Res. 01220-2002 Sala Constitucional — Blanket exclusion of EIA for urban projects under local zoning plan is unconstitutionalExclusión genérica de EIA para proyectos urbanísticos bajo plan regulador es inconstitucional

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01220 - 2002

Fecha de la Resolución: 06 de Febrero del 2002 a las 14:58

Expediente: 01-002886-0007-CO

Redactado por: Eduardo Sancho González

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia estimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: MUNICIPALIDAD.

Subtemas:

NO APLICA.

1220-02. PLAN REGULADOR DE PROYECTOS U OBRAS URBANÍSTICAS. Artículos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo  26.228-MINAE del 2 de julio de 1997 publicado  en La Gaceta 156 del 14 de agosto de 1997 y el artículo III.2.6.2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.

Texto de la resolución

Exp: 01-002886-0007-CO

Res: Telf4370

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre443 001], con documento de identificación número [Valor 001]; [Nombre 002] con cédula número [Valor 002]; [Nombre443 003] con documento de identificación número [Valor 003]; [Nombre443 004] con cédula [Valor 004]; todos mayores, vecinos de San Pedro de Montes de Oca, para que se declaren inconstitucionales los artículos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo  26.228-MINAE del 2 de julio de 1997 publicado  en La Gaceta 156 del 14 de agosto de 1997 y el artículo III.2.6.2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, por estimar que son contrarios a lo dispuesto en los artículos 21, 28, párrafo segundo, 46, 50 y 89 de la Constitución Política; y por conexidad y consecuencia análisis del artículo 20 del texto original del mismo Reglamento. Interviene la Procuraduría General de la República representada por Farid Beirute Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula CED5352, en su condición de Procurador General Adjunto; Alejandro Elizondo Castillo mayor, soltero, Administrador de Negocios, vecino de Montes de Oca, cédula CED34530 en su condición de Alcalde a.i. de la Municipalidad de Montes de Oca; Elizabeth Odio Benito, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, cédula CED34531, en su condición de Ministra de Ambiente y Energía; Mario Leiva Vega, Hugo Quesada Rivas y Andrés Barrantes Rodríguez, de calidades no indicadas, en su condición de miembros integrantes del Tribunal Ambiental Administrativo; en condición de coadyuvante de los accionados, la firma Inmuebles Acasuso Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número CED34532 representada por Nombre65425, mayor, soltero, vecino de San José, cédula CED34533, en su condición de apoderado generalísimo.

Resultando:

1.- En escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, a las dieciocho horas veinticuatro minutos del veintiséis de marzo del dos mil uno (folios 1 a 18), indican los recurrentes que el Decreto Ejecutivo 26.228-MINAE de dos de julio de 1997, publicado en La Gaceta 156 del 14 de agosto de 1997, modificó los artículos 19 y 20 de un Decreto anterior número 25705- MINAE del 8 de octubre de 1996, publicado en La Gaceta 11 del 16 de enero de 1997, con la única finalidad de excluir de la presentación de un estudio de impacto ambiental a los proyectos u obras urbanísticas que se consideren usos permitidos dentro del Plan Regulador Municipal, lo que implica la desaplicación, por vía de decreto ejecutivo, de la normativa tutelar ambiental. Agregan que el artículo III.2.6.2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones también es inconstitucional, en tanto permite la circulación vehicular ilimitada dentro de un barrio residencial, lo que también conspira contra su derecho a la tranquilidad y a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado.  

2.- A efecto de fundamentar la legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, señalan que acudieron ante la Sala en amparo que se tramita bajo número 00-009761-0007-CO, en el que se alegó la inconstitucionalidad de la aplicación del Decreto Ejecutivo 26.228-MINAE, que modificó los artículos 19 y 20 del Decreto 25.705-MINAE, únicamente para excluir del requisito del estudio de impacto ambiental a los proyectos urbanísticos  que se consideran usos permitidos dentro del plan regulador municipal, requisito ambiental que se había venido exigiendo en este tipo de proyectos. En razón de la aplicación del referido Decreto, las autoridades accionadas en el amparo,  autorizaron a  la empresa ACASUSO S.A. para levantar la urbanización “Buenos Aires VI Etapa” en la finca correspondiente al folio real 182945-000, razón por la cual la acción de inconstitucionalidad es un medio idóneo y razonable para proteger su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; ello en el tanto la anulación por parte de esa Sala de los artículos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo 26.228-MINAE y del artículo III 2.6.2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, impedirá que la legislación ambiental sea desaplicada por parte de los entes y organismos llamados a tutelar el medio ambiente. Como los que gestionan son vecinos de la referida urbanización y la nulidad que se reclama impedirá la continuación de las obras de construcción, esta acción es también oportuna para evitar el colapso de la vía pública en el sector que comunica La Paulina, Mercedes de Montes de Oca y Sabanilla, situación que les impide gozar de tranquilidad y del ambiente sostenible que le garantiza el Derecho de la Constitución.

3.- En el recurso de amparo número 00-009761-007-CO, que se encuentra suspendido a la espera de la resolución de la presente acción, consta el alegato de inconstitucionalidad en relación con los artículos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo 26.228-MINAE del 10 de julio de 1997 y el artículo III 2.6.2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (folio 147 y 148 de la acción de amparo).

4.- Por resolución de las diez horas del veinticuatro de abril del dos mil uno  (folio 20) se le dio curso a la acción; se le confirió  audiencia a la Procuraduría General de la República, al Tribunal Ambiental Administrativo, al Ministerio de Ambiente y Energía, a la Municipalidad de Montes de Oca y a la empresa "Acasuso S.A.", esta última  no informó dentro del plazo conferido por la Sala; posteriormente se presentó coadyuvante de los accionados y este Tribunal por resolución de las trece horas treinta y seis minutos del tres de setiembre del dos mil uno la admitió en esa condición.(resolución de folio 110).

5.- La Procuraduría General de la República contestó la audiencia en los siguientes términos: los gestionantes combaten los artículos 19 y 20 del “Reglamento sobre Procedimientos de la Setena” (Decreto Ejecutivo 25.705-MINAE y lo dispuesto en el artículo III.2.6.2 del “Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones”, en concreto lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del inciso a) de dicho numeral, en tanto establece:

“Los proyectos, obras o actividades que no estarán sujetos al proceso de evaluación de impacto ambiental y a la presentación del FEAP ante la SETENA, serán aquellos que se localicen en espacios geográficos que reúnan las siguientes características:

1.Que se ubiquen en territorios donde exista una planificación regional, a un escala no mayor de 1:50 000, y

2.Que además, cuente con un Plan Regulador vigente, de carácter cantonal, siempre y cuando no se localicen en las siguientes áreas especiales: (...)

    En el caso del artículo 20 del mismo cuerpo normativo se impugna lo dispuesto en el inciso a) de este numeral, en cuanto obliga a presentar el formulario de evaluación ambiental preliminar (FEAP)  únicamente a “los proyectos urbanísticos y conjuntos habitacionales, que no sean calificados como de interés social, a nivel de anteproyectos, cuya área total de la finca sea mayor a diez mil metros cuadrados”. En lo que respecta al artículo III.2.6.2 del “Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones”, alegan la inconstitucionalidad de las dimensiones que allí se establecen para calles locales calificados como primarias, así como la posibilidad de  habilitar un número ilimitado de lotes por esas calles. En concreto, la norma se impugna en tanto allí se dispone que las calles calificadas como primarias requieren de las siguientes dimensiones: de catorce metros (14m) de derecho de vía, nueve metros (9m) de calzada, un metro con cincuenta centímetros (1.50 m) de acera y un metro (1 m) de franjas verdes y el que éstas “podrán habilitar un número ilimitado de lotes. Por un lado la acción pretende que se determine inconstitucionalidad de la exclusión que hace el decreto de la  obligación de someter a un proceso de evaluación de impacto ambiental a proyectos, obras o actividades que se realizan en espacios geográficos en lo que existe un plan regional o un plan regulador cantonal, así como a proyectos o conjuntos habitacionales no calificados como de interés social, cuya finca tenga un área total inferior a diez mil metros cuadrados. Lo anterior, por cuanto para los recurrentes la no exigencia de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) conlleva una desprotección del ambiente que se enfrenta al numeral 50 constitucional. Por otro lado se insta el análisis de constitucionalidad de una norma reglamentaria que, al establecer dimensiones de las calles locales calificadas como primarias, permite la habilitación de un número ilimitado de lotes; la impugnación se hace en el sentido de que ello habilita la circulación de un número ilimitado de vehículos en una zona residencial, con la consiguiente lesión al derecho a la salud, el que resulta expuesta por rebasar la norma los criterios de proporcionalidad y racionalidad. Sobre la legitimación de los accionantes: En criterio de la Procuraduría el estudio de la acción amparo permite colegir que en ese proceso se alegó la inconstitucionalidad del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 26.228-MINAE. Los accionantes sostienen que  la acción es medio razonable para proteger sus derechos y es  claro que en caso de anularse las normas combatidas, desaparecería la excepción que el reglamento hace en cuanto a la presentación del estudio de impacto ambiental con lo que habrán logrado la protección de su entorno; sin embargo, no sucede lo propio en relación con el artículo 20, inciso a) de ese mismo Reglamento, ni con el artículo III.2.6.2. del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones ya que en ninguno de estos casos los accionantes plantearon el alegato de inconstitucionalidad en el recurso de amparo, que es el asunto previo de la acción. Ahora bien, como esta Sala ha admitido la existencia de un interés difuso en materia ambiental la acción podría ser admisible en tanto se trata de una discusión sobre esta materia, sin embargo, téngase en cuenta que los recurrentes no han argüido la existencia de un interés difuso, sino un asunto previo (la acción de amparo)  y es con base en ese alegato que se  ha dado curso a la acción. Para la Procuraduría la acción debe ser rechazada por inadmisible en relación con el artículo 20 del Reglamento de la Setena y el artículo III.2.6.2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, sin embargo, como existe la posibilidad de que la Sala considere que la acción es admisible en todos los extremos cursados se rendirá informe sobre todos ellos. Sobre el fondo de los alegatos: la evaluación de impacto ambiental es, por excelencia, la técnica utilizada por la Administración Pública para ejercer control sobre las actividades humanas que puedan alterar o cambiar el ambiente, lo que incluye la afectación de sus ecosistemas. La utilización de este instrumento técnico por parte de la administración tiene respaldo en el numeral 50 constitucional, particularmente en su párrafo último, que establece la obligación del Estado de garantizar, defender y preservar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La intervención del Estado en actividades particulares tiene como cometido la tutela ambiental que se ha encomendado al Estado. Como técnicas de intervención y ordenación están las llamadas autorizaciones, distinguible de la otra técnica de ordenación estatal que es la reglamentaria. La evaluación de impacto ambiental es, a fin de cuentas, un tipo de autorización administrativa que, como tal, encuentra respaldo normativo en el numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. El Poder Ejecutivo en el uso de su potestad reglamentaria y habilitado por la Ley Orgánica el Ambiente interviene en la actividad de los particulares al establecer normativamente qué actividades están o no sujetas a una evaluación de impacto ambiental. De esta forma, el Reglamento de la SETENA, promulgado el 8 de octubre de 1997 y publicado en La Gaceta número 11 del 16 de enero de 1997, es el desarrollo de lo que dispone el capítulo IV de la Ley Orgánica del Ambiente, en particular, el artículo 17. El reglamento en cuestión distingue entre el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que es el estudio que presenta el particular que quiere realizar la actividad, proyecto u obra respectiva, y la evaluación ambiental, que es aquella valoración técnica de carácter interdisciplinario que lleva a cabo la SETENA. A su vez, y en relación con el proceso de evaluación ambiental, establece un paso previo donde se determinará qué tipo de evaluación tendrá la actividad, proyecto u obra de que se trate. Se establece entonces una etapa en la cual el interesado llena el denominado Formulario de Evaluación Ambiental (FEAP) para determinar la viabilidad ambiental del proyecto, actividad u obra por realizar, lo que permitirá establecer si deberá o no ser sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental, o si basta con la sola presentación de una declaración de compromisos ambientales (artículo 19 del Reglamento de la SETENA). El capítulo I, título III del reglamento de la SETENA establece qué actividades, proyectos u obras deben ser sometidas a un proceso de evaluación ambiental. La determinación normativa en cuanto a qué proyectos, actividades u obras se eximen de la presentación del FEAP y por lo tanto de algún tipo de evaluación ambiental, y cuáles deben serlo es una decisión discrecional del Poder Ejecutivo que se materializa en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Como potestad pública que afecta actividades privadas, su ejercicio no puede ser arbitrario y lo que en él se disponga debe ajustarse a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. El Poder Ejecutivo en el año 1997 estableció en el artículo 19 que para determinar la necesidad de presentar o no un Estudio de Impacto Ambiental, el interesado, sin excepción alguna,  debería llenar un formulario de Evaluación Ambiental. En el numeral 20 inciso a) ibidem estableció, además, que los proyectos urbanísticos de cinco mil metros cuadrados debían cumplir con la presentación de un Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar. Posteriormente, mediante decreto 26.228-MINAE del 2 de julio de 1997, se modificaron ambos artículos (numerales 1 y 2 del citado Decreto). La modificación excluyó de la obligación de presentar un Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar –y por ende de la evaluación de impacto ambiental- a los proyectos, actividades u obras que se realicen en espacios geográficos ubicados en territorios respecto de los que hubiese un plan regional elaborado a una escala no mayor de 1:50.000, siempre y cuando se contara con un Plan Regulador a nivel cantonal sobre el uso de la tierra. Además, con la reforma del artículo 20 del Reglamento solo los proyectos urbanísticos y los conjuntos habitacionales cuya finca tuviera un área total superior a diez mil metros cuadrados –aumentándose en cinco mil metros cuadrados en relación con la redacción anterior del artículo reformado- mantenían la obligación de cumplir con la presentación de un formulario de evaluación ambiental preliminar y por ende a ser sometidos a algún tipo de evaluación. Como esa determinación la ha hecho el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su potestad reglamentaria habría que analizar si el ejercicio de la discrecionalidad, en lo que tiene que ver con la exclusión contenida en las reformas al reglamento que se han citado, se ha hecho con sujeción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así mismo si el Estado cumple con la obligación constitucional de tutelar el ambiente. En criterio de la Procuraduría si el Reglamento inicialmente disponía que todo proyecto constructivo para un área superior a cinco mil metros cuadrados tenía que contar con una evaluación ambiental, habría que escudriñar la razón técnica por la cual  se amplió esa área a diez mil metros; sin embargo, en el cuerpo normativo combatido no hay un señalamiento expreso que permita conocer las razones para excluir el control que se venía realizando y esto es particularmente importante dado que las reformas introducidas por el Decreto número 26.228-MINAE claramente sustraen del control ambiental a toda aquella actividad que se encuentre en los supuestos del artículo 19 a) 1 y 2 ;es decir, a los proyectos urbanísticos y conjuntos habitacionales, en fincas con área total no mayor a una hectárea. La sustracción opera aún cuando el numeral 19 establezca en el inciso d) que los planes reguladores nacionales, cantonales y locales deben ser evaluados por la SETENA con la finalidad de “velar por la integración del concepto de impacto ambiental”. Así las cosas, la sustracción al control ambiental que deriva de lo dispuesto en el Decreto 26.228-MINAE debe estar justificada so pena de violentar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 constitucional, y como tal justificación no se desprende de los considerandos del Decreto que introdujo las reformas a los artículos 19 y 20 del Reglamento de la SETENA, la Procuraduría estima que es inconstitucional, en tanto la sustracción al referido control ambiental implica desproteger al ambiente y ello contraría el principio constitucional formulado en el artículo 50 in fine. En relación con las vías en las urbanizaciones: El artículo que se combate se sitúa  en el capítulo III del Reglamento, específicamente en las regulaciones referentes a las urbanizaciones. El numeral establece cuáles han de ser las características mínimas –dimensiones- que han de tener las vías públicas dentro de las urbanizaciones en relación con la cantidad de unidades de vivienda o lotes que éstas habilitan. Los numerales III.2, III.2.6.3 y III.2.6.4, clasifican las vías en primarias, secundarias y terciarias, respectivamente. Para las primarias y secundarias no se establece ningún límite respecto a la cantidad de unidades de vivienda o lotes que por su medio se pueden habilitar, como sí lo hace el numeral III.2.6.4 para el caso de las denominadas terciarias cuando señala “...sirvan a 100 o menos unidades de vivienda o lotes”. Para todas las calles se establecen dimensiones mínimas: primarias 14 metros de ancho, secundarias 10 metros y terciarias 8,5 metros. Obviamente las dimensiones mínimas obedece a la cantidad de terreno que puede ser urbanizado y respecto del cual se pueden obtener beneficios. En criterio de la Procuraduría en el establecimiento de mínimos en las dimensiones de las vías, lejos de atentarse contra la salud y el ambiente, se pretende planificar el desarrollo urbano. Téngase en cuenta que si se anula el artículo III.2.6.2 habría también que anular el III.2.6.3  en tanto este permite, al no fijar una cantidad máxima, que las vías secundarias habiliten un número ilimitado de lotes, y ello significaría que les urbanizaciones sólo podrían contar con vías terciarias, algunas de las cuales tendrían entonces que cumplir, con un ancho de 8,5 la función que cumplen las vías primarias, sea la de  ”...canalizar las vías locales hacia sectores de la ciudad o bien, hacia carreteras de enlace entre el desarrollo propuesto y otros núcleos poblados o que se considere que puedan llegar a tener esa función”. Tal situación no necesariamente implica una mayor tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; incluso el resultado podría ser contrario a tal propósito, pero ciertamente implica la pérdida de importantes instrumentos planificadores. La Procuraduría estima que los accionantes no han explicado claramente en qué sentido la anulación de una disposición como el artículo III.2.6.2 puede traer como consecuencia una mayor tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Por tal razón ese órgano considera que la norma impugnada no viola los artículos 50 y 46 constitucionales. Conclusión: La Procuraduría recomienda rechazar por el fondo la acción en lo que respecta a la impugnación de los artículos 20 inciso c) del Reglamento de la SETENA, y el artículo III.2.6.2 al carecer los accionantes de legitimación activa. Si la Sala  estima que los recurrentes tienen legitimación ese órgano asesor del Estado solicita acoger la acción en relación con el artículo 20 del Reglamento de la SETENA, en tanto la reforma introducida a dicha norma por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo número 26.228-MINAE amplió a diez mil metros cuadrados el área total de las fincas de proyectos de urbanizaciones y conjuntos habitacionales que deben ser evaluados desde el punto de vista del impacto al ambiente y ello conlleva una desprotección para el ambiente  que resulta contraria al numeral 50 constitucional.  También debe ser acogida la acción en relación con el artículo 19 del Decreto Reglamento de la SETENA, por cuanto dicha reforma implica una desprotección contraria al principio constitucional del artículo 50 constitucional in fine.

       6.- En su informe, el Alcalde de la Municipalidad de Montes de Oca indicó: Que estima que llevan razón los accionantes y que las disposiciones que se combaten en la acción enfrentan el numeral 50 constitucional al poner en peligro el derecho básico de vivir en un ambiente libre de contaminación. Esa Municipalidad está en total desacuerdo con proyectos que promuevan la pérdida de las pocas zonas verdes que aún conserva el Cantón; sin embargo, la Municipalidad no es la que ha otorgado permisos para incumplir con la legislación tutelar ambiental; se han visto obligados a otorgar los permisos constructivos debido a que se les ha informado “que se encuentran a derecho” en el aspecto ambiental. Piden se declare con lugar la acción en todos sus extremos.

7.-El Ministerio de Ambiente y Energía contestó la audiencia concedida en los siguientes términos: En primer lugar los accionantes cuestionan un exceso de la Potestad Reglamentaria del Poder Ejecutivo, en relación con el campo de acción de la SETENA; en segundo lugar se duda de la “razonabilidad” de la exclusión de la evaluación de impacto ambiental ante la promulgación de los planes reguladores de orden regional o cantonal que puedan emitirse en ejercicio de competencias encomendadas al INVU o a las Municipalidades. En relación con el primer reproche es necesario indicar que no ha existido exceso reglamentario en tanto el numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que “(...)las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”. Como se desprende de la lectura del numeral transcrito, la definición  de las actividades, obras y proyectos que están sujetos a la evaluación de impacto ambiental es competencia propia e indelegable del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República y el Ministro del Ramo. Con ocasión de la presentación de esta acción observaron que la intervención del Poder Ejecutivo en esta materia se limitó a la asignación de un número de oficio para la remisión a la Imprenta Nacional. En efecto, según sus registros en el acta de la sesión 019 celebrada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el día 21 de mayo de 1997, se consigna como acuerdo adoptado sobre este tema el siguiente: “Artículo 13. Se discute la “Propuesta de modificación de los artículos 19 y 20 del Reglamento de la SETENA”. Se revisa el documento y se agregan las correcciones finales. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental acuerda: Aprobar el documento indicado y realizar el respectivo envío para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Acuerdo Firme”. En atención a ese acuerdo el Secretario General de la SETENA envío oficio SG-283-97 del 2 de junio de 1997 al Ministro de Ambiente y Energía en el que le informa sobre los consensos y desacuerdos con la reforma al cuerpo normativo que regula el accionar de ese órgano. Por lo demás, no existe registro en el sentido de que la jerarquía de ese Ministerio haya analizado y ponderado el texto propuesto. De lo que se tiene constancia es que se asignó un número de consecutivo a la propuesta de la Setena en fecha 2 de julio de 1997. Lo expuesto evidencia que se ha dado una clara vulneración a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo por la forma en que fueron reformados los artículos 19 y 20 del Reglamento de SETENA. En este caso, además de la escasa participación de la jerarquía del Ministerio en la reforma que se combate, existió una suerte de “delegación” de la potestad reglamentaria en un órgano inferior dentro de la misma Cartera. Para la Ministra informante existe un vicio de constitucionalidad en la emisión del Decreto Ejecutivo 26228-MINAE pero por improcedencia técnica en la elaboración de la normativa reglamentaria. Es el Ministro el encargado de liderar y justificar la emisión de un reglamento y es a él al que le corresponde responder ante el Presidente de la República, y ese proceso fue inexistente en el caso que nos ocupa. En la eventualidad de que la Sala estimara que el decreto está bien emitido, considera importante extender el análisis a los restantes aspectos señalados por los accionantes. Es su criterio que el plan regulador de carácter local es una herramienta para planificar y controlar el desarrollo urbano y aún cuando, por lo general, no se excluyen consideraciones de carácter ambiental, entiende que a la fecha no se contempla en el proceso de elaboración de dichos planes, requisitos que sostengan que la distribución del espacio geográfico es ambientalmente viable. La elaboración de un plan regulador cantonal responde al ejercicio de una competencia propia de las corporaciones municipales: planificación urbana y ordenamiento del territorio; sin embargo, esta potestad no lleva implícito que el plan regulador sea conforme con los requisitos de orden ambiental que prescribe la Ley Orgánica del Ambiente. La potestad de planificación supone una definición autónoma del desarrollo que tendrá el cantón y de ahí que se contemplen variables propias de esa competencia tales como la zonificación del territorio y el solo plantear que los planes reguladores deben ser objeto de aprobación por parte de la Setena podría entenderse que afecta la autonomía de rango constitucional que tienen esas corporaciones. La evaluación de impacto ambiental a cargo de la SETENA implica una competencia que se puede calificar de específica, pues busca analizar si un proyecto u actividad concreta y plenamente identificada tendrá o no un impacto de consideración ambiental. Este análisis no depende única y exclusivamente de la ubicación donde se pretenda desarrollar el proyecto, sino sus específicas características. Por ello, la labor de la SETENA no depende, ni lógica ni técnicamente de ninguna planificación u ordenamiento urbano que haya sido definido por alguna corporación municipal. Por los motivos expuestos llevan razón los accionantes al afirmar que no resulta “razonable” la exclusión del proceso de evaluación de impacto ambiental de aquellas obras, proyectos y actividades que se desarrollen en espacios geográficos que reúnan los requisitos de los numerales 1 y 2 del inciso a) del artículo 19 del Reglamento de Procedimientos de la SETENA; consiguientemente, sí se produce con la norma cuestionada una clara afectación al artículo 50 constitucional al disminuirse la garantía a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Añade que omite referirse a la impugnación del numeral III.2.6.2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones por no ser comprensible la violación constitucional que desarrollan los accionantes. En escrito recibido en la Secretaría de esta Sala a las trece veinte horas del cuatro de febrero del dos mil dos, la Ministra reitera que las reformas que se impugnan resultan contrarias al orden constitucional y pide un pronto análisis de fondo en esta acción, en tanto han hecho importantes esfuerzos institucionales por definir una propuesta organizativa y estructural que le brinde a la SETENA un actuar ágil y eficiente. Señala que existe un proyecto para un nuevo “Reglamento de Procedimientos de la Setena”, lo que conlleva la necesaria revisión de los parámetros contenidos en los artículos 19 y 20 del reglamento impugnado;  indica que actualmente  se cumple el trámite de consulta que prescribe el numeral 361 de la Ley General de la Administración Pública y estima que esta es la manera correcta de ejercitar la potestad reglamentaria, y de subsanar el yerro apuntado en el informe.  

8.- La sociedad Inmuebles Acasuso Sociedad Anónima, interviene en la acción como coadyuvante pasivo e informa: Los accionantes señalan a la Sala que la urbanización que desarrolla su representada puede producir un “colapso vial”, sin embargo, el evitar esa situación no es función de la Sala sino de las autoridades administrativas. Tampoco es cierto que el proyecto puede producir un  “desastre ambiental”. El Poder Ejecutivo actuó en el ejercicio de sus competencias cuando estableció cuáles proyectos estaban sometidos a control ambiental. En el oficio SG-283-97 visible a folio 40 del expediente consta que el Decreto combatido fue ampliamente consultado y discutido y que el establecimiento de 1000 metros cuadrados se origina, entre otras cosas, en una valoración de la “significancia” desde el punto de vista ambiental del impacto que puedan tener. Por otra parte, la propia Ley Orgánica del Ambiente establece, en su artículo 17 que “las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental” con lo que queda claro que el decreto combatido no se enfrenta al orden constitucional. La urbanizadora cuenta con los permisos y autorizaciones exigidos por el ordenamiento jurídico  y en razón de ello debe permitírseles continuar con su actividad. Lo que los recurrentes llaman bosque no es más que un viejo cafetal que se pretende urbanizar con una excelente infraestructura y se han mantenido todos los cuidados para no afectar la cuenca hidrográfica en que se ubica. Los artículos que se combaten no transgreden el orden constitucional por la sencilla razón de que lo único que hacen es establecer límites conforme a la ley y se protege el ambiente en los casos en que técnicamente se ha considerado necesaria esa protección. La razón de excluir las áreas inferiores a mil metros es la de evitar despilfarro de recursos en proyectos pequeños que no tienen casi ningún impacto en el ambiente y ello resulta razonable. No puede pretenderse que las normas reglamentarias protejan un cafetal abandonado, impidiendo a sus propietarios el ejercicio de su derecho de propiedad y la paralización de un importante proyecto urbanístico. En relación con el pretendido colapso vial, es menester indicar que lo que los recurrentes pretenden es que se restrinja el tránsito de todas las personas por el interés de unas pocas, lo que resulta inadmisible, pues ello sería convertir en privadas calles que son públicas. Es más, no hay una sola norma que limite el tránsito de vehículos por una calle pública, en tanto hacerlo de esa manera sería irrazonable, en tanto las calles públicas están destinadas al servicio público de la persona que necesite transitar por ellas. En razón de lo expuesto pide se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad. 

9.- El Tribunal Ambiental Administrativo se apersonó al proceso dentro del término conferido al efecto y manifestó: El Poder Ejecutivo, en el ejercicio de su potestad reglamentaria procedió a reformar los artículos 19 y 20 del Reglamento que combaten los accionantes. Es ciertos que esos numerales eximen a algunos proyectos urbanísticos de la presentación del "Eia" o del "Feap" (sic), sin embargo, ello solo se aplica cuando exista plan regulador. Es claro que existe suficiente fundamento jurídico para que un proyecto urbanístico no sometido a la aprobación de un Feap o Eia para su ejecución, pues en este caso se aplica la normativa del Plan regulador vigente que debe ser aprobado conforme a las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana. Un plan regulador debe prever, tal y como lo establece el numeral 25 de la Ley de Planificación Urbana, zonas especiales que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo; adicionalmente por disposición del numeral 33 de la Ley Forestal deben protegerse las nacientes o quebradas. El Tribunal Ambiental Administrativo ha hecho una adecuada aplicación de la ley y el reglamento, pues ninguno había sido combatido en esta sede en aquella oportunidad. Por otra parte se tomó en cuenta,  tal y como lo señalan las disposiciones combatidas, que el uso de la tierra se encuentra definida en el Plan Regulador que ha sometido el aprovechamiento de dicho fundo a un destino urbanístico. En cuanto al reproche del uso de las vías no comprende ese órgano la forma en que la utilización de las mismas pueda afectar derechos constitucionales de los recurrentes. Piden se declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad. 

10.-  Los avisos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 96, 97 y 98 del Boletín Judicial, de los días 21, 22 y 23 de mayo del 2001.

11.- Se prescinde de la audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por estimar la Sala que para resolver el caso, existen suficientes principios y elementos de juicio, fundamentados en sus propios precedentes para dictar la sentencia.

12.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Sancho Gonzalez; y,

Considerando:

I.- Objeto de la acción : La acción persigue que se declaren inconstitucionales los artículos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo  25.705-MINAE, tal y como fueron reformados por los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo número 26.228-MINAE del 2 de julio de 1997, publicado  en La Gaceta 156 del 14 de agosto de 1997 y el artículo III.2.6.2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, por estimarlos contrarios a lo dispuesto en los artículos 21, 28, párrafo segundo, 46, 50 y 89 de la Constitución Política. En criterio de los accionantes la exclusión por decreto de controles ambientales, como la presentación del FEAP (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar) o del EIP (Estudios de Impacto Ambiental) para proyectos urbanísticos con un área inferior a los diez mil metros se enfrenta al Derecho de la Constitución, en tanto desprotege –como es el caso de la sexta etapa de la Urbanización Buenos Aires-  áreas de poca extensión que pueden ser de gran valor ambiental, resulta contrario al orden constitucional.  Los recurrentes estiman que como no existe motivo  alguno para eximir de los controles ambientales  a las obras y proyectos urbanísticos inferiores a mil metros cuadrados, la disposición es, en sí misma, irrazonable y desconoce la obligación del Estado y sus instituciones de velar por la protección del ambiente. Señalan además que las disposiciones del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que permite la circulación ilimitada de vehículos por calles residenciales, produce una gran contaminación que afecta su derecho a la salud y a la tranquilidad, por la que deben también velar las instituciones del Estado; obligación que se ha incumplido al aprobar la sexta etapa del Proyecto Urbanístico Buenos Aires.

II.- Admisibilidad de la acción : El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad; el requisito no es necesario en los casos de excepción establecidos en el párrafo segundo y tercero de ese artículo, es decir, que por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa, que se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto,  o que sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. A partir de lo antes dicho, la regla general apunta a la necesidad de contar con un asunto previo, siendo excepcionales las posibilidades de acudir a la Sala Constitucional en forma directa. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. Dispone el texto en cuestión que la acción procede cuando "por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa"; es decir, cuando por esa misma naturaleza, la lesión sea colectiva (antónimo de individual) e indirecta. Sería el caso de actos que lesionen los intereses de determinados grupos o corporaciones en cuanto tales, y no propiamente de sus miembros en forma directa. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha sido delineado paulatinamente por la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal 3750-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 de la siguiente manera:

"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter"

Como ya lo señaló este Tribunal en la sentencia 2001-8239 de las 16:07 horas del 14 de agosto del 2001: 

“los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa.

III.- legitimación de los accionantes en el caso concreto .-

A partir de lo dicho en el considerando anterior, es claro que la acción debe admitirse, puesto que en el amparo número 00-009761-0007-CO, que le sirve de asunto previo, se alegó la inconstitucionalidad de las modificaciones introducidas por Decreto Ejecutivo número 26.228-MINAE del 2 de julio de 1997, publicado  en La Gaceta 156 del 14 de agosto de 1997,  en tanto excluyó a los proyectos u obras urbanísticas del estudio de impacto ambiental cuyos usos fueran considerados permitidos por el plan regulador local. En el asunto base también se alegó la inconstitucionalidad del artículo III 2.6.2 del Reglamento de Control Nacional de Infracciones y Urbanizaciones (folio 147 acción de amparo) la que, sin embargo, no se fundamentó y en razón de que esa norma no fue aplicada en el recurso de amparo que sirve de base a esta acción, la Procuraduría sostiene que en ese punto es inadmisible; no obstante, en razón de que estamos ante un interés difuso, claramente delimitado por la jurisprudencia de este Tribunal, en razón de la materia, se declara que la acción es admisible, también, en lo que a este extremo se refiere. La Sala entiende que el ordenamiento  reconoce a los accionantes la posibilidad de acudir en defensa de su interés particular y a la vez general, del uso racional de las vías públicas, lo que a  juicio de los accionantes se ve puesto en peligro con las actuaciones impugnadas. No le cabe duda al Tribunal, de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado hace parte de lo que el Derecho Constitucional moderno califica como derechos de “tercera generación”  y la  protección que se reclama es derecho y deber de cada uno de sus habitantes. Estos valores gozan de protección privilegiada mediante la posibilidad de que cualquier persona, basada en la autorización que al respecto confiere el artículo 75 párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional interponga directamente la acción de inconstitucionalidad, razón por la que, aun cuando en la resolución de curso de la acción no se indicó de esa manera de forma expresa, la acción interpuesta es admisible, en el tanto se convierte en un medio de protección de ese tipo de intereses.

IV.- Análisis normativo:   El artículo 50 constitucional obliga al Estado y a las demás instituciones públicas –incluyendo las Municipalidades- a intervenir activamente en protección del ambiente. La ley ordinaria es la encargada del desarrollo del canon constitucional y de propiciar en su contenido un desarrollo económico  y social en compatibilidad total con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El país cuenta actualmente, con una abundante legislación de desarrollo entre las que podemos citar entre otras: Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Flora, Fauna y Vida Silvestre, Ley de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, Ley de Biodiversidad, Ley de Aguas y Ley de Planificación Urbana. Estas normativas, y otros similares que pueden adicionarse, materializan la obligación estatal en la protección del ambiente como derecho fundamental. Dentro de este orden de ideas resulta importante tener presente el contenido del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente que a letra dispone:

“Artículo 17.-Evaluación de Impacto Ambiental . Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán de una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de ese organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras y proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”

     El Poder Ejecutivo en el ejercicio incuestionable de su potestad reglamentaria dictó el denominado  “Reglamento Sobre Procedimientos de la Setena” que en la redacción original del artículo 19 establecía:

“Artículo 19.- Para la determinación de la presentación o no de un Estudio de Impacto Ambiental, deberá llenarse el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar. La SETENA de acuerdo con los criterios técnicos, determinará el tipo de Estudio de Impacto Ambiental que deberá presentar el interesado conforme a las guías que para tal fin elaborará”.

    Por su parte, el  artículo 20 del mismo cuerpo normativo, también en su redacción original, señalaba:

“Artículo 20.- Las actividades o proyectos que deberán cumplir con la presentación del FEAP, son los siguientes:

a) Zonas comerciales o de servicios, con más de mil metros cuadrados.

b) Proyectos agropecuarios (riego, actividad porcina, avícola y otros).

c) Proyectos turísticos, con dimensiones mayores de cuatrocientos metros cuadrados o más de diez habitaciones.

d) Proyectos urbanísticos, cinco mil metros cuadrados.

e) Proyectos agroindustriales”

f) Proyectos industriales con un número mayor de cuarenta operarios.

   La resolución de la SETENA que determine si se requiere o no de EsIA, se le notificará dentro del plazo máximo de quince días contados a partir de la recepción del formulario, y se le facilitará la guía correspondiente para la elaboración del estudio. En caso de que la actividad no requiera de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) la SETENA podrá solicitar al interesado la presentación de una declaración de Cumplimiento de Compromisos Ambientales, con base en los resultados del FEAP y a los lineamientos que la SETENA ESTBLEZCA EN CADA PROYECTO. Esta declaración compromete al proponente o proyectista a cumplir con lo establecido en la misma, caso contrario se podrá hacer acreedor de las sanciones establecidas por la ley”.

    Como se puede advertir, las normas inicialmente promulgadas excluían de la obligación genérica de presentar el Formulario  establecida en el numeral 19 del decreto  a aquellas actividades no descritas de manera taxativa y dejaba fuera de esa obligación, además, a las señaladas de forma expresa en tanto cumplieran excedieran los límites fijados en cuanto a tamaño del proyecto o número de trabajadores en la operación, sin que el cuerpo normativo consigne la razón técnica de tales exclusiones, que no pueden advertirse de manera evidente y clara.

     Mediante Decreto 26.228-MINAE del 2 de julio de 1997, se modificaron los referidos artículos en los siguientes términos:

“Artículo 1- téngase por modificado el artículo 19 del Decreto ejecutivo 25705-MINAE, para que diga:

Artículo 19.  

a) Para la determinación de la condición de viabilidad ambiental y de presentación o no de un Estudio de Impacto Ambiental, deberá llenarse el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). Los proyectos, obras o actividades que no estarán sujetos al proceso de evaluación de impacto ambiental y a la presentación del FEAP ante la SETENA, serán aquellos que se localicen en espacios geográficos que reúnan las siguientes características:

Que se ubiquen en territorios donde exista una planificación regional, a una escala no mayor de 1:50 000, y
Que además, cuente con un Plan Regulador vigente, de carácter cantonal, siempre y cuando no se localicen en las siguientes áreas especiales:

Areas de amortiguamiento de zonas protegidas (Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Absolutas, Reservas Forestales, Areas Protectoras), cuya extensión mínima se define como un área de 500 metros medidos a partir de los linderos del área protegida.

Zona marítimo terrestre.

Areas en donde se pretenda desarrollar proyectos, obras o actividades de condición no conforme con el uso del suelo planeado en el Plan Regulador, siempre y cuando no contravengan los términos de la Ley Forestal.

Areas de protección de recursos hídricos superficiales y subterráneos, incluyendo áreas de recarga de acuíferos, definidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), de acuerdo a la legislación vigente y debidamente explicados por medio de mapas publicados y divulgados,  a una escala no mayor de 1:50,000; y registrados ante la SETENA.

Areas calificadas como de muy alto riesgo a las amenazas naturales, por la Comisión Nacional de Emergencias, de acuerdo a la legislación vigente y definidas por medio de mapas publicados y divulgados, a una escala no mayor de 1:50,000; y registrados ante la SETENA. Areas donde exista un registro expreso de la presencia de sitios arqueológicos, definidas por el Museo Nacional, preferiblemente en mapas publicados y divulgados, a una escala no mayor de 1:50,000; y registrados ante la SETENA.

b) Todos los proyectos, obras o actividades contemplados por la ley o en este reglamento, deberán cumplir con la presentación del Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, de previo al inicio de los trámites ante otras instituciones del Estado.

c) La SETENA por medio del FEAP y de acuerdo con criterios técnicos tales como el análisis de las acciones potencialmente impactantes del proyecto y la condición de vulnerabilidad ambiental del espacio geográfico donde este se plantea; determinará , en primera instancia sobre la viabilidad ambiental del proyecto; y en caso de ser ésta potencialmente viable, definirá la trayectoria de evaluación de impacto ambiental que éste debe seguir. Esta trayectoria puede referirse, de acuerdo con criterios técnicos, a la presentación de una Declaración de Compromisos Ambientales, o de un Estudio de Impacto Ambiental de tipo dirigido a exhaustivo, que deberá presentar el interesado, y la SETENA entregará a éste los términos de referencia (o guía) para realizar el mismo.

d) Con el fin de velar por la integración del concepto de impacto ambiental en los Planes Reguladores, tanto de carácter nacional, regional, como cantonal o local; todos éstos, y en especial sus criterios técnicos ambientales de la zonificación que proponen deberán ser evaluados  por la SETENA, de previo  a su aprobación definitiva por parte de la entidad correspondiente.”

El artículo siguiente señala:

“Artículo 2- Téngase por modificado el artículo 20 del Decreto Ejecutivo n. 25705-MINAE para que diga:

Artículo 20.-

Las actividades, obras o proyectos que deberán cumplir con la presentación del FEAP ante la SETENA, de previo al inicio de trámites ante otras entidades del Estado, excluyendo las indicadas en el artículo 19 de este Reglamento, son las siguientes:

Proyectos comerciales y de servicios, con más de 3000 metros cuadrados de área de construcción techada o de piso.

Proyectos agropecuarios.

Proyecto de riego, para extensiones mayor o igual a 25 hectómetros cuadrados (hm2).

Nombre65426.

Silvicultura y plantaciones extensivas –desarrollo de monocultivos o cultivos permanentes- con áreas mayores a las 10 hectómetros cuadrados (Hm2).

Actividades porcina, bovina, ovina y equidad con densidades ganaderas de más de 0.9 cabezas por hm2, en proyectos de extensión mayores de 50hm2.

Proyectos agropecuarios de actividad concentrada, tales como granjas, establos, lecherías o porquerizas, con más de 200 cabezas por proyecto o actividad.

Actividad avícola de más de 5000 aves.

Piscicultura con áreas mayores a 1 hm2 de espejo de agua.

Proyectos turísticos con dimensiones mayores de dos mil metros cuadrados de área de piso o más de 50 habitaciones.

Proyectos urbanísticos y conjuntos habitacionales, que no sean calificados como de interés social, a nivel de anteproyectos, cuya área total de la finca sea mayor a diez mil metros cuadrados.

Condominios, que no sean calificados de interés social, cuya área de piso sea mayor a cinco mil metros cuadrados.

Proyectos agroindustriales.

Proyectos industriales que reúnan cualesquiera de las siguientes características:

Más de 40 operarios;

Consumo de agua mayor de 25 m3/ día;

Consumo de energía mayor de 500 Kw/día;

Producción de desechos sólidos mayor de 500 Kg/día, o bien todos aquellos cuyo proceso industrial implique, el uso y manejo, como materia prima, de sustancias peligrosas y potencialmente contaminantes al medio ambiente. Se incluyen además, ampliaciones o proyectos industriales, que reúnan cualesquiera de las condiciones indicadas anteriormente.

El desmantelamiento , por traslado o cierre de un proyecto industrial con las características anteriormente señaladas deberá también cumplir los mismos requisitos ambientales solicitados.

Proyectos de generación y transmisión de energía menores a  2000 Kw/ hora.

Edificaciones que se dedicarán a centros de enseñanza con capacidad para más 100 estudiantes.

La resolución de la SETENA que determine si se requiere o no un ESIA, se le notificará dentro del plazo máximo de quince días contados a partir de la recepción del formulario, y se le facilitarán  los términos de referencia correspondientes para la elaboración del estudio, si fuere necesario.

En caso de que la actividad no requiera de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (ESIA), la SETENA podrá solicitar al interesado la presentación de una declaración de compromisos ambientales(DCA), así como, en casos debidamente calificados, el nombramiento de un responsable o regente ambiental del proyecto; con base en los resultados del FEAP y a los lineamientos que la SETENA establezca para cada caso. Esta declaración compromete al proponente o proyectista a cumplir con lo establecido en la misma, caso contrario se podrá hacer acreedor de las sanciones contempladas en la ley.

 b)las actividades, obras o proyectos que se ubiquen en terrenos con pendientes menores al 15% o con capacidad de infiltración del suelo entre el intervalo de 60 1/m2/d a 100 1/m2/ d; podrán cumplir de forma alternativa con la presentación del FEAP, con la entrega de una declaración de compromisos ambientales ante la SETENA, así como el nombramiento, durante la fase constructiva, de un responsable (Regente) Ambiental del Proyecto, y el depósito ante la SETENA de una garantía ambiental de hasta al 1% del costo total del proyecto, son los siguientes: Proyectos urbanísticos y conjuntos habitacionales, calificados como de interés social, a nivel de anteproyectos, cuya área total de la finca se ubique entre el intervalo de 10 000 y 20 000 metros cuadrados. Condominios calificados como de interés social, cuya área de entrepiso se ubique entre el intervalo de 10 000 y 20 000 metros cuadrados.

 c)asimismo, las actividades que podrán cumplir, de forma alternativa a la presentación del FEAP, con la entrega ante la SETENA, de una declaración de compromisos Ambientales, así como el nombramiento , en casos técnicamente justificados, durante la fase constructiva, de un Regente Ambiental, son  las siguientes:

Proyectos comerciales y de servicios, cuya área de construcción techada o de piso se ubique entre el intervalo de 3000 y 5000 metros cuadrados.

Proyectos urbanísticos y conjuntos habitacionales, que no sean calificados como de interés social, a nivel de anteproyectos, cuya área total de la finca se ubique entre el intervalo de diez mil y quince mil metros cuadrados.

Edificaciones que se dedicarán a centros de enseñanza, cuya capacidad se ubique entra el intervalo de 100 y 250 estudiantes.”

   

Los recurrentes cuestionan, en concreto,  que el numeral 19 excluya del estudio de impacto ambiental a los proyectos, actividades u obras a realizarse en espacios geográficos ubicados en territorios respecto de los cuales hubiese un plan regional elaborado a una escala mayor de 1:50.000  y que cuenten con un Plan Regulador vigente a nivel cantonal; además, que el artículo 20 establezca que  sólo los proyectos urbanísticos y los conjuntos habitacionales cuya finca tuviera un área total superior a diez mil metros cuadrados, deban ser evaluados desde el punto de vista del impacto que podrían causar en el ambiente, sin embargo, la Sala advierte que las exclusiones del estudio de impacto ambiental en atención únicamente a aspectos como la existencia de un plan regulador, a la cantidad  de área, al número de  personas en la operación o actividad,  a la cantidad de habitaciones, a la calificación del proyecto (interés social) o el uso del suelo, son comunes en los numerales reformados por lo que válidamente debe, por conexidad, aplicar el análisis de fondo de esta acción a la totalidad de los supuestos señalados en los artículos reformados, en tanto todos ellos sirven de motivo de exclusión para la realización de los estudios de impacto ambiental. En lo tocante al tema de la acción (proyectos urbanísticos) el Reglamento de Procedimientos de la Setena había excluido inicialmente del estudio de impacto ambiental para aquellos “proyectos urbanísticos y conjuntos habitacionales con un área menor de cinco mil metros cuadrados”; a  partir de la reforma esos mismos proyectos requerirán del referido estudio únicamente en tanto tengan un área superior a los diez mil metros cuadrados. También se excluye del estudio de impacto ambiental el  proyecto que se ubica en un territorio en el que existe  un Plan regional y Plan regulador cantonal. Se hace la advertencia, eso sí, que no le es permitido a la Sala, en esta vía, examinar la razonabilidad de las medidas administrativas que se adoptaron para establecer las cabidas de los inmuebles –aspecto, aparentemente técnico-, para definir la aplicación o no de las normas cuestionadas. En el caso  que sirve de base a esta acción –amparo que se tramita en el expediente número 00-009761-0007-CO-, se habla de las autorizaciones para construir la sexta etapa de la Urbanización Buenos Aires, ubicada en el Cantón de Montes de Oca y la Sala encuentra la inconsistencia de si la unidad de medición es la urbanización en su totalidad, sea la suma de las etapas, o la consideración individual, lo que implicaría dividir el total en parciales menores, con soluciones distintas. Por ahora, el cuestionamiento y tema de la acción, no es el del tamaño de los proyectos, sino la obligación del control ambiental y así se resuelve.

          V.- Examen de los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 26.228-MINAE, que reformaron los artículos 19 y 20 del “Reglamento sobre Procedimientos de la Setena”:

   El artículo 19 en los párrafos 1 y 2 del inciso a) en su redacción actual dispone, en lo que interesa:

“.....Los proyectos, obras o actividades que no estarán sujetos al proceso de evaluación de impacto ambiental y a la presentación del FEAP ante la SETENA, serán aquellos que se localicen en espacios geográficos que reúnan las siguientes características:

1.- Que se ubiquen en territorios donde exista una planificación regional, a una escala no mayor de 1:50 000, y

2.- Que además, cuente con un Plan Regulador vigente, de carácter cantonal, siempre y cuando no se localicen en las siguientes áreas especiales: (....)”

    En el caso del  artículo 20 del mismo cuerpo normativo se impugna el inciso a), en tanto señala cuáles son las actividades, obras o proyectos que deben presentar un Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, así:

“Proyectos urbanísticos y conjuntos habitacionales que no sean calificados como de interés social, a nivel de anteproyectos, cuya área total e la finca sea mayor a diez mil metros cuadrados”.

   Como se aprecia de la simple lectura de las normas transcritas,  el texto del Reglamento combatido hace una exclusión de obligaciones ambientales, para casos que determina de manera genérica y sin justificación técnica (vgr. que exista plan regulador, plan regional, se trate de proyectos urbanísticos con área mayor a diez mil metros cuadrados), lo que evidencia un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su potestad reglamentaria. El artículo 50 constitucional es fuente directa del derecho de “toda persona” a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,  lo que vincula en la tutela del medio ambiente, conceptuado en el sentido más amplio posible, a los Poderes Públicos en la aplicación de la norma protectora. Reiteradamente esta Sala ha señalado que el  desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas es reserva de ley; es por ello que en este campo, la potestad reglamentaria que la misma Constitución Política reserva al Poder Ejecutivo, es inimaginable sin la existencia de una ley. Ya se adelantó que la Ley Orgánica del Ambiente establece en el artículo 17, como desarrollo de lo que dispone el artículo 50 constitucional, la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental para realizar actividades o proyectos que por su naturaleza puedan alterar o contaminar el medio ambiente. Como con acierto lo señala la Procuraduría en su informe, el estudio de impacto ambiental se concibe, por el legislador, como  un procedimiento técnico que permite controlar una posible alteración ambiental con la consecuente afectación de los ecosistemas. Sin duda alguna, se trata de materia técnica cuya regulación en detalle escapa la lógica del  procedimiento legislativo y puede, como tesis de principio y dentro del marco legal existente, ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. La Ley Orgánica del Ambiente señala con claridad que “...Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán de una evaluación de impacto ambiental creada en esta ley...”, lo que permite afirmar, en correcta lectura, que ninguna actividad humana que pueda alterar o contaminar el ambiente puede prescindir del referido estudio de impacto ambiental. La fórmula que el Poder Ejecutivo ha ideado para que pueda establecerse, “prima facie”, si la actividad humana que se emprende puede alterar o destruir el ambiente, ha sido la presentación del  formulario llamado "de Evaluación Ambiental Preliminar". No es entonces, como lo sostiene el Tribunal Ambiental Administrativo  en su informe, que el Poder Ejecutivo tenga discrecionalidad absoluta para señalar los proyectos que deben realizar el estudio de impacto ambiental, en tanto por disposición de la propia Constitución Política (art. 50) y la Ley Orgánica del Ambiente, como principio general, toda actividad humana de modificación del entorno “requerirá” el referido estudio. Es entonces la condición  del proyecto o la obra la que determinará, en cada caso,  si se requiere o no del estudio de impacto ambiental y no el establecimiento de condiciones arbitrarias por la vía reglamentaria. El reglamento solo debe establecer la forma en que se conocerán las condiciones del proyecto,  y ello  es lo que determinará la procedencia o improcedencia del  estudio de impacto ambiental. Esto significa que la defensa y la preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conceptuado en el artículo 50 constitucional,  es el derecho fundamental de toda persona y funciona como un principio general ineludible, de manera que en esta materia no es posible hacer excepciones genéricas (en materia urbanística y otros tópicos de lo que se ocupan los artículos  19  y 20) para exonerar el cumplimiento de obligaciones ambientales, pues con ello se corre el riesgo de desconstitucionalizar la garantía de respuesta estatal en defensa del ambiente. Así las cosas, el mecanismo usado por el Decreto Ejecutivo determinando "a priori" actividades u obras que  están exentas del estudio de impacto ambiental, en atención al tamaño de la obra, a la existencia de planes reguladores, al número de  personas en la operación o actividad,  a la cantidad de habitaciones, la calificación del proyecto(interés social) o el uso del suelo, evidencia un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria que supera la remisión al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y que vacía de contenido el derecho de los habitantes a que los Poderes Públicos ejerzan control  ambiental directo –no por delegación en regencias- en la aplicación de la legislación tutelar. No se quiere decir con ello, que no pueda el Poder Ejecutivo, vía reglamentaria, determinar, con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto no requiera los estudios de impacto ambiental; pero ello supone que tal definición esté debidamente motivada y justificada. Recuérdese que en el caso de exceptuar un control de rango superior (constitucional), la razonabilidad y la proporcionalidad de la circunstancia excepcional, serán revisable por el juez, sea en la vía legal ordinaria o del control de constitucionalidad.  Pero al régimen general concebido por el Constituyente derivado, es inadmisible una excepción generalizada que no tiene otra motivación o fundamentación, que la existencia misma de la norma que así lo declara. La situación apuntada reviste mayor gravedad si, como lo sostiene la Ministra del Ambiente en su informe,  las normas impugnadas no fueron objeto de análisis detallado por parte del Poder Ejecutivo, con lo que se afirma que la reforma es inconstitucional por defectos en el procedimiento de   la concepción, estudio y promulgación del Decreto.  Por otra parte, es  criterio de la Sala el numeral 20, -en su redacción original-, aún cuando establece parámetros menores de exclusión para el estudio de impacto ambiental, debe también  ser declarada inconstitucional por conexidad y consecuencia, en tanto reitera supuestos genéricos de exclusión del estudio de impacto ambiental y como ya se indicó, es la naturaleza del proyecto y NO la descripción reglamentaria, la que debe establecer si debe o no cumplirse con el referido estudio; téngase en cuenta que por disposición legal “todas” las actividades humanas de transformación del entorno, deben someterse al estudio de valoración preliminar. Por otra parte, la Procuraduría sostiene, en atención a los proyectos urbanísticos,  que la norma reformada vulnera el principio de razonabilidad y la Sala debe concluir, en aplicación de su propia jurisprudencia sobre este tema, que ello es así en tanto no se ha esgrimido ante este Tribunal una sola justificación técnica para excluir “preventivamente” y de “manera genérica”  de los estudios técnicos a ciertos proyectos urbanísticos, con lo que adicionalmente estamos en presencia de una irrazonabilidad evidente y manifiesta que esta Sala debe declarar. La Sala debe insistir en que es la  concreta situación del proyecto o actividad humana las que pueden originar que se haga innecesaria la presentación de un estudio ambiental, más no la norma reglamentaria. En efecto, un  área de terreno muy pequeña puede ser biológicamente importante y requerir, por ello, de todo tipo de control ambiental; y otra área, inmensa, podría carecer de esa importancia; además, la existencia de un plan regional o regulador cantonal que establezca el uso del  suelo no excluye la obligación del estudio, como parece entenderlo la empresa urbanizadora,  en tanto el control ambiental concreto que ha establecido el numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente tiene sustento en el artículo 50 de la Carta Política, que no puede entenderse desaplicado por las normas locales, antes bien, deben integrarse en atención a aquél mandato de tutela. Para una mejor comprensión del análisis, se puede hacer similar ejercicio en materia de control sanitario; así, por ejemplo, la obtención de una patente comercial en una zona de uso restringido – eje comercial-  no implica, automáticamente, la autorización sanitaria de funcionamiento, la que ha de considerarse en cada caso concreto y de manera independiente a las exigencias que el desarrollo local establezca para esa actividad. En el primer supuesto está de por medio la planificación local y en el segundo la salud pública. El que el uso de suelo local establezca que la zona en la que se pretende levantar la sexta etapa de la Urbanización Buenos Aires es “zona residencial”, no conlleva la desaplicación de la normativa tutelar ambiental, con la que también debe cumplir el urbanizador y será la condición concreta el terreno y su ubicación, la que determinará finalmente la viabilidad ambiental del proyecto.

          VI.- Autonomía municipal y control ambiental.-  La Sala ha reconocido reiteradamente, la facultad de los gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores; pero la existencia de éstos –que en su mayoría carecen de complementos de ordenación desde el punto de vista del ambiente sano y ecológicamente equilibrado-  no produce, como lamentablemente lo entiende el Tribunal Ambiental Administrativo, la desaplicación de la legislación tutelar ambiental. Por el contrario, estima la Sala que debe ser requisito fundamental que, obviamente, no atenta contra el principio constitucional de la autonomía municipal, el que todo plan regulador del desarrollo urbano deba contar, de previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes, sean compatibles con los alcances de la norma superior, sobre todo, si se repara  en que esta disposición establece el derecho de todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye, sin duda,  a las Municipalidades que no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su legislación de desarrollo. Es evidente que en este caso, es totalmente coincidente el interés nacional y el local, y por ello los gobiernos locales pueden y deben exigir el cumplimiento de requisitos ambientales en su territorio, y en caso de conflicto con las autoridades rectoras de la materia ambiental, pueden someter las controversias al contralor jurisdiccional, según la naturaleza de la infracción. Es por lo anterior que las normas tutelares del medio ambiente no son incompatibles, desde el punto de vista constitucional, con las facultades y competencias de las municipalidades, las que están obligadas, por imperativo del artículo 50 de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del medio ambiente. En razón de lo expuesto, en los considerandos anteriores, se impone  declarar inconstitucional la  modificación de los artículos 19 y 20 del Reglamento de Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) introducida por Decreto Ejecutivo 26.228-MINAE y por conexidad y consecuencia, se declara inconstitucional el numeral 20 del texto original del referido Reglamento Sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, Decreto Ejecutivo  25.705-MINAE.

VI.- Impugnación del artículo III.2.6.2 del "Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones".-

  Los accionantes alegan la inconstitucionalidad de las dimensiones, que la norma reglamentaria establece para calles locales calificadas como primarias, en tanto permite habilitar un número ilimitado de lotes para construir y aumentar, desmesuradamente, la circulación de vehículos. El capítulo III del Reglamento establece una serie de regulaciones aplicables al diseño de urbanizaciones, que en estricto sentido del Derecho urbanístico, son planes parciales de ordenamiento urbano; entre las que se incluyen las calles de naturaleza y uso públicos. El Reglamento clasifica las vías en primarias, secundarias y terciarias y establece las dimensiones de cada uno de ellas de la manera siguiente: las primarias de catorce metros de ancho, las secundarias de diez metros de ancho y las terciarias de ocho metros y medio de ancho. La Sala entiende que el  ancho de las vías está íntimamente relacionado con la cantidad  y continuidad de tránsito que debe circular por ellas; así, las primarias y secundarias  habilitan un número ilimitado de unidad de vivienda y lotes y las tercerías a “100 o menos unidades de vivienda o lotes”. Los accionantes combaten el reglamento, porque estiman que autoriza la circulación de un número ilimitado de vehículos por las vías primarias y secundarias; sin embargo, la Sala no encuentra enfrentamiento alguno de esas disposiciones normativas con el Derecho de la Constitución, en tanto resulta evidente que la proyección (planificación si se quiere), el diseño, la construcción y la utilización de las vías públicas, en términos tan amplios, obedece no solo a la naturaleza pública de las mismas, pero también a los criterios de crecimiento de las ciudades y consecuentemente, el aumento de la circulación de vehículos. Y no debe perderse de vista que son también públicos los recursos que han de destinarse en su mantenimiento, señalización y cuido. Los recurrentes sugieren que la circulación excesiva de vehículos perturba su tranquilidad y produce una gran contaminación; no obstante, la Sala no puede estimar contrario al orden constitucional la utilización de una vía de acuerdo con su destino. El control de emisiones de gases de los vehículos, corresponde a las autoridades públicas a través de los mecanismos técnicos diseñados para tal fin y la aplicación deficiente de esos mecanismos no convierte en inconstitucional la utilización de las vías públicas por los habitantes. Por otra parte, quienes han escogido libremente vivir en un residencial, deben aceptar las  ventajas y desventajas de este forma de organización tiene y no se puede pretender que el control de la circulación de vehículos, propio de otros sistemas de organización residencial –como por ejemplo, los residenciales privados y los condominios-  los que se rigen por reglas privadas que establezcan los propietarios de las mismas. En atención a lo expuesto este extremo de la acción resulta improcedente como en efecto se declara.  

VII.- Conclusiones.-  Con fundamento en lo expresado, la Sala estima que es inconstitucional la exclusión genérica de control ambiental establecida por los numerales 19 y 20 del “Reglamento sobre Procedimientos de la Setena” Decreto Ejecutivo 25.705-MINAE y la reforma introducida por los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 26.228-MINAE, en tanto excede los términos de la Ley y vacía de contenido la garantía de respuesta estatal oportuna en protección del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, la exclusión exhibe una irrazonabilidad evidente y manifiesta que esta Sala declara. En cambio, el Tribunal no encuentra enfrentamiento alguno de las  disposiciones del “Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones”  que establecen   especificaciones determinadas para la construcción de vías públicas primarias y secundarias, en tanto resulta evidente que la utilización de las vías en términos tan amplios obedece a su naturaleza pública, y a que su mantenimiento, señalización y cuido también se hace con recursos públicos, sin que sea posible aplicar a estos  casos reglas propias de las calles privadas. Los Magistrados Arguedas y Batalla ponen notas separadas.

Por tanto:

 

Se declara parcialmente con lugar la acción y en consecuencia se anulan por inconstitucional la reforma a los artículos 19 y 20 del Reglamento de Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA introducida por Decreto Ejecutivo 26.228-MINAE y por conexidad y consecuencia, se declara inconstitucional el artículo 20 del texto original del mismo Reglamento, Decreto Ejecutivo  25.705-MINAE. En lo demás se declara sin lugar la acción. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.

 

Luis Fernando Solano C.

Presidente

Luis Paulino Mora M.                                                       Eduardo Sancho G.

 

Carlos M. Arguedas R.                                                          Adrián Vargas B.

 

Susana Castro A.                                                           Alejandro Batalla B.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:37:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

<article class="resolution" id="res-01220-2002">
<heading>Sala Constitucional</heading>
<heading>Resolution No. 01220 - 2002</heading>
<date>Date of Resolution: February 6, 2002 at 14:58</date>
<docket>Case File: 01-002886-0007-CO</docket>
<author>Drafted by: Eduardo Sancho González</author>
<caseType>Type of Matter: Action of unconstitutionality</caseType>
<controlType>Constitutional Control: Granting Judgment</controlType>
<analysisBy>Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL</analysisBy>

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<indicator>Relevant judgment</indicator>
<indicator>Judgment with protected data, pursuant to current regulations</indicator>
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<contentType>Type of content: Majority Vote</contentType>
<lawBranch>Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL</lawBranch>
<topic>Topic: MUNICIPALITY.</topic>
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<subtopic>NOT APPLICABLE.</subtopic>
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<summary>1220-02. REGULATORY PLAN OF URBAN DEVELOPMENT PROJECTS OR WORKS. Articles 19 and 20 of Executive Decree 26.228-MINAE of July 2, 1997, published in La Gaceta 156 of August 14, 1997, and article III.2.6.2 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.</summary>
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<textOfResolution>
<p>Exp: 01-002886-0007-CO</p>
<p>Res: Telf4370</p>

<p>CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and forty-eight minutes on February sixth, two thousand two.-</p>

<p>Action of unconstitutionality filed by [Name443 001], with identification document number [Value 001]; [Name 002] with identification card number [Value 002]; [Name443 003] with identification document number [Value 003]; [Name443 004] with card [Value 004]; all of legal age, residents of San Pedro de Montes de Oca, seeking the declaration of unconstitutionality of articles 19 and 20 of Executive Decree 26.228-MINAE of July 2, 1997, published in La Gaceta 156 of August 14, 1997, and article III.2.6.2 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, on the grounds that they are contrary to the provisions of articles 21, 28, second paragraph, 46, 50, and 89 of the Political Constitution; and, by connection and consequence, seeking analysis of article 20 of the original text of the same Regulation. The Procuraduría General de la República intervenes, represented by Farid Beirute Brenes, of legal age, married, attorney, resident of San José, with identification card CED5352, in his capacity as Deputy Attorney General; Alejandro Elizondo Castillo, of legal age, single, Business Administrator, resident of Montes de Oca, identification card CED34530, in his capacity as Acting Mayor of the Municipality of Montes de Oca; Elizabeth Odio Benito, of legal age, single, attorney, resident of Escazú, identification card CED34531, in her capacity as Minister of Environment and Energy; Mario Leiva Vega, Hugo Quesada Rivas, and Andrés Barrantes Rodríguez, of unspecified statuses, in their capacity as members of the Administrative Environmental Tribunal; as a co-adjuvant of the respondents, the firm Inmuebles Acasuso Sociedad Anónima, with legal entity identification number CED34532, represented by Name65425, of legal age, single, resident of San José, identification card CED34533, in his capacity as generalísimo attorney-in-fact.</p>

<p>Whereas:</p>

<p>1.- In a brief filed before the Secretariat of the Chamber, at eighteen hours and twenty-four minutes on March twenty-sixth, two thousand one (folios 1 to 18), the petitioners state that Executive Decree 26.228-MINAE of July second, 1997, published in La Gaceta 156 of August 14, 1997, modified articles 19 and 20 of an earlier Decree, number 25705-MINAE of October 8, 1996, published in La Gaceta 11 of January 16, 1997, with the sole purpose of exempting urban development projects or works that are considered permitted uses within the Municipal Regulatory Plan from the submission of an environmental impact study (estudio de impacto ambiental), which entails the non-application, by means of an executive decree, of environmental protection regulations. They add that article III.2.6.2 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones is also unconstitutional, as it permits unlimited vehicular circulation within a residential neighborhood, which also conspires against their right to tranquility and to enjoy a healthy and balanced environment.</p>

<p>2.- In order to ground their standing to bring this action of unconstitutionality, they note that they petitioned this Chamber in an amparo action processed under case number 00-009761-0007-CO, in which the unconstitutionality of the application of Executive Decree 26.228-MINAE was alleged, which modified articles 19 and 20 of Decree 25.705-MINAE, solely to exempt urban development projects that are considered permitted uses within the municipal regulatory plan from the requirement of an environmental impact study (estudio de impacto ambiental), an environmental requirement that had been demanded for this type of project. By reason of the application of the referred Decree, the authorities sued in the amparo authorized the company ACASUSO S.A. to build the "Buenos Aires VI Etapa" residential development on the property corresponding to real folio 182945-000, which is why the action of unconstitutionality is a suitable and reasonable means to protect their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment; this, inasmuch as the annulment by this Chamber of articles 19 and 20 of Executive Decree 26.228-MINAE and of article III 2.6.2 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, will prevent environmental legislation from being set aside by the entities and bodies called upon to protect the environment. As those filing the action are residents of the referred residential development and the nullity sought will prevent the continuation of the construction works, this action is also timely to prevent the collapse of the public road in the sector that connects La Paulina, Mercedes de Montes de Oca, and Sabanilla, a situation that prevents them from enjoying tranquility and the sustainable environment guaranteed to them by the Right of the Constitution.</p>

<p>3.- In the amparo remedy number 00-009761-007-CO, which is suspended pending the resolution of this action, the allegation of unconstitutionality is recorded in relation to articles 19 and 20 of Executive Decree 26.228-MINAE of July 10, 1997, and article III 2.6.2 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (folio 147 and 148 of the amparo action).</p>

<p>4.- By resolution at ten o'clock on April twenty-fourth, two thousand one (folio 20), the action was admitted; a hearing was granted to the Procuraduría General de la República, the Administrative Environmental Tribunal, the Ministry of Environment and Energy, the Municipality of Montes de Oca, and the company "Acasuso S.A."; the latter did not respond within the time limit granted by the Chamber; it subsequently appeared as a co-adjuvant of the respondents and this Court, by resolution at thirteen hours and thirty-six minutes on September third, two thousand one, admitted it in that status (resolution on folio 110).</p>

<p>5.- The Procuraduría General de la República responded to the hearing in the following terms: The petitioners challenge articles 19 and 20 of the "Reglamento sobre Procedimientos de la Setena" (Executive Decree 25.705-MINAE) and the provision in article III.2.6.2 of the "Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones", specifically the provisions of points 1 and 2 of subsection a) of said numeral, insofar as it establishes:</p>

<p>"Projects, works, or activities that shall not be subject to the environmental impact assessment process (proceso de evaluación de impacto ambiental) and to the submission of the FEAP to SETENA, shall be those located in geographical spaces that meet the following characteristics:</p>

<p>1. That they be located in territories where regional planning exists, at a scale no greater than 1:50,000, and</p>

<p>2. That they also have a current Regulatory Plan, of a cantonal nature, provided they are not located in the following special areas: (...)"</p>

<p>In the case of article 20 of the same regulatory body, what is challenged is the provision in subsection a) of this numeral, insofar as it obliges the submission of the preliminary environmental assessment form (formulario de evaluación ambiental preliminar, FEAP) only for "urban development projects and housing complexes that are not classified as of social interest, at the preliminary project stage, whose total property area is greater than ten thousand square meters." Regarding article III.2.6.2 of the "Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones", they allege the unconstitutionality of the dimensions established therein for local streets classified as primary, as well as the possibility of enabling an unlimited number of lots via those streets. Specifically, the provision is challenged insofar as it provides that streets classified as primary require the following dimensions: fourteen meters (14m) of right-of-way, nine meters (9m) of roadway, one meter fifty centimeters (1.50 m) of sidewalk, and one meter (1 m) of green strips, and that these "may enable an unlimited number of lots." On one hand, the action seeks a determination of the unconstitutionality of the exclusion made by the decree of the obligation to submit projects, works, or activities carried out in geographical spaces where a regional plan or a cantonal regulatory plan exists to an environmental impact assessment process (proceso de evaluación de impacto ambiental), as well as for urban development projects or housing complexes not classified as of social interest, whose property has a total area of less than ten thousand square meters. The foregoing, because for the petitioners, the non-requirement of an Environmental Impact Study (EsIA) entails a lack of protection for the environment that conflicts with constitutional numeral 50. On the other hand, a constitutional analysis is urged of a regulatory provision that, by establishing dimensions for local streets classified as primary, allows the enabling of an unlimited number of lots; the challenge is made in the sense that this enables the circulation of an unlimited number of vehicles in a residential zone, with the consequent injury to the right to health, which is exposed because the provision exceeds the criteria of proportionality and rationality. Regarding the petitioners' standing: In the opinion of the Procuraduría, the study of the amparo action allows one to infer that the unconstitutionality of article 19 of Executive Decree 26.228-MINAE was alleged in that process. The petitioners maintain that the action is a reasonable means to protect their rights and it is clear that if the challenged provisions are annulled, the exception that the regulation makes regarding the submission of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) would disappear, through which they would have achieved the protection of their surroundings; however, the same does not hold true in relation to article 20, subsection a) of that same Regulation, nor with article III.2.6.2. of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones since in neither of these cases did the petitioners raise the allegation of unconstitutionality in the amparo remedy, which is the prior matter of the action. That being said, as this Chamber has admitted the existence of a diffuse interest in environmental matters, the action could be admissible insofar as it involves a discussion on this matter; however, it must be noted that the petitioners have not argued the existence of a diffuse interest, but rather a prior matter (the amparo action) and it is based on that allegation that the action was admitted. For the Procuraduría, the action must be dismissed as inadmissible in relation to article 20 of the Reglamento de la Setena and article III.2.6.2 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones; however, as there exists the possibility that the Chamber considers the action to be admissible in all the extremes processed, a report will be rendered on all of them. On the merits of the allegations: The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) is, par excellence, the technique used by the Public Administration to exercise control over human activities that may alter or change the environment, which includes the affectation of its ecosystems. The use of this technical instrument by the administration has support in constitutional numeral 50, particularly in its last paragraph, which establishes the State's obligation to guarantee, defend, and preserve the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. The State's intervention in private activities has as its purpose the environmental protection entrusted to the State. The techniques of intervention and regulation include so-called authorizations, distinguishable from the other state regulation technique, which is regulatory. The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) is, ultimately, a type of administrative authorization which, as such, finds normative support in numeral 17 of the Ley Orgánica del Ambiente. The Executive Branch, in the use of its regulatory power and empowered by the Ley Orgánica del Ambiente, intervenes in the activity of individuals by normatively establishing which activities are or are not subject to an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). In this way, the Reglamento de la SETENA, enacted on October 8, 1997, and published in La Gaceta number 11 of January 16, 1997, is the development of the provisions of chapter IV of the Ley Orgánica del Ambiente, in particular, article 17. The regulation in question distinguishes between the Environmental Impact Study (EsIA), which is the study presented by the individual who wishes to carry out the respective activity, project, or work, and the environmental assessment (evaluación ambiental), which is the technical, interdisciplinary evaluation carried out by SETENA. In turn, and in relation to the environmental assessment process (proceso de evaluación ambiental), it establishes a prior step where the type of assessment the activity, project, or work in question will be subject to shall be determined. A stage is therefore established in which the interested party completes the so-called Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental, FEAP) to determine the environmental viability of the project, activity, or work to be carried out, which will allow determining whether or not it must be subjected to an environmental impact assessment process (proceso de evaluación de impacto ambiental), or if the mere submission of a declaration of environmental commitments (declaración de compromisos ambientales) is sufficient (article 19 of the Reglamento de la SETENA). Chapter I, title III of the Reglamento de la SETENA establishes which activities, projects, or works must be subjected to an environmental assessment process (proceso de evaluación ambiental). The normative determination regarding which projects, activities, or works are exempt from submitting the FEAP and therefore from any type of environmental assessment (evaluación ambiental), and which must be, is a discretionary decision of the Executive Branch materialized in the exercise of its regulatory power. As a public power that affects private activities, its exercise cannot be arbitrary and what is provided therein must conform to the principles of proportionality and reasonableness. In 1997, the Executive Branch established in article 19 that to determine the necessity of submitting or not an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), the interested party, without any exception, had to complete an Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental). In numeral 20 subsection a) ibidem, it also established that urban development projects of five thousand square meters had to comply with the submission of a Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar). Subsequently, through decree 26.228-MINAE of July 2, 1997, both articles were modified (numerals 1 and 2 of the cited Decree). The modification excluded from the obligation to submit a Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar) – and therefore from the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) – projects, activities, or works carried out in geographical spaces located in territories for which a regional plan existed, prepared at a scale no greater than 1:50,000, provided there was a Regulatory Plan at the cantonal level regarding land use. Additionally, with the reform of article 20 of the Regulation, only urban development projects and housing complexes whose property had a total area greater than ten thousand square meters – an increase of five thousand square meters in relation to the previous wording of the reformed article – maintained the obligation to comply with the submission of a preliminary environmental assessment form (formulario de evaluación ambiental preliminar) and thus be subjected to some type of assessment (evaluación). Since this determination was made by the Executive Branch in the exercise of its regulatory power, it would be necessary to analyze whether the exercise of discretion, regarding the exclusion contained in the regulatory reforms cited, was done subject to the principles of reasonableness and proportionality, as well as whether the State fulfills the constitutional obligation to protect the environment. In the opinion of the Procuraduría, if the Regulation initially provided that every construction project for an area greater than five thousand square meters had to have an environmental assessment (evaluación ambiental), it would be necessary to scrutinize the technical reason why that area was extended to ten thousand meters; however, in the challenged regulatory body, there is no express indication that allows for knowing the reasons for excluding the control that had been carried out, and this is particularly important given that the reforms introduced by Decree number 26.228-MINAE clearly remove from environmental control any activity that falls within the assumptions of article 19 a) 1 and 2; that is, urban development projects and housing complexes, on properties with a total area not greater than one hectare. The removal operates even though numeral 19 establishes in subsection d) that national, cantonal, and local regulatory plans must be evaluated by SETENA with the aim of "ensuring the integration of the environmental impact concept." Thus, the removal from environmental control derived from the provisions of Decree 26.228-MINAE must be justified, under penalty of violating the provisions of the last paragraph of constitutional article 50, and as such justification does not emerge from the recitals of the Decree that introduced the reforms to articles 19 and 20 of the Reglamento de la SETENA, the Procuraduría considers that it is unconstitutional, insofar as the removal from the referred environmental control implies leaving the environment unprotected and this contravenes the constitutional principle formulated in article 50 in fine. Regarding the roads in residential developments (urbanizaciones): The challenged article is located in chapter III of the Regulation, specifically in the provisions referring to residential developments (urbanizaciones). The numeral establishes what the minimum characteristics – dimensions – public roads within residential developments (urbanizaciones) must have in relation to the number of housing units or lots they enable. Numerals III.2, III.2.6.3, and III.2.6.4 classify roads as primary, secondary, and tertiary, respectively. For primary and secondary roads, no limit is established regarding the number of housing units or lots that can be enabled through them, as numeral III.2.6.4 does for the case of so-called tertiary roads when it states "...serve 100 or fewer housing units or lots." Minimum dimensions are established for all streets: primary 14 meters wide, secondary 10 meters, and tertiary 8.5 meters. Obviously, the minimum dimensions correspond to the amount of land that can be developed (urbanizado) and from which benefits can be obtained. In the opinion of the Procuraduría, by establishing minimums in the dimensions of roads, far from infringing upon health and the environment, the intention is to plan urban development. Note that if article III.2.6.2 were annulled, article III.2.6.3 would also have to be annulled, as this allows, by not setting a maximum number, secondary roads to enable an unlimited number of lots, and this would mean that residential developments (urbanizaciones) could only have tertiary roads, some of which would then have to fulfill, with a width of 8.5, the function performed by primary roads, that is, to "...channel local roads towards sectors of the city or towards connector roads between the proposed development and other populated centers or which are considered likely to serve that function." Such a situation does not necessarily imply greater protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment; the result could even be contrary to such purpose, but it certainly implies the loss of important planning instruments. The Procuraduría considers that the petitioners have not clearly explained how the annulment of a provision like article III.2.6.2 could bring about greater protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. For this reason, this body considers that the challenged provision does not violate constitutional articles 50 and 46. Conclusion: The Procuraduría recommends dismissing the action on the merits regarding the challenge to articles 20 subsection c) of the Reglamento de la SETENA, and article III.2.6.2, as the petitioners lack active standing. If the Chamber considers that the petitioners have standing, this advisory body of the State requests that the action be granted in relation to article 20 of the Reglamento de la SETENA, insofar as the reform introduced to said provision by article 2 of Executive Decree number 26.228-MINAE extended to ten thousand square meters the total area of properties for residential development projects (proyectos de urbanizaciones) and housing complexes that must be evaluated from the point of view of their impact on the environment, and this entails a lack of protection for the environment that is contrary to constitutional numeral 50. The action must also be granted in relation to article 19 of the Decreto Reglamento de la SETENA, because said reform implies a lack of protection contrary to the constitutional principle of article 50 constitutional in fine.</p>

<p>6.- In its report, the Mayor of the Municipality of Montes de Oca indicated: That he considers the petitioners are correct and that the provisions challenged in the action conflict with constitutional numeral 50 by endangering the basic right to live in an environment free from contamination. This Municipality is in total disagreement with projects that promote the loss of the few green zones the Canton still conserves; however, the Municipality is not the entity that has granted permits to fail to comply with environmental protection legislation; they have been obligated to grant construction permits because they have been informed "that they are in compliance" in the environmental aspect. They request that the action be granted in all its extremes.</p>

<p>7.- The Ministry of Environment and Energy responded to the granted hearing in the following terms: Firstly, the petitioners question an excess of the Regulatory Power of the Executive Branch in relation to SETENA's field of action; secondly, doubt is cast upon the "reasonableness" of the exclusion of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) upon the enactment of regulatory plans at the regional or cantonal level that may be issued in the exercise of powers entrusted to INVU or the Municipalities. In relation to the first reproach, it is necessary to indicate that there has been no regulatory excess insofar as numeral 17 of the Ley Orgánica del Ambiente states that "(...) the laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental)." As follows from the reading of the transcribed numeral, the definition of the activities, works, and projects that are subject to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) is an exclusive and non-delegable competence of the Executive Branch, that is, of the President of the Republic and the Minister of the relevant branch. On the occasion of the filing of this action, they observed that the intervention of the Executive Branch in this matter was limited to the assignment of an administrative control number for its submission to the National Printing Office. In effect, according to their records, in the minutes of session 019 held by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental on May 21, 1997, the following agreement adopted on this matter is recorded: "Article 13. The 'Proposal for modification of articles 19 and 20 of the Reglamento de la SETENA' is discussed. The document is reviewed and final corrections are added. The Secretaría Técnica Nacional Ambiental agrees: To approve the indicated document and to carry out the respective dispatch for its publication in the Official Gazette La Gaceta. Final Agreement." In response to that agreement, the General Secretary of SETENA sent official letter SG-283-97 of June 2, 1997, to the Minister of Environment and Energy informing him of the consensus and disagreements regarding the reform of the regulatory body that governs that organ's actions. Furthermore, there is no record indicating that the hierarchy of this Ministry analyzed and weighed the proposed text. What is on record is that a sequential number was assigned to SETENA's proposal on July 2, 1997. The foregoing evidences that a clear violation of the regulatory power of the Executive Branch has occurred due to the manner in which articles 19 and 20 of the Reglamento de SETENA were reformed. In this case, besides the scant participation of the Ministry's hierarchy in the challenged reform, there existed a sort of "delegation" of the regulatory power to a lower body within the same Ministry. For the reporting Minister, there is a constitutionality defect in the issuance of Executive Decree 26228-MINAE due to technical impropriety in the drafting of the regulatory provision. It is the Minister who is charged with leading and justifying the issuance of a regulation, and it is he who must answer to the President of the Republic, and that process was nonexistent in the case before us. In the event that the Chamber were to consider that the decree was properly issued, she considers it important to extend the analysis to the remaining aspects indicated by the petitioners. It is her opinion that the local regulatory plan (plan regulador) is a tool for planning and controlling urban development, and even though environmental considerations are not generally excluded, she understands that to date, the process of drafting such plans does not contemplate requirements that support that the distribution of geographical space is environmentally viable. The drafting of a cantonal regulatory plan (plan regulador) responds to the exercise of a competence specific to municipal corporations: urban planning and land-use planning (ordenamiento del territorio); however, this power does not carry the implication that the regulatory plan (plan regulador) conforms to the environmental requirements prescribed by the Ley Orgánica del Ambiente. The planning power supposes an autonomous definition of the development the canton will have, and hence variables specific to that competence, such as territory zoning, are contemplated, and merely proposing that regulatory plans (planes reguladores) must be subject to approval by SETENA could be understood as affecting the constitutionally-guaranteed autonomy those corporations possess. The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) under the charge of SETENA involves a competence that can be described as specific, as it seeks to analyze whether a concrete and fully identified project or activity will or will not have a significant environmental impact. This analysis does not depend solely and exclusively on the location where the project is intended to be developed, but on its specific characteristics. Therefore, SETENA's work does not depend, neither logically nor technically, on any urban planning or management that may have been defined by a municipal corporation. For the reasons stated, the petitioners are correct in affirming that the exclusion from the environmental impact assessment process (proceso de evaluación de impacto ambiental) of those works, projects, and activities developed in geographical spaces that meet the requirements of numerals 1 and 2 of subsection a) of article 19 of the Reglamento de Procedimientos de la SETENA is not "reasonable"; consequently, the questioned provision does produce a clear violation of constitutional article 50 by diminishing the guarantee of enjoying a healthy and ecologically balanced environment. She adds that she refrains from referring to the challenge of numeral III.2.6.2 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones as the constitutional violation developed by the petitioners is not comprehensible. In a brief received by the Secretariat of this Chamber at thirteen twenty hours on February fourth, two thousand two, the Minister reiterates that the challenged reforms are contrary to the constitutional order and requests a prompt analysis on the merits in this action, as significant institutional efforts have been made to define an organizational and structural proposal that provides SETENA with agile and efficient action. She notes that a project exists for a new "Reglamento de Procedimientos de la Setena", which entails the necessary revision of the parameters contained in articles 19 and 20 of the challenged regulation; she indicates that the consultation process prescribed by numeral 361 of the Ley General de la Administración Pública is currently being completed, and she considers this is the correct way to exercise regulatory power and to correct the error pointed out in the report.</p>
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</article>

8. The company Inmuebles Acasuso Sociedad Anónima intervenes in the action as a passive coadjuvant and reports: The claimants tell the Chamber that the urbanization its represented party is developing could cause a "road collapse" (colapso vial); however, avoiding that situation is not the Chamber's function but rather that of the administrative authorities. Nor is it true that the project could cause an "environmental disaster" (desastre ambiental). The Executive Branch acted in the exercise of its powers when it established which projects were subject to environmental control. In official communication SG-283-97 visible at folio 40 of the file, it is recorded that the contested Decree was widely consulted and discussed, and that the establishment of 1,000 square meters originates, among other things, from an assessment of the "significance" from the environmental point of view of the impact they may have. Moreover, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) itself establishes, in Article 17, that "the laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental)," which makes it clear that the contested decree does not contravene the constitutional order. The developer has the permits and authorizations required by the legal system and, for that reason, must be allowed to continue its activity. What the petitioners call forest is nothing more than an old coffee plantation intended to be urbanized with excellent infrastructure, and all precautions have been maintained so as not to affect the watershed (cuenca hidrográfica) in which it is located. The articles being challenged do not violate the constitutional order for the simple reason that they only establish limits in accordance with the law and protect the environment in cases where such protection has been technically deemed necessary. The reason for excluding areas smaller than one thousand meters is to avoid waste of resources on small projects that have almost no impact on the environment, and this is reasonable. It cannot be expected that regulatory rules protect an abandoned coffee plantation, preventing its owners from exercising their property right and halting an important urban development project. In relation to the alleged road collapse, it is necessary to indicate that what the petitioners seek is to restrict the transit of all persons for the interest of a few, which is inadmissible, because that would turn public streets into private ones. Moreover, there is not a single norm that limits the transit of vehicles on a public street, since doing so in that manner would be unreasonable, as public streets are intended for the public service of any person who needs to travel on them. For the reasons stated, it requests that the unconstitutionality action be dismissed.

9. The Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) appeared in the proceedings within the term granted for that purpose and stated: The Executive Branch, in the exercise of its regulatory authority (potestad reglamentaria), proceeded to reform articles 19 and 20 of the Regulation that the claimants challenge. It is true that those numerals exempt some urban development projects from submitting the "Eia" or the "Feap" (sic); however, that only applies when a regulatory plan (plan regulador) exists. It is clear that there is sufficient legal basis for an urban development project not subject to the approval of a Feap or Eia for its execution, since in this case the rules of the current Regulatory Plan apply, which must be approved in accordance with the provisions of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). A regulatory plan must provide, as established in numeral 25 of the Urban Planning Law, special zones that bear some reservation regarding their use and development; additionally, by provision of numeral 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), springs or streams (nacientes o quebradas) must be protected. The Administrative Environmental Tribunal has made an adequate application of the law and the regulation, since neither had been contested in this venue on that prior occasion. Furthermore, it was taken into account, as the challenged provisions indicate, that land use is defined in the Regulatory Plan which has subjected the use of said property to an urban development purpose. Regarding the objection to the use of roads, this body does not understand how the use thereof could affect constitutional rights of the petitioners. It requests that the present unconstitutionality action be dismissed.

10. The notices referred to in the second paragraph of Article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) were published in numbers 96, 97, and 98 of the Judicial Bulletin (Boletín Judicial), on May 21, 22, and 23, 2001.

11. The oral and public hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Constitutional Jurisdiction Law is dispensed with, as the Chamber deems that sufficient principles and elements of judgment exist, grounded in its own precedents, to render the decision.

12. The prescriptions of the law have been complied with in the proceedings.

Drafted by Magistrate Sancho Gonzalez; and,

Considering:

I. Object of the action: The action seeks to have Articles 19 and 20 of Executive Decree 25.705-MINAE, as amended by Articles 1 and 2 of Executive Decree number 26.228-MINAE of July 2, 1997, published in La Gaceta 156 of August 14, 1997, and Article III.2.6.2 of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones) declared unconstitutional, deeming them contrary to the provisions of Articles 21, 28, second paragraph, 46, 50, and 89 of the Political Constitution. In the petitioners' view, the exclusion by decree of environmental controls, such as the submission of the FEAP (Preliminary Environmental Assessment Form, Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar) or the EIS (Environmental Impact Studies, Estudios de Impacto Ambiental) for urban development projects (proyectos urbanísticos) with an area less than ten thousand meters, confronts the Constitution's Law, insofar as it leaves unprotected—as in the case of the sixth stage of the Buenos Aires Urbanization—small areas that may be of great environmental value, and is contrary to the constitutional order. The petitioners consider that, since there is no reason whatsoever to exempt urban development works and projects smaller than one thousand square meters from environmental controls, the provision is, in itself, unreasonable and disregards the obligation of the State and its institutions to ensure the protection of the environment. They also point out that the provisions of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations, which permits unlimited vehicle traffic on residential streets, produce significant pollution that affects their right to health and tranquility, which the State's institutions must also safeguard; an obligation that has been breached by approving the sixth stage of the Buenos Aires Urban Development Project.

II. Admissibility of the action: Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law regulates the prerequisites that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a pending matter to be resolved in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked; that requirement is not necessary in the exceptional cases established in the second and third paragraphs of that article, that is, when due to the nature of the rule there is no individual or direct harm, when it is based on the defense of diffuse interests (intereses difusos) or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Attorney General of the Republic (Procurador General de la República), the Comptroller General of the Republic (Contralor General de la República), the Prosecutor General of the Republic (Fiscal General de la República), or the Ombudsman (Defensor de los Habitantes), in the latter cases, within their respective spheres of competence. Based on the foregoing, the general rule points to the need for a prior matter, with the possibilities of directly resorting to the Constitutional Chamber being exceptional. According to the first of the circumstances provided for by paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, the challenged norm must not be susceptible to concrete application that subsequently allows the challenge of the applicable act and its consequent use as a base matter. The text in question provides that the action is appropriate when "due to the nature of the matter, there is no individual or direct harm"; that is, when by that same nature, the harm is collective (the antonym of individual) and indirect. This would be the case of acts that harm the interests of certain groups or corporations as such, and not properly their members directly. Secondly, the possibility of acting in defense of "diffuse interests" is provided for; this concept, whose content has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in the judgment of this court 3750-93, at 3:00 p.m. on July 30, 1993, as follows:

"… Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so specific that, against them, specific persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate interests that concern a community as a whole. It is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive harm, current or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the groups that find themselves in specific circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, as they are at once collective—for being common to a generality—and individual, for which they can be claimed in such capacity."

As this Court already indicated in judgment 2001-8239 at 4:07 p.m. on August 14, 2001:

"diffuse interests (intereses difusos) are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is spread out, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could make under paragraph 2 of Article 75 must necessarily refer to provisions that affect him or her as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier 'diffuse,' such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on one hand, the referred assets transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, as they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; environmental damage does not merely affect the neighbors of a region or the consumers of a product, but harms or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; similarly, the defense of sound management of public funds authorized in the Republic's Budget is an interest of all inhabitants of Costa Rica, not just of any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber does not go beyond a simple description proper to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to understand that only those that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable overturning of the scope of the Rule of Law, and of its correlative 'State of Rights,' which—as in the case of the Costa Rican model—starts from the premise that what must be express are the limits to freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law speaks of interests 'that concern the community as a whole,' it refers to the legal assets explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each one of the inhabitants of the Republic. It is not, therefore, a case of any person being able to resort to the Constitutional Chamber in protection of any interests (popular action), but rather that every individual may act in defense of those assets that affect the entire national community, nor is any attempt at an exhaustive enumeration valid in this field."

III. Standing of the claimants in the specific case.—

Based on what was stated in the preceding considering, it is clear that the action must be admitted, since in amparo number 00-009761-0007-CO, which serves as its prior matter, the unconstitutionality of the modifications introduced by Executive Decree number 26.228-MINAE of July 2, 1997, published in La Gaceta 156 of August 14, 1997, was alleged, insofar as it excluded urban development projects or works whose uses were considered permitted by the local regulatory plan (plan regulador) from the environmental impact study. In the base matter, the unconstitutionality of Article III 2.6.2 of the Regulation for the National Control of Infractions and Urbanizations (Reglamento de Control Nacional de Infracciones y Urbanizaciones) was also alleged (folio 147 of the amparo action), which, however, was not substantiated, and by reason that that norm was not applied in the amparo that serves as the basis for this action, the Attorney General's Office (Procuraduría) argues that on this point it is inadmissible; nevertheless, by reason that we are dealing with a diffuse interest, clearly delimited by the jurisprudence of this Court, by reason of the subject matter, it is declared that the action is admissible, also, with respect to this point. The Chamber understands that the legal system recognizes the claimants' possibility to act in defense of their particular and simultaneously general interest in the rational use of public roads, which in the claimants' judgment is endangered by the challenged actions. The Court has no doubt that the right to a healthy and ecologically balanced environment forms part of what modern Constitutional Law classifies as 'third-generation' rights, and the protection claimed is the right and duty of each one of its inhabitants. These values enjoy privileged protection through the possibility that any person, based on the authorization conferred in this regard by Article 75, paragraph 2, of the Constitutional Jurisdiction Law, may directly file the unconstitutionality action, which is why, even though the resolution admitting the action did not expressly so indicate, the filed action is admissible, insofar as it becomes a means of protecting this type of interests.

IV. Regulatory analysis: Constitutional Article 50 obligates the State and the other public institutions—including Municipalities—to actively intervene in protecting the environment. Ordinary law is responsible for developing the constitutional canon and for fostering, in its content, economic and social development in full compatibility with a healthy and ecologically balanced environment. The country currently has abundant implementing legislation, among which we can cite: Organic Environmental Law, Forestry Law, Flora, Fauna and Wildlife Law, Soil Use, Management and Conservation Law, Biodiversity Law, Water Law, and Urban Planning Law. These regulations, and other similar ones that may be added, materialize the State's obligation to protect the environment as a fundamental right. Within this order of ideas, it is important to bear in mind the content of Article 17 of the Organic Environmental Law, which literally provides:

"Article 17.- Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental). Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) created in this law. Its prior approval by that body shall be an indispensable requirement to begin the activities, works, and projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment."

The Executive Branch, in the unquestionable exercise of its regulatory authority (potestad reglamentaria), issued the so-called "Regulation on SETENA Procedures" (Reglamento Sobre Procedimientos de la Setena) which, in the original wording of Article 19, established:

"Article 19.- To determine whether or not to submit an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), the Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar) must be completed. SETENA, according to technical criteria, shall determine the type of Environmental Impact Study that the interested party must submit in accordance with the guides it shall prepare for that purpose."

For its part, Article 20 of the same regulatory body, also in its original wording, stated:

"Article 20.- The activities or projects that must comply with the submission of the FEAP are the following:

a) Commercial or service zones, with more than one thousand square meters.

b) Agricultural projects (irrigation, swine, poultry activity, and others).

c) Tourism projects, with dimensions greater than four hundred square meters or more than ten rooms.

d) Urban development projects (proyectos urbanísticos), five thousand square meters.

e) Agro-industrial projects"

f) Industrial projects with more than forty workers.

The SETENA resolution determining whether or not an Environmental Impact Study (EsIA) is required shall be notified within a maximum period of fifteen days counted from the receipt of the form, and the corresponding guide for preparing the study shall be provided. In the event that the activity does not require the submission of an Environmental Impact Study (EsIA), SETENA may request the interested party to submit a Declaration of Compliance with Environmental Commitments (Declaración de Cumplimiento de Compromisos Ambientales), based on the FEAP results and the guidelines that SETENA ESTABLISHES FOR EACH PROJECT. This declaration commits the proponent or project designer to comply with what is established therein, failing which they may become liable for the sanctions established by law."

As can be observed, the initially promulgated norms excluded from the generic obligation to submit the Form established in numeral 19 of the decree those activities not described in a restrictive manner and also left out of that obligation those expressly indicated, provided they complied with or exceeded the limits set in terms of project size or number of workers in the operation, without the regulatory body recording the technical reason for such exclusions, which cannot be evidently and clearly perceived.

By Decree 26.228-MINAE of July 2, 1997, the referred articles were modified in the following terms:

"Article 1- Let Article 19 of Executive Decree 25705-MINAE be modified to read:

Article 19.
a) To determine the condition of environmental feasibility (viabilidad ambiental) and whether or not to submit an Environmental Impact Study, the Preliminary Environmental Assessment Form (FEAP) must be completed. The projects, works, or activities that shall not be subject to the environmental impact assessment process and to the submission of the FEAP before SETENA shall be those located in geographic spaces that meet the following characteristics:

That they are located in territories where a regional plan exists, at a scale no greater than 1:50,000, and
That they also have a current Regulatory Plan, of a cantonal nature, provided they are not located in the following special areas:

Buffer areas (Areas de amortiguamiento) of protected zones (National Parks, Biological Reserves, Wildlife Refuges, Absolute Reserves, Forest Reserves, Protective Areas), whose minimum extension is defined as an area of 500 meters measured from the boundaries of the protected area.

Maritime-terrestrial zone (Zona marítimo terrestre).

Areas where it is intended to develop projects, works, or activities that are non-conforming with the land use planned in the Regulatory Plan, provided they do not contravene the terms of the Forestry Law.

Protection areas for surface and underground water resources, including aquifer recharge areas, defined by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) and the National Service for Underground Waters, Irrigation, and Drainage (SENARA), according to current legislation and duly explained through published and disseminated maps, at a scale no greater than 1:50,000; and registered before SETENA.

Areas classified as having very high risk from natural hazards by the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias), according to current legislation and defined through published and disseminated maps, at a scale no greater than 1:50,000; and registered before SETENA. Areas where there is an express record of the presence of archaeological sites, defined by the National Museum, preferably in published and disseminated maps, at a scale no greater than 1:50,000; and registered before SETENA.

b) All projects, works, or activities contemplated by law or in this regulation must comply with the submission of the Preliminary Environmental Assessment Form, prior to beginning procedures before other State institutions.

c) SETENA, by means of the FEAP and according to technical criteria such as the analysis of the potentially impactful actions of the project and the condition of environmental vulnerability of the geographic space where it is proposed, shall determine, in the first instance, the environmental feasibility of the project; and if it is potentially feasible, shall define the environmental impact assessment path it must follow. This path may refer, according to technical criteria, to the submission of a Declaration of Environmental Commitments (Declaración de Compromisos Ambientales), or a Directed or Exhaustive Environmental Impact Study, which the interested party must submit, and SETENA shall provide the interested party the terms of reference (or guide) to conduct it.

d) In order to ensure the integration of the environmental impact concept into Regulatory Plans, whether of national, regional, cantonal, or local character; all of these, and especially their technical environmental criteria for the zoning they propose, must be evaluated by SETENA, prior to their final approval by the corresponding entity."

The following article states:

"Article 2- Let Article 20 of Executive Decree No. 25705-MINAE be modified to read:

Article 20.-
The activities, works, or projects that must comply with the submission of the FEAP before SETENA, prior to beginning procedures before other State entities, excluding those indicated in Article 19 of this Regulation, are the following:

Commercial and service projects, with more than 3,000 square meters of roofed or floor construction area.

Agricultural projects.

Irrigation projects, for extensions greater than or equal to 25 square hectometers (hm2).

Name65426.

Forestry and extensive plantations—development of monocultures or permanent crops—with areas greater than 10 square hectometers (hm2).

Swine, cattle, sheep, and equine activities with livestock densities of more than 0.9 head per hm2, in extension projects greater than 50 hm2.

Concentrated agricultural projects, such as farms, stables, dairies, or piggeries, with more than 200 head per project or activity.

Poultry activity of more than 5,000 birds.

Fish farming with areas greater than 1 hm2 of water surface.

Tourism projects with dimensions greater than two thousand square meters of floor area or more than 50 rooms.

Urban development projects and housing complexes (proyectos urbanísticos y conjuntos habitacionales), not classified as of social interest (interés social), at the preliminary project level, whose total property area is greater than ten thousand square meters.

Condominiums, not classified as of social interest, whose floor area is greater than five thousand square meters.

Agro-industrial projects.

Industrial projects that meet any of the following characteristics:

More than 40 workers;
Water consumption greater than 25 m3/day;
Energy consumption greater than 500 Kw/day;
Solid waste production greater than 500 Kg/day, or all those whose industrial process involves the use and handling, as raw material, of hazardous and potentially environmentally polluting substances. Also included are expansions or industrial projects that meet any of the conditions indicated above.

The dismantling, by relocation or closure, of an industrial project with the characteristics indicated above must also comply with the same required environmental requirements.

Energy generation and transmission projects of less than 2,000 Kw/hour.

Buildings to be used as educational centers with a capacity for more than 100 students.

The SETENA resolution determining whether or not an Environmental Impact Study (ESIA) is required shall be notified within a maximum period of fifteen days counted from the receipt of the form, and the corresponding terms of reference shall be provided for preparing the study, if necessary.

In the event that the activity does not require the submission of an Environmental Impact Study (ESIA), SETENA may request the interested party to submit a Declaration of Environmental Commitments (DCA), as well as, in duly qualified cases, the appointment of a person responsible for, or environmental supervisor (regente ambiental) of, the project; based on the FEAP results and the guidelines that SETENA establishes for each case. This declaration commits the proponent or project designer to comply with what is established therein, failing which they may become liable for the sanctions contemplated in the law.

b) The activities, works, or projects located on lands with slopes less than 15% or with soil infiltration capacity within the range of 60 l/m2/d to 100 l/m2/d; may alternatively comply with the submission of the FEAP, with the delivery of a Declaration of Environmental Commitments before SETENA, as well as the appointment, during the construction phase, of an Environmental Supervisor (Regente Ambiental) of the Project, and the deposit before SETENA of an environmental guarantee of up to 1% of the total project cost, are the following: Urban development projects and housing complexes, classified as of social interest, at the preliminary project level, whose total property area is within the range of 10,000 and 20,000 square meters. Condominiums classified as of social interest, whose mezzanine area is within the range of 10,000 and 20,000 square meters.

c) Likewise, the activities that may comply, alternatively to the submission of the FEAP, with the delivery before SETENA of a Declaration of Environmental Commitments, as well as the appointment, in technically justified cases, during the construction phase, of an Environmental Supervisor, are the following:

Commercial and service projects, whose roofed or floor construction area is within the range of 3,000 and 5,000 square meters.

Urban development projects and housing complexes, not classified as of social interest, at the preliminary project level, whose total property area is within the range of ten thousand and fifteen thousand square meters.

Buildings to be used as educational centers, whose capacity is within the range of 100 and 250 students."

The petitioners specifically question that numeral 19 excludes from the environmental impact study projects, activities, or works to be carried out in geographic spaces located in territories for which there is a regional plan prepared at a scale greater than 1:50,000 and that have a current Regulatory Plan at the cantonal level; furthermore, that Article 20 establishes that only urban development projects and housing complexes whose property has a total area of more than ten thousand square meters must be evaluated from the standpoint of the impact they could cause on the environment; however, the Chamber observes that the exclusions from the environmental impact study based solely on aspects such as the existence of a regulatory plan, the amount of area, the number of people in the operation or activity, the number of rooms, the project classification (social interest), or land use, are common in the reformed numerals, so it must validly, by connection, apply the substantive analysis of this action to the entirety of the circumstances indicated in the reformed articles, as all of them serve as grounds for exclusion from conducting environmental impact studies.

Regarding the issue of the action (urban development projects), the Regulations on Procedures of SETENA had initially excluded from the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) those “urban development projects and housing complexes with an area of less than five thousand square meters”; following the reform, those same projects will require said assessment only insofar as they have an area greater than ten thousand square meters. Also excluded from the environmental impact assessment is the project located in a territory where a Regional Plan and a cantonal Regulating Plan exist. A warning is made, however, that the Chamber is not permitted, in this proceeding, to examine the reasonableness of the administrative measures adopted to establish the capacities of the properties —an apparently technical aspect— so as to define the application or not of the challenged rules. In the case that serves as the basis for this action —an amparo processed under expediente number 00-009761-0007-CO—, reference is made to the authorizations to build the sixth stage of the Buenos Aires Urbanization, located in the Canton of Montes de Oca, and the Chamber finds the inconsistency of whether the unit of measurement is the urbanization in its entirety, that is, the sum of the stages, or the individual consideration, which would imply dividing the total into smaller parts, with different outcomes. For now, the challenge and subject of the action is not the size of the projects, but the obligation of environmental control, and it is so resolved.

        V.- Examination of Articles 1 and 2 of Executive Decree 26.228-MINAE, which reformed Articles 19 and 20 of the “Regulations on Procedures of SETENA”:

   Article 19 in paragraphs 1 and 2 of subsection a) in its current wording provides, in pertinent part:

“.....The projects, works or activities that shall not be subject to the environmental impact assessment process and to the submission of the FEAP before SETENA, shall be those located in geographical areas that meet the following characteristics:

1.- That they be situated in territories where regional planning exists, at a scale no greater than 1:50,000, and

2.- That they also have a valid Regulating Plan, of a cantonal nature, provided they are not located in the following special areas: (....)”

    In the case of Article 20 of the same regulatory body, subsection a) is challenged, inasmuch as it indicates which activities, works or projects must submit a Preliminary Environmental Assessment Form, as follows:

“Urban development projects and housing complexes not classified as of social interest, at the preliminary project level, whose total area of the property is greater than ten thousand square meters.”

   As can be seen from a simple reading of the transcribed rules, the text of the challenged Regulation makes an exclusion of environmental obligations, for cases it determines in a generic manner and without technical justification (e.g., that a regulating plan exists, a regional plan, that it concerns urban development projects with an area greater than ten thousand square meters), which demonstrates an excess by the Executive Branch in the exercise of its regulatory authority. Constitutional Article 50 is the direct source of the right of “every person” to a healthy and ecologically balanced environment, which binds the Public Authorities, in the protection of the environment, understood in the broadest possible sense, in the application of the protective norm. This Chamber has repeatedly held that the development of fundamental rights and public freedoms is a matter reserved to statute; it is for this reason that in this field, the regulatory authority that the Political Constitution itself reserves to the Executive Branch is unimaginable without the existence of a statute. It was already noted that the Organic Law of the Environment establishes in Article 17, as a development of what Constitutional Article 50 provides, the obligation to have an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to carry out activities or projects that by their nature may alter or contaminate the environment. As the Attorney General’s Office correctly points out in its report, the environmental impact assessment is conceived by the legislator as a technical procedure that permits control of a possible environmental alteration with the consequent impact on ecosystems. Without a doubt, this is a technical matter whose regulation in detail escapes the logic of the legislative procedure and may, as a matter of principle and within the existing legal framework, be regulated by the Executive Branch. The Organic Law of the Environment clearly states that “...Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) established in this law...”, which permits one to affirm, upon a correct reading, that no human activity that may alter or contaminate the environment may dispense with said environmental impact assessment. The formula that the Executive Branch has devised so that it may be established, prima facie, whether the human activity undertaken may alter or destroy the environment, has been the submission of the form called “Preliminary Environmental Assessment” (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, FEAP). Therefore, it is not the case, as the Administrative Environmental Tribunal contends in its report, that the Executive Branch has absolute discretion to indicate the projects that must carry out the environmental impact assessment, since by provision of the Political Constitution itself (Art. 50) and the Organic Law of the Environment, as a general principle, every human activity that modifies the surroundings “shall require” said assessment. It is thus the condition of the project or work that will determine, in each case, whether or not the environmental impact assessment is required, and not the establishment of arbitrary conditions through regulatory means. The regulation must only establish the manner in which the conditions of the project will be known, and it is that which will determine the propriety or impropriety of the environmental impact assessment. This means that the defense and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Constitutional Article 50, is the fundamental right of every person and functions as an inescapable general principle, such that in this matter it is not possible to make generic exceptions (in urban development matters and other topics addressed by Articles 19 and 20) to exempt compliance with environmental obligations, since this runs the risk of deconstitutionalizing the guarantee of state response in defense of the environment. Thus, the mechanism used by the Executive Decree, determining a priori activities or works that are exempt from the environmental impact assessment, based on the size of the work, the existence of regulating plans, the number of persons in the operation or activity, the quantity of rooms, the classification of the project (social interest), or the land use, demonstrates an excess in the exercise of regulatory authority that surpasses the referral to Article 17 of the Organic Law of the Environment and empties of content the right of the inhabitants that the Public Authorities exercise direct environmental control —not by delegation to regencies— in the application of protective legislation. This is not to say that the Executive Branch cannot, through regulation, determine, based on precise technical studies, that a specific activity or project does not require environmental impact assessments; but this presumes that such a definition is duly reasoned and justified. It should be recalled that in the case of exempting a higher-ranking control (constitutional), the reasonableness and proportionality of the exceptional circumstance shall be reviewable by the judge, whether through ordinary legal proceedings or constitutional review. However, to the general regime conceived by the derived Constituent, an generalized exception is inadmissible that has no other reasoning or basis than the very existence of the norm that so declares it. The situation indicated is of greater gravity if, as the Minister of the Environment maintains in her report, the challenged norms were not the subject of a detailed analysis by the Executive Branch, which affirms that the reform is unconstitutional for defects in the procedure of conception, study, and promulgation of the Decree. Moreover, it is the Chamber’s criterion that provision 20, —in its original wording—, even though it establishes smaller exclusion parameters for the environmental impact assessment, must also be declared unconstitutional for relatedness and consequence, inasmuch as it reiterates generic assumptions of exclusion from the environmental impact assessment and, as already indicated, it is the nature of the project and NOT the regulatory description that must establish whether or not said assessment must be complied with; it should be kept in mind that by legal provision, “all” human activities that transform the surroundings must undergo the preliminary assessment study. Furthermore, the Attorney General’s Office maintains, with regard to urban development projects, that the reformed norm violates the principle of reasonableness, and the Chamber must conclude, in application of its own jurisprudence on this subject, that this is so inasmuch as not a single technical justification has been advanced before this Court to “preventively” and “generically” exclude certain urban development projects from technical studies, with the additional consequence that we are in the presence of an evident and manifest unreasonableness that this Chamber must declare. The Chamber must insist that it is the specific situation of the project or human activity that may render the submission of an environmental study unnecessary, but not the regulatory norm. Indeed, a very small area of land may be biologically important and therefore require all types of environmental control; and another area, immense, might lack that importance; moreover, the existence of a regional plan or cantonal regulating plan that establishes land use does not exclude the obligation of the study, as the development company seems to understand it, since the specific environmental control that provision 17 of the Organic Law of the Environment has established is based on Article 50 of the Political Charter, which cannot be understood as superseded by local norms, but rather, they must be integrated in accordance with that protective mandate. For a better understanding of the analysis, a similar exercise may be carried out in the matter of sanitary control; thus, for example, obtaining a commercial patent in a restricted-use zone —a commercial axis— does not automatically imply the sanitary operating authorization, which must be considered in each specific case and independently of the requirements that local development establishes for that activity. In the first scenario, local planning is at stake and in the second, public health. That the local land use establishes that the zone in which the sixth stage of the Buenos Aires Urbanization is intended to be built is a “residential zone” does not entail the supersession of the protective environmental regulations, with which the developer must also comply, and it will be the specific condition of the land and its location that will ultimately determine the environmental viability of the project.

          VI.- Municipal Autonomy and Environmental Control.- The Chamber has repeatedly recognized the authority of local governments to establish their own territorial ordering through regulating plans; but the existence of these —which mostly lack complementary ordering from the perspective of a healthy and ecologically balanced environment— does not produce, as unfortunately the Administrative Environmental Tribunal understands it, the supersession of protective environmental legislation. On the contrary, the Chamber considers that it must be a fundamental requirement, which obviously does not contravene the constitutional principle of municipal autonomy, that every regulating plan for urban development must have, prior to being approved and developed, an examination of the environmental impact from the perspective that Constitutional Article 50 provides, so that the land-use planning and its various regimes are compatible with the scope of the higher norm, especially if one considers that this provision establishes the right of all inhabitants to obtain an environmental response from all public authorities, and this undoubtedly includes the Municipalities, which are not exempt from the application of the constitutional norm and its implementing legislation. It is evident that in this case, the national and local interest are entirely coincident, and therefore local governments may and must demand the fulfillment of environmental requirements in their territory, and in case of conflict with the governing authorities on environmental matters, they may submit the disputes to jurisdictional review, according to the nature of the infraction. It is for the foregoing that the protective norms of the environment are not incompatible, from the constitutional point of view, with the faculties and competencies of the municipalities, which are obligated, by mandate of Article 50 of the Political Constitution, to exert themselves in the protection of the environment. For the reasons set forth in the foregoing considerandos, it is imperative to declare unconstitutional the modification of Articles 19 and 20 of the Regulations on Procedures of SETENA introduced by Executive Decree 26.228-MINAE and, for relatedness and consequence, to declare unconstitutional provision 20 of the original text of said Regulations on Procedures of SETENA, Executive Decree 25.705-MINAE.

VI.- Challenge of Article III.2.6.2 of the “Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations” (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones).-

  The petitioners allege the unconstitutionality of the dimensions that the regulatory rule establishes for local roads classified as primary, inasmuch as it permits enabling an unlimited number of lots to build and to increase, disproportionately, the circulation of vehicles. Chapter III of the Regulation establishes a series of regulations applicable to the design of urbanizations, which in the strict sense of Urbanistic Law are partial urban planning schemes; among these are included streets of a public nature and use. The Regulation classifies roads as primary, secondary, and tertiary and establishes the dimensions of each of them as follows: primary roads fourteen meters wide, secondary roads ten meters wide, and tertiary roads eight and a half meters wide. The Chamber understands that the width of the roads is intimately related to the quantity and continuity of traffic that must circulate on them; thus, primary and secondary roads enable an unlimited number of housing units and lots, and tertiary roads for “100 or fewer housing units or lots.” The petitioners challenge the regulation because they consider that it authorizes the circulation of an unlimited number of vehicles on primary and secondary roads; however, the Chamber finds no conflict between those regulatory provisions and the Law of the Constitution, since it is evident that the projection (planning, if one wishes), the design, the construction, and the use of public roads, in such broad terms, responds not only to the public nature of the same, but also to the criteria of city growth and, consequently, the increase in vehicle circulation. And one must not lose sight of the fact that the resources to be allocated to their maintenance, signage, and care are also public. The appellants suggest that excessive vehicle circulation disturbs their tranquility and produces great contamination; however, the Chamber cannot consider the use of a road in accordance with its purpose to be contrary to the constitutional order. The control of vehicle gas emissions corresponds to public authorities through the technical mechanisms designed for that purpose, and the deficient application of those mechanisms does not render the use of public roads by the inhabitants unconstitutional. Moreover, those who have freely chosen to live in a residential development must accept the advantages and disadvantages that this form of organization has, and one cannot seek for the control of vehicle circulation, proper to other residential organization systems —such as, for example, private residential communities and condominiums— which are governed by private rules established by the owners thereof, to apply. For the reasons set forth, this aspect of the action is improper, as is hereby declared.

VII.- Conclusions.- Based on the foregoing, the Chamber considers that the generic exclusion of environmental control established by provisions 19 and 20 of the “Regulations on Procedures of SETENA,” Executive Decree 25.705-MINAE, and the reform introduced by Articles 1 and 2 of Executive Decree 26.228-MINAE is unconstitutional, inasmuch as it exceeds the terms of the Law and empties of content the guarantee of timely state response in protection of a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, the exclusion exhibits an evident and manifest unreasonableness that this Chamber declares. In contrast, the Court finds no conflict between the provisions of the “Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations” that establish specific specifications for the construction of primary and secondary public roads, since it is evident that the use of the roads in such broad terms responds to their public nature, and to the fact that their maintenance, signage, and care are also carried out with public resources, without it being possible to apply to these cases rules proper to private streets. Judges Arguedas and Batalla enter separate notes.

Por tanto:


The action is partially granted, and consequently the reform to Articles 19 and 20 of the Regulations on Procedures of SETENA introduced by Executive Decree 26.228-MINAE is annulled for being unconstitutional, and for relatedness and consequence, Article 20 of the original text of the same Regulations, Executive Decree 25.705-MINAE, is declared unconstitutional. The action is denied in all other respects. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norms, without prejudice to rights acquired in good faith. Let this pronouncement be recorded in the Official Gazette La Gaceta and published in its entirety in the Judicial Bulletin. Notify.


Luis Fernando Solano C.

Presidente

Luis Paulino Mora M. Eduardo Sancho G.


Carlos M. Arguedas R. Adrián Vargas B.


Susana Castro A. Alejandro Batalla B.

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:37:29.

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