Res. 16793-2019 Sala Constitucional — Reduction of protected zone requires law and technical studiesReducción de zona protectora solo por ley y con estudios técnicos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16793 - 2019

Fecha de la Resolución: 04 de Setiembre del 2019 a las 11:52

Expediente: 14-005836-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia estimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

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Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Subtemas:

NO APLICA.

016793-19. AMBIENTE. MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA ZONA PROTECTORA CERRO LA CARPINTERA. Decreto Ejecutivo No. Nº 29278-MINAE, publicado en La Gaceta No. 30 del 12 de febrero del 2001. Modifica Límites de la Zona Protectora Cerro de la Carpintera.

 

“IV…resulta claro que, si el Estado pretende la reducción de un área silvestre protegida, puede hacerlo únicamente por vía legal, y siempre y cuando exista un criterio técnico que justifique la medida. El Decreto cuestionado excluye aquellos terrenos con valor productivo, es decir, reduce los límites de una zona protectora como lo es la Zona Protectora Cerro de la Carpintera, mediante un Decreto, situación que no sólo violenta el principio de reserva legal sino el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se violenta el principio de reserva legal porque la reducción de los límites de la Zona Protectora de La Carpintera, sólo puede operar vía legal y no reglamentaria. Además, se violenta el derecho al ambiente pues la reducción de una Zona Protectora, se hizo sin el sustento técnico correspondiente, en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, tal y como lo establece la Constitución Política. Nótese que, no hay motivación específica y técnica que determine cuáles son, en particular, los terrenos que se están desafectando. Se enuncia en la justificación del decreto, pero en el texto solamente se indican coordenadas, de modo que no se puede saber con exactitud de cuáles terrenos se trata. Todo lo anterior nos lleva a concluir que el Decreto impugnado resulta inconstitucional respecto del área en que se reduce la Zona Protectora Cerro de La Carpintera…”

POR TANTO:

Se declara PARCIALMENTE CON lugar la acción, en consecuencia, se anula la reducción del área de la Zona Protectora Cerro de la Carpintera, realizada mediante el Decreto No. 29278-MINAE del 15 de enero de 2001, publicado en La Gaceta No. 30 del 12 de febrero del 2001, quedando este decreto vigente, únicamente en lo que se refiere a la ampliación de la Zona Protectora Cerro de la Carpintera. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área ampliada, mencionada. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.-

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Reserva de ley

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. “SOBRE LOS ANTECEDENTES DE ESTA SAU\ EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE ZONAS PROTEGIDAS. La jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha sido amplia en cuanto a los requisitos para poder reducir, conforme al derecho fundamental al ambiente, un área silvestre protegida. Como requisitos constitucionales para la reducción de área silvestre protegida se han establecido dos principales, el respeto al principio de reserva legal y el sustento en estudios técnicos). En apoyo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente ("la superficie de los áreos silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida"), ha habido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que para la reducción de un área silvestre protegida deben cumplirse dos requisitos esenciales: "por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida." Sentencia 016793-19

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Texto de la resolución
Exp: 14-005836-0007-00
Res. N° 2019016793
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y cincuenta y dos minutos de cuatro de setiembre de dos mil diecinueve.
Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Adrián Villegas Fonseca, cédula de identidad número 0204760098, para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 29278-MINAE del 15 de enero de 2001, publicado en La Gaceta No. 30 del 12 de febrero del 2001, por estimarlo contrario a los artículos 11 y 50 de la Constitución Política. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Ambiente y Energía.


RESULTANDO:
.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 10:34 horas del 07 de mayo de 2014, el recurrente interpone acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 29278-MINAE del 15 de enero de 2001, publicado en La Gaceta No. 30 del 12 de febrero del 2001 y manifestó en resumen lo siguiente: Que le asiste un interés difuso que la da legitimación para actuar y demandar de esta Sala la derogatoria del Decreto Ejecutivo N° 29278-MINAE. Asegura que la norma se impugna por cuanto modifica y reduce los límites de la Zona Protectora Cerro de La Carpintera (creada mediante Decreto Ejecutivo No. 6112-A del 23 de junio de 1976), por medio de una norma de rango reglamentario, y sin que exista un estudio técnico o científico que justifique tal determinación. Alega el accionante que la Zona Protectora Cerro de La Carpintera se creó con el propósito de garantizar un aprovechamiento de recursos forestales de forma técnica, que permitiera su rendimiento continuo y el aseguramiento de los terrenos de vocación forestal, así como la preservación de áreas boscosas en resguardo del medio ambiente. Indica que por medio del Decreto Ejecutivo No. 29278-MINAE se modificó el Decreto Ejecutivo No. 6112-A, con el fin de incluir nuevos terrenos y excluir otros, por lo que se modificaron los límites de la Zona Protectora Cerro de La Carpintera y se redujo el área silvestre protegida. Señala que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No. 7554 de 4 de octubre de 1996) prevé la posibilidad de reducir la superficie de las áreas silvestres protegidas -incluidas las zonas protectoras-, pero únicamente por Ley de la República y después de realizarse los estudios técnicos que justifiquen tal medida. Afirma que tales requisitos no se han observado en el caso del Decreto Ejecutivo No. 29278-MINAE. Agrega que esta Sala ha emitido abundante jurisprudencia (sentencias 2007-011155, 2009-001056 y 2010-014772) en el sentido que la inobservancia de tales requisitos supone una infracción al principio de reserva de ley y del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
-   Por resolución de las 10:30 horas de 10 de junio de 2014 se le dio curso a la presente acción de inconstitucionalidad y se le confirió audiencia, por quince días, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Ambiente y Energía.
-   Los edictos a los que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 117, 118 y 119 del Boletín Judicial, de los días 19, 20 y 23 de junio de 2014.
-  Edgar E Gutiérrez Espeleta, su condición de Ministro de Ambiente y Energía, nombrado bajo acuerdo número 001-P del 08 de mayo de 2014, contesta la audiencia concedida (documento presentado a las 10:00 horas del 07 de julio de 2014) y manifiesta, en resumen, lo siguiente: 1.- Sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado: Asegura que la jurisprudencia más reciente de nuestro país da el reconocimiento del derecho fundamental a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el artículo 50 de la Constitución Política desde a promulgación del texto constitucional de 1949, la voluntad del constituyente originario fue clara al establecer en el artículo 89 que entre los fines culturales de la República están la protección de bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que implica el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter jurídico para lograrlo, es por eso que los derechos no solo limitan la esfera privada de los individuos, sino que tienen trascendencia en la propia estructura del Estado para satisfacer intereses difusos. 2.- Sobre el fondo: Indica que la normativa impugnada establece una redefinición parcial de los límites de las zonas protectoras creadas mediante el Decreto Ejecutivo N°612-A, cotejándolos con el Sistema de Información Geográfica del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Con la emisión del Decreto Ejecutivo N°29278-MIANE se incluyen territorios que hoy son propiedad estatal y están incorporados al Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, señala que la reforma hecha al Decreto Ejecutivo número 612-A del 23 de junio de 1976, en la que se dispuso la creación de zonas protectoras en una franja del territorio nacional, se justifica en la importancia para la población del Valle Central inter­montano, la preservación de áreas boscosas para mantener y proteger el medio ambiente. Manifiesta que para el caso de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, el Estado soporta una obligación de compra de expropiación, a efectos de poder consolidar el área silvestre protegida, pero no sucede lo mismo para el caso de las Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Refugios de Vida Silvestre Mixtos ya que por el régimen de propiedad y protección de estos, es que son compatibles con los usos económicos de los inmuebles, soportando limitaciones y a la vez cumpliendo con los objetivos de la declaratoria, permitiendo al Estado en son de administrador, decidir no expropiar los inmuebles y mantener el régimen mixto de la propiedad, generando de esta manera herramientas de planificación y gestión de dichos territorios como son el Plan de Ordenamiento Ambiental y el Plan General de Manejo de Cerros de La Carpintera. 3.-Sobre el decreto impugnado: Considera que no se ha violentado el principio de reserva de ley ni el de legalidad, sino que además no ha disminuido el nivel de protección ambiental de la Zona Protectora, y que de acuerdo con el informe SINAC-DE-1455 del 02 de julio de 2014, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al cual se acoge, el Decreto Ejecutivo N° 29278-MINAE del 15 de enero de 2001 no violenta las normas establecidas en los artículos 11 y 50 de la Constitución Política, en consecuencia, la norma no es inconstitucional. 4. Sobre el oficio SINAC-DE-1455 del 02 de julio de 2014: Señala en este el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que la norma impugnada no constituye violación de la normativa del país y mucho menos de las normas constitucionales señaladas por cuanto se ha tratado de una redefinición de límites que no implica reducción del área total declarada originalmente en el Decreto N° 6112-A. Además, de no reducir el área declarada, la decisión tomada por la Administración, tampoco reduce el nivel de protección ambiental de la Zona Protectora y se visualiza acorde con los objetivos de creación del sitio, según su naturaleza jurídica. 4.1. Sobre el Fundamento del Decreto Ejecutivo N°29278: Indica que la petición de inconstitucionalidad fue planteada contra la reforma hecha al Decreto Ejecutivo número 6112-A del 23 de junio de 1976, en la que se dispuso la creación de zonas protectoras en una franja del territorio nacional, estableciendo en la hoja cartográfica Caraigrres 3345-11 y según las coordenadas establecidas al efecto. LA creación de dicho componente del Patrimonio Natural estuvo justificada en la importancia para la población del Valle Central Inter-montano, para la preservación de áreas boscosas para mantener y proteger el medio ambiente. Señala que el reto principal de gestión para esta zona resulta de su ubicación, ya que La Carpintera se encuentra situada en la GAM de Costa Rica, donde se considera un referente geográfico para la población de San José y Cartago, Junto con el Alto de Ochomogo. Indica además que La Carpintera abarca territorios en dos provincias, cuatro cantones y ocho distritos, donde el porcentaje es de un 41% para Cartago en la Unión, 405 para Cartago, 18% para San José en Desamparados y 1% para Curridabat, según decreto 6112-A. Manifiesta que de acuerdo al decreto impugnado, cerca del 90% del territorio corresponde a inmuebles inscritos como propiedad privada e incorporados por el decreto de creación al régimen forestal. Expresa que, en discrepancia con lo manifestado por el accionante, la Zona Protectora Cerros de la Carpintera tiene actualmente una superficie territorial de 2385,76 hectáreas (página 17, Libro Los Cerros de la Carpintera, Plan de Manejo), lo que corresponde a 385, 76 Ha más que las señaladas por el accionante, quien indica en el escrito que el área declarada en 1976 correspondía a una extensión de 2000 hectáreas. De manera que el accionante señala como área total la misma que plasmó el Decreto N°6112-A en el artículo para La Carpintera, dato solo de aproximación y que al ser interpretado por la Coordinadora del Sistema de Información Geográfica, da más bien un área real de 2.344.58 Ho. De este modo y con base en lo anterior, descarta el alegato principal de esta Acción de Inconstitucionalidad porque no se ha dado reducción de área. En el mismo sentido, indica que con ocasión del Decreto Ejecutivo N°29278-MINAE, se incluyen territorios que hoy son propiedad estatal y están incorporados al Patrimonio Natural del Estado. Anular la norma en los términos solicitados por el recurrente implicaría dejar por fuera áreas que forman parte del dominio público, con el inminente riesgo de bajar el nivel de protección ambiental como consecuencia de la sentencia, e implicaría una desafectación del área de la categoría de manejo actual. Alega que el imperativo legal contenido en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente hace reserva de ley solamente a la facultad de reducción de las Áreas Silvestres Protegidas, estatales, Patrimonio Natural del Estado, situación que no se ha producido con la emisión del Decreto Ejecutivo 29278-MINAE. Este razonamiento se ve de la consecuencia jurídica de las disposiciones contenidas en los artículos 13 de la Ley Forestal N°7575 y el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554 modificado por el inciso c) del artículo 72 de la Ley Forestal. Esta normativa define el concepto de Patrimonio Natural del Estado y su correspondiente afectación al dominio público de forma auténtica. Una vez afectado un bien al dominio público con independencia del fin público al que se haya destinado, no puede ser desafectado por una norma inferior a la Ley. Desde esta óptica, rechaza toda connotación de ilegalidad o inconstitucionalidad que se le pretenda atribuir al Decreto 29278-MINAE. Como se ha explicado, este decreto emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2001 redefine límites del Área Silvestre Protegida afectando con esta acción únicamente propiedad privada y sin reducir el área total de la Zona Protectora. 4.- Sobre la petitoria. Estima el Ministro de Ambiente y Energía que, de conformidad con las normas citadas y las consideraciones expuestas, debe ser declarada sin lugar la presente acción por cuanto el Decreto Ejecutivo Impugnado no se contrapone a lo dispuesto en los artículos 11 y 50 de Constitución Política.
- Ana Lorena Brenes Quirós, en su condición de Procuradora General de la República, según acuerdo único del artículo 04 de la sesión ordinaria número 01 del 08 de mayo de 2010, tomado por el Consejo de Gobierno y publicado en La Gaceta N5 111, del 09 de junio de 2010, ratificado según acuerdo de la Asamblea Legislativa 6446-10-11, en sesión ordinaria número 93, celebrada el 19 de octubre de 2010 y publicado en La Gaceta 222, del 16 de noviembre de 2010, contesta la audiencia concedida por documento presentado en la Secretaría de la Sala el 01 de julio de 2014 y manifiesta, en resumen, lo siguiente: 1.- Sobre la legitimación del accionante. Asegura que coincide con esta Sala en cuanto a la legitimación del accionante, sin que exista reparo alguno que hacer al respecto. 2.- Sobre el fondo. Asegura que por sentencias 5975-2006 y 1056-2009, esta Sala ha determinado que la reducción de las áreas silvestres protegidas, aunque hayan sido creadas por decreto ejecutivo, debe hacerse necesariamente por ley y precedida de estudios técnicos que la justifiquen suficientemente; no así con la ampliación, que puede hacerse simplemente por decreto. En el mismo sentido, indica de forma cronológica el acontecer de los decretos previos al que está siendo impugnado y señala que, mediante Decreto N°6112-A del 23 de junio de 1976 se crearon las Zonas Protectoras Caraigres, Cerro La Carpintera, Río Tiribí, Cerros de Escazú, El Rodeo, Río Grande y Cerro Atenas con el fin de preservar áreas boscosas para mantener un medio ambiente adecuado. Sin embargo, el Decreto N°12368-A del 26 de febrero de 1981 dejó sin efecto el Decreto 6112-A únicamente e cuanto a la Zona Protectora El Rodeo. El Decreto N°12368-A fue a su vez derogado por el Decreto N°12608-A del 12 de mayo de 1981, que vuelve a crear esa misma zona protectora. Seguidamente, el Decreto 14672-A del 20 de junio de 1983 vino a ampliar la Zona Protectora Cerros de Escazú; después, el Decreto N°21837 de 22 de diciembre de 1992 modificó los límites de la Zona Protectora Cerro de La Carpintera; pero fue a su vez derogado por el artículo 5 del Decreto N° 23315 del 12 de mayo de 1994. Asimismo, el Decreto N°29278 del 15 de enero de 2001 modificó nuevamente los límites de la zona Protectora Cerro de La Carpintera por considerar que la anterior delimitación incluía inmuebles de gran valor productivo para el país, que según estudios efectuados en ellos, su valor ambiental en relación con la Zona Protectora no se habría disminuido si son utilizados en forma adecuada (considerando tercero); estimándose los más conveniente para el desarrollo y protección de dicha zona protectora "modificar sus límites, deforma que se mantenga su superficie e integridad incorporando terrenos de importancia ambiental y excluyendo aquellos con valor productivo"(considerando caurto). Manifiesta seguidamente que el Decreto N° 29278 realizó una reducción de la Zona Protectora Cerro de La Carpintera por un lado y por el otro, una ampliación de dicha área silvestre, como una especia de compensación esta última para mantener la "superficie e integridad" de esa zona protectora ante la disminución generada. Considera que este tipo de decisión administrativa se ha reproducido con respecto a otras áreas silvestres protegidas, siendo objeto de control constitucional. 3-. Sobre caso s similares: La Procuradora cita el caso del Decreto N° 34043-MIANE del 11 de setiembre de 2007 que amplió el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, añadiéndole un área marina, pero reduciéndolo en la parte terrestre, al excluir de su demarcación áreas urbanas. Señala que otro caso semejante en el que la Sala se pronunció mediante sentencias 1998-7294 y 13099-2010, fue el del Decreto N°34288-TUR-MINAE-C del 25 de enero de 2008, que redujo un 5.5% del Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas para la protección de patrimonio cultural allí existente y lo amplió a su vez para incluir dentro de los nuevos límites porciones de mar e islotes cercanos a esa Isla, que contienen ecosistemas complementarios con los de ella de importancia como lugares de anidación de aves propias de la zona. 4.-Sobre el Decreto impugnado: Asegura que en el caso del Decreto 29278-MINAE del 15 de enero de 2001 que modifica la Zona Protectora Cerro La Carpintera ante una situación similar a los casos recién expuestos, y por violación al principio de reserva legal y el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, procede declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta únicamente en cuanto a la parte de dicho Decreto que dispone la reducción de un sector del área silvestre protegida por vía reglamentaria y no mediante la emisión de una ley ( a cuyo trámite administrativo se hayan hecho llegar los estudios técnicos correspondientes que justifiquen de forma adecuada la disminución de la cabida existente). Considera que no procedería la misma declaratoria de inconstitucionalidad respecto del área en que se amplía la Zona protectora Cerro La Carpintera por ser permitido dicho aumento de superficie por vía de Decreto Ejecutivo.
- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Cruz Castro;

CONSIDERANDO:
- CUESTIONES DE TRÁMITE Y ADMISIÓN DE LA ACCIÓN


         I - SOBRE LA ADMISIBLIDAD DE LA ACCIÓN: El artículo 75 de la Ley de esta jurisdicción establece que la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad está condicionada a la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, en el que se haya invocado la inconstitucionalidad de la norma o normas impugnadas, de modo que la demanda sirva como un medio razonable para la tutela del derecho o interés que se estima lesionado. Las únicas excepciones posibles son las que señala el párrafo segundo de la misma norma, en el sentido de que no precisa la existencia del asunto previo los casos en que la acción sea deducida por el Contralor, Procurador o Fiscal General de la República, o bien por el Defensor de los Habitantes; así como en aquellos supuestos en que, por la naturaleza del caso, no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto. En el presente caso, el accionante formula la acción de inconstitucionalidad con fundamento en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, señalando que la modificación de los límites de un área protegida mediante Decreto Ejecutivo y no por Ley, supone una infracción al principio de reserva de ley y del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A partir de lo dicho en el párrafo anterior, es claro que el actor ostenta legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que para ello resulte necesario que cuenten con un asunto previo que les sirva de base a esta acción. Lo anterior porque acuden en defensa de un interés que atañe a la colectividad nacional en su conjunto, como lo es la defensa derecho al ambiente por lo que el accionante se encuentra legitimado para accionar en forma directa, a la luz de lo que dispone el párrafo 2o del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, se trata de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía, a saber, un decreto ejecutivo.
          II.- OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN: La impugnación se dirige contra el Decreto Ejecutivo No. 29278-MINAE del 15 de enero de 2001, publicado en La Gaceta No. 30 del 12 de febrero del 2001, por estimarlo contrario a los artículos 11 y 50 de la Constitución Política. El texto de la norma cuestionada es el siguiente:



DECRETO 29278-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LA MINISTRA DEL AMBIENTE Y ENERGÍA

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política.

Considerando:

Que mediante Decretos Ejecutivos N^ 6112-A del 23 de junio de 1976 y N? 21837-MIRENEM del 5 de febrero de 1993, se creó la Zona Protectora Cerro La Carpintera.
2 - Que en esta Zona Protectora hay inmuebles propiedad privada debidamente inscritos, sobre los que el Estado, de conformidad con el articulo 45 de nuestra Constitución Política, no puede ejercer actos que afecten los derechos de propiedad de los particulares.
3 - Que dentro de área protegida se incluyeron inmuebles de gran valor productivo para el país, que según estudios efectuados en ellos su valor ambiental en relación con la Zona Protectora no se vería disminuido, si son utilizados adecuadamente.
4 – Que lo más conveniente para el desarrollo y protección de la Zona Protectora La Carpintera, es modificar sus limites, de forma se mantenga su superficie e integridad, incorporando terrenos de importancia ambiental y excluyendo aquellos con valor productivo. Por tanto,

DECRETAN:

Artículo 1-Modificar los límites de la Zona Protectora Cerro de la Carpintera, creada mediante el decreto ejecutivo número 6112-A del 23 de junio de 1976 y publicado en Lo Gaceta N° 136 del 17 de julio de 1976; quedando los límites de esta área dentro de los linderos definidos a continuación según las hojas cartográficas Patarrá, Carpintera, Ochomogo Edición 1IGNCR, Escala 1: 10.000, señalados por la descripción que a continuación se detalla.
Partiendo de un punto de coordenadas 206 000 N, S33.000 E (punto 1) se sigue la siguiente descripción: 4 210 metros al este franco, coordenadas 206.000 N 537 210 E (punto 2); En este punto se interseca la carretera Coris Patarrá. A partir de aquí se continúa por esta carretera con rumbo general noroeste hacia Patarrá hasta la intersección con las coordenadas 206.380 N 536.610 E.(punto 3) A continuación se sigue un rumbo N 20 0 y una distancia de 120 metros hasta la intersección de las coordenadas 206.490 N 536.570 E.(punto 4) Continúa con rumbo N 33 E y una distancia de 119 metros hasta la intersección de las coordenadas 206.590 N 536.635 E (punto 5) y se llega al camino de lastre que viene desde Patarrá hacia el Alto de Coris. Se continúa por este camino siguiendo una curva cerrada hasta la intersección de las coordenadas 206.620 N 536.780 E (punto 6) Se continúa con rumbo N 58 E una distancia de 37.7 «metros hasta la intersección de las coordenadas 206.640 N 536.812 E que coincide con el cauce superior del brazo izquierdo de la Quebrada Barahona, (punto 7) A partir de este punto se sigue aguas abajo del brazo izquierdo de la Quebrada Barahona hasta la confluencia con el brazo derecho de esta misma quebrada, en la intersección de las coordenadas 206.450 N 537.320 E, (punto 8) De este punto se continúa en dirección general sureste, aguas debajo de la Quebrada Barahona hasta el VADO que se ubica en el cruce de un camino lastreado con la quebrada, en la intersección de las coordenadas 206.055 N 537.730 E, (punto 9). Se continúa siempre por el camino de lastre con un rumbo S 61 E y una distancia de 62.6 metros hasta la intersección de las coordenadas 206.000 N 537.760 E, (punto 10). Se continúa hacia el este franco por la coordenada 206.000 una distancia de 1133.13 metros hasta la intersección con las coordenadas 206.000 N 538.893,135 E. (punto 11). A partir de este punto se sigue el siguiente derrotero el cual corresponde al retroazimut, según la descripción siguiente:


DERROTERO
  
PUNTO
	
 
	
AZIMUT
	
DISTANCIA


 
	Grados
 
	
Minutos-Seg.
	
Metros


11-12
	
150
	
05.8
	
9.70


12-13
	
211
	
02.6
	
34.72


13-14
	
184
	
46.3
	
36.45


14-15
	
146
	
10.3
	
13.64


15-16
	
209
	
47.8
	
30.87


16-17
	
151
	
51.4
	
11.31


17-18
	
219
	
51.0
	
29.50


18-19
	
159
	
53.3
	
13.72


19-20
	
222
	
31.5
	
30.23


20-21
	
270
	
56.7
	
13.52


21-22
	
223
	
34.1
	
10.31


22-23
	
132
	
14.1
	
122.27


23-24
	
130
	
40.4
	
124.64


24-25
	
130
	
57.5
	
21.03


25-26
	
112
	
40.0
	
21.36


26-27
	
201
	
59.4
	
41.96


27-28
	
212
	
48.7
	
36.94


28-29
	
203
	
43.6
	
42.39


29-30
	
211
	
31.2
	
34.25


30-31
	
90
	
00.0
	
595.15


31-32
	
319
	
52.2
	
27.43


32-33
	
11
	
30.3
	
48.93


33-34
	
350
	
34.7
	
69.85


34-35
	
346
	
37.1
	
47.90


35-36
	
359
	
10.0
	
87.62


36-37
	
29
	
57.2
	
29.30


37-38
	
9
	
22.6
	
10.47


38-39
	
49
	
15.9
	
25.50


39-40
	
36
	
11.6
	
14.86


40-41
	
4
	
27.8
	
13.30


41-42
	
274
	
21.9
	
48.12


42-43
	
307
	
27.5
	
20.27


43-44
	
276
	
51.8
	
127.20


44-45
	
34
	
21.5
	
73.24


45-46
	
33
	
50.6
	
59.68


46-47
	
29
	
59.7
	
23.28




Hasta la intersección con las coordenadas 206.000 N 539.474,080 E (punto 47). A partir de este punto se sigue rumbo este franco sobre la coordenada 206.000 N una distancia de 525.92 metros hasta la intersección de las coordenadas 206.000 N 540.000 E (punto 48).
De este punto se sigue la siguiente descripción:
Rumbo
	
Distancia
	
Coordenadas
	
 
	
Punto


 
	
(metros) N
	
E
	
 
	
 


N 56“ 18'36" E
	
3 605.55
	
208.000
	
543.000
	
49


N 63°26'6"0
	
2 236.07
	
209.000
	
541.000
	
50


Oeste franco
	
3 600.00
	
209.000
	
537.400
	
51


Sur franco
	
600.00
	
208.400
	
537.400
	
52


Oeste franco
	
3 400.00
	
208.400
	
534.000
	
53


Norte franco
	
600.00
	
209.000
	
534.000
	
54


Oeste franco
	
1 000.00
	
209.000
	
533.000
	55




 





 
	
 
	
 
	
 
	
 


A continuación se sigue al sur franco una distancia de 3 000 metros hasta la intersección de las coordenadas 206.000 N y la 533.000 E y se llega al punto de partida (punto 1) cerrando la poligonal.
Articulo 2 - Rige a partir de su publicación
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los quince dias del mes de enero del dos mil uno. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.-La Ministra del Ambiente y Energía, Elizabeth Odio Benito.- 1 vez, (Solicitud 44117-MINAE).- C-17620.- (8088).


Las razones de impugnación del decreto anterior obedecen, según el accionante, a que este decreto modifica los límites de la Zona Protectora del Cerro de la Carpintera, sin fundamento alguno, ni criterio técnico. Únicamente dispone incorporar terrenos de supuesta importancia ambiental y excluir terrenos con valor productivo. Además, se trata de una reducción de los límites de un área silvestre protegida, realizada por medio de un decreto y no de una ley (violación al principio de reserva legal).


– ANTECEDENTES



III.- SOBRE LOS ANTECEDENTES DE ESTA SAU\ EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE ZONAS PROTEGIDAS.- La jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha sido amplia en cuanto a los requisitos para poder reducir, conforme al derecho fundamental al ambiente, un área silvestre protegida. Como requisitos constitucionales para la reducción de área silvestre protegida se han establecido dos principales, el respeto al principio de reserva legal y el sustento en estudios técnicos). En apoyo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente ("la superficie de los áreos silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida"), ha habido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que para la reducción de un área silvestre protegida deben cumplirse dos requisitos esenciales: "por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida." (Sala Constitucional, votos números 13367-2012 y 010158-2013. En similar sentido, las sentencias números 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 y 14772-2010, entre otras). Tal como se dijo desde 1998:

"(...)una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desofectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que uno normo, del rango que sea, hoya declarado como zona protectora uno determianda área, no implica lo constitución de una zona pétreo, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por uno normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que lo declaratoria y delimitación de uno zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 50 constitucional, implica uno defensa del derecho fundamental ol ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulto necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de uno ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, uno reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiento!, siempre y cuando ello esté justificado en el tonto no implique vulneración al derecho ol ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio hoyo perdido, ol menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de rozonabilidod constitucional..." (voto No. 7294-1998).

Concretamente sobre la reserva legal en esta materia, en el voto No.14772-2010 se dijo:

"(...) no se puede modificar el destino público de un bien del demonio público sin un acto legislativo, es decir, lo reducción de órea de uno zona protegido se encuentra bajo lo garantía que proporciona el principio de reserva de ley. Si bien, de conformidad con el artículo 36 de lo Ley Orgánica del Ambiente, el Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para constituir las Áreas Silvestre Protegidas mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa norma, asi, el Parque Nacional Corcovado se constituyó mediante los Decretos Ejecutivos No. S357-A del 24 de octubre de 197S y 1148-A del 5 de febrero de 1980, su modificación solo podrá hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de lo Ley Orgánica del Ambiente, previo estudios técnicos y científicos, y mediante un acto legislativo." (resaltado no corresponde al original).

Asimismo, en sentencia no.1056-2009 se indicó que la reducción únicamente es posible vía legal:

"cuando de la ampliación de los límites de los zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se trato es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata, únicamente se puede hacer vía legal, claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida." (Sentencia de la Salo Constitucional N? 10S6-2009)

Además, en cuanto a los estudios, estos deben ser previos, suficientes, necesarios e individualizados -como se indica en el apartado siguiente-. Así se dijo en esa misma resolución de 1998:

"De acuerdo con lo citado, mutatis mutandi, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de uno ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido, podemos hablar de niveles de desafectación. Asi, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí que, para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del artículo 50 constitucional. El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esto materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucinal, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente." (resaltado no corresponde al original).

A mayor abundamiento, se tiene lo indicado mediante sentencia número 2006-5975 de las quince horas con catorce minutos del 3 de mayo de 2006:

"VII.-Sobre el aumento y reducción de las áreas silvestres protegidas

En el memorial de interposición de lo acción de inconstitucionalidad, el accionante impugno -y lo señala como motivo de inconstitucionalidad-, la derogatoria del Decreto 23069-MIRENEM por el Decreto 29019-MINAE pues tácitamente redujo la extensión del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzaníllo, dado que éste último habia ampliado los límites del Refugio. Analizando los decretos promulgados relacionados con el Refugio Gandoca-Manzanillo, se observa como el Poder Ejecutivo ha emitido varios en procura de regular la situación del mismo. Con el objeto de adorar la situación actual, es conveniente hacer un recuento de los relacionados con el objeto de esta acción. Tenemos en primer término el DE-16614-MAG de 29 de octubre de 1985, que crea el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoco-Monzanillo (REGAMA). El fundamento legal del decreto está concretamente en el artículo 2 de la Ley N° 4465, pero especialmente en el artículo 18 de la Ley Na 6919, Ley de Conservación de la Fauno Silvestre, ya derogada, pero que en aquel momento disponía: "Artículo 18.- Son refugios nacionales de fauna silvestre los que el Poder Ejecutivo declare como toles, para la protección y la investigación de la flora y la fauna silvestre, en especial de aquella en vías de extinción. Queda autorizado el Poder Ejecutivo paro establecer, dentro de los reservas forestales y en terrenos particulares, áreas bajo la dosificación de refugios nacionales de fauna silvestre, los que, para efectos de conservación de lo fauno silvestre, quedarán bajo la administración del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería.(...)" El artículo 6 a del Decreto 16614-MAG excluyó expresamente de ese refugio la zona urbano de Gandoco, Manzanillo y Puerto Viejo. Posteriormente se emitió el DE-23069MIRENEM de 5 de abril de 1994; el artículo 16 de ese Decreto derogó el art. 6 del DE-16614. Lo consecuencia inmediato de ello, es que las áreas urbanas de Gandoco, Manzanillo y Puerto Viejo posaron a formar parte del Refugio Gandoca-Manzaníllo. Más adelante se promulgó el Decreto DE-29019-MINAE de 31 de octubre del 2000, el cual, a través del artículo 8derogó el Decreto 23069-MIRENEM; con ello, tácitamente recobró vigencia el articulo 6 del DE-16614. Se produce en ese momento una disminución tácito del territorio de la reservo al excluirse de nuevo los áreas urbanos de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, lo que dejaba las cosas en la situación en que lo habría dispuesto el Decreto N° 16614-MAG. Sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el DE-32753-MINAE de 16 de moyo del 2005, el cual derogó expresamente el artículo 6 del DE-16614; nuevamente las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo pasan a formar parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzaníllo, situación que se mantiene o la fecho. Sobre el aumento y/o disminución de los limites territoriales del patrimonio forestal, este Tribunal, en lo sentencia A/° 1999-5399 de las 16:39 horas del 26 de octubre de 1993, en la cual la Salo señaló:

"...si el Poder Ejecutivo está legitimado para señalar los limites de su patrimonio forestal lo será a través de lo vía reglamentario y no la legal, con la debida indemnización de las propiedades sobre las que se extienda el patrimonio forestal, ya que en virtud del artículo 9 constitucional y de lo teoría de la separación de Poderes, lo Asamblea Legislativa es el único órgano constitucional facultado para emitir leyes. Por ello cuando se trate de un bien demanial resulta ilógico pensar que el Estado esté limitado o imposibilitado en su actuación en resguardo de la flora y lo fauno de nuestros tierras.

II. En este orden de ideas, puesto que esta acción se dirige contro un decreto ejecutivo que amplió los límites de un porque nacional -Isla del Coco- extendiéndose o una distancio de quince kilómetros sobre el mar, medida desde la línea de bajamar de la costa, es que es importante determinar que lo hace en el pleno ejercicio de sus facultades, tonto legales como constitucionales, por tratarse de un bien demanial.(...)

En relación con la alegada violación del articulo 3 del Convenio para lo protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América -aprobado por Ley número 3763, de primero de octubre de mil novecientos sesenta y seis- en relación con el artículo / constitucional, que en lo que intereso die así:




"Los Gobiernos Contratantes convienen en que los limites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales.

Los Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza, lo matanza y la captura de especímenes de la fauna y la destrucción y recolección de ejemplares de la flora en los parques nacionales, excepto cuando se haga por las autoridades del parque o por orden o bajo vigilancia de las mismas o para investigaciones científicas debidamente autorizadas.“

Deben esas normas interpretarse en sentido restrictivo, de manera que, la exigencia de establecer los límites de los parques nacionales a través de una ley es únicamente cuando va en detrimento del mismo, es decir, cuando se quiera reducir su extensión, y no cuando se quieran extender los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado. Este artículo debe completarse con el artículo 40 de la Ley forestal que dice:

"El área de las reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas del patrimonio forestal, sólo podrá ser reducido por ley de la República, previos estudios técnicos correspondientes que justifiquen esta medido."

esto es asi en virtud de que el bien jurídico que se protege es el “recurso forestal", término que "significa lo protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural," (resolución de la Salo Constitucional número 2233-93, de las nueve horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo) que existe en la zona declarada como parque nacional, y que es reconocido tanto por lo legislación internacional, por las leyes especiales dictadas al efecto, como por los textos de los cartas políticas. En este sentido, el artículo 69 de la Constitución Político es que hablo de "explotación racional de lo tierra", constituyéndose un principio fundamental su protección (...)." (la negrita no es de original)

Es evidente entonces que el Poder Ejecutivo, no puede reducir los límites territoriales un oreo silvestre, pero si puede extenderlos. De ahí que los Decretos cuya derogación o puesta en vigencia hayan producido como consecuencia inmediata el aumento del territorio de uno determinado área protegida, son constitucionales.
De igual forma se reseñó también en la sentencia número 2009-1056 de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del veintiocho de enero del dos mil nueve:
"VII.- Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 3 *,4*, 5* y 7* del Decreto n*34043-MINAE.- Tal como se expuso, al derogarse artículo 6o del Decreto Ejecutivo, N° 16614-MAG (mediante el artículo 2° del Decreto Ejecutivo no. 327S3 del 16 de mayo del 200S) se incluyeron las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzonillo. Sin embargo, mediante el artículo 3° del Decreto impugnado, que vuelve a traer o la vida jurídica el derogado artículo 6o , las áreas urbanas de dichas comunidades quedaban nuevamente excluidas de los límites del Refugio, lo que implicó su reducción. Esto situación, no sólo violenta el principio de reserva legal sino el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se viola el principio de reserva legal pues, según lo expresado, la reducción del patrimonio forestal del Estado sólo puede operar vía legal y no reglamentaria. Este principio ha sido definido como un corolario del principio de legalidad cuyo respeto obligo a que determinadas materias son de regulación exclusiva por ley formal, emanado del Poder Legislativo y por el procedimiento previsto en la Constitución pora la emisión de las leyes. Ello por cuanto constitucionalmente se han establecido ciertas materias, que por su trascendencia, para ser reguladas, deben serlo obligatoriamente por medio de uno ley. Asi nos encontramos por ejemplo con que la creación de impuestos, la imposición de penas, la regulación de los derechos fundamentales, y como en este caso- lo reducción de los límites de una zona protectora del patrimonio forestal del Estado, son todas situaciones donde se requiere de la intervención del legislador, pues es en el debate parlamentario donde mejor se aseguro lo regulación de estos materias. De esta forma, al proceder el decreto impugnado a reducir los limites del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo viola el principio de reserva legal pues la reducción de tales limites sólo puede operar mediante una ley debidamente justificada al efecto. Además, se violo el derecho al ambiente pues lo reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanos de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo o lo libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trota de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con característicos y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente paro conservar, no para producir ni ser porte del comercio de los hombres. Todas las tierras considerados como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata o los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales. De esta forma, al proceder el decreto impugnado o excluir de la propiedad forestal los óreos urbanas de las comunidodes de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, violo el derecho ol ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de lo propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales. Todo lo anterior nos llevo a concluir que el mencionado artículo 3o del Decreto impugnado -que vuelve a traer a la vida jurídica el derogado artículo 6 p disminuyendo los limites del refugio en cuestión- resulto inconstitucional. De lo misma forma resulto inconstitucional el artículo 7° del mismo decreto, pues, deroga en su totalidad el Decreto Ejecutivo no. 32753 del 16 de moyo del 2005, el cual omplioba los límites del refugio en cuestión. Además, por conexidad, resultan inconstitucionales los artículos 4" y 5 o del decreto en cuestión pues estos están directamente referidos a estas áreos urbanas que se están excluyendo de los límites del Refugio, uno fijando las competencias para lo descripción de dichas áreos (art.4°) y otro estableciendo lo competencia del MINAE pora dar el visto bueno al plan regulador de dichas áreas (art.5°). En el mismo sentido debe entenderse que el articulo Io del decreto en cuestión resulto inconstitucional en la medida en que, ol ratificar el decreto original de creación del refugio, lo hace sin excepcionar el artículo 6”, pues al no hacerlo se tendría la misma situación de reducción de los limites del refugio.
En similar sentido mediante sentencia número 2010-13099 de las catorce horas cincuenta y seis minutos del cuatro de agosto del dos mil diez resolvió:

- Sobre lo reducción de áreas silvestres protegidas.- Lo cuestión o determinar es si el Decreto Ejecutivo 34282- TUR-MINAET-C que rectifica, delimita y amplia los limites del Refugio Nacional de Vido Silvestre Isla Son Lucos, puede modificar los límites señalados en el artículo 1" A. del Decreto Ejecutivo 33327-MINAE, pora excluir un área equivalente o un 5.5% del total de lo que previamente estaba protegido. En este sentido, lo cuestión a determinar es si es constitucional esa reducción que se opera desde un Decreto Ejecutivo, sin recurrir a un acto legislativo previo y fundamentado en estudios técnicos. Antes de resolver la cuestión, el Ministro de Turismo señala la ausencia de estudios técnicos previos a la Declaratoria de lo Isla Son Lucos como Áreas Silvestre Protegido según lo dispone el artículo 36 de lo Ley Orgánica del Ambiente, situación que no podrá ser corregido sino mediante un procedimiento administrativo previo o jurisdiccional -si ello fuere procedente- que demuestre si lo ausencia de aquellos estudios vician el acto administrativo, a tol punto que puedan vulnerar la protección otorgado a la Isla San Lucas. Es cloro, que en esto acción no se puede entrar a valorar si los requisitos esenciales del acto administrativo fueron omitidos antes de decretada como Área Silvestre Protegida, toda vez que seria un asunto de legalidad ordinaria, pues la posibilidad de impugnarlo por nulidad absoluta en la vía administrativa y judicial podría estar caduco o no, con las consiguientes limitantes (artículos 172, 173 y 175 de la Ley General de lo Administración Pública); por otro parte la Salo debe resolver con lo presunción de que efectivamente el Refugio Nocional está dictado regularmente con el Decreto Ejecutivo No. 29277-MINAE publicado a La Gaceta No. 30 del 12 de febrero de 2001, y sus reformas incluido el Decreto impugnado. Por otra parte, la Sala estima que la línea jurisprudencial debe mantenerse estable, fundado en que existe un claro interés ambiental en mantener la protección formal de las Áreas Silvestres Protegidas. Lo modificación a esta regla no debe ocurrir sino solo mediante el procedimiento establecido en la legislación ambiento!, y no está en el interés de esta Salo debilitar una doctrino que se ha visto fortalecida a lo largo de muchos años. El Estado debe resguordor una vez que ha creado y sometido distintas áreas o la Ley Orgánica del Ambiente y otras leyes especiales, o las formalidades establecidos en ese cuerpo normativo.

"... queda claro que uno vez declarada una determinado área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una normo, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determinada área, no implica lo constitución de una zono pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducido por uno normativo posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zono protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo SO constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, uno reservo forestal, un Parque Nacional o cuolesquier otros sitios de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente.

Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en oplicación del principio de razonobilidad constitucional. Del mismo modo, la delimitación inicial de uno zona protectora o de otro índole- podría, a lo larga, resultar insuficiente y, en razón de esto, motivar la aprobación de una reformo paro ampliar la cobida. Estos aspectos son los que, o juicio de esto Sala, han de exominarse en el coso concreto del articulo 71 de la ley No. 7575."(Sentencia No. 1998-7294).

Los argumentos en las tres acciones de inconstitucionalidad acumuladas tienen como común denominador la aludido infracción al articulo 50 constitucional, por la inobservancia del artículo 38 de lo Ley Orgánico del Ambiente. Para declarar la inconstitucionalidad basta comprobar que fue incumplido el mondato establecido en este último numeral, al modificar lo cabido del área silvestre protegido. El numeral 38 indica que: "La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquier sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de lo República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medido". De ohi que el Poder Ejecutivo no puede reducir éstas áreas sin observar el procedimiento legislativo y técnico, razón por la cual, la Salo declara parcialmente con lugar la demando pora anular el artículo 1 “ únicamente en cuanto excluye del área protegida del Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla Son Lucos, el "5.596 del área oc tua I para lo protección de l patrimonio cultural", lo anterior por infracción a lo dispuesto por los artículos 11, 50 y 89 constitucionales, y no en cuanto a la adición del sector marino e islotes, toda vez que ello es permitido al Poder Ejecutivo acordarlo mediante Decreto Ejecutivo.

Por lo tanto es claro que en reiterada jurisprudencia, este Tribunal considera inconstitucional la reducción de una zona protegida vía reglamento y no mediante la emisión de una ley, y sin sustento técnico.

C- ANÁLISIS DE LOS ALEGATOS DE INCONSTITUCIO NALIDAD




           IV.- SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 29278-MINAE DEL 15 DE ENERO DE 2001, PUBLICADO EN LA GACETA NO. 30 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2001: El accionante alega que el Decreto cuestionado modifica y reduce los límites de la Zona Protectora Cerro de La Carpintera, por medio de una norma de rango reglamentario, y sin que exista un estudio técnico o científico que justifique tal determinación. El informe de la Procuraduría General de la República indica que, corresponde declarar con lugar esta acción únicamente en cuanto a la parte del decreto que dispone la reducción de un sector del área protegida, porque se hizo por vía reglamentaria y no mediante una ley, y por violación al derecho a gozar de un ambiente sano. Por su parte, el Minist ro de Ambiente y Energía, considera que, el decreto impugnado no ha violentado el principio de reserva legal ni el de legalidad, pues no ha disminuido el nivel de protección ambiental de la zona protectora, permitiendo al Estado no expropiar y mantener el régimen mixto de propiedad. De todo lo anterior, es criterio de esta Sala, que en efecto, el decreto impugnado resulta inconstitucional, conforme se explica. La Zona Protectora denominada Cerro La Carpintera, fue creada mediante el decreto n°6112-A del 23 de junio de 1976. En el informe del SINAC, que adjunto el Ministro, se indica que el reto principal de gestión para esta zona protectora resulta de su ubicación. La Carpintera se encuentra situada en la GAM de Costa Rica, donde se considera un referente geográfico para la región de San José y Cartago. Junto con el Alto de Ochomogo, La Carpintera es un lugar de interconexión entre las dos grandes urbes. Siendo la presión por la expansión urbana la principal amenaza para los objetivos de declaratoria de esta área protegida. Se indica además que La Carpintera abarca territorios en dos provincias, cuatro cantones y ocho distritos. Ahora bien, en cuanto a su área, mediante el decreto impugnado en esta acción, decreto n°29278 del 15 de enero del 2001, se modifican sus límites por considerar que la anterior delimitación incluía inmuebles de gran valor productivo para el país, así se dijo:

"modificar sus límites, de forma que se mantenga su superficie e integridad, incorporando terrenos de importancia ambiental y excluyendo aquellos con valor productivo." (considerando cuarto del decreto)

Tal como lo hace ver la Procuraduría en su informe, resulta claro que este decreto vino a realizar una reducción de la Zona Protectora Cerro de la Carpintera por un lado, y por el otro, una ampliación de dicha área silvestre, como una especie de compensación para mantener la superficie e integridad de esa zona protectora ante la disminución generada. De lo expuesto en el considerando anterior, resulta claro que, si el Estado pretende la reducción de un área silvestre protegida, puede hacerlo únicamente por vía legal, y siempre y cuando exista un criterio técnico que justifique la medida. El Decreto cuestionado excluye aquellos terrenos con valor productivo, es decir, reduce los límites de una zona protectora como lo es la Zona Protectora Cerro de la Carpintera, mediante un Decreto, situación que no sólo violenta el principio de reserva legal sino el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se violenta el principio de reserva legal porque la reducción de los límites de la Zona Protectora de La Carpintera, sólo puede operar vía legal y no reglamentaria. Además, se violenta el derecho al ambiente pues la reducción de una Zona Protectora, se hizo sin el sustento técnico correspondiente, en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, tal y como lo establece la Constitución Política. Nótese que, no hay motivación específica y técnica que

determine cuáles son, en particular, los terrenos que se están desafectando. Se enuncia en la justificación del decreto, pero en el texto solamente se indican coordenadas, de modo que no se puede saber con exactitud de cuáles terrenos se trata. Todo lo anterior nos lleva a concluir que el Decreto impugnado resulta inconstitucional respecto del área en que se reduce la Zona Protectora Cerro de La Carpintera.

D.- CONCLUSIÓN

          V.- Tomando en cuenta que el Decreto cuestionado (No. 29278-MINAE del 15 de enero de 2001, publicado en La Gaceta No. 30 del 12 de febrero del 2001) contempla tanto la reducción como la ampliación de la Zona Protectora Cerro La Carpintera, se declara parcialmente con lugar la acción, únicamente en cuanto a la reducción del área de la Zona Protectora Cerro La Carpintera (cuando se excluyó terrenos con valor productivo), quedando vigente en lo que se refiere a la ampliación. Debiendo para estos efectos, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, proceder, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área ampliada, mencionada.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.




POR TANTO:
Se declara PARCIALMENTE CON lugar la acción, en consecuencia, se anula la reducción del área de la Zona Protectora Cerro de la Carpintera, realizada mediante el Decreto No. 29278-MINAE del 15 de enero de 2001, publicado en La Gaceta No. 30 del 12 de febrero del 2001, quedando este decreto vigente, únicamente en lo que se refiere a la ampliación de la Zona Protectora Cerro de la Carpintera. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área ampliada, mencionada. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.-




Fernando Castillo V.


Presidente a.i.






Fernando Cruz C.                                                                  Luis Fdo. Salazar A.






Jorge Araya G.                                                                      Marta Esquivel R.






Mauricio Chacón J.                                                                      Lucila Monge P.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:32:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER**

**Resolution No. 16793 - 2019**

**Date of Resolution:** September 4, 2019, at 11:52 a.m.

**Case File:** 14-005836-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of Matter:** Unconstitutionality action

**Constitutional Control:** Judgment upholding the action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Relevance Indicators**

**Relevant judgment**

**Related Judgments** Judgments from the same case file

**Content of Interest:**

**Strategic Topics:** Environmental

**Content Type:** Majority opinion

**Branch of Law:** 3. CONSTITUTIONAL CONTROL MATTERS

**Topic:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

**Topic:** UNCONSTITUTIONALITY ACTION

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

**016793-19. ENVIRONMENT. MODIFICATION OF THE BOUNDARIES OF THE CERRO LA CARPINTERA PROTECTIVE ZONE. Executive Decree No. 29278-MINAE, published in La Gaceta No. 30 of February 12, 2001. Modifies the Boundaries of the Cerro de la Carpintera Protective Zone.**

“IV…it is clear that, if the State intends the reduction of a protected wild area, it can only do so through legislation, and only when there are technical criteria justifying the measure. The questioned Decree excludes those lands with productive value, that is, it reduces the boundaries of a protective zone such as the Cerro de la Carpintera Protective Zone, by means of a Decree, a situation that not only violates the principle of legal reserve but also the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. The principle of legal reserve is violated because the reduction of the boundaries of the La Carpintera Protective Zone can only occur through legislation and not via regulation. Furthermore, the right to a healthy environment is violated because the reduction of a Protective Zone was done without the corresponding technical support, to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, as established by the Political Constitution. Note that there is no specific and technical reasoning that determines which lands, in particular, are being disaffected. It is stated in the justification of the decree, but the text only indicates coordinates, so that it is impossible to know exactly which lands are involved. All of the foregoing leads us to conclude that the contested Decree is unconstitutional with respect to the area in which the Cerro de La Carpintera Protective Zone is reduced…”

**THEREFORE:**

The action is declared PARTIALLY GRANTED; consequently, the reduction of the area of the Cerro de la Carpintera Protective Zone, carried out by means of Decree No. 29278-MINAE of January 15, 2001, published in La Gaceta No. 30 of February 12, 2001, is annulled, leaving this decree in force, only with regard to the expansion of the Cerro de la Carpintera Protective Zone. By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) is ordered to proceed, within a twelve-month period, counted from the full publication of this pronouncement in the Judicial Bulletin, to demarcate the expanded area mentioned. This declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect to the effective date of the norm, without prejudice to rights acquired in good faith. Have this judgment summarized in the Official Newspaper La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Notify.-

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**Related Judgments**
**Content of Interest:**

**Content Type:** Majority opinion

**Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

**Topic:** Legal Reserve

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

**PRINCIPLE OF LEGAL RESERVE. “ON THE BACKGROUND OF THIS CHAMBER REGARDING THE REDUCTION OF PROTECTED ZONES. The jurisprudence of this Constitutional Chamber has been extensive regarding the requirements for reducing a protected wild area, in accordance with the fundamental right to the environment. Two main constitutional requirements have been established for the reduction of a protected wild area: respect for the principle of legal reserve and support from technical studies). In support of Article 38 of the Organic Environmental Law ("the surface area of protected wild areas, state natural heritage, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after carrying out the technical studies that justify this measure"), there has been a solid jurisprudential line, to the effect that for the reduction of a protected wild area, two essential requirements must be met: "by means of a law and after conducting sufficient technical studies that justify the measure." Judgment 016793-19**

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**Text of the resolution**
**Exp: 14-005836-0007-00**
**Res. No. 2019016793**
**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and fifty-two minutes on September fourth, two thousand nineteen.**

Action of unconstitutionality filed by Adrián Villegas Fonseca, identity card number 0204760098, for the purpose of declaring unconstitutional the Executive Decree No. 29278-MINAE of January 15, 2001, published in La Gaceta No. 30 of February 12, 2001, deeming it contrary to Articles 11 and 50 of the Political Constitution. The representative of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) and the Ministry of Environment and Energy also intervened in the proceeding.

**WHEREAS:**

.- By a document filed with the Secretariat of the Chamber at 10:34 a.m. on May 7, 2014, the petitioner files an action of unconstitutionality against Executive Decree No. 29278-MINAE of January 15, 2001, published in La Gaceta No. 30 of February 12, 2001, and stated the following in summary: That he possesses a diffuse interest that grants him standing to act and to request from this Chamber the repeal of Executive Decree No. 29278-MINAE. He asserts that the norm is challenged because it modifies and reduces the boundaries of the Zona Protectora Cerro de La Carpintera (created by Executive Decree No. 6112-A of June 23, 1976), through a norm of regulatory rank, and without there being a technical or scientific study that justifies such a determination. The petitioner alleges that the Zona Protectora Cerro de La Carpintera was created for the purpose of guaranteeing the technical use of forest resources, allowing their continuous yield and the safeguarding of forest-vocation lands, as well as the preservation of forested areas for the protection of the environment. He indicates that Executive Decree No. 29278-MINAE modified Executive Decree No. 6112-A, with the aim of including new lands and excluding others, thereby modifying the boundaries of the Zona Protectora Cerro de La Carpintera and reducing the protected wild area. He points out that Article 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1996) provides for the possibility of reducing the surface area of protected wild areas—including protective zones—but only by Law of the Republic and after conducting the technical studies that justify such a measure. He affirms that such requirements have not been observed in the case of Executive Decree No. 29278-MINAE. He adds that this Chamber has issued abundant jurisprudence (judgments 2007-011155, 2009-001056, and 2010-014772) to the effect that the non-observance of such requirements constitutes an infringement of the principle of legal reserve and the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment.

-   By a resolution at 10:30 a.m. on June 10, 2014, this action of unconstitutionality was admitted and a fifteen-day hearing was granted to the Attorney General's Office and the Ministry of Environment and Energy.

-   The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in numbers 117, 118, and 119 of the Judicial Bulletin, on June 19, 20, and 23, 2014.

-  Edgar E Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, appointed under agreement number 001-P of May 8, 2014, responds to the hearing granted (document filed at 10:00 a.m. on July 7, 2014) and states, in summary, the following: 1.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment: He asserts that the most recent jurisprudence of our country recognizes the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, in Article 50 of the Political Constitution since the promulgation of the constitutional text of 1949, the will of the original constituent was clear in establishing in Article 89 that among the cultural purposes of the Republic are the protection of natural beauties, conserving and developing the historical and artistic heritage of the Nation, a healthy and ecologically balanced environment, which implies the establishment of a series of legal mechanisms to achieve it; that is why rights not only limit the private sphere of individuals but also have significance in the very structure of the State to satisfy diffuse interests. 2.- On the merits: He indicates that the challenged regulation establishes a partial redefinition of the boundaries of the protective zones created by Executive Decree No. 612-A, comparing them with the Geographic Information System of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area. With the issuance of Executive Decree No. 29278-MINAE, territories that are now state property and incorporated into the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) are included. Likewise, he points out that the amendment made to Executive Decree number 612-A of June 23, 1976, which provided for the creation of protective zones in a strip of the national territory, is justified by the importance for the population of the Central Inter-mountain Valley of the preservation of forested areas to maintain and protect the environment. He states that in the case of National Parks and Biological Reserves, the State bears an obligation of expropriation purchase, in order to consolidate the protected wild area, but the same does not happen for Protective Zones, Forest Reserves, and Mixed Wildlife Refuges because, due to their property and protection regime, they are compatible with the economic uses of the properties, bearing limitations while simultaneously fulfilling the objectives of the declaration, allowing the State, as administrator, to decide not to expropriate the properties and maintain the mixed property regime, thereby generating planning and management tools for said territories such as the Environmental Management Plan and the General Management Plan for Cerros de La Carpintera. 3.- On the contested decree: He considers that neither the principle of legal reserve nor the principle of legality has been violated, but that furthermore, the level of environmental protection of the Protective Zone has not been diminished, and that according to report SINAC-DE-1455 of July 2, 2014, from the National System of Conservation Areas (SINAC), which he adopts, Executive Decree No. 29278-MINAE of January 15, 2001, does not violate the norms established in Articles 11 and 50 of the Political Constitution; consequently, the norm is not unconstitutional. 4. On official communication SINAC-DE-1455 of July 2, 2014: The Executive Director of the National System of Conservation Areas states herein that the contested norm does not constitute a violation of the country's regulations, much less of the constitutional norms indicated, as it has been a redefinition of boundaries that does not imply a reduction of the total area originally declared in Decree No. 6112-A. Furthermore, by not reducing the declared area, the decision taken by the Administration also does not reduce the level of environmental protection of the Protective Zone and is visualized as being consistent with the site's creation objectives, according to its legal nature. 4.1. On the Basis of Executive Decree No. 29278: He indicates that the unconstitutionality petition was filed against the amendment made to Executive Decree number 6112-A of June 23, 1976, which provided for the creation of protective zones in a strip of the national territory, established on the Caraigres cartographic sheet 3345-11 and according to the coordinates established for that purpose. The creation of said component of the State Natural Heritage was justified by the importance for the population of the Central Inter-mountain Valley of preserving forested areas to maintain and protect the environment. He points out that the main management challenge for this zone results from its location, as La Carpintera is situated in the Greater Metropolitan Area (GAM) of Costa Rica, where it is considered a geographic reference point for the population of San José and Cartago, along with Alto de Ochomogo. He also indicates that La Carpintera covers territories in two provinces, four cantons, and eight districts, where the percentage is 41% for Cartago in La Unión, 40% for Cartago, 18% for San José in Desamparados, and 1% for Curridabat, according to decree 6112-A. He states that according to the contested decree, approximately 90% of the territory corresponds to properties registered as private property and incorporated by the creation decree into the forest regime. He expresses that, in disagreement with what was stated by the petitioner, the Zona Protectora Cerros de la Carpintera currently has a territorial surface area of 2,385.76 hectares (page 17, Book Los Cerros de la Carpintera, Management Plan), which corresponds to 385.76 Ha more than that indicated by the petitioner, who states in the document that the area declared in 1976 corresponded to an extent of 2,000 hectares. Thus, the petitioner indicates as the total area the same one that Decree No. 6112-A set forth in its article for La Carpintera, which is only an approximation figure and which, when interpreted by the Geographic Information System Coordinator, yields a real area of 2,344.58 Ha. In this way, and based on the foregoing, he dismisses the main allegation of this Unconstitutionality Action because no reduction of area has occurred. In the same vein, he indicates that on the occasion of Executive Decree No. 29278-MINAE, territories that are now state property and incorporated into the State Natural Heritage are included. To annul the norm in the terms requested by the petitioner would imply leaving out areas that form part of the public domain, with the imminent risk of lowering the level of environmental protection as a consequence of the judgment, and would imply a disaffection of the area from the current management category. He alleges that the legal imperative contained in Article 38 of the Organic Environmental Law reserves to statute law only the power to reduce State Protected Wild Areas, State Natural Heritage, a situation that has not occurred with the issuance of Executive Decree 29278-MINAE. This reasoning is derived from the legal consequence of the provisions contained in Article 13 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 and Article 37 of the Organic Environmental Law No. 7554, amended by subsection c) of Article 72 of the Forest Law. This regulation defines the concept of State Natural Heritage and its corresponding affectation to the public domain authentically. Once a property is affected to the public domain, regardless of the public purpose to which it has been assigned, it cannot be disaffected by a norm inferior to a Law. From this perspective, he rejects any connotation of illegality or unconstitutionality that is sought to be attributed to Decree 29278-MINAE. As has been explained, this decree issued by the Executive Branch in 2001 redefines the boundaries of the Protected Wild Area, affecting with this action only private property and without reducing the total area of the Protective Zone. 4.- On the petition. The Minister of Environment and Energy considers that, in accordance with the cited norms and the considerations set forth, this action must be declared without merit because the Contested Executive Decree does not contravene the provisions of Articles 11 and 50 of the Political Constitution.

- Ana Lorena Brenes Quirós, in her capacity as Attorney General of the Republic, according to the single agreement of Article 04 of ordinary session number 01 of May 8, 2010, adopted by the Governing Council and published in La Gaceta No. 111, of June 9, 2010, ratified according to agreement of the Legislative Assembly 6446-10-11, in ordinary session number 93, held on October 19, 2010, and published in La Gaceta 222, of November 16, 2010, responds to the hearing granted by document filed at the Secretariat of the Chamber on July 1, 2014, and states, in summary, the following: 1.- On the petitioner's standing. She asserts that she agrees with this Chamber regarding the petitioner's standing, with no objection to make in that regard. 2.- On the merits. She asserts that by judgments 5975-2006 and 1056-2009, this Chamber has determined that the reduction of protected wild areas, even if they were created by executive decree, must necessarily be done by law and preceded by technical studies that sufficiently justify it; but not so with the expansion, which can be done simply by decree. In the same vein, she chronologically indicates the events surrounding the decrees prior to the one being challenged and points out that, by Decree No. 6112-A of June 23, 1976, the Protective Zones of Caraigres, Cerro La Carpintera, Río Tiribí, Cerros de Escazú, El Rodeo, Río Grande, and Cerro Atenas were created for the purpose of preserving forested areas to maintain an adequate environment. However, Decree No. 12368-A of February 26, 1981, annulled Decree 6112-A only with respect to the Zona Protectora El Rodeo. Decree No. 12368-A was in turn repealed by Decree No. 12608-A of May 12, 1981, which recreates that same protective zone. Next, Decree 14672-A of June 20, 1983, came to expand the Zona Protectora Cerros de Escazú; thereafter, Decree No. 21837 of December 22, 1992, modified the boundaries of the Zona Protectora Cerro de La Carpintera; but it was in turn repealed by Article 5 of Decree No. 23315 of May 12, 1994. Likewise, Decree No. 29278 of January 15, 2001, again modified the boundaries of the Zona Protectora Cerro de La Carpintera because it was considered that the previous delimitation included properties of great productive value for the country, the environmental value of which, according to studies conducted on them, in relation to the Protective Zone, would not be diminished if they are used appropriately (third considerando); deeming it most convenient for the development and protection of said protective zone "to modify its boundaries, in such a way that its surface area and integrity are maintained, incorporating lands of environmental importance and excluding those with productive value" (fourth considerando). She then states that Decree No. 29278 carried out a reduction of the Zona Protectora Cerro de La Carpintera on one hand, and on the other, an expansion of said wild area, as a kind of compensation of the latter to maintain the "surface area and integrity" of that protective zone in the face of the generated decrease. She considers that this type of administrative decision has been reproduced with respect to other protected wild areas, being subject to constitutional control. 3-. On similar cases: The Attorney General cites the case of Decree No. 34043-MINAE of September 11, 2007, which expanded the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge, adding a marine area to it but reducing it in the terrestrial part, by excluding urban areas from its demarcation. She points out that another similar case in which the Chamber ruled through judgments 1998-7294 and 13099-2010 was that of Decree No. 34288-TUR-MINAE-C of January 25, 2008, which reduced 5.5% of the Isla San Lucas National Wildlife Refuge for the protection of cultural heritage existing there, and expanded it in turn to include within the new boundaries portions of sea and islets near that Island, which contain ecosystems complementary to those of the island and are important as nesting sites for birds native to the area. 4.-On the contested Decree: She asserts that in the case of Decree 29278-MINAE of January 15, 2001, which modifies the Zona Protectora Cerro La Carpintera, faced with a situation similar to the cases just described and due to violation of the principle of legal reserve and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, it is appropriate to declare the unconstitutionality action filed GRANTED, only with regard to that part of said Decree that provides for the reduction of a sector of the protected wild area through a regulatory route and not through the issuance of a law (to whose administrative process the corresponding technical studies that adequately justify the decrease of the existing area must have been submitted). She considers that the same declaration of unconstitutionality would not be appropriate regarding the area in which the Zona Protectora Cerro La Carpintera is expanded, because such an increase in surface area is permitted via Executive Decree.

- The hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is waived, based on the power granted to the Chamber by article 9 of the same law, considering this resolution to be sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.

- The prescriptions of law have been observed in the proceedings.

**Drafted by Judge Cruz Castro;**

**CONSIDERING:**

-   **PROCEDURAL ISSUES AND ADMISSION OF THE ACTION**

         **I - ON THE ADMISSIBILITY OF THE ACTION:** Article 75 of the Law of this jurisdiction establishes that the admissibility of an unconstitutionality action is conditional on the existence of a prior matter pending resolution, in which the unconstitutionality of the challenged norm or norms has been invoked, so that the action serves as a reasonable means for the protection of the right or interest deemed violated. The only possible exceptions are those indicated in the second paragraph of the same norm, to the effect that the existence of a prior matter is not required in cases where the action is brought by the Comptroller, Attorney General, or Public Prosecutor of the Republic, or by the Ombudsman; as well as in those circumstances where, due to the nature of the case, there is no individual and direct injury, or it concerns the defense of diffuse interests or those that pertain to the community as a whole. In the present case, the petitioner files the unconstitutionality action based on the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, pointing out that the modification of the boundaries of a protected area by means of an Executive Decree and not by Law constitutes an infringement of the principle of legal reserve and the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. From what has been stated in the preceding paragraph, it is clear that the petitioner possesses sufficient standing to challenge the unconstitutionality of the contested norms, without it being necessary for them to have a prior matter serving as the basis for this action. The foregoing is because they appear in defense of an interest that concerns the national community as a whole, such as the defense of the right to the environment, for which reason the petitioner has standing to act directly, in light of the provisions of paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Furthermore, this concerns a matter whose constitutionality is properly reviewable through this channel, namely, an executive decree.

         **II.- SUBJECT OF THE CHALLENGE:** The challenge is directed against Executive Decree No. 29278-MINAE of January 15, 2001, published in La Gaceta No. 30 of February 12, 2001, deeming it contrary to Articles 11 and 50 of the Political Constitution. The text of the questioned norm is as follows:

**DECREE 29278-MINAE**

**THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC**

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY**

In use of the powers conferred upon them by subsections 3) and 18) of Article 140 of the Political Constitution.

**Considering:**

1 - That by Executive Decrees No. 6112-A of June 23, 1976, and No. 21837-MIRENEM of February 5, 1993, the Zona Protectora Cerro La Carpintera was created.
2 - That within this Protective Zone there are duly registered private properties, over which the State, in accordance with Article 45 of our Political Constitution, cannot carry out acts that affect the property rights of private individuals.
3 - That properties of great productive value for the country were included within the protected area, whose environmental value in relation to the Protective Zone, according to studies carried out on them, would not be diminished if they are used appropriately.
4 – That what is most convenient for the development and protection of the Zona Protectora La Carpintera is to modify its limits, in such a way that its surface area and integrity are maintained, incorporating lands of environmental importance and excluding those with productive value. Therefore,

**THEY DECREE:**

**Article 1-** To modify the boundaries of the Zona Protectora Cerro de la Carpintera, created by Executive Decree number 6112-A of June 23, 1976, published in La Gaceta No. 136 of July 17, 1976; the boundaries of this area being defined within the bounds described below according to the Patarrá, Carpintera, Ochomogo cartographic sheets, 1st Edition IGNCR, Scale 1:10,000, indicated by the description detailed below.
Starting from a point with coordinates 206,000 N, 533,000 E (point 1), the following description is followed: 4,210 meters due east, coordinates 206,000 N 537,210 E (point 2); At this point the Coris Patarrá road is intersected. From here, continue along this road with a general northwest heading towards Patarrá until the intersection with coordinates 206,380 N 536,610 E (point 3). Next, follow a heading of N 20° with a distance of 120 meters to the intersection of coordinates 206,490 N 536,570 E (point 4). Continue with a heading of N 33 E and a distance of 119 meters to the intersection of coordinates 206,590 N 536,635 E (point 5), arriving at the gravel road that comes from Patarrá towards Alto de Coris. Continue along this road following a sharp curve to the intersection of coordinates 206,620 N 536,780 E (point 6). Continue with a heading of N 58 E, a distance of 37.7 meters to the intersection of coordinates 206,640 N 536,812 E, which coincides with the upper channel of the left branch of the Quebrada Barahona, (point 7). Starting from this point, follow downstream along the left branch of the Quebrada Barahona to the confluence with the right branch of this same stream, at the intersection of coordinates 206,450 N 537,320 E, (point 8). From this point, continue in a general southeasterly direction, downstream along the Quebrada Barahona to the FORD located at the crossing of a gravel road with the stream, at the intersection of coordinates 206,055 N 537,730 E, (point 9). Continue always along the gravel road with a heading of S 61 E and a distance of 62.6 meters to the intersection of coordinates 206,000 N 537,760 E, (point 10). Continue due east along coordinate 206,000 for a distance of 1,133.13 meters to the intersection with coordinates 206,000 N 538,893.135 E (point 11). From this point, follow the next course which corresponds to the back azimuth, according to the following description:

**COURSE**

| POINT | AZIMUTH | DISTANCE |
| :--- | :--- | :--- |
|  | Degrees | Minutes-Sec. | Meters |
| 11-12 | 150 | 05.8 | 9.70 |
| 12-13 | 211 | 02.6 | 34.72 |
| 13-14 | 184 | 46.3 | 36.45 |
| 14-15 | 146 | 10.3 | 13.64 |
| 15-16 | 209 | 47.8 | 30.87 |
| 16-17 | 151 | 51.4 | 11.31 |
| 17-18 | 219 | 51.0 | 29.50 |
| 18-19 | 159 | 53.3 | 13.72 |
| 19-20 | 222 | 31.5 | 30.23 |
| 20-21 | 270 | 56.7 | 13.52 |
| 21-22 | 223 | 34.1 | 10.31 |
| 22-23 | 132 | 14.1 | 122.27 |
| 23-24 | 130 | 40.4 | 124.64 |
| 24-25 | 130 | 57.5 | 21.03 |
| 25-26 | 112 | 40.0 | 21.36 |
| 26-27 | 201 | 59.4 | 41.96 |
| 27-28 | 212 | 48.7 | 36.94 |
| 28-29 | 203 | 43.6 | 42.39 |
| 29-30 | 211 | 31.2 | 34.25 |
| 30-31 | 90 | 00.0 | 595.15 |
| 31-32 | 319 | 52.2 | 27.43 |
| 32-33 | 11 | 30.3 | 48.93 |
| 33-34 | 350 | 34.7 | 69.85 |
| 34-35 | 346 | 37.1 | 47.90 |
| 35-36 | 359 | 10.0 | 87.62 |
| 36-37 | 29 | 57.2 | 29.30 |
| 37-38 | 9 | 22.6 | 10.47 |
| 38-39 | 49 | 15.9 | 25.50 |
| 39-40 | 36 | 11.6 | 14.86 |
| 40-41 | 4 | 27.8 | 13.30 |
| 41-42 | 274 | 21.9 | 48.12 |
| 42-43 | 307 | 27.5 | 20.27 |
| 43-44 | 276 | 51.8 | 127.20 |
| 44-45 | 34 | 21.5 | 73.24 |
| 45-46 | 33 | 50.6 | 59.68 |
| 46-47 | 29 | 59.7 | 23.28 |

To the intersection with coordinates 206,000 N 539,474.080 E (point 47).

From this point, follow a due east course along the 206,000 N coordinate for a distance of 525.92 meters to the intersection of coordinates 206,000 N 540,000 E (point 48).
From this point, the following description is followed:
Course
\t
Distance
\t
Coordinates
\t
 
\t
Point


 
\t
(meters) N
\t
E
\t
 
\t
 


N 56° 18'36" E
\t
3,605.55
\t
208,000
\t
543,000
\t
49


N 63°26'6"0
\t
2,236.07
\t
209,000
\t
541,000
\t
50


Due West
\t
3,600.00
\t
209,000
\t
537,400
\t
51


Due South
\t
600.00
\t
208,400
\t
537,400
\t
52


Due West
\t
3,400.00
\t
208,400
\t
534,000
\t
53


Due North
\t
600.00
\t
209,000
\t
534,000
\t
54


Due West
\t
1,000.00
\t
209,000
\t
533,000
\t55



 
\t
 
\t
 
\t
 
\t
 

Next, proceed due south for a distance of 3,000 meters to the intersection of coordinates 206,000 N and 533,000 E, reaching the starting point (point 1), closing the polygon.
Article 2 - Effective upon its publication
Issued at the Presidency of the Republic.—San José, on the fifteenth day of January, two thousand one. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.—The Minister of Environment and Energy, Elizabeth Odio Benito.—once, (Request 44117-MINAE).—C-17620.—(8088).

The grounds for challenge of the preceding decree are based, according to the petitioner, on the fact that this decree modifies the boundaries of the Zona Protectora Cerro de la Carpintera, without any basis or technical criteria. It merely orders the incorporation of lands of supposed environmental importance and the exclusion of lands with productive value. Furthermore, it involves a reduction of the boundaries of a protected wilderness area, carried out by means of a decree and not a law (violation of the principle of legal reservation).

– BACKGROUND

III.- ON THE BACKGROUND OF THIS CONSTITUTIONAL CHAMBER'S CASE LAW REGARDING THE REDUCTION OF PROTECTED ZONES.- The jurisprudence of this Constitutional Chamber has been extensive regarding the requirements for being able to reduce, in accordance with the fundamental right to the environment, a protected wilderness area. Two main constitutional requirements have been established for the reduction of a protected wilderness area: respect for the principle of legal reservation and support based on technical studies. In support of Article 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) ("the surface area of protected wilderness areas, natural patrimony of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure"), there has been a solid jurisprudential line, to the effect that for the reduction of a protected wilderness area, two essential requirements must be met: "by means of a law and after conducting sufficient technical studies that justify the measure." (Constitutional Chamber, votes numbers 13367-2012 and 010158-2013. In a similar vein, judgments numbers 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 and 14772-2010, among others). As stated since 1998:

"(...) once a specific area has been declared a protected zone by an act of the State, the State cannot simply declassify it, in whole or in part, to protect other interests—public or private—to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitution. However, the fact that a regulation, of whatever rank, has declared a specific area to be a protected zone does not imply the constitution of a petrified zone, in the sense that its size cannot be reduced in any way by a subsequent regulation. However, it must be kept in mind that the declaration and delimitation of a protected zone, in compliance with the provisions of Article 50 of the Constitution, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction of its size must not imply a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case. The fact that a subsequent law reduces the size of a protected zone, a forest reserve (reserva forestal), a National Park or any other sites of environmental interest is not necessarily unconstitutional, as long as it is justified insofar as it does not imply a violation of the right to the environment. It could be that, for various circumstances, a specific site has lost, at least in part, the environmental interest that, at the time, caused it, which, after the relevant studies have been conducted, would justify its modification or reduction, all in application of the principle of constitutional reasonability..." (vote No. 7294-1998).

Specifically regarding the legal reservation in this matter, vote No. 14772-2010 stated:

"(...) the public purpose of a public domain asset cannot be modified without a legislative act, that is, the reduction of the area of a protected zone falls under the guarantee provided by the principle of reservation of law. Although, in accordance with Article 36 of the Organic Environmental Law, the Executive Branch is authorized to establish Protected Wilderness Areas by fulfilling the requirements established in that regulation, thus, Corcovado National Park was established through Executive Decrees No. 8357-A of October 24, 1975 and 1148-A of February 5, 1980, its modification can only be made in accordance with the provisions of Article 38 of the Organic Environmental Law, after prior technical and scientific studies, and through a legislative act." (highlighting does not correspond to the original).

Likewise, in judgment No. 1056-2009, it was indicated that reduction is only possible via legislation:

"when it concerns the expansion of the boundaries of the protected zones of the State's forest patrimony, it is possible to do so via regulation, but when it concerns their reduction, it can only be done via legislation, provided, of course, that a prior criterion exists to justify the measure." (Constitutional Chamber Judgment No. 1056-2009)

Furthermore, regarding the studies, they must be prior, sufficient, necessary, and individualized—as indicated in the following section. This was stated in that same resolution of 1998:

"In accordance with the foregoing, mutatis mutandi, if for the creation of a protected wilderness area the Legislative Assembly, by means of a law, established the fulfillment of specific requirements to determine if the restriction in question is justified, it is logical that, for its partial or total declassification, certain requirements must also be met—such as the completion of environmental technical studies—to determine that the declassification does not transgress the content of Article 50 of the Constitution. In this sense, we can speak of levels of declassification. Thus, not every declassification of a protected zone is unconstitutional, insofar as it implies a detriment to or threat to the right to the environment. Hence, to reduce any protected wilderness area, the Legislative Assembly must do so based on technical studies that are sufficient and necessary to determine that no damage will be caused to the environment or put it in danger and, therefore, that the content of Article 50 of the Constitution is not violated. The principle of reasonability, in relation to the fundamental right to the environment, requires that the regulations issued on this matter be duly grounded in serious technical studies, even if no other legal regulation expressly established it. In the opinion of this Constitutional Court, the requirement contained in Article 38 of Organic Environmental Law No. 7554, to the effect that in order to reduce a protected wilderness area by formal law, prior technical studies must be conducted to justify the measure, is nothing more than the objectification of the principle of reasonability in the matter of environmental protection." (highlighting does not correspond to the original).

For greater abundance, we have what was indicated through judgment number 2006-5975 at fifteen hours and fourteen minutes on May 3, 2006:

"VII.- On the increase and reduction of protected wilderness areas

In the brief filing the action of unconstitutionality, the petitioner challenged—and points to it as a ground for unconstitutionality—the repeal of Decree 23069-MIRENEM by Decree 29019-MINAE because it tacitly reduced the extent of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), given that the latter had expanded the boundaries of the Refuge. Analyzing the decrees promulgated related to the Gandoca-Manzanillo Refuge, it is observed how the Executive Branch has issued several in an attempt to regulate its situation. In order to clarify the current situation, it is convenient to recount those related to the object of this action. We have, first, DE-16614-MAG of October 29, 1985, which creates the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (REGAMA). The legal basis of the decree lies concretely in Article 2 of Law N° 4465, but especially in Article 18 of Law N° 6919, Wildlife Conservation Law, already repealed, but which at that time provided: "Article 18.- National wildlife refuges are those declared as such by the Executive Branch, for the protection and research of wild flora and fauna, especially those in danger of extinction. The Executive Branch is authorized to establish, within forest reserves and on private lands, areas under the classification of national wildlife refuges, which, for purposes of wildlife conservation, shall be under the administration of the Wildlife Department of the General Forestry Directorate of the Ministry of Agriculture and Livestock.(...)" Article 6 of Decree 16614-MAG expressly excluded from that refuge the urban zones of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo. Subsequently, DE-23069 MIRENEM of April 5, 1994 was issued; Article 16 of that Decree repealed Art. 6 of DE-16614. The immediate consequence of this is that the urban areas of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo became part of the Gandoca-Manzanillo Refuge. Later, Decree DE-29019-MINAE of October 31, 2000 was promulgated, which, through Article 8 repealed Decree 23069-MIRENEM; thereby, Article 6 of DE-16614 tacitly regained effect. At that moment, a tacit reduction of the territory of the reserve occurred by once again excluding the urban areas of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo, which left matters in the situation provided for by Decree N° 16614-MAG. However, the Executive Branch subsequently issued DE-32753-MINAE of May 16, 2005, which expressly repealed Article 6 of DE-16614; again, the urban zones of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo became part of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, a situation that remains as of this date. On the increase and/or decrease of the territorial limits of the forest patrimony, this Court, in judgment N° 1999-5399 at 16:39 hours on October 26, 1993, in which the Chamber stated:

'...if the Executive Branch is empowered to set the limits of its forest patrimony, it will be through regulatory means and not legislative ones, with the due compensation for the properties over which the forest patrimony extends, since by virtue of Article 9 of the Constitution and the theory of separation of Powers, the Legislative Assembly is the only constitutional body empowered to issue laws. Therefore, when dealing with a public domain asset, it is illogical to think that the State is limited or prevented from acting to safeguard the flora and fauna of our lands.'

II. In this vein, since this action is brought against an executive decree that expanded the limits of a national park—Cocos Island—extending it to a distance of fifteen kilometers out to sea, measured from the low-tide line of the coast, it is important to determine that it does so in the full exercise of its powers, both legal and constitutional, because it concerns a public domain asset.(...)

In relation to the alleged violation of Article 3 of the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Scenic Beauties of the American Countries—approved by Law number 3763, of the first of October, nineteen hundred sixty-six—in relation to Article 7 of the Constitution, which, as it interests us, reads as follows:

"The Contracting Governments agree that the boundaries of national parks shall not be altered, and no part of them shall be alienated, except by action of the competent legislative authority. The resources existing in them shall not be exploited for commercial purposes.

The Contracting Governments agree to prohibit the hunting, killing, and capture of specimens of fauna and the destruction and collection of specimens of flora in national parks, except when done by park authorities or by order or under the supervision of them, or for duly authorized scientific investigations."

These norms must be interpreted restrictively, so that the requirement to establish the boundaries of national parks by law is only when it is to the detriment of the park, that is, when the intent is to reduce its extent, and not when the intent is to extend the boundaries of the protected zones of the State's forest patrimony. This article must be read together with Article 40 of the Forestry Law (Ley Forestal), which states:

"The area of forest reserves, protected zones, national parks, wildlife refuges, and biological reserves of the forest patrimony may only be reduced by law of the Republic, after prior corresponding technical studies that justify this measure."

This is so by virtue of the fact that the legal right being protected is the "forest resource," a term that "signifies the protection and preservation of the integrity of the natural environment," (resolution of the Constitutional Chamber number 2233-93, at nine hours thirty-six minutes on May twenty-eighth) that exists in the zone declared a national park, and that is recognized both by international legislation, by the special laws enacted for that purpose, and by the texts of the political charters. In this sense, it is Article 69 of the Political Constitution that speaks of "rational exploitation of the land," its protection being constituted as a fundamental principle (...)." (the bold is not from the original)

It is evident then that the Executive Branch cannot reduce the territorial limits of a wilderness area, but it can extend them. Hence, Decrees whose repeal or entry into force have resulted in the immediate consequence of increasing the territory of a specific protected area are constitutional.
Likewise, it was also reviewed in judgment number 2009-1056 at fourteen hours fifty-nine minutes on January twenty-eighth, two thousand nine:
"VII.- On the unconstitutionality of Articles 3°, 4°, 5°, and 7° of Decree n° 34043-MINAE.- As stated, upon the repeal of Article 6° of Executive Decree N° 16614-MAG (through Article 2° of Executive Decree no. 32753 of May 16, 2005), the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo were included within the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. However, through Article 3° of the challenged Decree, which brings the repealed Article 6° back into legal force, the urban areas of these communities were once again excluded from the boundaries of the Refuge, which implied its reduction. This situation not only violates the principle of legal reservation but also the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It violates the principle of legal reservation because, as stated, the reduction of the State's forest patrimony can only occur via legislation and not via regulation. This principle has been defined as a corollary of the principle of legality whose respect requires that certain matters be regulated exclusively by formal law, emanating from the Legislative Branch and through the procedure provided in the Constitution for the enactment of laws. This is because constitutionally certain matters have been established which, due to their importance, must obligatorily be regulated by means of a law in order to be regulated. Thus we find, for example, that the creation of taxes, the imposition of penalties, the regulation of fundamental rights, and—as in this case—the reduction of the boundaries of a protected zone of the State's forest patrimony, are all situations where the intervention of the legislator is required, because it is in the parliamentary debate where the regulation of these matters is best ensured. In this manner, when the challenged decree proceeded to reduce the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, it violates the principle of legal reservation because the reduction of such boundaries can only occur through a law duly justified for that purpose. Furthermore, the right to the environment is violated because the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo zone but also deprives the natural resources of the zone of protection by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo open to free exploitation without any restrictions whatsoever. It is evidently not the same protection that property receives when it concerns forest property. Regarding this type of property, it should be recalled that it is a different type of property with its own characteristics, particularities, and a special regime, as it is fundamentally conceived for conservation, not for production or to be part of the commerce of men. All lands considered national reserves are immediately affected for the purposes of forestry regulations, which establish a special regime applicable to all forest resources. In this manner, when the challenged decree proceeded to exclude the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo from forest property, it violates the right to the environment because such areas would fall outside the boundaries specific to forest property that tend toward conservation and not the exploitation of the property and its natural resources. All of the foregoing leads us to conclude that the mentioned Article 3° of the challenged Decree—which brings the repealed Article 6° back into legal force, reducing the boundaries of the refuge in question—is unconstitutional. In the same manner, Article 7° of the same decree is unconstitutional, as it fully repeals Executive Decree no. 32753 of May 16, 2005, which expanded the boundaries of the refuge in question. Furthermore, by connection, Articles 4° and 5° of the decree in question are unconstitutional because they directly refer to these urban areas that are being excluded from the boundaries of the Refuge, one establishing the competencies for the description of said areas (Art. 4°) and the other establishing the competence of MINAE to approve the regulatory plan for said areas (Art. 5°). In the same sense, it must be understood that Article 1° of the decree in question is unconstitutional insofar as, by ratifying the original decree creating the refuge, it does so without exempting Article 6°; by not doing so, the same situation of reduction of the refuge boundaries would occur."
In a similar vein, through judgment number 2010-13099 at fourteen hours fifty-six minutes on August fourth, two thousand ten, it resolved:

- On the reduction of protected wilderness areas.- The question to determine is whether Executive Decree 34282-TUR-MINAET-C, which rectifies, demarcates, and expands the boundaries of the Isla San Lucas National Wildlife Refuge, can modify the boundaries set forth in Article 1° A. of Executive Decree 33327-MINAE, to exclude an area equivalent to 5.5% of the total that was previously protected. In this sense, the question to determine is whether that reduction operated through an Executive Decree is constitutional, without recourse to a prior legislative act grounded in technical studies. Before resolving the issue, the Minister of Tourism points out the absence of technical studies prior to the Declaration of Isla San Lucas as a Protected Wilderness Area as provided for in Article 36 of the Organic Environmental Law, a situation that can only be corrected through a prior administrative procedure or jurisdictional proceeding—if that were appropriate—that demonstrates whether the absence of those studies vitiates the administrative act, to the point that they might undermine the protection granted to Isla San Lucas. It is clear that in this action it is not possible to assess whether the essential requirements of the administrative act were omitted before it was decreed a Protected Wilderness Area, given that it would be a matter of ordinary legality, since the possibility of challenging it for absolute nullity in the administrative and judicial channels might be time-barred or not, with the consequent limitations (Articles 172, 173 and 175 of the General Law of Public Administration); on the other hand, the Chamber must resolve based on the presumption that the National Refuge is indeed regularly established by Executive Decree No. 29277-MINAE published in La Gaceta No. 30 of February 12, 2001, and its amendments, including the challenged Decree. Moreover, the Chamber considers that the jurisprudential line must remain stable, based on the fact that there is a clear environmental interest in maintaining the formal protection of Protected Wilderness Areas. Modification of this rule should only occur through the procedure established in environmental legislation, and it is not in the interest of this Chamber to weaken a doctrine that has been strengthened over many years. The State must safeguard, once it has created and subjected various areas to the Organic Environmental Law and other special laws, the formalities established in that regulatory body.

"... it is clear that once a specific area has been declared a protected zone by an act of the State, the State cannot simply declassify it, in whole or in part, to protect other public or private interests—to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitution. However, the fact that a regulation, of whatever rank, has declared a specific area to be a protected zone does not imply the constitution of a petrified zone, in the sense that its size cannot be reduced in any way by a subsequent regulation. However, it must be kept in mind that the declaration and delimitation of a protected zone, in compliance with the provisions of Article 50 of the Constitution, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction of its size must not imply a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case. The fact that a subsequent law reduces the size of a protected zone, a forest reserve, a National Park or any other sites of environmental interest is not necessarily unconstitutional, as long as it is justified insofar as it does not imply a violation of the right to the environment.

It could be that, for various circumstances, a specific site has lost, at least in part, the environmental interest that, at the time, caused it, which, after the relevant studies have been conducted, would justify its modification or reduction, all in application of the principle of constitutional reasonability. Similarly, the initial delimitation of a protected zone—or one of another nature—could, over time, prove insufficient and, for this reason, motivate the approval of an amendment to expand its size. These are the aspects that, in the opinion of this Chamber, must be examined in the specific case of Article 71 of Law No. 7575." (Judgment No. 1998-7294).

The arguments in the three accumulated actions of unconstitutionality have as a common denominator the alleged infraction of Article 50 of the Constitution, due to the disregard of Article 38 of the Organic Environmental Law. To declare the unconstitutionality, it suffices to verify that the mandate established in this latter numeral was breached by modifying the size of the protected wilderness area. Numeral 38 indicates that: "The surface area of protected wilderness areas, natural patrimony of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure." Hence, the Executive Branch cannot reduce these areas without observing the legislative and technical procedure, which is why the Chamber partially grants the claim to annul Article 1° only insofar as it excludes from the protected area of the Isla San Lucas National Wildlife Refuge the "5.5% of the current area for the protection of cultural patrimony," the foregoing being a violation of the provisions of Articles 11, 50, and 89 of the Constitution, and not regarding the addition of the marine sector and islets, given that the Executive Branch is permitted to decree that by means of an Executive Decree.

Therefore, it is clear that in reiterated jurisprudence, this Court considers the reduction of a protected zone via regulation and not through the enactment of a law, and without technical support, to be unconstitutional.

C- ANALYSIS OF THE CLAIMS OF UNCONSTITUTIONALITY

IV.- ON THE UNCONSTITUTIONALITY OF EXECUTIVE DECREE NO. 29278-MINAE OF JANUARY 15, 2001, PUBLISHED IN LA GACETA NO. 30 OF FEBRUARY 12, 2001: The petitioner alleges that the challenged Decree modifies and reduces the boundaries of the Zona Protectora Cerro de La Carpintera, by means of a regulatory-level norm, and without a technical or scientific study to justify such a determination. The report from the Office of the Attorney General of the Republic indicates that this action should be granted only with respect to the part of the decree that orders the reduction of a sector of the protected area, because it was done by regulatory means and not through a law, and for violation of the right to enjoy a healthy environment. For its part, the Ministry of Environment and Energy considers that the challenged decree has not violated the principle of legal reservation or that of legality, as it has not diminished the level of environmental protection of the protected zone, allowing the State not to expropriate and to maintain the mixed property regime. From all the foregoing, it is the criterion of this Chamber that, indeed, the challenged decree is unconstitutional, as explained below. The Protected Zone called Cerro La Carpintera was created by decree n° 6112-A of June 23, 1976. In the SINAC report attached by the Minister, it is indicated that the main management challenge for this protected zone results from its location. La Carpintera is situated in the GAM of Costa Rica, where it is considered a geographic landmark for the San José and Cartago region. Together with the Alto de Ochomogo, La Carpintera is a place of interconnection between the two large cities. The pressure of urban expansion being the main threat to the objectives of declaring this protected area. It is further indicated that La Carpintera encompasses territories in two provinces, four cantons, and eight districts. Now, regarding its area, through the decree challenged in this action, decree n° 29278 of January 15, 2001, its boundaries were modified on the grounds that the previous delimitation included properties of great productive value for the country, as was stated:

"to modify its boundaries, in such a way as to maintain its surface area and integrity, incorporating lands of environmental importance and excluding those with productive value." (fourth considering clause of the decree)

As pointed out by the Office of the Attorney General in its report, it is clear that this decree resulted in a reduction of the Zona Protectora Cerro de la Carpintera on one hand, and on the other, an expansion of said wilderness area, as a sort of compensation to maintain the surface area and integrity of that protected zone given the reduction generated. From what was stated in the preceding considering clause, it is clear that, if the State intends the reduction of a protected wilderness area, it may only do so via legislation, and only provided that a technical criterion exists to justify the measure. The questioned Decree excludes those lands with productive value, that is, it reduces the boundaries of a protected zone such as the Zona Protectora Cerro de la Carpintera, by means of a Decree, a situation that not only violates the principle of legal reservation but also the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. The principle of legal reservation is violated because the reduction of the boundaries of the Zona Protectora de La Carpintera can only occur via legislation and not via regulation. Furthermore, the right to the environment is violated because the reduction of a Protected Zone was done without the corresponding technical support, to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, as established by the Political Constitution. It should be noted that there is no specific and technical reasoning to

determine which are, in particular, the lands that are being declassified.

It is mentioned in the justification of the decree, but the text only provides coordinates, so it is impossible to know exactly which lands are involved. All of the foregoing leads us to conclude that the challenged Decree is unconstitutional with regard to the area in which the Cerro de La Carpintera Protective Zone is reduced.

D.- CONCLUSION

          V.- Taking into account that the questioned Decree (No. 29278-MINAE of January 15, 2001, published in La Gaceta No. 30 of February 12, 2001) contemplates both the reduction and the expansion of the Cerro La Carpintera Protective Zone, the action is partially granted, solely with regard to the reduction of the area of the Cerro La Carpintera Protective Zone (when lands with productive value were excluded), remaining in force with respect to the expansion. For these purposes, the National System of Conservation Areas must, within a period of twelve months, counted from the full publication of this ruling in the Judicial Bulletin, proceed to demarcate the aforementioned expanded area.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Electronic Case File Regulation before the Judiciary," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:
The action is PARTIALLY GRANTED, consequently, the reduction of the area of the Cerro de la Carpintera Protective Zone, carried out by Decree No. 29278-MINAE of January 15, 2001, published in La Gaceta No. 30 of February 12, 2001, is annulled, leaving this decree in force only with regard to the expansion of the Cerro de la Carpintera Protective Zone. By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of this ruling in the Judicial Bulletin, to demarcate the aforementioned expanded area. This declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect to the date the norm took effect, all without prejudice to rights acquired in good faith. This judgment shall be summarized in the Official Gazette La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Notify.-

Fernando Castillo V.

Acting President

Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Marta Esquivel R.

Mauricio Chacón J. Lucila Monge P.

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