Res. 12312-2019 Sala Constitucional — Stand by previous ruling: remediation of bromacil-contaminated springs ordered in prior decisionEstese a lo resuelto: medidas de saneamiento de nacientes contaminadas por bromacil ordenadas en sentencia previa

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12312 - 2019

Fecha de la Resolución: 05 de Julio del 2019 a las 09:30

Expediente: 19-009963-0007-CO

Redactado por: Alicia Maria Salas Torres

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

*190099630007CO*

Exp: 19-009963-0007-CO

Res. Nº 2019012312

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve .

 

Recurso de amparo presentado por ORLANDO ROJAS ROJAS, cédula de identidad 0203650140, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), el MINISTERIO DE SALUD, el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO y el ÁREA RECTORA DE SALUD DE AGUAS ZARCAS.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 13:38 horas del 10 de junio del 2019 el recurrente presenta recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), el MINISTERIO DE SALUD, el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO y el ÁREA RECTORA DE SALUD DE AGUAS ZARCAS.Manifiesta que el Servicio Fitosanitario del Estado, pagó el proyecto 802-85-500 denominado "Proyecto de Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)" al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA), para determinar el impacto en el ambiente y lograr prevenir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, principalmente por el cultivo de piña en Pital de San Carlos. Ese estudio confirmó la presencia de bromacil, tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas, en los sitios 12, 14, 16 y 23. Ante el eminente riesgo a la salud y el daño causado al recurso hídrico, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica elaboró un análisis de resultados y los mapas de riesgo donde indican los lugares específicos con mayores concentraciones de ese y otros contaminantes. Apunta que no entiende porque el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Salud, no les alertó sobre el particular, pues la Asada continuó suministrando agua, en vista que desconocía que estaba contaminada, poniendo en grave riesgo la salud de los pobladores de su comunidad. No fue sino, hasta el 4 de noviembre de 2017, cuando esa Cartera les notificó la orden sanitaria No-1362017, que se enteraron de dicha circunstancia. La pasividad con la que actuaron las autoridades recurridas fue exagerada, a pesar de que el agua para el consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Afirma que, pese a que el Servicio Fitosanitaria del Estado conocía que el "Proyecto de Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)", arrojaba que existía riesgo para las personas y el ambiente, esa dependencia se limitó a trasladar los resultados al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud, sin tomar acción alguna contundente al respecto. Afirma que en vista de que el 22 de setiembre de 2016 se expusieron los resultados de dichos estudios a los grandes productores de piña de la zona, a las comunidades de Pital, Veracruz y Río Cuarto, no se les informó nada sobre el particular, colocándolos en total estado de indefensión, pues  una vez concluida la investigación preliminar realizada por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, existía mérito para iniciar un procedimiento administrativo y dictar medidas cautelares; sin embargo, no fue sino hasta mediados de 2017, cuando se trasladó la información a otras dependencias que tienen injerencia en el tema e iniciaron la respectiva coordinación interinstitucional para abortar el asunto. Además, se incumplió la vigilancia y control en materia de sustancias químicas para uso agrícola, que establece la Ley de Protección Fitosanitaria -que además permite coordinar con otros ministerios y dependencias estatales para hacer efectiva la aplicación de la normativa de cita y controlar sustancias químicas de uso agrícola, como el bromacil que se aplican en zonas de alta vulnerabilidad hídrica-, puesto que se trata de un herbicida de amplio espectro, que se absorbe por las raíces de las plantas y no por las hojas, lo que facilita no solo la contaminación del suelo sino de las aguas superficiales y subterráneas, tóxico para humanos y para organismos acuáticos, con una alta solubilidad en el agua, altamente persistente y con una alta movilidad en el suelo y que puede degradarse en años, tal y como se demostró en las comunidades del Cairo, Milano y la Francia de Siquirres. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería al amparo de la Ley No. 7664 de 8 de abril de 1997, desde el momento en que se conocieron los resultados tanto de los análisis de las aguas superficiales, como de las aguas subterráneas, tenía potestad para restringir el uso del bromacil y otros agroquímicos encontrados, así como para decomisar las sustancias químicas. Aunado a lo anterior, pese a que en el 2017 se prohibió usar bromacil, no existe evidencia alguna que se hayan realizado trabajos para limpiar y recuperar las nacientes contaminadas con productos químicos. Agrega que, si bien es el Ministerio de Salud, conocía desde el 13 de abril de 2016, que las aguas captadas por la ASADA de Pital se encontraban contaminadas con ese agroquímico y otras sustancias tóxicas para humanos y el ambiente, no fue sino hasta el 4 de noviembre de 2017 que se ordenó suspender el abastecimiento de agua de las fuentes denominadas Pozo 1 y el Pozo 2, y disponer las acciones correctivas correspondientes. Lo anterior, sin tener en cuenta que no fue la Asada la que contaminó las aguas. Asimismo, se dispuso a suspender la operación del sistema, hasta que se tenga asegurada la calidad del agua. Añade que si bien, por oficio del Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas No. MS-RHN-ARSAZ-ERS1284-2017 de 1° de noviembre de 2017, se solicitó al director del Área Rectora,que procediera a coordinar con Acueductos y Alcantarillados para que se realizaran las acciones pertinentes y garantizar el suministro de agua en cantidad, calidad y continuidad y que proceda a coordinar acciones con la Comisión del Plan Único, tal y como lo dispuso la Sala en los Votos No. 2009-009040 y No. 2009-009041, para que, de forma inmediata, se iniciara el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicida, lo cierto es que no se ejecutaron actos concretos para dar una solución pronta y efectiva al problema, razón por la que las aguas de los pozos de la Asada siguen contaminadas y ni siquiera se ha iniciado la instalación de los equipos que permitirían a la Comisión del Plan Único confirmar el flujo de las aguas subterráneas y los gradientes horizontales y verticales. Tampoco cuentan con parámetros hidráulicos que permitan tomar muestras de agua en las captaciones contaminadas a diferentes profundidades, para determinar si los niveles de contaminación se mantienen, han aumentado o disminuido. Mientras tanto, persiste una grave crisis hídrica en la ASADA de Pital. Establece que no entiende como el Ministerio de Salud no aplicó en forma inmediata el principio precautorio, máxime que el agua se utilizaba para el consumo humano. Recuérdese que le corresponde a ese Ministerio garantizar la protección y mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo Institucional, con un enfoque efectivo de promoción y participación social, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad. Por el contrario, esa Cartera desde abril de 2016, debió realizar una coordinación interinstitucional efectiva para estimar la extensión y el grado de contaminación existente en las demás nacientes, pozos y quebradas de la zona de Pital que no fueron valoradas en su momento, en aras de conocer a profundidad la magnitud del problema. Lamentablemente, pese a existe una comisión interinstitucional que está trabajando en el tema, se carece de la información científica sobre la cartografía de vulnerabilidad de los acuíferos existentes, lo cual constituyen una herramienta de primer orden, junto con el trazado de los perímetros de protección. Tampoco cuentan con la dirección de los flujos de agua subterránea para iniciar los estudios hidrogeológicos de los mantos acuíferos e implementar los procedimientos para limpiar y recuperar las aguas de las nacientes contaminadas, y para captar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano en su comunidad. El ministerio recurrido no se anticipó al daño y no realizó una investigación epidemiológica o de salud pública más profunda en las comunidades abastecidas por los pozos 1 y 2, para determinar los factores de riesgo al que fueron expuestas las familias de la comunidad por el consumo de aguas contaminadas con bromacil y de esta forma generar y coordinar intervenciones oportunas con otras instituciones responsables del tema hídrico y ambiental para proteger la salud de la población. Por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conocía que el nivel de contaminación con bromacil era de 0.37 microgramos por litro y el valor máximo aceptado en ese momento era de 0.1 microgramos por litro. Además, debió coordinar con la ASADA de Pital para tomar acciones inmediatas en el ejercicio del control y vigilancia de las aguas destinadas al consumo humano y coordinar con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, para actuar en forma inmediata y con sentido de responsabilidad, dado que estaba en juego la salud pública, buscando otras opciones de abastecimiento y nuevas captaciones de agua. No fue, sino por su insistencia que mediante el oficio No. UEN-GAR-2019-01656 de 10 de mayo de 2019, que se procede a valorar la situación de la Asada y se realiza un balance hídrico e informa a la jefe Regional de la ORAC, que el acueducto de Pital tiene un faltante de agua que no permite mantener la demanda de los abonados y que algunos sectores de esa comunidad no tienen agua las 24 horas del día. En este particular, la solución que se brinda es enviar un camión cisterna para reforzar a la comunidad de Veracruz. Afirma que, pese a que han rogado a las autoridades del instituto recurrido que ayuden a superar el faltante de agua en sus comunidades, la crisis hídrica persiste, obligándolos a racionar el agua. Acueductos y Alcantarillados continúan sin ayudarlos a mejorar las dotaciones y aumentar el volumen de agua y los sistemas de conducción, a pesar de su obligación al existir un convenio de delegación de administración vigente y correspondiendo por ley apoyar a las ASADAS, promoviendo la sostenibilidad de los entes operadores y permitiendo la prestación de los servicios de calidad y continuidad. Por el contrario, no sólo se les ha obligado a invertir grandes cantidades de dinero en trámites y estudios. Añade que el Ministerio del Ambiente y Energía como ente rector en materias de protección del recurso hídrico, permitió modificar zonas de alta fragilidad hídrica y de recarga acuífera como bosques, reforestaciones y potreros, por plantaciones de piña, donde el uso de agroquímicos es sumamente agresivo para el control de malezas, que en la gran mayoría de los casos se aplican sobre la rala y no en las hojas, aumentando el riesgo de infiltración a los mantos acuíferos y desprotegiendo las reservas de dominio. No es posible que se permitieran esos cambios de uso del suelo, en vista que, desde el 11 de noviembre de 2011, se publicó el Decreto No. 36818-MINAE en el Diario Oficial La Gaceta No. 17, oficializando los mapas FONAFIFO de cobertura boscosa tanto para el 2000 como para el 2025, los cuales obligaban a los funcionarios de esa Cartera antes de autorizar un cambio de uso del suelo, a conocer con precisión, previa consulta de los mapas oficiales, el tipo de actividad existente en el sitio, lo cual hubiese beneficiado a la Asada, en virtud de que, para ese momento, la zona estaba cubierta de grandes parches de bosque y de reforestaciones. Al autorizarse esos cambios de uso del suelo y las respectivas viabilidades ambientales a las piñeras, el Ministerio de Agricultura es co- responsable de la contaminación. De otra parte, afirma que las empresas piñeras de la zona obtienen los permisos de cambio de uso del suelo, de funcionamiento y las viabilidades ambientales con gran facilidad por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, a tal punto que los pozos y las nacientes que dejó la ASADA de Veracruz, que se ubican muy cerca uno de otro, son totalmente vulnerables a la contaminación con agroquímicos infiltradas en el suelo debido a la forma como se aplican. Los drenajes recogen los residuos de agroquímicos y sedimentos que pasan por los alrededores de los pozos y nacientes de Pital y luego se descargan, sin que las autoridades responsables intervengan. Asegura que, en el 2013, la ASADA previendo mejorar los sistemas de captación y conducción de aguas destinadas al consumo humano, solicitó un criterio técnico al Sistema Nacional de Áreas de Conservación respecto de la ubicación de la naciente Manatí. Por oficio SINAC-ACAFIN-PNAJCB-EQ-033 de 13 de marzo de 2013, se certificó que el inmueble donde se ubica esa naciente no afecta el Patrimonio Natural del Estado y que se encuentra fuera de la propiedad conocida como la 7700. Asegura que luego de que se dispuso inscribir las nacientes denominadas Manatí 14, 15, 16, 17 y18, en el Registro Nacional de Concesiones a nombre de la ASADA de Pital, la Dirección de Aguas ordenó su des inscripción, obviando que había sido el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el que había emitido dicha certificación. El actuar de los recurridos, vulnera sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias que implique.

2.- Por resolución de las 14:51 horas del 12 de junio del 2019 se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el ministro de Agricultura y Ganadería, al ministro de Salud, al ministro de Ambiente y Energía, al director del Servicio Fitosanitario del Estado y al director del Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento Alejandra Acuña Navarro en su calidad de ministra a.i. de Salud (ver registro electrónico) que se adhiere a lo que informe la Dra. Claudia Rosales Galeano, directora a.i. de la Dirección de la Rectoría de Salud Huetar Norte, el Dr. Dionisio Sibaja Anchía, director del Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas y el Ing. Eugenio Androvetto, director de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, autoridades a las cuales les solicitó el respectivo informe. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Fernando Araya Alpízar en su calidad de Director del Servicio Fitosanitario del Estado (ver registro electrónico) que el 26 de febrero del 2013, se suscribió un contrato con la Universidad de Costa Rica, N° 035-2012, denominado "Contrato entre el Servicio Fitosanitaria del Estado y la Universidad de Costa Rica, Contratación Directa 2012 CD-00287-10803 "Servicio de Análisis Químico", con el fin de realizar un estudio para de residuos de plaguicidas en  muestras vegetales, agua y suelo. El 23 de agosto del 2017, de le notificó al Director del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de una serie de acciones que se tomaron en relación con los resultados del proyecto "Caracterización de lasprácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y que se les autorizaba  a realizar las comunicaciones correspondientes y dar las alertas del caso a las instancias que ellos consideren necesarias para proteger la salud y el ambiente. El 19 de junio de 2018, se le envió al AYA, los análisis físicos-químicos de la calidad de agua producto de los resultados preliminares del estudio citado. El 24 de setiembre del 2018, la Fiscala Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario dictó el acto de secuestro del expediente administrativo tramitado en el Servicio Fitosanitaria del Estado, así como toda la documentación relacionada de alguna manera con el proyecto de "Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA) " desarrollado en el SFE y la Universidad de Costa Rica. Aclara, que se gestionó ante las autoridades competentes dar a conocer los resultados de los análisis con la finalidad que se tomarán las acciones correspondientes en pro de la salud y el medio ambiente. Nótese, que desde el año 2017, se tomaron las acciones pertinentes y la competencia del SFE es determinar que los agroquímicos que se estén utilizando tenga un uso autorizado en ese cultivo, y que las dosis de aplicación correspondan con las cuales se autorizó el uso del producto, por lo que no es competente para controlar la aplicación de plaguicidas. De manera, que su labor está enfocada en efectuar análisis de residuos de plaguicidas, lo que significa determinar si los usuarios están aplicando productos autorizados y en la dosis que corresponden, por lo que no otorga permisos a las empresas para la aplicación de plaguicidas en sus fincas. En el caso específico de Veracruz de Pital de San Calos, se cumplió con su deber de fiscalización de conformidad con sus competencias, pues mediante Oficio DSFE. 50l -2016, de 27 de junio de 2016, consta que se realizó una inspección a la finca Agrícola La Lydia Industrial ubicada en Veracruz, a petición del Tribunal Ambiental Administrativo,  y se verificó que: "(…)También se hizo una inspección en la bodega de almacenamiento de agroquímicos, donde se pudo determinar que los productos indicados en el registro de inventario de la bodega de agroquímicos que contienen bromacil: Husar 80 WP y  80 WP se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Plaguicidas del SFE mediante los números 8702163 y 3137, respectivamente. Los productos inspeccionados cumplen con las regulaciones de almacenamiento, etiquetado y panfleto. Se adjuntan copias de las cédulas de aplicación donde se incluye el uso de bromacil (….)”   En consecuencia, su representada ha cumplido con los deberes que la ley le impone. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo juramento Luis Renato Alvarado Rivera en calidad de Ministro de Agricultura y Ganadería (ver registro electrónico)que el Servicio Fitosanitario del Estado es un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Servicio Fitosanitario del Estado, es quien fiscaliza y controla lo concerniente a la utilización de agroquímicos, el cual ya rindió el informe solicitado. En el año 2017, se promulgó el Decreto Ejecutivo N° 40423-MAGMINAE-S  “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicida sintético” y se dispuso que partir de la fecha de publicación de dicho decreto se prohíbe la importación de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3-sec-butyl-6methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio. Solicita se declare sin lugar el recurso.

6.- Informa bajo juramento Dionisio Sibaja Anchía en su calidad de director del Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas (ver registro electrónico) que las nacientes del acueducto rural de Veracruz cuentan con una radio de protección de doscientos metros, pero están rodeados de cultivo de piña. El 24 de febrero de 2016, se presentaron los resultados de los análisis específicos de residuos de plaguicidas realizados por la Universidad de Costa Rica, muestreados en el año 2015 de la fuente F1, siendo que se ordenó mantener la suspensión del servicio de abastecimiento de agua de dicha naciente y realizar muestreos, por lo que se giró la orden sanitaria OS-035-2016. El 3 de marzo de 2016, en atención a dicha orden sanitaria, la ASADA realizó el muestreo de plaguicidas, específicamente bromacil, en todas las nacientes y el 5 de abril, se envió el resultado, siendo que los resultados arrojaron que no cumplen con el límite valor máximo admisible, por lo que se tomó la decisión de suspender el servicio de abastecimiento de las nacientes F1, F2, F4, F5, F6, y F7, hasta que no se realicen las acciones correctivas. Mediante orden sanitaria OS-063, notificada el 7 de abril de 2016, se ordenó de acatamiento obligatorio mantener la suspensión del servicio de abastecimiento de agua de las nacientes citadas, asegurar el suministro de agua a la comunidad de Veracruz, realizar muestreo, aplicar acciones correctivas y entrar a operar el sistema una vez asegurada la calidad de agua. El 13 de abril de 2016, se acordó realizar una Comisión Interinstitucional para la intervención del problema. Mediante orden sanitaria OS-072-2016, se ordenó mantener la suspensión del servicio de abastecimiento de agua, de todas nacientes, incluida la F3. El 17 de mayo de 2016, se recibió informe técnico sobre las acciones de emergencia realizadas por el AYA, donde se evidencian los trabajos realizados en la conexión de las tuberías del acueducto Pital con la del de Veracruz, para abastecer de agua. El 4, 5, 7, 11 de julio de 2016, se hicieron reuniones con las demás ASADAS, y asociados. El 14 de julio de 2016, se notificó la orden sanitaria N° OS-102-2016, de acatamiento inmediato al AYA, en la que se ordenó la intervención inmediata para garantizar el suministro de agua a los poblados de Veracruz de Pital. En los meses de agosto y setiembre de 2016, se emitieron los informes técnicos correspondientes. El 21 de setiembre de 2017, se realizó muestreo y el 3 de noviembre de ese año, emitió el informe, en el que se indicó que el problema de contaminación subsiste. El 6 de noviembre de 2017 y el 30 de enero de 2018, se emitieron informes sobre la visita realizada a las comunidades de Veracruz, La Chincheral, Quebrada Grande y San Marcos y se verificó, que cuentan con servicio de agua potable. En relación con lo actuado, con el fin de determinar las causas de la contaminación y ubicación de acuífero, vulnerabilidad, zonas de recargas y se conformó el equipo interinstitucional, por lo que el 10 de mayo de 2017, se realizó la primera reunión y se conformó la Comisión Interinstitucional, el 30 de mayo de 2017, se iniciaron las reuniones y el 31 de mayo y 1 de junio de 2017, se realizaron inspecciones en la zona y se detectaron las empresas allí ubicadas.  La empresa Agrícola Industrial La Lydia no permitió el ingreso a sus fincas. Del 21 al 26 de junio de 2017, se realizaron diversas sesiones de trabajo. En noviembre de 2017, se recibieron inquietudes de las empresas involucradas y mediante oficio del 16 de enero de 2018, tanto el AYA y el Ministerio remitieron la respuesta a las inquietudes planteadas por las empresas.  Sin embargo, debido a que las empresas no aportaron la información requerida para completar los términos de referencia para la contratación del estudio hidrogeológico, no fue posible continuar con el mismo. De manera, que actualmente la información recolectada se encuentra a cargo del Departamento UEN Gestión ambiental del AYA. Aclara, que, con la problemática de la contaminación de las nacientes de las ASADAS de Santa Rita, Santa Isabel y la Tabla de Río Cuarto, se conformó desde el mes de julio de 2018, un equipo de trabajo liderado por el Ministro de Salud y con la participación de los ministros del MINAE, MAG y la Presidencia del AYA. De manera, que se han realizado las coordinaciones interinstitucionales y comunales liderados por el personal del área Rectora de Salud de Aguas Zarcas, siendo que, a la fecha, dichas comunidades cuentan con servicio de agua. A su vez, se conformó desde mayo de 2017, el Equipo Interinstitucional de trabajo para la realización de un estudio hidrogeológico con el fin de elaborar un mapa hidrogeológico de la zona de estudio, recarga, vulnerabilidad y definir los procesos de contaminación por sustancias químicas de uso agrícola, derivados de los usos de suelo en la zona. Así las cosas, continuarán realizando el seguimiento para la comprobación del cumplimiento de las acciones realizadas por el Ministerio. Solicita se declare sin lugar el recurso.

7.- Informa bajo juramento Manuel Antonio Salas Pereira en su calidad de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ver registro electrónico) que ha existido una preocupación constante de la Institución, respecto de la situación de presencia de Bromacil en dos de los pozos que son fuente de agua potable para la Asada de Pital. La Asada Pital cuenta con 11 nacientes con causal asignado para el abastecimiento de la población de la comunidad con el mismo nombre. El AYA a través de la Oficina Regional de Atención de Asadas Huetar Norte ha brindado el apoyo técnico requerido con la finalidad de que cuenten los insumos que le permitan tomar decisiones sobre la administración, operación, mantenimiento y desarrollo del sistema que les ha sido otorgado en delegación. No consta en el expediente administrativo de la Asada de Pital, solicitud formal de la colaboración de AYA para ser incorporadas en el Programa de Comunidades en Riesgo Sanitario. La Asada de Pital es un operador legal del sistema de agua potable que abastece a la comunidad de Pital. Cuenta con un convenio de delegación suscrito con el AYA desde el 20 de enero del 2005. Existe una diferencia entre el caso de la Asada de Pital y los casos de las Asadas de Veracruz, Santa Rita y La Tabla, diferencia que radica en el hecho de que la presencia de Bromacil en esas comunidades, se dio en nacientes y no en pozos, como en el caso de Pital. Nótese que la orden de la Sala Constitucional respecto del proceso de saneamiento y eliminación de residuos de Bromacil, se fundamenta en la protección de las fuentes de agua naturales como lo son las nacientes como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Una naciente es un afloramiento natural del agua mientras que un pozo es una perforación realizadas por el ser humano en un terreno determinado, por lo que cual no puede pretenderse generar una protección igual a ambas fuentes de abastecimiento. Al ser nacientes afloramientos naturales superficiales de agua, cualquier tipo de contaminación en ella va a ser potencialmente más peligroso para la población, puesto que las sustancias contenidas en el agua corren y pueden a su vez traer contaminación a ríos, quebradas, cultivos, entre otros. Por su parte, la dinámica de los pozos es distinta, pues el agua se extrae de los mantos subterráneos y si se encuentra presencia de contaminantes, los efectos de los mismos pueden ser controlados con sacar de operación el pozo (tal y como se instruyó a la Asada de Pital que lo hiciera en el año 2016 y 2017). A la fecha las nacientes que abastecen la Asada de Pital no presentan muestras de Bromacil, lo anterior tal y como consta en los resultados de los estudios de laboratorio. En el caso de Pital, al ser pozos las fuentes afectas con presencia de Bromacil, es más rentable sacarlos de operación y buscar nuevas fuentes de abastecimiento, tal y como se le ha indicado de manera reiterada a la Asada de Pital desde la ORAC Huetar Norte. Esas nuevas fuentes pueden buscarse ya sea perforando un nuevo pozo o bien, captando una nueva naciente que se encuentre en un inmueble susceptible de adquisición por parte de la Asociación recurrente. Ahora bien, referente a la pretensión de indemnización por parte del AYA respecto de los costos incurridos por parte de la Asada de Pital, por la adquisición de inmuebles supuestamente ubicados dentro del área de Patrimonio Natural del Estado, considerado que la Asada recurrente, bajo los alegatos de supuestas violaciones a los derechos constitucionales, busca inducir a error. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

8.- Informa bajo juramento Carlos Manuel Rodríguez Echandi en su calidad de Ministro de Ambiente y Energía (ver registro electrónico) que, en el año 2011, se recibió la solicitud por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la inscripción de siete fuentes a nombre de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunal Veracruz. Dicha inscripción se realizó mediante resolución DA-5276-2011-AGUAS-MINAET del 17 de noviembre del 2011, posterior a ello, no consta ningún movimiento dentro del expediente desde esa fecha. En el año 2017, se conformó una Comisión Interinstitucional, en la que participó el MINAE, Ministerio de Salud, SENARA, AYA, entre otros, para analizar el problema encontrado con los análisis y posibles acciones a seguir. Los miembros de la Comisión Interinstitucional acordaron realizar un estudio hidrogeológico. El 30 de mayo del 2017, se reunió la Comisión para definir términos de referencia para la realización del estudio hidrogeológico que permita abordar la problemática de la contaminación por agroquímicos en las nacientes de la ASADA de Veracruz de Pital. El 31 de mayo y 1 de junio, ambos de 2017, se llevó a cabo un levantamiento de información para la realización del estudio hidrogeológico, y se le informó las ASADAS, empresas relacionadas y particulares sobre las acciones a realizar, en atención a la problemática de contaminación por agroquímicos, así como solicitar autorización a ASADAS y a particulares para el ingreso a propiedades para la ejecución del estudio hidrogeológico. Se realizaron varias reuniones y el 30 de julio del 2018, se presentó una propuesta del Plan de Trabajo como Plan Único de Atención por Contaminación por Agroquímicas a los jerarcas planteándose seis líneas de acción: Atención Inmediata, Diagnóstico/ Información Base Control y Seguimiento, Monitoreo, Manejo de la Información e Investigación. Además, se presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, tramitada en el expediente 59-16-02-TAA contra la propietaria del inmueble donde se localizan las fuentes contaminadas. Los días 24, 25, y 26 de setiembre del 2018, se realizó muestreo y análisis de calidad de agua de once cuerpos de agua superficiales, donde la Dirección de agua aportó los fondos para que el Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA muestreara parámetros básicos, (nitrógeno amoniacal, DBO, % saturación de oxígeno, temperatura ph y sólidos suspendidos totales). En la reunión de la Comisión del 11 de febrero del 2019,  debido a que también se evidenció la afectación de las fuentes de las ASADAS de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel se consideró necesario la ampliación del área de estudio a realizar en la zona de Veracruz, donde el nuevo sitio en estudio incluya el área de las ASADAS mencionadas con anterioridad, por lo que se realizó "Reunión de estudios en zona norte relacionados a Plan Único en atención por Contaminación por Agroquímicos". Actualmente, la Asada de Veracruz no tiene fuentes habilitadas pero los usuarios a los que estaba abasteciendo están siendo atendidos por la Asada de Pital y de Venecia. Solicita se declare sin lugar el recurso.

9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

              Redacta la Magistrada Salas Torres; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO:El recurrente alega que, pese a que el Servicio Fitosanitaria del Estado conocía que el "Proyecto de Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)", arrojaba que existía riesgo para las personas y el ambiente, esa dependencia se limitó a trasladar los resultados al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud, sin tomar acción alguna contundente al respecto.Afirma que en vista de que el 22 de setiembre de 2016 se expusieron los resultados de dichos estudios a los grandes productores de piña de la zona, a las comunidades de Pital, Veracruz y Río Cuarto, no se les informó nada sobre el particular, colocándolos en total estado de indefensión, pues  una vez concluida la investigación preliminar realizada por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, existía mérito para iniciar un procedimiento administrativo y dictar medidas cautelares; sin embargo, no fue sino hasta mediados de 2017, cuando se trasladó la información a otras dependencias que tienen injerencia en el tema e iniciaron la respectiva coordinación interinstitucional para abortar el asunto. Señala que existe responsabilidad compartida de todas las instituciones que regulan la protección del recurso hídrico, omisión que vulnera el derecho a un ambiente y ecológicamente equilibrado, así como el derecho al agua y a la vida. A la fecha la problemática continúa, peor aún, no se han tomado medidas en concretas para solventar la problemática en la comunidad de Pital.

II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)     Que la Asada Pital cuenta con 11 nacientes con causal asignado para el abastecimiento de la población de la comunidad con el mismo nombre (ver registro electrónico).

b)    Que en fecha 26 de febrero del 2013, se suscribió un contrato con la Universidad de Costa Rica, N° 035-2012, denominado "Contrato entre el Servicio Fitosanitaria del Estado y la Universidad de Costa Rica, Contratación Directa 2012 CD-00287-10803 "Servicio de Análisis Químico", con el fin de realizar un estudio para de residuos de plaguicidas en muestras vegetales, agua y suelo(ver registro electrónico).

c)     Que las nacientes del acueducto rural de Veracruz cuentan con una radio de protección de doscientos metros, pero están rodeados de cultivo de piña(ver registro electrónico).

d)    Que el 24 de febrero de 2016, se presentaron los resultados de los análisis específicos de residuos de plaguicidas realizados por la Universidad de Costa Rica, muestreados en el año 2015 de la fuente F1, siendo que se ordenó mantener la suspensión del servicio de abastecimiento de agua de dicha naciente y realizar muestreos, por lo que se giró la orden sanitaria OS-035-2016(ver registro electrónico).

e)     Que el 03 de marzo de 2016, en atención a dicha orden sanitaria, la ASADA realizó el muestreo de plaguicidas, específicamente bromacil, en todas las nacientes y el 5 de abril, se envió el resultado, siendo que los resultados arrojaron que no cumplen con el límite valor máximo admisible, por lo se tomó la decisión de suspender el servicio de abastecimiento de las nacientes F1, F2, F4, F5, F6, y F7, hasta que no se realicen las acciones correctivas(ver registro electrónico).

f)      Que mediante orden sanitaria OS-063, notificada el 7 de abril de 2016, se ordenó de acatamiento obligatorio mantener la suspensión del servicio de abastecimiento de agua de las nacientes citadas, asegurar el suministro de agua a la comunidad de Veracruz, realizar muestreo, aplicar acciones correctivas y entrar a operar el sistema una vez asegurada la calidad de agua(ver registro electrónico).

g)    Que en fecha 13 de abril de 2016, se acordó realizar una Comisión Interinstitucional para la intervención del problema. Mediante orden sanitaria OS-072-2016, se ordenó mantener la suspensión del servicio de abastecimiento de agua, de todas nacientes, incluida la F3(ver registro electrónico).

h)    Que en fecha 17 de mayo de 2016, se recibió informe técnico sobre las acciones de emergencia realizadas por el AYA, donde se evidencian los trabajos realizados en la conexión de las tuberías del acueducto Pital con la del de Veracruz, para abastecer de agua(ver registro electrónico).

i)      Que según consta en Oficio DSFE. 50l -2016, de 27 de junio de 2016, se realizó una inspección a la finca Agrícola La Lydia Industrial ubicada en Veracruz, a petición del Tribunal Ambiental Administrativo,  y se verificó que: "(…) También se hizo una inspección en la bodega de almacenamiento de agroquímicos, donde se pudo determinar que los productos indicados en el registro de inventario de la bodega de agroquímicos que contienen bromacil: Husar 80 WP y  80 WP se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Plaguicidas del SFE mediante los números 8702163 y 3137, respectivamente. Los productos inspeccionados cumplen con las regulaciones de almacenamiento, etiquetado y panfleto. Se adjuntan copias de las cédulas de aplicación donde se incluye el uso de bromacil (….)”(ver registro electrónico).

j)      Que los días 4, 5, 7, 11 de julio de 2016, se hicieron reuniones con las demás ASADAS, y asociados(ver registro electrónico).

k)    Que en fecha 14 de julio de 2016, se notificó la orden sanitaria N° OS-102-2016, de acatamiento inmediato al AYA, en la que se ordenó la intervención inmediata para garantizar el suministro de agua a los poblados de Veracruz de Pital(ver registro electrónico).

l)      Que en el año 2017, se promulgó el Decreto Ejecutivo N° 40423-MAGMINAE-S  “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicida sintético” y se dispuso que partir de la fecha de publicación de dicho decreto se prohíbe la importación de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3-sec-butyl-6methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio(ver registro electrónico).

m)  Que en el mes de mayo de 2017 se conformó el Equipo Interinstitucional de trabajo para la realización de un estudio hidrogeológico con el fin de elaborar un mapa hidrogeológico de la zona de estudio, recarga, vulnerabilidad y definir los procesos de contaminación por sustancias químicas de uso agrícola, derivados de los usos de suelo en la zona(ver registro electrónico).

n)    Que en fecha 23 de agosto del 2017, se le notificó al Director del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de una serie de acciones que se tomaron en relación con los resultados del proyecto "Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y que se les autorizaba  a realizar las comunicaciones correspondientes y dar las alertas del caso a las instancias que ellos consideren necesarias para proteger la salud y el ambiente(ver registro electrónico).

o)    Que en fecha 21 de setiembre de 2017, se realizó muestreo y el 3 de noviembre de ese año, emitió el informe, en el que se indicó que el problema de contaminación subsiste(ver registro electrónico).

p)    Que en fechas 06 de noviembre de 2017 y el 30 de enero de 2018, se emitieron informes sobre la visita realizada a las comunidades de Veracruz, La Chincheral, Quebrada Grande y San Marcos y se verificó, que cuentan con servicio de agua potable(ver registro electrónico).

q)    Que las empresas involucradas no aportaron la información requerida para completar los términos de referencia para la contratación del estudio hidrogeológico (ver registro electrónico).

r)      Que actualmente la información recolectada se encuentra a cargo del Departamento UEN Gestión ambiental del AYA(ver registro electrónico).

s)     Que las comunidades de Santa Rita, Santa Isabel y la Tabla de Río Cuarto cuentan con servicio de agua (ver registro electrónico).

t)      Que en fecha 19 de junio de 2018, se le envió al AYA, los análisis físicos-químicos de la calidad de agua producto de los resultados preliminares del estudio citado(ver registro electrónico).

u)    Que en fecha 24 de setiembre del 2018, la Fiscala Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario dictó el acto de secuestro del expediente administrativo tramitado en el Servicio Fitosanitaria del Estado, así como toda la documentación relacionada de alguna manera con el proyecto de "Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA) " desarrollado en el SFE y la Universidad de Costa Rica(ver registro electrónico).

v)    Que los días 24, 25, y 26 de setiembre del 2018, se realizó muestreo y análisis de calidad de agua de once cuerpos de agua superficiales, donde la Dirección de agua aportó los fondos para que el Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA muestreara parámetros básicos, (nitrógeno amoniacal, DBO, % saturación de oxígeno, temperatura ph y sólidos suspendidos totales)(ver registro electrónico).

w)  Que a la fecha las nacientes que abastecen la Asada de Pital no presentan muestras de Bromacil(ver registro electrónico).

x)    Que ante el Tribunal Ambiental Administrativo se tramita el expediente 59-16-02-TAA contra la propietaria del inmueble donde se localizan las fuentes contaminadas(ver registro electrónico).

y)    Que en la reunión celebrada el 11 de febrero del 2019, debido a que también se evidenció la afectación de las fuentes de las ASADAS de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel se consideró necesario la ampliación del área de estudio a realizar en la zona de Veracruz(ver registro electrónico).

z)     Que actualmente, la Asada de Veracruz no tiene fuentes habilitadas pero los usuarios a los que estaba abasteciendo están siendo atendidos por la Asada de Pital y de Venecia(ver registro electrónico).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Esta Sala mediante sentencia número 2019-007690 de las 09:15 horas del 03 de mayo del 2019 estableció lo siguiente:

III.- Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que desde el mes de abril de 2016, las fuentes de abastecimiento de agua potable fueron clausuradas debido a la presencia del plaguicida bromacil, en niveles superiores a lo establecido en el Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano. No obstante lo anterior, actualmente la comunidad de Veracruz se mantiene abastecida del servicio de agua potable, en razón del aporte de las ASADAS de Pital y Venecia, siendo que en la prueba aportada a este expediente, no se verifica que exista un riesgo para la salud, en ese sentido para los habitantes. Ahora bien, el problema alegado en el presente recurso radica, que luego de tres años aproximadamente, las autoridades recurridas no han dictados los actos administrativos correspondientes para dar una solución, de manera definitiva, al problema de contaminación de las aguas de la zona producido por el plaguicida bromacil. Efectivamente, todos los habitantes tienen el derecho fundamental de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como un deber ineludible del Estado procurarlo. En virtud de ello, y para el caso concreto, el Estado debe regular las sustancias químicas o afines para uso agrícola de forma que sean manejadas de forma correcta, razonablemente y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente, aun cuando se utilice conforme a las recomendaciones de uso. En ese contexto, las autoridades recurridas al constatar que el bromacil, era un producto sumamente contaminante que afecta las aguas subterráneas y superficiales, procedieron a clausurar los pozos de abastecimiento de agua que utilizaba la ASADA de Veracruz y prohibió a partir del mes de abril de 2017, la importación y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenían el ingrediente activo 5-bromo-3-sec-butyl6methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio.  En vista de la presencia del plaguicida bromacil en altas proporciones en aguas subterráneas y aguas superficiales cercanas a plantaciones de piña en diversas zonas, las autoridades recurridas integraron desde el mes de mayo de 2017, una Comisión Interinstitucional, que involucra a representantes de las autoridades recurridas y que es liderada por el Ministerio de Salud, para brindar una solución y para ello, se constató que durante el año 2017 y 2018, se reunieron en varias ocasiones y acordaron, entre otros, la realización de un estudio hidrogeológico en la zona para evaluar la afectación de la actividad agrícola sobre los mantos acuíferos; además, efectuaron inspecciones, muestreos, solicitaron permiso a los propietarios para ingresar a las fincas para la instalación de piezómetros necesarios para los estudios respectivos; también coordinaron la interconexión del acueducto a otras fuentes no contaminadas, y se establecieron planes para verificar las buenas prácticas agrícolas, de muestreo de agroquímicos en agua. A su vez, se dispuso la que se deben generar mapas de vulnerabilidad; se suscribió un contrato con el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, para el análisis sobre las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas, así como también un análisis químico para de residuos de plaguicidas en muestras vegetales, agua y suelo. Sin embargo, pese a los acuerdos tomados entre los órganos competentes que integran dicha Comisión, a la fecha la Sala no vislumbra una solución para sanear o recuperar las nacientes contaminadas, o bien, evitar que el plaguicida aun presente en las superficies, continué afectando mantos acuíferos y nacientes de la zona, incluidas las de la Asada Veracruz de Pital, así como tampoco se constata, que se hayan ejecutados las acciones concretas como consecuencia de las alertas obtenidas de los análisis efectuados, que continúan evidenciado la contaminación.

IV.- Para esos efectos, se verificó una evidente omisión del Ministerio de Salud de dictar las órdenes necesarias para atender la situación de riesgo denunciada desde hace años, pues no se verifica que, una vez constatado el problema de contaminación de aguas que afecta la zona, haya dictado los actos administrativos correspondientes a su competencia para prevenir o eliminar que se siga contaminando y no se justifica que su actuación se limite a liderar la Comisión Interinstitucional que analiza la situación, misma que tampoco ha ejecutado actos concretos para solucionar el problema que alega el recurrente. En cuanto al Servicio Fitosanitario del Estado, consta que desde febrero de 2013,  firmó un contrato con la Universidad de Costa Rica para el análisis de residuos de plaguicidas en muestras vegetales, agua y suelo y, consta que desde mediados del 2017, conocían los resultados de los análisis detectados, sin que hayan cumplido con su obligación de control en materia de sustancias químicas para uso agrícola – según la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664 del 8 de abril de 1997-, ya que simplemente se limitó a trasladar los resultados al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud, y a realizar una inspección con ocasión del expediente que se tramita en el Tribunal Ambiental, sin que tomara ninguna acción contundente al respecto. En cuanto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el informe rendido bajo juramento se justificó, en el sentido que elaboró y publicó el Decreto Ejecutivo N° 40423-MAG-MINAE-S, que prohibió la importación y uso del bromacil. En relación con el Instituto Costarricense de Acueductos, aparte del apoyo para lograr que la comunidad se encuentra abastecida de agua potable por otros medios, así como los muestreos de agua potable, no se desprende que haya realizado algún acto para sanear o recuperar las nacientes contaminadas. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, además de su participación en la Comisión Interinstitucional mediante aporte de criterios técnicos, visitas de campo y la suscripción de un acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en el año 2016, para realizar la exploración y evaluación de las aguas subterráneas en todo el territorio, tampoco se comprueba ninguna actuación en concreto. Finalmente, en relación con el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, se trata de una unidad de investigación científica de carácter multidisciplinario, que presta servicios remunerados y que en año 2014, fue contratado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar un proyecto de investigación denominado “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas", cuyo resultado fue entregado al contratante y el 19 de junio de 2018, le envió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado los análisis físicos químicos de la calidad de agua producto de los resultados preliminares del estudio citado, de manera que para efectos del presente recurso de amparo, dicha autoridad no han lesionado derecho fundamental alguno al recurrente o a su representada. Ante dicha situación, si bien es cierto, la parte recurrida informó que se ha eliminado el uso del plaguicida Bromacil, así como también se conformó una comisión interinstitucional, con el fin de direccionar y coordinar las acciones técnicas pertinentes, estableciendo un cronograma de reuniones y propuestas que algunas se han venido desarrollando con el fin de solventar y direccionar la situación, lo cierto es que no se ha ni siquiera realizado el estudio hidrogeológico para determinar la afectación en las áreas de recarga de las nacientes y mucho menos brindado una solución definitiva y efectiva.  V.- Ante el escenario descrito, resulta clara la acusada violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan las comunidades afectadas. Ahora bien, no puede este Tribunal establecer  las distancias que deben de mediar entre las nacientes de agua, quebradas y riachuelos y el área para las plantaciones agrícolas, o el incumplimiento de las empresas agrícolas de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, particularmente, en lo que respecta al uso de plaguicidas, o bien, las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la siembra de productos agrícolas, pues correspondes a situaciones fácticas ajenas al análisis, estrictamente, jurídico que se efectúa mediante un recurso de amparo. Tampoco puede la Sala señalar los responsables de la contaminación de las nacientes de Veracruz y que motivó su salida de operación, por ser también ajeno al ámbito de su competencia. Nótese, que actualmente se tramita en el Tribunal Ambiental Administrativo, bajo el expediente N° 59-16-02TAA, una denuncia contra la propietaria del inmueble donde se localizan las fuentes contaminadas. Así las cosas, sí resulta claro que todas las autoridades recurridas conocían la situación desde hace años e incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas. No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas tampoco han coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento, tales como un levantamiento topográfico de las nacientes y delimitación de zonas de captura, mapeo de cargas contaminantes que pueden comprometer la calidad del recurso y ser un peligro para la salud de la población, entre otras. Precisamente, la prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente. En la sentencia número 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, la Sala dispuso que “(...) Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente (...)”. En un asunto similar, la Sala en la Sentencia N° 2019-000695, de las 9:15 horas del 18 de enero de 2019, analizó precisamente, la contaminación a mantos acuíferos y tala de árboles por parte de una empresa piñera, ubicada en Río Cuarto; por lo que se sacaron también de operación las fuentes de abastecimiento de agua de las comunidades y que pese a ello, aun las autoridades no habían tomado las acciones para eliminar el foco de contaminación ni cambiado el uso de suelo de las zonas de alta vulnerabilidad hídrica; se dispuso, lo siguiente: "(...) Resulta claro, que no fue sino hasta mediados del 2018, que al tener que sacar de operación múltiples nacientes de las comunidades afectadas, que el Ministerio de Salud –por medio de una Comisión creada al efecto-, en conjunto con los demás actores involucrados, están investigando las posibles causas del desastre ambiental detectado –con excepción del Tribunal Ambiental Administrativo, que no consta haya tenido ninguna participación en esa gestiones-. Además, las medidas tomadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados son meramente paliativas, ya que a estas alturas lo que ha dictado son órdenes para continuar brindando el servicio de agua potable, por medio de apoyo entre ASADAS y camiones cisterna, sin que consten recomendaciones técnicas para abastecer a las comunidades afectadas finalmente de la cantidad del líquido vital necesario para el desarrollo de las comunidades en cuestión y, además, sin que se hayan indicado a esta Sala, en concreto, cuáles podrían ser las otros proyectos que pueden mejorar la continuidad del servicio, en atención a las limitaciones que debieron dictarse para nuevos servicios en las comunidades afectadas, por ejemplo. A la luz de lo expuesto, este amparo es procedente como medio para proteger a las comunidades afectadas en sus derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (en similar sentido, véase la Sentencia N° 2009-9040 de las 10:29 horas de 29 de mayo de 2009).  En consecuencia, corresponde ordenar a los recurridos que tomen las acciones que correspondan con el objetivo de eliminar la causa de la contaminación y sanear las referidas fuentes de agua (....)". Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sublite la Sala concluye, que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste y lesiona o amenaza lesionar, pues tampoco han tomado medidas precautorias, la salud de las personas y el ambiente. La Constitución Política recoge, tácitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente, máxime si se trata de un servicio público esencial como el abastecimiento de agua potable, y la protección y saneamiento del recurso hídrico. Bajo estos supuestos, el artículo 50, de la Constitución Política reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del ambiente es una de las formas, a través de las cuales puede ser rota la integridad del entorno, con resultados, la mayoría de las veces, imperecederos y acumulativos. Así las cosas, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación.

(…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso.  Se ordena a Daniel Salas Peraza,  Eugenio Androvetto Villalobos, y Dionisio Sibaja Anchía, en su condición de Ministro, Director de Salud y Director del Área Rectora de Salud Aguas Zarcas, todos  del Ministerio de Salud; a Yamileth Astorga Espeleta en calidad de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a Carlos Manuel Rodríguez Echandi y a José Miguel Zeledón Calderón, en su  condición respectiva de Ministro y  Director de la Dirección de Aguas, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía; a Fernando Araya Alpízar, en su condición de Director del Servicio Fitosanitario del Estado y a Luis Renato Alvarado Rivera, en su condición de  Ministro de Agricultura y Ganadería, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Veracruz de San Carlos. Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta, que debe redactarse en el plazo establecido en la Sentencia N° 2019-000695, de las 9:15 horas del 18 de enero de 2019, es decir,  no mayor de seis meses, a partir de la notificación de dicha sentencia y cuyos avances deberán ser informados a este Tribunal cada seis meses. Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud, lo que significa que la Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado. Se advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, deberán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a quienes resulten responsables, los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones y hasta ordenar el cierre inmediato de las empresas o la prohibición de las actividades productivas, si se incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren. Además, mientras el proceso de saneamiento concluye, deberán dictar las órdenes necesarias, dentro del marco de sus competencias, para mantener la continuidad del servicio de agua potable a las poblaciones afectadas. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En cuanto al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese esta sentencia en forma personal a los funcionarios antes indicados, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos”.

 

Tomando en cuenta que el recurrente acude en amparo por la falta de acción de las autoridades recurridas en aras de proteger el recurso hídrico de la comunidad de Veracruz de Pital, pese a que existen estudios que demuestran que las nacientes se encuentran contaminadas con agroquímicos conocidos como Bromacil y Oxamil, que son los  que  utilizan  las  empresas  agrícolas  productoras  de  piña  de  la  zona  para controlar las plagas, y siendo que dicho planteamiento en este amparo ya fue resuelto en la sentencia transcrita y al no existir razones para cambiar de criterio y al no estar vencido el plazo otorgado en dicha sentencia, el recurrente deberá estarse a lo resuelto en la sentencia número 2019-007690 de las 09:15 horas del 03 de mayo del 2019.

IV.- Nota del Magistrado Hernández Gutiérrez. Advierto que en el sub examine concuerdo con la mayoría en ordenar a la parte recurrente estarse a lo resuelto en la sentencia No. 2019-7690, toda vez que procesalmente es lo correspondiente al tratarse de los mismos hechos, aun cuando no suscribí dicha sentencia.

V.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Estese al accionante a lo resuelto en la sentencia número 2019-007690 de las 09:15 horas del 03 de mayo del 2019. El Magistrado Hernández Gutiérrez consigna nota.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Jose Paulino Hernández G.

	

 

	

Marta Eugenia Esquivel R.




Alicia Salas T.

	

 

	

Mauricio Chacón J.

 

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:14:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande\nNormal\nPequeña\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 12312 - 2019\n\nDate of Resolution: July 5, 2019 at 09:30\n\nCase File: 19-009963-0007-CO\n\nDrafted by: Alicia Maria Salas Torres\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\n\n\nText of the resolution\n\n*190099630007CO*\n\nCase File: 19-009963-0007-CO\n\nRes. No. 2019012312\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on July fifth, two thousand nineteen.\n\n \n\nAmparo action filed by ORLANDO ROJAS ROJAS, identity card number 0203650140, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK, the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), the MINISTRY OF HEALTH, the STATE PHYTOSANITARY SERVICE, and the HEALTH DIRECTORATE AREA OF AGUAS ZARCAS.\n\nWhereas:\n\n1.- By a writing filed in the Secretariat of this Chamber at 13:38 on June 10, 2019, the petitioner files an amparo action against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK, the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), the MINISTRY OF HEALTH, the STATE PHYTOSANITARY SERVICE, and the HEALTH DIRECTORATE AREA OF AGUAS ZARCAS. He states that the State Phytosanitary Service paid for project 802-85-500 called "Characterization Project of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)" to the Center for Research in Environmental Contamination (Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, CICA) of the University of Costa Rica, to determine the impact on the environment and to prevent contamination of surface and groundwater, mainly from pineapple cultivation in Pital de San Carlos. That study confirmed the presence of bromacil in both surface and groundwater at sites 12, 14, 16, and 23. Given the imminent health risk and the damage caused to water resources, the Center for Research in Environmental Contamination of the University of Costa Rica prepared an analysis of results and risk maps indicating the specific locations with the highest concentrations of that and other contaminants. He notes that he does not understand why the State Phytosanitary Service and the Ministry of Health did not alert them about this, since the Asada continued to supply water, unaware that it was contaminated, putting the health of the residents of his community at serious risk. It was not until November 4, 2017, when that Ministry notified them of sanitary order No-1362017, that they became aware of this circumstance. The passivity with which the respondent authorities acted was excessive, even though water for human consumption has priority over any other use. He asserts that, although the State Phytosanitary Service knew that the "Characterization Project of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)" showed that there was a risk to people and the environment, that agency limited itself to forwarding the results to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Ministry of Health, without taking any forceful action in this regard. He asserts that, since the results of those studies were presented to the large pineapple producers in the area on September 22, 2016, the communities of Pital, Veracruz, and Río Cuarto were not informed about the matter, leaving them in a total state of defenselessness, since once the preliminary investigation carried out by the Center for Research in Environmental Contamination was completed, there were grounds to initiate an administrative proceeding and impose precautionary measures; however, it was not until mid-2017 that the information was transferred to other agencies that have involvement in the issue and the respective inter-institutional coordination began to address the matter. Furthermore, the surveillance and control regarding chemical substances for agricultural use, as established by the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria)—which also allows coordination with other ministries and state agencies to enforce the cited regulations and control chemical substances for agricultural use, such as bromacil, which is applied in areas of high water vulnerability—was breached, since it is a broad-spectrum herbicide that is absorbed by the roots of plants and not by the leaves, which facilitates not only soil contamination but also contamination of surface and groundwater, toxic to humans and aquatic organisms, with high water solubility, highly persistent, and with high mobility in soil, and that can degrade over years, as was demonstrated in the communities of Cairo, Milano, and La Francia in Siquirres. For its part, the Ministry of Agriculture and Livestock, under Law No. 7664 of April 8, 1997, from the moment the results of both surface and groundwater analyses were known, had the authority to restrict the use of bromacil and other agrochemicals found, as well as to seize the chemical substances. In addition to the above, although the use of bromacil was prohibited in 2017, there is no evidence that any work has been carried out to clean and recover the springs (nacientes) contaminated with chemical products. He adds that, although the Ministry of Health knew since April 13, 2016, that the water collected by the ASADA of Pital was contaminated with that agrochemical and other toxic substances for humans and the environment, it was not until November 4, 2017, that the suspension of the water supply from the sources called Well 1 and Well 2 was ordered, along with the corresponding corrective actions. The foregoing, without taking into account that it was not the Asada that contaminated the water. Likewise, it was ordered to suspend the operation of the system until water quality is ensured. He adds that although, by official letter of the Health Directorate Area of Aguas Zarcas No. MS-RHN-ARSAZ-ERS1284-2017 of November 1, 2017, the director of the Health Directorate Area was asked to coordinate with Aqueducts and Sewers to carry out the pertinent actions and guarantee the supply of water in quantity, quality, and continuity, and to coordinate actions with the Single Plan Commission (Comisión del Plan Único), as ordered by this Chamber in Rulings No. 2009-009040 and No. 2009-009041, so that the remediation and elimination of pesticide residues process would begin immediately, the truth is that no concrete actions were taken to provide a prompt and effective solution to the problem, which is why the water from the Asada's wells remains contaminated and the installation of the equipment that would allow the Single Plan Commission to confirm the flow of groundwater and the horizontal and vertical gradients has not even begun. They also lack hydraulic parameters that would allow water samples to be taken from the contaminated catchments at different depths, to determine if contamination levels are stable, have increased, or decreased. Meanwhile, a serious water crisis persists in the ASADA of Pital. He states that he does not understand how the Ministry of Health did not immediately apply the precautionary principle, especially since the water was used for human consumption. It should be remembered that this Ministry is responsible for guaranteeing the protection and improvement of the population's health status, through the effective exercise of institutional stewardship and leadership, with an effective approach to promotion and social participation, under the principles of transparency, equity, solidarity, and universality. On the contrary, since April 2016, that Ministry should have carried out effective inter-institutional coordination to estimate the extent and degree of contamination existing in the other springs, wells, and streams in the Pital area that were not assessed at the time, to gain a thorough understanding of the magnitude of the problem. Unfortunately, although there is an inter-institutional commission working on the issue, there is a lack of scientific information on the vulnerability mapping of existing aquifers, which constitutes a tool of the first order, along with the delineation of protection perimeters. They also lack the direction of groundwater flows to begin hydrogeological studies of the aquifer layers and implement the procedures to clean and recover the water from contaminated springs, and to capture new sources of water supply for human consumption in their community. The respondent ministry did not anticipate the damage and did not conduct a deeper epidemiological or public health investigation in the communities supplied by wells 1 and 2, to determine the risk factors to which the community's families were exposed by consuming water contaminated with bromacil, and thus generate and coordinate timely interventions with other institutions responsible for water and environmental matters to protect the population's health. For its part, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers knew that the level of bromacil contamination was 0.37 micrograms per liter and the maximum acceptable value at that time was 0.1 micrograms per liter. Furthermore, it should have coordinated with the ASADA of Pital to take immediate actions in the exercise of control and surveillance of water intended for human consumption, and coordinate with the Ministry of Health and the Ministry of Environment to act immediately and with a sense of responsibility, since public health was at stake, seeking other supply options and new water catchments. It was only through his insistence, by official letter No. UEN-GAR-2019-01656 of May 10, 2019, that the situation of the Asada was assessed, a water balance was performed, and the Regional Head of ORAC was informed that the Pital aqueduct has a water deficit that does not allow it to maintain subscriber demand and that some sectors of that community do not have water 24 hours a day. In this regard, the solution provided is to send a tanker truck to reinforce the community of Veracruz. He affirms that, although they have begged the authorities of the respondent institute to help overcome the water deficit in their communities, the water crisis persists, forcing them to ration water. Aqueducts and Sewers continues without helping them improve allocations and increase water volume and conveyance systems, despite its obligation under a current administration delegation agreement, and being required by law to support the ASADAS, promoting the sustainability of the operating entities and enabling the provision of quality and continuous services. On the contrary, they have not only been forced to invest large amounts of money in procedures and studies. He adds that the Ministry of Environment and Energy, as the governing entity in matters of water resource protection, allowed the modification of areas of high water fragility and aquifer recharge, such as forests, reforestations, and pastures, into pineapple plantations, where the use of agrochemicals is extremely aggressive for weed control, which in the vast majority of cases are applied to the ground and not to the leaves, increasing the risk of infiltration into aquifer layers and failing to protect the reserves of domain. It is not possible that these land-use changes (cambios de uso del suelo) were permitted, given that since November 11, 2011, Decree No. 36818-MINAE was published in the Official Gazette La Gaceta No. 17, making official the FONAFIFO forest cover (cobertura boscosa) maps for both 2000 and 2025, which obligated officials of that Ministry, before authorizing a land-use change, to know precisely, upon consulting the official maps, the type of activity existing at the site, which would have benefited the Asada, since at that time the area was covered by large patches of forest and reforestations. By authorizing those land-use changes and the respective environmental feasibilities to the pineapple companies, the Ministry of Agriculture is co-responsible for the contamination. On another matter, he states that the pineapple companies in the area obtain land-use change permits, operating permits, and environmental feasibilities with great ease from the Ministry of Environment and Energy, to the point that the wells and springs that the ASADA of Veracruz left, which are located very close to one another, are totally vulnerable to contamination by agrochemicals infiltrated in the soil due to the way they are applied. Drainages collect agrochemical residues and sediments that pass around the wells and springs of Pital and are then discharged, without the responsible authorities intervening. He assures that in 2013, foreseeing the need to improve the systems for capturing and conveying water intended for human consumption, the ASADA requested a technical opinion from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) regarding the location of the Manatí spring. By official letter SINAC-ACAFIN-PNAJCB-EQ-033 of March 13, 2013, it was certified that the property where that spring is located does not affect the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) and that it is outside the property known as 7700. He assures that after it was ordered to register the springs called Manatí 14, 15, 16, 17, and 18 in the National Registry of Concessions (Registro Nacional de Concesiones) in the name of the ASADA of Pital, the Water Directorate (Dirección de Aguas) ordered their deregistration, ignoring that it had been the National System of Conservation Areas that had issued that certification. The actions of the respondents violate their fundamental rights. He requests that the amparo be granted, with the consequences that this implies.\n\n2.- By a resolution at 14:51 on June 12, 2019, this amparo was processed and a report was requested from the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Minister of Agriculture and Livestock, the Minister of Health, the Minister of Environment and Energy, the Director of the State Phytosanitary Service, and the Director of the Health Directorate Area of Aguas Zarcas (see electronic record).\n\n3.- Alejandra Acuña Navarro, in her capacity as acting Minister of Health, reports under oath (see electronic record) that she adheres to the report provided by Dr. Claudia Rosales Galeano, acting Director of the Directorate of Health Stewardship of Huetar Norte, Dr. Dionisio Sibaja Anchía, Director of the Health Directorate Area of Aguas Zarcas, and Eng. Eugenio Androvetto, Director of the Directorate for the Protection of the Human Environment, authorities from whom she requested the respective report. She requests that the amparo be dismissed.\n\n4.- Fernando Araya Alpízar, in his capacity as Director of the State Phytosanitary Service, reports under oath (see electronic record) that on February 26, 2013, a contract was signed with the University of Costa Rica, No. 035-2012, called "Contract between the State Phytosanitary Service and the University of Costa Rica, Direct Contracting 2012 CD-00287-10803 'Chemical Analysis Service'", for the purpose of conducting a study for pesticide residues in plant, water, and soil samples. On August 23, 2017, the Director of the Center for Research in Environmental Contamination (CICA) was notified of a series of actions taken in relation to the results of the project "Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)", and that they were authorized to make the corresponding communications and issue the appropriate alerts to the entities they deem necessary to protect health and the environment. On June 19, 2018, the physical-chemical analyses of water quality resulting from the preliminary results of the cited study were sent to AYA. On September 24, 2018, the Assistant Prosecutor of the Deputy Agrarian Prosecutor's Office ordered the seizure of the administrative file processed in the State Phytosanitary Service, as well as all documentation related in any way to the project "Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)" developed by the SFE and the University of Costa Rica. He clarifies that efforts were made before the competent authorities to make the results of the analyses known, so that the corresponding actions would be taken for the benefit of health and the environment. Note that since 2017, the pertinent actions were taken, and the competence of the SFE is to determine that the agrochemicals being used have an authorized use in that crop, and that the application doses correspond to those with which the product's use was authorized; therefore, it is not competent to control the application of pesticides. Thus, its work is focused on conducting pesticide residue analyses, which means determining whether users are applying authorized products and in the corresponding doses, and therefore, it does not grant permits to companies for the application of pesticides on their farms. In the specific case of Veracruz de Pital de San Carlos, it fulfilled its oversight duty in accordance with its competencies, since through Official Letter DSFE.501-2016 of June 27, 2016, it is recorded that an inspection was carried out at the Agrícola La Lydia Industrial farm located in Veracruz, at the request of the Administrative Environmental Tribunal, and it was verified that: "(…) An inspection was also carried out in the agrochemical storage warehouse, where it was determined that the products indicated in the inventory record of the agrochemical warehouse that contain bromacil: Husar 80 WP and 80 WP are duly registered in the SFE Pesticide Registry under numbers 8702163 and 3137, respectively. The inspected products comply with storage, labeling, and pamphlet regulations. Copies of the application records are attached, which include the use of bromacil (….)" Consequently, the entity he represents has fulfilled the duties imposed by law. He requests that the amparo be dismissed.\n\n5.- Luis Renato Alvarado Rivera, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, reports under oath (see electronic record) that the State Phytosanitary Service is an organ of minimal deconcentration of the Ministry of Agriculture and Livestock. The State Phytosanitary Service is the entity that oversees and controls matters concerning the use of agrochemicals, and it has already provided the requested report. In 2017, Executive Decree No. 40423-MAG-MINAE-S, "Prohibition of the registration, importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and synthetic pesticides," was promulgated, and it was ordered that as of the date of publication of said decree, the importation of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 5-bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil, commonly known as bromacil, and its lithium salt, is prohibited. He requests that the amparo be dismissed.\n\n6.- Dionisio Sibaja Anchía, in his capacity as Director of the Health Directorate Area of Aguas Zarcas, reports under oath (see electronic record) that the springs of the rural aqueduct of Veracruz have a protection radius of two hundred meters, but they are surrounded by pineapple cultivation. On February 24, 2016, the results of the specific pesticide residue analyses conducted by the University of Costa Rica, sampled in 2015 from source F1, were presented, and it was ordered to maintain the suspension of the water supply service from that spring and to conduct sampling, for which sanitary order OS-035-2016 was issued. On March 3, 2016, in compliance with that sanitary order, the ASADA conducted pesticide sampling, specifically for bromacil, in all springs, and on April 5, the result was sent, the results showing that they did not meet the maximum admissible value limit, so the decision was made to suspend the water supply service from springs F1, F2, F4, F5, F6, and F7, until corrective actions are taken. Through sanitary order OS-063, notified on April 7, 2016, it was ordered, with mandatory compliance, to maintain the suspension of the water supply service from the cited springs, to ensure the water supply to the community of Veracruz, to conduct sampling, to apply corrective actions, and to operate the system once water quality is ensured. On April 13, 2016, it was agreed to form an Inter-institutional Commission to address the problem. Through sanitary order OS-072-2016, it was ordered to maintain the suspension of the water supply service from all springs, including F3. On May 17, 2016, a technical report was received on the emergency actions carried out by AYA, showing the work done connecting the pipelines of the Pital aqueduct with that of Veracruz, to supply water. On July 4, 5, 7, and 11, 2016, meetings were held with the other ASADAS and associates. On July 14, 2016, sanitary order No. OS-102-2016 was notified, for immediate compliance by AYA, in which immediate intervention was ordered to guarantee the water supply to the settlements of Veracruz de Pital. In the months of August and September 2016, the corresponding technical reports were issued. On September 21, 2017, sampling was conducted, and on November 3 of that year, the report was issued, stating that the contamination problem persists. On November 6, 2017, and January 30, 2018, reports were issued on the visit made to the communities of Veracruz, La Chincheral, Quebrada Grande, and San Marcos, and it was verified that they have potable water service. In relation to the actions taken, with the aim of determining the causes of the contamination and the aquifer location, vulnerability, and recharge zones, the inter-institutional team was formed; on May 10, 2017, the first meeting was held and the Inter-institutional Commission was formed; on May 30, 2017, meetings began, and on May 31 and June 1, 2017, inspections were conducted in the area and the companies located there were identified. The company Agrícola Industrial La Lydia did not allow entry to its farms. From June 21 to 26, 2017, various work sessions were held. In November 2017, concerns were received from the involved companies, and by official letter of January 16, 2018, both AYA and the Ministry sent a response to the concerns raised by the companies. However, because the companies did not provide the information required to complete the terms of reference for contracting the hydrogeological study, it was not possible to continue with it. Thus, the information currently collected is in the custody of the Environmental Management UEN Department of AYA. He clarifies that, with the problem of contamination of the springs of the ASADAS of Santa Rita, Santa Isabel, and La Tabla de Río Cuarto, as of July 2018, a working group led by the Minister of Health and with the participation of the ministers of MINAE, MAG, and the Presidency of AYA was formed. Thus, inter-institutional and community coordination led by the staff of the Health Directorate Area of Aguas Zarcas has been carried out, and as of now, these communities have water service. In turn, since May 2017, the Inter-institutional Working Team was formed to conduct a hydrogeological study with the aim of preparing a hydrogeological map of the study area, recharge, vulnerability, and to define the contamination processes by chemical substances for agricultural use, derived from land uses in the area. As such, they will continue to monitor compliance with the actions taken by the Ministry. He requests that the amparo be dismissed.\n\n7.- Manuel Antonio Salas Pereira, in his capacity as General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath (see electronic record) that there has been constant concern on the part of the Institution regarding the presence of Bromacil in two of the wells that are a source of potable water for the Asada of Pital. The Asada Pital has 11 springs with assigned flow for supplying the population of the community with the same name. AYA, through the Regional Office for Assistance to Asadas of Huetar Norte, has provided the required technical support so that they have the inputs that allow them to make decisions on the administration, operation, maintenance, and development of the system that has been granted to them under delegation. The administrative file of the Asada of Pital does not contain a formal request for AYA's collaboration to be incorporated into the Program for Communities at Sanitary Risk. The Asada of Pital is a legal operator of the potable water system that supplies the community of Pital. It has a delegation agreement signed with AYA since January 20, 2005. There is a difference between the case of the Asada of Pital and the cases of the Asadas of Veracruz, Santa Rita, and La Tabla, a difference that lies in the fact that the presence of Bromacil in those communities occurred in springs and not in wells, as in the case of Pital. Note that the Constitutional Chamber's order regarding the remediation and elimination process of Bromacil residues is based on the protection of natural water sources such as springs, as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment. A spring is a natural outcropping of water, while a well is a perforation made by humans in a specific terrain, so it cannot be expected to generate the same protection for both types of supply sources. As springs are natural surface water outcroppings, any type of contamination in them will be potentially more dangerous for the population, since the substances contained in the water flow and can, in turn, bring contamination to rivers, streams, crops, among others. On the other hand, the dynamics of wells are different, as water is extracted from underground layers, and if contaminants are present, their effects can be controlled by taking the well out of operation (as instructed to the Asada of Pital in 2016 and 2017). To date, the springs that supply the Asada of Pital do not show traces of Bromacil, as evidenced by laboratory study results. In the case of Pital, since the affected sources with the presence of Bromacil are wells, it is more cost-effective to take them out of operation and seek new supply sources, as has been repeatedly indicated to the Asada of Pital from ORAC Huetar Norte. These new sources can be sought either by drilling a new well or by capturing a new spring located on a property that can be acquired by the petitioner Association. Now, regarding the claim for indemnification by AYA for the costs incurred by the Asada of Pital for the acquisition of properties supposedly located within the Natural Heritage of the State area, it is considered that the petitioner Asada, under the allegations of supposed violations of constitutional rights, seeks to mislead. He requests that the amparo be dismissed.\n\n8.- Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath (see electronic record) that in 2011, a request was received from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for the registration of seven sources in the name of the Communal Administrative Association for Aqueduct and Sewer Systems of Veracruz. That registration was carried out through resolution DA-5276-2011-AGUAS-MINAET of November 17, 2011; after that, there is no record of any movement within the file from that date. In 2017, an Inter-institutional Commission was formed, in which MINAE, the Ministry of Health, SENARA, AYA, among others, participated, to analyze the problem found with the analyses and possible actions to follow. The members of the Inter-institutional Commission agreed to conduct a hydrogeological study. On May 30, 2017, the Commission met to define terms of reference for the hydrogeological study to address the problem of agrochemical contamination in the springs of the ASADA of Veracruz de Pital.

On May 31 and June 1, both in 2017, an information survey was carried out for the hydrogeological study, and the ASADAS, related companies, and individuals were informed of the actions to be taken, in response to the problem of contamination by agrochemicals, as well as to request authorization from ASADAS and individuals for entry to properties for the execution of the hydrogeological study. Several meetings were held, and on July 30, 2018, a proposal for the Work Plan was presented to the senior officials as a Single Response Plan for Agrochemical Contamination, proposing six lines of action: Immediate Response, Diagnosis/Base Information, Control and Follow-up, Monitoring, Information Management, and Research. Additionally, a complaint was filed before the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), processed under case file 59-16-02-TAA against the owner of the property where the contaminated sources are located. On September 24, 25, and 26, 2018, sampling and water quality analysis of eleven surface water bodies were carried out, where the Water Directorate (Dirección de Agua) provided funds for the UNA Environmental Analysis Laboratory (Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA) to sample basic parameters (ammoniacal nitrogen, BOD, % oxygen saturation, temperature, pH, and total suspended solids). At the Commission meeting on February 11, 2019, because the impact on the sources of the ASADAS of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel was also evident, it was considered necessary to expand the study area to be carried out in the Veracruz zone, where the new study site includes the area of the aforementioned ASADAS, for which a "Meeting of studies in the northern zone related to the Single Response Plan for Agrochemical Contamination" was held. Currently, the Asada of Veracruz has no enabled sources, but the users it was supplying are being served by the Asada of Pital and of Venecia. It requests that the appeal be dismissed.

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

              Drafted by Magistrate Salas Torres; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL: The appellant alleges that, despite the fact that the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) knew that the "Project for the Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)" showed that there was a risk to people and the environment, that agency limited itself to forwarding the results to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and the Ministry of Health (Ministerio de Salud), without taking any forceful action in this regard. He states that, given that on September 22, 2016, the results of said studies were presented to the large pineapple producers in the area, the communities of Pital, Veracruz, and Río Cuarto were not informed of anything on the matter, placing them in a complete state of defenselessness, since once the preliminary investigation carried out by the Center for Research in Environmental Contamination (Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, CICA) was concluded, there was merit to initiate an administrative procedure and issue precautionary measures; however, it was not until mid-2017 that the information was forwarded to other agencies with jurisdiction over the issue, and they began the respective inter-institutional coordination to address the matter. He points out that there is shared responsibility among all the institutions that regulate the protection of water resources, an omission that violates the right to an environmentally and ecologically balanced environment, as well as the right to water and to life. To date, the problem continues; worse yet, no concrete measures have been taken to resolve the problem in the community of Pital.

II.- PROVEN FACTS: Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been accredited or because the appealed authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a)     That the Asada Pital has 11 springs (nacientes) with assigned flow for supplying the population of the community of the same name (see electronic record).

b)    That on February 26, 2013, a contract was signed with the University of Costa Rica, No. 035-2012, called "Contract between the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitaria del Estado) and the University of Costa Rica, Direct Contracting 2012 CD-00287-10803 'Chemical Analysis Service'", for the purpose of conducting a study of pesticide residues in plant, water, and soil samples (see electronic record).

c)     That the springs (nacientes) of the rural aqueduct of Veracruz have a protection radius of two hundred meters but are surrounded by pineapple cultivation (see electronic record).

d)    That on February 24, 2016, the results of the specific analyses of pesticide residues carried out by the University of Costa Rica, sampled in 2015 from source F1, were presented, and it was ordered to maintain the suspension of the water supply service from said spring and to carry out sampling, for which sanitary order OS-035-2016 was issued (see electronic record).

e)     That on March 3, 2016, in compliance with said sanitary order, the ASADA carried out sampling for pesticides, specifically bromacil, in all the springs, and on April 5, the result was sent, with the results showing that they do not meet the maximum allowable value limit, for which the decision was made to suspend the supply service from springs F1, F2, F4, F5, F6, and F7, until corrective actions are taken (see electronic record).

f)      That through sanitary order OS-063, notified on April 7, 2016, it was ordered, with mandatory compliance, to maintain the suspension of the water supply service from the cited springs, to ensure the water supply to the community of Veracruz, to carry out sampling, to apply corrective actions, and to begin operating the system once water quality is ensured (see electronic record).

g)    That on April 13, 2016, it was agreed to form an Inter-institutional Commission for the intervention of the problem. Through sanitary order OS-072-2016, it was ordered to maintain the suspension of the water supply service from all springs, including F3 (see electronic record).

h)    That on May 17, 2016, a technical report was received on the emergency actions carried out by AyA, where the work carried out on connecting the pipelines of the Pital aqueduct with that of Veracruz, to supply water, is evidenced (see electronic record).

i)      That as stated in Official Letter DSFE. 50l -2016, dated June 27, 2016, an inspection was carried out at the Agrícola La Lydia Industrial farm located in Veracruz, at the request of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), and it was verified that: "(…) An inspection was also carried out in the agrochemical storage warehouse, where it could be determined that the products indicated in the inventory record of the agrochemical warehouse that contain bromacil: Husar 80 WP and 80 WP are duly registered in the Pesticide Registry (Registro de Plaguicidas) of the SFE under numbers 8702163 and 3137, respectively. The inspected products comply with storage, labeling, and pamphlet regulations. Copies of the application forms where the use of bromacil is included are attached (….)" (see electronic record).

j)      That on July 4, 5, 7, and 11, 2016, meetings were held with the other ASADAS, and associates (see electronic record).

k)    That on July 14, 2016, sanitary order No. OS-102-2016, for immediate compliance, was notified to AyA, ordering the immediate intervention to guarantee the water supply to the towns of Veracruz de Pital (see electronic record).

l)      That in 2017, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 40423-MAGMINAE-S "Prohibition of the registration, importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and synthetic pesticide" was promulgated, and it was provided that from the date of publication of said decree, the importation of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 5-bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil, with the common name bromacil and its lithium salt, is prohibited (see electronic record).

m)  That in May 2017, the Inter-institutional Working Team was formed to carry out a hydrogeological study in order to develop a hydrogeological map of the study area, recharge, vulnerability, and to define the contamination processes by chemical substances of agricultural use, derived from land uses in the area (see electronic record).

n)    That on August 23, 2017, the Director of the Center for Research in Environmental Contamination (Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, CICA) was notified of a series of actions that were taken in relation to the results of the project "Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)" and that they were authorized to make the corresponding communications and issue the relevant alerts to the bodies they consider necessary to protect health and the environment (see electronic record).

o)    That on September 21, 2017, sampling was carried out, and on November 3 of that year, the report was issued, indicating that the contamination problem persists (see electronic record).

p)    That on November 6, 2017, and January 30, 2018, reports were issued on the visit made to the communities of Veracruz, La Chincheral, Quebrada Grande, and San Marcos, and it was verified that they have potable water service (see electronic record).

q)    That the companies involved did not provide the information required to complete the terms of reference for contracting the hydrogeological study (see electronic record).

r)      That currently, the collected information is under the responsibility of the UEN Environmental Management Department of AyA (see electronic record).

s)     That the communities of Santa Rita, Santa Isabel, and la Tabla de Río Cuarto have water service (see electronic record).

t)      That on June 19, 2018, the physical-chemical analyses of the water quality resulting from the preliminary results of the cited study were sent to AyA (see electronic record).

u)    That on September 24, 2018, the Assistant Prosecutor of the Adjutant Agrarian Prosecutor's Office issued the act of seizure of the administrative file processed in the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitaria del Estado), as well as all documentation related in any way to the project for "Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)" developed by the SFE and the University of Costa Rica (see electronic record).

v)    That on September 24, 25, and 26, 2018, sampling and water quality analysis of eleven surface water bodies were carried out, where the Water Directorate (Dirección de Agua) provided funds for the UNA Environmental Analysis Laboratory (Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA) to sample basic parameters (ammoniacal nitrogen, BOD, % oxygen saturation, temperature, pH, and total suspended solids) (see electronic record).

w)  That to date, the springs (nacientes) that supply the Asada of Pital do not show Bromacil samples (see electronic record).

x)    That before the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), case file 59-16-02-TAA is being processed against the owner of the property where the contaminated sources are located (see electronic record).

y)    That at the meeting held on February 11, 2019, because the impact on the sources of the ASADAS of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel was also evident, it was considered necessary to expand the study area to be carried out in the Veracruz zone (see electronic record).

z)     That currently, the Asada of Veracruz has no enabled sources, but the users it was supplying are being served by the Asada of Pital and of Venecia (see electronic record).

III.- ON THE SPECIFIC CASE: This Chamber, through judgment number 2019-007690 at 09:15 hours on May 3, 2019, established the following:

III.- On the merits. In the case under study, the Chamber considers it demonstrated that since April 2016, the potable water supply sources were closed due to the presence of the pesticide bromacil, at levels exceeding those established in the Water Quality Regulation for Human Consumption (Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano). Despite the foregoing, the community of Veracruz currently remains supplied with potable water service, by reason of the contribution from the ASADAS of Pital and Venecia, and from the evidence provided in this case file, it cannot be verified that there is a risk to health for the inhabitants in that regard. Now, the problem alleged in this appeal lies in the fact that after approximately three years, the appealed authorities have not issued the corresponding administrative acts to provide a definitive solution to the problem of water contamination in the area caused by the pesticide bromacil. Indeed, all inhabitants have the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as well as an unavoidable duty of the State to ensure it. By virtue of this, and for the specific case, the State must regulate chemical substances or related products for agricultural use so that they are handled correctly, reasonably, and do not generate unacceptable risks to human health and the environment, even when used in accordance with usage recommendations. In that context, the appealed authorities, upon confirming that bromacil was a highly polluting product affecting underground and surface waters, proceeded to close the water supply wells used by the ASADA of Veracruz, and as of April 2017, prohibited the importation and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 5-bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil, with the common name bromacil and its lithium salt. In view of the presence of the pesticide bromacil in high proportions in underground waters and surface waters near pineapple plantations in various areas, the appealed authorities formed, starting in May 2017, an Inter-institutional Commission involving representatives of the appealed authorities, which is led by the Ministry of Health (Ministerio de Salud), to provide a solution, and for this purpose, it was confirmed that during 2017 and 2018, they met on various occasions and agreed, among other things, to carry out a hydrogeological study in the area to evaluate the impact of agricultural activity on the aquifers; additionally, they carried out inspections, sampling, requested permission from property owners to enter the farms for the installation of piezometers necessary for the respective studies; they also coordinated the interconnection of the aqueduct to other uncontaminated sources, and plans were established to verify good agricultural practices and for sampling agrochemicals in water. In turn, it was ordered that vulnerability maps be generated; a contract was signed with the Center for Research in Environmental Contamination (Centro de Investigación en Contaminación Ambiental) of the University of Costa Rica, for the analysis of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices, as well as a chemical analysis for pesticide residues in plant, water, and soil samples. However, despite the agreements reached among the competent bodies that make up said Commission, to date the Chamber does not envision a solution to remediate or recover the contaminated springs (nacientes), or to prevent the pesticide still present on the surfaces from continuing to affect aquifers and springs in the area, including those of the Asada Veracruz de Pital, nor is it confirmed that the concrete actions have been executed as a consequence of the warnings obtained from the analyses carried out, which continue to evidence the contamination.

IV.- To these effects, a clear omission by the Ministry of Health (Ministerio de Salud) was verified in issuing the necessary orders to address the risk situation reported for years, since it is not confirmed that, once the problem of water contamination affecting the area was established, it issued the administrative acts corresponding to its competence to prevent or eliminate further contamination, and it is not justified that its action be limited to leading the Inter-institutional Commission that analyzes the situation, the same commission which has also not executed concrete acts to solve the problem the appellant alleges. Regarding the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado), it is on record that since February 2013, it signed a contract with the University of Costa Rica for the analysis of pesticide residues in plant, water, and soil samples, and it is on record that since mid-2017, they knew the results of the analyses detected, yet they failed to comply with their control obligation regarding chemical substances for agricultural use – according to the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria), Law No. 7664 of April 8, 1997 – since it simply limited itself to forwarding the results to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and the Ministry of Health (Ministerio de Salud), and to conducting an inspection on the occasion of the case file being processed in the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental), without taking any forceful action in this regard. Regarding the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), the report rendered under oath justified itself in the sense that it drafted and published Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 40423-MAG-MINAE-S, which prohibited the importation and use of bromacil. In relation to the Costa Rican Institute of Aqueducts (Instituto Costarricense de Acueductos), apart from the support to ensure the community is supplied with potable water by other means, as well as the potable water sampling, it does not emerge that it has taken any action to remediate or recover the contaminated springs. Regarding the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), in addition to its participation in the Inter-institutional Commission through the contribution of technical criteria, field visits, and the signing of an agreement with the United States Geological Survey in 2016 to conduct the exploration and evaluation of groundwater throughout the territory, no specific action is proven either. Finally, in relation to the Center for Research in Environmental Contamination (Centro de Investigación en Contaminación Ambiental) of the University of Costa Rica, it is a scientific research unit of a multidisciplinary nature that provides paid services, and in 2014, it was contracted by the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería) to carry out a research project called "Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices," the result of which was delivered to the contracting party, and on June 19, 2018, it sent the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado) the physical-chemical analyses of water quality resulting from the preliminary results of the cited study, so that for the purposes of this amparo appeal, said authority has not violated any fundamental right of the appellant or his represented party. Given this situation, while it is true that the appealed party reported that the use of the Bromacil pesticide has been eliminated, and an inter-institutional commission was formed to direct and coordinate the pertinent technical actions, establishing a schedule of meetings and proposals, some of which have been developing in order to resolve and direct the situation, the fact is that the hydrogeological study to determine the impact on the recharge areas of the springs (nacientes) has not even been carried out, much less has a definitive and effective solution been provided. V.- Given the described scenario, the alleged violation of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people who inhabit the affected communities is clear. Now, this Tribunal cannot establish the distances that must exist between the water springs (nacientes), streams, and rivulets and the area for agricultural plantations, or the non-compliance by agricultural companies with the provisions of the legal system, particularly with respect to the use of pesticides, or the conditions under which the planting of agricultural products is carried out, since these correspond to factual situations outside the strictly legal analysis carried out through an amparo appeal. Nor can the Chamber point out those responsible for the contamination of the Veracruz springs (nacientes) that caused their removal from operation, as this is also outside the scope of its competence. Note that a complaint against the owner of the property where the contaminated sources are located is currently being processed before the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), under case file No. 59-16-02TAA. This being the case, it is indeed clear that all the appealed authorities have known about the situation for years and have breached their obligation, in accordance with the principle of inter-institutional coordination in environmental matters and the precautionary principle, to address the situation with the necessary urgency for this type of problem. It is not possible that after so many years, the appealed administrations have also not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures for the protection of supply sources, such as a topographic survey of the springs (nacientes) and delimitation of capture zones, mapping of contaminant loads that could compromise the quality of the resource and be a danger to the health of the population, among others. Precisely, prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or the health of people. In this way, if there is a risk of serious or irreversible damage – or doubt in that regard – a precautionary measure must be adopted and even postpone the activity in question. The foregoing is because, in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment. In judgment number 3480-03 at 2:02 p.m. on May 2, 2003, the Chamber held that “(...) Well understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will indeed produce harmful effects on the environment (...).” In a similar matter, the Chamber, in Judgment No. 2019-000695, at 9:15 a.m. on January 18, 2019, analyzed precisely the contamination of aquifers and deforestation by a pineapple company located in Río Cuarto; where the water supply sources of the communities were also removed from operation, and despite this, the authorities had still not taken actions to eliminate the source of contamination nor changed the land use of areas of high water vulnerability; it was ordered, as follows: "(...) It is clear that it was not until mid-2018, when multiple springs (nacientes) of the affected communities had to be removed from operation, that the Ministry of Health (Ministerio de Salud) – through a Commission created for this purpose – together with the other involved actors, is investigating the possible causes of the detected environmental disaster – with the exception of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), whose participation in these efforts is not on record. Furthermore, the measures taken by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) are merely palliative, since at this stage what it has issued are orders to continue providing potable water service through support among ASADAS and tanker trucks, without any technical recommendations to finally supply the affected communities with the quantity of the vital liquid necessary for the development of the communities in question and, in addition, without having indicated to this Chamber, specifically, what other projects could improve the continuity of the service, considering the limitations that had to be imposed for new services in the affected communities, for example. In light of the foregoing, this amparo appeal is appropriate as a means to protect the affected communities in their fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment (in a similar sense, see Judgment No. 2009-9040 at 10:29 a.m. on May 29, 2009). Consequently, it is appropriate to order the respondents to take the corresponding actions with the objective of eliminating the cause of the contamination and remediating the referenced water sources (....)". Therefore, from the constitutional perspective, in the case at hand, the Chamber concludes that the actions in exercise of the control or oversight powers deployed in protection of health and the environment by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado), and the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), within the framework of their competencies, have been clearly insufficient, since the reported problem still persists and injures or threatens to injure, as they have also not taken precautionary measures, the health of persons and the environment. The Political Constitution (Constitución Política) tacitly enshrines the fundamental right of the citizenry to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high quality standards, which has as its necessary corollary the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, swift, effective, and efficient manner, especially if it is an essential public service such as the supply of potable water, and the protection and remediation of water resources. Under these premises, Article 50 of the Political Constitution (Constitución Política) expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only for Costa Ricans but also for all members of the global community. The violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury or endangerment of interests in the short, medium, and long term. Environmental contamination is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are, most of the time, long-lasting and cumulative. Thus, the Costa Rican State is under the obligation to act preventively by avoiding – through oversight and direct intervention – the carrying out of acts that harm the environment, and under the correlative and equally inescapable prohibition of promoting its degradation.

(…)

Therefore:

The appeal is declared with merit. It is ordered to Daniel Salas Peraza, Eugenio Androvetto Villalobos, and Dionisio Sibaja Anchía, in their capacities as Minister, Director of Health, and Director of the Governing Health Area of Aguas Zarcas, all of the Ministry of Health (Ministerio de Salud); to Yamileth Astorga Espeleta in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); to Carlos Manuel Rodríguez Echandi and to José Miguel Zeledón Calderón, in their respective capacities as Minister and Director of the Water Directorate (Dirección de Aguas), both of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía); to Fernando Araya Alpízar, in his capacity as Director of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado); and to Luis Renato Alvarado Rivera, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), or whoever holds the positions in their stead, that immediately the process of remediation and elimination of pesticide residues, the object of this amparo, from the water sources that supply the communities of Veracruz de San Carlos, be commenced. They are warned that each appealed body and entity shall determine, in accordance with its own legal competencies, the individual actions that it is obligated to carry out, within a SINGLE PLAN that, as parts of the State Administration, they must execute jointly, which must be drafted within the period established in Judgment No. 2019-000695, at 9:15 a.m. on January 18, 2019, that is, no longer than six months from the notification of said judgment, and whose progress must be reported to this Tribunal every six months.

The Minister of Health is designated as the principal responsible party for that plan and for its full compliance, which means that the Head of Health must immediately inform this Chamber if any obstacle arises in her coordinating role to fulfill the objective ordered herein. The respondents are warned that by reason of the objective ordered herein, they must order all actions that are technically and scientifically conducive to the complete cleaning and purification of the water of those springs (nacientes), which entails ordering those found responsible to implement the legally applicable withdrawals (retiros), and even, if necessary, absolutely prohibiting them from using polluting agrochemicals in their plantations and even ordering the immediate closure of the companies or the prohibition of the productive activities, if the orders and instructions given to them are breached in any way. Additionally, while the remediation process concludes, they must issue the necessary orders, within the framework of their powers, to maintain the continuity of the potable water service to the affected populations. The foregoing, under warning that, should they fail to obey this order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed upon whomever receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to ensure its compliance, provided that the offense is not more severely punished. As for the Environmental Pollution Research Center (Centro de Investigación en Contaminación Ambiental) of the University of Costa Rica (Universidad de Costa Rica), the recourse is declared without merit. The State and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative contentious proceeding. Magistrate Salazar Alvarado files a note. Notify this judgment personally to the officials indicated above, or to those who in their places exercise those positions.”

Taking into account that the petitioner seeks amparo due to the lack of action by the respondent authorities to protect the water resource of the community of Veracruz de Pital, despite the existence of studies demonstrating that the springs (nacientes) are contaminated with agrochemicals known as Bromacil and Oxamil, which are those used by the pineapple-producing agricultural companies in the area to control pests, and given that this claim in this amparo was already resolved in the transcribed judgment and there being no reasons to change the criterion and the time limit granted in said judgment having not yet expired, the petitioner must abide by what was resolved in judgment number 2019-007690 of 09:15 hours on May 3, 2019.

IV.- Note of Magistrate Hernández Gutiérrez. I note that in the sub examine I concur with the majority in ordering the petitioner to abide by what was resolved in judgment No. 2019-7690, since procedurally that is what corresponds when dealing with the same facts, even though I did not sign said judgment.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The petitioner must abide by what was resolved in judgment number 2019-007690 of 09:15 hours on May 3, 2019. Magistrate Hernández Gutiérrez records a note.

Fernando Castillo V.
Presidente

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Jose Paulino Hernández G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alicia Salas T.

Mauricio Chacón J.

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