Res. 00284-2021 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Acquittal for lack of direct intent in invasion of a protection areaAbsolución por falta de dolo directo en invasión de área de protección

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 00284 - 2021

Fecha de la Resolución: 17 de Marzo del 2021 a las 12:00

Expediente: 12-004119-0305-PE

Redactado por: Adriana María Escalante Moncada

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Invasión de área de conservación o protección

Subtemas:

Necesario dolo directo.
Constituye un delito de mera actividad y no de resultado.

"III. [...] El punto en discusión en este proceso, radica en establecer si las casas construidas por el imputado invaden la zona de protección, y con ello si se configura el delito previsto en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal que establece lo siguiente: “ Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”  Este tipo penal describe una conducta dolosa, y para los efectos del caso en estudio, significa que el imputado tiene que conocer que con las obras realizadas (movimiento de tierras y construcción de las casas) se está invadiendo una zona de protección.  Por su configuración, este tipo penal no admite la comisión culposa, ya que no está prevista de forma expresa esa manera de comisión de esa conducta delictiva (artículos 30 y 31 del Código Penal).  Por ello, cualquier error que recaiga sobre el conocimiento de uno de los elementos objetivos del tipo penal, elimina la configuración dolosa de esta clase de conductas y, por ende, se excluye la tipicidad de éstas. Adicionalmente, debido a la construcción que tiene la ilicitud bajo estudio, se concluye que este tipo penal solo admite el dolo directo, ya que el autor tiene que conocer de antemano, que con sus acciones invade una zona de protección, por lo que, la comisión por dolo eventual no sería factible, ya que el dolo eventual está dirigido esencialmente a la producción del resultado (artículo 30 del Código Penal), y no al conocimiento de uno de los elementos objetivos del tipo penal. Adicionalmente, el tipo penal revisto en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, no es un delito de resultado; por el contrario, es un delito de mera actividad. Es decir, su consumación no requiere de la producción de un resultado, sino que el injusto penal se configura con las meras acciones de invadir la zona de protección."

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

                          PODER JUDICIAL                              

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN                      

           Tel: 2456-9069                        [...]                   Fax: 24569029    

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Exp: 12-004119-0305-PE

Res: 2021-00284

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las doce horas del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

 RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]  , costarricense por naturalización, cédula de identidad número CED1, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Adriana Escalante Moncada, José Alberto Rojas Chacón y Francisco Lemus Víquez. Se apersonan en apelación de sentencia, el Procurador Penal Randall Aguirre Mena y el imputado [Nombre1]   .

                                                        RESULTANDO:

 1.- Que mediante sentencia de manera oral número 63-2018 de las ocho horas del veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, resolvió:  POR TANTO: "De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y41 de la Constitución Política, 1, 30, 45, 59, 62, 71 a 74 del Código Penal; 57, 58 y 61 de la Ley Forestal número 7575, artículos 1, 360, 361, 363, 364, 365, 367 del Código Procesal Penal. Se impone absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre1]    por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL que en perjuicio de los RECURSOS NATURALES, se le venía atribuyendo. Se rechaza la solicitud de regresar las cosas a su estado anterior. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria establecida por el querellante y actor civil, la Procuraduría General de la República en contra del querellado y demandado civil [Nombre1]   . Se falla sin especial condena en le condena al pago de las costas del juicio, tanto en la parte penal como en la civil, siendo los gasto de este a cargo del Estado. Cese cualquier medida de derechos fundamentales que se hubiere dictado en contra del aquí encartado y se ordena la destrucción de la evidencia material que se haya producido en este asunto. NOTIFÍQUESE POR [Nombre2].- JUAN CARLOS CASTRO VILLALOBOS, JUEZ DE TRIBUNAL".              

 2.- El licenciado Randall Aguirre Mena, en condición de Procurador Penal, interpuso recurso de apelación de sentencia contra el fallo de instancia. Dicha impugnación fue resuelta por la Sección Segunda del Tribunal de Apelación de Sentencia, mediante el voto número 2019-264, las catorce horas veinticinco minutos del diez de abril de dos mil diecinueve, en el que se dispuso lo siguiente: “Por Tanto:Se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el representante de la Procuraduría General de la República”

 3.- Contra el anterior pronunciamiento, la Procuraduría General de la República, interpuso recurso de Casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En su libelo, el procurador Randall Aguirre Mena, interpone dos motivos de casación. El primero de ellos, relacionado a la falta errónea aplicación de un precepto legal, específicamente del artículo 25 de la ley de construcciones, lo que conllevó a la absolutoria del encartado, y consecuentemente al rechazo de la acción civil. En su segundo motivo de casación, se atacó la decisión de la Cámara de Apelación, en cuanto rechazó el tercer motivo de impugnación, mediante el que se atacaba la denegatoria por parte del Tribunal de instancia de la orden de derribo de las viviendas que están construidas en zona de protección.

 4.- La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución número 2019-01076 de las once horas diez minutos del cuatro de setiembre de dos mil diecinueve, al referirse sobre la admisibilidad del recurso de Casación resolvió lo siguiente: Por tanto. Se admite para conocimiento de fondo, el primer motivo correspondiente al recurso de casación formulado por el licenciado Randall Aguirre Mena, en calidad de representante de la Procuraduría General de la República. Se declara inadmisible la segunda queja del recurso incoado por el licenciado Aguirre Mena, así como la “solicitud especial” de condena en costas al Estado por la defensa, Notifíquese.” (cfr.folio 710) Dicha impugnación fue resuelta por la Cámara de Casación Penal mediante voto número o 2020-671 de las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del cinco de junio del año dos mil veinte, en el que se dispuso lo siguiente: “Por Tanto: Se acoge el reclamo planteado por la Procuraduría General de la República. Se anula la sentencia: N°2019-00264 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, Sección Segunda, a las 14:25 horas, del 10 de abril de 2019; y se dispone el reenvío ante esa autoridad jurisdiccional para una nueva sustanciación conforme a derecho” (cfr. folio 718 vuelto).

 Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Escalante Moncada; y,

CONSIDERANDO:

  I. Con ocasión de lo resuelto por la Sala de Casación en las resoluciones 2019-01076 y 2020-671, este Tribunal de Apelación de Sentencia, con diversa integración, entra a conocer del primer motivo de apelación formulado en el recurso planteado por la Procuraduría General de la República, en el que se ataca la fundamentación de la sentencia absolutoria y el rechazo de la prueba. Debido a la competencia material que tiene esta Cámara de Apelación, con ocasión del reenvío ordenado por la Sala de Casación Penal, no se entra a conocer del motivo titulado en el recurso de apelación como “Tercer motivo sobre el rechazo de la solicitud de derribo”, el cual, si bien se titula como tercer motivo de impugnación, siguiendo una numeración consecutiva este alegato corresponde al segundo motivo de impugnación, esto debido a que lo que la Sala de Casación, mediante la resolución número 2019-1076, declaró inadmisible los alegatos que se habían planteado contra la forma en que este Tribunal de Apelación había resuelto dicho reclamo, aspecto que entonces ya había adquirido firmeza.

II. En el motivo de apelación que ahora se conoce, el licenciado Randall Aguirre Mena, Procurador Penal, alega violación a las reglas de la sana crítica, e irrespeto a los artículos 142, 184, 363 inciso c) y d) y 459 del Código Procesal Penal. Afirma que Tribunal de instancia incurre en una errada fundamentación y hace un incorrecto análisis de la prueba derivando aspectos contrarios a la sana crítica, lo que determina la absolutoria y conllevó al rechazo de la acción civil resarcitoria. Indica que los hechos – los cuales transcribe- se circunscriben a que el imputado [Nombre1]   , en su calidad de ingeniero civil era el encargado de la construcción de cinco casas de interés social y, de forma fraudulenta, omitió informar a la Municipalidad de Poás de Alajuela de que la pendiente del lote en el que se edificarían las casas, con respecto del río Mastate era de un 53%, ello para evadir la obligación de respetar el área de protección de 50 metros respecto de la margen de dicho río. Afirma que esta omisión indujo en error a la Administración activa, quien otorgó los permisos de construcción y eso ocasionó que se realizaran movimientos de tierra y se depositara material suelto en el área de protección de ese cause, eliminando cubierta vegetal mediante el uso de un back hoe, afectando una superficie de 700 metros cuadrados. Dice que la afectación se consolidó, debido a que se continuó con la construcción de las cinco viviendas de interés social con un área cada una de 32 metros cuadrados. Especifica que el impacto ambiental se fijó en [Dirección1]¢ , lo que implica: a) costos de regeneración natural asistida (reforestación de los 700 metros cuadrados, b) Costo Social en relación a la afectación del sitio frente al valor de pérdida de paisaje y belleza escénica frente a las futuras generaciones y c) pérdida en la calidad de vida de los recursos y comunidades de especie asociadas a dicho ecosistema alterado.  Explica que la afectación del área de protección se dio en dos oportunidades, primero con el movimiento de tierra y luego con la construcción definitiva de las viviendas. Afirma que el imputado, resulta responsable como profesional a cargo de esa obra. Refiere que el Tribunal de instancia sustenta su decisión en la existencia de una duda, pero estima que, el escaso análisis intelectivo de la sentencia absolutoria invalida la decisión, tanto por insuficiente como por erróneo.  En este motivo, el apelante agrega dos subtítulos, en los que ofrece otras razones. Por encontrarse estos otros argumentos debidamente resumidos en el fallo número 2019-264, emitido por la Sección II de este Tribunal de Apelación de Sentencia, se hará uso de aquella síntesis. “En cuanto a la absolutoria del delito de invasión a un área de protección por la construcción de 5 viviendas de bien social.” (copia textual de folio 605 vuelto). Alega que en la sentencia de instancia se alude a que existía una duda sobre el alineamiento que correspondía en este caso, donde se cuestiona el de 15 metros que había establecido el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y que no se estableció por ningún otro ente administrativo otro alineamiento diferente. Objeta este argumenta, ya que indica que durante las conclusiones emitidas por parte de la Procuraduría se alegó la Ley Forestal de 1996 en el artículo 34 establece la prohibición de talar en áreas protegidas, salvo en proyectos declarados de conveniencia nacional por el Poder Ejecutivo, siendo que los alineamientos en estos casos deben ser realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Señala que es claro que a esta entidad le corresponde realizar los alineamientos pluviales conforme al artículo 33 de la Ley número 7575. Objeta que la sentencia indique que dicho alineamiento había caducado y aún así le otorga vigencia en el año 2012. Refiere que los mismos sellos de los planos catastrados expresaban que los alineamientos ahí consignados tenían una vigencia de un año (relaciona así los folios 14 a 17). Sostiene que el imputado, de forma falaz, en el debate dijo que por teléfono le habían indicado en el INVU que esos alineamiento no tenían vencimiento, argumentando que conforme al artículo 25 de la Ley de Construcciones los alineamientos no tenían vigencia, esto indica lo hizo con el afán de confundir al Tribunal, pues esa norma se refiere a los alineamientos viales que hacen Municipalidades y el MOPT, apunta que eso se debe a que la ley de construcciones es anterior a la ley forestal (artículo 18 de la ley de Construcciones).  Concluye así que para el 2012 el alineamiento dispuesto en el 2008 había vencido y quedado sin efecto. Manifiesta que el mismo Tribunal califica de “caduco” dicho alineamiento, pero objeta que argumenta que como no había otro alineamiento para el lugar de los hechos, lo procedente era la aplicación de la duda.  Sostiene que tal argumento es completamente errado y parte de premisas falsas, porque, en tal caso si el alineamiento perdió vigencia entonces los terrenos no contaban, al momento de los hechos, con un alineamiento válido emitido por la entidad competente, es decir, no existía un alineamiento pluvial válido y eficaz, incumpliendo los planos con este requisito esencial y sin ese alineamiento no se puede realizar ningún tipo de construcción. Alega así que existe prueba que establece claramente la autoría del imputado, prueba que fue omitida en su análisis por el Tribunal incurriendo en falta de fundamentación intelectiva.   Reclama que tampoco se tomó en cuenta lo referido por el testigo [Nombre3]  sobre el alineamiento que dispone que son 50 metros para estos casos. Reprocha el análisis laxo de la prueba para concluir que no es posible acreditar que el imputado tenía conocimiento de que el alineamiento debía ser diferente a los 15 metros que establecía el alineamiento de los planos y conforme a los permisos municipales, reprochando que sí se aportó prueba sobre dicho conocimiento del imputado, que no fue valorada por el Tribunal sentenciador y en ello hace recaer la falta de fundamentación.  Al respecto señala que el testigo [Nombre3]  , técnico forestal del MINAE, cuya declaración se transcribe, expresó que el día 1 de noviembre de 2012, cuando hicieron la visita al lugar de los hechos, se encontraba el imputado y que aunque este alegó lo referente a los permisos, era claro de los sellos que los mismos estaban vencidos, también se consigna que ellos le indicaron al imputado que el movimiento de tierra se encontraba dentro de los 50 metros que era lo aplicable a este caso por la pendiente del 54% de gradiente.  En lo transcrito del relato del testigo también se hace referencia a que en una segunda visita constataron la existencia de las viviendas, todas dentro de los 50 metros del área de protección. De seguido hace referencia a la declaración del imputado en donde alude a la visita de los funcionarios del MINAE y como le indicaron que el alineamiento para ellos era de 50 metros y que el que había hecho el INVU era un alineamiento de escritorio que estaba vencido.  Sostiene así que el imputado, ante la información que le estaban siendo suministrada por los funcionarios del MINAE tomó una actitud pasiva, despreocupada y lo que hizo fue retirarse unos días para su casa y esperar a que le paralizaran las construcciones, las que, conforme la transcripción del dicho del mismo imputado, ante la no concreción de la paralización de obras reanudó y concluyó las mismas. Apunta que de lo anterior es claro que pese al conocimiento que tenía sobre la imposibilidad de construir dentro del área de protección y ser el encargado del proyecto, decidió materializar el comportamiento delictivo y llevó a cabo la construcción de las cinco viviendas, argumentando como justificación el que nunca le clausuraron la obra. Objeta que el imputado, siendo advertido por los funcionarios sobre la situación, no corroboró la medida de la pendiente y decidió continuar con la construcción de las viviendas, incurriendo así, a su criterio en la responsabilidad penal que se le reclama.   Cuestiona que no se ponderó tampoco el testimonio de [Nombre4]   quien fue el funcionario que acompañó a [Nombre3]   y corrobora como éste, mediante el uso de un clinómetro, constató que la gradiente del lugar era del 54%, cosa que indica que se hizo saber al imputado como encargado de la obra. Expresa así que el imputado como arquitecto e ingeniero civil cuenta con amplia experiencia en la materia de construcción de obras, conocía la existencia detallada en el plano de una restricción a la ley forestal en el lugar, que la pendiente era observable a simple vista en el sitio, que observó el alineamiento y sabía que estaba vencido para el primero de noviembre de 2012, que ese día fue informado sobre los 50 metros del área de protección  y que tuvo el tiempo necesario para corroborar lo referente a la gradiente, que tenía conocimiento de que no podía construir ninguna edificación en ese lugar. Expresa así que conforme al artículo 33 de la Ley Forestal, en este caso en relación con el artículo 2 del Reglamento a dicha ley, es claro que al tratarse de una pendiente superior al 40%, el retiró debía ser de 50 metros y que eso lo supo el imputado antes de que se dieran las construcciones, pese a ello ejecutó la obra. Expresa así que la prueba permite establecer la autoría del imputado en el delito que se le viene atribuyendo, no obstante, el tribunal de manera infundada y en lesión a las reglas de la lógica y la derivación procede absolver, sin analizar la prueba que a su criterio establecía el conocimiento del imputado sobre que el área de protección para este caso era de 50 metros.  Alega así que se pretirió prueba testimonial y documental que establecía con claridad esos extremos y, por ende, la responsabilidad penal del aquí justiciable, así como la civil resarcitoria.  2.- En cuanto a la absolutoria del delito de invasión a un área de protección por los movimientos de tierra en el área de protección del río mastate. Relaciona el recurrente, con transcripción de la fundamentación del fallo, que en este aspecto se absuelve al imputado en aplicación de la duda, por cuanto, según se dice, los mismos funcionarios del MINAE, pese a que constataron la existencia del movimiento de tierra, no pudieron determinar si era reciente o no, además, aunque en el lugar observaron la presencia de maquinaria como lo es un Back Hoe, el mismo no estaba operando.  Se aúna a lo anterior que el mismo imputado indicó que en el momento en que él asume el proyecto y visita la propiedad ya las terrazas para construcción estaban hechas.  Sostiene el recurrente que con esa argumentación, nuevamente el juez toma como referencia las declaraciones del imputado para sustentar la duda y no analiza la prueba que determina si los hechos querellados fueron o no acreditados. Expresa que en la sentencia, el tribunal indica que los testigos [Nombre3]  y [Nombre4]  apuntaron tener duda sobre si los movimientos de tierra eran recientes o de vieja data.  Reclama que no se ponderan algunos otros aspectos del relato de estos y de la prueba, como es que del documento de folio 18 se establece que desde el 5 de setiembre de 2012 se podía iniciar la construcción y que desde ahí se establecía a [Nombre1]   como el ingeniero responsable. Relaciona que de la inspección efectuada el día 1 de noviembre de 2012 se extrae que el operario del Back Hoe se encontraba en el sitio y objeta que no se analizara el sentido de que este estuviera en lugar si no fuera para los movimientos de tierra, ubicándose en el sitio al imputado como encargado del proyecto.  Argumenta que en el lugar se encontraba maquinaria, que había movimiento reciente de tierra, que desde marzo de 2012 el imputado era el encargado del proyecto y había ido por primera vez al lugar, además indica que en el folio 1 se constata que los funcionarios del MINAE recibieron una denuncia, vía telefónica, por movimientos de tierra en el lugar.   Sostiene que, si en el lugar había maquinaria, ya fuera ese mismo día o los días previos, siendo el imputado desde setiembre el encargado del proyecto, objeta el razonamiento que sustenta la duda en cuanto a que no haya sido el imputado quién ordenó o contrató dichos trabajos. Reprocha así falta de fundamentación y violación de las reglas de la derivación al sustentar la absolutoria a favor del imputado. Sostiene que el agravio consiste en la no fundamentación de la absolutoria por duda respecto de ambos delitos de invasión de un área de protección, además de que sostiene incurre en una errada valoración de la prueba que incide no sólo en la responsabilidad penal, sino en el rechazo de la acción civil resarcitoria ocasionando un menoscabo en las pretensiones penales y civiles del Estado. Solicita se anule la sentencia y el debate que le antecedió y se proceda a ordenar un nuevo juicio.

 III. Sin lugar el reclamo formulado.  Revisada la sentencia de instancia, así como las probanzas respectivas, se concluye que existe un argumento esencial para confirmar la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Juicio de Alajuela.  Al respecto, y evaluada aquella decisión, se puede decir que el Juez de instancia, elaboró su decisión con fundamento en dos razones que son independientes entre sí.  La primera de ellas, relativa a la aplicación e interpretación del artículo 25 de la Ley de Construcciones, en relación con la normativa que contiene la Ley Forestal.  La segunda razón, estaba centrada, en la falta de demostración de una actuación dolosa por parte del imputado [Nombre1]   .  En este sentido, y en relación con el primer argumento, este Tribunal de Apelación de Sentencia, estima que, en efecto, tal y como lo indicó la Sala de Casación Penal en el voto número 2020-670, la Ley Forestal es norma posterior a la Ley de Construcciones, y es en la legislación ambiental que se establece el tamaño del área de protección, y por ende el tipo de retiro que debe respetarse para este tipo zonas que son colindantes con las laderas de los ríos.  En lo que interesa para la resolución del caso concreto, la Ley Forestal en el artículo 33 inciso b) indica lo siguiente: “b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.” Esta norma, que es especial y posterior a la Ley de Construcciones, establece que las áreas de protección son las siguientes: Áreas de protección Se declaran áreas de protección las siguientes: (…) b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado”.  De esta normativa, se establecen tres áreas de protección, una de diez metros lineales (zona urbana), otra de quince metros (zona rural), en ambos casos el terreno debe ser plano, y una tercera de cincuenta metros si el terreno es quebrado. Es claro, que para la determinación del tipo de zona de protección debe existir exactitud de si el terreno está ubicado en zona rural o urbana y si este es plano o quebrado. De igual manera, de la norma se extrae con claridad, que en terrenos quebrados el área de protección en las laderas de los ríos es de cincuenta metros.  Establecido esto, se tiene que, esta normativa es la que fija la medida que debe tener cada área de protección y, por ende, su alineamiento respectivo. Ahora bien, retomando el caso bajo examen, se tiene que, en el fallo de instancia, en uno de los argumentos se le dio prevalencia a lo que establecía el artículo 25 de la Ley de Construcciones que establece que los alineamientos que se elaboren son indefinidos, sin ponderar esa norma, en forma conjunta con lo que establecía la Ley Forestal. Ese yerro de la Cámara de instancia solo invalida esa argumentación, más no invalida la decisión de instancia de absolver al encartado [Nombre1]  , por lo siguiente.  En este caso, hay varios hechos que no son controvertidos, el primero de ellos es que a cada uno de los planos catastrados que corresponden a los lotes objeto de este asunto, se les dio un alineado de quince metros según se desprende de los folios 13 al 17. Así como que en cada lote se construyó una casa de habitación. Otro suceso demostrado, es que funcionarios del sistema de Áreas de Conservación de la Cordillera Volcánica Central, realizaron durante el mes de noviembre de 2012, una inspección, en el terreno correspondiente a dichos lotes, y determinaron que las laderas de esas propiedades eran quebradas y que al tener una pendiente promedio de 54% por cierto, el área de protección es de cincuenta metros y no de quince metros. Que, en virtud de la discrepancia existente entre el alineamiento consignados en los planos catastrados y los resultados de la inspección realizada por los funcionarios del Ministerio de Ambiente, estos últimos mediante oficio número OG-1631-2012, dirigido a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, peticionaron que se hiciera una inspección de campo y se revisara el alineamiento de quince metros otorgado a dichas propiedades (cfr. Folios 1 al 5, y folio 41). Estos hechos son relevantes, porque inciden directamente en la forma que se resolvió este proceso por parte del Tribunal de instancia. Como se lleva dicho, el Juez de instancia externó un razonamiento más para sustentar su decisión, y que es independiente al primero (alcance del artículo 25 de la Ley de Construcciones), consiste en que en este proceso no se demostró con la certeza requerida que el imputado actuara con dolo.  Este otro argumento, que es independiente del primero, resulta válido para sustentar la decisión del A quo por lo siguiente.  El punto en discusión en este proceso, radica en establecer si las casas construidas por el imputado invaden la zona de protección, y con ello si se configura el delito previsto en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal que establece lo siguiente: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”  Este tipo penal describe una conducta dolosa, y para los efectos del caso en estudio, significa que el imputado tiene que conocer que con las obras realizadas (movimiento de tierras y construcción de las casas) se está invadiendo una zona de protección.  Por su configuración, este tipo penal no admite la comisión culposa, ya que no está prevista de forma expresa esa manera de comisión de esa conducta delictiva (artículos 30 y 31 del Código Penal).  Por ello, cualquier error que recaiga sobre el conocimiento de uno de los elementos objetivos del tipo penal, elimina la configuración dolosa de esta clase de conductas y, por ende, se excluye la tipicidad de éstas. Adicionalmente, debido a la construcción que tiene la ilicitud bajo estudio, se concluye que este tipo penal solo admite el dolo directo, ya que el autor tiene que conocer de antemano, que con sus acciones invade una zona de protección, por lo que, la comisión por dolo eventual no sería factible, ya que el dolo eventual está dirigido esencialmente a la producción del resultado (artículo 30 del Código Penal), y no al conocimiento de uno de los elementos objetivos del tipo penal. Adicionalmente, el tipo penal revisto en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, no es un delito de resultado; por el contrario, es un delito de mera actividad. Es decir, su consumación no requiere de la producción de un resultado, sino que el injusto penal se configura con las meras acciones de invadir la zona de protección.  Retomando el caso bajo examen, se tiene que para el momento en que se ejecutaron los trabajos de movimiento de tierras y construcción de las viviendas, existía un alineamiento otorgado por la Dirección de Urbanismo del Instituto de Vivienda y Urbanismo, en el que se fijó un retiro de quince metros lineales en relación con el [Dirección2] . Por ello, con independencia si ese alineamiento estaba vigente o no, lo cierto es que existía un acto administrativo otorgado por el ente competente en el que se establecía que el retiro en relación con la ladera del río debía de ser de quince metros. En otras palabras, al fijarse de esta forma el retiro, se puede concluir que el área de protección, para cada uno de esos lotes quedó fijada en quince metros.  El alegato del Procurador gira en torno a que el imputado, antes de construir las casas, recibió la visita de los personeros del Área de Conservación, quienes le información, que el criterio técnico de esa oficina era que el retiro debía de ser de cincuenta metros, por ser un lote quebrado.  Si bien, la inspección de campo realizada por funcionario del Ministerio de Ambiente, Área de Conservación, es un hecho que se demostró en autos, a partir del informe que consta a folios del 1 al 5, así como con lo declarado en juicio por los funcionarios [Nombre3]   y [Nombre4]  , de estos elementos de prueba no se puede inferir con la certeza requerida que el imputado haya actuado con dolo directo al momento de construir las viviendas.  Esto es así, ya que como bien lo analizó el Juez A quo en su fallo, en debate se demostró que la entidad competente para hacer los alineamientos es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Esto quiere decir, que, aunque la Ley Forestal establezca la cantidad de metros que conforman cada área de protección (10, 15, o 50 metros), le corresponde a la Dirección de Urbanismo, para cada gestión concreta establecer el tipo de retiro y el área de protección que se aplica a cada caso en particular.  Sobre este punto declaró el funcionario Carlos Gutiérrez Santana, quien fue categórico en decir “El primero de noviembre de dos mil doce, con [Nombre4]  , nos presentamos en el sitio, conocido como San Juan norte, Cabuyal, [Dirección3]       [Nombre5] , llegamos al lugar de los hechos por una queja, por movimientos de tierra en área de protección del rio Mastate, llegamos al sitio y estaban presente el ingeniero [Nombre6]  y tres personas más, el dueño del Back hoc, el chofer y un contratista. Se les explica el motivo de la visita, nos manifiestan que tienen los permisos, pero nosotros tomamos la información de campo, se toma la pendiente promedio y nos da un cincuenta y cuatro por ciento, luego se observa que o que es para aplanar los lotes, parte de ese movimiento se está yendo para el área de protección del río mastate, hicimos y tomamos el área y procedimientos, para hace estudios en la oficina y en la oficina determinamos que el área afectada son setecientos metros cuadrados, se procede a hacer una nota al INVU para el alineamiento, porque ellos son el ente competente (…) El INVU es el que da el alineamiento; hay Municipalidades que lo hacen, pero el ente competente es el INVU (la negrita pertenece al original, confrontar sumario de prueba del fallo de instancia. Así como el oficio de folio 41) También, se acreditó que los funcionarios del Área de Conservación, de forma expresa, pidieron al INVU revisara aquel alineamiento, sin embargo, tal y como lo declaró el funcionario Carlos Gutiérrez Santana, y el imputado [Nombre1] , para la época de realización del debate, no constaba en autos, que la Dirección de Urbanismo haya emitido un criterio técnico variando el alineamiento otorgado a esos planos catastrados en el año 2008 o que haya contestado la gestión formulada por los funcionarios del Área de Conservación mediante el oficio OG-1631-2012. Esto es relevante, porque si bien, para antes de que se construyeran las casas por parte del encartado, existía una discrepancia entre el criterio de los funcionarios del Área de Conservación y los funcionarios de la Dirección de Urbanismo, en cuanto al retiro que debía respetarse en dichos terrenos, a saber, según el criterio técnico de los funcionarios del Ministerio de Ambiente debía de ser de cincuenta metros, porque los lotes tienen una pendiente superior a 54% y, según consta en el expediente de la Dirección de Urbanismo, dicho retiro es de quince metros. Y aunque esta discrepancia era conocida por el acusado, lo cierto también es que, no se demostró en autos, que para antes de que se iniciara el proceso de construcción de las casas, esa discrepancia técnica haya sido resuelta por la Dirección de Urbanismo y le fuera informado al encartado de un nuevo criterio en cuanto a las dimensiones del área de protección a respetar. De ahí que no se puede concluir, que el acusado tenía la certeza necesaria de que las casas estaban siendo construidas en el área de protección.  Este otro argumento, fue ampliamente expuesto por el Tribunal de instancia, al hacer un examen de las probanzas, y es a partir de esa ponderación establece que en este caso no se podía acreditar que el imputado actuó de forma dolosa, ya que sobre ese extremo existía una duda. En este sentido, si bien el examen de las probanzas es amplio y suficiente, es relevante traer a colación el siguiente extracto que contiene el fallo de instancia:  “Es importante indicar aquí que debemos aplicar todo lo razonado anteriormente en cuanto a que no logra determinarse la existencia del alineamiento correcto para la zona del río Mastate en cuestión; pero es que no existe prueba alguna que logra ni siquiera acercarse a que el imputado tenía conocimiento previo de que el retiro debía ser diferente a 15 metros, por el contrario, los documentos en los cuales se establecen los visados de la Municipalidad y la existencia del supuesto alineamiento de 15 metros datan de dos mil ocho, y no existe en autos un solo documento para indicar que entre esa fecha y la primera visita de los oficiales del SINAC, existiera motivo alguno para dudar del alineamiento establecido en la data dicha – 2008 -, como para que el propio imputado realizara las medidas respectivas, por el contrario, narra el imputado como es que él entra en conocimiento de ésta construcción y la forma en la que se produce su participación y en ese sentido manifestó “ Como llegue ahí. Grupo Mutual se dedica a solventar vivienda y existen aliados a la Mutual, como el caso de la empresa que trabajo, que tiene una trayectoria y desarrolla los proyectos, tienen los nombres de las compañías y se las dan a personas que quieran vender en una zona que quieren desarrollar. Yo llego así y me llama el esposo de la propietaria anterior, sea el que le vendió los lotes a los propietarios actuales, dado que mi nombre aparece en la lista dicha, así en marzo de dos mil doce, ese día me reuní con el esposo de la propietaria, para evaluar la posibilidad de que los lotes fueron presentados para desarrollar viviendas de interés social.- Cuando nosotros como Ingenieros se visita para evaluar, lo que se solicita que la propiedad ese al día, o sea que tenga el plano de castrato y que este visado, e inscrito en el registro público. Y en la parte técnica, la construcción de vivienda, sea que tenga los servicios de agua y electricidad.- Es así como en marzo visito las propiedad y el esposo de la propiedad me entrega un expediente, se encuentran estos documentos, planos de catastro, plano de catastro visados por la Municipalidad, disponibilidad de agua y electricidad uso de suelo municipal y en el caso de la Municipalidad de Poás se requiere un visado ambiental.- Todos los documentos me fueron entregados y los lotes tenían los permisos inscritos, y tenían el alineamiento del INVU, quiero enfatizar en esto que, el alineamiento data del año dos mil ocho, esto quiere decir que cuando yo no conocía las propiedad, las propiedades y catastrados que datan del dos mil ocho las propiedades fueron segregadas, inscritas ante el registro, presentadas ante la municipalidad y la municipalidad viso la propiedades, para mí como ingeniero o a cualquier otro, que la propiedad tenga el visado municipal, indica que la propiedad a cumplido con todos los requisitos” Continua el imputado aclarando “… Volvemos al punto de que estoy en el sitio, ahí verificó que los papeles indiquen todo lo que dicen esos papeles y que lo puedo constatar, puedo constatar que hay una calle pública construida, que hay servicios de agua luz y teléfono y constato que en la propiedad contigua a uno de los lotes, existe una vivienda construida. Puedo constatar además, no se quien, pero los lotes están totalmente planos, o sea que se han movido tierras porque están listos para construir…”  aquí el demandado hace mención que para marzo de dos mil doce, ya los lotes están debidamente nivelados y sobre este punto volveremos más adelante; en la lógica del análisis, continúa el imputado diciendo “… le indico al esposo de la propietaria que las propiedades son aptas para un proyecto de vivienda y se procede a presentar el proyecto ante el Grupo Mutual, que en primer caso, su deber es evaluar la vialidad de este proyecto, por medio de tres partes, una parte, que es la técnica, en el aspecto social, o sea si las familias que se presentaron y aquí presentes, cumplen para un subsidio del estado, otro departamento, que es el legal, que revisa el estado legal de las propiedad, que no hayan impedimento para poder ser presentadas, y la tercera parte, es la parte técnica en el área de ingeniería y arquitectura.- Es así como otro profesional debe realizar un informe técnico de las propiedades y del valor de las mismas, o sea el avalúo.- Es así como en este caso Luis Alfonso Ramírez, hace el avalúo, constata la información por mi presentada, constata que los lotes sean aptos para la construcción de las viviendas, y que efectivamente puedan ser presentados para el BANHVI para su aprobación…….Siguiendo con el proceso de construcción de estos lotes. La Mutual eleva los asuntos al BANVI los expedientes, o sea que es el administrador de los recursos del BANVI, sino que les otorga un crédito a los propietarios para comprar las propiedades; aquí los dineros pueden ser utilizados para la construcción de bien inmueble casa y el dinero para comparar los lotes por la mutual Alajuela, entonces esa es la posición, sea administran el recurso y otorgan el crédito para la compra de las propiedades. ….. Como llegamos al arranque de las obras, una vez que el BANVHI  aprueba los recurso y que va a dar los dineros, se tienen que solicitar los permisos de construcción, los permisos se solicitan ante la MUNICIPALIDAD que es el gobierno local, se debe de cumplir una serie de requisitos, y en todas las municipalidades son diferentes por su independencia, pero algunos son típicos a nivel nacional, como son, el plano de catastro visado, alineamientos en caso que los necesitas, un alineamiento vial si la calle es nacional, por parte del INVU otro por quebrada o rio, un uso de suelos que lo da la Muni y dice que podemos hacer en esa propiedad e indica al ingeniero municipal y cuáles las restricciones a nivel cantonal o local, en ese momento la Muni tiene un requisito más, el renovación del visado ambiental, debo ser enfático, puesto que esos visados se renuevan estos en agosto del dos mil doce, o sea que para la construcción de las viviendas no tenían ni tres meses de emitidos y si puede revisar el visado ambiental, se indica si existe una zona de protección en las propiedades y se da el USO CONFORME…”, la prueba de cargo hacen ver a esta autoridad, como desde el inicio de esta problemática, el día primero de noviembre de dos mil doce, el ingeniero imputado, aclara e intenta aclarar con los funcionarios del MINAET que el alineamiento es de 15 metros y no como lo indicaron en su visita, tanto así que incluso manifestó el encartado haberse comunicado con el departamento respectivo en el INVU y le informaron que iban a realizar una inspección; no existe en autos prueba alguna, o manera alguna de desvirtuar lo dicho por el imputado, o prueba que venga a acreditar la existencia de un conocimiento previo sobre la situación de la pendiente y que con ese conocimiento el imputado actuara fraudulentamente y siendo que en ese conocimiento previo se basa la acusación de la Procuraduría, no puede más que confirmarse lo ya indicado, una sentencia absolutoria” (copia textual de folios 560 y 561. El resaltado pertenece al original). Como se aprecia, en este argumento, el juez hace referencia a que no había prueba suficiente que permitiera llegar a la certeza requerida de que el encartado conociera que el alineamiento correcto era el de cincuenta metros que señalaba el MINAE, ya que más bien, a partir de ese criterio de dicho órgano ambiental, es que surge una controversia entre dos entidades públicas, sin que se acreditara la resolución de esa disputa técnica, y que el encartado, entonces, tuviera conocimiento, certero y actualizado, de la dimensión del área de protección que debía respetarse en esa zona.  Dicho de otra forma, la circunstancia fáctica que fue demostrada, referente a que existía un alineamiento previo elaborado por el INVU en el año 2008, con independencia si dicho alineamiento había caducado o no o si era correcto o incorrecto, establecía la dimensión del área de protección para cada lote en quince metros líneales, es decir, cualquier otra zona que estuviera fuera de esa área demarcada de quince metros no sería área de protección. Es aquí donde se aprecia la relevancia de esas probanzas, ya que inciden directamente, en el conocimiento que tenía el imputado acerca de si el área en el que se construyeron las casas era un área de protección.  Es decir, según lo analizó el Juez de instancia, al existir un alineamiento de quince metros, la tesis defensiva cobra relevancia, al aducir, de que el encartado estimó válidamente que las casas estaban fuera del área de protección.  De ahí, se tiene que, en este caso, estaríamos frente a un error de tipo, el cual tiene como resultado que no sería factible la configuración dolosa de la conducta delictiva.  Ahora bien, el estado de duda al que alude el juez, es sobre el conocimiento de uno de los elementos del tipo penal (área de protección), por parte del encartado y de ahí la decisión que se emitió en instancia de absolver al encartado.  En este orden de ideas, si el error de tipo era vencible (como lo propone la Procuraduría) o invencible, esa distinción carece de relevancia jurídica para este caso concreto, ya que el tipo penal de invasión a la zona de protección solo permite la comisión por dolo directo y, por ende, un error en uno de los elementos del tipo penal lo que produce es la atipicidad de la conducta y de ahí que, lo procedente es mantener la decisión de instancia.  En lo que respecta a la forma en que se resolvió la demanda civil por parte del A quo, esta decisión debe mantenerse por lo siguiente. En este caso, según consta en autos la acción civil interpuesta por la Procuraduría General de la República, basó la relación de hechos, en el siguiente cuadro fáctico: “1.- Que para el año 2012 el imputado [Nombre1]    se desempeñaba como ingeniero civil teniendo a su cargo la construcción de un proyecto de bienes social consistente en la fabricación de 5 casas de 42 metros cuadrados cada una, en un terreno ubicado en San Juan de Poás de Alajuela, de la Iglesia católica del lugar [Dirección4]    – propiamente entre coordenadas [Dirección5] :    , en lotes, respetivamente los cuales aparecen inscritos en el Registro Público Inmobiliario a nombre de los señores: [Nombre7]  , cédula de identidad número CED2; [Nombre8]   , cédula de identidad número CED3; [Nombre9]  , cédula de identidad número CED4; [Nombre10]  , cúedla de identidad CED5 y, [Nombre11]  , cédula de identidad CED6, con planos catastrados números A-3482491996; A-346928-119; A-346927-119; A-346926-1996 y, A-348254-1996, respectivamente en cada caso. 2.- Sin precisarse fecha ni hora exacta pero, con anterioridad al 01 de noviembre de 2012, el encartado [Nombre1]   , ejerciendo su condición de ingeniero civil encargado de las obras en el sitio descrito en el Hecho Primero, teniendo bajo sus órdenes a terceros, a sabiendas de que el área de protección de 50 metros del río Mastate por corresponderle una pendiente de 53% de inclinación y obtener fraudulentamente al omitir este dato a la Municipalidad de Poás de Alajuela dicho retiro y obtener los permisos de construcción respectivos, sin contar con los permisos del Ministerio de Salud y no indicar en la solicitud de permiso de construcción ante la Munipalidad el área de retiro de protección por la inclinación de la pendiente lo que indujo a error a la Administración activa competente, invadió el área de protección del rio Mastate al realizar movimientos de tierra y depositar el material suelto dentro de la referida área de protección y se eliminó cubierta vegetativa, mediante el uso de un Back Hoe, afectando una superficie de 700 metros cuadrados, siendo que los funcionarios del MINAE de Alajuela señores Eliden Alcazar Barahona, y Gerardo Martín Arguello Arce le advierten sobre la invasión al área de protección riberina y la suspensión de la continuidad de las obras constructivas en el sitio como medida cautelar administrativa.- 3.- Sin precisar fecha ni hora exactas, con posterioridad al 01 de noviembre de 2012 el endilgado [Nombre1]   , con pleno conocimiento y faltando al deber de probidad a sabiendas de la inclinación de la pendiente, continuando con la labor como profesional responsable del proyecto habitacional, a través de varias personas contratadas bajo sus órdenes, consolidó la invasión al área de 50 metros de protección del río Mastate el cual presenta una inclinación de 53 % de pendiente, al construir un total de 5 casas de bien social de 32 m2 cada una. 4.- Los actos materiales desplegados por el imputado generaron múltiples impactos negativos al área de protección del río Mastate y el Ambiente, los cuales fueron fijados prudencialmente en la suma de ₵ 682.986,95 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS COLONES NOVENTA Y CINCO CENTIMOS) al comprender: a) los costos de regeneración natural asistida (reforestación) de los 700 m2 afectados del área de protección; b) el Costo Social en relación a la afectación del sitio frente al valor pérdida de paisaje y belleza escénica frente a las futuras generaciones; c) perdida en la calidad de vida de los recursos y comunidades de especie asociadas a dicho ecosistema alterado, en tanto los ítems de estimación más importantes.” (copia textual de legajo de querella y acción civil). De la descripción fáctica que hace la Procuraduría, se deriva que el criterio de imputación que se utilizó para reclamar la responsabilidad civil del encartado [Nombre1]  , fue por una responsabilidad civil extracontractual subjetiva directa, por acciones dolosas realizadas por el imputado, al punto que se afirma que la actuación del imputado fue fraudulenta y que de forma consciente indujo en error a la Municipalidad para que le otorgara los permisos de construcción.  Este criterio de imputación que se plasmó en la acción civil, cobra relevancia, debido al principio de congruencia que rige la materia civil y sobre el que la Sala Tercera de Casación Penal ha indicado lo siguiente: “Conviene recordar que los criterios de imputación de responsabilidad civil que se invoquen, deben encontrarse amparados en la relación de hechos o motivos en que la acción se basa, la cual, al igual que la acusación penal, debe ser clara y específica, para permitir el ejercicio pleno del derecho de defensa de la parte demandada civil, toda vez que esa relación fáctica va a incidir de manera directa tanto en la forma en que sea contestada la demanda por la contraparte, como en el ejercicio pleno del derecho de defensa y la cuestión probatoria (ver artículos 112 del Código Procesal Penal y 290 del Código Procesal Civil). Lo anterior cobra también importancia para salvaguardar el principio de congruencia, contenidos en los numerales 99, 153 y 155 del Código Procesal Civil. Sobre el particular, el primero indica: “La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”; regulación que, para los efectos del dictado de la sentencia, también se contienen en los ordinales 153 y 155 del mismo cuerpo normativo, cuando indican: “ARTÍCULO 153.- Requisitos y denominación. Las resoluciones de los tribunales deben ser claras, precisas y congruentes; deberán expresar el tribunal que las dicta, el lugar, la hora, el día, el mes y el año en el que se dicten, y se denominarán: (…) 3) Sentencias, cuando decidan definitivamente las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda. (…)”; “ ARTÍCULO 155.- Requisitos de las sentencias. Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido. (…)” El Tribunal de Apelaciones resolvió entonces conforme la normativa civil que extraña el quejoso, al señalar que se vulneró de manera grosera el principio de congruencia y el derecho de defensa. La parte actora civil pretende ahora desconocer el principio de imputación atribuido al notario [Nombre12]   , a quien le atribuyen haber participado de una forma activa y dolosamente en el plan delictivo para apoderarse de las propiedades de los ofendidos y actores civiles, a quienes les hicieron creer que se las comprarían, logrando mediante la simulación de hechos falsos que estos firmaran las escrituras de traspaso de esos bienes. Ciertamente, resulta patente que el Juzgador, en lo que concierne a la acción civil resarcitoria es soberano -por el principio iura novit curia-, en la aplicación del derecho para el caso concreto; no obstante, no puede obviarse que su límite está circunscrito a la relación de hechos, que la acción civil contenga. Además, si bien los juzgadores tienen la potestad de aplicar otros criterios de imputación, en este caso estaban limitados por la relación de hechos contenida en el legajo de la demanda civil, siendo patente que dicha narración fáctica no describe una actuación negligente de parte de [Nombre12]  es decir, que asesorara inadecuadamente como notario a los ofendidos. En síntesis, el cuadro fáctico consignado en el documento de acción civil resarcitoria formulado por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, indica únicamente la existencia de un criterio de responsabilidad civil (imputación civil), basado en la comisión de un hecho delictivo de carácter doloso y no un actuar negligente como intentó enderezar el tribunal a quo, y del que ahora pretende aprovecharse el reclamante en esta sede, en detrimento del principio de congruencia que rige en la materia civil. En este sentido, esta Sala, en sentencia Nº 2011-0173, sobre el tema señaló: “…si no existe un hecho civil que sustente la pretensión de la acción civil no sería jurídicamente factible otorgar una reparación porque ello iría en contra el principio de congruencia (art. 99 del Código Procesal Civil). De ahí que la redacción de los hechos en la acción civil tenga una trascendencia preponderante, pues deben ser lo suficientemente completos para sustentar la pretensión de la parte. (En este sentido puede consultarse: [Nombre13], . (2010). Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos. Traducción de Daniela Accatino Seagliotti. Madrid. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. [Nombre14], Taruffo, Michele. (2008). La prueba. Madrid. Ediciones Jurídicas Sociales S.A.). Además, los hechos fijarán el marco sobre el cual se aportará la prueba (art. 317 del Código Procesal Civil)…” También ha establecido que “…en relación con la causa de pedir, se ha señalado que respecto a la acción civil el cuadro fáctico que expone la parte es el marco de acción dentro del cual debe el juzgador resolver sobre la petición del accionante…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia , Voto número 56-2006, de las nueve horas, del tres de febrero de dos mil seis, reiterado en el voto de este mismo órgano de Casación número 2012-00045, a las diez horas y cuarenta minutos del trece de enero del dos mil doce), siendo que dicho fallo señala que tanto en materia penal como en civil deben respetarse los hechos imputados a los demandados civiles, pues de ellos depende, el ejercicio pleno del derecho de defensa y de imputación.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, número 2017-00205 de las diez horas trece minutos del veintidós de marzo del dos mil diecisiete). Retomando el caso bajo examen, se tiene que el Juez de instancia, indicó lo siguiente: “En cuanto a la acción civil resarcitoria instaurada por el querellante y actor civil, la Procuraduría General de la República en contra el imputado- demandado civil [Nombre1]   , consistente en el pago como indemnización del daño ambiental a la zona protegida, debe rechazarse la misma, por cuanto esta subsiste como accesoria a lo penal, y en ese sentido se absolvió de pena y responsabilidad penal al señor [Nombre1] , en virtud del estado de duda imperante sobre la existencia de un alineamiento diferente y mayor a los quince metros, con ellos no logra determinarse y queda en duda si existió un hecho generador de los daños que fueron descritos y ante eso no es posible tomar otra decisión que denegar los aspectos civiles de este asunto penal, ello sin especial condena en costas” (copia textual del fallo de instancia). Examinada la sentencia, como la unidad lógico jurídica que es, se tiene que la denegatoria de la acción civil resarcitoria estaba directamente relacionada con el hecho de que no se pudo demostrar que el acusado tenía conocimiento de los elementos del tipo, en virtud de las inconsistencias en los alineamientos dados por dos entidades gubernamentales (SINAC e INVU) que las casas eran construidas invadiendo la zona de protección. En otras palabras, el Juez de Juicio descartó como criterio de imputación una actuación dolosa por parte del encartado, en lo que se refiere a la invasión del área de protección por la construcción de las casas. Asimismo, de la sentencia se desprende que, para el otro evento referente a la remoción de la capa de vegetación por los movimientos de tierras realizados en dichos terrenos y que afectaron él área de protección, no se demostró que fuera el encartado, quien realizó u ordenó esas labores (conclusión que es compartida por esta Cámara de Juicio), y por ello, también se le absolvió por esos otros hechos. Ahora bien, en su recurso, el Procurador, alude a una eventual actitud omisiva del encartado, de índole culposa (por no cumplir con sus deberes de forma adecuada, o por negligencia o imprudencia). No obstante, al descartarse la existencia del criterio de imputación por dolo, no sería procedente emitir una sentencia condenatoria en lo civil, por otro criterio de imputación, tal como una responsabilidad civil subjetiva directa por culpa, o una eventual responsabilidad civil objetiva, sin que se violente el principio de congruencia que rige en materia civil, así como el derecho de defensa del demandado civil. Por ello, la decisión de instancia de rechazar la acción civil es procedente y por ende se dispone mantener incólume el fallo de instancia, en los aspectos valorados en esta oportunidad por la Cámara de Apelación. En consecuencia, se declara sin lugar el motivo de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República y que sustentó la emisión de este fallo.

POR TANTO:

 Se declara sin lugar el motivo de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República y que sustentó la emisión de este fallo.  Notifíquese.

 

 

 

Adriana Escalante Moncada

 

 

 

 

 

Francisco Lemus Víquez                                  José Alberto Rojas Chacón                                                     

Jueces de Apelación de Sentencia

 

 

 

 

 

Expediente Nº 12-004119-0305-PE

Contra: [Nombre1] 

Delito: Infracción a la ley forestal

En perjuicio de: Los recursos Naturales

[Nombre15]

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:37:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

PODER JUDICIAL

SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN

Tel: 2456-9069 [...] Fax: 24569029

__________________________________________________________________________________________

Case No.: 12-004119-0305-PE

Ruling: 2021-00284

SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, FIRST SECTION. San Ramón, at twelve o'clock on March seventeenth, two thousand twenty-one.

SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Name1], Costa Rican by naturalization, identity card number CED1, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judges Adriana Escalante Moncada, José Alberto Rojas Chacón, and Francisco Lemus Víquez participate in deciding the appeal. Appearing for the sentence appeal are the Criminal Prosecutor Randall Aguirre Mena and the defendant [Name1].

WHEREAS:

1.- That by oral judgment number 63-2018 at eight o'clock on January twenty-six, two thousand eighteen, the Trial Court of the First Judicial Circuit of Alajuela resolved: THEREFORE: "In accordance with the foregoing, articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 30, 45, 59, 62, 71 to 74 of the Penal Code; 57, 58, and 61 of the Forestry Law number 7575, articles 1, 360, 361, 363, 364, 365, 367 of the Code of Criminal Procedure. [Name1] is acquitted of all penalty and liability for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW that he had been charged with to the detriment of NATURAL RESOURCES. The request to return things to their prior state is denied. The civil action for compensation brought by the complainant and civil plaintiff, the Office of the Attorney General of the Republic, against the defendant and civil defendant [Name1] is dismissed. No special costs are awarded for the trial costs, both in the criminal and civil aspects, with the expenses thereof being borne by the State. Any measures on fundamental rights that may have been ordered against the herein accused are hereby lifted, and the destruction of any material evidence produced in this matter is ordered. NOTIFY BY [Name2].- JUAN CARLOS CASTRO VILLALOBOS, TRIAL JUDGE".

2.- Licensed attorney Randall Aguirre Mena, in his capacity as Criminal Prosecutor, filed a sentence appeal against the lower court's decision. Said challenge was resolved by the Second Section of the Sentence Appeals Court, by vote number 2019-264, at fourteen hours twenty-five minutes on April tenth, two thousand nineteen, which ordered the following: "Therefore: The sentence appeal filed by the representative of the Office of the Attorney General of the Republic is denied."

3.- Against the preceding ruling, the Office of the Attorney General of the Republic filed a Cassation Appeal before the Third Chamber of the Supreme Court of Justice. In his brief, prosecutor Randall Aguirre Mena raises two grounds for cassation. The first, related to the erroneous application of a legal precept, specifically article 25 of the Construction Law, which led to the acquittal of the defendant, and consequently to the dismissal of the civil action. In his second ground for cassation, the decision of the Appeals Chamber was challenged, insofar as it rejected the third ground for challenge, through which the Trial Court's denial of the order to demolish the houses built in the protection zone (zona de protección) was attacked.

4.- The Third Chamber of the Supreme Court of Justice, by resolution number 2019-01076 at eleven hours ten minutes on September fourth, two thousand nineteen, when ruling on the admissibility of the Cassation Appeal, resolved the following: Therefore. The first ground corresponding to the cassation appeal filed by licensed attorney Randall Aguirre Mena, as representative of the Office of the Attorney General of the Republic, is admitted for a hearing on the merits. The second complaint of the appeal brought by licensed attorney Aguirre Mena is declared inadmissible, as well as the defense's "special request" for costs against the State. Notify." (cf. folio 710). This challenge was resolved by the Criminal Cassation Chamber by vote number 2020-671 at nine hours and forty-eight minutes on June fifth, two thousand twenty, in which it was ordered: "Therefore: The claim raised by the Office of the Attorney General of the Republic is upheld. Judgment No. 2019-00264 of the Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, Second Section, at 14:25 hours on April 10, 2019, is annulled; and remand is ordered before that jurisdictional authority for a new proceeding in accordance with law" (cf. folio 718 verso).

Authored by Sentence Appeals Judge Escalante Moncada; and,

CONSIDERING:

I. On the occasion of the decisions made by the Cassation Chamber in resolutions 2019-01076 and 2020-671, this Sentence Appeals Court, with a different panel, proceeds to hear the first ground of appeal raised in the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic, which challenges the reasoning of the acquittal judgment and the rejection of evidence. Due to the material jurisdiction of this Appeals Chamber, on the occasion of the remand ordered by the Criminal Cassation Chamber, the ground titled in the appeal as "Third ground regarding the rejection of the demolition request" is not addressed. Although it is titled as the third ground for challenge, following a consecutive numbering, this argument corresponds to the second ground for challenge. This is because the Cassation Chamber, by resolution number 2019-1076, declared inadmissible the arguments that had been raised against the manner in which this Appeals Court had resolved said claim, an aspect which had therefore already become final.

II. In the ground of appeal now under consideration, licensed attorney Randall Aguirre Mena, Criminal Prosecutor, alleges a violation of the rules of sound judgment (sana crítica), and disregard for articles 142, 184, 363 subsection c) and d), and 459 of the Code of Criminal Procedure. He asserts that the Trial Court incurred in erroneous reasoning and made an incorrect analysis of the evidence, deriving aspects contrary to sound judgment, which led to the acquittal and resulted in the dismissal of the civil action for compensation. He states that the facts—which he transcribes—are limited to the defendant [Name1], in his capacity as a civil engineer, being in charge of the construction of five social-interest houses and fraudulently omitted to inform the Municipality of Poás de Alajuela that the slope of the lot where the houses would be built, relative to the Mastate River, was 53%, in order to evade the obligation to respect the protection zone (zona de protección) of 50 meters from the bank of said river. He asserts that this omission misled the active Administration, which granted the construction permits, and this caused earthworks (movimientos de tierra) and the depositing of loose material in the protection zone of that watercourse, eliminating vegetation cover (cubierta vegetal) by using a backhoe, affecting an area of 700 square meters. He states that the impact was consolidated because the construction of the five social-interest houses continued, each with an area of 32 square meters. He specifies that the environmental impact was set at [Address1]¢, which implies: a) costs of assisted natural regeneration (reforestation of the 700 square meters), b) Social Cost in relation to the impact on the site versus the loss of landscape value and scenic beauty for future generations, and c) loss in the quality of life of the resources and communities of species associated with this altered ecosystem. He explains that the impact on the protection zone occurred on two occasions, first with the earthworks and later with the definitive construction of the houses. He asserts that the defendant is responsible as the professional in charge of that project. He states that the Trial Court based its decision on the existence of doubt, but he believes that the scant intellectual analysis in the acquittal judgment invalidates the decision, both for being insufficient and erroneous. In this ground, the appellant adds two sub-headings, in which he offers other reasons. Since these other arguments are duly summarized in ruling number 2019-264, issued by Section II of this Sentence Appeals Court, that summary will be used. "Regarding the acquittal for the crime of invasion of a protection area (área de protección) by the construction of 5 social-welfare houses." (verbatim copy from folio 605 verso). He alleges that the trial judgment refers to there being doubt about the applicable building alignment (alineamiento) in this case, where the 15-meter alignment that had been established by the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) is questioned, and that no other administrative entity established a different alignment. He objects to this argument, noting that during the conclusions issued by the Office of the Attorney General of the Republic, the Forestry Law (Ley Forestal) of 1996, article 34, was cited, which establishes the prohibition of logging in protected areas, except in projects declared of national convenience by the Executive Branch, and that the alignments in these cases must be carried out by the National Institute of Housing and Urbanism. He points out that it is clear that this entity is responsible for carrying out pluvial alignments (alineamientos pluviales) in accordance with article 33 of Law number 7575. He objects that the judgment indicates that said alignment had expired and yet grants it validity in 2012. He states that the stamps on the cadastral plans themselves expressed that the alignments recorded therein had a validity of one year (thus linking folios 14 to 17). He maintains that the defendant, falsely, stated during the debate that he had been told by phone at INVU that those alignments had no expiration, arguing that under article 25 of the Construction Law, alignments had no validity. He indicates this was done with the intention of confusing the Court, since that rule refers to road alignments (alineamientos viales) made by Municipalities and the MOPT. He notes that this is because the Construction Law predates the Forestry Law (article 18 of the Construction Law). He concludes that by 2012 the alignment ordered in 2008 had expired and become ineffective. He states that the Court itself describes said alignment as "lapsed," but objects that it argues that since there was no other alignment for the location of the events, the application of doubt was appropriate. He maintains that such reasoning is completely erroneous and based on false premises, because in such a case, if the alignment lost its validity, then the lands did not have, at the time of the events, a valid alignment issued by the competent entity. That is, there was no valid and effective pluvial alignment, the plans thus failing to meet this essential requirement, and without that alignment, no type of construction can be carried out. He thus alleges that there is evidence clearly establishing the defendant's authorship, evidence that was omitted from analysis by the Court, thereby incurring a lack of intellectual reasoning. He claims that the testimony of witness [Name3] regarding the alignment, which states that it is 50 meters for these cases, was also not taken into account. He criticizes the lax analysis of the evidence to conclude that it is not possible to prove that the defendant was aware that the alignment should have been different from the 15 meters established by the alignment on the plans and according to the municipal permits, objecting that evidence was indeed presented regarding said knowledge by the defendant, which was not assessed by the sentencing Court, and he attributes the lack of reasoning to this. In this regard, he points out that witness [Name3], forest technician of MINAE, whose statement is transcribed, expressed that on November 1, 2012, when they visited the location of the events, the defendant was present, and although the latter alleged matters regarding the permits, it was clear from the stamps that they were expired. It is also recorded that they indicated to the defendant that the earthworks were within the 50 meters, which was what was applicable to this case due to the slope gradient of 54%. In the transcribed part of the witness's account, reference is also made to a second visit where they verified the existence of the houses, all within the 50 meters of the protection zone. He continues by referring to the defendant's statement, where he mentions the visit by MINAE officials and how they indicated that the alignment for them was 50 meters, and that the one INVU had done was a desk alignment that was expired. He thus maintains that the defendant, faced with the information being provided by the MINAE officials, took a passive, unconcerned attitude, and what he did was leave for a few days to his home and wait for them to halt the constructions. These constructions, as per the transcription of the defendant's own words, in the absence of a concrete work stoppage, were resumed and completed by him. He points out that from the foregoing, it is clear that despite his knowledge of the impossibility of building within the protection zone and being the person in charge of the project, he decided to carry out the criminal behavior and undertook the construction of the five houses, arguing as justification that the work was never shut down. He objects that the defendant, having been warned by the officials about the situation, did not verify the measurement of the slope and decided to continue with the construction of the houses, thus incurring, in his view, the criminal liability claimed against him. He questions that the testimony of [Name4] was not weighed either, who was the official who accompanied [Name3] and corroborates how he, through the use of a clinometer, verified that the gradient of the place was 54%, which he indicates was made known to the defendant as the person in charge of the project. He thus states that the defendant, as an architect and civil engineer, has extensive experience in the field of construction works, knew of the detailed existence on the plan of a restriction related to the Forestry Law at the location, that the slope was observable to the naked eye on the site, that he observed the alignment and knew it was expired by November 1, 2012, that on that day he was informed about the 50 meters of the protection zone, and that he had the necessary time to corroborate the gradient, and that he had knowledge that he could not build any building in that place. He thus expresses that, in accordance with article 33 of the Forestry Law, in this case in relation to article 2 of the Regulation to said law, it is clear that since it involves a slope greater than 40%, the setback (retiro) should have been 50 meters, and that the defendant knew this before the constructions took place; despite this, he executed the project. He thus expresses that the evidence allows establishing the defendant's authorship in the crime he is charged with; however, the court, in an unfounded manner and in violation of the rules of logic and derivation, proceeds to acquit, without analyzing the evidence that, in his view, established the defendant's knowledge that the protection zone for this case was 50 meters. He alleges that testimonial and documentary evidence that clearly established these aspects, and thus the criminal liability of the person here justiciable, as well as the civil liability for compensation, was disregarded. 2.- Regarding the acquittal for the crime of invasion of a protection area for the earthworks in the protection zone of the Mastate River. The appellant relates, with transcription of the ruling's reasoning, that on this aspect the defendant was acquitted on the basis of doubt, since, it is said, the MINAE officials themselves, despite verifying the existence of the earthworks, could not determine whether they were recent or not; furthermore, although they observed the presence of machinery such as a backhoe on the site, it was not operating. To this is added that the defendant himself indicated that at the time he took over the project and visited the property, the terraces for construction were already made. The appellant maintains that with this reasoning, the judge again takes the defendant's statements as a reference to support doubt and does not analyze the evidence that determines whether the alleged facts were proven or not. He states that in the judgment, the court indicates that witnesses [Name3] and [Name4] stated they had doubts about whether the earthworks were recent or old. He complains that certain other aspects of their accounts and of the evidence are not weighed, such as that document folio 18 establishes that construction could begin as of September 5, 2012, and that from that point [Name1] was designated as the responsible engineer. He relates that from the inspection carried out on November 1, 2012, it can be inferred that the backhoe operator was on the site, and he objects that the significance of him being there, if not for the earthworks, was not analyzed, placing the defendant at the site as the person in charge of the project. He argues that there was machinery on the site, that there was recent earth movement, that since March 2012 the defendant was in charge of the project and had gone to the place for the first time, and he also indicates that folio 1 confirms that MINAE officials received a report, by phone, about earthworks at the location. He maintains that, if there was machinery on the site, whether that same day or the preceding days, and the defendant had been in charge of the project since September, he objects to the reasoning that supports doubt regarding whether the defendant ordered or contracted said works. He thus criticizes the lack of reasoning and violation of the rules of derivation in upholding the acquittal in favor of the defendant. He maintains that the grievance consists of the lack of reasoning for the acquittal based on doubt regarding both crimes of invasion of a protection zone, in addition to asserting that it incurs an erroneous assessment of the evidence that affects not only criminal liability but also the dismissal of the civil action for compensation, causing detriment to the criminal and civil claims of the State. He requests that the judgment and the preceding debate be annulled and a new trial be ordered.

III. The claim raised is denied. Upon reviewing the trial judgment, as well as the respective evidence, it is concluded that there is an essential argument to confirm the acquittal judgment issued by the Trial Court of Alajuela. In this regard, and having evaluated that decision, it can be said that the Trial Judge elaborated his decision based on two reasons that are independent of each other. The first, relating to the application and interpretation of article 25 of the Construction Law, in relation to the regulations contained in the Forestry Law. The second reason was centered on the lack of demonstration of an intentional (dolosa) action by the defendant [Name1]. In this sense, and in relation to the first argument, this Sentence Appeals Court finds that, indeed, as indicated by the Criminal Cassation Chamber in vote number 2020-670, the Forestry Law is a later statute than the Construction Law, and it is in the environmental legislation that the size of the protection zone, and therefore the type of setback (retiro) that must be respected for these types of areas adjacent to river banks, is established. With regard to the resolution of the specific case, the Forestry Law in article 33 subsection b) states the following: "b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, along the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and of fifty horizontal meters, if the land is steep." This rule, which is special and later than the Construction Law, establishes that the protection zones are the following: Protection areas: The following are declared protection areas: (...) b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, along the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and of fifty horizontal meters, if the land is steep. From this regulation, three protection zones are established: one of ten linear meters (urban area), another of fifteen meters (rural area), in both cases the land must be flat, and a third of fifty meters if the land is steep. It is clear that to determine the type of protection zone, there must be precision as to whether the land is located in a rural or urban area and whether it is flat or steep. Similarly, it is clearly extracted from the rule that on steep terrain, the protection zone along river banks is fifty meters. This being established, it is understood that this regulation is what sets the measurement that each protection zone must have, and therefore, its respective alignment. Now, returning to the case under review, it is noted that in the trial ruling, one of the arguments gave prevalence to what article 25 of the Construction Law established, which states that the alignments prepared are indefinite, without weighing that rule jointly with what the Forestry Law established. That error by the trial Chamber only invalidates that reasoning, but does not invalidate the trial decision to acquit the accused [Name1], for the following reason. In this case, there are several facts that are not in dispute. The first is that each of the cadastral plans corresponding to the lots subject to this matter was given a fifteen-meter alignment, as shown in folios 13 through 17. As well as that a dwelling house was built on each lot. Another proven event is that officials from the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area system conducted an inspection during November 2012 on the land corresponding to those lots, and determined that the banks of those properties were steep and that having an average slope of 54%, the protection zone is fifty meters and not fifteen meters. That, by virtue of the discrepancy between the alignment recorded on the cadastral plans and the results of the inspection conducted by officials of the Ministry of Environment, the latter, through official communication number OG-1631-2012, addressed to the Urbanism Directorate of the National Institute of Housing and Urbanism, requested that a field inspection be carried out and the fifteen-meter alignment granted to those properties be reviewed (cf. Folios 1 through 5, and folio 41). These facts are relevant because they directly affect how this process was resolved by the Trial Court. As has been stated, the Trial Judge set forth an additional reasoning to support his decision, which is independent of the first one (the scope of article 25 of the Construction Law): it consists of the fact that in this process, it was not proven with the required certainty that the defendant acted with intent (dolo). This other argument, which is independent of the first, is valid to support the decision of the lower court for the following reason. The point under discussion in this process lies in establishing whether the houses built by the defendant invade the protection zone, and thereby whether the crime provided for in article 58 subsection a) of the Forestry Law is constituted, which establishes the following: "Prison of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades a conservation area (área de conservación) or protection area (área de protección), whatever its management category, or other areas of forests or lands subject to the forestry regime, whatever the area occupied; regardless of whether they are private lands of the State or other organisms of the Public Administration or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall not be entitled to any compensation for any construction or work they may have carried out on the invaded lands." This criminal type describes an intentional (dolosa) conduct, and for the purposes of the case under study, it means that the defendant must be aware that the works carried out (earthworks and construction of the houses) are invading a protection zone. Due to its configuration, this criminal type does not admit negligent (culposa) commission, since that manner of commission of this criminal conduct is not expressly provided for (articles 30 and 31 of the Penal Code). Therefore, any error that falls upon the knowledge of one of the objective elements of the criminal type eliminates the intentional configuration of this class of conducts and, consequently, the typical nature of these is excluded. Additionally, due to the structure of the wrongdoing under study, it is concluded that this criminal type only admits direct intent (dolo directo), since the perpetrator must know beforehand that his actions invade a protection zone. Therefore, commission by eventual intent (dolo eventual) would not be feasible, since eventual intent is essentially directed at the production of the result (article 30 of the Penal Code), and not at the knowledge of one of the objective elements of the criminal type. Additionally, the criminal type provided for in article 58 subsection a) of the Forestry Law is not a result crime; on the contrary, it is a crime of mere activity. That is, its consummation does not require the production of a result; rather, the criminal wrong is constituted by the mere actions of invading the protection zone.

Returning to the case under examination, it is established that at the time the earthworks (movimientos de tierras) and housing construction were carried out, there existed a building line (alineamiento) granted by the Urban Planning Directorate of the Instituto de Vivienda y Urbanismo, in which a fifteen-linear-meter setback (retiro) was fixed in relation to [Dirección2]. For this reason, regardless of whether that building line was in force or not, the truth is that there was an administrative act issued by the competent entity establishing that the setback in relation to the riverbank should be fifteen meters. In other words, by fixing the setback in this manner, one can conclude that the protection area, for each of those lots, was fixed at fifteen meters. The Procurator's argument revolves around the fact that the defendant, before building the houses, received a visit from personnel of the Conservation Area, who informed him that the technical opinion of that office was that the setback should be fifty meters, because it is a steeply sloping lot. Although the field inspection conducted by an official of the Ministry of Environment, Conservation Area, is a fact that was demonstrated in the case file, from the report appearing on folios 1 through 5, as well as from the testimony given at trial by officials [Nombre3] and [Nombre4], from these evidentiary elements one cannot infer with the required certainty that the defendant acted with direct intent (dolo directo) at the time of constructing the houses. This is so because, as the A quo Judge properly analyzed in his ruling, it was demonstrated in the debate that the competent entity for making building lines is the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. This means that, even though the Forest Law (Ley Forestal) establishes the number of meters that constitute each protection area (10, 15, or 50 meters), it falls to the Urban Planning Directorate, for each specific administrative procedure, to establish the type of setback and the protection area applicable to each particular case. On this point, official Carlos Gutiérrez Santana testified, and he was categorical in stating: “On November first, two thousand twelve, with [Nombre4], we appeared at the site, known as San Juan norte, Cabuyal, [Dirección3] [Nombre5], we arrived at the place of the facts due to a complaint, for earthworks in the protection area of the Mastate river, we arrived at the site and the engineer [Nombre6] and three other people were present, the owner of the Backhoe, the driver, and a contractor. The reason for the visit is explained to them, they tell us that they have the permits, but we take the field information, the average slope is taken and it gives us fifty-four percent, then it is observed that what is for leveling the lots, part of that movement is going into the protection area of the Mastate river, we took and measured the area and procedures, to do studies in the office and in the office we determined that the affected area is seven hundred square meters, we proceed to send a note to the INVU for the building line, because they are the competent entity (…) The INVU is the one that issues the building line; there are Municipalities that do it, but the competent entity is the INVU (the bold text belongs to the original, compare the summary of evidence of the trial court ruling, as well as the official communication on folio 41). It was also established that the officials of the Conservation Area expressly requested the INVU to review that building line; however, as declared by official Carlos Gutiérrez Santana and the defendant [Nombre1], at the time the debate took place, it did not appear in the case file that the Urban Planning Directorate had issued a technical opinion changing the building line granted on those cadastral plans in the year 2008 or that it had responded to the request made by the officials of the Conservation Area through official communication OG-1631-2012. This is relevant because, although before the houses were built by the accused, there existed a discrepancy between the opinion of the Conservation Area officials and the officials of the Urban Planning Directorate regarding the setback that had to be respected on said lands, namely, according to the technical opinion of the Ministry of Environment officials it had to be fifty meters, because the lots have a slope greater than 54%, and, as shown in the file of the Urban Planning Directorate, said setback is fifteen meters. And even though this discrepancy was known to the accused, the truth also is that it was not demonstrated in the case file that, before the housing construction process began, that technical discrepancy had been resolved by the Urban Planning Directorate and that the accused had been informed of a new opinion regarding the dimensions of the protection area to be respected. Hence, it cannot be concluded that the accused had the necessary certainty that the houses were being built in the protection area. This other argument was extensively set forth by the trial court, upon examining the evidence, and it is based on that weighing that it establishes that in this case it could not be proven that the defendant acted intentionally (dolosamente), since a doubt existed on that point. In this regard, while the examination of the evidence is broad and sufficient, it is relevant to bring up the following excerpt contained in the trial court ruling: “It is important to indicate here that we must apply everything reasoned above in that it cannot be determined the existence of the correct building line for the Mastate river area in question; but there is absolutely no evidence that even comes close to showing that the defendant had prior knowledge that the setback had to be different from 15 meters, on the contrary, the documents establishing the approvals (visados) of the Municipality and the existence of the supposed 15-meter building line date from two thousand eight, and there is not a single document in the case file to indicate that between that date and the first visit of the SINAC officials, there was any reason whatsoever to doubt the building line established on said date – 2008 – such that the defendant himself would have taken the respective measurements. On the contrary, the defendant narrates how it is that he became aware of this construction and the manner in which his participation occurred, and in that sense he stated: ‘How I got there. Grupo Mutual is dedicated to providing housing solutions and there exist allies of the Mutual, as is the case of the company I work for, which has a track record and develops projects, they have the names of the companies and they give them to people who want to sell in an area they want to develop. I arrive in this way and the husband of the previous owner, that is, the one who sold the lots to the current owners, calls me, since my name appears on the said list, so in March of two thousand twelve, that day I met with the husband of the previous owner, to evaluate the possibility that the lots could be presented to develop low-income housing (viviendas de interés social). When we as Engineers visit to evaluate, what is requested is that the property be up to date, that is, that it has the cadastral plan and that it be approved and registered in the public registry. And on the technical side, the housing construction, that is, that it have water and electricity services. It is in this way that in March I visit the property and the husband of the owner gives me a file, these documents are found, cadastral plans, cadastral plan approved by the Municipality, availability of water and electricity, municipal land use (uso de suelo municipal) and in the case of the Municipality of Poás an environmental approval is required. All the documents were given to me and the lots had the registered permits, and they had the building line from the INVU, I want to emphasize this, the building line dates from the year two thousand eight, this means that when I did not yet know the properties, the properties and cadastral plans dating from two thousand eight, the properties were segregated, registered before the registry, presented before the municipality and the municipality approved the properties. For me as an engineer or for anyone else, that the property has municipal approval indicates that the property has complied with all the requirements.’ The defendant continues, clarifying: ‘… We return to the point that I am at the site, there I verify that the papers indicate everything those papers say and that I can verify it, I can verify that there is a built public street, that there are water, electricity, and telephone services, and I verify that on the property adjacent to one of the lots, there is a built house. I can also verify, I don't know who, but the lots are completely flat, that is, earth has been moved because they are ready to build on…’ Here the accused mentions that by March of two thousand twelve, the lots are already duly leveled, and we will return to this point later; in the logic of the analysis, the defendant continues saying: ‘… I tell the husband of the previous owner that the properties are suitable for a housing project and we proceed to present the project before Grupo Mutual, which, in the first instance, its duty is to evaluate the feasibility of this project, through three parts, one part, which is the technical part, the social aspect, that is, whether the families that were presented and those here present, qualify for a state subsidy, another department, which is the legal one, which reviews the legal status of the properties, that there be no impediment to them being presented, and the third part, is the technical part in the area of engineering and architecture. It is in this way that another professional must prepare a technical report on the properties and their value, that is, the appraisal. It is in this way that in this case Luis Alfonso Ramírez does the appraisal, verifies the information presented by me, verifies that the lots are suitable for the construction of the houses, and that they can indeed be presented to the BANHVI for its approval…… Continuing with the construction process of these lots. The Mutual elevates the matters to the BANHVI the files, that is, it is the administrator of the BANHVI resources, and grants a credit to the owners to purchase the properties; here the money can be used for the construction of the real property, house, and the money to purchase the lots by the Alajuela Mutual, so that is the position, that is, they administer the resource and grant the credit for the purchase of the properties. ….. How we arrived at the start of the works, once the BANHVI approves the resources and is going to give the money, the construction permits must be requested, the permits are requested before the MUNICIPALITY which is the local government, a series of requirements must be met, and in all municipalities they are different due to their independence, but some are typical at the national level, such as, the approved cadastral plan, building lines in case you need them, a road building line if the street is national, on the part of the INVU another due to a stream (quebrada) or river, a land use which is given by the Muni and says what we can do on that property and indicates to the municipal engineer what the restrictions are at the cantonal or local level. At that time, the Muni had one more requirement, the renewal of the environmental approval, I must be emphatic, since those approvals are renewed in August of two thousand twelve, that is, for the construction of the houses they were not even three months old when issued, and you can review the environmental approval, it indicates if there is a protection zone on the properties and gives the CONFORME USE…’ The evidence for the prosecution makes this authority see how, from the beginning of this problem on the first day of November of two thousand twelve, the defendant engineer clarifies and attempts to clarify with the MINAET officials that the building line is 15 meters and not as they indicated on their visit, so much so that the accused even stated he had communicated with the respective department at the INVU and they informed him they were going to conduct an inspection. There is absolutely no evidence in the case file, or any way to contradict what was said by the defendant, or evidence that comes to prove the existence of prior knowledge about the slope situation and that with that knowledge the defendant acted fraudulently, and since the Procurator's Office's accusation is based on that prior knowledge, nothing more can be done than to confirm what was already indicated, an acquittal judgment” (textual copy of folios 560 and 561. The highlighting belongs to the original). As can be seen, in this argument, the judge refers to the fact that there was not sufficient evidence to allow reaching the required certainty that the accused knew that the correct building line was the fifty meters indicated by the MINAE, since rather, it was from that opinion of said environmental body that a controversy between two public entities arose, without it being proven that this technical dispute had been resolved, and that the accused, therefore, had certain and updated knowledge of the dimension of the protection area that had to be respected in that zone. Stated differently, the factual circumstance that was demonstrated, referring to the existence of a prior building line prepared by the INVU in the year 2008, regardless of whether said building line had expired or not or whether it was correct or incorrect, established the dimension of the protection area for each lot at fifteen linear meters, that is, any other zone that was outside that demarcated fifteen-meter area would not be a protection area. It is here that the relevance of those evidentiary elements is appreciated, since they directly affect the knowledge the defendant had regarding whether the area where the houses were built was a protection area. That is, as analyzed by the trial judge, given the existence of a fifteen-meter building line, the defense theory becomes relevant, by alleging that the accused validly estimated that the houses were outside the protection area. Hence, one concludes that, in this case, we would be facing a mistake of fact (error de tipo), which has the result that the intentional commission of the criminal conduct would not be feasible. Now, the state of doubt to which the judge alludes concerns the knowledge of one of the elements of the criminal statute (protection area), on the part of the accused, and hence the decision issued at trial to acquit the accused. In this vein, whether the mistake of fact was avoidable (as the Procurator's Office proposes) or unavoidable, that distinction lacks legal relevance for this specific case, since the criminal statute of illegal occupation of a protection zone (invasión a la zona de protección) only allows commission by direct intent (dolo directo) and, therefore, a mistake regarding one of the elements of the criminal statute produces the atypical nature of the conduct and hence, the proper course is to uphold the trial court decision. As regards the manner in which the civil claim (demanda civil) was resolved by the A quo, this decision must be upheld for the following reasons. In this case, as shown in the case file, the civil action brought by the Procuraduría General de la República based its statement of facts on the following factual framework: “1. That by the year 2012 the defendant [Nombre1] was working as a civil engineer having under his charge the construction of a social housing project consisting of the fabrication of 5 houses of 42 square meters each, on a plot of land located in San Juan de Poás de Alajuela, from the Catholic church of the place [Dirección4]– properly between coordinates [Dirección5]: , on lots, respectively, which appear registered in the Public Real Estate Registry in the name of the following persons: [Nombre7], identity card number CED2; [Nombre8], identity card number CED3; [Nombre9], identity card number CED4; [Nombre10], identity card number CED5 and, [Nombre11], identity card number CED6, with cadastral plans numbers A-3482491996; A-346928-119; A-346927-119; A-346926-1996 and, A-348254-1996, respectively in each case. 2. Without specifying an exact date or time but, prior to November 01, 2012, the accused [Nombre1], exercising his condition as a civil engineer in charge of the works at the site described in Fact One, having third parties under his orders, knowing that the protection area of the Mastate River was 50 meters because it corresponds to a slope of 53% inclination and obtaining fraudulently by omitting this data from the Municipality of Poás de Alajuela said setback and obtaining the respective construction permits, without having the permits from the Ministry of Health and not indicating in the construction permit application before the Municipality the protection setback area due to the inclination of the slope, which induced the competent active Administration into error, invaded the protection area of the Mastate River by carrying out earthworks and depositing loose material within the referred protection area and vegetative cover was eliminated, through the use of a Back Hoe, affecting a surface area of 700 square meters, with the MINAE officials of Alajuela, Messrs. Eliden Alcazar Barahona, and Gerardo Martín Arguello Arce warning him about the invasion of the riparian protection area and the suspension of the continuation of the construction works at the site as an administrative precautionary measure. 3. Without specifying exact dates or times, after November 01, 2012, the accused [Nombre1], with full knowledge and failing in the duty of probity, knowing the slope inclination, continuing the work as the professional responsible for the housing project, through various persons contracted under his orders, consolidated the invasion into the 50-meter protection area of the Mastate River, which has a slope inclination of 53%, by constructing a total of 5 low-income houses of 32 m2 each. 4. The material acts carried out by the defendant generated multiple negative impacts on the protection area of the Mastate River and the Environment, which were prudentially set at the sum of ₵ 682,986.95 (SIX HUNDRED EIGHTY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-SIX COLONES AND NINETY-FIVE CENTS) by comprising: a) the costs of assisted natural regeneration (reforestation) of the 700 m2 affected of the protection area; b) the Social Cost in relation to the affectation of the site versus the loss of landscape value and scenic beauty for future generations; c) loss in the quality of life of the resources and species communities associated with said altered ecosystem, as the most important estimation items.” (textual copy of the complaint and civil action dossier). From the factual description made by the Procuraduría, it follows that the criterion of imputation used to claim the civil liability of the accused [Nombre1] was for direct subjective extracontractual civil liability, for intentional actions carried out by the defendant, to the point that it is affirmed that the defendant's conduct was fraudulent and that he consciously induced the Municipality into error so that it would grant him the construction permits. This criterion of imputation that was set forth in the civil action takes on relevance due to the principle of congruence that governs civil matters, on which the Third Chamber of Criminal Cassation has stated the following: “It is worth remembering that the criteria for the imputation of civil liability that are invoked must be supported by the statement of facts or grounds on which the action is based, which, like a criminal accusation, must be clear and specific, to allow the full exercise of the right of defense of the civil defendant party, since that factual statement will directly affect both the manner in which the claim is answered by the counterparty and the full exercise of the right of defense and the evidentiary matter (see articles 112 of the Code of Criminal Procedure and 290 of the Code of Civil Procedure). The foregoing is also important to safeguard the principle of congruence, contained in numerals 99, 153, and 155 of the Code of Civil Procedure. On the matter, the first indicates: ‘The judgment shall be rendered within the limits established in the complaint. It is forbidden for the judge to rule on undebated questions regarding which the law requires the party's initiative.’; a regulation that, for the purposes of rendering judgment, is also contained in ordinals 153 and 155 of the same normative body, when they indicate: ‘ARTICLE 153.- Requirements and denomination. The resolutions of the courts must be clear, precise, and congruent; they must express the court rendering them, the place, time, day, month, and year in which they are rendered, and shall be denominated: (…) 3) Judgments, when they definitively decide the debated questions by ruling on the claim formulated in the complaint. (…)’; ‘ ARTICLE 155.- Requirements of judgments. Judgments must resolve all and each one of the points that have been the subject of the debate, with the due separation of the pronouncement corresponding to each one of them, when there are several. They may not include questions other than those claimed, nor grant more than what has been requested. (…).’ The Court of Appeals resolved, therefore, in accordance with the civil regulations that the complainant finds strange, by pointing out that the principle of congruence and the right of defense were grossly violated. The civil plaintiff now seeks to disregard the principle of imputation attributed to the notary [Nombre12], whom they accuse of having actively and intentionally participated in the criminal plan to seize the properties of the victims and civil plaintiffs, whom they made believe that they were going to buy them, achieving through the simulation of false facts that they sign the deeds of transfer of those assets. Certainly, it is evident that the Judge, in what concerns the compensatory civil action, is sovereign – by the principle iura novit curia – in the application of the law for the specific case; however, it cannot be disregarded that his limit is circumscribed to the statement of facts that the civil action contains. Moreover, although judges have the power to apply other criteria of imputation, in this case they were limited by the statement of facts contained in the civil claim dossier, it being evident that said factual narration does not describe negligent conduct on the part of [Nombre12], that is, that he inadequately advised the victims as a notary. In summary, the factual framework set forth in the compensatory civil action document formulated by the Victim's Civil Defense Office indicates only the existence of a criterion of civil liability (civil imputation), based on the commission of an intentional criminal act and not negligent conduct as the trial court attempted to direct, and from which the claimant now seeks to benefit in this venue, to the detriment of the principle of congruence that governs civil matters. In this sense, this Chamber, in judgment No. 2011-0173, stated on the subject: ‘…if there is no civil fact that supports the claim of the civil action, it would not be legally feasible to grant a remedy because that would go against the principle of congruence (art. 99 of the Code of Civil Procedure). Hence, the drafting of the facts in the civil action has a preponderant importance, as they must be sufficiently complete to support the party’s claim. (In this sense, see: [Nombre13], (2010). Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos. Translation by Daniela Accatino Seagliotti. Madrid. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. [Nombre14], Taruffo, Michele. (2008). La prueba. Madrid. Ediciones Jurídicas Sociales S.A.). Moreover, the facts will set the framework on which the evidence will be provided (art. 317 of the Code of Civil Procedure)…’ It has also established that ‘…in relation to the cause of action, it has been pointed out that regarding civil action, the factual framework set forth by the party is the scope of action within which the judge must resolve the petitioner’s claim…’ (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, Vote number 56-2006, at nine hours, of February third, two thousand six, reiterated in vote number 2012-00045 of this same Cassation body, at ten hours and forty minutes of January thirteenth, two thousand twelve), said ruling pointing out that both in criminal and civil matters, the facts charged against the civil defendants must be respected, since the full exercise of the right of defense and imputation depends on them.” (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, number 2017-00205 at ten hours thirteen minutes of March twenty-second, two thousand seventeen). Returning to the case under examination, it is established that the trial judge indicated the following: “Regarding the compensatory civil action instituted by the complainant and civil plaintiff, the Procuraduría General de la República against the accused-civil defendant [Nombre1], consisting of the payment as compensation for the environmental damage to the protected zone, the same must be rejected, since it subsists as accessory to the criminal matter, and in that sense, Mr. [Nombre1] was acquitted of punishment and criminal responsibility, by virtue of the prevailing state of doubt over the existence of a different building line greater than fifteen meters, with which it cannot be determined and remains in doubt whether there existed an act generating the damages that were described, and given that, it is not possible to make any other decision than to deny the civil aspects of this criminal matter, without a special order as to costs” (textual copy of the trial court ruling). Having examined the judgment, as the logical-legal unit that it is, it is established that the denial of the compensatory civil action was directly related to the fact that it could not be demonstrated that the accused had knowledge of the elements of the criminal statute, by virtue of the inconsistencies in the building lines provided by two governmental entities (SINAC and INVU) that the houses were being built by invading the protection zone. In other words, the trial judge discarded, as a criterion of imputation, an intentional conduct on the part of the accused, in what refers to the invasion of the protection area by the construction of the houses. Likewise, it is evident from the judgment that, for the other event concerning the removal of the vegetation layer due to the earthworks carried out on said lands and which affected the protection area, it was not demonstrated that it was the accused who carried out or ordered those tasks (a conclusion shared by this Trial Chamber), and therefore, he was also acquitted of those other facts. Now, in his appeal, the Procurator alludes to a potential omission on the part of the accused, of a culpable nature (for not fulfilling his duties adequately, or for negligence or recklessness). However, having discarded the existence of the criterion of imputation based on intent, it would not be appropriate to render a condemnatory judgment in the civil matter based on another criterion of imputation, such as direct subjective civil liability for fault, or potential strict civil liability, without violating the principle of congruence that governs civil matters, as well as the right of defense of the civil defendant. For this reason, the trial court decision to reject the civil action is appropriate, and it is therefore ordered to maintain the trial court ruling unaltered, in the aspects assessed in this opportunity by the Appellate Chamber. Consequently, the ground of appeal filed by the Procuraduría General de la República and that supported the issuance of this ruling is declared without merit.

POR TANTO:

The ground of appeal filed by the Procuraduría General de la República and that supported the issuance of this ruling is declared without merit. Let it be notified.





Adriana Escalante Moncada





Francisco Lemus Víquez                                                   José Alberto Rojas Chacón                                                                                  

Appellate Judges of Sentencing






Expediente Nº 12-004119-0305-PE

Against: [Nombre1]

Crime: Violation of the Forest Law

To the detriment of: Natural Resources

[Nombre15]

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Reproduction and/or onerous distribution prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:37:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República