Res. 17397-2019 Sala Constitucional — Water extraction in natural heritage without indigenous consultationAprovechamiento de agua en patrimonio natural sin consulta indígena

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Sala Constitucional

Resolución Nº 17397 - 2019

Fecha de la Resolución: 11 de Setiembre del 2019 a las 12:54

Expediente: 18-015287-0007-CO

Redactado por: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia estimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Subtemas:

NO APLICA.

017397-19. SE CUESTIONA LEY SOBRE APROVECHAMIENTO DE AGUA EN PATRIMONIO NATURAL SIN CONSULTA A PUEBLOS INDIGENAS. Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado No. 9590

 

 

“…IX.- Sobre la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental. Ahora bien, con fundamento en los principios explicados en el considerando anterior, podemos afirmar que el Estado tiene la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental y la evaluación de impacto ambiental. Al respecto, esta Sala, en la sentencia número 2008-15315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008, ha establecido la necesidad de que determinadas actividades cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada. Esto debido a que tal procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente…”

 

“…la presente ley lo que hace es habilitar para presentar proyectos para elaborar obras para lograr el aprovechamiento de agua para el consumo humano en terrenos del patrimonio natural del Estado, por lo que será en la presentación de cada proyecto, que debe cumplir con los requisitos establecidos, que se valorará específicamente en cual terreno en particular se podrá realizar tal función. Por ende, este Tribunal también comparte lo señalado por la Procuraduría General de la República, respecto a que, a pesar de lo señalado acerca de la incompatibilidad del régimen de patrimonio natural del Estado y el de los territorios indígenas, si una solicitud concreta de aprovechamiento de agua en un área silvestre protegida, de algún modo llegare a afectar los intereses legítimos de algún territorio indígena, en ese momento deberá cumplirse con lo estipulado referente a la consulta a las comunidades indígenas, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia de esta Sala (sobre la Consulta a los Pueblos Indígenas y el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, véase, entre otras, la sentencia número 2017-014522de las 12:19 horas del 08 de setiembre de 2017).

XVII.- Conclusión. Corolario de lo expuesto, lo correspondiente es declarar parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, únicamente se anula la frase "no será necesario el trámite de autorización ante el Minae” del párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590. Lo anterior por ser una amenaza al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al eximir a las instituciones respectivas del control y rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía. Por ende, se procede a anular esa frase. En lo demás, se declara sin lugar la acción…”

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, únicamente se anula la frase "no será necesario el trámite de autorización ante el Minae” del párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la frase anulada de la norma en cuestión, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En lo demás, se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Araya García ponen nota. La Magistrada Esquivel Rodríguez pone nota. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al Procurador General de la República, al Presidente de la Asamblea Legislativa, a los accionantes y a todos los intervinientes.

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Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 021- Vida humana

Subtemas:

NO APLICA.

ARTICULO 21 DE LA CONSITUCIÓN POLÍTICA. “…existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional… En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (véase al respecto la sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006)…” Sentencia 017397-19

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Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “…VIII.- Sobre los principios constitucionales ambientales. Siguiendo la línea argumentativa acerca del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrando, podemos constatar la existencia de una serie de principios sobre el ambiente y que han sido ampliamente desarrollados por este Tribunal. Así, la acción del Estado para garantizar la efectiva tutela ambiental está condicionada por los principios constitucionales ambientales, los cuales coadyuvan a determinar el contenido del derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007). Entre los principios constitucionales ambientales desarrollados por esta Cámara Constitucional y que son relevantes para el análisis de este caso, encontramos los siguientes:

1. De la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: Este principio se deriva de lo indicado en el numeral 50 constitucional al establecer la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante de la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (véase la sentencia número 0644-99 de las 11:24 horas del 29 de enero de 1999 y reiterada en la sentencia número 2002-4947 de las 09:24 horas del 24 de mayo de 2002)…” Sentencia 017397-19










“…existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional… En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (véase al respecto la sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006)…” Sentencia 017397-19










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Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 089- Protección de bellezas naturales y patrimonio histórico y artístico

Subtemas:

NO APLICA.

ARTICULO 89 DE LA CONSTITUICIÓN POLÍTICA. “…, respecto al patrimonio natural del Estado, tema de importancia para el presente caso, se ha mencionado, conforme con las sentencias parcialmente transcritas, que es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes:  a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes) (véase la sentencia número 2008-16975 de las 14:53 horas del 12 de noviembre de 2008). Además, también este Tribunal ha señalado que las zonas protectoras juegan un papel preponderante  en el equilibrio del medio ambiente entendido este como el conjunto de cosas que rodean al individuo tales como: clima, suelo, luz, viento, lluvia, alimentación, frío, calor, hábitat, etc. y en el equilibrio del ecosistema por la relación de intercambio que se da entre la parte viviente de la naturaleza y la parte inherte de la misma. De ahí que deba protegerse el suelo, la regulación del régimen hidrológico, la conservación del ambiente, y la de las cuencas hidrográficas. Estas zonas son creadas por ley o vía decreto del Poder Ejecutivo y en ellas, también por disposición legal, está prohibido efectuar labores agrícolas o de destrucción de la vegetación (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007).

Por otra parte, conforme a las sentencias parcialmente transcritas, el régimen tutelar contemplado en la Ley Forestal para el Patrimonio Natural del Estado implica: que los terrenos son inalienables; su posesión por los particulares “ no causará derecho alguno a su favor ” y la acción del Estado para recuperarlos es imprescriptible; no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación es sancionada como delito; no cabe la corta, el aprovechamiento forestal ni el cambio de uso del suelo, y solo pueden autorizarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículos 1, párrafo 2°, 3 inciso a), 14, 15, 18, 58 incisos a) y b) y 61 inciso c) (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012).

Por consiguiente, queda claro que la competencia que el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional…” Sentencia 017397-19

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Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Precautorio

Subtemas:

NO APLICA.

“…Principio precautorio o principio de la evitación prudente: Este concepto ha sido desarrollado en las número 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 y 2005-12039, entre otras, de este Tribunal, que se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda objetiva al respecto–, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Asimismo, el principio precautorio aplica cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo. Por el contrario, el principio de prevención o preventivo aplica en aquellos casos en que existe evidencia científica de que la medida va a causar daños al ambiente. En este segundo caso, la información disponible puede ser suficiente o insuficiente, pero con la que existe, se alcanza un grado de certeza sobre los impactos negativos que la medida va a provocar sobre el ambiente. La diferencia entre uno y otro está en la existencia o no de certeza científica sobre los posibles riesgos o lesiones al ambiente (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

En síntesis, este principio, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política y artículo 15 de la Convención de Río, ya mencionados, obliga a la Administración a adoptar las medidas necesarias para dar cabal protección al ambiente, y evitar daños que son irreversibles…” Sentencia 017397-19

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Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: No regresión

Subtemas:

NO APLICA.

“…Principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El primero ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Asimismo, del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. Este principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). De esta forma, encontramos relación entre el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, pues, como ha indicado este Tribunal en la sentencia número 7294-1998, “el principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente”.

En síntesis, conforme a estos principios, está prohibido para el Estado tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales, en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…” Sentencia 017397-19

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Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Objetivación de la Tutela Ambiental o Principio de la Vinculación a la Ciencia y a la Técnica

Subtemas:

NO APLICA.

“…Principios de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica. Este principio, el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005 de las 14:52 horas del 29 de octubre de 2005, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general –legales y reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la  técnica", elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación –en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública–. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, se evidencia un criterio técnico objetivo que denote, o la viabilidad ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura)…” Sentencia 017397-19

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Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 069- Explotación racional de la tierra

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NO APLICA.

ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA. “…Principios de uso racional de los recursos naturales. Este axioma exige que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente y con el artículo 69 constitucional, del cual se deriva el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo tanto a los particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012). De esta forma, con fundamento en este principio, es que este Tribunal –en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio” (véase la sentencia número 6322-2003 de las 14:14 horas del 03 de julio de 2003). Sin embargo, es necesario aclarar que, según la jurisprudencia de esta Sala, el derecho al ambiente no puede ceder ante consideraciones de índole económico, por tratarse de un derecho no patrimonial y de indudable importancia no solo para los habitantes del país actualmente, sino también para los sucesivos (véase la sentencia número 1887-1995 de las 09:15 horas del 07 de abril de 1995).

Igualmente, en este principio también encontramos relación con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, ya que, la exigencia del uso racional de los recursos naturales está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta –administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, por ejemplo véase la sentencia número 2410-2007 de las 10:15 horas del 21 de febrero de 2007- en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente, a través de su “uso adecuado”; y en virtud de los cuales, como se mencionó, queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras.

En síntesis, la Administración debe propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente ni el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras, así como tampoco ceder ante consideraciones de índole económico…” Sentencia 017397-19

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Texto de la resolución

*180152870007CO*

Exp: 18-015287-0007-CO

Res. Nº 2019017397




SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce y cincuenta y cuatro horas del once de septiembre de dos mil diecinueve.




                 Acción de inconstitucionalidad promovida por DAISY MAGALY LÁZARO QUESADA, mayor, soltera, planificadora económica y social, indígena Brunca, portadora de la cédula de identidad No. 7-0165-0631 y BENJAMÍN MAYORGA MORA, mayor, casado, entrenador, indígena del pueblo Bribrí de Talamanca, portador de la cédula de identidad No. 7-087-0623, contra la “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado, Ley No. 9590 de 3 de julio de 2018”.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:55 horas del 27 de setiembre de 2018, los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la ley No. 9590 de 3 de julio de 2018 denominada “Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado” . Lo anterior,  por estimarla contraria a lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 89 de la Constitución Política, a los principios precautorio, de objetivación y de no regresión en materia ambiental, a lo señalado en el numeral 5 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, en el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales del Sistema de Integración Centroamericana, en los ordinales 4 y 5 de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en los artículos 2.5 y 4.2 de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), en el ordinal 6.1.a. del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en los artículos 8.1, 25 y 32.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Argumentan que mediante el artículo 1 de la ley (que, a su vez, modifica el ordinal 18 de la Ley Forestal), se incluye una nueva actividad en las zonas llamadas patrimonio natural del Estado, sea, la extracción de agua en sitios de alta fragilidad, en ecosistemas boscosos ricos en biodiversidad, lo cual conlleva a un claro cambio de uso de suelo en aquellos trayectos por donde pasa la tubería y donde se harán obras permanentes (v. gr. embalses de captación, casetas de bombeo para impulsión del agua, etc.). Acusan que tales obras implican una serie de impactos negativos en el ambiente tales como la tala de árboles, la eliminación de sotobosque, la realización de obras dentro de nacientes, ríos o quebradas, etc.. Alegan que sobre dicha modificación no existe, en el respectivo expediente legislativo, un solo registro donde consten todos los referidos sitios considerados patrimonio natural del Estado, los números de áreas a impactar o bien estudios técnicos que descarten los impactos negativos dentro de los sitios de protección, los costos, las repercusiones en la biodiversidad, etc... Afirman que no se contó con un soporte técnico que justificara y cuantificara los cambios de uso de suelo que podrían ser de kilómetros o de decenas de estos en sitios de protección. Manifiestan que se elaboró, sin fundamento técnico o científico, una modificación legislativa que amplía un uso que conlleva a la desafectación genérica de todos los sitios que son patrimonio natural del Estado o áreas silvestres protegidas. Sostienen que la omisión anterior no se solventa al indicarse en el artículo 2 (que adiciona el ordinal 18 bis de la Ley Forestal), que todas las obras “deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda”. Agregan que el hecho que no se solicite un estudio de impacto ambiental para futuros acueductos dentro del patrimonio natural del Estado de forma expresa y clara, genera una duda, en el sentido que la viabilidad ambiental futura no se realice con el instrumento técnico apropiado. Alegan que lo anterior afecta colateralmente el proceso de participación pública de la ciudadanía vinculado directamente con la realización de los estudios de impacto ambiental. Indican que también era necesario que se exigiera una evaluación ambiental estratégica, en conjunto con los estudios de impacto ambiental, ya que por medio de la primera se puede analizar el escenario de las necesidades, así como los impactos regionales generados a partir de la instalación de acueductos en un sitio considerado patrimonio natural del Estado o área silvestre protegida. De otra parte, consideran que, sin justificación alguna, el artículo 2 (que crea el ordinal 18 bis) establece que en terrenos que son patrimonio natural del Estado y que pertenecen a las administraciones públicas (a las municipalidades, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, etc.), no será necesario solicitar una autorización al MINAE cuando se trata de construir acueductos, hacer talas, eliminar sotobosque, alterar ecosistemas, etc. Lo anterior, aducen, a pesar que el ordinal 1 de la Ley (por el cual se crea el artículo 18 de la Ley Forestal) dispone que en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecotorismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, el que definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esa ley. En esencia, no comprenden por qué se hace dicha distinción y, por ende, porqué las referidas instituciones quedan exentas de solicitar autorización ante el MINAE, el que, conforme el artículo 13 de la Ley Forestal, es el administrador de todo el patrimonio natural del Estado. Estiman que no medió una razón técnica o científica en dicha exclusión. Aducen que la norma impugnada crea un conflicto de competencias entre el MINAE y el resto de instituciones citadas. Añaden que el ordinal 18 bis le otorga una competencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (asegurar que no se altere el caudal ecológico), a pesar que esta no le corresponde. Afirman que todo lo relacionado con temas de caudales ecológicos le corresponde a la Dirección de Aguas y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE. Sobre el particular, sostienen que se realizó un traslado irresponsable y sin fundamento alguno de tales competencias. De otra parte, manifiestan que, conforme a la Ley Orgánica del Ambiente, existen siete tipos de áreas silvestres protegidas. Alegan que, pese a lo anterior, el ordinal 18 bis que se crea conforme el artículo 2 de la ley impugnada, dispone que “En el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente”. De este modo, refieren que, sin fundamento alguno, el artículo 18 bis crea un régimen especial que elimina cinco tipos de áreas silvestres protegidas de la aplicación del ordinal 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Explican que haciendo una interpretación amplia y protectora de la biodiversidad, tanto los sitios que son patrimonio natural del Estado como las áreas silvestres protegidas, quedan cubiertas por el referido artículo 38 y, por ende, cuando hay reducciones de áreas o cambios de uso de suelo, se debe acudir a la compensación. En otros términos, afirman que, contrario a lo que dispone la normativa impugnada, siempre que se vaya a realizar un acueducto en sitios protegidos, se debe acudir a la desafectación por cambio de uso de suelo, incluso, se debe llevar a cabo la compensación de áreas. A modo de ejemplo, explican que la normativa cuestionada excluyó a los humedales de la aplicación del ordinal 38 de la Ley Orgánica del Ambiental, lo cual, claramente, deviene en inconstitucional. En otro orden de consideraciones, manifiestan que muchos sitios que son áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado se encuentran en territorio indígena. Pese a esto, aducen que los pueblos indígenas no fueron consultados sobre la ley impugnada. Estiman que lo anterior violenta su derecho a la información y a la participación. Asimismo, consideran vulnerado lo dispuesto, sobre el particular, por el ordinal 6.1.a., del Convenio 169 de la OIT. Manifiestan que si el agua que se podría extraer de los territorios indígenas conlleva a instalar tuberías, casetas de bombas de impulsión, talar bosque y sotobosque, entre otras acciones, a los indígenas se les debió consultar de forma previa. Estiman que paralelamente se quebranta su cultura y estilo de vida. Añaden que por las mismas razones supra citadas, resulta inconstitucional el artículo 3 de la ley impugnada, por medio del cual se definió lo que es una reserva forestal. Sostienen que, sobre estas reservas, tampoco fueron consultados los pueblos indígenas.
2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señalan que se interpone al amparo del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el tanto se apersonan en defensa de intereses difusos (materia ambiental) y en defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los derechos de los pueblos indígenas.
3.- Por resolución de las 08:23 horas del 04 de octubre de 2018, el Magistrado Presidente de esta Sala Constitucional le dio curso a esta acción de inconstitucionalidad, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República (PGR), al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y al Sistema Nacional de Áreas Conservación (SINAC).
4.- Por escrito presentado el 18 de octubre de 2018, el señor Mario Andrés Boza Loría, cédula de identidad No. 1-297-932, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del artículo 50 de la Constitución Política. Indica que está de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo segundo de la Ley No. 9590, en el sentido de que en los terrenos que hayan sido adquiridos por los entes prestatarios de agua a los ciudadanos, de ahora en adelante, se puedan construir las obras necesarias para llevar el agua hasta las comunidades o ciudades vecinas. Manifiesta que la Ley No. 9590 se puedo haber limitado a este párrafo, con lo cual los conservacionistas hubieran estado satisfechos. Argumenta que el artículo 50 de la Constitución Política dice que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Señala que el “ambiente ecológicamente equilibrado” debe existir un estado dinámico y de perfecta armonía entre los seres vivos y su medio ambiente. Una alteración a este equilibrio puede ser provocada por causas naturales o artificiales, tales como el cambio climático, un incendio forestal, la caza o la pesca ilegal o bien, la extracción del agua necesaria para la vida silvestre. Indica que existen infinidad de ejemplos a nivel nacional e internacional sobre el impacto en la fauna silvestre en la reducción de los niveles o fuentes de agua. Cita ciertos ejemplos que dice haber extraído de la literatura, entre ellos, el que afirma que debido al cambio climático entre los años 2070 y 2099, Costa Rica perdería hasta un 85% del agua originada en sus áreas protegidas y que se aprovecha fuera de sus límites. Sostiene que esto afectaría a la vida silvestre. Advierte que estos efectos ya comienzan a observarse y según el Instituto Meteorológico Nacional para el año 2040 el país experimentará un aumento en la temperatura del aire y variaciones en los patrones de lluvia. Dice que si hay menos agua para los humanos, también esto es para la vida silvestre, lo cual se acentuaría si se pretende obtener agua dentro de las áreas protegidas. Cita el caso de los hipopótamos. Expone el caso del rio Logone que atraviesa el Parque Nacional Waza en Camerún, donde se han construido diques dentro del Parque Nacional para propósitos de irrigación, lo que ha generado en la eliminación de peces en algunas áreas de éste y en una drástica reducción de la población de antílopes. Asimismo, señala el caso del Parque Nacional Big Bend en los Estados Unidos de América, el cual se ha visto afectado por el sobreuso que se hace al agua de los acuíferos fuera del parque, pero lo cual ha reducido la tabla de agua de la zona. Señala que estos pocos ejemplos demuestran el grave problema que se está presentando en Costa Rica y en otros países del mundo, cuando se comienza a aprovechar agua de la cual depende la vida silvestre de las áreas protegidas. Argumenta que el problema se acentúa debido al impacto del cambio climático. Cuestiona los artículos 1 y 2 de la Ley No. 9590. En cuanto al artículo primero, dice que el Ministro de Ambiente y Energía autorizará, entre otras labores o actividades, el aprovechamiento de agua para consumo humano en el patrimonio natural del estado. Es decir, se trata de una decisión subjetiva, es decir, propia de la manera de pensar o sentir de esa persona. Continúa manifestando que también ese artículo dice que será el Ministro de Ambiente y Energía quién definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental. Alega que de nuevo se trata de una decisión subjetiva. Sobre el artículo 2 de la Ley No. 9590, sostiene que ese numeral dice que el aprovechamiento de agua para abastecimiento de poblaciones podrá ser autorizado por el Ministerio de Ambiente y Energía “previa declaración por el Poder Ejecutivo, de interés público” . Señala que quienes tomarán las decisiones serán el presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía. Por ende, se recae en decisiones subjetivas. Advierte de una supuesta contradicción entre los artículos primero y segundo de la Ley No. 9590. Lo anterior, porque el artículo 1 dice que el ministro definirá la realización de evaluaciones de impacto ambiental. Mientras que el artículo 2, párrafo segundo, reza que las obras para extraer agua deberán ser ejecutadas siguiendo el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponde. Cuestiona cual de los dos artículos prevalece. Añade que el párrafo segundo del artículo 2 habla de los “criterios técnicos aplicables para la intervención de las áreas silvestres protegidas contempladas en la Ley No. 7788, Ley de Biodiversidad…”. Comenta que se trata de un concepto muy vago, por cuanto la Ley de Biodiversidad no tiene ninguna sección o artículo que se refiera a la intervención de las áreas silvestres protegidas. Indica que sí hay artículos que hablan sobre definiciones y sobre la protección de las áreas silvestres protegidas. Argumenta que el párrafo 4 del artículo 2 la ley cuestionada sí menciona el concepto de “caudal ecológico” , pero únicamente referido a los terrenos que adquieran los entes prestatarios de agua y no se refiere a las áreas silvestres protegidas del patrimonio natural del Estado. Resalta que a su juicio la Ley No. 9590 no suministra suficientes garantías de que en las áreas protegidas de Costa Rica -que forman parte del patrimonio natural del Estado- se pueda lograr mantener un “ambiente ecológicamente equilibrado”. Explica que desde el punto de vista conservacionista dice que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente en el inciso e) indica que uno de los objetivos de las áreas protegidas es “proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo”. Al proteger zonas acuíferas y cuencas se asegura la conservación del agua que ahí nazca, la cual se podría aprovechar fuera del área protegida. Manifiesta que eso es lo que sucede en la Reserva Forestal del Río Macho, la cual protege las cuencas hidrográficas de los ríos que luego nutren al embalse de Río Macho, el cual se encuentra fuera de los límites de la reserva. Menciona que la protección de las fuentes de agua -muy escasas en las áreas protegidas de Costa Rica- localizadas en el Pacífico Seco es fundamental para que la fauna silvestre pueda sobrevivir a la estación seca. Por otra parte, dice que la construcción de acueductos dentro de áreas protegidas no se limita a instalar un simple tubo, ya que hay que construir represas, lo que significa hacer caminos, cortar árboles y alterar la vegetación. Adicionalmente, significará la presencia de personas que no serían visitantes regulados. Alega que nada de eso es compatible con los objetivos de los parques nacionales y las reservas equivalentes. Sostiene que el espíritu de la ley No. 9590 va en una tendencia negativa lo que perjudicaría a la vida silvestre. Con base en todo lo antes expuesto y con base en el principio precautorio o in dubio pro natura, considera que existe un peligro de afectación de los ecosistemas que protegen las áreas protegidas, lo cual constituiría una violación al artículo 50 de la Constitución Política. Por esa razón es que considera que la Ley No. 9590 deber ser considerada inconstitucional. Expone que existen varios convenios internacionales que garantizan la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales, las áreas protegidas, la conservación de los hábitats naturales, las aves acuáticas que dependen del agua y los bosques productores de agua. Cita cuatro de esos convenios: a) Ley No. 7416 denominado “Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Anexos”, específicamente el artículo 2 y 8; b) La ley No. 7224 denominado “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas”, con la especial mención del artículo 4; c) Ley No. 7572 Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, específicamente el artículo 3; y, d) el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, específicamente los artículos 4 y 10. Concluye que la Ley No. 9590 permite el aprovechamiento de agua en áreas protegidas, el cual es un líquido vital para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las poblaciones de especies naturales. Además, que ese aprovechamiento se daría con solo aprobar requerimientos mínimos, los cuales considera subjetivos. Solicita que la Ley No. 9590 violenta lo establecido por los convenios internacionales.
5.- Por escrito presentado el 19 de octubre de 2018, el señor Jorge Serendero Hülssner, cédula de residencia No. 11520011317, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo y manifiesta que extraer el agua de un parque o de una reserva sin existir una necesidad vital comprobada para la vida humana no es admisible, ya que eso socaba las oportunidades de supervivencia de las futuras generaciones. Menciona que la acción debe ser declarada con lugar, pues la ley no cumple con los objetivos principales de las áreas silvestres protegidas de regulación de la protección y regulación del régimen hidrológico del suelo y la cuenca hidrográfica, así como que tampoco previene la preservación del área de recarga acuífera, lo que asegura es vital para las presentes y futuras generaciones. Considera inconcebible que a pesar de que el caudal ambiental es competencia del Ministerio de Ambiente y Energía, en la actualidad, por la nueva norma -artículo 18 bis de la Ley Forestal- esa competencia se le haya traslado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a sabiendas que las oficinas especializadas son la Dirección de Aguas y el SINAC. Argumenta que considera improcedente que se fragmenten -sin justificación técnica- las competencias del ente de recursos naturales en bosques y agua. Concluye manifestando que los diputados dictaron una ley sin sustento técnico jurídico ambiental. Solicita se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad.
6.- Por escrito presentado el 24 de octubre de 2018, Grettel Vega Arce, en su calidad de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), informa que la Ley No. 9055 habilita una nueva actividad en el Patrimonio Natural del Estado, sea el aprovechamiento de agua potable para el consumo humano. Dice que esta actividad con la reforma legal es posible de manera excepcional al lado de la capacitación, investigación y el ecoturismo ya reguladas por el artículo 18 de la Ley Forestal. Comenta que la norma pondera el carácter excepcional de dicha autorización, al regular una serie de requisitos que permiten asegurar esta condición de última ratio en los diferentes componentes del Patrimonio Natural del Estado. La norma establece el aprovechamiento del recurso de agua estrictamente para el consumo humano con los siguientes requisitos: a) evaluaciones de impacto ambiental, según lo establezca el reglamente de esta ley; b) previa declaración por el Poder Ejecutivo, de interés público, en específico para un abastecimiento poblacional imperiosos y a favor de los entes autorizados prestadores de servicio público; c) Estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Dice que en el caso de las áreas silvestres protegidas de protección absoluta deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimeinto de agua para la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, y las actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval técnico del ICAA. Estos supuestos constituyen restricciones y sustento técnicos, requisitos necesarios para la actividad de aprovechamiento del recurso hídrico en el Patrimonio Natural del Estado. De ninguna manera es una autorización genérica, sino que debe cumplirse lo anterior para cada caso en concreto, junto con lo que defina el Reglamento a la Ley, como dice el artículo 1°. Esto, debido a que el deber de proteger el Patrimonio Natural del Estado como bien medioambiental recae sobre todas las instituciones estatales y los habitantes del país, y se sustenta por el artículo 50 de la Constitución Política. Alega que tiene carácter vinculante para los poderes públicos dentro de sus respectivas competencias y limita la discrecionalidad de la Administración en el otorgamiento de permisos y títulos para utilizar el dominio público que constituye el Patrimonio Natural del Estado. El Patrimonio Natural del Estado, al igual que el resto de los terrenos de dominio público, ostenta una vocación pública, reconocida por nuestro ordenamiento desde el año 1969 con la Ley Forestal, y se encuentra en función de las presentes y futuras generaciones como la generalidad de los bienes medioambientales. La justificación técnica y jurídica que da pie a esta ley es el acceso al agua potable y el saneamiento de aguas residuales, como derecho humano fundamental, siendo que el Estado debe procurar el acceso universal a dichos servicios, como parte de la tutela del derecho a la vida, la salud y el goce de un ambiente sano. Al encontrarse la mayoría del recurso hídrico disponible en terrenos que constituyen Patrimonio Natural del Estado, incluso como en el caso de las zonas protectoras como la razón o fin por el que fueron afectadas como área silvestre protegida; y además, al contemplar la definición de Patrimonio Natural del Estado del artículo 13 de la Ley Forestal, por su propia naturaleza los terrenos que adquiere el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y demás instituciones públicas para fines de aprovechamiento de agua, es que al referirse a la constitucionalidad de la Ley No. 9590 se hace necesaria una ponderación de derechos humanos. Al analizar la constitucionalidad de la norma se debe valorar la posibilidad de replantear las actividades permitidas por el artículo 18 de la Ley Forestal con ciertos parámetros de protección siempre que sean en el marco de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y basado en criterio técnico. En este caso, al encontrarse un aparente conflicto de derechos humanos, debe imperar el principio pro homine como criterio orientador ante la valoración de si la norma impugnada permite la ejecutoriedad de estos dos derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional (Derecho al Ambiente y Derecho al Agua). El derecho humano al agua ha sido definido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la observación general No. 15 del 29 de noviembre de 2002. Además, sostiene que la Sala Constitucional ha reconocido el derecho al agua, así como su carácter fundamental para la realización de otros derechos humanos. Argumenta que la norma debe valorarse para determinar si permitir el aprovechamiento de agua para consumo humano es una decisión que por sí misma puede ser dañina para el ambiente o si por el contrario el deber de tutelar el ambiente radica en  establecer los parámetros para que toda disposición normativa sea racional y proporcional a la luz de la necesidad humana de acceso al recurso hídrico con los efectos adversos del cambio climático y las medidas de contención y conservación del mismo. La racionalidad y la proporcionalidad de la decisión se miden con los fines de la norma respectiva y con el grado en que la tutela de otros derechos o bienes constitucionales pueden verse afectados de no realizarse la reforma, siendo que en el presente caso ese otro bien o derecho constitucional es el derecho al acceso al agua y a la vida. Al analizar la norma, obligatoriamente debemos referirnos al concepto de desarrollo sostenible en tanto éste exige hacer un uso racional de los recursos disponibles en función de las necesidades de las generaciones futuras. En este caso, asegurar el acceso al agua potable a las presentes y futuras generaciones considerando la conservación del recurso hídrico para el aprovechamiento racional, sostenible y sustentable y del Patrimonio Natural del Estado. Tanto a partir de los principios anteriores, como del desarrollo sostenible, el aspecto clave sobre la viabilidad constitucional de la norma radica en que exista criterio técnico específico que dé sustento a la Ley en cuestión, así como los parámetros técnicos de la forma, en que se dará el aprovechamiento del recurso, de manera que se pueda valorar si hay o no afectación al ambiente. Refiere que sobre el Patrimonio Natural del Estado, la Ley Forestal, No. 7575 de 13 de febrero de 1995, introduce en nuestro ordenamiento el concepto de "patrimonio natural del Estado", administrado por el Ministerio del Ambiente y Energía, y constituido, según su artículo 13, por "los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio." Añade que ha evolucionado a partir del concepto de "patrimonio forestal del Estado", incorporado en la normativa forestal anterior (1969), para referenciar la propiedad forestal pública en contraposición a la propiedad forestal privada. Las áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo: parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, refugios nacionales de vida silvestre, zonas protectoras, monumentos naturales y humedales se consideran incorporadas bajo este régimen de Patrimonio Natural del Estado, en calidad de "áreas declaradas inalienables" en la Ley Forestal anterior, desde las normas creadoras de las primeras áreas protegidas, y en virtud del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 4 de octubre de 1995. (Ver Dictamen C-339-2004 del 17 de noviembre del 2004). También forman parte del Patrimonio Natural, los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado y humedales, incluidas las reservas nacionales y fincas pertenecientes a las instituciones autónomas, municipalidades y demás organismos de la Administración Pública, dentro de las que cobran interés para el caso aquellas pertenecientes al AYA. La ley impugnada diferencia estos "tipos" de Patrimonio Natural del Estado, al disponer que todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.° 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos. Por lo que la norma no deja de lado las otras categorías de manejo de áreas silvestres protegidas, sino que remite a los criterios de la Ley de Biodiversidad. En el caso de las categorías más restrictivas dispone un trato especial, es decir, que se afecte únicamente mediante una ley de la República y con los estudios técnicos que lo fundamenten: “en el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Asimismo, los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaría en condiciones adecuadas de calidad y cantidad y las actividades propuestas deberán contar de manera previa, con el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilladlos (ICAA)” (Artículo 2 Ley N°9590). Esta condición refuerza el carácter excepcional del aprovechamiento en áreas Silvestres Protegidas de la norma, procurando que el aprovechamiento del recurso hídrico se realice en las fincas pertenecientes a las instituciones autónomas, Municipalidades y demás organismos de la Administración Pública, especialmente las adquiridas y utilizadas en la realidad para ese fin. Lo anterior, permite subsanar la contradicción legal del articulo 13 y los usos anteriores a esta Ley N°9590 del artículo 18 de la Ley Forestal con respecto a la Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados N" 2726 del 14 de abril de 1961. El artículo 5 de la ley N°2726 reza que para el cumplimiento de los fines del AYA, dentro de los que sobresale proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable y promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica (artículo 2), el AYA podrá adquirir propiedades inmuebles. Señala que estos mismos terrenos al ser adquiridos por el AYA, por las disposiciones del artículo 13, adquieren la condición de Patrimonio Natural del Estado, y sin la reforma de la ley N°9590 impugnada, se veían sujetos a los únicos 3 usos anteriores del artículo 18 de la Ley Forestal (Investigación, capacitación y ecoturismo), imposibilitando el cumplimiento del fin público para el que es creado el AYA. La ley N° 9590 habilitó que los terrenos que la ley del AYA desde el año 1961 se puedan utilizar para asegurar a todos los costarricenses el acceso a su derecho al agua potable y el saneamiento. Adicionalmente, con respecto a la identificación, clasificación, delimitación y administración del Patrimonio Natural del Estado, el Sistema Nacional de áreas de Conservación, en coordinación con los demás entes estatales competentes, tiene a disposición en el CENIGA el mapa de Patrimonio Natural del Estado y de Áreas Silvestres Protegidas. La aplicación de la ley impugnada encuentra sus límites a la arbitrariedad institucional y posibles daños ambientales si en los estudios y criterios técnicos que de manera integral, permitan encontrar el balance. Sobre el caudal ecológico la Ley N° 9590 reconoce la fragilidad ambiental de estos cauces y dispone las siguientes regulaciones sobre este asunto: "EI Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso y aprovechamiento sostenible. El monitoreo de este le corresponderá al Minae. En forma anual el ente autorizado prestador del servicio público para el abastecimiento poblacional autorizado deberá presentar ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Dirección de Aguas, el informe de los resultados de los aforos, dada la naturaleza y la fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas”. De ahí que se contemple de manera expresa la no alteración de estos caudales, siendo la norma coherente con el deber de velar y gestionar integralmente la conservación y manejo sostenible de los caudales ecológicos, en coordinación con otras instituciones (Art. 2 Ley Constitutiva instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados N° 2726 del 14 de abril de 1961). Por otra parte, indica que, respecto a los territorios indígenas, las áreas silvestres protegidas son bienes de dominio público, concepto incompatible con el de las reservas indígenas, que constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a nombre de la Asociación de Desarrollo integral que las representan, de carácter inalienable o intransferible a los no indígenas (Ley 617211 977, arts. 2" y 3°, Convenio 107 OIT, aprobado por Ley 2330/1959, art. 11, Ley 5251/1973, art. 4°, inciso e; Convenio 1969 OIT, aprobado por Ley 7316/1992, art. 14). A lo interno, preservando la titularidad comunitaria, la Asociación de Desarrollo Integral asigna la posesión o utilización individual de la tierra entre los aborígenes o grupos de familias étnicas, de acuerdo con sus necesidades. De ahí que no existe una vulneración a estos territorios ni derechos de los pueblos indígenas al no incluir la norma los territorios indígenas. Asimismo, sobre los estudios de impacto ambiental, la norma impugnada sobre los estudios de viabilidad ambiental de SETENA dispone: “Todas las obras actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente. (…)”. La viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), debe cumplir con los requisitos establecidos en el Procedimiento para la Introducción de la Variable Ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de Uso del Suelo (Decreto Ejecutivo N° 32967 del 20 de febrero de 2006). Es decir, que todo proyecto debe integrar la variable ambiental, para lo cual, debe ser elaborado siguiendo el procedimiento técnico establecido en el Decreto indicado. Así, la Secretaría Técnica Nacional revisa los estudios técnicos que acompañan al proyecto y determina si éste es ambientalmente viable. Por ende, no es de recibo el reclamo de los accionantes al suponer que se debe exigir una Evaluación Ambiental Estratégica en tanto ésta no aplica para proyectos concretos, sino que ese tipo de evaluación consiste en el “Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental aplicado a políticas, planes y programas”. Es decir que, es de interés al definir el instrumento de evaluación la característica y la naturaleza del caso (Artículo 3.7 del Anexo I del Decreto Ejecutivo N° 32967). En el escrito de interposición, se citan como parte del fundamento de la acción de inconstitucionalidad una serie de instrumentos internacionales, sin embargo, existen otras disposiciones contenidas en instrumentos internacionales adoptados por Costa Rica, que también son de interés para la valoración de constitucionalidad de la ley impugnada. En este sentido, señala que es importante citar la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (adoptada por la Asamblea General de dicha organización mediante resolución A/RES/47/190 del 16 de marzo de 1993), en tanto reconoce que las consideraciones ambientales deben formar parte obligatoria y esencial de cualquier política de desarrollo, pues en ejercicio de este derecho, los Estados deben garantizar las necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y futuras (principios 3 y 4). Solicita se declare sin lugar la acción.
7.- Por escrito presentado el 29 de octubre de 2018, Yamileth Astorga Espeleta, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa que la modificación que opera en el artículo 18 de la Ley Forestal no conlleva quebranto a principios ambientales, si bien se requerirá hacer obras para sistemas de acueducto, no implica que las mismas constituyan un impedimento a los ciclos naturales o a los ecosistemas inmersos en las áreas silvestres, pues existen muchos métodos constructivos alternativos que pueden utilizarse de manera que pueden convivir con los ecosistemas sin afectarlos, todas las medidas ambientales que deriven de los estudios puntuales serán las que se requiera implementar para efectos de lograr su compatibilidad, por lo que asumir que solo existe una forma de hacer las cosas es desconocer los alcances de las distintas ciencias y técnicas, por ejemplo, no solo existen tuberías de hierro o de pvc, pues materiales como el polietileno de alta densidad resultan ser flexibles, lo que facilita la conducción del agua reduciendo de manera significativa la excavación y la corta de árboles. Indica que no es cierto que exista reducción de área de todos los sitios que son PNE en Costa Rica, de modo contrario, estamos ante la figura del dominio público único o estatal; es importante  tener presente que, al tratarse de prestadores de servicio público, los inmuebles que éstos adquieran se encuentran de igual forma afectos a dominio público, tal y como lo estable el artículo 13 de la Ley Forestal y en el caso de las ASADAS el DE- 32529-S-MINAE/ Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados en su artículo 22, inciso 11) al indicar: “inventariar, registrar e inscribir a su nombre, todos los bienes muebles e inmuebles, los cuales para efectos financieros, tarifarios y de responsabilidad se considerarán baja la administración de la respectiva ASADA. La inscripción registral indicará en forma expresa que dichos bienes quedan afectados a perpetuidad al dominio público y al servicio del sistema de acueductos y alcantarilladlos de la respectiva comunidad. Asimismo, al disolverse por cualquier circunstancia la ASADA o terminar la administración del sistema, AyA asume y conserva la titularidad sobre tales bienes para destinarlo a ese fin de servicio público”. Manifiesta que tampoco resulta inconstitucional la norma, en cuanto a permitir realizar actividades en zonas con características ambientales particulares, sino que se trata de una legislación que guarda una relación escalonada entre los distintos marcos legales, de tal forma que cumple tanto con las disposiciones nacionales como con las normativas de rango supraconstitucionales. La normativa obedece al cumplimiento de convenios internacionales ratificados como lo es el Desarrollo Sostenible. Señala que la ley aquí cuestionada no resulta incompatible con garantías constitucionales, sino que, es una legislación ambiental entre cuyos principios de diseño contempla no solo el de objetivación, sino que además está presente el principio de democracia ambiental, por cuanto los proyectos deben ajustarse al cumplimiento de la legislación ambiental, el cual contempla la participación ciudadana como una manifestación del ejercicio de ese principio, resguarda el derecho a la vida, el cual conlleva el derecho a la salud y al ambiente sano, cuyo ejercicio implica la protección al derecho humano más fundamental que es el del acceso al agua. Asegura que esta Ley tiene un principio de sensibilidad y gobernanza ambiental flexibles, en el tanto, es capaz de ser ajustada en su rendimiento, atendiendo nuevas circunstancias ambientales, cambios en el conocimiento científico y evolución de los valores sociales. Igualmente, tiene un principio de dignidad de las futuras generaciones más profundamente dirigido a la sostenibilidad por cuanto el uso de recursos renovables es permitido, porque ese uso de aprovechamiento para consumo humano, está a una tasa que es menor o igual que la tasa de la reposición natural, porque no se pretende arrasar con los bosques o construir en ellos obras de infraestructura desproporcionadas, sino que éstas deben adaptarse al entorno en el cual se desarrollarán. Informa que no es cierto, que en las áreas silvestres protegidas al día de hoy se prohíba la realización de actividades u obras, de hecho en las zonas protectoras y en los humedales, es absolutamente permitida la realización de éstas tal y como se deprende de lo que establece el Plan de Ordenamiento Ambiental (DE-29393-MINAE). Más aún, la creación de Zonas Protectoras, se da para el resguardo y aprovechamiento de recurso hídrico, por lo que no resulta de recibo el argumento de prohibición absoluta que pretende darse a las áreas silvestres. Resulta válido incorporar a esta discusión la figura de la resilencia, la cual tiene muchas definiciones, incluida la capacidad del sistema de planificar y prepararse, absorber, responder y recuperarse de desastres y adaptarse a nuevas condiciones. Este concepto puede tener enfoques diversos, pues no solo involucra la capacidad de adaptación del ambiente a los cambios, sino que incorpora a esta ley, en el tanto tiene la capacidad de ser flexible y adaptarse a las circunstancias en que deba ser aplicada, pues sin perder estabilidad, será capaz de resistir en cuanto a su eficacia con el auxilio de la ciencia y de la técnica. Tampoco resulta de recibo el argumento de que “(…) ese nuevo uso del suelo en apariencia no significativo o inocente que busca en apariencia solo beneficios, en realidad abre las posibilidades infinitas para que todos los sitios que son PNE puedan ser modificados para extraer agua de ellos alteraba ciclos biológicos dentro de esos ecosistemas sin que mediara ni un solo estudio científico de los impactos negativos dentro de los sitios de protección, costos, cambio climático y sus repercusiones en la biodiversidad, así como de los beneficios sociales y ambientales”. Resulta evidente y manifiesto que no es posible realizar un estudio con todas las variables mencionadas de manera genérica, sino que es necesario realizar un análisis casuístico dependiendo de las características de cada ecosistema y del proyecto a realizar, de la metodología constructiva, de las necesidades de aprovechamiento, en fin, de un sin número de aspectos particulares que no pueden ser absolutos, ni mucho menos generalizados, de hecho, el mismo accionante menciona estudios de beneficio sociales y ambientales, los cuales se encuentran previstos en el articulo 3 inciso m) de la Ley Forestal, que guarda relación con lo dispuesto en el artículo 19 de la misma Ley, referente a los requisitos que se requiere cumplir para una declaratoria de conveniencia nacional, la cual se realiza de manera puntual, para cada proyecto, precisamente porque ese tipo de estudios son necesarios considerando las particularidades de cada proyecto. Por lo anterior, no existen imprecisiones en la Ley que aquí se cuestiona, pues resulta claro y expresamente así lo establece el artículo 18 bis al indicar no solo que se requieren estudios técnicos, sino un estricto apego a la normativa ambiental. De tal forma que no existe violación o inobservancia de las garantías constitucionales en la legislación aquí cuestionada. Continúa manifestando que la autorización de la ley no es un camino abierto para la destrucción, sino que para su aplicación se deberá tener en cuenta aspectos que deberán responder a criterios técnico científicos, pues la ley como tal no puede ser rígida, sino que se requiere de un manejo adaptativo. No existe incompatibilidad entre la norma y el principio de objetivación, pues no se busca reducir áreas protegidas, tal y como se manifestó esas zonas quedarían de igual forma cubiertas por el dominio púbico único, el interés de los prestadores de servicio público es de poder captar agua y realizar las obras para ese fin. Sería un contrasentido, la reducción de las áreas para desprotección porque lo que se necesita es que las fuentes se mantengan en calidad y cantidad, lo que implica que la norma sea razonable en función de la protección de los derechos humanos. En ningún momento estamos ante una reversión de principios o de derechos, pues la situación del país en situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa del ambiente, es muy distinta a la que existía décadas atrás, lo que obliga a replantear el esquema y enfocarse a la adaptabilidad y a la flexibilidad tanto normativa como ambiental sin que ello implique dejar de ser cautelosos, pues la incertidumbre es un tema presente. Alega que el Estudio de Impacto para futuros acueductos dentro del PNE no se está obviando y eso es lo importante. El hecho de que no se solicite en forma expresa, no significa de ningún modo que la viabilidad ambiental futura no se vaya a realizar con el instrumento técnico apropiado; menos aún que se omita todo el proceso de participación pública vinculado con un EslA, pues la legislación aprobada no deroga otras normas ambientales, sino que debe ser complementada por estas, no se deriva de la intención del legislador el desproteger o desregular las actividades en perjuicio del ambiente, sino el poder hacer estas en equilibrio. De hecho, el artículo 19 de la Ley Forestal, haciendo referencia al aprovechamiento del bosque de igual manera establece que: “en estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley”. Por lo que, si bien el tema de la valoración ambiental en el bosque no se establece en términos absolutos, en este caso, la Ley 9590, si señala el cumplimiento absoluto a las normas ambientales, resultando conforme con los principios ambientales de protección. No es de recibo tampoco, que ello violente los numerales 9 y 50 constitucionales, y que se pretenda subestimar la evaluación de impacto ambiental. Como puede observarse, esta ley no incumple la normativa ambiental vigente, en especial el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) y su conexión con los numerales precitados de la Constitución Política. Véase que el artículo 1 de la Ley No. 9590 establece claramente que el Ministro de Ambiente y Energía, definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley. Ello significa que vía reglamento se establecerán y ampliarán las condiciones y/o requisitos. Las normas de técnica legislativa indican que la definición de los casos y el concepto de "cuando corresponda" no quedarán a la libre sino todo lo contrario, serán debidamente reguladas mediante el reglamento a esta ley. El accionante da por un hecho que se está eliminando la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones en temas ambientales, lo cual no sólo no es cierto, y; constituye una afirmación temeraria, sino que además, ello sería jurídicamente improcedente. La variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país no se está desaplicando en la presente ley como lo afirma el accionante. Ésta es un eje transversal en todo proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Así, su objetivo fundamental es hacer que los proyectos o actividades sean ambientalmente satisfactorios y que las consecuencias ambientales sean manifestadas en etapas tempranas del desarrollo del proyecto o actividad. No es en sí mismo un instrumento de decisión, sino que es un instrumento que genera un conjunto ordenado, coherente, reproducible y sistemático de información. La introducción de esa variable de impacto ambiental, que reiteramos no se está desaplicando, es el enlace entre la gestión ambiental y la gestión técnica, económica y administrativa que requieren los proyectos. Igualmente, es uno de los instrumentos de gestión de los proyectos que aportan elementos para lograr su viabilidad global. Por ende, entre los tipos de apoyo que ofrece están los siguientes:
• Apoyo a la viabilidad ambiental: identifica los impactos del proyecto sobre el ambiente y propone las acciones requeridas para su atención y manejo. Así como el suministro de la información requerida por la autoridad ambiental para otorgar la licencia ambiental y otros permisos. Por lo tanto, es el insumo fundamental para lograr que el proyecto sea compatible con el ambiente.
• Apoyo a la viabilidad técnica: mediante ésta se apoya o se verifica la existencia y disponibilidad de los recursos naturales que requieren los proyectos. Igualmente se determina la existencia de problemas ambientales en la cuenca o en la zona de influencia del proyecto que puedan afectarlo. Y se dan señales a los diseñadores del proyecto para ajustarlo o replantearlo, con lo cual se apoya técnicamente el proyecto.
• Apoyo a la viabilidad social: posibilita la implementación de los procesos de participación comunitaria, con lo cual se logra la vinculación de la comunidad en el conocimiento del proyecto, sus impactos, las medidas de manejo propuestas y de alguna manera en la toma de decisiones del mismo. De esta forma se genera una percepción diferente por parte de la comunidad y un clima más favorable hacia el mismo. Debido a que se les tiene en cuenta y por lo tanto se abona el camino para que el proyecto sea viable socialmente.
• Apoyo a la viabilidad legal: posibilita el cumplimiento de las normas y regulaciones de tipo ambiental, incluyendo la obtención de la licencia ambiental y otros permisos. Y posibilita la obtención de otras autorizaciones que requieren. Todo esto permite que se apoye la viabilidad legal del proyecto.
• Apoyo a la viabilidad financiera: un resultado importante además, es la determinación del costo de las medidas de manejo que se requieren implementar. Lo cual posibilita la inclusión de los costos ambientales dentro de los análisis económicos o financieros del proyecto y por lo tanto se apoya su viabilidad económica.
Finalmente, en cuanto a este punto, no es cierto que no se haya aplicado el principio de progresividad (aspecto en el cual fundamentan la inconstitucionalidad de la ley). Es todo lo contrario, pues el carácter finalista del derecho ambiental y su objetivo de tutela de bienes jurídicos esenciales como la vida, salud y equilibrio ecológico, a través de normas jurídicas que busquen aumentar la biodiversidad y disminuir la contaminación, conlleva ineludiblemente a sostener que éste únicamente podrá ser efectivo cuando las modificaciones que le afecten conduzcan a un medio ambiente mejor que el anterior. Ello es lo que definitivamente promueve esta ley, tratando de asegurar que el nivel de protección alcanzado sea respetado, no disminuido, y hasta incrementado, pues de deberán considerar aspectos propios de cada categoría de manejo para los estudios puntuales. Así, señala que el camino es hacia adelante, nunca hacia atrás. La aplicación efectiva del principio de progresividad ambiental implica una serie de obligaciones estatales dentro de las que se encuentran: adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales aprobadas tras un proceso que permita una participación pública informada. Comprometer hasta el máximo los recursos disponibles, garantizar el disfrute de los derechos ambientales y cerciorarse de que las medidas adoptadas sean cumplidas. El imperativo de esta ley es hacer que el Estado se mueva hacia adelante y genere progresivamente la ampliación de la cobertura y protección ambiental mediante medidas sostenidas y escalonadas. Es por ello, que el principio de progresividad actúa como una obligación constitucional y convencional de carácter positivo, de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en estricto y justo equilibrio con el resto de los derechos humanos. Señala el accionante que el MINAE no intervendrá en sitios que son PNE y que pertenecen a las Administraciones Públicas, ESPH, Municipalidades, entre otras. No obstante, omite toda referencia a la esencia del artículo 18 bis: “(…) Previa declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público, en específico para un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados prestadores del servicio público ( ... )”. Esta es una norma que reviste especial importancia, porque dichos entes autorizados prestadores del servicio no son una ocurrencia de esta ley, sino que todos y cada uno de ellos enmarcan dentro de sus competencias. Además, todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Dichos estudios deben demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población en condiciones adecuadas de calidad y cantidad. Ahora bien, en cuanto a la competencia que se otorga al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en materia de caudal se da claramente bajo la dirección del MINAE (monitoreo). Es importante indicar que dicha competencia no es ajena a AyA, sino que su Ley Constitutiva N°2726, establece para el AyA en el artículo 2 inciso c): “Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas” .  De tal forma que las competencias ambientales no resultan ser exclusivas de una entidad, sino que trascienden de manera transversal el quehacer de muchas otras, sin que ello implique un traslado o renuncia de competencias. Añade que lo anterior, además de enmarcarse dentro de los parámetros legales, también se da dentro de los constitucionales, pues de ningún modo se borra o anula la rectoría del SINAC, ni la del MINAE. Los entes autorizados prestadores del servicio público precitados (artículo 18 bis) deben presentar en forma anual ante esas entidades, un informe de resultados de los aforos, dada la naturaleza y la fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas. Lo que se pretende es desconcentrar la actividad hacia un ente altamente especializado, como lo es AyA, que cuenta con la capacidad e infraestructura necesaria, y, que además (de acuerdo a la ley) debe asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas (uso y aprovechamiento sostenible). El punto es, que el MINAE, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sigue siendo el órgano rector del Poder Ejecutivo encargado del sector ambiente y energía, y, por tanto, el responsable de emitir las políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la promoción del uso de fuentes de energía renovables para el cumplimiento de los objetivos encomendados por ley. No se está presente ante una desafectación injustificada para algunas áreas silvestres protegidas, como pretende interpretar el accionante o una supuesta exclusión. El accionante obvia indicar lo dispuesto también en el párrafo previo del Artículo 18 bis, que no puede verse de forma aislada: “(…) Todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.° 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos (…)”. Lo anterior indica que para toda clasificación de áreas silvestres protegidas, debe cumplirse de forma previa los estudios necesarios a fin de orientar las actividades y obras de tal forma que ocasionan el menor impacto ambiental, según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda, y adicionalmente en el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además de los estudios anteriores deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Asimismo, la norma indica que, en todos los casos, los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaría en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, y las actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval técnico del instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Es decir, la norma recalca la existencia de estudios que lleven a la certeza de que los impactos no serán altos, de que las obras son necesarias, para que la población tenga acceso al agua, como único medio de obtención posible, científica y técnicamente. Agrega que no puede acogerse la tesis de que se está ante una reducción de área o cambio de uso del suelo, porque en ningún momento un proyecto de captación, va a reducir un área, desafectar o a cambiar el uso del suelo, simplemente se tratará de colocación de tubería y de obras de captación que hay que demostrar mediante estudio técnico que no van a alterar el ecosistema, la obra que se coloque por sí misma no hace desaparecer el área de la cual está conformada el área silvestre protegida, y mucho menos cambiar el uso del suelo, reducir o desafectar y, por ende, no aplica la compensación alegada. El terreno donde se coloque la tubería sigue perteneciendo al Estado, no puede hablarse de una desafectación, sino de la creación de autorización mediante ley de colocación de tubería con ciencia y técnica que sean amigables con el ambiente, que no alteren el ecosistema, cumpliendo con el bien supremo de protección a la vida y de acceso al agua. Esa no existencia de desafectación ha sido desarrollada también por la Sala Constitucional, mediante Voto No. 2004-08928 de 18 de agosto de 2004, ante lo cual la Procuraduría General de la República emitió el criterio C-289-2012 del 30 de noviembre de 2012. En Io que respecta al alegato del accionante de que se pretenda “(…) determinar cuántos sitios existen que son ASP, no se tiene ni la más remota idea de cuántos, cuáles y en qué condiciones están todos los que son PNE y por ello existió una carencia de estudios de previo a la toma de lo decisión por la Asamblea Legislativa de hacer esta nueva ley (…)”, considera que es necesario aclarar, que precisamente se llega a materializar ese cuánto, cuáles y en qué condiciones, cuándo se plasme la urgencia y necesidad de captar, cuándo se configuren los hechos que justifiquen la única opción de captación, por ello es que cuando ese momento surja, se cumple con el procedimiento previo de generación de los estudios técnicos, de cuáles, cuántos y como son las condiciones que tiene el PNE, donde se ubica la futura opción única de captación, y se sometan esos estudios a valoración del Ministerio de Ambiente, quién decidirá si emite una declaratoria de interés público, para que se pueda proseguir con las demás etapas de valoración del proyecto, según nuestra normativa. Esa exigencia de existencia de estudios técnicos previos que dictamina la norma, que serán el fundamento para que el Ministerio de Ambiente y Energía emita el Interés Público, se ubica en el cumplimiento de lo normado en la normativa internacional también citada por el accionante. Sin embargo, de esas normas citadas, el accionante olvida que existen también otras a considerar, a nivel jurisprudencial, donde la Cámara Constitucional en sus sentencias ha desarrollado que el agua es un derecho fundamental derivado del derecho a la vida y a la salud. Así, señala algunas sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre ese tema. Además, añade que en Materia de Derecho Internacional, se ubica claramente la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de NNUU (2002) que plantea que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humano. Igualmente, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Asimismo, mediante Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/18/1 el 28 de septiembre de 2011, el Consejo dictaminó una nueva resolución que desarrolla además del derecho humano al agua potable, el derecho a un saneamiento saludable. En síntesis, de las sentencias mencionadas y del derecho internacional, considera que el fin último es que, sin agua, no hay vida, por lo que aprovecharla de manera racional en un balance entre las necesidades de las personas y la oferta de los ecosistemas, permite continuar los ciclos de existencia, de otro modo conservaría, sin poder aprovecharla atenta contra la vida. Por otra parte, estima que, respecto al tema de los humedales que hace referencia el recurrente, no son ciertas sus afirmaciones, dado que es necesario recordar que los Humedales de categoría como los cita el accionante, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, y como Patrimonio que son, les aplica lo que indica el artículo 18 bis- en su primer párrafo. Asimismo, esa declaratoria que menciona esa norma, debe estar sustentada en estudio técnicos previos, que arriben bajo la ciencia y la técnica a un estado de certeza de que la actividad es amigable con el ambiente, con el recurso hídrico. Aclara que ese Patrimonio Natural del Estado en dónde se ubican los Humedales está dictaminado previamente en el año de 1942, con la Ley de Aguas que establece áreas de protección en la zona costera, ríos, lagunas, lagos, entre otros. Posteriormente en1977 con la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre establece una franja de 200 metros a partir de la pleamar ordinaria que constituye parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE) cuya jurisdicción corresponde a las municipalidades costeras y la divide en dos zonas: a. Pública (50 metros desde la pleamar ordinaria, así como islotes, peñasco y todos los manglares y esteros litorales, independientemente de su extensión) y b. Restringida (150 metros posteriores a la zona pública, o en el caso de los manglares, a partir de la línea de vegetación de los mismos y hasta su límite posterior). En 1992 la Ley N° 7317 de Conservación de la Vida Silvestre, introduce el término de "Humedal" a nivel legal y asigna dentro de las funciones de la Dirección General de Vida Silvestre (ahora Sistema Nacional de Áreas de Conservación al unificarse en la Ley N° 7788 de Biodiversidad en el artículo 22), la responsabilidad de administrar, supervisar y proteger los humedales. Luego 1991 se ratifica la Convención Relativa a los Humedales de importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar), adquiriendo sus disposiciones carácter de Ley de la República, y entre 1993 y 1994 se declaran 13 áreas silvestres protegidas bajo la categoría de Humedal. En otras palabras, la norma aplica a los Humedales, no están excluidos, y si se llegara pretender realizar una obra de captación, deberá someterse esa pre factibilidad al análisis técnico – científico que demuestre que no habrá riesgo, alteración del ecosistema, daño al Humedal. Además, con la ratificación de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención de Ramsar) aprobada mediante Ley N° 7224 de 7 de abril de 1991, vigente a partir del 8 de mayo de ese año, el accionante omite indicar que además de haberse adquirido el compromiso de la conservación, se adquirió el compromiso del uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, con la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible. Así, en el artículo 3.1.de la Convención Ramsar, se plasma la posibilidad del uso racional velando por no alterar sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible. El uso racional por tanto puede considerarse como la conservación y el uso sostenible de los humedales y todos los servicios que proporcionan, en beneficio de las personas y la naturaleza. De conformidad con lo anterior, los humedales forman parte del Patrimonio Natural del Estado y el Estado está llamado a poder generar un uso racional sostenible, y en ese uso sostenible se ubica también la posibilidad de captación de agua para abastecimiento poblacional, para preservar la vida humana. Por último, respecto a la supuesta omisión de consulta a los pueblos indígenas, señala que es necesario tener presente que en esta Ley no se desarrolla un listado de proyectos futuros, se trata de una autorización de ley, en la cual el Ministro de Ambiente mediante Decreto otorgue a un futuro proyecto la declaratoria de interés público, que faculta a que prosigan las siguientes etapas de valoración y autorización para llegar a captar un área silvestre protegida (este es un hecho futuro incierto en esta etapa, porque luego de ella debe superar las restantes etapas, viabilidad ambiental, consulta pública, etc), esta declaratoria de interés público, no exime del cumplimiento de los procedimientos existentes y acatamiento de los requisitos documentales técnicos necesarios ante las distintas instancias. De hecho, durante décadas el instituto ha construido dentro de territorios indígenas muchos acueductos, y los ha realizado a partir de la potestad y competencias que le da su Ley Constitutiva N°2726, sin que ello implique una violación a sus derechos, pues la consulta para esos proyectos se hace precisamente de manera puntual, para cada proyecto en específico a partir de las variables intrínsecas de cada obra en relación con la comunidad indígena. Siendo precisamente ese, el mismo escenario ante la ejecución de esta Ley. La consulta al pueblo indígena, se debería dar en el momento en que se tenga conceptualizado un proyecto antes del nivel de pre factibilidad, en esa etapa de negociación se daría la participación previa y efectiva a las comunidades indígenas para que se les suministre toda la información necesaria y puedan formular las observaciones y objeciones que estimen pertinentes, según así lo norma el procedimiento del Decreto Ejecutivo N' 40932-MP-MJP y la Directriz 101 P Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas. No es a este nivel de elaboración de una Ley, que lo que establece es un procedimiento general de otorgamiento de interés público, que debe darse la consulta. La futura autorización administrativa para el aprovechamiento de fuentes y realización de obras de abastecimiento de agua potable, que afecte territorios indígenas debe también cumplir con el Derecho internacional de los Derechos Humanos, en particular, el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, que protegen, tutelan y aseguran a las comunidades indígenas su derecho de participación previo y efectivo, de tal forma que el proyecto continúe con los siguientes procesos de valoración y eventual aprobación. Es necesario enfatizar, que los futuros Decretos de Interés Público no eximen del cumplimiento de los procedimientos existentes y acatamiento de los requisitos documentales técnicos necesarios ante las distintas instancias y etapas de valoración v aprobación de un proyecto de captación. Por otra parte, explica que existe una etapa previa de negociación, que es anterior a la pre factibilidad, en esta etapa se definen los insumos y variables que requiere el proyecto, entre los que se encontraría la viabilidad social - consulta indígena, así mismo no se ha concluido a lo interno la definición de la cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el proyecto y sus posibles fuentes de financiamiento, que permitan proyectar los resultados financieros y calcular los indicadores que permitan evaluarlo para poder ser presentado formalmente ante SETENA y cumplir con los demás procedimientos y requisitos que dictamina la normativa vigente, y será precisamente durante esa etapa que no se ha realizado, que se determinarán los posibles impactos ambientales, si los hubiese, así como las medidas de mitigación que corresponda, por lo que calificarlo desde ya como negativo al ambiente, prejuzga sin ningún fundamento ni descargo probatorio. Asegura que el proceso que se instaura con la presente ley apenas es el inicio de un insumo documental, que es la declaratoria de interés público, que lo que daría paso es al inicio del proceso de negociación, es decir el Decreto que emana con fundamento en la ley es apenas un Subproceso anterior a la pre factibilidad de un proyecto de posible captación, para luego pasar al subproceso de negociación, y llegar a obtener la viabilidad ambiental, para luego poder pasar a la fase de factibilidad de un futuro proyecto de captación, por lo que resulta innecesaria la consulta a las poblaciones indígenas para efectos de elaboración de la ley, no así para efectos de los proyectos que puedan desarrollarse y afectar sus territorios. Aunado a lo anterior, es relevante indicar que el artículo 1, de la ley 9590, en su párrafo final reza: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, las áreas silvestres protegidas que coincidan geográficamente con territorios indígenas”.
8.- Por escrito del 01 de noviembre de 2018, Yamileth Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indica que el día 29 de octubre del año en curso fue recibido en tiempo y forma el escrito presentado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al expediente No. 18-015287-007-CO, proceso Acción de Inconstitucionalidad promovida por el accionante Benjamín Joel Mayorga Mora y otra, contra la Ley No. 9590, "Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obra conexas en el patrimonio natural del Estado". El escrito en la página 19, párrafo final, tiene un error que distorsiona el argumento, motivo por el cual ruego a los honorables magistrados de esta Sala Constitucional, no dar lectura.
9.- Por escrito presentado el 29 de octubre de 2018, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, informa que no se presenta violación de los principios precautorio, no regresión y objetivación, pues la Ley N° 9055 efectivamente habilita una nueva actividad en Patrimonio Natural del Estado, sea el aprovechamiento de agua potable para el consumo humano. Esta actividad con la reforma legal es posible de manera excepcional al lado de la Capacitación, la Investigación y el Ecoturismo ya reguladas por el artículo 18 de la Ley Forestal N°7575. El Patrimonio Natural del Estado, al igual que el resto de los terrenos de dominio público, ostenta una vocación pública, reconocida por nuestro ordenamiento desde el año 1969 con la Ley Forestal, y se encuentra en función de las presentes y futuras generaciones como la generalidad de los bienes medioambientales. La justificación técnica y jurídica que da pie a esta ley es el acceso al agua potable y el saneamiento de aguas residuales, como derecho humano fundamental, siendo que el Estado debe procurar el acceso universal a dichos servicios, como parte de la tutela del derecho a la vida, la salud y el goce de un ambiente sano. Al encontrarse la mayoría del recurso hídrico disponible en terrenos que constituyen Patrimonio Natural del Estado, incluso como en el caso de las zonas protectoras como la razón o fin por el que fueron afectadas como área silvestre protegida, y además, al contemplar la definición de Patrimonio Natural del Estado del artículo 13 de la Ley Forestal N°7575, por su propia naturaleza los terrenos que adquiere el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y demás instituciones públicas para fines de aprovechamiento de agua, es que al referirnos a la constitucionalidad de la Ley N° 9590 se hace necesaria una ponderación de Derechos Humanos. Al analizar la constitucionalidad de la norma se debe valorar la posibilidad de replantear las actividades permitidas en el artículo 18 del Ley Forestal con ciertos parámetros de protección siempre sea en el marco de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y basado en criterio técnico. Tanto los actos y omisiones del Estado cuando puedan afectar al ambiente y la salud humana, deben juzgarse a la luz reiterada en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, sea lo dicho en la sentencia número 2812- 99 del 20 de abril de 1992. En este caso al encontrarnos con un aparente conflicto de dos derechos humanos, debe imperar el principio Pro Homine como criterio orientador ante la valoración de si la norma impugnada permite la ejecutoriedad estos dos derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional (Derecho al Ambiente y Derecho al agua). El derecho humano al agua ha sido definido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Observación General N° 15 de 29 noviembre de 2002, de la siguiente manera: “2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”. En este sentido, la norma impugnada debe valorar si permitir el aprovechamiento de agua para el consumo humanos es una decisión que por sí misma puede ser dañina para el ambiente o si por el contrario el deber de tutelar el ambiente radica en establecer los parámetros para que toda disposición normativa sea racional y proporcional a la luz de la necesidad humana de acceso al recurso hídrico con los efectos adversos del cambio climático y las medidas de contención y conservación del mismo. La racionalidad y la proporcionalidad de la decisión se miden con los fines de la norma respectiva, y con el grado en que la tutela de otros derechos o bienes constitucionales puede verse afectados de no realizarse la reforma, en el presente caso ese otro bien o derecho constitucional es el derecho al acceso al agua y a la vida. A la analizar la norma, obligatoriamente debemos referirnos al concepto de desarrollo sostenible en tanto éste exige debe hacer un uso racional de los recursos disponibles en función de las necesidades de las generaciones futuras. En este caso, asegurar el acceso al agua potable a las presentes y futuras generaciones considerando la conservación del recurso hídrico con un para el aprovechamiento racional, sostenible y sustentable y del Patrimonio Natural del Estado. Tanto a partir de los principios anteriores, como de un desarrollo sostenible, el aspecto clave sobre la viabilidad constitucional de la norma radica en que existe un criterio técnico específico que dé sustento a la Ley en cuestión, así como los parámetros técnicos de la forma, en que se dará el aprovechamiento del recurso, de manera que se pueda valorar si hay o no afectación al ambiente. Señala que, respecto a la elaboración de estudios para futuros proyectos, la autorización de aprovechamiento de agua en sitios catalogados de Patrimonio Natural del Estado, como cualquier otra actividad, obras o proyectos va a generar impactos ambientales, no obstante, ese es el sentido mismo de la Evaluación de Impacto Ambiental a efectos de prever los mismos y establecer las correspondientes medidas de prevención, mitigación o compensación que se requieran según el tipo de obra a realizar. Al tratarse de áreas ambientalmente frágil (Patrimonio Natural del Estado) como ocurre en la actualidad con las actividades que ya establecía y autorizadas por el artículo 18 de la Ley N° 7575, Ley Forestal, deben de someter a un proceso de Evaluación Ambiental, según el instrumento de Evaluación que corresponda. La norma lo que hace es incluir una nueva actividad para el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas, de manera que el procedimiento de Evaluación Ambiental es el mismo regulado en la actualidad, debiendo someterse mediante el formulario D1, para posteriormente determinar el instrumento de evaluación que se requiere, de acuerdo a la calificación de Significancia de Impacto Ambiental (SIA) y al Impacto Ambiental Potencial (IAP), proceso regulado en la normativa vigente conforme las facultades otorgadas por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que faculta a esta Secretaría a establecer vía reglamento cuales actividades, obras o proyectos requieren de Evaluación Ambiental y determinar cuáles instrumentos aplicar, de manera que será la misma actividad y sus impactos potenciales en una Área Específica, las que determinen el instrumento de Evaluación, siendo un desacierto técnico pretender establecer a priori un solo instrumento de evaluación cuando es la magnitud de las obras o impactos los que van a determinar el mismo, en virtud que la Evaluación Ambiental corresponde a un proceso Técnico Científico, de manera que no debe ser la norma legal la que de previo imponga un solo instrumento de Evaluación, sino que debe responder a criterios Técnicos, de manera que no es correcto como lo pretende el acciónate pedir en forma indistinta para estas áreas siempre como instrumento de evaluación el denominado "Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)", siendo correcto como lo establece el artículo 18 bis, inciso D, de la norma cuestionada. Lo contrario significaría que cualquier AOP en Patrimonio Natural del Estado, requeriría como instrumento de evaluación el EsIA, situación que no ocurre en la actualidad por las razones ya señaladas ya que no todos los proyectos aun y cuando sean para un mismo fin tienen el mismo alcance, magnitud e impacto. Al respecto la Ley de Biodiversidad en su artículo 7 inciso 18, define la Evaluación de Impacto Ambiental de la siguiente manera: “Procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto especifico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la torna de decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía   de cumplimiento ambiental”. Por otro lado, de conformidad al artículo 81 del Reglamento a Ley de Biodiversidad 34433-MINAE también previo a otorgar la Licencia Ambiental, se deberá realizar la consulta técnica al Área de Conservación. “Artículo 81.-Consulta técnica a las Áreas de Conservación. Cuando se trate de actividades, obras o proyectos que afecten la vida silvestre, áreas protegidas, recursos forestales y recursos hídricos, la SETENA de previo a resolver, deberá consultar al Área de Conservación del S/NAC lo que corresponda, para que emita criterio técnico al respecto en el plazo que establece la ley”. En el escrito de interposición, se citan como parte del fundamento de la acción de inconstitucionalidad una serie de instrumentos internacionales, sin embargo, existen otras disposiciones contenidas en instrumentos internacionales adoptados por Costa Rica, que también son de interés para la valoración de constitucionalidad de la ley impugnada. De esta forma, considera importante citar la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (adoptada por la Asamblea General de dicha organización mediante resolución NRES/47/1 90 del 16 de marzo de 1993), en tanto reconoce que las consideraciones ambientales deben formar parte obligatoria y esencial de cualquier política de desarrollo, pues en ejercicio de este derecho, los Estados deben garantizar las necesidades ambientales y de desarrollo de las Generaciones presentes y futuras. Indica que, respecto a la necesidad de Evaluación Ambiental Estratégica, es necesario aclarar que el Decreto 32967 como Parte III del Reglamento General de Procedimientos de la SETENA, define el procedimiento técnico de la incorporación de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial bajo el concepto de EAE, más no es una norma que podría resultar de aplicación para el caso que plantean los accionantes pues no refiere a un plan de ordenamiento territorial propiamente dicho. Por otra parte, respecto a lo que los accionantes consideran es una desafectación injustificada y no razonada aplicable solo para algunas áreas silvestres protegidas y a sitios que son patrimonio natural del Estado, señala que la Ley Forestal, No. 7575 de 13 de febrero de 1995, introduce en nuestro ordenamiento el concepto de “patrimonio natural del Estado”, administrado por el Ministerio del Ambiente y Energía, y constituido, según su artículo 13, por “los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio”. Explica que ha evolucionado a partir del concepto de “patrimonio forestal del Estado”, incorporado en la normativa forestal anterior (1969), para referenciar la propiedad forestal pública en contraposición a la propiedad forestal privada. Las áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo: parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, refugios nacionales de vida silvestre, zonas protectoras, monumentos naturales y humedales se consideran incorporadas bajo este régimen de Patrimonio Natural del Estado, en calidad de “áreas declaradas inalienables” en la Ley Forestal anterior, También forman parte del Patrimonio Natural, los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado y humedales, incluidas las reservas nacionales y fincas pertenecientes a las instituciones autónomas, municipalidades y demás organismos de la Administración Pública, dentro de las que cobran interés para el caso aquellas pertenecientes al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA). La ley impugnada diferencia estos “tipos” de Patrimonio Natural del Estado, al disponer que todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.° 7788. Ley de Biodiversidad de 30 de abril de 1998 y sus reglamentos. Por lo que la norma no deja de lado las otras categorías de manejo de áreas silvestres protegidas, sino que remite a los criterios de la Ley de Biodiversidad. En el caso de las categorías más restrictivas dispone un trato especial, es decir que se afecte únicamente mediante una ley de la República y con los estudios técnicos que lo fundamenten. En el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Asimismo, los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaría en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, y las actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (lCAA) (Artículo 2 Ley N°9590). Esta condición refuerza el carácter excepcional del aprovechamiento en áreas Silvestres Protegidas de la norma, procurando que el aprovechamiento del recurso hídrico se realice en las fincas pertenecientes a las instituciones autónomas municipalidades y demás organismos de la Administración Pública, especialmente las adquiridas y utilizadas en la realidad para ese fin. Lo anterior, permite subsanar la contradicción legal del articulo 13 y los usos anteriores a esta Ley N° 9590 del artículo 18 de la Ley Forestal con respecto a la Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados N° 2726 del 14 de abril de 1961. El artículo 5 de la ley N° 2726 reza que para el cumplimiento de los fines del AYA, dentro de los que sobresale proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable y Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica (artículo 2), el AYA podrá adquirir propiedades inmuebles. Estos mismos terrenos al ser adquiridos por el AyA, por las disposiciones del artículo 13, adquieren la condición de Patrimonio Natural del Estado, y sin la reforma de la ley N° 9590 impugnada, se veían sujetos a los únicos 3 usos anteriores del artículo 18 de la Ley Forestal (Investigación, capacitación y ecoturismo), imposibilitando el cumplimiento del fin público para el que es creado el AyA. Así, la ley N°  9590 habilitó que los terrenos que la ley del AyA desde el año 1961 se puedan utilizar para asegurar a todos los costarricenses el acceso a su derecho al agua potable y el saneamiento. Adicionalmente, con respecto a la identificación, clasificación, delimitación y administración del Patrimonio Natural del Estado, el Sistema Nacional de áreas de Conservación, en coordinación con los demás entes estatales competentes, tiene a disposición en el CENIGA el mapa de Patrimonio Natural del Estado y de Áreas Silvestres Protegidas. La aplicación de la ley impugnada encuentra sus límites a la arbitrariedad institucional y posibles daños ambientales si en los estudios y criterios técnicos que de manera integral, permitan encontrar el balance. Sobre el caudal ecológico La Ley N° 9590 reconoce la fragilidad ambiental de estos cauces y dispone varias regulaciones sobre este asunto. De ahí que se contemple de manera expresa la no alteración de estos caudales, siendo la norma coherente con lo el deber de velar y gestionar integralmente la conservación y manejo sostenible de los caudales ecológicos, en coordinación con otras instituciones (Art. 2 Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados NO 2726 del 14 de abril de 1961). Por último, indica que respecto a la no consulta a los pueblos indígenas, considera que no es procedente, ya que áreas silvestres protegidas son bienes de dominio público, concepto incompatible con el de las reservas indígenas, que constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral que las representan, de carácter inalienable o intransferible a los no indígenas. Añade que, a lo interno, preservando la titularidad comunitaria, la Asociación de Desarrollo Integral asigna la posesión o utilización individual de la tierra entre los aborígenes o grupos de familias étnicas, de acuerdo con sus necesidades. De ahí que no existe una vulneración a estos territorios ni derechos de los pueblos indígenas al no incluir la norma los territorios indígenas. La ley dispone expresamente que el aprovechamiento del recurso hídrico no afectara el caudal ecológico, por lo que al ser el agua un recurso fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. Con respecto a este tema, el único aspecto que considera este Ministerio, debe ser tomado en cuenta por este Honorable Tribunal es el concerniente a que el caudal ambiental en un PNE sea área silvestre protegida o no lo cual se considera debe evaluarse mediante un metodología para establecer un verdadero y efectivo régimen ambiental de caudales en función de los ecosistemas presentes en el sitio. A pesar de que la Ley en cuestión lo regula le otorga la competencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que siendo un ente operador y beneficiario con ley, lo convierte en juez y parte.
10.- El 30 de octubre de 2018, el señor Julio Alberto Jurado Fernández, en su calidad de Procurador General de la República contestó la audiencia y señala que, en cuanto a la legitimación de los accionantes, no se tiene reparos que hacer en cuanto a este extremo, ya que se alegó la tutela de intereses colectivos y la defensa de intereses colectivos de las personas indígenas. Menciona que es el artículo 13 de la Ley Forestal que define el patrimonio natural del Estado. Además, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 58 de la Ley de Biodiversidad y numeral segundo de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, las áreas protegidas también forman parte del citado patrimonio. En cuanto al segundo componente, según lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Forestal se ha considerado que cuando el Estado o alguna institución pública adquiere un inmueble con cobertura boscosa o que tiene aptitud forestal, existe una afectación inmediata al patrimonio natural y, por tanto, ese terreno adquiere, de pleno derecho, todas las características del patrimonio natural del Estado y, en consecuencia, debe ser administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Argumenta que el Tribunal Constitucional en las sentencias No. 2008-16795 y No. 2013-12973 ha sostenido que los bosques y terrenos forestales de las instituciones públicas tienen una afectación legal inmediata al régimen del patrimonio natural del Estado. Este patrimonio es catalogado por el artículo 14 de la Ley Forestal como un bien de dominio público, y según el artículo 13 del mismo cuerpo normativo, así como del artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, debe ser administrado por el SINAC. Determina que el artículo No. 18 de la Ley Forestal antes de la reforma practicada por la Ley No. 9590 era el siguiente: “En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, captación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro de Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley”. Expone que esa norma fue desarrollada por el artículo 11 del Reglamento a la Ley Forestal (Decreto Ejecutivo No. 25721 del 17 de octubre de 1996), que establece que en el patrimonio natural del Estado “solo se permitirá realizar actividades de capacitación, ecoturismo e investigación” y desarrolla que tipo de actividades comprenden esos conceptos. Indica que a propósito de las disposiciones normativas, la Sala Constitucional ha analizado este tema en las sentencias No. 2012-12716, 2009-2020 y 2011- 1570. De conformidad con lo anterior, la necesidad que ha planteado en varias ocasiones el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), de aprovechar el recurso hídrico del patrimonio natural del Estado para consumo humano, no encontraba cabida en el marco normativo existente, pues el aprovechamiento de agua no estaba incluido como una actividad permitida dentro de este régimen. Sostiene que con base en esa normativa, si un ente prestatario del servicio público de abastecimiento de agua potable adquiría un terreno boscoso o de aptitud forestal para aprovechar una fuente de agua, ese terreno pasaba a formar parte del patrimonio natural del Estado de manera automática. En consecuencia, no podía llevarse a cabo el aprovechamiento proyectado ni cumplirse el fin para el cual, justamente, había sido adquirido el terreno. Expresa que a propósito de ese contexto normativo, es que surgió la Ley No. 9590, con el claro objetivo de levantar la prohibición existente para aprovechar el recurso hídrico en el patrimonio natural del Estado. Con esa finalidad, la ley reforma el artículo 18 de la Ley Forestal, añadiendo, además, de las actividades de capacitación, investigación y ecoturismo permitidas en el patrimonio natural del Estado, la posibilidad de autorizar las actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano e introduce un artículo 18 bis a esa misma ley, para regular más detalladamente las condiciones y reglas bajo las cuales puede llevarse a cabo ese aprovechamiento. La Ley también introduce el artículo 52 bis de la Ley Forestal, en el cual se establece el concepto de las zonas protectoras, de forma similar al concepto dado por el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad (Decreto Ejecutivo No. 34433 de 11 de marzo de 2008) pero añadiendo dentro de sus objetivos, la preservación de las áreas de recarga acuífera y las fuentes de agua, así como la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras generaciones. Sobre la Ley No. 9590, el derecho fundamental de acceso al agua potable y el principio de desarrollo sostenible, comenta que en el proyecto de ley que dio origen a la norma impugnada, se alude a la necesidad de garantizar el derecho fundamental al agua potable, y se indica que, por el cambio en las condiciones climáticas y el crecimiento de la demanda, se requiere aprovechar el recurso hídrico ubicado en el patrimonio natural del Estado. En el informe integrado jurídico- socio ambiental del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y en los criterios del ICAA que constan en el expediente legislativo, se hace referencia a la escasez del recurso y la existencia de varios proyectos pendientes de realizar en terrenos integrantes del patrimonio natural del Estado, que constituyen la única fuente disponible para abastecer a algunas comunidades y con los cuales se estima satisfacer la demanda de agua a futuro. Por lo indicado en el expediente legislativo, y por lo dispuesto expresamente por la Ley No. 9590, es claro que su fin primordial es garantizar el abastecimiento del agua potable para el consumo humano. El acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho fundamental por varios instrumentos internacionales, así como para la jurisprudencia constitucional, que para tales efectos cita la sentencia no. 2006-5606 de las 15:21 hrs. del 26 de abril de 2006. Por lo anterior, existen razones de sobra para indicar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. Comenta que el fin de la ley, encuentra justificación en la necesidad de garantizar un derecho fundamental, pero el análisis de su constitucionalidad no acaba allí, ya que, al introducirse cambios al régimen de protección ambiental del patrimonio natural del Estado -el cual, a juicio de los accionantes, puede ubicarse en territorios indígenas- es necesario analizar si al pretenderse garantizar el derecho fundamental de acceso al agua potable no se sacrifican otros derechos fundamentales, como el derecho un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a la participación de los pueblos indígenas. Para ese análisis, específicamente en lo que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es importante considerar el principio de desarrollo sostenible. La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo establece que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y promueve el derecho a tener una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Indica, además, que el derecho a desarrollarse debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Dice que esa declaración promueve la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico, bajo un marco de desarrollo sostenible, es decir, protegiendo el ambiente y usando en forma racional los recursos naturales. A partir de ahí, se ha considerado que el desarrollo sostenible es una forma de entender el desarrollo económico y social en virtud de la cual, debe garantizarse la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Acota que en la sentencia No. 2008- 15315 de las 14: 59 hrs. del 10 de octubre de 2008, este Tribunal definió al desarrollo sostenible.  Aunado a ello, a su criterio, en la sentencia No. 1999-644 de las 11:25 hrs. del 29 de enero de 1999, la Sala Constitucional, reconoció que el artículo 50 de la Constitución Política perfila el Estado Social de Derecho, de ahí que el principio de desarrollo sostenible se encuentra en la base del modelo de Estado. Entonces, el principio de desarrollo sostenible como pilar del Estado Social de Derecho constituye el marco bajo el cual se debe interpretar la normativa infraconstitucional impugnada, porque si con base en este principio es posible combinar el desarrollo económico con la conservación ambiente, con fundamento en él, también debe armonizarse la tutela del ambiente con la satisfacción de una necesidad básica y elemental de la población, como lo es el abastecimiento de agua potable. Externa que si bien es cierto, la ley impugnada modifica el régimen de patrimonio natural del Estado, habilitando el aprovechamiento de agua dentro de sus límites, lo cierto es que permite ese aprovechamiento únicamente para el abastecimiento poblacional imperioso, es decir, cuando sea un aprovechamiento ineludible, urgente o necesario, y además, lo sujeta a ciertas limitaciones y reglas que procuran generar el menor impacto ambiental posible y permitir un aprovechamiento racional del recurso. A su vez, debe considerarse que la captación de agua potable no es una actividad contrapuesta a la protección s los recursos existentes en los terrenos en los que se lleva a cabo. Por el contrario, la protección del recurso hídrico depende, en gran medida, de la cobertura forestal existente y de la conservación de las condiciones naturales de los terrenos en los que se encuentra. Por tanto, permitir el aprovechamiento del recurso hídrico para consumo humano dentro del patrimonio natural del Estado, no implica como consecuencia inevitable, una afectación al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con un mismo instrumento legal, es posible garantizar el derecho fundamental de acceso al agua potable y a su vez, resguardar el derecho fundamental de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La armonía entre ambos derechos y el mantenimiento del equilibrio ecológico que tutela el artículo 50 de constitucional, depende de las medidas que establezca la ley para garantizar un uso racional de los recursos y para evitar la afectación de los recursos existentes en el patrimonio natural del Estado. Añade que los accionantes estiman que la Ley No. 9550 es inconstitucional porque violenta el principio de objetivación de la tutela ambiental, porque, para su trámite y aprobación, los diputados no contaron con estudios técnicos sobre los impactos ambientales que generará la medida adoptada, que cuantifique y justifique los cambios de uso de suelo que se permitirán y que indique cuántos terrenos forman parte del patrimonio natural del Estado. Sostiene que el principio de objetivación de la tutela ambiental se encuentra ligado al principio preventivo,  recogido en el artículo 15 de la Declaración de Río y en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, el cual exige la adopción por parte de los poderes públicos de aquellas medidas destinadas a evitar, mitigar o corregir los efectos adversos para el ambiente que generan las actividades o acciones humanas. Por la naturaleza la materia regulada en la ley impugnada no sería viable ni razonable, realizar un estudio técnico a nivel general como lo exigen los accionantes. Primero, porque la ley no implica, como consecuencia inmediata, que se vaya a aprovechar el recurso hídrico en todo el patrimonio natural del Estado y que, por lo tanto, deban analizarse desde la aprobación de todos los impactos ambientales que ese aprovechamiento generará. La ley establece una habilitación general para que en los casos que resulte imperioso y necesario, el entre prestatario del servicio público de agua potable correspondiente puede solicitar el aprovechamiento de agua en un terreno patrimonio natural del Estado determinado, y para cada caso específico, se realizarían los estudios técnicos necesarios que abarcarán los aspectos particulares de cada solicitud. Es decir, no tendría sentido hacer un estudio general, de alta complejidad y duración indeterminada, sobre todo el patrimonio natural del Estado, cuando en la práctica, las solicitudes de permiso de aprovechamiento se harán sobre algunos terrenos específicos. En segundo lugar, un estudio como el reclamado por los accionantes topa con un impedimento práctico, pues no puede olvidarse que el patrimonio natural del Estado se constituye, además de las áreas silvestres protegidas, por los terrenos boscosos o de aptitud forestal que adquiera el Estado y las instituciones públicas, y por tanto, no es posible conocer, a priori, cuáles terrenos con esas condiciones serán adquiridos por los entes prestatarios del servicio público de agua potable. Sostiene que no es posible realizar un estudio técnico que abarque todos los terrenos que se verán impactados por el texto de la ley. Expresa que los accionantes estiman que al no existir el citado estudio técnico, la decisión de los diputados de permitir una nueva actividad en el patrimonio natural del Estado es injustificada y discrecional. No obstante, además de que ese estudio resulta inviable, y hasta imposible, lo cierto es que en el expediente legislativo constan datos acerca de las cuencas hidrográficas en las que se ubican las áreas silvestres protegidas y de la demanda hídrica del país que justifican la necesidad de la medida adoptada para satisfacer el abastecimiento de agua a la población. De ahí que a su criterio, no puede afirmarse que la decisión es antojadiza y arbitraria. La habilitación general para el aprovechamiento de agua en el patrimonio natural del Estado responde a una imperiosa necesidad pública, la cual, puede verse afectada si cada solicitud concreta de aprovechamiento debe tramitarse por separado y sujetarse a plazos indefinidos para la aprobación de una ley específica, como, a criterio de los accionantes, debió haberse procedido. Y es que además, como ya se indicó, la Ley No. 9590 establece una posibilidad general de aprovechar el recurso hídrico en el patrimonio natural del estado y sujeta cada solicitud, primero al carácter imperioso del aprovechamiento, y luego, a ciertas medidas y estudios técnicos, en los que se valorarán y determinarán los posibles impactos ambientales que se generen en cada caso específico, según las condiciones particulares del terreno, el tipo de aprovechamiento que se llevará a cabo y las actividades necesarias. La Ley No. 9590 exige una autorización por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, la declaratoria de interés público por parte del Poder Ejecutivo en cuanto al carácter imperioso del abastecimiento y la evaluación ambiental de la actividad o proyecto. Específicamente, se dispone que “todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley No. 7788, Ley de Biodiversidad(…)”. Aunado a ello, en cuanto a la exigencia de una evaluación ambiental, la ley dispone que debe asegurarse que no se altera el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema y que, anualmente, el ente autorizado debe presentar el informe de los resultados de los aforos. Consecuentemente, la ley impugnada, al prever instrumentos técnicos a los cuales debe sujetarse la actividad permitida para garantizar el aprovechamiento racional de los recursos, es acorde con el principio de objetivación de la tutela ambiental y el principio preventivo. De tal forma, los impactos que a criterio de los accionantes conlleva el aprovechamiento de agua, serán evaluados y mitigados en cada caso concreto. Y ello fue considerado en el Informe Integrado Jurídico Socio Ambiental, al disponerse que el nivel de impacto ambiental que genera la construcción de obras de captación y conducción de agua dentro de áreas ambientalmente frágiles, dependerá del sistema a construir y de la tecnología a utilizar y que, a partir de ello, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental señalará los aspectos que deben tenerse en cuenta para que se lleve a cabo la obra con el menor impacto ambiental posible y mitigando los que se puedan generar. Al tratarse de una actividad controlada y limitada y sometida a estudios técnicos, no existe violación al principio precautorio ni tampoco al principio de no regresión en materia ambiental. Agrega que, en el caso bajo análisis, si bien es cierto se autoriza una actividad distinta a las que ya estaban permitidas dentro del patrimonio natural del Estado, debe considerarse que el artículo 11 del Reglamento a la Ley Forestal para el desarrollo de las actividades capacitación, investigación y ecoturismo dentro del patrimonio natural del Estado permite la construcción de ciertas obras, y que además, el aprovechamiento de agua no es una actividad contrapuesta a los fines de conservación del patrimonio natural del Estado y que se someterá a estudios técnicos, limitaciones y controles. Y además, debe reiterarse que la modificación hecha al régimen del patrimonio natural del Estado responde a una necesidad pública de garantizar el abastecimiento de agua potable a la población, y por tanto, se trata de una modificación justificada y razonable. Otro de los argumentos de los accionantes, es que en la ley no se dispuso expresamente que la autorización de aprovechamiento de agua dentro del patrimonio natural del Estado requiera la realización de un estudio de impacto ambiental y de una evaluación ambiental estratégica. Al respecto, recuerda el artículo 18 de la Ley Forestal antes de la reforma practicada mediante la Ley No. 9590 y sostiene que con el artículo No. 1 de la Ley No. 9590, únicamente se incluyó la frase “así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley”. Es decir, lo dispuesto en ese artículo sobre la evaluación de impacto ambiental es lo que ya indicaba antes de la reforma hecha. Dado que ese artículo remite al artículo 18 para la autorización del aprovechamiento de agua para consumo humano, debe observarse que el numeral 18 bis establece que “todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente”. La evaluación de impacto ambiental, a la que remite el artículo 18 bis es un concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a cabo la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3 inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004. Este procedimiento es que el exige el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiental y según el Reglamento citado, abarca tres fases: a) la evaluación ambiental inicial, b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda y c) el control y seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. Entonces, la evaluación ambiental que exige la ley, puede llevarse a cabo a través de un estudio de impacto ambiental o de algún otro instrumento técnico, según el impacto ambiental potencial de la actividad u obra a desarrollar. Así, el hecho de que una norma no contemple, para un determinado tipo de proyecto o actividad, el estudio de impacto ambiental como instrumento a utilizar, no implica su inconstitucionalidad, ya que no está excluyendo a ese proyecto del procedimiento de evaluación del impacto ambiental exigido por la Ley Orgánica del Ambiente. Advierte que de conformidad con la reforma realizada a la Ley Forestal por la ley impugnada, las “actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano”, que permite el artículo 18, abarcan la autorización del aprovechamiento en sí, la construcción y operación de sistemas de abastecimiento de agua, y además, otras obras que en ciertos casos pueden considerarse menores, como las necesarias para el mantenimiento y mejoras de los sistemas ya existentes. En esos casos, dependiendo de la magnitud e impacto de las obras, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental puede valorar la necesidad y pertinencia de requerir un estudio de impacto ambiental. En todo caso, debe considerarse que según el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, las áreas silvestres protegidas; áreas de protección de cursos de agua, cuerpos de agua naturales y nacientes o manantiales; y las áreas con cobertura boscosa natural, son áreas ambientalmente frágiles que, por sus condiciones, presentan una capacidad de carga restringida y con algunas limitaciones técnicas que debe ser tomadas en cuenta en el procedimiento de evaluación, y por ello, para las actividades, obras o proyectos que se vayan a realizar en ellas, se requiere la presentación del documento de evaluación ambiental D1, que es el instrumento utilizado para las actividades, obras o proyectos de alto y moderado impacto ambiental potencial. Además, debe considerarse que los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tienen derecho a ser escuchadas por la SETENA, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Indica que la información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización. Con base en ello, el Capítulo VI del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con lo exigido por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, establece mecanismos (como la presentación de escritos, audiencias privadas y públicas) para garantizar la participación ciudadana en cualquier etapa del proceso de evaluación de impacto ambiental y en la fase operativa de las actividades, obras o proyectos. De conformidad con lo anterior, la norma impugnada al no exigir expresamente la presentación de un estudio de impacto ambiental, no niega ni deja sin efecto la normativa que garantiza el derecho de participación y el derecho de acceso a la información, y por tanto, no es contrario a los artículos 9 y 50 de la Constitución Política, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (la cual se encuentra en proceso de ratificación). En otro orden de ideas, dice que los accionantes estiman que se debió exigir una evaluación ambiental estratégica, porque a través de ese instrumento es posible valorar los impactos regionales de hace un acueducto en el patrimonio natural del Estado. El Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo No.3 inciso 35) conceptualiza la “evaluación ambiental estratégica”. Además, también encuentra regulación en el artículo 62. Ese instrumento de evaluación de programas, planes y políticas generales no es aplicable a la aprobación de las actividades concretas y localizas que permite la ley impugnada. Señala que será la SETENA, en el ejercicio de las competencias otorgadas por los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente, la encargada de determinar, según la magnitud del proyecto a desarrollar, el instrumento de evaluación a utilizar. Por ende, a su criterio, el hecho de que no se exija expresamente la utilización de un instrumento particular de evaluación ambiental no implica que se está excluyendo a las actividades permitidas por la ley impugnada del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y por tanto, no podría estimarse que la norma sea inconstitucional. Continúa manifestando que los accionantes también cuestionan el hecho de que en el artículo 18 bis no se exija la autorización del MINAE para los aprovechamientos de agua a realizar por los entes prestatarios del servicio de agua potable en los terrenos que adquieran para ese fin, y permita a esos entes continuar administrando esos terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado. Sin embargo, señala que la ley impugnada establece una excepción para aquellos casos en los que uno de los entes prestatarios del servicio público adquiera o haya adquiridos un terreno con bosque o de aptitud forestal con el fin de aprovechar el recurso hídrico y brindar el servicio público de abastecimiento de agua potable, para que no sea necesario requerir la autorización del MINAE para el aprovechamiento proyectado y para que ese mismo ente pueda autorizar el bien, pese a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Forestal, al ser terrenos boscosos o de aptitud forestal, pasarían a formar parte del patrimonio natural del Estado administrado por el SINAC. Lo anterior en virtud de que, antes de la reforma llevada a cabo, si un ente prestatario del servicio público de abastecimiento de agua potable adquiría un terreno boscoso o de aptitud forestal para aprovechar una fuente de agua, este terreno pasaba a formar parte del patrimonio natural del Estado de manera automática. Y consecuentemente, no podía llevarse a cabo el aprovechamiento proyectado ni cumplirse el fin para el cual había adquirido el terreno. Sostiene que la intención de la ley es no impedir o limitar el servicio público esencial de abastecimiento de agua potable, y de tal forma, armonizar el ejercicio de las competencias especiales de los entes prestatarios de ese servicio, con el régimen de protección dispuesto para el patrimonio natural del Estado. Al respecto, debe tomarse en cuenta que para garantizar el acceso de la población al agua potable, el artículo No.1 de la Ley Constitutiva del ICAA le ha encomendado a este instituto la función fundamental y general de dirigir todo lo relacionado con el suministro de agua potable, y para ese fin, en los incisos c) y e) del artículo No. 5 le faculta a adquirir o expropiar bienes inmuebles para la captación, conducción, tratamiento y distribución de aguas con el fin de establecer poblaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo No. 2 inciso g) y según la Ley General de Agua Potable la administración y operación de los acueductos puede estar a cargo de las Municipalidades en los lugares donde el ICAA no ha asumido la administración de los acueductos por deficiencias en el servicio. La prestación del servicio público también puede estar a cargo de las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados (ASADAS). Según lo dispuesto en el artículo No. 2 inciso g) de la Ley No. 2726 y el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistema de Acueductos y Alcantarillados Comunales. Por su parte, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia posee plenas facultades para prestar servicios de agua potable. Para el ejercicio de esas facultades, cuenta dentro de su patrimonio con los inmuebles afectos a los servicios que presta y que se encuentren bajo su administración, y además, está facultada para adquirir bienes inmuebles para el cumplimiento de sus objetivos. Además, es importante considerar que el artículo No. 18 de la Ley No. 2726 establece que todas las propiedades e instalaciones de los organismos del Estado que estén destinadas a la prestación de servicios relativos a la captación, tratamiento y distribución de aguas potables y evacuación de aguas servidas o pluviales en el país son patrimonio nacional. Y que según los artículos No. 1 y 2 de la Ley General de Agua Potable, la ejecución de las obras necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población constituye una actividad de utilidad pública, que es reafirmada por los artículos 60 y 267 de la Ley Orgánica del Ambiente y de la Ley General de Salud. Precisamente porque existe un marco normativo que permite adquirir inmuebles para captar el recurso hídrico y que declara de utilidad pública los sistemas de abastecimiento de agua potable, específicamente el artículo 18 bis de la Ley Forestal establece una habilitación de índole legal para realizar el aprovechamiento sin contar con la autorización administrativa del Ministro de Ambiente y Energía. Tal y como lo indica la norma, los entes prestadores del servicio deberán cumplir con los demás requisitos establecidos en el artículo 18 bis y en la normativa nacional, y aunque se les faculta a administrar los terrenos, éstos se encuentran sujetos a las condiciones, limitaciones y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según lo dispuesto en la Ley Forestal. Lo anterior quiere decir que la única autorización de la que se encuentran excluidos es de la exigida por los artículos 18 y 18 bis de la Ley Forestal para el aprovechamiento de agua. Al indicarse que se debe cumplir con toda la normativa nacional, no puede entenderse, como lo hacen los accionantes, que no se requerirá autorización para cualquier otra actividad. Al tenor de lo indicado, debe entenderse que la administración del terreno por parte del ente prestatario del servicio público, lo es únicamente en cuanto a la actividad específica de aprovechamiento de agua, ya que la autorización de otra actividad, que solo podría ser relativa a la investigación, capacitación y ecoturismo, se mantiene en manos del SINAC. También, al establecerse que se deben cumplir el resto de requisitos del artículo 18 bis, el aprovechamiento requerirá someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según lo indicado en el párrafo 3°. Además de que se tratará de un aprovechamiento controlado, cuyos impactos serán valorados y mitigados mediante el procedimiento de evaluación ambiental, deberá asegurarse que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, lo cual, debe ser asegurado por el ICAA y monitoreado por el Ministerio de Ambiente y Energía, tal y como lo dispone en el párrafo sexto. Menciona que no es posible afirmar que la norma impugnada es regresiva porque desprotege los terrenos boscosos y de aptitud forestal adquiridos por los entes prestatarios del servicio de agua potable. Al contrario, si bien es cierto, se hace una excepción en cuanto a la exigencia de la autorización por parte del MINAE y en cuanto a la administración del terreno, el aprovechamiento de agua será una actividad controlada y los entes prestatarios estarán sometidos a la demás normativa aplicable para cualquier otro tipo de actividad. Asimismo, debe tenerse presente lo ya dicho anteriormente en cuanto a que, el aprovechamiento del recurso hídrico no es una actividad contrapuesta al régimen de protección del patrimonio natural del Estado, sino que, por el contrario, depende de la protección del recurso forestal. No en vano, el artículo 31 inciso b) de la Ley de Aguas ha establecido un deber de conservar y proteger la cobertura boscosa que existe en los terrenos que bordean las captaciones, tomas o surtidores de agua potable, lo cual asegura la preservación de la fuente captada para el servicio público. A ese deber, y a cualquier otra disposición aplicable, se encuentran sujetos los entes prestatarios de servicio público de agua potable. Por lo expuesto, la ley impugnada no elimina la rectoría del MINAE en temas ambientales y en asuntos hídricos. Y ello, contrario a lo indicado por los accionantes, tampoco sucede en el párrafo sexto del artículo 18 bis de la Ley Forestal. Si bien es cierto se dispone que el ICAA debe garantizar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, la misma norma establece expresamente que el monitoreo de ese caudal le corresponderá al MINAE, lo cual no desconoce las competencias que le tocan a la Dirección de Aguas. Dice que el artículo 18 bis, párrafo sexto, reconoce esas funciones al indicar que se debe presentar un informe anual de los resultados de los aforos ante el SINAC y ante la Dirección de Agua. Por otra parte, expone que, de conformidad con los fines de conservación para que los parques nacionales y reservas biológicas, establece la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No.6084), la cual tiene aplicación para las reservas biológicas según el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad y la Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América. Indica que se ha considerado que las reservas biológicas y los parques nacionales poseen un régimen de mayor protección que el correspondiente a las demás categorías de manejo. Sostiene que la Sala Constitucional en la sentencia No. 10484-2004 de las 09:52 hrs. del 24 de septiembre de 2004, señaló que en los parques nacionales se deben permitir únicamente actividades que en nada perturben la vida natural presente en éstos. Inclusive, afirman que en la sentencia No. 2008-16975 de las 14:53 hrs. del 12 de noviembre de 2008, los parques nacionales y reservas biológicas son áreas silvestres protegidas de conservación absoluta. Manifiesta que el artículo 3° de la Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América prohíbe la explotación comercial de los recursos naturales de los parques nacionales, lo cual se ha estimado aplicable a las reservas biológicas por el grado de protección absolutas que se les ha otorgado. Por ende, al tratarse de áreas silvestres protegidas de conservación absoluta, en las que se encuentra expresamente prohibida la explotación comercial de sus recursos y la instalación de acueductos y otras obras destinadas a las del MINAE, existe una justificación para no permitir el aprovechamiento de agua ni las actividades y obras necesarias para ese fin en los parques nacionales y reservas biológicas. De ahí que, al ser ese régimen de protección contrario a ese tipo de actividad, la única posibilidad de permitir el aprovechamiento de agua en un parque nacional o reserva biológica es disminuyendo sus límites, desafectando el área específica que sea necesaria. Y ello, según el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y 3° de la Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América, solo es posible mediante una ley que cuente con un estudio técnico que respalde la adopción de tal medida. El hecho de que la desafectación no se exija para el caso de las demás áreas silvestres protegidas es debido a  que el aprovechamiento de agua no es incompatible con el régimen de protección que éstas poseen, ni se trata de una actividad expresamente prohibida dentro de sus límites. Por tanto, para el resto de áreas silvestres protegidas no es necesario disminuir su área desafectando la porción de terreno en la que se llevará a cabo el aprovechamiento y ello, en consecuencia, no violenta la Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América, la Ley Orgánica del Ambiente o la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Alega que tampoco se violenta el Convenio Regional para Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales del Sistema de Integración Centroamericana ni la Convención sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que no contienen disposiciones relacionadas con los requisitos para disminuir el área de las áreas silvestres protegidas, Asimismo, la ley impugnada, al permitir el aprovechamiento de agua dentro de las áreas silvestres protegidas, bajo ciertas limitaciones y controles, no es incompatible con las disposiciones de esos convenios relativas a la promoción de la conservación del recurso forestal y del patrimonio cultural según las posibilidades y el derecho interno de cada Estado. La alegada afectación de parques nacionales que han sido declarados patrimonio natural de la humanidad, deberá analizarse en el supuesto eventual de que se pretenda la desafectación de uno de ellos para el aprovechamiento de agua. En ese momento deberá valorarse la viabilidad de dicha medida, mediante los estudios técnicos correspondientes y la emisión de una ley específica para esos efectos. Pero ese supuesto eventual no puede acarrear la inconstitucionalidad de la Ley No. 9590. Por último, tampoco se violenta la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar), pues si bien es cierto ese Convenio insta a compensar, en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de humedales mediante la creación de nuevas reservas naturales, esa medida está dirigida a aquellos casos en los que se retire un humedal de la lista de humedales de importancia internacional o se reduzcan los límites de uno de ellos. Advierte que la ley impugnada no reduce la medida de los humedales ni de las demás áreas silvestres protegidas, exceptuando el caso de los parques nacionales y las reservas biológicas. Por último, sobre lo alegado en cuanto a la violación del derecho de participación de los pueblos indígenas, indica que jurídicamente el régimen de patrimonio natural del Estado y el de los territorios indígenas es incompatible. Comenta que el patrimonio natural del Estado es de dominio público, y por tanto, contrapuesto al régimen de las reservas indígenas, que constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Expresa que no sería posible que un espacio territorial sea simultáneamente de dominio público estatal y reserva indígena, y por ello, no es posible afirmar que la ley impugnada afecta a los territorios indígenas porque permitirá el aprovechamiento del recurso hídrico localizado en ellos. Pese a lo anterior, si una solicitud concreta de aprovechamiento de agua en un área silvestre protegida, de algún modo llegare a afectar los intereses legítimos de algún territorio indígena, en ese momento deberá valorarse si es necesaria o no la consulta de la comunidad indígena involucrada, no antes. No es posible alegar la inconstitucionalidad de la norma por haber omitido la consulta de la voluntad de los pueblos indígenas sobre una afectación eventual, aleatoria o circunstancial. Por lo anterior, no existe la violación alegada a los artículos 1, 7, 50 y 89 de la Constitución Política y al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En ese mismo sentido, alega que tampoco es inconstitucional el artículo 3° de la Ley No. 9590 que adiciona el artículo 52 bis a la Ley Orgánica del Ambiente, definiendo la categoría de manejo de zona protectora. Sobre este aspecto, los accionantes no argumentan detalladamente en qué consiste la inconstitucionalidad alegada. Por ello, al vincularse el alegato de inconstitucionalidad con la omisión de consulta a las comunidades indígenas, debe reiterarse la inexistencia de esa afectación por la incompatibilidad existente entre el régimen de patrimonio natural del Estado y el de los territorios indígenas.
11.- Por escrito del 30 de octubre de 2018,  Juan Carlos Peralta Víquez, en su condición de Presidente con facultades de Representante Judicial de la Asociación para el Bienester y Amparo de los Animales del Cantón de San José, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del artículo 50 de la Constitución Política. Considera que la misma debe ser declarada con lugar. Lo anterior, pues indica que con esta ley se autoriza, con tan sólo un decreto ejecutivo de interés público, cualquier tipo de explotación de agua potable proveniente de fuentes superficiales, así como la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras de sistemas de abastecimiento de agua, en inmuebles que integran el patrimonio natural del Estado, dentro del cual están todas las de Áreas Silvestres Protegidas, muchas de las cuales traslapan con los territorios indígenas. Es nuestro criterio que este proyecto es una iniciativa altamente dañina y peligrosa, pues permite al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a las municipalidades que aún prestan el servicio público de agua potable por la Ley N.° 1634, Ley General de Agua, de 18 de setiembre de 1953, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y a las Asociaciones administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (entidades conformadas por usuarios, debidamente constituidas para ese fin e inscritas con ajuste a la Ley N.° 218, Ley de Asociaciones, de 8 de agosto de 1939), que puedan administrar y operar el sistema de acueducto de su comunidad mediante un convenio de delegación suscrito con el ICAA, conocidas como ASADAS), intervenir, afectar, realizar obras e inclusive destruir áreas silvestres protegidas por otras leyes ambientales, lo que les permitiría aprovecharse del recurso hídrico que se encuentra incluso en territorios indígenas, irrespetando su autonomía. La nueva Ley hace una salvedad en el caso de áreas silvestres de protección absoluta, sea Parques Nacionales y Reservas Biológicas (las cuales están oportuna y sabiamente protegidas por diversas leyes), de que además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de1995, pero no lo establece así para el caso de los territorios indígenas, muchos de los cuales traslapan con estas  áreas, atropellando los derechos de los pueblos originarios, y tampoco lo hace en el caso de los Humedales RAMSAR sobre los cuales se han suscrito convenios internacionales.  Otro aspecto a anotar es que el artículo primero de la ley N° 9590 establece que, las actividades para el aprovechamiento del agua cuando sea necesario para consumo humano una vez aprobadas por el ministro de ambiente y Energía, será el ministro quien defina cuando corresponda y según un reglamento, las evaluaciones de impacto ambiental, por lo que se puede concluir que básicamente dejaría una situación de vital importancia tratándose de PNE y ASP bajo la posibilidad que sea modificado los procesos varias veces en una misma administración y en diferentes, lo que abriría un portillo para crear diferencias técnicas por motivos políticos o económicos y no técnicos desde el punto de vista ambiental, la rigurosidad que amerita una situación como la autorizada por dicha ley demanda que deba por ley establecerse las actividades y los mecanismos técnicos para obtener un visto bueno, lo cual puede afectar directamente la salud de la personas, flora, fauna y, consecuentemente, los derechos fundamentales de las personas en concordancia con el numeral 50 de la Constitución Política trasgrediendo el principio de Reserva de Ley. Al respecto téngase lo ya manifestado por la Sala Constitucional, que en la sentencia número 8409-11 señaló lo siguiente: “Así las cosas, en el presente caso se discute concretamente si puede o no el Poder Ejecutivo disminuir vía reglamentaria el perímetro de protección previamente dado por el Legislador, a lo que debe responderse de forma negativa, ya que con base en el principio de reserva de ley, una norma reglamentaria no puede regular materia destinada con exclusividad a la ley formal, como lo es toda aquella relativa al goce de los derechos fundamentales. Lo anterior es soslayado el caso bajo estudio, en el que mediante una disposición infralegal se estableció una disminución al área de perímetro de protección contenida en la Ley de Aguas, siendo que una disposición reglamentaria no puede venir a cambiar el criterio mínimo de protección señalado por la Ley, degradando con ello la protección legislativa. Es así, como un reglamento no puede limitar o disminuir la protección de un derecho constitucional como lo es el derecho a disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuando ya existe una Ley que regula el tema, teniéndose que su variación está reservada exclusivamente a la Asamblea Legislativa, mediante el procedimiento constitucionalmente establecido”. Añade que el derecho al agua potable limpia y al saneamiento es un derecho humano que el Estado debe garantizar a las presentes y futuras generaciones, según Resolución 64/292 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio del 2010, ya que el agua es fundamental o esencial para el desarrollo de todos los otros derechos humanos. Sin embargo, severas amenazas se ciernen sobre el valioso recurso hídrico de nuestro país, gracias a los serios problemas de contaminación de muchos de nuestros ríos, los cuales siguen siendo verdaderos botaderos y cloacas a cielo abierto, lo que sin duda repercute en la calidad de vida de toda la población. De igual forma, el recurso hídrico se desperdicia de forma alarmante según el mismo AyA, pues existen fugas de agua por deterioro de tuberías y medidores, y la pérdida es tan alta que se podría suplir a casi todos los habitantes que hoy atiende este Instituto: unos 2,1 millones en una gran parte de los acueductos de todo el país. De modo que el recurso hídrico del país es suficiente para atender las necesidades de agua potable de la población sin afectar las áreas silvestres protegidas, zonas que no deberían abrirse a ningún tipo de explotación comercial o industrial.  A nuestro criterio, permitir la extracción de agua en las Áreas Silvestres Protegidas para "consumo humano", lejos de ser una solución más bien agravaría el problema, porque no frena el desperdicio, alcahuetea la ineficiencia administrativa y más bien compromete nuestras reservas de agua potable. Además esta apertura representaría un precedente negativo y peligroso, que afectaría el paradigma que ha imperado hasta ahora con respecto a estas áreas, como sitios para la conservación de la biodiversidad, y no para el desarrollo de obras de infraestructura de gran escala y alto impacto ambiental. Agrega que la Procuraduría General de la República ya emitió mediante dictamen C-151-2019 DEL 21 de junio de 2018, un pronunciamiento en el cual concluye que: “ no obstante que la regla general — prevista en el artículo 13 de la Ley Forestal- sea que los terrenos boscosos propiedad de las instituciones públicas, pasen a integrar, de pleno derecho, el patrimonio natural del Estado, lo cierto es que dicha disposición no puede ser interpretada en el sentido de que haya despojado de su efecto útil a los artículos 50 y 18 de la Ley No. 2726, los cuales son normas que tienen una finalidad especial pero además vinculadas a la protección de un derecho fundamental —el acceso al agua— del mismo rango de protección que el derecho al medio ambiente, el cual es tutelado a través del numeral 13 de la Ley Forestal.  Es evidente, pues, que por la naturaleza especial de las disposiciones de los artículos 5°y 18 de la Ley No. 2726, debe entenderse que los terrenos con cobertura boscosa que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados adquiera para la captación de agua potable, no se encuentran afectados por las limitaciones del artí culo 18 de la Ley Forestal y por el contrario, deben reputarse vinculados al fin público de garantizar el disfrute del derecho fundamental al acceso al agua potable”. Por ello consideramos innecesaria la autorización a los entes prestadores del servicio para que:  “realicen actividades del aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias para el sistema de abastecimiento poblacional para consumo humano, en los terrenos patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestador del servicio público de abastecimiento poblacional para consumo humano, con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de este servicio a las futuras generaciones”.  También es inconveniente la adición de un artículo 52 bis a la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, que cambia el objetivo de la categoría de manejo denominada “Zona Protectora”. Además, estima que  esta ley atenta contra la autodeterminación de los pueblos originarios que habitan en los territorios indígenas, violenta el derecho ciudadano a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y vulnera los derechos de todos los costarricenses sobre los bienes de dominio público, patrimonio natural de las presentes y futuras generaciones, que deben ser resguardados por el Estado.
12.- Por escrito presentado el 05 de noviembre de 2018, Patricia Abaldía Rodríguez, en su condición de Miembro del Comité Organizador del Movimiento Social sin personería jurídica, Marcha contra el Maltrato Animal en Costa Rica, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en la protección de la biodiversidad y el apoyo a los derechos de grupos originarios, fundamentada en los artículos 7, 50 y 89 constitucionales, así como el Convenio 169 de la OIT. Dice que considera que esta Autoridad debe tomar en cuenta de forma muy importante que el ministro del MINAE expuso al contestar la acción que existía inconstitucionalidad con la fragmentación de competencias que se trasladaban al ICAA en cuando al caudal ecológico. El MINAE como ente rector en sitios que son PNE y ASP está viendo disminuida una competencia sin un solo argumento que lo justifique y esto no es todo, sino que el hecho se hace para trasladar esta competencia a quien no tiene capacidad técnica, ni experiencia, ni personal. El asunto no se hizo con criterios técnicos y ello no se suple diciendo que el ICAA aportará informes al MINAE. La creación de una nueva competencia sin modificar la Ley de la Biodiversidad que da esa competencia a SINAC, que es parte del MINAE, es irracional y totalmente injustificada y así pido disponerlo. Esto de trasladar competencias no es un mero formalismo, requiere una justificación técnica y hasta la creación de un presupuesto, que no consta en ningún lado y siendo que con ello se podría alterar el derecho a un ambiente sano, tenemos que con el numeral 18 bis se pone en riesgo los sitios que son PNE y ASP. Asimismo, creo plenamente que es jugar con fuego en lugares que han sido reconocidos por ustedes mismos como de alta fragilidad ambiental y necesarios. Por otro lado, creo, como han expuesto los accionantes, que si es que se requería un acueducto dentro de una ASP, o un sitio PNE se debió de haber hecho una ley específica, pero abrir todos los sitios que son frágiles a un uso nuevo del suelo como lo dice ahora el artículo 18 de la Ley Forestal, pues ello fue irresponsable de parte de los diputados y de los funcionarios que ahora defienden la ley. Añade que los estudios para determinar que existía necesidad de agua para consumo humano nunca existieron y ello no lo han desmentido los funcionarios, por lo que debe ser el argumento vital para ver que se violentó el principio de objetivación y la no regresión. Tanto el MINAE, como el representante del Estado dicen que los estudios no había que hacerlos, o que son imposibles de hacer, pero ello esconde un argumento falaz de irresponsabilidad administrativa y así pido que ustedes lo vean y acojan esta acción en todos sus términos. Otro punto fundamental que debemos destacar es que desde la Procuraduría General de la República se señala que con la acción se está induciendo a error a la Sala al hablarse de traslapes entre ASP y sitios PNE, con territorios indígenas, pero debe quedar claro de una vez que los territorios indígenas traslapan no solo porque son zonas contiguas, sino porque existen como uno solo y son contemplados oficialmente como uno solo y el mismo Procurador lo sabe, pues dirigió SINAC por varios años. Los que tratan de confundirlos ustedes ni siquiera observaron el oficio SINAC-DE-1043 de 19 de julio del 2018 que señala que la reserva QUITIRRISI, traslapa en un 100 por ciento con un área que es PNE. Ustedes no observarán un estudio que justifique lo anterior, pero a pesar de ello, todo se hizo sin estudio alguno, sino que únicamente medió la discrecionalidad abusiva de los diputados y ahora de los funcionarios que tratan de tapar el sol con un dedo. La inconstitucionalidad no debe ser resuelta diciendo que la ley queda vigente y que se haga una consulta solo a los indígenas huetares de Quitirrisí, pues eso crea desventajas para otros pueblos originarios por traslapes desiguales y por ello pido la inconstitucionalidad de toda la ley por falta de consulta. Por último, señala que no existieron estudios que fundamenten la ley y el argumento de defensa es que los mismos eran imposibles de realizar, pero la verdad es que ello nunca figuró en el expediente legislativo y ahora se encontró como excusa. Es manifiesto que se trasladó una competencia muy sensible al ICAA sin razones técnicas y sin cambiar la ley de la Biodiversidad y por ello sacar el caudal ecológico de ciertos casos del MINAE y SINAC amerita la inconstitucionalidad. Debe quedar claro que al crear una nueva oficina y competencia en ICAA nunca se estableció ni siquiera un presupuesto y ello pone en riesgo a la biodiversidad por defender un derecho al agua que no se sabe cuán urgente era.
13.- Por escrito presentado el 05 de noviembre de 2018, Marcela Aguilar Bruno, número de cédula 1-0664-0129, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del artículo 50 de la Constitución Política. Indica que con la reforma de la ley Forestal se procedió a autorizar una clara modificación negativa a nuestra legislación, en el tanto que se señala de forma amplísima que se podrán hacer acueductos en todos los sitios declarados como Patrimonio Natural del Estado (PNE) y Áreas Silvestres Protegidas, donde por ejemplo muchos de esos sitios traslapan al 100 por ciento con territorios indígenas. Solicita que se tome en cuenta el caso más dramático donde el 100 por ciento de la Reserva Indígena Huetar Quitirrisi, que es un sitio Patrimonio Natural del Estado (PNE), son una misma cosa, pero nunca fueron consultados los pueblos originarios, tal y como es evidente y manifiesto por las respuestas de la Procuraduría y el MINAE.  Por lo anterior, solicito expresamente que la acción debe ser declara con lugar porque se violentó el Convenio 169 de la OIT al no realizarse la consulta previa. Los actores aportaron la información sobre lo anterior, tal y como consta en oficio del mismísimo Sistema Nacional de Áreas de Conservación, datos que no pueden ser ignorados.  Por ello el artículo citado arriba es absolutamente inconstitucional por violentar normas internacionales expresas. Advierte que que la consulta debe ser previa a hacer la ley y el error fue mayúsculo y acarrea la declaratoria de inconstitucionalidad por falta de consulta. Añade que la realidad es clarísima y nadie ha querido asumir el error y han preferido decir que una cosa son los territorios indígenas y otra los bienes del Estado, pero eso no es tan simple. Asimismo hay que ver que en la ley cuestionada se habla de que el caudal ecológico estará a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) pero ellos no tienen ni la experiencia, ni los funcionarios que si tiene el SINAC, o la Dirección de Aguas, y con ello existe un error muy serio que fragmenta competencias del MINAE y SINAC sin justificación y aunque desde el ICAA den informes anuales, o quinquenales ello es fragmentar competencias sin justificación técnica. Además, la inconstitucionalidad es también observable al crearse una nueva competencia para ICAA sin asignar ni prever un presupuesto en el tema del caudal ambiental. De hecho esto que digo lo ha reconocido el mismo ministro del ambiente al contestar la acción y está en blanco y negro dentro del expediente. Así, considera que el ministro no se atrevió a pedir la inconstitucionalidad, pero por lo menos dijo que si exista una objeción, pero ello se debe traducir como la innegable oposición a la ley y esto debe ser tomado en cuenta declarando la inconstitucionalidad por este otro tema, pues la creación de competencias y fragmentación y traslado a otras instituciones requiere justificaciones que por supuesto no constan en el expediente de la Asamblea Legislativa. Por otra parte, indica que la Procuraduría señala que para ellos es imposible hacer un estudio donde se determinen las necesidades del agua de las comunidades, pero ello sirve de fundamento de todo lo que he señalado por los accionantes.  Incluso esta la ley - señala el Procurador - debe respetarse porque existe el derecho humano al agua para consumo humano, pero el punto de la inconstitucionalidad es no fundamentar con estudios que existe esa necesidad real de intervenir ASP y PNE y que cambia el paradigma sobre protección estatal que se ha tenido, desde la Procuraduría todo lo quieren hacer ver también como desarrollo sostenible, pero para que así sea debe estar justificado bajo criterios científicos y no por pura discrecionalidad. Por ende, en el expediente de la Asamblea Legislativa nunca existió la menor intención de aportar estudios y esa falencia es una muestra de la violación al principio de objetivación que conlleva a la regresión, al constituirse incluso un nuevo uso del suelo en el artículo 18 de la Ley Forestal. Alega que los representantes del Estado no supieron cómo justificar una ley que incluía la incorporación de un nuevo uso en  sitios que son PNE o ASP. Y ello es imperdonable y merece una llamada de atención. Reitera la falta de estudios que justifiquen la modificación de la normativa. Por último, solicita que se establezca que se violentaron derechos de los pueblos indígenas al no consultarles sobre un proyecto que evidentemente iba a traer consecuencias en sus territorios al traslapar estos en sitios que son PNE y ASP, en especial obsérvese el oficio SINAC-DE- 1043 de 19 de julio del 2018, en la parte final cuando habla sobre la Reserva indígena Huetar Quitirrisi.
14.- Por escrito del 07 de noviembre de 2018, Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, en su condición de Presidente de la Asociación Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del artículo 50 de la Constitución Política. Señala que se procedió a autorizar una clara modificación negativa a nuestra legislación, en el tanto que se señala de forma amplísima que se podrán hacer acueductos en todos los sitios declarados como Patrimonio Natural del Estado (PNE) y Áreas Silvestres Protegidas. Recuerda que el Parque Recreativo Los Chorros, creado mediante Ley N° 6126, no tipificaba en ninguna de las categorías de manejo establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente y, por ello, esta Sala dispuso que era PNE y que en ese tanto debía protegerse, lo cual fue señalado por la Sala Constitucional. Por ello, es que vemos que se está ante una situación perjudicial a la biodiversidad al haberse aprobado la ley cuestionada, puesto que permite talar bosque, sotobosque, hacer represamientos nuevos y poner estaciones de bombeo en donde hasta ahora solo estaba permitida la protección, capacitación, investigación y ecoturismo. Aclara que el Parque Recreativo Los Chorros, opera en su acueducto, pero el mismo fue construido desde hace muchísimos años, desde antes de que existiera la Ley Orgánica del Ambiente y otras normas vinculadas. Por ello consideramos que ahora, al permitirse el nuevo uso modificando, la Ley Forestal se está ante una situación totalmente inadecuada, puesto que deja abierta la posibilidad a que todos los sitios en el país que sean PNE puedan tener pérdida de la biodiversidad y alteración de los ecosistemas, asunto que no contribuye a mantener los ciclos hidrológicos y sus interrelaciones en puntos de a la fragilidad, aspecto donde la ciencia y la técnica pasó de lado en la ponderación de los legisladores. Consideramos que si lo que se requería era cambiar la normativa se pudo haber hecho una modificación específica en la ley de nuestro Parque Recreativo Los Chorros, para permitir manera posible que el acueducto se ampliara, pero la forma en que lo han hecho los diputados es contraproducente y perjudicial para todos los sitios que son PNE. Señala que jamás podrían estar de acuerdo que, por una ley que se hace sin estudios, se permita talar en un sitio de alta fragilidad y menos cuando eso se realiza con una pésima técnica legislativa. Advierten que en el expediente legislativo no constan estudio, ni una lista completa y detallada de todos los sitios que son PNE o de ASP que se abrieron con la reforma y esto evidencia la violación al principio de objetivación y al de no regresión. Reclama que en esa reforma a la ley se incluye una práctica que altera ciclos vitales por invasiva, puesto que significa represamientos y talas que nunca fue respaldada en algo más allá que la simple discrecionalidad y eso es abusivo como lo dice la acción interpuesta. Agrega que en la ley cuestionada también se habla de que el caudal ecológico estará a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), pero dado que ellos no tienen ni la experiencia, ni los funcionarios que si tiene el SINAC, o la Dirección de Aguas, es claro que trasladar la competencia en esa línea al ICAA es desmembrar las competencias especializadas que tienen los actuales responsables y todo esto es un ejemplo de improvisación legislativa. Y lo peor es que esto último señalado se hace sin ningún criterio técnico, ni asignación de nuevos presupuestos financieros, para constituir nuevas unidades dentro del ICAA y por ello solicitamos la declaratoria de inconstitucionalidad, pues conlleva a poner en riesgo la biodiversidad y con esto se transgrede el artículo 50 constitucional. Tal y como se dice en el escrito de los accionantes, todo este asunto hace perder la rectoría al MINAE y al SINAC y complica el escenario en el manejo de recursos estratégicos lo cual no es racional. Por otra parte, indica que la nueva ley señala otro error al decir en el artículo 18 bis: “En el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995”. Lo anterior, pues es claro que con esta situación en sitios como el Parque Recreativo Los Chorros ahora el Estado podrá romper la montaña y los ecosistemas sin tener que reponer o compensar, los sitios por donde se requiera poner nuevas tuberías de acueducto y esa exclusión sin justificación técnica no tiene sentido. Véase que hablamos de exclusión sin justificación, pues nuestro Parque es tan solo PNE, pero no un sitio de protección absoluta y por ello es injustificable que se puedan hacer tala, zanjas, estaciones de bombeo, sin que exista la obligación de tener que compensar áreas, ni tener que proceder a cambiar los límites. Advierte que la ley no resuelve una serie de interrogantes sobre las áreas silvestres protegidas y el patrimonio natural del Estado, lo cual confirma la pésima técnica legislativa usada al respecto. Aclara que el Parque es un sitio de alta fragilidad y, por ello, no es justificable que no opere el numeral 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Indica que el Ministro del MINAE reconoce el problema-competencial de traslado de la competencia de sitios que son PNE al ICAA. Lo anterior se hizo sin ningún estudio ni fundamento de parte de los diputados y con ello se concreta la inconstitucionalidad en esa línea, aunque la Procuraduría diga que no existe. Considera que los argumentos del Procurador no son de recibo. Otro tema importante es que la inconstitucionalidad es también observable al crearse una nueva competencia para el ICAA sin asignar ni prever un presupuesto en el tema de caudal ambiental. Situación conexa al hecho de que todas las áreas protegidas son distintas en cuanto a su conformación biológica y nada de esto se toca en la ley. Por ejemplo la ley 6126 de la creación del Parque los Chorros, no se toma en cuenta y en el sitio es prohibido cortar árboles o extraer plantas y otros, y estaría amenazada con esta ley. Nada de esto se toma en cuenta y lesiona incluso la protección que esta Asada por años ha efectuado en Los Chorros.
15.- Por escrito del 06 de noviembre de 2018, Luis Diego Marín Schumahcer, en su condición de Presidente de la Asociación Preserve Planet, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del artículo 50 de la Constitución Política. Señala que los parques nacionales y las reservas biológicas fueron creados con el fin de mantener en el estado más inalterado posible muestras representativas de los ecosistemas. Añade que son el último reducto inalterado dentro del territorio nacional, siendo que el desarrollo de proyectos de infraestructura (acueductos, etc…) no es compatible con la finalidad de un Parque Nacional o una Reserva Biológica. Agrega que los impactos ocasionados son significativos y muchas veces irreversibles, pues alteran el equilibrio natural, convirtiendo el área en un ecosistema alterado, siendo que no constituye una zona donde la prioridad es la conservación. Por otra parte, indica que, según diversos estudios efectuados por el MINAE y el AyA, entre un 40% y un 70% del agua potable se desperdicia gracias a fugas. Por tal motivo, no se justifica la extracción del recurso hasta que todas las cañerías sean arregladas y se evite el gran desperdicio. Por último, manifiesta que un gran porcentaje de las áreas silvestres protegidas están dentro de reservas indígenas y durante la discusión de esta ley en la Asamblea Legislativa estas comunidades no fueron consultadas. Señala que el argumento de la Procuraduría General de la República se cae al tener presente que la reserva indígena Quitirrisí, ubicada en la Zona Protectora del mismo nombre, ocupa un 100%, es decir, tanto el territorio de grupos originarios como la zona protectora que es Patrimonio Natural del Estado son lo mismo. Así, es completamente falso considerar que una cosa son las áreas silvestre protegidas o sitios Patrimonio Natural del Estado y otra los territorios indígenas.
16.- Por escrito del 19 de noviembre de 2018, Grigory Chaves Chaverri, cédula número 1-873-910, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del artículo 50 de la Constitución Política. Señala que todas las áreas son diferentes y requieren de un tratamiento y cuido especializado, lo cual no toma en cuenta la ley impugnada. Manifiesta que, además, esta ley debe ser considerada inconstitucional, ya que es claro que esa modificación al artículo 18 de la Ley Forestal se hizo sin un estudio que justificara que dentro de los sitios que son patrimonio natural del Estado, o áreas silvestres protegidas, sea oportuno tomar agua que será sacada de los ríos. Igualmente, no se ha solventado el problema de fugas existentes a nivel nacional. Afirma que los sitios que son áreas silvestres protegidas especialmente fueron creados por el legislador para protección, educación, investigación y para preservar la biodiversidad, pero jamás para tomar agua desde ellos, razón por la cual en esta ley se desnaturaliza la figura de las áreas silvestres protegidas. Añade que esta ley no tiene estudios técnicos-biológicos para determinar cómo se va a alterar el medio ambiente en cuanto a características biológicas que incidan en su diversidad y biodiversidad. Considera que es correcto que al traslapar muchos territorios indígenas con las áreas silvestres protegidas y sitios patrimonio natural del Estado, se hacían obligatorias las consultas previas por la sola modificación del artículo 18 de la Ley Forestal, siendo que esas consultas nunca ocurrieron. Aclara que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillas emitió un argumento falaz en su informe, ya que señaló que la ley cuestionada prevé que los territorios indígenas estarán fuera del marco regulatorio, lo cual es totalmente falso.
17.- Por escrito del 29 de noviembre de 2018, Javier Rodríguez Fonseca, cédula número 1-546-710, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del artículo 50 de la Constitución Política. Señala que los artículos 1 y 2 de la Ley 9590 cambian el espíritu original del artículo 18 de la Ley Forestal, por cuanto éste último consideraba actividades de bajo o muy bajo impacto tales como ecoturismo, investigación y capacitación, mientras que la ley 9590 lo amplía a actividades de extracción de agua que pueden implicar infraestructura y acciones de alto impacto. Asegura que esa norma también viola el artículo 11 del Reglamento que regula la Ley Forestal. Añade que es contradictorio que se establezca en el artículo 2 que para extraer agua de un área protegida se requiera una declaratoria de interés público y conveniencia nacional cuando la preservación de los recursos en las áreas protegidas del país es de interés público y de conveniencia estratégica nacional. Agrega que el artículo 18 bis es confuso, particularmente porque parece contradecir la autorización de extracción de agua en áreas silvestres protegidas. Afirma que el artículo 3 de ese cuerpo normativo no indica explícitamente que en las zonas protectoras se pueda extraer agua dentro de ellas, lo cual aumenta la confusión indicada. Manifiesta que la extracción de los diferentes recursos que se salvaguardan en las áreas protegidas para las presentes y futuras generaciones, debe ser in extremis y no una posibilidad que, autorizada por ley, sienta un precedente que se prestaría para diferentes justificaciones “sociales y comunitarias” y los consecuentes abusos por las conocidas dificultades que tiene el país en el control y vigilancia del uso sostenible de los recursos naturales. Asegura que sigue existiendo un desperdicio de agua por casos de rupturas de tuberías de suministro de agua. Explica que para cada proyecto de extracción de agua en el Patrimonio Natural del Estado se requerirá del Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo estos son para ser aplicados en zonas fueras de las áreas silvestres protegidas. Por último, señala que en algunos casos problemáticos específicos, como Sardinal de Guanacaste o Grecia, entre otros, los conflictos se han dado más por una inadecuada, incluso injusta gestión del recurso hídrico y no por la escasez del mismo.
18.- Por escrito presentado el 30 de noviembre de 2018, Nidia María Vargas Picado, en su condición de Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de la Fortuna de San Carlos se apersona al expediente y solicita una coadyuvancia. Señala que el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento, requieren ser tutelados y garantizados por el Estado y sus instituciones, para lo cual se requiere no solo del desarrollo de infraestructura que permita el abastecimiento, sino de fuentes de agua que puedan ser aprovechadas para el cumplimiento de ese fin público. Con este espíritu se tramita la Ley de la República No. 9590 con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable, reconocido como derecho fundamental por la jurisprudencia de la Sala Constitucional e instrumentos internacionales vigentes en el país. Esta Ley regula la forma de atender por parte de los entes autorizados prestadores de servicio público legalmente constituidos el aprovechamiento del agua y el acceso a la misma en áreas consideradas Patrimonio Natural del Estado, a fin de enfrentar los problemas de las fuentes afectadas por el cambio climático. Esta Ley de la República tiene su génesis en el dictamen C-134-2016 del 08 de junio de 2016, concluyendo de manera categórica: de lo expuesto se colige que AyA no está legalmente autorizado para aprovechar el recurso hídrico dentro de las áreas silvestres protegidas, de dominio público estatal, abastecimiento poblacional, espacios donde no es aplicable el artículo 2°, de la Ley 2726 de 1961. A fin de realizar ese aprovechamiento se requiere una ley expresa que amplíe las actividades permitidas en el Patrimonio Natural del Estado por el artículo 18 de la Ley Forestal, y fije los términos y condiciones. EI sustento jurídico tiene como base, varias sentencias emanadas de la Sala Constitucional que ordenan brindar servicios públicos de agua potable a comunidades en zonas rurales, pero se presenta el escenario de que muchas veces las únicas fuentes susceptibles de aprovechamiento se ubican en áreas silvestres protegidas. Por este motivo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados planteó ante la Procuraduría General de la República la consulta citada, referente a la posibilidad de autorización de obras para captar dichas fuentes en esas áreas. Es relevante reiterar a esta Sala Constitucional que, ante la falta de acceso de fuentes de agua para consumo humano, en ciertas zonas del país, como es el caso de la ASADA que representa, fue necesario que el AyA, en su rol rector, solicitara el criterio de la Procuraduría General de la República, siendo que esa institución respondió que el AyA no está legalmente autorizado a aprovechar el recurso hídrico para abastecimiento poblacional dentro de esas áreas, donde no rige el artículo 2°, inciso f, de la Ley 2726. Ante ello, la opción viable que propone y fue atendida, es una reforma a la Ley Forestal para realizar actividades de aprovechamiento de agua y construcción de infraestructuras en las áreas silvestres protegidas, cuando no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, iniciativa que fue acogida para su trámite por 15 señores Diputados y señoras Diputadas y se materializó como Ley de la República en su votación en segundo debate en junio de 2018. En esta coyuntura, la Procuraduría General de Ia República emitió el Dictamen del 18 de mayo de 2018 C- 103-2018 y C-151-2018, dirigido a aclarar la aplicación del principio de primacía en la protección de los derechos fundamentales, específicamente el derecho de acceso al agua, por lo que no puede impedirse que el Instituto pueda realizar las obras de reparación y mantenimiento que sea necesario hacer en las obras de captación que ya existen en terrenos del patrimonio natural del Estado y que son indispensables para garantizar la continuidad del servicio público del agua, así como para asegurar que sea suministrada en calidad y cantidad suficientes para cumplir dicho derecho fundamental. En el Dictamen del 21 de junio de 2018, se indica que los terrenos boscosos propiedad de las instituciones públicas, pasan a integrar, de pleno derecho, el patrimonio natural del Estado, lo cierto es que dicha disposición no puede ser interpretada en el sentido de que se haya despojado de su efecto útil a los artículos 5 y 18 de la Ley No. 2726, los cuales son normas que tienen una finalidad especial pero además vinculadas a la protección de un derecho fundamental -el acceso at agua- del mismo rango de protección que el derecho al medio ambiente, el cual es tutelado a través del numeral 13 de la Ley Forestal. La modificación impulsada en la Ley 9590, no pretende dañar el medio ambiente, ni impedir que se elaboren estudios técnicos necesarios para evitar el daño grave e irreversible al ambiente. Por el contrario, la reforma propuesta busca garantizar, que en todo tipo de actividad, obra o proyecto en que se haga uso, y que, por ende, pueda suscitarse una posible afectación o alteración al recurso hídrico, se haga un análisis integral de la situación. La modificación pretende que los proyectos de abastecimiento de agua potable son vitales para el presente del país y para poder solventar los grandes retos que se avecinan, en vista del crecimiento de la demanda de agua potable, del cambio en las condiciones climáticas y la complejidad que implica a partir del marco legal ambiental, aprovechar el recurso hídrico para brindar servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican en el Patrimonio Natural del Estado. Esta modificación contenida en la Ley 9590, procura que se valore en forma integral, el impacto global al ambiente, en todos los factores o acciones que caracterizan a la actividad, obra o proyecto de aprovechamiento del recurso hídrico. Con ello, se intenta que se haga un uso más eficiente de los escasos recursos y que se garantice que el recurso hídrico no vaya a ser dañado. En forma errónea, la acción de inconstitucionalidad planteada tiene su fundamento en una interpretación incompleta y fragmentada del cuerpo legal en comentario, siendo que esta ley busca la protección y conservación del recurso hídrico, y un aprovechamiento sustentable de las fuentes de agua para consumo humano, solo con fundamento en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en los artículos 50 y 89 constitucionales. Para eso se plantea el requerimiento previo de la declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público, en específico para un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados prestadores de servicio público. El Principio Precautorio, mediante el cual se establece una presunción en favor del ambiente, está contenida en la Ley de la República No. 9590 y se desprende de una lectura integral del mismo, de manera que en casos de requerir ingresar a un área de protección se debe cumplir con el procedimiento establecido en este cuerpo normativo, este principio se respeta. De la normativa cuestionada se deduce que cuando no exista certeza científica sobre los efectos negativos que una actuación pueda generar, se prohíba su realización, se le impongan limitaciones o se adopten medidas protectoras, enunciado en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad. Asimismo, señala lo indicado por este Tribunal en el voto número 1220 de 14:48 horas del 6 de febrero del 2002, respecto a esta situación. El Poder Ejecutivo vía reglamentaria, lo que pretende con la modificación en cuestión, es que con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto, no requiera los estudios de impacto ambiental, por una decisión debidamente motivada y fundamentada.
19.- Por escrito presentado el 05 de diciembre de 2018, Roberto Molina Ugalde, en su condición de Representante de SITRAMINAE, se apersona al expediente y solicita una coadyuvancia activa a favor de los argumentos que piden declarar inconstitucional la Ley no. 9590. Señala que esta acción debe ser encontrada con lugar, pues como lo han señalado los datos que se aportan y el informe del SINAC No. SINAC-DE- 1043 del 19 de julio del 2018, todos los territorios indígenas forman un solo conglomerado con las Áreas Silvestres Protegidas, o sitios que son Patrimonio Natural del Estado, incluido QUITIRISÍ, que es el 100 por ciento reserva y territorio indígena. Siendo que el argumento de tener todos esos sitios que son ASP y PNE no ha sido desvirtuado, por ser cierto, es claro que esta Sala deberá resolver la acción teniendo como un hecho verdadero y reconocido que a los pueblos originarios se les debió de haber dado audiencia previa antes de hacer la ley. Lo anterior se debe hacer porque el actual artículo 18 de la Ley Forestal agrega un nuevo uso, que es invasivo y transgresor a territorios que, en parte, o al 100 por ciento, son indígenas. Cualquier introducción de variantes de usos del suelo a territorios indígenas implicaba una consulta. Para todos los efectos legales, en Costa Rica a la fecha, es indiscutible que los territorios de pueblos originarios están dentro de los límites de Áreas Silvestres Protegidas y sitios Patrimonio Natural del Estado. Los territorios indígenas que están totalmente vinculados a los sitios PNE y a las ASP en Costa Rica quedaron indiscutiblemente afectados al nuevo uso y esa afectación, como se ha dicho nunca fue consultada. La afectación de marras conlleva a una imposición estatal para pueblos tribales de tener que soportar actos de tomas de agua, construcción de casetas para bombas de impulso de agua, al paso de tuberías, a tala de árboles etc. En sus territorios y ello, repito nunca fue consultado, conforme al Convenio 169 de la OIT que lo exige. Con base a lo señalado, se tiene una clara violación de rango constitucional y al marco de la convencionalidad que emana del artículo 18 y del 18 bis de la Ley Forestal. Añade que para hacer la modificación al artículo 18 de la Ley Forestal se debió de haber contado previamente con estudios que valoraran lo oportuno, las necesidades, el costo beneficio y todos los aspectos técnicos dentro de la ciencia, pero como se ha señalado, nada de ello existió y esto hace a la ley nueva, violatoria al principio de regresión y al principio de objetivación y así pedimos declararlo. Lo que señala el representante de la Procuraduría General de la República en la línea de que los estudios eran imposibles es un criterio abusivo, que esconde fríamente un abuso de poder indefendible. La verdad, lo señalado por el ente asesor de esta Sala es sumamente peligroso, pues puede seguir siendo utilizado para desnaturalizar el principio de objetivación en aspectos ambientales. Ese criterio de la Procuraduría lo encontramos incluso poco serio, pues tiende a fomentar la discrecionalidad administrativa y la legislativa y por ello amerita una llamada de atención de parte de esta Sala. Señala que, además, debe verse como un asunto muy serio, así como irresponsable también, el hecho de que el propio Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, señala que el artículo número 1 de esta Ley cuestionada, reconoce que la norma no aplica para territorios indígenas. Esto se señala al final de su informe. Ese argumento tendencioso es una clara mentira que debe ser vista como un argumento que tiende a confundir a esta Sala de una manera poco elegante y así pedimos que se disponga al acoger la acción de inconstitucionalidad. Curiosamente tampoco el Instituto aporta prueba alguna sobre la necesidad de tomar agua dentro de los sitios que son PNE, o los que son ASP y esto es indicativo de la improvisación que medió para hacer esta ley. El punto es que nada justificaba realmente una apertura al nuevo uso como la realizada. No podemos dejar de señalar que también consideramos que sería nefasto el quebrantar la competencia del MINAE (Dirección de Aguas) y del SINAC en la protección del recurso hídrico para traspasar todo lo relacionado al caudal ecológico al Instituto dicho, como se señala en artículo 18 bis. Lo peor es que esto se hace sin mediar una justificación técnica, ni jurídica que no encuentra respaldo jurídico, como lo quiere hacer ver la funcionaria Astorga Espeleta, en el solo hecho de que se diga en la Ley Constitutiva de ellos, pues esto no tiene relación con un traslado de competencias específicas de un ministerio a una institución que nunca ha manejado biodiversidad y menos caudales ecológicos dentro sitios, vulnerables, frágiles ambientalmente como son las áreas silvestres protegidas. Acá si se observa, que ni siquiera se asigna en la modificada Ley o sus transitorios un presupuesto económico para esa nueva oficina y ello confirma que el manejo de los caudales ecológicos no debe salir de la Dirección de Aguas, ente adscrito al MINAE. Es importante aclarar que, por su naturaleza demanial, el recurso hídrico goza de especial protección de manera que no es susceptible de ser apropiado por parte de particulares. El recurso hídrico es protegido, conservado y administrado como corresponde por el MINAE a través del SINAC y del Departamento de Aguas. El MINAE es el ente rector en la gestión de los recursos hídricos del país, correspondiéndole con poder de imperio el disponer y resolver sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y control y vigilancia. Adicionalmente, el SINAC es otro ente del Estado Costarricense que practica especial énfasis para que sus áreas silvestres protegidas y reservas equivalentes aseguren la protección y conservación de sus recursos hídricos. Por otro parte, con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, es probable que haya indicios graves de sobre explotación de los nacientes y acuíferos, que están ubicados dentro de las áreas silvestres protegidas ya que se estarían concesionando sin que previamente se conozcan las condiciones de cantidad y calidad. Además, con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no se vislumbra una regulación de todas las actividades que puedan afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga acuífera. Adicionalmente, con el instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como no conoce a ciencia cierta y científica sobre los caudales ecológicos, nunca podrá especificar sobre su evaluación, esta medida no podrá llegar a definir claramente con respecto a los caudales suficientes para el logro de los objetivos ambientales y ecológicos. Por otra parte, el Estado Costarricense a través del MINAE-SINAC-Departamento de Aguas, deben seguir garantizando la conservación recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico de las áreas silvestres protegidas. Por último, no podemos terminar sin decir que las normas tanto de rango legal, como las de nivel convencional establecen un espíritu de protección a la biodiversidad que está dentro de las ASP y los sitios que son PNE, por ello, al agregarse un nuevo uso que permite sacar agua dentro esas áreas, desnaturaliza la figura de los sitios que hemos protegido y que son sumamente frágiles ambientalmente. Debe quedar claro, que las instituciones que hacen posible llevar agua a las comunidades bien pueden tomarla desde los inmuebles que están fuera de las ASP, o de los sitios que son PNE, pero sobre esto no se dice nada y es que ello es parte de hacer una ley sin estudios que justifiquen la necesidad de abrir sitios que deben mantenerse para las futuras generaciones de la mejor manera, donde se respete la biodiversidad y esto no quiere decir desde ningún punto de vista que violenten derechos humanos, pues como dijimos a la fecha no hay ningún estudio científico, exhaustivo que demuestre que el agua debe ser tomada de las ASP o de terrenos PNE.
20.- Por escrito presentado el 12 de diciembre de 2018, Mario Andrés Boza Loría, en su condición de Apoderado Generalísimo sin Limitación de Suma de The Leatherback Trust, se apersona al expediente y solicita una coadyuvancia. Señala que su representada es una organización sin fines de lucro, constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, cuyo objetivo es la protección de la baula y otras tortugas marinas, cuyo plazo de vigencia es perpetuo. Indica que la labor que realizan es tendiente a la conservación de los ecosistemas que de alguna manera inciden en el fin propuesto en sus estatutos. Manifiesta que su labor se ha desarrollado principalmente en el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, territorio que contiene además del área marina, importantes áreas boscosas como el Cerro Morro y otros, que sin duda se podrían verse afectados por la aplicación de la normativa impugnada, por lo que considera que le asiste un interés legítimo, ya que comparten el interés difuso que caracteriza el tema en cuestión. Asegura que la acción debe ser declarada con lugar, pues no existen estudios técnicos que respalden la medida adoptada aun cuando constituye una reducción del contenido esencial del área natural. Añade que no existe la realización de un estudio de impacto ambiental previo y mucho menos integral sobre todas las áreas constitutivas del patrimonio natural del Estado. Además, se autoriza al Ministerio de Ambiente tomar la decisión de si realiza o no la evaluación. Agrega que esa normativa también menoscaba la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía. Por último, señala que el artículo 18 bis excluye otras áreas protegidas diferentes a parques nacionales y reservas biológicas, lo anterior de la acreditación de que no existan otras fuentes disponibles de aprovechamiento. Concluye que al no solicitar el mismo requisito en las áreas de protección absoluta, se violenta el principio de constitucional de razonabilidad y proporcionalidad.
21.- Por escrito presentado el 13 de diciembre de 2018, Olga María Rodríguez Herrera, en su condición de Presidenta de la Promotora de Bienestar Animal, se apersona al expediente y solicita una coadyuvancia. Señala que la presente coadyuvancia activa encuentra su fundamento en los intereses difusos que emanan del tema y su vinculación con las normas 9, 50 y 89 constitucionales. Considera que la presente norma propicia una discriminación contra la población indígena respecto a su derecho a la gestión del recurso hídrico en los territorios protegidos. Advierte que en Costa Rica hay traslapes catastrales entre territorios indígenas y áreas silvestres protegidas y la ley no hace ninguna salvedad sobre estos territorios. Por ende, estima que la afirmación de que esta normativa no afecta territorios indígenas es totalmente falso, ya que el texto no excluye los territorios indígenas, por lo que es obligatorio hacer la consulta a los pueblos indígenas. Por último, manifiesta que existe un traslado de competencia de la Dirección de Aguas y el SINAC al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
22.- Mediante resolución de las 16:20 hrs. del 12 de diciembre de 2018, el Magistrado Presidente a.i. de esta Sala Constitucional le previno a la gestionante Nidia María Vargas Picado, cédula de identidad n° 2 0419 0709, quien dijo acudir en representación de la Asociación Administradora de Acueducto Rural de La Fortuna de San Carlos, que deberá aportar la personería jurídica vigente de dicha asociación, donde se acredite la condición que aduce ostentar con respecto a esa entidad.
23.- Por constancia del 20 de diciembre de 2018 emitida por el Secretario a.i. y la técnica judicial hicieron constar que la Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de la Fortuna de San Carlos no cumplió con la prevención realizada mediante resolución de las 16:20 hrs. del 12 de diciembre de 2018.
24.- Mediante resolución de las 08:59 hrs. del 21 de diciembre de 2018, la Magistrada Presidente a.i. de esta Sala Constitucional resolvió las solicitudes de coadyuvancias presentadas los días 18, 19 y 29 de octubre, 5, 6, 7, 19 y 29 de noviembre y 5 y 7 de diciembre, todos del 2018, y en los que se  solicitó ser tenidos como coadyuvantes activos por considerar que tienen interés legítimo, dado que esta acción se trata de la defensa de intereses difusos, por ser relativa al derecho a un ambiente sano. Así las cosas, la Presidencia de la Sala Constitucional aceptó las coadyuvancias, toda vez que la primera publicación del aviso se dio el 19 de noviembre de 2018. En consecuencia, se aceptaron como coadyuvantes a los siguientes personas: Mario Andrés Boza Loría, cédula de identidad 1-0297- 0932, Jorge Serendero Hülssner, cédula de residencia 115200011317, Juan Carlos Peralta Víquez, cédula de identidad 3-0229-0629, en su condición de Presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales del Cantón de San José, cédula jurídica 3-002-248601, Patricia Abadía Rodríguez, cédula de identidad 1-0490-0741, Marcela Aguilar Bruno, cédula de identidad 1- 0664-0129, Luis Diego Marín Schumacher, cédula de identidad 1-0753-0303, en su condición de Presidente de la Asociación Preserve Planet, cédula jurídica 3- 002-519830, Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, cédula de identidad 2-0254-0769, en su condición de Presidente de la Asociación Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, cédula jurídica 3-002-247987, Grigory Chaves Chaverri, cédula de identidad 1-873-910, Javier Rodríguez Fonseca, cédula de identidad 1-546-710, Roberto Molina Ugalde, cédula de identidad 5-195-152, en su condición de Secretario General Adjunto de la Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía e Instituciones Afines de Conservación, cédula jurídica 3-011-212127 y Mario Andrés Boza Loría, cédula de identidad 1-297-932, en su condición de apoderado generalísimo sin limitación de suma de The Leatherback Trust, cédula jurídica 3-013-292175, se apersonaron. Asimismo, se tiene como coadyuvante en este proceso a Nidia María Vargas Picado, cédula de identidad 2-0419-0709, en su condición individual y no como Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de La Fortuna de San Carlos. Por otro lado, la Presidencia de la Sala rechazó la coadyuvancia activa por extemporánea planteada por la gestionante Olga María Rodríguez Herrera, cédula de identidad 2-269-129, en su condición de Presidente de Promotora de Bienestar Animal. Asimismo, en esa resolución se indicó que “se tienen por contestadas las audiencias conferidas al Procurador General de la República, al Ministro de Ambiente y Energía, al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en la resolución de las 08:23 horas de 4 de octubre de 2018. Asimismo, se tiene por no contestada, la audiencia conferida en la misma resolución al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, en virtud que no consta en el Sistema de Gestión registro de documento alguno aportado por esa parte a fin de contestar la audiencia otorgada”. Por ende, se turno esta acción de inconstitucionalidad a la oficina que actualmente está bajo el cargo de la Magistrada Esquivel Rodríguez, a quien por turno corresponde el estudio de fondo de la misma.
25- Por escrito del 15 de marzo de 2019, Suzeth Espinoza Cruz, en su condición de Presidenta de la Asociación de Acueducto Rural de Buenos Aires, Sur Jiménez, presenta coadyuvancia pasiva y sostiene que es relevante reiterar a esta Sala Constitucional que, ante la falta de acceso de fuentes de agua para consumo humano, en ciertas zonas del país, como es el caso de la ASADA que represento, fue necesario que el AyA, en su rol rector, solicitara el criterio de la Procuraduría General de la República, siendo que respondió que el AyA no está legalmente autorizado a aprovechar el recurso hídrico para abastecimiento poblacional dentro de esas áreas, donde no rige el artículo 2°, inciso f, de la Ley 2726. Ante ello, la opción viable que propone y fue atendida, es una reforma a la Ley Forestal para realizar actividades de aprovechamiento de agua y construcción de infraestructuras en las áreas silvestres protegidas, cuando no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, iniciativa que fue acogida para su trámite por quince señores Diputados y señoras Diputadas y se materializó como Ley de la República en su votación en segundo debate en junio de 2018. En esta coyuntura, la Procuraduría General de la República emitió el Dictamen del 18 de mayo de 2018 C- 103-2018 y C-151-2018, dirigido a aclarar la aplicación del principio de primacía en la protección de los derechos fundamentales, específicamente el derecho de acceso al agua, por lo que no puede impedirse que el Instituto pueda realizar las obras de reparación y mantenimiento que sea necesario hacer en las obras de captación que ya existen en terrenos del patrimonio natural del Estado y que son indispensables para garantizar la continuidad del servicio público del agua, así como para asegurar que sea suministrada en calidad y cantidad suficientes para cumplir dicho derecho fundamental. En el Dictamen del 21 de junio de 2018, se indica que los terrenos boscosos propiedad de las instituciones públicas, pasan a integrar, de pleno derecho, el patrimonio natural del Estado, lo cierto es que dicha disposición no puede ser interpretada en el sentido de que haya despojado de su efecto útil a los artículos 50 y 18 de la Ley No. 2726, los cuales son normas que tienen una finalidad especial pero además vinculadas a la protección de un derecho fundamental — el acceso al agua— del mismo rango de protección que el derecho al medio ambiente, el cual es tutelado a través del numeral 13 de la Ley Forestal. La modificación impulsada en la Ley 9590, no pretende dañar el medio ambiente, ni impedir que se elaboren estudios técnicos necesarios para evitar el daño grave e irreversible al ambiente. Por el contrario, la reforma propuesta busca garantizar, que en todo tipo de actividad, obra o proyecto en que se haga uso, y que, por ende, pueda suscitarse una posible afectación o alteración al recurso hídrico, se haga un análisis integral de la situación. La modificación pretende que los proyectos de abastecimiento de agua potable son vitales para el presente del país y para poder solventar los grandes retos que se avecinan, en vista del crecimiento de la demanda de agua potable, del cambio en las condiciones climáticas y la complejidad que implica a partir del marco legal ambiental, aprovechar el recurso hídrico para brindar servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican en el Patrimonio Natural del Estado. Esta modificación contenida en la Ley 9590, procura que se valore en forma integral, el impacto global al ambiente, en todos los factores o acciones que caracterizan a la actividad, obra o proyecto de aprovechamiento del recurso hídrico. Con ello, se intenta que se haga un uso más eficiente de los escasos recursos y que se garantice que el recurso hídrico no vaya a ser dañado. En forma errónea, la acción de inconstitucionalidad planteada tiene su fundamento en una interpretación incompleta y fragmentada del cuerpo legal en comentario, siendo que la Ley No. 9590 de cita busca la protección y conservación del recurso hídrico, y un aprovechamiento sustentable de las fuentes de agua para consumo humano, solo con fundamento en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en los artículos 50 y 89 constitucionales. Para ello se plantea el requerimiento previo de la declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público, en específico para un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados prestadores de servicio público. Añade que, el Principio Precautorio, mediante el cual se establece una presunción en favor del ambiente, está contenida en la Ley de la República No. 9590 y se desprende de una lectura integral del mismo, de manera que en caso de requerir ingresar a un área de protección se debe cumplir con el procedimiento establecido en este cuerpo normativo, este principio se respeta. De la normativa cuestionada se deduce que cuando no exista certeza científica sobre los efectos negativos que una actuación pueda generar, se prohíba su realización, se le impongan limitaciones o se adopten medidas protectoras, enunciado en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad. Así, el Poder Ejecutivo vía reglamentaria, lo que pretende con la modificación en cuestión es que, con fundamento en estudios técnicos precisos, una determinada actividad o proyecto, no requiera los estudios de impacto ambiental, por una decisión debidamente motivada y fundamentada. No existe en la Ley cuestionada por los accionantes, inobservancia del principio de objetivación. Muy por el contrario, los elementos de juicio de conocimiento común no deben ser incorporados en el dictado de una ley a manera de fundamentación. En el presente asunto es claro que el Estado conoce y ha documentado la creciente insuficiencia de los recursos hídricos necesarios para el consumo humano, lo cual constituye la justificación última de la Ley promulgada. Adicionalmente, existe toda una institucionalidad informada, que permite un conocimiento amplio de las condiciones ecológicas de las zonas protegidas, sus equilibrios y ciclos de desarrollo ambiental. Naturalmente, resulta absurda la tesis de que cada proyecto a desarrollar en una zona protegida, requiere de una ley particular y específica, lo cual sería ni más ni menos que perpetuar la tensión existente entre el derecho humano a contar con el recurso agua, y la restricción de uso de este recurso en dichas zonas protegidas. O, dicho en otro modo, negar en los hechos la posibilidad de establecer mecanismos sociales institucionales para garantizar de manera oportuna, suficiente y sin menoscabo ecológico, el derecho humano al recurso hídrico. Tampoco existe en la Ley objetada, violación al principio de no regresión. Existe si una clara confusión en los accionantes con respecto de los alcances de la Ley. En efecto, la misma no permite la reducción de las zonas protegidas, el cambio de uso de suelo en los territorios de interés, y en ese tanto, tampoco debe generar obligación alguna de compensación de territorios, aunque las previsiones reglamentarias deberán observar lo necesario con el objeto de permitir y fomentar mecanismos de recuperación o compensación ambiental, cuando tal circunstancia sea necesaria. En la misma línea de razonamiento, debe considerarse que es en la planificación y ejecución de los proyectos concretos e indispensables para garantizar el acceso al recurso hídrico para consumo humano, cuando es posible verificar, de manera técnica y con arreglo y sujeción a la ciencia y a la técnica, el cumplimiento del principio de objetivación. De igual manera, debe considerarse con apego a la lógica más elemental, que la aplicación del principio precautorio e in dubio pro natura, no puede valorarse de manera abstracta, bajo la simple presunción de que habrá un cambio de uso de suelo, deterioro o cercenamiento territorial de zonas protegidas. Por el contrario, es de manera casuística como se debe dilucidar si existe afectación eventual en una zona protegida. La presunción de los accionantes, según la cual las actividades eco turísticas o de investigación, (que por cierto no protegen un derecho humano de tal entidad como el que está en juego para el acceso de las comunidades al agua de consumo humano y por lo tanto a un ambiente sano y equilibrado), son menos riesgosas que el uso del agua para consumo humano, carece de todo fundamento científico. En consecuencia, debe reiterarse que justamente lo que una previsión normativa general establece, es lo que en buena técnica legislativa corresponde. Así como la valoración de cada intervención en una zona protegida, es lo que permite verificar la no infracción a los principios precautorio e in dubio pro natura. Si se asume lo contrario, habría entonces que declarar inconstitucional también lo legislado para permitir actividades científicas o ecoturísticas en las mismas zonas protegidas, toda vez que podrían presumirse regresivas, peligrosas y no sustentadas en el principio de objetivación, dado que evidentemente nadie exigió un estudio nacional abstracto (y posiblemente inútil), para que se promulgaran las normas correspondientes. En razón de lo señalado atrás, resulta ocioso el análisis, en estos aspectos, de la eventual transgresión de normas o convenios internacionales vigentes, habida cuenta que no existe ni reducción, ni desafectación de las zonas protegidas en cuestión.
26.- Por escritos recibidos de forma extemporánea, los días 04, 08, 12, 16, 22, 25, 26, 30 de abril de 2019 y 02, 03 y 17 de mayo y 21 de agosto, todos de 2019, de forma separada, Jéssica Ramírez Fernández, quien aduce ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Pueblo Nuevo; Norberto Jiménez Otarola, quien sostiene ser Presidente de la Asociación Administrador de Gamalotillo 1; Miguel Corrales Sojo, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Guamural; William Quirós, quien afirma ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Naranjal; Juan Agustín Lara Lara, quien dice ser presidente de la Asociación del Acueducto del Asentamiento Manzanares de Dos Ríos de Upala, José Ángel Hernández Acosta, quien alega ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de San Isidro, Patricia Vargas Estrada, quien alega ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de Marsella, Ronald Gamboa Ávila, quien dice ostentar la calidad de Presidente de la Asociación Administrador del Acueducto Rural El Pavón, Eduardo Montano Guzmán, quien sostiene ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Santa Elena y las Nubes, Benjamín Ruíz Jiménez, quien afirma ser Presidente de la Asociación Administradora Acueducto Rural Los Santos (Upala), Ezequiel Ruiz Sequeira, quien dice ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de San Rafael de Guatuso, Luis Ángel Vásquez Castillo, quien señala ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de San Antonio (Cóbano), José Giovanni Bejarano Badilla, quien afirma ser Presidente de la Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Florida de Guatuso, Olger Eliecer Aguirre Rodríguez, quien dice ser Presidente de la Asociación de Acueducto y Alcantarillado Integrado Caño Castilla, Las Delicias y Escaleras de los Chiles, David Isaí Menjívar Moreno, quien afirma ostentar un cargo de Presidente de la Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado de Birmania, Dos Ríos, Upala, Armando Montero Arce, quien dice ser Presidente de la Asociación Administrador del Acueducto Los Llanos Santa Fe y la Gloria, Ana Gabriela Muñoz Mendoza, en su calidad de Presidenta de la Asociación Específica Administradora del Acueducto Integrado de El Carmen, Altamira y Colorado, Bioley, Buenos Aires, Roger Herrera Siles, Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de Alajuela, Orlando Rojas Rojas, quien afirma ostentar la calidad de Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de San Carlos, Zobeida Mendoza Rojas, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Drake de Playa Grande, Adrián Guzmán Cascante, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Vicente de Chiles de Puriscal, Ana Gabriela Muñoz Mendoza, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Específica Administradora del Acueducto de El Carmen, Altamira y Colorado, Biolley de Buenos Aires, Ana Vindas Elizondo, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Arenal de Chipres de Puriscal, Asdrúbal Herrera Zúñiga, quien manifiesta ser Presidente del Comité Administrador del Acueducto El Plantel del MOP de Chipres de Puriscal, Julián Villegas Pérez, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de Golfito, Cinthia Lineth Picado Mena, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de La Palma Jessica Ramírez Fernández, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Pueblo Nuevo de Chires de Puriscal, Miguel Corrales Sojo, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de Guamaral de Chires de Puriscal, Miguel Espinoza Quesada, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de San Ramón de Bagaces, Jorge Giovanni Bejarano, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de La Florida de Guatuso, Norberto Jiménez Otarola, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 1 de Chires de Puriscal, José Retana Jiménez, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 2 y 3 de Chires de Puriscal, William Quirós Salas, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural Naranjal de Chires de Puriscal, Luis Ángel Vásquez Catillo, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de San Antonio de Cóbano, Dos Aguas, Alto Reyes de los Chiles, Roger Herrera Siles, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de Alajuela; se apersonan a este expediente y solicitan que se les tenga como coadyuvantes pasivos, e indican que la Ley No. 9590 se tramitó con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable, el cual ha sido reconocido como derecho fundamental por esta Sala Constitucional. Dicen que esa la ley regula la forma de atención por parte de los entes autorizados prestadores de servicio público legalmente constituidos en el aprovechamiento del agua y el acceso a la misma en áreas consideradas como Patrimonio Natural del Estado, a fin de enfrentar los problemas de las fuentes afectadas por el cambio climático. Sostienen que la ley tiene su génesis en el dictamen No. C-134-2016 del 08 de junio de 2016 de la Procuraduría General de la República, que indican así concluyó: “(…) de lo expuesto se colige que AyA no está legalmente autorizado para aprovechar el recurso hídrico dentro de las áreas silvestres protegidas, de dominio público estatal, para abastecimiento poblacional, espacios donde no es aplicable el artículo 2°, inciso f, de la Ley 2726 de 1961. A fin de realizar ese aprovechamiento se requiere una ley expresa que amplíe las actividades permitidas en el Patrimonio Natural del Estado por el artículo 18 de la Ley Forestal, y fije los términos y condiciones”. Comentan que el sustento jurídico tiene como base varias sentencias de este Tribunal Constitucional que ordenan brindar servicios públicos de agua potable a comunidades en zonas rurales, pero se presenta el escenario de que muchas veces las únicas fuentes susceptibles de aprovechamiento se ubican en áreas silvestres protegidas. Indican que  por este motivo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados planteó la consulta ante la Procuraduría General de la República, sea con la referencia a la posibilidad de autorización de obras para captar dichas fuentes en esas áreas. Manifiesta que ante la falta de acceso de fuentes de agua para consumo humano en ciertas zonas del país, como es el caso de la ASADA que dicen representar, fue necesario que el ICAA en su rol de rector haya requerido criterio de la PGR, quien respondió que el ICAA no está legalmente autorizado a aprovechar el recurso hídrico para abastecimiento poblacional dentro de esas áreas, en donde no rige el artículo 2° inciso f) de la Ley No. 2726. Ante ello, la opción viable que propone y fue atendida era una reforma a la Ley Forestal para realizar actividades de aprovechamiento de agua y construcción de infraestructura en las áreas silvestres protegidas, cuando no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, iniciativa que fue acogido por quince diputados y diputadas, que terminó materializándose como ley de la República en segundo debate. Argumentan que a propósito de la coyuntura, la PGR emitió dos dictámenes, sea el C-103-2018 y C-151-2018 dirigido a aclarar la aplicación del principio de primacía en la protección de los servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican En esta coyuntura, la Procuraduría General de la República emitido el Dictamen del 18 de mayo de 2018 C- 103-2018, C-151-2018, dirigido a aclarar la aplicación del principio de primacía en la protección de los derechos fundamentales, específicamente el derecho de acceso al agua, por lo que no puede impedirse que el Instituto pueda realizar las obras de reparación y mantenimiento que sea necesario hacer en las obras de captación que ya existen en terrenos del patrimonio natural del Estado y que son indispensables para garantizar la continuidad del servicio público del agua, así como para asegurar que sea suministrada en calidad y cantidad suficientes para cumplir dicho derecho fundamental. El Dictamen del 21 de junio de 2018 los terrenos boscosos propiedad de las instituciones públicas, pasen a integrar, de pleno derecho, el patrimonio natural del Estado, lo cierto es que dicha disposición no puede ser interpretada en el sentido de que haya despojado de su efecto útil a los artículos 5° y 18 de la Ley No. 2726, los cuales son normas que tienen una finalidad especial pero además vinculadas a la protección de un derecho fundamental – el acceso al agua– del mismo rango de protección que el derecho al medio ambiente, el cual es tutelado a través del numeral 13 de la Ley Forestal. La modificación impulsada en la Ley 9590, no pretende dañar el medio ambiente, ni impedir que se elaboren estudios técnicos necesarios para evitar el daño grave e irreversible al ambiente. Por el contrario, la reforma propuesta busca garantizar, que en todo tipo de actividad, obra o proyecto en que se haga uso, y que, por ende, pueda suscitarse una posible afectación o alteración al recurso hídrico, se haga un análisis integral de la situación. La modificación pretende que los proyectos de abastecimiento de agua potable son vitales para el presente del país y para poder solventar los grandes retos que se avecinan, en vista del crecimiento de la demanda de agua potable, del cambio en las condiciones climáticas y la complejidad que implica a partir del marco legal ambiental, aprovechar el recurso hídrico para brindar servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican en el Patrimonio Natural del Estado. Esta modificación contenida en la Ley 9590, procura que se valore en forma integral, el impacto global al ambiente, en todos los factores o acciones que caracterizan a la actividad, obra o proyecto de aprovechamiento del recurso hídrico. Con ello, se intenta que se haga un uso más eficiente de los escasos recursos y que se garantice que el recurso hídrico no vaya a ser dañado. En forma errónea, la acción de inconstitucionalidad planteada tiene su fundamento en una interpretación incompleta y fragmentada del cuerpo legal en comentario, siendo que la Ley No. 9590 de cita busca la protección y conservación del recurso hídrico, y un aprovechamiento sustentable de las fuentes de agua para consumo humano, solo con fundamento en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en los artículos 50 y 89 constitucionales. Para ello se plantea el requerimiento previo de la declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público, en específico para un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados prestadores de servicio público Añaden que, el Principio Precautorio, mediante el cual se establece una presunción en favor del ambiente, está contenida en la Ley de la República No. 9590 y se desprende de una lectura integral del mismo, de manera que en casos de requerir ingresar a un área de protección se debe cumplir con el procedimiento establecido en este cuerpo normativo, este principio se respeta. De la normativa cuestionada se deduce que cuando no exista certeza científica sobre los efectos negativos que una actuación pueda generar, se prohíba su realización, se le impongan limitaciones o se adopten medidas protectoras, enunciado en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad. Así, el Poder Ejecutivo vía reglamentaria, lo que pretende con la modificación en cuestión, es que con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto, no requiera los estudios de impacto ambiental, por una decisión debidamente motivada y fundamentada.
27.- El 26 de abril de 2019, de forma extemporánea, Ronald Salmerón Molina, quien dice ser Presidente de la ASADA de Chilamate de Sarapiquí, Rafael Murillo Murillo, quien afirma ser Presidente de la ASADA de Horquetas, Rebeca Alemán Ramírez, quien dice ser Presidenta de la ASADA de Tapvientos, Fincas 2, Josué Campos Mejías, quien sostiene ser Administrador de la ASADA Integrada de Sarapiquí, Henry González Herrera, quien afirma ser Administrador de la ASADA de San Ramón de Sarapiquí, Margarita Hernández Salazar, quien dice venir en representanción de la ASADA Finca 5, Ricardo González Murillo, quien afirma acudir como representante de la ASADA Pablo Presbere, Rafael Baltodano Baltodano, quien dice venir en representación de la ASADA Huetares, Rosney Villalobos Zamora, quien afirma ser representante de la ASADA La Llorona, asimismo, se presenta Hellen Sánchez Álvarez, quien dice acudir en representante de la ASADA San Bernardino y Orlando Amador Mendoza, quien afirma ser representante de la ASADA Colonia San José, que acuden a esta Sala a manifestar su “apoyo” a favor del proyecto de ley No. 20447, con el objetivo de que los acueductos del país puedan captar agua potable para brindar el servicio a los usuarios de las diferentes comunidades.
28.- Por escrito del 21 de mayo de 2019, Yamileth Astorga Espeleta, en su condición de Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, presenta una adición al informe presentado en este asunto y señala que la protección de los derechos fundamentales tiene un carácter sistémico e integral, por lo que los derechos humanos no pueden ser considerados aisladamente, sino a partir de una interacción que tiene como objetivo último la protección del ser humano. Afirma que este principio de integridad supone que necesariamente la protección del medio ambiente como derecho humano no puede estar disociada de la satisfacción de otros derechos humanos de similar o mayor jerarquía como la vida humana. Manifiesta que este principio ha sido ampliamente tutelado en los últimos lustros por instrumentos y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, como por ejemplo la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del 2000. Asegura que existe la necesidad de satisfacer el fin último del sistema de derechos fundamentales, como sería la vida humana y el bienestar de las personas. Asimismo, señala una serie de ejemplos que demuestran una tendencia internacional que concilia la protección del medio ambiente y la satisfacción del derecho humano al agua y la vida, siendo que buscan el aprovechamiento del recurso hídrico en zonas protegidas. Indica, como ejemplo, que una tercera parte de las 100 ciudades más grandes del mundo, incluidas Yakarta, Dar Es Salaam, Nueva Yor y Sidney dependen de áreas protegidas para una recibir una parte sustancial del suministro de agua doméstica. De esta forma, reitera la importancia de poder garantizar de manera efectiva el derecho humano de acceso al agua potable para los habitantes del país.
29.- Por escrito del 21 de agosto de 2019, Yamileth Astorga Espeleta, en su condición de Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, señala que resulta de evidente importancia y necesidad para el país, que este proceso sometido a su análisis sea resuelto a la mayor brevedad, a fin de poder enfrentar el déficit de oferta hídrica para el abastecimiento de agua potable, tanto en el área de cobertura del acueducto metropolitano y sus zonas aledañas, así como para el resto del país, incluyendo comunidades alejadas y en condiciones vulnerables. Aclara que este proyecto tiene programada su entrada en operación para el año 2025, por lo que su retraso o no ejecución, mantendría y aumentaría condiciones de desabastecimiento muy serias, con afectación muy importante en la calidad de vida y desarrollo de los habitantes de la GAM y sus zonas aledañas. Indica que este Instituto ha manifestado en diversas oportunidades e instancias, que la conservación del recurso hídrico es fundamental, ligado a un aprovechamiento racional y sostenible que le permita al Estado a través de sus Instituciones, garantizar la protección y ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable, así como del derecho de goce de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que no se vislumbra un perjuicio en la protección ambiental o una afectación a su tutela, al permitir el aprovechamiento controlado de fuentes en áreas creadas para fines ambientales. REitera la urgencia y necesidad de brindar respuesta a la acción presentada contra la Ley, a fin de poder garantizar de manera efectiva el derecho humano de acceso al agua potable segura para los habitantes del país.
30.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 214, 215 y 216 del Boletín Judicial, de los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2018.
31.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
32.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.




         Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,



Considerando:
I.- Sobre la admisibilidad de la acción y legitimación del accionante. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda conocer el fondo de la impugnación. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contiene los presupuestos de admisibilidad para las acciones  de inconstitucionalidad, y regula tres situaciones distintas. En el párrafo primero, exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial -en el que se incluyen los recursos de hábeas corpus o de amparo-, o en la administrativa, únicamente en el procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. Por su parte, en los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa, aquella que no requiere de asunto base, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) cuando se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto y, c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes en asuntos  de su competencia. En este sentido la Sala ha expresado:
“Esta Sala respecto a la legitimación para interponer una acción de inconstitucionalidad ha considerado que el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos de excepción previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, que por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o sea presentada por el Procurador General de la Republica o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. A partir de lo antes dicho, se tiene que la regla general apunta a la necesidad de contar con un asunto previo, siendo excepcionales las posibilidades de acudir a la Sala Constitucionales forma directa.” (Sentencia de la Sala Constitucional No.  13-778-04)


Ahora bien, en el presente caso, según lo señalado en la resolución de curso de las 08:23 horas del 04 de octubre de 2018, los accionantes fundamentan su legitimación en dos situaciones. En cuanto al primer punto, la legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad tiene su origen en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando establece los presupuestos de legitimación como el de los intereses difusos. Al respecto, este Tribunal ha indicado lo siguiente:
“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres)
"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación – como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (véase la sentencia No. 2007-01145).
Según lo indicado, la Sala ha admitido dentro de los supuestos de legitimación de los intereses difusos, la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado o la defensa de la zona marítimo terrestre, ambos derivados del artículo 50 constitucional, en la forma de su uso y disfrute de toda la población actual o potencial que es, precisamente, lo que las partes discuten con la impugnación de la “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado”, Ley No. 9590 de 3 de julio de 2018. Por consiguiente, la Sala tiene por bien admitida la acción por el aspecto señalado.
Asimismo, como segundo punto de legitimación, esta acción también es admisible debido que los accionantes igualmente se apersonan en  defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, en asuntos análogos al presente, esta Sala ya ha admitido la legitimación directa para formular acción de inconstitucionalidad, al tenor de lo previsto en el citado artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, párrafo segundo, en tanto que el interés que detentan los accionantes y que los legitima para interponer esta acción de inconstitucionalidad es el referido interés corporativo o que atañe a esa colectividad jurídicamente organizada (véase, entre otras, la  sentencia número  2000-11530 de las 14:43 horas del 21 de diciembre de 2000 y la sentencia número 2011012975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011). En este sentido, al igual que lo manifestado en el párrafo anterior, este Tribunal también tiene por admitida esta acción al velar por la defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los derechos de los pueblos indígenas.
Finalmente, la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige el cumplimiento  de  ciertas  formalidades importantes que constituyen requisitos de admisibilidad cuyo cumplimiento es necesario para poder analizar la acción por el fondo. Algunos de esos requisitos son una adecuada fundamentación de los motivos de inconstitucionalidad con cita  concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos (artículo 78), la firma de quienes interponen la acción debidamente autenticada por un profesional en Derecho (artículo 78 ), la acreditación de las condiciones de  legitimación (poderes y certificaciones), y la certificación literal del libelo donde se hizo la reserva de inconstitucionalidad en el asunto previo (artículo 79) (véase la sentencia número 2013-010540 de las 15:50 horas del 07 de agosto de 2013).
En síntesis, la acción cumple los requisitos dispuestos en la normativa vigente, concretamente responde a la defensa de intereses difusos y colectivos, además de ajustarse a las demás formalidades exigidas por la Ley de la Jurisdicción constitucional, razón por la que procede su admisión, y la misma deberá discutirse por el fondo, como corresponde.
II.- Sobre las coadyuvancias activas y pasivas. El artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece:
“En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de esta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa”.
Al respecto, en el presente asunto, la Magistrada Presidente a.i., mediante resolución de las 08:59 hrs. del 21 de diciembre de 2018, la resolvió las solicitudes de coadyuvancias presentadas los días 18, 19 y 29 de octubre, 5, 6, 7, 19 y 29 de noviembre y 5 y 7 de diciembre, todos del 2018, y en los que se  solicitó ser tenidos como coadyuvantes activos por considerar que tienen interés legítimo, dado que esta acción se trata de la defensa de intereses difusos, por ser relativa al derecho a un ambiente sano. Así las cosas, la Presidencia de la Sala Constitucional aceptó las coadyuvancias, toda vez que la primera publicación del aviso se dio el 19 de noviembre de 2018. En consecuencia, se aceptaron como coadyuvantes a los siguientes personas: Mario Andrés Boza Loría, cédula de identidad 1-0297- 0932, Jorge Serendero Hülssner, cédula de residencia 115200011317, Juan Carlos Peralta Víquez, cédula de identidad 3-0229-0629, en su condición de Presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales del Cantón de San José, cédula jurídica 3-002-248601, Patricia Abadía Rodríguez, cédula de identidad 1-0490-0741, Marcela Aguilar Bruno, cédula de identidad 1- 0664-0129, Luis Diego Marín Schumacher, cédula de identidad 1-0753-0303, en su condición de Presidente de la Asociación Preserve Planet, cédula jurídica 3- 002-519830, Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, cédula de identidad 2-0254-0769, en su condición de Presidente de la Asociación Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, cédula jurídica 3-002-247987, Grigory Chaves Chaverri, cédula de identidad 1-873-910, Javier Rodríguez Fonseca, cédula de identidad 1-546-710, Roberto Molina Ugalde, cédula de identidad 5-195-152, en su condición de Secretario General Adjunto de la Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía e Instituciones Afines de Conservación, cédula jurídica 3-011-212127 y Mario Andrés Boza Loría, cédula de identidad 1-297-932, en su condición de apoderado generalísimo sin limitación de suma de The Leatherback Trust, cédula jurídica 3-013-292175, se apersonaron. Asimismo, se tiene como coadyuvante en este proceso a Nidia María Vargas Picado, cédula de identidad 2-0419-0709, en su condición individual y no como Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de La Fortuna de San Carlos. Por otro lado, la Presidencia de la Sala rechazó la coadyuvancia activa por extemporánea planteada por la gestionante Olga María Rodríguez Herrera, cédula de identidad 2-269-129, en su condición de Presidente de Promotora de Bienestar Animal. Ahora bien, respecto a las coadyuvancias presentadas posterior a esa resolución, se tiene por demostrado que las mismas fueron presentadas varios meses después de la primera publicación, por lo que éstas serían extemporáneas. De esta manera, se rechazan las siguientes coadyuvancias por la razón expuesta: escrito recibidos los días del 15 de marzo de 2019, 04, 08, 12, 16, 22, 25, 26, 30 de abril de 2019 y 02, 03 y 17 de mayo y 21 de agosto, todos de 2019, los cuales corresponden respectivamente a Suzeth Espinoza Cruz, quien indica ser Presidenta de la Asociación de Acueducto Rural de Buenos Aires, Sur Jiménez, Jéssica Ramírez Fernández, quien aduce ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Pueblo Nuevo; Norberto Jiménez Otarola, quien sostiene ser Presidente de la Asociación Administrador de Gamalotillo 1; Miguel Corrales Sojo, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Guamural; William Quirós, quien afirma ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Naranjal; Juan Agustín Lara Lara, quien dice ser presidente de la Asociación del Acueducto del Asentamiento Manzanares de Dos Ríos de Upala, José Ángel Hernández Acosta, quien alega ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de San Isidro, Patricia Vargas Estrada, quien alega ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de Marsella, Ronald Gamboa Ávila, quien dice ostentar la calidad de Presidente de la Asociación Administrador del Acueducto Rural El Pavón, Eduardo Montano Guzmán, quien sostiene ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Santa Elena y las Nubes, Benjamín Ruíz Jiménez, quien afirma ser Presidente de la Asociación Administradora Acueducto Rural Los Santos (Upala), Ezequiel Ruiz Sequeira, quien dice ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de San Rafael de Guatuso, Luis Ángel Vásquez Castillo, quien señala ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de San Antonio (Cóbano), José Giovanni Bejarano Badilla, quien afirma ser Presidente de la Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Florida de Guatuso, Olger Eliecer Aguirre Rodríguez, quien dice ser Presidente de la Asociación de Acueducto y Alcantarillado Integrado Caño Castilla, Las Delicias y Escaleras de los Chiles, David Isaí Menjívar Moreno, quien afirma ostentar un cargo de Presidente de la Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado de Birmania, Dos Ríos, Upala, Armando Montero Arce, quien dice ser Presidente de la Asociación Administrador del Acueducto Los Llanos Santa Fe y la Gloria, Ana Gabriela Muñoz Mendoza, en su calidad de Presidenta de la Asociación Específica Administradora del Acueducto Integrado de El Carmen, Altamira y Colorado, Bioley, Buenos Aires, Roger Herrera Siles, Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de Alajuela, Orlando Rojas Rojas, quien afirma ostentar la calidad de Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de San Carlos, Zobeida Mendoza Rojas, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Drake de Playa Grande, Adrián Guzmán Cascante, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Vicente de Chiles de Puriscal, Ana Gabriela Muñoz Mendoza, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Específica Administradora del Acueducto de El Carmen, Altamira y Colorado, Biolley de Buenos Aires, Ana Vindas Elizondo, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Arenal de Chipres de Puriscal, Asdrúbal Herrera Zúñiga, quien manifiesta ser Presidente del Comité Administrador del Acueducto El Plantel del MOP de Chipres de Puriscal, Julián Villegas Pérez, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de Golfito, Cinthia Lineth Picado Mena, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de La Palma Jessica Ramírez Fernández, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Pueblo Nuevo de Chires de Puriscal, Miguel Corrales Sojo, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de Guamaral de Chires de Puriscal, Miguel Espinoza Quesada, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de San Ramón de Bagaces, Jorge Giovanni Bejarano, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de La Florida de Guatuso, Norberto Jiménez Otarola, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 1 de Chires de Puriscal, José Retana Jiménez, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 2 y 3 de Chires de Puriscal, William Quirós Salas, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural Naranjal de Chires de Puriscal, Luis Ángel Vásquez Catillo, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de San Antonio de Cóbano, Dos Aguas, Alto Reyes de los Chiles, y Roger Herrera Siles, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de Alajuela. Igualmente, por la misma razón, se rechaza el escrito recibido el 26 de abril de 2019 por parte de Ronald Salmerón Molina, quien dice ser Presidente de la ASADA de Chilamate de Sarapiquí, Rafael Murillo Murillo, quien afirma ser Presidente de la ASADA de Horquetas, Rebeca Alemán Ramírez, quien dice ser Presidenta de la ASADA de Tapvientos, Fincas 2, Josué Campos Mejías, quien sostiene ser Administrador de la ASADA Integrada de Sarapiquí, Henry González Herrera, quien afirma ser Administrador de la ASADA de San Ramón de Sarapiquí, Margarita Hernández Salazar, quien dice venir en representanción de la ASADA Finca 5, Ricardo González Murillo, quien afirma acudir como representante de la ASADA Pablo Presbere, Rafael Baltodano Baltodano, quien dice venir en representación de la ASADA Huetares, Rosney Villalobos Zamora, quien afirma ser representante de la ASADA La Llorona, asimismo, se presenta Hellen Sánchez Álvarez, quien dice acudir en representante de la ASADA San Bernardino y Orlando Amador Mendoza, quien afirma ser representante de la ASADA Colonia San José

III.- Objeto de la acción. En términos generales, los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la ley No. 9590 de 3 de julio de 2018 denominada “Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado”. Lo anterior,  por estimarla contraria a lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 89 de la Constitución Política, a los principios precautorio, de objetivación y de no regresión en materia ambiental, a lo señalado en el numeral 5 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, en el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales del Sistema de Integración Centroamericana, en los ordinales 4 y 5 de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en los artículos 2.5 y 4.2 de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), en el ordinal 6.1.a. del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en los artículos 8.1, 25 y 32.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

IV.- Normativa impugnada. Como se mencionó en el considerando anterior, en la presente acción de inconstitucionalidad se cuestiona la totalidad de la ley No. 9590 de 3 de julio de 2018 denominada “Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado” , por considerarse que violentan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la autonomía de los pueblos indígenas. Así, en esa normativa se dispone lo siguiente:

“ ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 18 de la Ley N.º 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996. El texto es el siguiente:

Artículo 18- Autorización de labores. En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el ministro de Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 2- Se adiciona el artículo 18 bis a la Ley N.º 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996. El texto es el siguiente:

Artículo 18 bis Aprovechamiento de agua para abastecimiento de poblaciones. El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) podrá autorizar el aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras de sistemas de abastecimiento de agua, en inmuebles que integran el patrimonio natural del Estado, previa declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público, en específico para un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados prestadores de servicio público, que a continuación se detallan:

a) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

b) Las municipalidades que aún prestan el servicio público de agua potable por la Ley N.º 1634, Ley General de Agua, de 18 de setiembre de 1953.

c) La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

d) Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asadas), entidades conformadas por usuarios, debidamente constituidas para ese fin e inscritas con ajuste a la Ley N.º 218, Ley de Asociaciones, de 8 de agosto de 1939, pueden administrar y operar el sistema de acueducto de su comunidad mediante un convenio de delegación suscrito con el ICAA.

Todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.º 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos.

En el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Asimismo, los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, y las actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

Se autoriza a los entes prestadores indicados en este artículo para que realicen actividades del aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias para el sistema de abastecimiento poblacional para consumo humano, en los terrenos patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestador del servicio público de abastecimiento poblacional para consumo humano, con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de este servicio a las futuras generaciones. En estos casos, no será necesario el trámite de autorización ante el Minae, pero los entes prestadores deberán cumplir con los demás requisitos establecidos en este artículo y en la normativa nacional. Los entes prestadores continuarán administrando estos terrenos, que en los demás aspectos seguirán sujetos a las condiciones, limitaciones y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según lo dispuesto en esta ley .

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso y aprovechamiento sostenible. El monitoreo de este le corresponderá al Minae.

En forma anual, el ente autorizado prestador del servicio público para el abastecimiento poblacional autorizado deberá presentar, ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Dirección de Aguas, el informe de los resultados de los aforos, dada la naturaleza y la fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas.

ARTÍCULO 3- Se adiciona el artículo 52 bis a la Ley N.º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. El texto es el siguiente:

Artículo 52 bis.-Zonas protectoras. Las zonas protectoras son áreas silvestres protegidas, cuyos objetivos principales son la regulación del régimen hidrológico y la protección del suelo y las cuencas hidrográficas, así como la preservación de las áreas de recarga acuífera y las fuentes de agua y la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras generaciones”.

V.- Sobre la metodología de análisis de la acción.- Para facilitar el estudio de la normativa impugnada, antes de analizar cada uno de los argumentos expuestos por los accionantes, se procederá a realizar un estudio pormenorizado de ciertas cuestiones relevantes, como serían el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la normativa ambiental internacional, los principios constitucionales ambientales, la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental, la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía, así como la necesaria coordinación de las diferentes instituciones en materia ambiental y, por último, la existencia de un derecho fundamental al agua y la rectoría del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Lo anterior, para posteriormente analizar con detalle los reclamos de los accionantes.
VI.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.- Ha sido ampliamente reconocido por este Tribunal Constitucional el deber de protección que merece el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y armonioso, consagrado en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. En este sentido, esta Sala mencionó que “con la reforma del artículo 50 de la Constitución Política mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se consagró en forma expresa en el Texto Fundamental el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual previamente había sido reconocido por este Tribunal ambiente como un derecho  fundamental – en particular pueden consultarse las sentencias número 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94– al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política. Sin embargo, en la norma constitucional la tutela del ambiente se reconoce en una doble dimensión, primero, como un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y, en ese sentido es individualizable (nacional, extranjero, mayor de edad o menor, incapaz, persona física o jurídica), por cuanto su defensa atañe a la colectividad en su conjunto (no sólo a los nacionales, sino de toda la colectividad mundial); y segundo, como una verdadera potestad pública , que como tal, se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acci ón de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental. Así,  se establece una verdadera obligación del Estado de proteger el ambiente, mediante los mecanismos (actuaciones formales y materiales, disposiciones legales y reglamentarias) que se traduzcan en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida del ser humano, con lo cual se desbordan los criterios de conservación natural, para ubicarse dentro de toda la esfera en que se desarrolla la persona que facilite su desarrollo integral – físico, psíquico, mental –. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera manifestación en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos, y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad (…)” (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007).
Asimismo, en otra sentencia, específicamente la número 2012-13367, este Tribunal indicó lo siguiente:
“Si analizamos de forma somera la estructura del artículo 50 constitucional, nos percatamos de que establece como fin fundamental y valor esencial del Estado costarricense procurar “el mayor bienestar a todos los habitantes del país”. De tal manera que esta finalidad y bien jurídico esencial, es la fuente y a la vez condiciona y sirve de contexto, fin y límite al ejercicio de las grandes potestades que el primer párrafo señala: la de organización y estímulo de la producción por un lado y la de reparto de la riqueza por el otro. Los siguientes dos párrafos forman parte de la estructura de la norma, de manera que el “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” forma parte del contenido del mayor bienestar de todos los habitantes. De tal manera que el “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” es causa, fin y también condición y límite del ejercicio de las potestades y competencias públicas, no solo de las señaladas en el párrafo primero, sino también de las indicadas en el tercero (garantizar, defender, preservar, determinar las responsabilidades y sanciones), y de la potestad legislativa en general, siempre que el legislador con sus decisiones pueda impactar en el ambiente. Al igual que el derecho de propiedad, el objeto sobre el que recae el derecho al ambiente es externo a la integridad de la persona humana (a diferencia por ejemplo del derecho a la vida), pero también diferente a lo que sucede con el objeto del derecho de propiedad, la persona forma parte del Ambiente, lo integra, de allí que su protección, supone la conservación del contexto esencial para la vida humana y por el contrario, una conducta con efectos negativos sobre él, supone un peligro para la propia existencia humana y una reducción o pérdida del “mayor bienestar” de todos. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado que “el ser humano no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su bienestar guarda inmediata relación con la naturaleza que le rodea. Esa interdependencia entre el ser humano y la naturaleza comprende aspectos que exceden la mera preservación de recursos para garantizar el desarrollo económico de la sociedad humana. En realidad, la interacción “naturaleza-ser humano” conforma un fenómeno unitario, un proceso único de influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su propia supervivencia.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 2012-004620). El “ambiente” objeto del derecho fundamental, no es la suma o yuxtaposición de recursos, más bien se refiere a las interrelaciones y equilibrios, a la idea de sistema. La ecología como ciencia nos enseña que la naturaleza debe ser concebida como un sistema. La naturaleza consiste en las relaciones de los organismos con el mundo exterior en la lucha por su existencia. En lugar determinado se da una biocenosis (vida común) o comunidad de vida, que involucra un cierto número de especies e individuos que se influyen mutuamente. Lo que la caracteriza es su nivel de integración que hace que tengan su propia forma de regulación, toda modificación de uno de los factores determinantes de esta, provocará modificaciones en los otros, esto puede suceder por razones naturales o por la intervención del hombre. Así que en la comunidad se da un cierto orden que trae un resultado beneficioso para cada especie, porque genera la productividad y estabilidad máxima del conjunto. Como todo sistema se caracteriza no solo por la interacción entre sus elementos, sino también porque produce un resultado global o general relativo a todo el sistema: su propia existencia, que es lo que podemos llamar equilibrio dinámico, comprendido dentro del concepto de “equilibrio” que exige la Constitución. Existe una conexión umbilical entre la vida y el ambiente hasta el extremo de constituir un único sistema. La vida depende del ambiente, por tanto, debe velar para que esas condiciones que garantizan la vida, se mantengan en el tiempo; para ello, la Constitución exige que las medidas de cualquier índole deben desarrollarse de manera que respeten las leyes naturales que informan los ecosistemas independientemente del modelo de desarrollo que se adopte, al respecto:

“La Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos naturales y su medio para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales. Por otro lado, las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 601-2009).

En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país” (…) (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

VII.- Sobre la normativa ambiental internacional. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el considerando anterior, es menester señalar que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado también encuentra su sustento en la normativa internacional. Por consiguiente, se procederá a precisar algunos de ellos relevantes para el presente asunto:

- El artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, aprobado por Ley No. 7907 de 3 de setiembre de 1999 que señala que “ 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.  2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

- El párrafo tercero del artículo 3 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Ley No. 7414 del 13 de junio de 1994), indica que los Estados partes deben “tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos”.

- El artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley No. 7416 de 30 de junio de 1994), establece como deber del Estado el administrar los recursos “importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación” (inciso c),  y promover “la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales” (inciso d).

- El artículo 5 de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (Ley No. 5980 de 16 de noviembre de 1976), obliga a adoptar medidas jurídicas adecuadas para la protección y conservación del patrimonio natural (inciso d).

- El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central (Ley No. 7433 de 14 de setiembre de 1994), menciona la obligación estatal de tomar “todas las medidas posibles para asegurar la conservación de la biodiversidad” (artículo 10) ; entre éstas, las “que contribuyan a conservar los hábitats naturales y sus poblaciones de especies naturales” (artículo 13, inciso c) ; y de priorizar la conservación de la biodiversidad en sus estrategias de desarrollo (artículo 14 ).

- El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales (Ley No. 7572 del 1° de febrero de 1996), hace énfasis en el compromiso del Estado de propiciar que los suelos se utilicen en concordancia con su mejor aptitud; priorizar la rehabilitación de bosques degradados y secundarios y detener o disminuir la presión para la conversión del bosque natural primario a otros usos del suelo (artículo 3, incisos b) y c)”.

VIII.- Sobre los principios constitucionales ambientales. Siguiendo la línea argumentativa acerca del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrando, podemos constatar la existencia de una serie de principios sobre el ambiente y que han sido ampliamente desarrollados por este Tribunal. Así, la acción del Estado para garantizar la efectiva tutela ambiental está condicionada por los principios constitucionales ambientales, los cuales coadyuvan a determinar el contenido del derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007). Entre los principios constitucionales ambientales desarrollados por esta Cámara Constitucional y que son relevantes para el análisis de este caso, encontramos los siguientes:

1. De la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: Este principio se deriva de lo indicado en el numeral 50 constitucional al establecer la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante de la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (véase la sentencia número 0644-99 de las 11:24 horas del 29 de enero de 1999 y reiterada en la sentencia número 2002-4947 de las 09:24 horas del 24 de mayo de 2002).

2. Principio precautorio o principio de la evitación prudente : Este concepto ha sido desarrollado en las número 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 y 2005-12039, entre otras, de este Tribunal, que se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible – o una duda objetiva al respecto– , se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Asimismo, el principio precautorio aplica cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo. Por el contrario, el principio de prevención o preventivo aplica en aquellos casos en que existe evidencia científica de que la medida va a causar daños al ambiente. En este segundo caso, la información disponible puede ser suficiente o insuficiente, pero con la que existe, se alcanza un grado de certeza sobre los impactos negativos que la medida va a provocar sobre el ambiente. La diferencia entre uno y otro está en la existencia o no de certeza científica sobre los posibles riesgos o lesiones al ambiente (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

En síntesis, este principio, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política y artículo 15 de la Convención de Río, ya mencionados, obliga a la Administración a adoptar las medidas necesarias para dar cabal protección al ambiente, y evitar daños que son irreversibles.

3. Principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El primero ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Asimismo, del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. Este principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). De esta forma, encontramos relación entre el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, pues, como ha indicado este Tribunal en la sentencia número 7294-1998, “el principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente”.

En síntesis, conforme a estos principios, está prohibido para el Estado tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales, en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

4. Principios de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica . Este principio, el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005 de las 14:52 horas del 29 de octubre de 2005, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general – legales y reglamentarias –, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la  técnica", elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación – en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública–. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos – tales como los estudios de impacto ambiental– , se evidencia un criterio técnico objetivo que denote, o la viabilidad ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura).

5. Principios de uso racional de los recursos naturales. Este axioma exige que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente y con el artículo 69 constitucional, del cual se deriva el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo tanto a los particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012). De esta forma, con fundamento en este principio, es que este Tribunal – en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio” (véase la sentencia número 6322-2003 de las 14:14 horas del 03 de julio de 2003). Sin embargo, es necesario aclarar que, según la jurisprudencia de esta Sala, el derecho al ambiente no puede ceder ante consideraciones de índole económico, por tratarse de un derecho no patrimonial y de indudable importancia no solo para los habitantes del país actualmente, sino también para los sucesivos (véase la sentencia número 1887-1995 de las 09:15 horas del 07 de abril de 1995).

Igualmente, en este principio también encontramos relación con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, ya que, la exigencia del uso racional de los recursos naturales está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta – administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, por ejemplo véase la sentencia número 2410-2007 de las 10:15 horas del 21 de febrero de 2007- en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente, a través de su “uso adecuado”; y en virtud de los cuales, como se mencionó, queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras.

En síntesis, la Administración debe propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente ni el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras, así como tampoco ceder ante consideraciones de índole económico.

IX.- Sobre la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental. Ahora bien, con fundamento en los principios explicados en el considerando anterior, podemos afirmar que el Estado tiene la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental y la evaluación de impacto ambiental. Al respecto, esta Sala, en la sentencia número 2008-15315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008, ha establecido la necesidad de que determinadas actividades cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada. Esto debido a que tal procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente. En este sentido esta Cámara Constitucional, en la sentencia número 2005-05544 de las 15:38 horas del 10 de mayo de 2005, señaló:
“ VI.- El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (…) De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado. Debe hacerse especial énfasis en que será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del estudio de impacto ambiental, no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias”.
Asimismo, este Tribunal también indicó lo siguiente:
“(…) El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir – a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente” (véase la sentencia número 2001-6503 de las 09:26 horas del 06 de julio de 2001).
En síntesis, según lo señalado por los principios constitucionales en materia ambiental, la exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente. Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).
X.- Sobre la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía, así como la necesaria coordinación de las diferentes instituciones en materia ambiental.- En el considerando anterior se afirmó que las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales. Por consiguiente, en el presente apartado se explicará la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía en la materia ambiental. Además, se expondrá la necesaria coordinación que debe existir entre las diferentes instituciones del Estado. En este sentido, este Tribunal, en la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004, ha mencionado que resulta evidente que el Estado central es el ente primariamente encomendado para la defensa del medio ambiente, lo que es reafirmado en la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554 del 04 de octubre de 1996, que delega en el Ministerio de Ambiente y Energía buena parte de las competencias en esta materia, sin descargar a los otros entes públicos de sus responsabilidades en este campo. Igualmente, para el caso en cuestión es importante aclarar que el Ministerio de Ambiente y Energía también tiene la potestad de administrar los refugios nacionales y los humedales, lo cual se deriva además de los artículos 82 y 84 de la Ley de la Conservación Silvestre, 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, 13 de la Ley Forestal, y 58 de la Ley de Biodiversidad (véase la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004).
Ahora bien, aunque la rectoría en materia ambiental recae en el Ministerio de Ambiente y Energía, es menester aclarar que el Estado, en sentido amplio, es el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (véase la sentencia número 6922-2010 de las XX del XX). Es decir, si bien el Estado central delega la defensa del ambiente en el Ministerio en cuestión, esto no elimina la responsabilidad que tienen los demás instituciones del Estado en esta materia. Al respecto, esta Cámara Constitucional también ha expresado la necesidad de que exista una coordinación entre las dependencias públicas que busque garantizar la protección del ambiente. De esta forma, mencionó que:
“En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el (sic) peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central – Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas (…)” (véase sentencia número 2009-000139 de las 08:53 horas del 13 de enero de 2009).
En síntesis, aunque el Estado delega en el Ministerio de Ambiente y Energía buena parte de las competencias en esta materia, siendo que este Ministerio ostenta la función de rectoría en materia ambiental y, por tanto, es responsable de emitir las políticas de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales; también es cierto que existe la necesidad de coordinar entre las dependencias públicas que garanticen la protección del ambiente. Por ende, las instituciones del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Municipalidades, así como cualesquiera otras instituciones están, todas ligadas a la legislación ambiental o aquella que esté relacionada con la protección del medio ambiente (véase la sentencia número 8928 de las XX del XX y la sentencia número 8713-2008 de las 09:06 horas del 23 de marzo de 2006).
XI.- Sobre el derecho fundamental al agua y la rectoría del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.- Ahora bien, en la presente acción de inconstitucionalidad se cuestiona una norma que permite el aprovechamiento de agua para consumo humano en terrenos del patrimonio natural del Estado. Por ende, es necesario explicar la existencia de un derecho fundamental al agua, así como la rectoría del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al respecto. Al respecto, este Tribunal señaló lo siguiente:
“ VII.- El acceso al agua potable como derecho humano. Adicionalmente a lo señalado, y talvez (sic) el aspecto más relevante en este tema, lo constituye la naturaleza y función del agua para la vida humana. No es necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad evidente y notoria de que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por su propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local. La propia Sala en su jurisprudencia constitucional ha dicho que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida
(…)
“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).
Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.
Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.
El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo..... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).
De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc.
Ahora bien, siguiendo lo indicado en el voto en cuestión así como en la normativa internacional mencionada, el denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (véase al respecto la sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006).
Por otra parte, este Tribunal también ha determinado que el recurso hídrico es de naturaleza pública. De esta manera, en el voto parcialmente transcrito, también se indicó lo siguiente:
“El artículo 18 de la Ley 2726, reformado por la Ley N° 5915 del 12 de julio de 1976, expresamente señala que todas las propiedades e instalaciones de los organismos del Estado que estén destinados a la captación, tratamiento y distribución de aguas potables son patrimonio nacional, por lo tanto con carácter de dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables, fuera del tráfico jurídico privado y como lo ha señalado esta Sala en su jurisprudencia (votos números 2000-10466 y 2002-03821), gozan de especial protección, de manera que no son susceptibles de ser apropiados por particulares y ni siquiera por la Administración Pública; ni ser destinados a fines distintos de los que determinan su propia esencia y naturaleza, de tal forma que su protección -en términos que resulten necesarios- y administración, corresponde al Estado en nombre de la Nación. También en la sentencia 2004-01923 esta Sala hace un análisis exhaustivo sobre la naturaleza pública del recurso hídrico con ocasión de la protección de los mantos acuíferos.
(…)
“Naturalmente que, si los bienes relacionados con la administración de los acueductos y las propiedades que los contienen son de la Nación, con mucho mayor razón lo son las aguas y sus fuerzas como está expresamente regulado en los artículos 121 inciso 14) y 50 de la ley Orgánica del Ambiente. El concepto de demanialidad del recurso hídrico aparece consagrado en la Constitución Política en la citada norma que señala que no podrán salir definitivamente del Estado: “las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional”, agregando al final del artículo que podrán ser explotados de acuerdo con la ley o mediante concesión especial, otorgada por tiempo limitado, y determinando sus condiciones y estipulaciones por ley aprobada por la Asamblea Legislativa. De esta manera quedan consagradas las aguas como bienes del dominio público, sometidas al principio de reserva de ley para su afectación, no pudiendo salir del dominio del Estado. Su explotación puede dar directamente por la administración o por medio de concesión por parte de particulares.
(…)
El resto de la legislación vigente reafirma estos principios de demanialidad del recurso hídrico.
(…)
“La demanialidad del recurso hídrico es retomada en la Ley Orgánica del Ambiente que declara que el agua es de dominio público, su conservación y su uso son de interés social (art. 50).Esta disposición confirma el principio vigente de la demanialidad del recurso hídrico”.

En esta línea de argumentación, es necesario indicar que el acceso al agua potable para consumo humano ha sido garantizado por el legislador en la Ley de Aguas, Ley número 276 de 27 de agosto de 1942 y en la Ley General de Agua Potable, Ley número 1634 de 18 de setiembre de 1953. Además, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ambiente establece lo siguiente: “ Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como: a) El abastecimiento de agua para consumo humano (…)” . En este sentido, esa normativa  determina la prioridad que debe darse al establecimiento y operación de servicios adecuados de abastecimiento de agua para consumo humano. Por otra parte, la Ley General de Salud, Ley número 5395 de 30 de octubre de 1973 dispone, en su artículo 267, que “todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población, deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso”.

En síntesis, de la jurisprudencia mencionada, así como de la normativa internacional y nacional analizada, se pude concluir que existe un derecho fundamental al acceso al agua potable, en donde el Estado está en la obligación de garantizar su suministro, siendo que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial.

Ahora bien, para garantizar este derecho fundamental, el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados señala que:

“ Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado”.

Asimismo, el artículo 2 de la misma ley indica, en lo que interesa, lo siguiente.

“Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas;

b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;

c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas;

d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones;

e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos;

f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades;

g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.

(…)

i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y

j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario”.

Por consiguiente, según esa ley, se le ha encomendado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la función de dirigir y vigilar todo lo concerniente para asegurar que se pueda proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable en calidad y cantidad suficientes. Lo anterior, con la finalidad última de garantizar el servicio público universal de abastecimiento de agua potable y, por tanto, la satisfacción del derecho fundamental del acceso al agua potable.

De esta manera, este Tribunal ha determinado que la omisión por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la toma de medidas para solventar los problemas de desabastecimiento de agua potable implican una violación a los derechos fundamentales al buen funcionamiento de los servicios públicos y al de acceso al agua potable (véase la sentencia número 8640-2010 de las 9 horas 4 minutos de 14 de mayo de 2010). Igualmente, esta Sala también ha señalado que el servicio público de abastecimiento de agua potable no solo debe ser continúo sino que debe asegurarse que provea una cantidad y calidad suficiente del recurso potable, pues las deficiencias que presente dicho suministro igual podría n, eventualmente, constituir un quebranto del derecho fundamental al agua (véase la sentencia número 262-2009 de las 14:30 horas del 14 de enero de 2009). Así las cosas, es claro que la prestació n del servicio público de abastecimiento de agua potable es indispensable para el bienestar má s elemental de la població n.

Por lo tanto, de lo analizado hasta el momento se puede asegurar que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, el cual ha sido encargado prioritariamente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (véase la sentencia número 2007-011190 de las 14:36 horas del 07 de agosto de 2007). Es decir, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado “a tener rectoría en el área de agua potable y alcantarillado sanitario y su intervención en protección de la salud de los habitantes debe ser activa y decidida, en especial cuando exista inacción por parte de  las entidades encargadas de velar por un adecuado servicio” (véase la sentencia número 2001-12957 de las 16:29 horas del 18 de diciembre del 2001). No obstante, esta Sala también ha aclarado que “el AyA debe –por mandato legal y Constitucional – velar porque se brinde el suministro de agua potable a todos los habitantes de la República, esta obligación debe cumplirse en estricto respeto de las demás normas y mandatos que integran el ordenamiento jurídico costarricense” (véase la sentencia número 2001-2948 de las 14:06 horas del 24 de abril de 2001). Por ende, es menester explicar que como se estableció en los considerandos anteriores, la rectoría en materia ambiental recae en el Ministerio de Ambiente y Energía, por lo que la rectoría del recurso hídrico no se constituye una excepción a esta competencia. Ahora bien, es necesario añadir que, después de un análisis detallado de la normativa que regulan este asunto, por ejemplo, la ya mencionada Ley Constitutiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, No. 2726 de 14 de abril de 1961, la Ley Orgánica del MINAE, No. 7152 de 5 de junio de 1990, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1996, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7799 de 30 de abril de 1998 y el Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía, Decreto 35669 de 4 de diciembre de 2009, que contiene las funciones de la actual Dirección de Agua), se puede asegurar que la rectoría en esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente Y Energía en conjunto y con la debida coordinación con otras instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ergo, la competencia en materia hídrica recae sobre el Ministerio de Ambiente y Energía en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución encargada de suministrar el servicio de agua potable, así como en coordinación con otras instituciones. Al respecto, es necesario reiterar lo señalado acerca de exigencia de coordinación de los diferentes departamentos del Estado en materia ambiental, no siendo una excepción el recurso hídrico. Así, esta Cámara Constitucional ha indicado que “hemos de consentir el tema de que en materia ambiental existe la ineludible necesidad de coordinación entre las dependencias públicas que busque garantizar su protección. De esta forma, aceptada esta interpretación, podemos afirmar que esta situación se debe aplicar al tema del agua y lo referente a su suministro, administración y protección. Lo anterior porque la cuestión del agua ha sido definida por este Tribunal como un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida, que por su esencia no puede ser definido como un tema territorial o local, pues, es ampliamente aceptado que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida (véanse por ejemplo las sentencias números 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776; 2004-1923)”.

XII.- Sobre el concepto y naturaleza de bienes de dominio público y su relación con el medio ambiente. Siguiendo con la redacción anterior, al establecer que nos encontramos con el cuestionamiento de una norma que permite extraer agua del patrimonio natural del Estado, es menester desarrollar el concepto y naturaleza de los bienes de dominio público y su relación con el ambiente. De esta manera, este Tribunal, mediante la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004, estableció los parámetros relativos al concepto y naturaleza de bienes de dominio público y su relación con el medio ambiente. Al respecto, se indicó lo siguiente:
“En este marco de estricta protección del medio ambiente, la Constitución Política también dispone reglas concretas relativas al régimen jurídico aplicable a los bienes de dominio público. Así, el artículo 121 inciso 14) lo regula en forma genérica, al disponer que los bienes “propios de la Nación”, solo podrán salir definitivamente de su dominio por medio de autorización de la Asamblea Legislativa. Se trata de bienes que por su naturaleza jurídica y titularidad, en tanto pertenecen a la Nación y están destinados a satisfacer el interés general, gozan de una especial protección jurídica. Por ello, no son susceptibles de ser apropiados por particulares, y ni siquiera por la Administración Pública, para fines distintos de los que se derivan de su propia esencia y naturaleza. Su tutela y administración corresponden al Estado, en nombre de la Nación (cfr. tomo III. de las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Sesión número 168, pag. 468). En su jurisprudencia, esta Sala ha sentado los principios básicos del régimen jurídico de los bienes dominiales; en particular, en la sentencia número 2306-91 de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, determinó las siguientes reglas, que han seguido siendo aplicadas en forma consistente a partir de dicha resolución:
"…El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.- El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa…"
Corolario de lo anterior es que solamente por Ley se les pueda privar del régimen especial que los regula, desafectándolos, separándolos del fin público al que están vinculados. Se requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del dominio público un bien determinado e individualizado. El artículo 14 de la Ley Forestal, número 7575, de trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, da a los terrenos forestales y bosques el carácter de bienes dominiales:
“Artículo 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural
Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.”
Según la clasificación dada por la normativa ambiental, el patrimonio forestal o natural del Estado está conformado por reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco). Así las cosas, es claro que el ordenamiento jurídico costarricense confiere una especial y calificada protección a los bienes afectados al uso o disfrute público, y reviste dicha tutela de mayores cuidados todavía al regular los bienes públicos ambientales. Se trata de bienes pertenecientes a la Nación, por estar afectados a una finalidad de innegable utilidad general, y que para ello ha sido encomendada su administración, en los casos en que así lo determina expresamente la Ley, al Estado central, con el objeto de que las políticas en materia de ambiente sigan parámetros congruentes y acordes con la necesidad de una integral y continua protección del ambiente. Aun cuando para efectos registrales los bienes domiales pueden ser inscritos a nombre del ente público encargado de su tutela, lo cierto es que estos bienes no le pertenecen a ninguna entidad pública en particular, sino a la Nación (…)”.
Asimismo, lo referente al concepto de bienes de dominio público fue ampliado por este Tribunal en la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007, que estableció lo siguiente:
“ VI.- DEL DEMANIO PÚBLICO.- Como lo ha considerado esta Sala en diversos precedentes (sentencias número 5399-93, 3145-96, 5027-97, 2988-99, 2000-10466,  2002-8321; 2003-3480; 2005-7158), el régimen jurídico de los bienes de dominio público es especial y diferenciado en atención al tipo de bienes de que se trata. La distinción entre bienes o cosas privadas y bienes y cosas públicas se hace depender, en primer lugar, en la "titularidad" o "dominio" del bien, por cuanto de este elemento se define su naturaleza y régimen jurídico diferenciados; y en consecuencia, del derecho aplicable, en tanto el primero se sujeta al derecho privado, y el segundo al derecho público. Es así, como por bienes demaniales o dominicales deben de entenderse el conjunto de bienes – tanto inmuebles como muebles – que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a los privados, en tanto se trata de bienes que por expresa voluntad del constituyente o el legislador, se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, es decir, no pueden pertenecer individualmente a los particulares,  ni al Estado –en sentido estricto– , por cuanto éste se limita a su administración y tutela. Así, los bienes de dominio público y los de dominio privado del Estado (fiscales) se diferencian por su finalidad y el sujeto titular, en tanto lo que define la naturaleza jurídica de los primeros  es el destino que se da a este tipo de bienes, sea, en tanto se afectan y están al servicio del uso público, en los términos previstos en el artículo 261 del Código Civil (En este mismo sentido, se pueden consultar las sentencias número 2306-91 y 2988-99, entre otras.) Es así como entran en esta categoría –sin que se constituya en una lista cerrada– la zona marítimo terrestre , el patrimonio forestal o natural del Estado –áreas protegidas– (conformado por parques nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales –artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco– ), las zonas de protección hidrográfica –artículo 33 de la Ley Forestal – (contíguas a los manantiales, a las riveras de los ríos y lagos), las zonas limítrofes (artículo 10 de la Ley de Terrenos Baldíos, número 13, de diez de enero de mil novecientos treinta y nueve), el derecho de vía , las líneas ferroviarias, las reservas indígenas , el patrimonio histórico-arquitectónico , los recursos mineros , el patrimonio arqueológico, etc. Se trata de bienes que, por su vocación y destino están fuera del comercio de los hombres, de manera que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de manera que no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión, de modo que son bienes que conservan su vigencia jurídica permanentemente; y no son susceptibles de embargo; además de que están sujetos al poder de policía , en lo atinente a su aprovechamiento y uso, ya que está condicionado al otorgamiento de las respectivas licencias y permisos y al control y fiscalización de parte la Administración.
(…)
VIII.- CONTINUACIÓN.- Tratándose de los bienes demaniales, debe distinguirse los que lo son en carácter de la Nación , precisamente por su titularidad y por la fuente normativa de afectación, en tanto la determinación deriva de las propias normas constitucionales –se tienen aquellos que están definidos y determinados precisamente en la propia Constitución Política, en los artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) de la Constitución, sea las aguas territoriales, las costas, el espacio aéreo, la plataforma continental, el zócalo insular, los recursos y riquezas naturales del agua del suelo y del subsuelo, las bellezas naturales, el patrimonio histórico y artístico de la Nación, las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional, los yacimientos de carbón, las fuentes o yacimientos de petróleo, sustancias hidrocarburadas, depósitos de minerales radioactivos, servicios inalámbricos – lo que modernamente se conoce como espacio electromagnético– , los ferrocarriles, muelles y aeropuertos que estén en servicio– ; y los que lo son por disposición de la ley o decreto ejecutivo – en los casos previstos en la ley –, donde es el decreto el que determina los inmuebles que se incorporan al patrimonio forestal del Estado, su categoría y la sujeción al respectivo plan de manejo, y según se anotó anteriormente, también su sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique su demanialidad. Es así como interesa resaltar que los bienes dominicales o demaniales tienen ese carácter en virtud de una afectación dada, o por una norma expresa de nuestra Carta Fundamental o por disposición legal, que denota su sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique esa demanialidad. En virtud de lo cual, siendo la afectación la vinculación jurídica por el que el bien se integra a esta categoría de bienes, según su destino y conforme a las correspondientes previsiones legales, ello implica, como lógica consecuencia, que solamente por ley se les puede privar de ese régimen especial que los regula, para separarlos de ese fin público al que están vinculados (esto es, para su desafectación); y es en este sentido que se requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado; motivo por el cual es que esta Sala ha estimado que no es posible una desafectación genérica, y mucho menos, la implícita; es decir, en esta materia no puede existir un "tipo de desafectación abierto", para que la Administración, mediante actos suyos discrecionales, complete, señalándolos; y en este sentido, es importante recordar que toda desafectación, como debe provenir de acto legislativo, estará sujeta a los controles jurisdiccionales correspondientes – en este sentido, ver sentencias número 2000- 10466 y 2002-8321. Asimismo, debe recordarse que para la desafectación del patrimonio forestal – lo que se traduce en la reducción o eliminación del área silvestre protegida– , sólo se puede hacer mediante ley de la República, después de realizarse los estudios técnicos previos (estudio de impacto ambiental) que justifique la medida, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por último es importante resaltar que, tratándose de los bienes demaniales de la Nación, su desafectación sólo podría darse por reforma constitucional, en aplicación del principio del paralelismo de las formas, se repite, previo estudio técnico que acredite la desafectación, según se indicó anteriormente. Además, en lo concerniente a su uso y/o concesión sólo puede ser aprobada por el Plenario Legislativo, no así por Comisiones Legislativas Plenas, en los términos previstos en el artículo 124 constitucional (sentencias número 2002-8321 y 2004-8928)”.
Ahora bien, respecto al patrimonio natural del Estado, tema de importancia para el presente caso, se ha mencionado, conforme con las sentencias parcialmente transcritas, que es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes:  a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes) (véase la sentencia número 2008-16975 de las 14:53 horas del 12 de noviembre de 2008). Además, también este Tribunal ha señalado que las zonas protectoras juegan un papel preponderante  en el equilibrio del medio ambiente entendido este como el conjunto de cosas que rodean al individuo tales como: clima, suelo, luz, viento, lluvia, alimentación, frío, calor, hábitat, etc. y en el equilibrio del ecosistema por la relación de intercambio que se da entre la parte viviente de la naturaleza y la parte inherte de la misma. De ahí que deba protegerse el suelo, la regulación del régimen hidrológico, la conservación del ambiente, y la de las cuencas hidrográficas. Estas zonas son creadas por ley o vía decreto del Poder Ejecutivo y en ellas, también por disposición legal, está prohibido efectuar labores agrícolas o de destrucción de la vegetación (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007).
Por otra parte, conforme a las sentencias parcialmente transcritas, el régimen tutelar contemplado en la Ley Forestal para el Patrimonio Natural del Estado implica: que los terrenos son inalienables; su posesión por los particulares “ no causará derecho alguno a su favor ” y la acción del Estado para recuperarlos es imprescriptible; no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación es sancionada como delito; no cabe la corta, el aprovechamiento forestal ni el cambio de uso del suelo, y solo pueden autorizarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículos 1, párrafo 2°, 3 inciso a), 14, 15, 18, 58 incisos a) y b) y 61 inciso c) (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012).
Por consiguiente, queda claro que la competencia que el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional. En este sentido, el artículo 13 de la Ley Forestal, ley número 7575, menciona que
“ Constitución y administración. El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio (…)” (el subrayado no es del original).
Igualmente, el artículo 14 de la misma ley señala:
“ Condición inembargable e inalienable del patrimonio Natural. Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley”.
En un sentido similar, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente determina lo siguiente:

“ Clasificación de las áreas silvestres protegidas. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación:

a) Reservas forestales.

b) Zonas protectoras.

c) Parques nacionales.

d) Reservas biológicas.

e) Refugios nacionales de vida silvestre.

f) Humedales.

g) Monumentos naturales.

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas” (el subrayado no es del original).

Esto ha sido avalado por la Sala mediante sentencia número 2012-2678 de las 14:30 horas del 29 de febrero de 2012.
Además, el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, ley número 7788, indica lo siguiente:
“ Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos”.
Igualmente, el numeral 28 de la misma ley señala que:
“El Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en materia de áreas protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la aplicación de otras leyes que rigen su materia, tales como la Ley de conservación de la vida silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente y Energía definirá la división territorial que técnicamente sea más aconsejable para las Áreas de Conservación del país, así como sus modificaciones”.
En síntesis, es claro que el régimen jurídico creado por los artículo 13 y 14 de la Ley Forestal tiene una finalidad protectora, pues, de acuerdo con el texto de dicha norma, su objetivo es dar una protecció n demanial a los terrenos propiedad del Estado con bosque o terrenos forestales, los cuales quedarían bajo administración del Ministerio de Ambiente y Energí a. Ese patrimonio es catalogado por el artículo 14 de la Ley Forestal como un bien de dominio público, que según los artículos 13 de la Ley Forestal y 22 de la Ley de Biodiversidad, debe ser administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Así, la competencia en esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, competencia que es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional. Además, según la normativa indicada, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación unifica las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.

XIII.- Los motivos de inconstitucionalidad alegados por los recurrentes. Ahora bien, una vez analizados los diferentes puntos indicados, es menester establecer de forma clara y precisa los motivos de inconstitucionalidad de la ley impugnada alegados por los accionantes. En este sentido, los mismos pueden resumirse de la siguiente forma:

En primer término, los accionantes argumentan que el artículo 1 de la ley incluye una nueva actividad en las zonas llamadas patrimonio natural del Estado, sea, la extracción de agua en sitios de alta fragilidad, en ecosistemas boscosos ricos en biodiversidad, lo cual conlleva a un claro cambio de uso de suelo en aquellos trayectos por donde pasa la tubería y donde se harán obras permanentes (por ejemplo, embalses de captación, casetas de bombeo para impulsión del agua, etc.). De esta manera, acusan que tales obras implican una serie de impactos negativos en el ambiente tales como la tala de árboles, la eliminación de sotobosque, la realización de obras dentro de nacientes, ríos o quebradas, entre otros.

Segundo punto, señalan que en la presente norma no se contó con un soporte técnico que justificara y cuantificara los cambios de uso de suelo que podrían ser de kilómetros o de decenas de estos en sitios de protección. De esta forma, se elaboró, sin fundamento técnico o científico, una modificación legislativa que amplía un uso que conlleva a la desafectación genérica de todos los sitios que son patrimonio natural del Estado o áreas silvestres protegidas.

Tercer punto, agregan que no se solicita un estudio de impacto ambiental para futuros acueductos dentro del patrimonio natural del Estado de forma expresa y clara, lo cual genera una duda en el sentido que la viabilidad ambiental futura no se realice con el instrumento técnico apropiado. Según los accionantes, lo anterior afecta colateralmente el proceso de participación pública de la ciudadanía vinculado directamente con la realización de los estudios de impacto ambiental. Añaden que también era necesario que se exigiera una evaluación ambiental estratégica, en conjunto con los estudios de impacto ambiental, ya que por medio de la primera se puede analizar el escenario de las necesidades, así como los impactos regionales generados a partir de la instalación de acueductos en un sitio considerado patrimonio natural del Estado o área silvestre protegida.

Por otra parte, reclaman que, sin justificación alguna, el artículo 2 (que crea el ordinal 18 bis) establece que en terrenos que son patrimonio natural del Estado y que pertenecen a las administraciones públicas (a las municipalidades, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, etc.), no será necesario solicitar una autorización al MINAE cuando se trata de construir acueductos, hacer talas, eliminar sotobosque, alterar ecosistemas, etc. Lo anterior, aducen, a pesar que el ordinal 1 de la Ley (por el cual se crea el artículo 18 de la Ley Forestal) dispone que en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecotorismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, el que definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esa ley. En esencia, no comprenden por qué se hace dicha distinción y, por ende, porqué las referidas instituciones quedan exentas de solicitar autorización ante el MINAE, el que, conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, es el administrador de todo el patrimonio natural del Estado. Aducen que la norma impugnada crea un conflicto de competencias entre el MINAE y el resto de instituciones citadas. En un sentido similar, añaden que la norma mencionada le otorga una competencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (asegurar que no se altere el caudal ecológico), a pesar que esta no le corresponde. Afirman que todo lo relacionado con temas de caudales ecológicos le corresponde a la Dirección de Aguas y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE. Sobre el particular, sostienen que se realizó un traslado irresponsable y sin fundamento alguno de tales competencias.

Como quinto punto manifiestan que, sin fundamento alguno, el artículo 18 bis crea un régimen especial que elimina cinco tipos de áreas silvestres protegidas de la aplicación del ordinal 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Explican que haciendo una interpretación amplia y protectora de la biodiversidad, tanto los sitios que son patrimonio natural del Estado como las áreas silvestres protegidas, quedan cubiertas por el referido artículo 38 y, por ende, cuando hay reducciones de áreas o cambios de uso de suelo, se debe acudir a la compensación. En otros términos, afirman que, contrario a lo que dispone la normativa impugnada, siempre que se vaya a realizar un acueducto en sitios protegidos, se debe acudir a la desafectación por cambio de uso de suelo, incluso, se debe llevar a cabo la compensación de áreas.

Por último, reclaman que muchos sitios que son áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado se encuentran en territorio indígena. Pese a esto, aducen que los pueblos indígenas no fueron consultados sobre la ley impugnada. Estiman que lo anterior violenta su derecho a la información y a la participación. Asimismo, consideran vulnerado lo dispuesto, sobre el particular, por el ordinal 6.1.a., del Convenio 169 de la OIT.

Por ende, siguiendo la misma línea argumentativa de la presente sentencia, se analizarán los reclamos de los accionantes.

XIV.- Sobre la nueva actividad autorizada en el patrimonio natural del Estado y la supuesta falta de estudios técnicos. Como se explicó en el considerando anterior, los accionantes alegan que el artículo 1 de la norma impugnada incluye una nueva actividad en las zonas llamadas patrimonio natural del Estado, sea, la extracción de agua en terrenos que conforman el patrimonio natural del Estado. Añaden que esta situación conlleva a un claro cambio de uso de suelo en aquellos trayectos por donde pasa la tubería y donde se harán obras permanentes. Por ende, acusan que tales obras implican una serie de impactos negativos en el ambiente tales como la tala de árboles, la eliminación de sotobosque, la realización de obras dentro de nacientes, ríos o quebradas, entre otros. Afirman que, sin embargo, en la presente norma no se contó con un soporte técnico que justificara y cuantificara los cambios de uso de suelo que podrían ser de kilómetros o de decenas de estos en sitios de protección. Lo anterior, deriva en que siempre que se vaya a realizar un acueducto en sitios protegidos, se debe acudir a la desafectación por cambio de uso de suelo, incluso, se debe llevar a cabo la compensación de áreas, lo cual no establece la ley. En síntesis, reclaman que la norma se elaboró una modificación legislativa que amplía un uso que conlleva a la desafectación genérica de todos los sitios que son patrimonio natural del Estado o áreas silvestres protegidas, lo cual se realizó sin fundamento técnico o científico.

Asimismo, añaden que no se solicita un estudio de impacto ambiental para futuros acueductos dentro del patrimonio natural del Estado de forma expresa y clara, lo cual genera una duda en el sentido que la viabilidad ambiental futura no se realice con el instrumento técnico apropiado. Según los accionantes, lo anterior afecta colateralmente el proceso de participación pública de la ciudadanía vinculado directamente con la realización de los estudios de impacto ambiental. Inclusive, indican que era necesario que se exigiera una evaluación ambiental estratégica, en conjunto con los estudios de impacto ambiental.

No obstante, este Tribunal considera que los accionantes no llevan razón en cuanto a estos reclamos. Lo anterior, debido a las siguientes razones.

Previo a la promulgación de la norma cuestionada, el artículo 18 de la Ley Forestal mencionaba que “en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley”. Ahora bien, la ley número 9590 modificó dicho artículo y añadió una autorización en los terrenos de patrimonio natural del Estado. En este sentido, el artículo 18 modificado por esta ley quedó establecido de la siguiente manera: “en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el ministro de Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realizaci ón de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley” (el subrayado no es del original). Por consiguiente, es cierto que ésta ley habilitó una nueva actividad en el Patrimonio Natural del Estado, sea el aprovechamiento de agua potable para el consumo humano.

Al respecto, tal como menciona la Procuraduría General de la República, en el informe integrado jurídico- socio ambiental del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y en los criterios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que constan en el expediente legislativo, se hace referencia a la escasez del recurso y la existencia de varios proyectos pendientes de realizar en terrenos integrantes del patrimonio natural del Estado, que constituyen la única fuente disponible para abastecer a algunas comunidades y con los cuales se estima satisfacer la demanda de agua a futuro. De esta manera, se constata que la presente ley tiene su justificación en el deber del Estado de garantizar el derecho fundamental al agua potable. Recordemos que, según se indicó en el considerando XI de esta sentencia, que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Igualmente, el denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos. Además, se le ha encomendado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la función de dirigir y vigilar todo lo concerniente para asegurar que se pueda proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable en calidad y cantidad suficientes. Lo anterior, con la finalidad última de garantizar el servicio público universal de abastecimiento de agua potable y, por tanto, la satisfacción del derecho fundamental del acceso al agua potable.

En síntesis, el Estado debe garantizar el acceso al agua potable para así defender este derecho fundamental. Por eso, al habilitar esta norma el aprovechamiento de agua en el patrimonio natural del Estado para garantizar el servicio de suministro de agua para consumo humano, es en este aspecto en donde la normativa impugnada encuentra su justificación.

Siguiendo esta línea, en su artículo 2 la ley número 9590 también introduce el artículo 18 bis de la Ley Forestal para regular más detalladamente las condiciones y reglas bajo las cuales puede llevarse a cabo este aprovechamiento. Al respecto, ese artículo establece lo siguiente:

“ El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) podrá autorizar el aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras de sistemas de abastecimiento de agua, en inmuebles que integran el patrimonio natural del Estado, previa declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público, en específico para un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados prestadores de servicio público, que a continuación se detallan:

a) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

b) Las municipalidades que aún prestan el servicio público de agua potable por la Ley N.º 1634, Ley General de Agua, de 18 de setiembre de 1953.

c) La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

d) Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asadas), entidades conformadas por usuarios, debidamente constituidas para ese fin e inscritas con ajuste a la Ley N.º 218, Ley de Asociaciones, de 8 de agosto de 1939, pueden administrar y operar el sistema de acueducto de su comunidad mediante un convenio de delegación suscrito con el ICAA.

Todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.º 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos.

En el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Asimismo, los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, y las actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

Se autoriza a los entes prestadores indicados en este artículo para que realicen actividades del aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias para el sistema de abastecimiento poblacional para consumo humano, en los terrenos patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestador del servicio público de abastecimiento poblacional para consumo humano, con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de este servicio a las futuras generaciones. En estos casos, no será necesario el trámite de autorización ante el Minae, pero los entes prestadores deberán cumplir con los demás requisitos establecidos en este artículo y en la normativa nacional. Los entes prestadores continuarán administrando estos terrenos, que en los demás aspectos seguirán sujetos a las condiciones, limitaciones y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según lo dispuesto en esta ley.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso y aprovechamiento sostenible. El monitoreo de este le corresponderá al Minae.

En forma anual, el ente autorizado prestador del servIcI0 público para el abastecimiento poblacional autorizado deberá presentar, ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Dirección de Aguas, el informe de los resultados de los aforos, dada la naturaleza y la fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas”.

En este sentido, se puede observar que la normativa cuestionada establece una serie de requisitos y restricciones a la hora de realizar la actividad de aprovechamiento del agua en el patrimonio natural del Estado. Para un mejor análisis, se expondrán estos requisitos y restricciones.

Primero que todo, el articulo le otorga al Ministerio de Ambiente y Energía la potestad de autorizar el aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, operación, mantenimiento y mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua en inmuebles que integran el patrimonio natural del Estado siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

La existencia de una declaración previa de interés público emitida por el Poder Ejecutivo;

La existencia de un abastecimiento poblacional imperioso a favor de los entes autorizados prestadores del servicio de agua como son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las Municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y las Asociaciones Administradoras  de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados;

Las obras deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial

Las obras deben realizarse con lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley No. 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos.

Igualmente, este artículo determina una protección mayor a las áreas silvestres protegidas de protección absoluta como son los parques nacionales y las reservas biológicas. Estos requisitos adicionales son los siguientes:

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995;

Los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad

Las actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.




Por otra parte, este mismo artículo autoriza a los entes prestadores indicados para que realicen actividades del aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias para el sistema de abastecimiento poblacional para consumo humano, en los terrenos patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestador del servicio público de abastecimiento poblacional para consumo humano, con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de este servicio a las futuras generaciones. En estos casos, no será necesario el trámite de autorización ante el Minae, pero los entes prestadores deberán cumplir con los demás requisitos establecidos en este artículo y en la normativa nacional. Los entes prestadores continuarán administrando estos terrenos, que en los demás aspectos seguirán sujetos a las condiciones, limitaciones y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según lo dispuesto en esta ley. Es decir, en estos terrenos adquiridos por los entes mencionados se mantienen los requisitos indicados, excepto por el trámite de autorización ante el Ministerio de Ambiente y Energía, el cual no será necesario. Este punto será analizado con detalle posteriormente.

Asimismo, este artículo le encomienda al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la función de asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso y aprovechamiento sostenible. Igualmente, establece que el monitoreo del caudal ecológico le corresponderá al Ministerio de Ambiente y Energía.

Como último requisito, este artículo 18 bis señala otra obligación en la labor de aprovechamiento de agua en terrenos del patrimonio natural del Estado: que en forma anual los entes prestadores del servicio indicados están en la obligación de presentar de forma anual ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Dirección de Aguas un informe que establezca los resultados de los aforos, lo anterior dada la naturaleza y fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas.

Por último, en el artículo 3 de la ley número 9590 también se adiciona el artículo 52 bis a la Ley Orgánica del Ambiente, en el cual se establece el concepto de las zonas protectoras. Al respecto, señala esta norma lo siguiente:

“ Las zonas protectoras son áreas silvestres protegidas, cuyos objetivos principales son la regulación del régimen hidrológico y la protección del suelo y las cuencas hidrográficas, así como la preservación de las áreas de recarga acuífera y las fuentes de agua y la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras generaciones”.

Así las cosas, ese artículo introduce el concepto de zonas protectoras en un sentido similar, según lo informado por la Procuraduría General de la República, al concepto dado por el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad (Decreto Ejecutivo No. 34433 de 11 de marzo de 2008), pero añadiendo dentro de sus objetivos, la preservación de las áreas de recarga acuífera y las fuentes de agua, así como la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras generaciones.

Como se puede observar la ley impugnada habilita al Estado para aprovechar el agua para consumo humano en los terrenos del patrimonio natural del Estado, pero para hacerlo establece una serie de requisitos y restricciones que buscan la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, como se mencionó, nótese que se exige una declaración previa de interés público, la constatación de la existencia de un  abastecimiento poblacional imperioso, la necesidad de estudios técnicos que procuren el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial. Además, las obras deben realizarse con lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley No. 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos. En este sentido, la norma subraya la existencia de estudios que lleven a la certeza de que los impactos no serán altos, además de que las obras a realizarse son necesarias para que la población tenga acceso al agua, como único medio de obtención posible. En otras palabras, el aprovechamiento del agua en terrenos del patrimonio natural del Estado se dará únicamente cuando ese aprovechamiento sea necesario y sujeto a ciertas limitaciones y reglas que procurarán generar el menor impacto ambiental posible y permitir un aprovechamiento racional del recurso. Además, respecto a las áreas silvestres protegidas de protección especial se le exige el cumplimiento del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente que establece que “la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.

Igualmente, los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaría en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, y las actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. De esta manera, esta condición refuerza el carácter excepcional del aprovechamiento en áreas silvestres protegidas de, procurando cumplir siempre con la normativa ambiental vigente. Por consiguiente, es falso que la norma exija requisitos mínimos para el aprovechamiento del agua en terrenos del patrimonio natural del Estado o que esta actividad se pueda desarrollar sin la existencia de estudios técnicos.

Lo anterior, nos lleva a desmentir otra de las afirmaciones de los accionantes: que en la ley no se dispuso expresamente que la autorización de aprovechamiento de agua dentro del patrimonio natural del Estado requiera la realización de un estudio de impacto ambiental y de una evaluación ambiental estratégica, lo cual permite cualquier tipo de explotación en el patrimonio natural del Estado. Al respecto, es menester aclarar que la presente norma lo que hace es incluir una nueva actividad para el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas pero procurando siempre el menor impacto posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Es decir, se incluye una nueva habilitación en el patrimonio natural del Estado pero respetando la normativa vigente en materia ambiental y sin desafectar el bien público. En otras palabras, esta ley sí ordena el cumplimiento absoluto a las normas ambientales, resultando conforme con los principios ambientales de protección, esto, al indicar que “todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.º 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos”. Así, esta Sala comparte la posición expresada por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que la evaluación de impacto ambiental a la que remite el artículo 18 bis es un concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a cabo la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3 inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004. Es decir, esta ley no incumple la normativa ambiental vigente, en especial el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente que establece que “las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”. Por ende, esta nueva actividad deberá cumplir con el procedimiento de evaluación ambiental regulado en la normativa ambiental vigente. Nótese que el artículo 17 recién transcrito faculta a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a establecer vía reglamento cuales actividades, obras o proyectos requieren de Evaluación Ambiental y determinar cuáles instrumentos aplicar, de manera que será la misma actividad y sus impactos potenciales en una área específica, las que determinen el instrumento de Evaluación.

En cuanto a este punto también es importante aclarar que el artículo 1 señala que será el Ministro de Ambiente y Energía quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental. Sin embargo, esto no se puede prever como una discrecionalidad absoluta del Ministro, sino que, como se indicó, la misma ley establece que ese Ministerio está obligado a cumplir con la normativa ambiental vigente, en especial con el instrumento de Evaluación Ambiental que corresponda, según esa normativa. Igualmente, recordemos que el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que “se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos” . Además, el artículo 84 de ese mismo cuerpo normativo establece las funciones de esta Secretaría Técnica, entre las que cabe exaltar las siguientes: “a) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública (…) b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo”. De esta manera, según la normativa mencionada, será la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en el ejercicio de sus competencias, la encargada de determinar, según la magnitud del proyecto a desarrollar, el instrumento de evaluación a utilizar. Así, esta Secretaría Técnica señalará los aspectos que deben tenerse en cuenta para que se lleve a cabo la obra con el menor impacto ambiental posible y mitigando los que se puedan generar. Por consiguiente, se reitera que la ley cuestionada no excluye la obligación de cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni de los demás requisitos establecidos en la normativa ambiente.

En síntesis, esta Cámara Constitucional no encuentra confusión al respecto en la norma impugnada, sino que es vehemente al afirmar que esta ley sí exige el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, por lo que requiere la realización de estudios técnicos y de la aplicación del instrumento de evaluación de impacto ambiental correspondiente.

Ahora bien, de los reclamos de los accionantes se desprende que consideran que era oportuno realizar estudios técnicos antes de la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, tomando en cuenta lo explicado, este Tribunal también comparte la posición de la Procuraduría General de la República en el sentido que por la naturaleza de la materia regulada en la ley impugnada no sería viable ni razonable realizar un estudio técnico a nivel general. Lo anterior, pues lo que establece la ley es una habilitación general para el aprovechamiento de agua en terrenos del patrimonio natural del Estado, el cual, como se indicó, debe cumplir con varios requisitos, sin embargo, esto no implica que como consecuencia inmediata se vaya a aprovechar el recurso hídrico en todo el patrimonio natural del Estado y que, por lo tanto, deban analizarse desde la aprobación de todos los impactos ambientales que ese aprovechamiento generará. Por lo tanto, será para cada caso específico se realizarían los estudios técnicos necesarios y la aplicación del instrumento de evaluación ambiental respectivo que abarcarán los aspectos particulares de cada solicitud. Es decir, no tendría sentido hacer un estudio general, de alta complejidad y duración indeterminada sobre todo el patrimonio natural del Estado, cuando en la práctica, las solicitudes de permiso de aprovechamiento se harán sobre algunos terrenos específicos. Así, no es posible conocer, a priori, cuáles terrenos cumplirán con las condiciones establecidas, sino que eso se verá en cada caso concreto. De esta manera, la ley número 9590 lo que establece es el procedimiento para la posibilidad de aprovechar el agua en los terrenos del patrimonio natural del Estado, es decir, es una habilitación para iniciar el proyecto en este sentido, por lo que cuando se presente un proyecto en concreto el mismo deberá cumplir con ese procedimiento, el cual, como se indicó establece el cumplimiento de estudios técnicos y la aplicación del instrumento de evaluación de impacto ambiental. Además, debe considerarse que los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tienen derecho a ser escuchadas por la SETENA, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Así, la información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización. Es decir, la normativa impugnada tampoco deja en indefensión a la población para expresar su posición sobre un proyecto en concreto, sino que, como se mencionó, será en su momento cuando se tenga que aplicar el instrumento de evaluación ambiental que se deberá cumplir con el procedimiento establecido en la normativa vigente.

Además, respecto al reclamo de los recurrentes que actualmente existe un alto desperdicio de agua, es menester indicar que, tal y como lo afirma la Procuraduría General de la República, en el expediente legislativo constan datos acerca de las cuencas hidrográficas en las que se ubican las áreas silvestres protegidas y de la demanda hídrica del país que justifican la necesidad de la medida adoptada para satisfacer el abastecimiento de agua a la población. Por ende, la decisión no es antojadiza ni arbitraria. Adicionalmente, con respecto a la identificación, clasificación, delimitación y administración del Patrimonio Natural del Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en coordinación con los demás entes estatales competentes, tiene a disposición en el CENIGA el mapa de Patrimonio Natural del Estado y de Áreas Silvestres Protegidas. Igualmente, recordemos que la norma cuestionada exige una declaración de interés previa para el abastecimiento poblacional imperioso y, para las áreas silvestres protegidas de protección absolutas, la necesidad de estudios técnicos que demuestren que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua. Por ende, será en el momento en que se presente esta declaración que se debe justificar que no existen otras opciones para garantizar el servicio de agua a las poblaciones en cuestión.

Por otra parte, como se analizó, la ley también dispone que debe asegurarse que no se altera el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema y que, anualmente, el ente autorizado debe presentar el informe de los resultados de los aforos. Por consiguiente, la normativa impugnada, al prever instrumentos técnicos a los cuales debe sujetarse la actividad permitida para garantizar el aprovechamiento racional de esos recursos, es acorde con los principios de la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado, principio precautorio o principio de la evitación prudente, principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental, principios de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, principios de uso racional de los recursos naturales, explicados en el considerando VIII de esta sentencia. Esto, ya que, según la línea argumentativa, de la normativa cuestionada se deduce que cuando no exista certeza científica sobre los efectos negativos que una actuación pueda generar, se prohíba su realización, se le impongan limitaciones o se adopten medidas protectoras. Lo anterior, conforme al artículo 11 de la Ley de Biodiversidad que establece son criterios para aplicar el “criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. 3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 4.- Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo”. Recordemos que la presente ley no excluye el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, inclusive refiere al cumplimiento de la Ley de Biodiversidad mencionada. Por consiguiente, la exigencia de estos requisitos y restricciones son acordes a los  es conforme a los principios ambientales señalados.

Por lo tanto, según lo establecido por este Tribunal hasta este momento, tampoco es cierto que esta ley permita cualquier tipo de explotación en el patrimonio natural del Estado, ni que se permita construcciones de alto impacto ambiental que perjudicarían los ecosistemas. Como se explicó en los párrafos anteriores, la ley número 9590 exige que se cumpla con los estudios técnicos respectivos, el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y con la normativa ambiental vigente, lo anterior para procurar el menor impacto ambiental posible. Es decir, existe, al momento de realizar alguna obra para aprovechamiento del agua para consumo humano, habilitación establecida en esta ley, estas obras deberán procurar el menor impacto ambiental posible. Al respecto, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa que las obras para sistemas de acueducto no implica que las mismas constituyan un impedimento a los ciclos naturales o a los ecosistemas inmersos en las áreas silvestres, pues existen muchos métodos constructivos alternativos que pueden utilizarse de manera que pueden convivir con los ecosistemas sin afectarlos, todas las medidas ambientales que deriven de los estudios puntuales serán las que se requiera implementar para efectos de lograr su compatibilidad, por lo que asumir que solo existe una forma de hacer las cosas es desconocer los alcances de las distintas ciencias y técnicas, por ejemplo, no solo existen tuberías de hierro o de pvc, pues materiales como el polietileno de alta densidad resultan ser flexibles, lo que facilita la conducción del agua reduciendo de manera significativa la excavación y la corta de árboles. Ahora bien, es menester aclarar que es al momento de presentar el proyecto de aprovechamiento de agua en algún terreno en específico que se deberán establecer las pautas para lograr una obra que procure el menor impacto ambiental.

Asimismo, al no permitir la ley cualquier explotación o una obra de alta impacto ambiental que destruya los ecosistemas, tampoco nos encontramos ante una reducción de área o cambio de uso del suelo de los terrenos de patrimonio natural del Estado, como erróneamente señalan los accionantes. Esto es así, ya que en ningún momento un proyecto de captación, va a reducir un área, desafectar o a cambiar el uso del suelo, simplemente se tratará de colocación de tubería y de obras de captación que hay que demostrar, mediante estudio técnico, que no van a alterar el ecosistema, la obra que se coloque por sí misma no hace desaparecer el área de la cual está conformada el área silvestre protegida, y mucho menos cambiar el uso del suelo, reducir o desafectar y, por ende, no aplica la compensación alegada. El terreno donde se coloque la tubería sigue perteneciendo al Estado. Por ende, en la ley cuestionada no puede hablarse de una desafectación, sino de la creación de autorización mediante ley de colocación de tubería con ciencia y técnica que procuren el menor impacto ambiental posible, por lo que se buscar que no alteren el ecosistema. En efecto, se debe reiterar que ésta ley es una habilitación para el aprovechamiento del agua para consumo humano en terrenos del patrimonio natural del Estado, pero en ningún momento permite la reducción de las zonas protegidas, el cambio de uso de suelo en los territorios de interés y, por lo tanto, tampoco debe generar obligación alguna de compensación de territorios. En síntesis, la autorización de la ley no permite cualquier explotación ni una destrucción de los ecosistemas, sino que para su aplicación se deberá tener en cuenta aspectos que deberán responder a criterios técnico científicos y respetar la normativa ambiental vigente, procurando el menor impacto ambiental posible. Por consiguiente, no existe incompatibilidad entre la norma impugnada y los principios ambientales señalados, pues no se busca reducir áreas protegidas, sino que esas zonas quedarían de igual forma cubiertas por el dominio púbico, respetando las disposiciones de estos terrenos señaladas en el considerando XII de esta sentencia.

Igualmente, en un sentido similar, tampoco se cambian las categorías de manejo de áreas silvestres protegidas ni se permite una mayor explotación en las mismas, sino que, tal y como menciona la Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la ley número 9590 remite a lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.° 7788. Ley de Biodiversidad de 30 de abril de 1998 y sus reglamentos. Por lo que la norma no deja de lado las otras categorías de manejo de áreas silvestres protegidas, sino que remite a los criterios de la Ley de Biodiversidad. Asimismo, como se explicó anteriormente, en el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.

Por último, conforme a lo expuesto, este Tribunal no comparte la posición de los accionantes de que con la normativa en cuestión exista una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado o que exista un conflicto entre este derecho y el derecho fundamental de acceso al agua. Así, esta Sala no suscribe la tesis acerca de que al pretender garantizar el derecho fundamental al acceso de agua potable se sacrifique el derecho al ambiente de las presentes o futuras generaciones. Como se ha explicado reiteradamente, esta norma exige que se cumpla con los estudios técnicos respectivos, el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y con la normativa ambiental vigente, lo anterior para procurar el menor impacto ambiental posible. Es decir, existe, al momento de realizar alguna obra para aprovechamiento del agua para consumo humano, habilitación establecida en esta ley, estas obras deberán procurar el menor impacto ambiental posible. Por ende, permitir el aprovechamiento del recurso hídrico para consumo humano dentro del patrimonio natural del Estado no implica como consecuencia inevitable una afectación al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que, respetando los requerimientos establecidos en esta normativa es posible garantizar el derecho fundamental de acceso al agua potable y a su vez, resguardar el derecho fundamental de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Recordemos que esta Sala ha mencionado que los Tribunales Constitucionales no deben actuar aislados de su realidad histórica, política y sociocultural y más aún, que están obligados a valorar el derecho de la Constitución como una unidad sistémica de valores, principios y normas, que, en consecuencia, deben ser interpretados y aplicados no aisladamente, sino con criterio sistemático, en armonía unos con otros, los cuales resultan así, indivisibles e interdependientes (véase sentencia número 2012-016074 de las 16:00 horas del 21 de noviembre de 2012). De esta forma, ambos derechos fundamentales (derecho al agua y derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado) deberán de interpretarse de forma armónica. Por eso, en la ley cuestionada se establece la posibilidad de aprovechar el agua de los terrenos del patrimonio natural del Estado siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos tendientes a respetar el ambiente. Así, el objetivo de la ley es garantizar un uso racional de los recursos y para evitar la afectación de los recursos existentes en el patrimonio natural del Estado. Así, como ya se indicó en los considerandos anteriores, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras -principio de desarrollo sostenible (véase la sentencia número 2019-0011273 de las 09:30 horas del 21 de junio de 2019).

En virtud de lo expuesto, se concluye que la modificación impulsada en la ley número 9590 no pretende dañar el ambiente, ni impedir que se elaboren estudios técnicos necesarios para evitar un daño grave e irreversible al ambiente. Por el contrario, la reforma propuesta busca garantizar que en todo tipo de actividad, obra o proyecto en que se haga un uso racional del recurso hídrico en función de las presentes y futuras generaciones. Así, debe considerarse que es en la planificación y ejecución de los proyectos concretos e indispensables para garantizar el acceso al recurso hídrico para consumo humano, cuando es posible verificar, de manera técnica y con arreglo y sujeción a la ciencia y a la técnica, el cumplimiento de los principios ambientales mencionados en el considerando VIII. Es decir, la ley impugnada habilita al Estado para aprovechar el agua para consumo humano en los terrenos del patrimonio natural del Estado, pero para hacerlo establece una serie de requisitos y restricciones que buscan por un lado garantizar el consumo de agua potable de la población y por el otro garantizar la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las presentes y futuras generaciones.

XV.- Sobre el supuesto conflicto de competencias entre el MINAE, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el resto de instituciones respectivas. Por otra parte, tal y como se indicó en el considerando XIII, los accionantes también reclaman que, sin justificación alguna, el artículo 2 (que crea el ordinal 18 bis) establece que en terrenos que son patrimonio natural del Estado y que pertenecen a las administraciones públicas (a las municipalidades, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, etc.), no será necesario solicitar una autorización al MINAE cuando se trata de construir acueductos, hacer talas, eliminar sotobosque, alterar ecosistemas, etc. Lo anterior, aducen, a pesar que el ordinal 1 de la Ley (por el cual se crea el artículo 18 de la Ley Forestal) dispone que en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecotorismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, el que definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esa ley. En esencia, no comprenden por qué se hace dicha distinción y, por ende, porqué las referidas instituciones quedan exentas de solicitar autorización ante el Ministerio de Ambiente y Energía, el que, conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, es el administrador de todo el patrimonio natural del Estado. Aducen que la norma impugnada crea un conflicto de competencias entre el Ministerio de Ambiente y Energía y el resto de instituciones citadas. En un sentido similar, añaden que la norma mencionada le otorga una competencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (asegurar que no se altere el caudal ecológico), a pesar que esta no le corresponde. Afirman que todo lo relacionado con temas de caudales ecológicos le corresponde a la Dirección de Aguas y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE. Sobre el particular, sostienen que se realizó un traslado irresponsable y sin fundamento alguno de tales competencias.

Al respecto, es menester aclarar los siguientes puntos: primero, no es cierto que exista un conflicto de competencias entre el Ministerio de Ambiente y Energía y el resto de instituciones citadas. Lo anterior, pues reiteramos que la ley número 9590 obliga al cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Ahora bien, como se explicó en el considerando X, el Estado delega en el Ministerio de Ambiente y Energía buena parte de las competencias en esta materia, siendo que este Ministerio ostenta la función de rectoría en materia ambiental y, por tanto, es responsable de emitir las políticas de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales. Por ende, esto es respetado en la normativa en cuestión al remitir al cumplimiento de leyes ambientales, además de establecer una serie de requisitos que debe cumplir este Ministerio a la hora de proponer un proyecto para el abastecimiento de agua en terrenos del patrimonio natural del Estado, así como ejercer el monitoreo en ciertos puntos. Sin embargo, también es cierto que existe la necesidad de que exista una coordinación entre las dependencias públicas que busque garantizar la protección del ambiente. Por ende, esta ley también buscar la coordinación del Ministerio del Ambiente y Energía con las diferentes instituciones que ahí se comentan, pero sin perder su condición de rector en esta materia.

Por otra parte, tampoco es cierto que se le otorgue una competencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al determinar que es esta institución la que debe asegurarse que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema. Esto, pues si bien es cierto que efectivamente la ley impugnada señala que ese instituto “deberá asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema” , también señala que “el monitoreo de este le corresponderá al Minae”. En este sentido, como se pude observar, esta normativa respeta el ordenamiento jurídico vigente, pues, al encontrarnos ante una actividad para garantizar el consumo de agua potable para la población, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el encargado de velar por el cumplimiento de esta actividad. Así, recordemos que tal y como se dispuso en el considerando XI, se le ha encomendado a ese Instituto la función de dirigir y vigilar todo lo concerniente para asegurar que se pueda proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable en calidad y cantidad suficientes. Lo anterior, con la finalidad última de garantizar el servicio público universal de abastecimiento de agua potable y, por tanto, la satisfacción del derecho fundamental del acceso al agua potable. De esta forma, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a tener rectoría en el área de agua potable y alcantarillado sanitario y su intervención en protección de la salud de los habitantes debe ser activa y decidida, en especial cuando exista inacción por parte de  las entidades encargadas de velar por un adecuado servicio. Por ende, la ley cuestionada no contradice esta posición. Igualmente, también es cierto que la jurisprudencia mencionada de este Tribunal ha indicado que la competencia en materia hídrica recae sobre el Ministerio de Ambiente y Energía en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución encargada de suministrar el servicio de agua potable, así como en coordinación con otras instituciones. Sin embargo, esta situación también se establece en la ley impugnada, pues como se indicó, el mismo artículo señala que “el monitoreo de este le corresponderá al Minae” . Por lo tanto, se puede concluir que la norma busca la coordinación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía, respetando sus competencias y procurando que se garantice el acceso al agua potable así como el respeto al ambiente.

En un mismo sentido, estas competencias son respetadas en el último párrafo de ese artículo al señalar que en forma anual los entes prestados del servicio de agua potable (AyA, municipalidades, ESPH, ASADAS) deberán presentar ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Dirección de Aguas, un informe de los resultados de los aforos, dada la naturaleza y la fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas. Sin embargo, respecto a este punto, esta Cámara Constitucional considera que es menester realizar una aclaración, la cual se efectuará en el próximo considerando. Así, siguiendo con la línea argumentativa, como se puede observar, la normativa respeta las competencias de las instituciones respectivas pero buscando la coordinación de las mismas para garantizar el consumo de agua así como la protección del ambiente. Eso sí, como establece la misma norma, la rectoría recae sobre el Ministerio de Ambiente y Energía y sus dependencias, como en este caso el SINAC y la Dirección de Aguas.

En síntesis, no se constata que la ley impugnada elimine competencias a las instituciones mencionadas o que estipule un conflicto de competencias.

Ahora bien, este Tribunal considera que los accionantes sí tienen parcialmente razón en cuanto a este punto. Esto es que el párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590 (que adiciona el artículo 18 bis en la Ley Forestal) señala lo siguiente: “ se autoriza a los entes prestadores indicados en este artículo para que realicen actividades del aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias para el sistema de abastecimiento poblacional para consumo humano, en los terrenos patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestador del servicio público de abastecimiento poblacional para consumo humano, con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de este servicio a las futuras generaciones. En estos casos, no será necesario el trámite de autorización ante el Minae, pero los entes prestadores deberán cumplir con los demás requisitos establecidos en este artículo y en la normativa nacional. Los entes prestadores continuarán administrando estos terrenos, que en los demás aspectos seguirán sujetos a las condiciones, limitaciones y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según lo dispuesto en esta ley” (el resultado no es del original).

Al respecto, esta Sala considera que la disposición señalada de eximir del trámite de autorización ante el Ministerio de Ambiente y Energía para esas instituciones carece de justificación. Además, tal indicación no toma en cuenta la rectoría de ese Ministerio en materia ambiental y su obligación de garantizar un derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que si se exime de la autorización previa ante ese Ministerio, el mismo pierde la posibilidad de ejercer de forma adecuada sus funciones de rectoría. Asimismo, no sería posible la exigencia de coordinación entre esas instituciones y el Minae, lo cual podría dejar en vulnerabilidad a la población al eximir de obligaciones tendientes a la protección del ambiente. Igualmente, recordemos que este Tribunal ha mencionado que cualquier regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada. El estudio tiene  que justificar con criterio científico sustentado que el cambio es una medida viable desde  la perspectiva ambiental en el marco de una política de desarrollo sostenible, de lo contrario  deviene en una transgresión del principio de no regresividad o irreversibilidad de la protección en  los términos explicados supra y una violación material del principio de inderogabilidad singular de  las normas. Así las cosas, la falta de evidencia científica justifica fallar conforme al principio precautorio (véase la sentencia número 2012-13367). Por eso, si tal decisión carece de justificación dentro del marco de una política desarrollo sostenible, no es posible eximir de la autorización previa del MINAE, pues, como se indicó, dicha situación podría vulnerar el derecho de la población a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Lo anterior, conforme a los principios ambientales señalados en el considerando VIII.

Por ende, eximir a esas instituciones de esa autorización presupone una amenaza al derecho al ambiente, pues no se podrían mantener los controles y coordinación respectiva. Por lo tanto, lo que corresponde es anular la frase “no será necesario el trámite de autorización ante el Minae” del párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590 . En este sentido, esta norma debería leerse de la siguiente forma: “se autoriza a los entes prestadores indicados en este artículo para que realicen actividades del aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias para el sistema de abastecimiento poblacional para consumo humano, en los terrenos patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestador del servicio público de abastecimiento poblacional para consumo humano, con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de este servicio a las futuras generaciones. En estos casos, los entes prestadores deberán cumplir con los demás requisitos establecidos en este artículo y en la normativa nacional. Los entes prestadores continuarán administrando estos terrenos, que en los demás aspectos seguirán sujetos a las condiciones, limitaciones y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según lo dispuesto en esta ley”.

En virtud de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar la acción únicamente respecto a este reclamo y se anula la frase indicada.

Ahora bien, al respecto, es menester añadir que descartado el conflicto de competencias -que, además, es un tema de legalidad y no de constitucionalidad-, es importante tener presente que las entidades autorizadas deben de obtener la autorización del órgano o ente rector en materia ambiental, en aras de un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, el que, en este momento, es el MINAE; empero, lo anterior no es óbice para que el legislador, conforme al principio de libre configuración, otorgue esa rectoría a otro órgano o ente.

XVI.- Sobre la relación del patrimonio natural del Estado y los territorios indígenas y la falta de consulta previa a los pueblos indígenas. Por último, los accionantes reclaman que muchos sitios que son áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado se encuentran en territorio indígena. Pese a esto, aducen que los pueblos indígenas no fueron consultados sobre la ley impugnada. Estiman que lo anterior violenta su derecho a la información y a la participación. Asimismo, consideran vulnerado lo dispuesto, sobre el particular, por el ordinal 6.1.a., del Convenio 169 de la OIT. Manifiestan que si el agua que se podría extraer de los territorios indígenas conlleva a instalar tuberías, casetas de bombas de impulsión, talar bosque y sotobosque, entre otras acciones, a los indígenas se les debió consultar de forma previa.

Al respecto, este Tribunal considera que los accionantes no llevan razón por las siguientes razones. Primero que todo, la Directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación señala que, “respecto a los territorios indígenas, las áreas silvestres protegidas son bienes de dominio público, concepto incompatible con el de las reservas indígenas, que constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a nombre de la Asociación de Desarrollo integral que las representan, de carácter inalienable o intransferible a los no indígenas (Ley 617211 977, arts. 2" y 3°, Convenio 107 OIT, aprobado por Ley 2330/1959, art. 11, Ley 5251/1973, art. 4°, inciso e; Convenio 1969 OIT, aprobado por Ley 7316/1992, art. 14)”. De esta forma, estima que no existe una vulneración a estos territorios ni derechos de los pueblos indígenas al no incluir la norma los territorios indígenas. Por otra parte, pero en un igual sentido, el Ministro de Ambiente y Energía informa que “respecto a la no consulta a los pueblos indígenas, considera que no es procedente, ya que áreas silvestres protegidas son bienes de dominio público, concepto incompatible con el de las reservas indígenas, que constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral que las representan, de carácter inalienable o intransferible a los no indígenas”. Asimismo, estas posiciones son avaladas por la Procuraduría General de la República, pues en su contestación indicó lo siguiente: “sobre lo alegado en cuanto a la violación del derecho de participación de los pueblos indígenas, indica que jurídicamente el régimen de patrimonio natural del Estado y el de los territorios indígenas es incompatible (…) el patrimonio natural del Estado es de dominio público, y por tanto, contrapuesto al régimen de las reservas indígenas, que constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble (…) no sería posible que un espacio territorial sea simultáneamente de dominio público estatal y reserva indígena, y por ello, no es posible afirmar que la ley impugnada afecta a los territorios indígenas porque permitirá el aprovechamiento del recurso hídrico localizado en ellos”. En este sentido, esta Cámara Constitucional estima que tienen razones las instituciones consultadas, pues este mismo Tribunal, en la sentencia número 2010-14772 de las 14:35 horas del 01 de setiembre de 2010 afirmó esta posición. Así, en ese voto se indicó lo siguiente: “el régimen jurídico de protección de la propiedad de las Áreas Silvestres Protegidas y las Reservas Indígenas son distintas, toda vez que mientras en la primera es propiedad Estatal, la de las reservas indígenas pertenecen a una forma de propiedad comunitaria, de modo que, aunque éstas últimas son una forma especial de propiedad, inscrita a nombre de una Asociación de Desarrollo Integral, no son equivalentes y no pueden asimilarse a las formas de protección de la propiedad de bienes del Estado, especialmente aquellas integradas al Patrimonio Natural del Estado. La Sala en su jurisprudencia sobre los bienes demaniales (…)”.

Por consiguiente, esta Sala comparte la posición expresada por las instituciones consultadas respecto a la incompatibilidad entre patrimonio natural del Estado y territorios indígenas. Por lo tanto, se descarta la violación a los derechos de los pueblos indígenas reclamado por los accionantes.

Ahora bien, tomando en cuenta que como se indicó en considerandos anteriores, la presente ley lo que hace es habilitar para presentar proyectos para elaborar obras para lograr el aprovechamiento de agua para el consumo humano en terrenos del patrimonio natural del Estado, por lo que será en la presentación de cada proyecto, que debe cumplir con los requisitos establecidos, que se valorará específicamente en cual terreno en particular se podrá realizar tal función. Por ende, este Tribunal también comparte lo señalado por la Procuraduría General de la República, respecto a que, a pesar de lo señalado acerca de la incompatibilidad del régimen de patrimonio natural del Estado y el de los territorios indígenas, si una solicitud concreta de aprovechamiento de agua en un área silvestre protegida, de algún modo llegare a afectar los intereses legítimos de algún territorio indígena, en ese momento deberá cumplirse con lo estipulado referente a la consulta a las comunidades indígenas, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia de esta Sala (sobre la Consulta a los Pueblos Indígenas y el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, véase, entre otras, la sentencia número 2017-014522de las 12:19 horas del 08 de setiembre de 2017).

XVII.- Conclusión. Corolario de lo expuesto, lo correspondiente es declarar parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, únicamente se anula la frase "no será necesario el trámite de autorización ante el Minae” del párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590. Lo anterior por ser una amenaza al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al eximir a las instituciones respectivas del control y rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía. Por ende, se procede a anular esa frase. En lo demás, se declara sin lugar la acción.

XVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, únicamente se anula la frase "no será necesario el trámite de autorización ante el Minae” del párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la frase anulada de la norma en cuestión, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En lo demás, se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Araya García ponen nota. La Magistrada Esquivel Rodríguez pone nota. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al Procurador General de la República, al Presidente de la Asamblea Legislativa, a los accionantes y a todos los intervinientes.








Fernando Castillo V.
Presidente






            Fernando Cruz C.                                                    Paul Rueda L.






         Luis Fdo. Salazar A.                                                  Jorge Araya G.




         Marta Eugenia Esquivel R.                                  Mauricio Chacón J.












Expediente No. 18-015287-0007-CO


NOTA DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO VÍQUEZ, SALAZAR ALVARADO Y ARAYA GARCÍA. Vista la redacción final del voto en este proceso, los suscritos magistrados estimamos innecesario consignar la nota que en su momento consideramos oportuna durante la discusión del asunto. En consecuencia, renunciamos a la nota en cuestión.














Fernando Castillo V.
Magistrado










Luis Fdo. Salazar A.                                                   Jorge Araya G.
  Magistrado                                                                Magistrado




























Expediente No. 18-015287-0007-CO

Nota de la Magistrada Esquivel Rodríguez. En el presente asunto comparto la posición de la mayoría respecto a que no existe un conflicto de competencias en la normativa cuestionada. No obstante, considero necesario hacer una breve aclaración. En el párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590 se establece lo siguiente: “ se autoriza a los entes prestadores indicados en este artículo para que realicen actividades del aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias para el sistema de abastecimiento poblacional para consumo humano, en los terrenos patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestador del servicio público de abastecimiento poblacional para consumo humano, con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de este servicio a las futuras generaciones (…)” (el resultado no es del original).

De esta forma, se puede observar que los entes mencionados en ese artículo son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), las municipalidades que aún prestan el servicio público de agua potable por la Ley Nº 1634, Ley General de Agua, de 18 de setiembre de 1953, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asadas). Sin embargo, al encontrarnos ante una actividad para garantizar el consumo de agua potable para la población, es menester reafirmar que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el encargado de velar por el cumplimiento de esta actividad. Lo anterior, pues se le ha encomendado a ese Instituto la función de dirigir y vigilar todo lo concerniente para asegurar que se pueda proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable en calidad y cantidad suficientes. Esto, con la finalidad última de garantizar el servicio público universal de abastecimiento de agua potable y, por tanto, la satisfacción del derecho fundamental del acceso al agua potable. De esta forma, reitero, conforme a la jurisprudencia mencionada en el voto de mayoría, que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a tener rectoría en el área de agua potable y alcantarillado sanitario y su intervención en protección de la salud de los habitantes debe ser activa y decidida, en especial cuando exista inacción por parte de  las entidades encargadas de velar por un adecuado servicio. Por ende, considero necesario aclarar que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución rectora en el área de agua potable, debe velar porque se cumplan con las actividades indicadas en esa norma, coordinando con demás entes mencionadas.

En síntesis, estimo necesario aclarar que, por las razones expuestas, en los casos concretos en que el ente prestador del servicio de agua potable sean las municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, Asadas, estas instituciones deberían coordinar con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al momento de realizar las actividades del aprovechamiento de agua establecidas en las ley analizada.







Marta Esquivel Rodríguez

Magistrada

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 04-04-2026 04:48:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

… IX.- On the obligation to carry out technical studies on environmental matters. Now then, based on the principles explained in the preceding recital, we can affirm that the State has the obligation to carry out technical studies on environmental matters and the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). In this regard, this Chamber, in judgment number 2008-15315 of 14:59 hours on October 10, 2008, has established the need for certain activities to have an approved environmental impact assessment. This is because such an administrative procedure makes it possible to identify and predict, from a technical-scientific point of view, the effects that an activity may cause on the environment…

… the present law does is enable the presentation of projects to develop works to achieve the use of water for human consumption on lands of the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado), therefore, it will be upon the presentation of each project, which must comply with the established requirements, that it will be specifically assessed on which particular land such a function may be carried out. Consequently, this Court also shares what was stated by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), regarding the fact that, despite what was noted about the incompatibility of the State’s natural heritage regime and that of indigenous territories, if a specific application for water use in a protected wilderness area (área silvestre protegida) in some way comes to affect the legitimate interests of an indigenous territory, at that moment the stipulations concerning consultation with indigenous communities must be fulfilled, in accordance with current regulations and the jurisprudence of this Chamber (on the Consultation of Indigenous Peoples and Convention No. 169 of the International Labour Organization, see, among others, judgment number 2017-014522 of 12:19 hours on September 8, 2017).

XVII.- Conclusion. As a corollary to the foregoing, the appropriate course is to partially grant the action and, consequently, only the phrase “the authorization procedure before Minae will not be necessary” (“no será necesario el trámite de autorización ante el Minae”) from paragraph 4 of Article 2 of Law Number 9590 is annulled. The foregoing because it constitutes a threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment by exempting the respective institutions from the control and stewardship of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía). Therefore, that phrase is hereby annulled. In all other respects, the action is dismissed…

Therefore:

The action is partially granted and, consequently, only the phrase “the authorization procedure before Minae will not be necessary” (“no será necesario el trámite de autorización ante el Minae”) from paragraph 4 of Article 2 of Law Number 9590 is annulled. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled phrase of the norm in question, without prejudice to good faith acquired rights. In all other respects, the action is dismissed. Magistrates Castillo Víquez, Salazar Alvarado, and Araya García append a note. Magistrate Esquivel Rodríguez appends a note. Summarize this ruling in the Official Gazette La Gaceta and publish it in its entirety in the Judicial Bulletin. Notify the Attorney General of the Republic, the President of the Legislative Assembly, the claimants, and all intervenors.

… there exists a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to potable water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence… In this sense, the supply of potable water constitutes an essential and onerous public service. The jurisprudence of the Chamber, regarding the supply of potable water, has been fundamentally directed toward the protection of the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area in which the State is obliged to provide some public services, especially those that are essential for maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of life and health of persons. In this way, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, forms part of a due and efficient service to the subscriber, and in turn guarantees their most basic fundamental rights. Consequently, it can be assured that the supply of potable water constitutes an essential public service, to which the general principles of public services established by Article 4° of the General Law of Public Administration and the provisions of the Constitutional Chamber regarding the fundamental right to the proper functioning of public services are also applicable (see in this regard judgment number 2386-2006 of 10 hours 57 minutes on February 24, 2006)… Judgment 017397-19

… VIII.- On constitutional environmental principles. Following the line of argument regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, we can verify the existence of a series of principles on the environment that have been widely developed by this Court. Thus, the State's action to guarantee effective environmental protection is conditioned by constitutional environmental principles, which help determine the content of every person's fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (see judgment number 2007-2063 of 14:40 hours on February 14, 2007). Among the constitutional environmental principles developed by this Constitutional Chamber and that are relevant for the analysis of this case, we find the following:

1. State responsibility for environmental rights protection (tutela del derecho ambiental a cargo del Estado): This principle derives from what is indicated in constitutional numeral 50 by establishing the State's obligation to guarantee, defend, and protect this right, whereby the State becomes the guarantor of the protection and defense of the environment and natural resources (see judgment number 0644-99 of 11:24 hours on January 29, 1999, and reiterated in judgment number 2002-4947 of 09:24 hours on May 24, 2002)… Judgment 017397-19

… there exists a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to potable water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence… In this sense, the supply of potable water constitutes an essential and onerous public service. The jurisprudence of the Chamber, regarding the supply of potable water, has been fundamentally directed toward the protection of the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area in which the State is obliged to provide some public services, especially those that are essential for maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of life and health of persons. In this way, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, forms part of a due and efficient service to the subscriber, and in turn guarantees their most basic fundamental rights. Consequently, it can be assured that the supply of potable water constitutes an essential public service, to which the general principles of public services established by Article 4° of the General Law of Public Administration and the provisions of the Constitutional Chamber regarding the fundamental right to the proper functioning of public services are also applicable (see in this regard judgment number 2386-2006 of 10 hours 57 minutes on February 24, 2006)… Judgment 017397-19

…, regarding the State’s natural heritage, a topic of importance for the present case, it has been mentioned, in accordance with the partially transcribed judgments, that it is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) (Forestry Law, arts. 6 subsec. a and 13 para. 2, and 14; Organic Law of the Environment, Article 32, para. 2). It consists of two important components: a) Protected Wilderness Areas, whatever their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Forestry Law 7575, arts. 1, para. 2, 3 subsection i; Organic Law of the Environment 7554, Article 32; Biodiversity Law No. 7788, arts. 22 et seq. and 58; National Parks Service Law No. 6084, Article 3 subsecs. d and f, in relation to the Organic Law of MINAE No. 7152 and its Regulations; Wildlife Conservation Law No. 7317, Article 82, subsection a). b) The other forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and public institutions (Article 13 of the Forestry Law), which have an immediate legal affectation. For the maritime-terrestrial zone, the same Law 6043 (Article 73) excludes Protected Wilderness Areas from its scope and subjects them to their own legislation. The rest of the forested areas and lands of forest aptitude on the coastlines are also under the administration of the Ministry of the Environment and are governed by their specific regulations (Forestry Law, Article 13 and concordant articles) (see judgment number 2008-16975 of 14:53 hours on November 12, 2008). Furthermore, this Court has also indicated that protective zones play a preponderant role in the balance of the environment, understood as the set of things surrounding the individual such as: climate, soil, light, wind, rain, food, cold, heat, habitat, etc., and in the balance of the ecosystem due to the exchange relationship that occurs between the living part of nature and the inert part thereof. Hence, soil, the regulation of the hydrological regime, the conservation of the environment, and of hydrographic basins must be protected. These zones are created by law or via decree of the Executive Branch and in them, also by legal provision, it is prohibited to carry out agricultural labors or destruction of vegetation (see judgment number 2007-2063 of 14:40 hours on February 14, 2007).

On the other hand, in accordance with the partially transcribed judgments, the protective regime contemplated in the Forestry Law for the State’s Natural Heritage implies: that the lands are inalienable; their possession by private individuals “shall not cause any right in their favor” and the State's action to recover them is imprescriptible; they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information; their invasion and occupation is sanctioned as a crime; logging, forest use (aprovechamiento forestal), and land-use change (cambio de uso del suelo) are not permissible, and only research, training, and ecotourism activities may be authorized (articles 1, paragraph 2, 3 subsection a), 14, 15, 18, 58 subsections a) and b) and 61 subsection c) (see judgment number 2012-12716 of 16:01 on September 12, 2012).

Consequently, it is clear that the exclusive competence lies with the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas, this being a matter of national interest… Judgment 017397-19

… Precautionary principle or principle of prudent avoidance (principio precautorio o principio de la evitación prudente): This concept has been developed in numbers 2806-98, 2003-06322, 2004-1923, and 2005-12039, among others, of this Court, which is based on Article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which alludes to the necessary action and effect of anticipating potential damage to the integral elements of the environment; thereby advocating for the implementation of actions aimed at the due protection, conservation, and adequate management of resources, that is, the adoption of all technical or operational measures to avoid, prevent, or contain the potential impact on the environment or the health of persons. In this way, should there be a risk of serious or irreversible damage—or an objective doubt in this regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question should be postponed; because subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in the majority of cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral significance, but will hardly compensate the damage caused to the environment. Likewise, the precautionary principle applies when there is no scientific certainty about the risks or environmental impact of a measure, the studies or available information generate doubts about the risks or their possible negative impact. On the contrary, the principle of prevention or preventive principle applies in those cases where there is scientific evidence that the measure will cause environmental damage. In this second case, the available information may be sufficient or insufficient, but with what exists, a degree of certainty is reached about the negative impacts that the measure will cause on the environment. The difference between one and the other lies in the existence or not of scientific certainty about the possible risks or injuries to the environment (see judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012).

In summary, this principle, based on Article 50 of the Political Constitution and Article 15 of the Rio Convention, already mentioned, obliges the Administration to adopt the necessary measures to give full protection to the environment, and avoid damage that is irreversible… Judgment 017397-19

… Principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The former has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. By virtue of these norms, the State assumes the obligation to increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those, like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), that require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. Likewise, from the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in numeral 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved. This principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to causes of nature, that negatively impact the achievements reached until then and forces a downward reassessment of the new level of protection. In those cases, Constitutional Law and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels (see judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012). In this way, we find a relationship between the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since, as this Court has indicated in judgment number 7294-1998, “the principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the norms enacted regarding this matter be duly motivated by serious technical studies, even if no other legal regulation expressly established it.”

In summary, in accordance with these principles, the State is prohibited from taking measures that diminish the protection of fundamental rights, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment… Judgment 017397-19

… Principle of objectivization of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental) or principle of linkage to science and technology (vinculación a la ciencia y a la técnica). This principle, which, as this Court indicated in judgment number 14293-2005 of 14:52 hours on October 29, 2005, translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to the Administration's actions and general provisions—legal and regulatory—, from which derives the requirement of "linkage to science and technology" ("vinculación a la ciencia y a la técnica"), an element that provides a technical-scientific basis for the Administration's decisions in this matter, and by such virtue, limits and conditions the Administration's discretion in its actions—in the terms provided in Article 16 of the General Law of Public Administration—. So that, in accordance with the results derived from these technical studies—such as environmental impact studies—, objective technical criteria are evidenced that denote either the environmental viability of the project or the probability of evident damage to the environment, natural resources, or the health of persons, a circumstance that obliges the establishment of precautionary measures or the rejection of the proposed project, work, or activity; and in the case of a "reasonable doubt" ("duda razonable"), it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (principio pro-natura)… Judgment 017397-19

… Principle of rational use of natural resources (uso racional de los recursos naturales). This axiom requires that the necessary balance exists between the country's development and the right to the environment and with Article 69 of the Constitution, from which the principle of rational exploitation of the land is derived, imposing on both individuals and the State the obligation to protect and preserve renewable natural resources (see judgment number 2012-12716 of 16:01 on September 12, 2012). In this way, based on this principle, this Court—in its various resolutions—has established the constitutional parameters for the adequate use thereof; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed towards the adequate and intelligent use of its elements and their natural, sociocultural, technological, and political relations (sustainable development), in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations have a right. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that through the production and use of technology, not only economic gains are obtained (freedom of enterprise) but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm” (see judgment number 6322-2003 of 14:14 hours on July 3, 2003). However, it is necessary to clarify that, according to the jurisprudence of this Chamber, the right to the environment cannot yield to economic considerations, as it is a non-proprietary right of unquestionable importance not only for the current inhabitants of the country, but also for successive ones (see judgment number 1887-1995 of 09:15 hours on April 7, 1995).

Equally, in this principle we also find a relationship with the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since the requirement of rational use of natural resources is directly linked to a parameter of constitutionality of conduct—administrative and of individuals—and of the regulations governing the matter, such as reasonableness—according to the jurisprudence development of this Constitutional Court, for example see judgment number 2410-2007 of 10:15 hours on February 21, 2007—insofar as its purpose is to aim for the sustainability of the use of natural resources and the elements that make up the environment, through their “adequate use”; and by virtue of which, as mentioned, it is clear that environmental protection must be directed towards the adequate and intelligent use of its elements and their natural, sociocultural, technological, and political relations, in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations have a right.

In summary, the Administration must promote a sustainable use of natural resources, thereby ensuring that the country can develop economically, without compromising the integrity of the environment nor the heritage to which present and future generations have a right, nor should it yield to economic considerations… Judgment 017397-19

Text of the resolution

*180152870007CO*

Exp: 18-015287-0007-CO

Res. Nº 2019017397

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve fifty-four hours on September eleventh, two thousand nineteen.

Action of unconstitutionality brought by DAISY MAGALY LÁZARO QUESADA, of legal age, single, economic and social planner, indigenous Brunca, bearer of identity card No. 7-0165-0631 and BENJAMÍN MAYORGA MORA, of legal age, married, trainer, indigenous of the Bribrí people of Talamanca, bearer of identity card No. 7-087-0623, against the “Law to Authorize the Use of Water for Human Consumption and Construction of Related Works in the State’s Natural Heritage, Law No. 9590 of July 3, 2018”.

Whereas:

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 13:55 hours on September 27, 2018, the claimants petition that the unconstitutionality of Law No. 9590 of July 3, 2018, denominated “Law to Authorize the Use of Water for Human Consumption and Construction of Related Works in the State’s Natural Heritage” be declared. The foregoing, because they deem it contrary to the provisions of Articles 9, 50, and 89 of the Political Constitution, to the precautionary, objectivization, and non-regression principles in environmental matters, to what is indicated in numeral 5 of the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Scenic Natural Beauties of the Countries of the Americas, in the Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations of the Central American Integration System, in ordinals 4 and 5 of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, in Articles 2.5 and 4.2 of the Convention Relating to Wetlands of International Importance (Ramsar Convention), in ordinal 6.1.a. of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples, and in Articles 8.1, 25, and 32.1 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. They argue that through Article 1 of the law (which, in turn, modifies ordinal 18 of the Forestry Law), a new activity is included in the zones called State’s natural heritage, that is, the extraction of water in sites of high fragility, in forest ecosystems rich in biodiversity, which entails a clear land-use change (cambio de uso de suelo) in those stretches where the pipeline passes and where permanent works will be made (e.g., catchment reservoirs, pumping stations for water impulsion, etc.). They accuse that such works imply a series of negative impacts on the environment such as the felling of trees, the elimination of undergrowth, the execution of works within springs (nacientes), rivers, or streams, etc. They allege that regarding said modification, there is not, in the respective legislative file, a single record stating all the referred sites considered State’s natural heritage, the numbers of areas to be impacted, or technical studies that rule out the negative impacts within the protection sites, the costs, the repercussions on biodiversity, etc. They affirm that there was no technical support justifying and quantifying the changes of land use that could be of kilometers or tens of these in protection sites. They state that a legislative modification was drafted, without technical or scientific basis, which expands a use that entails the generic disaffectation of all sites that are State’s natural heritage or protected wilderness areas. They maintain that the preceding omission is not resolved by indicating in Article 2 (which adds ordinal 18 bis to the Forestry Law) that all works “must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment instrument (instrumento de evaluación de impacto ambiental)”. They add that the fact that an environmental impact study is not expressly and clearly requested for future aqueducts within the State’s natural heritage generates a doubt, in the sense that future environmental viability (viabilidad ambiental) may not be carried out with the appropriate technical instrument. They allege that the foregoing collaterally affects the public participation process of the citizenry directly linked with the execution of environmental impact studies.

They indicate that it was also necessary to require a strategic environmental assessment, together with the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), since the former allows for analysis of the needs scenario, as well as the regional impacts generated by the installation of aqueducts in a site considered State natural heritage (patrimonio natural del Estado) or a protected wilderness area (área silvestre protegida). On the other hand, they consider that, without any justification, Article 2 (which creates subsection 18 bis) establishes that on lands that are State natural heritage and belong to public administrations (municipalities, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, etc.), it will not be necessary to request authorization from MINAE when it comes to building aqueducts, felling trees, removing understory (sotobosque), altering ecosystems, etc. The foregoing, they argue, despite the fact that subsection 1 of the Law (through which Article 18 of the Ley Forestal is created) provides that on the natural heritage, the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism activities, as well as activities necessary for the use of water for human consumption, in accordance with Article 18 bis of this law, once approved by the Ministry of Environment and Energy, which will define, when applicable, the performance of environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), as established by the regulation of that law. In essence, they do not understand why such a distinction is made and, therefore, why the referred institutions are exempt from requesting authorization from MINAE, which, pursuant to Article 13 of the Ley Forestal, is the administrator of all State natural heritage. They consider that there was no technical or scientific reason for said exclusion. They argue that the challenged norm creates a conflict of competencies between MINAE and the rest of the cited institutions. They add that subsection 18 bis grants a competency to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) (to ensure that the ecological flow (caudal ecológico) is not altered), even though this does not correspond to it. They affirm that everything related to ecological flow matters corresponds to the Dirección de Aguas and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) of MINAE. On this point, they maintain that an irresponsible transfer of such competencies was made, without any foundation. On the other hand, they state that, pursuant to the Ley Orgánica del Ambiente, there are seven types of protected wilderness areas. They allege that, despite the foregoing, subsection 18 bis created by Article 2 of the challenged law provides that “In the case of protected wilderness areas of absolute protection, that is, national parks and biological reserves, the provisions of Article 38 of Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, must also be complied with.” Thus, they note that, without any foundation, Article 18 bis creates a special regime that eliminates five types of protected wilderness areas from the application of subsection 38 of the Ley Orgánica del Ambiente. They explain that, making a broad and protective interpretation of biodiversity, both sites that are State natural heritage and protected wilderness areas are covered by the referred Article 38 and, therefore, when there are area reductions or land-use changes (cambios de uso de suelo), compensation must be sought. In other words, they affirm that, contrary to what the challenged regulation provides, whenever an aqueduct is to be constructed in protected sites, the removal from protection (desafectación) due to land-use change must be sought, and even area compensation must be carried out. By way of example, they explain that the questioned regulation excluded wetlands from the application of subsection 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, which clearly becomes unconstitutional. In another order of considerations, they state that many sites that are protected wilderness areas and State natural heritage are located in indigenous territory. Despite this, they argue that the indigenous peoples were not consulted on the challenged law. They consider that the foregoing violates their right to information and participation. Likewise, they consider violated the provisions, on this point, of subsection 6.1.a. of ILO Convention 169. They state that if the water that could be extracted from indigenous territories involves installing pipes, pump station sheds, felling forest and understory, among other actions, the indigenous people should have been consulted beforehand. They consider that, in parallel, their culture and lifestyle are violated. They add that for the same reasons cited above, Article 3 of the challenged law, through which a forest reserve (reserva forestal) was defined, is unconstitutional. They maintain that, regarding these reserves, the indigenous peoples were also not consulted.

2.- In order to substantiate the standing they hold to bring this unconstitutionality action, they indicate that it is filed under the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, insofar as they appear in defense of diffuse interests (environmental matters) and in defense of an interest that concerns a collectivity, in this case the rights of indigenous peoples.

3.- By resolution at 08:23 on October 4, 2018, the Presiding Magistrate of this Constitutional Chamber admitted this unconstitutionality action, granting a hearing to the Procuraduría General de la República (PGR), the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

4.- By a brief filed on October 18, 2018, Mr. Mario Andrés Boza Loría, identity card No. 1-297-932, appears in this file and requests to be recognized as an active coadjuvant, and indicates that he appears before this Chamber based on and with standing derived from the diffuse interests emanating from Article 50 of the Political Constitution. He indicates that he agrees with the fourth paragraph of Article 2 of Law No. 9590, in the sense that on lands acquired by water service providers from citizens, from now on, the works necessary to bring water to neighboring communities or cities may be constructed. He states that Law No. 9590 could have been limited to this paragraph, with which conservationists would have been satisfied. He argues that Article 50 of the Political Constitution says that “every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment.” He indicates that for an “ecologically balanced environment,” a dynamic state of perfect harmony between living beings and their environment must exist. An alteration to this balance can be caused by natural or artificial causes, such as climate change, a forest fire, illegal hunting or fishing, or the extraction of water necessary for wildlife. He indicates that there are countless national and international examples of the impact on wildlife when water levels or sources are reduced. He cites certain examples he says he extracted from the literature, among them, the claim that due to climate change between 2070 and 2099, Costa Rica would lose up to 85% of the water originating in its protected areas and used outside their limits. He maintains that this would affect wildlife. He warns that these effects are already beginning to be observed, and according to the Instituto Meteorológico Nacional (IMN), by 2040 the country will experience an increase in air temperature and variations in rainfall patterns. He says that if there is less water for humans, this also applies to wildlife, which would be accentuated if water is intended to be obtained within protected areas. He cites the case of hippopotamuses. He presents the case of the Logone River that crosses Waza National Park in Cameroon, where dams have been built inside the national park for irrigation purposes, which has led to the elimination of fish in some areas of the park and a drastic reduction in the antelope population. Likewise, he points out the case of Big Bend National Park in the United States of America, which has been affected by the overuse of water from aquifers outside the park, which has reduced the water table in the area. He indicates that these few examples demonstrate the serious problem being presented in Costa Rica and other countries of the world when the use of water on which wildlife depends begins in protected areas. He argues that the problem is accentuated due to the impact of climate change. He questions Articles 1 and 2 of Law No. 9590. Regarding the first article, he says that the Minister of Environment and Energy will authorize, among other tasks or activities, the use of water for human consumption on the State natural heritage. That is, it is a subjective decision, that is, typical of that person's way of thinking or feeling. He continues stating that this article also says that it will be the Minister of Environment and Energy who will define, when applicable, the performance of environmental impact assessments. He alleges that, again, this is a subjective decision. Regarding Article 2 of Law No. 9590, he maintains that this numeral says that the use of water for population supply may be authorized by the Ministry of Environment and Energy “after declaration by the Executive Branch of public interest.” He indicates that the decision-makers will be the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy. Therefore, it falls back on subjective decisions. He warns of an alleged contradiction between Articles 1 and 2 of Law No. 9590. The foregoing, because Article 1 says that the minister will define the performance of environmental impact assessments. While Article 2, second paragraph, states that the works to extract water must be executed following the corresponding environmental impact assessment instrument. He questions which of the two articles prevails. He adds that the second paragraph of Article 2 speaks of the “applicable technical criteria for the intervention of protected wilderness areas contemplated in Law No. 7788, Ley de Biodiversidad...” He comments that this is a very vague concept, since the Ley de Biodiversidad does not have any section or article that refers to the intervention of protected wilderness areas. He indicates that there are articles that speak about definitions and the protection of protected wilderness areas. He argues that paragraph 4 of Article 2 of the questioned law does mention the concept of “ecological flow,” but only referred to the lands acquired by water service providers and does not refer to the protected wilderness areas of the State natural heritage. He highlights that in his judgment, Law No. 9590 does not supply sufficient guarantees that in the protected areas of Costa Rica - which are part of the State natural heritage - it will be possible to maintain an “ecologically balanced environment.” He explains that from a conservationist point of view, he says that Article 35 of the Ley Orgánica del Ambiente, in subsection e), indicates that one of the objectives of protected areas is to “protect and improve aquifer zones and hydrographic basins, to reduce and prevent the negative impact that their poor management can cause.” By protecting aquifer zones and basins, the conservation of the water originating there is ensured, which could be used outside the protected area. He states that this is what happens in the Reserva Forestal del Río Macho, which protects the hydrographic basins of the rivers that later nourish the Río Macho reservoir, which is located outside the limits of the reserve. He mentions that the protection of water sources - very scarce in the protected areas of Costa Rica - located in the Pacifico Seco is fundamental so that wildlife can survive the dry season. On the other hand, he says that the construction of aqueducts within protected areas is not limited to installing a simple pipe, since dams must be built, which means making roads, cutting trees, and altering vegetation. Additionally, it will mean the presence of people who would not be regulated visitors. He alleges that none of this is compatible with the objectives of national parks and equivalent reserves. He maintains that the spirit of Law No. 9590 follows a negative trend that would harm wildlife. Based on all of the foregoing and based on the precautionary principle or in dubio pro natura, he considers that there is a danger of affecting the ecosystems protected by the protected areas, which would constitute a violation of Article 50 of the Political Constitution. For that reason, he considers that Law No. 9590 should be considered unconstitutional. He states that there are several international conventions that guarantee the conservation of biodiversity, the maintenance of vital ecological processes, protected areas, the conservation of natural habitats, waterfowl that depend on water, and water-producing forests. He cites four of those conventions: a) Law No. 7416 called “Convention on Biological Diversity and its Annexes,” specifically Articles 2 and 8; b) Law No. 7224 called “Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat,” with special mention of Article 4; c) Law No. 7572, Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations, specifically Article 3; and d) the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America, specifically Articles 4 and 10. He concludes that Law No. 9590 allows the use of water in protected areas, which is a vital liquid for the conservation of biodiversity and the maintenance of populations of natural species. Furthermore, that such use would occur by merely approving minimum requirements, which he considers subjective. He requests that Law No. 9590 violates what is established by international conventions.

5.- By a brief filed on October 19, 2018, Mr. Jorge Serendero Hülssner, residence card No. 11520011317, appears in this file and requests to be recognized as an active coadjuvant and states that extracting water from a park or a reserve without a proven vital need for human life is inadmissible, since it undermines the survival opportunities of future generations. He mentions that the action should be granted, since the law does not comply with the main objectives of protected wilderness areas regarding the protection and regulation of the hydrological regime of the soil and the hydrographic basin, nor does it prevent the preservation of the aquifer recharge area, which he ensures is vital for present and future generations. He considers inconceivable that despite the environmental flow (caudal ambiental) being the competency of the Ministry of Environment and Energy, currently, by the new norm - Article 18 bis of the Ley Forestal - that competency has been transferred to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, knowing that the specialized offices are the Dirección de Aguas and SINAC. He argues that he considers it inappropriate that the competencies of the natural resources entity in forests and water be fragmented - without technical justification. He concludes by stating that the deputies issued a law without environmental legal technical support. He requests that the unconstitutionality action be granted.

6.- By a brief filed on October 24, 2018, Grettel Vega Arce, in her capacity as Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), reports that Law No. 9590 enables a new activity on the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), namely the use of potable water for human consumption. She says that this activity, with the legal reform, is possible exceptionally alongside training, research, and ecotourism already regulated by Article 18 of the Ley Forestal. She comments that the norm weighs the exceptional nature of said authorization by regulating a series of requirements that ensure this condition of last resort in the different components of the State Natural Heritage. The norm establishes the use of water resources strictly for human consumption with the following requirements: a) environmental impact assessments, as established by the regulation of this law; b) prior declaration by the Executive Branch of public interest, specifically for imperative population supply and in favor of authorized public service provider entities; c) technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment instrument and in strict compliance with current environmental regulations. She says that in the case of protected wilderness areas of absolute protection, they must demonstrate that there is no other alternative source available to guarantee water supply for the beneficiary population under adequate quality and quantity conditions, and the proposed activities must have, beforehand, the technical endorsement of the ICAA. These assumptions constitute restrictions and technical support, requirements necessary for the activity of using water resources on the State Natural Heritage. It is in no way a generic authorization; rather, the above must be fulfilled for each specific case, along with what is defined by the Regulation to the Law, as Article 1 says. This, because the duty to protect the State Natural Heritage as an environmental asset falls on all state institutions and the country's inhabitants, and is supported by Article 50 of the Political Constitution. She alleges that it is binding for public authorities within their respective competencies and limits the discretion of the Administration in granting permits and titles to use the public domain that constitutes the State Natural Heritage. The State Natural Heritage, like the rest of the public domain lands, holds a public vocation, recognized by our legal system since 1969 with the Ley Forestal, and it exists for the benefit of present and future generations, like the generality of environmental assets. The technical and legal justification that gives rise to this law is access to potable water and sanitation of wastewater, as a fundamental human right, and the State must ensure universal access to said services, as part of the protection of the right to life, health, and the enjoyment of a healthy environment. Since the majority of the available water resources are found on lands that constitute State Natural Heritage, including, as in the case of protective zones, the reason or purpose for which they were designated as a protected wilderness area; and in addition, considering the definition of State Natural Heritage in Article 13 of the Ley Forestal, by their very nature the lands acquired by the Instituto de Acueductos y Alcantarillados and other public institutions for water use purposes, when referring to the constitutionality of Law No. 9590, a weighing of human rights is necessary. When analyzing the constitutionality of the norm, the possibility of rethinking the activities permitted by Article 18 of the Ley Forestal must be assessed with certain protection parameters, provided they are within the framework of the principles of proportionality, reasonableness, and based on technical criteria. In this case, when an apparent conflict of human rights arises, the pro homine principle must prevail as a guiding criterion when assessing whether the challenged norm allows the enforceability of these two human rights recognized by International Law (Right to Environment and Right to Water). The human right to water has been defined by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in General Comment No. 15 of November 29, 2002. Furthermore, she maintains that the Constitutional Chamber has recognized the right to water, as well as its fundamental character for the realization of other human rights. She argues that the norm must be assessed to determine if allowing the use of water for human consumption is a decision that in itself can be harmful to the environment, or if, on the contrary, the duty to protect the environment lies in establishing the parameters so that every normative provision is rational and proportional in light of the human need for access to water resources, the adverse effects of climate change, and the measures for its containment and conservation. The rationality and proportionality of the decision are measured against the purposes of the respective norm and the degree to which the protection of other constitutional rights or assets may be affected if the reform is not carried out, given that in the present case that other constitutional asset or right is the right to access water and life. When analyzing the norm, we must necessarily refer to the concept of sustainable development, as it requires making rational use of available resources based on the needs of future generations. In this case, ensuring access to potable water for present and future generations considering the conservation of water resources for rational, sustainable, and enduring use, and of the State Natural Heritage. Based on the above principles, as well as sustainable development, the key aspect regarding the constitutional viability of the norm lies in the existence of specific technical criteria that support the Law in question, as well as the technical parameters of the manner in which the use of the resource will occur, so that it can be assessed whether or not there is an impact on the environment. She refers that regarding the State Natural Heritage, the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1995, introduces into our legal system the concept of "State natural heritage," administered by the Ministry of Environment and Energy, and constituted, according to its Article 13, by "the forests and forest lands of the national reserves, areas declared inalienable, farms registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets." She adds that it evolved from the concept of "forest heritage of the State," incorporated in the previous forest legislation (1969), to refer to public forest property as opposed to private forest property. Protected wilderness areas, whatever their management category: national parks, biological reserves, forest reserves, national wildlife refuges, protective zones, natural monuments, and wetlands are considered incorporated under this State Natural Heritage regime, as "areas declared inalienable" in the previous Ley Forestal, since the norms creating the first protected areas, and by virtue of Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 of October 4, 1995. (See Legal Opinion C-339-2004 of November 17, 2004). Also forming part of the Natural Heritage are the other forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and wetlands, including national reserves and farms belonging to autonomous institutions, municipalities, and other bodies of the Public Administration, among which those belonging to the AyA are of interest for this case. The challenged law differentiates these "types" of State Natural Heritage by providing that all works or activities necessary to fulfill the purposes herein established must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment instrument and in strict compliance with current environmental regulations, especially the provisions on the applicable technical criteria for the intervention of protected wilderness areas contemplated in Law No. 7788, Ley de Biodiversidad, of April 30, 1998, and its regulations. Thus, the norm does not disregard the other management categories of protected wilderness areas but refers to the criteria of the Ley de Biodiversidad. In the case of the most restrictive categories, it provides special treatment, that is, that they be affected only through a law of the Republic and with the technical studies that support it: “in the case of protected wilderness areas of absolute protection, that is, national parks and biological reserves, the provisions of Article 38 of Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, of October 4, 1995, must also be complied with. Likewise, the technical studies carried out must demonstrate that there is no other alternative source available to guarantee water supply for the beneficiary population under adequate quality and quantity conditions, and the proposed activities must have, beforehand, the technical endorsement of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)” (Article 2 Law No. 9590). This condition reinforces the exceptional nature of the use in Protected Wilderness Areas of the norm, seeking that the use of the water resource be carried out on farms belonging to autonomous institutions, Municipalities, and other bodies of the Public Administration, especially those acquired and actually used for that purpose. The foregoing allows for correcting the legal contradiction of Article 13 and the uses prior to this Law No. 9590 of Article 18 of the Ley Forestal with respect to the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726 of April 14, 1961. Article 5 of Law No. 2726 states that for the fulfillment of the purposes of the AyA, among which providing the inhabitants of the republic with potable water service and promoting the conservation of hydrographic basins and ecological protection stand out (Article 2), the AyA may acquire real estate properties. She points out that these same lands, upon being acquired by the AyA, by the provisions of Article 13, acquire the condition of State Natural Heritage, and without the reform of the challenged Law No. 9590, they were subject to the only 3 previous uses of Article 18 of the Ley Forestal (Research, training, and ecotourism), making it impossible to fulfill the public purpose for which the AyA was created. Law No. 9590 enabled that the lands that the AyA law from 1961 allows to be used to ensure all Costa Ricans access to their right to potable water and sanitation. Additionally, with respect to the identification, classification, delimitation, and administration of the State Natural Heritage, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, in coordination with the other competent state entities, has available at the CENIGA the map of the State Natural Heritage and Protected Wilderness Areas. The application of the challenged law finds its limits to institutional arbitrariness and possible environmental damage in the technical studies and criteria that, in an integral manner, allow finding the balance. Regarding the ecological flow, Law No. 9590 recognizes the environmental fragility of these channels and provides the following regulations on this matter: "The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must ensure that the ecological flow indispensable for the functioning of the ecosystem is not altered, within and outside the protected wilderness areas, so that it is maintained under a scheme of sustainable use and utilization. Monitoring of this will correspond to MINAE. Annually, the authorized public service provider entity for the authorized population supply must submit to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) and the Dirección de Aguas the report of the results of the gaugings, given the nature and environmental fragility of the protected wilderness areas.” Hence, the non-alteration of these flows is expressly contemplated, the norm being coherent with the duty to ensure and integrally manage the conservation and sustainable management of ecological flows, in coordination with other institutions (Art. 2 Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726 of April 14, 1961). On the other hand, she indicates that, regarding indigenous territories, protected wilderness areas are public domain assets, a concept incompatible with that of indigenous reserves, which constitute a collective private property regime, exclusive to the indigenous communities that inhabit them, registered in the Public Registry of Real Property in the name of the Integral Development Association that represents them, of an inalienable or non-transferable nature to non-indigenous people (Law 6172/1977, arts. 2 and 3, ILO Convention 107, approved by Law 2330/1959, art. 11, Law 5251/1973, art. 4, subsection e; ILO Convention 169, approved by Law 7316/1992, art.

14). Internally, while preserving community ownership, the Integral Development Association assigns individual possession or use of the land among the indigenous people or ethnic family groups, according to their needs. Hence, there is no violation of these territories or the rights of indigenous peoples by the fact that the regulation does not include indigenous territories. Likewise, regarding environmental impact studies, the challenged regulation on SETENA's environmental feasibility studies provides: "All works or activities necessary for the fulfillment of the purposes established herein must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the applicable environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) instrument and in strict compliance with current environmental regulations. (…)". The environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) must comply with the requirements established in the Procedure for the Introduction of the Environmental Variable in Regulatory Plans or Other Land-Use Planning (Procedimiento para la Introducción de la Variable Ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de Uso del Suelo) (Executive Decree No. 32967 of February 20, 2006). That is, every project must integrate the environmental variable, for which it must be prepared following the technical procedure established in the indicated Decree. Thus, the National Technical Secretariat reviews the technical studies accompanying the project and determines whether it is environmentally viable. Therefore, the plaintiffs' claim that a Strategic Environmental Assessment must be required is not acceptable, as this does not apply to specific projects; rather, that type of assessment consists of the "Environmental Impact Assessment Process applied to policies, plans, and programs." That is, the characteristic and nature of the case are of interest when defining the assessment instrument (Article 3.7 of Annex I of Executive Decree No. 32967). In the filing brief, a series of international instruments are cited as part of the basis for the unconstitutionality action; however, there are other provisions contained in international instruments adopted by Costa Rica that are also of interest for the constitutionality assessment of the challenged law. In this regard, it notes that it is important to cite the Rio Declaration on Environment and Development at the United Nations Conference on Environment and Development (adopted by the General Assembly of said organization through resolution A/RES/47/190 of March 16, 1993), as it recognizes that environmental considerations must form an obligatory and essential part of any development policy, since in exercising this right, States must guarantee the environmental and development needs of present and future generations (principles 3 and 4). It requests that the action be dismissed.

7.- By brief filed on October 29, 2018, Yamileth Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), reports that the amendment contained in Article 18 of the Forestry Law (Ley Forestal) does not entail a violation of environmental principles; although works for aqueduct systems will be required, this does not imply that they constitute an impediment to natural cycles or to the ecosystems immersed in wild areas, since there are many alternative construction methods that can be used in a way that can coexist with ecosystems without affecting them; all environmental measures derived from specific studies will be those required to be implemented for the purpose of achieving their compatibility; therefore, assuming that there is only one way to do things is to ignore the scope of different sciences and techniques; for example, there are not only iron or PVC pipes, since materials such as high-density polyethylene are flexible, which facilitates water conveyance by significantly reducing excavation and tree cutting (corta de árboles). It indicates that it is not true that there is a reduction of area of all sites that are PNE in Costa Rica; on the contrary, we are facing the figure of unique or state public domain; it is important to bear in mind that, when dealing with public service providers, the properties they acquire are similarly affected by public domain, as established by Article 13 of the Forestry Law and, in the case of ASADAS, by Executive Decree 32529-S-MINAE / Regulation of the Associations that Administer Aqueduct and Sewer Systems (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados) in its Article 22, subsection 11) when indicating: "inventory, register and record in their name, all movable and immovable property, which for financial, tariff and liability purposes shall be considered under the administration of the respective ASADA. The registry inscription shall expressly indicate that said property is perpetually affected to the public domain and to the service of the aqueduct and sewer system of the respective community. Likewise, if the ASADA is dissolved for any reason or the administration of the system ends, AyA assumes and retains ownership over such property to allocate it to that public service purpose." It states that the regulation is also not unconstitutional in terms of allowing activities in areas with particular environmental characteristics; rather, it is legislation that maintains a tiered relationship between the different legal frameworks, such that it complies with both national provisions and supra-constitutional regulations. The regulation responds to the fulfillment of ratified international agreements such as Sustainable Development. It states that the law challenged here is not incompatible with constitutional guarantees, but rather is environmental legislation whose design principles contemplate not only that of objectivization, but also the principle of environmental democracy, since projects must conform to compliance with environmental legislation, which contemplates citizen participation as a manifestation of the exercise of that principle, safeguards the right to life, which entails the right to health and a healthy environment, whose exercise implies the protection of the most fundamental human right, which is access to water. It assures that this Law has a principle of flexible environmental sensitivity and governance, insofar as it is capable of being adjusted in its performance, addressing new environmental circumstances, changes in scientific knowledge, and the evolution of social values. Likewise, it has a principle of dignity of future generations more deeply directed at sustainability, since the use of renewable resources is permitted, because that use for human consumption is at a rate that is less than or equal to the rate of natural replenishment, because it is not intended to devastate forests or build disproportionate infrastructure works in them, but rather these must adapt to the environment in which they will be developed. It reports that it is not true that activities or works are currently prohibited in protected wild areas; in fact, in protective zones (zonas protectoras) and in wetlands, these are absolutely permitted, as can be inferred from what is established in the Environmental Management Plan (DE-29393-MINAE). Moreover, the creation of Protective Zones is done for the protection and use of water resources, so the argument of absolute prohibition that is intended to be applied to wild areas is not acceptable. It is valid to incorporate into this discussion the figure of resilience, which has many definitions, including the capacity of the system to plan and prepare, absorb, respond to and recover from disasters and adapt to new conditions. This concept can have diverse approaches, as it not only involves the environment's capacity to adapt to changes, but also incorporates this law, insofar as it has the capacity to be flexible and adapt to the circumstances in which it must be applied, because without losing stability, it will be able to resist in terms of its effectiveness with the aid of science and technology. Nor is the argument acceptable that "(…) this new land-use change (cambio de uso del suelo), apparently non-significant or innocent, which seemingly seeks only benefits, in reality opens up infinite possibilities so that all sites that are PNE can be modified to extract water from them, altering biological cycles within those ecosystems without any scientific study of the negative impacts within the protection sites, costs, climate change and its repercussions on biodiversity, as well as the social and environmental benefits." It is evident and manifest that it is not possible to conduct a study with all the variables mentioned generically, but rather it is necessary to conduct a case-by-case analysis depending on the characteristics of each ecosystem and the project to be carried out, the construction methodology, the use needs, in short, a countless number of particular aspects that cannot be absolute, much less generalized; in fact, the plaintiff himself mentions studies of social and environmental benefits, which are provided for in Article 3, subsection m) of the Forestry Law, which is related to what is provided in Article 19 of the same Law, referring to the requirements that must be met for a declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional), which is carried out on a specific basis, for each project, precisely because such studies are necessary considering the particularities of each project. Therefore, there are no inaccuracies in the Law challenged here, as Article 18 bis clearly and expressly establishes this by indicating not only that technical studies are required, but strict adherence to environmental regulations. Thus, there is no violation or disregard of constitutional guarantees in the legislation challenged here. It continues by stating that the authorization of the law is not an open road to destruction, but rather that for its application, aspects must be taken into account that must respond to technical-scientific criteria, since the law as such cannot be rigid, but adaptive management (manejo adaptativo) is required. There is no incompatibility between the regulation and the principle of objectivization, as it is not sought to reduce protected areas; as stated, those zones would remain equally covered by the single public domain; the interest of public service providers is to be able to capture water and carry out works for that purpose. It would be a contradiction to reduce areas for deprotection because what is needed is for the sources to be maintained in quality and quantity, which implies that the regulation is reasonable based on the protection of human rights. At no time are we facing a reversal of principles or rights, as the country's situation in national circumstances, whether of an economic, political, social nature or due to the environment, is very different from what existed decades ago, which forces us to rethink the scheme and focus on adaptability and flexibility, both regulatory and environmental, without this implying ceasing to be cautious, as uncertainty is a present issue. It alleges that the Environmental Impact Study for future aqueducts within the PNE is not being bypassed and that is what is important. The fact that it is not expressly requested in no way means that future environmental feasibility will not be carried out with the appropriate technical instrument; even less so that the entire public participation process linked to an EslA [sic] is omitted, since the approved legislation does not repeal other environmental regulations, but must be complemented by them; the legislator's intention is not derived from the idea of deprotecting or deregulating activities to the detriment of the environment, but rather being able to carry them out in equilibrium. In fact, Article 19 of the Forestry Law, referring to the use of the forest, likewise establishes that: "in these cases, the cutting of the forest shall be limited, proportional and reasonable for the aforementioned purposes. Previously, a pre-selection questionnaire must be completed before the State Forestry Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment, as established by the regulation of this law." Therefore, although the issue of environmental assessment in the forest is not established in absolute terms, in this case, Law 9590 does indicate absolute compliance with environmental regulations, being in accordance with environmental protection principles. Nor is it acceptable that this violates constitutional articles 9 and 50, and that it is intended to underestimate the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). As can be observed, this law does not violate current environmental regulations, especially Article 17 of the Organic Environmental Law (LOA) and its connection with the aforementioned articles of the Political Constitution. Note that Article 1 of Law No. 9590 clearly establishes that the Minister of Environment and Energy will define, when appropriate, the carrying out of environmental impact assessments, as established by the regulation of this law. This means that the conditions and/or requirements will be established and expanded via regulation. Legislative drafting norms indicate that the definition of the cases and the concept of "when appropriate" will not be left to free discretion, but on the contrary, will be duly regulated through the regulation of this law. The plaintiff takes it as a fact that the participation of all citizens in decision-making on environmental issues is being eliminated, which is not only untrue and constitutes a reckless assertion, but also would be legally improper. The environmental impact variable in the planning of the country's economic development is not being waived in this law, as the plaintiff claims. It is a cross-cutting axis in every project throughout its life cycle. Thus, its fundamental objective is to make projects or activities environmentally satisfactory and for environmental consequences to be revealed in early stages of the project or activity's development. It is not in itself a decision-making instrument, but rather an instrument that generates an ordered, coherent, reproducible and systematic set of information. The introduction of that environmental impact variable, which we reiterate is not being waived, is the link between environmental management and the technical, economic and administrative management required by projects. Likewise, it is one of the project management instruments that provide elements to achieve their overall viability. Therefore, among the types of support it offers are the following:
• Support for environmental viability: identifies the impacts of the project on the environment and proposes the actions required for their attention and management. As well as the provision of information required by the environmental authority to grant the environmental license and other permits. Therefore, it is the fundamental input to ensure that the project is compatible with the environment.
• Support for technical viability: through this, the existence and availability of natural resources required by the projects is supported or verified. Likewise, the existence of environmental problems in the basin or in the project's area of influence that could affect it is determined. And signals are given to the project designers to adjust or redesign it, thereby technically supporting the project.
• Support for social viability: enables the implementation of community participation processes, whereby the community's involvement is achieved in knowledge of the project, its impacts, the proposed management measures and, in some way, in its decision-making. In this way, a different perception is generated by the community and a more favorable climate towards it. Because they are taken into account, the path is paved for the project to be socially viable.
• Support for legal viability: enables compliance with environmental rules and regulations, including obtaining the environmental license and other permits. And enables obtaining other authorizations that are required. All this allows supporting the legal viability of the project.
• Support for financial viability: an important result, in addition, is the determination of the cost of the management measures that need to be implemented. This enables the inclusion of environmental costs within the economic or financial analyses of the project and therefore supports its economic viability.
Finally, regarding this point, it is not true that the principle of progressivity (principio de progresividad) has not been applied (an aspect on which they base the unconstitutionality of the law). Quite the opposite, since the purposive nature of environmental law and its objective of protecting essential legal rights such as life, health and ecological balance, through legal norms that seek to increase biodiversity and reduce pollution, inevitably leads to the assertion that it can only be effective when the modifications affecting it lead to a better environment than before. This is what this law definitively promotes, trying to ensure that the level of protection achieved is respected, not diminished, and even increased, as aspects specific to each management category must be considered for specific studies. Thus, it indicates that the path is forward, never backward. The effective application of the principle of environmental progressivity implies a series of state obligations, among which are: adopting legislative, administrative and judicial measures approved after a process that allows informed public participation. Committing the maximum available resources, guaranteeing the enjoyment of environmental rights and ensuring that the measures adopted are complied with. The imperative of this law is to make the State move forward and progressively generate the expansion of environmental coverage and protection through sustained and staggered measures. That is why the principle of progressivity acts as a constitutional and conventional obligation of a positive nature, to guarantee, defend and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, in strict and fair balance with other human rights. The plaintiff points out that MINAE will not intervene in sites that are PNE and that belong to Public Administrations, ESPH, Municipalities, among others. However, it omits any reference to the essence of Article 18 bis: "(…) After declaration, by the Executive Branch, of public interest, specifically for imperative population supply and in favor of authorized public service providers ( ... )". This is a regulation that is particularly important, because said authorized public service providers are not an invention of this law, but rather each and every one of them falls within their competencies. In addition, all works or activities necessary for the fulfillment of the purposes established herein must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to what corresponds and in strict compliance with current environmental regulations. Said studies must demonstrate that there is no other alternative source available to guarantee the water supply for the population in adequate conditions of quality and quantity. Now, regarding the competence granted to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in matters of flow, it is clearly given under the direction of MINAE (monitoring). It is important to indicate that this competence is not alien to AyA, but rather its Constitutive Law No. 2726 establishes for AyA in Article 2, subsection c): "Promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water pollution." Thus, environmental competencies do not turn out to be exclusive to one entity, but rather transcend transversally the work of many others, without this implying a transfer or renunciation of competencies. It adds that the foregoing, in addition to being framed within legal parameters, also falls within constitutional ones, since in no way is the oversight of SINAC, nor that of MINAE, erased or nullified. The aforementioned authorized public service providers (Article 18 bis) must annually submit to those entities a report on the results of the gaugings, given the nature and environmental fragility of protected wild areas. What is intended is to decentralize the activity to a highly specialized entity, such as AyA, which has the necessary capacity and infrastructure, and which, furthermore (according to the law), must ensure that the ecological flow (caudal ecológico) essential for the functioning of the ecosystem, inside and outside the protected wild areas, is not altered (sustainable use and management). The point is that MINAE, in accordance with the legal system, continues to be the governing body of the Executive Branch in charge of the environment and energy sector, and, therefore, is responsible for issuing environmental policies on environmental protection, management and sustainable use of natural resources and for promoting the use of renewable energy sources to fulfill the objectives mandated by law. We are not facing an unjustified disaffection (desafectación) for some protected wild areas, as the plaintiff seeks to interpret, or a supposed exclusion. The plaintiff omits to indicate what is also provided in the previous paragraph of Article 18 bis, which cannot be viewed in isolation: "(…) All works or activities necessary for the fulfillment of the purposes established herein must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the applicable environmental impact assessment instrument and in strict compliance with current environmental regulations, especially the provisions on the technical criteria applicable for the intervention of protected wild areas contemplated in Law No. 7788, Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), of April 30, 1998, and its regulations (…)". The foregoing indicates that for all classifications of protected wild areas, the necessary studies must be completed beforehand in order to guide the activities and works in such a way that they cause the least environmental impact, according to the applicable environmental impact assessment instrument, and additionally, in the case of protected wild areas of absolute protection, namely national parks and biological reserves, in addition to the previous studies, the provisions of Article 38 of Law No. 7554, Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), of October 4, 1995, must be complied with. Likewise, the regulation indicates that, in all cases, the technical studies carried out must demonstrate that there is no other alternative source available to guarantee the water supply for the beneficiary population in adequate conditions of quality and quantity, and the proposed activities must have, beforehand, the technical endorsement of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). That is, the regulation emphasizes the existence of studies that lead to the certainty that the impacts will not be high, that the works are necessary, so that the population has access to water, as the only possible means of obtaining it, scientifically and technically. It adds that the thesis that we are facing a reduction of area or land-use change cannot be accepted, because at no time will a water catchment project reduce an area, disaffect or change land use; it will simply involve the placement of pipes and catchment works that must be demonstrated through a technical study not to alter the ecosystem; the work that is placed by itself does not make the area comprising the protected wild area disappear, much less change land use, reduce or disaffect, and, therefore, the alleged compensation does not apply. The land where the pipe is placed continues to belong to the State; one cannot speak of a disaffection, but rather the creation of authorization by law to place pipes with science and technology that are environmentally friendly, that do not alter the ecosystem, complying with the supreme good of protecting life and access to water. That non-existence of disaffection has also been developed by the Constitutional Chamber, through Vote No. 2004-08928 of August 18, 2004, in response to which the Attorney General's Office issued opinion C-289-2012 of November 30, 2012. Regarding the plaintiff's allegation that it is intended "(…) to determine how many sites exist that are ASP, we do not have the remotest idea of how many, which ones and in what conditions all those that are PNE are, and therefore there was a lack of prior studies before the Legislative Assembly made the decision to make this new law (…)", it considers it necessary to clarify that it is precisely that how many, which ones and in what conditions are materialized when the urgency and need to capture water arise, when the facts that justify the only catchment option are configured; that is why when that moment arises, the prior procedure of generating technical studies is complied with, of which, how many and what the conditions are of the PNE where the future unique catchment option is located, and those studies are submitted for assessment to the Ministry of Environment, which will decide whether to issue a declaration of public interest, so that the other project assessment stages can proceed, according to our regulations. That requirement for the existence of prior technical studies dictated by the regulation, which will be the basis for the Ministry of Environment and Energy to issue the Public Interest declaration, is located in compliance with what is regulated in the international regulations also cited by the plaintiff. However, of those cited regulations, the plaintiff forgets that there are also others to consider, at the jurisprudential level, where the Constitutional Chamber in its rulings has developed that water is a fundamental right derived from the right to life and health. Thus, it cites some rulings of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice on that subject. Furthermore, it adds that in Matters of International Law, General Comment 15 of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2002) is clearly located, which posits that the human right to water is indispensable for living with dignity and is a prerequisite for the realization of other human rights. Likewise, on July 28, 2010, through Resolution 64/292, the United Nations General Assembly explicitly recognized the human right to water and sanitation, reaffirming that clean drinking water and sanitation are essential for the realization of all human rights. Also, through Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/18/1 on September 28, 2011, the Council issued a new resolution that develops, in addition to the human right to drinking water, the right to healthy sanitation. In summary, from the mentioned rulings and international law, it considers that the ultimate goal is that, without water, there is no life, so using it rationally in a balance between people's needs and the offerings of ecosystems allows the cycles of existence to continue; otherwise, conserving it without being able to use it threatens life. On the other hand, it estimates that, regarding the issue of wetlands referred to by the appellant, his statements are not true, since it is necessary to remember that the Wetlands of the category cited by the plaintiff form part of the Natural Heritage of the State, and as Heritage that they are, what is indicated in Article 18 bis in its first paragraph applies to them. Likewise, that declaration mentioned in that regulation must be supported by prior technical studies, which arrive, through science and technology, at a state of certainty that the activity is environmentally friendly, friendly to the water resource. It clarifies that this Natural Heritage of the State where the Wetlands are located was previously decreed in 1942, with the Water Law (Ley de Aguas) which establishes protection areas in the coastal zone, rivers, lagoons, lakes, among others. Subsequently, in 1977, Law No. 6043 on the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) established a strip of 200 meters from the ordinary high tide line that constitutes part of the Natural Heritage of the State (PNE) whose jurisdiction corresponds to the coastal municipalities and divides it into two zones: a. Public (50 meters from the ordinary high tide line, as well as islets, rocky outcrops and all coastal mangroves and estuaries, regardless of their extension) and b. Restricted (150 meters behind the public zone, or in the case of mangroves, from the vegetation line of the same and up to its posterior limit).

In 1992, Law No. 7317 on Wildlife Conservation introduced the term "Wetland" at the legal level and assigned to the functions of the Dirección General de Vida Silvestre (now the Sistema Nacional de Áreas de Conservación upon unification under Article 22 of Biodiversity Law No. 7788) the responsibility to administer, supervise, and protect wetlands. Then in 1991, the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar) was ratified, its provisions acquiring the status of Law of the Republic, and between 1993 and 1994, 13 protected wilderness areas were declared under the category of Wetland. In other words, the regulation applies to Wetlands; they are not excluded, and if a water intake project were to be undertaken, that pre-feasibility must be subjected to technical-scientific analysis demonstrating that there will be no risk, ecosystem alteration, or damage to the Wetland. Moreover, with the ratification of the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), approved by Law No. 7224 of April 7, 1991, in force as of May 8 of that year, the petitioner omits to indicate that, in addition to having acquired the commitment to conservation, the commitment to the wise use of wetlands was also acquired through local and national actions, with international cooperation, as a contribution to achieving sustainable development. Thus, Article 3.1 of the Ramsar Convention sets forth the possibility of wise use, ensuring that their ecological characteristics are not altered, achieved through the implementation of ecosystem approaches within the context of sustainable development. Wise use can therefore be considered as the conservation and sustainable use of wetlands and all the services they provide, for the benefit of people and nature. In accordance with the foregoing, wetlands form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), and the State is called upon to be able to generate sustainable wise use, and within that sustainable use lies also the possibility of water intake for public supply, to preserve human life. Lastly, regarding the alleged omission of consultation with indigenous peoples, it notes that it is necessary to bear in mind that this Law does not develop a list of future projects; it is a legislative authorization under which the Minister of Environment, by Decree, grants a future project the declaration of public interest (declaratoria de interés público), which enables the subsequent stages of assessment and authorization to proceed in order to undertake a water intake in a protected wilderness area (this is an uncertain future event at this stage, because after it, the remaining stages must be overcome: environmental viability, public consultation, etc.). This declaration of public interest does not exempt from compliance with existing procedures and adherence to the necessary technical documentary requirements before the various bodies. In fact, for decades the Institute has built many aqueducts within indigenous territories, and has done so based on the authority and competencies granted by its Constitutive Law No. 2726, without this implying a violation of their rights, since the consultation for those projects is conducted precisely on a case-by-case basis, for each specific project, based on the intrinsic variables of each work in relation to the indigenous community. This being precisely the same scenario regarding the implementation of this Law. The consultation with the indigenous people should take place when a project has been conceptualized, before the pre-feasibility level; at that negotiation stage, prior and effective participation would be given to the indigenous communities so that they are provided with all the necessary information and can formulate the observations and objections they deem pertinent, as regulated by the procedure of Executive Decree No. 40932-MP-MJP and Guideline 101 P Implementation of the general mechanism for consultation with indigenous peoples. It is not at this level of drafting a Law, which establishes a general procedure for granting public interest, that the consultation must occur. The future administrative authorization for the use of sources and the execution of potable water supply works affecting indigenous territories must also comply with International Human Rights Law, particularly ILO Convention No. 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of September 13, 2007, which protect, safeguard, and ensure the right of indigenous communities to prior and effective participation, so that the project continues with the subsequent assessment and eventual approval processes. It is necessary to emphasize that the future Public Interest Decrees do not exempt from compliance with existing procedures and adherence to the necessary technical documentary requirements before the various bodies and stages of assessment and approval of a water intake project. Furthermore, it explains that there is a prior negotiation stage, which is before pre-feasibility; at this stage, the inputs and variables required by the project are defined, among which would be social viability—indigenous consultation. Likewise, the internal definition of the quantification of the investment requirements posed by the project and its possible funding sources has not been concluded, which would allow projecting financial results and calculating indicators to evaluate it in order to be formally presented before SETENA and to comply with the other procedures and requirements dictated by current regulations. And it will be precisely during that stage, which has not yet been carried out, that possible environmental impacts, if any, will be determined, as well as the corresponding mitigation measures. Therefore, characterizing it from the outset as negative for the environment prejudges without any basis or evidentiary discharge. It asserts that the process established by this law is merely the beginning of a documentary input, which is the declaration of public interest, which would only give way to the start of the negotiation process. That is, the Decree issued based on the law is merely a Sub-process prior to the pre-feasibility of a possible water intake project, then moving on to the negotiation sub-process, and achieving environmental viability, in order to later proceed to the feasibility phase of a future water intake project. Thus, consultation with indigenous populations for the purposes of drafting the law is unnecessary, though not so for the purposes of projects that may be developed and affect their territories. In addition to the foregoing, it is relevant to note that Article 1 of Law 9590, in its final paragraph, states: "Excluded from the application of this law are protected wilderness areas that geographically coincide with indigenous territories."

8.- By brief filed on November 1, 2018, Yamileth Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, indicates that on October 29 of the current year, the brief submitted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to case file No. 18-015287-007-CO, an Acción de Inconstitucionalidad proceeding brought by petitioner Benjamín Joel Mayorga Mora and another, against Law No. 9590, "Law to authorize the use of water for human consumption and construction of related works in the natural heritage of the State," was received in a timely manner. The brief, on page 19, final paragraph, contains an error that distorts the argument, which is why I beg the honorable justices of this Constitutional Chamber not to read it.

9.- By brief filed on October 29, 2018, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports that there is no violation of the precautionary, non-regression, and objectification principles, since Law No. 9055 effectively enables a new activity in the Natural Heritage of the State, namely the use of potable water for human consumption. With the legal reform, this activity is possible on an exceptional basis alongside Training, Research, and Ecotourism already regulated by Article 18 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575. The Natural Heritage of the State, like other public domain lands, has a public vocation, recognized by our legal system since 1969 with the Forestry Law, and is held for the benefit of present and future generations, like environmental assets in general. The technical and legal justification giving rise to this law is access to potable water and sewage sanitation, as a fundamental human right, given that the State must ensure universal access to these services, as part of the protection of the right to life, health, and the enjoyment of a healthy environment. Since the majority of the available water resource is found on lands constituting the Natural Heritage of the State, even as in the case of protective zones (zonas protectoras) as the reason or purpose for which they were designated as protected wilderness areas, and furthermore, considering the definition of Natural Heritage of the State in Article 13 of Forestry Law No. 7575, by their very nature the lands acquired by the Instituto de Acueductos y Alcantarillados and other public institutions for water use purposes, when referring to the constitutionality of Law No. 9590, a balancing of Human Rights becomes necessary. When analyzing the constitutionality of the regulation, the possibility of rethinking the activities permitted in Article 18 of the Forestry Law must be assessed, with certain protection parameters always within the framework of the principles of proportionality, reasonableness, and based on technical criteria. Both the acts and omissions of the State when they may affect the environment and human health must be judged in light of the jurisprudence reiterated by this Constitutional Court, namely what was stated in ruling number 2812-99 of April 20, 1992. In this case, finding ourselves with an apparent conflict of two human rights, the Pro Homine principle must prevail as a guiding criterion when assessing whether the challenged regulation allows the enforceability of these two human rights recognized by International Law (Right to the Environment and Right to Water). The human right to water has been defined by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in General Comment No. 15 of November 29, 2002, as follows: "2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements." In this sense, the challenged regulation must consider whether allowing the use of water for human consumption is a decision that by itself may be harmful to the environment, or whether, on the contrary, the duty to protect the environment lies in establishing the parameters so that every regulatory provision is rational and proportional in light of the human need for access to water resources given the adverse effects of climate change and the measures for its containment and conservation. The rationality and proportionality of the decision are measured by the purposes of the respective regulation, and by the degree to which the protection of other constitutional rights or assets may be affected if the reform is not carried out. In the present case, that other constitutional asset or right is the right to access water and to life. When analyzing the regulation, we must necessarily refer to the concept of sustainable development insofar as it requires making rational use of available resources in light of the needs of future generations. In this case, ensuring access to potable water for present and future generations, considering the conservation of water resources with a view to their rational, sustainable, and enduring use and that of the Natural Heritage of the State. Based on the foregoing principles as well as sustainable development, the key aspect regarding the constitutional viability of the regulation lies in the existence of a specific technical criterion that supports the Law in question, as well as the technical parameters of how the use of the resource will occur, so that it can be assessed whether or not there is an impact on the environment. It notes that, regarding the preparation of studies for future projects, the authorization of water use in sites designated as Natural Heritage of the State, like any other activity, works, or projects, will generate environmental impacts. However, that is the very purpose of the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) in order to foresee them and establish the corresponding prevention, mitigation, or compensation measures required according to the type of work to be carried out. As these are environmentally fragile areas (Natural Heritage of the State), as currently occurs with the activities already established and authorized by Article 18 of Law No. 7575, Forestry Law, they must undergo an Environmental Assessment process, according to the corresponding Assessment instrument. What the regulation does is include a new activity for the use of water for human consumption and construction of related works, so that the Environmental Assessment procedure is the same as currently regulated, having to be submitted using form D1, to subsequently determine the assessment instrument required, according to the Environmental Impact Significance (Significancia de Impacto Ambiental, SIA) rating and the Potential Environmental Impact (Impacto Ambiental Potencial, IAP), a process regulated by current regulations pursuant to the powers granted by Article 17 of the Organic Law of the Environment, which authorizes this Ministry to establish by regulation which activities, works, or projects require an Environmental Assessment and to determine which instruments to apply. Thus, it will be the activity itself and its potential impacts in a specific area that determine the Assessment instrument, and it is a technical misjudgment to seek to establish a priori a single assessment instrument when it is the magnitude of the works or impacts that will determine it, given that the Environmental Assessment corresponds to a Technical Scientific process. Therefore, the legal regulation should not impose a single Assessment instrument beforehand, but rather should respond to Technical criteria. Consequently, it is not correct, as the petitioner intends, to always request the so-called "Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA)" as the assessment instrument indiscriminately for these areas; it is correct as established in Article 18 bis, subsection D, of the challenged regulation. The contrary would mean that any activity, work, or project in the Natural Heritage of the State would require the EsIA as the assessment instrument, a situation that does not currently occur for the reasons already stated, since not all projects, even if for the same purpose, have the same scope, magnitude, and impact. In this regard, the Biodiversity Law in its Article 7, subsection 18, defines Environmental Impact Assessment as follows: "Scientific-technical procedure that allows identifying and predicting what effects a specific action or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making. It includes the specific effects, their global evaluation, the alternatives with the greatest environmental benefit, a program for controlling and minimizing negative effects, a monitoring program, a recovery program, as well as the environmental compliance guarantee." On the other hand, pursuant to Article 81 of the Regulation to the Biodiversity Law 34433-MINAE, also prior to granting the Environmental License, a technical consultation must be carried out with the Conservation Area (Área de Conservación). "Article 81.-Technical consultation with Conservation Areas. When dealing with activities, works, or projects that affect wildlife, protected areas, forest resources, and water resources, SETENA, prior to making a decision, must consult the corresponding Conservation Area of SINAC, so that it may issue a technical opinion within the period established by law." In the petitioning brief, a series of international instruments are cited as part of the basis for the acción de inconstitucionalidad; however, there are other provisions contained in international instruments adopted by Costa Rica, which are also of interest for the constitutionality assessment of the challenged law. In this way, it considers it important to cite the Rio Declaration on Environment and Development from the United Nations Conference on Environment and Development (adopted by the General Assembly of that organization through resolution NRES/47/190 of March 16, 1993), as it recognizes that environmental considerations must form an obligatory and essential part of any development policy, since in exercising this right, States must guarantee the environmental and development needs of present and future generations. It indicates that, regarding the need for a Strategic Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Estratégica, EAE), it is necessary to clarify that Decree 32967, as Part III of the General Regulation of Procedures of SETENA, defines the technical procedure for incorporating the environmental variable into land-use planning plans under the EAE concept, but it is not a regulation that could be applicable to the case raised by the petitioners as it does not refer to a land-use planning plan per se. Moreover, regarding what the petitioners consider an unjustified and unreasoned release (desafectación) applicable only to some protected wilderness areas and to sites that are natural heritage of the State, it notes that Forestry Law No. 7575 of February 13, 1995, introduces into our legal system the concept of "natural heritage of the State" (patrimonio natural del Estado), administered by the Ministry of Environment and Energy, and constituted, according to its Article 13, by "the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets." It explains that this has evolved from the concept of "forest heritage of the State" (patrimonio forestal del Estado), incorporated in previous forestry regulations (1969), to refer to public forest property as opposed to private forest property. Protected wilderness areas, whatever their management category: national parks, biological reserves, forest reserves, national wildlife refuges, protective zones (zonas protectoras), natural monuments, and wetlands are considered incorporated under this Natural Heritage of the State regime, as "areas declared inalienable" in the previous Forestry Law. Also forming part of the Natural Heritage are other forests and forest lands or lands with forest aptitude belonging to the State and wetlands, including national reserves and farms belonging to autonomous institutions, municipalities, and other Public Administration bodies, among which those belonging to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) are of interest for this case. The challenged law differentiates these "types" of Natural Heritage of the State, by providing that all works or activities necessary for fulfilling the purposes established herein must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment instrument and in strict compliance with current environmental regulations, especially the provisions on technical criteria applicable to the intervention of protected wilderness areas set forth in Law No. 7788, Biodiversity Law of April 30, 1998, and its regulations. Thus, the regulation does not ignore the other management categories of protected wilderness areas but rather refers to the criteria of the Biodiversity Law. In the case of the most restrictive categories, it provides special treatment, meaning they may only be affected through a law of the Republic and with the substantiating technical studies. In the case of protected wilderness areas of absolute protection, i.e., national parks and biological reserves, compliance with Article 38 of Law No. 7554, Organic Law of the Environment, of October 4, 1995, must also be fulfilled. Likewise, the technical studies carried out must demonstrate that no other alternative source is available to guarantee the water supply for the beneficiary population under adequate quality and quantity conditions, and the proposed activities must have the prior technical endorsement of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) (Article 2 of Law No. 9590). This condition reinforces the exceptional nature of water use in Protected Wilderness Areas under the regulation, seeking to ensure that water resource use occurs on farms belonging to autonomous institutions, municipalities, and other Public Administration bodies, especially those acquired and used in reality for that purpose. The foregoing allows rectifying the legal contradiction between Article 13 and the uses prior to this Law No. 9590 of Article 18 of the Forestry Law with respect to the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726 of April 14, 1961. Article 5 of Law No. 2726 states that for the fulfillment of AYA's purposes, among which providing the inhabitants of the republic with a potable water service and promoting the conservation of hydrographic basins and ecological protection (Article 2) stand out, AYA may acquire real estate properties. These same lands, upon being acquired by AyA, by the provisions of Article 13, acquire the status of Natural Heritage of the State, and without the reform of the challenged Law No. 9590, they were subject to the only 3 previous uses of Article 18 of the Forestry Law (Research, training, and ecotourism), making it impossible to fulfill the public purpose for which AyA was created. Thus, Law No. 9590 enabled that the lands under AyA's law from 1961 could be used to ensure all Costa Ricans access to their right to potable water and sanitation. Additionally, regarding the identification, classification, delimitation, and administration of the Natural Heritage of the State, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), in coordination with other competent state entities, has available at CENIGA the map of the Natural Heritage of the State and of Protected Wilderness Areas. The application of the challenged law finds its limits to institutional arbitrariness and potential environmental damage in the technical studies and criteria that, in an integral manner, allow finding the balance. Regarding ecological flow (caudal ecológico), Law No. 9590 recognizes the environmental fragility of these watercourses and provides several regulations on this matter. Hence, the non-alteration of these flows is expressly contemplated, the regulation being coherent with the duty to ensure and integrally manage the conservation and sustainable management of ecological flows, in coordination with other institutions (Art. 2 of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726 of April 14, 1961). Lastly, it indicates that regarding the lack of consultation with indigenous peoples, it considers it improper, since protected wilderness areas are public domain assets, a concept incompatible with that of indigenous reserves, which constitute a collective private property regime, exclusive to the indigenous communities that inhabit them, registered in the Public Property Registry in the name of the Integral Development Association that represents them, of an inalienable or non-transferable nature to non-indigenous people. It adds that, internally, preserving community ownership, the Integral Development Association assigns possession or individual use of the land among the indigenous people or ethnic family groups, according to their needs. Hence, there is no violation of these territories or the rights of indigenous peoples by the regulation not including indigenous territories. The law expressly provides that water resource use shall not affect the ecological flow, given that water is a fundamental resource for ecosystem balance. Regarding this topic, the only aspect that this Ministry considers must be taken into account by this Honorable Court is concerning that the environmental flow (caudal ambiental) in a Natural Heritage of the State site, whether a protected wilderness area or not, should be evaluated using a methodology to establish a true and effective environmental flow regime based on the ecosystems present at the site. Even though the Law in question regulates it, it grants competence to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which, being an operating entity and beneficiary under the law, makes it judge and party.

10.- On October 30, 2018, Mr. Julio Alberto Jurado Fernández, in his capacity as Attorney General of the Republic, responded to the hearing and notes that, regarding the standing of the petitioners, there are no objections to be made in this regard, as the protection of collective interests and the defense of the collective interests of indigenous people were alleged. He mentions that it is Article 13 of the Forestry Law that defines the natural heritage of the State. Furthermore, in accordance with the provisions of Article 38 of the Organic Law of the Environment, Article 58 of the Biodiversity Law, and the second paragraph of the Wildlife Conservation Law, protected areas also form part of said heritage. As for the second component, according to the provisions of Article 15 of the Forestry Law, it has been considered that when the State or a public institution acquires a property with forest cover (cobertura boscosa) or forest aptitude, there is an immediate designation to the natural heritage and, therefore, that land acquires, by full right, all the characteristics of the natural heritage of the State and, consequently, must be administered by the National System of Conservation Areas (SINAC). He argues that the Constitutional Court in rulings No. 2008-16795 and No. 2013-12973 has held that the forests and forest lands of public institutions have an immediate legal designation to the natural heritage of the State regime. This heritage is classified by Article 14 of the Forestry Law as a public domain asset, and according to Article 13 of the same body of law, as well as Article 22 of the Biodiversity Law, it must be administered by SINAC. He determines that Article No. 18 of the Forestry Law, before the reform introduced by Law No. 9590, was as follows: "In the natural heritage, the State may carry out or authorize research, capacity-building, and ecotourism activities, once approved by the Minister of Environment and Energy, who will define, when appropriate, the conduct of environmental impact assessments, as established by the regulation of this law." He explains that this regulation was developed by Article 11 of the Regulation to the Forestry Law (Executive Decree No. 25721 of October 17, 1996), which establishes that in the natural heritage of the State "only activities of training, ecotourism, and research shall be permitted" and develops what types of activities those concepts encompass. He indicates that, with regard to the regulatory provisions, the Constitutional Chamber has analyzed this issue in rulings No. 2012-12716, 2009-2020, and 2011-1570. In accordance with the foregoing, the need repeatedly raised by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) to use the water resource of the natural heritage of the State for human consumption had no place within the existing regulatory framework, as water use was not included as a permitted activity within this regime. He maintains that based on these regulations, if an entity providing the public service of potable water supply acquired forested land or land with forest aptitude to use a water source, that land automatically became part of the natural heritage of the State. Consequently, the planned use could not be carried out nor the purpose for which the land had been acquired fulfilled. He states that it was in light of that normative context that Law No. 9590 emerged, with the clear objective of lifting the existing prohibition on using water resources in the natural heritage of the State.

With that purpose, the law reforms Article 18 of the Forest Law (Ley Forestal), adding, in addition to the training, research, and ecotourism activities permitted in the natural heritage of the State, the possibility of authorizing the activities necessary for the use of water for human consumption and introduces an Article 18 bis to that same law, to regulate in greater detail the conditions and rules under which such use may be carried out. The Law also introduces Article 52 bis of the Forest Law (Ley Forestal), which establishes the concept of protective zones, in a manner similar to the concept provided by Article 70 of the Regulation to the Biodiversity Law (Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo No. 34433 of March 11, 2008) but adding within its objectives the preservation of aquifer recharge areas and water sources, as well as the need to ensure the population's water supply for current and future generations. Regarding Law No. 9590, the fundamental right of access to drinking water, and the principle of sustainable development, it comments that the bill that gave rise to the challenged norm alludes to the need to guarantee the fundamental right to drinking water, and it indicates that, due to changing climatic conditions and growing demand, it is necessary to use the water resource located in the natural heritage of the State. The integrated legal-socio-environmental report of the Department of Studies, References and Technical Services of the Legislative Assembly and the opinions of the ICAA found in the legislative record refer to the scarcity of the resource and the existence of several projects pending execution on lands that are part of the natural heritage of the State, which constitute the only available source to supply some communities and with which it is estimated that future water demand will be met. Based on what is indicated in the legislative record, and by what is expressly mandated by Law No. 9590, it is clear that its primary purpose is to guarantee the supply of drinking water for human consumption. Access to drinking water has been classified as a fundamental right by several international instruments, as well as by constitutional jurisprudence, which for such effects cites ruling No. 2006-5606 of 15:21 hrs. of April 26, 2006. Therefore, there are ample reasons to indicate that the supply of drinking water constitutes an essential public service, to which the general principles of public services established by Article 4 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) are applicable. It comments that the purpose of the law finds justification in the need to guarantee a fundamental right, but the analysis of its constitutionality does not end there, since, by introducing changes to the environmental protection regime of the natural heritage of the State—which, in the opinion of the plaintiffs, may be located in indigenous territories—it is necessary to analyze whether, in attempting to guarantee the fundamental right of access to drinking water, other fundamental rights are not sacrificed, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment and the right to participation of indigenous peoples. For this analysis, specifically regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, it is important to consider the principle of sustainable development. The Rio Declaration on Environment and Development establishes that human beings are at the center of concerns related to sustainable development and promotes the right to a healthy and productive life in harmony with nature. It also indicates that the right to development must be exercised in such a way as to equitably meet the development needs of present and future generations. It states that this declaration promotes the eradication of poverty and economic growth, within a framework of sustainable development, that is, protecting the environment and using natural resources rationally. From there, it has been considered that sustainable development is a way of understanding economic and social development by virtue of which the satisfaction of the needs of current generations must be guaranteed, without compromising the capacity of future generations to satisfy their own. It notes that in ruling No. 2008-15315 of 14:59 hrs. of October 10, 2008, this Court defined sustainable development. In addition to this, in its opinion, in ruling No. 1999-644 of 11:25 hrs. of January 29, 1999, the Constitutional Chamber recognized that Article 50 of the Political Constitution outlines the Social State of Law, hence the principle of sustainable development is at the base of the State model. Therefore, the principle of sustainable development as a pillar of the Social State of Law constitutes the framework under which the challenged infra-constitutional norm must be interpreted, because if based on this principle it is possible to combine economic development with environmental conservation, based on it, the protection of the environment must also be harmonized with the satisfaction of a basic and elementary need of the population, such as the supply of drinking water. It expresses that although it is true that the challenged law modifies the regime of the natural heritage of the State, enabling the use of water within its limits, the truth is that it allows such use only for imperative population supply, that is, when it is an unavoidable, urgent, or necessary use, and furthermore, it subjects it to certain limitations and rules that seek to generate the least possible environmental impact and allow rational use of the resource. In turn, it must be considered that the abstraction of drinking water is not an activity opposed to the protection of the resources existing on the lands where it is carried out. On the contrary, the protection of the water resource depends, to a large extent, on the existing forest cover (cobertura boscosa) and on the conservation of the natural conditions of the lands where it is found. Therefore, allowing the use of the water resource for human consumption within the natural heritage of the State does not imply, as an inevitable consequence, an impact on the right to a healthy and ecologically balanced environment. With a single legal instrument, it is possible to guarantee the fundamental right of access to drinking water and, at the same time, safeguard the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. The harmony between both rights and the maintenance of the ecological balance protected by Article 50 of the Constitution depends on the measures established by law to guarantee rational use of resources and to avoid impacting the resources existing in the natural heritage of the State. It adds that the plaintiffs consider Law No. 9550 to be unconstitutional because it violates the principle of objectification of environmental protection, because, for its processing and approval, the deputies did not have technical studies on the environmental impacts that the adopted measure will generate, quantifying and justifying the land-use changes (cambios de uso de suelo) that will be permitted and indicating how many lands are part of the natural heritage of the State. It maintains that the principle of objectification of environmental protection is linked to the preventive principle, enshrined in Article 15 of the Rio Declaration and in Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which requires the adoption by public authorities of those measures aimed at avoiding, mitigating, or correcting the adverse effects on the environment generated by human activities or actions. Due to the nature of the matter regulated in the challenged law, it would not be viable or reasonable to carry out a technical study at a general level as the plaintiffs demand. First, because the law does not imply, as an immediate consequence, that the water resource will be used throughout the entire natural heritage of the State and that, therefore, all the environmental impacts that this use will generate must be analyzed from its approval. The law establishes a general authorization so that, in cases where it is imperative and necessary, the corresponding provider entity of the public drinking water service may request the use of water on a specific natural heritage of the State land, and for each specific case, the necessary technical studies would be carried out covering the particular aspects of each request. That is, it would not make sense to do a general study, of high complexity and indefinite duration, on the entire natural heritage of the State, when in practice, the requests for use permits will be made on some specific lands. Secondly, a study such as that demanded by the plaintiffs encounters a practical impediment, as it cannot be forgotten that the natural heritage of the State is constituted, in addition to protected wild areas, by forested lands or lands of forest aptitude acquired by the State and public institutions, and therefore, it is not possible to know, a priori, which lands with these conditions will be acquired by the entities providing the public drinking water service. It maintains that it is not possible to carry out a technical study covering all the lands that will be impacted by the text of the law. It expresses that the plaintiffs consider that, in the absence of the cited technical study, the decision of the deputies to allow a new activity in the natural heritage of the State is unjustified and discretionary. However, besides the fact that this study is unfeasible, and even impossible, the truth is that the legislative record contains data about the hydrographic basins where the protected wild areas are located and the country's water demand that justify the need for the measure adopted to satisfy the water supply for the population. Hence, in its opinion, it cannot be affirmed that the decision is capricious and arbitrary. The general authorization for the use of water in the natural heritage of the State responds to an imperative public need, which could be affected if each specific request for use must be processed separately and subject to indefinite deadlines for the approval of a specific law, as, in the plaintiffs' opinion, should have been proceeded. And moreover, as already indicated, Law No. 9590 establishes a general possibility to use the water resource in the natural heritage of the State and subjects each request, first to the imperative nature of the use, and then, to certain measures and technical studies, in which the possible environmental impacts generated in each specific case will be assessed and determined, according to the particular conditions of the land, the type of use to be carried out, and the necessary activities. Law No. 9590 requires authorization from the Ministry of Environment and Energy, the declaration of public interest by the Executive Branch regarding the imperative nature of the supply, and the environmental assessment (evaluación ambiental) of the activity or project. Specifically, it is provided that “all works or activities necessary for the fulfillment of the purposes established herein must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment instrument and in strict compliance with current environmental regulations, especially the provisions on the technical criteria applicable for intervention in protected wild areas contemplated in Law No. 7788, Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad)(…)”. In addition to this, regarding the requirement for an environmental assessment, the law provides that it must be ensured that the ecological flow indispensable for the functioning of the ecosystem is not altered and that, annually, the authorized entity must present a report of the results of the gauging. Consequently, the challenged law, by providing for technical instruments to which the permitted activity must be subject to guarantee the rational use of resources, is in accordance with the principle of objectification of environmental protection and the preventive principle. In this way, the impacts that, in the plaintiffs' opinion, the use of water entails will be evaluated and mitigated in each specific case. And this was considered in the Integrated Legal Socio-Environmental Report, by providing that the level of environmental impact generated by the construction of water abstraction and conveyance works within environmentally fragile areas will depend on the system to be built and the technology to be used and that, based on that, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) will indicate the aspects that must be taken into account so that the work is carried out with the least possible environmental impact and mitigating those that may be generated. As it is a controlled and limited activity and subject to technical studies, there is no violation of the precautionary principle or the principle of non-regression in environmental matters. It adds that, in the case under analysis, although it is true that an activity different from those already permitted within the natural heritage of the State is authorized, it must be considered that Article 11 of the Regulation to the Forest Law for the development of training, research, and ecotourism activities within the natural heritage of the State allows the construction of certain works, and that, furthermore, the use of water is not an activity opposed to the conservation purposes of the natural heritage of the State and that it will be subject to technical studies, limitations, and controls. And furthermore, it must be reiterated that the modification made to the regime of the natural heritage of the State responds to a public need to guarantee the supply of drinking water to the population, and therefore, it is a justified and reasonable modification. Another argument of the plaintiffs is that the law did not expressly provide that the authorization for water use within the natural heritage of the State requires the completion of an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and a strategic environmental assessment. In this regard, it recalls Article 18 of the Forest Law (Ley Forestal) before the reform made by Law No. 9590 and maintains that with Article No. 1 of Law No. 9590, only the phrase “as well as activities necessary for the use of water for human consumption, in accordance with Article 18 bis of this law” was included. That is, what is provided in that article regarding the environmental impact assessment is what it already indicated before the reform made. Given that this article refers to Article 18 for the authorization of water use for human consumption, it must be observed that numeral 18 bis establishes that “all works or activities necessary for the fulfillment of the purposes established herein must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment instrument and in strict compliance with current environmental regulations.” The environmental impact assessment, to which Article 18 bis refers, is a general concept that refers to the administrative technical-scientific procedure carried out by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) to identify and predict what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (Article 3, subsection 39) of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004). This procedure is what is required by Article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiental) and according to the cited Regulation, it covers three phases: a) the initial environmental evaluation (evaluación ambiental inicial), b) the preparation of the environmental impact study or other corresponding environmental assessment instruments, and c) the environmental control and monitoring of the activity, work, or project through the established environmental commitments. Therefore, the environmental assessment required by the law can be carried out through an environmental impact study or some other technical instrument, depending on the potential environmental impact of the activity or work to be developed. Thus, the fact that a norm does not contemplate, for a specific type of project or activity, the environmental impact study as the instrument to be used, does not imply its unconstitutionality, since it is not excluding that project from the environmental impact assessment procedure required by the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente). It warns that in accordance with the reform made to the Forest Law (Ley Forestal) by the challenged law, the “activities necessary for the use of water for human consumption,” which Article 18 allows, include the authorization of the use itself, the construction and operation of water supply systems, and also, other works that in certain cases can be considered minor, such as those necessary for the maintenance and improvements of existing systems. In those cases, depending on the magnitude and impact of the works, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) can assess the necessity and relevance of requiring an environmental impact study. In any case, it must be considered that according to the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), protected wild areas; protection areas for watercourses, natural water bodies, and springs (nacientes) or sources; and areas with natural forest cover are environmentally fragile areas that, due to their conditions, present a restricted carrying capacity and with some technical limitations that must be taken into account in the evaluation procedure, and for this reason, for the activities, works, or projects to be carried out in them, the presentation of the D1 environmental assessment document is required, which is the instrument used for activities, works, or projects of high and moderate potential environmental impact. Furthermore, it must be considered that Articles 22 and 23 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) establish that all persons, natural or legal, public or private, have the right to be heard by SETENA, at any stage of the evaluation process and in the operational phase of the work or project. It indicates that the information contained in the environmental impact assessment file will be of a public nature and will be available for consultation by any person or organization. Based on this, Chapter VI of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), in accordance with what is required by Article 22 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), establishes mechanisms (such as the submission of briefs, private and public hearings) to guarantee citizen participation at any stage of the environmental impact assessment process and in the operational phase of the activities, works, or projects. In accordance with the foregoing, the challenged norm, by not expressly requiring the presentation of an environmental impact study, does not deny or nullify the regulations that guarantee the right to participation and the right of access to information, and therefore, it is not contrary to Articles 9 and 50 of the Political Constitution, the Rio Declaration on Environment and Development, and the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (which is in the process of ratification). In another vein, it says that the plaintiffs consider that a strategic environmental assessment should have been required, because through that instrument it is possible to assess the regional impacts of constructing an aqueduct in the natural heritage of the State. The General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), in its Article No. 3 subsection 35) conceptualizes the “strategic environmental assessment.” Furthermore, it also finds regulation in Article 62. That instrument for evaluating general programs, plans, and policies is not applicable to the approval of the concrete and localized activities permitted by the challenged law. It points out that it will be SETENA, in the exercise of the powers granted by Articles 83 and 84 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), the entity responsible for determining, according to the magnitude of the project to be developed, the evaluation instrument to be used. Therefore, in its opinion, the fact that the use of a particular environmental assessment instrument is not expressly required does not imply that the activities permitted by the challenged law are being excluded from the environmental impact assessment procedure, and thus, it could not be considered that the norm is unconstitutional. It continues, stating that the plaintiffs also question the fact that Article 18 bis does not require the authorization of MINAE for the water uses to be carried out by the entities providing the drinking water service on the lands they acquire for that purpose, and allows those entities to continue administering those lands that are part of the natural heritage of the State. However, it points out that the challenged law establishes an exception for those cases in which one of the entities providing the public service acquires or has acquired forested land or land of forest aptitude for the purpose of using the water resource and providing the public service of drinking water supply, so that it is not necessary to require the authorization of MINAE for the projected use and so that the same entity can authorize the property, even though, in accordance with the provisions of Article 13 of the Forest Law (Ley Forestal), being forested lands or lands of forest aptitude, they would become part of the natural heritage of the State administered by SINAC. This is by virtue of the fact that, before the carried-out reform, if an entity providing the public drinking water supply service acquired forested land or land of forest aptitude to use a water source, this land automatically became part of the natural heritage of the State. And consequently, the projected use could not be carried out nor could the purpose for which the land had been acquired be fulfilled. It maintains that the intention of the law is not to impede or limit the essential public service of drinking water supply, and in this way, to harmonize the exercise of the special powers of the entities providing that service, with the protection regime established for the natural heritage of the State. In this regard, it must be taken into account that to guarantee the population's access to drinking water, Article No. 1 of the Constitutive Law of the ICAA has entrusted this institute with the fundamental and general function of directing everything related to the supply of drinking water, and for that purpose, in subsections c) and e) of Article No. 5, it empowers it to acquire or expropriate real estate for the abstraction, conveyance, treatment, and distribution of water for the purpose of establishing populations. In accordance with the provisions of Article No. 2 subsection g) and according to the General Law of Drinking Water (Ley General de Agua Potable), the administration and operation of aqueducts may be in charge of the Municipalities in places where the ICAA has not assumed the administration of the aqueducts due to deficiencies in the service. The provision of the public service may also be in charge of the administrative associations of the aqueduct and sewer systems (ASADAS). According to the provisions of Article No. 2 subsection g) of Law No. 2726 and the Regulation of Administrative Associations of Communal Aqueduct and Sewer Systems (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistema de Acueductos y Alcantarillados Comunales). Meanwhile, the Public Services Company of Heredia (Empresa de Servicios Públicos de Heredia) has full powers to provide drinking water services. For the exercise of these powers, it has within its assets the real estate assigned to the services it provides and that are under its administration, and furthermore, it is empowered to acquire real estate for the fulfillment of its objectives. Furthermore, it is important to consider that Article No. 18 of Law No. 2726 establishes that all properties and facilities of State agencies that are destined for the provision of services related to the abstraction, treatment, and distribution of drinking water and the evacuation of wastewater or rainwater in the country are national heritage. And that according to Articles No. 1 and 2 of the General Law of Drinking Water (Ley General de Agua Potable), the execution of the necessary works to guarantee the supply of drinking water to the population constitutes an activity of public utility, which is reaffirmed by Articles 60 and 267 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and the General Health Law (Ley General de Salud). Precisely because there is a regulatory framework that allows acquiring real estate to capture the water resource and that declares drinking water supply systems to be of public utility, specifically Article 18 bis of the Forest Law (Ley Forestal) establishes a legal authorization to carry out the use without the administrative authorization of the Minister of Environment and Energy. As the norm indicates, the service-providing entities must comply with the other requirements established in Article 18 bis and in national regulations, and although they are empowered to administer the lands, these are subject to the conditions, limitations, and protections characteristic of the natural heritage of the State, according to the provisions of the Forest Law (Ley Forestal). The foregoing means that the only authorization from which they are excluded is that required by Articles 18 and 18 bis of the Forest Law (Ley Forestal) for the use of water. By indicating that all national regulations must be complied with, it cannot be understood, as the plaintiffs do, that authorization will not be required for any other activity. In accordance with what has been indicated, it must be understood that the administration of the land by the entity providing the public service is only with respect to the specific activity of water use, since the authorization of another activity, which could only be related to research, training, and ecotourism, remains in the hands of SINAC. Also, by establishing that the rest of the requirements of Article 18 bis must be complied with, the use will require undergoing the environmental impact assessment procedure, as indicated in the 3rd paragraph. In addition to it being a controlled use, whose impacts will be evaluated and mitigated through the environmental assessment procedure, it must be ensured that the ecological flow indispensable for the functioning of the ecosystem is not altered, which must be ensured by the ICAA and monitored by the Ministry of Environment and Energy, as provided in the sixth paragraph. It mentions that it is not possible to affirm that the challenged norm is regressive because it deprotects the forested lands and lands of forest aptitude acquired by the entities providing the drinking water service. On the contrary, although it is true that an exception is made regarding the requirement for authorization by MINAE and regarding the administration of the land, the use of water will be a controlled activity and the providing entities will be subject to the other applicable regulations for any other type of activity. Likewise, what was previously stated must be kept in mind that the use of the water resource is not an activity opposed to the protection regime of the natural heritage of the State, but rather, on the contrary, it depends on the protection of the forest resource. Not in vain, Article 31 subsection b) of the Water Law (Ley de Aguas) has established a duty to conserve and protect the forest cover (cobertura boscosa) that exists on the lands bordering the drinking water abstractions, intakes, or sources, which ensures the preservation of the source captured for the public service. To that duty, and to any other applicable provision, the entities providing the public drinking water service are subject. Therefore, the challenged law does not eliminate the stewardship of MINAE in environmental matters and in water affairs. And this, contrary to what the plaintiffs have indicated, also does not happen in the sixth paragraph of Article 18 bis of the Forest Law (Ley Forestal). Although it is true that it is provided that the ICAA must guarantee that the ecological flow indispensable for the functioning of the ecosystem is not altered, the same norm expressly establishes that the monitoring of that flow will correspond to MINAE, which does not disregard the powers belonging to the Water Directorate (Dirección de Aguas). It says that Article 18 bis, sixth paragraph, recognizes those functions by indicating that an annual report on the results of the gauging must be presented to SINAC and to the Water Directorate (Dirección de Agua). On the other hand, it exposes that, in accordance with the conservation purposes for which national parks and biological reserves exist, the Law of Creation of the National Parks Service (Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084) is established, which applies to biological reserves according to Article 58 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) and the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of America.

It indicates that it has been considered that biological reserves (reservas biológicas) and national parks (parques nacionales) possess a regime of greater protection than that corresponding to the other management categories. It maintains that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in judgment No. 10484-2004 of 09:52 hrs. on September 24, 2004, pointed out that in national parks only activities that in no way disturb the natural life present in them should be permitted. They even affirm that in judgment No. 2008-16975 of 14:53 hrs. on November 12, 2008, national parks and biological reserves are protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) of absolute conservation. It states that Article 3 of the Convention for the Protection of the Flora, Fauna and Natural Scenic Beauties of the American Countries prohibits the commercial exploitation of natural resources in national parks, which has been deemed applicable to biological reserves due to the degree of absolute protection granted to them. Therefore, as these are protected wilderness areas of absolute conservation, in which the commercial exploitation of their resources and the installation of aqueducts and other works intended for those of MINAE are expressly prohibited, there is a justification for not allowing water use (aprovechamiento de agua) or the activities and works necessary for that purpose in national parks and biological reserves. Hence, since this protection regime is contrary to that type of activity, the only possibility of permitting water use in a national park or biological reserve is by reducing its boundaries, disaffecting (desafectando) the specific area that is necessary. And this, according to Article 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) and Article 3 of the Convention for the Protection of the Flora, Fauna and Natural Scenic Beauties of the American Countries, is only possible through a law that has a technical study supporting the adoption of such a measure. The fact that disaffectation is not required in the case of other protected wilderness areas is because water use is not incompatible with the protection regime they possess, nor is it an activity expressly prohibited within their boundaries. Therefore, for the rest of the protected wilderness areas, it is not necessary to reduce their area by disaffecting the portion of land where the use will take place, and this, consequently, does not violate the Convention for the Protection of the Flora, Fauna and Natural Scenic Beauties of the American Countries, the Organic Environmental Law, or the jurisprudence of the Constitutional Chamber. It alleges that it also does not violate the Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations of the Central American Integration System, or the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, which do not contain provisions related to the requirements for reducing the area of protected wilderness areas. Likewise, the challenged law, by permitting water use within protected wilderness areas, under certain limitations and controls, is not incompatible with the provisions of those conventions relating to the promotion of forest resource conservation and cultural heritage according to the possibilities and domestic law of each State. The alleged affectation of national parks that have been declared world natural heritage sites must be analyzed in the eventual scenario where the disaffectation of one of them for water use is sought. At that time, the viability of such a measure must be assessed through the corresponding technical studies and the issuance of a specific law for those purposes. But that eventual scenario cannot result in the unconstitutionality of Law No. 9590. Finally, the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) is also not violated, because although it is true that this Convention urges compensating, to the extent possible, the loss of wetland resources by creating new nature reserves, this measure is directed at those cases where a wetland is removed from the list of wetlands of international importance or the boundaries of one of them are reduced. It notes that the challenged law does not reduce the size of wetlands or other protected wilderness areas, except in the case of national parks and biological reserves. Lastly, regarding the alleged violation of the right of indigenous peoples (pueblos indígenas) to participation, it indicates that legally, the state natural heritage (patrimonio natural del Estado) regime and that of indigenous territories (territorios indígenas) are incompatible. It comments that state natural heritage is of public domain, and therefore, opposed to the regime of indigenous reserves (reservas indígenas), which constitute a collective private property regime, exclusive to the indigenous communities that inhabit them, registered in the Public Registry of Real Property (Registro Público de la Propiedad Inmueble). It states that it would not be possible for a territorial space to simultaneously be state public domain and an indigenous reserve, and for this reason, it is not possible to affirm that the challenged law affects indigenous territories because it will permit the use of water resources located in them. Despite the foregoing, if a specific application for water use in a protected wilderness area somehow were to affect the legitimate interests of an indigenous territory, at that time it must be assessed whether or not consultation with the involved indigenous community is necessary, not before. It is not possible to allege the unconstitutionality of the regulation for having omitted consultation on the will of indigenous peoples regarding an eventual, random, or circumstantial affectation. For this reason, the alleged violation of Articles 1, 7, 50, and 89 of the Political Constitution and Convention 169 of the International Labor Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries does not exist. In that same vein, it alleges that Article 3 of Law No. 9590, which adds Article 52 bis to the Organic Environmental Law, defining the management category of protective zone (zona protectora), is also not unconstitutional. On this aspect, the plaintiffs do not argue in detail what the alleged unconstitutionality consists of. Therefore, since the claim of unconstitutionality is linked to the omission of consultation with indigenous communities, the non-existence of that affectation must be reiterated due to the incompatibility between the state natural heritage regime and that of indigenous territories.

11.- By written submission dated October 30, 2018, Juan Carlos Peralta Víquez, in his capacity as President with powers of Judicial Representative of the Association for the Welfare and Protection of Animals of the Canton of San José, appears in this case file and requests that he be considered an active coadjuvant (coadyuvante activo), and indicates that he appears before this Chamber based on and legitimized by the diffuse interests emanating from Article 50 of the Political Constitution. He considers that it must be declared with merit. The foregoing, as he indicates that this law authorizes, with only an executive decree of public interest, any type of exploitation of drinking water from surface sources, as well as the construction, operation, maintenance, and improvements of water supply systems, on properties that comprise the state natural heritage (patrimonio natural del Estado), within which are all the Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), many of which overlap with indigenous territories. It is our opinion that this project is a highly harmful and dangerous initiative, because it allows the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), the municipalities that still provide the public drinking water service by Law No. 1634, General Water Law, of September 18, 1953, the Heredia Public Services Company (ESPH), and the Associations administering Aqueduct and Sewer Systems (entities made up of users, duly constituted for that purpose and registered in accordance with Law No. 218, Law of Associations, of August 8, 1939), which can administer and operate the aqueduct system of their community through a delegation agreement signed with the ICAA, known as ASADAS), to intervene in, affect, carry out works in, and even destroy protected wilderness areas protected by other environmental laws, which would allow them to take advantage of the water resources found even in indigenous territories, disrespecting their autonomy. The new Law makes an exception in the case of wilderness areas of absolute protection, that is, National Parks and Biological Reserves (which are timely and wisely protected by various laws), that it must also comply with the provisions of Article 38 of Law No. 7554, Organic Environmental Law, of October 4, 1995, but it does not establish it this way for the case of indigenous territories, many of which overlap with these areas, trampling the rights of original peoples, nor does it do so in the case of RAMSAR Wetlands over which international conventions have been signed. Another aspect to note is that the first article of Law No. 9590 establishes that, the activities for water use when necessary for human consumption once approved by the Minister of Environment and Energy, it will be the minister who defines when applicable and according to a regulation, the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), so it can be concluded that it would basically leave a situation of vital importance in the case of PNE and ASP under the possibility that the processes may be modified several times in the same administration and in different ones, which would open a loophole to create technical differences for political or economic reasons and not technical ones from the environmental point of view; the rigor that a situation like the one authorized by said law demands requires that the activities and technical mechanisms to obtain approval must be established by law, which can directly affect the health of people, flora, fauna and, consequently, the fundamental rights of people in accordance with numeral 50 of the Political Constitution, transgressing the Principle of Legal Reserve. In this regard, note what has already been stated by the Constitutional Chamber, which in judgment number 8409-11 indicated the following: "Thus, in the present case, what is concretely discussed is whether or not the Executive Branch can reduce, via regulation, the protection perimeter previously given by the Legislator, to which a negative response must be given, since based on the principle of legal reserve, a regulatory norm cannot regulate matters destined exclusively for formal law, such as everything relating to the enjoyment of fundamental rights. The foregoing is ignored in the case under study, in which by means of an infra-legal provision a reduction was established to the protection perimeter area contained in the Water Law, given that a regulatory provision cannot come to change the minimum protection criterion indicated by the Law, thereby degrading the legislative protection. This is how a regulation cannot limit or diminish the protection of a constitutional right such as the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, when a Law already exists that regulates the matter, with its variation being reserved exclusively to the Legislative Assembly, through the constitutionally established procedure." He adds that the right to clean drinking water and sanitation is a human right that the State must guarantee to present and future generations, according to Resolution 64/292 issued by the United Nations General Assembly on July 28, 2010, since water is fundamental or essential for the development of all other human rights. However, severe threats loom over our country's valuable water resources, thanks to the serious contamination problems of many of our rivers, which continue to be true dumping grounds and open-air sewers, which undoubtedly impacts the quality of life of the entire population. Likewise, water resources are wasted alarmingly according to AyA itself, as there are water leaks due to deterioration of pipes and meters, and the loss is so high that it could supply almost all the inhabitants that this Institute currently serves: about 2.1 million in a large part of the aqueducts throughout the country. So the country's water resources are sufficient to meet the drinking water needs of the population without affecting protected wilderness areas, zones that should not be opened to any type of commercial or industrial exploitation. In our opinion, allowing water extraction in Protected Wilderness Areas for "human consumption", far from being a solution, would rather aggravate the problem, because it does not stop waste, condones administrative inefficiency, and rather compromises our drinking water reserves. Furthermore, this opening would represent a negative and dangerous precedent, which would affect the paradigm that has prevailed until now regarding these areas, as sites for biodiversity conservation, and not for the development of large-scale infrastructure works with high environmental impact. He adds that the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) already issued, through legal opinion C-151-2019 of June 21, 2018, a pronouncement in which it concludes that: "notwithstanding that the general rule —provided in Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal)— is that forested lands owned by public institutions become, by full right, part of the state natural heritage, the truth is that this provision cannot be interpreted as having stripped Articles 50 and 18 of Law No. 2726 of their useful effect, which are norms that have a special purpose but are also linked to the protection of a fundamental right —access to water— of the same level of protection as the right to the environment, which is protected through numeral 13 of the Forestry Law. It is evident, then, that due to the special nature of the provisions of Articles 5 and 18 of Law No. 2726, it must be understood that the forest-covered lands that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers acquires for drinking water catchment are not affected by the limitations of Article 18 of the Forestry Law and, on the contrary, must be deemed linked to the public purpose of guaranteeing the enjoyment of the fundamental right to access to drinking water." Therefore, we consider unnecessary the authorization to the public service providers to: "carry out activities for water use from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements necessary for the population supply system for human consumption, on state natural heritage lands that are not part of protected wilderness areas and that have been acquired by them or by some other public service provider of population supply for human consumption, in order to protect the water and ensure the provision of this service for future generations." Also inconvenient is the addition of an Article 52 bis to the Organic Environmental Law No. 7554, which changes the objective of the management category called "Protective Zone". Furthermore, he believes that this law attacks the self-determination of the original peoples who inhabit the indigenous territories, violates the citizens' right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, and infringes upon the rights of all Costa Ricans over the public domain assets, natural heritage of present and future generations, which must be safeguarded by the State.

12.- By written submission filed on November 5, 2018, Patricia Abaldía Rodríguez, in her capacity as Member of the Organizing Committee of the Social Movement without legal status, March against Animal Abuse in Costa Rica, appears in this case file and requests that she be considered an active coadjuvant, and indicates that she appears before this Chamber based on and legitimized by the protection of biodiversity and support for the rights of original groups, grounded in Articles 7, 50, and 89 of the Constitution, as well as ILO Convention 169. She says she considers that this Authority must very importantly take into account that the minister of MINAE stated when answering the action that there was unconstitutionality with the fragmentation of competencies transferred to the ICAA regarding the ecological flow (caudal ecológico). MINAE, as the governing body in sites that are PNE and ASP, is seeing a competency diminished without a single argument to justify it, and this is not all, but rather the fact is done to transfer this competency to an entity that lacks technical capacity, experience, or personnel. The matter was not done with technical criteria, and this is not remedied by saying that the ICAA will provide reports to MINAE. The creation of a new competency without modifying the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad), which gives that competency to SINAC, which is part of MINAE, is irrational and totally unjustified, and I request it be so ordered. This transfer of competencies is not a mere formality; it requires technical justification and even the creation of a budget, which does not appear anywhere, and given that this could alter the right to a healthy environment, we have that with numeral 18 bis, sites that are PNE and ASP are put at risk. Likewise, I fully believe it is playing with fire in places that have been recognized by you yourselves as being of high environmental fragility and necessary. On the other hand, I believe, as the plaintiffs have stated, that if an aqueduct was required within an ASP, or a PNE site, a specific law should have been enacted, but opening all fragile sites to a new land use (uso del suelo) as Article 18 of the Forestry Law now states, well, that was irresponsible on the part of the deputies and the officials who now defend the law. She adds that the studies to determine that there was a need for water for human consumption never existed and the officials have not denied this, so it must be the vital argument to see that the principle of objectification (principio de objetivación) and non-regression were violated. Both MINAE and the State representative say that the studies did not need to be done or that they are impossible to do, but this hides a fallacious argument of administrative irresponsibility, and I request that you see it this way and accept this action in all its terms. Another fundamental point we must highlight is that the Attorney General's Office indicates that the action is misleading the Chamber by speaking of overlaps between ASP and PNE sites with indigenous territories, but it must be clear once and for all that indigenous territories overlap not only because they are contiguous zones, but because they exist as one and are officially contemplated as one, and the Attorney General himself knows this, having directed SINAC for several years. Those who try to confuse you did not even observe official communication SINAC-DE-1043 of July 19, 2018, which indicates that the QUITIRRISI reserve overlaps 100 percent with an area that is PNE. You will not observe a study that justifies the foregoing, but despite this, everything was done without any study; rather, only the abusive discretion of the deputies mediated, and now that of the officials who try to cover the sun with a finger. The unconstitutionality should not be resolved by saying that the law remains in force and that a consultation be held only with the Huetar indigenous people of Quitirrisí, as this creates disadvantages for other original peoples due to unequal overlaps, and for this reason I request the unconstitutionality of the entire law for lack of consultation. Lastly, she points out that no studies existed to support the law, and the defense argument is that they were impossible to carry out, but the truth is that this never appeared in the legislative record and has now been found as an excuse. It is manifest that a very sensitive competency was transferred to the ICAA without technical reasons and without changing the Biodiversity Law, and for this reason, removing the ecological flow in certain cases from MINAE and SINAC merits unconstitutionality. It must be clear that when creating a new office and competency in ICAA, not even a budget was ever established, and this puts biodiversity at risk in order to defend a right to water whose urgency is unknown.

13.- By written submission filed on November 5, 2018, Marcela Aguilar Bruno, identification number 1-0664-0129, appears in this case file and requests that she be considered an active coadjuvant, and indicates that she appears before this Chamber based on and legitimized by the diffuse interests emanating from Article 50 of the Political Constitution. She indicates that with the reform of the Forestry Law, a clearly negative modification to our legislation was authorized, insofar as it is very broadly stated that aqueducts can be built in all sites declared as State Natural Heritage (PNE) and Protected Wilderness Areas, where, for example, many of these sites overlap 100 percent with indigenous territories. She requests that the most dramatic case be taken into account, where 100 percent of the Huetar Quitirrisi Indigenous Reserve, which is a State Natural Heritage (PNE) site, are one and the same thing, but the original peoples were never consulted, as is evident and manifest from the responses of the Attorney General's Office and MINAE. Therefore, I expressly request that the action must be declared with merit because ILO Convention 169 was violated by not conducting prior consultation. The plaintiffs provided information on the above, as stated in an official communication from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) itself, data that cannot be ignored. For this reason, the article cited above is absolutely unconstitutional for violating express international norms. She warns that the consultation must be prior to making the law, and the error was enormous and leads to the declaration of unconstitutionality for lack of consultation. She adds that the reality is very clear and no one has wanted to assume the error and have preferred to say that indigenous territories are one thing and State assets are another, but it is not that simple. Likewise, it must be noted that in the challenged law it is stated that the ecological flow will be the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), but they have neither the experience nor the personnel that SINAC or the Water Directorate (Dirección de Aguas) have, and with this, there is a very serious error that fragments MINAE and SINAC competencies without justification, and even if the ICAA provides annual or five-yearly reports, this is fragmenting competencies without technical justification. Furthermore, the unconstitutionality is also observable in the creation of a new competency for the ICAA without assigning or foreseeing a budget for the environmental flow issue. In fact, what I am saying has been recognized by the Minister of Environment himself when answering the action, and it is in black and white in the case file. Thus, she considers that the minister did not dare to request unconstitutionality, but at least said that there was an objection, but this must be translated as undeniable opposition to the law, and this must be taken into account by declaring unconstitutionality for this other matter, because the creation of competencies and fragmentation and transfer to other institutions requires justifications that, of course, do not appear in the Legislative Assembly's record. On the other hand, she indicates that the Attorney General's Office points out that for them it is impossible to conduct a study determining the water needs of the communities, but this serves as a basis for everything that I have indicated has been pointed out by the plaintiffs. Even this law - the Attorney General points out - must be respected because the human right to water for human consumption exists, but the point of unconstitutionality is not to substantiate, with studies, that this real need exists to intervene in ASP and PNE and that it changes the paradigm of state protection that has existed; from the Attorney General's Office, they also want to make everything seem like sustainable development, but for it to be so, it must be justified under scientific criteria and not by pure discretion. Therefore, in the Legislative Assembly's record, there was never the slightest intention of providing studies, and this deficiency is a demonstration of the violation of the principle of objectification that entails regression, by even constituting a new land use in Article 18 of the Forestry Law. She claims that the State representatives did not know how to justify a law that included the incorporation of a new use in sites that are PNE or ASP. And this is unforgivable and deserves a call to attention. She reiterates the lack of studies justifying the modification of the regulations. Finally, she requests that it be established that the rights of indigenous peoples were violated by not consulting them about a project that was evidently going to bring consequences to their territories as these overlap with sites that are PNE and ASP; especially observe official communication SINAC-DE-1043 of July 19, 2018, in the final part when it speaks about the Huetar Quitirrisi Indigenous Reserve.

14.- By written submission dated November 7, 2018, Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, in his capacity as President of the Administrative Association of Aqueducts of Tacares Sur de Grecia, appears in this case file and requests that he be considered an active coadjuvant, and indicates that he appears before this Chamber based on and legitimized by the diffuse interests emanating from Article 50 of the Political Constitution. He points out that a clearly negative modification to our legislation was authorized, insofar as it is very broadly stated that aqueducts can be built in all sites declared as State Natural Heritage (PNE) and Protected Wilderness Areas. He recalls that the Los Chorros Recreational Park, created by Law No. 6126, did not fall under any of the management categories established in the Organic Environmental Law, and therefore, this Chamber ruled that it was PNE and that, as such, it had to be protected, which was indicated by the Constitutional Chamber. Therefore, we see that we are facing a situation harmful to biodiversity with the approval of the challenged law, since it allows the felling of forest, understory (sotobosque), making new impoundments, and installing pumping stations where until now only protection, training, research, and ecotourism were permitted. He clarifies that the Los Chorros Recreational Park operates its aqueduct, but it was built many years ago, before the Organic Environmental Law and other related regulations existed. For this reason, we now consider that by permitting the new use, modifying the Forestry Law, we are facing a totally inadequate situation, since it leaves open the possibility that all PNE sites in the country may experience biodiversity loss and ecosystem alteration, a matter that does not contribute to maintaining hydrological cycles and their interrelations in points of fragility, an aspect where science and technique were overlooked in the legislators' deliberation. We consider that if what was required was to change the regulations, a specific modification could have been made to the law of our Los Chorros Recreational Park, to permit the possible expansion of the aqueduct, but the way the deputies have done it is counterproductive and harmful for all PNE sites. He points out that they could never agree that, through a law made without studies, felling is permitted in a site of high fragility, and even less so when this is done with poor legislative technique. They warn that in the legislative record there are no studies, nor a complete and detailed list of all the PNE or ASP sites that were opened up with the reform, and this demonstrates the violation of the principle of objectification and non-regression. He complains that this reform to the law includes a practice that alters vital cycles because it is invasive, since it means impoundments and felling that were never supported by anything beyond simple discretion, and that is abusive, as stated in the action filed. He adds that the challenged law also states that the ecological flow will be the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), but given that they have neither the experience nor the personnel that SINAC or the Water Directorate have, it is clear that transferring the competency in this line to the ICAA is dismembering the specialized competencies held by the current responsible parties, and all this is an example of legislative improvisation. And the worst part is that this last point is done without any technical criteria or allocation of new financial budgets to establish new units within the ICAA, and for this we request the declaration of unconstitutionality, as it leads to putting biodiversity at risk, and with this, Article 50 of the Constitution is transgressed. As stated in the plaintiffs' submission, this whole matter causes MINAE and SINAC to lose their governing authority and complicates the scenario in the management of strategic resources, which is not rational.

On the other hand, it indicates that the new law points out another error by stating in article 18 bis: “In the case of strictly protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas de protección absoluta), that is, national parks and biological reserves, the provisions of article 38 of Law No. 7554, Organic Law of the Environment, of October 4, 1995, must also be complied with.” The foregoing, because it is clear that with this situation in sites such as the Los Chorros Recreational Park, the State will now be able to break through the mountain and ecosystems without having to replace or compensate the sites where new aqueduct pipes are required, and that exclusion without technical justification makes no sense. Note that we speak of exclusion without justification, since our Park is only a PNE, but not a site of strict protection and therefore it is unjustifiable that logging, trenches, and pumping stations can be carried out, without the obligation to compensate areas, or to have to proceed to change the boundaries. It warns that the law does not resolve a series of questions regarding wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), which confirms the poor legislative technique used in this regard. It clarifies that the Park is a site of high fragility and, therefore, it is not justifiable that section 38 of the Organic Law of the Environment does not apply. It indicates that the Minister of MINAE recognizes the jurisdictional problem of transferring the competence of sites that are PNE to the ICAA. The foregoing was done without any study or basis from the deputies and thereby the unconstitutionality is materialized in that line, even if the Attorney General's Office says it does not exist. It considers that the Attorney General's arguments are not admissible. Another important issue is that the unconstitutionality is also observable when a new competence is created for the ICAA without assigning or providing a budget for the issue of environmental flow (caudal ambiental). A situation connected to the fact that all protected areas are different in terms of their biological makeup and none of this is touched upon in the law. For example, Law 6126 creating Los Chorros Park is not taken into account, and on the site it is prohibited to cut trees or extract plants and others, and it would be threatened by this law. None of this is taken into account and it even harms the protection that this Asada has carried out for years in Los Chorros.

15.- By brief of November 6, 2018, Luis Diego Marín Schumahcer, in his capacity as President of the Asociación Preserve Planet, appears in this file and requests to be considered an active coadjuvant, and indicates that he appears before this Chamber based and legitimized on the diffuse interests emanating from article 50 of the Political Constitution. He points out that national parks and biological reserves were created with the purpose of maintaining representative samples of ecosystems in the most unaltered state possible. He adds that they are the last unaltered redoubt within the national territory, and that the development of infrastructure projects (aqueducts, etc.) is not compatible with the purpose of a National Park or a Biological Reserve. He adds that the impacts caused are significant and often irreversible, as they alter the natural balance, converting the area into an altered ecosystem, and it does not constitute an area where conservation is the priority. On the other hand, he indicates that, according to various studies carried out by MINAE and AyA, between 40% and 70% of drinking water is wasted due to leaks. For this reason, the extraction of the resource is not justified until all pipes are repaired and the great waste is avoided. Finally, he states that a large percentage of the wilderness areas (áreas silvestres protegidas) are within indigenous reserves and during the discussion of this law in the Legislative Assembly these communities were not consulted. He points out that the argument of the Attorney General's Office of the Republic collapses when considering that the Quitirrisí indigenous reserve, located in the Protective Zone of the same name, occupies 100%, that is, both the territory of original groups and the protective zone that is Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) are the same. Thus, it is completely false to consider that wilderness areas (áreas silvestres protegidas) or Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) sites are one thing and indigenous territories are another.

16.- By brief of November 19, 2018, Grigory Chaves Chaverri, identification number 1-873-910, appears in this file and requests to be considered an active coadjuvant, and indicates that he appears before this Chamber based and legitimized on the diffuse interests emanating from article 50 of the Political Constitution. He points out that all areas are different and require specialized treatment and care, which the challenged law does not take into account. He states that, furthermore, this law must be considered unconstitutional, since it is clear that this modification to article 18 of the Forest Law (Ley Forestal) was made without a study justifying that within sites that are natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), or wilderness areas (áreas silvestres protegidas), it is appropriate to take water that will be extracted from rivers. Likewise, the problem of existing leaks at the national level has not been solved. He affirms that the sites that are wilderness areas (áreas silvestres protegidas) were especially created by the legislator for protection, education, research, and to preserve biodiversity, but never to take water from them, which is why this law denatures the figure of wilderness areas (áreas silvestres protegidas). He adds that this law lacks technical-biological studies to determine how the environment will be altered in terms of biological characteristics that affect its diversity and biodiversity. He considers it correct that, since many indigenous territories overlap with wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) sites, prior consultations were mandatory just by the modification of article 18 of the Forest Law (Ley Forestal), and those consultations never occurred. He clarifies that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillas issued a fallacious argument in its report, as it pointed out that the questioned law provides that indigenous territories will be outside the regulatory framework, which is totally false.

17.- By brief of November 29, 2018, Javier Rodríguez Fonseca, identification number 1-546-710, appears in this file and requests to be considered an active coadjuvant, and indicates that he appears before this Chamber based and legitimized on the diffuse interests emanating from article 50 of the Political Constitution. He points out that articles 1 and 2 of Law 9590 change the original spirit of article 18 of the Forest Law (Ley Forestal), since the latter considered low or very low impact activities such as ecotourism, research, and training, while Law 9590 extends it to water extraction activities that may involve high-impact infrastructure and actions. He asserts that this rule also violates article 11 of the Regulation governing the Forest Law. He adds that it is contradictory that article 2 establishes that extracting water from a protected area requires a declaration of public interest and national convenience when the preservation of resources in the country's protected areas is of public interest and national strategic convenience. He adds that article 18 bis is confusing, particularly because it seems to contradict the authorization for water extraction in wilderness areas (áreas silvestres protegidas). He affirms that article 3 of that body of law does not explicitly indicate that water can be extracted within protective zones, which increases the indicated confusion. He states that the extraction of the different resources safeguarded in protected areas for present and future generations must be in extremis and not a possibility that, authorized by law, sets a precedent that would lend itself to different “social and community” justifications and the consequent abuses due to the known difficulties the country has in controlling and monitoring the sustainable use of natural resources. He asserts that there continues to be a waste of water due to cases of ruptures in water supply pipes. He explains that for each water extraction project in the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) will be required, however these are meant to be applied in areas outside the wilderness areas (áreas silvestres protegidas). Finally, he points out that in some specific problematic cases, such as Sardinal de Guanacaste or Grecia, among others, the conflicts have arisen more from inadequate, even unfair management of the water resource and not from its scarcity.

18.- By brief filed on November 30, 2018, Nidia María Vargas Picado, in her capacity as President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de la Fortuna de San Carlos, appears in the file and requests a coadjuvancy. She points out that the human right to access drinking water and sanitation need to be protected and guaranteed by the State and its institutions, for which not only the development of infrastructure allowing supply is required, but also water sources that can be used to fulfill that public purpose. It is in this spirit that Law of the Republic No. 9590 is processed with the objective of guaranteeing access to drinking water, recognized as a fundamental right by the jurisprudence of the Constitutional Chamber and international instruments in force in the country. This Law regulates how the authorized legally constituted public service providers should address the use of water and access to it in areas considered Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), in order to face the problems of sources affected by climate change. This Law of the Republic has its genesis in opinion C-134-2016 of June 8, 2016, concluding categorically: from the foregoing it is inferred that AyA is not legally authorized to use water resources within wilderness areas (áreas silvestres protegidas), which are state public domain, for population supply, areas where article 2 of Law 2726 of 1961 is not applicable. In order to carry out that use, an express law is required that expands the activities permitted in the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) by article 18 of the Forest Law (Ley Forestal), and sets the terms and conditions. The legal basis has its foundation in several rulings issued by the Constitutional Chamber that order the provision of public drinking water services to communities in rural areas, but the scenario arises that the only sources susceptible to exploitation are often located in wilderness areas (áreas silvestres protegidas). For this reason, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados posed the cited consultation to the Attorney General's Office of the Republic, regarding the possibility of authorizing works to capture said sources in those areas. It is relevant to reiterate to this Constitutional Chamber that, given the lack of access to water sources for human consumption, in certain areas of the country, as is the case of the ASADA she represents, it was necessary for AyA, in its governing role, to request the opinion of the Attorney General's Office of the Republic, and that institution responded that AyA is not legally authorized to use water resources for population supply within those areas, where article 2, subsection f, of Law 2726 does not apply. Faced with this, the viable option proposed and addressed is a reform to the Forest Law (Ley Forestal) to carry out water harvesting activities and infrastructure construction in wilderness areas (áreas silvestres protegidas), when no alternative source is available to guarantee the water supply for the beneficiary population in adequate conditions of quality and quantity, an initiative that was accepted for processing by 15 Deputies and materialized as a Law of the Republic upon its vote in the second debate in June 2018. In this conjuncture, the Attorney General's Office of the Republic issued Opinion of May 18, 2018 C-103-2018 and C-151-2018, aimed at clarifying the application of the principle of primacy in the protection of fundamental rights, specifically the right of access to water, so the Institute cannot be prevented from carrying out the repair and maintenance works necessary on the capture works that already exist on lands of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) and that are essential to guarantee the continuity of the public water service, as well as to ensure that it is supplied in sufficient quality and quantity to fulfill said fundamental right. In the Opinion of June 21, 2018, it is indicated that forested lands owned by public institutions become, by operation of law, part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), but the truth is that this provision cannot be interpreted in the sense that articles 5 and 18 of Law No. 2726 have been stripped of their useful effect, which are norms that have a special purpose but are also linked to the protection of a fundamental right -access to water- of the same level of protection as the right to the environment, which is protected through section 13 of the Forest Law (Ley Forestal). The modification promoted in Law 9590 does not intend to damage the environment, nor to prevent the necessary technical studies from being prepared to avoid serious and irreversible damage to the environment. On the contrary, the proposed reform seeks to guarantee that in any type of activity, work, or project in which use is made, and that, therefore, a possible affectation or alteration to the water resource may arise, a comprehensive analysis of the situation is carried out. The modification intends that drinking water supply projects are vital for the country's present and to be able to solve the great challenges ahead, in view of the growth in demand for drinking water, the change in climatic conditions, and the complexity involved, based on the environmental legal framework, in using water resources to provide drinking water services whose sources are located in the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). This modification contained in Law 9590 seeks to comprehensively assess the overall impact on the environment, in all the factors or actions that characterize the activity, work, or project for the use of the water resource. With this, it is intended that a more efficient use of scarce resources is made and that it is guaranteed that the water resource will not be damaged. Erroneously, the action of unconstitutionality filed is based on an incomplete and fragmented interpretation of the legal body in question, as this law seeks the protection and conservation of the water resource, and the sustainable use of water sources for human consumption, solely based on the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in constitutional articles 50 and 89. For this, the prior requirement of the declaration, by the Executive Branch, of public interest is proposed, specifically for an imperative population supply and in favor of the authorized public service providers. The Precautionary Principle, by which a presumption in favor of the environment is established, is contained in Law of the Republic No. 9590 and is deduced from a comprehensive reading thereof, so that in cases requiring entry into a protection area, the procedure established in this body of law must be followed, and this principle is respected. From the questioned regulations, it is deduced that when there is no scientific certainty about the negative effects that an action may generate, its execution is prohibited, limitations are imposed, or protective measures are adopted, as stated in article 11 of the Biodiversity Law. Likewise, she points out what was indicated by this Court in vote number 1220 at 14:48 hours on February 6, 2002, regarding this situation. The Executive Branch, via regulation, intends with the modification in question that, based on precise technical studies, a specific activity or project does not require environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), through a duly reasoned and substantiated decision.

19.- By brief filed on December 5, 2018, Roberto Molina Ugalde, in his capacity as Representative of SITRAMINAE, appears in the file and requests an active coadjuvancy in favor of the arguments seeking to declare Law No. 9590 unconstitutional. He points out that this action must be granted, because as indicated by the data provided and the SINAC report No. SINAC-DE-1043 of July 19, 2018, all indigenous territories form a single conglomeration with the Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), or sites that are Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), including QUITIRISÍ, which is 100 percent reserve and indigenous territory. Given that the argument of having all those sites that are ASP and PNE has not been disproven, because it is true, it is clear that this Chamber must resolve the action considering it a true and recognized fact that the original peoples should have been given prior audience before making the law. The foregoing must be done because the current article 18 of the Forest Law (Ley Forestal) adds a new use, which is invasive and transgresses territories that are, in part, or 100 percent, indigenous. Any introduction of land-use (uso del suelo) variants to indigenous territories implied a consultation. For all legal purposes, in Costa Rica to date, it is indisputable that the territories of original peoples are within the limits of Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas) and Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) sites. The indigenous territories that are totally linked to the PNE sites and to the ASP in Costa Rica were indisputably affected by the new use and that affectation, as has been stated, was never consulted. The aforesaid affectation entails a state imposition for tribal peoples to have to endure acts of water intakes, construction of pump houses for water impulsion, the passage of pipes, tree felling, etc., in their territories and this, I repeat, was never consulted, pursuant to ILO Convention 169 which requires it. Based on the foregoing, there is a clear violation of constitutional rank and the conventionality framework emanating from article 18 and article 18 bis of the Forest Law (Ley Forestal). He adds that to make the modification to article 18 of the Forest Law (Ley Forestal), there should have been prior studies that assessed the timeliness, the needs, the cost-benefit, and all the technical aspects within science, but as has been pointed out, none of that existed and this makes the new law a violation of the principle of regression and the principle of objectification, and we therefore request it be declared as such. What the representative of the Attorney General's Office of the Republic points out in the line that the studies were impossible is an abusive criterion, which coldly hides an indefensible abuse of power. The truth is, what was pointed out by the advisory body of this Chamber is extremely dangerous, as it can continue to be used to denature the principle of objectification in environmental matters. We even find that criterion of the Attorney General's Office to be somewhat unserious, as it tends to promote administrative and legislative discretion and therefore warrants a call for attention from this Chamber. He points out that, furthermore, it must be seen as a very serious matter, and also irresponsible, the fact that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados itself points out that article number 1 of this questioned Law recognizes that the rule does not apply to indigenous territories. This is pointed out at the end of its report. That biased argument is a clear lie that must be seen as an argument that tends to confuse this Chamber in an inelegant manner, and we request that it be so ruled upon granting the action of unconstitutionality. Curiously, the Institute also does not provide any proof regarding the need to take water within the sites that are PNE, or those that are ASP, and this is indicative of the improvisation that mediated the making of this law. The point is that nothing really justified an opening to a new use like the one carried out. We cannot fail to point out that we also consider it would be disastrous to break the competence of MINAE (Water Directorate) and SINAC in the protection of the water resource to transfer everything related to ecological flow (caudal ecológico) to the said Institute, as indicated in article 18 bis. The worst part is that this is done without providing technical or legal justification that finds legal support, as official Astorga Espeleta tries to make it seem, based solely on the fact that it is stated in their Constitutive Law, as this has no relation to a transfer of specific competences from a ministry to an institution that has never managed biodiversity, let alone ecological flows (caudales ecológicos) within environmentally vulnerable and fragile sites such as wilderness areas (áreas silvestres protegidas). Here, it is observed that the modified Law or its transitional provisions do not even assign an economic budget for that new office, and this confirms that the management of ecological flows (caudales ecológicos) should not leave the Water Directorate, an entity attached to MINAE. It is important to clarify that, due to its demanial nature, the water resource enjoys special protection so that it is not susceptible to appropriation by private parties. The water resource is protected, conserved, and administered as corresponds by MINAE through SINAC and the Water Department. MINAE is the governing entity in the management of the country's water resources, corresponding to it with the power of imperium to dispose and resolve on its domain, use, utilization, governance, control, and surveillance. Additionally, SINAC is another entity of the Costa Rican State that places special emphasis on ensuring that its wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and equivalent reserves ensure the protection and conservation of their water resources. On the other hand, with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it is probable that there are serious indications of over-exploitation of the springs (nacientes) and aquifers that are located within the wilderness areas (áreas silvestres protegidas) since they would be being concessioned without the conditions of quantity and quality being known beforehand. Furthermore, with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no regulation is envisioned for all activities that may affect the quality and quantity of water, and the balance of ecosystems, especially in the sources and aquifer recharge zones. Additionally, since the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados does not know for certain and scientifically about ecological flows (caudales ecológicos), it can never specify their evaluation; this measure cannot come to clearly define the sufficient flows for achieving environmental and ecological objectives. On the other hand, the Costa Rican State through MINAE-SINAC-Water Department must continue guaranteeing the conservation, recovery, and comprehensive management of water resources, hydrographic basins, and ecological flows (caudales ecológicos) associated with the hydrological cycle of wilderness areas (áreas silvestres protegidas). Finally, we cannot conclude without saying that the norms at both the legal level and the conventional level establish a spirit of protection for the biodiversity that is within the ASP and the sites that are PNE, therefore, by adding a new use that allows extracting water within those areas, it denatures the figure of the sites we have protected and which are extremely environmentally fragile. It must be clear that the institutions that make it possible to bring water to communities can perfectly well take it from properties that are outside the ASP, or from the sites that are PNE, but nothing is said about this and it is because this is part of making a law without studies that justify the need to open sites that must be maintained for future generations in the best way, where biodiversity is respected, and this does not in any way mean that human rights are violated, because as we have said, to date there is no exhaustive scientific study that demonstrates that water must be taken from the ASP or from PNE lands.

20.- By brief filed on December 12, 2018, Mario Andrés Boza Loría, in his capacity as Unlimited General Attorney-in-Fact of The Leatherback Trust, appears in the file and requests a coadjuvancy. He points out that his represented party is a non-profit organization, constituted under the laws of the United States of America, whose objective is the protection of the leatherback turtle and other sea turtles, and whose term of validity is perpetual. He indicates that the work they carry out is aimed at the conservation of ecosystems that in some way affect the purpose proposed in its statutes. He states that their work has been developed mainly in the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park, a territory that contains, in addition to the marine area, important forested areas such as Cerro Morro and others, which could undoubtedly be affected by the application of the challenged regulations, so he considers that a legitimate interest assists him, as they share the diffuse interest that characterizes the issue in question. He asserts that the action must be granted, as there are no technical studies that support the adopted measure even though it constitutes a reduction of the essential content of the natural area. He adds that there is no prior, much less comprehensive, environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) on all the areas constituting the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado). Furthermore, the Ministry of Environment is authorized to make the decision on whether or not to carry out the assessment. He adds that this regulation also undermines the stewardship of the Ministry of Environment and Energy. Finally, he points out that article 18 bis excludes other protected areas different from national parks and biological reserves, the foregoing from the accreditation that no other available sources of exploitation exist. He concludes that by not requiring the same requirement in areas of strict protection, the constitutional principle of reasonableness and proportionality is violated.

21.- By brief filed on December 13, 2018, Olga María Rodríguez Herrera, in her capacity as President of the Promotora de Bienestar Animal, appears in the file and requests a coadjuvancy. She points out that the present active coadjuvancy finds its basis in the diffuse interests emanating from the issue and its connection with constitutional norms 9, 50, and 89. She considers that the present rule fosters discrimination against the indigenous population regarding their right to manage water resources in protected territories. She warns that in Costa Rica there are cadastral overlaps between indigenous territories and wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and the law makes no exception regarding these territories. Therefore, she believes that the assertion that this regulation does not affect indigenous territories is totally false, since the text does not exclude indigenous territories, so it is mandatory to consult indigenous peoples. Finally, she states that there is a transfer of competence from the Water Directorate and SINAC to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

22.- By resolution at 16:20 hrs. on December 12, 2018, the Acting Presiding Magistrate of this Constitutional Chamber warned the petitioner Nidia María Vargas Picado, identity card number 2 0419 0709, who stated she was appearing on behalf of the Asociación Administradora de Acueducto Rural de La Fortuna de San Carlos, that she must provide the current legal standing certificate of said association, accrediting the condition she claims to hold with respect to that entity.

23.- By record of December 20, 2018, issued by the Acting Secretary and the judicial technician, they recorded that the President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de la Fortuna de San Carlos did not comply with the warning made by resolution at 16:20 hrs. on December 12, 2018.

24.- By resolution at 08:59 hrs. on December 21, 2018, the Acting Presiding Magistrate of this Constitutional Chamber resolved the coadjuvancy requests filed on October 18, 19, and 29, November 5, 6, 7, 19, and 29, and December 5 and 7, all of 2018, and in which it was requested to be considered active coadjuvants for considering that they have a legitimate interest, given that this action concerns the defense of diffuse interests, as it relates to the right to a healthy environment. Thus, the Presidency of the Constitutional Chamber accepted the coadjuvancies, since the first publication of the notice occurred on November 19, 2018.

Consequently, the following persons were accepted as coadjuvants: Mario Andrés Boza Loría, identity card 1-0297-0932, Jorge Serendero Hülssner, residence card 115200011317, Juan Carlos Peralta Víquez, identity card 3-0229-0629, in his capacity as President of the Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales del Cantón de San José, legal identification number 3-002-248601, Patricia Abadía Rodríguez, identity card 1-0490-0741, Marcela Aguilar Bruno, identity card 1-0664-0129, Luis Diego Marín Schumacher, identity card 1-0753-0303, in his capacity as President of the Asociación Preserve Planet, legal identification number 3-002-519830, Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, identity card 2-0254-0769, in his capacity as President of the Asociación Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, legal identification number 3-002-247987, Grigory Chaves Chaverri, identity card 1-873-910, Javier Rodríguez Fonseca, identity card 1-546-710, Roberto Molina Ugalde, identity card 5-195-152, in his capacity as Assistant General Secretary of the Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía e Instituciones Afines de Conservación, legal identification number 3-011-212127, and Mario Andrés Boza Loría, identity card 1-297-932, in his capacity as generalísimo attorney-in-fact without limitation of amount of The Leatherback Trust, legal identification number 3-013-292175, appeared. Likewise, Nidia María Vargas Picado, identity card 2-0419-0709, is held to be a coadjuvant in this proceeding in her individual capacity and not as President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de La Fortuna de San Carlos. On the other hand, the Presidency of the Chamber rejected the active coadjuvancy filed by the petitioner Olga María Rodríguez Herrera, identity card 2-269-129, in her capacity as President of Promotora de Bienestar Animal, as untimely. Likewise, that ruling indicated that “the hearings granted to the Procurador General de la República, the Ministro de Ambiente y Energía, the Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, in the resolution of 08:23 hours on October 4, 2018, are deemed answered. Likewise, the hearing granted in the same resolution to the Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas is deemed not answered, given that there is no record in the Management System of any document submitted by that party to answer the hearing granted.” Therefore, this action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) was assigned to the office currently held by Magistrate Esquivel Rodríguez, to whom the substantive study of the same corresponds by assignment.

25- By brief dated March 15, 2019, Suzeth Espinoza Cruz, in her capacity as President of the Asociación de Acueducto Rural de Buenos Aires, Sur Jiménez, submits a passive coadjuvancy and argues that it is relevant to reiterate to this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) that, given the lack of access to water sources for human consumption in certain areas of the country, such as the case of the ASADA I represent, it was necessary for the AyA, in its governing role, to request the opinion of the Procuraduría General de la República, which responded that the AyA is not legally authorized to exploit the water resource for population supply within those areas where Article 2°, subsection f, of Law 2726 does not apply. Faced with this, the viable option proposed and acted upon is an amendment to the Ley Forestal to carry out water exploitation activities and infrastructure construction in protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) when no other alternative source is available to guarantee the water supply for the beneficiary population under adequate conditions of quality and quantity, an initiative that was accepted for processing by fifteen Deputies and became Law of the Republic upon its vote in second debate in June 2018. In this context, the Procuraduría General de la República issued Opinion of May 18, 2018, C-103-2018 and C-151-2018, aimed at clarifying the application of the principle of primacy (principio de primacía) in the protection of fundamental rights, specifically the right of access to water; therefore, the Institute cannot be prevented from carrying out the repair and maintenance works that are necessary on the catchment works already existing on lands within the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado) and that are indispensable to guarantee the continuity of the public water service and to ensure it is supplied in sufficient quality and quantity to fulfill that fundamental right. In the Opinion of June 21, 2018, it is indicated that although forested lands owned by public institutions become part of the State’s natural heritage by operation of law, the truth is that this provision cannot be interpreted as having stripped Articles 50 and 18 of Law No. 2726 of their useful effect, as these are norms that have a special purpose and are also linked to the protection of a fundamental right—access to water—of the same level of protection as the right to the environment, which is protected through numeral 13 of the Ley Forestal. The amendment promoted in Law 9590 does not aim to damage the environment, nor to prevent the preparation of the technical studies necessary to avoid serious and irreversible environmental damage. On the contrary, the proposed reform seeks to ensure that any type of activity, work, or project involving use, and which, therefore, may cause a possible affectation or alteration to the water resource, undergoes a comprehensive analysis of the situation. The amendment intends that potable water supply projects are vital for the present of the country and to meet the great challenges ahead, given the growth in potable water demand, changes in climatic conditions, and the complexity implied by the environmental legal framework in exploiting the water resource to provide potable water services whose sources are located within the State’s Natural Heritage. This amendment contained in Law 9590 seeks to comprehensively assess the overall environmental impact across all factors or actions that characterize the activity, work, or project of water resource exploitation. Thereby, it aims at a more efficient use of scarce resources and ensures that the water resource is not damaged. Erroneously, the action of unconstitutionality filed is based on an incomplete and fragmented interpretation of the legal text under discussion, given that Law No. 9590 cited seeks the protection and conservation of the water resource and sustainable exploitation (aprovechamiento sustentable) of water sources for human consumption, solely grounded in the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Articles 50 and 89 of the Constitution. This requires the prior declaration, by the Executive Branch (Poder Ejecutivo), of public interest, specifically for an imperative population supply and in favor of the authorized public service providers. She adds that the Precautionary Principle (Principio Precautorio), which establishes a presumption in favor of the environment, is contained in Law of the Republic No. 9590 and arises from an integral reading of the same; thus, in the event that entry into a protected area is required, the procedure established in this normative body must be complied with, and this principle is respected. From the questioned regulations, it can be deduced that when there is no scientific certainty about the negative effects an action may generate, its execution is prohibited, limitations are imposed, or protective measures are adopted, as stated in Article 11 of the Ley de Biodiversidad. Thus, the Executive Branch, through regulations, intends with the amendment in question that, based on precise technical studies, a specific activity or project may not require environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), by a duly reasoned and substantiated decision. There is no disregard for the principle of objectification (principio de objetivación) in the Law challenged by the plaintiffs. Quite the contrary, elements of common knowledge judgment need not be incorporated into the enactment of a law by way of justification. In the present matter, it is clear that the State knows and has documented the growing insufficiency of water resources necessary for human consumption, which constitutes the ultimate justification for the enacted Law. Additionally, there is a whole informed institutional framework that allows broad knowledge of the ecological conditions of protected areas, their balances, and environmental development cycles. Naturally, the thesis that each project to be developed in a protected area requires a specific, particular law is absurd, which would be nothing more nor less than perpetuating the existing tension between the human right to have the water resource and the restriction on the use of that resource in said protected areas. Or, put another way, denying in practice the possibility of establishing social-institutional mechanisms to guarantee the human right to the water resource in a timely, sufficient manner and without ecological detriment. Nor does the challenged Law violate the principle of non-regression (principio de no regresión). There is, rather, clear confusion among the plaintiffs regarding the scope of the Law. Indeed, it does not permit the reduction of protected areas or land-use change (cambio de uso del suelo) in the territories of interest, and therefore, it should not generate any obligation to compensate territories, although regulatory provisions must observe what is necessary to allow and promote environmental recovery or compensation mechanisms where such circumstance is necessary. Along the same line of reasoning, it must be considered that it is in the planning and execution of concrete projects indispensable to guarantee access to the water resource for human consumption where compliance with the principle of objectification can be verified technically, in accordance with and subject to science and technique. Similarly, based on the most elementary logic, it must be considered that the application of the Precautionary Principle and the in dubio pro natura principle cannot be assessed abstractly, under the simple presumption that there will be a land-use change, deterioration, or territorial reduction of protected areas. On the contrary, it must be elucidated on a case-by-case basis whether there is potential affectation in a protected area. The plaintiffs’ presumption—that eco-tourism or research activities (which, by the way, do not protect a human right of such significance as that at stake for communities’ access to water for human consumption and therefore to a healthy and balanced environment) are less risky than the use of water for human consumption—lacks any scientific basis. Consequently, it must be reiterated that it is precisely what a general normative provision establishes that corresponds to sound legislative technique. Just as the assessment of each intervention in a protected area is what allows verification of non-infringement of the Precautionary Principle and the in dubio pro natura principle. If the contrary were assumed, then the legislation allowing scientific or eco-tourism activities in the same protected areas would also have to be declared unconstitutional, since they could be presumed regressive, dangerous, and not grounded in the principle of objectification, given that obviously no one demanded an abstract (and possibly useless) national study for the corresponding norms to be enacted. By reason of the foregoing, the analysis in these aspects of the possible transgression of current international norms or conventions is moot, given that there is neither reduction nor declassification (desafectación) of the protected areas in question.

26.- By briefs received untimely, on April 4, 8, 12, 16, 22, 25, 26, 30, 2019, and May 2, 3, 17, and August 21, all of 2019, separately: Jéssica Ramírez Fernández, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Pueblo Nuevo; Norberto Jiménez Otarola, who claims to be President of the Asociación Administrador de Gamalotillo 1; Miguel Corrales Sojo, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Guamural; William Quirós, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Naranjal; Juan Agustín Lara Lara, who claims to be President of the Asociación del Acueducto del Asentamiento Manzanares de Dos Ríos de Upala; José Ángel Hernández Acosta, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de San Isidro; Patricia Vargas Estrada, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de Marsella; Ronald Gamboa Ávila, who claims to hold the position of President of the Asociación Administrador del Acueducto Rural El Pavón; Eduardo Montano Guzmán, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Santa Elena y las Nubes; Benjamín Ruíz Jiménez, who claims to be President of the Asociación Administradora Acueducto Rural Los Santos (Upala); Ezequiel Ruiz Sequeira, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de San Rafael de Guatuso; Luis Ángel Vásquez Castillo, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de San Antonio (Cóbano); José Giovanni Bejarano Badilla, who claims to be President of the Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Florida de Guatuso; Olger Eliecer Aguirre Rodríguez, who claims to be President of the Asociación de Acueducto y Alcantarillado Integrado Caño Castilla, Las Delicias y Escaleras de los Chiles; David Isaí Menjívar Moreno, who claims to hold a position as President of the Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado de Birmania, Dos Ríos, Upala; Armando Montero Arce, who claims to be President of the Asociación Administrador del Acueducto Los Llanos Santa Fe y la Gloria; Ana Gabriela Muñoz Mendoza, in her capacity as President of the Asociación Específica Administradora del Acueducto Integrado de El Carmen, Altamira y Colorado, Bioley, Buenos Aires; Roger Herrera Siles, President of the Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de Alajuela; Orlando Rojas Rojas, who claims to hold the position of President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de San Carlos; Zobeida Mendoza Rojas, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Drake de Playa Grande; Adrián Guzmán Cascante, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Vicente de Chiles de Puriscal; Ana Gabriela Muñoz Mendoza, who claims to be President of the Asociación Específica Administradora del Acueducto de El Carmen, Altamira y Colorado, Biolley de Buenos Aires; Ana Vindas Elizondo, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Arenal de Chipres de Puriscal; Asdrúbal Herrera Zúñiga, who claims to be President of the Comité Administrador del Acueducto El Plantel del MOP de Chipres de Puriscal; Julián Villegas Pérez, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de Golfito; Cinthia Lineth Picado Mena, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de La Palma; Jessica Ramírez Fernández, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Pueblo Nuevo de Chires de Puriscal; Miguel Corrales Sojo, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de Guamaral de Chires de Puriscal; Miguel Espinoza Quesada, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de San Ramón de Bagaces; Jorge Giovanni Bejarano, who claims to be President of the Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de La Florida de Guatuso; Norberto Jiménez Otarola, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 1 de Chires de Puriscal; José Retana Jiménez, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 2 y 3 de Chires de Puriscal; William Quirós Salas, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural Naranjal de Chires de Puriscal; Luis Ángel Vásquez Catillo, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de San Antonio de Cóbano, Dos Aguas, Alto Reyes de los Chiles; Roger Herrera Siles, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de Alajuela; appear in this case file and request to be considered passive coadjuvants, and indicate that Law No. 9590 was processed with the objective of guaranteeing access to potable water, which has been recognized as a fundamental right by this Constitutional Chamber. They say that this law regulates how authorized public service providers legally constituted address the exploitation of water and access to it in areas considered State Natural Heritage, in order to face the problems of sources affected by climate change. They argue that the law originates from opinion No. C-134-2016 of June 8, 2016, of the Procuraduría General de la República, which they state concluded: “(…) from the foregoing it is inferred that AyA is not legally authorized to exploit the water resource within protected wilderness areas, of state public domain, for population supply, spaces where Article 2°, subsection f, of Law 2726 of 1961 is not applicable. In order to carry out this exploitation, an express law is required that expands the activities permitted in the State Natural Heritage by Article 18 of the Ley Forestal, and sets the terms and conditions.” They comment that the legal basis stems from several rulings of this Constitutional Court ordering the provision of public potable water services to communities in rural areas, but the scenario arises that the only exploitable sources are often located in protected wilderness areas. They indicate that, for this reason, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados raised the inquiry before the Procuraduría General de la República, regarding the possibility of authorizing works to capture said sources in those areas. They state that, given the lack of access to water sources for human consumption in certain areas of the country, as is the case with the ASADA they claim to represent, it was necessary for the ICAA, in its governing role, to request criteria from the PGR, which responded that the ICAA is not legally authorized to exploit the water resource for population supply within those areas where Article 2°, subsection f, of Law No. 2726 does not apply. Faced with this, the viable option proposed and acted upon was an amendment to the Ley Forestal to carry out water exploitation activities and infrastructure construction in protected wilderness areas when no other alternative source is available to guarantee the water supply for the beneficiary population under adequate conditions of quality and quantity, an initiative that was taken up by fifteen Deputies and eventually became Law of the Republic in second debate. They argue that in light of the situation, the PGR issued two opinions, C-103-2018 and C-151-2018, aimed at clarifying the application of the principle of primacy in the protection of potable water services whose sources are located—In this context, the Procuraduría General de la República issued Opinion of May 18, 2018, C-103-2018, C-151-2018, aimed at clarifying the application of the principle of primacy in the protection of fundamental rights, specifically the right of access to water; therefore, the Institute cannot be prevented from carrying out the repair and maintenance works that are necessary on the catchment works already existing on lands within the State’s natural heritage and that are indispensable to guarantee the continuity of the public water service and to ensure it is supplied in sufficient quality and quantity to fulfill that fundamental right. In the Opinion of June 21, 2018, that forested lands owned by public institutions become part of the State’s natural heritage by operation of law, the truth is that this provision cannot be interpreted as having stripped Articles 5 and 18 of Law No. 2726 of their useful effect, as these are norms that have a special purpose and are also linked to the protection of a fundamental right—access to water—of the same level of protection as the right to the environment, which is protected through numeral 13 of the Ley Forestal. The amendment promoted in Law 9590 does not aim to damage the environment, nor to prevent the preparation of the technical studies necessary to avoid serious and irreversible environmental damage. On the contrary, the proposed reform seeks to ensure that any type of activity, work, or project involving use, and which, therefore, may cause a possible affectation or alteration to the water resource, undergoes a comprehensive analysis of the situation. The amendment intends that potable water supply projects are vital for the present of the country and to meet the great challenges ahead, given the growth in potable water demand, changes in climatic conditions, and the complexity implied by the environmental legal framework in exploiting the water resource to provide potable water services whose sources are located within the State’s Natural Heritage. This amendment contained in Law 9590 seeks to comprehensively assess the overall environmental impact across all factors or actions that characterize the activity, work, or project of water resource exploitation. Thereby, it aims at a more efficient use of scarce resources and ensures that the water resource is not damaged. Erroneously, the action of unconstitutionality filed is based on an incomplete and fragmented interpretation of the legal text under discussion, given that Law No. 9590 cited seeks the protection and conservation of the water resource and sustainable exploitation of water sources for human consumption, solely grounded in the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Articles 50 and 89 of the Constitution. This requires the prior declaration, by the Executive Branch, of public interest, specifically for an imperative population supply and in favor of the authorized public service providers. They add that the Precautionary Principle, which establishes a presumption in favor of the environment, is contained in Law of the Republic No. 9590 and arises from an integral reading of the same; thus, in the event that entry into a protected area is required, the procedure established in this normative body must be complied with, and this principle is respected. From the questioned regulations, it can be deduced that when there is no scientific certainty about the negative effects an action may generate, its execution is prohibited, limitations are imposed, or protective measures are adopted, as stated in Article 11 of the Ley de Biodiversidad. Thus, the Executive Branch, through regulations, intends with the amendment in question that, based on precise technical studies, a specific activity or project may not require environmental impact studies, by a duly reasoned and substantiated decision.

27.- On April 26, 2019, untimely, Ronald Salmerón Molina, who claims to be President of the ASADA of Chilamate de Sarapiquí, Rafael Murillo Murillo, who claims to be President of the ASADA of Horquetas, Rebeca Alemán Ramírez, who claims to be President of the ASADA of Tapvientos, Fincas 2, Josué Campos Mejías, who claims to be Administrator of the ASADA Integrada of Sarapiquí, Henry González Herrera, who claims to be Administrator of the ASADA of San Ramón de Sarapiquí, Margarita Hernández Salazar, who claims to appear on behalf of the ASADA Finca 5, Ricardo González Murillo, who claims to appear as representative of the ASADA Pablo Presbere, Rafael Baltodano Baltodano, who claims to appear on behalf of the ASADA Huetares, Rosney Villalobos Zamora, who claims to be representative of the ASADA La Llorona, likewise, Hellen Sánchez Álvarez appears, who claims to appear as representative of the ASADA San Bernardino, and Orlando Amador Mendoza, who claims to be representative of the ASADA Colonia San José, appear before this Chamber to express their “support” in favor of bill No. 20447, with the objective that the country’s aqueducts can capture potable water to provide the service to users in different communities.

28.- By brief dated May 21, 2019, Yamileth Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President (Presidente Ejecutiva) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, submits an addition to the report submitted in this matter and states that the protection of fundamental rights has a systemic and integral character, and therefore human rights cannot be considered in isolation, but rather based on an interaction whose ultimate goal is the protection of the human being. She affirms that this principle of integrity implies that the protection of the environment as a human right cannot necessarily be dissociated from the satisfaction of other human rights of similar or greater hierarchy, such as human life. She states that this principle has been broadly protected in recent decades by instruments and resolutions of the United Nations, such as the United Nations Millennium Summit of 2000. She asserts that there is a need to satisfy the ultimate goal of the system of fundamental rights, which would be human life and the well-being of persons. Likewise, she points out a series of examples demonstrating an international trend that reconciles environmental protection and the satisfaction of the human right to water and life, seeking the exploitation of the water resource in protected areas. She indicates, by way of example, that one-third of the world’s 100 largest cities, including Jakarta, Dar es Salaam, New York, and Sydney, depend on protected areas to receive a substantial portion of their domestic water supply. Thus, she reiterates the importance of being able to effectively guarantee the human right of access to potable water for the country’s inhabitants.

29.- By brief dated August 21, 2019, Yamileth Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, states that it is of evident importance and necessity for the country that this proceeding submitted for analysis be resolved as soon as possible, in order to be able to address the deficit in water supply for potable water provision, both in the coverage area of the metropolitan aqueduct and its surrounding areas, as well as for the rest of the country, including remote and vulnerable communities. She clarifies that this project is scheduled to enter into operation by the year 2025, so its delay or non-execution would maintain and increase very serious shortage conditions, with a very significant impact on the quality of life and development of the inhabitants of the GAM and its surrounding areas. She indicates that this Institute has stated on various occasions and instances that the conservation of the water resource is fundamental, linked to rational and sustainable exploitation that allows the State, through its Institutions, to guarantee the protection and exercise of the human right of access to potable water and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, and therefore no harm to environmental protection or affectation to its guardianship is foreseen by allowing the controlled exploitation of sources in areas created for environmental purposes.

Reiterates the urgency and need to provide a response to the action filed against the Law, in order to effectively guarantee the human right of access to safe drinking water for the country's inhabitants.

30.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in numbers 214, 215, and 216 of the Judicial Bulletin, on November 19, 20, and 21, 2018.

31.- The hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 of the same law, considering this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.

32.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings.

Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,

Considering:
I.- On the admissibility of the action and standing of the claimant. The action of unconstitutionality is a process with certain formalities that must be satisfied in order for the Chamber to hear the merits of the challenge. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction contains the prerequisites for admissibility of actions of unconstitutionality and regulates three distinct situations. In the first paragraph, it requires the existence of a matter pending resolution, whether in a judicial venue—including habeas corpus or amparo remedies—or in an administrative venue, solely in the exhaustion of administrative remedies procedure, in which the unconstitutionality of the challenged norm is invoked as a reasonable means of protecting the right considered injured in the principal matter. Meanwhile, the second and third paragraphs regulate the direct action, one that does not require a base matter, in the following cases: a) when, by the nature of the matter, there is no individual and direct injury; b) when it involves the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole; and c) when the action is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, and the Defensor de los Habitantes in matters within their competence. In this regard, the Chamber has stated:
"This Chamber, regarding standing to file an action of unconstitutionality, has considered that Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction regulates the prerequisites that determine the admissibility of actions of unconstitutionality, requiring the existence of a matter pending resolution in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the exceptional cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when by the nature of the norm there is no individual or direct injury; it is based on the defense of diffuse interests or those concerning the community as a whole, or it is filed by the Procurador General de la Republica or the Defensor de los Habitantes, in these latter cases, within their respective spheres of competence. From the foregoing, it follows that the general rule points to the need for a prior matter, the possibilities of directly resorting to the Constitutional Chamber being exceptional." (Judgment of the Constitutional Chamber No. 13-778-04)

Now, in the present case, as stated in the resolution of proceedings at 08:23 hours on October 4, 2018, the claimants base their standing on two situations. Regarding the first point, the standing to file the action of unconstitutionality originates from the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, when it establishes standing prerequisites such as that of diffuse interests. In this regard, this Court has indicated the following:
"(…) Secondly, the possibility of acting in defense of 'diffuse interests' is foreseen; this concept, whose content has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in judgment number 3750-93 of this court, at fifteen hours on July thirtieth, nineteen ninety-three)
'… Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, determined persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate interests that concern a community as a whole. It concerns, then, individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and, therefore, receive an injury, actual or potential, more or less equal for all, so it is rightly said that they are equal interests of groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are at once collective—for being common to a generality—and individual, for which they can be claimed in that capacity.'
In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united around a determined social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a determined personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could make, relying on paragraph 2 of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the label 'diffuse,' such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the proper management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on one hand, the referred assets transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; environmental damage does not only affect the residents of a region or the consumers of a product, but injures or puts at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the proper management of public funds authorized in the National Budget is an interest of all inhabitants of Costa Rica, not just any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is no more than a simple description inherent in its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to understand that only those interests that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable reversal in the scope of the Rule of Law, and of its correlative 'State of rights,' which—as in the case of the Costa Rican model—is based on the premise that what must be express are the limits on freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction speaks of interests 'that concern the community as a whole,' it refers to the juridical goods explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests in the same holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic. It is not, therefore, that any person can resort to the Constitutional Chamber in protection of any interests (popular action), but rather that any individual can act in defense of those goods that affect the entire national community, without it being valid in this field either to attempt any exhaustive enumeration." (see judgment No. 2007-01145).

According to what has been indicated, the Chamber has admitted, within the standing presuppositions of diffuse interests, the defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment or the defense of the maritime-terrestrial zone, both derived from Article 50 of the Constitution, in the form of their use and enjoyment by the entire current or potential population, which is precisely what the parties discuss with the challenge to the "Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado," Law No. 9590 of July 3, 2018. Consequently, the Chamber deems the action admitted on the mentioned ground.

Likewise, as a second point of standing, this action is also admissible because the claimants also appear in defense of an interest that concerns a community, in this case the rights of indigenous peoples. Thus, in matters analogous to the present one, this Chamber has already admitted direct standing to file an action of unconstitutionality, pursuant to the provisions of the cited Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, second paragraph, insofar as the interest held by the claimants and that grants them standing to file this action of unconstitutionality is the referred corporate interest or one that concerns that legally organized community (see, among others, judgment number 2000-11530 at 14:43 hours on December 21, 2000, and judgment number 2011012975 at 14:30 hours on September 23, 2011). In this sense, as stated in the preceding paragraph, this Court also deems this action admitted for safeguarding the defense of an interest that concerns a community, in this case the rights of indigenous peoples.

Finally, the Law of Constitutional Jurisdiction requires compliance with certain important formalities that constitute admissibility requirements, the fulfillment of which is necessary in order to analyze the action on the merits. Some of these requirements are an adequate foundation of the grounds for unconstitutionality with a specific citation of the constitutional norms and principles considered infringed (Article 78), the signature of those filing the action duly authenticated by a legal professional (Article 78), the accreditation of the conditions of standing (powers of attorney and certifications), and the literal certification of the filing where the reservation of unconstitutionality was made in the prior matter (Article 79) (see judgment number 2013-010540 at 15:50 hours on August 7, 2013).

In summary, the action meets the requirements set forth in the current regulations, specifically, it responds to the defense of diffuse and collective interests, in addition to complying with the other formalities required by the Law of Constitutional Jurisdiction, which is why its admission is appropriate, and it must be discussed on the merits, as corresponds.

II.- On the active and passive joinders. Article 83 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes:
"In the fifteen days following the first publication of the notice referred to in the second paragraph of Article 81, the parties appearing in the matters pending as of the date of filing the action, or those with a legitimate interest, may appear in this action, in order to coadjuate on the allegations that might justify its appropriateness or inappropriateness, or to expand, where applicable, the grounds for unconstitutionality in relation to the matter that concerns them."

In this regard, in the present matter, the Acting Presiding Magistrate, by resolution at 08:59 hours on December 21, 2018, resolved the requests for joinder filed on October 18, 19, and 29, November 5, 6, 7, 19, and 29, and December 5 and 7, all in 2018, and in which they requested to be considered active coadjuvants because they consider they have a legitimate interest, given that this action involves the defense of diffuse interests, being related to the right to a healthy environment. Thus, the Presidency of the Constitutional Chamber accepted the joinders, since the first publication of the notice occurred on November 19, 2018. Consequently, the following persons were accepted as coadjuvants: Mario Andrés Boza Loría, identity card 1-0297-0932, Jorge Serendero Hülssner, residence card 115200011317, Juan Carlos Peralta Víquez, identity card 3-0229-0629, in his capacity as President of the Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales del Cantón de San José, legal ID 3-002-248601, Patricia Abadía Rodríguez, identity card 1-0490-0741, Marcela Aguilar Bruno, identity card 1-0664-0129, Luis Diego Marín Schumacher, identity card 1-0753-0303, in his capacity as President of the Asociación Preserve Planet, legal ID 3-002-519830, Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, identity card 2-0254-0769, in his capacity as President of the Asociación Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, legal ID 3-002-247987, Grigory Chaves Chaverri, identity card 1-873-910, Javier Rodríguez Fonseca, identity card 1-546-710, Roberto Molina Ugalde, identity card 5-195-152, in his capacity as Assistant Secretary General of the Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía e Instituciones Afines de Conservación, legal ID 3-011-212127, and Mario Andrés Boza Loría, identity card 1-297-932, in his capacity as generalísimo attorney-in-fact without limitation of sum of The Leatherback Trust, legal ID 3-013-292175, appeared. Likewise, Nidia María Vargas Picado, identity card 2-0419-0709, is considered a coadjuvant in this proceeding, in her individual capacity and not as President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de La Fortuna de San Carlos. On the other hand, the Presidency of the Chamber rejected the active joinder filed untimely by the petitioner Olga María Rodríguez Herrera, identity card 2-269-129, in her capacity as President of Promotora de Bienestar Animal. Now, regarding the joinders filed after that resolution, it is demonstrated that they were filed several months after the first publication, and therefore these would be untimely. Thus, the following joinders are rejected for the stated reason: filings received on March 15, 2019; April 4, 8, 12, 16, 22, 25, 26, and 30, 2019; and May 2, 3, and 17, and August 21, all in 2019, corresponding respectively to Suzeth Espinoza Cruz, who states she is President of the Asociación de Acueducto Rural de Buenos Aires, Sur Jiménez; Jéssica Ramírez Fernández, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Pueblo Nuevo; Norberto Jiménez Otarola, who claims to be President of the Asociación Administrador de Gamalotillo 1; Miguel Corrales Sojo, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto Guamural; William Quirós, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto Naranjal; Juan Agustín Lara Lara, who says he is President of the Asociación del Acueducto del Asentamiento Manzanares de Dos Ríos de Upala; José Ángel Hernández Acosta, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de San Isidro; Patricia Vargas Estrada, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto de Marsella; Ronald Gamboa Ávila, who says he holds the status of President of the Asociación Administrador del Acueducto Rural El Pavón; Eduardo Montano Guzmán, who claims to be President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Santa Elena y las Nubes; Benjamín Ruíz Jiménez, who states he is President of the Asociación Administradora Acueducto Rural Los Santos (Upala); Ezequiel Ruiz Sequeira, who says he is President of the Asociación Administradora del Acueducto de San Rafael de Guatuso; Luis Ángel Vásquez Castillo, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de San Antonio (Cóbano); José Giovanni Bejarano Badilla, who states he is President of the Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Florida de Guatuso; Olger Eliecer Aguirre Rodríguez, who says he is President of the Asociación de Acueducto y Alcantarillado Integrado Caño Castilla, Las Delicias y Escaleras de los Chiles; David Isaí Menjívar Moreno, who states he holds the office of President of the Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado de Birmania, Dos Ríos, Upala; Armando Montero Arce, who says he is President of the Asociación Administrador del Acueducto Los Llanos Santa Fe y la Gloria; Ana Gabriela Muñoz Mendoza, in her capacity as President of the Asociación Específica Administradora del Acueducto Integrado de El Carmen, Altamira y Colorado, Bioley, Buenos Aires; Roger Herrera Siles, President of the Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de Alajuela; Orlando Rojas Rojas, who states he holds the status of President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de San Carlos; Zobeida Mendoza Rojas, who states she is President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Drake de Playa Grande; Adrián Guzmán Cascante, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Vicente de Chiles de Puriscal; Ana Gabriela Muñoz Mendoza, who states she is President of the Asociación Específica Administradora del Acueducto de El Carmen, Altamira y Colorado, Biolley de Buenos Aires; Ana Vindas Elizondo, who states she is President of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Arenal de Chipres de Puriscal; Asdrúbal Herrera Zúñiga, who states he is President of the Comité Administrador del Acueducto El Plantel del MOP de Chipres de Puriscal; Julián Villegas Pérez, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto de Golfito; Cinthia Lineth Picado Mena, who states she is President of the Asociación Administradora del Acueducto de La Palma; Jessica Ramírez Fernández, who states she is President of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Pueblo Nuevo de Chires de Puriscal; Miguel Corrales Sojo, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto de Guamaral de Chires de Puriscal; Miguel Espinoza Quesada, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto de San Ramón de Bagaces; Jorge Giovanni Bejarano, who states he is President of the Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de La Florida de Guatuso; Norberto Jiménez Otarola, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 1 de Chires de Puriscal; José Retana Jiménez, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 2 y 3 de Chires de Puriscal; William Quirós Salas, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural Naranjal de Chires de Puriscal; Luis Ángel Vásquez Catillo, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de San Antonio de Cóbano, Dos Aguas, Alto Reyes de los Chiles; and Roger Herrera Siles, who states he is President of the Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de Alajuela. Equally, for the same reason, the filing received on April 26, 2019, from Ronald Salmerón Molina, who says he is President of the ASADA de Chilamate de Sarapiquí; Rafael Murillo Murillo, who states he is President of the ASADA de Horquetas; Rebeca Alemán Ramírez, who says she is President of the ASADA de Tapvientos, Fincas 2; Josué Campos Mejías, who claims to be Administrator of the ASADA Integrada de Sarapiquí; Henry González Herrera, who states he is Administrator of the ASADA de San Ramón de Sarapiquí; Margarita Hernández Salazar, who says she appears on behalf of the ASADA Finca 5; Ricardo González Murillo, who states he appears as representative of the ASADA Pablo Presbere; Rafael Baltodano Baltodano, who says he appears on behalf of the ASADA Huetares; Rosney Villalobos Zamora, who states he is representative of the ASADA La Llorona; likewise, Hellen Sánchez Álvarez appears, who says she appears as representative of the ASADA San Bernardino; and Orlando Amador Mendoza, who states he is representative of the ASADA Colonia San José, is rejected.

III.- Object of the action. In general terms, the claimants request that the unconstitutionality of Law No. 9590 of July 3, 2018, entitled “Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado,” be declared. The foregoing, because they consider it contrary to the provisions of Articles 9, 50, and 89 of the Political Constitution, to the precautionary, objectification, and non-regression principles in environmental matters, to what is stated in numeral 5 of the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Scenic Beauties of the Countries of America, in the Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations of the Central American Integration System, in ordinals 4 and 5 of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, in Articles 2.5 and 4.2 of the Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar Convention), in ordinal 6.1.a. of ILO Convention 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples, and in Articles 8.1, 25, and 32.1 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

IV.- Impugned regulations. As mentioned in the preceding consideration, in this action of unconstitutionality the entirety of Law No. 9590 of July 3, 2018, entitled “Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado,” is challenged, considering it violates the right to a healthy and ecologically balanced environment and the autonomy of indigenous peoples. Thus, that regulation provides the following:

“ARTICLE 1- Article 18 of Law No. 7575, Ley Forestal, of February 13, 1996, is amended. The text is the following:

Article 18- Authorization of activities. In the natural heritage, the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism activities, as well as activities necessary for the use of water for human consumption, in accordance with Article 18 bis of this law, once approved by the Minister of Environment and Energy, who shall define, when appropriate, the performance of environmental impact assessments (evaluaciones del impacto ambiental), as established by the regulation to this law.

ARTICLE 2- Article 18 bis is added to Law No. 7575, Ley Forestal, of February 13, 1996. The text is the following:

Article 18 bis Use of water for population supply. The Ministry of Environment and Energy (Minae) may authorize the use of water from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements of water supply systems, on properties that make up the natural heritage of the State, upon prior declaration, by the Executive Branch, of public interest, specifically for an imperative population supply and in favor of the authorized public service provider entities detailed below:

a) The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

b) The municipalities that still provide the public drinking water service under Law No. 1634, Ley General de Agua, of September 18, 1953.

c) The Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

d) The Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asadas), entities formed by users, duly constituted for that purpose and registered in compliance with Law No. 218, Ley de Asociaciones, of August 8, 1939, may administer and operate the aqueduct system of their community through a delegation agreement signed with the ICAA.

All works or activities necessary for the fulfillment of the purposes established herein must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment instrument and in strict compliance with current environmental regulations, especially the provisions on technical criteria applicable to the intervention of protected wild areas contemplated in Law No. 7788, Ley de Biodiversidad, of April 30, 1998, and its regulations.

In the case of protected wild areas of absolute protection, namely national parks and biological reserves, the provisions of Article 38 of Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, of October 4, 1995, must also be complied with. Likewise, the technical studies carried out must demonstrate that no other alternative source is available to guarantee the water supply for the beneficiary population in adequate conditions of quality and quantity, and the proposed activities must have, in advance, the technical endorsement of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

The provider entities indicated in this article are authorized to carry out activities for the use of water from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements necessary for the population supply system for human consumption, on state natural heritage lands that are not part of protected wild areas and that have been acquired by themselves or by another public service provider entity for population supply for human consumption, in order to protect the water and ensure the provision of this service to future generations. In these cases, the authorization procedure before Minae shall not be necessary, but the provider entities must comply with the other requirements established in this article and in national regulations. The provider entities shall continue administering these lands, which in all other respects shall remain subject to the conditions, limitations, and protections inherent to the natural heritage of the State, as provided in this law.

The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must ensure that the ecological flow necessary for the functioning of the ecosystem, inside and outside the protected wild areas, is not altered, so that it is maintained under a scheme of sustainable use and utilization. Its monitoring shall be the responsibility of Minae.

On an annual basis, the authorized public service provider entity for authorized population supply must submit, to the National System of Conservation Areas (Sinac) and the Water Directorate, the report on the results of the gauging, given the nature and environmental fragility of the protected wild areas.

ARTICLE 3- Article 52 bis is added to Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, of October 4, 1995. The text is the following:

Article 52 bis.- Protective zones. Protective zones are protected wild areas, whose main objectives are the regulation of the hydrological regime and the protection of soil and hydrographic basins (cuencas hidrográficas), as well as the preservation of aquifer recharge areas and water sources, and the need to ensure the population supply of water for present and future generations.”

V.- On the methodology for analyzing the action.- To facilitate the study of the impugned regulations, before analyzing each of the arguments put forth by the claimants, a detailed study of certain relevant issues will be undertaken, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment, international environmental law, constitutional environmental principles, the obligation to carry out technical studies on environmental matters, the governing authority of the Ministry of Environment and Energy, as well as the necessary coordination of the different institutions in environmental matters, and finally, the existence of a fundamental right to water and the governing authority of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. The foregoing, to subsequently analyze in detail the claims of the claimants.

VI.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment.- The duty of protection owed to the right to enjoy a healthy and harmonious environment, enshrined in Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution, has been widely recognized by this Constitutional Court.

In this regard, this Chamber stated that “with the reform of Article 50 of the Political Constitution by Law number 7412, of June 3, 1994, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment was expressly enshrined in the Fundamental Text, which had previously been recognized by this Court as a fundamental right – in particular, see rulings number 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94 – by deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the “rational exploitation of the land”), and 89 (protection of natural beauties), all of the Political Constitution. However, in the constitutional norm, environmental protection is recognized in a dual dimension: first, as a true fundamental right, recognizable to every person and, in that sense, individualizable (national, foreign, adult or minor, incapacitated person, natural or legal person), since its defense concerns the community as a whole (not only nationals, but the entire global community); and second, as a true public power, which as such translates into concrete obligations for the State as a whole, thereby conditioning political objectives and, consequently, the action of public authorities in general, to fully comply with this fundamental right. Thus, a true obligation of the State to protect the environment is established, through mechanisms (formal and material actions, legal and regulatory provisions) that translate into effective protection of the environment and the natural resources that comprise it, with the aim of improving the living environment of human beings, thereby moving beyond criteria of natural conservation to situate itself within the entire sphere in which the person develops, facilitating their integral development – physical, psychological, mental. The impact that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State’s activity finds its first manifestation in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor of those rights, and, second, because the State’s activity is directed toward the satisfaction of the community’s interests (…)” (see ruling number 2007-2063 of 2:40 p.m. on February 14, 2007).

Likewise, in another ruling, specifically number 2012-13367, this Court stated the following:

“If we analyze summarily the structure of Article 50 of the Constitution, we note that it establishes as a fundamental purpose and essential value of the Costa Rican State to procure ‘the greatest well-being for all inhabitants of the country.’ Thus, this purpose and essential legal good is the source and at the same time conditions and serves as context, purpose, and limit to the exercise of the broad powers that the first paragraph indicates: that of organization and stimulation of production on the one hand, and that of distribution of wealth on the other. The following two paragraphs are part of the structure of the norm, such that the ‘healthy and ecologically balanced environment’ forms part of the content of the greatest well-being of all inhabitants. Therefore, the ‘healthy and ecologically balanced environment’ is a cause, purpose, and also a condition and limit to the exercise of public powers and competencies, not only those indicated in the first paragraph, but also those indicated in the third (to guarantee, defend, preserve, determine responsibilities and sanctions), and of legislative power in general, whenever the legislator’s decisions may impact the environment. Like the right to property, the object upon which the right to the environment falls is external to the integrity of the human person (unlike, for example, the right to life), but also different from what happens with the object of the right to property, the person forms part of the Environment, integrates it; hence its protection entails the conservation of the essential context for human life, and conversely, conduct with negative effects on it implies a danger to human existence itself and a reduction or loss of the ‘greatest well-being’ of all. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed that ‘the human being does not develop in an autarkic manner, but rather their well-being bears an immediate relationship with the nature that surrounds them. That interdependence between the human being and nature encompasses aspects that exceed the mere preservation of resources to guarantee the economic development of human society. In reality, the “nature-human being” interaction forms a unitary phenomenon, a single process of reciprocal influence, in which one acts upon the other and simultaneously both need each other for their own survival.’ (Ruling of the Constitutional Chamber No. 2012-004620). The ‘environment’ object of the fundamental right is not the sum or juxtaposition of resources, but rather refers to interrelationships and balances, to the idea of a system. Ecology as a science teaches us that nature must be conceived as a system. Nature consists of the relationships of organisms with the external world in the struggle for existence. In a given place, there is a biocenosis (common life) or community of life, which involves a certain number of species and individuals that influence each other mutually. What characterizes it is its level of integration, which means it has its own form of regulation; any modification of one of the determining factors thereof will cause modifications in the others; this can happen for natural reasons or through human intervention. Thus, in the community there is a certain order that brings a beneficial result for each species, because it generates the maximum productivity and stability of the whole. Like any system, it is characterized not only by the interaction among its elements, but also because it produces a global or general result relative to the entire system: its own existence, which is what we can call dynamic equilibrium, encompassed within the concept of ‘equilibrium’ that the Constitution requires. There exists an umbilical connection between life and the environment to the extreme of constituting a single system. Life depends on the environment; therefore, we must ensure that those conditions that guarantee life are maintained over time; for this, the Constitution requires that measures of any kind must be developed in a manner that respects the natural laws that inform ecosystems, regardless of the development model adopted; in this regard:

“The Chamber has indicated that the environment must be understood as a potential for development to be used appropriately, and one must act in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relationships; otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and it could put at risk the heritage of future generations. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modalities of exploitation of natural resources give rise to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration of quality of life; precisely because the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation, in this matter, of the principle of ‘lesión,’ already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. Our country has depended and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep operating the productive apparatus that sustains the national economy, whose main source is agriculture and, in recent years, tourism, especially in its ecotourism dimension. The soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and landscape form the environmental framework without which basic demands—such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources. On the other hand, the goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of the human being and with the maintenance of essential ecological processes, that is, environmental quality and the survival of other species. To speak of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and of the direct means or support necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumption, production, and export products. (Ruling of the Constitutional Chamber No. 601-2009).

Regarding the environment, object of the fundamental right set forth, our Magna Carta also requires that it be ‘healthy.’ The requirement ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘succession capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘balanced,’ the need for sustainable and sustained development follows; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ ‘ecologically balanced,’ the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, in the terms of Articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the univocal rules of science and technique in order to achieve full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, further, ‘greater well-being for all inhabitants of the country’ (…) (see ruling number 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

VII.- On international environmental norms. Now, in accordance with the provisions of the preceding whereas clause, it is necessary to point out that the right to a healthy and ecologically balanced environment also finds its support in international norms. Therefore, some of those relevant to the present matter shall be specified:

- Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, “Protocol of San Salvador,” approved by Law No. 7907 of September 3, 1999, which states that “1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. 2. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment.”

- The third paragraph of Article 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (Law No. 7414 of June 13, 1994), indicates that the States Parties shall “take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects.”

- Article 8 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416 of June 30, 1994), establishes as a duty of the State to manage resources “important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, to ensure their conservation” (subsection c), and to promote “the protection of ecosystems and natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings” (subsection d).

- Article 5 of the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Law No. 5980 of November 16, 1976), obligates the adoption of adequate legal measures for the protection and conservation of the natural heritage (subsection d).

- The Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America (Law No. 7433 of September 14, 1994), mentions the state obligation to take “all possible measures to ensure the conservation of biodiversity” (Article 10); among these, those “that contribute to conserving natural habitats and their populations of natural species” (Article 13, subsection c); and to prioritize the conservation of biodiversity in their development strategies (Article 14).

- The Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations (Law No. 7572 of February 1, 1996), emphasizes the State’s commitment to promote that soils be used in accordance with their best aptitude; to prioritize the rehabilitation of degraded and secondary forests and to halt or reduce the pressure for the conversion of primary natural forest to other land uses (Article 3, subsections b) and c).”

VIII.- On constitutional environmental principles. Following the line of argumentation regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, we can verify the existence of a series of principles on the environment that have been extensively developed by this Court. Thus, the State’s action to guarantee effective environmental protection is conditioned by constitutional environmental principles, which assist in determining the content of every person’s fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (see ruling number 2007-2063 of 2:40 p.m. on February 14, 2007). Among the constitutional environmental principles developed by this Constitutional Chamber that are relevant for the analysis of this case, we find the following:

1. On the protection of environmental rights by the State: This principle derives from what is indicated in Article 50 of the Constitution by establishing the State’s obligation to guarantee, defend, and protect this right, whereby the State becomes the guarantor of the protection and defense of the environment and natural resources (see ruling number 0644-99 of 11:24 a.m. on January 29, 1999 and reiterated in ruling number 2002-4947 of 9:24 a.m. on May 24, 2002).

2. Precautionary principle or principle of prudent avoidance: This concept has been developed in rulings number 2806-98, 2003-06322, 2004-1923, and 2005-12039, among others, of this Court, which is based on Article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which refers to the necessary action and effect of preventing possible damages in advance to the component elements of the environment; thereby advocating for the implementation of actions aimed at the proper protection, conservation, and adequate management of resources, that is, the adoption of all technical or operational measures to avoid, prevent, or contain the possible impact on the environment or people’s health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage—or an objective doubt in this regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed; since subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in most cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment. Likewise, the precautionary principle applies when there is no scientific certainty about the risks or impact on the environment of a measure, and the studies or available information generate doubts about the risks or their possible negative impact. Conversely, the principle of prevention or preventive principle applies in cases where there is scientific evidence that the measure will cause damages to the environment. In this second case, the available information may be sufficient or insufficient, but with what exists, a degree of certainty is reached about the negative impacts that the measure will cause on the environment. The difference between one and the other lies in the existence or not of scientific certainty about the possible risks or injuries to the environment (see ruling number 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

In sum, this principle, based on Article 50 of the Political Constitution and Article 15 of the Rio Convention, already mentioned, obligates the Administration to adopt the necessary measures to give full protection to the environment, and to avoid damages that are irreversible.

3. Principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The first has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is set forth in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those, such as the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), that require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. Likewise, from the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, set forth in Article 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved. This principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility, since all States experience national situations—of an economic, political, social nature or due to nature—that negatively impact the achievements made up to then and force a downward reassessment of the new level of protection. In such cases, the Right to the Constitution and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of the levels of protection (see ruling number 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012). Thus, we find a relationship between the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since, as this Court has indicated in ruling number 7294-1998, “the principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, requires that the norms issued on this matter be duly motivated by serious technical studies, even if no other legal norm expressly so established.”

In sum, in accordance with these principles, the State is prohibited from taking measures that diminish the protection of fundamental rights, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment.

4. Principles of the objectification of environmental protection or principle of linkage to science and technique. This principle, which, as indicated by this Court in ruling number 14293-2005 of 2:52 p.m. on October 29, 2005, translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to the action of the Administration and to provisions of a general nature—legal and regulatory—from which derives the requirement of “linkage to science and technique,” an element that gives technical-scientific support to the Administration’s decisions in this matter, and by virtue thereof, limits and conditions the Administration’s discretion in its action—in the terms provided in Article 16 of the General Law of Public Administration. Thus, in consideration of the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies—an objective technical criterion is evidenced that denotes either the environmental viability of the project or the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people’s health, a circumstance that obligates the establishment of precautionary measures or the rejection of the proposed project, work, or activity; and in the case of a “reasonable doubt,” it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle).

5. Principles of rational use of natural resources. This axiom requires that there be a necessary balance between the country’s development and the right to the environment, and with Article 69 of the Constitution, from which derives the principle of rational exploitation of the land, imposing on both private parties and the State the obligation to protect and preserve renewable natural resources (see ruling number 2012-12716 of 4:01 p.m. on September 12, 2012). Thus, based on this principle, this Court—in its various resolutions—has established the constitutional parameters for the adequate use of the same; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development), in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations are entitled. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that through the production and use of technology, not only economic gains (freedom of enterprise) are obtained, but above all favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm” (see ruling number 6322-2003 of 2:14 p.m. on July 3, 2003). However, it is necessary to clarify that, according to the jurisprudence of this Chamber, the right to the environment cannot yield to considerations of an economic nature, as it is a non-pecuniary right of unquestionable importance not only for the country’s current inhabitants but also for successive ones (see ruling number 1887-1995 of 9:15 a.m. on April 7, 1995).

Similarly, in this principle we also find a relationship with the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, since the requirement of rational use of natural resources is directly linked to a parameter of constitutionality of the conduct—administrative and of private parties—and of the norms governing the matter, such as reasonableness—according to the development of the jurisprudence of this Constitutional Court, for example see ruling number 2410-2007 of 10:15 a.m. on February 21, 2007—insofar as its purpose is to tend toward the sustainability of the use of natural resources and of the elements that make up the environment, through their “adequate use”; and by virtue of which, as mentioned, it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships, in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations are entitled.

In sum, the Administration must promote a sustainable use of natural resources, thereby achieving that the country can develop economically, without compromising the integrity of the environment nor the heritage to which present and future generations have a right, nor yield to considerations of an economic nature.

IX.- On the obligation to conduct technical studies in environmental matters. Now, based on the principles explained in the preceding whereas clause, we can affirm that the State has the obligation to conduct technical studies in environmental matters and the environmental impact assessment. In this regard, this Chamber, in ruling number 2008-15315 of 2:59 p.m. on October 10, 2008, has established the need for certain activities to have an approved environmental impact assessment. This is because such an administrative procedure allows the identification and prediction, from a technical-scientific point of view, of the effects that an activity may cause on the environment. In this sense, this Constitutional Chamber, in ruling number 2005-05544 of 3:38 p.m. on May 10, 2005, stated:

“VI.- The environmental impact study as an instrument of protection. Environmental norms must have a technical foundation, since their application must be based on the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be carried out. This is so because, since damages and contamination of the environment are evaluable, the impact of these elements requires a scientific evaluation and treatment. Hence, the need for an environmental impact assessment, which, as determined by the General Regulation on Procedures for Environmental Impact Assessment, consists of a scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (…) Pursuant to Article 17 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September 18, 1995, the activities that require an environmental impact study approved by the National Environmental Technical Secretariat are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obligates the State to take preventive measures to avoid its impact; and among the main measures provided by the legislator in this sense are several technical instruments, among which the Environmental Impact Study stands out, as provided in the cited article. Special emphasis must be placed on the fact that it will be the condition of the project or work that will determine in each case whether the environmental impact study is required or not, not the establishment of arbitrary conditions, whether administrative or regulatory.”

Likewise, this Court also indicated the following:

“(…) The third paragraph of Article 50 of the Constitution states with all clarity that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obliged to enforce—against private parties and other public entities—environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, without there being any justification to exempt them from complying with environmental requirements such as, for example, the environmental impact study required by the Organic Law of the Environment for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment” (see ruling number 2001-6503 of 9:26 a.m. on July 6, 2001).

In sum, as indicated by the constitutional principles on environmental matters, the requirement of prior technical studies responds to the principle of subjecting decisions related to the environment to criteria of science and technique, in order to protect the ecological balance of the system and the healthfulness of the environment.

Furthermore, the requirement for technical studies is not merely a formality; rather, it constitutes a material requirement, meaning that it must be materially demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, to propose recommendations aimed at mitigating the negative impact on it, and to demonstrate how such a measure implies development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (see judgment number 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

X.- Regarding the stewardship (rectoría) of the Ministry of Environment and Energy, as well as the necessary coordination among different institutions in environmental matters.- In the previous recital (considerando), it was stated that State institutions are the first to be called upon to comply with environmental protection legislation, without there being any justification to exempt them from compliance with environmental requirements. Consequently, this section will explain the stewardship (rectoría) of the Ministry of Environment and Energy in environmental matters. Furthermore, the necessary coordination that must exist among different State institutions will be presented. In this regard, this Court, in judgment number 2004-8928 of 4:37 p.m. on August 18, 2004, has mentioned that it is evident that the central State is the entity primarily entrusted with the defense of the environment, which is reaffirmed in the Organic Law of the Environment, number 7554 of October 4, 1996, which delegates to the Ministry of Environment and Energy a good part of the competencies in this matter, without discharging other public entities from their responsibilities in this field. Likewise, for the case at hand, it is important to clarify that the Ministry of Environment and Energy also has the authority to manage national refuges and wetlands, which also derives from Articles 82 and 84 of the Wildlife Conservation Law, 32 of the Organic Law of the Environment, 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), and 58 of the Biodiversity Law (see judgment number 2004-8928 of 4:37 p.m. on August 18, 2004).

Now, although stewardship (rectoría) in environmental matters falls to the Ministry of Environment and Energy, it is necessary to clarify that the State, in a broad sense, is the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources (see judgment number 6922-2010 of XX of XX). That is to say, even though the central State delegates the defense of the environment to the Ministry in question, this does not eliminate the responsibility that other State institutions have in this matter. In this regard, this Constitutional Chamber has also expressed the need for coordination among public agencies that seeks to guarantee environmental protection. Thus, it mentioned that:

"On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that corresponds to everyone equally, that is, there is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, by public institution, it must be understood that both the Central Administration – Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding environmental conservation and preservation; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the General Directorate of Wildlife, the Forestry Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), SENARA, the Costa Rican Tourism Institute, or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA); a task in which, of course, the municipalities have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them (...)" (see judgment number 2009-000139 of 08:53 a.m. on January 13, 2009).

In summary, although the State delegates to the Ministry of Environment and Energy a good part of the competencies in this matter, given that this Ministry holds the function of stewardship (rectoría) in environmental matters and, therefore, is responsible for issuing policies for environmental protection, management, and sustainable use of natural resources; it is also true that there is a need for coordination among public agencies that guarantee environmental protection. Therefore, State institutions, the Executive Branch, the Legislative Branch, the Judicial Branch, Municipalities, as well as any other institutions, are all bound to environmental legislation or any legislation related to environmental protection (see judgment number 8928 of XX of XX and judgment number 8713-2008 of 09:06 a.m. on March 23, 2006).

XI.- Regarding the fundamental right to water and the stewardship (rectoría) of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA).- Now, this unconstitutionality action questions a norm that allows the use of water for human consumption on lands of the State's natural heritage. Therefore, it is necessary to explain the existence of a fundamental right to water, as well as the stewardship (rectoría) of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) in this regard. In this respect, this Court stated the following:

"VII.- Access to drinking water as a human right. In addition to what has been indicated, and perhaps the most relevant aspect in this matter, is the nature and function of water for human life. It is not necessary to detail here an explanation of the evident and notorious reality that without water there can be no life, nor quality of life, and that therefore, with or without a nationalization law, by its very essence, this issue is not and cannot be a territorial or local issue. This Chamber itself, in its constitutional jurisprudence, has stated that access to drinking water is a fundamental human right, insofar as it is configured as an integral part of the content of the right to health and to life
(...)
"V.- This Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (Art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and it is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that: 'Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services'. Lack of resources does not justify non-compliance with the duties of public administrations in the provision of this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).
For its part, as both the Attorney General's Office and the representative of AyA well recognize in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also in the majority. It is held that without equitable access to a minimum requirement of drinking water, other established rights would be unattainable –such as the right to a standard of living adequate for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate quantities of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that 'the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights'. It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.
For its part, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access to drinking water to satisfy their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources.
The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that 'in developing and using water resources, priority should be given to meeting basic needs and conserving ecosystems.' Similarly, in the Implementation Plan adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to 'using all policy instruments, including regulation, monitoring..... and cost recovery of water services,' without cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly relate to water as a human right of all people and peoples, in such a way that it is not only an issue that by its nature tends toward nationalization, but toward the internationalization of its use and management" (see judgment number 2006-5606 of 3:21 p.m. on April 26, 2006).

From the foregoing, we can affirm that there is a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to drinking water has been classified as a fundamental human right by several international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that "the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. Thus, the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use". Equally, regarding this topic, we can find a vast number of international instruments that refer to the right to access to drinking water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on Drinking Water Supply and Environmental Sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Point 18), General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, approved by the United Nations General Assembly, in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, approved by the United Nations General Assembly, in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc.

Now, following what was indicated in the vote in question as well as in the mentioned international regulations, the so-called universal public service of drinking water supply is inherently related to the guarantee of the fundamental right to drinking water. In this sense, the supply of drinking water constitutes an essential and onerous public service. This Chamber's jurisprudence on the supply of drinking water has been fundamentally directed at protecting the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area in which the State is obliged to provide some public services, especially those that are essential to maintain favorable sanitary conditions for the preservation of people's life and health. In this way, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, forms part of a due and efficient service to the subscriber, and in turn guarantees their most basic fundamental rights. Consequently, it can be affirmed that the supply of drinking water constitutes an essential public service, to which the general principles of public services established by Article 4 of the General Law of Public Administration and the provisions of the Constitutional Chamber on the fundamental right to the proper functioning of public services are also applicable (see in this regard judgment number 2386-2006 of 10:57 a.m. on February 24, 2006).

On the other hand, this Court has also determined that water resources are of a public nature. Thus, in the partially transcribed vote, the following was also indicated:

"Article 18 of Law 2726, amended by Law No. 5915 of July 12, 1976, expressly states that all properties and installations of State bodies that are intended for the collection, treatment, and distribution of drinking water are national heritage, therefore having the character of public domain, inalienable, imprescriptible, and unseizable, outside of private legal traffic and, as this Chamber has indicated in its jurisprudence (votes numbers 2000-10466 and 2002-03821), they enjoy special protection, so that they are not susceptible to being appropriated by private parties or even by the Public Administration; nor may they be destined for purposes other than those that determine their own essence and nature, in such a way that their protection –in necessary terms– and administration corresponds to the State on behalf of the Nation. Also, in judgment 2004-01923, this Chamber makes an exhaustive analysis of the public nature of water resources on the occasion of the protection of aquifers.
(...)
"Naturally, if the goods related to the administration of aqueducts and the properties that contain them belong to the Nation, with much greater reason are the waters and their forces, as is expressly regulated in Articles 121 subsection 14) and 50 of the Organic Law of the Environment. The concept of public domain status (demanialidad) of water resources is enshrined in the Political Constitution in the cited norm, which states that they shall not leave the State permanently: 'the forces that can be obtained from the waters of the public domain in the national territory', adding at the end of the article that they may be exploited in accordance with the law or through a special concession, granted for a limited time, and determining its conditions and stipulations by law approved by the Legislative Assembly. In this way, waters are enshrined as goods of the public domain, subject to the principle of legal reserve for their affectation, and cannot leave the domain of the State. Their exploitation can be carried out directly by the administration or through concession by private parties.
(...)
The rest of the current legislation reaffirms these principles of public domain status (demanialidad) of water resources.
(...)
"The public domain status (demanialidad) of water resources is taken up again in the Organic Law of the Environment, which declares that water is of public domain and that its conservation and use are of social interest (Art. 50). This provision confirms the current principle of the public domain status (demanialidad) of water resources."

In this line of argument, it is necessary to indicate that access to drinking water for human consumption has been guaranteed by the legislator in the Water Law, Law number 276 of August 27, 1942, and in the General Law of Drinking Water, Law number 1634 of September 18, 1953. Furthermore, Article 60 of the Organic Law of the Environment establishes the following: "To prevent and control environmental pollution, the State, the municipalities, and other public institutions shall give priority, among others, to the establishment and operation of adequate services in areas fundamental for environmental health, such as: a) The supply of water for human consumption (…)". In this sense, that regulation determines the priority that must be given to the establishment and operation of adequate water supply services for human consumption. On the other hand, the General Health Law, Law number 5395 of October 30, 1973, provides, in its Article 267, that "every water supply system intended for the use and consumption of the population must supply drinking water, continuously, in sufficient quantity to satisfy the needs of persons and with the necessary pressure to allow the correct functioning of sanitary fixtures in use."

In summary, from the mentioned jurisprudence, as well as from the international and national regulations analyzed, it can be concluded that there is a fundamental right to access to drinking water, in which the State is obliged to guarantee its supply, as the supply of drinking water constitutes an essential public service.

Now, to guarantee this fundamental right, Article 1 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) states that:

"With the purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and development, and of resolving everything related to the supply of drinking water and the collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm drainage systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) is created, as an autonomous institution of the State."

Likewise, Article 2 of the same law indicates, in what is relevant, the following:

"It corresponds to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA):

a) To direct and supervise everything concerning the provision to the inhabitants of the republic of a service of drinking water, collection, and evacuation of sewage and liquid industrial waste and storm water in urban areas;

b) To determine the priority, convenience, and viability of the different projects proposed to construct, reform, expand, or modify aqueduct and sewer works; which may not be executed without its approval;

c) To promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water pollution;

d) To advise other State bodies and coordinate public and private activities in all matters relating to the establishment of aqueducts and sewers and control of pollution of water resources, its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations inexcusable;

e) To prepare all plans for public works related to the purposes of this law, as well as to approve all those for private works that relate to aqueduct and sewer systems, as determined by the respective regulations;

f) To utilize, use, govern, or supervise, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State has over them, in accordance with Law number 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities;

g) To directly administer and operate the aqueduct and sewer systems in the entire country, which shall be taken over considering convenience and availability of resources. Systems currently administered and operated by municipal corporations may continue under their charge, as long as they provide an efficient service.

(...)

i) To construct, expand, and reform aqueduct and sewer systems in those cases where it is necessary and so advised for the better satisfaction of national needs; and

j) To control the adequate investment of all resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewer works."

Consequently, according to that law, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) has been entrusted with the function of directing and supervising everything concerning the assurance of supply to the inhabitants of the republic of a drinking water service in sufficient quality and quantity. The foregoing, with the ultimate purpose of guaranteeing the universal public service of drinking water supply and, therefore, the satisfaction of the fundamental right to access to drinking water.

Thus, this Court has determined that the omission by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) in taking measures to solve drinking water supply shortages implies a violation of the fundamental rights to the proper functioning of public services and to access to drinking water (see judgment number 8640-2010 of 9:04 a.m. on May 14, 2010). Likewise, this Chamber has also indicated that the public service of drinking water supply must not only be continuous but must also ensure it provides a sufficient quantity and quality of the drinking resource, as deficiencies in said supply could eventually constitute a breach of the fundamental right to water (see judgment number 262-2009 of 2:30 p.m. on January 14, 2009). Thus, it is clear that the provision of the public service of drinking water supply is indispensable for the most basic well-being of the population.

Therefore, from the analysis up to this point, it can be affirmed that the supply of drinking water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, which has been primarily entrusted to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) (see judgment number 2007-011190 of 2:36 p.m. on August 7, 2007). That is to say, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) is called "to have stewardship (rectoría) in the area of drinking water and sanitary sewage and its intervention in protecting the health of the inhabitants must be active and resolute, especially when there is inaction on the part of the entities responsible for ensuring adequate service" (see judgment number 2001-12957 of 4:29 p.m. on December 18, 2001). However, this Chamber has also clarified that "AyA must –by legal and Constitutional mandate– ensure that the supply of drinking water is provided to all inhabitants of the Republic; this obligation must be fulfilled in strict respect for the other norms and mandates that make up the Costa Rican legal system" (see judgment number 2001-2948 of 2:06 p.m. on April 24, 2001). Therefore, it is necessary to explain that, as established in the preceding recitals (considerandos), stewardship (rectoría) in environmental matters falls to the Ministry of Environment and Energy, so the stewardship (rectoría) of water resources is not an exception to this competence. Now, it is necessary to add that, after a detailed analysis of the regulations governing this matter, for example, the aforementioned Constitutive Law of the National Aqueduct and Sewer Service, No. 2726 of April 14, 1961, the Organic Law of MINAE, No. 7152 of June 5, 1990, the Law of the Regulatory Authority of Public Services, No. 7593 of August 9, 1996, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law of Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7799 of April 30, 1998, and the Organic Regulation of the Ministry of Environment and Energy, Decree 35669 of December 4, 2009, which contains the functions of the current Water Directorate), it can be affirmed that stewardship (rectoría) in this matter is held by the Ministry of Environment and Energy jointly and with due coordination with other institutions such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). Ergo, competence in water matters falls on the Ministry of Environment and Energy jointly with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), as the institution responsible for supplying drinking water service, as well as in coordination with other institutions. In this regard, it is necessary to reiterate what was stated about the requirement for coordination among the different State departments in environmental matters, water resources not being an exception. Thus, this Constitutional Chamber has indicated that "we must accept the point that in environmental matters there is an unavoidable need for coordination among public agencies that seeks to guarantee its protection. Thus, having accepted this interpretation, we can affirm that this situation must be applied to the issue of water and matters relating to its supply, administration, and protection. The foregoing because the question of water has been defined by this Court as a fundamental human right, insofar as it is configured as an integral part of the content of the right to health and to life, which by its essence cannot be defined as a territorial or local issue, since it is widely accepted that without water there can be no life, nor quality of life (see, for example, judgments numbers 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157, 2002-10776; 2004-1923)".

XII.- Regarding the concept and nature of public domain goods (bienes de dominio público) and their relationship with the environment. Continuing with the previous drafting, upon establishing that we are faced with the questioning of a norm that allows the extraction of water from the State's natural heritage, it is necessary to develop the concept and nature of public domain goods (bienes de dominio público) and their relationship with the environment. Thus, this Court, through judgment number 2004-8928 of 4:37 p.m. on August 18, 2004, established the parameters relating to the concept and nature of public domain goods (bienes de dominio público) and their relationship with the environment. In this regard, the following was indicated:

"Within this framework of strict environmental protection, the Political Constitution also provides concrete rules relating to the legal regime applicable to public domain goods (bienes de dominio público). Thus, Article 121, subsection 14) regulates it generically, by providing that goods 'belonging to the Nation' may only permanently leave its domain through authorization by the Legislative Assembly.

These are goods that, by their legal nature and ownership, inasmuch as they belong to the Nation and are intended to satisfy the general interest, enjoy special legal protection. Therefore, they are not susceptible to being appropriated by private individuals, nor even by the Public Administration, for purposes other than those deriving from their own essence and nature. Their guardianship and administration correspond to the State, in the name of the Nation (cf. Volume III of the Proceedings of the National Constituent Assembly, Session number 168, page 468). In its case law, this Chamber has laid down the basic principles of the legal regime of public domain goods (bienes dominiales); in particular, in judgment number 2306-91 of fourteen hours and forty-five minutes of November sixth, nineteen ninety-one, it determined the following rules, which have continued to be applied consistently since that decision:

"…The public domain (dominio público) is composed of goods that manifest, by express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest.- These are the so-called dominical goods, public domain goods, public goods or things, or public goods, which do not belong individually to private individuals and which are destined for public use and subjected to a special regime, outside the commerce of men.- That is, affected by their own nature and vocation.- Consequently, these goods belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of an express provision.- Characteristic features of these goods are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged or be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and administrative action replaces interdicts to recover ownership.- As they are outside commerce, these goods cannot be the object of possession, although a right to use can be acquired, but not a right to property.- The use permit is a unilateral legal act issued by the Administration, in the use of its functions, and what is placed in the hands of the private individual is the beneficial ownership of the good, with the State always reserving direct ownership over the thing…"

A corollary of the foregoing is that only by Law can they be deprived of the special regime that regulates them, by reversing their designation (desafectándolos), separating them from the public purpose to which they are linked. An express and specific legislative act is required, such that there is no doubt whatsoever of the legislator's will to remove from the public domain a specific and individualized good. Article 14 of the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575, of February thirteenth, nineteen ninety-six, grants forest lands and forests the status of public domain goods:

"Article 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage
The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor and the State's action to recover these lands is imprescriptible. Consequently, they may not be registered in the Public Registry by means of possessory information and both invasion and occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law."

According to the classification given by environmental regulations, the forest or natural heritage of the State is composed of forest reserves, biological reserves, protected zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (article 32 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five). Thus, it is clear that the Costa Rican legal system confers special and qualified protection on goods affected to public use or enjoyment, and cloaks such guardianship with still greater care when regulating public environmental goods. These are goods belonging to the Nation, being affected to a purpose of undeniable general utility, and for which their administration has been entrusted, in cases where the Law expressly so determines, to the central State, so that environmental policies follow consistent parameters in accordance with the need for comprehensive and continuous environmental protection. Even though for registration purposes public domain goods may be registered in the name of the public entity charged with their guardianship, the fact is that these goods do not belong to any particular public entity, but to the Nation (…)".

Likewise, the matter concerning the concept of public domain goods was expanded upon by this Court in judgment number 2007-2063 of 14:40 hours on February 14, 2007, which established the following:

" VI.- REGARDING THE PUBLIC DOMAIN (DEMANIO PÚBLICO).- As this Chamber has considered in various precedents (judgments number 5399-93, 3145-96, 5027-97, 2988-99, 2000-10466, 2002-8321; 2003-3480; 2005-7158), the legal regime of public domain goods is special and differentiated in view of the type of goods at issue. The distinction between private goods or things and public goods and things depends, first of all, on the "ownership" or "domain" of the good, since this element defines its differentiated nature and legal regime; and consequently, on the applicable law, as the former is subject to private law, and the latter to public law. Thus, public domain goods (bienes demaniales or dominicales) must be understood as the set of goods – both immovable and movable – that have a nature and legal regime virtually opposite to private ones, inasmuch as they are goods that, by express will of the framers of the Constitution or the legislator, are affected to a special purpose of serving the community, that is, the public interest, and for this reason, cannot be the object of private property, so that they are outside the commerce of men, that is, they cannot belong individually to private individuals, nor to the State –in the strict sense–, since the State is limited to their administration and guardianship. Thus, public domain goods and the State's private domain goods (fiscal goods) are differentiated by their purpose and the owning subject, since what defines the legal nature of the former is the purpose given to this type of goods, that is, insofar as they are affected and are at the service of public use, under the terms provided in article 261 of the Civil Code (In this same sense, see judgments number 2306-91 and 2988-99, among others.) This is how the following fall into this category –without this constituting a closed list– the maritime-terrestrial zone, the forest or natural heritage of the State –protected areas– (composed of national parks, forest reserves, biological reserves, protected zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments –article 32 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five–), the hydrographic protection zones –article 33 of the Forestry Law– (contiguous to springs (nacientes), to the banks of rivers and lakes), the border zones (article 10 of the Law of Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos), number 13, of January tenth, nineteen thirty-nine), the right of way, railway lines, indigenous reserves, the historical-architectural heritage, mineral resources, the archaeological heritage, etc. These are goods that, by their vocation and purpose, are outside the commerce of men, so that they are inalienable, imprescriptible, and unseizable, such that their ownership or possession is not possible, neither gratuitously nor for consideration; they cannot be lost by prescription, nor can they be acquired by adverse possession (usucapión), meaning that these are goods that permanently retain their legal validity; and they are not susceptible to seizure; furthermore, they are subject to police power (poder de policía), with regard to their use and exploitation, since it is conditioned on the granting of the respective licenses and permits and on control and supervision by the Administration.
(…)
VIII.- CONTINUATION.- In the case of public domain goods, a distinction must be made between those that are such by nature of the Nation, precisely by their ownership and the regulatory source of designation (afectación), inasmuch as the determination derives from the constitutional provisions themselves –these include those defined and determined precisely in the Political Constitution itself, in articles 6, 50, 89, and 121 subsection 14) of the Constitution, namely territorial waters, coasts, airspace, the continental shelf, the insular shelf, the natural resources and riches of the water, soil, and subsoil, natural beauties, the historical and artistic heritage of the Nation, the forces that may be obtained from the waters of the public domain in the national territory, coal deposits, sources or deposits of petroleum, hydrocarbon substances, deposits of radioactive minerals, wireless services – what is known in modern times as the electromagnetic spectrum–, railways, docks, and airports that are in service–; and those that are such by provision of law or executive decree – in cases provided for by law –, where the decree determines the immovable properties that become part of the forest heritage of the State, their category, and subjection to the respective management plan, and as noted above, also their subjection to a specific public purpose, insofar as it marks the purpose of the good for public use or service or another determining purpose that justifies its public domain status. It is thus important to highlight that public domain goods (bienes dominicales or demaniales) have that character by virtue of a given designation, either by an express provision of our Fundamental Charter or by legal provision, which denotes their subjection to a specific public purpose, insofar as it marks the purpose of the good for public use or service or another determining purpose that justifies that public domain status. By virtue of which, designation being the legal linkage by which the good becomes part of this category of goods, according to its purpose and in accordance with the corresponding legal provisions, it implies, as a logical consequence, that only by law can they be deprived of that special regime that regulates them, to separate them from that public purpose to which they are linked (that is, for their de-designation (desafectación)); and it is in this sense that an express and specific legislative act is required, such that there is no doubt whatsoever of the legislator's will to remove a specific and individualized good from the public domain; for which reason this Chamber has deemed that a generic de-designation is not possible, much less an implicit one; that is, in this matter there cannot be an "open type of de-designation," for the Administration, through its discretionary acts, to complete by designating them; and in this sense, it is important to recall that any de-designation, since it must originate from a legislative act, will be subject to the corresponding jurisdictional controls – in this sense, see judgments number 2000-10466 and 2002-8321. Likewise, it must be recalled that for the de-designation of the forest heritage – which results in the reduction or elimination of the protected wild area –, it can only be done by law of the Republic, after conducting the prior technical studies (environmental impact study) that justify the measure, under the terms provided in article 38 of the Organic Law of the Environment. Finally, it is important to highlight that, in the case of the Nation's public domain goods, their de-designation could only occur by constitutional amendment, in application of the principle of parallelism of forms, it is repeated, after a prior technical study that justifies the de-designation, as indicated previously. Furthermore, regarding their use and/or concession, it can only be approved by the Legislative Plenary, not by Full Legislative Committees, under the terms provided in article 124 of the Constitution (judgments number 2002-8321 and 2004-8928)".

Now, regarding the natural heritage of the State, a topic of importance for this case, it has been mentioned, in accordance with the judgments partially transcribed, that it is a public domain good whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) (Forestry Law, arts. 6 subsection a and 13 paragraph 2°, and 14; Organic Law of the Environment, article 32, paragraph 2°). It is composed of two important components: a) Protected Wild Areas, whatever their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protected zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Forestry Law 7575, arts. 1°, paragraph 2°, 3° subsection i; Organic Law of the Environment 7554, article 32; Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) No. 7788, arts. 22 and ff. and 58; National Parks Service Law (Ley del Servicio de Parques Nacionales) No. 6084, article 3° subsections d and f, in relation to the Organic Law of MINAE No. 7152 and its Regulations; Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317, article 82, subsection a). b) The other forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and public institutions (article 13 of the Forestry Law), which have an immediate legal designation. For the maritime-terrestrial zone, Law 6043 itself (article 73) excludes Protected Wild Areas from its scope and subjects them to their own legislation. The rest of the forested areas and lands of forest aptitude on the coasts are also under the administration of the Ministry of Environment and are governed by their specific regulations (Forestry Law, article 13 and concordant provisions) (see judgment number 2008-16975 of 14:53 hours on November 12, 2008). Furthermore, this Court has also indicated that protected zones play a preponderant role in the balance of the environment, understood as the totality of things surrounding the individual such as: climate, soil, light, wind, rain, food, cold, heat, habitat, etc., and in the balance of the ecosystem due to the exchange relationship that occurs between the living part of nature and its inert part. Hence, the soil, the regulation of the hydrological regime, the conservation of the environment, and that of hydrographic basins must be protected. These zones are created by law or by decree of the Executive Branch and in them, also by legal provision, agricultural activities or destruction of vegetation are prohibited (see judgment number 2007-2063 of 14:40 hours on February 14, 2007).

On the other hand, according to the judgments partially transcribed, the protective regime contemplated in the Forestry Law for the Natural Heritage of the State implies: that the lands are inalienable; their possession by private individuals "shall not create any right in their favor" and the State's action to recover them is imprescriptible; they may not be registered in the Public Registry by means of possessory information; their invasion and occupation is sanctioned as a crime; logging, forest exploitation (aprovechamiento forestal), or land-use change (cambio de uso del suelo) are not permissible, and only research, training, and ecotourism activities may be authorized (articles 1, paragraph 2°, 3 subsection a), 14, 15, 18, 58 subsections a) and b) and 61 subsection c) (see judgment number 2012-12716 of 16:01 on September 12, 2012).

Consequently, it is clear that the competence of the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas, is exclusive, this being a matter of national interest. In this sense, article 13 of the Forestry Law, law number 7575, states that

" Constitution and administration. The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for immovable properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage (…)" (underlining is not from the original).

Equally, article 14 of the same law states:

" Unseizable and inalienable condition of the Natural heritage. The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor and the State's action to recover these lands is imprescriptible. Consequently, they may not be registered in the Public Registry by means of possessory information and both invasion and occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law".

In a similar sense, article 32 of the Organic Law of the Environment determines the following:

" Classification of protected wild areas. The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, may establish protected wild areas, in any of the management categories that are established and those set forth below:

a) Forest reserves.

b) Protected zones.

c) National parks.

d) Biological reserves.

e) National wildlife refuges.

f) Wetlands.

g) Natural monuments.

These management categories and those that may be created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy, except for those established in article 33 of this law. Municipalities must collaborate in the preservation of these areas" (underlining is not from the original).

This has been endorsed by the Chamber through judgment number 2012-2678 of 14:30 hours on February 29, 2012.

Furthermore, article 22 of the Biodiversity Law, law number 7788, indicates the following:

" The National System of Conservation Areas is created, hereinafter called the System, which shall have its own legal personality; it shall be a decentralized and participatory system of management and institutional coordination, which shall integrate the competencies in matters of forestry, wildlife, protected areas, and the Ministry of Environment and Energy, for the purpose of issuing policies, planning, and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of the natural resources of Costa Rica. In accordance with the foregoing, the General Directorate of Wildlife, the State Forest Administration, and the National Parks Service shall exercise their functions and competencies as a single instance, through the administrative structure of the System, without prejudice to the objectives for which they were established. The protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems is included as a competence of the System".

Equally, numeral 28 of the same law states that:

"The System shall be constituted by territorial units called Conservation Areas under the general supervision of the Ministry of Environment and Energy, through the National Council of Conservation Areas, with competence throughout the national territory, depending on whether it concerns protected wild areas, areas with a high degree of fragility, or private areas of economic exploitation. Each conservation area is a territorial unit of the country, administratively delimited, governed by a single development and administration strategy, duly coordinated with the rest of the public sector. In each one, both private and state activities regarding conservation are interrelated without detriment to the protected areas. The Conservation Areas shall be responsible for applying the legislation in force regarding natural resources, within their geographical demarcation. They must execute the policies, strategies, and programs approved by the National Council of Conservation Areas, in matters of protected areas; likewise, they shall be in charge of applying other laws that govern their subject matter, such as the Wildlife Conservation Law, No. 7317, of October 30, 1992, and the Forestry Law, No. 7575, of February 13, 1996, the Organic Law, No. 7554, of October 4, 1995, and the Law Creating the National Parks Service, No. 6084, of August 24, 1977. Based on the Council's recommendations, the Ministry of Environment and Energy shall define the territorial division that is technically most advisable for the Conservation Areas of the country, as well as their modifications".

In summary, it is clear that the legal regime created by articles 13 and 14 of the Forestry Law has a protective purpose, since, according to the text of said norm, its objective is to provide protection as public domain (protección demanial) to State-owned lands with forest or forest lands, which would be under the administration of the Ministry of Environment and Energy. That heritage is classified by article 14 of the Forestry Law as a public domain good, which according to articles 13 of the Forestry Law and 22 of the Biodiversity Law, must be administered by the National System of Conservation Areas. Thus, the competence in this matter is held by the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas, a competence that is exclusive, this being a matter of national interest. Furthermore, according to the regulations indicated, the National System of Conservation Areas unifies the competencies in matters of forestry, wildlife, protected areas, and the Ministry of Environment and Energy, for the purpose of issuing policies, planning, and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of the natural resources of Costa Rica.

XIII.- The grounds of unconstitutionality alleged by the petitioners. Now, having analyzed the different indicated points, it is necessary to establish clearly and precisely the grounds of unconstitutionality of the challenged law alleged by the petitioners. In this sense, they can be summarized as follows:

In the first place, the petitioners argue that article 1 of the law includes a new activity in the zones called natural heritage of the State, namely, the extraction of water in sites of high fragility, in forest ecosystems rich in biodiversity, which leads to a clear land-use change in those stretches where the pipeline passes and where permanent works will be done (for example, catchment reservoirs, pumping stations for water impulsion, etc.). In this manner, they accuse that such works imply a series of negative impacts on the environment such as the felling of trees, the removal of undergrowth (sotobosque), the execution of works within springs, rivers, or streams, among others.

Second point, they indicate that in the present norm there was no technical support that justified and quantified the land-use changes that could be kilometers or tens of kilometers in protected sites. Thus, a legislative modification was drafted, without technical or scientific basis, that expands a use that leads to the generic de-designation of all sites that are natural heritage of the State or protected wild areas.

Third point, they add that an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) for future aqueducts within the natural heritage of the State is not expressly and clearly required, which creates doubt that future environmental viability may not be carried out with the appropriate technical instrument. According to the petitioners, the foregoing collaterally affects the process of public participation of citizens, which is directly linked to the conducting of environmental impact studies. They add that it was also necessary to require a strategic environmental assessment, together with the environmental impact studies, since through the former it is possible to analyze the scenario of needs, as well as the regional impacts generated by the installation of aqueducts in a site considered natural heritage of the State or a protected wild area.

Moreover, they claim that, without any justification, article 2 (which creates numeral 18 bis) establishes that on lands that are natural heritage of the State and that belong to public administrations (to municipalities, to the Heredia Public Services Company (Empresa de Servicios Públicos de Heredia), etc.), it will not be necessary to request authorization from MINAE when it involves building aqueducts, performing logging, removing undergrowth, altering ecosystems, etc. The foregoing, they argue, despite the fact that numeral 1 of the Law (through which article 18 of the Forestry Law is created) provides that in the natural heritage, the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism activities, as well as activities necessary for the exploitation of water for human consumption, in accordance with article 18 bis of this law, once approved by the Ministry of Environment and Energy, which shall define, when appropriate, the conducting of environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), as established by the regulations of that law. In essence, they do not understand why such a distinction is made and, therefore, why the referred institutions are exempt from requesting authorization from MINAE, which, pursuant to article 13 of the Forestry Law, is the administrator of all the natural heritage of the State. They argue that the challenged norm creates a conflict of competences between MINAE and the rest of the cited institutions. In a similar sense, they add that the mentioned norm grants a competence to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) (to ensure that the ecological flow is not altered), despite the fact that this does not correspond to it. They affirm that everything related to matters of ecological flows corresponds to the Water Directorate (Dirección de Aguas) and the National System of Conservation Areas of MINAE. On this matter, they maintain that an irresponsible and unfounded transfer of such competences was carried out.

As a fifth point, they state that, without any basis, article 18 bis creates a special regime that eliminates five types of protected wild areas from the application of numeral 38 of the Organic Law of the Environment. They explain that, by making a broad and protective interpretation of biodiversity, both sites that are natural heritage of the State and protected wild areas are covered by the referred article 38 and, therefore, when there are area reductions or land-use changes, compensation must be resorted to. In other terms, they affirm that, contrary to what the challenged norm provides, whenever an aqueduct is to be built in protected sites, de-designation for land-use change must be resorted to, and even area compensation must be carried out.

Lastly, they claim that many sites that are protected wild areas and natural heritage of the State are located in indigenous territory. Despite this, they argue that Indigenous Peoples were not consulted on the challenged law. They consider that this violates their right to information and participation. Likewise, they consider that the provisions on this matter in numeral 6.1.a. of ILO Convention 169 have been violated.

Therefore, following the same line of argument of this judgment, the petitioners' complaints shall be analyzed.

XIV.- Regarding the new activity authorized in the natural heritage of the State and the alleged lack of technical studies. As explained in the preceding recital (considerando), the petitioners allege that article 1 of the challenged norm includes a new activity in the zones called natural heritage of the State, namely, the extraction of water on lands that constitute the natural heritage of the State. They add that this situation leads to a clear land-use change in those stretches where the pipeline passes and where permanent works will be done. Therefore, they accuse that such works imply a series of negative impacts on the environment such as the felling of trees, the removal of undergrowth, the execution of works within springs, rivers, or streams, among others. They affirm that, nonetheless, in the present norm there was no technical support that justified and quantified the land-use changes that could be kilometers or tens of kilometers in protected sites. The foregoing results in that whenever an aqueduct is to be built in protected sites, de-designation for land-use change must be resorted to, and even area compensation must be carried out, which the law does not establish. In summary, they claim that the norm drafted a legislative modification that expands a use that leads to the generic de-designation of all sites that are natural heritage of the State or protected wild areas, which was done without technical or scientific basis.

Likewise, they add that an environmental impact study for future aqueducts within the natural heritage of the State is not expressly and clearly required, which creates doubt that future environmental viability may not be carried out with the appropriate technical instrument. According to the petitioners, the foregoing collaterally affects the process of public participation of citizens, which is directly linked to the conducting of environmental impact studies. They even indicate that it was necessary to require a strategic environmental assessment, together with the environmental impact studies.

Nevertheless, this Court considers that the petitioners are not correct regarding these complaints.

The foregoing is due to the following reasons.

Prior to the enactment of the challenged rule, Article 18 of the Ley Forestal stated that "in the natural heritage, the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism activities, once approved by the Minister of Environment and Energy, who shall define, when applicable, the undertaking of environmental impact assessments (evaluaciones del impacto ambiental), as established by the regulation of this law." However, Law No. 9590 amended said article and added an authorization on lands of the State's natural heritage. In this regard, Article 18 as amended by this law was established as follows: "in the natural heritage, the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism activities, as well as activities necessary for the use of water for human consumption, in accordance with Article 18 bis of this law, once approved by the Minister of Environment and Energy, who shall define, when applicable, the undertaking of environmental impact assessments, as established by the regulation of this law" (underlining is not from the original). Therefore, it is true that this law enabled a new activity in the State's Natural Heritage, namely the use of drinking water for human consumption.

In this regard, as mentioned by the Procuraduría General de la República, in the integrated legal-socio-environmental report of the Department of Studies, References, and Technical Services of the Asamblea Legislativa and in the criteria of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that appear in the legislative file, reference is made to the scarcity of the resource and the existence of several projects pending implementation on lands forming part of the State's natural heritage, which constitute the only available source to supply some communities and with which it is estimated to meet future water demand. Thus, it is verified that this law has its justification in the State's duty to guarantee the fundamental right to drinking water. Let us recall that, as indicated in Considerando XI of this judgment, a fundamental right to drinking water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since it is essential for life and human health. Likewise, access to drinking water has been categorized as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. Similarly, the so-called universal public service of drinking water supply is inherently related to the guarantee of the fundamental right to drinking water. In this sense, the supply of drinking water constitutes an essential and onerous public service. The jurisprudence of this Chamber, regarding drinking water supply, has been fundamentally directed at protecting the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area in which the State is obligated to provide some public services, especially those that are essential to maintain sanitary conditions favorable to the preservation of life and health of persons. In this way, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, forms part of a due and efficient service to the subscriber, and in turn guarantees their most elementary fundamental rights. Consequently, it can be ensured that the supply of drinking water constitutes an essential public service, to which the general principles of public services established by Article 4 of the Ley General de la Administración Pública and the provisions of the Sala Constitucional regarding the fundamental right to the proper functioning of public services are also applicable. Furthermore, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has been entrusted with the function of directing and monitoring everything concerning ensuring that the inhabitants of the republic can be provided with a drinking water service in sufficient quality and quantity. The foregoing, with the ultimate purpose of guaranteeing the universal public service of drinking water supply and, therefore, the satisfaction of the fundamental right of access to drinking water.

In summary, the State must guarantee access to drinking water in order to defend this fundamental right. Therefore, by enabling this rule for the use of water in the State's natural heritage to guarantee the water supply service for human consumption, it is in this aspect that the challenged regulation finds its justification.

Following this line, in its Article 2, Law No. 9590 also introduces Article 18 bis of the Ley Forestal to regulate in more detail the conditions and rules under which this use may be carried out. In this regard, that article establishes the following:

"The Ministry of Environment and Energy (Minae) may authorize the use of water from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements of water supply systems, on properties that form part of the State's natural heritage, after a prior declaration, by the Executive Branch, of public interest, specifically for an imperative population supply and in favor of the authorized public service provider entities, detailed below:

a) The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

b) The municipalities that still provide the public drinking water service by Law No. 1634, Ley General de Agua, of September 18, 1953.

c) The Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

d) The Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asadas), entities formed by users, duly constituted for that purpose and registered in accordance with Law No. 218, Ley de Asociaciones, of August 8, 1939, may administer and operate the aqueduct system of their community through a delegation agreement signed with the ICAA.

All works or activities necessary for the fulfillment of the purposes established herein must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment tool (instrumento de evaluación de impacto ambiental) and in strict compliance with current environmental regulations, especially the provisions on applicable technical criteria for the intervention of protected wild areas contemplated in Law No. 7788, Ley de Biodiversidad, of April 30, 1998, and its regulations.

In the case of protected wild areas of absolute protection, namely national parks and biological reserves, the provisions of Article 38 of Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, of October 4, 1995, must also be complied with. Likewise, the technical studies that are carried out must demonstrate that no other alternative source is available to guarantee the water supply for the beneficiary population under adequate conditions of quality and quantity, and the proposed activities must have, beforehand, the technical endorsement of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

The provider entities indicated in this article are authorized to carry out activities for the use of water from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements that are necessary for the population supply system for human consumption, on lands of the State's natural heritage that are not part of protected wild areas and that have been acquired by themselves or by some other provider entity of the public service of population supply for human consumption, in order to protect the water and ensure the provision of this service to future generations. In these cases, the authorization procedure before the Minae shall not be necessary, but the provider entities must comply with the other requirements established in this article and in national regulations. The provider entities shall continue administering these lands, which in other aspects shall remain subject to the conditions, limitations, and protections inherent to the State's natural heritage, as provided in this law.

The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must ensure that the ecological flow essential for the functioning of the ecosystem is not altered, inside and outside protected wild areas, so that it is maintained under a scheme of sustainable use and exploitation. The monitoring of this shall be the responsibility of the Minae.

On an annual basis, the authorized provider entity of the public service for authorized population supply must submit, before the National System of Conservation Areas (Sinac) and the Dirección de Aguas, the report of the results of the capacity measurements (aforos), given the nature and environmental fragility of the protected wild areas."

In this regard, it can be observed that the questioned regulation establishes a series of requirements and restrictions when carrying out the activity of water use in the State's natural heritage. For a better analysis, these requirements and restrictions will be set forth.

First of all, the article grants the Ministry of Environment and Energy the power to authorize the use of water from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements in water supply systems on properties that form part of the State's natural heritage provided that the following requirements are met:

The existence of a prior declaration of public interest issued by the Executive Branch;

The existence of an imperative population supply in favor of the authorized water service provider entities such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Municipalities, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, and the Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados;

The works must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment tool (instrumento de evaluación de impacto ambiental) and in strict compliance with current environmental regulations, especially

The works must be carried out with the provisions on applicable technical criteria for the intervention of protected wild areas contemplated in Law No. 7788, Ley de Biodiversidad, of April 30, 1998, and its regulations.

Likewise, this article determines greater protection for protected wild areas of absolute protection such as national parks and biological reserves. These additional requirements are the following:

Comply with the provisions of Article 38 of Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, of October 4, 1995;

The technical studies that are carried out must demonstrate that no other alternative source is available to guarantee the water supply for the beneficiary population under adequate conditions of quality and quantity;

The proposed activities must have, beforehand, the technical endorsement of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

On the other hand, this same article authorizes the indicated provider entities to carry out activities for the use of water from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements that are necessary for the population supply system for human consumption, on lands of the State's natural heritage that are not part of protected wild areas and that have been acquired by themselves or by some other provider entity of the public service of population supply for human consumption, in order to protect the water and ensure the provision of this service to future generations. In these cases, the authorization procedure before the Minae shall not be necessary, but the provider entities must comply with the other requirements established in this article and in national regulations. The provider entities shall continue administering these lands, which in other aspects shall remain subject to the conditions, limitations, and protections inherent to the State's natural heritage, as provided in this law. That is, on these lands acquired by the mentioned entities, the indicated requirements are maintained, except for the authorization procedure before the Ministry of Environment and Energy, which shall not be necessary. This point will be analyzed in detail later.

Likewise, this article entrusts the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados with the function of ensuring that the ecological flow essential for the functioning of the ecosystem is not altered, inside and outside protected wild areas, so that it is maintained under a scheme of sustainable use and exploitation. It also establishes that the monitoring of the ecological flow shall be the responsibility of the Ministry of Environment and Energy.

As a final requirement, this Article 18 bis indicates another obligation in the work of water use on lands of the State's natural heritage: that on an annual basis, the indicated service provider entities are obligated to submit annually before the National System of Conservation Areas and the Dirección de Aguas a report setting forth the results of the capacity measurements (aforos), the foregoing given the nature and environmental fragility of the protected wild areas.

Finally, in Article 3 of Law No. 9590, Article 52 bis is also added to the Ley Orgánica del Ambiente, which establishes the concept of protective zones. In this regard, this rule states the following:

"Protective zones are protected wild areas, whose main objectives are the regulation of the hydrological regime and the protection of soil and hydrographic basins, as well as the preservation of aquifer recharge areas and water sources and the need to ensure the population water supply for current and future generations."

Thus, that article introduces the concept of protective zones in a similar sense, according to the information provided by the Procuraduría General de la República, to the concept given by Article 70 of the Regulation to the Ley de Biodiversidad (Decreto Ejecutivo No. 34433 of March 11, 2008), but adding within its objectives the preservation of aquifer recharge areas and water sources, as well as the need to ensure the population water supply for current and future generations.

As can be observed, the challenged law enables the State to use water for human consumption on the lands of the State's natural heritage, but to do so it establishes a series of requirements and restrictions that seek the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, as mentioned, note that a prior declaration of public interest is required, the verification of the existence of an imperative population supply, the need for technical studies that seek the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment tool (instrumento de evaluación de impacto ambiental) and in strict compliance with current environmental regulations, especially. Furthermore, the works must be carried out with the provisions on applicable technical criteria for the intervention of protected wild areas contemplated in Law No. 7788, Ley de Biodiversidad, of April 30, 1998, and its regulations. In this sense, the rule underscores the existence of studies that lead to the certainty that the impacts will not be high, in addition to the fact that the works to be carried out are necessary for the population to have access to water, as the only possible means of obtaining it. In other words, the use of water on lands of the State's natural heritage shall occur only when that use is necessary and subject to certain limitations and rules that will seek to generate the least possible environmental impact and allow rational use of the resource. In addition, regarding protected wild areas of special protection, compliance with Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente is required, which establishes that "the surface area of protected wild areas, State's natural heritage, whatever its management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure."

Likewise, the technical studies that are carried out must demonstrate that no other alternative source is available to guarantee the water supply for the beneficiary population under adequate conditions of quality and quantity, and the proposed activities must have, beforehand, the technical endorsement of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In this way, this condition reinforces the exceptional nature of the use in protected wild areas of, seeking always to comply with current environmental regulations. Consequently, it is false that the rule demands minimal requirements for the use of water on lands of the State's natural heritage or that this activity can be developed without the existence of technical studies.

The foregoing leads us to disprove another of the claims of the petitioners: that the law did not expressly provide that the authorization for water use within the State's natural heritage requires the undertaking of an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica), which allows any type of exploitation in the State's natural heritage. In this regard, it is necessary to clarify that what this rule does is include a new activity for the use of water for human consumption and construction of related works but always seeking the least possible impact according to the corresponding environmental impact assessment tool (instrumento de evaluación de impacto ambiental) and in strict compliance with current environmental regulations. That is, it includes a new authorization in the State's natural heritage but respecting the current regulations on environmental matters and without releasing the public good from its designated purpose. In other words, this law does order absolute compliance with environmental norms, being in accordance with environmental protection principles, by indicating that "all works or activities necessary for the fulfillment of the purposes established herein must be executed based on technical studies, seeking the least possible environmental impact according to the corresponding environmental impact assessment tool (instrumento de evaluación de impacto ambiental) and in strict compliance with current environmental regulations, especially the provisions on applicable technical criteria for the intervention of protected wild areas contemplated in Law No. 7788, Ley de Biodiversidad, of April 30, 1998, and its regulations." Thus, this Chamber shares the position expressed by the Procuraduría General de la República, in the sense that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) to which Article 18 bis refers is a general concept that refers to the technical-scientific administrative procedure carried out by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental to identify and predict what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (Article 3, subsection 39) of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004. That is, this law does not violate current environmental regulations, especially Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, which establishes that "human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment." Therefore, this new activity must comply with the environmental assessment procedure regulated in current environmental regulations. Note that the recently transcribed Article 17 empowers the Secretaría Técnica Nacional Ambiental to establish via regulation which activities, works, or projects require an Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) and to determine which tools to apply, so that it shall be the activity itself and its potential impacts in a specific area that determine the Assessment tool.

Regarding this point, it is also important to clarify that Article 1 states that it shall be the Minister of Environment and Energy who defines, when applicable, the undertaking of environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental). However, this cannot be foreseen as an absolute discretion of the Minister, but rather, as indicated, the law itself establishes that said Ministry is obligated to comply with current environmental regulations, especially with the corresponding Environmental Assessment tool, according to that regulation. Likewise, let us recall that Article 83 of the Ley Orgánica del Ambiente states that "the Secretaría Técnica Nacional Ambiental is created as a body of maximum deconcentration of the Ministry of Environment and Energy, whose fundamental purpose shall be, among others, to harmonize the environmental impact with productive processes." Furthermore, Article 84 of that same regulatory body establishes the functions of this Secretaría Técnica, among which the following should be highlighted: "a) Analyze the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) and resolve them within the deadlines provided by the Ley General de la Administración Pública (...) b) Recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment, as well as those technically convenient to recover it." Thus, according to the aforementioned regulation, it shall be the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in the exercise of its powers, that is responsible for determining, according to the magnitude of the project to be developed, the assessment tool to be used. Thus, this Secretaría Técnica shall indicate the aspects that must be considered so that the work is carried out with the least possible environmental impact and mitigating those that may be generated. Consequently, it is reiterated that the questioned law does not exclude the obligation to comply with the environmental impact assessment procedure or the other requirements established in environmental regulations.

In summary, this Constitutional Chamber finds no confusion in this regard in the challenged rule, but rather it is vehement in stating that this law does require compliance with current environmental regulations, and therefore requires the undertaking of technical studies and the application of the corresponding environmental impact assessment tool (instrumento de evaluación de impacto ambiental).

Now, from the petitioners' claims, it can be deduced that they consider that it was appropriate to carry out technical studies before the law entered into force. However, taking into account what has been explained, this Court also shares the position of the Procuraduría General de la República in the sense that, due to the nature of the matter regulated in the challenged law, it would not be viable or reasonable to carry out a general technical study. The foregoing, because what the law establishes is a general authorization for the use of water on lands of the State's natural heritage, which, as indicated, must comply with several requirements; however, this does not imply that as an immediate consequence the water resource will be used in all of the State's natural heritage and that, therefore, all the environmental impacts that this use will generate must be analyzed from the approval stage. Therefore, it shall be for each specific case that the necessary technical studies are carried out and the respective environmental assessment tool applied, which will cover the particular aspects of each application. That is, it would not make sense to do a general study, of high complexity and indeterminate duration, over all the State's natural heritage, when in practice, the applications for use permits shall be made for some specific lands. Thus, it is not possible to know, a priori, which lands will meet the established conditions, but rather that will be seen in each specific case. In this way, what Law No. 9590 establishes is the procedure for the possibility of using water on the lands of the State's natural heritage, that is, it is an authorization to initiate the project in this sense; therefore, when a specific project is presented, it must comply with that procedure, which, as indicated, establishes compliance with technical studies and the application of the environmental impact assessment tool (instrumento de evaluación de impacto ambiental). Furthermore, it must be considered that Articles 22 and 23 of the Ley Orgánica del Ambiente establish that all persons, physical or legal, public or private, have the right to be heard by SETENA, at any stage of the evaluation process and in the operational phase of the work or project. Thus, the information contained in the file of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) shall be public in nature and shall be available to be consulted by any person or organization. That is, the challenged regulation also does not leave the population defenseless to express their position on a specific project, but rather, as mentioned, it shall be at the appropriate time, when the environmental assessment tool must be applied, that the procedure established in current regulations must be complied with.

In addition, regarding the petitioners' claim that there is currently a high waste of water, it is necessary to indicate that, as affirmed by the Procuraduría General de la República, the legislative file contains data about the hydrographic basins in which the protected wild areas are located and about the country's water demand that justify the need for the adopted measure to satisfy the water supply to the population. Therefore, the decision is neither whimsical nor arbitrary. Additionally, with respect to the identification, classification, delimitation, and administration of the State's Natural Heritage, the National System of Conservation Areas, in coordination with the other competent state entities, has available in CENIGA the map of the State's Natural Heritage and Protected Wild Areas. Likewise, let us recall that the questioned rule requires a prior declaration of interest for the imperative population supply and, for protected wild areas of absolute protection, the need for technical studies that demonstrate that no other alternative source is available to guarantee the water supply. Therefore, it shall be at the time this declaration is presented that it must be justified that no other options exist to guarantee the water service to the populations in question.

On the other hand, as analyzed, the law also provides that it must be ensured that the ecological flow essential for the functioning of the ecosystem is not altered and that, annually, the authorized entity must present the report of the results of the capacity measurements (aforos). Consequently, the challenged regulation, by providing technical instruments to which the permitted activity must be subject to guarantee the rational use of those resources, is in accordance with the principles of the guardianship of environmental law by the State, the precautionary principle or principle of prudent avoidance, principles of progressivity and non-regression of environmental protection, principles of objectification of environmental guardianship or principle of linkage to science and technique, principles of rational use of natural resources, explained in Considerando VIII of this judgment. This is because, according to the line of reasoning, from the questioned regulation it is deduced that when there is no scientific certainty about the negative effects that an action may generate, its execution is prohibited, limitations are imposed, or protective measures are adopted. The foregoing, in accordance with Article 11 of the Ley de Biodiversidad, which establishes as criteria for applying the "preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures. 3.- Criterion of public environmental interest: The use of the elements of biodiversity shall guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of the quality of life of citizens."

4.- Integration criterion: The conservation and sustainable use of biodiversity must be incorporated into sectoral and intersectoral plans, programs, activities, and strategies, so that they are integrated into the development process.” Let us recall that this law does not exclude compliance with current environmental regulations; it even refers to compliance with the aforementioned Biodiversity Law. Consequently, the requirement of these requisites and restrictions is in accordance with the environmental principles indicated.

Therefore, according to what this Court has established up to this point, it is also untrue that this law permits any type of exploitation within the State's natural heritage, nor that it permits constructions of high environmental impact that would harm ecosystems. As explained in the preceding paragraphs, Law No. 9590 requires compliance with the respective technical studies, the corresponding environmental impact assessment instrument, and current environmental regulations, in order to seek the least possible environmental impact. That is, upon carrying out any work for the use of water for human consumption, an authorization established in this law, these works must seek the least possible environmental impact. In this regard, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados reports that the works for aqueduct systems do not imply that they constitute an impediment to natural cycles or the ecosystems immersed in the wilderness areas (áreas silvestres), as there are many alternative construction methods that can be used in a way that can coexist with ecosystems without affecting them; all environmental measures derived from the specific studies will be those required to be implemented for the purpose of achieving their compatibility, so assuming that there is only one way to do things is to disregard the scope of different sciences and techniques; for example, not only iron or PVC pipes exist, as materials like high-density polyethylene are flexible, which facilitates water conveyance by significantly reducing excavation and tree felling. Now, it is necessary to clarify that it is at the time of presenting the water use project on a specific piece of land that the guidelines must be established to achieve a work that seeks the least environmental impact.

Likewise, since the law does not permit any exploitation or a work of high environmental impact that destroys ecosystems, we are also not facing a reduction of area or change of land use (cambio de uso del suelo) of the lands of the State's natural heritage, as the plaintiffs erroneously indicate. This is so, because at no time will a capture project reduce an area, disaffect, or change land use; it will simply involve the placement of pipeline and capture works that must demonstrate, through a technical study, that they will not alter the ecosystem; the work placed by itself does not make the area of which the protected wilderness area is comprised disappear, much less change land use, reduce, or disaffect, and, therefore, the alleged compensation does not apply. The land where the pipeline is placed continues to belong to the State. Therefore, in the challenged law, one cannot speak of a disaffectation, but rather of the creation, through law, of an authorization for the placement of pipeline with science and technique that seek the least possible environmental impact, so that it is sought that they do not alter the ecosystem. Indeed, it must be reiterated that this law is an authorization for the use of water for human consumption on lands of the State's natural heritage, but at no time does it permit the reduction of protected zones, the change of land use in the territories of interest, and, therefore, it should also not generate any obligation for compensation of territories. In summary, the authorization of the law does not permit just any exploitation or a destruction of the ecosystems, but rather for its application, aspects must be taken into account that must respond to technical-scientific criteria and respect current environmental regulations, seeking the least possible environmental impact. Consequently, there is no incompatibility between the challenged norm and the environmental principles indicated, as it does not seek to reduce protected areas, but rather that those zones would remain in the same way covered by public domain, respecting the provisions for these lands indicated in Considering XII of this judgment.

Equally, in a similar sense, neither are the management categories of protected wilderness areas changed nor is greater exploitation permitted therein, but rather, as the Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) mentions, Law No. 9590 refers to the provisions regarding the applicable technical criteria for the intervention of protected wilderness areas contemplated in Law No. 7788, Biodiversity Law of April 30, 1998, and its regulations. Therefore, the norm does not disregard the other management categories of protected wilderness areas, but refers to the criteria of the Biodiversity Law. Likewise, as explained previously, in the case of absolute protection protected wilderness areas, that is, national parks and biological reserves, compliance with the provisions of Article 38 of Law No. 7554, Organic Environmental Law, of October 4, 1995, must also be fulfilled.

Finally, in accordance with the foregoing, this Court does not share the plaintiffs' position that with the regulations in question there is a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment or that a conflict exists between this right and the fundamental right of access to water. Thus, this Chamber does not subscribe to the thesis that attempting to guarantee the fundamental right of access to drinking water sacrifices the right to the environment of present or future generations. As has been repeatedly explained, this norm requires compliance with the respective technical studies, the corresponding environmental impact assessment instrument, and current environmental regulations, in order to seek the least possible environmental impact. That is, upon carrying out any work for the use of water for human consumption, an authorization established in this law, these works must seek the least possible environmental impact. Therefore, allowing the use of the water resource for human consumption within the State's natural heritage does not imply as an inevitable consequence an impact on the right to a healthy and ecologically balanced environment; rather, by respecting the requirements established in this regulation, it is possible to guarantee the fundamental right of access to drinking water and, at the same time, safeguard the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Let us remember that this Chamber has mentioned that Constitutional Courts should not act isolated from their historical, political, and sociocultural reality and, furthermore, that they are obliged to assess Constitutional Law as a systemic unity of values, principles, and norms, which, consequently, must be interpreted and applied not in isolation, but with a systematic criterion, in harmony with one another, which thus become indivisible and interdependent (see Judgment No. 2012-016074 of 4:00 p.m. on November 21, 2012). In this way, both fundamental rights (the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment) must be interpreted in a harmonious manner. Therefore, in the challenged law, the possibility of using water from the lands of the State's natural heritage is established provided that a series of requirements aimed at respecting the environment are met. Thus, the objective of the law is to guarantee a rational use of resources and to avoid the impact on the existing resources in the State's natural heritage. Thus, as already indicated in the previous considerandos, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of “environmental quality” as a parameter, precisely, of the quality of life of people, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, making reference that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty of protection and preservation of the environment for present and future generations - principle of sustainable development (see Judgment No. 2019-0011273 of 9:30 a.m. on June 21, 2019).

By virtue of the foregoing, it is concluded that the modification promoted in Law No. 9590 does not intend to harm the environment, nor prevent the preparation of necessary technical studies to avoid serious and irreversible damage to the environment. On the contrary, the proposed reform seeks to guarantee in all types of activities, works, or projects that rational use is made of the water resource for the benefit of present and future generations. Thus, it must be considered that it is in the planning and execution of concrete and indispensable projects to guarantee access to the water resource for human consumption, when it is possible to verify, in a technical manner and in accordance with and subject to science and technique, compliance with the environmental principles mentioned in Considering VIII. That is, the challenged law authorizes the State to use water for human consumption on the lands of the State's natural heritage, but to do so, it establishes a series of requirements and restrictions that seek, on one hand, to guarantee the consumption of drinking water for the population and, on the other, to guarantee the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment for present and future generations.

XV.- Regarding the alleged conflict of competencies between MINAE, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the other respective institutions. On the other hand, as indicated in Considering XIII, the plaintiffs also claim that, without any justification, Article 2 (which creates ordinal 18 bis) establishes that on lands that are the State's natural heritage and belong to public administrations (municipalities, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, etc.), it will not be necessary to request authorization from MINAE when constructing aqueducts, felling trees, clearing undergrowth, altering ecosystems, etc. The foregoing, they argue, despite the fact that ordinal 1 of the Law (by which Article 18 of the Ley Forestal is created) provides that in the natural heritage, the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism work, as well as activities necessary for the use of water for human consumption, in accordance with Article 18 bis of this law, once approved by the Ministry of Environment and Energy, which will define, when appropriate, the carrying out of environmental impact assessments, as established by the regulation of that law. In essence, they do not understand why such a distinction is made and, therefore, why the referred institutions are exempted from requesting authorization before the Ministry of Environment and Energy, which, according to Article 13 of the Ley Forestal, is the administrator of all the State's natural heritage. They argue that the challenged norm creates a conflict of competencies between the Ministry of Environment and Energy and the rest of the cited institutions. In a similar sense, they add that the mentioned norm grants a competency to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (to ensure that the ecological flow is not altered), even though this does not correspond to it. They state that everything related to ecological flow matters corresponds to the Dirección de Aguas and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE. On this point, they maintain that an irresponsible and unfounded transfer of such competencies was carried out.

In this regard, it is necessary to clarify the following points: first, it is untrue that a conflict of competencies exists between the Ministry of Environment and Energy and the rest of the cited institutions. The foregoing, because we reiterate that Law No. 9590 obliges compliance with current environmental regulations. Now, as explained in Considering X, the State delegates to the Ministry of Environment and Energy a good part of the competencies in this matter; this Ministry holds the function of leadership in environmental matters and, therefore, is responsible for issuing environmental protection, management, and sustainable use policies for natural resources. Therefore, this is respected in the regulations in question by referring to compliance with environmental laws, in addition to establishing a series of requirements that this Ministry must comply with when proposing a project for water supply on lands of the State's natural heritage, as well as exercising monitoring at certain points. However, it is also true that there is a need for coordination between public agencies that seeks to guarantee environmental protection. Therefore, this law also seeks the coordination of the Ministry of Environment and Energy with the different institutions mentioned therein, but without losing its condition as leader in this matter.

On the other hand, it is also untrue that a competency is granted to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, by determining that it is this institution that must ensure that the ecological flow indispensable for the functioning of the ecosystem is not altered. This, because although it is true that the challenged law effectively indicates that this institute “must ensure that the ecological flow indispensable for the functioning of the ecosystem is not altered,” it also indicates that “its monitoring will correspond to Minae.” In this sense, as can be observed, this regulation respects the current legal order, because, as we are faced with an activity to guarantee the consumption of drinking water for the population, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the entity in charge of ensuring compliance with this activity. Thus, let us remember that as established in Considering XI, that Institute has been entrusted with the function of directing and monitoring everything concerning ensuring that the inhabitants of the republic can be provided with a drinking water service in sufficient quality and quantity. The foregoing, with the ultimate purpose of guaranteeing the universal public service of drinking water supply and, therefore, the satisfaction of the fundamental right of access to drinking water. In this way, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is called upon to have leadership in the area of drinking water and sanitary sewerage, and its intervention in protecting the health of the inhabitants must be active and determined, especially when there is inaction on the part of the entities charged with ensuring an adequate service. Therefore, the questioned law does not contradict this position. Equally, it is also true that the mentioned jurisprudence of this Court has indicated that competency in water matters falls on the Ministry of Environment and Energy in conjunction with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the institution in charge of supplying the drinking water service, as well as in coordination with other institutions. However, this situation is also established in the challenged law, because as indicated, the same article states that “its monitoring will correspond to Minae.” Therefore, it can be concluded that the norm seeks the coordination of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Environment and Energy, respecting their competencies and seeking to guarantee access to drinking water as well as respect for the environment.

In a same sense, these competencies are respected in the last paragraph of that article by indicating that annually, the entities providing the drinking water service (AyA, municipalities, ESPH, ASADAS) must submit to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and the Dirección de Aguas a report on the results of the capacity measurements, given the nature and environmental fragility of the protected wilderness areas. However, regarding this point, this Constitutional Chamber considers it is necessary to make a clarification, which will be made in the next Considering. Thus, continuing with the argumentative line, as can be observed, the regulation respects the competencies of the respective institutions but seeks their coordination to guarantee water consumption as well as environmental protection. That said, as the same norm establishes, the leadership falls to the Ministry of Environment and Energy and its dependencies, as in this case SINAC and the Dirección de Aguas.

In summary, it is not verified that the challenged law eliminates competencies from the mentioned institutions or stipulates a conflict of competencies.

Now, this Court considers that the plaintiffs are partially correct regarding this point. That is, paragraph 4 of Article 2 of Law No. 9590 (which adds Article 18 bis to the Ley Forestal) states the following: “the service-providing entities indicated in this article are authorized to carry out activities for the use of water from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements that are necessary for the population supply system for human consumption, on lands of the State's natural heritage that are not part of protected wilderness areas and that have been acquired by them or by some other provider entity of the public service of population supply for human consumption, in order to protect the water and ensure the provision of this service to future generations. In these cases, the authorization procedure before Minae will not be necessary, but the service-providing entities must comply with the other requirements established in this article and in national regulations. The service-providing entities will continue to administer these lands, which in other respects will remain subject to the conditions, limitations, and protections characteristic of the State's natural heritage, as established in this law” (the emphasis is not from the original).

In this regard, this Chamber considers that the indicated provision of exempting those institutions from the authorization procedure before the Ministry of Environment and Energy lacks justification. Furthermore, such an indication does not take into account the leadership of that Ministry in environmental matters and its obligation to guarantee a right to a healthy and ecologically balanced environment. Note that if prior authorization before that Ministry is waived, it loses the possibility of adequately exercising its leadership functions. Likewise, the requirement of coordination between those institutions and Minae would not be possible, which could leave the population in vulnerability by exempting them from obligations aimed at environmental protection. Equally, let us recall that this Court has mentioned that any regressivity in levels of protection must be fully justified. The study must justify with sustained scientific criteria that the change is a viable measure from an environmental perspective within the framework of a sustainable development policy, otherwise, it becomes a transgression of the principle of non-regressivity or irreversibility of protection in the terms explained supra and a material violation of the principle of singular non-derogability of norms. Thus, the lack of scientific evidence justifies ruling in accordance with the precautionary principle (see Judgment No. 2012-13367). Therefore, if such a decision lacks justification within the framework of a sustainable development policy, it is not possible to waive the prior authorization of MINAE, because, as indicated, such a situation could violate the right of the population to a healthy and ecologically balanced environment. The foregoing, in accordance with the environmental principles indicated in Considering VIII.

Therefore, exempting those institutions from that authorization presupposes a threat to the right to the environment, as the respective controls and coordination could not be maintained. Therefore, what corresponds is to annul the phrase “the authorization procedure before Minae will not be necessary” from paragraph 4 of Article 2 of Law No. 9590. In this sense, this norm should be read as follows: “the service-providing entities indicated in this article are authorized to carry out activities for the use of water from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements that are necessary for the population supply system for human consumption, on lands of the State's natural heritage that are not part of protected wilderness areas and that have been acquired by them or by some other provider entity of the public service of population supply for human consumption, in order to protect the water and ensure the provision of this service to future generations. In these cases, the service-providing entities must comply with the other requirements established in this article and in national regulations. The service-providing entities will continue to administer these lands, which in other respects will remain subject to the conditions, limitations, and protections characteristic of the State's natural heritage, as established in this law.”

By virtue of the foregoing, the action is partially granted only with respect to this claim, and the indicated phrase is annulled.

Now, in this regard, it is necessary to add that, having dismissed the conflict of competencies - which, moreover, is a matter of legality and not constitutionality - it is important to keep in mind that the authorized entities must obtain the authorization of the governing body or entity in environmental matters, for the sake of a healthy and ecologically balanced environment, which, at this time, is MINAE; however, the foregoing is not an obstacle for the legislator, in accordance with the principle of free configuration, to grant that leadership to another body or entity.

XVI.- Regarding the relationship between the State's natural heritage and indigenous territories and the lack of prior consultation with indigenous peoples. Finally, the plaintiffs claim that many sites that are protected wilderness areas and the State's natural heritage are located within indigenous territory. Despite this, they argue that the indigenous peoples were not consulted on the challenged law. They deem that the foregoing violates their right to information and participation. Likewise, they consider violated the provisions, on this matter, by ordinal 6.1.a., of ILO Convention 169. They state that if the water that could be extracted from the indigenous territories entails installing pipelines, pump houses, felling forest and undergrowth, among other actions, the indigenous people should have been consulted beforehand.

In this regard, this Court considers that the plaintiffs are not correct for the following reasons. First of all, the Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación points out that, “regarding indigenous territories, the protected wilderness areas are public domain goods, a concept incompatible with that of indigenous reserves, which constitute a collective private property regime, exclusive to the indigenous communities that inhabit them, registered in the Public Property Registry in the name of the Comprehensive Development Association that represents them, of an inalienable or non-transferable nature to non-indigenous people (Law 6172 of 1977, Arts. 2 and 3, ILO Convention 107, approved by Law 2330 of 1959, Art. 11, Law 5251 of 1973, Art. 4, subsection e; ILO Convention 169 of 1989, approved by Law 7316 of 1992, Art. 14).” In this way, she deems that there is no violation of these territories or the rights of indigenous peoples, as the norm does not include indigenous territories. On the other hand, but in a similar sense, the Minister of Environment and Energy reports that “regarding the non-consultation of indigenous peoples, he considers it is not appropriate, since protected wilderness areas are public domain goods, a concept incompatible with that of indigenous reserves, which constitute a collective private property regime, exclusive to the indigenous communities that inhabit them, registered in the Public Property Registry in the name of the Comprehensive Development Association that represents them, of an inalienable or non-transferable nature to non-indigenous people.” Likewise, these positions are endorsed by the Procuraduría General de la República, as in its response, it indicated the following: “regarding the allegation concerning the violation of the right of participation of indigenous peoples, it indicates that legally the regime of the State's natural heritage and that of indigenous territories are incompatible (…) the State's natural heritage is public domain, and therefore, opposed to the regime of indigenous reserves, which constitute a collective private property regime, exclusive to the indigenous communities that inhabit them, registered in the Public Property Registry (…) it would not be possible for a territorial space to simultaneously be State public domain and an indigenous reserve, and therefore, it is not possible to affirm that the challenged law affects indigenous territories because it will permit the use of the water resource located in them.” In this sense, this Constitutional Chamber deems that the consulted institutions are correct, as this very Court, in Judgment No. 2010-14772 of 2:35 p.m. on September 1, 2010, affirmed this position. Thus, in that vote, the following was indicated: “the legal regime for protecting the property of Protected Wilderness Areas and Indigenous Reserves are different, since while the former is State property, that of the indigenous reserves belongs to a form of community property, so that, although the latter are a special form of property, registered in the name of a Comprehensive Development Association, they are not equivalent and cannot be assimilated to the forms of protection of State property, especially those integrated into the State's Natural Heritage. The Chamber in its jurisprudence on public domain goods (…).”

Consequently, this Chamber shares the position expressed by the consulted institutions regarding the incompatibility between the State's natural heritage and indigenous territories. Therefore, the violation of the rights of indigenous peoples claimed by the plaintiffs is dismissed.

Now, taking into account that as indicated in previous considerandos, this law enables the presentation of projects to elaborate works to achieve the use of water for human consumption on lands of the State's natural heritage, so it will be upon the presentation of each project, which must comply with the established requirements, that it will be specifically assessed on which particular land such a function can be carried out. Therefore, this Court also shares what was indicated by the Procuraduría General de la República, regarding that, despite what was indicated about the incompatibility of the regime of the State's natural heritage and that of indigenous territories, if a specific application for water use in a protected wilderness area in some way were to affect the legitimate interests of an indigenous territory, at that moment the provisions concerning consultation with indigenous communities must be complied with, in accordance with current regulations and the jurisprudence of this Chamber (on Consultation with Indigenous Peoples and Convention No. 169 of the International Labour Organization, see, among others, Judgment No. 2017-014522 of 12:19 p.m. on September 8, 2017).

XVII.- Conclusion. As a corollary to the foregoing, what corresponds is to declare the action partially granted and, consequently, only the phrase “the authorization procedure before Minae will not be necessary” from paragraph 4 of Article 2 of Law No. 9590 is annulled. The foregoing because it is a threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment by exempting the respective institutions from the control and leadership of the Ministry of Environment and Energy. Therefore, we proceed to annul that phrase. In all other respects, the action is dismissed.

XVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment.

Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The action is partially granted and, consequently, only the phrase "no será necesario el trámite de autorización ante el Minae” from paragraph 4 of article 2 of Law Number 9590 is annulled. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled phrase of the provision in question, without prejudice to rights acquired in good faith. In all other respects, the action is dismissed. Judges Castillo Víquez, Salazar Alvarado and Araya García append a note. Judge Esquivel Rodríguez appends a note. Let this pronouncement be summarized in the Diario Oficial La Gaceta and published in full in the Boletín Judicial. Notify the Procurador General de la República, the President of the Asamblea Legislativa, the plaintiffs, and all intervenors.







Fernando Castillo V.
Presidente







            Fernando Cruz C. Paul Rueda L.







          Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.







         Marta Eugenia Esquivel R. Mauricio Chacón J.











Expediente No. 18-015287-0007-CO


NOTE OF JUDGES CASTILLO VÍQUEZ, SALAZAR ALVARADO AND ARAYA GARCÍA. Having reviewed the final wording of the vote in this proceeding, the undersigned judges deem it unnecessary to record the note that we at the time considered appropriate during the discussion of the matter. Consequently, we waive the note in question.













Fernando Castillo V.
Magistrado











Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.
  Magistrado                                                                  Magistrado

























Expediente No. 18-015287-0007-CO

Note of Judge Esquivel Rodríguez. In the present matter, I share the majority's position that there is no conflict of jurisdiction (conflicto de competencias) in the challenged legislation. However, I consider it necessary to make a brief clarification. Paragraph 4 of article 2 of Law Number 9590 establishes the following: “the provider entities indicated in this article are authorized to carry out activities of water use (aprovechamiento de agua) from surface sources and the construction, operation, maintenance, and improvements necessary for the public water supply system for human consumption, on lands that are the natural heritage of the State (terrenos patrimonio natural del Estado) that are not part of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and that have been acquired by them or by some other provider entity of the public service of public water supply for human consumption, in order to protect the water and ensure the provision of this service to future generations (...)” (the emphasis is not from the original).

Thus, it can be observed that the entities mentioned in that article are the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), the municipalities that still provide the public drinking water service under Law No. 1634, Ley General de Agua, of September 18, 1953, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), and the Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asadas). However, when dealing with an activity to guarantee the consumption of drinking water for the population, it is necessary to reaffirm that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the entity responsible for ensuring the fulfillment of this activity. The foregoing, because that Institute has been entrusted with the function of directing and supervising everything related to ensuring that the inhabitants of the republic can be provided with a drinking water service in sufficient quality and quantity. This, with the ultimate purpose of guaranteeing the universal public service of drinking water supply and, therefore, the satisfaction of the fundamental right of access to drinking water. Thus, I reiterate, in accordance with the case law mentioned in the majority vote, that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is called upon to have stewardship (rectoría) in the area of drinking water and sanitary sewerage and its intervention in protecting the health of the inhabitants must be active and decisive, especially when there is inaction on the part of the entities responsible for ensuring an adequate service. Therefore, I consider it necessary to clarify that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing institution in the area of drinking water, must ensure that the activities indicated in that provision are carried out, coordinating with the other mentioned entities.

In summary, I consider it necessary to clarify that, for the reasons set forth, in specific cases where the provider entity of the drinking water service is the municipalities, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, and the Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, Asadas, these institutions should coordinate with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados when carrying out the water use activities established in the law under analysis.





Marta Esquivel Rodríguez

Magistrada

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 04-04-2026 04:48:23.

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