Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], mayor, soltera, planificadora económica y social, indígena Brunca, portadora de la cédula de identidad No. [Valor 001] y [Nombre 007] , mayor, casado, entrenador, indígena del pueblo Bribrí de Talamanca, portador de la cédula de identidad No. [Valor 002] , para que se declare inconstitucional la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado, Ley No. 9590 de 3 de julio de 2018, por estimarla contraria a lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 89 de la Constitución Política, a los principios precautorio, de objetivación y de no regresión en materia ambiental, a lo señalado en el numeral 5 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, en el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales del Sistema de Integración Centroamericana, en los ordinales 4 y 5 de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en los artículos 2.5 y 4.2 de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), en el ordinal 6.1.a. del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en los artículos 8.1, 25 y 32.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de los accionantes proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en cuanto se apersonan en defensa de intereses difusos (materia ambiental) y en defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los derechos de los pueblos indígenas.
English (translation)The unconstitutionality claim filed by [Name 001], adult, single, economic and social planner, indigenous Brunca, holder of identity card No. [Value 001], and [Name 007], adult, married, trainer, indigenous of the Bribrí people of Talamanca, holder of identity card No. [Value 002], is admitted for processing, seeking to declare unconstitutional the Law to Authorize the Use of Water for Human Consumption and Construction of Ancillary Works in State Natural Heritage, Law No. 9590 of July 3, 2018, on the grounds that it violates Articles 9, 50, and 89 of the Political Constitution, the precautionary, objectification, and non-regression principles in environmental matters, the provisions of Article 5 of the Convention for the Protection of Flora, Fauna and Natural Scenic Beauties of the Countries of America, the Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations of the Central American Integration System, Articles 4 and 5 of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Articles 2.5 and 4.2 of the Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar Convention), Article 6.1.a of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples, and Articles 8.1, 25, and 32.1 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
This claim is admitted because it meets the requirements set forth in Articles 73 to 79 of the Law on Constitutional Jurisdiction. The petitioners' standing derives from Article 75, paragraph 2, of the Law on Constitutional Jurisdiction, as they appear in defense of diffuse interests (environmental matters) and in defense of an interest concerning a community, in this case the rights of indigenous peoples.
Claim admitted for processing
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 91839 - 2018 Fecha de la Resolución: 04 de Octubre del 2018 a las 08:23 Expediente: 18-015287-0007-CO Redactado por: No indica redactor Clase de asunto: Acción cursada Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 5. ACCIONES CURSADAS Tema: MINORÍAS Subtemas: ACCIÓN VOTADA. SE CUESTIONA LEY SOBRE APROVECHAMIENTO DE AGUA EN PATRIMONIO NATURAL SIN CONSULTA A PUEBLOS INDIGENAS Expediente: 18-015287-0007-CO Sentencia: 017397-19 de 12 de setiembre de 2019 Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad Norma impugnada: Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado No. 9590 Magistrado Ponente: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez Parte dispositiva: Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, únicamente se anula la frase "no será necesario el trámite de autorización ante el Minae” del párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la frase anulada de la norma en cuestión, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En lo demás, se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Araya García ponen nota. La Magistrada Esquivel Rodríguez pone nota. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al Procurador General de la República, al Presidente de la Asamblea Legislativa, a los accionantes y a todos los intervinientes. PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN DE JUDICIAL DE LA RESOLUCIÓN DE CURSO PRIMERA PUBLICACIÓN N° 214 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUNDA PUBLICACIÓN N° 215 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 TERCERA PUBLICACIÓN N° 216 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 ... Ver más Sentencias Relacionadas Texto de la resolución *180152870007CO* EXPEDIENTE: 18-015287-0007-CO PROCESO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ACCIONANTE: [Nombre 007] Y OTRO SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas y veintitrés minutos de cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], mayor, soltera, planificadora económica y social, indígena Brunca, portadora de la cédula de identidad No. [Valor 001] y [Nombre 007] , mayor, casado, entrenador, indígena del pueblo Bribrí de Talamanca, portador de la cédula de identidad No. [Valor 002] , para que se declare inconstitucional la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado, Ley No. 9590 de 3 de julio de 2018, por estimarla contraria a lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 89 de la Constitución Política, a los principios precautorio, de objetivación y de no regresión en materia ambiental, a lo señalado en el numeral 5 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, en el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales del Sistema de Integración Centroamericana, en los ordinales 4 y 5 de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en los artículos 2.5 y 4.2 de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), en el ordinal 6.1.a. del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en los artículos 8.1, 25 y 32.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se confiere audiencia por quince días a l a Procuraduría General de la República, al Ministro de Ambiente y Energía, al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Argumentan que mediante el artículo 1 de la ley (que, a su vez, modifica el ordinal 18 de la Ley Forestal), se incluye una nueva actividad en las zonas llamadas patrimonio natural del Estado, sea, la extracción de agua en sitios de alta fragilidad, en ecosistemas boscosos ricos en biodiversidad, lo cual conlleva a un claro cambio de uso de suelo en aquellos trayectos por donde pasa la tubería y donde se harán obras permanentes (v. gr. embalses de captación, casetas de bombeo para impulsión del agua, etc.). Acusan que tales obras implican una serie de impactos negativos en el ambiente tales como la tala de árboles, la eliminación de sotobosque, la realización de obras dentro de nacientes, ríos o quebradas, etc.. Alegan que sobre dicha modificación no existe, en el respectivo expediente legislativo, un solo registro donde consten todos los referidos sitios considerados patrimonio natural del Estado, los números de áreas a impactar o bien estudios técnicos que descarten los impactos negativos dentro de los sitios de protección, los costos, las repercusiones en la biodiversidad, etc.. Afirman que no se contó con un soporte técnico que justificara y cuantificara los cambios de uso de suelo que podrían ser de kilómetros o de decenas de estos en sitios de protección. Manifiestan que se elaboró, sin fundamento técnico o científico, una modificación legislativa que amplía un uso que conlleva a la desafectación genérica de todos los sitios que son patrimonio natural del Estado o áreas silvestres protegidas. Sostienen que la omisión anterior no se solventa al indicarse en el artículo 2 (que adiciona el ordinal 18 bis de la Ley Forestal), que todas las obras “deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos , procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda”. Agregan que el hecho que no se solicite un estudio de impacto ambiental para futuros acueductos dentro del patrimonio natural del Estado de forma expresa y clara, genera una duda, en el sentido que la viabilidad ambiental futura no se realice con el instrumento técnico apropiado. Alegan que lo anterior afecta colateralmente el proceso de participación pública de la ciudadanía vinculado directamente con la realización de los estudios de impacto ambiental. Manifiestan que también era necesario que se exigiera una evaluación ambiental estratégica, en conjunto con los estudios de impacto ambiental, ya que por medio de la primera se puede analizar el escenario de las necesidades, así como los impactos regionales generados a partir de la instalación de acueductos en un sitio considerado patrimonio natural del Estado o área silvestre protegida. De otra parte, consideran que, sin justificación alguna, el artículo 2 (que crea el ordinal 18 bis) establece que en terrenos que son patrimonio natural del Estado y que pertenecen a las administraciones públicas (a las municipalidades, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, etc.), no será necesario solicitar una autorización al MINAE cuando se trata de construir acueductos, hacer talas, eliminar sotobosque, alterar ecosistemas, etc.. Lo anterior, aducen, a pesar que el ordinal 1 de la Ley (por el cual se crea el artículo 18 de la Ley Forestal) dispone que en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecotorismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, el que definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esa ley. En esencia, no comprenden porqué se hace dicha distinción y, por ende, porqué las referidas instituciones quedan exentas de solicitar autorización ante el MINAE, el que, conforme el artículo 13 de la Ley Forestal, es el administrador de todo el patrimonio natural del Estado. Estiman que no medió una razón técnica o científica en dicha exclusión. Aducen que la norma impugnada crea un conflicto de competencias entre el MINAE y el resto de instituciones citadas. Añaden que el ordinal 18 bis le otorga una competencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (asegurar que no se altere el caudal ecológico), a pesar que esta no le corresponde. Afirman que todo lo relacionado con temas de caudales ecológicos le corresponde a la Dirección de Aguas y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE. Sobre el particular, sostienen que se realizó un traslado irresponsable y sin fundamento alguno de tales competencias. De otra parte, manifiestan que, conforme a la Ley Orgánica del Ambiente, existen siete tipos de áreas silvestres protegidas. Alegan que, pese a lo anterior, el ordinal 18 bis que se crea conforme el artículo 2 de la ley impugnada, dispone que “En el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente”. De este modo, refieren que, sin fundamento alguno, el artículo 18 bis crea un régimen especial que elimina cinco tipos de áreas silvestres protegidas de la aplicación del ordinal 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Explican que haciendo una interpretación amplia y protectora de la biodiversidad, tanto los sitios que son patrimonio natural del Estado como las áreas silvestres protegidas, quedan cubiertas por el referido artículo 38 y, por ende, cuando hay reducciones de áreas o cambios de uso de suelo, se debe acudir a la compensación. En otros términos, afirman que, contrario a lo que dispone la normativa impugnada, siempre que se vaya a realizar un acueducto en sitios protegidos, se debe acudir a la desafectación por cambio de uso de suelo, incluso, se debe llevar a cabo la compensación de áreas. A modo de ejemplo, explican que la normativa cuestionada excluyó a los humedales de la aplicación del ordinal 38 de la Ley Orgánica del Ambiental, lo cual, claramente, deviene en inconstitucional. En otro orden de consideraciones, manifiestan que muchos sitios que son áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado se encuentran en territorio indígena. Pese a esto, aducen que los pueblos indígenas no fueron consultados sobre la ley impugnada. Estiman que lo anterior violenta su derecho a la información y a la participación. Asimismo, consideran vulnerado lo dispuesto, sobre el particular, por el ordinal 6.1.a., del Convenio 169 de la OIT. Manifiestan que si el agua que se podría extraer de los territorios indígenas conlleva a instalar tuberías, casetas de bombas de impulsión, talar bosque y sotobosque, entre otras acciones, a los indígenas se les debió consultar de forma previa. Estiman que paralelamente se quebranta su cultura y estilo de vida. Añaden que por las mismas razones supra citadas, resulta inconstitucional el artículo 3 de la ley impugnada, por medio del cual se definió lo que es una reserva forestal. Sostienen que, sobre estas reservas, tampoco fueron consultados los pueblos indígenas. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de los accionantes proviene del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en cuanto se apersonan en defensa de intereses difusos (materia ambiental) y en defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los derechos de los pueblos indígenas. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación". Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese.- EXPEDIENTE N° 18-015287-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:38:41. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 18-015287-0007-CO PROCEEDING: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PETITIONER: [Name 007] AND ANOTHER SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eight hours and twenty-three minutes on October fourth, two thousand eighteen. The acción de inconstitucionalidad filed by [Name 001], of legal age, single, economic and social planner, indigenous Brunca, bearer of identity card No. [Value 001], and [Name 007], of legal age, married, trainer, indigenous of the Bribrí people of Talamanca, bearer of identity card No. [Value 002], is admitted for processing, seeking to have Law to Authorize the Use of Water for Human Consumption and Construction of Related Works in the Natural Heritage of the State, Law No. 9590 of July 3, 2018, declared unconstitutional, on the grounds that it is contrary to the provisions of Articles 9, 50, and 89 of the Political Constitution, to the principles of precaution, objectification, and non-regression in environmental matters, to what is set forth in numeral 5 of the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of America, the Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations of the Central American Integration System, in ordinals 4 and 5 of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, in Articles 2.5 and 4.2 of the Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar Convention), in ordinal 6.1.a. of ILO Convention 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples, and in Articles 8.1, 25, and 32.1 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. A fifteen-day audience is granted to the Procuraduría General de la República, to the Minister of Environment and Energy, to the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, to the President of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, and to the Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. They argue that through Article 1 of the law (which, in turn, modifies ordinal 18 of the Ley Forestal), a new activity is included in the areas known as natural heritage of the State, that is, water extraction in highly fragile sites, in forest ecosystems rich in biodiversity, which entails a clear land-use change (cambio de uso del suelo) in those paths where the pipeline passes and where permanent works will be made (e.g., catchment reservoirs, pumping stations for water propulsion, etc.). They claim that such works involve a series of negative impacts on the environment, such as tree felling, clearing of undergrowth, the execution of works within springs (nacientes), rivers, or streams, etc. They allege that regarding this modification, there is not, in the respective legislative record, a single register that lists all the referred sites considered natural heritage of the State, the numbers of areas to be impacted, or technical studies that rule out negative impacts within the protection sites, the costs, the repercussions on biodiversity, etc. They state that there was no technical support that justified and quantified the land-use changes that could span kilometers or tens of kilometers in protection sites. They assert that, without any technical or scientific basis, a legislative modification was drafted that expands a use leading to the generic declassification of all sites that are natural heritage of the State or protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). They contend that the prior omission is not resolved by indicating in Article 2 (which adds ordinal 18 bis of the Forest Law) that all works "must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) instrument." They add that the fact that an environmental impact study is not expressly and clearly required for future aqueducts within the natural heritage of the State generates doubt, in the sense that future environmental feasibility may not be carried out with the appropriate technical instrument. They allege that the foregoing collaterally affects the process of public citizen participation directly linked to the undertaking of environmental impact studies. They state that it was also necessary to require a strategic environmental assessment, together with the environmental impact studies, since through the former, the scenario of needs can be analyzed, as well as the regional impacts generated by the installation of aqueducts in a site considered natural heritage of the State or a protected wilderness area. On the other hand, they consider that, without any justification, Article 2 (which creates ordinal 18 bis) establishes that on lands that are natural heritage of the State and that belong to public administrations (to municipalities, to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, etc.), it will not be necessary to request authorization from MINAE when it comes to building aqueducts, felling trees, clearing undergrowth, altering ecosystems, etc. They allege the foregoing, despite the fact that ordinal 1 of the Law (through which Article 18 of the Forest Law is created) provides that in the natural heritage, the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism activities, as well as activities necessary for the use of water for human consumption, in accordance with Article 18 bis of this law, once approved by the Ministerio de Ambiente y Energía, which will define, when applicable, the undertaking of environmental impact assessments, as established by the regulation of that law. In essence, they do not understand why such a distinction is made and, therefore, why the referred institutions are exempt from requesting authorization from MINAE, which, pursuant to Article 13 of the Forest Law, is the administrator of all the natural heritage of the State. They believe that there was no technical or scientific reason for said exclusion. They contend that the challenged norm creates a conflict of powers between MINAE and the rest of the cited institutions. They add that ordinal 18 bis grants a power to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (to ensure that the ecological flow is not altered), even though this power does not correspond to it. They state that everything related to ecological flow matters corresponds to the Dirección de Aguas and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE. On this matter, they hold that an irresponsible and completely unfounded transfer of such powers was made. On another point, they state that, pursuant to the Ley Orgánica del Ambiente, there are seven types of protected wilderness areas. They allege that, despite the foregoing, ordinal 18 bis, created by Article 2 of the challenged law, provides that "In the case of protected wilderness areas of absolute protection, that is, national parks and biological reserves, the provisions of Article 38 of Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, must also be complied with." In this way, they note that, without any basis, Article 18 bis creates a special regime that eliminates five types of protected wilderness areas from the application of ordinal 38 of the Ley Orgánica del Ambiente. They explain that by making a broad interpretation protective of biodiversity, both the sites that are natural heritage of the State and the protected wilderness areas are covered by said Article 38 and, therefore, when there are reductions of areas or land-use changes, compensation must be used. In other terms, they state that, contrary to what the challenged regulation provides, whenever an aqueduct is to be built in protected sites, the declassification due to land-use change must be resorted to, and even the compensation of areas must be carried out. By way of example, they explain that the challenged regulation excluded wetlands from the application of ordinal 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, which clearly becomes unconstitutional. In another order of considerations, they state that many sites that are protected wilderness areas and natural heritage of the State are located in indigenous territory. Despite this, they argue that indigenous peoples were not consulted regarding the challenged law. They consider that the foregoing violates their right to information and participation. Likewise, they consider that what is set forth on this matter by ordinal 6.1.a. of ILO Convention 169 has been violated. They state that if the water that could be extracted from indigenous territories entails installing pipelines, pump houses, felling forest and undergrowth, among other actions, the indigenous peoples should have been consulted beforehand. They believe that their culture and way of life are simultaneously being violated. They add that for the same reasons cited above, Article 3 of the challenged law, through which a forest reserve was defined, is unconstitutional. They hold that, regarding these reserves, the indigenous peoples were also not consulted. This action is admitted because it meets the requirements referred to in Articles 73 to 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. The standing of the petitioners comes from Article 75, paragraph 2, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional insofar as they appear in defense of diffuse interests (environmental matter) and in defense of an interest that concerns a community, in this case the rights of the indigenous peoples. Publish a notice in the Boletín Judicial three consecutive times regarding the filing of the action. Legal effects of the filing of the action: The terms of Articles 81 and 82 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional are recalled, which provide the following: "Article 81. If the President deems the referenced requirements met, he will grant an audience to the Procuraduría General de la República and to the opposing party appearing in the main matter, for a period of fifteen days, so that they may state what they deem convenient. At the same time, he will arrange to send a note to the court or body that hears the matter, so that it does not issue the final resolution before the Sala has ruled on the action, and will order the publication of a notice in the Boletín Judicial, three consecutive times, informing the courts and the bodies that exhaust the administrative channel that this claim has been filed, so that in the proceedings or procedures in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, a final resolution is also not issued while the Sala has not issued the corresponding ruling. If the action were filed by the Procurador General de la República, the audience shall be granted to the person who appears as the opposing party in the main matter.", "Article 82. In ongoing proceedings, no phase other than issuing the final resolution shall be suspended, unless the acción de inconstitucionalidad refers to norms that must be applied during the proceeding." Within the fifteen days following the first publication of the cited notice, those who appear as parties in pending matters as of the date of filing of this action, in which the application of what is challenged is discussed, or those with a legitimate interest, may appear in order to coadjuvate regarding its admissibility or inadmissibility, or to expand, as the case may be, the grounds of unconstitutionality in relation to the matter that interests them. It is also made known that, in accordance with Articles 81 and 82 of the Ley de Jurisdicción Constitucional and as the Sala has repeatedly resolved (Resolutions Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the validity of the norm in general, but only its application in the cases and conditions indicated. Let it be notified.- EXPEDIENTE N° 18-015287-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 06:38:41. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República