Res. 03705-1993 Sala Constitucional — Definition of the right to a healthy environment and closure of the dump in La Caraña creekDefinición del derecho al ambiente y cierre de botadero en quebrada La Caraña

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03705 - 1993

Fecha de la Resolución: 30 de Julio del 1993 a las 15:00

Expediente: 92-001754-0007-CO

Redactado por: Ana Virginia Calzada Miranda

Clase de asunto: Recurso de amparo

Control constitucional: Sentencia estimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia clave

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

BASURA.

03705-93. AMBIENTE. RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR MENOR DE EDAD, QUIEN ACUSÓ QUE, LA QUEBRADA “LA URUCA”, QUE DESEMBOCA EN EL RÍO VIRILLA, FUE UTILIZADA COMO BASURERO.  LA SALA DESARROLLO EL CONCEPTO DE "AMBIENTE" Y SU MARCO CONSTITUCIONAL; ADEMÁS DEFINIÓ EL TÉRMINO DE CONTAMINACIÓN Y DEFINIÓ EL DERECHO AL AMBIENTE COMO DE INTERÉS DIFUSO. SE ORDENÓ EL CIERRE INMEDIATO DEL BOTADERO MUNICIPAL ADYACENTE A LA QUEBRADA CARAÑA. VCG03/2020

“(…) I) - Resulta importante para la Sala elaborar, de previo a las consideraciones estrictamente de fondo, un análisis general que establezca el marco constitucional y las condiciones e intereses que hoy en día despierta la conservación del ambiente, pues su estudio se constituye en una novedad de esta última centuria. Es primordial recordar que durante muchos siglos el hombre creyó que debía dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que los recursos naturales eran inagotables y que la industrialización era per se un objetivo deseable, sin que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el ambiente. De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfación al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente.

 

Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la calidad de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable.

 

El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo.

 

II) - Es importante hacer algunas aclaraciones, íntimamente relacionadas con el fondo de este amparo, para poder comprender los aspectos relacionados con el ambiente y sus deteriorantes, entendiendo que el primero es todo lo que naturalmente nos rodea y permite el desarrollo de la vida y tanto se refiere a la atmósfera y sus capas superiores como a la tierra, sus aguas, flora, fauna y recursos naturales en general, todo lo cual conforma la naturaleza con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos y el medio en que viven. Por otro lado, el sistema ecológico o ecosistema es la unidad básica de interacción entre organismos vivos con el medio en un espacio determinado; y contaminante es todo elemento, compuesto o sustancia, su asociación o composición, derivado químico o biológico, así como cualquier tipo de energía, radiación vibración o ruido que, incorporados en cierta cantidad al ambiente por un lapso más o menos prolongado, puedan afectar negativamente o ser dañinos a la vida, la salud o al bienestar del hombre o de la flora y fauna, o causar un deterioro en la calidad del aire, agua, suelo, "bellezas naturales" o recursos en general, que hacen en síntesis la calidad de vida.

 

III) - La contaminación, que se refiere específicamente a la impugnación que hace el menor recurrente, puede considerarse como la presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en dicho ambiente características negativas para la vida humana, la salud o el bienestar del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el habitat de los seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, un deterioro importante. Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en niveles y con una duración tales, que produzcan contaminación en el sentido expuesto. Contrariamente, descontaminar es reducir el nivel de concentración de los contaminantes que se encuentren presentes en el ambiente, a sus valores aceptables conforme a las normas específicas sobre calidad ambiental.

 

Ambiente libre de contaminación es, pues, la condición en que se encuentra el medio que nos rodea, cuando las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza en el entorno próximo o lejano, no sobrepasan los máximos permisibles fijados por aquellas normas.

 

IV) - La preocupación por los recursos naturales y por un desarrollo armónico a largo plazo ha sido un elemento reiterado en la evolución histórica de nuestro país desde el siglo pasado. Tradicionalmente se ha sostenido que Costa Rica es un Estado de Derecho y es quizás por esta razón que exista la tendencia a pretender resolver todos los problemas con la promulgación de leyes y normas de otro rango. Sin embargo, dentro de nuestro entorno cultural, las leyes por sí solas han resultado evidentemente insuficientes para garantizar la conservación de los recursos naturales y asegurar un desarrollo sostenible futuro, por ello es indispensable que la norma jurídica tenga no solo un respaldo técnico, sino que, de hecho, se asuman responsabilidades individuales y colectivas respecto el cumplimiento de dicha normativa en los diferentes niveles e instancias que corresponda.

 

Hasta la década de 1970, la preocupación por el medio ambiente se mantuvo en un nivel bajo, con variantes en ciertos sectores, situación que se reflejó en nuestra legislación; no obstante, a partir de ese año, con el despertar de la conciencia ambiental global, Costa Rica empezó a inquietarse. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos naturales y su medio ambiente para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recurso marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes inversiones en infraestructura dependen, en última instancia, de la conservación de aquéllos. Las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación.

 

En todo proceso de producción es necesario transformar y procesar recursos y, a su vez, transportarlos hasta los centros de consumo, todo lo cual significa un costo energético y ambiental. Asimismo, el proceso productivo no sólo requiere de recursos naturales para mantenerse, sino que genera desechos y contaminación de muy variada indóle como, por ejemplo, los desechos sólidos o emanaciones que contaminen el aire o el agua. Es evidente que el hombre con su poderío tecnologíco ha logrado controlar y alterar notablemente su entorno y ha sometido el resto de las especies a su dominio. Empero, desde la revolución industrial -y en una forma significativamente más acelerada a partir de la segunda guerra mundial-, el crecimiento exponencial de la población y las tendencias también exponenciales de la economía han incrementado el nivel de intervención del hombre en el planeta destruyendo habitats, alterando y contaminandos los ciclos vitales del medio ambiente y exterminando especies vivientes. El acelerado deterioro del medio en las últimas decádas, los costos enormes de las medidas correctivas, no siempre efectivas, y los plazos necesarios, por ejemplo, para la recuperación de una cuenca o de un bosque natural talado, o de un manto de agua subterráneo contaminado, son signos inequívocos del abuso de los recursos naturales y del impacto negativo de la especie humana sobre un mundo limitado.

 

No puede dejar de hacerse referencia a la reunión convocada en julio de 1992 en Brasil, denominada Cumbre de la Tierra, en la cual se proclamó y reconoció la naturaleza integral e independiente del planeta. Dicha declaración significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sustentabilidad. Los Estados signatarios, entre los que figura Costa Rica, se comprometieron, dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a la protección sobre todo del ser humano. Se partió del principio de que toda persona tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; se incluyó el derecho de las generaciones presentes y futuras a que el desarrollo se realice de modo tal que satisfaga sus necesidades ambientales y de progreso; se mantuvo la potestad soberana de los Estados de explotar sus recursos, recalcando su responsabilidad de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción y control no causen daños ambientales a otros Estados o areás más allá de los límites de su jurisdicción nacional. Establecieron el deber de los Estados de cooperar en la conservación, protección y restauración del ambiente y sus responsabilidades comunes en ese sentido; de ese modo la cooperación internacional en la promoción y apoyo del crecimiento económico y el desarrollo sostenible permitirá abordar mejor los problemas de la degradación ambiental. Asimismo, se impuso un deber especial a los países desarrollados fundado en su responsabilidad en la búsqueda del desarrollo sostenible, dada la evidente presión que ejercen en el ambiente global las tecnologías que desarrollan y los recursos financieros que poseen.

 

Nuestro país ha suscrito gran cantidad de convenciones en las que se busca la protección de los recursos naturales y que deben utilizarse para integrar la legislación interna y dilucidar, incluso jurisdiccionalmente, los problemas relacionados con la protección ambiental, ya que los instrumentos internacionales, aún los no ratificados, permiten soluciones regionales o mundiales a tales problemas.

 

V) - La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: La vida humana es inviolable. Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana.

 

Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice:Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco.

 

VI) - LEGITIMACION: Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran importancia. Pero debe analizarse desde varios puntos de vista, es decir, en relación con la naturaleza del proceso, las pretensiones y las partes intervinientes y, también tomando en cuenta que el quebranto de las normas ambientales puede provocarlo con su actuación u omisión tanto un sujeto de derecho privado como de derecho público. Este último, simplemente omitiendo ejercer el control debido sobre la actuación de los sujetos privados, cuando infringen las normas ambientales, ignorando su competencia funcional, que le exige ejercer ese control; o bien, infringiendo directamente con su actuación disposiciones jurídicas destinadas a proteger y conservar el ambiente. Esta Sala en Sentencia Número 2233-93 al señalar que la preservación y protección del ambiente es un derecho fundamental, da cabida a la legitimación para acudir a la vía de amparo. En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas por del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, conviertíendose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos. Es por ello que la vulneración de ese derecho fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, una causal específica de amparo contra los actos concretos o normas autoaplicativas o, en su caso, en la acción de inconstitucionalidad contra todas las normas o contra los actos no suceptibles de amparo, e incluso, contra las omisiones, categoría ésta que en el caso del derecho al ambiente se vuelve especialmente importante, porque al tratarse de conservar el medio que la naturaleza nos ha dado, la violación más frecuente se produce por la inercia de las autoridades públicas en realizar los actos necesarios para protegerlos. La Jurisdicción Constitucional, como medio jurídicamente idóneo y necesario para garantizar la supremacía del derecho de la Constitución es, además de supremo, de orden público esencial, y ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés del propio Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, reestablecer su propia juridicidad. Ese concepto de "intereses difusos" tiene por objeto desarrollar una forma de legitimación, que en los últimos tiempos ha constituido uno de los principios tradicionales de la legitimación y que se ha venido abriendo paso, especialmente en el ámbito del derecho administrativo, como último ensanchamiento, novedoso pero necesario, para que esa fiscalización sea cada vez más efectiva y eficaz. Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil indentificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluídos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. Y precisamente ello es lo que sucede en el presente caso, en el cual el recurrente, evidentemente, tiene un interés individual en el tanto está siendo afectado por la contaminación de que es objeto su comunidad, pero también existe un interés colectivo, ya que la lesión también se produce a la colectividad como un todo. De manera que, entratándose del Derecho al Ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a ese derecho fundamental la sufre tanto la comunidad como el individuo en particular.

 

Al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las relaciones económicas, debe situarse una serie de disposiciones de no menos trascendencia encaminadas a asegurar una protección básica a la vida humana considerada como valor en sí, al margen que se haga de los recursos humanos en atención a fines politícos o económicos. Se da así entrada a una nueva dimensión de las garantías constitucionales, cuyo núcleo esencial se halla en la protección de la libertad personal y de los demás derechos fundamentales vinculados de diversas maneras a esa libertad y que se manifiesta, ante todo, en un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación ambiental que facilite, lo más posible, el ejercicio de las libertades y el goce de los derechos fundamentales. Por todo lo expuesto, tratándose de la Jurisdicción Constitucional, la Sala estima que no sólo la legitimación en sí, sino también las condiciones necesarias para ésta en el proceso -ya sea como actor o como demadado- o, en su caso, para gozar o sufrir las consecuencias de la sentencia -como vencedor o vencido-, son y deben ser no sólo lo más amplias que sea posible y prudente reconocer, sino también que en esa amplitud la capacidad misma para ser parte y aún para gestionar judicialmente, como condiciones previas a esa legitimación, debe ser tal que incluso, como en este caso, un menor de edad, estudiante de primaria pueda gozar de ella, pero también cualquier otra persona con sólo que tenga la de poder articular con claridad su pretensión y su interés.

 

VII) - Como último aspecto, y atendiendo a las pretensiones del recurso por las acciones y omisiones llevadas a cabo tanto por la Municipalidad de Santa Ana como por el Ministerio de Salud, esta Sala entiende que las violaciones alegadas han sido no sólo cometidas, sino reiteras, pues ya esta Sala en sentencia N° 1580-91 de las dieciséis horas dieciocho minutos del catorce de agosto de ese año había otorgado un plazo perentorio de seis meses a los recurridos para que solucionaran el impacto negativo que sobre ambiente y, por ende, sobre la salud de la comunidad, estaba causando el botadero de basura ubicado en las márgenes de la quebrada "La Caraña". El hecho de que las autoridades competentes aleguen, unas que han participado en algunas reuniones a fin de evitar la contaminación del ambiente, y otras, específicamente el Ministerio de Salud, haber girado órdenes para su cierre, es, en todo caso, insuficiente para excusar la negligencia que con su omisión se observa en la solución de este grave problema social, pues lo cierto es que las actuaciones por parte de los órganos a los cuales esta Sala ordenó, en su momento, la solución definitiva del conflicto, no han sido ni efectivas ni diligentes. Es así como esta Sala en resolución Número 2728-91 de las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de Diciembre de mil novecientos noventa y uno, indicó:La Sala advierte los esfuerzos, al menos teóricos, que ha realizado la Municipalidad para solucionar este gravísimo problema. El Gobierno local justifica su conducta en la falta de recursos económicos, límite acostumbrado de la inefectividad de los entes públicos para cumplir con toda propiedad los fines encomendados, ya sea por mandato constitucional, o bien, por disposición legal. La Sala no puede aceptar que la falta de recursos económicos sea un límite entre el respeto y la violación de los derechos esenciales de los seres humanos. La competencia municipal a que alude el texto de la norma cnstitucional contenida en el artículo 169, se determina en la Ley, en este caso, en el Código Municipal, lo desarrolla la respectiva municipalidad en sus propios reglamentos y en último caso, los tribunales de justicia en su jurisprudencia, de tal forma que es siguiendo este mecanismo, que se pueden definir, también, si son de competencia municipal exclusiva o si por el contario, puede el Estado limitar o condicionar la administración de esos intereses y servicios comunales. Lejos de ello,las instituciones recurrridas, más bien han seguido permitiéndo la utilización de las márgenes de la quebrada "La Caraña" como botadero de basura, lesionando con ello los derechos constitucionales que a través de este fallo la Sala ha expuesto, constituyendo lo anterior, en consecuencia, una conducta reiterativa violatoria de aquellos derechos, lo que motiva a la Sala a declarar la procedencia de este recurso, como en efecto se declara. Se ordena el cierre inmediato del botadero municipal adyacente a la quebrada Caraña, el que deberá rellenarse de modo tal que no represente peligro alguno para la seguridad y salud los vecinos del lugar. Y en vista de que las omisiones y actuaciones acusadas constituyen también una desobediencia a anteriores fallos de esta Sala, procede, asimismo, ordenar abrir causa, de conformidad con lo dispuesto en artículo 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, contra los funcionarios que resulten responsables de esos hechos, por lo que se testimonían las piezas correspondientes ante el Ministerio Público. En vista de esta nueva resolución, se previene a los recurridos no incurrir en nuevas conductas que hagan aplicable lo dispuesto en artículos 71 y 72 de la Ley citada. (…)”

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Otras Referencias: Sentencias: 2728-91

Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 021- Vida humana

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 21 de la Constitución Política

“(…)V) - La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: La vida humana es inviolable. Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana.(…)” VCG03/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 089- Protección de bellezas naturales y patrimonio histórico y artístico

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 89 de la Constitución Política

“Nombre472.- (…) Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco.(…)” VCG03/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 033- Legitimación activa

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 33 Ley de la Jurisdicción Constitucional (legitimación)

“VI.- (…) La Jurisdicción Constitucional, como medio jurídicamente idóneo y necesario para garantizar la supremacía del derecho de la Constitución es, además de supremo, de orden público esencial, y ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés del propio Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, reestablecer su propia juridicidad.(…) “tratándose de la Jurisdicción Constitucional, la Sala estima que no sólo la legitimación en sí, sino también las condiciones necesarias para ésta en el proceso -ya sea como actor o como demadado- o, en su caso, para gozar o sufrir las consecuencias de la sentencia -como vencedor o vencido-, son y deben ser no sólo lo más amplias que sea posible y prudente reconocer, sino también que en esa amplitud la capacidad misma para ser parte y aún para gestionar judicialmente, como condiciones previas a esa legitimación, debe ser tal que incluso, como en este caso, un menor de edad, estudiante de primaria pueda gozar de ella, pero también cualquier otra persona con sólo que tenga la de poder articular con claridad su pretensión y su interés. (…)” VCG03/2020

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 50 de la Constitución Política (Concepto y marco constitucional)

“I.- (…) El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo.(…)” VCG03/2020

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Texto de la resolución

Placa12081

Amparo

Fecha: 30/07/1993

VOTO N° 3705-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres.

Visto el recurso de amparo establecido por Nombre75724   , menor de edad, estudiante de primaria, vecino de Ciudad Colón de Mora, contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Santa Ana.

RESULTANDO:

I. El menor Nombre75724    interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Santa Ana y el Ministerio de Salud, por cuanto con sus acciones y omisiones han violado el Derecho a la Vida y a un ambiente sano al haber permitido que la quebrada "La Uruca", que desemboca en el río Virilla, sea utilizada como basurero, con la consecuente contaminación, la cual le afecta no sólo a él, sino a todos los vecinos del lugar, por lo que solicita se declare con lugar el recurso.

II. En su informe, el Doctor Carlos Castro Charpentier, Ministro de Salud, indicó que efectivamente la Municipalidad de Santa Ana tiene ubicado un botadero de basura en las márgenes del río Virilla, botadero que, de conformidad con los estudios técnicos realizados, se encuentra en pésimas condiciones. Que ese Ministerio giró instrucciones a la Jefatura de la Subregión Central Sur para que ésta a su vez girara una Orden Sanitaria a la Municipalidad de Santa Ana para que en un plazo de tres meses procediera a buscar al menos tres propiedades para la construcción de un relleno sanitario adecuado. Que esa Orden Sanitaria fue girada el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos y en ella se ordenó al Ejecutivo Municipal de Santa Ana cumpliera con lo anterior. Estima que de lo expuesto se deduce que ese Ministerio ha actuado diligentemente al girar la órden sanitaria respectiva, en apego al Principio de Legalidad y conciente de que la situación base del recurso es un peligro y un factor contaminante para la Salud Pública, por lo que solicita se declare sin lugar el recurso.

III. Por su parte, el señor Albin Villavicencio Coronado, Ejecutivo Municipal de Santa Ana, informó que los actos en los que se sustenta el recurso interpuesto son los mismo sobre los que versó el recurso que bajo expediente N° 1170-B-91 se tramitó ante esta Sala, el cual ya fue resuelto. Aduce que esa Municipalidad nunca ha utilizado el riachuelo La Uruca como botadero de basura. Que lo que sucede es que, esporádicamente, algunas personas inescrupulosas lanzan bolsas de basura sobre el cause el río. Que el botadero municipal se ubica en un terreno propiedad de su representada, que se encuentra adyacente a la quebrada "Caraña". Que el ente municipal ha tratado de impedir que ese botadero se use indicriminadamente y hasta se ha puesto un portón y a un empleado para que vigile el ingreso y la disposición de los desechos. Que, no obstante, por no existir presupuesto, ese empleado sólo puede mantenerse durante el día, además de que el portón no puede cerrarse definitivamente porque dicho paso constituye una servidumbre. Que esa Municipalidad se ha unido a otros municipios de la zona para buscar una solución integral al problema de la basura. Que se ha integrado una Comisión para analizar las posibles soluciones y, en conjunto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, se están realizando estudios para determinar la factibilidad del proyecto. Asimismo, manifiesta que por decreto N° 20429-MP-S-MOPT-MIRENEM el problema de la basura fue declarado emergencia nacional.

IV. En los términos y procedimientos se han observado las prescripciones de Ley.

Redacta la Magistrada Calzada M., y;

CONSIDERANDO:

I) - Resulta importante para la Sala elaborar, de previo a las consideraciones estrictamente de fondo, un análisis general que establezca el marco constitucional y las condiciones e intereses que hoy en día despierta la conservación del ambiente, pues su estudio se constituye en una novedad de esta última centuria. Es primordial recordar que durante muchos siglos el hombre creyó que debía dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que los recursos naturales eran inagotables y que la industrialización era per se un objetivo deseable, sin que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el ambiente. De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfación al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente.

Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la calidad de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable.

El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo.

II) - Es importante hacer algunas aclaraciones, íntimamente relacionadas con el fondo de este amparo, para poder comprender los aspectos relacionados con el ambiente y sus deteriorantes, entendiendo que el primero es todo lo que naturalmente nos rodea y permite el desarrollo de la vida y tanto se refiere a la atmósfera y sus capas superiores como a la tierra, sus aguas, flora, fauna y recursos naturales en general, todo lo cual conforma la naturaleza con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos y el medio en que viven. Por otro lado, el sistema ecológico o ecosistema es la unidad básica de interacción entre organismos vivos con el medio en un espacio determinado; y contaminante es todo elemento, compuesto o sustancia, su asociación o composición, derivado químico o biológico, así como cualquier tipo de energía, radiación vibración o ruido que, incorporados en cierta cantidad al ambiente por un lapso más o menos prolongado, puedan afectar negativamente o ser dañinos a la vida, la salud o al bienestar del hombre o de la flora y fauna, o causar un deterioro en la calidad del aire, agua, suelo, "bellezas naturales" o recursos en general, que hacen en síntesis la calidad de vida.

III) - La contaminación, que se refiere específicamente a la impugnación que hace el menor recurrente, puede considerarse como la presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en dicho ambiente características negativas para la vida humana, la salud o el bienestar del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el habitat de los seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, un deterioro importante. Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en niveles y con una duración tales, que produzcan contaminación en el sentido expuesto. Contrariamente, descontaminar es reducir el nivel de concentración de los contaminantes que se encuentren presentes en el ambiente, a sus valores aceptables conforme a las normas específicas sobre calidad ambiental.

Ambiente libre de contaminación es, pues, la condición en que se encuentra el medio que nos rodea, cuando las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza en el entorno próximo o lejano, no sobrepasan los máximos permisibles fijados por aquellas normas.

IV) - La preocupación por los recursos naturales y por un desarrollo armónico a largo plazo ha sido un elemento reiterado en la evolución histórica de nuestro país desde el siglo pasado. Tradicionalmente se ha sostenido que Costa Rica es un Estado de Derecho y es quizás por esta razón que exista la tendencia a pretender resolver todos los problemas con la promulgación de leyes y normas de otro rango. Sin embargo, dentro de nuestro entorno cultural, las leyes por sí solas han resultado evidentemente insuficientes para garantizar la conservación de los recursos naturales y asegurar un desarrollo sostenible futuro, por ello es indispensable que la norma jurídica tenga no solo un respaldo técnico, sino que, de hecho, se asuman responsabilidades individuales y colectivas respecto el cumplimiento de dicha normativa en los diferentes niveles e instancias que corresponda.

Hasta la década de 1970, la preocupación por el medio ambiente se mantuvo en un nivel bajo, con variantes en ciertos sectores, situación que se reflejó en nuestra legislación; no obstante, a partir de ese año, con el despertar de la conciencia ambiental global, Costa Rica empezó a inquietarse. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos naturales y su medio ambiente para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recurso marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes inversiones en infraestructura dependen, en última instancia, de la conservación de aquéllos. Las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación.

En todo proceso de producción es necesario transformar y procesar recursos y, a su vez, transportarlos hasta los centros de consumo, todo lo cual significa un costo energético y ambiental. Asimismo, el proceso productivo no sólo requiere de recursos naturales para mantenerse, sino que genera desechos y contaminación de muy variada indóle como, por ejemplo, los desechos sólidos o emanaciones que contaminen el aire o el agua. Es evidente que el hombre con su poderío tecnologíco ha logrado controlar y alterar notablemente su entorno y ha sometido el resto de las especies a su dominio. Empero, desde la revolución industrial -y en una forma significativamente más acelerada a partir de la segunda guerra mundial-, el crecimiento exponencial de la población y las tendencias también exponenciales de la economía han incrementado el nivel de intervención del hombre en el planeta destruyendo habitats, alterando y contaminandos los ciclos vitales del medio ambiente y exterminando especies vivientes. El acelerado deterioro del medio en las últimas decádas, los costos enormes de las medidas correctivas, no siempre efectivas, y los plazos necesarios, por ejemplo, para la recuperación de una cuenca o de un bosque natural talado, o de un manto de agua subterráneo contaminado, son signos inequívocos del abuso de los recursos naturales y del impacto negativo de la especie humana sobre un mundo limitado.

No puede dejar de hacerse referencia a la reunión convocada en julio de 1992 en Brasil, denominada Cumbre de la Tierra, en la cual se proclamó y reconoció la naturaleza integral e independiente del planeta. Dicha declaración significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sustentabilidad. Los Estados signatarios, entre los que figura Costa Rica, se comprometieron, dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a la protección sobre todo del ser humano. Se partió del principio de que toda persona tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; se incluyó el derecho de las generaciones presentes y futuras a que el desarrollo se realice de modo tal que satisfaga sus necesidades ambientales y de progreso; se mantuvo la potestad soberana de los Estados de explotar sus recursos, recalcando su responsabilidad de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción y control no causen daños ambientales a otros Estados o areás más allá de los límites de su jurisdicción nacional. Establecieron el deber de los Estados de cooperar en la conservación, protección y restauración del ambiente y sus responsabilidades comunes en ese sentido; de ese modo la cooperación internacional en la promoción y apoyo del crecimiento económico y el desarrollo sostenible permitirá abordar mejor los problemas de la degradación ambiental. Asimismo, se impuso un deber especial a los países desarrollados fundado en su responsabilidad en la búsqueda del desarrollo sostenible, dada la evidente presión que ejercen en el ambiente global las tecnologías que desarrollan y los recursos financieros que poseen.

Nuestro país ha suscrito gran cantidad de convenciones en las que se busca la protección de los recursos naturales y que deben utilizarse para integrar la legislación interna y dilucidar, incluso jurisdiccionalmente, los problemas relacionados con la protección ambiental, ya que los instrumentos internacionales, aún los no ratificados, permiten soluciones regionales o mundiales a tales problemas.

V) - La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: La vida humana es inviolable. Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana.

Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice:Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco.

VI) - LEGITIMACION: Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran importancia. Pero debe analizarse desde varios puntos de vista, es decir, en relación con la naturaleza del proceso, las pretensiones y las partes intervinientes y, también tomando en cuenta que el quebranto de las normas ambientales puede provocarlo con su actuación u omisión tanto un sujeto de derecho privado como de derecho público. Este último, simplemente omitiendo ejercer el control debido sobre la actuación de los sujetos privados, cuando infringen las normas ambientales, ignorando su competencia funcional, que le exige ejercer ese control; o bien, infringiendo directamente con su actuación disposiciones jurídicas destinadas a proteger y conservar el ambiente. Esta Sala en Sentencia Número 2233-93 al señalar que la preservación y protección del ambiente es un derecho fundamental, da cabida a la legitimación para acudir a la vía de amparo. En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas por del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, conviertíendose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos. Es por ello que la vulneración de ese derecho fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, una causal específica de amparo contra los actos concretos o normas autoaplicativas o, en su caso, en la acción de inconstitucionalidad contra todas las normas o contra los actos no suceptibles de amparo, e incluso, contra las omisiones, categoría ésta que en el caso del derecho al ambiente se vuelve especialmente importante, porque al tratarse de conservar el medio que la naturaleza nos ha dado, la violación más frecuente se produce por la inercia de las autoridades públicas en realizar los actos necesarios para protegerlos. La Jurisdicción Constitucional, como medio jurídicamente idóneo y necesario para garantizar la supremacía del derecho de la Constitución es, además de supremo, de orden público esencial, y ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés del propio Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, reestablecer su propia juridicidad. Ese concepto de "intereses difusos" tiene por objeto desarrollar una forma de legitimación, que en los últimos tiempos ha constituido uno de los principios tradicionales de la legitimación y que se ha venido abriendo paso, especialmente en el ámbito del derecho administrativo, como último ensanchamiento, novedoso pero necesario, para que esa fiscalización sea cada vez más efectiva y eficaz. Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil indentificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluídos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. Y precisamente ello es lo que sucede en el presente caso, en el cual el recurrente, evidentemente, tiene un interés individual en el tanto está siendo afectado por la contaminación de que es objeto su comunidad, pero también existe un interés colectivo, ya que la lesión también se produce a la colectividad como un todo. De manera que, entratándose del Derecho al Ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a ese derecho fundamental la sufre tanto la comunidad como el individuo en particular.

Al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las relaciones económicas, debe situarse una serie de disposiciones de no menos trascendencia encaminadas a asegurar una protección básica a la vida humana considerada como valor en sí, al margen que se haga de los recursos humanos en atención a fines politícos o económicos. Se da así entrada a una nueva dimensión de las garantías constitucionales, cuyo núcleo esencial se halla en la protección de la libertad personal y de los demás derechos fundamentales vinculados de diversas maneras a esa libertad y que se manifiesta, ante todo, en un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación ambiental que facilite, lo más posible, el ejercicio de las libertades y el goce de los derechos fundamentales. Por todo lo expuesto, tratándose de la Jurisdicción Constitucional, la Sala estima que no sólo la legitimación en sí, sino también las condiciones necesarias para ésta en el proceso -ya sea como actor o como demadado- o, en su caso, para gozar o sufrir las consecuencias de la sentencia -como vencedor o vencido-, son y deben ser no sólo lo más amplias que sea posible y prudente reconocer, sino también que en esa amplitud la capacidad misma para ser parte y aún para gestionar judicialmente, como condiciones previas a esa legitimación, debe ser tal que incluso, como en este caso, un menor de edad, estudiante de primaria pueda gozar de ella, pero también cualquier otra persona con sólo que tenga la de poder articular con claridad su pretensión y su interés.

VII) - Como último aspecto, y atendiendo a las pretensiones del recurso por las acciones y omisiones llevadas a cabo tanto por la Municipalidad de Santa Ana como por el Ministerio de Salud, esta Sala entiende que las violaciones alegadas han sido no sólo cometidas, sino reiteras, pues ya esta Sala en sentencia N° 1580-91 de las dieciséis horas dieciocho minutos del catorce de agosto de ese año había otorgado un plazo perentorio de seis meses a los recurridos para que solucionaran el impacto negativo que sobre ambiente y, por ende, sobre la salud de la comunidad, estaba causando el botadero de basura ubicado en las márgenes de la quebrada "La Caraña". El hecho de que las autoridades competentes aleguen, unas que han participado en algunas reuniones a fin de evitar la contaminación del ambiente, y otras, específicamente el Ministerio de Salud, haber girado órdenes para su cierre, es, en todo caso, insuficiente para excusar la negligencia que con su omisión se observa en la solución de este grave problema social, pues lo cierto es que las actuaciones por parte de los órganos a los cuales esta Sala ordenó, en su momento, la solución definitiva del conflicto, no han sido ni efectivas ni diligentes. Es así como esta Sala en resolución Número 2728-91 de las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de Diciembre de mil

novecientos noventa y uno, indicó:La Sala advierte los esfuerzos, al menos teóricos, que ha realizado la Municipalidad para solucionar este gravísimo problema. El Gobierno local justifica su conducta en la falta de recursos económicos, límite acostumbrado de la inefectividad de los entes públicos para cumplir con toda propiedad los fines encomendados, ya sea por mandato constitucional, o bien, por disposición legal. La Sala no puede aceptar que la falta de recursos económicos sea un límite entre el respeto y la violación de los derechos esenciales de los seres humanos. La competencia municipal a que alude el texto de la norma cnstitucional contenida en el artículo 169, se determina en la Ley, en este caso, en el Código Municipal, lo desarrolla la respectiva municipalidad en sus propios reglamentos y en último caso, los tribunales de justicia en su jurisprudencia, de tal forma que es siguiendo este mecanismo, que se pueden definir, también, si son de competencia municipal exclusiva o si por el contario, puede el Estado limitar o condicionar la administración de esos intereses y servicios comunales. Lejos de ello,las instituciones recurrridas, más bien han seguido permitiéndo la utilización de las márgenes de la quebrada "La Caraña" como botadero de basura, lesionando con ello los derechos constitucionales que a través de este fallo la Sala ha expuesto, constituyendo lo anterior, en consecuencia, una conducta reiterativa violatoria de aquellos derechos, lo que motiva a la Sala a declarar la procedencia de este recurso, como en efecto se declara. Se ordena el cierre inmediato del botadero municipal adyacente a la quebrada Caraña, el que deberá rellenarse de modo tal que no represente peligro alguno para la seguridad y salud los vecinos del lugar. Y en vista de que las omisiones y actuaciones acusadas constituyen también una desobediencia a anteriores fallos de esta Sala, procede, asimismo, ordenar abrir causa, de conformidad con lo dispuesto en artículo 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, contra los funcionarios que resulten responsables de esos hechos, por lo que se testimonían las piezas correspondientes ante el Ministerio Público. En vista de esta nueva resolución, se previene a los recurridos no incurrir en nuevas conductas que hagan aplicable lo dispuesto en artículos 71 y 72 de la Ley citada.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso y se restituye al recurrente en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Se ordena el cierre inmediato del botadero municipal adyacente a la quebrada Caraña. Se condena a la Municipalidad de Santa Ana y solidariamente al Estado, al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se ordena abrir proceso contra los funcionarios que resulten responsables de los hechos a que se refiere el artículo 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y testimoníense piezas al Ministerio Público para lo anterior. Notifíquese esta resolución al Ministerio de Salud.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Luis Paulino Mora M.Presidente/R. E. Piza E./Luis Fernando Solano C./Eduardo Sancho G./Carlos Arguedas R./Ana Virginia Calzada M./José Luis Molina Q.

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:10:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

I) - It is important for the Chamber to elaborate, prior to the strictly substantive considerations, a general analysis that establishes the constitutional framework and the conditions and interests that environmental conservation arouses today, since its study constitutes a novelty of this last century. It is essential to remember that for many centuries man believed he had to dominate the forces of nature and put them at his service, since it was considered, to some extent, that natural resources were inexhaustible and that industrialization was per se a desirable objective, without evaluating what the impact of economic activity on the environment would be. In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, since even economic science, which is concerned with the administration of the environment to achieve the maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and tear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently.

All human life occurs in inevitable relationship with its environment, especially with the improvement of the quality of life, which is the central objective that development needs, but this must be in relation to the environment in such a way that it is harmonious and sustainable.

The environment, therefore, must be understood as a development potential to be used appropriately, and action must be taken in an integrated manner regarding its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity for the present and the future is degraded and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the methods of exploiting natural resources give rise to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; precisely because the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that if man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of "lesión," already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others, and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself.

II) - It is important to make some clarifications, intimately related to the substance of this amparo, to be able to understand the aspects related to the environment and its deteriorating agents, understanding that the former is everything that naturally surrounds us and allows the development of life and refers as much to the atmosphere and its upper layers as to the earth, its waters, flora, fauna, and natural resources in general, all of which make up nature with its ecological systems of balance between organisms and the environment in which they live. On the other hand, the ecological system or ecosystem is the basic unit of interaction between living organisms and the environment in a given space; and a pollutant is any element, compound, or substance, its association or composition, chemical or biological derivative, as well as any type of energy, radiation, vibration, or noise that, incorporated in a certain amount into the environment for a more or less prolonged period, can negatively affect or be harmful to the life, health, or well-being of man or flora and fauna, or cause a deterioration in the quality of air, water, soil, "natural beauties," or resources in general, which, in summary, make up the quality of life.

III) - Pollution (contaminación), which refers specifically to the challenge made by the minor appellant, can be considered as the presence in the environment of one or more pollutants, or a combination thereof, in such concentrations and with such a duration of permanence, that they cause in said environment negative characteristics for human life, the health or well-being of man, flora, or fauna, or produce in the habitat of living beings, air, water, soils, landscapes, or natural resources in general, significant deterioration. To pollute (contaminar) is to introduce foreign substances or elements into the environment at levels and with a duration such that they produce pollution (contaminación) in the sense described. Conversely, to decontaminate is to reduce the concentration level of pollutants present in the environment to their acceptable values in accordance with the specific rules on environmental quality.

An environment free of pollution (ambiente libre de contaminación) is, then, the condition in which the environment that surrounds us finds itself, when the alterations produced both by man and by nature in the near or distant surroundings do not exceed the permissible maximums established by those rules.

IV) - The concern for natural resources and for harmonious long-term development has been a reiterated element in the historical evolution of our country since the last century. It has traditionally been held that Costa Rica is a State of Law and it is perhaps for this reason that there exists a tendency to attempt to resolve all problems with the enactment of laws and norms of other ranks. However, within our cultural environment, laws alone have proven evidently insufficient to guarantee the conservation of natural resources and ensure future sustainable development; therefore, it is indispensable that the legal norm have not only technical support, but that, in fact, individual and collective responsibilities are assumed regarding compliance with said regulations at the different levels and instances that correspond.

Until the 1970s, concern for the environment remained at a low level, with variations in certain sectors, a situation that was reflected in our legislation; however, starting that year, with the awakening of global environmental awareness, Costa Rica began to worry. Our country has depended and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and its environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep the productive apparatus that sustains the national economy operating, whose main source is constituted by agriculture and, in recent years, tourism, especially in its ecotourism dimension. The soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and the landscape make up the environmental framework without which basic demands - such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation - would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources; thus, for example, both the generation of foreign currency through agricultural and tourism exploitation and the success of important infrastructure investments depend, ultimately, on the conservation of those resources. The goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of the human being and with the maintenance of essential ecological processes, that is, of environmental quality and the survival of other species. To speak of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving the quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and of the direct or support means necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumer, production, and export products.

In every production process, it is necessary to transform and process resources and, in turn, transport them to consumption centers, all of which entails an energy and environmental cost. Likewise, the productive process not only requires natural resources to sustain itself, but also generates waste and pollution (contaminación) of highly varied nature, such as, for example, solid waste or emissions that pollute the air or water. It is evident that man, with his technological power, has managed to control and notably alter his environment and has subjected the rest of the species to his dominion. However, since the industrial revolution - and in a significantly more accelerated manner starting from the Second World War - the exponential growth of the population and the also exponential trends of the economy have increased the level of human intervention on the planet, destroying habitats, altering and polluting the vital cycles of the environment and exterminating living species. The accelerated deterioration of the environment in recent decades, the enormous costs of corrective measures, not always effective, and the time frames required, for example, for the recovery of a watershed (cuenca) or a felled natural forest, or of a contaminated underground water mantle, are unequivocal signs of the abuse of natural resources and the negative impact of the human species on a limited world.

Reference must be made to the meeting convened in July 1992 in Brazil, called the Earth Summit, in which the integral and interdependent nature of the planet was proclaimed and recognized. Said declaration signifies the acceptance of certain principles that inform the transition from current development styles to sustainability. The signatory States, among them Costa Rica, committed themselves, within the preservation of sustainable development, to the protection above all of the human being. The starting point was the principle that every person has the right to a healthy and productive life in harmony with nature; the right of present and future generations for development to be carried out in such a way that it satisfies their environmental and progress needs was included; the sovereign power of States to exploit their resources was maintained, emphasizing their responsibility to ensure that the activities carried out within their jurisdiction and control do not cause environmental damage to other States or areas beyond the limits of their national jurisdiction. They established the duty of States to cooperate in the conservation, protection, and restoration of the environment and their common responsibilities in that sense; in this way, international cooperation in the promotion and support of economic growth and sustainable development will allow for better addressing the problems of environmental degradation. Likewise, a special duty was imposed on developed countries based on their responsibility in the search for sustainable development, given the evident pressure that the technologies they develop and the financial resources they possess exert on the global environment.

Our country has signed a large number of conventions seeking the protection of natural resources, which must be used to integrate domestic legislation and to elucidate, even jurisdictionally, the problems related to environmental protection, since international instruments, even those not ratified, permit regional or global solutions to such problems.

V) - Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains us and supports us, not only for physical nourishment but also for psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in an environment free of pollution (ambiente libre de contaminación), which is the basis of a just and productive society. This is how Article 21 of the Political Constitution states: Human life is inviolable. It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably derives, a human right that is inextricably linked to the right to health and the obligation of the State to protect human life.

Likewise, from the psychological and intellectual point of view, the state of mind also depends on nature, so that when the landscape becomes a useful space for rest and free time, its preservation and conservation become an obligation. This last aspect is protected in Article 89 of the Constitution, which literally says: Among the cultural goals of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress. To protect nature from an aesthetic point of view is not to commercialize it or transform it into merchandise, it is to educate the citizen to learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value.

VI) - STANDING (LEGITIMACIÓN): In the case of the legal protection of the environment, the standing (legitimación) of private individuals to act judicially and achieve the application of the norms that have that purpose, or to request jurisdictional protection to safeguard their violated rights, is of great importance. But it must be analyzed from several points of view, that is, in relation to the nature of the process, the claims, and the intervening parties, and also taking into account that the breach of environmental norms can be caused by the action or omission of both a subject of private law and public law. The latter, simply by failing to exercise due control over the actions of private subjects, when they infringe environmental norms, ignoring their functional competence, which requires them to exercise that control; or, directly infringing by their action legal provisions intended to protect and conserve the environment. This Chamber, in Judgment Number 2233-93, by pointing out that the preservation and protection of the environment is a fundamental right, gives rise to standing (legitimación) to resort to the amparo procedure. In environmental law, the procedural prerequisite of standing (legitimación) tends to extend and expand in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that, in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or specific actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call the diffuse interest (interés difuso), through which the original standing (legitimación) of the legitimate interested party or even the simple interested party is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that violate them. In the case of the protection of the environment, the interest, typically diffuse, which gives the subject standing (legitimación) to bring action, is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, into a true "reactional right," which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against the violation originating from illegitimate acts or omissions. It is for this reason that the violation of that fundamental right constitutes a constitutional illegality, that is, a specific cause for amparo against specific acts or self-executing norms, or, as the case may be, in the action of unconstitutionality against all norms or against acts not susceptible to amparo, and even against omissions, a category that in the case of the right to the environment becomes especially important, because when it comes to conserving the environment that nature has given us, the most frequent violation occurs due to the inertia of public authorities in carrying out the necessary acts to protect it. The Constitutional Jurisdiction, as a legally suitable and necessary means to guarantee the supremacy of the law of the Constitution, is, in addition to being supreme, of essential public order, and this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic standing (legitimación) is necessary to associate citizens with the interest of the Rule-of-Law State itself to supervise and, where appropriate, re-establish its own legality. That concept of "diffuse interests" (intereses difusos) aims to develop a form of standing (legitimación) that, in recent times, has constituted one of the traditional principles of standing (legitimación) and that has been making its way, especially in the field of administrative law, as the latest, novel but necessary, broadening so that this supervision becomes increasingly more effective and efficient. Diffuse interests (intereses difusos), although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our Law - as this Chamber has already stated - merely collective interests; nor so diffuse that their ownership merges with that of the national community as a whole, nor so specific that compared to them, specific or easily identifiable persons are identified, or personalized groups, whose standing (legitimación) would derive, not from diffuse interests (intereses difusos), but from corporate ones or those that concern a community as a whole. It is, then, a matter of individual interests, but, at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of people who share an interest and, therefore, receive a benefit or a harm, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that they are equal interests of the sets of persons who find themselves in certain situations and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests (intereses difusos) partake of a dual nature, as they are at once collective - for being common to a generality - and individual, for which reason they can be claimed in such character. And precisely this is what happens in the present case, in which the appellant evidently has an individual interest insofar as he is being affected by the pollution (contaminación) to which his community is subjected, but there also exists a collective interest, since the harm is also caused to the community as a whole. Therefore, in the case of the Right to the Environment, standing (legitimación) corresponds to the human being as such, since the harm to that fundamental right is suffered by both the community and the individual in particular.

Alongside the set of principles that the Constitution dedicates to economic relations, a series of provisions of no less importance must be situated, aimed at ensuring basic protection for human life considered as a value in itself, regardless of the use made of human resources for political or economic purposes. This gives way to a new dimension of constitutional guarantees, the essential core of which lies in the protection of personal freedom and of the other fundamental rights linked in various ways to that freedom, and which manifests itself, above all, in a set of general rules aimed at creating an environmental situation that facilitates, as much as possible, the exercise of freedoms and the enjoyment of fundamental rights. For all the foregoing, in dealing with the Constitutional Jurisdiction, the Chamber considers that not only standing (legitimación) itself, but also the necessary conditions for it in the process - either as plaintiff or as defendant - or, as the case may be, to enjoy or suffer the consequences of the judgment - as winner or loser -, are and must be not only as broad as possible and prudent to recognize, but also that within that breadth, the capacity itself to be a party and even to manage judicially, as conditions prior to that standing (legitimación), must be such that even, as in this case, a minor, a primary school student, can enjoy it, but also any other person provided they have the capacity to articulate with clarity their claim and their interest.

VII) - As a final aspect, and in view of the claims of the appeal regarding the actions and omissions carried out both by the Municipality of Santa Ana and by the Ministry of Health, this Chamber understands that the alleged violations have been not only committed, but reiterated, since this Chamber, in judgment No. 1580-91 of fourteen hundred eighteen hours on August fourteenth of that year, had already granted a peremptory period of six months to the respondents to solve the negative impact that the garbage dump located on the banks of the "La Caraña" stream (quebrada) was causing on the environment and, therefore, on the health of the community. The fact that the competent authorities allege, some that they have participated in some meetings in order to prevent environmental pollution (contaminación), and others, specifically the Ministry of Health, that they have issued orders for its closure, is, in any case, insufficient to excuse the negligence observed in their omission in the solution of this serious social problem, since the truth is that the actions by the bodies which this Chamber ordered, at the time, the definitive solution of the conflict, have been neither effective nor diligent. It is thus that this Chamber, in Resolution Number 2728-91 of eight hours fifty-four minutes on December twenty-fourth, nineteen ninety-one, stated: The Chamber notes the efforts, at least theoretical, that the Municipality has made to solve this very serious problem. The local Government justifies its conduct by the lack of economic resources, the usual limit on the ineffectiveness of public entities to fully comply with the tasks entrusted to them, whether by constitutional mandate, or by legal provision. The Chamber cannot accept that the lack of economic resources is a limit between respect for and violation of the essential rights of human beings. The municipal competence referred to in the text of the constitutional norm contained in Article 169 is determined in the Law, in this case, in the Municipal Code, developed by the respective municipality in its own regulations, and ultimately by the courts of justice in their jurisprudence, in such a way that it is by following this mechanism that it can also be defined whether they are of exclusive municipal competence or whether, on the contrary, the State can limit or condition the administration of those communal interests and services. Far from it, the respondent institutions have rather continued to allow the use of the banks of the "La Caraña" stream (quebrada) as a garbage dump, thereby harming the constitutional rights that the Chamber has set forth through this ruling, constituting the foregoing, consequently, a reiterated conduct violating those rights, which motivates the Chamber to declare the admissibility of this appeal, as is hereby declared. The immediate closure of the municipal dump (botadero) adjacent to the Caraña stream (quebrada) is ordered, which must be filled in such a way that it does not represent any danger to the safety and health of the neighbors of the place. And in view of the fact that the accused omissions and actions also constitute disobedience to previous rulings of this Chamber, it is also appropriate to order that proceedings be initiated, in accordance with the provisions of Article 72 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, against the officials found responsible for these facts, for which the corresponding certified copies are forwarded to the Public Prosecutor's Office. In view of this new resolution, the respondents are warned not to engage in new conduct that would make applicable the provisions of Articles 71 and 72 of the cited Law. (…)"

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Otras Referencias: Sentencias: 2728-91

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 021- Vida humana

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 21 de la Constitución Política

“(…)V) - Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains us and supports us, not only for physical nourishment but also for psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in an environment free of pollution, which is the basis of a just and productive society. This is how Article 21 of the Political Constitution states: Human life is inviolable. It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably derives, a human right that is inextricably linked to the right to health and the obligation of the State to protect human life.(…)” VCG03/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 089- Protección de bellezas naturales y patrimonio histórico y artístico

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 89 de la Constitución Política

“Nombre472.- (…) Likewise, from the psychological and intellectual point of view, the state of mind also depends on nature, so that when the landscape becomes a useful space for rest and free time, its preservation and conservation become an obligation. This last aspect is protected in Article 89 of the Constitution, which literally says: Among the cultural goals of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress. To protect nature from an aesthetic point of view is not to commercialize it or transform it into merchandise, it is to educate the citizen to learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value.(…)” VCG03/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 033- Legitimación activa

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 33 Ley de la Jurisdicción Constitucional (legitimación)

“VI.- (…) The Constitutional Jurisdiction, as a legally suitable and necessary means to guarantee the supremacy of the law of the Constitution, is, in addition to being supreme, of essential public order, and this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic standing (legitimación) is necessary to associate citizens with the interest of the Rule-of-Law State itself to supervise and, where appropriate, re-establish its own legality.(…) “in dealing with the Constitutional Jurisdiction, the Chamber considers that not only standing (legitimación) itself, but also the necessary conditions for it in the process - either as plaintiff or as defendant - or, as the case may be, to enjoy or suffer the consequences of the judgment - as winner or loser -, are and must be not only as broad as possible and prudent to recognize, but also that within that breadth, the capacity itself to be a party and even to manage judicially, as conditions prior to that standing (legitimación), must be such that even, as in this case, a minor, a primary school student, can enjoy it, but also any other person provided they have the capacity to articulate with clarity their claim and their interest. (…)” VCG03/2020

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1.

POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

Article 50 of the Political Constitution (Concept and constitutional framework)

“I.- (…) The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be utilized appropriately, requiring integrated action in its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the methods of exploiting natural resources lead to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which results in broad sectors of the population being harmed and generates a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; for precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to achieve development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of “injury” (lesión), already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. (…)” VCG03/2020

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Text of the resolution

Placa12081

Amparo

Date: 30/07/1993

VOTO N° 3705-93

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours on the thirtieth of July of nineteen ninety-three.

Having reviewed the amparo action filed by Nombre75724, a minor, elementary school student, resident of Ciudad Colón de Mora, against the Ministry of Health and the Municipality of Santa Ana.

WHEREAS:

I. The minor Nombre75724 filed an amparo action against the Municipality of Santa Ana and the Ministry of Health, because through their actions and omissions they have violated the Right to Life and to a healthy environment by having permitted the “La Uruca” creek (quebrada), which flows into the Virilla River, to be used as a garbage dump, with the consequent contamination, which affects not only him, but all the residents of the area, for which reason he requests that the action be granted.

II. In his report, Doctor Carlos Castro Charpentier, Minister of Health, indicated that the Municipality of Santa Ana does indeed have a dumpsite located on the banks of the Virilla River, a dumpsite that, according to the technical studies conducted, is in deplorable conditions. That this Ministry issued instructions to the Head of the Central-South Subregion so that the latter would in turn issue a Sanitary Order to the Municipality of Santa Ana requiring it, within a period of three months, to seek at least three properties for the construction of an adequate sanitary landfill. That this Sanitary Order was issued on the fourth of February of nineteen ninety-two and therein the Municipal Executive of Santa Ana was ordered to comply with the foregoing. He considers that from the above it follows that this Ministry has acted diligently by issuing the respective sanitary order, in adherence to the Principle of Legality and aware that the situation underlying the action is a danger and a contaminating factor for Public Health, for which reason he requests that the action be dismissed.

III. For his part, Mr. Albin Villavicencio Coronado, Municipal Executive of Santa Ana, reported that the acts on which the filed action is based are the same ones that were the subject of the action processed before this Chamber under case file No. 1170-B-91, which has already been resolved. He alleges that this Municipality has never used the La Uruca stream as a garbage dump. That what happens is that, sporadically, some unscrupulous persons throw garbage bags into the riverbed. That the municipal dumpsite is located on land owned by his represented entity, which is adjacent to the “Caraña” creek (quebrada). That the municipal entity has tried to prevent that dumpsite from being used indiscriminately and has even installed a gate and an employee to monitor entry and the disposal of waste. That, however, due to a lack of budget, that employee can only be maintained during the day, in addition to the fact that the gate cannot be closed permanently because said passage constitutes an easement (servidumbre). That this Municipality has joined other municipalities in the area to seek a comprehensive solution to the garbage problem. That a Commission has been formed to analyze possible solutions and, in conjunction with the Institute for Municipal Development and Advisory (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal), studies are being conducted to determine the feasibility of the project. Likewise, he states that by decree No. 20429-MP-S-MOPT-MIRENEM the garbage problem was declared a national emergency.

IV. In the terms and procedures, the prescriptions of the Law have been observed.

Drafted by Judge Calzada M., and;

WHEREAS:

I) - It is important for the Chamber to elaborate, prior to the strictly substantive considerations, a general analysis establishing the constitutional framework and the conditions and interests that environmental conservation awakens today, since its study constitutes a novelty of this last century. It is essential to remember that for many centuries man believed that he had to dominate the forces of nature and put them at his service, since it was considered, to some extent, that natural resources were inexhaustible and that industrialization was per se a desirable objective, without evaluating what the impact of economic activity on the environment would be. In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, for even economic science, which concerns itself with the administration of the surroundings to achieve the maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and tear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently.

All of man’s life occurs in inevitable relation with his environment, especially with the improvement of the quality of life, which is the central objective that development needs, but this must be in relation to the environment in such a way that it is harmonious and sustainable.

The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be utilized appropriately, requiring integrated action in its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the methods of exploiting natural resources lead to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which results in broad sectors of the population being harmed and generates a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; for precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to achieve development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of “injury” (lesión), already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself.

II) - It is important to make some clarifications, intimately related to the substance of this amparo, in order to understand the aspects related to the environment and its degrading factors, understanding that the former is everything that naturally surrounds us and allows the development of life and refers as much to the atmosphere and its upper layers as to the land, its waters, flora, fauna, and natural resources in general, all of which makes up nature with its ecological systems of equilibrium between organisms and the environment in which they live. On the other hand, the ecological system or ecosystem is the basic unit of interaction between living organisms and the environment in a given space; and a contaminant is any element, compound, or substance, their association or composition, chemical or biological derivative, as well as any type of energy, radiation, vibration, or noise that, when incorporated in a certain quantity into the environment for a more or less prolonged period, can negatively affect or be harmful to the life, health, or well-being of man or of the flora and fauna, or cause a deterioration in the quality of the air, water, soil, “natural beauties” (bellezas naturales), or resources in general, which in summary constitute the quality of life.

III) - Contamination, which refers specifically to the challenge made by the minor petitioner, can be considered as the presence in the environment of one or more contaminants, or a combination thereof, in such concentrations and with such a duration of permanence, that they cause in said environment negative characteristics for human life, health, or human well-being, flora or fauna, or produce in the habitat of living beings, air, water, soils, landscapes, or natural resources in general, a significant deterioration. To contaminate is to introduce substances or elements foreign to the environment at levels and with a duration such that they produce contamination in the sense set forth. Conversely, to decontaminate is to reduce the level of concentration of contaminants present in the environment to their acceptable values in accordance with the specific norms on environmental quality.

An environment free of contamination is, therefore, the condition in which the environment that surrounds us is found, when the alterations produced both by man and by nature in the near or distant surroundings do not exceed the maximum permissible limits set by those norms.

IV) - Concern for natural resources and for harmonious long-term development has been a recurring element in the historical evolution of our country since the last century. It has traditionally been maintained that Costa Rica is a State of Law and it is perhaps for this reason that there exists a tendency to attempt to resolve all problems through the enactment of laws and norms of other ranks. However, within our cultural environment, laws alone have proven evidently insufficient to guarantee the conservation of natural resources and ensure a future sustainable development; therefore, it is indispensable that the legal norm have not only technical backing, but that, in fact, individual and collective responsibilities be assumed regarding compliance with said regulations at the different levels and instances as appropriate.

Until the 1970s, concern for the environment remained at a low level, with variations in certain sectors, a situation that was reflected in our legislation; however, starting from that year, with the awakening of global environmental awareness, Costa Rica began to grow concerned. Our country has depended and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and its environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep operating the productive apparatus that sustains the national economy, whose main source is agriculture and, in recent years, tourism, especially in its ecotourism dimension. The soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and the landscape make up the environmental framework without which basic demands—such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources; thus, for example, both the generation of foreign currency through agricultural exploitation and tourism, as well as the success of significant investments in infrastructure, depend, ultimately, on the conservation of those resources. The goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of the human being and with the maintenance of essential ecological processes, that is, of environmental quality and the survival of other species. To speak of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving the quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and of the direct means or support necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into products for consumption, production, and export.

In every production process, it is necessary to transform and process resources and, in turn, transport them to consumption centers, all of which entails an energy and environmental cost. Likewise, the productive process not only requires natural resources to maintain itself, but also generates waste and contamination of a very varied nature, such as, for example, solid waste or emissions that contaminate the air or water. It is evident that man, with his technological power, has managed to control and notably alter his surroundings and has subjected the rest of the species to his dominion. However, since the industrial revolution—and in a significantly more accelerated manner starting from the Second World War—the exponential growth of the population and the also exponential trends of the economy have increased the level of man’s intervention on the planet, destroying habitats, altering and contaminating the vital cycles of the environment, and exterminating living species. The accelerated deterioration of the environment in recent decades, the enormous costs of corrective measures—not always effective—and the time periods necessary, for example, for the recovery of a watershed (cuenca) or a felled natural forest (bosque natural), or a contaminated groundwater mantle, are unequivocal signs of the abuse of natural resources and of the negative impact of the human species on a limited world.

Reference must be made to the gathering convened in July 1992 in Brazil, called the Earth Summit, in which the integral and interdependent nature of the planet was proclaimed and recognized. Said declaration signifies the acceptance of certain principles that inform the transition from current development styles to sustainability. The signatory States, among which Costa Rica figures, committed themselves, within the preservation of sustainable development, above all to the protection of the human being. The starting point was the principle that every person has the right to a healthy and productive life in harmony with nature; the right of present and future generations for development to be carried out in such a way that it satisfies their environmental and progress needs was included; the sovereign power of States to exploit their resources was maintained, emphasizing their responsibility to ensure that activities carried out within their jurisdiction and control do not cause environmental damage to other States or areas beyond the limits of their national jurisdiction. They established the duty of States to cooperate in the conservation, protection, and restoration of the environment and their common responsibilities in that sense; in this way, international cooperation in the promotion and support of economic growth and sustainable development will allow better addressing the problems of environmental degradation. Likewise, a special duty was imposed on developed countries based on their responsibility in the search for sustainable development, given the evident pressure that the technologies they develop and the financial resources they possess exert on the global environment.

Our country has signed a large number of conventions aimed at the protection of natural resources, which must be used to integrate domestic legislation and elucidate, even jurisdictionally, the problems related to environmental protection, since international instruments, even those not ratified, allow regional or global solutions to such problems.

V) - Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains and supports us, not only for physical sustenance, but also for psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in an environment free of contamination, which is the basis of a just and productive society. It is thus that Article 21 of the Political Constitution states: Human life is inviolable. It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably emerges, a human right that is indissolubly linked to the right to health and the obligation of the State to protect human life.

Likewise, from a psychological and intellectual point of view, the state of mind also depends on nature, for which reason, when the landscape becomes a useful space for rest and leisure time, its preservation and conservation are an obligation. This last aspect is protected in constitutional Article 89, which literally states: Among the cultural aims of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress. To protect nature from an aesthetic point of view is not to commercialize it or transform it into merchandise; it is to educate the citizen so that he learns to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value.

VI) - STANDING (LEGITIMACIÓN): In the context of the legal protection of the environment, the standing of private individuals to act judicially and achieve the application of norms aimed at that purpose, or well, to request jurisdictional protection to safeguard their violated rights, is of great importance. But it must be analyzed from several points of view, that is, in relation to the nature of the proceeding, the claims, and the intervening parties, and also taking into account that the breach of environmental norms can be caused by the actions or omissions of both a private-law subject and a public-law subject. The latter, simply by omitting to exercise due control over the actions of private subjects when they infringe environmental norms, ignoring their functional competence that requires them to exercise that control; or well, by directly infringing legal provisions intended to protect and conserve the environment through their own actions. This Chamber, in Judgment Number 2233-93, by pointing out that the preservation and protection of the environment is a fundamental right, gives room for standing to resort to the amparo proceeding. In environmental law, the procedural prerequisite of standing tends to extend and broaden in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, requiring an understanding that, in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or specific actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call the diffuse interest (interés difuso), through which the original standing of the legitimate interested party or even of the merely interested party, is diffused among all the members of a determined category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that violate them. In the case of the protection of the environment, the typically diffuse interest that grants standing to the subject to bring action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of the rights of the human person, into a true “reactional right” (derecho reaccional), which, as its name indicates, empowers its holder to “react” against the violation originating from illegitimate acts or omissions. It is for this reason that the violation of that fundamental right constitutes a constitutional illegality, that is, a specific cause of amparo against concrete acts or self-applicative norms or, as the case may be, in the action of unconstitutionality against all norms or against acts not susceptible to amparo, and even against omissions, a category that, in the case of the right to the environment, becomes especially important, because in dealing with the conservation of the environment that nature has given us, the most frequent violation occurs due to the inertia of public authorities in performing the acts necessary to protect it. The Constitutional Jurisdiction, as a legally suitable and necessary means to guarantee the supremacy of the law of the Constitution, is, in addition to being supreme, of essential public order, and this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic standing is necessary to associate citizens with the interest of the Rule of Law itself to supervise and, as the case may be, re-establish its own legality. That concept of “diffuse interests” (intereses difusos) has the purpose of developing a form of standing that, in recent times, has constituted one of the traditional principles of standing and has been gaining ground, especially in the sphere of administrative law, as a latest expansion, novel but necessary, so that this supervision is increasingly more effective and efficient. Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our Law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, compared to them, determined or easily identifiable individuals, or personalized groups, are identified, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate interests or those that concern a community as a whole. We are dealing, then, with individual interests, but, at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of persons who share an interest and, therefore, receive a benefit or a detriment, actual or potential, more or less equal for all, for which reason it is rightly said that they are equal interests of the sets of persons who find themselves in certain situations and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are at once collective—because they are common to a generality—and individual, which is why they can be claimed in such capacity. And precisely that is what happens in the present case, in which the petitioner evidently has an individual interest insofar as he is being affected by the contamination that his community is suffering, but there also exists a collective interest, since the harm (lesión) is also produced to the community as a whole. Thus, in the case of the Right to the Environment, standing corresponds to the human being as such, for the harm to that fundamental right is suffered as much by the community as by the individual in particular.

Alongside the set of principles that the Constitution devotes to economic relations, a series of provisions of no less transcendence must be situated, aimed at ensuring basic protection for human life considered as a value in itself, aside from the use made of human resources for political or economic ends. Thus, entry is given to a new dimension of constitutional guarantees, whose essential nucleus is found in the protection of personal liberty and the other fundamental rights linked in various ways to that liberty, and which manifests itself, first of all, in a set of general rules tending to create an environmental situation that facilitates, as much as possible, the exercise of liberties and the enjoyment of fundamental rights. For all the foregoing, dealing with the Constitutional Jurisdiction, the Chamber considers that not only standing itself, but also the necessary conditions for it in the proceeding—whether as plaintiff or as defendant—or, as the case may be, to enjoy or suffer the consequences of the judgment—as winner or loser—are and must be not only as broad as it is possible and prudent to recognize, but also that within that breadth, the very capacity to be a party and even to litigate judicially, as conditions prior to that standing, must be such that even, as in this case, a minor, an elementary school student, may enjoy it, but also any other person, as long as they have the ability to articulate their claim and their interest with clarity.

VII) - As a final aspect, and attending to the claims of the action regarding the actions and omissions carried out by both the Municipality of Santa Ana and the Ministry of Health, this Chamber understands that the alleged violations have been not only committed, but also reiterated, for this Chamber, in judgment No. 1580-91 at sixteen hours and eighteen minutes on the fourteenth of August of that year, had already granted a peremptory period of six months to the respondents to resolve the negative impact that the garbage dump located on the banks of the “La Caraña” creek (quebrada) was causing on the environment and, therefore, on the health of the community. The fact that the competent authorities allege, some that they have participated in some meetings in order to avoid contamination of the environment, and others, specifically the Ministry of Health, having issued orders for its closure, is, in any case, insufficient to excuse the negligence observed through their omission in the solution of this grave social problem, for the truth is that the actions on the part of the bodies which this Chamber ordered, at the time, to definitively resolve the conflict, have been neither effective nor diligent. It is thus that this Chamber, in Resolution Number 2728-91 at eight hours and fifty-four minutes on the twenty-fourth of December of nineteen ninety-one, indicated: The Chamber notes the efforts, at least theoretical, that the Municipality has made to solve this very grave problem. The local Government justifies its conduct based on the lack of economic resources, the customary limit to the ineffectiveness of public entities to fully and properly fulfill the entrusted purposes, whether by constitutional mandate, or by legal provision. The Chamber cannot accept that the lack of economic resources is a limit between respect for and violation of the essential rights of human beings. The municipal competence alluded to in the text of the constitutional norm contained in Article 169 is determined in the Law, in this case, in the Municipal Code, developed by the respective municipality in its own regulations, and ultimately, by the courts of justice in their case law, in such a way that it is by following this mechanism that it can also be defined whether they are of exclusive municipal competence or whether, on the contrary, the State can limit or condition the administration of those communal interests and services. Far from it, the respondent institutions have instead continued to permit the use of the banks of the “La Caraña” creek (quebrada) as a garbage dump, thereby harming the constitutional rights that the Chamber has set forth through this ruling, the foregoing constituting, consequently, a conduct that reiterates the violation of those rights, which motivates the Chamber to declare that this action proceeds, as it is indeed so declared. The immediate closure of the municipal dump adjacent to the Caraña creek (quebrada) is ordered, which must be filled in such a way that it does not represent any danger to the safety and health of the residents of the area. And given that the accused omissions and actions also constitute disobedience to previous rulings of this Chamber, it is also appropriate to order that proceedings be initiated, in accordance with the provisions of Article 72 of the Law of Constitutional Jurisdiction, against the officials who are found responsible for those acts, for which reason the corresponding certified copies of the case documents are to be sent to the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público).

In view of this new ruling, the respondents are warned not to engage in further conduct that would make the provisions of articles 71 and 72 of the cited Law applicable.

THEREFORE:

The appeal is declared with merit and the appellant is restored to the full enjoyment of their fundamental rights. The immediate closure of the municipal dump adjacent to the Caraña stream (quebrada Caraña) is ordered. The Municipality of Santa Ana and, jointly and severally, the State, are ordered to pay costs and the damages and losses caused, which shall be liquidated, as applicable, in the judgment enforcement proceeding (vía de ejecución de sentencia) of the contentious-administrative jurisdiction. It is ordered that proceedings be initiated against the officials found responsible for the acts referred to in article 72 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and certified copies of the case file shall be sent to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) for the foregoing. Notify this ruling to the Ministry of Health (Ministerio de Salud).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Luis Paulino Mora M.
President/R. E. Piza E./Luis Fernando Solano C./Eduardo Sancho G./Carlos Arguedas R./Ana Virginia Calzada M./José Luis Molina Q.

 

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