Res. 12745-2019 Sala Constitucional — Reduction of Gandoca-Manzanillo Refuge by Law 9223Reducción del Refugio Gandoca-Manzanillo por Ley 9223

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12745 - 2019

Fecha de la Resolución: 10 de Julio del 2019 a las 12:10

Expediente: 14-019174-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia estimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

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Sentencias Relacionadas Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: PROPIEDAD

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Subtemas:

NO APLICA.

012745-19. PROPIEDAD. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LOS HABITANTES DEL CARIBE SUR. Ley No. 9223 de 10 de marzo de 2014. Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Cariber Sur

 

“I… El accionante impugna la ley denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental. Estima el accionante que tal Ley es inconstitucional en virtud de que reduce la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, excluye de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek. La porción excluida del Refugio ocupaba un promedio de 250 metros entre la Ruta Nacional No. 256 y la playa, siendo que en Cocles, por espacio de 500 metros, el Refugio ocupaba solamente los 50 metros de la Zona Pública. En el sector entre la quebrada Ernesto y el río Rojo, la franja excluida puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. Todo ello sin cumplir son los requisitos de compensación y estudios técnicos…”

 

 “…VII si bien hay un informe técnico que justifica la promulgación de la Ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-. Desde una perspectiva lógica y acorde con el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), lo procedente era disponer únicamente la desafectación de los terrenos que conforman los pueblos que se ubican en la zona -pueblos originarios u otros asentamientos de población- o, eventualmente, excluir otras áreas de dominio público, siempre y cuando se acreditara que no se provocaría una afectación al medio ambiente y se diera la respectiva compensación. En ese sentido, tal y como se externó líneas atrás, no hay claridad sobre los terrenos que contienen bosque -si son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones que prevé el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación-, y que la Ley desafectó.  O una de dos: si trata de bienes privados sujetos a las limitaciones ambientales previstas por la legislación, la desafectación está demás; si se trata de un bien dominio público, la desafectación es insuficiente, porque no hay certeza sobre el no deterioro del ambiente y no se da la respectiva compensación del área. Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación. Todo lo anterior, sin lugar a duda, resulta contrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la norma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión debe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar el derecho de propiedad de sus propietarios. Más aún, las 188 hectáreas forman parte del núcleo central de refugio de vida silvestre, el que está vinculado a un derecho fundamental reconocido a favor de quienes conforman la Nación costarricense -los que fueron, somos y serán-, así como los demás habitantes,  por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio.

Por otra parte, hay que aclarar que, de conformidad con la información que consta en el expediente, tanto legislativo como el judicial, no toda la normativa legal que se impugna es contraria al Derecho de la Constitución, toda vez que sí resulta procedente la exclusión del refugio de los cuadrantes urbanos -pueblos originarios o personas que incluso estaban ahí antes de que se creara el refugio-, por lo que no tendría sentido hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de toda la normativa. Más bien, y para lograr un justo equilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas de las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad incoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios comprendidos en la zona boscosa -188 hectáreas-, según lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes y, por consiguiente, ordenar al SINAC que proceda a delimitar el área antes mencionada. En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio privado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. En lo que atañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente…”

“…IX.- Conclusiones.- 1) En cuanto a los argumentos de falta de sustento técnico y de medidas de compensación, se constata que la Ley n°9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” implicó una reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, con base en un estudio técnico insuficiente respecto de la zona boscosa, y que además, no contempló medidas de compensación. Lo cual se traduce en una violación al derecho al ambiente, a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, objetivación, precautorio, correspondiendo la declaratoria con lugar, tal como se indica en la parte dispositiva de esta resolución. 2) En cuanto a los argumentos de falta de consulta a pueblo indígena, afectación de humedales y de zona marítimo terrestre, no se analizan por cuanto, ya se determinó la inconstitucionalidad por el procedimiento, además, no se fundamentó ni acreditó que la ley debiera ser consultada a pueblos indígenas, o que la normativa per se implique una afectación a humedales o zona marítimo terrestre…”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 045- Propiedad privada

Subtemas:

NO APLICA.

ARTICULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “…sin lugar a duda, resulta contrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la norma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión debe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar el derecho de propiedad de sus propietarios. Más aún, las 188 hectáreas forman parte del núcleo central de refugio de vida silvestre, el que está vinculado a un derecho fundamental reconocido a favor de quienes conforman la Nación costarricense -los que fueron, somos y serán-, así como los demás habitantes,  por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio…” Sentencia 012745-19

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

012745-19. PROPIEDAD. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LOS HABITANTES DEL CARIBE SUR. GANDOCA - MANZANILLO

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Texto de la resolución

*140191740007CO*

Exp: 14-019174-0007-CO

Res. No. 2019-012745




SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y diez minutos del diez de julio de dos mil diecinueve.




Acción de inconstitucionalidad promovida por MARCO LEVI VIRGO, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGIA, para que se declare inconstitucional la LEY NÚMERO 9223 DEL 10 DE MARZO DE 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República y el representante de Áreas de Conservación (SINAC).
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:07 horas del 11 de diciembre del 2014, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de declare inconstitucional la LEY NÚMERO 9223 DEL 10 DE MARZO DE 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental. La norma se impugna en cuanto reduce parte de una zona protegida del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, para reconocer derechos a una comunidad, sin que se presente el requisito constitucional de compensación del área suprimida, lo cual es contrario al principio precautorio y de no regresión en materia ambiental. Además, pese a lo indicado por la Sala en la sentencia número 2012-13367 -oportunidad en la que se consultó sobre la constitucionalidad del proyecto de ley- la Ley 9223 se emitió sin contar con los estudios técnicos que determinen técnica y científicamente el impacto real sobre el ambiente, lo que constituye un vicio en el procedimiento legislativo, pues se omite cualquier estudio técnico comprobable que determine la razonabilidad e idoneidad de las nuevas medidas que se le dan a la zona protegida y a la que queda fuera de ella. Alega que la norma impugnada contraviene el principio de irreductibilidad o de no regresión contendido en los instrumentos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de Washington, que exige que la reducción, segregación, exclusión y todo tipo de desafectación territorial o espacial de áreas protegidas califica como un acto excepcional y reforzado, que debe cumplir con una serie de requisitos técnicos y legales que tienen como fin impedir todo tipo de regresión en esta materia. Esos requisitos derivan del Artículo III de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, conocida como el Convenio de Washington, así como en la normativa interna. Asimismo, reclama que otro vicio esencial del procedimiento legislativo de la Ley 9223, es la omisión de consulta a los pueblos indígenas, cuando sus tierras o sus intereses culturales pudieran verse afectados por la promulgación de alguna normativa, lo que vulnera el Convenio 169 de la OIT. En su criterio, el proyecto de ley debió haberse consultado directamente a los pueblos y pobladores nativos y autóctonos de la zona, con antecedentes centenarios de vida en esas zonas, como lo es la población afrodescendientes y los pobladores indígenas de la zona. Ese requisito se sustituyó por consultas a organizaciones no necesariamente representativas de esos grupos. El proyecto también debía ser consultado a los Consejos Regionales Ambientales, los cuales tampoco fueron consultados. Finalmente, el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo había sido incluido por Costa Rica dentro de la lista de humedales de importancia internacional con base en la Convención RAMSAR, esa protección abarca la totalidad de dicha área, incluyendo la zona costera, la cual se desafectó con la ley 9223, lo que además, resulta violatorio de los compromisos asumidos por Costa Rica en esos convenios internacionales en materia ambiental.
2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta acción de inconstitucionalidad, señalan que proviene de la defensa de intereses difusos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley que rige a esta jurisdicción, por tratarse de un tema de carácter ambiental.
3.- Por resolución de las 11:23 horas del 17 de diciembre del 2014, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
4.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 15, 16 y 17 del Boletín Judicial, de los días 22, 23 y 26 de enero del 2015.
5.- La Procuraduría General de la República rindió su informe. Señala que: La ley denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014, reduce la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, según se aprecia en los mapas previo (de setiembre del 2012) y posterior a esa Ley (de marzo del 2014), elaborados por el ingeniero José Masís Segura, administrador de ese Refugio, cuya copia se adjunta. Según se constata de la comparación de ambos mapas, y de la delimitación del Refugio antes y después de la Ley No. 9223, esta excluye de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek, parte de la Zona 1: Llanura Costera Cocles-Manzanillo, según la zonificación del Refugio (Decreto No. 34946-MINAET del 6 de noviembre del 2008). Según consta en el expediente legislativo No. 18207, en la porción comprendida entre el río Cocles y la quebrada Ernesto, por espacio de 4.65 kilómetros, la porción excluida del Refugio ocupaba un promedio de 250 metros entre la Ruta Nacional No. 256 y la playa, siendo que en Cocles, por espacio de 500 metros, el Refugio ocupaba solamente los 50 metros de la Zona Pública (folios 1516 y 1517). En el sector entre la quebrada Ernesto y el rio Rojo, la franja excluida puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. Ha habido una sólida línea jurisprudencial, en apoyo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que para la reducción de un área silvestre protegida deben cumplirse dos requisitos esenciales: “por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida.” (Sala Constitucional, votos números 13367-2012 y 010158-2013. En similar sentido, las sentencias números 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009 y 14772-2010, entre otras). La Sala se ha referido a la “suficiencia” del estudio técnico: “el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.” (Voto No. 13367-2012). “la Sala ha indicado que el estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente requiere de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas: 1. El grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente; 2. Las recomendaciones para reducir el impacto ambiental; 3. La demostración de cómo la medida que se toma, continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de la política de desarrollo sostenible.” (Voto No. 10158-2013). La misma Opinión Jurídica de la Procuraduría No. O.J.-040-2012 del 19 de julio del 2012, emitida por consulta legislativa en la tramitación del proyecto que culminó en la Ley No. 9223, la aprobación del proyecto de ley, sin que conste en la discusión legislativa un criterio técnico suficiente, conllevaría eventuales vicios de inconstitucionalidad que podrían llevar a su declaratoria de nulidad por el Tribunal Constitucional. Esta misma Sala estableció en su voto No. 1056-2009 que la exclusión de áreas urbanas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo conllevaba desprotección del derecho al ambiente. El voto No. 13367-2012, dictado por consulta legislativa facultativa en el trámite de esta misma Ley, analizó el estudio técnico incorporado al expediente en ese momento, considerándolo insuficiente para justificarla. En relación con el criterio aportado al expediente legislativo con posterioridad a esta sentencia, incorporado en sus folios 1394 y siguientes, la PGR hace algunas observaciones: • Parte de la justificación de la razonabilidad y proporcionalidad de la Ley radica en la ocupación efectiva de la totalidad del área excluida, que fundamenta esa sustracción del Refugio, según la exposición de motivos del proyecto de Ley. Sin embargo, en el estudio se afirma que “De las 406.32 has que el Proyecto de Ley propone desafectar, 233.41 hectáreas, corresponde a las propiedades censadas. Estas últimas equivalen al 34.34 % de la Zona 1”. • El estudio presupone que, como consecuencia de la exclusión, la administración de los terrenos recaería en la municipalidad, bajo las restricciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, salvo aquellos sectores que califiquen como Patrimonio Natural del Estado: “Es importante señalar que el área que se pretende segregar del Refugio Mixto de Vida Silvestre sigue siendo administrada por el Estado, lo que varía es el órgano administrador de la misma” (conclusión 2., folio 1476). Sin embargo, la porción excluida del Refugio en la Ley No. 9223 no es solamente Zona Marítimo Terrestre, sino que se desafectó una franja que puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. • No se analiza ni descarta el impacto sobre los dos parches de mangle que se identificaron en la zona sustraída del Refugio, los cuales se califican como “en estado crítico de conservación”, indicándose que “no se ha evidenciado un crecimiento en términos de cobertura a lo largo del establecimiento del refugio, pero se ha mantenido” (folio 1411). • En la determinación del Patrimonio Natural del Estado, se identificaron las áreas que cumplen la definición de bosque de la Ley Forestal (punto 4 del folio 1557), sin embargo no se incluyeron los manglares, que también forman parte del Patrimonio Natural del Estado, sea cual sea su extensión (artículo 13 de la Ley Forestal y Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, Decreto No. 36786-MINAET del 12 de agosto del 2011, artículo IV.u). • Los arrecifes coralinos contiguos a la zona excluida[2], se califican como en “estado crítico”[3], indicando que “como parte de las medidas de conservación aplicadas en los últimos años se ha observado que en la zona De Punta Cocles los arrecifes vienen teniendo una recuperación”[4] y que “Entre Punta Cocles y Punta Uva, este coral viene recuperándose”[5]. Se concluye que: “Los diferentes tipos de arrecifes de coral presentes en las zonas adyacentes a la zona 1 del RNVS-GM, son ecosistemas diversos, bien desarrollados, con especies únicas en el Caribe del país, con alto grado de fragilidad actual y que en el presente se encuentran en un proceso de recuperación.” (Folio 1473), y que la modificación de los límites no los afecta (folio 1522). Sin embargo, no queda claro cómo llegaron a esa segunda conclusión, contenida en el anexo 1. La zona de arrecifes contigua a la porción de Manzanillo excluida del Refugio, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, fue inscrita como humedal de importancia internacional (humedal Ramsar), según consta en el mapa del folio 1513, y en el folio 1515 se reitera: “El proyecto de ley 18.207 no afecta ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo, como ha sido reiteradamente establecido y documentado en este estudio”, sin embargo, debe decirse, nuevamente, que no se evidencia cómo llegaron a esa conclusión. Nótese que el estudio identifica como la “amenaza antropológica más importante” para estos ecosistemas, la “gran cantidad de sedimentos en suspensión y resuspendidos, los cuales van sepultando los corales, dando como consecuencia bajas tasas de crecimiento, dichos sedimentos terrígenos provienen de los territorios deforestados, las plantaciones de banano y la alteración de la costa”(folio 1433), se describen además “severamente dañadas las comunidades de arrecifes costrosos y pinnaculares (columnares), debido principalmente a la sedimentación y contaminación provocadas por el mal uso de la tierra y la deforestación” (folio 1502). En la misma línea, se indica: “Algunos de los arrecifes costeros someros están siendo afectados por sedimentos terrígenos producto probablemente de la deforestación de la zona costera y de las cuencas de los riachuelos del área” (folio 1421). “Se ha demostrado que alteraciones a los bosques costeros y aún de bosques de tierra adentro, pero conectados a los arrecifes por los ríos y corrientes marinas, tienen un efecto sobre los arrecifes… Estos bosques actúan como trampas que impiden el acceso directo de sedimentos y agroquímicos a los ambientes marinos… Es por esto que se deben proteger los bosques costeros y ribereños del Refugio Gandoca-Manzanillo.” (Folio 1423). Igual sucede respecto de los pastos marinos, que se ubican en la zona 10, contigua a la zona excluida, según el mapa adjunto, ecosistema asociado a las tortugas marinas, y cuya principal causa de disminución se dice que “son las actividades antropogénicas, como la sedimentación causada por la deforestación y la excesiva descarga de nutrientes en las aguas costeras” (folio 1436). Además, se afirma que “Un plan de manejo de los bosques aledaños a la costa evitaría la entrada de nuevos sedimentos a los arrecifes” (folio 1421), pero no se considera que dicha planificación no podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio. Nótese que el estudio indica que: “el área que abarca el proyecto de Ley 18.207 posee una superficie de 406.52 hectáreas con una cobertura de bosque de 205.97 ha” (folio 1417), de las cuales, únicamente 17.31 hectáreas fueron calificadas como Patrimonio Natural del Estado (mapa No. 7 en folio 976 y folios 1556 y 1557), sobre las cuales el SINAC conservará la administración. • En los anexos se transcribe, en relación con la Zona Marítimo Terrestre Cocles Manzanillo (excluida), que “hay que tener cuidado…con la capacidad de carga de las playas” y se identifica como amenazas potenciales principales para esta área: “el desarrollo de proyectos turísticos tradicionales de gran impacto”, indicando que el establecimiento de un Plan de Manejo por parte del MINAE a partir de 1996, “permitió neutralizar” esas amenazas potenciales, que los caminos de acceso a la playa fueron regulados, no permitiéndose nuevos desde su vigencia, y que también se prohibió la extracción de arena de las playas (folios 1499 y 1500). Sin embargo, no se toma en cuenta que tal planificación no podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio. Violación al principio constitucional de compensación La accionante manifiesta: “cuando se presentan situaciones como la de la Ley No. 9223 donde se trata de reconocer derechos a una comunidad, y para ello es necesario cercenar parte de una zona protegida, como lo es el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que debe operar en forma inmediata es regla o requisito constitucional de compensación. Situación que en el caso que nos ocupa no se dio.” Al respecto se refiere al voto No. 12887-2014, el cual dispone: “Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño. Así se desprende de lo que esta Sala ha resuelto en anteriores oportunidades, en los votos números 2012-13367 y 2009-1056. Adoptando como referencia la postura anterior, no cabe duda que todos aquellas normas en los cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son inconstitucionales.” Sin embargo, una inconstitucionalidad por violación a este principio, no se resuelve necesariamente con la anulación de la Ley, si se califica como una inconstitucionalidad por omisión, bastaría que la Sala Constitucional dispusiera en sentencia adicionar al Refugio la porción o porciones que compensen el área suprimida, lo cual podría hacerse incluso por vía reglamentaria. Ese principio se recoge en el artículo 4, inciso 2, de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención de Ramsar) aprobada mediante Ley No. 7224 de 7 de abril de 1991, vigente a partir del 8 de mayo de ese año, que la accionante también estima quebrantado: “Cuando una parte contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire o reduzca una zona húmeda inscrita en la "Lista", deberá compensar, en la medida de lo posible, cualquier pérdida de recursos en los humedales y, en especial, deberá crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección, en la misma región o en otro sitio, de una parte adecuada de su hábitat anterior.” Según el mapa del folio 1513 y lo indicado en el punto 4 del folio 1514, la zona excluida del Refugio no comprende humedales inscritos en la lista Ramsar, sin embargo, en el informe también se indica que todo el Refugio está calificado como Sitio Ramsar de importancia internacional; además, el denominado Humedal Arrecife Coralino o Pastos Marinos y Arrecifes (zona 10) está contiguo a una porción del área excluida, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, aproximadamente, y como la Convención en su artículo 2 dispone que los límites de los humedales incluidos en la lista “podrán comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda”, podría haber un traslape. Ambos aspectos podrían ser aclarados en la eventual vista que el Tribunal Constitucional convoque, para que sean valorados en caso de que la Sala disponga la compensación de las áreas, en los términos arriba expuestos. Otras violaciones de carácter constitucional La accionante arguye violación al Convenio No. 169 de la OIT, específicamente su artículo 6, que contiene la obligación de consultar a los pueblos interesados cuando se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, alegando que el “pueblo de los Kekoldi” se está viendo seriamente afectado con la implementación de la Ley No. 9223 y que se les debió consultar, al igual que a la población afrodescendiente −cuestionando si se hizo a personas o pueblos realmente representativos de estos grupos− así como a los Consejos Regionales Ambientales. Sin embargo, no hay concreción de los argumentos de inconstitucionalidad: Respecto del “pueblo de los Kekoldi”, no se detalla en qué consiste la afectación, la cual no resulta evidente, pues la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi no se traslapa ni está contigua al sector excluido del Refugio, como consta en el montaje cartográfico elaborado por la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro cuya copia se adjunta. Tampoco se describe en qué consiste la alegada afectación a los pueblos afrodescendientes, ni por qué razón las Asociaciones de Desarrollo Integral consultadas (folios 1693 y 1694) no se consideran representativas. Por su parte, el Consejo Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe conoció el proyecto y aprobó el informe técnico que lo sustenta (folios 1390, 1392, 1393, 1693 y 1694). Finalmente, se alega quebranto del principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre por la relación de la Ley No. 9223 con la Ley No. 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial. Sin embargo, la Ley No. 9223, objeto de esta acción, no contempla ninguna disposición relativa a la Zona Marítimo Terrestre, y por lo tanto susceptible de quebrantar ese principio: CONCLUSIONES 1. Resulta del resorte exclusivo de la Sala Constitucional constatar la suficiencia del informe técnico para justificar la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, así como valorar si se cumple el principio de razonabilidad y proporcionalidad. 2. Hay inconstitucionalidad por omisión de compensar el área suprimida. 3. No se demostró la lesión al artículo 6 del Convenio No. 169 de la OIT. 4. Tampoco se constata el quebranto al principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre.
6.- Rinde su informe JULIO JURADO FERNANDEZ, en su calidad de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) mediante oficio SINAC-DE-131 del 19 de enero del 2015 y señala respecto de objeto de la presente acción: a) El principio de no regresión en materia ambiental o el principio de irreductibilidad encuentra asidero normativo-legal en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554, que prevé: “la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”. Agrega que fue el propio legislador que estableció la posibilidad de reducir las Áreas Silvestres Protegidas, pero que esta posibilidad tiene límites por lo que le está vedado al Estado “adoptar medidas y políticas, o aprobar o modificar normas que empeoren, sin justificación razonable ni proporcionada, los derechos alcanzados con anterioridad” (ver folio 200), esto último derivado del principio de progresividad de los Derechos Humanos y del principio de objetivación de la tutela ambiental. En este sentido, cobra especial relevancia el principio de objetivación de la tutela ambiental puesto que exige la acreditación mediante estudios técnicos y científicos de la “toma de decisiones en materia ambiental, ya sea en relación con los actos administrativos individuales o de disposiciones de carácter general” (ver folio 200). Aunado a lo anterior, señala el SINAC en su Informe que como parte de la tramitación del Proyecto del Ley No. 18.207 (actual Ley No. 9223) se solicitó al SINAC “la elaboración y presentación del informe técnico requerido, de conformidad con lo indicado por la Sala Constitucional en la resolución No. 2012-13367” (ver folio 201). El Informe técnico requerido al SINAC por medio de la resolución No. 13367 del 21 de setiembre del 2012 de la Sala Constitucional “fue elaborado por personal especializado” del SINAC “utilizando criterios científicos, serios, exhaustivos comprensivos, a fin de determinar el impacto de la medida legislativa sobre los objetivos de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM)”. Concluye el SINAC en el oficio fechado 19 de enero del 2015 que “según el análisis de los aspectos indicados y de otros adicionales el RNVS-GM continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado”, con todo, sostiene que “se rechaza el argumento que faltó sustento técnico para la emisión de la Ley”. Asimismo, se reitera por parte del SINAC que este estudio técnico “constituye a justificación técnica que dio soporte a la desafectación adoptada por los diputados en la ley objeto de esta acción” (ver folio 202); b) respecto al alegato del accionante en cuanto al incumplimiento de realizar la consulta a los pueblos indígenas conforme al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, lo cual según el accionante es contrario al artículo sétimo de la Constitución Política, el SINAC señaló que tal alegato “no es cierto” puesto que “el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo no contempla áreas o sitios que correspondan al territorios indígenas” (ver folio 201). En relación con esto último se adjunta un mapa en el Informe del SINAC donde se hace constar lo anterior, el cual es visible a folios 272 y 273 del expediente digital; c) el alegado incumplimiento de la consulta a los Consejos Regionales Ambientales según artículo 6 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente fue rechazado por parte del SINAC, puesto que se desprende del expediente legislativo que el Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe en la reunión del 12 de julio de 2013, en la sesión No. 001-2013 acordó: “1. Aprobar el informe técnico presentado e instruir al Secretario Ejecutivo del CORAC-ACLAC para que lo remita al CONAC para su conocimiento. 2. Que el Informe Técnico sea remitido a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, para que sirva de sustento técnico al Proyecto de Ley 18207 “Ley de Reconocimiento de los Legítimos Derechos de los Habitantes del Caribe Sur” (ver folios 235 a 244 respecto al informe rendido por el SINAC a la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales y folio 277) ; d) en relación con el alegado incumplimiento de la obligación preceptuada en el artículo 4, inciso 1) de la Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat Aves Acuáticas, Ley No. 7224, el SINAC señaló que “no se dio el incumplimiento alegado” lo cual puede evidenciarse puesto que la propuesta de proyecto de ley No. 18.207 “no afecta a ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo”, según consta en el informé técnico presentado por el SINAC visible a folios 1513 a 1515 del expediente legislativo; e) en cuanto a la redefinición de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, establecida por la Ley No. 9223, el Informe SINAC-DE-131 indica que “según el texto de Ley [Ley No. 9223] no existe manera de cerrar el polígono entre los puntos con la coordenada 646571 y 1064574 y con la coordenada 646504 y 1064634, aproximadamente y según la hoja cartográfica”. Misma conclusión a la que arribó el Informe precitado en relación con la parte oeste del Refugio, salvo que “se elimine la coordenada 642602 y 1064611 y se indique la coordenada 642017 y 1062894” (ver folio 205); f) sintéticamente, concluye el SINAC en su Informe que: i) no se incumplió el requisito de informe técnico requerido por el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, puesto que el informe presentado por el SINAC a la Asamblea Legislativa constituye el soporte para la desafectación efectuada por la Ley objeto de esta acción; ii) no se violentó el requisito de consulta y aprobación del informe técnico por parte del Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe; iii) la consulta a los pueblos indígenas no es necesaria por cuanto dentro los límites del Refugio no se ubican territorios pertenecientes a estos pueblos y que resulten afectados por la Ley No. 9223; iv) el área del Refugio no afecta ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo.
7.- Mediante resolución de las 09:46 horas del 02 de marzo del 2015 se tuvieron por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República y al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Además, se tuvieron como codayuvantes a MELVIN CORDERO CORDERO en su condición DE ALCALDE MUNICIPAL DE TALAMANCA, PABLO BUSTAMANTE CERDAS en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MANZANILLO DE TALAMANCA, JOHNNY LEON GUIDO en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, SEBASTIÁN HERNÁNDEZ BALMA en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, EMILY JEANNE YOSELL WOLF, LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA, Y ADAM CHRISTOPHER SOSA VALVERDE y DEMÁS VECINOS DE LAS COMUNIDADES DEL CARIBE SUR -antes citados- cuya firma consta en el escrito de las 15:10 del 12 de febrero del 2015, se apersonaron el 11 y 12 de febrero del 2015 y solicitan ser tenidos como coadyuvantes por considerar que les asiste un interés legítimo, por tratarse de la defensa de un interés difuso al ambiente. En el caso de los gestionantes ALFONSO HANSELL HANSELL, DELROY HANSELL HANSELL, JORGE MOLINA POLANCO y AURORA GAMEZ ESCOBAR, lo procedente es rechazar sus gestiones de coadyuvancia, ya que por resolución de las 11:30 horas del 16 de febrero del 2015, se les previno cumplir con el requisito de autenticación del escrito en el que solicitan se le tenga como coadyuvante, incluyendo agregar y cancelar el timbre de doscientos cincuenta colones del Colegio de Abogados y aportar la personería jurídica vigente de la CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DEL CARIBE SUR y de la SOCIEDAD ODIO Y GAMEZ S.A. -en el caso de los dos últimos-, sin que vencido el plazo, los gestionantes hayan aportado documento o escrito alguno en atención a lo prevenido.

8.- Se presentó escrito de coadyuvancia pasiva del señor MELVIN CORDERO CORDERO en su condición DE ALCALDE MUNICIPAL DE TALAMANCA, visible a folios 292 a 316 del expediente digital, pretendiendo que se declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente 14-019174-0007-CO con base en lo siguiente: La inexistencia de un expediente administrativo oficial de la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM) ha significado una confusión, desde la creación del Refugio, en torno a los límites del mismo. El Decreto Ejecutivo de creación No. 16614-MAG del 1 de julio de 1985 en su artículo primero establece los linderos del RNVS-GM los cuales no incluyen los territorios ocupados por las comunidades de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel y Puerto Viejo, excepto la comunidad de Manzanillo que si se encuentra incluida dentro del Refugio de acuerdo con este artículo 1 (ver folio 299). Por otro lado, el artículo 5 del mismo decreto indicaba: la Dirección General de Catastro Nacional está autorizada para realizar el levantamiento de la cartografía catastral y el registro de oficio de los planos individuales necesarios para desarrollar el proyecto de titulación dentro del área del Refugio y el de las comunidades aledañas de Gandoca , Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo, de donde se colige que las citadas comunidades no se encontraban dentro del área del Refugio. Ahora bien, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG establecía que las áreas que de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, estén comprendidos dentro de las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, no estarán sometidas a las regulaciones del presente Decreto. Así, este panorama inicial fue entendido por la Sala Constitucional ya que por medio del Decreto Ejecutivo No. 16614 “se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, estableciéndose en su artículo 6 que las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo (definidas por el INVU), no estarían sometidas a las regulaciones de ese decreto [resolución de la Sala Constitucional No. 1056 del 28 de enero del 2009]” (ver folio 298). Todo lo cual crea la alegada confusión por parte del coadyuvante puesto que según sea la norma del Decreto Ejecutivo así serán las comunidades aledañas incluidas o no dentro del área del Refugio. Con posterioridad al Decreto No. 16614-MAG se emitieron varios otros Decretos Ejecutivos que afectaron al primero, a saber: 1. Decreto Ejecutivo No. 23069-MINEREM del 21 de marzo de 1994 que derogó el artículo 6 del Decreto No. 16614-MAG; 2. Decreto Ejecutivo No. 29019-MINAE del 19 de setiembre del 2000 que derogó el Decreto No. 23069-MINEREM; 3. Decreto Ejecutivo No. 32753-MINAE del 16 de mayo del 2005 que deroga el artículo 6 del Decreto No. 16614-MAG; 4. Decreto Ejecutivo No. 34043 del 11 de setiembre del 2007 que reforma el Decreto No. 16614-MAG y vuelve la vigencia del artículo 6. Hasta que el precitado artículo 6, vigente desde 2007, fue declarado inconstitucional por la sentencia de la Sala Constitucional No. 1056 del 28 de enero del 2009. Esta oscilación que resultó en la vigencia intermitente del artículo 6 del Decreto No. 16614-MAG supuso que mientras el artículo 6 estuviera vigente el Refugio sufriría una reducción de su área, puesto que se excluyen de la aplicación del Decreto 16614-MAG las áreas aledañas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo; pero mientras éste artículo estuviera derogado el área del Refugio se vería ampliada, al no excluir la aplicación del Decreto precitado a estas comunidades aledañas. No obstante lo anterior, el coadyuvante indica que ninguna de esas derogaciones cambió el panorama puesto que siempre estuvieron vigentes los artículos 1 y 5 del Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG que claramente establece, el primero, los linderos del Refugio, y el segundo, excluye las comunidades aledañas de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo (ver folios 301 y 303). “No existió ninguna exclusión de las “Zonas Urbanas” de Gandoca y Manzanillo, pues estas nunca se incluyeron en el Refugio, de acuerdo con los límites específicos del artículo 1°”. Sin embargo, en mayo del 2005 se emite el Decreto Ejecutivo No. 32753-MINAE que ratifica el artículo 1 del Decreto No. 16614-MAG pero deroga los artículos 5 y 6 del mismo. Aduce el coadyuvante que con posterioridad al Decreto Ejecutivo No. 32753-MINAE las sentencias Nos. 5675-2006 y 11155-2007 de la Sala Constitucional indicaron que al derogarse el artículo 6 “nuevamente las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo pasan a formar parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo”. Asimismo, agrega el coadyuvante que por medio de la sentencia No. 1056-2009 al haberse derogado el artículo 6 se dejó “sin efecto la exclusión de la aplicación de las regulaciones correspondientes al Refugio Nacional de Vida Silvestre para las áreas ahí mencionadas como urbanas (…) con lo cual se entendió que el Refugio se tenía por ampliado” (ver folios 303 y 304). Adiciona que “en realidad, la consecuencia inmediata de la derogatoria de los artículo 5° y 6°, es la vigencia del artículo 1°. Los conceptos de “zonas urbanas” y de “comunidades aledañas” desaparecen, son eliminados, son derogados”. Arguye el coadyuvante que la derogación expresa del artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG hecha por medio de otros decretos ejecutivos, como se vio, resulta en una ampliación del área del Refugio puesto que la exclusión de la aplicación del Decreto No. 16614-MAG a las comunidades aledañas no se encuentra vigente. Con ello, aduce el coadyuvante, el Decreto Ejecutivo No. 29019-MINAE que deroga en su totalidad el Decreto Ejecutivo No. 23069-MINEREM genera que la derogación del artículo 6 realizada por este último quede sin efecto, con lo cual vuelve a la vigencia el precitado artículo. A su vez, esto último presupone que la nueva vigencia de artículo 6 reduce el área del Refugio. A este respecto, el coadyuvante cita la resolución de la Sala Constitucional No. 11155-2007 que expresamente indica que el Decreto Ejecutivo No. 29019-MINAE supuso una “reducción del área del Refugio en cuestión, ocasionó un daño ambiental a la biodiversidad existente, toda vez que, violentó el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual, establece que la superficie de dichas áreas solo se puede reducir por ley (…)”. Ahora bien, el coadyuvante indica que con el Decreto Ejecutivo No. 32753-MINAE se ratifican los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8 del Decreto No. 16614-MAG, a la vez se derogan los artículos 5 y 6 del mismo. Así, la vigencia del artículo 1 del Decreto No. 16614-MAG supone “finalmente la injusta inclusión de Manzanillo en el Refugio, el atropello a los derechos de sus habitantes [que] habían sido “legalizados” (ver folio 304), según señala el coadyuvante. En este sentido, el coadyuvante trae como sustento el oficio DM-445-09 del 30 de marzo del 2009, de la Contraloría General de la República que en lo atinente indica que la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 32753-MINAE “no tuvo sustento legal alguno, pero lo más grave es que nunca tuvo un sustento técnico que justificara la inclusión de dichas áreas” (ver folio 304). Aunado a lo anterior, indica el precitado oficio que la promulgación de este Decreto “simplemente fue un acto arbitrario y unilateral” puesto que “obviamente afectaba a las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo sin ningún tipo de procedimiento amparado a la ley por parte del MINAE” (ver folio 305). Finalmente, el coadyuvante indica que un nuevo Decreto Ejecutivo, el No. 34043-MINAE “intenta resolver la confusión y los excesos institucionales” mediante la disposición derogatoria del Decreto No. 32753-MINAE, la ampliación de la Sección marina del Refugio y la descripción de las áreas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo por medio del SINAC conjuntamente con la Municipalidad de Talamanca, además de la reiteración de que tales áreas no estaban afectadas por el Refugio, en los términos originales del Decreto No. 16614-MAG (ver folio 305). Sin embargo, el Decreto No. 34043-MINAE fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, posteriormente declarada con lugar, cuya resolución indicó que excluir las áreas urbanas mencionadas “no solo violenta el principio de reserva legal sino el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se viola el principio de reserva legal, pues, según lo expresado, la reducción del patrimonio forestal del Estado solo puede operar vía legal y no reglamentaria (sentencia de la Sala Constitucional No. 1056 del 28 de enero del 2009)” (ver folio 306). Sostiene, por tanto, el coadyuvante que “tal situación es totalmente alejada de los principios y objetivos de creación del RNVS-GM. Tal y como lo recoge y documenta con generosidad el expediente de la Ley 9223, la finalidad de la declaratoria fue: «la consolidación a pleno derecho de los pobladores de la región para que a través de una explotación sostenible, racional y sistemática de los recursos del área protegida y sus zonas aledañas, puedan alcanzar el mejor bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico»” (ver folio 307). Agrega el coadyuvante, que como parte de este conflicto con estas comunidades, los pueblos afectados llevaron su denuncia a la Audiencia concedida durante el 140° período ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIID) el 28 de octubre del 2010. Al respecto sostiene que “la Comisionada Dinah Shelton, Relatora para los Pueblos Indígenas, llamó la atención a los representantes del Estado costarricense sobre la evolución entre el concepto del derecho a la protección del ambiente y el elenco de los demás derechos humanos con los cuales debe coexistir en justo equilibrio” (ver folio 310), para lo cual incorpora un fragmento de la declaración de la Comisionada indicando que “el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sugiere la posibilidad de reconciliación de esta situación, a través del establecimiento de un sistema de áreas protegidas donde se tomen medidas para conservar la diversidad biológica y el párrafo j) que se refiere al respeto y preservación de las prácticas, no solamente de las comunidades indígenas, sino también de las comunidades locales que tienen modos de vida tradicionales relevantes relacionados por un lado con la preservación y el uso sustentable de la diversidad biológica” (ver folio 310). Con todo, “la Ley No. 9223 no es, por lo tanto, una ley para reducir un área protegida, como trata de presentarla el accionante, esta ley es claramente, como su nombre lo indica, la culminación de un serio proceso tendiente a determinar y solucionar la zona de confluencia e integración entre el derecho de protección del ambiente y el elenco de los demás derechos fundamentales con los cuales debe coexistir el justo equilibrio” (ver folio 311). Adiciona a su alegato el hecho de que en la sesión ordinaria No. 126 del 17 de noviembre del 2014 del Concejo Municipal de Talamanca se indicó, en acuerdo número 2, punto 3, que “se ordene la confección de un Plan regulador sobre dicha zona costera a fin de obtener el desarrollo ordenada de la misma, respetando el derecho de sus habitantes a vivir en u medio ambiente adecuado” (ver folio 313). “Con la aprobación de la Ley N° 9223 se logra alcanzar el marco legal necesario para que este municipio nombrara en la sesión del Concejo Municipal N° 187 del 14 de marzo del 2015, la comisión municipal de Planificación y Ordenamiento Territorial del Cantón de Talamanca” (ver folio 313).

9.- Se presentó escrito de coadyuvancia pasiva del señor PABLO BUSTAMANTE CERDAS en su condición PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MANZANILLO DE TALAMANCA, visible a folios 350 a 366 del expediente digital, pretendiendo que se declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente 14-019174-0007-CO con base en lo siguiente: “Los objetos de conservación y la representatividad del Refugio no se ven afectadas con la reducción planteada. Asimismo, el Sistema nacional de Áreas de Conservación recalca que la aprobación del proyecto N° 18.207, no resultaría inconstitucional siempre que cumpla con los requisitos legales y procedimentales previstos para la reducción del áreas silvestre protegida” (ver folio 363). Por lo tanto, “no tiene lógica pensar en la necesidad de establecer una [sic] mecanismo de compensación a la reducción del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, cuando lo que se pretende es corregir un error histórico que violentó los derechos de las comunidades asentadas históricamente de previo a la declaración del Refugio” (ver folio 364). Según señala el coadyuvante, fue el propio Sistema Nacional de Áreas de Conservación el que indicó que “hubo un error material en el texto recomendado, que se produjo al cambiar el sistema de descripción de coordenadas de Proyección Lambert, en que estaba la propuesta original del proyecto de ley, al sistema de descripción de coordenadas Transversal Mercator (CRTM 05), que se utilizó para el texto sustitutivo recomendado por ellos” (ver folio 364). Esto fue discutido como resultado de la moción propuesta vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa una vez que el texto sustitutivo fue dictaminado afirmativamente y posteriormente discutido en el Plenario Legislativo en la sesión del 11 de febrero del 2014, por medio de la moción No. 3-43 (137-2). Con todo, reafirma el coadyuvante que “con la Ley N° 9223, lo único que se pretende es excluirlas [las comunidades aledañas al Refugio], tal y como se habían previsto en el Decreto Ejecutivo N° 16614-MAG (…). Con ello, corregir el error histórico suscitado con los Decreto Ejecutivos N° 23069-MINEREM y N° 32753-MINAE (decretos que incorporan los asentamientos al Refugio)” (ver folio 364). Aduce que no puede considerarse violatorio del Derecho de la Constitución el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de cualquier sitio de interés ambiental “siempre y cuando ello esté debidamente fundamentado en un estudio técnico”, tal cual ocurrió en el caso de la Ley objeto de la presente acción toda vez que esta situación “a todas luces fue cumplida a cabalidad en la tramitación del expediente legislativo 18.207, en atención a la resolución Sala Constitucional N° 2012-2013367 [sic] de 21 de setiembre de 2012” (ver folios 364 y 365). En este sentido, el coadyuvante sustenta esta afirmación haciendo alusión a la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que fue debidamente incorporada al expediente legislativo del Proyecto de Ley No. 18-207 mediante la cual se indicó que el cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 30, acápite 7 de la Ley de Biodiversidad, los artículo 71 y 72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad por lo que “el CONAC aprueba el informe Técnico de Gandoca- Manzanillo, presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) y la Secretaría Ejecutiva del SINAC” (ver folio 365). Por otro lado, el coadyuvante se refiere al alegato del accionate en relación con la desafectación del área del Refugio que afecta el humedal Ramsar , a lo cual indicó que aludiendo al informe técnico del SINAC que aunque la totalidad del área del Refugio (9.445 has) tanto terrestre como marina estén designadas como sitio Ramsar , esto “no conlleva la protección absoluta de sus recursos como erróneamente se cree, por el contrario además de promover la conservación y protección de los ecosistemas del humedales presentes también promueve el desarrollo sostenible de las comunidades vecinas” (ver folio 365). Finalmente, el coadyuvante se refiere al alegato del accionante sobre el incumplimiento de la consulta a los pueblos indígenas, sobre lo cual indicó que tal consulta se realizó “aprovechado las asambleas de las principales organización locales, sea: Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, y al Corredor Biológico, la primera agrupa a los vecinos de la zona y la segunda, todas las organizaciones representativas de la zona” (ver folio 365).

10.- Se presentó escrito de coadyuvancia pasiva del señor JOHNNY LEON GUIDO en su condición PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, visible a folios 368 a 377 del expediente digital, pretendiendo que se declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente 14-019174-0007-CO con base en lo siguiente: Alega el coadyuvante que al lado del principio de no regresión en materia ambiental se encuentra el principio de no regresión en materia de Derechos Humanos (ver folios 373 y 374). Por tanto, el principio de no regresión en materia ambiental “no tiene ni debe entrar en conflicto con otros derechos de la misma naturaleza” lo que derivaría en un “justo equilibrio que debe existir entre el derecho a un ambiente sano y el resto de los derechos humanos” (ver folio 274). Explica el coadyuvante que esa es la razón por la cual rechaza “en todos los aspectos el argumento de que con la emisión de la Ley No. 9223 se vino a violentar el principio ambiental de no regresión”. Agrega que no hubo violación a tal principio debido a que las zonas aledañas de Gandoca, Manzanillo, Puerto Viejo, San Miguel y Mata de Limón al momento de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo “nunca estuvieron incluidas dentro del RNVS-GM”, por lo que en “nada afectan a los recursos objeto de la creación a un refugio de vida silvestre” (ver folio 374). Por otro lado, el coadyuvante rechaza el argumento del accionante sobre la compensación que tuvo que haberse realizado por la reducción del área del Refugio, indicando que “no hay nada que compensar” puesto que a tenor de la Ley No. 9223 las zonas aledañas a este Refugio “siempre fueron eso, zonas aledañas y zonas urbanas que no formaban parte del Refugio, según su Decreto de Creación” (ver folio 375). Sostiene que fue en la exposición de motivos de la Ley No. 9223 donde “los señores Diputados fueron muy claros en que esta Ley venía a poner fin a un conflicto por errónea e indebida interpretación de la normativa que dio origen al Refugio” (ver folio 375). Que la emisión de la Ley objeto de la presente acción fue emitida previo informe técnico, el cual fue solicitado por la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, según indica el coadyuvante (ver folio 375), “el cual le fue presentado el 26 de agosto del 2013, mediante oficio SINAC-DE-1972”. Con todo, “se ha mantenido la tesis de que la Ley No. 9223 no trata de una reducción de un ASP [Área Silvestre Protegida], sino de la corrección de un error de origen en la declaratoria de un ASP” (ver folio 376). Así, agrega que “el área declarada en el decreto de creación fue estimada, como reza el texto del mismo al final del artículo 1:«Área aproximada 9.449 Ha»” (ver folio 376). Aunado a lo anterior, el coadyuvante hace cita del Informe del SINAC, precitado, indicando que una vez aplicados los límites propuestos por el proyecto del ley No. 18.207, y considerando el Decreto Ejecutivo No. 34043, no se estaría produciendo ninguna variante respecto a los valores de creación consignados en el Decreto No. 16614-MAG, pues el área total del refugio quedaría en 10.452.12 hectáreas (ver folio 376).

11.- Se presentó escrito de coadyuvancia pasiva del señor SEBASTIÁN HERNÁNDEZ BALMA en su condición PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, visible a folios 399 a 400 del expediente digital, pretendiendo que se declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente 14-019174-0007-CO y que se realice la audiencia establecida en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley No. 7135.

12.- Se presentó escrito de coadyuvancia pasiva del señora EMILY JEANNE YOSELL WOLF y del señor LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA ambos en su condición de MIEMBROS DEL CONSEJO LOCAL DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO, SECTOR MANZANILLO, visible a folios 404 a 421 del expediente digital, pretendiendo que se declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente 14-019174-0007-CO con base en lo siguiente: Basan su alegato en la definición de los límites del Refugio y al procedimiento seguido por el estudio técnico del SINAC durante el trámite legislativo del Proyecto de Ley No. 18.207 (actual Ley No. 9223). Para lo cual hacen una explicación mediante la trascripción de fragmentos del Informe del SINAC, oficio SINAC-DE-13 y del Informe del Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe, mediante oficio SINAC/ACLAC-DR-060. Respecto del primer Informe, el SINAC concluyó que existen dos errores respecto de la redacción aprobada de la Ley No. 9223 que son: 1. “no existe manera de cerrar el polígono entre los puntos con la coordenada 646571 y 1064574 y con la coordenada 646504 y 1064634” y 2. “no existe manera de cerrar el polígono en la parte oeste del Refugio. A no ser que se elimine la coordenada 642602 y 1064611 y se indique la coordenada 642017 y 1062894 aproximada” (ver folios 416 y 417 // ver folio 205 sobre copia original del Informe del SINAC). Así, el segundo Informe del Director Regional de la ACLAC indicó, respecto de lo anterior, que sobre la primera observación del Informe SINAC-DE-131 “no existe error alguno, el texto de la Ley 9223 está correcto” (ver folio 417). En cuanto a la segunda observación, señala, obedece a interpretación por lo que procedió a dar su criterio, indicando que el Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG “describe el derrotero sin el uso de coordenadas”, descripción que fue utilizada por la Asamblea Legislativa durante “buena parte del proceso legislativo de la Ley 9223” (ver folio 417). Agrega el Informe SINAC/ACLAC-DR-060 que “al enviar el Informe Técnica del SINAC [oficio SINAC-DE-131] (…) se adecuaron los derroteros al sistema CRTM 05. Al efectuar la conversión y de manera totalmente innecesaria, se introdujo una coordenada (resaltada en negrita) en ese párrafo descriptivo (…)” (ver folio 418). Continua indicando este informe que “como bien lo señala el Ing. Masís en su informe, lo anterior no introduce ningún error en los límites del Refugio, ni en los mapas oficiales generados como resultado de la aprobación de la Ley en cuestión. No obstante, se traduce en una omisión en la descripción de los mismos”. Así las cosas, reafirman los coadyuvantes que, lo que indicó el Director Regional del ACLAC respecto de la primera observación, “no tiene razón alguna” que según el texto de Ley no exista forma de cerrar el polígono entre los puntos con la coordenada 646571 y 1064574 y con la coordenada 646504 y 1064634; por lo que, concluyen, “el texto de la Ley 9223 es el correcto” (ver folio 418). En relación con la segunda observación, sostienen que “quedó claramente establecido que no se altera en nada la delimitación del Refugio Nacional en ese sector, ya que ha mantenido la misma descripción desde que se emitió el decreto de creación del mismo (…)” (ver folios 418 y 419). Finalmente, fue “al convertir los derroteros del sistema Lambert en que estaban [,] al Costa Rica Transversal Mercator [,] exigido recientemente cuando, por error o cualquier otra razón, se adicionó la frase «… hasta 100 metros después del puente sobre la quebrada Ernesto, en donde toma una línea paralela de 100 metros a dicha quebrada aguas arriba hasta su nacimiento…», la innecesaria extensión: «en la coordenada 642602 y 1064611»” (ver folio 419). Por tanto , “es de simple solución por parte del SINAC, pues consiste en eliminar la frase innecesariamente adicionada, siguiendo los procedimientos que la legislación y normativa del país ofrece para tales efectos” (ver folio 419)

13.- Se presentó escrito de coadyuvancia pasiva de VECINOS Y VECINAS DE LAS COMUNIDADES DEL CARIBE SUR DE COSTA RICA, visible a folios 500 a 592 del expediente digital, pretendiendo que se declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente 14-019174-0007-CO con base en lo siguiente: 1. Primeramente, señalan los coadyuvantes, que “no puede darse un enfrentamiento entre derechos de la misma clase, como son los derechos humanos fundamentales, y que por el contrario los gobiernos deben tratar de lograr un equilibro entre la implementación de los mismos, siempre en aras de lograr el bienestar sociales de las comunidades (…) sin dejar de lado la importancia que para tales comunidades tiene también un desarrollo en armonía con el ambiente, que es fuente de vida y de riqueza” (ver folios 520 y 521). La anterior conclusión fue derivada de un análisis de múltiples instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de donde se colige el derecho de las personas de desenvolverse a lado de “la mejora continua de las condiciones de existencia, es decir, la progresividad en el sentido de progreso, o ampliación de la cobertura y protección de los derechos sociales”, lo que en sentido contrario implicaría una imposibilidad de “reducir los niveles de protección de los derechos vigentes, o en su caso, de derogar los derechos ya existentes”; aunado a la correlativa obligación del Estado de garantizar lo anterior (ver folio 520). Los coadyuvantes sustentan estas afirmaciones, además de las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos citadas y transcritas, incorporando en su argumentación las recomendaciones dadas por el experto independiente John Knox sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible (visible a folios 521 525). En lo vinculado al argumento de los coadyuvantes, la recomendación a) del Informe del experto que en lo conducente indica: a) salvaguardar tanto el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como los derechos de quienes viven, desde hace muchos años, en las áreas protegidas o cerca de ellas (ver folio 524). Asimismo, señaló el experto que la voluntad de asegurar la conservación reporta muchos beneficios, pero también requiere que el país estudie la mejor forma de conciliar su interés por prevenir la degradación del medio ambiente en esas zonas, con los intereses de las personas que siguen viviendo dentro o cerca de ellas (ver folio 521). Así, concluyen los coadyuvantes que tales razonamientos fueron considerados por los Diputados para la tramitación y promulgación de la Ley No. 9223, de ahí que ello se evidencie en la exposición de motivos de la misma. En concreto indican “lo que se trató de lograr con la Ley No. 9223, fue precisamente poner fin a un conflicto que desde décadas se ha venido dando entre los derechos de carácter ambiental mal enfocados y radicalizados, y los derechos sociales de las comunidades del Caribe Sur de nuestro país” (ver folio 525). Adicionan los coadyuvantes, con base en la exposición de motivos de la Ley No. 9223 y el expediente legislativo del Proyecto de Ley No. 18.207, que “el objeto del proyecto de ley es reconocer los legítimos derechos de la comunidad Afrodescendiente y de los poblados costeros del Caribe Sur, los cuales ha sido ignorados hasta el momento, sumiendo a estas poblaciones y territorios y a sus organizaciones de administración y desarrollo, en la más completa indefensión y parálisis a causa de la inseguridad jurídica resultante de tal irrespeto” (ver folio 527). En el mismo sentido, los coadyuvantes sostienen que además del principio de no regresión en materia ambiental se tiene el principio de no regresión en materia de derechos humanos. De ahí que “nuestra propia Sala Constitucional ha considerado como un derecho humano el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, principios recogido en el artículo 50 de nuestra Constitución, el cual no tiene ni debe entrar en conflicto con otros derechos de la misma naturaleza” (ver folios 540-541). Con todo, agregan una cita doctrinal donde se señala que la “obligación de proteger los derechos humanos de los daños ambientales no exige a los Estados que prohíban todas las actividades que puedan degradar el medio ambiente; los Estados pueden optar por lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y otros intereses sociales legítimos” (ver folio 544). No obstante, estas medidas Estatales que limitan, restringen, reducen, relajan o flexibilizan la protección ambiental, deben previamente, contar “con total y absoluta justificación y respaldo técnico-científico que permita determinar, con grado de certeza, la no afectación del bien jurídico tutelado” (ver folio 543), con lo cual no se estaría violando el principio de no regresión. Como reafirmación de este argumento, se introduce de manera analógica el caso de las comunidades de Talamanca “amenazadas con la pérdida de todos sus bienes a través de procesos administrativos y penales de desalojo de sus hogares” (ver folio 546). Lo cual fue elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuya audiencia (140° período ordinario de sesiones, el 28 de octubre del 2010) la Comisionada Dinah Shelton, Relatora para los Pueblos Indígenas señaló que “el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sugiere la posibilidad de reconciliación de esta situación, a través del establecimiento de un sistema de áreas protegidas donde se tomen medidas para conservar la diversidad biológica y el párrafo j) que se refiere al respeto y preservación de las prácticas, no solamente de las comunidades indígenas, sino también de las comunidades locales que tienen modos de vida tradicionales relevantes relacionados por un lado con la preservación y el uso sustentable de la diversidad biológica” (ver folio 547). 2. Explican los coadyuvantes que la promulgación de la Ley No. 9223 generó una certeza que eliminará la incertidumbre y vacilación normativa con anterioridad a la promulgación de ésta Ley. De relevancia con el objeto de la presente acción, los coadyuvantes, incorporan un fragmento del “Informe Final del Décimo Octavo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Marco Legal Ambiental, Capacidades Regulatorias y Conflictos Ambientales Relevantes”, del 2012. Donde se hace un breve recorrido sobre los antecedentes normativos que modificaron al Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG que crea el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y se evidencia la problemática en cuanto a la tenencia de la tierra de los habitantes de las comunidades aledañas al Refugio. Fue la Ley No. 9223, según los coadyuvantes, la que “viniera a sanear la serie de errores e ilegalidades en que había incurrido, especialmente en el caso de los habitantes del Caribe Sur de nuestro país, el Gobierno”, esto porque la legislación vigente hasta ese momento no podía solucionar el problema “fue precisamente la imprecisión en la emisión de esa legislación la que vino con el correr de los años a acrecentar el problema de inseguridad jurídica de la zona” (ver folio 562). Los coadyuvantes rechazan el argumento del accionante de que con la Ley No. 9223 “se vino a violentar el principio ambiental de no regresión, porque en el caso que nos ocupa la emisión de esa Ley era una de las formas permitidas para poder desaplicar dicho principio” (ver folio 563). Indican que las zonas de Gandoca, Manzanillo, Puerto Viejo, San Miguel y Mata de Limón, al momento de creación del Refugio, “nunca estuvieron incluidas dentro del RNVS-GM” (ver folio 563). 3. Afirman los coadyuvantes que “no hay nada que compensar” (ver folio 563). Las zonas aledañas al Refugio siempre fueron zonas aledañas y zonas urbanas “que no formaban parte del Refugio, según su Decreto de creación”. Indican que más bien fue debido a “errores de apreciación, ilegalidades e intereses desligados del espíritu que impulsó a los creadores del Refugio” (ver folio 564). Agregan que la exposición de motivos de la Ley No. 9223 es clara al indicar que esta Ley “venía a poner fin a un conflicto por errónea e indebida interpretación de la normativa que le dio origen al Refugio”, además porque se trata de un asunto de “protección de los derechos humanos en el campo social y económico al que tienen derecho estas comunidades” (ver folio 564). 4. Reseñan los coadyuvantes el proceso seguido en la tramitación del Proyecto de Ley No. 18.207 (actual Ley No. 9223) en relación con el Informe técnico del SINAC. Primero, indican que fue la Sala Constitucional quien declaró inconstitucional la tramitación de este proyecto de ley, por medio de la sentencia No. 13367 del 21 de setiembre del 2012. “Al estimar que el documento «Criterio Técnico del Áreas de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, respecto del proyecto de Ley No. 18.207» (…) no llenaba las exigencias de un estudio técnico para la reducción de un ASP” (ver folios 565 y 566). De ahí que la Asamblea Legislativa solicitara a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales “la elaboración de un informe técnico, acorde con lo recomendado por la Sala”. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación presentó el 26 de agosto del 2013 el Informe Técnico por medio del oficio SINAC-DE-1972. 5. Los coadyuvantes realizan un análisis sobre los alegatos del accionante en relación con las supuestas deficiencias del Informe Técnico del SINAC para la aprobación de la Ley No. 9223. El accionante se basa sus argumentos en el criterio de la Comisión Especial de Redacción (de la Asamblea Legislativa), por medio de oficio CON-005-2014, así alega: a. la metodología de investigación “es meramente documental” no se hace un análisis profundo en cuanto a “las implicaciones en la modificación de límites, no hay un análisis de escenarios sobre el uso de agua, la gestión de la misma en su forma residual, el manejo de desechos sólidos” (ver folios 566 y 567). Todas esas implicaciones asociadas a que con “la modificación de límites se generará en la zona un incremento de las construcciones, la densidad poblacional y por lo tanto una demanda de recursos, generación de desechos sólidos y líquidos en medio de un ecosistema que se caracteriza tato [sic] en su parte marina como terrestre por su fragilidad” (ver folio 567) A lo anterior, responden los coadyuvantes que “todo el párrafo está basado en un supuesto ajeno de base probatoria o argumentativa, en relación a que la modificación de los límites provocará un aumento inmanejable en la construcción y en la densidad poblacional, y que las aguas residuales y la basura impactarán ambientalmente la zona” (ver folio 567). En el mismo sentido, los coadyuvantes contradicen los alegatos del accionante aludiendo al estudio del SINAC (visible a folios 1440 a 1450 del expediente legislativo del proyecto del Ley No. 18.207) donde se recalca que “prácticamente todos los componentes del bienestar humano, entendidos en su relación con los servicios que brindan los ecosistemas (seguridad, salud, buenas relaciones sociales, libertad de elección y acción), han sido lesionados a estas comunidades por las erradas interpretaciones estatales”, concluye el estudio del SINAC que es por ello que “se considera el proyecto de ley 18.207 corrige en buena medida la situación y permite volver a la efectiva relevancia de los servicios de los ecosistemas en relación con las necesidades y derechos de las comunidades circunvecinas dentro de un concepto de desarrollo sostenible del ecosistema de la zona” (ver folio 568). Asimismo, al decir de los coadyuvantes, se encuentran técnicamente estudiados los diversos aspectos derivados de la promulgación de la Ley No. 9223, a saber: 1. En cuanto al comportamiento demográfico y tenencia de la tierra puede verse el Capítulo IX del estudio del SINAC (visible a folios 1458 a 1459 del expediente legislativo); 2. El capítulo X del estudio del SINAC (visible a folios 1460 a 1471 del expediente legislativo) contempla los servicios con que cuenta el área en cuestión calificada como área de asentamientos urbanos; 3. Respecto a los servicios de recolección de basura por parte de la Municipalidad de Talamanca puede consultarse el punto 5 del Capítulo X del estudio del SINAC, así como respecto al servicio de reciclaje a cargo de una organización no gubernamental. 4. El punto 9 del Capítulo X del estudio del SINAC trata sobre el servicio de suministro de agua potable y el tratamiento de aguas servidas, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), adicionalmente ver el Anexo 1 del estudio de SINAC (visible a folio 1482 a 1522 del expediente legislativo) b. Por otro lado, arguye el accionante que “no se aborda la problemática respecto al cambio climático” y sus consecuencias como el incremento del nivel del mar y el espacio del ecosistema marino, por ejemplo (ver folio 570). Responden los coadyuvantes que tal afirmación “es incorrecta y la pretensión es absurda”. Sustentan su refutación con base en el Capítulo V del estudio del SINAC (visible a folios 1411 a 1428 del expediente legislativo), donde se desarrolló el punto de la vulnerabilidad de los recursos marino-costeros y el tema del cambio climático. Asimismo, respecto de la disponibilidad de agua potable, por la eventual merma debido a la infiltración del agua marina en el acuífero de la zona, el estudio del SINAC contiene información aportada por el ICAA (ver folios 1500 a 1501 del expediente legislativo). c. alega el accionante que el denominado “estudio”, rendido por el SINAC durante el trámite legislativo del proyecto de ley no. 18.207, “ofrece una recopilación de documentos que describen los diferentes recursos naturales del refugio” así como “un recuente histórico de los diferentes grupos que han habitado la región” y que “en ningún momento aborda las implicaciones de la modificación de los límites” (ver folio 570). Indican lo coadyuvantes que la “recopilación de documentos”, denominada así por el accionante, “constituye precisamente el obligado análisis tanto del sustento como del objeto del proyecto de Ley”. Adicionan que es en la página número 7 del Informe Técnico del SINAC (ver folio 1400 del expediente legislativo) donde “se indica lo que exige la normativa respecto al Informe Técnico y, por lo tanto, su exacta correspondencia con los puntos del Estudio elaborado por el SINAC”. d. Según el accionante, el informe técnico del SINAC no aborda los siguientes elementos, para determinar la conveniencia de modificar o no lo límites del Refugio: i. cambio climático; ii. Gestión del recursos hídrico; iii. Gestión de desechos sólidos; iv. Planificación territorial; v. incremento poblacional y vi. Gestión de recursos naturales. A este respecto puede reconducirse a los puntos ya explicados por los coadyuvantes en el punto a) del acápite IX del escrito de coadyuvancia (visible a folios 566 a 570). e. Alega el accionante que el estudio del SINAC no justifica las razones por la cuales, a su decir, el artículo primero de la Ley No. 9223 “propone una nueva distribución de límites” que “dejan desprotegido buena parte de la zona marítima que se encuentra bajo protección”, lo que resulta en un total de 13 km2 de desprotección, según indica el accionante. Los coadyuvante remite al Capítulo XI del estudio del SINAC (visible a folio 1476 del expediente legislativo) donde se indica que “el total de kilómetros cuadrados que quedan sin protección, no es de 13km2 sino de 4,06km2”, lo cual, además, estaba explicitado en el mismo estudio del SINAC (visible a folio 1439 del expediente legislativo). Finalmente, indican los coadyuvantes con base en el estudio del SINAC que “una vez aplicados los límites propuesto por el proyecto de ley 18.207, no se estaría produciendo ninguna variante respecto a los valores de creación consignados en el Decreto No. 16614-MAG” (ver folio 573). f. el accionante afirma, con base en el criterio vertido en el oficio CON-005-2014 de la Comisión Especial de Redacción, que “tampoco en este ocasión se está en presencia de un estudio específico sobre el tema de la reducción del área descrito en el artículo 1 del Proyecto y el impacto de la desafectación” (ver folio 574). Además, agrega que: i. el estudio es “un requisito ineludible y esencial para la aprobación de la medida legislativa reductora del área de protección”; ii. “se trata de un estudio técnico —esto es, conforme con las ciencias y las técnicas que tiene por objeto de estudio del ambiente y los ecosistemas—”; iii. El estudio debe ser específico y versar sobre el área de reducción y su contexto; iv. “el estudio tiene por finalidad justificar científicamente la medida” y v. el estudio tiene que ajustarse a las exigencias sustanciales del artículo 50 constitucional y demostrar cómo se continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Responden los coadyuvantes que “no es cierto que lo que la Sala Constitucional ordenó en su Voto No. 2012-13367, no se haya cumplido, específicamente en cuanto al estudio técnico se refiere. Todos y cada uno de los puntos que el accionante señala que no fueron abordados en el segundo estudio técnico que sirvió de base a la promulgación de la Ley No. 9223, fueron cumplidos en su totalidad al elaborarse dicho estudio” (ver folio 575). Finalmente, indican los coadyuvantes que “la Ley No. 9223 cumplió con todos esos requerimientos” de ahí que rechazan “por infundadas” dichas afirmaciones y remiten al Informe Técnico del SINAC, visible a folios 1394 a 1569 del expediente legislativo. 6. Finalmente, en relación con el tema de la alegada violación a tratados y convenios internacionales así como del principio de no regresión y las reglas de compensación, indican los coadyuvantes su argumento base es que “la Ley No. 9223 no trata de una reducción de un ASP [Área Silvestre Protegida], sino de la corrección de un error de origen en la declaratoria de un ASP”, lo cual, más bien, “ha llevado a la violación de derechos humanos fundamentales” (ver folio 577). Lo anterior, ligado a que al “no existir un expediente de creación del ASP, no existe evidencia del que se hubiera realizado una delimitación topográfica de campo del área a declarar y mucho menos un estudio de la tenencia de la tierra, lo cual en sí da principio a la cadena de violaciones”; supone que “queda claro que la corrección del error de origen a la cual la Ley No. 9223 se dirige, no infringe los tratados internacionales y principio mencionados por el accionante”, mucho menos se puede “hablar de una regresión o de la necesidad de una compensación”, debido a que el objeto de la Ley No. 9223 fue “aclarar una situación que desde un principio se vio afectada por irregularidades que condujeron a evidentes ilegalidades” (ver folio 578). 7. Por otro lado, indica el accionante que no fue realizada la consulta a los pueblos nativos y autóctonos, como afrocaribeños e indígenas, conforme al Convenio No. 169 de la OIT, y que esta consulta fue sustituida por una consulta a unas organizaciones no representativas de los mismos (ver folio 579). Sobre esto, se pronuncian los coadyuvantes en el sentido de que sí fue realizada una consulta, en este caso la propuesta fue presentada ante el Consejo Local del RNVS-GM, en sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre del 2012 y fue aceptada por unanimidad. En ese acuerdo, se recomendó elevar la propuesta al Consejo Regional del Área de Conservación Amistad-Caribe y al Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Asimismo, dicha propuesta fue presentada ante la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, celebrada en la comunidad de Manzanillo el 25 de noviembre del 2012, donde fue aprobada por unanimidad (ver folios 579 y 580). Además, según indicaron los coadyuvantes, el tema de las consultas a las comunidades, fue desarrollado en el Informe Técnico del SINAC, visible a folio 1473 del expediente legislativo del proyecto de Ley No. 18.207. Aunado a lo anterior, indican los coadyuvantes que “el proyecto fue sometido a conocimiento de la los miembros de la Asociación Corredor Biológico Talamanca-Caribe, donde están representados los pueblos indígenas de la zona, proyecto que recibió la aprobación respectiva”. De ahí que haya sido rechazado el argumento del accionante por parte de los coadyuvantes. Finalmente, sobre este respecto, indican que “en Costa Rica el Convenio 169 de la OIT no se aplica a los «afrocaribeños»” (ver folio 580). Respecto al alegado incumplimiento de consulta a los Consejos Regionales Ambientales, conforme al artículo 6 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente, señalan los coadyuvantes que por medio del oficio SINAC-ACLAC-CORAC-045 del 19 de julio del 2013 “se consigna la consulta al Consejo Regional Ambiental del Área de Conservación la Amistad Caribe” (ver folios 1391 a 1393 del expediente legislativo). 8. Por otro lado, alega el accionante que hubo una violación al artículo 4, inciso 2) de la Convención RAMSAR, en este sentido argumentan los coadyuvantes que en el Anexo 1 del Informe Técnico del SINAC (visible a folios 1482 a 1522 del expediente legislativo) se describen cada uno de los humedales RAMSAR del Refugio. Y concluye dicho Informe que “el proyecto de ley 18.207 no afecta ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo” (ver folios 581-582).
14.- Mediante resolución de las once horas y treinta minutos del dieciséis de febrero del dos mil quince, se realizaron varias prevenciones a los gestionantes de coadyuvancia DELROY HANSELL HANSELL, ALFONSO HANSELL HANSELL, JORGE MOLINA POLANCO, AURORA GAMEZ ESCOBAR, EMILY JEANNE YOZELL WOLF y LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA.
15.- Se presentó escrito el 17 de febrero del 2015 de los Señores EMILY JEANNE YOZELL WOLF y LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA, visible a folios 606 a 607 del expediente digital, aclarando que el Consejo Local del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Sector Manzanillo, es una agrupación de representantes de diversos sectores de la sociedad civil y la Municipalidad del lugar. Así que no es una persona jurídica, sino un órgano adscrito al Area de Conservación la Amistad Caribe (ACLAC) del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), conforme el artículo 23 de la Ley de Biodiversidad y su Reglamento.
16.- Según constancia que corre al folio 608 se indica por parte del Secretario de la Sala Constitucional y la técnica que no aparece que los gestionantes a coadyuvancias DELROY HANSELL HANSELL, ALFONSO HANSELL HANSELL, JORGE MOLINA POLANCO Y AURORA GAMEZ ESCOBAR hayan presentado escrito o documento alguno, para cumplir con lo prevenido.
17.- Mediante resolución de las 09:46 horas del 02 de marzo del 2015, se resolvió: En el caso concreto de los gestionantes MELVIN CORDERO CORDERO en su condición DE ALCALDE MUNICIPAL DE TALAMANCA, PABLO BUSTAMANTE CERDAS en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MANZANILLO DE TALAMANCA, JOHNNY LEON GUIDO en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, SEBASTIÁN HERNÁNDEZ BALMA en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, EMILY JEANNE YOSELL WOLF, LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA, Y ADAM CHRISTOPHER SOSA VALVERDE y DEMÁS VECINOS DE LAS COMUNIDADES DEL CARIBE SUR -antes citados- cuya firma consta en el escrito de las 15:10 del 12 de febrero del 2015, se apersonaron el 11 y 12 de febrero del 2015 y solicitan ser tenidos como coadyuvantes por considerar que les asiste un interés legítimo, por tratarse de la defensa de un interés difuso al ambiente. En consecuencia y siendo que la primera publicación del aviso se dio el 22 de enero 2015, lo procedente es tenerlos como coadyuvantes dentro de este asunto. En el caso de los gestionantes ALFONSO HANSELL HANSELL, DELROY HANSELL HANSELL, JORGE MOLINA POLANCO y AURORA GAMEZ ESCOBAR, lo procedente es rechazar sus gestiones de coadyuvancia, ya que por resolución de las 11:30 horas del 16 de febrero del 2015, se les previno cumplir con el requisito de autenticación del escrito en el que solicitan se le tenga como coadyuvante, incluyendo agregar y cancelar el timbre de doscientos cincuenta colones del Colegio de Abogados y aportar la personería jurídica vigente de la CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DEL CARIBE SUR y de la SOCIEDAD ODIO Y GAMEZ S.A. -en el caso de los dos últimos-, sin que vencido el plazo, los gestionantes hayan aportado documento o escrito alguno en atención a lo prevenido. Se tienen por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en la resolución de las once horas veintitrés minutos del diecisiete de diciembre de dos mil catorce.
18.- Mediante escrito presentado el 18 de marzo del 2015 el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), JULIO JURADO FERNANDEZ, manifiesta que se llegó a la conclusión de que no existe ruptura lineal entre las coordenadas indicadas en el derrotero de la Ley 9223, por lo tanto el polígono del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo es correcto. Por lo tanto, solicita que se deje sin efecto lo manifestado en el punto E del informe SINAC-DE-131-2015.
19.- Mediante escrito a folios 640 y 641, ROBERTO SOTO VEGA, quien dice ser abogado de los coadyuvantes, informa que la causa penal 04-5075-697-PE tramitada en los Tribunales de Limón, los investigados fueron sobreseidos. Ello lo informa por cuanto el accionante solicitó ampliación de medida cautelar en dicho expediente, sin indicar que se encuentra archivado. Además, adjunta copia de la respuesta SINAC-ACLAC-DR-0154-15 del 23 de abril de 2015 a la nota enviada por el accionante AEL-024-2015.
20.- Mediante escrito presentado el 19 de agosto del 2015, varios vecinos de las comunidades costeras en el Caribe Sur dentro y aledañas al Refugio Nacional de Vida Silvestre de carácter mixto Gandoca-Manzanillo, solicitan audiencia con el Magistrado Instructor.
21.- Mediante escrito presentado en enero del 2016, el accionante indica que, la Ley impugnada es inconstitucional.
22.- Mediante resolución del Magistrado Instructor, de las 11:06 horas del 20 de enero del 2016 se solicitó a la ASAMBLEA LEGISLATIVA la siguiente información sobre el expediente legislativo no.18.207: 1) Listado de todas las consultas realizadas. 2) Se aporte copia del estudio técnico que sustentó el proyecto. 3) Se aporte una copia certificada de todos los expedientes de dicho proyecto de ley.
23.- Mediante escrito del 26 de febrero del 2016 el Presidente de la Asamblea Legislativa envía copia certificada del expediente legislativo solicitado.
24.- Mediante escrito presentado el 17 de marzo del 2016 el coadyuvante Luis Fernando Arias Molina indica que este caso corresponde a una iniciativa de los pobladores del Caribe Sur para aclarar la confusión sobre los correctos límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, a fin de garantizar el respeto y equilibrio entre los derechos fundamentales de los pobladores y el cumplimiento de los objetivos de la declaración del Refugio.
25.- Mediante escrito presentado por el recurrente el 22 de agosto del 2016 indica que presenta prueba para mejor resolver, que es correos de la Viceministra de Ambiente y Energía donde reconoce la emisión de permisos de construcción por parte de la Municipalidad de Talamanca dentro de la zona marítimo terrestre.
26.- Mediante escrito presentado el 20 de setiembre del 2016, el representante de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo aporta copia del informe presentado, en el 2010, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Situación de los derechos humanos de los afrocaribeños, campesinos e indígenas del cantón de Talamanca, Costa Rica”.
27.- Mediante resolución del Magistrado Instructor de las 10:03 horas del 17 de marzo del 2017 se solicitó como prueba para mejor resolver: A) Al DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, coordine la realización de un peritaje a fin de determinar lo siguiente: 1. Si en efecto el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo ha sido reducido en tamaño y biodiversidad, debido a la aprobación de la Ley 9223 del 20 de marzo del 2014 denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”. Indíquese en concreto un cuadro comparativo con las dimensiones antes y después, y con el porcentaje de reducción en cada caso. 2. Pronunciarse sobre lo afirmado por la Procuraduría General de la República en su informe. En concreto sobre las exclusiones que se realizan, y las observaciones que realiza a la insuficiencia del informe técnico, a saber: -Parte de la ocupación efectiva de la totalidad del área excluida. Sin embargo, de las 406.32 has que el Proyecto de Ley propone desafectar, solo 233.41 hectáreas, corresponde a las propiedades censadas. Estas últimas equivalen al 34.34 % de la Zona 1”. -El estudio presupone algo que no es cierto, que, como consecuencia de la exclusión, la administración de los terrenos recaería en la municipalidad, bajo las restricciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, salvo aquellos sectores que califiquen como Patrimonio Natural del Estado: “Es importante señalar que el área que se pretende segregar del Refugio Mixto de Vida Silvestre sigue siendo administrada por el Estado, lo que varía es el órgano administrador de la misma” (conclusión 2., folio 1476). Sin embargo, la porción excluida del Refugio en la Ley No. 9223 no es solamente Zona Marítimo Terrestre, sino que se desafectó una franja que puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. 3. Pronunciarse sobre el Informe técnico que realizó el Sistema Nacional de Areas de Conservación. En concreto sobre si dicho informe técnico: -Se refiere de forma específica y suficiente sobre el área de reducción y su contexto. -Si se evalúa adecuadamente el impacto en el ambiente y los ecosistemas. -Si las recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos, o las medidas de mitigación, conservación o reparación, quedan suficientemente claras y especificadas. -Si dicho estudio justifica científicamente la medida adoptada por la ley. -Si las medidas adoptadas continúan ajustándose a las exigencias sustanciales del artículo 50 constitucional y la protección del derecho al ambiente. 4. Pronunciarse sobre el impacto que la aprobación de dicha ley ocasiona en el ambiente y los ecosistemas. Se le indica que, puede tener acceso al informe de la Procuraduría y al informe Técnico del SINAC, que constan en el expediente de esta acción, en coordinación con el Secretario de la Sala Constitucional. B) Al DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION, aclare si se tomaron en concreto medidas de compensación con ocasión de la aprobación de la Ley 9223 del 20 de marzo del 2014 denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” y detalle en concreto cuáles son dichas medidas, y en qué documento constan.
28.- Mediante escrito presentado el 16 de mayo del 2017 el accionante presenta copia del Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona marítimo terrestre.
29.- Sobre la prueba anterior, informa bajo juramento, MARIO COTO HIDALGO, en su calidad de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Areas de Conservación, en resumen que: Las comunidades de Puerto Viejo, Gandoca y Manzanillo no están afectadas por dicho decreto. Se encuentran fuera del refugio. Las personas afrodescendientes de las comunidades del Caribe Sur viven sumidos en el terror y la zozobra pues desde el 30 de noviembre del 2012 se cierne sobre ellos la amenaza de ser desalojadas de sus tierras ancentrales. La solución para el caso específico del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo fue la aprobación de la ley 9223. No existen razones suficientes para considerar la necesidad de medidas de compensación con ocasión de la aprobación de la Ley 9223. La condición y estado de las áreas urbanas y las comunidades aledañas descritas por el decreto de creación, siempre fueron tales, asentamientos humanos históricos a los cuales la mencionada ley permite reconocer los legítimos derechos de la comunidad Afrodescendiente y de los poblados costeros del Caribe Sur.
30.- Se apersona ROBERTO SOTO VEGA, en su calidad de abogado representante de los coadyuvantes, presentando acuerdo del Concejo local de Manzanillo de interés para el presente asunto, referido al “abuso incesante e infundado de Levy Virgo ante las más elevadas autoridades e instituciones del país”.
31.- Sobre la prueba anterior, informa bajo juramento, VIRYA BRAVO DURAN, en su calidad de Directora Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, en resumen que: Sobre la determinación de reducción del área y biodiversidad del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (RNVSGM) el análisis por comparación de los escenarios (1985 vs 2013 de 3,72% y 1985 vs 2014 de 3,45%) evidencia en ambos casos la reducción del área del refugio, aunque genera incertidumbre respecto al área reducida por inconsistencias entre la cartografía y el informe. Sobre la valoración de la biodiversidad, no existen datos suficientes, ni previos ni posterior a la Ley 9223 que permitan obtener la valoración total. Sobre lo que indica la Procuraduría General de la República, el área desafectada incluyó tanto Zona Marítimo Terrestre como tierra adentro. En consideración del tipo de territorio desafectado, la administración del área que entre 1985 y 2014 estuvo en manos de SINAC según la regulación de áreas protegidas, sería trasladada a partir del 2014 a la Municipalidad de Talamanca con la aprobación de la Ley 9223, siempre y cuando el área no sea clasificada como Patrimonio Natural del Estado. Aunque cambia la administración de parte del territorio, las áreas desafectadas que califican en los regímenes “Patrimonio Natural del Estado y Bosque” continúan regulados por la Ley Forestal, siempre y cuando esta se cumpla. Sobre el informe técnico del MINAET-SINAC, este no es consistente con la información obtenida a partir del análisis espacial realizado con las capas que el SINAC aporta. El informe técnico no evalúa el impacto en el ambiente y los ecosistemas, debido a que esta evaluación no era una obligación de la normativa vigente. El informe técnico no especifica recomendaciones para evitar riesgos, prever efectos negativos o adversos, o las medidas de mitigación, conservación o reparación. Estas recomendaciones no aplican para este tipo de documento, corresponde realizarlas al “Plan General de Manejo para áreas silvestres protegidas (ASP)”. El informe técnico parcialmente fundamentó de manera científica la justificación para que los diputados acordaran la medida adoptada por la Ley 9223. El informe técnico promueve el reconocimiento de los derechos de los habitantes del RNVSGM, la desafectación del área podría en alguna medida ocasionar impactos ambientales que afecten este derecho. Sobre el impacto en el ambiente y los ecosistemas, es muy probable que con la desagregación del área terrestre contigua al área marina protegida, se elimine la zona de amortiguamiento para los ecosistemas marino-costeros. Esta desagregación tendría un potencial efecto negativo sobre los ecosistemas, especialmente para los coralinos debido a su fragilidad biológica. Además, el coral es clave para la productividad de especies marinas, muchas de las cuales son de importancia para la pesca de las comunidades locales. La conservación de los ecosistemas en esta zona litoral es importante como medida de adaptación ante la amenaza del aumento en el nivel del mar y la influencia de eventos climáticos extremos provocados por variabilidad climática.
32.- El representante de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, presenta escrito manifestando que consideran que la respuesta del SINAC recoge adecuadamente los principios y el espíritu de la formulación y procedimiento que llevó a la emisión de la Ley no.9223.
33.- Mediante constancia del 17 de noviembre del 2017, el Magistrado Instructor hace constar que el pleno de la Sala consideró necesario realizar una vista, antes de que la acción sea resuelta.
34.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala Constitucional, de las 10:25 horas del 04 de febrero del 2019, se convocó a una audiencia oral a celebrarse a las 09 horas del 28 de febrero del 2019.
35.- Según constancia del secretario a.i de la Sala Constitucional, se hace constar que a las 9:09 horas del 28 de febrero del 2019 se dio inicio a la audiencia oral señalada. Dándose por terminada a las 12:07 horas de ese mismo día.
36.- El accionante presenta escrito el 04 de marzo del 2019 indicando que presenta réplica a las manifestaciones del señor Ministro del Ambiente en la audiencia oral del 28 de febrero del 2019.
37.- Mediante escrito presentado el 11 de marzo del 2019, se presenta GRETTEL VEGA ARCE, en su calidad de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Areas de Conservación, a manifestar lo siguiente sobre lo señalado en el informe de la Procuraduría General de la República sobre el informe técnico SINAC: 1) Sobre la exclusión de 188 ha, con cobertura de bosque, indica que el informe técnico sí procedió a establecer las características de la zona que se vería afectada. Siendo que la Llanura Costera Cocles-Manzanillo fue identificada por entidades técnicas calificadas, como una zona de asentamientos humanos, consolidada antes de la declaración del área silvestre. Así, el informe técnico del SINAC confirmó que el área de 406,52 has afectadas corresponden únicamente al 43,53% del área de la Zona 1 del plan de manejo vigente, sin afectar el estado de conservación de los ecosistemas, poblaciones silvestres y atributos geológicos y geomorfológicos que constituyen los objetivos de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. En resumen, no se está en presencia de una disminución de un Area Silvestre Protegida sino de una simple corrección del error material cometido al incluir a las comunidades de Puerto Viejo, Manzanillo y Gandoca. 2) Sobre la pregunta por qué se está excluyendo un hectareaje importante con cobertura de bosque, que no van a quedar siendo Patrimonio Natural del Estado ni ZMT: La sumatoria de 41,42 has de bosque propiamente dicho en ZMT más 164,55 has de estructuras tipo bosque en propiedad privada suman las 205,97 has de bosque y de estructuras tipo bosque. Así que no se trata de un bloque compacto de 188 has cercenado al refugio, sino que se distribuyen a lo largo de la zona afectada y sus comunidades. 3) Observación de la Procuraduría sobre la ausencia o debilidad del informe técnico en relación con antigüedad y legalidad de las ocupaciones en el territorio fuera de la ZMT: No debe prevalecer la idea de que se trata de un área silvestre protegida invadida posteriormente a su declaración. El Refugio Gandoca-Manzanillo es de propiedad mixta, así que no deberían presentarse dudas respecto a la existencia de refugios donde haya propiedad privada. No compete a un informe técnico hacer un estudio sobre el estatus de la legalidad de las posesiones ni sobre su origen. El censo aportado es solamente un insumo de referencia parcial sobre tenencia y antigüedad, que puede llamar a confusión. 4) Sobre la observación relativa al posible riesgo que la delimitación establecida podría tener sobre los arrecifes del Refugio: La información ofrecida por el informe técnico es suficiente para respaldar la conclusión de que el recurso arrecifes de coral no se está afectando por la delimitación de la ley. La referencia específica a los arrecifes coralinos y sistemas asociados se encuentra a folio 1433, donde se especifica que en la zona afectada por la ley no se encuentra este tipo de ecosistemas, ya que la misma no contempla la parte marina del Refugio donde ellos se ubican. En el anexo 1 del informe técnico, a folios 1502 a 1506, expone un detallado análisis sobre cuál era la condición del recurso al momento de la declaración del Refugio, su estado, su valor, las principales amenazas potenciales principales y las medidas deseables a tomar para evitar o minimizar tales impactos potenciales. Se explica cómo los riesgos indicados desaparecieron al cesar la actividad agropecuaria y la actividad forestal, y por otra parte, cómo el surgimiento del turismo, como fuente principal y única de la socioeconomía de la zona, estimuló la organización de asociaciones de guías de tierra y mar, de escuelas de buceo y otros servicios similares que, en conjunto con el accionar de los centros operativos del SINAC, han logrado un adecuado control y educación respecto al recurso. La ley 9223 no afecta los arrecifes del Refugio, la amenaza más importante son los fenómenos de sedimentación y contaminación causada por los grandes ríos que atraviesan los cultivos bananeros vecinos. 5) Observación sobre el riesgo a los dos parches de mangle: El principal ecosistema de mangle que protegió la declaración del Refugio tiene una extensión de 200 ha, está ubicado en la Laguna Gandoca, bajo las categorías de PNE y de Humedal RAMSAR. Se ubica a muchos kilómetros al sureste de la zona afectada por la Ley 9223. Respecto a los dos pequeños parches que menciona la Procuraduría, ambos se encuentran clasificados como Patrimonio Natural del Estado y además en la Zona Pública de la ZMT. Los manglares tienen un régimen especial que garantizan su protección sin necesidad de ser parte de un área silvestre protegida. 6) Sobre el principio preventivo y precautorio, no regresión y enfoque integral de los derechos humanos ambientales. Conclusiones: se considera que la Ley 9223 no transgrede la progresividad del derecho ambiental que debe estar orientada a responder a un desarrollo sostenible que se aplique en sus tres dimensiones: respeto al ambiente, justicia y equidad social y equilibrio económico. El estudio técnico aportado por el SINAC a solicitud de la Asamblea Legislativa constituye la justificación técnica que dio soporte a la desafectación adoptada por los diputados en la ley objeto de esta acción. 
38.- Mediante escrito presentado el 18 de marzo del 2019, se apersonan miembros del Consejo Local Ambiental del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde realizan varias consideraciones a favor de la ley impugnada. Nuevamente, el 27 de marzo del 2019 se apersonan la representante del Consejo Multisectorial Ambiental, donde indica que aclara las erróneas interpretaciones que el accionante ha hecho.
39.- Mediante escrito presentado el 20 de marzo del 2019, el representante del accionante indica en resumen que, aporte un resumen de las incongruencias sobre el informe técnico del SINAC y sobre las declaraciones de funcionarios del MINAE a la Sala Constitucional el día de la audiencia oral.  Posteriormente, mediante escrito del 29 de marzo del 2019, el accionante indica una situación respecto de uno de los comparecientes a la audiencia oral. Mediante escrito presentado el 01 de abril del 2019, el  compareciente aludido por el accionante en escrito anterior, se apersona a realizar ciertas manifestaciones sobre su situación.
40.- Mediante escrito presentado el 01 de abril del 2019, el accionante se apersona a realizar ciertas manifestaciones sobre el Presidente de la Asociación de Desarrollo de Manzanillo. Mediante escrito presentado el 02 de abril del 2019, el Presidente de la Asociación aludida por el accionante, se presenta a responder los alegatos del accionante.
41.- Mediante constancia del 03 de abril del 2019, se indica que esta acción fue llevada a la sesión de esa fecha, donde se acordó solicitar prueba para mejor resolver.
42.- Mediante resolución de las 09:16 horas del 10 de abril del 2019, se solicitó a la Procuraduría General de la República, informara sobre lo siguiente: de lo siguiente: 1) Si del área desafectada que se indicó en la vista, sea las 188 hectáreas de bosque, existe o no un estudio de tenencia de la tierra. En caso afirmativo, cuál es la situación jurídica de las personas que la habitan, propiedad registral, posesión de derecho, posesión de hecho y otra. De no existir el estudio de tenencia, cuál sería el plazo aproximado para realizarlo. 2) En cuántas acciones posesorias y acciones reivindicativas la Procuraduría General de la República ha figurado como parte relativas a la citada área.
43.- Sobre la prueba anterior, informa la Procuradora General Adjunta, lo siguiente: I) Sobre el estudio de tenencia de la tierra en la zona boscosa desafectada por la ley n°9223: ese órgano ha examinado tres mapas con numeraciones diferentes de parcelas, uno de ellos proporcionado por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y los otros dos facilitados por el Sistema Nacional de Areas de Conservación (Sinac). Para ilustrar la diversa numeración de parcelas se incorporan imágenes del sector de Punta Uva en los diferentes mapas. 1. Mapa del Bloque 8 sección A del proyecto de titulación Limón-BIRF 2764, proporcionado por el Inder. Se realizaron numerosas segregaciones y traspasos a particulares con posterioridad a la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. La finca fue cerrada en enero del año 2009. 2. Mapa de setiembre de 1994, facilitado por el SINAC. 3. Mapa de junio de 1989, elaborado bajo el Convenio IDA-Catastro-Mirenem-Asociación Anai, donde se destacó el sector desafectado por la Ley n°9223. El mapa del bloque 8 no se acompañó de la información de todas las parcelas en él descritas. Además, en el sector desafectado por la ley 9223, este mapa contiene menos parcelas que las referencias en los otros mapas. Por su parte, el mapa de setiembre de 1994 (mapa 2) se acompaña de una serie de nombres de personas físicas y jurídicas asociados a números de parcelas, rotulada “Lista de propietarios de las fincas ubicadas en el Sector de Gandoca Manzanillo”, pero no contiene datos adicionales como número de finca o de plano catastrado que permitan determinar la situación jurídica de cada persona. Tal listado no puede considerarse un elenco de “propietarios” dado que se incluyen casos como los de las parcelas 340 (parcela donde se ordenó su desalojo por resolución judicial), 341 y 345 (parcelas que no han generado finca según el sitio web del Registro Nacional).  El mapa de setiembre de 1994 (mapa 2) y el listado de supuestos “propietarios” es el que habría sido aportado al expediente legislativo. En razón de las falencias anotadas, ese órgano asesor se avocó al estudio del mapa de junio de 1989 (mapa 3). Ese mapa se examinó en conjunto con las imágenes del expediente legislativo para determinar los sectores identificados con cobertura boscosa. Además, se utilizó el listado rotulado “Tenencia en el área titulada, Ley 9223” elaborado por el SINAC en fecha 06 de mayo del 2019. En los sectores del área desafectada con cobertura boscosa se identificaron cerca de 40 fincas, y al menos 14 terrenos sin constancia de estar inscritos (4 sin plano ni información que permita determinar su situación jurídica. 10 que cuentan con plano, pero no han generado finca, se desconoce si actualmente están siendo ocupados por las personas identificadas en el anexo 8 y bajo qué título). II) Sobre los procesos donde la Procuraduría haya participado relativos a las zonas boscosas desafectadas por la ley n°9223: Se identificaron 4 expedientes en los cuales la Procuraduría ha participado y en los que el terreno objeto del proceso está ubicado en el sector boscoso desafectado de interés. Procesos tramitados en el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón. En todos ellos este órgano se ha manifestado en contra de las pretensiones posesorias de los particulares. El proceso ordinario se encuentra en estado de abandono y en las informaciones posesorias la representación del Estado ha solicitado en la etapa de audiencia final la improbación de las diligencias por no haberse demostrado la usucapión previa  a la creación del Refugio. Se hace referencia a cada proceso, y su ubicación en el mapa de cobertura boscosa. III. Conclusiones: Sí existe un estudio de tenencia de la tierra del área desafectada. Sin embargo, no está completo, hay terrenos de los cuales no se dispone información. Del área con cobertura boscosa hay información catastral-registral de aproximadamente 40 fincas, e información catastral de 10 terrenos sin inscribir, de los cuales no se encontró información adicional a la catastral. Se desconoce si actualmente están siendo ocupados por las personas identificadas en el Anexo 8, o bajo qué título ocupan, debido a que un plano castrado no demuestra la posesión de un terreno. De 4 terrenos en áreas boscosas no hay información disponible. En los sectores boscosos desafectados por la Ley n°9223 se identificaron 4 procesos judiciales en los cuales la Procuraduría ha participado. En esas informaciones posesorias la Procuraduría solicitó la improbación por no haberse demostrado la usucapión previa a la creación del Refugio.  
44.- Mediante escrito presentado el 16 de mayo del 2019 por Emily J. Yozell Wolf, se indica que se presenta un resumen de datos esenciales ya incluidos al expediente, que aseguran que la Ley 9223 no presenta vicios constitucionales.
45.- Mediante resolución de las 10:52 horas del 17 de mayo del 2019 se solicitó como prueba para mejor resolver a la Procuraduría General de la República, en su carácter de Asesor Objetivo Imparcial de este Tribunal, informe de lo siguiente: 1) Si del total del área desafectada existe un estudio de tenencia de la tierra, donde se pueda determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan “los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur”.  2) Visto el folio 65 del Informe Técnico “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur expediente n°8.207” del año 2013, se indica que: -Existen 393 propiedades, de las cuales el 64% están dentro de la zona marítimo terrestre. ¿Cómo se puede interpretar esta desafectación a efectos del régimen especial de la zona marítimo terrestre? -De las 406,32 hectáreas desafectadas se censaron 233,41 hectáreas. ¿Lo cual significa que del resto de hectáreas no hubo censo? ¿El censo que existe es fidedigno en identificar a los pobladores con anterioridad a 1985? -El 49% de la población está establecida antes de la declaratoria del Refugio en 1985. ¿Entonces el 51% de la población, y por tanto, las propiedades que habitan, son habitantes ilegítimos pues llegaron con posterioridad a la creación del Refugio?
46.- Mediante escrito presentado el 21 de mayo del 2019, se apersonan representantes de la Asociación Integral de Desarrollo de Manzanillo, a manifestarse sobre la prueba solicitada a la Procuraduría, indicando que el censo aportado no es fidedigno en identificar a los pobladores con anterioridad a 1985, ni era su intención hacerlo.
47.- Sobre la prueba anterior, informa la Procuradora General Adjunta, lo siguiente: 1) En la documentación disponible en el expediente legislativo no se puede determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur. Lo anterior, por cuanto en los listados de terrenos sin inscribir y de fincas inscritas aparecen los nombres de establecimientos comerciales o personas jurídicas de los cuales se desconoce quiénes son los propietarios o los socios. 2) No sería válido ni conforme a la Constitución interpretar que los terrenos excluidos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo por la Ley n°9223 que se encuentren ubicados en la franja de doscientos metros de ancho a lo largo del litoral, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, así como las áreas ocupadas por los manglares y esteros (zona pública), y la franja de ciento cincuenta metros contigua a éstos (zona restringida), entre otros bienes, quedaron desafectados del régimen especial que cobija la zona marítimo terrestre. La Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente que una desafectación implícita no es acorde con el Derecho de la Constitución, requiriendo de un acto legislativo expreso y concreto, de tal manera que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado (votos 10466-2000, 3821-2002, 3480-2003, 8928-2004, 454-2006, 11346-2006, 2063-2007, 2408-2007). Ese órgano asesor conserva las mismas dudas planteadas sobre la frase del informe: “De las 406.21 has que el Proyecto de Ley propone desafectar, 233.41 hectáreas, corresponde a las propiedades censadas. Estas últimas equivalen al 34.34% de la Zona 2”, debido a que no se ha aportado información adicional ni explicación al respecto. Por otra parte, no hay sustento probatorio de la información consignada en la lista de folios 1559 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo por el SINAC. No hay constancia de si el tiempo de ocupación consignado en los folios 1566 a 1569 proviene del dicho de los mismos ocupantes, o de elementos objetivos debidamente documentados. Respecto de esta lista, en el informe SINAC-DE-0286 del 7 de marzo del 2019 únicamente se afirma que: “Se admite que el no haber aclarado que el censo aportado por las organizaciones comunales, que aparece a folios 1558 a 1569, constituía solamente un insumo de referencia parcial sobre tenencia y antigüedad, llama a confusión y podría justificar las observaciones e interrogantes.” Las interrogantes no han sido aclaradas. La afirmación contenida en la página 65 del Informe en el sentido de que “el 49% de la población está establecida antes de la declaratoria del Refugio en 1985” admite la interpretación “a contrario sensu” de que el 51% restante se estableció después de la declaratoria del Refugio. Sin embargo, no contamos con la información para determinar si ese 51% puede calificarse como ocupantes ilegítimos, o contaron con algún título o autorización administrativa que legitimara la ocupación de las tierras. Lo anterior por cuanto, como se indicó en el informe anterior, en la zona existió el proyecto de titulación Limón-BIRF 2764 que nació y se ejecutó con posterioridad a la declaratoria del Refugio. A folio 1644 del expediente legislativo, el SINAC proporcionó nuevamente las coordenadas propuestas en el informe remitido mediante oficio SINAC-DE-1972 con unas modificaciones debido a errores en el texto de los folios 1473-1474, con esas coordenadas, por medio de moción, se aprobó un cambio en el texto y así se aprobó en primero y segundo debate. Lo anterior agrega incerteza sobre la superficie a la cual se refiere la lista denominada censo y el informe remitido por el oficio SINAC-DE-1972 en relación con el área que finalmente fue excluida del Refugio. CONCLUSIONES: de la documentación disponible en el expediente legislativo y la remitida por el SINAC, no se puede determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur. En criterio de ese órgano asesor no sería conforme a la Constitución interpretar que los terrenos excluidos del Refugio quedaron desafectados de cualquier otro régimen especial como el de la zona marítimo terrestre, dado que no opera una desafectación implícita. La lista de folios 1566 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo en la página 65 del informe del SINAC, no es fidedigna en identificar a los pobladores con anterioridad a 1985 y o queda clara su cobertura respecto del área finalmente excluida por la Ley n°9223. No contamos con la información para calificar la legítima o ilegítima la ocupación de la población establecida con posterioridad a la declaratoria del Refugio. 
  48.- Mediante escrito presentado el 22 de mayo del 2019, se apersona Emily J. Yozell Wolf, a manifestar comentarios sobre lo informado por la Procuraduría. Recordando que la Ley 9223 es el sexto intento de los Poderes Públicos por establecer los correctos y definitivos límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
49.- Mediante escrito presentado el 12 de junio del 2019, representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo y otros, solicitan la pronta resolución de esta acción.
50.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Cruz Castro, excepto el considerando VII que lo redacta el Magistrado Castillo Víquez.; y,

CONSIDERANDO:

I.- Objeto de la impugnación.- El accionante impugna la ley denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental. Estima el accionante que tal Ley es inconstitucional en virtud de que reduce la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, excluye de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek. La porción excluida del Refugio ocupaba un promedio de 250 metros entre la Ruta Nacional No. 256 y la playa, siendo que en Cocles, por espacio de 500 metros, el Refugio ocupaba solamente los 50 metros de la Zona Pública. En el sector entre la quebrada Ernesto y el río Rojo, la franja excluida puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. Todo ello sin cumplir son los requisitos de compensación y estudios técnicos. En concreto:


VICIOS DE FORMA:
  
Vicio de forma por insuficiencia técnica del estudio: en el voto no.2012-13367 donde se resolvió la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley que dio origen a la ley impugnada, esta Sala consideró inconstitucional que el proyecto se sustentara en un estudio incompleto (porque no determina técnica y científicamente el impacto real sobre el ambiente) y aunque luego los interesados hacen un nuevo estudio, este adolece de los mismos vicios anteriormente señalados por la Sala. Lo cual es ratificado por el Departamento de Servicios Técnicos mediante oficio CON-005-2014 del 18 de febrero del 2014.
Violación al Convenio No. 169 de la OIT, específicamente su artículo 6, que contiene la obligación de consultar a los pueblos interesados cuando sus tierras y sus intereses culturales pudieran verse afectados por la promulgación de alguna normativa. Como lo es el pueblo Kekoldi, grupo que se está viendo seriamente afectado con esta ley. Este requisito se incumplió completamente sustituyéndose por consultas a organizaciones no necesariamente representativas de estos grupos. Adicionalmente el proyecto debía ser consultado a los Consejos Regionales Ambientales, según art.6 de la Ley Orgánica del Ambiente.




VICIOS DE FONDO


  
Violación al principio constitucional de compensación: cuando se presentan situaciones como la ley impugnada que trata de reconocer derechos a una comunidad, cercenando parte de una zona protegida (como lo es el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) lo que debe operar en forma inmediata es la regla de compensación, la cual no se dio en este caso. Esta regla ha sido recientemente reconocido y aplicado por esta Sala mediante el voto no.2014-12887 de las 14:30 horas del 08 de agosto del 2014, donde se establece como requisito adicional para la desafectación de áreas silvestres protegidas la obligación estatal de compensación del área suprimida con otra de al menos igual tamaño. Además, habría que agregarle que el terreno debe ser necesariamente adyacente al área protegida y ecológicamente equivalente.
Violación del artículo 7 Constitucional: el principio de irreductibilidad o no regresión tiene sustento en el Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de Washington (Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América), que prohíben la reducción de la superficie de áreas silvestres protegidas, salvo que se cumplan 3 requisitos: mediante ley, sustento en estudios técnicos y la compensación territorial del área suprimida. En este caso se adolece de dos de estos requisitos. Violación además de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención RAMSAR) pues el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue incluido por Costa Rica dentro de la lista de humedales de importancia internacional, abarcando la totalidad del área silvestre protegida, incluyendo la zona costera, la cual se desafectó mediante esta ley impugnada.
Violación del principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre por cuanto las zonas urbanas que fueron segregadas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo pasarán a jurisdicción de la Municipalidad de Talamanca, y son zonas que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre y podrán ser dadas en concesión, conforme la Ley No. 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, la cual está siendo impugnada mediante otra acción de inconstitucionalidad.
 
II.- La legitimación del accionante en este caso.- El actor ostenta legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que para ello resulte necesario que cuenten con un asunto previo que les sirva de base a esta acción. Lo anterior porque acude en defensa de un interés que atañe a la colectividad nacional en su conjunto, como lo es el derecho al ambiente. Por lo que el actor se encuentra perfectamente legitimado para accionar en forma directa, a la luz de lo que dispone el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, se trata de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Además, el actor cumplió los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo del asunto.
III.- Sobre la metodología de análisis de la acción.- Para facilitar el estudio de la normativa impugnada, en los considerandos siguientes se analizarán los argumentos expuestos por el accionante, iniciando con un considerando que explica de manera general los antecedentes de esta Sala sobre la reducción de zonas protegidas.
IV.- Sobre los antecedentes de esta Sala en cuanto a la reducción de zonas protegidas, y en concreto sobre el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.- La jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha sido amplia en cuanto a los requisitos para poder reducir un área silvestre protegida, conforme al derecho fundamental al ambiente. Además, también esta Sala se ha pronunciado en específico sobre la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Así se tiene la siguiente síntesis:


1. Requisitos constitucionales para la reducción de área silvestre protegida (reserva legal y estudios técnicos): En apoyo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente (“la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”), ha habido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que para la reducción de un área silvestre protegida deben cumplirse dos requisitos esenciales: “por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida.” (Sala Constitucional, votos números 13367-2012 y 010158-2013. En similar sentido, las sentencias números 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 y 14772-2010, entre otras). Tal como se dijo en la resolución mencionada de 1998:




“(…)una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determianda área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional…” (voto No. 7294-1998).




Concretamente sobre la reserva legal en esta materia, en el voto No.14772-2010 se dijo:


“(…) no se puede modificar el destino público de un bien del demanio público sin un acto legislativo, es decir, la reducción de área de una zona protegida se encuentra bajo la garantía que proporciona el principio de reserva de ley. Si bien, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para constituir las Áreas Silvestre Protegidas mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa norma, así, el Parque Nacional Corcovado se constituyó mediante los Decretos Ejecutivos No. 5357-A del 24 de octubre de 1975 y 1148-A del 5 de febrero de 1980, su modificación solo podrá hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, previo estudios técnicos y científicos, y mediante un acto legislativo.” (resaltado no corresponde al original).




Asimismo, en sentencia no.1056-2009 se indicó que la reducción únicamente es posible vía legal:


“cuando de la ampliación de los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se trata es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata, únicamente se puede hacer vía legal , claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009)


Lo cual fue aplicado cuando la Sala declaró inconstitucional la norma reglamentaria (Decreto Ejecutivo Nº 32753-MINAE) mediante la cual el Poder Ejecutivo disminuyó el territorio del Refugio Gandoca-Manzanillo, sustrayendo del área y del régimen de protección, la zona urbana del Refugio. Según se detalla más adelante.


Además, en cuanto a los estudios, estos deben ser previos, suficientes, necesarios e individualizados –como se indica en el apartado siguiente-. Así se dijo en esa misma resolución de 1998:
“De acuerdo con lo citado, mutatis mutandi, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido, podemos hablar de niveles de desafectación. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí que, para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del artículo 50 constitucional. El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios , aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucinal, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente.” (resaltado no corresponde al original).




2. Estudio técnico como un análisis científico e individualizado: La Sala se ha referido a la suficiencia del estudio técnico, cuando mediante varias resoluciones ha establecido que dicho estudio debe ser un análisis científico e individualizado. Así se dijo lo siguiente:


 “el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado , el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.” (Voto No. 13367-2012. Véase además el No. 10158-2013).




De lo cual se desprende que, el estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y que es la objetivación del principio constitucional de razonabilidad en materia de protección al ambiente, requiere de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas:
  
El grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente;
Las recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en el ambiente;
La demostración de cómo la medida que se toma, implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.


En síntesis, dicho estudio previo debe demostrar que la desafectación es conforme con la protección constitucional al derecho al ambiente, pues como se dijo en el voto no. 18702-2010 “no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito".




3. Exclusión, vía decreto, de áreas urbanas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo conllevó una desprotección al ambiente: Esta Sala Constitucional estableció en su voto No. 1056-2009 que la exclusión de áreas urbanas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, más aún, realizada por medio de un decreto, conllevaba desprotección del derecho al ambiente:




“Además, se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales. De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales.” (resaltado no corresponde al original).




4. Estudio técnico en el proyecto de ley que dio origen a la Ley impugnada, considerado insuficiente: En el voto No. 2012-13367, dictado para resolver la consulta legislativa facultativa en el trámite de esta misma Ley, se analizó el estudio técnico incorporado al expediente en ese momento, considerándolo insuficiente para justificar la reducción:


“VII. Sobre el estudio técnico presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional del MINAET. En el expediente legislativo consta visible a folios 952 al 981 del tomo cuarto, el documento titulado “Criterio Técnico del Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, respecto al proyecto de ley 18.207”, elaborado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones, de 2012. El documento se estructura en 6 capítulos, de la siguiente manera: “Capítulo I. Antecedentes de la Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Capítulo II. El Decreto de Creación del Refugio Nº 16614-MAG de 1985. Capítulo III. Decretos posteriores al Decreto de Creación del refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Capítulo IV. Relevancia Fragilidad de Ecosistemas y la Zonificación para la Consolidación Manejo y Control. Capítulo V. Caracterización del área cuyos límites rectifica el proyecto de ley No. 18.207. Capítulo VI. Recomendaciones y Conclusiones.” Los primeros tres capítulos son resumen y descripción de lo que existe (Antecedentes históricos relacionados con la creación del Refugio y resumen de la reglamentación vigente). Respecto del IV capítulo, el resumen introductorio del documento describe su contenido de la siguiente manera: “indica la labor desarrollada por el MINAET para dotar al ASP con un sólido instrumento que garantizara su consolidación y adecuados manejo y control. Este instrumento se conoce como un Plan de Manejo y su correspondiente Reglamento de Zonificación, los cuales fueron adoptados y declarados de aplicación obligatoria por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) desde 1996.” También en el mismo resumen introductorio se lee respecto del capítulo V: “El Capítulo V presenta los resultados de una caracterización actual del área del Refugio que el proyecto de ley, Expediente No. 18.207, propone rectificar, realizada por un equipo profesional del SINAC/ACLAC, siguiendo los lineamientos vigentes que para tales efectos exige la ley.” El capítulo IV, como ya se dijo, explica el Plan de Manejo que rige el Refugio. En él se describen las 15 zonas en que fue dividido el refugio en su estado actual, se ubica en mapas los humedades RAMSAR y, sin mayores datos sobre las relaciones entre los asentamientos humanos con las demás zonas continentales o marinas del Refugio, se concluye que: “la Zona 1. Llanura Costera Cocles-Manzanillo, corresponde al área de los asentamientos humanos preexistentes a la declaración del ASP, y no representa en sí misma el núcleo u objeto de conservación principal del RNVS-GM.” El capítulo V se desarrolla en 5 páginas, de la 22 a la 26, folios 973 al 977 del Expediente Legislativo, Tomo 3. En la página 22 del documento, se explica la metodología del estudio, en los siguientes 3 folios se incluyen mapas con una pequeña explicación al pie y en el folio 977 se incluye un cuadro sobre los resultados de la caracterización de la llanura costera Cocles-Manzanillo (Zona 1). El capítulo evidencia que el MINAET ha realizado un estudio de muestreo de la zona, para identificar las diferentes áreas boscosas o población forestal y tiene medido dentro de la zona 1, el área boscosa y la urbana. Sin embargo, esta Sala considera que llevan razón los consultantes en el sentido de que el estudio no satisface los requerimientos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 constitucional, y el Derecho Internacional Ambiental. El artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es una norma protectora, establece una garantía a favor de las áreas silvestres protegidas y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional. De la norma se infiere, en primer lugar, que el estudio técnico indicado en la norma es un requisito ineludible y esencial para la aprobación de la medida legislativa reductora del área de protección, lo que se desprende de la frase “sólo podrá” y “después”, cuyo incumplimiento trae aparejada la declaratoria de invalidez de la medida. En segundo lugar, se trata de un estudio técnico -esto es, conforme con las ciencias y las técnicas que tienen por objeto de estudio del ambiente y los ecosistemas- a fin de determinar el impacto de la medida legislativa en los mismos. En tercer lugar, el estudio debe ser específico y versar sobre el área de reducción y su contexto, a fin de evaluar el impacto y emitir las recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos o bien plantear las medidas de mitigación, conservación o reparación correspondientes. En cuarto lugar, el estudio tiene por finalidad justificar científicamente la medida. Finalmente, el estudio tiene que ajustarse a las exigencias sustanciales del artículo 50 constitucional y tiene que demostrar cómo la medida que se toma, continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de política de desarrollo sostenible. Llevan razón los consultantes al advertir que el Estudio omite analizar y pronunciarse sobre el impacto de la zona por desafectar en la zonas marinas y continentales del Refugio, dado que la misma constituye su enlace e incide en el equilibrio en la totalidad del Refugio. Tampoco examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre, ni determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida, ni mucho menos plantea medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general. No se analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. En síntesis, el estudio presentado, si bien relacionado con el tema, es manifiestamente incompleto puesto que las exigencias sustanciales derivadas de la propia materia que tutela, no se ven satisfechas. En efecto, el estudio técnico en cuestión omite demostrar cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado. Por otro lado, la regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada. El estudio tiene que justificar con criterio científico sustentado que la desafectación es una medida viable desde la perspectiva ambiental en el marco de una política de desarrollo sostenible, de lo contrario deviene en una transgresión del principio de no regresividad o irreversibilidad de la protección en los términos explicados supra y una violación material del principio de inderogabilidad singular de las normas. Así las cosas, la falta de evidencia científica justifica fallar conforme al principio precautorio. Asimismo, considera esta Sala que llevan razón las y los consultantes cuando afirman que el Plan de Manejo, el Reglamento de Zonificación y los estudios que les dieron origen (Folios 578-759 y 788 del expediente) no satisfacen las características exigidas por la Ley y derivadas de la Constitución que, según la Sala, debe tener el estudio técnico. En primer término, la finalidad de tales estudios no era justificar la reducción del área de protección; por el contrario, buscaban suministrar la información necesaria para implementar un plan de manejo integral de todo el refugio, incluyendo el área que se pretende desafectar; en otras palabras incumplen la finalidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. En segundo término, no estamos en presencia de un estudio específico sobre el tema de la reducción del área descrita en el artículo 1 del Proyecto y el impacto de la desafectación. Los diferentes informes técnicos, que datan de 1995 y 1996, tenían por objeto de estudio la totalidad del Refugio con miras al Plan de Manejo; razón por la cual no se pronuncian ni evalúan el impacto de la reducción, ni emiten recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos que la misma pudiere ocasionar. Finalmente es importante destacar que no se observa consulta alguna a expertos, ni se reciben en audiencia profesionales destacados de las diferentes disciplinas relacionadas con la temática ambiental, que pudieran haber llenado, mediante sus calificadas opiniones, los vacíos del estudio técnico presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe de la Dirección Regional del MINAET.” (resaltado no corresponde al original)


Dicha insuficiencia obedecía a que, el estudio omitía analizar y pronunciarse sobre el impacto de la zona por desafectar en la zonas marinas y continentales del Refugio. Además, porque tampoco examinaba el impacto, ni determinaba el valor ecológico de la zona ni establecía medidas o recomendaciones para disminuir el impacto negativo sobre el Refugio. Así la Sala determinó que el estudio presentado era manifiestamente incompleto.
V.- Sobre el examen de los alegatos de inconstitucionalidad de la Ley impugnada.- El accionante impugna la ley N°9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” por cuanto se reduce el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, sin cumplir con un estudio técnico suficiente, sin establecer medidas de compensación, sin consultarse al pueblo indígena Kekoldi, violentando el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre (al permitir la concesión en esa zona) y en violación de la Convención RAMSAR sobre humedales. En cuanto a ellos la Procuraduría General de la República indica que resulta de resorte exclusivo de la Sala Constitucional constatar la suficiencia del informe técnico para justificar la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Luego, expone en su informe algunas dudas e inconsistencias detectadas en dicho informe técnico. También considera que hay inconstitucionalidad por la omisión de compensar el área suprimida. Por otro lado, indica que no se demostró lesión al art.6 del Convenio 169 de la OIT, ni al principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre. El Director del SINAC indica que sí hay respaldo técnico a la ley, y no existen razones suficientes para considerar la necesidad de medidas de compensación pues las áreas urbanas y las comunidades aledañas descritas siempre fueron tales, asentamientos humanos históricos a los cuales la mencionada ley permite reconocer los legítimos derechos de la comunidad Afrodescendiente y de los poblados costeros del Caribe Sur. Así que, no hay nada que compensar puesto que a tenor de la Ley No. 9223 las zonas aledañas a este Refugio siempre fueron eso, zonas aledañas y zonas urbanas que no formaban parte del Refugio, según su Decreto de creación. Además indica que, el área del Refugio no afecta ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo. Por su parte, los coadyuvantes, todos se pronuncian a favor de la ley. Indican que, la Ley No. 9223 no es una ley para reducir un área protegida, sino para corregir un error histórico que violentó los derechos de las comunidades asentadas históricamente de previo a la declaración del Refugio. Asimismo indican que, los objetos de conservación y la representatividad del Refugio no se ven afectadas con la reducción planteada. Que se cumplió con el informe técnico, y que no hay nada que compensar puesto que las zonas aledañas a este Refugio siempre fueron eso, zonas aledañas y zonas urbanas que no formaban parte del Refugio, según su Decreto de creación. Finalmente, según la prueba para mejor resolver, solicitada por esta Sala, a la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, se indica sobre el informe técnico que hay reducción del área del refugio, pero hay inconsistencias entre la cartografía y el informe. Además subraya varias omisiones (en cuanto a datos y evaluación del impacto), puntualiza varias inconsistencias.  


Tomando en cuenta todos los anteriores alegatos y argumentos, se procede a continuación examinar si en efecto hay una reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre y cuánto es la reducción (considerando VI) a efectos de determinar el respaldo técnico de tal reducción. Para posteriormente examinar el resto de alegatos del accionante (considerando VII).


VI.- SOBRE LA REDUCCION DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO Y SUS ANTECEDENTES Y SOBRE LA CANTIDAD DE HECTAREAS QUE SE REDUCE.- Lo primero que debe quedar establecido es que, la ley impugnada, n°9223, denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, contiene un único artículo que redefine los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Al redefinir dichos límites, lo que hace, en realidad, es reducir el área de dicho Refugio. Este refugio fue creado mediante decreto ejecutivo no.16614-MAG del 29 de octubre de 1985. Luego de su creación, mediante los artículos 3, 4, 5 y 7 del Decreto número 34043-MINAE publicado en La Gaceta número 202 del 22 de octubre de 2007 se pretendió reducir el área del refugio. Este último decreto fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, según se mencionó supra, que fue resuelta mediante el voto número 2009-001056 de las 14:59 horas del 28 de enero del 2009, declarándose con lugar la acción y procediéndose a anular dichos artículos, por cuanto, se violentó el principio de reserva legal y el derecho al ambiente. Así se dijo:


“De esta forma, al proceder el decreto impugnado a reducir los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo viola el principio de reserva legal pues la reducción de tales límites sólo puede operar mediante una ley debidamente justificada al efecto. Además, se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. (…) De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales.” (resaltado no corresponde al original).


Luego de haberse declarado inconstitucional la reducción del Refugio realizada vía decreto, el día 21 de julio del 2011 fue presentado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 18.207, para redefinir los límites del Refugio. Dicho proyecto fue aprobado en primer debate el 30 de agosto del 2012. Es enviado a la Sala Constitucional en consulta facultativa, la cual es resuelta mediante el voto número 12-013367 del 21 de setiembre del 2012, encontrándose inconstitucional el proyecto de ley consultado, por violación del artículo 50 debido a que la reducción del área del Refugio en cuestión se  sustentó en un estudio incompleto al no determinar técnica y científicamente el impacto en el ambiente. Tal como se transcribió supra, dicho voto indicó lo siguiente:


“VII. Sobre el estudio técnico presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional del MINAET. En el expediente legislativo consta visible a folios 952 al 981 del tomo cuarto, el documento titulado “Criterio Técnico del Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, respecto al proyecto de ley 18.207”, elaborado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones, de 2012. (…)  Llevan razón los consultantes al advertir que el Estudio omite analizar y pronunciarse sobre el impacto de la zona por desafectar en la zonas marinas y continentales del Refugio, dado que la misma constituye su enlace e incide en el equilibrio en la totalidad del Refugio. Tampoco examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre, ni determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida, ni mucho menos plantea medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general. No se analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. En síntesis, el estudio presentado, si bien relacionado con el tema, es manifiestamente incompleto puesto que las exigencias sustanciales derivadas de la propia materia que tutela, no se ven satisfechas. En efecto, el estudio técnico en cuestión omite demostrar cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado. Por otro lado, la regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada. El estudio tiene que justificar con criterio científico sustentado que la desafectación es una medida viable desde la perspectiva ambiental en el marco de una política de desarrollo sostenible, de lo contrario deviene en una transgresión del principio de no regresividad o irreversibilidad de la protección en los términos explicados supra y una violación material del principio de inderogabilidad singular de las normas. Así las cosas, la falta de evidencia científica justifica fallar conforme al principio precautorio...” (resaltado no corresponde al original)


Posteriormente, la Comisión de Agropecuarios aprobó moción el 20 de agosto del 2013 para solicitar al SINAC la elaboración del informe técnico ambiental correspondiente, el cual se presentó, en ese mismo año, denominado “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur Expediente n°18.207”. Así entonces, el proyecto fue aprobado y entró a regir como ley el 08 de abril del 2014, ley n°9223. Ley impugnada en esta acción. De todo lo anterior se entiende que, la ley impugnada, redefine (reduce) los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.


Ahora bien, quedando establecido que la ley que se analiza, al redefinir los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que hace en realidad es una reducción del área del refugio, conviene preguntarse si la ley es clara al indicar CUANTO es esa reducción? La respuesta es no, la ley no es clara al indicar cuánto es el área que se reduce del Refugio. Para saber entonces, cuánto es el área que se reduce, como la ley no lo indica, esta Sala acude al “Informe técnico” mencionado. Según dicho informe, se tiene que:


-La reducción implica un área total de 406.52 hectáreas, de las cuales 205.97 hectáreas corresponden a cobertura de bosque (folio 24 del informe), siendo que de ellas 17 hectáreas están dentro de la zona marítimo terrestre, según el informe de la Procuraduría.


Lo cual nos lleva a entender, en el mismo sentido en que lo expresó la Procuraduría General de la República en la vista, que de la totalidad del área que se reduce, aproximadamente la mitad es bosque. Al respecto, en la prueba solicitada, la Procuraduría General de la República informa que, resulta evidente la falta de sustento técnico para fundamentar la desafectación de la zona boscosa.


         VII.- ARGUMENTOS ADICIONALES A FAVOR DE LA PROTECCIÓN DEL REFUGIO NACIONAL DEL VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO (Redacta Magistrado Castillo V.)



La Sala Constitucional no ha reconocido de manera expresa el principio de no regresión en materia ambiental en su jurisprudencia. Sin embargo, en un fallo reciente hizo mención a este principio. El alto Tribunal manifestó que:

 “(…) principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos;  entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud:‘…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio’. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: ‘Lo anterior constituye una interpretación  evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.’ (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10). En consecuencia, en aplicación de estos dos principios, la Sala Constitucional ha establecido que es constitucionalmente válido ampliar por decreto ejecutivo la extensión física de las áreas de protección (principio de progresividad); sin embargo, la reducción solo se puede dar por ley y previa realización de un estudio técnico ajustado a los principios razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para justificar la medida. El derecho vale lo que valen sus garantías, por ello se produce una violación de estos principios cuando el estudio técnico incumple las exigencias constitucionales y técnicas requeridas. Si tal garantía resulta transgredida, también lo será el derecho fundamental que la garantía protege y es en esa medida, que la reducción de las áreas protegidas sería inconstitucional.

‘Se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales. De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales’. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009)”

Con base en lo anterior, un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante Ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño o en la medida de lo posible.

            Ahora bien, en el caso específico, la Procuraduría General de la República cuestiona que en el informe técnico que sirvió de fundamento a la Ley impugnada, no se justifica adecuadamente la exclusión de 406,32 hectáreas de la Llanura Costera Cocles-Manzanillo que se ordena. Asimismo, no se explica las razones por las que no se excluyeron únicamente los cuadrantes urbanos, sino, además, 188 hectáreas con cobertura de bosque, que quedan excluidas del Patrimonio Natural del Estado, ni forman parte de la Zona Marítimo Terrestre. En el informe remitido mediante oficio número SINAC-DE-0286 del 7 de marzo de 2019, la directora ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación explica que las 188 hectáreas que menciona la Procuraduría General de la República no constituyen un boque compacto, sino estructuras forestales de tipo bosque que, en su mayoría, se encuentran en propiedad privada. Sobre el particular, la explicación que da la directora ejecutiva resulta insuficiente para descartar la objeción externada por la Procuraduría General de la República, pues del estudio del expediente legislativo y la prueba aportada a los autos, no logra demostrarse fehacientemente que el área antes mencionada efectivamente esté conformada por terrenos de naturaleza privada, ya que, de ser así, no habría razón alguna para que dichos terrenos fueran sometidos a una desafectación. Así, cabe recordar que los únicos terrenos que podrían ser desafectados son aquellos que son catalogados como bienes de dominio público, de ahí que hay una contradicción lógica cuando se sostiene que se trata de inmuebles de naturaleza privada que deben ser desafectados, tal y como lo afirma la autoridad recurrida en su informe. El anterior razonamiento se refuerza con base en lo que preceptúa el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley n.° 7554 de 4 octubre de 1995, cuando dispone lo siguiente:

“Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo.  Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites,  las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con  los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley.


Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo.


Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos”.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998) (Lo resaltado y en negritas no corresponde al original).

           No hay que ser un observador muy agudo para concluir que, con base en la normativa legal vigente, las propiedades privadas no son parte del refugio -si las hubiese-, de ahí que resulta un contrasentido el desafectar áreas que son privadas. Estaríamos, pues, ante la existencia de una Ley irracional, si ese fuese el caso.

            Ergo, si bien hay un informe técnico que justifica la promulgación de la Ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-. Desde una perspectiva lógica y acorde con el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), lo procedente era disponer únicamente la desafectación de los terrenos que conforman los pueblos que se ubican en la zona -pueblos originarios u otros asentamientos de población- o, eventualmente, excluir otras áreas de dominio público, siempre y cuando se acreditara que no se provocaría una afectación al medio ambiente y se diera la respectiva compensación. En ese sentido, tal y como se externó líneas atrás, no hay claridad sobre los terrenos que contienen bosque -si son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones que prevé el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación-, y que la Ley desafectó.  O una de dos: si trata de bienes privados sujetos a las limitaciones ambientales previstas por la legislación, la desafectación está demás; si se trata de un bien dominio público, la desafectación es insuficiente, porque no hay certeza sobre el no deterioro del ambiente y no se da la respectiva compensación del área. Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación. Todo lo anterior, sin lugar a duda, resulta contrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la norma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión debe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar el derecho de propiedad de sus propietarios. Más aún, las 188 hectáreas forman parte del núcleo central de refugio de vida silvestre, el que está vinculado a un derecho fundamental reconocido a favor de quienes conforman la Nación costarricense -los que fueron, somos y serán-, así como los demás habitantes,  por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio.

Por otra parte, hay que aclarar que, de conformidad con la información que consta en el expediente, tanto legislativo como el judicial, no toda la normativa legal que se impugna es contraria al Derecho de la Constitución, toda vez que sí resulta procedente la exclusión del refugio de los cuadrantes urbanos -pueblos originarios o personas que incluso estaban ahí antes de que se creara el refugio-, por lo que no tendría sentido hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de toda la normativa. Más bien, y para lograr un justo equilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas de las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad incoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios comprendidos en la zona boscosa -188 hectáreas-, según lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes y, por consiguiente, ordenar al SINAC que proceda a delimitar el área antes mencionada. En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio privado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. En lo que atañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente.

VIII.- SOBRE EL INNECESARIO ANÁLISIS DEL RESTO DE ALEGATOS.- Siendo todo lo anterior razones suficientes para considerar la inconstitucionalidad de ley impugnada, por la falta de sustento técnico, y encontrarse el vicio de forma señalado, carece de interés referirse en detalle al resto de alegatos, máxime que estos están referidos a aspectos que no fueron debidamente fundamentados en el escrito de interposición de esta acción. El resto de alegatos están referidos a que, la ley es inconstitucional porque se debía consultar a los pueblos indígenas, la ley contiene normas que afectan humedales y la zona marítimo terrestre. La Procuraduría General de la República indica en su informe que no se detalla en la acción, en qué consiste la afectación los pueblos indígenas, la cual no resulta evidente por cuanto, la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi no se traslapa ni está contigua al sector excluido del Refugio.  Asimismo, no se presentó prueba de que la ley per se afectara humedales o violara el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre. Indica la Procuraduría que la ley impugnada no contempla ninguna disposición relativa a la Zona Marítimo Terrestre, por lo tanto, no se puede quebrantar el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre, ni tampoco se puede interpretar que, los terrenos excluidos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo por la Ley n°9223 que se encuentren ubicados en la franja de doscientos metros de ancho a lo largo del litoral, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, así como las áreas ocupadas por los manglares y esteros (zona pública), y la franja de ciento cincuenta metros contigua a éstos (zona restringida), entre otros bienes, quedaron desafectados del régimen especial que cobija la zona marítimo terrestre. Por ello, sin que se prejuzgue sobre el fondo de lo planteado, en cuanto a estos alegatos, procede desestimar el examen de estos alegatos en esta acción por cuanto, ya se determinó la inconstitucionalidad anterior.
IX.- Conclusiones.- 1) En cuanto a los argumentos de falta de sustento técnico y de medidas de compensación, se constata que la Ley n°9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” implicó una reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, con base en un estudio técnico insuficiente respecto de la zona boscosa, y que además, no contempló medidas de compensación. Lo cual se traduce en una violación al derecho al ambiente, a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, objetivación, precautorio, correspondiendo la declaratoria con lugar, tal como se indica en la parte dispositiva de esta resolución. 2) En cuanto a los argumentos de falta de consulta a pueblo indígena, afectación de humedales y de zona marítimo terrestre, no se analizan por cuanto, ya se determinó la inconstitucionalidad por el procedimiento, además, no se fundamentó ni acreditó que la ley debiera ser consultada a pueblos indígenas, o que la normativa per se implique una afectación a humedales o zona marítimo terrestre.

X.- NOTA DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO.- Consigno la presente nota porque considero que la insuficiencia del informe técnico, en este caso, va más allá de la falta de fundamentación del área boscosa, sino que tampoco hubo el debido respaldo técnico para la desafectación del área urbana. A veces las necesidades políticas, las urgencias que imponen, inciden también en el criterio técnico. Es la eterna tensión ente el político y el científico, recordando el título de una obra de Max Weber. Las inconsistencias que aprecio, las detallo a continuación:

A) SOBRE LA INSUFICIENCIA DEL INFORME TÉCNICO QUE FUNDAMENTÓ LA REDUCCIÓN DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO.- Quedando establecido que, en efecto, la Ley impugnada, n°9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, contiene un único artículo que, al redefinir los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que hace es una desafectación y reducción de dichos límites, para un área total de 406.52 hectáreas reducidas, procedo a  examinar si, esa reducción estuvo debida y suficientemente fundamentada en un respaldo técnico. Tal como se dijo, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que, toda reducción de áreas silvestres protegidas, no sólo debe hacerse por medio de una ley (principio de reserva legal), sino que, debe contar con un respaldo técnico suficiente (y además con medidas de compensación, según se dirá), para ser considerada conforme al Derecho de la Constitución. Así se procede al examen del alegato sobre la insuficiencia de los estudios técnicos que sustentaron la reducción de la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, por medio de la Ley “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014. Ante ello, se tiene a la vista varias preguntas que debieron haber sido respondidas en el informe técnico (1), las posiciones de cada uno de los sujetos que han sido llamados a pronunciarse al respecto (2), para finalmente puntualizar los aspectos del informe que considero como insuficientemente fundamentados (3).

 

1) Preguntas que el informe técnico debió responder y sustentar:  Las interrogantes que debió  responder el informe, son algunas que se derivan del voto 12-013367 del 21 de setiembre del 2012, que había considerado insuficiente el respaldo técnico de entonces, además de otras que se derivan de la exposición de motivos de la ley impugnada. Así entonces, el estudio técnico que sustentó la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo debía responder a las siguientes preguntas, que dicho sea de paso, son elementales:

-¿Analiza y se pronuncia sobre el impacto de la zona por desafectar en las zonas marinas y continentales del Refugio?

-¿Examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre?

-¿Determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida?

-¿Plantea medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general?

-¿Analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia?.

-¿Demuestra cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado?

-¿Justifica técnicamente la desafectación para el reconocimiento de los derechos de pobladores costeros del Caribe Sur en aquellas áreas urbanas que venían habitando desde antes de la declaratoria del Refugio? Es decir, ¿La justificación técnica del informe para la desafectación de las hectáreas urbanas se fundamentó en un censo fehaciente de los pobladores con anterioridad a la declaratoria del Refugio en 1985?

-¿Cuál es la justificación técnica que da el informe para la desafectación de las 205.97 hectáreas de cobertura boscosa?

 

Para ver si el informe responde a tales preguntas resulta entonces indispensable tener a la vista con detalle el mencionado “Informe Técnico” elaborado por el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) en el año 2013, denominado “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur Expediente n°18.207”. Y además, tener a la vista lo que al respecto informa el SINAC, la PGR y la UNA (en la prueba solicitada), e incluso, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Parecen interrogantes complejos, pero no lo son, porque la relevancia del tema que se tutela, amerita un cuidadoso análisis, sin pretender fundarse en argumentos crípticos.

 

2) Informes del SINAC, la PGR, UNA y Departamento de Servicios Técnicos sobre la suficiencia del informe técnico en cuestión: La posición del SINAC es que: “El informe técnico solicitado fue elaborado por personal especializado del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), utilizando criterios científicos, serios, exhaustivos y comprensivos, a fin de determinar el impacto de la medida legislativa sobre los objetivos de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM), la relevancia, fragilidad y estado de conservación de los ecosistemas, en análisis de los objetos de conservación y la consulta a las comunidades locales involucradas. Resultando que según el análisis de los aspectos indicados y de otros adicionales el RNVS-GM continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado. Dicho informe se encuentra a folios 1390 a 1569 del expediente legislativo de la Ley N°9223. (…) El estudio técnico aportado por el SINAC a solicitud de la Asamblea Legislativa constituye la justificación técnica que dio soporte a la desafectación adoptada por los diputados en la ley objeto de esta acción.”

 

Por su parte, la Procuraduría General de la República, indica lo siguiente: En relación con el criterio aportado al expediente legislativo con posterioridad a esta sentencia, incorporado en sus folios 1394 y siguientes, cabe hacer algunas observaciones para constatar la existencia del fundamento técnico y científico, así como valorar si se cumple el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Indica con detalle las siguientes observaciones:

 

-No se justificó la desafectación de 205 ha de bosque : No razonabilidad ni proporcionalidad pues solo se justifica desafectar el área urbana de 233.41 hectáreas, quedando sin sustento técnico la desafectación del resto, 205 hectáreas de bosque.

-No toda el área desafectada es ZMT : No puede ser cierto que los terrenos desafectados quedarían bajo las restricciones de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, puesto que, la porción excluida del Refugio en la Ley No. 9223 no es solamente Zona Marítimo Terrestre, sino que se desafectó una franja que puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre.

-No se analiza impacto en los dos parques de mangle: No se analiza ni descarta el impacto sobre los dos parches de mangle que se identificaron en la zona sustraída del Refugio, los cuales se califican como “en estado crítico de conservación”, indicándose que “no se ha evidenciado un crecimiento en términos de cobertura a lo largo del establecimiento del refugio, pero se ha mantenido” (folio 1411).

-No se incluyen manglares en el Patrimonio Natural del Estado: En la determinación del Patrimonio Natural del Estado, se identificaron las áreas que cumplen la definición de bosque de la Ley Forestal (punto 4 del folio 1557), sin embargo no se incluyeron los manglares, que también forman parte del Patrimonio Natural del Estado, sea cual sea su extensión (artículo 13 de la Ley Forestal y Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, Decreto No. 36786-MINAET del 12 de agosto del 2011, artículo IV.u).

-No se evidencia cómo se concluye que las zonas de arrecife contigua a la zona excluida no serán afectados: Los diferentes tipos de arrecifes de coral presentes en las zonas adyacentes a la zona 1 del RNVS-GM, son ecosistemas diversos, bien desarrollados, con especies únicas en el Caribe del país, con alto grado de fragilidad actual y que en el presente se encuentran en un proceso de recuperación. Sin embargo, se indica en el informe que la modificación de los límites no los afecta, pero no queda claro cómo llegaron a esa conclusión. Igual sucede respecto de los pastos marinos, que se ubican en la zona 10, contigua a la zona excluida, ecosistema asociado a las tortugas marinas, y cuya principal causa de disminución se dice que “son las actividades antropogénicas, como la sedimentación causada por la deforestación y la excesiva descarga de nutrientes en las aguas costeras” (folio 1436). Además, se afirma que “Un plan de manejo de los bosques aledaños a la costa evitaría la entrada de nuevos sedimentos a los arrecifes” (folio 1421), pero no se considera que dicha planificación podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio. Según el mapa del folio 1513 y lo indicado en el punto 4 del folio 1514, la zona excluida del Refugio no comprende humedales inscritos en la lista Ramsar, sin embargo, en el informe también se indica que todo el Refugio está calificado como Sitio Ramsar de importancia internacional; además, el denominado Humedal Arrecife Coralino o Pastos Marinos y Arrecifes (zona 10) está contiguo a una porción del área excluida, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, aproximadamente, y como la Convención en su artículo 2 dispone que los límites de los humedales incluidos en la lista “podrán comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda”, podría haber un traslape.

-Áreas con amenazas potenciales no podrán ser incluidas en Plan de Manejo una vez que dejen de formar parte del Refugio: En los anexos se transcribe, en relación con la Zona Marítimo Terrestre Cocles Manzanillo (excluida), que “hay que tener cuidado…con la capacidad de carga de las playas” y se identifica como amenazas potenciales principales para esta área:  “el desarrollo de proyectos turísticos tradicionales de gran impacto”, indicando que el establecimiento de un Plan de Manejo por parte del MINAE a partir de 1996, “permitió neutralizar” esas amenazas potenciales, que los caminos de acceso a la playa fueron regulados, no permitiéndose nuevos desde su vigencia, y que también se prohibió la extracción de arena de las playas (folios 1499 y 1500).  Sin embargo, no se toma en cuenta que tal planificación no podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio.

-Falencias de los mapas sobre tenencia de la tierra. SOBRE LA ZONA BOSCOSA: existe un estudio de tenencia de la tierra del área desafectada. Sin embargo, no está completo, hay terrenos de los cuales no se dispone información. Del área con cobertura boscosa hay información catastral-registral de aproximadamente 40 fincas, e información catastral de 10 terrenos sin inscribir, de los cuales no se encontró información adicional a la catastral. Se desconoce si actualmente están siendo ocupados por las personas identificadas en el Anexo 8, o bajo qué título ocupan, debido a que un plano castrado no demuestra la posesión de un terreno. De 4 terrenos en áreas boscosas no hay información disponible. En los sectores boscosos desafectados por la Ley n°9223 se identificaron 4 procesos judiciales en los cuales la Procuraduría ha participado. En esas informaciones posesorias la Procuraduría solicitó la improbación por no haberse demostrado la usucapión previa a la creación del Refugio. SOBRE LA ZONA URBANA: no se puede determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur. En criterio de ese órgano asesor no sería conforme a la Constitución interpretar que los terrenos excluidos del Refugio quedaron desafectados de cualquier otro régimen especial como el de la zona marítimo terrestre, dado que no opera una desafectación implícita. La lista de folios 1566 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo en la página 65 del informe del SINAC, no es fidedigna en identificar a los pobladores con anterioridad a 1985 y o queda clara su cobertura respecto del área finalmente excluida por la Ley n°9223. No contamos con la información para calificar la legítima o ilegítima la ocupación de la población establecida con posterioridad a la declaratoria del Refugio.




Como se aprecia, son cuestionamientos medulares, que no deben quedar en una nebulosa carente de respuesta. 

 

Respecto de tales observaciones, la respuesta del SINAC, luego de la vista realizada, es la siguiente:

 

-Sobre la exclusión de 188 ha con cobertura de bosque, indica que el informe técnico sí procedió a establecer las características de la zona que se vería afectada. Que no se trata de un bloque compacto de 188 has cercenado al refugio, sino que se distribuyen a lo largo de la zona afectada y sus comunidades. Sobre esta justificación,  considero que subsiste la observación de la PGR, en el sentido de que NO hay una buena respuesta técnica, y por tanto, razonabilidad, para haber incluido esas hectáreas dentro de la desafectación o exclusión del Refugio. No se exponen los motivos de la desafectación de tales hectáreas de bosque, máxime cuando se indica, según se dijo, que la razón de ser de la desafectación es devolver áreas urbanas a los pobladores.

 

-Que no compete a un informe técnico hacer un estudio sobre el estatus de la legalidad de las posesiones ni sobre su origen. Respecto de este argumento,  subsiste la observación de la PGR. Si la ley se sustenta en el “reconocimiento de los legítimos derechos de los habitantes y de los poblados costeros del Caribe Sur” (ver artículo 1 de la Ley impugnada), tal como además se indica en la exposición de motivos: “El objeto del proyecto de ley es reconocer los legítimos derechos de la comunidad Afrodescendiente y de los pobladores costeros del Caribe Sur.”, resulta lógico suponer que debió haber un censo de cuáles y cuántos eran esos “legítimos derechos”. Así que, en este caso concreto, sí resultaba necesario e indispensable que el informe técnico se refiriera a la determinación de cuáles eran esos legítimos derechos, con el fin de evitar, que se hayan desafectado áreas que NO correspondían a legítimos derechos, por ejemplo. En este sentido, no pasa desapercibido que pudiera haber cierta razonabilidad en desafectar las zonas urbanas ocupadas antes de 1985 (fecha en la cual se creó el Refugio), sin embargo, la ley impugnada no sólo desafecta más allá de esas áreas urbanas, sino que, al no tener claridad sobre las zonas urbanas desafectadas, no se puede tener certeza de que estas hayan sido ocupadas, ciertamente, con anterioridad a 1985 y por pobladores originarios de la zona. No se trata de crear autorizaciones que desafecten respecto de personas sobre las que no existe una clara identificación que permita establecer con son pobladores originarios. Es parte de la exigencia técnica del informe. Véase el anexo 3 del informe técnico (folio 1559 y 1566) referido a la tenencia de la tierra, dentro y fuera de la Zona Marítimo Terrestre, donde se observan: nombres de poseedores extranjeros, poseedores que son sociedades comerciales, poseedores con posesiones menores a los 30 años (es decir, después de 1985, con lo cual se entiende que ingresaron a las propiedades del Refugio con posterioridad a su creación). En función de una legítima reivindicación, no puede existir tanta imprecisión y laxitud. Es claro que en muchos casos no se trata de pobladores originarios, con posesiones anteriores a la creación del Refugio en 1985, así que la Ley estaría desafectando hectáreas de un Refugio para “tutelar” posesiones ilegales, lo cual es abiertamente inconstitucional. Con lo cual, además, la ley no está cumpliendo los fines que se propuso en la exposición de motivos, de reivindicar a los poseedores originarios, pues hay una manifiesta imprecisión en las personas que se benefician con la ley. Véase además lo concluyente del informe de la Procuraduría cuando indica que la lista sobre tenencia de la tierra de folios 1566 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo en la página 65 del informe del SINAC, no es fidedigna en identificar a los pobladores con anterioridad a 1985 y no queda clara su cobertura respecto del área finalmente excluida por la Ley n°9223; además, no cuentan con la información para calificar la legítima o ilegítima la ocupación de la población establecida con posterioridad a la declaratoria del Refugio. La legitimidad y pertinencia de la identidad de los pobladores originales, es un tema nuclear en esta desafectación de una zona dedicada a la tutela del ambiente.  

 

-La información ofrecida por el informe técnico es suficiente para respaldar la conclusión de que el recurso arrecifes de coral no se está afectando por la delimitación de la ley. El principal ecosistema de mangle que protegió la declaración del Refugio tiene una extensión de 200 ha, está ubicado en la Laguna Gandoca, bajo las categorías de PNE y de Humedal RAMSAR. Se ubica a muchos kilómetros al sureste de la zona afectada por la Ley 9223. Sobre este punto,  subsiste la observación de la PGR, en el sentido  que, decir que un estudio es suficiente, evidentemente no basta, para que en efecto lo sea, debe ser amplio en sustento y justificaciones y estas son precisamente de las que carece el informe técnico en cuestión.

 

A mayor abundamiento, deben agregarse las observaciones realizadas por la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, cuando  indica, sobre el informe técnico que: hay inconsistencias entre la cartografía y el informe en cuanto al área de reducción del Refugio, no hay datos suficientes para valorar la biodiversidad, el área desafectada incluyó tanto zona marítimo terrestre como tierra adentro, el informe técnico no es consistente con la información obtenida a partir del análisis espacial realizado con las capas que el SINAC aporta, el informe técnico no evalúa el impacto en el ambiente y los ecosistemas, con la desagregación del área terrestre contigua al área marina protegida, es probable que se elimine la zona de amortiguamiento para los ecosistemas marino-costeros. Esta desagregación tendría un potencial efecto negativo sobre los ecosistemas, especialmente para los coralinos debido a su fragilidad biológica. Son dudas muy razonables y evidentes, y bien sabemos que en la duda, se impone el principio de tutela.

 

Asimismo, lo que indica el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, mediante oficio CON-005-2014-J del 18 de febrero del 2014, es decir, con anterioridad a la aprobación de la ley impugnada. Allí indica: “… esta Asesoría considera que tampoco en esta ocasión se está en presencia de un estudio específico sobre el tema de la reducción del área descrita en el artículo 1 del Proyecto y el impacto de la desafectación, por lo tanto, no satisface los requerimientos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 constitucional y el Derecho Internacional Ambiental.” (folio 1781 del expediente legislativo).

 

 3) Aspectos del informe que resultan insuficientemente fundamentados: De todo lo anterior, resulta claro que, aunque hubo un sustento técnico, no se responde a ninguna de las preguntas planteadas por esta Sala en el voto mencionado 2009-001056 ni a aspectos esenciales para considerarlo un criterio técnico suficiente y admisible, conforme se explica a continuación. Vistas todas las inconsistencias planteadas por la PGR y la UNA al informe utilizado como sustento a la ley impugnada, concluyo que, en efecto, el estudio técnico presentado para sustentar la ley impugnada, es insuficiente. Así, en síntesis, se puede destacar lo siguiente:

 

-No se analiza el impacto de la zona por desafectar en las zonas marinas y continentales del Refugio: No se examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre. No se determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida. No se analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. No se demuestra cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado. Además, tal como lo indica la PGR en su informe, no se analiza ni descarta el impacto sobre los dos parches de mangle que se identificaron en la zona sustraída del Refugio, los cuales se califican como “en estado crítico de conservación”. Según el mapa del folio 1513 y lo indicado en el punto 4 del folio 1514, la zona excluida del Refugio no comprende humedales inscritos en la lista Ramsar, sin embargo, en el informe también se indica que todo el Refugio está calificado como Sitio Ramsar de importancia internacional; además, el denominado Humedal Arrecife Coralino o Pastos Marinos y Arrecifes (zona 10) está contiguo a una porción del área excluida, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, aproximadamente, y como la Convención en su artículo 2 dispone que los límites de los humedales incluidos en la lista “podrán comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda”, podría haber un traslape.

 

-No se individualiza  el impacto de la medida legislativa en el Refugio respecto de los objetos de conservación: En el folio 18 se mencionan los objetos de conservación (manglares, pantanos, bosques, arrecifes, etc) pero no se indica en concreto como tales objetos serían afectados con la reducción del Refugio. Tal como lo indica la PGR en su informe, no se evidencia cómo se concluye que las zonas de arrecife contiguo a la zona excluida no serán afectadas. Los diferentes tipos de arrecifes de coral presentes en las zonas adyacentes a la zona 1 del RNVS-GM, son ecosistemas diversos, bien desarrollados, con especies únicas en el Caribe del país, con alto grado de fragilidad actual y que en el presente se encuentran en un proceso de recuperación. Sin embargo, se indica en el informe que la modificación de los límites no los afecta, pero no queda claro cómo llegaron a esa conclusión. Igual sucede respecto de los pastos marinos, que se ubican en la zona 10, contigua a la zona excluida, ecosistema asociado a las tortugas marinas. Y tal como lo indica la UNA en su informe, con la desagregación del área terrestre contigua al área marina protegida es probable que se elimine la zona de amortiguamiento para los ecosistemas marino-costeros, siendo que esta desagregación tendría un potencial efecto negativo sobre los ecosistemas, especialmente para los coralinos debido a su fragilidad biológica.

 

 -No hay ninguna medida de compensación: El informe técnico no especifica recomendaciones para evitar riesgos, prever efectos negativos o adversos, o las medidas de mitigación, conservación o reparación. No se plantean medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general. El estudio no es específico pues no evalúa el impacto ni emite las recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos o bien plantear las medidas de mitigación, conservación o reparación correspondientes.

 

-Falta total de fundamentación sobre la desafectación del área boscosa: si el proyecto de ley que dio origen a la ley cuestionada indica que se pretende restituir a los ocupantes de las zonas urbanas, creadas con anterioridad a la creación del Refugio en 1985, no se justifica que se haya desafectado zona boscosa (y por tanto no urbanizada). Tal como lo indica la PGR en el informe solicitado, queda sin sustento técnico la desafectación del resto, 205 hectáreas de bosque. Siendo que, en los sectores del área desafectada con cobertura boscosa se identificaron cerca de 40 fincas, y al menos 14 terrenos sin constancia de estar inscritos. Del área con cobertura boscosa hay información catastral-registral de aproximadamente 40 fincas, e información catastral de 10 terrenos sin inscribir, de los cuales no se encontró información adicional a la catastral. Se desconoce si actualmente están siendo ocupados por las personas identificadas en el Anexo 8, o bajo qué título ocupan, debido a que un plano castrado no demuestra la posesión de un terreno. De 4 terrenos en áreas boscosas no hay información disponible. En los sectores boscosos desafectados por la Ley n°9223 se identificaron 4 procesos judiciales en los cuales la Procuraduría ha participado. En esas informaciones posesorias la Procuraduría solicitó la improbación por no haberse demostrado la usucapión previa a la creación del Refugio.

 

-Falta de fundamentación sobre la desafectación del área urbana: resulta evidente que, para poder cumplir con lo indicado en la exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a la ley cuestionada, debía haberse determinado de previo quiénes son las personas que ostentan “los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur”. Sin embargo, tal como lo indicó la PGR en el informe solicitado, en la documentación disponible en el expediente legislativo no se puede determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur. Lo anterior, por cuanto en los listados de terrenos sin inscribir y de fincas inscritas aparecen los nombres de establecimientos comerciales o personas jurídicas de los cuales se desconoce quiénes son los propietarios o los socios. Así que, tampoco se logró fundamentar en un censo fidedigno sobre la tenencia de la tierra para en efecto determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente y otros, que son pobladores costeros del Caribe Sur con anterioridad a 1985, fecha de creación del Refugio. Agrega la PGR que conserva las mismas dudas planteadas sobre la frase del informe: “De las 406.21 has que el Proyecto de Ley propone desafectar, 233.41 hectáreas, corresponde a las propiedades censadas. Estas últimas equivalen al 34.34% de la Zona 2”, debido a que no se ha aportado información adicional ni explicación al respecto. Por otra parte, no hay sustento probatorio de la información consignada en la lista de folios 1559 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo por el SINAC. No hay constancia de si el tiempo de ocupación consignado en los folios 1566 a 1569 proviene del dicho de los mismos ocupantes, o de elementos objetivos debidamente documentados. Respecto de esta lista, en el informe SINAC-DE-0286 del 7 de marzo del 2019 únicamente se afirma que: “Se admite que el no haber aclarado que el censo aportado por las organizaciones comunales, que aparece a folios 1558 a 1569, constituía solamente un insumo de referencia parcial sobre tenencia y antigüedad, llama a confusión y podría justificar las observaciones e interrogantes.” Las interrogantes no han sido aclaradas. La afirmación contenida en la página 65 del Informe en el sentido de que “el 49% de la población está establecida antes de la declaratoria del Refugio en 1985” admite la interpretación “a contrario sensu” de que el 51% restante se estableció después de la declaratoria del Refugio. Sin embargo, no contamos con la información para determinar si ese 51% puede calificarse como ocupantes ilegítimos, o contaron con algún título o autorización administrativa que legitimara la ocupación de las tierras. Lo anterior agrega incerteza sobre la superficie a la cual se refiere la lista denominada censo y el informe remitido por el oficio SINAC-DE-1972 en relación con el área que finalmente fue excluida del Refugio. Ante una desafectación que favorece a un grupo de ciudadanos, éstos deben identificarse claramente, porque no se justifica la desafectación frente a situaciones de hecho que no se ajustan a la propia justificación de la ley, que es reivindicar a los pobladores originales antes de la declaratoria de Refugio de 1985.

 

-No se justifica científicamente la medida de reducción, ni se demuestra cómo la medida que se toma continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de una política de desarrollo sostenible. Únicamente se indica que lo desafectado eran zonas urbanas, pero ya se evidenció que también se desafectó área de bosque, que no hubo un censo fidedigno de esas áreas urbanas, y que tampoco se analizó el impacto de la desafectación de esas áreas urbanas. No basta con indicar que por ser áreas urbanas, no habría impacto alguno con la desafectación. Pues resulta evidente que, aunque sean áreas urbanas, al estar contiguas al resto del Refugio, se produce un impacto sobre él.

 

Con lo cual, tal sustento técnico plantea muchos vacíos, omisiones, dudas y observaciones, que lo hacen insuficiente para justificar la reducción de esas 406.52 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

 

En síntesis, el estudio presentado, si bien se vincula  con el tema, es manifiestamente incompleto,  puesto que las exigencias sustanciales derivadas de la propia materia que tutela, no se ven satisfechas. Quedando muchas dudas, vacíos y omisiones, en detrimento del derecho al ambiente. Conforme a los argumentos expuestos, la falta de evidencia científica de la ley impugnada, que pretende reducir el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, justifica que se resuelva conforme al principio precautorio y se tenga, igualmente en esta ocasión, que la reducción en cuestión, resulta inconstitucional. Inconstitucionalidad que se ratifica con la ausencia de medidas de compensación, según se explica a continuación. La reducción de un área protegida o cualquier otra zona dedicada a la tutela del ambiente, requiere un estudio técnico que no contenga omisiones, interrogantes o inconsistencias, tal como las que he mencionado.

 

B) SOBRE LA FALTA DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EN LA REDUCCIÓN DEL AREA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO.- Todo lo anterior se agrava cuando se observa además que, pese a la reducción y a la desafectación, no se estableció ni una sola medida de compensación. Tal como se indicó, esta Sala ha establecido en reiterada jurisprudencia que, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, que debe demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, además del grado de impacto en el ambiente de la reducción del área protegida, debe plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, por medio del establecimiento de las denominadas medidas de compensación (Voto No. 13367-2012- Véase además el No. 10158-2013). El SINAC admite tal omisión y pretende justificarla indicando que no había nada que compensar porque esas áreas siempre fueron urbanas. Sin embargo, ya se dijo que este tipo de argumentación resulta inadmisible en materia ambiental, pues aunque sean áreas urbanas, al estar contiguas al resto del Refugio, este recibirá un impacto con la desafectación de dichas áreas y correspondía, por lo tanto, el  establecimiento de medidas suficientes de compensación. Esta exigencia se omitió en este caso. 

         XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:
1) Por mayoría se declara con lugar la acción, anulando la Ley impugnada, n.° 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. 2) El Magistrado Cruz Castro pone nota. 3) Los Magistrados Hernández López, Salazar Alvarado, y Araya García salvan el voto y declaran sin lugar la acción, no obstante indican que el Estado está obligado a ejercer las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley. 4) Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al accionante, a la Presidenta de la Asamblea Legislativa o a quien ocupe su cargo, a la Procuraduría General de la República y a todos los intervinientes.-























Fernando Castillo V.
Presidente a.i











Fernando Cruz C.                                                Paul Rueda L.










Nancy Hernández L.                                          Luis Fdo. Salazar A.










Jorge Araya G.                                                  Hubert Fernández A.




VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ Y LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y ARAYA GARCÍA CON REDACCION DE LA PRIMERA:

         

          Nos separamos de la decisión tomada por la mayoría del Tribunal y declaramos sin lugar la acción planteada con la explicación que se dirá, todo con fundamento en las siguientes consideraciones: el objeto de la acción es la ley número 9223 mediante la que la Asamblea Legislativa, redefinió los límites territoriales de un territorio sometido a la categoría de manejo denominada “refugio de vida Silvestre”. Con ello dejó por fuera de tal categoría a determinadas zonas urbanas y tierras aledañas en la zona de Caribe Sur, lo cual ha originado fundamentalmente un reclamo por lesión al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, la condición histórica de los asentamientos urbanos en la región, reconocida por el Estado desde en el propio decreto de creación, las particularidades de todo el actuar estatal en relación con la zona específica -incluyendo las intervenciones anteriores de este Tribunal- y las conclusiones y criterios técnicos, en los que se ha apoyado la decisión legislativa, permiten sostener, desde nuestra perspectiva, la legitimidad constitucional del balance realizado por el legislador respecto de los distintos derechos constitucionales en conflicto. No se incumple tampoco con lo estatuido en el Convenio 169 de la OIT ni las obligaciones contenidas en la normativa internacional vigente en Costa Rica sobre la protección de las zonas de manglares y -desde esa perspectiva- nada obsta para que las autoridades estatales competentes, cumplan con su poder-deber, y ejecuten las acciones necesarias para para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en la zona protegida, de conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento. Las razones para esta conclusión son las siguientes:




         A. Aspectos fácticos relevantes.

         

         1. De los diferentes documentos aportados tanto a este expediente judicial como, en su momento, al expediente legislativo, ha quedado demostrado que para el año 1985, mediante decreto Ejecutivo número 16614-MAG del 20 de octubre de 1985, (en adelante solamente Decreto 16614)  las autoridades del Poder Ejecutivo, decretaron la creación de lo que hoy se conoce como Refugio de Vida Salvaje Gandoca Manzanillo, (en adelante RVS-GM o simplemente “el refugio”) y delimitaron sus linderos.

2.- Dicho acto se concretó bajo el marco provisto por el artículo 18 de la Ley de Fauna Silvestre número 6919 de 17 de noviembre de 1983, que se encontraba vigente a la fecha y autorizaba tales decisiones del Ejecutivo:

“Artículo 18.- Son refugios nacionales de fauna silvestre los que el Poder Ejecutivo declare como tales, para la protección y la investigación de la flora y la fauna silvestre, en especial de aquella en vías de extinción.

Queda autorizado el Poder Ejecutivo para establecer, dentro de las reservas forestales y en terrenos particulares, áreas bajo la clasificación de refugios nacionales de fauna silvestre, las que, para efectos de conservación de la fauna silvestre, quedarán bajo la administración del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El Poder Ejecutivo exonerará del impuesto territorial los terrenos sometidos a este régimen.

El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, queda autorizado para expropiar aquellos terrenos de particulares que, por la importancia de la fauna y la flora contenidas en ellos, muestren las condiciones necesarias e idóneas para el establecimiento de los refugios nacionales de fauna silvestre.”

3.- También ha quedado totalmente demostrado que desde muchos años antes y para el momento de dicha declaración, existían consistentes núcleos de población viviendo a lo largo de toda la franja costera del área demarcada como zona protegida por el decreto 16614. Estas poblaciones no solo ocupaban la zona, sino que además desarrollaban, y desarrollan aún, distintas actividades como la pesca, la agricultura y el comercio en sus distintas formas. Más aún, también se puede afirmar que las diferentes instituciones públicas, tanto de asistencia como de servicios, operaban en aquel momento, y aun operan, brindando sus servicios a tales poblaciones en condiciones normales.

4.- Tal situación particular y especial en parte del territorio abarcado por la la declaratoria de Refugio, fue reconocida por las autoridades estatales quienes, en el propio decreto original (el decreto 16614), definieron el camino a seguir para la atención de la situación de estos pobladores, a través de dos mecanismos: a) se autorizó un programa de “titulación” en las zonas cubiertas por la declaratoria de refugio, para permitir a los ocupantes legitimar su estatus de ocupantes y poseedores de la tierra (artículo 5); y b) se dejaron excluidas de la declaratoria de Refugio, varias de las áreas urbanas preexistentes y se ordenó al Instituto de Vivienda y Urbanismo su delimitación concreta (artículo 6):

“Artículo 5°—La Dirección General de Catastro Nacional está autorizada para realizar el levantamiento de la cartografía catastral y el registro de oficio de los planos individuales necesarios para desarrollar el proyecto de titulación dentro del área del Refugio y el de las comunidades aledañas de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo.” (el destacado no es del original)

“Artículo 6°- Las áreas que, de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, estén comprendidos dentro de las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, no estarán sometidas a las regulaciones del presente Decreto.” (el destacado no es del original)




5.- En resumen, puede señalarse que para 1985 el Estado estimó que los objetivos de protección ambiental perseguidos en aquel momento con la creación  del Refugio quedaban bien servidos,  no solo con independencia del régimen jurídico de tenencia de la tierra (ver artículo 5 que autorizó la titulación en la zona del refugio), sino también con la exclusión de las áreas comprendidas en las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, las cuales fueron efectivamente dejadas fuera del alcance de la declaratoria contenida en el Decreto 16614.

6.- A lo largo de los años siguientes, se presenta una sucesión de decretos ejecutivos que abordan las cuestiones de titulación (artículo 5) y exclusión de áreas urbanas (artículo 6), derogando y reactivando tales normas; así;

-el Decreto 23069-MINAE del año 1994, emite reglas para ordenar la visitación para el avistamiento de tortugas y de paso, deroga el artículo 6 del decreto original, Empero deja vigente el numeral 5 que autorizaba a que se hiciera levantamiento catastral para efectos de “titulación”

-posteriormente, el Decreto número 29019-MINAE de 2000 reforma ampliamente el decreto antes dicho (23069) en el tema de la visitación y explotación y por ello al final de su texto -de manera general- deroga el decreto 23069.

-para el año 2005 se emite el Decreto Ejecutivo 32753- que se justifica señalando que debe entrar a regular de nuevo la cuestión de la titulación en la zona del Refugio, así como la exclusión de las áreas urbanas de éste, por entender que -consecuencia las ratificaciones y derogatorias recogidas en los dos decretos antes citados se ha reactivado la exclusión original contenida, es decir la ordenada en el artículo 6 del Decreto 16614. Agrega que, la exclusión reactivada se estima una reducción contraria a la ley Orgánica del Ambiente porque no se hizo con estudios técnicos, por lo que se emite una “ratificación” del decreto original (16614) pero quitándole los artículos 5 y 6 originales. (arriba transcritos)

7.- Esta “ampliación” de los terrenos abarcados por la declaratoria, que se operó en el decreto 32753, fue cuestionada ante la Sala, quien a través de la sentencia número 2006-2975 señaló su validez al tratarse de una ampliación y no de una reducción del “patrimonio forestal del Estado”.

8.- Dos años después en el año 2007 se emite el Decreto 34043, donde se retoma de nuevo el tema, con una línea más favorable a la protección de los habitantes de la zona y decreta -de nuevo- la exclusión de las áreas urbanas, según la versión original del Decreto 16614, pero haciendo unas aclaraciones para no incluir a los asuntos en litigio, y se dictan algunas reglas para ordenar la administración de las áreas urbanas.

9.- Este último decreto fue anulado por la Sala Constitucional dos años después, en el año 2009 mediante la sentencia 2009-1056. En esencia, el argumento de la Sala para la anulación, puede encontrarse en el siguiente extracto:

 “VII.- Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 3°, 4°, 5° y 7° del Decreto n°34043-MINAE.- Tal como se expuso, al derogarse artículo 6º del Decreto Ejecutivo, N° 16614-MAG (mediante el artículo 2° del Decreto Ejecutivo no. 32753 del 16 de mayo del 2005) se incluyeran las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Sin embargo, mediante el artículo 3° del Decreto impugnado, que vuelve a traer a la vida jurídica el derogado artículo 6º, las áreas urbanas de dichas comunidades quedaban nuevamente excluidas de los límites del Refugio, lo que implicó su reducción. Esta situación, no sólo violenta el principio de reserva legal sino el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”

10.- Posteriormente, y en atención a los criterios emitidos en esa resolución, se impulsó un proyecto de ley, -el número 18207; se intenta con ello una nueva delimitación de los linderos del parque, con el declarado fin de satisfacer los derechos constitucionales y legales de los pobladores de la zona y asegurar a la vez, la efectiva protección ambiental. Al respecto, resulta muy relevante el resumen que sobre este punto hace la exposición de motivos:

“(…)

Como se indicó, los esfuerzos para la determinación científica de los recursos naturales del recién creado Refugio, tanto los marinos, como los continentales, se llevan a cabo a partir de la declaración. Numerosas instituciones de Gobierno (Mirenem, MAG, IDA, IGN, GAR, INVU, UCR, UNA), así como organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales (UICN, Jessie Smith Noyes Foundation, WWF, ASDI, Cooperación Holandesa, CRS, TNC, ANAI, CATIE, ICFID-Cidesa, Asacode, CBTC, entre otras), viertes sus resultados en “capacitación y propuestas de alternativas para el desarrollo sostenible pretendido”. Todos los estudios técnicos y científicos de este proceso, confirmaron la perfecta compatibilidad entre la ubicación y vocación de las áreas de asentamientos humanos preexistentes y aquellas de los recursos naturales a proteger.  (anexos 11 a 13) (el subrayado no es del original)

Este singular proceso, difícilmente igualado en ninguna otra área silvestre protegida del país, culmina con una planificación o Plan de Manejo, de acuerdo con los términos exigidos por la Ley, gestionado por el Minae al amparo del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre el Gobierno de la República y el BID (Proyecto ATN/JF-3917-CR).  El Minae abre un concurso internacional que es ganado por el Programa de Estudios Ambientales (ProAmbi) de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.  Esta organización efectúa el diagnóstico más profundo y detallado realizado hasta el momento en el país para un área silvestre protegida, ejecutado por un numeroso equipo de reconocidos científicos de la Universidad de Costa Rica, durante cerca de dos años.  Este diagnóstico también contó con la participación y colaboración de todos los técnicos y especialistas del Área de Conservación Amistad Caribe/Minae.  (anexos 14 a 16) (el destacado no es del original)

 

La reglamentación correspondiente se oficializa mediante el Decreto Ejecutivo N.º 34946-Minaet, publicado en el Alcance N.º 55 a La Gaceta N.º 248,de 23 de diciembre de 2008, después de que el Plan de Manejo es conocido y aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac), el Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (Corac) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según lo dispone la Ley de Biodiversidad N.º 7788, particularmente en sus artículos 25, 30 y 22, párrafo 1º. (anexo 17)  (el destacado no es del original)

 

 Al igual que todos los estudios y diagnósticos anteriores, los realizados por la Universidad de Costa Rica avalaron y respetaron la condición de origen de que las comunidades de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo estaban consideradas como aledañas al Refugio.  Por ello, ante la persistencia del error en la definición de los límites (artículo 1º del Decreto N.º 16614-MAG), respecto a los asentamientos humanos de Manzanillo, se dio una planificación y uso típicamente urbanos con alto contenido ambiental (usos: residencial, residencial urbano, residencial recreativo, hotelera turística, hotelera especial, comercial, comercial urbana, institucional, etc.), reconociendo sus derechos y previendo la eventual, necesaria e inminente corrección del error.  Las restantes 14 zonas en que fue dividido el Refugio son planificadas con base en el cuidadoso manejo y uso sostenible de los recursos naturales marinos y terrestres. (Anexo 18)” (el destacado no es del original)

11.- Como parte del proceso legislativo, los señores Diputados tuvieron oportunidad de analizar un primer criterio técnico emitido el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como autoridad técnica competente, el cual fue declarado insuficiente por esta Sala en resolución 2012-13367 y a raíz de ello se dispuso la realización de una nueva justificación técnica para corregir los errores allí detectados. Por lo demás, este último estudio fue sometido a variedad de criterios de distintas entidades sobre las consecuencias, en ámbito ambiental, de la decisión legislativa,

12.- Finalmente, las Diputadas y Diputados aprobaron el proyecto que se convierte en ley de la República con el número 9223 y que ahora se discute ante esta sede, por entenderse que con su emisión se han lesionado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los convenios internacionales sobre humedales y el convenio 169 de la OIT por falta de consulta a las comunidades indígenas.

13.- A la fecha de hoy, toda la zona -incluidos los territorios al amparo del régimen de protección del RVS-GM y las zonas urbanas y a los terrenos aledaños, demarcados por la ley impugnada- están exhaustivamente controlados en relación con las actividades permitidas, por el Decreto Ejecutivo 34946-Minaet, publicado en el Alcance N.º 55 a La Gaceta N.º 248,de 23 de diciembre de 2008, que puso en vigencia un Plan de Manejo concordado por todos los diversos sectores involucrados, según se explica en la exposición de motivos del proyecto legislativo.




B. Sobre el fondo del caso.

B-1 El enfoque apropiado para la resolución del reclamo relativo a la lesión al derecho a un ambiento sano y ecológicamente equilibrado.




14.- En un caso como éste con tantas aristas, es clave delimitar con claridad el enfoque que debe asumir el Tribunal constitucional, especialmente para evitar una interferencia de la Sala Constitucional en las tareas constitucionalmente asignadas a otros poderes de la República. En concreto, en cuanto a la posible lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se reclama la insuficiencia del estudio técnico ofrecido dentro del proceso legislativo para sustentar algunos aspectos de las disposiciones legislativas aprobadas. Sin embargo, según nuestro criterio, la jurisprudencia de esta Sala, bien entendida (ver la sentencia 2012-13367) no impone un listado de condiciones formales esenciales para la emisión de este tipo actos estatales, sino una guía que asegure, según las particularidades de cada caso, que el informe técnico es pertinente y no simplemente el cumplimiento de una mera formalidad.

15.- En este punto comienza entonces nuestra disidencia con la mayoría de la Sala. Concordamos con que la protección constitucional del derecho al ambiente exige que la actividad estatal para reducir el alcance de una modalidad de protección ambiental formalmente provista para cierta área, impone el requisito de un estudio técnico que la soporte, no como mero ejercicio formal, sino como justificación pertinente para demostrar la no afectación del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero el Tribunal no debe convertirse en contralor de cualquier tipo de falencia (que por lo demás existirá en cualquier y todos los estudios tal calibre), pues su trabajo es verificar que la autoridad estatal provea la mejor protección posible al ambiente en la situación particular, sin desatender inapropiadamente los demás derechos constitucionales en juego. En particular sobre este tema, es oportuno explicitar nuestra posición respecto de la exigencia de lo que el accionante describe como “el principio constitucional de compensación” es decir “…compensar el área suprimida con otra de igual tamaño” en los términos expuestos en la sentencia 2014-12887. Estimamos al respecto, que una lectura sistemática de la jurisprudencia del Tribunal sobre este aspecto determinado no permite concluir que dicha exigencia es absolutamente imprescindible y requerida para lograr un aseguramiento apropiado del derecho a disfrutar de un ambiente equilibrado. Por el contrario, es perfectamente posible y constitucionalmente válido, que una apropiada protección estatal al ambiente pueda lograrse sin que resulte siempre necesario mantener una cantidad específica de terreno bajo concreta modalidad de protección; en este tema, la cantidad de tierra destinada a protección puede resultar una cuestión inconexa (según sea el caso) y ajena al logro de la protección estatal del ambiente y de los demás derechos en juego.




16.- La perspectiva de análisis y el tipo de escrutinio que se propone para este caso ya ha sido expuesta por este Tribunal en varias sentencias de la Sala y en concreto en la propia sentencia 2012-13367 arriba citada, que resolvió justamente la consulta legislativa sobre el proyecto de ley que se convirtió en la ley 9223 impugnada: de ella son los siguientes extractos:

“II. Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)(L)a persona forma parte del Ambiente, lo integra, de allí que su protección, supone la conservación del contexto esencial para la vida humana y por el contrario, una conducta con efectos negativos sobre él, supone un peligro para la propia existencia humana y una reducción o pérdida del “mayor bienestar” de todos. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado que “el ser humano no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su bienestar guarda inmediata relación con la naturaleza que le rodea. Esa interdependencia entre el ser humano y la naturaleza comprende aspectos que exceden la mera preservación de recursos para garantizar el desarrollo económico de la sociedad humana. En realidad, la interacción “naturaleza-ser humano” conforma un fenómeno unitario, un proceso único de influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su propia supervivencia.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 2012-004620). El “ambiente” objeto del derecho fundamental, no es la suma o yuxtaposición de recursos, más bien se refiere a las interrelaciones y equilibrios, a la idea de sistema. La ecología como ciencia nos enseña que la naturaleza debe ser concebida como un sistema. La naturaleza consiste en las relaciones de los organismos con el mundo exterior en la lucha por su existencia. En lugar determinado se da una biocenosis (vida común) o comunidad de vida, que involucra un cierto número de especies e individuos que se influyen mutuamente. (…) Así que en la comunidad se da un cierto orden que trae un resultado beneficioso para cada especie, porque genera la productividad y estabilidad máxima del conjunto. Como todo sistema se caracteriza no solo por la interacción entre sus elementos, sino también porque produce un resultado global o general relativo a todo el sistema: su propia existencia, que es lo que podemos llamar equilibrio dinámico, comprendido dentro del concepto de “equilibrio” que exige la Constitución…”

17.- Más precisa y reciente en esta línea de pensamiento resulta incluso  la sentencia número 2016-000811 de 20 de enero de 2016 en donde la Sala tuvo que confrontar una disyuntiva jurídico-constitucional similar, a saber, la necesidad de sopesar los derechos constitucionales al ambiente y al disfrute de los bienes demaniales (en particular la zona pública de la zona marítimo terrestre), frente a los derechos constitucionales históricamente consolidados de una gran cantidad de personas que durante muchos años han habitado esas zonas en los litorales del país.

18.- En dicha resolución de manera acertada se plasma una visión correcta de la tarea de la Sala en estos casos tan particulares; lejos de la unilateralidad y de un el exceso en el escrutinio de las condiciones de hecho y otros temas infraconstitucionales, lo que debe privar es la justa valoración global de toda la situación, incluida obviamente la necesidad de asegurar un equilibrio ambiental frente a la condición de las personas involucradas, desde que –precisamente, tanto la Constitución Política, como la Sala en su papel de garante- le deben protección a aquellos contra quienes el Estado ha ejercido sus potestades de manera abusiva (aún cuando lo haga de con la mejor de las intenciones).  De la citada sentencia se resaltan entonces los siguientes pasajes, por su claridad, relevancia y similitud para el abordaje de este nuevo caso: 

 “A.- Todo lo anterior, ofrece la oportunidad de replantear el tema, a la luz de las nuevas soluciones a las problemáticas sociales que quedaron más que evidenciados en la vista que realizó esta Sala, especialmente cuando por la naturaleza de la norma, se pueden otorgar derechos reales administrativos con implicaciones sobre el Derecho urbanístico y ambiental, lo que involucra algunos temas que han ocupado a este Tribunal. Además, estamos ante una ley para solucionar una problemática social que a diario viven los pobladores de la zona marítimo terrestre, la que ejerce presión sobre los recursos naturales, y que requiere, necesariamente, de una ponderación de los derechos fundamentales en juego y de una adaptación del aparato institucional. (…).”

“B.- Sobre el control a posteriori de constitucionalidad.- (…) El punto que debe dilucidar este Tribunal Constitucional radica en determinar si tales efectos sobre el área pública necesariamente implican una inconstitucionalidad insalvable, esta vez interpretado a la luz de la necesidad imperiosa del Estado de ejercer una tutela sobre las políticas de un ordenamiento territorial, que de solución a los problemas de aglomeración de las personas en núcleos de población de hecho, y del derecho a una vivienda digna contenido en los artículos 50, 51 y 65 constitucionales, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.”

  “C.- El ordenamiento territorial como garantía de defensa del ambiente y del ser humano.- …(T)enemos que reconocer que el Derecho urbanístico difícilmente puede concebirse hoy en día desvinculado de los criterios de defensa del medio ambiente, pues más allá de la finalidad de crear mejores relaciones entre la naturaleza y los habitantes de un lugar, al establecer normas de higiene y de la salubridad pública, o mejoramiento de los cuadrantes de una ciudad, se busca, sobre todo,  una sostenibilidad ambiental mientras se desenvuelve una determinada comunidad. ¿Pero qué sucede cuando en países de ingreso medio a bajo, especialmente en algunas áreas costeras yacen comunidades marginales o excluidas de los beneficios del desarrollo de nuestro país, donde el habitante que se asienta ahí lo ha hecho desde muchos años y porque le aporta medios escasos para subsistir? No desconoce esta Sala los problemas que trae para los pobladores la búsqueda de soluciones a sus problemas de falta de vivienda digna, junto a un abaratamiento de los costos para poder edificarla, así como la de utilizar inconvenientemente las formas de crecimiento vegetativo de viviendas a lo largo de las calles públicas o, en este caso, dentro de la zona pública donde ejercen la actividad principal de vida, etc.  De ahí que la realidad obliga a diseñar una normativa que intenta conciliar el Derecho ambiental con varios derechos económicos, sociales y culturales (…). No olvida esta Sala que el cambio de régimen implica para aquellas personas que han venido ocupando el área pública de la zona marítimo terrestre el ejercicio informal de sus derechos económicos, sociales y culturales, y también para las personas que podrían ser afectadas dentro del área restringida.”

“De este modo, el legislador procura las condiciones para asegurar mediante las regulaciones urbanísticas una determinada estabilidad jurídica y los efectos positivos que procura el Derecho urbanístico, ante una situación de hecho, toda vez que a pesar del régimen actual, éste actúa más en beneficio del crecimiento urbano incontrolado pues hay vacíos normativos que el Estado no ha podido solucionar, pero que demanda de una solución al estar involucrados derechos fundamentales.  En el caso, se debate entre una tesis absolutista frente a otra relativa en la que consideramos que existen recursos de protección que lograrían producirse por medio de la planificación urbana. En opinión de la Sala, al procurar un balance adecuado en esta delicada materia, las diferentes disciplinas jurídicas se nutren de la ciencia y la técnica, sea del derecho ambiental y urbanístico, como también del Derecho público y administrativo, para dar  una solución a una problemática social muy antigua.

“(…) En efecto, el Derecho ambiental no es suficiente para dar una solución integral. (…)  Si de hecho se ha producido una situación social que el Estado no ha podido resolver en más de cincuenta años, la solución no reside en la prohibición, sino en la utilización de los mecanismos legales que racionalicen el uso de esos bienes a través de una solución integral. (…) Precisamente, ese es el tema que se intenta abordar con la legislación que se impugna, pues acceder a la pretensión de anular la norma impugnada profundizaría los problemas apuntados arriba, en especial de aquellos pobladores que se encuentran en un estado de vulnerabilidad social, dada su condición de pobreza y que cuentan con medios de subsistencia muy precarios, los cuales viven en una permanente zozobra de que en cualquier momento pueden ser desalojados de sus viviendas.  Por el contrario, los pobladores ahora tienen un instrumento para presionar a sus autoridades municipales para regularizar aquellas situaciones de su interés.” 

“El punto medular de la presente acción de inconstitucionalidad radica en el cambio de régimen jurídico de lo que tradicionalmente la Ley 6043 denominaba como área pública de la zona marítimo-terrestre, hacia un  régimen de excepción, que establece la Ley No. 9221, donde el legislador reconoce a este bien demanial un cometido social, que permite reconocer jurídicamente el estatus a ciertos asentamientos históricamente establecidos en los litorales; véase que no se trata de situaciones individuales de habitantes, sino que hay un sentido de colectividad en la legislación….” 


“D.- La cláusula del Estado social de Derecho . No hay duda alguna que el Estado de Costa Rica es un Estado social de Derecho, aunque no se diga de forma expresa en la Constitución Política. En efecto, de la relación lógica y necesaria entre el párrafo primero del numeral 50 y 74 se extrae esta conclusión necesaria.  Hay, pues, un mandato constitucional hacia el Estado de que debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes de la República, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Además, de conformidad con el numeral 74 y con los instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado está en la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a la población, así como otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley, a través de la prestación de una serie de servicios básicos. En esta dirección,  Sala Constitucional ha enfatizado, en su jurisprudencia, que Costa Rica es un Estado social de Derecho. (…)   
       “Así las cosas, este Tribunal debe, por la vía de excepción, al estar en juego derechos fundamentales –el derecho al ambiente, el derecho a la vivienda digna y el derecho a un medio de subsistencia digno que le garantice a la persona el satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, de realizar una ponderación entre esos derechos fundamentales.”

“El derecho a la vivienda digna.- Debe tomarse en consideración para resolver la presente acción, la tendencia natural y lógica del ser humano de asentarse en un lugar que le proporcione cercanía con aquellas actividades sobre las que gira su vida, como las fuentes de trabajo o aquellas que son su medio principal para subsistir, las que luego se manifiestan en las diferentes formas de cohesión social y en el asentamiento territorial (constituidas por las ciudades, sean jurídicamente reconocidas o de hecho). En este punto, es importante hacer referencia al rol orientador y precursor del Estado de políticas en esta materia.  Por sentencia No. 2011-13436 de las quince horas trece minutos del cinco de octubre de dos mil once, esta Sala señaló, respecto de este tema, lo siguiente:

“El Estado debe conjuntar esfuerzos para que las personas puedan acceder al derecho a una vivienda adecuada, en condiciones de legalidad, seguridad, de paz y de igualdad.  Este derecho, por supuesto, es un derecho relativo que dependerá de las condiciones sociales e individuales; la norma constitucional se refiere a un contenido más que todo programático, aunque debe estar conforme a la progresividad de los derechos sociales. En general, el Estado debe ser un facilitador responsable del cambio social en esta materia, lo cual no solo debe ser entendido en un nivel esencial mínimo, sino también debe proporcionar los mecanismos jurídicos para que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna, sea ésta arrendada o adquirida, mediante los programas asistenciales y de créditos a personas que califiquen con tasas preferenciales, o en condiciones de un mercado libre para poseer o adquirir una vivienda acorde con sus condiciones personales. La obligación de un Estado plenamente responsable no cesa con programas asistenciales para un primer nivel de necesidad dirigida a los más vulnerables, sino que debe desarrollar una política más general, no discriminatoria que responda a una demanda de vivienda o a una proyección de la necesidad de la vivienda en general” 

“Ahora bien, cuando el artículo 65 constitucional establece que “ El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador”, se refiere a ese primer nivel del derecho a una vivienda digna; pero debemos admitir que éste no se agota en sí mismo, porque de conformidad con la interpretación de la Sala junto a otros numerales de la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos, comprende otras modalidades con un sentido más amplio que las meras formalidades patrimoniales (…) Los artículos 50 y 51 constitucionales además permitirían al Estado ser promotor del bienestar general, especialmente a favor de los desposeídos o personas en situaciones de desventaja, o donde la familia tiene derecho a la protección especial del Estado.  A esto agregamos los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. (…)” 

“La normativa anterior, proporciona el entramado normativo para entender que el derecho a una vivienda digna no estaría reservado solo a la esfera patrimonial y civil, sino que también tiene una dimensión en la personalidad y dignidad del ser humano que debe ser tutelado por el Estado. No podemos dejar de advertir que la legislación persigue solucionar un problema fundamental que por décadas ha venido existiendo (incluso que se viene arrastrando desde antes de la promulgación de la Ley 6043), pero que rescata el derecho humano a la vivienda digna, que debe ir de la mano de políticas estables del Estado para hacer efectivo no solo la norma constitucional (art. 65), sino las otras disposiciones sobre derechos humanos regulados internacionalmente y las declaraciones señaladas arriba.  El derecho humano a la vivienda es un  derecho de tercera generación, de solidaridad humana, que es facilitado por el Estado sí otorga las condiciones para su disfrute; (…)  Por las razones dichas arriba, debemos concluir que de la relación de los artículos 50, 51 y 65 de la Constitución Política se puede extraer el derecho a una vivienda digna, que otorga un espacio de desenvolvimiento de la persona humana dentro de un ámbito íntimo, que le provee tanto dignidad como permanencia a la unidad familiar con su uso más o menos prolongado.  Véase, que no se trata de una tutela de un derecho individual, sino de un derecho colectivo, como es el que regula el Derecho urbanístico, que se ocuparía de la cohesión social de hecho y territorial existente, teniendo en cuenta este contenido de derecho fundamental. 

“Por ello, este Tribunal Constitucional reconoce que los efectos de la interpretación de esta Sala sobre el área pública de sostener su intangibilidad en forma general –sin excepciones- crearía una norma pétrea frente a las necesidades reales de la población costera de nuestro país, y condena a la inmovilidad del derecho, lo que tiene serias consecuencias en la vida de muchos ciudadanos, especialmente aquellos de origen más humilde, que viven en pobreza y de las actividades relacionados con el mar. En el caso emanan temas de justicia social que pueden responderse desde la cúspide del ordenamiento jurídico, que deben ponderarse, como también se produce una necesidad de que este Tribunal bajo una mejor ponderación, aún teniendo en cuenta la copiosa jurisprudencia, tome en consideración el resguardo de determinados derechos, especialmente los sociales, si del examen se puede concluir un beneficio para las poblaciones, particularmente a aquellas en desventaja y vulnerabilidad.”

La cita anterior contiene de manera fácilmente apreciable un hilo conductor y es la necesidad de que la Sala haga una ponderación de derechos, la actividad estatal y particularmente la legislativa cuando se trata de solucionar problemas que por décadas han afectado los legítimos derechos constitucionales de habitantes de zonas relegadas en nuestro país.

19.- Resulta evidente la relación de pertinencia entre esa posición y la situación que debe resolverse en este caso, donde también nos encontramos con una grupo de población que, muchos años antes de la intervención estatal, había consolidado proyectos de vida claros y contentivos de ejercicios concretos del derecho a desarrollarse como personas, así como a buscar y obtener una vida y una vivienda dignas; todo esto –se insiste-  mucho antes de que el Estado intentara aplicar en la zona mecanismos de protección del ambiente.

20.- También resulta una obviedad señalar que –en el caso particular- ha sido el propio Estado el que no ha sabido proveer a los pobladores originarios de la zona con una apropiada respuesta, vale decir, una solución coherente y respetuosa de todos los derechos constitucionales en juego; y es que a pesar de que eso fue lo que se trató de hacer en un principio con las reglas de exclusión y titulación del decreto original, tal enfoque apropiado no pudo mantenerse y la situación derivó en favor de la protección al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado con una grosera desatención de las legítimas condiciones  y aspiraciones de las personas habitantes de la zona, la cual, lamentablemente, fue avalada por este propio Tribunal.

21.- En este punto, es relevante hacerse eco de lo que se ha sostenido por las distintas partes en este expediente y repetido incluso por la propia representación del SINAC, en el sentido de que la situación del Refugio Gandoca Manzanillo fue y es diferente de los casos tradicionales, dado que no se trata de proteger a personas invasoras que han intentado establecerse con posterioridad a la declaratoria de refugio y que pretenden sacar provecho de los descuidos estatales o de la falta de vigilancia. Si se tratara de tal situación, es decir, se estuviéramos frente a personas que forma deliberada han violentado los límites y reglas de manejo del refugio para instalarse allí después de su declaratoria, el Estado estaría facultado de forma amplia para ejercicio de su poder-deber de proteger el ambiente, de acuerdo a los ordenado en tal sentido por las normas jurídicas aplicables al caso. Sin embargo, en este caso los elementos de juicio apuntan a que fue el Estado el que –quizás armado de las mejores intenciones respecto del derecho al ambiente- pretendió establecer un refugio absolutamente sui generis por abarcar zonas en una estrechísima interacción con los territorios de los pobladores que, al momento de la declaratoria, ya vivían y prosperaban en la zona.

22. Y fue el mismo Estado según lo describe este propio Tribunal el que luego, abandonó esa posición por una mucho más desatenta con la situación de las zonas urbanas y sus habitantes, a las que decidió sumar al refugio a través sin ningún estudio ni justificación técnica y menos aún sin determinar el aporte específico que -en materia de protección medioambiental- darían las zonas urbanas al Refugio RVS-GM, y sin definir, y menos aún, respetar el estatus jurídico de los quienes ocupaban en calidad de poseedores las tierras en dicha zona, tal como lo exigía el artículo 37 la Ley Orgánica del Ambiente, misma que desarrolla directamente el artículo 45 Constitucional y estaba ya vigente cuando se hizo la última inclusión de zonas urbanas en el año 2005, según lo afirmó en su momento la propia Sala:

“VI (…) Sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el DE-32753-MINAE de 16 de mayo del 2005, el cual derogó expresamente el artículo 6 del DE-16614 ; nuevamente las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo pasan a formar parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, situación que se mantiene a la fecha” (sentencia 2009-1056)

23.- La confirmación de las anteriores condiciones particulares debe  incidir en la manera en que esta Sala –como Tribunal investido de poder para la protección de los derechos constitucionales de las personas- debe valorar las supuestas carencias que -desde la perspectiva ambiental- pueda tener el estudio técnico presentado para sustentar una decisión legislativa que pretende solucionar el problema concreto que se ha presentado por años en la zona. A ese respecto y tal como se indicó en la sentencia 2012-13367 arriba citada, la tarea de la Sala es verificar de general y comprensiva posible la existencia de un equilibrio ecológico en la propuesta, lo cual se demuestra por todo el conjunto de estudios y análisis y no por la falta de una u otra valoración de algún tema concreto. Desde este modo, ninguna de las “faltas” apuntadas por la Procuraduría, tienen el peso suficiente para convencernos que la Sala debe dejar desvalidas, nuevamente, a los habitantes de la zona, declarando que la ley emitida resulta constitucionalmente insostenible. Por el contrario, el estudio técnico realizado luego de la sentencia emitida por la Sala, se esfuerza en valorar las particulares variables medioambientales que han entrado en juego en este caso y luego de su análisis, ha concluido que –en una sumatoria de ventajas y desventajas- las medidas legislativas propuestas, resguardan el equilibrio ecológico y ambiental y respetan el mandato constitucional de proveer a los habitantes de nuestro país con un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

24.- En particular, y en lo referido a la existencia de “zonas boscosas” que supuestamente quedarían huérfanas de protección ambiental, el informe rendido por la SINAC a petición de la Sala como prueba para mejor proveer, explica que las posibles zonas boscosas excluidas por la ley, no han perdido y no podrían perder su régimen de protección, pues –en tanto se trate de bosques según la definición de la Ley Forestal- quedan amparados por sus normas protectoras, aún cuando se lleguen a encontrar incluso en terrenos privados. Igualmente, se afirma que los arrecifes de las zonas costeras no van a sufrir con la medida, más deterioro del que actualmente sufren, porque su afectación se genera con los materiales que aportan los ríos desde zonas tierra adentro. También se afirma que las dos zonas de manglares que han quedado excluidas del refugio tampoco sufren de forma relevante en su régimen de protección porque continúan plenamente amparados por las obligaciones internacionales para su defensa y protección, las cuáles han sido aceptadas por Costa Rica en las convenciones internacionales relativas a la materia y que por ende no sufrirán cambios cualitativos.

25.- También debe atenderse lo expuesto por el SINAC al señalar que algunas de las objeciones de la Procuraduría no tienen relación con el tema ambiental sino con eventuales carencias de la ley, como es el caso de que no se indique cuál es en particular el régimen jurídico con el que cada uno de los habitantes ostentan la tenencia de la tierra en la zona y tampoco le corresponde al informe técnico ambiental, aportar elementos para juzgar si el objetivo de la ley, respecto de “reconocer los derechos de los habitantes del Caribe Sur” exige constitucionalmente un estudio de la situación actual de tales habitantes al respecto. Tales aspectos, aunque pudieran llegar a demostrar posibles defectos de la ley, no entran dentro del ámbito competencial de la Sala, quien no tiene dentro de sus facultades anular una ley por ausencia de un apropiado sustento respecto de la finalidad perseguida, sino en este caso, únicamente si se comprueba que la reducción o readecuación de límites, viola por sí mismo el derecho a un amiente sano y ecológicamente equilibrado.

26.- En resumen -y esto resulta ser clave para la decisión que aquí se toma-, frente a la inseguridad jurídica y el daño en los legítimos derechos de los habitantes del Caribe Sur, que se originó desde el momento mismo de la emisión del primer decreto de creación del Refugio y que prácticamente podrían perpetuarse con una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley discutida, estimados que el informe técnico cumple de forma adecuada su finalidad propia y específica y permite entender que las innovaciones de la ley no afectarán de forma relevante el equilibrio ecológico y por ende el derecho a un ambiente sano del que son titulares las personas en nuestro país. Dicho informe es claro en señalar que, dadas las circunstancias particulares de creación del refugio y la forma en que este ha venido operando en la realidad, el replanteamiento de la forma jurídica en el régimen de protección ambiental de la zona, no conlleva afectaciones relevantes para el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en cambio, como sostuvo la Sala en la sentencia número 2016-000811 arriba citada, la medida legislativa se aviene apropiadamente con el desarrollo de derechos constitucionales de los habitantes, igualmente relevantes y dignos de consideración y valoración al hacer el análisis constitucional de esta decisión legislativa.

27.- La situación ampliamente expuesta de las poblaciones y el desarrollo urbano de las áreas del Caribe Sur, radicadas mucho tiempo antes de la declaratoria del Refugio y lesionadas por ésta última en sus derechos, hace que no pueda hablarse de una lesión a los principios constitucionales precautorio y de no regresión en materia ambiental (dentro de los cuales se subsumen otros que el accionante menciona pero que no tienen el alcance propio de principios propios y autónomos que se les quiere dar, como el que él denomina de “irreductibilidad” o el de compensación). La razón es que la exclusión de áreas establecidas en la ley, busca dar forma jurídica apropiada a unas condiciones preexistentes a la declaratoria de refugio, pero además, no podría nunca entenderse que las zonas excluidas quedan liberadas y a merced de la omnímoda voluntad de sus dueños, respecto a su destino, tal como pareciera entenderse, y ello todavía menos en el caso de las zonas boscosas protegidas por la Ley Forestal. Justamente a la inversa, tales terrenos, incluyendo los terrenos excluidos por la ley impugnada, que contienen áreas de bosque, nacientes o quebradas; o bien abarcados por la zona marítimo-terrestre, e incluso las demás tierras habitadas que conforman las zonas excluidas, están y seguirán estando sometidas a las reglas protectoras del ambiente que existen en la Ley Forestal, la Ley Orgánica del Ambiente, o la Ley sobre protección a la Biodiversidad solo para mencionar unas cuantas. En todas ellas –y muchas otras más que podrían llegar a ser aplicables- se provee al Estado de un amplio marco jurídico en competencias, instrumentos y potestades, para asegurar que no exista ningún deterioro del equilibrio ecológico. Es más, -y tal como se acentuó con vigor en la sentencia 2016-00811-,  en este caso concreto ya existe y está vigente un minucioso plan regulador recogido en el Decreto número  34946-MINAET que ha tomado en cuenta –sin que pudiera ser de otra forma-  todas las variables ambientales, para la regulación de las actividades a desarrollar a lo largo de todo el territorio de la zona, incluyendo zonas urbanas, y la zona marítimo terrestre, así como las restantes áreas con los diferentes ámbitos de protección. Lo anterior debería permitir entender a la Sala que aún cuando el régimen jurídico de protección en las zonas excluidas por la ley ha cambiado por disposición legal, ello no ha implicado –en este caso- una desmejora del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado que la Constitución ordena proteger. Por otra parte, es necesario recordar que si existen casos concretos de violación a la normativa ambiental, invasiones o usurpaciones de tierra, construcciones ilegales, etc, es obligación de las autoridades estatales, ejercer sus competencias legales, para presentar los reclamos judiciales, realizar las denuncias penales que resulten necesarias y tomar las acciones administrativas concretas para reestablecer la legalidad.




B-2 En relación con el reclamo por falta de consulta a los pueblos indígenas. 




28. En otro de los reclamos planteados se alega la inobservancia de lo previsto por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que establece la necesidad jurídica de una consulta a los pueblos indígenas cuando se planteen acciones estatales que puedan llegar a afectarles en sus legítimos derechos. En este caso, coincidimos con la observación de la Procuraduría General, en el sentido de que la legislación que se cuestiona no presenta las condiciones particulares que la jurisprudencia de esta Sala ha fijado para hacer exigible el proceso de consulta. En efecto, la mayoría de esta Sala, ha entendido que la exigencia del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT es un mecanismo eficaz para lograr la participación y la toma de criterio de los pueblos originarios, en los casos en que el Estado pretenda tomar disposiciones que los afecten como grupo distinguible y en su calidad de integrantes de esa colectividad. Materias como reglas de tenencia de la tierra en zonas indígenas, autorizaciones de explotación de recursos en las tierras otorgadas a ellos, las condiciones para su educación y para ordenar sus formas de organización, son temas tradicionalmente reconocidos como objeto de necesaria consulta. Sin embargo, en este caso, las decisiones legislativas no van dirigidas a moldear la situación jurídica de poblaciones indígenas en cuanto tales, sino solamente de aquellos indígenas que eventualmente –y junto con muchos otras personas no indígenas- puedan resultar ser habitantes del territorio abarcado o excluido por la fijación de límites para el refugio RVS-GM: Por esa razón no existía ninguna obligación de que la Asamblea cumpliera con ese requisito establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y por ello en este punto también la acción debe ser declarada sin lugar.




B-3 En relación con el reclamo por violación al artículo 7 constitucional al desatenderse las obligaciones de Costa Rica en relación con humedales protegidos por el Refugio.




29.- El accionante alega de forma general y sin mayor precisión que los manglares y humedales existentes en la zona del Refugio se ven afectados por la ley en el sentido de que por disposición de la Asamblea Legislativa quedarían desprotegidos, con grave lesión de las obligaciones legales de Costa Rica. Sobre este punto el SINAC afirma de forma categórica que el principal ecosistema de mangle que contiene el Refugio es la laguna de Gandoca, con 200 hectáreas, el cual es patrimonio Natural del Estado y se ubica muchos kilómetros al sur de las zonas excluidas por la ley.  Se agrega que existen además dos áreas que menciona la Procuraduría de dos mil y tres mil metros que se ubican en la desembocadura de dos quebradas. Afirma que dichas áreas están protegidas por ser parte del Patrimonio natural del Estado, y –además- bajo la tutela de disposiciones sobre zona pública marítimo terrestre. Tales afirmaciones resultan ampliamente suficientes para descartar alguna puesta en peligro de las obligaciones de Costa Rica, derivadas de los convenios sobre humedales de los que nuestro país es parte.




Corolario.




30. En virtud de todo lo expuesto, no se ha configurado ninguna lesión constitucional al derecho contenido en el artículo 50 de la Constitución Política, pues el equilibro ecológico no ha sufrido menoscabo con las disposiciones de la Ley impugnada, la cual tampoco infringe las obligaciones internacionales aceptadas por nuestro país en el tema de los humedales y zonas de manglar. Asimismo, con vista del alcance de las disposiciones legales impugnadas, no resultaba exigible formalmente el proceso de consulta contenido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.  Al contrario, el Estado mantiene intactas sus potestades en el ámbito de protección ambiental y defensa de los bienes públicos y debe, según nuestro criterio,  actuar de manera consistente tomando las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley.













Nancy Hernández L.

                            










Luis F. Salazar A.                                                                          Jorge Araya G.                   

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:31:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

…VII. While there is a technical report that justifies the enactment of the Law, the truth is that said study does not succeed in ruling out that the removal of lands from protection (desafectación) will not cause environmental damage—with respect to the non-urban quadrants. From a logical perspective consistent with the Law of the Constitution (values, principles, and rules), the proper course would have been to order only the removal from protection of the lands that comprise the towns located in the zone—native villages or other population settlements—or, eventually, to exclude other public-domain areas, provided it was proven that no environmental impact would be caused and the corresponding compensation were made. In that sense, as stated above, there is no clarity regarding the lands that contain forest—whether they are part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) or private lands subject to the limitations provided for by environmental law, in which case the removal from protection was unnecessary—that the Law removed. It is one or the other: if they are private assets subject to the environmental limitations provided by legislation, the removal from protection is superfluous; if they are a public-domain asset, the removal from protection is insufficient, because there is no certainty of no environmental deterioration and the corresponding compensation for the area is not made. Faced with this reasonable doubt, the appropriate step is to apply the in dubio pro natura principle, so the 188 hectares must be considered part of the refuge—a demanial asset (bien demanial)—and therefore their exclusion without the corresponding compensation is improper. All of the foregoing, without a doubt, is contrary to what this Chamber has provided in its case law, hence the challenged legal provision is unconstitutional. However, the foregoing conclusion must be nuanced, in the sense that, if there are private lands within those 188 hectares, it is not possible, under the terms of Article 45 of the Constitution and Article 21 of the American Convention on Human Rights, to violate the property rights of their owners. Moreover, the 188 hectares form part of the core of the wildlife refuge, which is linked to a fundamental right recognized in favor of those who make up the Costa Rican Nation—those who were, are, and will be—as well as the other inhabitants, so we are in the presence of an extremely serious impact on the environment; especially since in this case the challenged Law does not make the corresponding area compensation and lacks, as explained supra, technical studies to carry out the reduction of the aforementioned refuge.

On the other hand, it must be clarified that, in accordance with the information in the record, both legislative and judicial, not all of the challenged legal provisions are contrary to the Law of the Constitution, since the exclusion from the refuge of the urban quadrants is indeed appropriate—native villages or persons who were even there before the refuge was created—so it would make no sense to make a declaration of unconstitutionality for the entire set of provisions. Rather, to achieve a fair balance between environmental protection and the socioeconomic needs of the people, the proper course is to grant the filed action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad), annulling the provision only with regard to the territories comprised in the forested zone—188 hectares—as provided by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) in its reports, and consequently order SINAC to proceed to delimit the aforementioned area. In the event it is determined that they are public-domain assets—not private-domain assets—SINAC, jointly with the State Attorney (Abogado de Estado), must pursue the corresponding legal actions in defense of the public patrimony. As regards property rights—if they were to be determined—the corresponding competent authorities must impose the corresponding social-interest limitations on the properties in the interest of environmental protection…

…IX.—Conclusions.—1) As to the arguments of lack of technical support and compensation measures, it is confirmed that Law No. 9223 “Recognition of the Rights of the Inhabitants of the South Caribbean” entailed a reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, based on an insufficient technical study with respect to the forested zone, and that moreover, it did not provide for compensation measures. This translates into a violation of the right to the environment, and of the principles of reasonableness, proportionality, objectivization (objetivación), and precaution (precautorio), making the granting of the action appropriate, as indicated in the operative part of this resolution. 2) As to the arguments of lack of consultation with indigenous peoples, impact on wetlands, and the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), they are not analyzed since unconstitutionality has already been determined on procedural grounds; additionally, it was neither substantiated nor proven that the law should have been consulted with indigenous peoples, or that the provision per se entails an impact on wetlands or the maritime-terrestrial zone…

It is the exclusive purview of the Constitutional Chamber to verify the sufficiency of the technical report to justify the reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, as well as to assess whether the principle of reasonableness and proportionality is satisfied. 2. There is unconstitutionality by omission in failing to compensate the eliminated area. 3. No injury to Article 6 of ILO Convention No. 169 was demonstrated. 4. Nor is a violation of the principle of intangibility of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) found.

6.- JULIO JURADO FERNANDEZ, in his capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), submits his report via official letter SINAC-DE-131 of January 19, 2015, and states regarding the object of this action: a) The principle of non-regression in environmental matters or the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) finds its normative-legal basis in Article 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554, which provides: “the surface area of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), the natural heritage of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure.” He adds that it was the legislator himself who established the possibility of reducing Protected Wilderness Areas, but this possibility has limits so the State is forbidden from “adopting measures and policies, or approving or modifying norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the rights previously attained” (see folio 200), the latter deriving from the principle of progressivity of Human Rights and the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental). In this regard, the principle of objectification of environmental protection takes on special relevance since it requires that “decision-making in environmental matters, whether in relation to individual administrative acts or provisions of a general nature,” be accredited through technical and scientific studies (see folio 200). Coupled with the above, SINAC states in its Report that as part of the processing of Bill No. 18.207 (current Law No. 9223), SINAC was requested “to prepare and submit the required technical report, in accordance with what was indicated by the Constitutional Chamber in ruling No. 2012-13367” (see folio 201). The technical report required of SINAC through ruling No. 13367 of September 21, 2012, of the Constitutional Chamber “was prepared by specialized personnel” of SINAC “using serious, exhaustive, comprehensive scientific criteria, in order to determine the impact of the legislative measure on the creation objectives of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (RNVS-GM).” SINAC concludes in the letter dated January 19, 2015, that “according to the analysis of the indicated aspects and additional ones, the RNVS-GM continues to be preserved healthy and ecologically balanced”; nonetheless, it maintains that “the argument that there was a lack of technical support for the issuance of the Law is rejected.” Likewise, SINAC reiterates that this technical study “constitutes the technical justification that supported the removal of protection (desafectación) adopted by the legislators in the law that is the object of this action” (see folio 202); b) regarding the plaintiff's allegation concerning the failure to consult indigenous peoples in accordance with Article 6 of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples, which according to the plaintiff is contrary to Article 7 of the Political Constitution, SINAC stated that such allegation “is not true” because “the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge does not include areas or sites that correspond to indigenous territories” (see folio 201). In relation to the latter, a map is attached to the SINAC Report where the foregoing is recorded, which is visible at folios 272 and 273 of the digital file; c) the alleged failure to consult the Regional Environmental Councils (Consejos Regionales Ambientales) according to Article 6 et seq. of the Organic Environmental Law was rejected by SINAC, since it is evident from the legislative file that the Regional Council of the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación Amistad Caribe) at the meeting of July 12, 2013, in session No. 001-2013, agreed: “1. To approve the technical report submitted and instruct the Executive Secretary of CORAC-ACLAC to send it to CONAC for its knowledge. 2. That the Technical Report be sent to the Committee on Agricultural Affairs and Natural Resources of the Legislative Assembly, so that it may serve as technical support for Bill 18207 'Law for the Recognition of the Legitimate Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean'” (see folios 235 to 244 regarding the report rendered by SINAC to the Legislative Committee on Agricultural Affairs and Natural Resources and folio 277); d) in relation to the alleged non-compliance with the obligation prescribed in Article 4, paragraph 1 of the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, Law No. 7224, SINAC stated that “the alleged non-compliance did not occur,” which can be evidenced since the proposed Bill No. 18.207 “does not affect any of the wetlands committed to by the country at the Gandoca-Manzanillo site,” as stated in the technical report submitted by SINAC, visible at folios 1513 to 1515 of the legislative file; e) regarding the redefinition of the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, established by Law No. 9223, Report SINAC-DE-131 indicates that “according to the text of the Law [Law No. 9223] there is no way to close the polygon between the points with coordinate 646571 and 1064574 and with coordinate 646504 and 1064634, approximately and according to the cartographic sheet.” The same conclusion was reached by the aforementioned Report in relation to the western part of the Refuge, except that “coordinate 642602 and 1064611 is eliminated and coordinate 642017 and 1062894 is indicated” (see folio 205); f) succinctly, SINAC concludes in its Report that: i) the requirement for a technical report as required by Article 38 of the Organic Environmental Law was not breached, since the report submitted by SINAC to the Legislative Assembly constitutes the support for the removal of protection (desafectación) effected by the Law that is the object of this action; ii) the requirement for consultation and approval of the technical report by the Regional Council of the La Amistad Caribe Conservation Area was not violated; iii) consultation with indigenous peoples is not necessary because no territories belonging to these peoples that are affected by Law No. 9223 are located within the boundaries of the Refuge; iv) the area of the Refuge does not affect any of the wetlands committed to by the country at the Gandoca-Manzanillo site.

7.- By ruling at 09:46 hours on March 2, 2015, the hearings granted to the Office of the Attorney General of the Republic and the Executive Director of the National System of Conservation Areas were deemed answered. Furthermore, the following were admitted as coadjuvants: MELVIN CORDERO CORDERO in his capacity as MUNICIPAL MAYOR OF TALAMANCA, PABLO BUSTAMANTE CERDAS in his capacity as PRESIDENT OF THE INTEGRAL DEVELOPMENT ASSOCIATION OF MANZANILLO DE TALAMANCA, JOHNNY LEON GUIDO in his capacity as PRESIDENT OF THE INTEGRAL DEVELOPMENT ASSOCIATION OF PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, SEBASTIÁN HERNÁNDEZ BALMA in his capacity as PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF ORGANIZATIONS OF THE TALAMANCA CARIBE BIOLOGICAL CORRIDOR, EMILY JEANNE YOSELL WOLF, LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA, and OTHER RESIDENTS OF THE COMMUNITIES OF THE SOUTHERN CARIBBEAN—previously cited—whose signature appears in the writing of 15:10 on February 12, 2015; they appeared on February 11 and 12, 2015, and request to be considered as coadjuvants because they consider that they have a legitimate interest, as it involves the defense of a diffuse interest in the environment. In the case of the petitioners ALFONSO HANSELL HANSELL, DELROY HANSELL HANSELL, JORGE MOLINA POLANCO, and AURORA GAMEZ ESCOBAR, the appropriate course is to reject their coadjuvancy petitions, since by ruling at 11:30 hours on February 16, 2015, they were warned to comply with the requirement of authenticating the writing in which they request to be considered as coadjuvants, including adding and canceling the two-hundred-fifty-colones stamp of the Bar Association and providing the current legal standing of the SOUTHERN CARIBBEAN CHAMBER OF TOURISM AND COMMERCE and of ODIO Y GAMEZ S.A.—in the case of the latter two—without the petitioners having provided any document or writing in response to the warning once the deadline had expired.

8.- A passive coadjuvancy brief was filed by Mr. MELVIN CORDERO CORDERO in his capacity as MUNICIPAL MAYOR OF TALAMANCA, visible at folios 292 to 316 of the digital file, seeking that this unconstitutionality action processed under file 14-019174-0007-CO be declared without merit based on the following: The non-existence of an official administrative file for the creation of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (RNVS-GM) has meant confusion, since the creation of the Refuge, regarding its boundaries. Executive Decree of creation No. 16614-MAG of July 1, 1985, in its first article establishes the boundaries of the RNVS-GM which do not include the territories occupied by the communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, and Puerto Viejo, except the community of Manzanillo, which is indeed included within the Refuge according to this Article 1 (see folio 299). On the other hand, Article 5 of the same decree indicated: the National Directorate of Cadastre is authorized to carry out the cadastral mapping survey and the ex officio registration of the individual plans necessary to develop the titling project within the area of the Refuge and that of the neighboring communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo, and Puerto Viejo, from which it is inferred that the cited communities were not within the area of the Refuge. Now then, Article 6 of Executive Decree No. 16614-MAG established that the areas that, according to the studies carried out by the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), are comprised within the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo, shall not be subject to the regulations of this Decree. Thus, this initial scenario was understood by the Constitutional Chamber, since through Executive Decree No. 16614 “the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge was created, establishing in its Article 6 that the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo (defined by INVU), would not be subject to the regulations of that decree [ruling of the Constitutional Chamber No. 1056 of January 28, 2009]” (see folio 298). All of which creates the alleged confusion on the part of the coadjuvant, since depending on the norm of the Executive Decree, the neighboring communities will be included or not within the area of the Refuge. Subsequent to Decree No. 16614-MAG, several other Executive Decrees were issued that affected the first, namely: 1. Executive Decree No. 23069-MINEREM of March 21, 1994, which repealed Article 6 of Decree No. 16614-MAG; 2. Executive Decree No. 29019-MINAE of September 19, 2000, which repealed Decree No. 23069-MINEREM; 3. Executive Decree No. 32753-MINAE of May 16, 2005, which repeals Article 6 of Decree No. 16614-MAG; 4. Executive Decree No. 34043 of September 11, 2007, which reforms Decree No. 16614-MAG and restores the validity of Article 6. Until the aforementioned Article 6, in force since 2007, was declared unconstitutional by judgment No. 1056 of the Constitutional Chamber of January 28, 2009. This oscillation, which resulted in the intermittent validity of Article 6 of Decree No. 16614-MAG, meant that while Article 6 was in force, the Refuge would suffer a reduction of its area, since the neighboring areas of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo are excluded from the application of Decree 16614-MAG; but while this article was repealed, the area of the Refuge would be expanded, by not excluding the application of the aforementioned Decree to these neighboring communities. Notwithstanding the foregoing, the coadjuvant indicates that none of those repeals changed the situation, since Articles 1 and 5 of Executive Decree No. 16614-MAG were always in force, which clearly establish, the first, the boundaries of the Refuge, and the second, excludes the neighboring communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo, and Puerto Viejo (see folios 301 and 303). “There was no exclusion of the 'Urban Zones' of Gandoca and Manzanillo, as these were never included in the Refuge, according to the specific limits of Article 1°.” However, in May 2005, Executive Decree No. 32753-MINAE was issued, which ratifies Article 1 of Decree No. 16614-MAG but repeals Articles 5 and 6 thereof. The coadjuvant argues that subsequent to Executive Decree No. 32753-MINAE, judgments Nos. 5675-2006 and 11155-2007 of the Constitutional Chamber indicated that upon the repeal of Article 6, “again the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo become part of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.” Likewise, the coadjuvant adds that through judgment No. 1056-2009, due to the repeal of Article 6, “the exclusion of the application of the regulations corresponding to the National Wildlife Refuge for the areas mentioned therein as urban was rendered without effect (…) whereby it was understood that the Refuge was considered expanded” (see folios 303 and 304). He adds that “in reality, the immediate consequence of the repeal of Articles 5° and 6°, is the validity of Article 1°. The concepts of 'urban zones' and 'neighboring communities' disappear, are eliminated, are repealed.” The coadjuvant argues that the express repeal of Article 6 of Executive Decree No. 16614-MAG carried out by means of other executive decrees, as seen, results in an expansion of the Refuge area, since the exclusion of the application of Decree No. 16614-MAG to the neighboring communities is not in force. With this, the coadjuvant argues, Executive Decree No. 29019-MINAE, which fully repeals Executive Decree No. 23069-MINEREM, causes the repeal of Article 6 carried out by the latter to become without effect, whereby the aforementioned article returns to force. In turn, this latter presupposes that the new validity of Article 6 reduces the area of the Refuge. In this regard, the coadjuvant cites ruling No. 11155-2007 of the Constitutional Chamber, which expressly indicates that Executive Decree No. 29019-MINAE entailed a “reduction of the area of the Refuge in question, caused environmental damage to the existing biodiversity, since it violated Article 38 of the Organic Environmental Law, which establishes that the surface area of said areas can only be reduced by law (…).” Now then, the coadjuvant indicates that with Executive Decree No. 32753-MINAE, Articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 of Decree No. 16614-MAG are ratified, while Articles 5 and 6 thereof are repealed. Thus, the validity of Article 1 of Decree No. 16614-MAG entails “finally the unjust inclusion of Manzanillo in the Refuge, the trampling of the rights of its inhabitants [that] had been 'legalized'” (see folio 304), according to the coadjuvant. In this sense, the coadjuvant brings as support official letter DM-445-09 of March 30, 2009, from the Comptroller General of the Republic, which in relevant part indicates that the promulgation of Executive Decree No. 32753-MINAE “had no legal support whatsoever, but most gravely it never had technical support that justified the inclusion of said areas” (see folio 304). Added to the above, the aforementioned official letter indicates that the promulgation of this Decree “was simply an arbitrary and unilateral act” since it “obviously affected the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo without any type of procedure protected by law on the part of MINAE” (see folio 305). Finally, the coadjuvant indicates that a new Executive Decree, No. 34043-MINAE, “attempts to resolve the confusion and institutional excesses” through the repealing provision of Decree No. 32753-MINAE, the expansion of the marine Section of the Refuge, and the description of the urban areas of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo by SINAC jointly with the Municipality of Talamanca, in addition to the reiteration that such areas were not affected by the Refuge, in the original terms of Decree No. 16614-MAG (see folio 305). However, Decree No. 34043-MINAE was the object of an unconstitutionality action, subsequently declared with merit, whose ruling indicated that excluding the mentioned urban areas “not only violates the principle of legal reserve (principio de reserva legal) but also the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. The principle of legal reserve is violated since, according to what has been stated, the reduction of the State's forest heritage (patrimonio forestal del Estado) can only occur via legislation and not via regulation (judgment of the Constitutional Chamber No. 1056 of January 28, 2009)” (see folio 306). The coadjuvant maintains, therefore, that “such a situation is totally removed from the principles and objectives of the creation of the RNVS-GM. As the legislative file of Law 9223 generously gathers and documents, the purpose of the declaration was: 'the full consolidation of the rights of the region's inhabitants so that, through sustainable, rational, and systematic exploitation of the resources of the protected area and its neighboring zones, they can achieve the greatest well-being and social, economic, political, and ecological development'” (see folio 307). The coadjuvant adds that, as part of this conflict with these communities, the affected peoples brought their complaint to the Hearing granted during the 140th regular session of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) on October 28, 2010. In this regard, he maintains that “Commissioner Dinah Shelton, Rapporteur for Indigenous Peoples, drew the attention of the representatives of the Costa Rican State to the evolution between the concept of the right to environmental protection and the list of other human rights with which it must coexist in fair balance” (see folio 310), for which he incorporates a fragment of the Commissioner's statement indicating that “article 8 of the Convention on Biological Diversity suggests the possibility of reconciliation of this situation, through the establishment of a system of protected areas where measures are taken to conserve biological diversity and paragraph j) which refers to the respect and preservation of practices, not only of indigenous communities, but also of local communities that have relevant traditional ways of life related on the one hand to the preservation and sustainable use of biological diversity” (see folio 310). With all this, “Law No. 9223 is not, therefore, a law to reduce a protected area, as the plaintiff tries to present it; this law is clearly, as its name indicates, the culmination of a serious process aimed at determining and resolving the zone of confluence and integration between the right to environmental protection and the list of other fundamental rights with which it must coexist in fair balance” (see folio 311). He adds to his argument the fact that at ordinary session No. 126 of November 17, 2014, of the Municipal Council of Talamanca, it was indicated, in agreement number 2, point 3, that “the preparation of a Regulatory Plan (Plan regulador) for said coastal zone be ordered in order to achieve its orderly development, respecting the right of its inhabitants to live in an adequate environment” (see folio 313). “With the approval of Law N° 9223, the necessary legal framework is achieved for this municipality to appoint, at Municipal Council Session N° 187 of March 14, 2015, the municipal commission for Planning and Territorial Ordering (Planificación y Ordenamiento Territorial) of the Canton of Talamanca” (see folio 313).

9.- A passive coadjuvancy brief was filed by Mr. PABLO BUSTAMANTE CERDAS in his capacity as PRESIDENT OF THE INTEGRAL DEVELOPMENT ASSOCIATION OF MANZANILLO DE TALAMANCA, visible at folios 350 to 366 of the digital file, seeking that this unconstitutionality action processed under file 14-019174-0007-CO be declared without merit based on the following: “The conservation objects and the representativeness of the Refuge are not affected by the proposed reduction. Likewise, the National System of Conservation Areas emphasizes that the approval of Bill N° 18.207 would not be unconstitutional provided it complies with the legal and procedural requirements foreseen for the reduction of the protected wilderness area (área silvestre protegida)” (see folio 363). Therefore, “it makes no sense to think about the need to establish a compensation mechanism for the reduction of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, when what is intended is to correct a historical error that violated the rights of the communities historically settled prior to the declaration of the Refuge” (see folio 364). According to the coadjuvant, it was the National System of Conservation Areas itself that indicated that “there was a material error in the recommended text, which occurred when changing the coordinate description system from Lambert Projection, in which the original bill proposal was, to the Transverse Mercator (CRTM 05) coordinate description system, which was used for the substitute text recommended by them” (see folio 364). This was discussed as a result of the motion proposed via Article 137 of the Regulations of the Legislative Assembly once the substitute text was affirmatively reported and subsequently discussed in the Legislative Plenary at the session of February 11, 2014, through motion No. 3-43 (137-2). With all this, the coadjuvant reaffirms that “with Law N° 9223, the only thing intended is to exclude them [the communities neighboring the Refuge], as had been provided for in Executive Decree N° 16614-MAG (…). With this, to correct the historical error caused by Executive Decrees N° 23069-MINEREM and N° 32753-MINAE (decrees that incorporate the settlements into the Refuge)” (see folio 364). He argues that it cannot be considered a violation of constitutional law that, by means of a later law, the size of any site of environmental interest is reduced “provided that this is duly based on a technical study,” just as occurred in the case of the Law that is the object of the present action, since this situation “was evidently fully complied with in the processing of legislative file 18.207, in response to Constitutional Chamber ruling N° 2012-2013367 [sic] of September 21, 2012” (see folios 364 and 365). In this sense, the coadjuvant supports this statement by alluding to the certification issued by the National System of Conservation Areas, which was duly incorporated into the legislative file of Bill No. 18-207, through which it was indicated that compliance with the provisions of Article 38 of the Organic Environmental Law, Article 30, paragraph 7 of the Biodiversity Law, and Articles 71 and 72 of the Regulations to the Biodiversity Law was met, so that “CONAC approves the Technical Report for Gandoca-Manzanillo, presented by the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) and the Executive Secretariat of SINAC” (see folio 365). On the other hand, the coadjuvant refers to the plaintiff's allegation regarding the removal of protection (desafectación) of the Refuge area affecting the Ramsar wetland, to which he indicated, alluding to the SINAC technical report, that although the entire area of the Refuge (9,445 ha), both terrestrial and marine, is designated as a Ramsar site, this “does not entail the absolute protection of its resources as is erroneously believed; on the contrary, besides promoting the conservation and protection of the present wetland ecosystems, it also promotes the sustainable development of the neighboring communities” (see folio 365). Finally, the coadjuvant refers to the plaintiff's allegation about non-compliance with the consultation of indigenous peoples, regarding which he indicated that such consultation was carried out “taking advantage of the assemblies of the main local organizations, namely: Integral Development Association of Manzanillo, and the Biological Corridor, the first grouping the residents of the zone and the second, all the representative organizations of the zone” (see folio 365).

10.- A passive coadjuvancy brief was filed by Mr. JOHNNY LEON GUIDO in his capacity as PRESIDENT OF THE INTEGRAL DEVELOPMENT ASSOCIATION OF PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, visible at folios 368 to 377 of the digital file, seeking that this unconstitutionality action processed under file 14-019174-0007-CO be declared without merit based on the following: The coadjuvant alleges that alongside the principle of non-regression in environmental matters is the principle of non-regression in Human Rights matters (see folios 373 and 374). Therefore, the principle of non-regression in environmental matters “does not and should not come into conflict with other rights of the same nature,” which would result in a “fair balance that must exist between the right to a healthy environment and the rest of human rights” (see folio 374). The coadjuvant explains that this is the reason why he rejects “in all aspects the argument that the issuance of Law No. 9223 came to violate the environmental principle of non-regression.” He adds that there was no violation of such principle because the neighboring areas of Gandoca, Manzanillo, Puerto Viejo, San Miguel, and Mata de Limón at the time of the creation of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge “were never included within the RNVS-GM,” so they “in no way affect the resources that were the object of the creation of a wildlife refuge” (see folio 374). On the other hand, the coadjuvant rejects the plaintiff's argument regarding the compensation that should have been made for the reduction of the Refuge area, indicating that “there is nothing to compensate” since, according to the terms of Law No. 9223, the areas neighboring this Refuge “were always that, neighboring zones and urban zones that were not part of the Refuge, according to its Creation Decree” (see folio 375). He maintains that it was in the statement of motives of Law No. 9223 where “the esteemed Legislators were very clear that this Law came to put an end to a conflict caused by an erroneous and undue interpretation of the regulations that gave rise to the Refuge” (see folio 375). That the issuance of the Law that is the object of the present action was issued following a technical report, which was requested by the Legislative Committee on Agricultural Affairs and Natural Resources, as the coadjuvant indicates (see folio 375), “which was presented to it on August 26, 2013, via official letter SINAC-DE-1972.” With all this, “the thesis has been maintained that Law No. 9223 does not deal with a reduction of a Protected Wilderness Area (ASP), but with the correction of an original error in the declaration of a Protected Wilderness Area” (see folio 376). Thus, he adds that “the area declared in the creation decree was estimated, as the text thereof states at the end of Article 1: 'Approximate area 9,449 Ha'” (see folio 376). Coupled with the above, the coadjuvant cites the SINAC Report, aforementioned, indicating that once the limits proposed by Bill No. 18.207 are applied, and considering Executive Decree No. 34043, no variation would be produced with respect to the creation values stated in Decree No. 16614-MAG, since the total area of the refuge would be 10,452.12 hectares (see folio 376).

11.- A passive coadjuvancy brief was filed by Mr. SEBASTIÁN HERNÁNDEZ BALMA in his capacity as PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF ORGANIZATIONS OF THE TALAMANCA CARIBE BIOLOGICAL CORRIDOR, visible at folios 399 to 400 of the digital file, seeking that this unconstitutionality action processed under file 14-019174-0007-CO be declared without merit and that the hearing established in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction, Law No. 7135, be held.

12.- A passive coadjuvancy brief was filed by Mrs. EMILY JEANNE YOSELL WOLF and Mr. LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA, both in their capacity as MEMBERS OF THE LOCAL COUNCIL OF THE GANDOCA-MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE, MANZANILLO SECTOR, visible at folios 404 to 421 of the digital file, seeking that this unconstitutionality action processed under file 14-019174-0007-CO be declared without merit based on the following: They base their argument on the definition of the boundaries of the Refuge and the procedure followed for the SINAC technical study during the legislative processing of Bill No. 18.207 (current Law No. 9223). To this end, they provide an explanation by transcribing fragments of the SINAC Report, official letter SINAC-DE-13, and the Report of the Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area, via official letter SINAC/ACLAC-DR-060. Regarding the first Report, SINAC concluded that there are two errors in the approved text of Law No. 9223, which are: 1. “there is no way to close the polygon between the points with coordinate 646571 and 1064574 and with coordinate 646504 and 1064634” and 2. “there is no way to close the polygon in the western part of the Refuge.”

Unless coordinate 642602 and 1064611 is eliminated and the approximate coordinate 642017 and 1062894 is indicated” (see folios 416 and 417 // see folio 205 regarding the original copy of the SINAC Report). Thus, the second Report of the Regional Director of ACLAC indicated, regarding the foregoing, that concerning the first observation of Report SINAC-DE-131 “there is no error whatsoever, the text of Law 9223 is correct” (see folio 417). As for the second observation, he points out, it arises from interpretation, so he proceeded to give his opinion, indicating that Executive Decree No. 16614-MAG “describes the boundary line (derrotero) without the use of coordinates,” a description that was used by the Legislative Assembly during “a good part of the legislative process of Law 9223” (see folio 417). Report SINAC/ACLAC-DR-060 adds that “upon sending the Technical Report of SINAC [official communication SINAC-DE-131] (…) the boundary lines were adapted to the CRTM 05 system. When carrying out the conversion, and in a completely unnecessary manner, a coordinate was introduced (highlighted in bold) in that descriptive paragraph (…)” (see folio 418). This report continues by indicating that “as Engineer Masís rightly points out in his report, the foregoing does not introduce any error in the boundaries of the Refuge, nor in the official maps generated as a result of the approval of the Law in question. Nonetheless, it results in an omission in their description.” Thus, the coadjuvants reaffirm that what the Regional Director of ACLAC indicated regarding the first observation “has no basis whatsoever” since, according to the text of the Law, there is no way to close the polygon between points with coordinate 646571 and 1064574 and with coordinate 646504 and 1064634; therefore, they conclude, “the text of Law 9223 is correct” (see folio 418). In relation to the second observation, they maintain that “it was clearly established that the delimitation of the National Refuge in that sector is not altered in any way, since it has maintained the same description since the decree creating it was issued (…)” (see folios 418 and 419). Finally, it was “when converting the boundary lines from the Lambert system in which they were [,] to Costa Rica Transversal Mercator [,] recently required when, by error or for any other reason, the phrase ‘… up to 100 meters after the bridge over the Ernesto stream (quebrada), where it takes a line parallel to said stream, 100 meters upstream to its spring (naciente)…,’ the unnecessary extension: ‘at coordinate 642602 and 1064611’ was added” (see folio 419). Therefore, “it is a matter of simple resolution by SINAC, as it consists of eliminating the unnecessarily added phrase, following the procedures that the country’s legislation and regulations offer for such purposes” (see folio 419)

13.- A written submission of passive coadjuvancy was filed by NEIGHBORS OF THE COMMUNITIES OF THE SOUTH CARIBBEAN OF COSTA RICA, visible at folios 500 to 592 of the digital case file, seeking that this unconstitutionality action processed under case file 14-019174-0007-CO be dismissed based on the following: 1. First, the coadjuvants point out that “there cannot be a confrontation between rights of the same class, such as fundamental human rights, and that, on the contrary, governments must try to achieve a balance in their implementation, always for the sake of achieving the social well-being of the communities (…) without neglecting the importance that a development in harmony with the environment, which is a source of life and wealth, also has for such communities” (see folios 520 and 521). The foregoing conclusion was derived from an analysis of multiple instruments of International Human Rights Law and jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, from which the right of persons to develop alongside “the continuous improvement of the conditions of existence, that is, progressiveness in the sense of progress, or expansion of the coverage and protection of social rights” is inferred, which in the opposite sense would imply an impossibility of “reducing the levels of protection of existing rights, or, as the case may be, of repealing already existing rights”; coupled with the correlative obligation of the State to guarantee the foregoing (see folio 520). The coadjuvants support these affirmations, in addition to the cited and transcribed rules of International Human Rights Law, by incorporating into their argument the recommendations given by independent expert John Knox on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment (visible at folios 521-525). In connection with the coadjuvants’ argument, recommendation a) of the expert’s Report states, as relevant: a) safeguard both the right to a healthy and ecologically balanced environment and the rights of those who have lived, for many years, in or near the protected areas (see folio 524). Likewise, the expert noted that the desire to ensure conservation yields many benefits, but also requires the country to study the best way to reconcile its interest in preventing environmental degradation in those zones with the interests of the people who continue to live within or near them (see folio 521). Thus, the coadjuvants conclude that such reasoning was considered by the Legislators for the processing and enactment of Law No. 9223, which is why this is evidenced in its statement of motives. Specifically, they indicate that “what was attempted to be achieved with Law No. 9223 was precisely to put an end to a conflict that for decades has been occurring between poorly focused and radicalized environmental rights and the social rights of the communities of the South Caribbean of our country” (see folio 525). The coadjuvants add, based on the statement of motives of Law No. 9223 and the legislative record of Bill No. 18,207, that “the purpose of the bill is to recognize the legitimate rights of the Afro-descendant community and the coastal towns of the South Caribbean, which have been ignored until now, plunging these populations and territories and their administration and development organizations into the most complete defenselessness and paralysis due to the legal uncertainty resulting from such disrespect” (see folio 527). In the same vein, the coadjuvants maintain that in addition to the principle of non-regression in environmental matters, there is the principle of non-regression in human rights matters. Hence, “our own Constitutional Chamber has considered the right to a healthy and ecologically balanced environment a human right, a principle enshrined in article 50 of our Constitution, which should not and must not come into conflict with other rights of the same nature” (see folios 540-541). All told, they add a doctrinal citation noting that the “obligation to protect human rights from environmental harm does not require States to prohibit all activities that may degrade the environment; States may choose to strike a balance between environmental protection and other legitimate social interests” (see folio 544). However, these State measures that limit, restrict, reduce, relax, or make environmental protection more flexible must previously have “total and absolute justification and technical-scientific backing that allows determining, with a degree of certainty, that the protected legal interest will not be affected” (see folio 543), with which the principle of non-regression would not be violated. In reaffirmation of this argument, the case of the communities of Talamanca “threatened with the loss of all their property through administrative and criminal eviction processes from their homes” is introduced by analogy (see folio 546). This was brought before the Inter-American Commission on Human Rights, in whose hearing (140th regular session, on October 28, 2010) Commissioner Dinah Shelton, Rapporteur for Indigenous Peoples, noted that “article 8 of the Convention on Biological Diversity suggests the possibility of reconciliation of this situation, through the establishment of a system of protected areas where measures are taken to conserve biological diversity and paragraph (j) which refers to the respect for and preservation of the practices, not only of indigenous communities, but also of local communities that have relevant traditional ways of life related, on the one hand, to the preservation and sustainable use of biological diversity” (see folio 547). 2. The coadjuvants explain that the enactment of Law No. 9223 generated a certainty that will eliminate the uncertainty and normative vacillation existing prior to the enactment of this Law. Of relevance to the object of this action, the coadjuvants incorporate an excerpt from the “Final Report of the Eighteenth State of the Nation Report on Sustainable Human Development, Environmental Legal Framework, Regulatory Capacities, and Relevant Environmental Conflicts,” from 2012. Therein, a brief overview is made of the regulatory background that modified Executive Decree No. 16614-MAG, which created the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, evidencing the problem regarding land tenure (tenencia de la tierra) of the inhabitants of the communities surrounding the Refuge. It was Law No. 9223, according to the coadjuvants, that “came to remedy the series of errors and illegalities that the Government had incurred, especially in the case of the inhabitants of the South Caribbean of our country,” this because the legislation in force up to that moment could not solve the problem; “it was precisely the imprecision in the issuance of that legislation that, over the years, came to exacerbate the problem of legal uncertainty in the zone” (see folio 562). The coadjuvants reject the claimant’s argument that Law No. 9223 “came to violate the environmental principle of non-regression, because in the case at hand, the issuance of that Law was one of the permitted ways to set aside said principle” (see folio 563). They indicate that the zones of Gandoca, Manzanillo, Puerto Viejo, San Miguel, and Mata de Limón, at the time of the Refuge’s creation, “were never included within the RNVS-GM” (see folio 563). 3. The coadjuvants affirm that “there is nothing to compensate” (see folio 563). The zones surrounding the Refuge were always surrounding zones and urban zones “that did not form part of the Refuge, according to its creation Decree.” They indicate that it was rather due to “errors of appreciation, illegalities, and interests detached from the spirit that drove the creators of the Refuge” (see folio 564). They add that the statement of motives of Law No. 9223 is clear in indicating that this Law “came to put an end to a conflict due to erroneous and improper interpretation of the regulations that gave rise to the Refuge,” also because it is a matter of “protection of the human rights in the social and economic field to which these communities are entitled” (see folio 564). 4. The coadjuvants outline the process followed in the processing of Bill No. 18,207 (now Law No. 9223) in relation to the Technical Report of SINAC. First, they indicate that it was the Constitutional Chamber that declared the processing of this bill unconstitutional, through judgment No. 13367 of September 21, 2012. “By considering that the document ‘Technical Opinion of the Amistad Caribe Conservation Areas, SINAC-MINAET, regarding Bill No. 18,207’ (…) did not meet the requirements of a technical study for the reduction of a WPA [Wild Protected Area]” (see folios 565 and 566). Hence, the Legislative Assembly requested the Commission on Agricultural Affairs and Natural Resources to “prepare a technical report, in accordance with what was recommended by the Chamber.” Therefore, on August 26, 2013, the National System of Conservation Areas submitted the Technical Report through official communication SINAC-DE-1972. 5. The coadjuvants conduct an analysis of the claimant’s allegations regarding the alleged deficiencies of the SINAC Technical Report for the approval of Law No. 9223. The claimant bases his arguments on the opinion of the Special Drafting Commission (of the Legislative Assembly), through official communication CON-005-2014, thus alleging: a. the research methodology “is merely documentary”; no in-depth analysis is made regarding “the implications of the boundary modification, there is no analysis of scenarios regarding water use, its management in residual form, solid waste management” (see folios 566 and 567). All those implications are associated with the idea that “the boundary modification will generate an increase in construction and population density in the zone, and therefore a demand for resources, and generation of solid and liquid waste in the midst of an ecosystem characterized both in its marine and terrestrial parts by its fragility” (see folio 567). To the foregoing, the coadjuvants respond that “the entire paragraph is based on an extraneous assumption lacking a probative or argumentative basis, in relation to the idea that the boundary modification will provoke an unmanageable increase in construction and population density, and that residual waters and garbage will have an environmental impact on the zone” (see folio 567). In the same vein, the coadjuvants counter the claimant’s allegations by alluding to the SINAC study (visible at folios 1440 to 1450 of the legislative record of Bill No. 18,207) where it is emphasized that “practically all components of human well-being, understood in their relationship with the services provided by ecosystems (security, health, good social relations, freedom of choice and action), have been harmed for these communities by erroneous state interpretations”; the SINAC study concludes that this is why “Bill 18,207 is considered to largely correct the situation and allows a return to the effective relevance of ecosystem services in relation to the needs and rights of the surrounding communities within a concept of sustainable development of the zone’s ecosystem” (see folio 568). Likewise, according to the coadjuvants, the various aspects deriving from the enactment of Law No. 9223 are technically studied, namely: 1. Regarding demographic behavior and land tenure, Chapter IX of the SINAC study can be seen (visible at folios 1458 to 1459 of the legislative record); 2. Chapter X of the SINAC study (visible at folios 1460 to 1471 of the legislative record) contemplates the services available in the area in question, classified as an urban settlement area; 3. Regarding trash collection services by the Municipality of Talamanca, point 5 of Chapter X of the SINAC study can be consulted, as well as the recycling service provided by a non-governmental organization. 4. Point 9 of Chapter X of the SINAC study addresses the drinking water supply service and sewage treatment by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ICAA); additionally, see Annex 1 of the SINAC study (visible at folios 1482 to 1522 of the legislative record). b. On the other hand, the claimant argues that “the issue of climate change is not addressed” and its consequences, such as sea-level rise and the space of the marine ecosystem, for example (see folio 570). The coadjuvants respond that such an affirmation “is incorrect and the claim is absurd.” They support their rebuttal based on Chapter V of the SINAC study (visible at folios 1411 to 1428 of the legislative record), where the point on the vulnerability of marine-coastal resources and the topic of climate change were developed. Likewise, regarding the availability of drinking water, due to the eventual decrease caused by marine water infiltration into the zone’s aquifer, the SINAC study contains information provided by ICAA (see folios 1500 to 1501 of the legislative record). c. The claimant alleges that the so-called “study,” submitted by SINAC during the legislative processing of Bill No. 18,207, “offers a compilation of documents that describe the different natural resources of the refuge” as well as “a historical account of the different groups that have inhabited the region” and that “at no point does it address the implications of the boundary modification” (see folio 570). The coadjuvants indicate that the “compilation of documents,” as termed by the claimant, “constitutes precisely the required analysis of both the basis and the purpose of the Bill.” They add that it is on page number 7 of the SINAC Technical Report (see folio 1400 of the legislative record) where “what the regulations require regarding the Technical Report is indicated, and, therefore, its exact correspondence with the points of the Study prepared by SINAC.” d. According to the claimant, the SINAC technical report does not address the following elements to determine the advisability of modifying the boundaries of the Refuge or not: i. climate change; ii. Water resource management; iii. Solid waste management; iv. Territorial planning; v. population increase; and vi. Natural resource management. In this regard, reference can be made to the points already explained by the coadjuvants in point a) of Section IX of the coadjuvancy writ (visible at folios 566 to 570). e. The claimant alleges that the SINAC study does not justify the reasons why, according to him, Article 1 of Law No. 9223 “proposes a new boundary distribution” that “leaves a good part of the maritime zone that is under protection unprotected,” resulting in a total of 13 km2 left unprotected, according to the claimant. The coadjuvants refer to Chapter XI of the SINAC study (visible at folio 1476 of the legislative record) where it is indicated that “the total square kilometers left without protection is not 13 km2 but 4.06 km2,” which, moreover, was explicitly stated in the same SINAC study (visible at folio 1439 of the legislative record). Finally, the coadjuvants indicate, based on the SINAC study, that “once the boundaries proposed by Bill 18,207 are applied, no variation would be produced with respect to the creation values set forth in Decree No. 16614-MAG” (see folio 573). f. The claimant affirms, based on the opinion expressed in official communication CON-005-2014 of the Special Drafting Commission, that “on this occasion, we are also not in the presence of a specific study on the issue of the area reduction described in Article 1 of the Bill and the impact of the disaffectation (desafectación)” (see folio 574). Furthermore, he adds that: i. the study is “an unavoidable and essential requirement for the approval of the legislative measure reducing the protection area”; ii. “it concerns a technical study—that is, in accordance with the sciences and techniques whose object of study is the environment and ecosystems—”; iii. The study must be specific and address the area of reduction and its context; iv. “the study’s purpose is to scientifically justify the measure”; and v. the study must conform to the substantial requirements of constitutional Article 50 and demonstrate how the right to a healthy and ecologically balanced environment continues to be satisfied. The coadjuvants respond that “it is not true that what the Constitutional Chamber ordered in its Ruling No. 2012-13367 has not been fulfilled, specifically regarding the technical study. Each and every one of the points that the claimant says were not addressed in the second technical study that served as the basis for the enactment of Law No. 9223 were fully complied with when said study was prepared” (see folio 575). Finally, the coadjuvants indicate that “Law No. 9223 fulfilled all those requirements,” hence they reject said affirmations “as unfounded” and refer to the SINAC Technical Report, visible at folios 1394 to 1569 of the legislative record. 6. Finally, regarding the issue of the alleged violation of international treaties and conventions, as well as the principle of non-regression and the compensation rules, the coadjuvants indicate that their base argument is that “Law No. 9223 does not deal with a reduction of a WPA [Wild Protected Area], but rather the correction of an original error in the declaration of a WPA,” which, rather, “has led to the violation of fundamental human rights” (see folio 577). The foregoing, linked to the fact that “as there is no creation record for the WPA, there is no evidence that a topographical field delimitation of the area to be declared was ever carried out, much less a land tenure study, which in itself gives rise to the chain of violations”; implies that “it is clear that the correction of the original error to which Law No. 9223 is directed does not infringe upon the international treaties and principles mentioned by the claimant,” much less can one “speak of a regression or the need for compensation,” because the purpose of Law No. 9223 was “to clarify a situation that from the very beginning was affected by irregularities that led to evident illegalities” (see folio 578). 7. On the other hand, the claimant indicates that consultation with native and indigenous peoples, such as Afro-Caribbeans and Indigenous people, was not carried out in accordance with ILO Convention No. 169, and that this consultation was replaced by a consultation with some non-representative organizations thereof (see folio 579). On this matter, the coadjuvants state that a consultation was indeed carried out; in this case, the proposal was presented before the Local Council of the RNVS-GM, in an ordinary session held on December 7, 2012, and was accepted unanimously. In that agreement, it was recommended to elevate the proposal to the Regional Council of the Amistad-Caribe Conservation Area and to the National Council of Conservation Areas. Likewise, said proposal was presented before the Assembly of the Manzanillo Integral Development Association, held in the community of Manzanillo on November 25, 2012, where it was approved unanimously (see folios 579 and 580). Additionally, according to the coadjuvants, the issue of consultations with the communities was developed in the SINAC Technical Report, visible at folio 1473 of the legislative record of Bill No. 18,207. Added to the above, the coadjuvants indicate that “the bill was submitted to the knowledge of the members of the Talamanca-Caribe Biological Corridor Association, where the indigenous peoples of the zone are represented, a bill that received the respective approval.” Hence, the claimant’s argument was rejected by the coadjuvants. Finally, in this respect, they indicate that “in Costa Rica, ILO Convention 169 does not apply to ‘Afro-Caribbeans’” (see folio 580). Regarding the alleged failure to consult the Regional Environmental Councils, pursuant to Article 6 and following of the Organic Environmental Law, the coadjuvants point out that through official communication SINAC-ACLAC-CORAC-045 of July 19, 2013, “the consultation with the Regional Environmental Council of the Amistad Caribe Conservation Area is recorded” (see folios 1391 to 1393 of the legislative record). 8. On the other hand, the claimant alleges that there was a violation of Article 4, paragraph 2) of the RAMSAR Convention; in this regard, the coadjuvants argue that Annex 1 of the SINAC Technical Report (visible at folios 1482 to 1522 of the legislative record) describes each of the RAMSAR wetlands of the Refuge. And said Report concludes that “Bill 18,207 does not affect any of the wetlands committed to by the country at the Gandoca-Manzanillo site” (see folios 581-582).

14.- By resolution issued at eleven thirty hours on February sixteenth, two thousand fifteen, several preventions were made to the coadjuvancy petitioners DELROY HANSELL HANSELL, ALFONSO HANSELL HANSELL, JORGE MOLINA POLANCO, AURORA GAMEZ ESCOBAR, EMILY JEANNE YOZELL WOLF, and LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA.

15.- A writ was filed on February 17, 2015, by Messrs. EMILY JEANNE YOZELL WOLF and LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA, visible at folios 606 to 607 of the digital case file, clarifying that the Local Council of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, Manzanillo Sector, is a grouping of representatives from diverse sectors of civil society and the local Municipality. Therefore, it is not a legal entity, but rather a body attached to the Amistad Caribe Conservation Area (Area de Conservación la Amistad Caribe, ACLAC) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Areas de Conservación, SINAC), in accordance with Article 23 of the Biodiversity Law and its Regulation.

16.- According to the certification appearing at folio 608, the Secretary of the Constitutional Chamber and the technician indicate that it does not appear that the coadjuvancy petitioners DELROY HANSELL HANSELL, ALFONSO HANSELL HANSELL, JORGE MOLINA POLANCO, and AURORA GAMEZ ESCOBAR have filed any writ or document to comply with what was prevented.

17.- By resolution issued at 09:46 hours on March 2, 2015, it was resolved: In the specific case of the petitioners MELVIN CORDERO CORDERO in his capacity as MUNICIPAL MAYOR OF TALAMANCA, PABLO BUSTAMANTE CERDAS in his capacity as PRESIDENT OF THE INTEGRAL DEVELOPMENT ASSOCIATION OF MANZANILLO OF TALAMANCA, JOHNNY LEON GUIDO in his capacity as PRESIDENT OF THE INTEGRAL DEVELOPMENT ASSOCIATION OF PUERTO VIEJO OF TALAMANCA, SEBASTIÁN HERNÁNDEZ BALMA in his capacity as PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF ORGANIZATIONS OF THE TALAMANCA CARIBE BIOLOGICAL CORRIDOR, EMILY JEANNE YOSELL WOLF, LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA, AND ADAM CHRISTOPHER SOSA VALVERDE and OTHER NEIGHBORS OF THE SOUTH CARIBBEAN COMMUNITIES -previously cited- whose signatures appear on the writ filed at 15:10 on February 12, 2015, they appeared on February 11 and 12, 2015, and request to be held as coadjuvants, considering that they have a legitimate interest, as it concerns the defense of a diffuse environmental interest. Consequently, and given that the first publication of the notice occurred on January 22, 2015, the proper course is to hold them as coadjuvants within this matter. In the case of the petitioners ALFONSO HANSELL HANSELL, DELROY HANSELL HANSELL, JORGE MOLINA POLANCO, and AURORA GAMEZ ESCOBAR, the proper course is to reject their coadjuvancy petitions, since by resolution issued at 11:30 hours on February 16, 2015, they were prevented from complying with the authentication requirement for the writ in which they request to be held as coadjuvants, including adding and canceling the two hundred fifty colones stamp of the Bar Association and providing the current legal standing of the SOUTH CARIBBEAN CHAMBER OF TOURISM AND COMMERCE and of SOCIEDAD ODIO Y GAMEZ S.A. -in the case of the latter two-, without the petitioners having provided any document or writ in response to what was prevented within the expired deadline. The hearings granted to the Office of the Attorney General of the Republic and to the National System of Conservation Areas are deemed responded to, as per the resolution issued at eleven twenty-three hours on December seventeenth, two thousand fourteen.

18.- By writ filed on March 18, 2015, the Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), JULIO JURADO FERNANDEZ, states that the conclusion was reached that there is no linear break between the coordinates indicated in the boundary line description of Law 9223; therefore, the polygon of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge is correct. Consequently, he requests that what was stated in point E of report SINAC-DE-131-2015 be rendered null and void.

19.- By writ at folios 640 and 641, ROBERTO SOTO VEGA, who claims to be the attorney of the coadjuvants, informs that in criminal case 04-5075-697-PE processed in the Courts of Limón, the defendants were dismissed. He informs this because the claimant requested an extension of a precautionary measure in said case file, without indicating that it is archived. Additionally, he attaches a copy of response SINAC-ACLAC-DR-0154-15 of April 23, 2015, to the note sent by the claimant AEL-024-2015.

20.- By writ filed on August 19, 2015, various neighbors of the coastal communities in the South Caribbean within and surrounding the Gandoca-Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge request a hearing with the Investigating Magistrate.

21.- By writ filed in January 2016, the claimant indicates that the challenged Law is unconstitutional.

22.- By resolution of the Investigating Magistrate, issued at 11:06 hours on January 20, 2016, the following information was requested from the LEGISLATIVE ASSEMBLY regarding legislative file No. 18,207: 1) A list of all consultations carried out. 2) To provide a copy of the technical study that supported the bill.

3) A certified copy of all the files of said bill be provided.
23.- By brief dated February 26, 2016, the President of the Legislative Assembly sends a certified copy of the requested legislative file.
24.- By brief filed on March 17, 2016, the coadjuvant Luis Fernando Arias Molina indicates that this case corresponds to an initiative of the residents of the Southern Caribbean to clarify the confusion regarding the correct boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), in order to guarantee the respect and balance between the fundamental rights of the residents and the fulfillment of the objectives of the Refuge's declaration.
25.- By brief filed by the petitioner on August 22, 2016, he indicates that he submits evidence for better resolution, consisting of emails from the Vice Minister of Environment and Energy acknowledging the issuance of construction permits by the Municipality of Talamanca within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre).
26.- By brief filed on September 20, 2016, the representative of the Integral Development Association of Manzanillo provides a copy of the report submitted, in 2010, to the Inter-American Commission on Human Rights on the "Situation of the human rights of Afro-Caribbean, peasant, and indigenous people of the canton of Talamanca, Costa Rica."
27.- By order of the Instructing Magistrate at 10:03 hours on March 17, 2017, the following was requested as evidence for better resolution: A) To the DIRECTOR OF THE SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES OF THE UNIVERSIDAD NACIONAL, coordinate the performance of an expert appraisal (peritaje) in order to determine the following: 1. Whether, in effect, the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge has been reduced in size and biodiversity due to the approval of Law 9223 of March 20, 2014, called "Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean." Specifically, provide a comparative table with the dimensions before and after, and the percentage of reduction in each case. 2. Render an opinion on what was affirmed by the Procuraduría General de la República in its report. Specifically, regarding the exclusions made and the observations it makes on the insufficiency of the technical report, namely: -It starts from the effective occupation of the entire excluded area. However, of the 406.32 hectares that the Bill proposes to declassify, only 233.41 hectares correspond to the censused properties. The latter are equivalent to 34.34% of Zone 1". -The study presupposes something that is not true: that, as a consequence of the exclusion, the administration of the lands would fall to the municipality, under the restrictions of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), except for those sectors that qualify as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado): "It is important to point out that the area intended to be segregated from the Mixed Wildlife Refuge continues to be administered by the State; what varies is the administrative body of the same" (conclusion 2., folio 1476). However, the portion excluded from the Refuge in Law No. 9223 is not only the Maritime-Terrestrial Zone, but a strip was declassified that may measure up to 500 meters inland from the Maritime-Terrestrial Zone in some points. 3. Render an opinion on the technical report conducted by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Areas de Conservación). Specifically, on whether said technical report: -Refers specifically and sufficiently to the reduction area and its context. -Adequately evaluates the impact on the environment and ecosystems. -Whether the recommendations to avoid risks, prevent negative or adverse effects, or the mitigation, conservation, or restoration measures, are sufficiently clear and specified. -Whether said study scientifically justifies the measure adopted by the law. -Whether the adopted measures continue to conform to the substantial requirements of Article 50 of the Constitution and the protection of the right to the environment. 4. Render an opinion on the impact that the approval of said law causes on the environment and ecosystems. It is indicated that they may have access to the Procuraduría's report and the SINAC Technical Report, which are contained in the file of this action, in coordination with the Secretary of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). B) To the DIRECTOR OF THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS, clarify whether specific compensation measures were taken on the occasion of the approval of Law 9223 of March 20, 2014, called "Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean," and detail specifically what those measures are, and in which document they are recorded.
28.- By brief filed on May 16, 2017, the petitioner presents a copy of the Regulation for the granting of construction permits in the maritime-terrestrial zone.
29.- Regarding the foregoing evidence, MARIO COTO HIDALGO, in his capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas, reports under oath, in summary, that: The communities of Puerto Viejo, Gandoca, and Manzanillo are not affected by said decree. They are located outside the refuge. The Afro-descendant people of the Southern Caribbean communities live sunk in terror and anxiety because since November 30, 2012, the threat of being evicted from their ancestral lands hangs over them. The solution for the specific case of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge was the approval of Law 9223. There are no sufficient reasons to consider the need for compensation measures on the occasion of the approval of Law 9223. The condition and state of the urban areas and surrounding communities described by the creation decree were always such, historical human settlements to which the aforementioned law allows recognition of the legitimate rights of the Afro-descendant community and the coastal towns of the Southern Caribbean.
30.- ROBERTO SOTO VEGA appears, in his capacity as legal representative of the coadjuvants, presenting an agreement of the Local Council of Manzanillo of interest for the present matter, referring to the "incessant and unfounded abuse by Levy Virgo before the highest authorities and institutions of the country."
31.- Regarding the foregoing evidence, VIRYA BRAVO DURAN, in her capacity as Director of the School of Environmental Sciences of the Universidad Nacional, reports under oath, in summary, that: Regarding the determination of reduction of the area and biodiversity of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (RVSGM), the comparative analysis of the scenarios (1985 vs 2013 of 3.72% and 1985 vs 2014 of 3.45%) shows in both cases the reduction of the refuge's area, although it generates uncertainty regarding the reduced area due to inconsistencies between the cartography and the report. Regarding the valuation of biodiversity, there is insufficient data, neither prior to nor after Law 9223, to obtain the total valuation. Regarding what the Procuraduría General de la República indicates, the declassified area (área desafectada) included both the Maritime-Terrestrial Zone and inland territory. In consideration of the type of territory declassified, the administration of the area that between 1985 and 2014 was in the hands of SINAC according to the regulation of protected areas would be transferred from 2014 onwards to the Municipality of Talamanca with the approval of Law 9223, provided the area is not classified as State Natural Heritage. Although the administration of part of the territory changes, the declassified areas that qualify under the "State Natural Heritage and Forest" regimes continue to be regulated by the Forestry Law (Ley Forestal), provided it is complied with. Regarding the technical report of MINAET-SINAC, it is not consistent with the information obtained from the spatial analysis carried out with the layers that SINAC provides. The technical report does not evaluate the impact on the environment and ecosystems, because this evaluation was not an obligation of the current regulations. The technical report does not specify recommendations to avoid risks, foresee negative or adverse effects, or mitigation, conservation, or restoration measures. These recommendations do not apply to this type of document; it is the responsibility of the "General Management Plan for Protected Wild Areas (ASP)" to carry them out. The technical report partially scientifically grounded the justification for the deputies to agree on the measure adopted by Law 9223. The technical report promotes the recognition of the rights of the inhabitants of the RVSGM; the declassification of the area could to some extent cause environmental impacts that affect this right. Regarding the impact on the environment and ecosystems, it is very likely that with the disconnection of the land area adjacent to the protected marine area, the buffer zone for coastal-marine ecosystems will be eliminated. This disconnection would have a potential negative effect on ecosystems, especially coral reefs due to their biological fragility. Furthermore, coral is key to the productivity of marine species, many of which are important for the fishing of local communities. The conservation of ecosystems in this coastal zone is important as an adaptation measure against the threat of sea-level rise and the influence of extreme climate events caused by climate variability.
32.- The representative of the Integral Development Association of Manzanillo files a brief stating that they consider that SINAC's response adequately captures the principles and spirit of the formulation and procedure that led to the issuance of Law No. 9223.
33.- By certification dated November 17, 2017, the Instructing Magistrate certifies that the full Chamber considered it necessary to conduct a site visit (vista) before the action is resolved.
34.- By order of the Presidency of the Constitutional Chamber at 10:25 hours on February 4, 2019, an oral hearing was convened to be held at 9:00 hours on February 28, 2019.
35.- According to the certification of the acting secretary of the Constitutional Chamber, it is certified that at 9:09 hours on February 28, 2019, the scheduled oral hearing began, ending at 12:07 hours on that same day.
36.- The petitioner files a brief on March 4, 2019, indicating that he presents a reply to the statements of the Minister of Environment at the oral hearing of February 28, 2019.
37.- By brief filed on March 11, 2019, GRETTEL VEGA ARCE appears, in her capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas, to state the following regarding what was pointed out in the report of the Procuraduría General de la República on the SINAC technical report: 1) Regarding the exclusion of 188 ha with forest cover (cobertura de bosque), she indicates that the technical report did proceed to establish the characteristics of the zone that would be affected. The Cocles-Manzanillo Coastal Plain was identified by qualified technical entities as a zone of human settlements, consolidated before the declaration of the wild area. Thus, the SINAC technical report confirmed that the 406.52 affected hectares correspond only to 43.53% of the area of Zone 1 of the current management plan, without affecting the conservation status of the ecosystems, wild populations, and geological and geomorphological attributes that constitute the creation objectives of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. In summary, we are not in the presence of a reduction of a Protected Wild Area but rather a simple correction of the material error made by including the communities of Puerto Viejo, Manzanillo, and Gandoca. 2) Regarding the question of why a significant area with forest cover is being excluded that will not remain as State Natural Heritage or Maritime-Terrestrial Zone (ZMT): The sum of 41.42 ha of forest proper in the ZMT plus 164.55 ha of forest-type structures on private property totals the 205.97 ha of forest and forest-type structures. So it is not a compact block of 188 ha excised from the refuge, but rather they are distributed throughout the affected zone and its communities. 3) The Procuraduría's observation on the absence or weakness of the technical report in relation to the antiquity and legality of the occupations in the territory outside the ZMT: The idea that this is a protected wild area invaded after its declaration should not prevail. The Gandoca-Manzanillo Refuge is of mixed ownership, so there should be no doubt about the existence of refuges where there is private property. It is not the responsibility of a technical report to conduct a study on the legality status of the possessions or their origin. The census provided is merely a partial reference input on tenure and antiquity, which may be confusing. 4) Regarding the observation concerning the possible risk that the established delimitation could have on the coral reefs of the Refuge: The information provided by the technical report is sufficient to support the conclusion that the coral reef resource is not being affected by the law's delimitation. The specific reference to coral reefs and associated systems is found at folio 1433, where it is specified that this type of ecosystem is not found in the zone affected by the law, since it does not contemplate the marine part of the Refuge where they are located. In Annex 1 of the technical report, at folios 1502 to 1506, it presents a detailed analysis of the condition of the resource at the time of the Refuge's declaration, its state, its value, the main potential threats, and the desirable measures to take to avoid or minimize such potential impacts. It explains how the indicated risks disappeared with the cessation of agricultural and forestry activities, and on the other hand, how the emergence of tourism as the main and sole source of the area's socioeconomics stimulated the organization of associations of land and sea guides, diving schools, and other similar services that, together with the actions of SINAC's operational centers, have achieved adequate control and education regarding the resource. Law 9223 does not affect the coral reefs of the Refuge; the most important threat is the phenomena of sedimentation and contamination caused by the large rivers that cross the neighboring banana plantations. 5) Observation on the risk to the two mangrove patches: The main mangrove ecosystem that the Refuge's declaration protected has an extension of 200 ha, is located in Laguna Gandoca, under the categories of State Natural Heritage and RAMSAR Wetland. It is located many kilometers southeast of the zone affected by Law 9223. Regarding the two small patches mentioned by the Procuraduría, both are classified as State Natural Heritage and also in the Public Zone of the ZMT. Mangroves have a special regime that guarantees their protection without needing to be part of a protected wild area. 6) Regarding the preventive and precautionary principle, non-regression, and comprehensive approach to environmental human rights. Conclusions: It is considered that Law 9223 does not violate the progressivity of environmental law, which should be oriented towards responding to sustainable development applied in its three dimensions: respect for the environment, social justice and equity, and economic balance. The technical study provided by SINAC at the request of the Legislative Assembly constitutes the technical justification that supported the declassification adopted by the deputies in the law that is the object of this action.
38.- By brief filed on March 18, 2019, members of the Local Environmental Council of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge appear, making several considerations in favor of the challenged law. Again, on March 27, 2019, the representative of the Multisectoral Environmental Council appears, indicating that she clarifies the erroneous interpretations that the petitioner has made.
39.- By brief filed on March 20, 2019, the petitioner's representative indicates, in summary, that he provides a summary of the inconsistencies regarding the SINAC technical report and the statements of MINAE officials to the Constitutional Chamber on the day of the oral hearing. Subsequently, by brief dated March 29, 2019, the petitioner indicates a situation regarding one of the attendees at the oral hearing. By brief filed on April 1, 2019, the attendee alluded to by the petitioner in the previous brief appears to make certain statements about his situation.
40.- By brief filed on April 1, 2019, the petitioner appears to make certain statements about the President of the Development Association of Manzanillo. By brief filed on April 2, 2019, the President of the Association alluded to by the petitioner appears to respond to the petitioner's allegations.
41.- By certification dated April 3, 2019, it is indicated that this action was taken to the session of that date, where it was agreed to request evidence for better resolution.
42.- By order at 09:16 hours on April 10, 2019, the Procuraduría General de la República was requested to report on the following: 1) Whether or not a land tenure (tenencia de la tierra) study exists for the declassified area indicated in the site visit, that is, the 188 hectares of forest. If so, what is the legal situation of the people who inhabit it: registered ownership, legal possession, de facto possession, and others. If the tenure study does not exist, what would be the approximate timeframe to carry it out. 2) In how many possessory actions (acciones posesorias) and recovery actions (acciones reivindicativas) the Procuraduría General de la República has appeared as a party relating to the cited area.
43.- Regarding the foregoing evidence, the Assistant Attorney General reports the following: I) Regarding the land tenure study in the forested zone declassified by Law No. 9223: This body has examined three maps with different numbering of parcels, one of them provided by the Institute of Rural Development (Inder) and the other two provided by the National System of Conservation Areas (Sinac). To illustrate the diverse numbering of parcels, images of the Punta Uva sector in the different maps are incorporated. 1. Map of Block 8, section A of the Limón-BIRF 2764 titling project, provided by Inder. Numerous segregations and transfers to private individuals were carried out after the creation of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. The farm was closed in January 2009. 2. Map of September 1994, provided by SINAC. 3. Map of June 1989, prepared under the IDA-Catastro-Mirenem-Anai Association Agreement, where the sector declassified by Law No. 9223 was highlighted. The map of Block 8 was not accompanied by the information of all the parcels described in it. Furthermore, in the sector declassified by Law 9223, this map contains fewer parcels than the references in the other maps. On the other hand, the map of September 1994 (map 2) is accompanied by a series of names of natural and legal persons associated with parcel numbers, labeled "List of owners of the farms located in the Gandoca Manzanillo Sector," but it does not contain additional data such as farm number or cadastral plan number that would allow determining the legal situation of each person. Such a list cannot be considered a list of "owners" given that it includes cases such as parcels 340 (a parcel where eviction was ordered by judicial resolution), 341, and 345 (parcels that have not generated a farm according to the National Registry website). The map of September 1994 (map 2) and the list of supposed "owners" is what would have been submitted to the legislative file. Due to the noted shortcomings, this advisory body turned to the study of the map of June 1989 (map 3). That map was examined together with the images from the legislative file to determine the sectors identified with forest cover. Furthermore, the list labeled "Tenure in the titled area, Law 9223" prepared by SINAC on May 6, 2019, was used. In the sectors of the declassified area with forest cover, around 40 farms were identified, and at least 14 plots without evidence of being registered (4 without a plan or information to determine their legal situation. 10 that have a plan but have not generated a farm; it is unknown if they are currently being occupied by the persons identified in Annex 8 and under what title). II) Regarding the proceedings in which the Procuraduría has participated relating to the forested zones declassified by Law No. 9223: 4 files were identified in which the Procuraduría has participated and in which the land subject to the proceeding is located in the declassified forested sector of interest. Proceedings processed in the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Limón. In all of them, this body has opposed the possessory claims of the private parties. The ordinary process is in a state of abandonment, and in the possessory information proceedings, the State's representation has requested in the final hearing stage the disapproval of the proceedings because the usucapion prior to the creation of the Refuge was not demonstrated. Reference is made to each proceeding and its location on the forest cover map. III. Conclusions: A land tenure study of the declassified area does exist. However, it is not complete; there are plots for which no information is available. For the area with forest cover, there is cadastral-registry information for approximately 40 farms, and cadastral information for 10 unregistered plots, for which no information other than cadastral was found. It is unknown whether they are currently being occupied by the persons identified in Annex 8, or under what title they occupy them, because a cadastral plan does not prove possession of a plot. For 4 plots in forested areas, no information is available. In the forested sectors declassified by Law No. 9223, 4 judicial proceedings were identified in which the Procuraduría has participated. In those possessory information proceedings, the Procuraduría requested disapproval because the usucapion prior to the creation of the Refuge was not demonstrated.
44.- By brief filed on May 16, 2019, by Emily J. Yozell Wolf, it is indicated that a summary of essential data already included in the file is presented, which ensures that Law 9223 does not present constitutional defects.
45.- By order at 10:52 hours on May 17, 2019, the Procuraduría General de la República, in its capacity as Impartial Objective Advisor to this Court, was requested to report on the following as evidence for better resolution: 1) Whether for the entire declassified area, there exists a land tenure study from which it can be determined with clarity who are the persons who hold "the legitimate rights of the Afro-descendant community that are coastal inhabitants of the Southern Caribbean." 2) In view of folio 65 of the Technical Report "Bill for the recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean, file No. 8,207" of the year 2013, it is indicated that: -There are 393 properties, of which 64% are within the maritime-terrestrial zone. How can this declassification be interpreted for the purposes of the special regime of the maritime-terrestrial zone? -Of the 406.32 hectares declassified, 233.41 hectares were censused. Does this mean that the remaining hectares were not censused? Is the existing census reliable in identifying the inhabitants prior to 1985? -49% of the population was established before the declaration of the Refuge in 1985. Therefore, 51% of the population, and consequently the properties they inhabit, are illegitimate inhabitants since they arrived after the creation of the Refuge?
46.- By brief filed on May 21, 2019, representatives of the Integral Development Association of Manzanillo appear to comment on the evidence requested from the Procuraduría, indicating that the census provided is not reliable in identifying the inhabitants prior to 1985, nor was it its intention to do so.
47.- Regarding the foregoing evidence, the Assistant Attorney General reports the following: 1) From the documentation available in the legislative file, it cannot be determined with clarity who are the persons who hold the legitimate rights of the Afro-descendant community that are coastal inhabitants of the Southern Caribbean. The foregoing, because the lists of unregistered plots and registered farms include the names of commercial establishments or legal persons, whose owners or partners are unknown. 2) It would not be valid or in accordance with the Constitution to interpret that the lands excluded from the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge by Law No. 9223 that are located within the strip of two hundred meters wide along the coastline, measured horizontally from the ordinary high-water mark, as well as the areas occupied by mangroves and estuaries (public zone), and the strip of one hundred fifty meters contiguous to these (restricted zone), among other assets, were declassified from the special regime that protects the maritime-terrestrial zone. The Constitutional Chamber has repeatedly held that an implicit declassification (desafectación implícita) is not in accordance with the Law of the Constitution, requiring an express and specific legislative act, such that there is no doubt whatsoever of the legislator's will to remove a determined and individualized asset from the public domain (votes 10466-2000, 3821-2002, 3480-2003, 8928-2004, 454-2006, 11346-2006, 2063-2007, 2408-2007). This advisory body retains the same doubts raised regarding the phrase in the report: "Of the 406.21 ha that the Bill proposes to declassify, 233.41 hectares correspond to the censused properties. The latter are equivalent to 34.34% of Zone 2," because no additional information or explanation has been provided in this regard. On the other hand, there is no evidentiary support for the information recorded in the list at folios 1559 to 1569 of the legislative file, qualified as a census by SINAC. There is no evidence as to whether the occupation time recorded in folios 1566 to 1569 comes from the statements of the occupants themselves, or from duly documented objective elements. Regarding this list, the report SINAC-DE-0286 of March 7, 2019, merely states that: "It is admitted that not having clarified that the census provided by community organizations, appearing at folios 1558 to 1569, constituted only a partial reference input on tenure and antiquity, causes confusion and could justify the observations and questions." The questions have not been clarified. The statement contained on page 65 of the Report to the effect that "49% of the population was established before the declaration of the Refuge in 1985" admits the "a contrario sensu" interpretation that the remaining 51% was established after the declaration of the Refuge. However, we do not have the information to determine whether that 51% can be classified as illegitimate occupants, or whether they had some title or administrative authorization that legitimized the occupation of the lands. This is because, as indicated in the previous report, the Limón-BIRF 2764 titling project existed in the zone, which was conceived and executed after the declaration of the Refuge. At folio 1644 of the legislative file, SINAC again provided the coordinates proposed in the report submitted via official letter SINAC-DE-1972 with some modifications due to errors in the text of folios 1473-1474. With those coordinates, by motion, a change in the text was approved, and thus it was approved in the first and second debate. The foregoing adds uncertainty about the surface area to which the list called a census and the report submitted by official letter SINAC-DE-1972 refer in relation to the area that was finally excluded from the Refuge. CONCLUSIONS: From the documentation available in the legislative file and that sent by SINAC, it cannot be determined with clarity who are the persons who hold the legitimate rights of the Afro-descendant community that are coastal inhabitants of the Southern Caribbean. In the opinion of this advisory body, it would not be in accordance with the Constitution to interpret that the lands excluded from the Refuge were declassified from any other special regime such as that of the maritime-terrestrial zone, given that an implicit declassification does not operate. The list at folios 1566 to 1569 of the legislative file, qualified as a census on page 65 of the SINAC report, is not reliable in identifying the inhabitants prior to 1985, and its coverage regarding the area finally excluded by Law No. 9223 is not clear. We do not have the information to classify as legitimate or illegitimate the occupation of the population established after the declaration of the Refuge.
  48.- By brief filed on May 22, 2019, Emily J. Yozell Wolf appears to make comments on what was reported by the Procuraduría.

Recalling that Law 9223 is the sixth attempt by the Public Authorities to establish the correct and definitive boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.
49.- By way of a submission filed on June 12, 2019, representatives of the Manzanillo Integral Development Association and others request the prompt resolution of this action.
50.- The procedures have complied with the prescriptions of law.
Drafted by Judge Cruz Castro, except for recital VII which is drafted by Judge Castillo Víquez; and,

WHEREAS:

I.- Object of the challenge.- The petitioner challenges the law called “Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean,” No. 9223 of March 20, 2014, deeming it contrary to Articles 7, 11 and 50 of the Political Constitution, to Article 6 of ILO Convention 169, as well as to the pro natura, precautionary and non-regression principles in environmental matters. The petitioner considers that said Law is unconstitutional by virtue of the fact that it reduces the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, excludes from its boundaries a coastal strip extending approximately between the mouth of the Cocles River and the mouth of the Rojo River or Willy Creek. The excluded portion of the Refuge occupied an average of 250 meters between National Route No. 256 and the beach, it being the case that in Cocles, for a space of 500 meters, the Refuge occupied only the 50 meters of the Public Zone. In the sector between the Ernesto stream and the Rojo River, the excluded strip may measure in some points up to 500 meters inland from the Maritime-Terrestrial Zone. All of this without complying with the requirements of compensation and technical studies. Specifically:

FORMAL DEFECTS:

Formal defect due to technical insufficiency of the study: in ruling No. 2012-13367 where the consultation on constitutionality of the bill that gave rise to the challenged law was resolved, this Chamber considered it unconstitutional for the bill to be based on an incomplete study (because it does not technically and scientifically determine the real impact on the environment) and although later the interested parties carried out a new study, it suffers from the same defects previously pointed out by the Chamber. This is ratified by the Department of Technical Services through official communication CON-005-2014 of February 18, 2014.
Violation of ILO Convention No. 169, specifically its Article 6, which contains the obligation to consult the interested peoples when their lands and cultural interests could be affected by the enactment of any regulation. As is the case of the Kekoldi people, a group that is being seriously affected by this law. This requirement was completely breached, being substituted by consultations with organizations not necessarily representative of these groups. Additionally, the bill had to be consulted with the Regional Environmental Councils, pursuant to Article 6 of the Organic Law of the Environment.

SUBSTANTIVE DEFECTS

Violation of the constitutional principle of compensation: when situations arise such as the challenged law that attempts to recognize rights of a community, cutting off part of a protected zone (as is the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge), the compensation rule must operate immediately, which did not occur in this case. This rule has been recently recognized and applied by this Chamber through ruling No. 2014-12887 of 2:30 p.m. on August 8, 2014, where the state obligation of compensation for the suppressed area with another of at least equal size is established as an additional requirement for the de-designation (desafectación) of protected wild areas. In addition, it must be added that the land must necessarily be adjacent to the protected area and ecologically equivalent.
Violation of Constitutional Article 7: the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) or non-regression is grounded in the Convention on Biological Diversity and the Washington Convention (Convention for the protection of flora, fauna and natural scenic beauties of the countries of America), which prohibit the reduction of the surface area of protected wild areas, except when 3 requirements are met: by means of law, support in technical studies, and territorial compensation for the suppressed area. In this case, two of these requirements are lacking. Violation also of the Convention relative to wetlands of international importance especially as habitat for waterfowl (RAMSAR Convention) since the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge was included by Costa Rica in the list of wetlands of international importance, encompassing the entirety of the protected wild area, including the coastal zone, which was de-designated (desafectó) by the challenged law.
Violation of the principle of intangibility of the Maritime-Terrestrial Zone since the urban zones that were segregated from the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge will pass to the jurisdiction of the Municipality of Talamanca, and are zones that lie within the maritime-terrestrial zone and may be granted in concession, in accordance with Law No. 9221, Framework Law for the declaration of the coastal urban zone and its regime of use and territorial exploitation, which is being challenged through another unconstitutionality action.

II.- The petitioner’s standing in this case.- The petitioner holds sufficient standing to claim the unconstitutionality of the challenged norms, without it being necessary for them to have a prior matter serving as the basis for this action. The foregoing because they act in defense of an interest that concerns the national community as a whole, such as the right to the environment. Therefore, the petitioner is perfectly legitimized to take action directly, in light of the provisions of paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Likewise, this is a matter whose constitutionality may be reviewed in this venue. Moreover, the petitioner fulfilled the requirements stipulated in numerals 78 and 79 of the procedural law. In conclusion, the present action is admissible, so the object and merits of the matter must be discussed immediately.

III.- On the methodology for analyzing the action.- To facilitate the study of the challenged norms, the arguments put forth by the petitioner will be analyzed in the following recitals, starting with a recital that explains in a general manner this Chamber’s precedents on the reduction of protected zones.

IV.- On this Chamber’s precedents regarding the reduction of protected zones, and specifically regarding the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.- The jurisprudence of this Constitutional Chamber has been extensive regarding the requirements for being able to reduce a protected wild area, in accordance with the fundamental right to the environment. Moreover, this Chamber has also ruled specifically on the reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. The following synthesis is thus provided:

1. Constitutional requirements for the reduction of a protected wild area (legal reserve and technical studies): In support of Article 38 of the Organic Law of the Environment (“the surface area of protected wild areas, natural heritage of the State, whatever its management category, may only be reduced by Law of the Republic, after carrying out the technical studies that justify this measure”), there has been a solid jurisprudential line, to the effect that for the reduction of a protected wild area two essential requirements must be met: “by means of law and prior completion of sufficient technical studies that justify the measure.” (Constitutional Chamber, rulings numbers 13367-2012 and 010158-2013. In a similar vein, judgments numbers 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 and 14772-2010, among others). As stated in the aforementioned 1998 resolution:

“(…) once a specific area has been declared a protected zone by an act of the State, the latter cannot, simply, de-designate (desafectarlo) it in whole or in part, to protect other interests –public or private– to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with the provisions of constitutional Article 50. Now then, the fact that a norm, of whatever rank, has declared a specific area a protected zone, does not imply the constitution of an immutable zone, in the sense that, in any way, its size could be reduced by a later regulation. However, it must be kept in mind that the declaration and delimitation of a protected zone, in compliance with the precepts of constitutional Article 50, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction in size must not imply a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case. It is not necessarily unconstitutional that, by means of a subsequent law, the size of a protected zone, a forest reserve, a National Park or any other site of environmental interest is reduced, provided that this is justified in as much as it does not entail a violation of the right to the environment. It could be that, due to various circumstances, a specific site has lost, at least in part, the environmental interest that, at the time, prompted it, which, with the corresponding studies done, would justify its modification or reduction, all in application of the principle of constitutional reasonability…” (ruling No. 7294-1998).

Specifically regarding the legal reserve in this matter, ruling No. 14772-2010 stated:

“(…) the public destination of a public domain asset cannot be modified without a legislative act, that is to say, the reduction of area of a protected zone is under the guarantee provided by the principle of legal reserve. Although, in accordance with Article 36 of the Organic Law of the Environment, the Executive Branch is authorized to constitute Protected Wild Areas through compliance with the requirements established in that norm, just as the Corcovado National Park was constituted by Executive Decrees No. 5357-A of October 24, 1975 and 1148-A of February 5, 1980, its modification may only be done in accordance with the provisions of Article 38 of the Organic Law of the Environment, prior technical and scientific studies, and by means of a legislative act.” (highlighting does not correspond to the original).

Likewise, in judgment No. 1056-2009 it was indicated that reduction is only possible through legislation:

“when it comes to the expansion of the boundaries of the protected zones of the forest heritage of the State, it is possible to do it via regulation, but when it comes to their reduction, it can only be done via legislation, of course, provided that there is a prior criterion justifying the measure.” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 1056-2009)

This was applied when the Chamber declared unconstitutional the regulatory norm (Executive Decree No. 32753-MINAE) by means of which the Executive Branch reduced the territory of the Gandoca-Manzanillo Refuge, removing the urban zone of the Refuge from the area and the protection regime. As detailed further below.

Moreover, regarding the studies, these must be prior, sufficient, necessary and individualized –as indicated in the following section–. Thus was stated in the same 1998 resolution:
“According to what has been cited, mutatis mutandi, if for the creation of a protected wild area the Legislative Assembly, by means of a law, established compliance with specific requirements, in order to determine whether the designation (afectación) in question is justified, the logical thing is that, for its partial or total de-designation (desafectación), certain requirements must also be met –such as the carrying out of technical environmental studies– to determine that with the de-designation (desafectación) the content of constitutional Article 50 is not transgressed. In this sense, we can speak of levels of de-designation (desafectación). Thus, not every de-designation (desafectación) of a protected zone is unconstitutional, as long as it involves a lessening of the right to the environment or a threat to it. Hence, to reduce any protected wild area, the Legislative Assembly must do it based on sufficient and necessary technical studies to determine that no damage will be caused to the environment or it will be endangered and, therefore, that the content of constitutional Article 50 is not violated. The principle of reasonability, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the norms issued regarding this matter be duly grounded in serious technical studies, even if there were no other legal norm expressly establishing so. In the view of this Constitutional Court, the requirement contained in Article 38 of the Organic Law of the Environment No. 7554, in the sense that to reduce a protected wild area by formal law, prior technical studies justifying the measure must be carried out, is but the objectification of the principle of reasonability in matters of environmental protection.” (highlighting does not correspond to the original).

2. Technical study as a scientific and individualized analysis: The Chamber has referred to the sufficiency of the technical study, when through several resolutions it has established that said study must be a scientific and individualized analysis. Thus, the following was stated:

“the requirement of technical studies is not a mere formality, but rather it is a material requirement, that is, it must be materially demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, to propose recommendations aimed at lessening the negative impact on it, and to demonstrate how such a measure entails development that satisfies the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs.” (Ruling No. 13367-2012. See also No. 10158-2013).

From which it follows that, the technical study required by Article 38 of the Organic Law of the Environment and which is the objectification of the constitutional principle of reasonability in matters of environmental protection, requires a technical analysis that implies an individualized analysis, which must contain at a minimum the following measures:

The degree of impact of the corresponding measure on the environment;
The recommendations aimed at lessening the negative impact on the environment;
The demonstration of how the measure taken entails development that satisfies the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs.

In synthesis, said prior study must demonstrate that the de-designation (desafectación) is in accordance with the constitutional protection of the right to the environment, for as stated in ruling No. 18702-2010 “it cannot be permitted that areas of this nature be titled indiscriminately, since this would go against the very conservationist environmental policies that the State has pursued by virtue of the tasks mandated by the Political Constitution and the International Conventions it has subscribed.”

3. Exclusion, via decree, of urban areas from the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge entailed a lack of protection for the environment: This Constitutional Chamber established in its ruling No. 1056-2009 that the exclusion of urban areas from the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, even more so, carried out by means of a decree, entailed a lack of protection for the right to the environment:

“Furthermore, the right to the environment is violated because the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo zone but also leaves the natural resources of the area unprotected by abandoning the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo to free exploitation without any restrictions. Evidently it is not the same protection that property receives when it comes to forest property. Regarding this type of property, it should be remembered that it is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime, since it is conceived fundamentally to conserve, not to produce or be part of the commerce of men. All lands considered national reserves are immediately affected for the purposes of forestry regulations, which establish a special regime applicable to all forest resources. In this way, when the challenged decree proceeds to exclude from forest property the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo, it violates the right to the environment because such areas would be left outside the very boundaries of forest property that tend toward conservation and not the exploitation of the property and its natural resources.” (highlighting does not correspond to the original).

4. Technical study in the bill that gave rise to the challenged Law, considered insufficient: In ruling No. 2012-13367, issued to resolve the optional legislative consultation in the processing of this same Law, the technical study incorporated into the file at that time was analyzed, considering it insufficient to justify the reduction:

“VII. On the technical study presented by the La Amistad Caribe Conservation Area, Regional Directorate of MINAET. In the legislative file, visible at folios 952 to 981 of volume four, is the document titled “Criterio Técnico del Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, regarding bill 18.207,” prepared by the La Amistad Caribe Conservation Area, Regional Directorate, Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, of 2012. The document is structured in 6 chapters, in the following manner: “Chapter I. Background of the Creation of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. Chapter II. The Decree of Creation of Refuge No. 16614-MAG of 1985. Chapter III. Decrees subsequent to the Decree of Creation of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. Chapter IV. Relevance Fragility of Ecosystems and Zoning for Consolidation Management and Control. Chapter V. Characterization of the area whose boundaries bill No. 18.207 rectifies. Chapter VI. Recommendations and Conclusions.” The first three chapters are summary and description of what exists (Historical background related to the creation of the Refuge and summary of current regulation). Regarding Chapter IV, the introductory summary of the document describes its content as follows: “indicates the work developed by MINAET to provide the ASP with a solid instrument that would guarantee its consolidation and adequate management and control. This instrument is known as a Management Plan and its corresponding Zoning Regulation, which were adopted and declared of obligatory application by the National System of Conservation Areas (SINAC) since 1996.” Also in the same introductory summary, one reads regarding Chapter V: “Chapter V presents the results of a current characterization of the area of the Refuge that bill, File No. 18.207, proposes to rectify, carried out by a professional team from SINAC/ACLAC, following the current guidelines that the law requires for such purposes.” Chapter IV, as already stated, explains the Management Plan that governs the Refuge. It describes the 15 zones into which the refuge was divided in its current state, locates on maps the RAMSAR wetlands and, without further data on the relationships between the human settlements and the other continental or marine zones of the Refuge, it concludes that: ‘Zone 1. Cocles-Manzanillo Coastal Plain, corresponds to the area of human settlements pre-existing the declaration of the ASP, and does not in itself represent the main nucleus or object of conservation of the RNVS-GM.’ Chapter V is developed in 5 pages, from 22 to 26, folios 973 to 977 of the Legislative File, Volume 3. On page 22 of the document, the methodology of the study is explained; in the following 3 folios, maps are included with a small explanation at the foot, and in folio 977 a table is included on the results of the characterization of the Cocles-Manzanillo coastal plain (Zone 1). The chapter evinces that MINAET has conducted a sampling study of the zone, to identify the different forested areas or forestry population and has measured, within zone 1, the forested area and the urban area. However, this Chamber considers that the consultants are correct in the sense that the study does not satisfy the requirements of Article 38 of the Organic Law of the Environment, constitutional Article 50, and International Environmental Law. Article 38 of the Organic Law of the Environment is a protective norm, establishing a guarantee in favor of protected wild areas and the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in constitutional Article 50. From the norm it is inferred, firstly, that the technical study indicated in the norm is an unavoidable and essential requirement for the approval of the legislative measure reducing the area of protection, which is derived from the phrase ‘only may’ and ‘after,’ the non-fulfillment of which brings with it the declaration of invalidity of the measure. Secondly, it is a technical study –that is, in accordance with the sciences and techniques that have as their object of study the environment and ecosystems– in order to determine the impact of the legislative measure on them. Thirdly, the study must be specific and deal with the area of reduction and its context, in order to evaluate the impact and issue recommendations to avoid risks, prevent negative or adverse effects, or else propose the corresponding mitigation, conservation or reparatory measures. Fourthly, the purpose of the study is to scientifically justify the measure. Finally, the study must conform to the substantial demands of constitutional Article 50 and must demonstrate how the measure taken continues to satisfy the right to a healthy and ecologically balanced environment within the framework of a sustainable development policy. The consultants are correct in warning that the Study omits analyzing and pronouncing on the impact of the zone to be de-designated (desafectar) on the marine and continental zones of the Refuge, given that it constitutes its link and affects the balance in the entirety of the Refuge. Nor does it examine the impact on the biological corridor on the aquifers and wildlife, nor determine the ecological value of the zone to be de-designated (desafectar) within the totality of the protected wild area, much less propose measures or recommendations aimed at diminishing any negative impact on the Refuge in general. The impact on the RAMSAR wetlands is not analyzed in order to comply with the international obligations assumed by Costa Rica and to avoid any State liability for breach of the international instruments on the matter. In synthesis, the study presented, although related to the topic, is manifestly incomplete because the substantial demands derived from the very matter it protects are not met. In effect, the technical study in question omits to demonstrate how, in spite of the reduction, the Refuge continues to be conserved healthy and ecologically balanced. On the other hand, regressivity in the levels of protection must be fully justified. The study has to justify with supported scientific criteria that the de-designation (desafectación) is a viable measure from the environmental perspective within the framework of a sustainable development policy, otherwise it becomes a transgression of the principle of non-regressivity or irreversibility of protection in the terms explained supra and a material violation of the principle of singular non-derogability of norms. This being the case, the lack of scientific evidence justifies ruling in accordance with the precautionary principle. Likewise, this Chamber considers that the consultants are correct when they affirm that the Management Plan, the Zoning Regulation and the studies that gave rise to them (Folios 578-759 and 788 of the file) do not satisfy the characteristics required by the Law and derived from the Constitution that, according to the Chamber, the technical study must have. In the first place, the purpose of such studies was not to justify the reduction of the protection area; on the contrary, they sought to provide the information necessary to implement an integrated management plan for the entire refuge, including the area that is intended to be de-designated (desafectar); in other words, they fail to meet the purpose established in Article 38 of the Organic Law of the Environment. In the second place, we are not in the presence of a specific study on the topic of the reduction of the area described in Article 1 of the Bill and the impact of the de-designation (desafectación). The various technical reports, dating from 1995 and 1996, had as their object of study the entirety of the Refuge with a view to the Management Plan; which is why they do not pronounce on or evaluate the impact of the reduction, nor issue recommendations to avoid risks, prevent negative or adverse effects that it might cause. Finally, it is important to highlight that no consultation of experts is observed, nor are outstanding professionals from the different disciplines related to environmental matters heard in audience, who could have filled, through their qualified opinions, the gaps in the technical study presented by the La Amistad Caribe Conservation Area of the Regional Directorate of MINAET.” (highlighting does not correspond to the original)

Said insufficiency was due to the fact that the study omitted to analyze and pronounce on the impact of the zone to be de-designated (desafectar) on the marine and continental zones of the Refuge. Moreover, because it also did not examine the impact, nor determine the ecological value of the zone, nor establish measures or recommendations to reduce the negative impact on the Refuge. Thus the Chamber determined that the study presented was manifestly incomplete.

V.- On the examination of the allegations of unconstitutionality of the challenged Law.- The petitioner challenges Law No. 9223 “Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean” inasmuch as the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge is reduced, without complying with a sufficient technical study, without establishing compensation measures, without consulting the Kekoldi indigenous people, violating the principle of intangibility of the maritime-terrestrial zone (by allowing concession in that zone) and in violation of the RAMSAR Convention on Wetlands. Regarding these, the Office of the Attorney General of the Republic indicates that it is the exclusive province of the Constitutional Chamber to verify the sufficiency of the technical report to justify the reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. Then, it sets out in its report some doubts and inconsistencies detected in said technical report. It also considers that there is unconstitutionality due to the omission to compensate the suppressed area. On the other hand, it indicates that no injury was demonstrated to Article 6 of ILO Convention 169, nor to the principle of intangibility of the maritime-terrestrial zone. The Director of SINAC indicates that there is indeed technical support for the law, and there are no sufficient reasons to consider the need for compensation measures because the urban areas and the surrounding communities described were always so, historical human settlements to which the mentioned law permits recognition of the legitimate rights of the Afro-descendant community and the coastal towns of the Southern Caribbean. Thus, there is nothing to compensate since, according to Law No. 9223, the zones surrounding this Refuge were always that, surrounding zones and urban zones that were not part of the Refuge, according to its founding Decree. It further indicates that the area of the Refuge does not affect any of the wetlands committed to by the country at the Gandoca-Manzanillo site. For their part, the coadjuvants all pronounce in favor of the law. They indicate that Law No. 9223 is not a law to reduce a protected area, but to correct a historical error that violated the rights of the communities historically settled prior to the declaration of the Refuge. Likewise they indicate that the objects of conservation and the representativeness of the Refuge are not affected by the reduction proposed. That the technical report was complied with, and that there is nothing to compensate since the zones surrounding this Refuge were always that, surrounding zones and urban zones that were not part of the Refuge, according to its founding Decree. Finally, according to the evidence for better resolution, requested by this Chamber from the School of Environmental Sciences of the National University, it is indicated regarding the technical report that there is a reduction of the refuge area, but there are inconsistencies between the cartography and the report. Moreover, it underscores several omissions (in terms of data and impact evaluation), points out several inconsistencies.

Taking into account all the preceding allegations and arguments, we proceed next to examine whether in effect there is a reduction of the National Wildlife Refuge and how much the reduction is (recital VI) for the purposes of determining the technical support for said reduction.

To then examine the remaining allegations of the claimant (considerando VII).

VI.- ON THE REDUCTION OF THE GANDOCA-MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE AND ITS BACKGROUND AND ON THE NUMBER OF HECTARES BEING REDUCED.- The first thing that must be established is that the challenged law, No. 9223, called “Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean,” contains a single article that redefines the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. By redefining those boundaries, what it does, in reality, is reduce the area of said Refuge. This refuge was created by Executive Decree No. 16614-MAG of October 29, 1985. After its creation, Articles 3, 4, 5, and 7 of Decree Number 34043-MINAE, published in La Gaceta Number 202 of October 22, 2007, sought to reduce the area of the refuge. This latter decree was the subject of an unconstitutionality action, as mentioned supra, which was resolved by Vote Number 2009-001056 of 2:59 p.m. on January 28, 2009, declaring the action with merit and proceeding to annul those articles, since the principle of legal reserve and the right to the environment were violated. It was stated as follows:

“In this way, by proceeding the challenged decree to reduce the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, it violates the principle of legal reserve because the reduction of such boundaries can only be effected by means of a law duly justified for that purpose. In addition, the right to the environment is violated because the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo area but also leaves the natural resources of the area unprotected by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo open to free exploitation without any restrictions. Evidently, the protection received by the property is not the same when it involves forest property. (…) In this way, by proceeding the challenged decree to exclude the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo from forest property, it violates the right to the environment because such areas would be left outside the boundaries proper to forest property that tend towards conservation and not the exploitation of the property and its natural resources.” (highlighting not in the original).

After the reduction of the Refuge carried out via decree was declared unconstitutional, on July 21, 2011, Bill 18.207 was presented to the Legislative Assembly to redefine the boundaries of the Refuge. Said bill was approved in the first debate on August 30, 2012. It was sent to the Constitutional Chamber for optional consultation, which was resolved by Vote Number 12-013367 of September 21, 2012, finding the consulted bill unconstitutional, for violation of Article 50 due to the fact that the reduction of the area of the Refuge in question was based on an incomplete study by not technically and scientifically determining the impact on the environment. As transcribed supra, said vote indicated the following:

“VII. On the technical study presented by the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe), Regional Directorate of MINAET. In the legislative file, visible on folios 952 to 981 of volume four, is the document titled ‘Criterio Técnico del Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, respecto al proyecto de ley 18.207’ (Technical Criterion of the Amistad Caribe Conservation Area, SINAC-MINAET, regarding Bill 18.207), prepared by the La Amistad Caribe Conservation Area, Regional Directorate, Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, 2012. (…) The consultants are correct in warning that the Study omits analyzing and ruling on the impact of the zone to be removed on the marine and continental zones of the Refuge, given that it constitutes its link and affects the balance of the entire Refuge. Nor does it examine the impact on the biological corridor over the aquifers and the wildlife, nor determine the ecological value of the zone to be removed within the totality of the protected wilderness area, much less does it propose measures or recommendations aimed at diminishing any negative impact on the Refuge in general. It does not analyze the impact on the RAMSAR wetlands in order to comply with the international obligations acquired by Costa Rica and avoid any responsibility of the State for non-compliance with international instruments on the matter. In synthesis, the presented study, although related to the topic, is manifestly incomplete since the substantial demands derived from the very matter it protects are not satisfied. Indeed, the technical study in question omits demonstrating how, despite the reduction, the Refuge continues to be preserved in a healthy and ecologically balanced state. On the other hand, regressivity in the levels of protection must be fully justified. The study must justify with supported scientific criteria that the removal is a viable measure from an environmental perspective within the framework of a sustainable development policy, otherwise it becomes a transgression of the principle of non-regression or irreversibility of protection in the terms explained supra and a material violation of the principle of singular inderogability of norms. Thus, the lack of scientific evidence justifies ruling according to the precautionary principle…” (highlighting not in the original)

Subsequently, the Agriculture and Livestock Committee approved a motion on August 20, 2013, to request SINAC to prepare the corresponding environmental technical report, which was presented, in that same year, called “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur Expediente n°18.207” (Bill for Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean File No. 18.207). Thus, the bill was approved and entered into force as law on April 8, 2014, Law No. 9223. The law challenged in this action. From all of the foregoing, it is understood that the challenged law redefines (reduces) the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.

Having established that the law under analysis, by redefining the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, actually carries out a reduction of the area of the refuge, it is fitting to ask whether the law is clear in indicating HOW MUCH that reduction is. The answer is no, the law is not clear in indicating how much area is being reduced from the Refuge. To know, then, how much area is being reduced, since the law does not indicate it, this Chamber turns to the mentioned “Technical report”. According to said report, it is established that:

-The reduction implies a total area of 406.52 hectares, of which 205.97 hectares correspond to forest cover (folio 24 of the report), and of these, 17 hectares are within the maritime-terrestrial zone, according to the report of the Office of the Attorney General.

Which leads us to understand, in the same sense as expressed by the Office of the Attorney General at the hearing, that of the total area being reduced, approximately half is forest. In this regard, in the requested evidence, the Office of the Attorney General reports that the lack of technical support to justify the removal of the forested zone is evident.

VII.- ADDITIONAL ARGUMENTS IN FAVOR OF THE PROTECTION OF THE GANDOCA-MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE (Drafted by Judge Castillo V.)

The Constitutional Chamber has not expressly recognized the principle of non-regression in environmental matters in its jurisprudence. However, in a recent ruling, it made mention of this principle. The high Court stated that:

“(…) the principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those, such as the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), that require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in numeral 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not suppose absolute irreversibility because all States experience national situations, of economic, political, social nature or due to nature, that negatively impact the achievements made up to that point and force a downward reconsideration of the new level of protection. In such cases, the Law of the Constitution and the principles under examination oblige justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, of the reduction in the levels of protection. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: ‘…according to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. So then, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of open access to medicines, it cannot – much less through an International Treaty – reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it said: ‘The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment according to the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10). Consequently, in application of these two principles, the Constitutional Chamber has established that it is constitutionally valid to expand, by executive decree, the physical extension of protection areas (principle of progressivity); however, reduction can only occur by law and upon prior completion of a technical study adjusted to the principles of reasonableness and proportionality, to the demands of ecological balance and a healthy environment, and to the general welfare of the population, which serves to justify the measure. A right is worth what its guarantees are worth; therefore, a violation of these principles occurs when the technical study fails to meet the required constitutional and technical demands. If such guarantee is transgressed, so too will be the fundamental right that the guarantee protects, and it is to that extent that the reduction of protected areas would be unconstitutional.

‘The right to the environment is violated because the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo area but also leaves the natural resources of the area unprotected by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo open to free exploitation without any restrictions. Evidently, the protection received by the property is not the same when it involves forest property. Regarding this type of property, it should be remembered that it is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime, since it is fundamentally conceived for conservation, not for production or to be part of the commerce of men. All lands considered as national reserves are immediately affected for the purposes of forestry regulations, which establish a special regime applicable to all forest resources. In this way, by proceeding the challenged decree to exclude the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo from forest property, it violates the right to the environment because such areas would be left outside the boundaries proper to forest property that tend towards conservation and not the exploitation of the property and its natural resources.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 1056-2009)”

Based on the foregoing, a protected area can only be reduced if done by Law, if there are technical and scientific studies that rule out environmental damage, and if compensation is provided for the suppressed area with another of equal size or to the extent possible.

Now, in the specific case, the Office of the Attorney General questions that, in the technical report that served as the basis for the challenged Law, the exclusion of 406.32 hectares from the Cocles-Manzanillo Coastal Plain that is ordered is not adequately justified. Likewise, it does not explain the reasons why not only the urban quadrants were excluded, but also 188 hectares with forest cover, which are excluded from the State's Natural Heritage, nor do they form part of the Maritime-Terrestrial Zone. In the report sent via official letter number SINAC-DE-0286 of March 7, 2019, the executive director of the National System of Conservation Areas explains that the 188 hectares mentioned by the Office of the Attorney General do not constitute a compact forest, but rather forest-type structures that, in their majority, are found on private property. On this point, the explanation given by the executive director is insufficient to discard the objection expressed by the Office of the Attorney General, since from the study of the legislative file and the evidence provided to the case file, it cannot be conclusively demonstrated that the aforementioned area is indeed made up of lands of a private nature, because, if that were the case, there would be no reason whatsoever for said lands to be subjected to a removal. Thus, it should be remembered that the only lands that could be removed are those that are classified as public domain goods, hence there is a logical contradiction when it is maintained that they involve properties of a private nature that must be removed, as the respondent authority states in its report. The foregoing reasoning is reinforced based on what is prescribed by Article 37 of the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995, when it provides the following:

“Article 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wilderness areas, whatever their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their boundaries, the private farms or parts of farms necessary to fulfill the objectives indicated in this law and to implement them in accordance with the respective management plan or to create the legal easements for ecological protection and compliance with this law.

When dealing with national parks, biological reserves, or state national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, upon prior compensation. In the cases of forest reserves, protective zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or parts thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the request of the owner, they are voluntarily submitted to the forest regime. That subjection shall be registered in the Public Registry of Property, as an affectation to the property, which shall be maintained for the time established in the management plan.

The private farms affected according to the provisions of this article, by being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment in which payment has been made or they have been legally expropriated, except when they are voluntarily submitted to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and in the event that payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subject to an environmental planning plan which includes the environmental impact assessment and subsequently, to the management, recovery, and restoration plan for the resources.”
(Thus amended the previous paragraph by Article 72, subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, which in turn was amended by Article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998) (Highlighting and bold not in the original).

One need not be a very keen observer to conclude that, based on the current legal regulations, private properties are not part of the refuge – if there were any – hence it is a contradiction to remove areas that are private. We would be, then, in the presence of an irrational Law, if that were the case.

Ergo, although there is a technical report that justifies the enactment of the Law, the truth is that said study does not manage to rule out that the removal of the lands will not cause damage to the environment – that not referring to the urban quadrants. From a logical perspective and in accordance with the Law of the Constitution (values, principles, and norms), the proper course was to order only the removal of the lands that make up the towns located in the zone – original towns or other population settlements – or, eventually, to exclude other areas of public domain, provided that it was proven that no impact on the environment would be caused and the respective compensation was given. In that sense, as was expressed lines above, there is no clarity about the lands that contain forest – whether they are part of the State's Natural Heritage or private lands subject to the limitations provided by environmental law, in which case removal was unnecessary – and that the Law removed. Either one of two: if they are private goods subject to the environmental limitations provided by legislation, the removal is superfluous; if they are a public domain good, the removal is insufficient, because there is no certainty about the non-deterioration of the environment and the respective compensation for the area is not given. Given this reasonable doubt, the proper course is to apply the principle of in dubio pro natura, therefore the 188 hectares must be considered as part of the refuge – public domain goods – making their exclusion without the respective compensation inappropriate. All of the foregoing, without a doubt, is contrary to what has been provided by this Chamber in its jurisprudence, hence the challenged legal norm is unconstitutional. However, the previous conclusion must be nuanced, in the sense that, if there are private lands within those 188 hectares, it is not possible, under the terms of constitutional numeral 45 and Article 21 of the American Convention on Human Rights, to violate the property right of their owners. Moreover, the 188 hectares form part of the core central area of the wildlife refuge, which is linked to a fundamental right recognized in favor of those who make up the Costa Rican Nation – those who were, are, and will be – as well as the other inhabitants, therefore we are in the presence of an extremely serious impact on the environment; especially since in this case the challenged Law does not provide the respective area compensation and lacks, as explained supra, technical studies to carry out the reduction of said refuge.

On the other hand, it must be clarified that, in accordance with the information contained in the file, both legislative and judicial, not all of the challenged legal norm is contrary to the Law of the Constitution, since the exclusion from the refuge of the urban quadrants – original towns or people who were even there before the refuge was created – is indeed procedurally appropriate, so it would not make sense to make a declaration of unconstitutionality of the entire norm. Rather, and in order to achieve a fair balance between the protection of the environment and the socioeconomic needs of the people, the proper course is to declare the filed unconstitutionality action, annulling the norm only regarding the territories comprised in the forested zone – 188 hectares – according to the provisions of the Office of the Attorney General in its reports and, consequently, order SINAC to proceed to delimit the aforementioned area. In the event it is determined that these are public domain goods – not private domain goods – SINAC, jointly with the State Attorney, must exercise the corresponding legal actions in defense of the public patrimony. Regarding property rights – if they were to be determined – what is appropriate is for the competent authorities to impose the corresponding social interest limitations on the properties for the sake of environmental protection.

VIII.- ON THE UNNECESSARY ANALYSIS OF THE REMAINING ALLEGATIONS.- All of the foregoing being sufficient reasons to consider the unconstitutionality of the challenged law, due to the lack of technical support, and the identified procedural defect being found, it is of no interest to refer in detail to the rest of the allegations, especially since these refer to aspects that were not duly substantiated in the initial filing of this action. The remaining allegations refer to the fact that the law is unconstitutional because the indigenous peoples should have been consulted, the law contains norms that affect wetlands and the maritime-terrestrial zone. The Office of the Attorney General indicates in its report that the action does not detail what the impact on the indigenous peoples consists of, which is not evident because the Bribrí Indigenous Reserve of Kekoldi does not overlap nor is it contiguous to the excluded sector of the Refuge. Likewise, no evidence was presented that the law per se affected wetlands or violated the principle of intangibility of the maritime-terrestrial zone. The Office of the Attorney General indicates that the challenged law does not contemplate any provision relating to the Maritime-Terrestrial Zone, therefore, the principle of intangibility of the maritime-terrestrial zone cannot be breached, nor can it be interpreted that the lands excluded from the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge by Law No. 9223 that are located in the two-hundred-meter-wide strip along the coastline, measured horizontally from the ordinary high-water line, as well as the areas occupied by mangroves and estuaries (public zone), and the one-hundred-fifty-meter strip contiguous to these (restricted zone), among other properties, were removed from the special regime covering the maritime-terrestrial zone. Therefore, without prejudging the merits of the points raised, regarding these allegations, it is appropriate to dismiss the examination of these allegations in this action since the aforementioned unconstitutionality has already been determined.
IX.- Conclusions.- 1) Regarding the arguments of lack of technical support and compensation measures, it is verified that Law No. 9223 “Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean” implied a reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, based on a technical study insufficient regarding the forested zone, and that additionally, did not contemplate compensation measures. Which translates into a violation of the right to the environment, of the principles of reasonableness, proportionality, objectivization, precautionary, making the declaration with merit appropriate, as indicated in the operative part of this resolution. 2) Regarding the arguments of lack of consultation with the indigenous people, impact on wetlands, and the maritime-terrestrial zone, they are not analyzed because the unconstitutionality has already been determined for procedural reasons, in addition, it was not substantiated or proven that the law had to be consulted with indigenous peoples, or that the norm per se implies an impact on wetlands or the maritime-terrestrial zone.

X.- NOTE FROM JUDGE CRUZ CASTRO.- I record this note because I consider that the insufficiency of the technical report, in this case, goes beyond the lack of substantiation of the forested area, but that there was also no due technical support for the removal of the urban area. Sometimes political necessities, the urgencies they impose, also influence technical judgment. It is the eternal tension between the politician and the scientist, recalling the title of a work by Max Weber. The inconsistencies I perceive are detailed below:

A) ON THE INSUFFICIENCY OF THE TECHNICAL REPORT THAT SUPPORTED THE REDUCTION OF THE GANDOCA-MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE.- Having established that, in effect, the challenged Law, No. 9223 “Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean,” contains a single article that, by redefining the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, carries out a removal and reduction of said boundaries, for a total area of 406.52 hectares reduced, I proceed to examine whether that reduction was duly and sufficiently supported by technical backing. As stated, the jurisprudence of this Chamber has established that any reduction of protected wilderness areas must not only be done by means of a law (principle of legal reserve), but must also have sufficient technical backing (and additionally, as will be said, compensation measures) to be considered in accordance with the Law of the Constitution. Thus, we proceed to examine the allegation regarding the insufficiency of the technical studies that supported the reduction of the surface area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, through the Law “Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean,” No. 9223 of March 20, 2014. Given this, several questions are in view that should have been answered in the technical report (1), the positions of each of the parties called upon to pronounce on the matter (2), to finally point out the aspects of the report I consider insufficiently substantiated (3).

1) Questions the technical report should have answered and supported: The questions the report should have answered are some that derive from Vote 12-013367 of September 21, 2012, which had considered the technical support at that time insufficient, in addition to others deriving from the statement of motives of the challenged law. So then, the technical study that supported the reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge should have answered the following questions, which, by the way, are elementary:

-Does it analyze and pronounce on the impact of the zone to be removed on the marine and continental zones of the Refuge?

-Does it examine the impact on the biological corridor over the aquifers and the wildlife?

-Does it determine the ecological value of the zone to be removed within the totality of the protected wilderness area?

-Does it propose measures or recommendations aimed at diminishing any negative impact on the Refuge in general?

-Does it analyze the impact on the RAMSAR wetlands in order to comply with the international obligations acquired by Costa Rica and avoid any responsibility of the State for non-compliance with international instruments on the matter?

-Does it demonstrate how, despite the reduction, the Refuge continues to be preserved in a healthy and ecologically balanced state?

-Does it technically justify the removal for the recognition of the rights of coastal inhabitants of the Southern Caribbean in those urban areas they had been inhabiting since before the declaration of the Refuge? That is, Was the technical justification of the report for the removal of the urban hectares based on a reliable census of the inhabitants prior to the declaration of the Refuge in 1985?

-What is the technical justification given by the report for the removal of the 205.97 hectares of forest cover?

To see if the report answers such questions, it is therefore essential to have in view in detail the mentioned “Technical Report” prepared by the National System of Conservation Areas (SINAC) in 2013, called “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur Expediente n°18.207” (Bill for Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean File No. 18.207). And also, to have in view what SINAC, the Office of the Attorney General, and UNA report in that regard (in the requested evidence), and even the Department of Technical Services of the Legislative Assembly.

They seem like complex questions, but they are not, because the relevance of the matter being protected warrants a careful analysis, without attempting to rely on cryptic arguments.

2) Reports from SINAC, the PGR, UNA, and the Department of Technical Services on the sufficiency of the technical report in question: SINAC's position is that: "The requested technical report was prepared by specialized personnel of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Areas de Conservación, SINAC), using scientific criteria that were serious, exhaustive, and comprehensive, in order to determine the impact of the legislative measure on the creation objectives of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, RNVS-GM), the relevance, fragility, and conservation status of the ecosystems, through analysis of the conservation targets and consultation with the involved local communities. It follows that according to the analysis of the indicated aspects and additional ones, the RNVS-GM continues to be preserved healthy and ecologically balanced. Said report is found at folios 1390 to 1569 of the legislative file of Law No. 9223. (…) The technical study provided by SINAC at the request of the Legislative Assembly constitutes the technical justification that supported the removal of protection (desafectación) adopted by the deputies in the law that is the object of this action."

For its part, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) states the following: In relation to the opinion provided to the legislative file after this judgment, incorporated in its folios 1394 and following, it is appropriate to make some observations to verify the existence of the technical and scientific basis, as well as to assess whether the principle of reasonableness and proportionality is met. It details the following observations:

- The removal of protection of 205 ha of forest was not justified: No reasonableness or proportionality because only the removal of protection of the urban area of 233.41 hectares is justified, leaving the removal of protection of the rest, 205 hectares of forest, without technical support.
- Not all of the area removed from protection is ZMT (Zona Marítimo Terrestre): It cannot be true that the lands removed from protection would remain under the restrictions of the Maritime Terrestrial Zone Law, since the portion excluded from the Refuge in Law No. 9223 is not only Maritime Terrestrial Zone, but rather a strip was removed from protection that in some points can measure up to 500 meters inland from the Maritime Terrestrial Zone.
- The impact on the two mangrove patches is not analyzed: The impact on the two mangrove patches that were identified in the area subtracted from the Refuge, which are classified as "in critical conservation status," is neither analyzed nor ruled out, indicating that "no growth in terms of cover has been evidenced throughout the establishment of the refuge, but it has been maintained" (folio 1411).
- Mangroves are not included in the Natural Heritage of the State: In the determination of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), the areas that meet the definition of forest under the Forest Law (Ley Forestal) were identified (point 4 of folio 1557); however, mangroves were not included, which also form part of the Natural Heritage of the State, regardless of their extent (Article 13 of the Forest Law and Manual for the classification of lands dedicated to the conservation of natural resources within the Maritime Terrestrial Zone in Costa Rica, Decree No. 36786-MINAET of August 12, 2011, Article IV.u).
- It is not evident how it is concluded that the reef zones adjacent to the excluded zone will not be affected: The different types of coral reefs present in the areas adjacent to zone 1 of the RNVS-GM are diverse, well-developed ecosystems, with species unique in the country's Caribbean, with a high degree of current fragility and which are currently in a recovery process. However, the report indicates that the modification of the limits does not affect them, but it is not clear how they reached that conclusion. The same applies regarding the seagrass beds, which are located in zone 10, adjacent to the excluded zone, an ecosystem associated with sea turtles, and whose main cause of decline is said to be "anthropogenic activities, such as sedimentation caused by deforestation and excessive nutrient discharge into coastal waters" (folio 1436). Furthermore, it is stated that "A management plan for the forests adjacent to the coast would prevent the entry of new sediments to the reefs" (folio 1421), but it is not considered that such planning may be implemented by SINAC when the lands are outside the Refuge. According to the map on folio 1513 and what is indicated in point 4 of folio 1514, the zone excluded from the Refuge does not include wetlands registered on the Ramsar list; however, the report also indicates that the entire Refuge is classified as a Ramsar Site of international importance; furthermore, the so-called Coral Reef Wetland or Seagrass Beds and Reefs (zone 10) is contiguous to a portion of the excluded area, between geographic vertical coordinates 646 and 648, approximately, and as the Convention in its Article 2 provides that the limits of wetlands included in the list "may include riparian or coastal zones adjacent to the wetland," there could be an overlap.
- Areas with potential threats cannot be included in a Management Plan once they cease to be part of the Refuge: In the annexes, it is transcribed, in relation to the Cocles Manzanillo Maritime Terrestrial Zone (excluded), that "care must be taken… with the carrying capacity of the beaches" and the main potential threats for this area are identified as: "the development of traditional large-impact tourism projects," indicating that the establishment of a Management Plan by MINAE starting in 1996 "allowed neutralizing" those potential threats, that the access roads to the beach were regulated, with no new ones permitted since its entry into force, and that the extraction of sand from the beaches was also prohibited (folios 1499 and 1500). However, it is not taken into account that such planning cannot be implemented by SINAC when the lands are outside the Refuge.
- Shortcomings of the maps on land tenure. ON THE FORESTED ZONE: there is a land tenure study of the area removed from protection. However, it is not complete; there are lands for which no information is available. For the area with forest cover (cobertura boscosa), there is cadastral-registry information on approximately 40 properties, and cadastral information on 10 unregistered lands, for which no information additional to the cadastral information was found. It is unknown whether they are currently being occupied by the persons identified in Annex 8, or under what title they occupy them, because a cadastral plan does not demonstrate possession of a land. For 4 lands in forested areas, there is no information available. In the forested sectors removed from protection by Law No. 9223, 4 judicial processes were identified in which the Attorney General's Office has participated. In those possessory information proceedings, the Attorney General's Office requested disapproval because adverse possession (usucapión) prior to the creation of the Refuge had not been demonstrated. ON THE URBAN ZONE: it cannot be clearly determined who the persons are who hold the legitimate rights of the Afro-descendant community who are coastal inhabitants of the South Caribbean. In the opinion of that advisory body, it would not be constitutional to interpret that the lands excluded from the Refuge were removed from protection from any other special regime such as that of the maritime terrestrial zone, given that an implicit removal of protection does not operate. The list on folios 1566 to 1569 of the legislative file, qualified as a census on page 65 of the SINAC report, is not reliable in identifying the inhabitants prior to 1985, and its coverage regarding the area finally excluded by Law No. 9223 is not clear. We do not have the information to qualify the legitimate or illegitimate occupation of the population established after the declaration of the Refuge.

As can be seen, these are core questions that must not remain in an unresponsive nebulous state.

Regarding such observations, SINAC's response, after the hearing held, is as follows:

-On the exclusion of 188 ha with forest cover, it indicates that the technical report did proceed to establish the characteristics of the zone that would be affected. That it is not a compact block of 188 hectares severed from the refuge, but rather they are distributed along the affected zone and its communities. Regarding this justification, I consider that the PGR's observation persists, in the sense that there is NO good technical response, and therefore, reasonableness, for having included those hectares within the removal of protection or exclusion from the Refuge. The reasons for the removal of protection of such forest hectares are not set forth, especially when it is indicated, as was said, that the rationale for the removal of protection is to return urban areas to the inhabitants.

-That it is not the purview of a technical report to conduct a study on the status of the legality of the possessions or their origin. Regarding this argument, the PGR's observation persists. If the law is based on the "recognition of the legitimate rights of the inhabitants and coastal towns of the South Caribbean" (see Article 1 of the challenged Law), as is also indicated in the statement of motives: "The object of the bill is to recognize the legitimate rights of the Afro-descendant community and the coastal inhabitants of the South Caribbean," it is logical to assume that there should have been a census of what and how many those "legitimate rights" were. Thus, in this specific case, it was indeed necessary and indispensable for the technical report to refer to the determination of what those legitimate rights were, in order to avoid that areas that did NOT correspond to legitimate rights were removed from protection, for example. In this sense, it does not go unnoticed that there could be some reasonableness in removing from protection the urban zones occupied before 1985 (the date on which the Refuge was created); however, the challenged law not only removes from protection beyond those urban areas, but also, by not having clarity about the urban zones removed from protection, there can be no certainty that these were indeed occupied prior to 1985 and by original inhabitants of the zone. It is not about creating authorizations that remove protection with respect to persons for whom there is no clear identification that allows establishing that they are original inhabitants. This is part of the technical requirement of the report. See Annex 3 of the technical report (folio 1559 and 1566) referring to land tenure, inside and outside the Maritime Terrestrial Zone, where one observes: names of foreign possessors, possessors that are commercial corporations, possessors with possessions of less than 30 years (that is, after 1985, with which it is understood that they entered the properties of the Refuge after its creation). In light of a legitimate claim, there cannot be so much imprecision and laxity. It is clear that in many cases they are not original inhabitants, with possessions prior to the creation of the Refuge in 1985, so the Law would be removing from protection hectares of a Refuge to "protect" illegal possessions, which is openly unconstitutional. With which, furthermore, the law is not fulfilling the purposes it set out in the statement of motives, of vindicating the original possessors, because there is a manifest imprecision in the persons who benefit from the law. See also how conclusive the report of the Attorney General's Office is when it indicates that the list on land tenure from folios 1566 to 1569 of the legislative file, qualified as a census on page 65 of the SINAC report, is not reliable in identifying the inhabitants prior to 1985, and its coverage regarding the area finally excluded by Law No. 9223 is not clear; furthermore, they do not have the information to qualify the legitimate or illegitimate occupation of the population established after the declaration of the Refuge. The legitimacy and pertinence of the identity of the original inhabitants is a core issue in this removal of protection of an area dedicated to environmental protection.

-The information offered by the technical report is sufficient to support the conclusion that the coral reef resource is not being affected by the delimitation of the law. The main mangrove ecosystem that the declaration of the Refuge protected has an area of 200 ha, is located in the Gandoca Lagoon, under the categories of PNE and RAMSAR Wetland. It is located many kilometers southeast of the zone affected by Law 9223. On this point, the PGR's observation persists, in the sense that saying that a study is sufficient, evidently is not enough; for it to actually be so, it must be extensive in support and justifications, and these are precisely what the technical report in question lacks.

To expand further, the observations made by the School of Environmental Sciences of the National University (UNA) must be added, when it indicates, about the technical report, that: there are inconsistencies between the cartography and the report regarding the area of reduction of the Refuge, there is insufficient data to assess biodiversity, the area removed from protection included both maritime terrestrial zone and inland area, the technical report is not consistent with the information obtained from the spatial analysis conducted with the layers that SINAC provides, the technical report does not evaluate the impact on the environment and the ecosystems, with the disaggregation of the terrestrial area contiguous to the protected marine area, it is likely that the buffer zone for the marine-coastal ecosystems will be eliminated. This disaggregation would have a potential negative effect on the ecosystems, especially on coral ecosystems due to their biological fragility. These are very reasonable and evident doubts, and we well know that in doubt, the principle of protection (principio de tutela) is imposed.

Likewise, what the Department of Technical Services of the Legislative Assembly indicates, through official communication CON-005-2014-J of February 18, 2014, that is, prior to the approval of the challenged law. There it indicates: "… this Advisory Office considers that on this occasion as well, there is not a specific study on the issue of the reduction of the area described in Article 1 of the Bill and the impact of the removal of protection, therefore, it does not satisfy the requirements of Article 38 of the Organic Law of the Environment, Article 50 of the Constitution, and International Environmental Law." (folio 1781 of the legislative file).

3) Aspects of the report that are insufficiently substantiated: From all of the foregoing, it is clear that, although there was a technical basis, it does not answer any of the questions posed by this Chamber in the aforementioned vote 2009-001056, nor essential aspects to consider it a sufficient and admissible technical criterion, as explained below. Having reviewed all the inconsistencies raised by the PGR and UNA regarding the report used as support for the challenged law, I conclude that, in effect, the technical study presented to support the challenged law is insufficient. Thus, in summary, the following can be highlighted:

-The impact of the zone to be removed from protection on the marine and continental zones of the Refuge is not analyzed: The impact on the biological corridor on aquifers and wildlife is not examined. The ecological value of the zone to be removed from protection within the entirety of the protected wild area is not determined. The impact on RAMSAR wetlands is not analyzed in order to comply with the international obligations acquired by Costa Rica and avoid any State responsibility for non-compliance with international instruments on the matter. It is not demonstrated how, despite the reduction, the Refuge continues to be preserved healthy and ecologically balanced. Furthermore, as the PGR indicates in its report, the impact on the two mangrove patches that were identified in the zone subtracted from the Refuge, which are classified as "in critical conservation status," is neither analyzed nor ruled out. According to the map on folio 1513 and what is indicated in point 4 of folio 1514, the zone excluded from the Refuge does not include wetlands registered on the Ramsar list; however, the report also indicates that the entire Refuge is classified as a Ramsar Site of international importance; furthermore, the so-called Coral Reef Wetland or Seagrass Beds and Reefs (zone 10) is contiguous to a portion of the excluded area, between geographic vertical coordinates 646 and 648, approximately, and as the Convention in its Article 2 provides that the limits of wetlands included in the list "may include riparian or coastal zones adjacent to the wetland," there could be an overlap.

-The impact of the legislative measure on the Refuge with respect to the conservation targets is not individualized: Folio 18 mentions the conservation targets (mangroves, swamps, forests, reefs, etc.) but does not indicate specifically how such targets would be affected by the reduction of the Refuge. As the PGR indicates in its report, it is not evident how it is concluded that the reef zones adjacent to the excluded zone will not be affected. The different types of coral reefs present in the areas adjacent to zone 1 of the RNVS-GM are diverse, well-developed ecosystems, with species unique in the country's Caribbean, with a high degree of current fragility and which are currently in a recovery process. However, the report indicates that the modification of the limits does not affect them, but it is not clear how they reached that conclusion. The same applies regarding the seagrass beds, which are located in zone 10, adjacent to the excluded zone, an ecosystem associated with sea turtles. And as UNA indicates in its report, with the disaggregation of the terrestrial area contiguous to the protected marine area, it is likely that the buffer zone for the marine-coastal ecosystems will be eliminated, given that this disaggregation would have a potential negative effect on the ecosystems, especially on coral ecosystems due to their biological fragility.

-There is no compensation measure whatsoever: The technical report does not specify recommendations to avoid risks, foresee negative or adverse effects, or mitigation, conservation, or repair measures. No measures or recommendations aimed at reducing any negative impact on the Refuge in general are proposed. The study is not specific because it does not evaluate the impact nor issue the recommendations to avoid risks, prevent negative or adverse effects, or else propose the corresponding mitigation, conservation, or repair measures.

-Total lack of substantiation on the removal of protection of the forested area: if the bill that gave rise to the challenged law indicates that it is intended to restore to the occupants of the urban zones, created prior to the creation of the Refuge in 1985, it is not justified that forested area (and therefore unurbanized area) was removed from protection. As the PGR indicates in the requested report, the removal of protection of the rest, 205 hectares of forest, is left without technical support. Given that, in the sectors of the area removed from protection with forest cover, nearly 40 properties were identified, and at least 14 lands without proof of being registered. For the area with forest cover, there is cadastral-registry information on approximately 40 properties, and cadastral information on 10 unregistered lands, for which no information additional to the cadastral information was found. It is unknown whether they are currently being occupied by the persons identified in Annex 8, or under what title they occupy them, because a cadastral plan does not demonstrate possession of a land. For 4 lands in forested areas, there is no information available. In the forested sectors removed from protection by Law No. 9223, 4 judicial processes were identified in which the Attorney General's Office has participated. In those possessory information proceedings, the Attorney General's Office requested disapproval because adverse possession prior to the creation of the Refuge had not been demonstrated.

-Lack of substantiation on the removal of protection of the urban area: it is evident that, in order to comply with what is indicated in the statement of motives of the bill that gave rise to the challenged law, it should have been previously determined who the persons are who hold "the legitimate rights of the Afro-descendant community who are coastal inhabitants of the South Caribbean." However, as the PGR indicated in the requested report, in the documentation available in the legislative file it cannot be clearly determined who the persons are who hold the legitimate rights of the Afro-descendant community who are coastal inhabitants of the South Caribbean. The foregoing, because in the lists of unregistered lands and registered properties, the names of commercial establishments or legal persons appear, for whom it is unknown who the owners or partners are. Thus, it was also not possible to rely on a reliable census on land tenure to indeed determine clearly who the persons are who hold the legitimate rights of the Afro-descendant community and others, who are coastal inhabitants of the South Caribbean prior to 1985, the date of creation of the Refuge. The PGR adds that it maintains the same doubts raised about the phrase in the report: "Of the 406.21 hectares that the Bill proposes to remove from protection, 233.41 hectares correspond to the censused properties. The latter are equivalent to 34.34% of Zone 2," because no additional information or explanation has been provided in this regard. On the other hand, there is no evidentiary support for the information recorded in the list on folios 1559 to 1569 of the legislative file, qualified as a census by SINAC. There is no record of whether the occupation time recorded in folios 1566 to 1569 comes from the say-so of the occupants themselves, or from objective elements duly documented. Regarding this list, in report SINAC-DE-0286 of March 7, 2019, it is only stated that: "It is admitted that not having clarified that the census provided by the community organizations, which appears at folios 1558 to 1569, constituted only a partial reference input on tenure and antiquity, leads to confusion and could justify the observations and questions." The questions have not been clarified. The statement contained on page 65 of the Report to the effect that "49% of the population was established before the declaration of the Refuge in 1985" admits the interpretation "a contrario sensu" that the remaining 51% was established after the declaration of the Refuge. However, we do not have the information to determine whether that 51% can be classified as illegitimate occupants, or whether they had some title or administrative authorization that legitimized the occupation of the lands. The foregoing adds uncertainty about the surface area to which the list called a census and the report sent by official communication SINAC-DE-1972 refer in relation to the area that was finally excluded from the Refuge. Faced with a removal of protection that favors a group of citizens, they must be clearly identified, because the removal of protection is not justified in the face of de facto situations that do not conform to the law's own justification, which is to vindicate the original inhabitants prior to the declaration of the Refuge in 1985.

-The reduction measure is not scientifically justified, nor is it demonstrated how the measure taken continues to satisfy the right to a healthy and ecologically balanced environment within the framework of a policy of sustainable development. It is only indicated that what was removed from protection were urban zones, but it was already evidenced that forest area was also removed from protection, that there was no reliable census of those urban areas, and that the impact of the removal of protection of those urban areas was also not analyzed. It is not enough to indicate that because they are urban areas, there would be no impact whatsoever with the removal of protection. For it is evident that, even if they are urban areas, by being contiguous to the rest of the Refuge, an impact on it is produced.

With which, such technical basis raises many gaps, omissions, doubts, and observations, which make it insufficient to justify the reduction of those 406.52 hectares of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.

In summary, the study presented, although it is linked to the issue, is manifestly incomplete, since the substantial requirements derived from the very matter it protects are not satisfied. Leaving many doubts, gaps, and omissions, to the detriment of the right to the environment. In accordance with the arguments set forth, the lack of scientific evidence of the challenged law, which seeks to reduce the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, justifies that it be resolved in accordance with the precautionary principle and that it be held, on this occasion as well, that the reduction in question is unconstitutional. Unconstitutionality that is ratified by the absence of compensation measures, as explained below. The reduction of a protected area or any other zone dedicated to environmental protection requires a technical study that does not contain omissions, questions, or inconsistencies, such as those I have mentioned.

B) ON THE LACK OF COMPENSATION MEASURES IN THE REDUCTION OF THE AREA OF THE GANDOCA-MANZANILLO WILDLIFE REFUGE.- All of the foregoing is aggravated when it is further observed that, despite the reduction and the removal of protection, not a single compensation measure was established. As was indicated, this Chamber has established in reiterated jurisprudence that the requirement for technical studies is not a mere formality, but rather a material requirement, which must demonstrate, through a scientific and individualized analysis, in addition to the degree of impact on the environment of the reduction of the protected area, it must propose recommendations aimed at lessening the negative impact on it, through the establishment of so-called compensation measures (Vote No. 13367-2012 - See also No. 10158-2013). SINAC admits such omission and attempts to justify it by indicating that there was nothing to compensate because those areas were always urban. However, it has already been said that this type of argument is inadmissible in environmental matters, because even if they are urban areas, by being contiguous to the rest of the Refuge, it will receive an impact from the removal of protection of said areas, and it was therefore appropriate to establish sufficient compensation measures. This requirement was omitted in this case.

XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any document in paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on Electronic File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:
1) By majority, the action is granted with merit, annulling the challenged Law No. 9223 "Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean" solely with respect to the territories comprised within the forested zone, as set forth by the Attorney General's Office of the Republic in its reports. By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of this pronouncement in the Judicial Bulletin, to delimit the aforementioned area and, together with the Attorney General's Office of the Republic, to exercise the corresponding legal actions in defense of the public heritage. This declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect to the date the norm entered into force, without prejudice to rights acquired in good faith. 2) Judge Cruz Castro files a note. 3) Judges Hernández López, Salazar Alvarado, and Araya García dissent and dismiss the action, however they indicate that the State is obligated to exercise the necessary actions to claim the lands that are illegally occupied in the protected areas as the law indicates. 4) Let this judgment be summarized in the Official Gazette La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Notify the plaintiff, the President of the Legislative Assembly or whoever holds that office, the Attorney General's Office of the Republic, and all intervening parties.-

Fernando Castillo V.
Presiding Judge a.i.

Fernando Cruz C. Paul Rueda L.

Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Hubert Fernández A.


DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ AND MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND ARAYA GARCÍA WITH THE OPINION DRAFTED BY THE FIRST:

         
          We dissent from the decision taken by the majority of the Court and declare the action filed without merit, with the explanation that will follow, all based on the following considerations: the object of the action is Law number 9223, through which the Legislative Assembly redefined the territorial boundaries of a territory subject to the management category called "wildlife refuge" (refugio de vida Silvestre). In doing so, it left certain urban areas and adjacent lands in the South Caribbean zone outside of that category, which has fundamentally given rise to a claim of injury to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. However, the historical condition of the urban settlements in the region, recognized by the State since the creation decree itself, the particularities of all state action in relation to the specific zone—including prior interventions by this Court—and the technical conclusions and criteria upon which the legislative decision was based, permit us to sustain, from our perspective, the constitutional legitimacy of the balance struck by the legislator regarding the various conflicting constitutional rights. There is also no failure to comply with the provisions of ILO Convention 169 or the obligations contained in international regulations in force in Costa Rica on the protection of mangrove (manglares) zones, and—from that perspective—nothing prevents the competent state authorities from fulfilling their power-duty and executing the necessary actions to reclaim lands that are illegally occupied in the protected zone, in accordance with the provisions of our legal system. The reasons for this conclusion are as follows:



         A. Relevant factual aspects.

         

         1. From the various documents provided both to this judicial file (expediente) and, at the time, to the legislative file (expediente legislativo), it has been demonstrated that in 1985, through Executive Decree number 16614-MAG of October 20, 1985, (hereinafter simply Decree 16614) the authorities of the Executive Branch decreed the creation of what is now known as the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Salvaje Gandoca Manzanillo), (hereinafter RVS-GM or simply "the refuge") and demarcated its boundaries.

2.- Said act was carried out under the framework provided by Article 18 of the Wildlife Law (Ley de Fauna Silvestre) number 6919 of November 17, 1983, which was in force at the time and authorized such decisions by the Executive:

"Article 18.- National wildlife refuges (refugios nacionales de fauna silvestre) are those that the Executive Branch declares as such, for the protection and investigation of wild flora and fauna, especially those in danger of extinction.

The Executive Branch is authorized to establish, within forest reserves and on private lands, areas under the classification of national wildlife refuges, which, for the purposes of wildlife conservation, shall be under the administration of the Wildlife Department of the General Forestry Directorate of the Ministry of Agriculture and Livestock.

The Executive Branch shall exempt from territorial tax the lands subject to this regime.

The Executive Branch, through the Ministry of Agriculture and Livestock, is authorized to expropriate those private lands that, due to the importance of the fauna and flora contained therein, exhibit the necessary and suitable conditions for the establishment of national wildlife refuges."

3.- It has also been fully demonstrated that many years before and at the time of said declaration, there were consistent population centers living along the entire coastal strip of the area demarcated as a protected zone by Decree 16614. These populations not only occupied the zone, but also carried out, and still carry out, various activities such as fishing, agriculture, and commerce in their different forms. Moreover, it can also be affirmed that the different public institutions, both for assistance and services, were operating at that time, and still operate, providing their services to such populations under normal conditions.

4.- Such a particular and special situation in part of the territory covered by the Refuge declaration was recognized by the state authorities who, in the original decree itself (Decree 16614), defined the path to follow for addressing the situation of these settlers, through two mechanisms: a) a "titling" program was authorized in the areas covered by the refuge declaration, to allow occupants to legitimize their status as occupants and possessors of the land (Article 5); and b) several of the pre-existing urban areas were left excluded from the Refuge declaration and the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) was ordered to carry out their specific demarcation (Article 6):

"Article 5°—The National Directorate of General Cadastre is authorized to carry out the cadastral mapping survey and the official registration of the individual plans necessary to develop the titling project within the area of the Refuge and that of the adjacent communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo, and Puerto Viejo." (emphasis is not in the original)

"Article 6°- The areas that, according to the studies carried out by the INVU, are included within the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo, shall not be subject to the regulations of this Decree." (emphasis is not in the original)



5.- In summary, it can be pointed out that, by 1985, the State considered that the environmental protection objectives pursued at that time with the creation of the Refuge were well served, not only independently of the legal regime of land tenure (see Article 5, which authorized titling in the refuge zone), but also with the exclusion of the areas comprised within the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo, which were effectively left outside the scope of the declaration contained in Decree 16614.

6.- Over the following years, a succession of executive decrees appears that address the issues of titling (Article 5) and exclusion of urban areas (Article 6), repealing and reactivating such norms; thus:

-Decree 23069-MINAE of 1994, issues rules to regulate visitation for turtle watching and, in passing, repeals Article 6 of the original decree. However, it leaves in force section 5, which authorized the cadastral survey for "titling" purposes.

-subsequently, Decree number 29019-MINAE of 2000 broadly reforms the aforementioned decree (23069) on the subject of visitation and exploitation, and therefore, at the end of its text—in a general manner—repeals Decree 23069.

-by 2005, Executive Decree 32753 is issued, which is justified by stating that it must regulate again the issue of titling in the Refuge zone, as well as the exclusion of the urban areas from it, understanding that—as a consequence of the ratifications and repeals contained in the two decrees cited above—the original exclusion contained, that is, the one ordered in Article 6 of Decree 16614, has been reactivated. It adds that the reactivated exclusion is considered a reduction contrary to the Organic Law of the Environment because it was not made with technical studies, therefore a "ratification" of the original decree (16614) is issued but removing the original Articles 5 and 6 (transcribed above).

7.- This "expansion" of the lands covered by the declaration, which was carried out in Decree 32753, was challenged before this Court, which, through judgment number 2006-2975, indicated its validity as it constituted an expansion and not a reduction of the "forest heritage of the State" (patrimonio forestal del Estado).

8.- Two years later, in 2007, Decree 34043 is issued, where the subject is taken up again, with a line more favorable to the protection of the inhabitants of the zone and decrees—once again—the exclusion of the urban areas, according to the original version of Decree 16614, but making some clarifications so as not to include matters in litigation, and some rules are dictated to regulate the administration of the urban areas.

9.- This last decree was annulled by the Constitutional Chamber two years later, in 2009, through judgment 2009-1056. In essence, the Chamber's argument for the annulment can be found in the following excerpt:

 "VII.- On the unconstitutionality of Articles 3°, 4°, 5°, and 7° of Decree n°34043-MINAE.- As stated, upon the repeal of Article 6º of Executive Decree N° 16614-MAG (through Article 2° of Executive Decree no. 32753 of May 16, 2005), the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo were included within the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo). However, through Article 3° of the challenged Decree, which brings back to legal life the repealed Article 6º, the urban areas of said communities were once again excluded from the boundaries of the Refuge, which implied its reduction. This situation not only violates the principle of legal reserve but also the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment."

10.- Subsequently, and in response to the criteria issued in that resolution, a bill was promoted—number 18207; thereby attempting a new delimitation of the park's boundaries, with the declared purpose of satisfying the constitutional and legal rights of the zone's inhabitants while simultaneously ensuring effective environmental protection. In this regard, the summary provided by the statement of motives on this point is very relevant:

"(…)

As indicated, efforts for the scientific determination of the natural resources of the newly created Refuge, both marine and continental, were carried out from the declaration onward. Numerous Government institutions (Mirenem, MAG, IDA, IGN, GAR, INVU, UCR, UNA), as well as non-governmental organizations, national and international (IUCN, Jessie Smith Noyes Foundation, WWF, ASDI, Dutch Cooperation, CRS, TNC, ANAI, CATIE, ICFID-Cidesa, Asacode, CBTC, among others), poured their results into 'training and proposals for alternatives for the intended sustainable development.' All the technical and scientific studies of this process confirmed the perfect compatibility between the location and vocation of the areas of pre-existing human settlements and those of the natural resources to be protected. (Annexes 11 to 13) (the underlining is not in the original)

This unique process, hardly matched in any other protected wilderness area (área silvestre protegida) in the country, culminates with a planning document or Management Plan (Plan de Manejo), in accordance with the terms required by the Law, managed by MINAE under the Non-Reimbursable Technical Cooperation Agreement between the Government of the Republic and the IDB (Project ATN/JF-3917-CR). MINAE opens an international competition that is won by the Environmental Studies Program (ProAmbi) of the School of Biology of the University of Costa Rica. This organization carries out the most profound and detailed diagnosis conducted to date in the country for a protected wilderness area, executed by a large team of renowned scientists from the University of Costa Rica, over nearly two years. This diagnosis also had the participation and collaboration of all the technicians and specialists of the Amistad Caribe Conservation Area/MINAE. (Annexes 14 to 16) (the emphasis is not in the original)

 

The corresponding regulations are made official through Executive Decree N.º 34946-Minaet, published in Supplement N.º 55 to La Gaceta N.º 248, of December 23, 2008, after the Management Plan is reviewed and approved by the National Council of Conservation Areas (Conac), the Regional Council of the Amistad Caribe Conservation Area (Corac), and the National System of Conservation Areas (SINAC), as provided by the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) N.º 7788, particularly in its Articles 25, 30, and 22, paragraph 1. (Annex 17)  (the emphasis is not in the original)

 

 As with all previous studies and diagnoses, those carried out by the University of Costa Rica endorsed and respected the originating condition that the communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo, and Puerto Viejo were considered adjacent to the Refuge. Therefore, given the persistence of the error in the definition of the boundaries (Article 1º of Decree N.º 16614-MAG) regarding the human settlements of Manzanillo, a typically urban planning and use with high environmental content was established (uses: residential, urban residential, recreational residential, tourist hotel, special hotel, commercial, urban commercial, institutional, etc.), recognizing their rights and foreseeing the eventual, necessary, and imminent correction of the error. The remaining 14 zones into which the Refuge was divided are planned based on the careful management and sustainable use of marine and terrestrial natural resources. (Annex 18)" (the emphasis is not in the original)

11.- As part of the legislative process, the Deputies had the opportunity to analyze a first technical criterion issued by the National System of Conservation Areas (SINAC) as the competent technical authority, which was declared insufficient by this Chamber in resolution 2012-13367, and as a result, a new technical justification was ordered to correct the errors detected therein. Furthermore, this last study was subjected to a variety of criteria from different entities on the consequences, in the environmental sphere, of the legislative decision.

12.- Finally, the Deputies approved the bill that became a law of the Republic with number 9223 and which is now discussed before this court, on the understanding that its issuance has injured the right to a healthy and ecologically balanced environment, international conventions on wetlands, and ILO Convention 169 due to lack of consultation with indigenous communities.

13.- To date, the entire zone—including the territories under the protection regime of the RVS-GM and the urban areas and adjacent lands, demarcated by the challenged law—is exhaustively controlled in relation to permitted activities, by Executive Decree 34946-Minaet, published in Supplement N.º 55 to La Gaceta N.º 248, of December 23, 2008, which put into effect a Management Plan (Plan de Manejo) agreed upon by all the various sectors involved, as explained in the statement of motives of the legislative bill.



B. On the merits of the case.

B-1 The appropriate approach for resolving the claim regarding the injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment.



14.- In a case like this one with so many facets, it is key to clearly define the approach that the constitutional Court must assume, especially to avoid interference by the Constitutional Chamber in the tasks constitutionally assigned to other branches of the Republic. Specifically, regarding the possible injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment, the claim is the insufficiency of the technical study offered within the legislative process to support some aspects of the approved legislative provisions. However, in our opinion, the jurisprudence of this Chamber, properly understood (see judgment 2012-13367), does not impose a list of essential formal conditions for the issuance of these types of state acts, but rather a guide to ensure, according to the particularities of each case, that the technical report is pertinent and not merely the fulfillment of a mere formality.

15.- At this point, our dissent with the majority of the Chamber begins. We agree that the constitutional protection of the right to the environment requires that state activity to reduce the scope of a form of environmental protection formally provided for a certain area imposes the requirement of a technical study to support it, not as a mere formal exercise, but as pertinent justification to demonstrate the non-impact on the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. But the Court must not become a controller of any type of shortcoming (which, moreover, will exist in any and all studies of such caliber), because its job is to verify that the state authority provides the best possible protection to the environment in the particular situation, without inappropriately neglecting the other constitutional rights at stake. In particular on this subject, it is appropriate to make explicit our position regarding the requirement of what the plaintiff describes as "the constitutional principle of compensation" (principio constitucional de compensación), that is, "...compensate the suppressed area with another of equal size" in the terms set forth in judgment 2014-12887. We consider in this regard that a systematic reading of the Court's jurisprudence on this specific aspect does not allow for the conclusion that said requirement is absolutely essential and necessary to achieve appropriate assurance of the right to enjoy a balanced environment. On the contrary, it is perfectly possible and constitutionally valid that appropriate state protection of the environment can be achieved without it always being necessary to maintain a specific amount of land under a specific protection modality; on this subject, the amount of land allocated for protection may be an unconnected issue (depending on the case) and unrelated to the achievement of state protection of the environment and the other rights at stake.



16.- The analytical perspective and the type of scrutiny proposed for this case have already been set forth by this Court in several judgments of the Chamber and specifically in the aforementioned judgment 2012-13367, which precisely resolved the legislative consultation on the bill that became the challenged Law 9223: the following excerpts are from it:

"II. On the right to a healthy and ecologically balanced environment. (…)(T)he person forms part of the Environment, integrates it, hence its protection implies the conservation of the essential context for human life and, on the contrary, conduct with negative effects on it implies a danger to human existence itself and a reduction or loss of the 'greater well-being' of all. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed that 'the human being does not develop in an autarkic manner, but rather his well-being is immediately related to the nature that surrounds him. That interdependence between the human being and nature includes aspects that exceed the mere preservation of resources to guarantee the economic development of human society. In reality, the "nature-human being" interaction forms a unitary phenomenon, a unique process of reciprocal influence, in which one acts upon the other and simultaneously both need each other for their own survival.' (Judgment of the Constitutional Chamber No. 2012-004620). The 'environment' object of the fundamental right is not the sum or juxtaposition of resources, but rather refers to interrelations and balances, to the idea of a system. Ecology as a science teaches us that nature must be conceived as a system. Nature consists of the relations of organisms with the external world in the struggle for their existence. In a given place, a biocenosis (common life) or community of life occurs, which involves a certain number of species and individuals that mutually influence each other. (…) Thus, in the community, a certain order exists that brings a beneficial result for each species, because it generates the productivity and maximum stability of the whole. Like any system, it is characterized not only by the interaction among its elements but also because it produces a global or general result relative to the entire system: its own existence, which is what we can call dynamic equilibrium, comprised within the concept of 'equilibrium' that the Constitution demands…"

17.- More precise and recent in this line of thought is even judgment number 2016-000811 of January 20, 2016, where the Chamber had to confront a similar legal-constitutional dilemma, namely, the need to weigh the constitutional rights to the environment and to the enjoyment of public domain goods (bienes demaniales) (in particular the public zone of the maritime-terrestrial zone), against the historically consolidated constitutional rights of a large number of people who for many years have inhabited those zones on the country's coastlines.

18.- In said resolution, a correct vision of the Chamber's task in these very particular cases is aptly captured; far from unilateralism and an excess in the scrutiny of factual conditions and other infra-constitutional issues, what should prevail is the just global assessment of the entire situation, obviously including the need to ensure environmental equilibrium in the face of the condition of the people involved, since—precisely, both the Political Constitution and the Chamber in its role as guarantor—owe protection to those against whom the State has exercised its powers in an abusive manner (even when it does so with the best of intentions). From the cited judgment, the following passages are therefore highlighted, for their clarity, relevance, and similarity for addressing this new case:

 "A.- All of the foregoing offers the opportunity to rethink the issue, in light of new solutions to the social problems that were more than evidenced in the inspection carried out by this Chamber, especially when, due to the nature of the norm, administrative real rights can be granted with implications for Urban Planning and Environmental Law, which involves some issues that have occupied this Court. Furthermore, we are before a law to solve a social problem that the inhabitants of the maritime terrestrial zone experience daily, which exerts pressure on natural resources, and which necessarily requires a balancing of the fundamental rights at stake and an adaptation of the institutional apparatus. (…)."

"B.- On the a posteriori control of constitutionality.- (…) The point that this Constitutional Court must elucidate lies in determining whether such effects on the public area necessarily imply an insurmountable unconstitutionality, this time interpreted in light of the imperative need of the State to exercise oversight over territorial planning policies that provide a solution to the problems of agglomeration of people in de facto population centers, and the right to decent housing contained in Articles 50, 51, and 65 of the Constitution, as well as Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, section 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, section 27 of the Convention on the Rights of the Child, and Article 8 of the Declaration on the Right to Development."

  "C.- Territorial planning as a guarantee of defense of the environment and the human being.- …(W)e must recognize that Urban Planning Law (Derecho urbanístico) can hardly be conceived today as disconnected from environmental defense criteria, because beyond the purpose of creating better relationships between nature and the inhabitants of a place, by establishing norms of hygiene and public health, or improvement of city quadrants, it seeks, above all, environmental sustainability while a given community develops. But what happens when in low-to-middle-income countries, especially in some coastal areas, lie marginal communities or communities excluded from the benefits of our country's development, where the inhabitant who settles there has done so for many years and because it provides scarce means for subsistence? This Chamber is not unaware of the problems that the search for solutions to their problems of lack of decent housing brings for the inhabitants, along with a reduction in costs to be able to build it, as well as the inconvenient use of vegetative growth forms of housing along public roads or, in this case, within the public zone where they carry out their main life activity, etc. Hence, reality forces the design of regulations that attempt to reconcile Environmental Law with various economic, social, and cultural rights (…). This Chamber does not forget that the change of regime implies, for those people who have been occupying the public area of the maritime terrestrial zone, the informal exercise of their economic, social, and cultural rights, and also for the people who could be affected within the restricted area."

"In this way, the legislator seeks the conditions to ensure, through urban planning regulations, a certain legal stability and the positive effects that Urban Planning Law seeks, in the face of a de facto situation, since despite the current regime, it acts more to the benefit of uncontrolled urban growth because there are regulatory gaps that the State has not been able to solve, but which demand a solution as fundamental rights are involved. In this case, there is a debate between an absolutist thesis and a relative one in which we consider that there are protection resources that could be produced through urban planning. In the Chamber's opinion, in seeking an adequate balance in this delicate matter, the different legal disciplines are nourished by science and technique, be it environmental and urban planning law, as well as public and administrative law, to provide a solution to a very old social problem.

"(…) Indeed, Environmental Law is not sufficient to provide a comprehensive solution. (…) If a social situation has indeed been produced that the State has not been able to resolve for more than fifty years, the solution does not lie in prohibition, but in the use of legal mechanisms that rationalize the use of those goods through a comprehensive solution. (…) Precisely, that is the issue that is attempted to be addressed with the challenged legislation, because acceding to the claim to annul the challenged norm would deepen the problems pointed out above, especially for those inhabitants who are in a state of social vulnerability, given their condition of poverty and who have very precarious means of subsistence, who live in permanent anxiety that at any moment they may be evicted from their homes. On the contrary, the inhabitants now have an instrument to pressure their municipal authorities to regularize those situations of their interest."

"The core point of this action of unconstitutionality lies in the change of legal regime from what Law 6043 traditionally called the public area of the maritime-terrestrial zone, to an exceptional regime, established by Law No. 9221, where the legislator recognizes for this public domain good a social purpose, which permits legally recognizing the status of certain settlements historically established on the coastlines; note that this is not about individual situations of inhabitants, but rather there is a sense of collectivity in the legislation…."


"D.- The social State of Law clause. There is no doubt whatsoever that the State of Costa Rica is a social State of Law, even if it is not stated expressly in the Political Constitution. Indeed, from the logical and necessary relationship between the first paragraph of section 50 and section 74, this necessary conclusion is drawn. There is, therefore, a constitutional mandate to the State that it must procure the greatest well-being for all inhabitants of the Republic, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Furthermore, in accordance with section 74 and with international human rights instruments, the State is under the obligation to guarantee the economic, social, and cultural rights of the population, as well as others that derive from the Christian principle of social justice and that the law indicates, through the provision of a series of basic services. In this direction, the Constitutional Chamber has emphasized in its jurisprudence that Costa Rica is a social State of Law.

“Thus, this Court must, by way of exception, given that fundamental rights are at stake – the right to a healthy environment, the right to decent housing, and the right to a dignified means of subsistence that guarantees a person the ability to satisfy their basic needs and those of their family – perform a balancing of those fundamental rights.”

“The right to decent housing.- In resolving this action, one must take into consideration the natural and logical tendency of the human being to settle in a place that provides proximity to those activities around which their life revolves, such as sources of employment or those that are their principal means of subsistence, which later manifest themselves in the different forms of social cohesion and territorial settlement (constituted by cities, whether legally recognized or de facto). At this point, it is important to refer to the guiding and precursor role of the State in policies on this matter. By judgment No. 2011-13436 of fifteen hours thirteen minutes of October 5, two thousand eleven, this Chamber stated, regarding this issue, the following:

“The State must combine efforts so that people can access the right to adequate housing, under conditions of legality, security, peace, and equality. This right is, of course, a relative right that will depend on social and individual conditions; the constitutional norm refers to a content that is more than anything programmatic, although it must conform to the progressivity of social rights. In general, the State must be a responsible facilitator of social change in this matter, which must not only be understood at a minimal essential level, but must also provide the legal mechanisms so that all people can access decent housing, whether rented or purchased, through assistance and credit programs for qualifying individuals at preferential rates, or under free market conditions to own or acquire housing according to their personal conditions. The obligation of a fully responsible State does not cease with assistance programs for a first level of need directed at the most vulnerable, but rather must develop a more general, non-discriminatory policy that responds to a demand for housing or to a projection of the need for housing in general.”

“Now then, when Article 65 of the Constitution establishes that ‘The State shall promote the construction of low-income housing and shall create the workers’ family patrimony,’ it refers to that first level of the right to decent housing; but we must admit that this is not exhausted in itself, because in accordance with the interpretation of this Chamber together with other provisions of the Political Constitution and international human rights instruments, it encompasses other modalities with a broader sense than mere patrimonial formalities (…) Articles 50 and 51 of the Constitution would also allow the State to be a promoter of general welfare, especially in favor of the dispossessed or persons in situations of disadvantage, or where the family has the right to special protection by the State. To this we add Articles 25 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Article 27 of the Convention on the Rights of the Child, and Article 8 of the Declaration on the Right to Development. (…)”

“The foregoing regulations provide the normative framework to understand that the right to decent housing would not be reserved only to the patrimonial and civil sphere, but also has a dimension in the personality and dignity of the human being that must be protected by the State. We cannot fail to note that the legislation seeks to solve a fundamental problem that has existed for decades (which has even persisted since before the enactment of Law 6043), but which rescues the human right to decent housing, which must go hand in hand with stable State policies to make effective not only the constitutional norm (Art. 65), but also the other provisions on human rights regulated internationally and the declarations mentioned above. The human right to housing is a third-generation right, one of human solidarity, which is facilitated by the State if it grants the conditions for its enjoyment; (…) For the reasons stated above, we must conclude that from the relationship of Articles 50, 51, and 65 of the Political Constitution, the right to decent housing can be derived, which grants a space for the development of the human person within an intimate sphere, which provides both dignity and permanence to the family unit through its more or less prolonged use. Note that it is not the protection of an individual right, but of a collective right, such as that regulated by Urban Planning Law, which would deal with the existing de facto and territorial social cohesion, taking into account this fundamental rights content.

“Therefore, this Constitutional Court recognizes that the effects of this Chamber’s interpretation regarding public areas, of maintaining their intangibility in general – without exceptions – would create a petrified norm in the face of the real needs of the coastal population of our country, and condemns the law to immobility, which has serious consequences in the lives of many citizens, especially those of the most humble origin, who live in poverty and from sea-related activities. In this case, issues of social justice arise that can be addressed from the apex of the legal system, which must be balanced, as there is also a need for this Court, under a better balancing, even considering the abundant jurisprudence, to take into account the safeguarding of certain rights, especially social rights, if from the examination a benefit can be concluded for the populations, particularly those at a disadvantage and in vulnerability.”

The previous quote contains an easily appreciable common thread, which is the need for this Chamber to perform a balancing of rights, state activity, and particularly legislative activity when it comes to solving problems that for decades have affected the legitimate constitutional rights of inhabitants of neglected areas in our country.

19.- The relevance between that position and the situation that must be resolved in this case is evident, where we also find a population group that, many years before state intervention, had consolidated clear life projects containing concrete exercises of the right to develop as persons, as well as to seek and obtain a decent life and decent housing; all of this – it is insisted – long before the State tried to apply environmental protection mechanisms in the area.

20.- It is also obvious to point out that – in this particular case – it has been the State itself that has not known how to provide the original settlers of the area with an appropriate response, that is, a coherent and respectful solution to all the constitutional rights at stake; and it is that despite the fact that this was what was initially attempted with the exclusion and titling rules of the original decree, such an appropriate approach could not be maintained and the situation turned in favor of the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment with a gross disregard for the legitimate conditions and aspirations of the inhabitants of the area, which, unfortunately, was endorsed by this very Court.

21.- At this point, it is relevant to echo what has been maintained by the different parties in this case file and repeated even by the representatives of SINAC, to the effect that the situation of the Refugio Gandoca Manzanillo was and is different from traditional cases, given that it is not about protecting encroaching persons who have tried to establish themselves after the declaration of the refuge and who seek to take advantage of state negligence or lack of vigilance. If it were such a situation, that is, if we were faced with persons who have deliberately violated the limits and management rules of the refuge to settle there after its declaration, the State would be broadly empowered to exercise its power-duty to protect the environment, in accordance with what is ordered in that sense by the legal norms applicable to the case. However, in this case, the evidentiary elements point to the fact that it was the State that – perhaps armed with the best intentions regarding the right to a healthy environment – sought to establish an absolutely sui generis refuge encompassing areas in an extremely close interaction with the territories of the settlers who, at the time of the declaration, were already living and prospering in the area.

22. And it was the same State, as described by this very Court, that later abandoned that position for one much more inattentive to the situation of the urban areas and their inhabitants, which it decided to add to the refuge through no study or technical justification whatsoever, and even less so without determining the specific contribution that – in terms of environmental protection – the urban areas would provide to the Refugio RVS-GM, and without defining, and even less respecting, the legal status of those who occupied as possessors the lands in that area, as required by Article 37 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), which directly develops Article 45 of the Constitution and was already in force when the last inclusion of urban areas was made in 2005, as stated at the time by this Chamber itself:

“VI (…) However, later the Executive Branch issued DE-32753-MINAE of May 16, 2005, which expressly repealed Article 6 of DE-16614; once again, the urban areas of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo become part of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, a situation that remains to date” (judgment 2009-1056)

23.- The confirmation of the above particular conditions must influence the way in which this Chamber – as a Court invested with the power to protect the constitutional rights of persons – must assess the alleged deficiencies that – from an environmental perspective – the technical study presented to support a legislative decision intended to solve the specific problem that has existed for years in the area may have. In this regard, and as indicated in judgment 2012-13367 cited above, the Chamber’s task is to verify, as generally and comprehensively as possible, the existence of an ecological equilibrium (equilibrio ecológico) in the proposal, which is demonstrated through the entire body of studies and analyses and not by the lack of one or another assessment of a specific topic. Viewed in this manner, none of the “flaws” pointed out by the Procuraduría General de la República have sufficient weight to convince us that the Chamber must once again leave the inhabitants of the area without protection, declaring that the issued law is constitutionally unsustainable. On the contrary, the technical study carried out after the judgment issued by the Chamber makes an effort to assess the particular environmental variables that have come into play in this case, and after its analysis, has concluded that – in a summation of advantages and disadvantages – the proposed legislative measures safeguard the ecological and environmental equilibrium and respect the constitutional mandate to provide the inhabitants of our country with a right to a healthy and ecologically balanced environment.

24.- Particularly, and regarding the existence of “forested zones” that would supposedly be left without environmental protection, the report issued by SINAC at the request of the Chamber as evidence for better provision explains that the possible forested zones excluded by the law have not lost and could not lose their protection regime, since – as long as they are forests according to the definition of the Forestry Law (Ley Forestal) – they remain protected by its protective norms, even if they are found on private lands. Likewise, it is stated that the coral reefs of the coastal zones will not suffer more deterioration from the measure than they currently suffer, because their impact is generated by the materials that the rivers carry from inland areas. It is also stated that the two mangrove swamps that have been excluded from the refuge also do not suffer significantly in their protection regime because they continue to be fully protected by international obligations for their defense and protection, which have been accepted by Costa Rica in international conventions relating to the matter and which therefore will not undergo qualitative changes.

25.- Furthermore, consideration must be given to what was stated by SINAC in noting that some of the objections of the Procuraduría General de la República are not related to the environmental issue but rather to possible shortcomings of the law, such as the fact that it does not indicate which specific legal regime governs each inhabitant’s possession of the land in the area. Nor is it the responsibility of the technical environmental report to provide elements to judge whether the objective of the law, regarding “recognizing the rights of the inhabitants of the South Caribbean,” constitutionally requires a study of the current situation of such inhabitants in this respect. Such aspects, even if they could demonstrate possible defects of the law, do not fall within the scope of the Chamber’s competence, which does not have among its faculties the annulment of a law due to the absence of appropriate support regarding the purpose pursued, but rather, in this case, only if it is proven that the reduction or readjustment of limits violates in itself the right to a healthy and ecologically balanced environment.

26.- In summary – and this is key to the decision taken here –, in the face of the legal uncertainty and the damage to the legitimate rights of the inhabitants of the South Caribbean, which originated from the very moment the first decree creating the Refuge was issued and which could practically be perpetuated with a declaration of unconstitutionality of the law under discussion, we find that the technical report adequately fulfills its own specific purpose and allows us to understand that the innovations of the law will not significantly affect the ecological equilibrium (equilibrio ecológico) and therefore the right to a healthy environment held by persons in our country. Said report is clear in stating that, given the particular circumstances of the refuge's creation and how it has been operating in reality, the rethinking of the legal form of the environmental protection regime in the area does not entail significant impacts on the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, and instead, as the Chamber held in judgment number 2016-000811 cited above, the legislative measure appropriately aligns with the development of the inhabitants' constitutional rights, which are equally relevant and deserving of consideration and assessment when performing the constitutional analysis of this legislative decision.

27.- The extensively described situation of the populations and the urban development of the areas of the South Caribbean, established long before the Refuge’s declaration and harmed in their rights by the latter, means that one cannot speak of an injury to the constitutional principles of precaution and non-regression in environmental matters (within which others that the claimant mentions but which do not have the scope of proper and autonomous principles that they seek to give them are subsumed, such as what he calls “lifetime tenure” (irreductibilidad) or compensation). The reason is that the exclusion of areas established in the law seeks to give appropriate legal form to conditions pre-existing the refuge’s declaration; moreover, it could never be understood that the excluded zones are freed and left at the complete mercy of their owners regarding their destination, as one might seem to understand, and this is even less the case for forested zones protected by the Forestry Law (Ley Forestal). Precisely the opposite: such lands, including the lands excluded by the challenged law that contain areas of forest, springs (nacientes), or streams; or those encompassed by the maritime-terrestrial zone, and even the other inhabited lands that make up the excluded zones, are and will continue to be subject to the environmental protection rules that exist in the Forestry Law, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), or the Law on Biodiversity Protection, just to mention a few. In all of them – and many more that could prove applicable – the State is provided with a broad legal framework of competencies, instruments, and powers to ensure that there is no deterioration of the ecological equilibrium. Moreover – and as was forcefully emphasized in judgment 2016-00811 –, in this specific case, a meticulous regulatory plan set forth in Decreto N° 34946-MINAET already exists and is in force, which has taken into account – as it could not be otherwise – all environmental variables for the regulation of activities to be developed throughout the entire territory of the area, including urban zones, the maritime-terrestrial zone, as well as the remaining areas with the different spheres of protection. The foregoing should allow the Chamber to understand that even though the legal protection regime in the areas excluded by the law has changed by legal provision, this has not implied – in this case – a worsening of the right to a healthy and ecologically balanced environment that the Constitution orders to be protected. On the other hand, it is necessary to remember that if there are specific cases of violation of environmental regulations, land encroachments or usurpations, illegal constructions, etc., it is the obligation of the state authorities to exercise their legal powers to file judicial claims, make the necessary criminal complaints, and take the concrete administrative actions to re-establish legality.

B-2 In relation to the claim for lack of consultation of indigenous peoples.

28. In another of the claims raised, it is alleged that there was non-observance of the provisions of Article 6 of ILO Convention 169, which establishes the legal necessity of consultation of indigenous peoples when state actions are proposed that could affect them in their legitimate rights. In this case, we agree with the observation of the Procuraduría General de la República, in the sense that the legislation being challenged does not present the particular conditions that the jurisprudence of this Chamber has established to make the consultation process mandatory. Indeed, the majority of this Chamber has understood that the requirement of Article 6 of ILO Convention 169 is an effective mechanism to achieve the participation and the taking of criteria from native peoples, in cases where the State seeks to adopt measures that affect them as a distinguishable group and in their quality as members of that collectivity. Matters such as land tenure rules in indigenous zones, authorizations for the exploitation of resources on lands granted to them, the conditions for their education, and the ordering of their forms of organization are topics traditionally recognized as subject to necessary consultation. However, in this case, the legislative decisions are not aimed at shaping the legal situation of indigenous populations as such, but only of those indigenous persons who eventually – and together with many other non-indigenous persons – may be inhabitants of the territory covered or excluded by the fixing of boundaries for the RVS-GM refuge. For that reason, there was no obligation for the Assembly to fulfill that requirement established in Article 6 of ILO Convention 169, and therefore on this point as well, the action must be dismissed.

B-3 In relation to the claim for violation of Article 7 of the Constitution by disregarding Costa Rica’s obligations regarding wetlands protected by the Refuge.

29.- The claimant alleges, in a general manner and without greater precision, that the mangroves and wetlands existing in the Refuge area are affected by the law in the sense that, by provision of the Legislative Assembly, they would be left unprotected, with serious injury to Costa Rica’s legal obligations. On this point, SINAC states categorically that the main mangrove ecosystem contained in the Refuge is the Gandoca lagoon, with 200 hectares, which is Natural Heritage of the State and is located many kilometers south of the areas excluded by the law. It is added that there are also two areas mentioned by the Procuraduría General de la República of two thousand and three thousand square meters located at the mouths of two streams. It states that said areas are protected as part of the Natural Heritage of the State, and – additionally – under the protection of provisions regarding the public maritime-terrestrial zone. Such statements are amply sufficient to rule out any endangerment of Costa Rica's obligations derived from the conventions on wetlands of which our country is a party.

Corollary.

30. By virtue of all the foregoing, no constitutional injury has been configured to the right contained in Article 50 of the Political Constitution, since the ecological equilibrium has not suffered detriment from the provisions of the challenged Law, which also does not infringe upon the international obligations accepted by our country in the matter of wetlands and mangrove zones. Likewise, in view of the scope of the challenged legal provisions, the consultation process contained in Article 6 of ILO Convention 169 was not formally required. On the contrary, the State maintains its powers intact in the field of environmental protection and defense of public assets and must, in our opinion, act consistently by taking the necessary actions to reclaim lands that are illegally occupied in protected zones as indicated by law.

Nancy Hernández L.

Luis F. Salazar A. Jorge Araya G.

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