéntico sentido el artículo 33 de la Ley Forestal número 7174, de veintiocho de julo de mil novecientos noventa). Respecto de este tipo de benes. no resulta legitimo el cambo de uso de estos inmuebles, y no procede la explotación del recurso forestal, salvo lo relativo a la investigación, capacitación y ecoturismo, previa autorización del Ministerio del Ambiente y Energía (artículos 1° párrafo segundo y 18 de la Ley Forestal, número 7575 y 11 del Reglamento de la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo número 25.721-MINAE, de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis. Finalmente como se expuso para la aplicación del artículo 19 de la Ley Forestal en la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines expuestos en dicho numeral, sin embargo, previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley, viabilidad que deberá ser otorgada exclusivamente por SETENA, en la cual tendrá la potestad de solicitar al SINAC las observaciones del caso, pero recalcando que es esa entidad, la responsable de analizar y decidir si otorga o no la viabilidad ambiental, pues como se dijo no es competencia del SINAC el otorgamiento de viabilidades ambientales. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye que en apego a sus responsabilidades y competencias la Administración ha venido realizando acciones en procura de salvaguardar los recursos naturales del sito en cuestión, pues en ningún momento dio aval expreso al proyecto, dando sus observaciones apegados al marco de legalidad, siendo competencia de SETENA la emisión de dicha viabilidad ambiental, no así esta entidad. Asimismo, se constata que con las investigaciones actuales se está verificando en el sito se debe interponer una nueva denuncia por daños al ambiente o realizar las medidas necesaria para evitar los posibles daños”. Solicita se declare sin lugar el recurso.
Informa bajo juramento Grettel Vega Arce, en su condición de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en los mismos términos que el director del Área de Conservación Pacífico Central. Concluye que no lleva razón el recurrente al indicar que el SINAC a través del Área de Conservación Pacífico Central varió su posición comparándolos con los informes del año 2002 y posteriormente en el año 2017. Señala que no se logró identificar que el sitio analizado en el informe rendido en 2002 y el año 2017 coincidiera plenamente en la ubicación geográfica. Advierte que han pasado quince años entre la emisión de un informe y otro. Alega que el accionar del SINAC ha sido acorde al marco legal y que se ha procedido a redactar informes técnicos y a realizar las denuncias respectivas en relación a los hechos y circunstancias que se han logrado constatar en las inspecciones efectuadas por los funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central. Dice evidenciarlo con las denuncias interpuestas en el año 2005 y 2006 respecto a la presencia de tala de árboles sin permiso en lugar cuya cobertura se considera de bosque. Arguye que del informe No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2017 la postura del SINAC es evidenciar la presencia de áreas protegidas según el artículo 33 de la Ley No. 7575, así como la prohibición contemplada en el artículo 34 y la obligación del Estado contemplado en el artículo 50 la Constitución Política. Además, recalca que según el mapa de cobertura “FONAFIFO 2000” el área inspeccionada se encuentra dentro de un área de cobertura de bosque aunque al momento de inspección solo se observan vestigios de lo que fue y se recomienda aplicar fuertes medidas de mitigación. Acota que el Área de Conservación Pacífico Central ha efectuado labores de seguimiento en el presente caso que se expresan a continuación: a través del oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-274-2019 del 5 de abril de 2019, en relación a consultas recibidas sobre el proyecto Vista Islas, en donde se recomienda que el sitio a desarrollarse debe de apegarse a lo indicado en la modificación al artículo 36 y artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE Reglamento a la Ley Forestal. Arguye que el 10 de abril de 2019 se solicitó un levantamiento de parcelas temporales de muestreo en la zona de Vista Islas, según el informe SINAC-ACOPAC-OSRAP-291-2019 y el 23 de abril de 2019 se remitió al Director del Área dicha solicitud y la conformación de un equipo técnico para el levantamiento de dichas parcelas y así poder brindar un seguimiento técnico-ambiental al caso del Proyecto Vista Islas. Sostiene que el SINAC a través del Área de Conservación Pacífico Central y en relación al caso en específico, se ha concentrado en las adecuadas y suficientes valoraciones de la zona en estudio, se ha efectuado labores de inspección y seguimiento, ha presentado las denuncias correspondientes ante la constatación de corta de árboles sin los debidos permisos. Solicita se declare sin lugar el recurso.
Informa bajo juramento María Celeste López Quirós, en su condición de Secretaria General ad hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que  “en esta Secretaría se presentó el proyecto Vista Islas, a nombre de la empresa Vista Paradise MA, S.R.L., cédula jurídica 3-102-725134, representada por el señor Adam Eugene Tanenbaum, cédula de residencia: 184001447614, tramitado con expediente: D1-19369-2017-SETENA, que obtuvo viabilidad ambiental por medio de resolución No. 1739-2017-SETENA de 06 de setiembre de 2017 (Prueba No. 1) y tiene las siguientes características descritas en el Por Tanto Quinto.  “Descripción: El proyecto a desarrollar tiene como objetivo, ofrecer una solución residencial en condominio de 50 apartamentos de playa, para usuarios interesados en vivir cerca de un paraíso natural como lo es Manuel Antonio.  El proyecto cuenta con una zona comercial en el acceso, frente a calle pública, compuesta por un restaurante de 250 m2 ubicado en el nivel superior del edificio de estacionamientos.  Se construirá un sistema de Tratamiento de aguas residuales. La utilización del efluente será de vertido en cauce permanente y fue calculada para una dotación por habitante: 375-250 l/persona.  El proyecto Vista Islas cuenta con un área total aproximada de 18104 m2, los cuales se dividen en el programa arquitectónico de la siguiente forma:  • 2 Edificios residenciales con 25 Aptos c/u, cada edificio cuenta con un área aproximada de 6600 m2 cada una divididas del siguiente programa:   1 Apto A: 162 m2 c/u   10 Aptos B: 167 m2 c/u.   8 Aptos C: 190 m2 c/u.   2 Aptos D: 280 m2 c/u.   2 Aptos E: 410 m2 c/u.   2 Aptos F: 360 m2 c/u.   Áreas comunes; 1150 m2 total.  (circulación general y de emergencia,2 baños públicos, 27 bodegas, cuartos Eléctrico-Mecánico, área de empleados y Lobby).  Edificio de Estacionamientos con capacidad aproximada de 70 vehículos en un edificio con un área aproximada de 3800 m2. El edificio cuenta dentro de su área con zona para taller de mantenimiento, oficina de seguridad, acceso vehicular y peatonal, escaleras de emergencia, cuartos Eléctrico-Mecánico, cuarto para generador eléctrico, bodega de desechos reciclables y de basura.  • Casa Club con piscina y terrazas: 460 m2  • Gimnasio deportivo: 250 m2  • Restaurante: 390 m2 (ubicado en azotea de edificio de parqueos).La obra civil del proyecto requiere hacer un movimiento de tierras en el cual manipulará 3000 m2 de material. Se buscará aprovechar al máximo el volumen de material para usarlo en elementos de paisajismo y recreación.  Ubicación: Provincia: Puntarenas.  Cantón: Quepos.  Distrito: Quepos.  Hoja Cartográfica: Quepos, Escala: 1: 15.000  Coordenadas: 482664 E y 1039379 N.  No. de Plano Catastrado: P-501725-1998.  Folios Reales: 6-109617-000.”  Por otra parte, CALDARIUM S.A. presentó para evaluación en el año 2000 el proyecto Manuel Antonio SPA, que se tramitó mediante el expediente No. 94-00 y obtuvo una viabilidad condicionada mediante la resolución No. 1042-2002-SETENA (Prueba No. 2).  El 12 de mayo del 2004, la SETENA mediante la resolución No.705-2004, resuelve la solicitud del desarrollador para que se amplíe el plazo de la resolución No. 1042-2002-SETENA “debido a que actualmente se está discutiendo con el Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), el eventual cambio de Uso del Suelo, mediante la presentación de un Plan de Manejo para el Uso Adecuado del Suelo y sus Recursos Naturales” . Al respecto, en el Por Tanto se indicó en parte: “… Se aprueba la prórroga solicitada extendiéndose el plazo de validez de la resolución 1042-2002-SETENA de conformidad con la legislación indicada, por seis meses adicionales, plazo que corre a partir del vencimiento anteriormente otorgado o en su defecto a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución.” La resolución, se notificó el 17 de mayo del 2004 y el desarrollador no presentó los requerimientos condicionados, por consiguiente, el acto de otorgamiento de la Viabilidad ambiental no llegó alcanzar eficacia. No tiene competencia la SETENA para referirse a las conductas del SINAC, ya que cuestiona el recurrente que el SINAC cambió la postura que emitió en el informe de inspección No. ACOPAC-CF-012-02. Asimismo, en virtud de que el SINAC es parte recurrida en el proceso del Recuro de Amparo, procede que rinda informe al respecto. No es cierto, lo que indica el recurrente que la valoración es laxa y débil porque se llevó a cabo el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Decreto ejecutivo No.31849, se identifican en el proceso los impactos del proyecto en los Factores Ambientales Impactos que se identificaron son Suelo, Agua, Aire, Medio biológico, Medio Humano, para derivar un Plan de Gestión Ambiental con medidas. Además, conforme con la Calificación final de la Significancia de Impacto Ambiental de 429, se solicitó una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y la SETENA con base en el Informe SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2017 del 23 de mayo del 2017 (Prueba No. 3), solicitó al desarrollador en el oficio DEA-2063-2017 del 26 de junio del 2017 presentar un diseño de sitio de la propuesta del proyecto que se ajuste las consideraciones de dicho Informe y así lo realizó, en oficio recibido por SETENA el 28 de julio del 2017 (Prueba 4). Por ende, se tomó en cuenta en el procedimiento de evaluación el criterio del SINAC que conllevó realizar ajustes al proyecto, la presentación de Estudios (Protocolo de Ingeniería, Protocolo Básico de Geología, Protocolo básico de Biología y Cuadro de Medidas de Mitigación), incluso se efectuó inspección al sitio. Por consiguiente, nótese que es un proceso con base científica y por ende no se basa en el supuesto beneficio económico. (…) No es cierto, mediante la resolución No.358-2019-SETENA de las ocho horas cuarenta minutos del 8 de febrero del 2019 (Prueba No. 7), se conoció la Denuncia SITADA No.12127-2018, que ingresó el 27 de setiembre del 2018 y se resolvió rechazándola en todos sus extremos. Se notificó a la desarrolladora, a la Contraloría ambiental, a la Jefe de la Subregión Quepos-Parrita SINAC y a la Municipalidad de Quepos. En cuanto al denunciante, se registra como “Ignorado” y que no indica lugar para notificaciones en la denuncia.  En este sentido, cabe señalar que la denuncia que consta a folios 348-351 del expediente No. D1-19369-2017, no indica quién la interpone, tampoco la firma y lugar de notificaciones (Prueba No. 5). Además, en el Sistema SITADA en los datos generales no se registra información del denunciante, se indica en el espacio del “Nombre” “Confidencial”, por ende no hay información alguna; se aportan copias del Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA) sobre el registro, la tramitación por medio de la resolución R-359-2019-SETENA y el estado “cerrada” (Prueba No. 6).  Asimismo, en esta resolución se hace el análisis sobre los cuestionamientos sobre la cobertura boscosa en el proyecto que plantea en la denuncia y son rechazados con fundamentación detallada.  Conclusión: Conforme con lo expuesto, no lleva razón en los hechos el recurrente, la SETENA resolvió la denuncia SITADA No.12127-2018 mediante la resolución número R-358-2019-SETENA y el proyecto D1-19369-2017, se llevó a cabo conforme con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental vigente del Decreto Ejecutivo N°31849 y dentro de procedimiento se solicitó al criterio del SINAC, que fue base para ajustes en el proyecto tomándose en cuenta la cobertura boscosa”.
En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

              DE PREVIO. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325), o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia relacionada con el medio ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
Objeto del recurso. El recurrente reclama la vulneración al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues acusa que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental mediante resolución No. 1739-2017 otorgó un permiso de viabilidad ambiental para la construcción de un desarrollo inmobiliario denominado “Vista Islas” ubicada en Manuel Antonio, Puntarenas. No obstante, acusa que ese es el mismo terreno, donde en el año 2002, la SETENA mediante resolución No. 1042-2002-SETENA condicionó el desarrollo de un proyecto a una serie de requisitos para garantizar el uso sostenible del recurso natural. Por lo anterior, considera que los estudios técnicos y de factibilidad con que se “condicionó un permiso y se otorgó el otro son contradictorios”, puesto que en su oportunidad, en el año 2002, la SETENA había impuesto rigurosas condiciones, empezando con una declaratoria del proyecto como de interés nacional y donde en el informe rendido por el Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) se habían desplegado esfuerzos en aras de la protección y conservación de la zona, en el que inclusive, afirma, el ACOPAC cambió su postura, en aras de favorecer la viabilidad en el año 2017 para el proyecto “Vista Islas”. Arguye que dada la preocupación por el daño ambiental, un grupo de vecinos presentó ante el Sistema de Denuncias Ambientales una denuncia, sin embargo, aún no se tiene respuesta por parte de SETENA.
        Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
En el año 2002, la empresa Caldarium S.A. presentó para evaluación un proyecto denominado “Manuel Antonio SPA”, el cual fue tramitado en el expediente No. 94-00 y obtuvo una viabilidad condicionada mediante la resolución No. 1042-2002-SETENA (véase informe de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental).
El 24 de abril de 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental emitió el oficio No. SG-DEA-1187-2017 en el que se le requirió criterio técnico a la Oficina Subregional Quepos Parrita del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (véase prueba aportada por el SINAC).
El 18 de mayo de 2017, la Oficina Subregional de Quepos y Parrita del Área de Conservación del Pacífico Central emitió el oficio No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2017, dirigido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, denominado “Informe técnico proyecto Vistas Islas, Expediente D1-19369-2017-SETENA”, en el que se concluyó: “Se deben aplicar fuertes medidas de mitigación. La garantía ambiental debe ser equiparada al alto riesgo de un posible impacto ambiental, En (sic) el área de protección, declara según artículos 33 y 34 de la Ley Forestal” (véase prueba aportada por el SINAC).
El 06 de septiembre de 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental emitió la resolución No. 1739-2017-SETENA, en el que se otorgó viabilidad ambiental al proyecto denominado “Vista Islas” a nombre de la empresa “Vista Paradise MA, S.R.L” (véase informe de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental).
El 27 de septiembre de 2018, se presentó una denuncia ante el Sistema de Denuncias Ambientales en el que se acusó lo siguiente: “Sobre la Calle a Playitas, del cruce Playitas-Parador 100 metros hacia la izquierda. Frente a Casa Cristal (…) Según la resolución 1042-2002-SETENA con fecha 13 de Noviembre del 2002 se denegó la viabilidad ambiental del proyecto en ese entonces conocido como Manuel Antonio Spa, en vista de que el proyecto se iba a realizar en terrenos boscosos, los cuales según los estudios técnicos ´no hay evidencias de que en los últimos 20 años ese sitio se hubiera utilizado en otra actividad de fuera bosque´ y con suelos tipo VIII de pendientes de mas de 70%. En la misma se cita el decreto ejecutivo NDPF-690 del Ministerio de Agricutlura(…) en donde se establece la metodología para la capacidad de uso de las tierras de Costa Rica, que dicta ´Los terrenos de clase VIII tienen la utilidad solo como zonas de preservación de flora y fauna protección de recarga acuífera reserva genética y belleza escénica´. Recientemente en el 2017, la Setena en la resolución 1739-2017-SETENA otorgó la viabilidad ambiental de un nuevo proyecto denominado Las Islas de Manuel Antonio ubicadas en el mismo terreno antes mencionado. Contradiciendo la resolución 1042-2002-SETENA, lo cual implica el cambio de uso de suelo lo cual la Ley Forestal prohíbe. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Forestal 7575 de, 1996, se señala que, en terrenos cubiertos de bosque, se prohíbe expresamente el cambio de uso de suelo. Por lo cual la resolución 1739-2017-SETENA no es consistente con dicha ley y contradice el análisis técnico en el que se basó la Setena en la resolución 1042-2002-SETENA, y que establece que los suelos en cuestión son de vocación de bosque y que son de una alta fragilidad. La resolución 739-2017-SETENA ha legitimizado la tala de bosque y el cambio de uso de suelo en terrenos altamente irregulares de pendientes de alrededor del 70% tipo VIII. Solicitamos que se investigue el hecho denunciado y solicitamos anular la viabilidad ambiental 1739-2017-SETENA y se aplique una medida cautelar que paralice cualquier desarrollo de obra en este terreno hasta que se analice el impacto del proyecto” (véase prueba aportada por las autoridades recurridas).
El 08 de febrero de 2019, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental emitió la resolución No. 358-2019-SETENA, en el que conoció la denuncia anónima interpuesta el 27 de septiembre de 2018. La denuncia tuvo como resultado, lo siguiente: “(…) Rechazar en todos sus extremos la denuncia ambiental N° 12127-2018 interpuesta el día 03 de septiembre de 2018 en el Sistema de Denuncias Ambientales (SITADA) del MINAE, en contra del proyecto ´Vista Islas´ con expediente administrativo D1-19369-2017-SETENA, por parte ignorada; según lo expuesto en el Considerando Décimo de la presente”. En la resolución conformada por veintidós folios, la SETENA concluyó que en ningún momento se había autorizado el cambio de uso de suelo; que la “VLA” es una condición y no un permiso final y que el desarrollador debía obtener los permisos respectivos ante la Municipalidad de Quepos, la Oficina Subregional Quepos-Parrita del ACOPAC, visados de planos ante el Colegio de Federados de Ingenieros y Arquitectos, entre otros. Además, se indicó que si la Municipalidad de Quepos no autoriza el permiso constructivo el proyecto no se realiza o si el SINAC no autoriza la corta de árboles el proyecto de se podría ver afectado (véase prueba aportada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, denominado “Prueba 7”, conformado por veintiséis folios).
El 10 de abril de 2019, un funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación requirió un levantamiento de parcelas temporales de muestreo en la zona de Vista Islas para una adecuada determinación de bosques (véase informe del SINAC).
El 22 de abril de 2019, el Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental fueron notificados de la resolución de curso de este proceso de amparo (véase actas de notificación).
El 23 de abril del 2019, se solicitó mediante oficio No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-305-2019 a la Dirección de ACOPAC, la conformación de un equipo técnico para el levantamiento de parcelas temporales de muestro (véase informe del SINAC).
        Hechos no probados. No se tienen como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
Que la denuncia recibida el 27 de septiembre de 2018 ante el Sistema de Denuncias Ambientales del MINAE, haya sido interpuesta por el recurrente o su fundación.
Que en la denuncia que ingresó el 27 de septiembre de 2018 ante el Sistema de Denuncias Ambientales del Ministerio de Ambiente y Energía se haya señalado un medio para recibir notificaciones.
Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación haya verificado si en el sitio donde se acusa la vulneración al artículo 50 constitucional se deba interponer una nueva denuncia por daños al ambiente y así como determinar, si se debe tomar algún tipo de medidas para evitar los posibles daños al ambiente.
Sobre el artículo 41 de la Constitución Política.  El derecho a la justicia, debe otorgarse de forma oportuna y célere, por lo que, la Administración tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de éste de una manera pronta y cumplida, lo que se traduce en que, los administrados, tienen el derecho a que la justicia administrativa decida con diligencia y celeridad sus reclamos. Al respecto, este Tribunal, en Sentencia No. 2007-11794, manifestó: “(…) La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa (…)”. Asimismo, es importante señalar que, en virtud del artículo 48 Constitucional, se introducen en nuestro ordenamiento jurídico las disposiciones de carácter internacional en materia de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales, destaca el contenido del artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma que impone la obligación de que la administración resuelva las gestiones que presentan los administrados en un tiempo razonable”.
        SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. A partir de lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber del Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es a tenor de dichos numerales, así como de la normativa infraconstitucional ambiental, que nace  la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia. En este sentido, esta Sala, en la sentencia No. 4830-2002 de las 16:00 hrs. de 21 de mayo de 2002, señaló lo siguiente:  "(…) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos.  El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (…)”.
    Sobre la supuesta falta de atención a una denuncia por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). En el memorial de interposición, el recurrente reclama que el 27 de septiembre de 2018, se presentó una denuncia ante el Sistema de Denuncias Ambientales del Ministerio de Ambiente y Energía por supuestas irregularidades en la emisión de la viabilidad ambiental al proyecto Vista Islas en Manuel Antonio y que a la fecha de interposición del recurso, no conocen la posición de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Ahora bien, en efecto, la Sala tiene por demostrado que sí se presentó una denuncia ante el Sistema de Denuncias Ambientales del MINAE reclamando los hechos que aquí acusa el accionante. No obstante, se debe apreciar dos elementos de especial relevancia: no se tuvo por demostrado que el denunciante haya sido el recurrente, ya que fue interpuesta como una denuncia anónima y que en la citada denuncia se haya señalado un medio para recibir notificaciones. En ese orden de ideas, no lleva razón el recurrente al afirmar la supuesta falta de atención a la denuncia por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, puesto que el 08 de febrero de 2019, se emitió la resolución No. 358-2019-SETENA, en el que conoció la denuncia anónima interpuesta el 27 de septiembre de 2018, donde se tuvo como resultado, lo siguiente: “(…) Rechazar en todos sus extremos la denuncia ambiental N° 12127-2018 interpuesta el día 03 de septiembre de 2018 en el Sistema de Denuncias Ambientales (SITADA) del MINAE, en contra del proyecto ´Vista Islas´ con expediente administrativo D1-19369-2017-SETENA, por parte ignorada; según lo expuesto en el Considerando Décimo de la presente”. En consecuencia el recurso debe ser desestimado, en cuanto a este extremo.
Sobre la falta de atención pronta a la denuncia presentada por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Después de haber analizado los informes y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica parcialmente la vulneración a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 41 y de la Constitución Política, únicamente en cuanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación por las razones que a continuación serán expuestas. Primeramente, este Tribunal comprueba que el 27 de septiembre de 2018, se interpuso una denuncia por los potenciales daños que generaría el proyecto Vista Islas en Manuel Antonio. En ese orden de ideas, si bien es cierto, la denuncia iba necesariamente enfocada contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se desprende que a propósito de la misma, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) -en atención a los hechos denunciados- se vio en la necesidad de actuar. Nótese que según se informó bajo juramento “que por la interposición de denuncias en la zona, se realizó una búsqueda expedita localizando dos expedientes de denuncia de la zona en cuestión: a) El expediente PC-03-DJ- 032-05, remitido a la Fiscalía de Quepos y Parrita, donde menciona, el informe policial OSRP-424-05 del 01 de junio del 2005, hace referencia al proyecto Manuel Antonio SPA, donde se indica sobre la corta de 16 árboles de diferentes especies dentro de área de bosque, no obstante dicho informe no presenta coordenadas puntuales para conocer si se trata del mismo sitio bajo viabilidad ambiental actualmente. b) El expediente PC-03-DJ-049-06, remitido a la Fiscalía de Quepos y Parrita, donde menciona: Que el día 22 de marzo del 2006 el señor Josué Brenes Bonilla interpone denuncia a la oficina subregional, misma es asignada al funcionario Rafael Porras el día 30 de marzo del 2006”. Es decir, véase que las autoridades del SINAC sí tenían conocimiento de las denuncias y no se desprende que desde la fecha de interposición de la denuncia a la fecha de presentación de este proceso de amparo, sea más de seis meses, se haya investigado o fiscalizado los problemas ambientales que se acusan en la denuncia. Téngase presente que en virtud de los hechos denunciados, el SINAC determinó “que el sitio con viabilidad ambiental presentaba características de bosque y que los cambios observados al momento de la inspección en el año 2017 se produjeron por aparente cambio de uso o tala de área de bosque. Por tal razón el día 05 de abril del 2019 se remite a la SETENA oficio No. SINAC-ACOPACOSRAP- 274-2019, que indica los antecedentes de la denuncia bajo informe policial ACOPAC-OSRAP-424-06 y observaciones sobre el proyecto bajo expediente D1-19369-2017-SETENA, en el cual se le indica a la SETENA que dicha oficina realizará las investigaciones del caso en procura de salvaguardar los recursos ambientales del lugar, esto amparado al indubio pro natura y al principio de irreductibilidad del bosque. El 10 de abril del 2019, mediante oficio no. SINAC-ACOPAC-OSRAP-297-2019 el funcionario José Alberto Solís Madrigal, solicita un levantamiento de parcelas temporales de muestreo en la zona de Vista Islas”. De ahí que se tiene por un hecho no demostrado que a la fecha de presentación de los informes rendidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se haya verificado si en el sitio donde se acusa la vulneración al artículo 50 constitucional se debe interponer una nueva denuncia por daños al ambiente y así como determinar, si se deben tomar algún tipo de medidas para evitar los posibles daños al ambiente, todo esto según informa la autoridad accionada. En consecuencia, el recurso debe ser declarado con lugar en cuanto a este extremo.
        Sobre el resto de agravios. De la lectura del escrito de interposición, la parte recurrente alegó una serie de supuestas irregularidades por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la ACOPAC del SINAC, específicamente por el otorgamiento de la viabilidad ambiental y un informe, respectivamente. Ahora bien, conviene señalarle al accionante, que los procesos de amparo tienen una naturaleza sumarísima y determinar, para este caso en concreto, si el otorgamiento de viabilidad ambiental debía cumplir con los mismos requisitos que en el año 2002 a un proyecto similar o bien, si existieron una serie de irregularidades en la expedición de la misma, podrán ser agravios que discuta ante la propia Administración o en su defecto, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, donde contará con la posibilidad probatoria para discutir por el fondo todos los agravios que aquí se pretende  La misma suerte corre las supuestas irregularidades en un informe del ACOPAC, que el accionante acusa un cambio en su postura, en aras de favorecer la viabilidad en el año 2017 para el proyecto “Vista Islas”. En consecuencia, el recurso debe ser desestimado en cuanto a estos extremos.
DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .

Por Tanto

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En consecuencia, se le ordena a Grettel Vega Arce, en su condición de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a Luis Sánchez Arguedas, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes ocupen esos cargos, que en un plazo no mayor a UN MES se verifique si en el sitio donde se acusa la vulneración al artículo 50 constitucional se debe interponer una nueva denuncia por daños al ambiente y así como determinar, si se deben tomar algún tipo de medidas para evitar los posibles daños al ambiente, tal como así fue informado a esta Sala. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese en forma personal a los recurridos. Respeto a los demás extremos y partes, se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Nancy Hernández L.

	

 

	

Jorge Araya G.




Marta Eugenia Esquivel R.

	

 

	

Alicia Salas T.




Hubert Fernández A.

	

 

	

Lucila Monge P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*ACLHLYANZJG61*

ACLHLYANZJG61

EXPEDIENTE N° 19-005823-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 02-03-2026 20:09:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolution No. 11203 - 2019

Date of Resolution: June 21, 2019 at 09:30

Case File: 19-005823-0007-CO

Drafted by: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Related Judgments


Text of the resolution

*190058230007CO*

Exp: 19-005823-0007-CO

Res. No. 2019011203

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-first of June two thousand nineteen.

               

Amparo appeal processed in case file number 19-005823-0007-CO, filed by STEVEN LILL COIT, identity card 0801030053, representative of the Corcovado Foundation, against the PACIFIC CENTRAL CONSERVATION AREA (ACOPAC) and the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA).

 

Whereas

By document received at the Secretariat of the Chamber on April 4, 2019, the appellant files an amparo appeal against the Pacific Central Conservation Area and the National Environmental Technical Secretariat, and states that: SETENA, by resolution No. 1739-2017 of September 6, 2017, case file No. 19369-17-SETENA, granted an environmental viability permit for the construction of a real estate development called Vista Islas in the name of the company Vista Paradise MA SRL, on the property with real estate folio number No. 6-109617-000, located in Manuel Antonio. He indicates that on this same property, in 2002, SETENA, by resolution No. 1042-200-SETENA, conditioned the development of a similar construction project on a series of strict requirements to guarantee the sustainable use of the natural resource, due to the forested characteristics and importance for the biodiversity of the property. He states that this project was the one called Manuel Antonio Spa, managed by the company CALDARIUM S.A. He recounts that prior to the issuance of resolution No. 1042-2002-SETENA within case file No. 094-00-SETENA, an inter-institutional consultation was carried out to determine whether or not it was viable to grant the permit due to the highly sensitive location from an environmental point of view. He adds that the Pacific Central Conservation Area (ACOPAC), in its inspection report No. ACOPAC-CF-012-02, known to SETENA on November 27, 2001, concluded that the permit should be rejected because there is no valid reason to carry out a land-use change (cambio de uso) on Class VIII lands, given the importance of this forest for the conservation of the zone's biodiversity, especially for the endemic and endangered species present on the property, and, immediately thereafter, recommended denying the permit requested from SETENA. He adds that this criterion was reiterated in a report issued by ACOPAC, in official letter No. D-176-02, called "Some technical considerations on the Manuel Antonio Spa-Aguirre tourism project," in which the area affected by the project is distinguished as a biological corridor. He indicates that to verify whether the area where the project was intended to be developed was forest, a visit was carried out by Gerardo Chavarría, Head of the Parrita Subregional Office, Luis Picado Cubillo, Coordinator of the Protection Program of the Pacific Central Conservation Area, and Eugenia Arguedas, Biologist and Coordinator of the Education Program of ACOPAC, who concluded that the forest in the project area serves as a refuge and feeding area for larger species of local wildlife, especially primates; that due to the type of vegetation removal works, the disturbed area will be larger than planned; and that, in the sites where construction will take place, all vegetation will be eliminated, a situation equivalent to clearcutting (tala rasa), and therefore they recommended denying the permit for vegetation removal to allow the project to proceed and carrying out the respective administrative and legal procedures to declare this forest and all those located in this locality as a special protection zone. He recounts that despite this very definitive position, it was considerably changed in 2017, in relation to the Vista Islas construction project, which draws powerful attention to how ACOPAC radically changed its stance in order to favor the viability of the referenced project, but, in that year's report, there is nothing that justifies such a drastic change. He adds that the 2017 report has serious inconsistencies regarding environmental guarantees, construction areas, and land-use change (cambio de uso de los terrenos), core aspects that were adequately protected in 2002. He affirms that with the real estate development of this project, areas that are or were completely covered in forest will be put at risk, causing the eventual affectation of endangered species, thereby causing serious damage to the ecosystem, all with the endorsement of the entities called by law to protect it at all costs. He states that in the technical basis of the actions of SETENA and ACOPAC, a lax and very weak assessment is perceived regarding the real impact of this construction in relation to the imminent environmental destruction. He recounts that the supposed economic benefit is much less than the socio-environmental cost that the development of a project lacking objective scientific-technical bases would cause to determine what the true socio-environmental cost of the project would be. He adds that given the concern for the damage that could be caused, a group of neighbors filed a complaint via email at [email protected] and before SITADA (Sistema de Denuncias Ambientales), which was processed under No. 12127-2018-SETENA and was received on September 27, 2018, with the purpose of investigating the inconsistencies with the environmental viability permit granted to the Vista Islas project, requesting its annulment and the application of a precautionary measure to halt any development work on the land until the real impact of the project was analyzed. He indicates that despite the fact that 6 months have already passed since then, no response has yet been obtained from SETENA, despite multiple efforts made to ascertain the institution's position. He estimates that this action seriously compromises the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Luis Sánchez Arguedas reports under oath, in his capacity as Regional Director of the Pacific Central Conservation Area (ACOPAC) of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, that "It is made clear that no constitutional right could have been violated by the Administration's actions in the situations raised by the appellant, the foregoing according to the evidence contained in the administrative case files and report SINAC-ACOPACOSRAP-309-2019 dated April 23, 2019, issued by the Aguirre Parrita Subregional Office responsible for processing the case, therefore, the actions taken by the Administration based on the facts alleged by the appellant are described below: Regarding the attributed facts concerning the existence of a ruling of denial in the questioned area made in 2002, by the Pacific Central Conservation Area (ACOPAC), under official letter No. ACOPAC-CF-012-02, it is made clear that it does not indicate an inspection date or location coordinates; it only mentions that it was carried out on three adjoining properties, two of them registered in the name of Pablo Juan S.A. (with cadastral map numbers P-559906-99 and P-501725-98) and a third granted under a municipal concession for being located in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre), cadastral map P-611159-2000. Said report does not precisely mention the location of the constructions, although it indicates that the site presents small patches of forest cover (cobertura boscosa) with different degrees of alteration. In turn, the conclusions indicate that the property (it is not specified which one) forms part of a forest patch that serves as a biological corridor for different wildlife species. It is worth mentioning that cadastral map P-501725-98 is the same one where the environmental viability was granted by SETENA in 2017, which is the subject of the appeal. Likewise, reference is made to the ACOPAC report, official letter No. D-176-02; however, said report is not in the archives of the Quepos and Parrita subregional office. The amparo appeal indicates that ACOPAC radically changes its stance in order to favor the project's viability, as well as the land-use change (cambio de uso del suelo); however, in the report under official letter No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2017, it is never indicated that the site's land use should be changed; on the contrary, it is repeatedly emphasized that the site has protection areas that must be protected according to the INVU's designations, that the land mostly presents steep slopes as indicated in the office analysis and in the legal framework, sixth section, third page of this report. On page four, in the field study section, third paragraph, it is explicitly mentioned that the observed vegetation has vestiges of what not many years ago was forest, that the vegetation within the protection areas corresponds to forest, a condition that is reiterated in the last conclusion of the report, where it is again indicated that according to the FONAFIFO 2000 layer and the cadastral map, the project area is in a forest cover (cobertura de bosque) area, although at the time of the inspection only vestiges of what was forest are observed. At the time of this inspection and the preparation of the report, no documents were provided that visualized a land-use change (cambio de uso del suelo), as the review of the operational center's complaint records was carried out under the name Vista Islas, and no record was found. Added to this, the acting officials were unaware that this zone had antecedents under the name Manuel Antonio SPA, as they did not work at this operational center during the periods of these records, which were processed from another administrative unit more than 17 years ago. It is worth noting that the office mentions its observations to SETENA; it is the latter that analyzes and decides whether or not to grant environmental viability, as granting environmental viabilities is not the competence of SINAC. It is true that due to the filing of complaints in the zone, an expedited search was conducted, locating two complaint case files from the zone in question: a) Case file PC-03-DJ-032-05, referred to the Prosecutor's Office of Quepos and Parrita, where the police report OSRP-424-05 of June 1, 2005, regarding the Manuel Antonio SPA project mentions the felling of 16 trees of different species within a forest area; however, said report does not provide specific coordinates to determine if it involves the same site currently under environmental viability. b) Case file PC-03-DJ-049-06, referred to the Prosecutor's Office of Quepos and Parrita, which mentions: That on March 22, 2006, Mr. Josué Brenes Bonilla filed a complaint with the subregional office; it was assigned to official Rafael Porras on March 30, 2006. The case was addressed on April 6 by the aforementioned official, generating police report ACOPAC-OSRAP-423-06, which reports the felling of trees in a forest within property P-501725-98, at coordinates Lambert Sur, which when converted to CRTM 05 (the official projection today), coincide with the location of the Vista Islas project. Based on the foregoing, it is proven that the site with environmental viability had forest characteristics and that the changes observed at the time of the inspection in 2017 were caused by an apparent land-use change (cambio de uso) or deforestation (tala) of a forest area. For this reason, on April 5, 2019, official letter No. SINAC-ACOPACOSRAP-274-2019 was sent to SETENA, indicating the background of the complaint under police report ACOPAC-OSRAP-424-06 and observations on the project under case file D1-19369-2017-SETENA, which informs SETENA that said office will carry out the relevant investigations in an effort to safeguard the environmental resources of the place, this under the principle of in dubio pro natura and the principle of lifetime tenure of the forest (irreductibilidad del bosque). On April 10, 2019, through official letter no. SINAC-ACOPAC-OSRAP-297-2019, official José Alberto Solís Madrigal requested a survey of temporary sampling plots in the Vista Islas zone. Said official letter requests the survey of temporary sampling plots for an adequate forest determination, involving various professionals and having a better, updated technical analysis, with the purpose of verifying the existence of an apparent land-use change (cambio de uso del suelo) or any other environmental damage. On April 23, 2019, through official letter SINAC-ACOPAC-OSRAP-305-2019, the formation of a technical team was requested from the Directorate of ACOPAC for the survey of temporary sampling plots in follow-up to official letter SINAC-ACOPAC-OSRAP-297-2019. Finally, it is important to indicate that as of 2010, a modification was made to Article 36 and Article 2 of Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE, the regulation to the Forest Law (Ley Forestal) No. 35883-MINAET, was added, by which approvals can be given for constructions in forest areas as long as they comply with what is set forth in said decree. Now, in protection of natural resources, the legislation provides for two protection regimes, namely, the natural heritage of the State and the private forest heritage (...) The Forest Law (Ley Forestal) itself establishes that the State Forest Administration is responsible for conserving the country's forest resources, both on lands of the State's natural heritage and in private forest areas. Now, in Chapter I of Title Three, the protection regime for private forest property is specifically regulated, indicating that on these lands, as a matter of principle, land-use change (cambiar el uso del suelo) and the establishment of forest plantations are not permitted. However, it recognizes the possibility that the Administration may grant permits for explicitly established purposes. Said rule establishes the following: 'The possibility of land-use change (cambio del uso del suelo) that is known [Article 19 of the Forest Law (Ley Forestal)] is reserved solely for the private forest heritage, meaning that the natural heritage of the State is not 'affected' (Articles 1, second paragraph, and 18 of the Forest Law (Ley Forestal))" (vote of the Constitutional Chamber No. 17126-2006; the phrase in brackets does not belong to the original). ARTICLE 19.- Authorized activities. On lands covered with forest, land-use change (cambiar el uso del suelo) and the establishment of forest plantations are not permitted. However, the State Forest Administration may grant a permit in those areas for the following purposes: a) Construction of dwelling houses, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and facilities intended for recreation, ecotourism, and other analogous improvements on privately owned lands and properties where the forests are located. b) Carrying out state or private infrastructure projects of national convenience. c) Felling trees for reasons of human safety or scientific interest. d) Preventing forest fires, natural disasters, or other analogous causes or their consequences. In these cases, the deforestation will be limited, proportional, and reasonable for the purposes set forth above. Previously, a pre-screening questionnaire must be completed before the State Forest Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental), as established by the regulation of this law.' However, to ensure that these activities do not cause excessive exploitation of natural resources, Articles 20 and 21 of the Forest Law (Ley Forestal) indicate that forests may only be exploited if they have a management plan that includes the impact they may cause on the environment, which must be prepared by a professional in forest sciences. This Constitutional Court has previously referred to the constitutionality of Article 19 of the Forest Law (Ley Forestal), considering that such authorizations are not legitimate unless the safety and mitigation measures provided for in the regulations themselves are met. In judgment No. 2006-17126 of 3:05 p.m. on November 28, 2006, it was considered as follows: (') VI.- OF THE STATE FOREST HERITAGE.- It is important to highlight the manner in which the State forest heritage is constituted, as it has a dual nature, firstly, the natural heritage of the State, made up of forest reserves, biological reserves, protected zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Article 32 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September 18, 1995), which is endowed with the status of public domain property, pursuant to the provisions of Article 14 of Forestry Law (Ley Forestal), number 7575; 'The forest lands and forests that constitute the State forest heritage, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable. Their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's action for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information, and therefore invasion and occupation shall be penalized in accordance with the provisions of this Law.' (Identical meaning in Article 33 of Forestry Law (Ley Forestal) number 7174, of July 28, 1990). Regarding this type of property, a land-use change (cambio de uso) for these properties is not legitimate, and the exploitation of forest resources is not appropriate, except for research, training, and ecotourism, with prior authorization from the Ministry of Environment and Energy (Articles 1, second paragraph, and 18 of Forestry Law (Ley Forestal), number 7575, and 11 of the Regulation to the Forest Law (Reglamento de la Ley Forestal), Decreto Ejecutivo number 25.721-MINAE, of October 17, 1996. Finally, as stated, for the application of Article 19 of the Forest Law (Ley Forestal), deforestation (corta del bosque) will be limited, proportional, and reasonable for the purposes set forth in said numeral; however, previously, a pre-screening questionnaire must be completed before the State Forest Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental), as established by the regulation of this law, a viability that must be granted exclusively by SETENA, which shall have the authority to request SINAC's observations on the matter, but stressing that it is this entity that is responsible for analyzing and deciding whether or not to grant environmental viability, since, as stated, granting environmental viabilities is not the competence of SINAC. For the reasons set forth above, it is concluded that in compliance with its responsibilities and competences, the Administration has been taking actions in an effort to safeguard the natural resources of the site in question, since at no time did it expressly endorse the project, providing its observations in accordance with the legal framework, the issuance of said environmental viability being the competence of SETENA, not this entity. Likewise, it is confirmed that with the current investigations, it is being verified whether a new complaint should be filed for environmental damage at the site or the necessary measures taken to prevent possible damage." He requests that the appeal be dismissed.

Grettel Vega Arce reports under oath, in her capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), in the same terms as the director of the Pacific Central Conservation Area. She concludes that the appellant is incorrect in stating that SINAC, through the Pacific Central Conservation Area, changed its position when comparing the 2002 reports with the 2017 reports. She points out that it was not possible to identify that the site analyzed in the report issued in 2002 and in the year 2017 fully coincided in geographical location. She warns that fifteen years have passed between the issuance of one report and the other. She claims that SINAC's actions have been in accordance with the legal framework and that it has proceeded to draft technical reports and file the respective complaints regarding the facts and circumstances confirmed in the inspections carried out by officials of the Pacific Central Conservation Area. She states this is evidenced by the complaints filed in 2005 and 2006 regarding the presence of unauthorized tree felling in a location whose cover is considered forest. She argues that from report No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2017, SINAC's position is to demonstrate the presence of protected areas according to Article 33 of Law No. 7575, as well as the prohibition set forth in Article 34 and the State's obligation set forth in Article 50 of the Political Constitution. Furthermore, she emphasizes that according to the "FONAFIFO 2000" cover map, the inspected area is within a forest cover (cobertura de bosque) area, although at the time of inspection only vestiges of what was are observed, and it is recommended to apply strong mitigation measures. She notes that the Pacific Central Conservation Area has carried out follow-up work in the present case, expressed as follows: through official letter SINAC-ACOPAC-OSRAP-274-2019 of April 5, 2019, in relation to consultations received on the Vista Islas project, recommending that the site to be developed must comply with the modification to Article 36 and Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE, the Regulation to the Forest Law (Reglamento a la Ley Forestal). She argues that on April 10, 2019, a survey of temporary sampling plots was requested in the Vista Islas zone, according to report SINAC-ACOPAC-OSRAP-291-2019, and on April 23, 2019, this request and the formation of a technical team for the survey of said plots were referred to the ACOPAC Director, in order to provide technical-environmental follow-up to the Vista Islas Project case. She maintains that SINAC, through the Pacific Central Conservation Area and in relation to the specific case, has focused on adequate and sufficient assessments of the study area, has carried out inspection and follow-up work, and has filed the corresponding complaints upon confirmation of tree felling without proper permits. She requests that the appeal be dismissed.

María Celeste López Quirós reports under oath, in her capacity as ad hoc Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, that "in this Secretariat, the Vista Islas project was presented, in the name of the company Vista Paradise MA, S.R.L., legal identification 3-102-725134, represented by Mr. Adam Eugene Tanenbaum, residency card number: 184001447614, processed under case file: D1-19369-2017-SETENA, which obtained environmental viability through resolution No. 1739-2017-SETENA of September 6, 2017 (Exhibit No. 1) and has the following characteristics described in the Fifth 'Por Tanto': “Description: The project to be developed aims to offer a residential condominium solution of 50 beach apartments, for users interested in living near a natural paradise like Manuel Antonio. The project includes a commercial area at the access, facing a public street, consisting of a 250 m2 restaurant located on the upper level of the parking building. A wastewater treatment system will be constructed. Effluent use will be discharge into a permanent watercourse and was calculated for a per capita allocation of: 375-250 l/person. The Vista Islas project has a total approximate area of 18,104 m2, which are divided in the architectural program as follows: • 2 Residential buildings with 25 apartments each; each building has an approximate area of 6,600 m2, each divided into the following program:  1 Apt A: 162 m2 each  10 Apt B: 167 m2 each  8 Apt C: 190 m2 each  2 Apt D: 280 m2 each  2 Apt E: 410 m2 each  2 Apt F: 360 m2 each  Common areas; 1,150 m2 total.  (general and emergency circulation, 2 public restrooms, 27 storage units, Electrical-Mechanical rooms, employee area, and Lobby). Parking Building with an approximate capacity of 70 vehicles, in a building with an approximate area of 3,800 m2. The building includes within its area a workshop area for maintenance, security office, vehicular and pedestrian access, emergency stairs, Electrical-Mechanical rooms, room for an electric generator, a storage room for recyclable waste and garbage. • Clubhouse with pool and terraces: 460 m2 • Sports gym: 250 m2 • Restaurant: 390 m2 (located on the rooftop of the parking building). The project's civil works require earthworks (movimiento de tierras) in which 3,000 m2 of material will be handled. It will seek to maximize the volume of material to use in landscaping and recreation elements. Location: Province: Puntarenas. Canton: Quepos. District: Quepos. Cartographic Sheet: Quepos, Scale: 1:15,000 Coordinates: 482664 E and 1039379 N. Cadastral Map No.: P-501725-1998. Real Estate Folios: 6-109617-000.” On the other hand, CALDARIUM S.A. presented for evaluation in the year 2000 the Manuel Antonio SPA project, which was processed under case file No. 94-00 and obtained a conditioned viability through resolution No. 1042-2002-SETENA (Exhibit No. 2). On May 12, 2004, SETENA, through resolution No. 705-2004, resolved the developer's request to extend the term of resolution No. 1042-2002-SETENA 'because the eventual Land-Use Change (Cambio de Uso del Suelo) is currently being discussed with the Pacific Central Conservation Area (ACOPAC), through the presentation of a Management Plan for the Adequate Use of the Soil and its Natural Resources.' In this regard, the 'Por Tanto' stated in part: '… The requested extension is approved, extending the validity period of resolution 1042-2002-SETENA in accordance with the indicated legislation, for an additional six months, a period that runs from the previously granted expiration date or, failing that, from the day following the notification of this resolution.' The resolution was notified on May 17, 2004, and the developer did not submit the conditioned requirements; consequently, the act of granting the Environmental viability never attained effectiveness. SETENA has no competence to refer to SINAC's conduct, as the appellant questions that SINAC changed the position it issued in inspection report No. ACOPAC-CF-012-02. Likewise, since SINAC is a respondent party in the Amparo Appeal process, it is appropriate for it to render a report on the matter. It is not true what the appellant indicates, that the assessment is lax and weak, because the Environmental Impact Assessment Procedure of Decreto ejecutivo No. 31849 was carried out; the project's impacts on Environmental Factors are identified in the process. Impacts identified are Soil, Water, Air, Biological Environment, Human Environment, to derive an Environmental Management Plan with measures. Furthermore, according to the Final Rating of Environmental Impact Significance of 429, a Sworn Declaration of Environmental Commitments was requested, and SETENA, based on Report SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2017 of May 23, 2017 (Exhibit No. 3), requested the developer in official letter DEA-2063-2017 of June 26, 2017, to present a site design for the project proposal that adjusts to the considerations of said Report, and it did so, in an official letter received by SETENA on July 28, 2017 (Exhibit 4). Therefore, SINAC's criterion was taken into account in the evaluation procedure, which led to adjustments to the project, the submission of Studies (Engineering Protocol, Basic Geology Protocol, Basic Biology Protocol, and Mitigation Measures Table), and an on-site inspection was even carried out. Consequently, note that it is a science-based process and therefore is not based on the supposed economic benefit. (…) It is not true; through resolution No. 358-2019-SETENA of eight hours forty minutes on February 8, 2019 (Exhibit No. 7), SITADA Complaint No. 12127-2018, which was filed on September 27, 2018, was considered and resolved by rejecting it in all its aspects. It was notified to the developer, the Environmental Comptroller, the Head of the Quepos-Parrita Subregion of SINAC, and the Municipality of Quepos. As for the complainant, it is recorded as "Unknown" and that they did not indicate a place for notifications in the complaint. In this regard, it should be noted that the complaint found on folios 348-351 of case file No. D1-19369-2017 does not indicate who filed it, nor the signature or place of notifications (Exhibit No. 5).

Additionally, in the SITADA system, under general data, no information about the complainant is recorded; in the “Name” field it states “Confidential,” thus there is no information whatsoever; copies from the Integrated System for Processing Environmental Complaints (Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales, SITADA) are provided regarding the registration, the processing through resolution R-359-2019-SETENA, and the “closed” status (Exhibit No. 6). Likewise, in this resolution, an analysis is conducted on the questions raised in the complaint regarding the forest cover (cobertura boscosa) on the project, and these are rejected with detailed reasoning. Conclusion: In accordance with the foregoing, the appellant is not correct on the facts; SETENA resolved SITADA complaint No. 12127-2018 through resolution number R-358-2019-SETENA, and project D1-19369-2017 was carried out in accordance with the current Environmental Impact Assessment Regulation (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) of Executive Decree No. 31849, and within the procedure, SINAC’s opinion was requested, which served as a basis for adjustments to the project, taking forest cover into account.”
The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,

Considering:

              AS A PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545, of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the time periods set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325), or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the instance of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in the case sub lite, an exception is claimed, since it involves a complaint related to the environment. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
Object of the appeal. The appellant claims a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as he accuses that the National Environmental Technical Secretariat, through resolution No. 1739-2017, granted an environmental viability permit for the construction of a real estate development called “Vista Islas” located in Manuel Antonio, Puntarenas. However, he accuses that this is the same land where, in 2002, SETENA, through resolution No. 1042-2002-SETENA, conditioned the development of a project on a series of requirements to guarantee the sustainable use of the natural resource. Therefore, he considers that the technical and feasibility studies with which one permit was “conditioned” and the other was granted are “contradictory,” given that at the time, in 2002, SETENA had imposed rigorous conditions, beginning with a declaration of the project as being of national interest and where in the report rendered by the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central, ACOPAC), efforts had been deployed for the protection and conservation of the area, in which, he even asserts, ACOPAC changed its position, in order to favor viability in 2017 for the “Vista Islas” project. He argues that, given the concern about environmental damage, a group of neighbors filed a complaint before the Environmental Complaints System, however, SETENA has yet to respond.
        Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
In 2002, the company Caldarium S.A. submitted a project called “Manuel Antonio SPA” for evaluation, which was processed under expediente No. 94-00 and obtained a conditioned viability through resolution No. 1042-2002-SETENA (see report of the National Environmental Technical Secretariat).
On April 24, 2017, the National Environmental Technical Secretariat issued official letter No. SG-DEA-1187-2017, in which a technical opinion was requested from the Quepos Parrita Subregional Office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) (see evidence provided by SINAC).
On May 18, 2017, the Quepos and Parrita Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area issued official letter No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2017, addressed to the National Environmental Technical Secretariat, called “Technical report Vistas Islas Project, Expediente D1-19369-2017-SETENA,” in which it was concluded: “Strong mitigation measures must be applied. The environmental guarantee must be commensurate with the high risk of a possible environmental impact, In (sic) the protection area, declares according to articles 33 and 34 of the Forestry Law” (see evidence provided by SINAC).
On September 6, 2017, the National Environmental Technical Secretariat issued resolution No. 1739-2017-SETENA, which granted environmental viability to the project called “Vista Islas” in the name of the company “Vista Paradise MA, S.R.L.” (see report of the National Environmental Technical Secretariat).
On September 27, 2018, a complaint was filed before the Environmental Complaints System alleging the following: “On the road to Playitas, from the Playitas-Parador crossing 100 meters to the left. In front of Casa Cristal (…) According to resolution 1042-2002-SETENA dated November 13, 2002, the environmental viability of the project then known as Manuel Antonio Spa was denied, given that the project was to be carried out on forested land, which according to the technical studies ‘there is no evidence that in the last 20 years this site had been used for any activity other than forest’ and with type VIII soils with slopes of more than 70%. The same cites Executive Decree NDPF-690 of the Ministry of Agriculture (…) which establishes the methodology for land-use capacity of the lands of Costa Rica, which states ‘Class VIII lands have utility only as zones for the preservation of flora and fauna, protection of aquifer recharge, genetic reserve, and scenic beauty.’ Recently in 2017, Setena in resolution 1739-2017-SETENA granted environmental viability to a new project called Las Islas de Manuel Antonio located on the same aforementioned land. Contradicting resolution 1042-2002-SETENA, which implies a change of land use (cambio de uso del suelo) which the Forestry Law prohibits. According to article 19 of the Forestry Law 7575 of 1996, it is stated that, on forest-covered land, the change of land use is expressly prohibited. Therefore, resolution 1739-2017-SETENA is not consistent with said law and contradicts the technical analysis on which Setena based resolution 1042-2002-SETENA, which establishes that the soils in question are of forest vocation and are highly fragile. Resolution 739-2017-SETENA has legitimized the felling of forest and the change of land use on highly irregular lands with slopes of around 70% type VIII. We request that the reported fact be investigated and we request that environmental viability 1739-2017-SETENA be annulled and that a precautionary measure be applied to paralyze any development of work on this land until the project’s impact is analyzed” (see evidence provided by the respondent authorities).
On February 8, 2019, the National Environmental Technical Secretariat issued resolution No. 358-2019-SETENA, in which it heard the anonymous complaint filed on September 27, 2018. The complaint resulted in the following: “(…) Dismiss in all its parts environmental complaint No. 12127-2018 filed on September 3, 2018, in the Environmental Complaints System (Sistema de Denuncias Ambientales, SITADA) of MINAE, against the project ‘Vista Islas’ with administrative expediente D1-19369-2017-SETENA, by an unknown party; as stated in the Tenth Considering of this resolution.” In the resolution consisting of twenty-two folios, SETENA concluded that at no time had a change of land use been authorized; that the “VLA” is a condition and not a final permit, and that the developer had to obtain the respective permits from the Municipality of Quepos, the Quepos-Parrita Subregional Office of ACOPAC, blueprint approvals before the Federated College of Engineers and Architects, among others. Furthermore, it was indicated that if the Municipality of Quepos does not authorize the construction permit, the project will not be carried out, or if SINAC does not authorize the tree cutting, the project could be affected (see evidence provided by the National Environmental Technical Secretariat, called “Exhibit 7,” consisting of twenty-six folios).
On April 10, 2019, an official of the National System of Conservation Areas requested a survey of temporary sampling plots in the Vista Islas zone for an adequate determination of forests (see SINAC’s report).
On April 22, 2019, the Director of the National System of Conservation Areas and the National Environmental Technical Secretariat were notified of the resolution ordering proceedings in this amparo process (see notification records).
On April 23, 2019, through official letter No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-305-2019, the conformation of a technical team was requested from the ACOPAC Directorate for the survey of temporary sampling plots (see SINAC’s report).
        Unproven facts. The following relevant facts are not deemed duly proven:
That the complaint received on September 27, 2018, before the Environmental Complaints System of MINAE was filed by the appellant or his foundation.
That in the complaint filed on September 27, 2018, before the Environmental Complaints System of the Ministry of Environment and Energy, a means of receiving notifications was indicated.
That the National System of Conservation Areas has verified whether, at the site where the violation of Article 50 of the Constitution is alleged, a new complaint for environmental damages should be filed, as well as determined whether any type of measures should be taken to prevent possible environmental damages.
Regarding Article 41 of the Political Constitution. The right to justice must be granted in a timely and expeditious manner, and therefore, the Administration has the obligation to guarantee its fulfillment promptly and completely, which translates to the fact that the administered parties have the right for administrative justice to decide their claims with diligence and celerity. In this regard, this Tribunal, in Judgment No. 2007-11794, stated: “(…) The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of prompt and complete justice, without denial, which implies, in the sphere of administrative justice, its obligation to decide with diligence and celerity the claims raised by the administered parties, in such a manner that its resolution is congruent with the allegations made, as well as to communicate the decision to the interested parties, all within a reasonable period. In this sense, the ‘reasonable’ nature of the duration of administrative activity is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the extent of evidence to be produced, or the degree of impact on the person or the environment of the challenged act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of time periods, but rather a right for constitutional control to be applied over those actions of the Administration in which there are no sufficient reasons to justify the time taken in resolving some type of administrative proceeding (…).” Likewise, it is important to note that, by virtue of Article 48 of the Constitution, international provisions regarding the protection of human rights are introduced into our legal system, among which the content of Article 8, first paragraph, of the American Convention on Human Rights stands out, a norm that imposes the obligation for the administration to resolve the proceedings filed by the administered parties within a reasonable time.”
        REGARDING THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Based on the provisions of Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution, this Constitutional Tribunal has broadly recognized the State’s duty to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is by virtue of those articles, as well as the infra-constitutional environmental regulations, that the State’s responsibility to exercise a tutelary and guiding function in this matter arises. In this sense, this Chamber, in judgment No. 4830-2002 of 16:00 hrs. on May 21, 2002, stated the following: “(…) Our Political Constitution, in its Article 50, expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. The fulfillment of this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans but also of all members of the world community. The violation of these fundamental precepts entails the possibility of harm or endangerment of interests in the short, medium, and long term. Environmental pollution is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are most often imperishable and cumulative. The Costa Rican State is obliged to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the commission of acts that harm the environment, and carries the correlative and equally inescapable prohibition of fostering its degradation (…).”
    Regarding the alleged lack of attention to a complaint by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). In the filing brief, the appellant claims that on September 27, 2018, a complaint was filed before the Environmental Complaints System of the Ministry of Environment and Energy for alleged irregularities in the issuance of environmental viability for the Vista Islas project in Manuel Antonio, and that as of the date of filing the appeal, they do not know the position of the National Environmental Technical Secretariat. Now, indeed, the Chamber finds it proven that a complaint was filed before the Environmental Complaints System of MINAE alleging the facts that the plaintiff accuses here. However, two elements of special relevance must be considered: it was not proven that the complainant was the appellant, since it was filed as an anonymous complaint, and that the said complaint indicated a means of receiving notifications. In that line of reasoning, the appellant is not correct in asserting the alleged lack of attention to the complaint by the National Environmental Technical Secretariat, since on February 8, 2019, resolution No. 358-2019-SETENA was issued, in which the anonymous complaint filed on September 27, 2018, was heard, resulting in the following: “(…) Dismiss in all its parts environmental complaint No. 12127-2018 filed on September 3, 2018, in the Environmental Complaints System (SITADA) of MINAE, against the project ‘Vista Islas’ with administrative expediente D1-19369-2017-SETENA, by an unknown party; as stated in the Tenth Considering of this resolution.” Consequently, the appeal must be dismissed with respect to this point.
Regarding the lack of prompt attention to the complaint filed with the National System of Conservation Areas (SINAC). After having analyzed the reports and evidence provided by the parties, this Chamber partially verifies a violation of the fundamental rights enshrined in Article 41 of the Political Constitution, solely with respect to the National System of Conservation Areas for the reasons that will be set forth below. Firstly, this Tribunal verifies that on September 27, 2018, a complaint was filed regarding the potential damages that the Vista Islas project would generate in Manuel Antonio. In that line of reasoning, although it is true that the complaint was necessarily directed against the National Environmental Technical Secretariat, it follows that in connection with it, the National System of Conservation Areas (SINAC)—in response to the reported facts—found itself compelled to act. Note that, according to what was informed under oath, “that due to the filing of complaints in the area, an expedited search was conducted, locating two complaint files for the zone in question: a) Expediente PC-03-DJ-032-05, referred to the Prosecutor’s Office of Quepos and Parrita, where police report OSRP-424-05 of June 1, 2005, mentions the Manuel Antonio SPA project, indicating the cutting of 16 trees of different species within a forest area; however, said report does not provide specific coordinates to determine whether it is the same site currently under environmental viability. b) Expediente PC-03-DJ-049-06, referred to the Prosecutor’s Office of Quepos and Parrita, which mentions: That on March 22, 2006, Mr. Josué Brenes Bonilla filed a complaint at the subregional office, the same was assigned to official Rafael Porras on March 30, 2006.” That is, note that SINAC authorities were indeed aware of the complaints, and it does not appear that from the date of filing the complaint to the date of filing this amparo process, more than six months later, the environmental problems alleged in the complaint have been investigated or overseen. Bear in mind that by virtue of the reported facts, SINAC determined “that the site with environmental viability presented forest characteristics and that the changes observed at the time of the inspection in 2017 occurred due to an apparent change of use or clearing of forest area. For this reason, on April 5, 2019, official letter No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-274-2019 was sent to SETENA, indicating the background of the complaint under police report ACOPAC-OSRAP-424-06 and observations regarding the project under expediente D1-19369-2017-SETENA, in which SETENA is informed that said office will carry out the corresponding investigations in an effort to safeguard the environmental resources of the place, this protected by the principle of in dubio pro natura and the principle of lifetime tenure of forest (irreductibilidad del bosque). On April 10, 2019, through official letter no. SINAC-ACOPAC-OSRAP-297-2019, the official José Alberto Solís Madrigal requests a survey of temporary sampling plots in the Vista Islas zone.” Hence, it is considered an unproven fact that as of the date of the reports rendered by the National System of Conservation Areas, it had been verified whether at the site where the violation of Article 50 of the Constitution is alleged a new complaint for environmental damages should be filed, as well as determined whether any type of measures should be taken to prevent possible environmental damages, all this as reported by the respondent authority. Consequently, the appeal must be granted with respect to this point.
        Regarding the other grievances. From reading the filing brief, the appellant alleged a series of supposed irregularities by the National Environmental Technical Secretariat and the ACOPAC of SINAC, specifically regarding the granting of environmental viability and a report, respectively. Now, it is worth pointing out to the plaintiff that amparo proceedings have an extremely summary nature, and determining, for this specific case, whether the granting of environmental viability should have met the same requirements as in 2002 for a similar project, or whether there were a series of irregularities in its issuance, are grievances that may be disputed before the Administration itself or, failing that, before the contentious-administrative jurisdiction, where the party will have the evidentiary possibility to thoroughly discuss all the grievances intended here. The same fate awaits the supposed irregularities in an ACOPAC report, where the plaintiff accuses a change in its position in order to favor viability in 2017 for the “Vista Islas” project. Consequently, the appeal must be dismissed with respect to these points.
DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore

The appeal is partially granted, solely against the National System of Conservation Areas. Consequently, Grettel Vega Arce, in her capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), and Luis Sánchez Arguedas, in his capacity as Regional Director of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC) of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, or whoever holds those positions, are ordered to, within a period not exceeding ONE MONTH, verify whether at the site where the violation of Article 50 of the Constitution is alleged, a new complaint for environmental damages should be filed, as well as determine whether any type of measures should be taken to prevent possible environmental damages, as was thus informed to this Chamber. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The National System of Conservation Areas (SINAC) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify the respondents personally. With respect to the other claims and parties, the appeal is dismissed without merit.




    

	
Fernando Castillo V.

President

	

 



Nancy Hernández L.

	

	

Jorge Araya G.



Marta Eugenia Esquivel R.

	

	

Alicia Salas T.



Hubert Fernández A.

	

	

Lucila Monge P.

 

Digitally Signed Document

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ACLHLYANZJG61

EXPEDIENTE N° 19-005823-0007-CO

 

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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