Res. 00376-2021 Tribunal Agrario — Titling forest lands through possessory information: ecological possession and second paragraph of Article 7Titulación de terrenos forestales mediante información posesoria: posesión ecológica y segundo párrafo del artículo 7

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00376 - 2021

Fecha de la Resolución: 26 de Abril del 2021 a las 11:13

Expediente: 17-000092-1129-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Conservación de los recursos naturales
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Posesión ecológica
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Posibilidad de titular mediante información posesoria demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.

Temas estratégicos: Ambiental

Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución



 

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 4




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

CLOUDBRIDGE SOCIEDAD ANONIMA

 

   

VOTO N° 376-F-2021

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas trece minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno.-

INFORMACIÓN POSESORIA promovida por CLOUDBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1 -   -       , representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma el señor Thomas Carrol Gode, cédula de residencia CED2           , vecino de Pérez Zeledón. Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Daniela Vargas Delgado, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Grecia, cédula de identidad número CED3 -   -  , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED4 -    -          - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED5 -     -  , en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderada especial judicial de la entidad promovente la licenciada Zaida Granados Gamboa, cédula de identidad número CED6 -     -    . Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.-

RESULTANDO:

1.- La sociedad promovente CLOUDBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: "FINCA UNO: Terreno de Montaña y Bosque Secundario, situado en la Chuma, [Dirección1]  , cantón diecinueve Pérez Zeledón de la provincia de San José; linda al norte NORTE: Rio Chirripó Pacífico; SUR: Calle [Dirección2] con un frente a ella de 564.5 centímetros lineales; ESTE: [Dirección3]  con un frente a ella de 104.71 centímetros lineales y Rio Chirripó Pacifico; y al OESTE: Amanzimtoti S.A. Mide: Setenta y nueve mil setecientos veintiún metros y veintiséis decímetros cuadrado, descrita en el plano catastrado SJ-797344- 2002. FINCA DOS: Terreno de Montaña y bosque secundario, situado en la Chuma, [Dirección1]  , cantón diecinueve Pérez Zeledón de la provincia de San José; linda al NORTE: Rio Chirripó Pacifico y calle pública con un frente lineal total de 696.92 centímetros; SUR: Servidumbre de paso de ascenso al Cerro Chirripó, en medio de [Nombre1]  ; ESTE: El Estado (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE); y al OESTE: Cloudbridge Sociedad Anónima. Mide: Cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintidós metros y setenta y siete decímetros cuadrados, descrita en el plano catastrado SJ-797345-2002," (Ver en el Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, en Bandeja de Escritos, archivo del 14/11/17 de las 4:21:29 p.m.).-

2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en escrito incorporado al escritorio virtual, archivo del 12/8/19 de las 3:49:32 p.m.; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en los términos que corren en el archivo del 12/6/18, de las 8:49:07 a.m., (Ver en el Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, en Bandeja de Escritos).-

3.- El juez Carlos Eduardo Rojas Rojas, del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, mediante sentencia número 2021000009 de las once horas cero minutos del dos de febrero de dos mil veintiuno, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA, en la cual han intervenido como partes la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Agrario. Los terrenos a titular quedarán afectados por las siguientes reservas: a)- Que el inmueble a titular quede afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de las calles públicas que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a de la Ley de Informaciones Posesorias;- b) Que el área contigua a las corrientes constituye área de protección, según lo dispuesto en el artículo 33 inciso b) de la Ley Forestal Nº 7575 y que queda prohibida la corta o eliminación de árboles. Asimismo, que el cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público (Ley de aguas, artículo 1, inciso IV y 3 inciso III) - c) Que las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble son de dominio público estatal y no forman parte de la finca y otras que por Ley correspondan.- Proceda el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD a inscribir libre de gravámenes, condueños, con las cargas reales ya señaladas, y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, a nombre de CLOUDBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA, número de cédula jurídica CED7, los siguientes inmuebles: FINCA UNO: Terreno de Montaña y Bosque Secundario, situado en la [Dirección4],   , cantón diecinueve Pérez Zeledón de la provincia de San José; linda al norte NORTE: Rio Chirripó Pacífico; SUR: [Dirección5]  con un frente a ella de 564.5 centímetros lineales; ESTE: [Dirección3]  con un frente a ella de 104.71 centímetros lineales y Rio Chirripó Pacifico; y al OESTE: Amanzimtoti S.A. Mide: Setenta y nueve mil setecientos veintiún metros y veintiséis decímetros cuadrado, descrita en el plano catastrado SJ-797344- 2002. FINCA DOS: Terreno de Montaña y bosque secundario, situado en la Chuma, [Dirección1]  , cantón diecinueve Pérez Zeledón de la provincia de San José; linda al NORTE: Rio Chirripó Pacifico y [Dirección3]  con un frente lineal total de 696.92 centímetros; SUR: Servidumbre de paso de ascenso al Cerro Chirripó, en medio de [Nombre1]  ; ESTE: El Estado (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE); y al OESTE: Cloudbridge Sociedad Anónima. Mide: Cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintidós metros y setenta y siete decímetros cuadrados, descrita en el plano catastrado SJ-797345-2002, cuya causa adquisitiva de ambas es compra. La finca a titular con el Plano Catastrado: SJ-797344-2002, fue estimada en la suma de once millones novecientos cincuenta y cinco mil colones (¢11.955.000,00), mientras que la Finca con el Plano Catastrado SJ-797345-2002, se estima en la suma de setenta y dos millones trescientos sesenta mil colones (¢72.360.000,00) y las presentes diligencias se estimaron en tres millones quinientos mil colones (¢3.500.000,00). El edicto salió publicado en el Boletín Judicial número 61 del nueve de abril del dos mil dieciocho. Todos los colindantes se dieron por notificados y no opusieron objeción alguna. El fundo esta fuera de cualquier área silvestre protegida y se han ejercido los actos posesorios cumpliendo con el uso conforme de suelo. Declararon como testigos [Nombre2]    cédula de identidad CED8, [Nombre3]   cédula de identidad CED9, y [Nombre4]   , cédula de identidad CED10- .- Sirva la certificación de esta resolución una vez que esté firme como documento para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de las fincas relacionada," (Ver en el Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, en Documentos Asociados, archivo del 2/2/21 de las 11:00:06 a.m.).-

4.- La procuradora adjunta Daniela Vargas Delgado, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (Ver en el Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, en Bandeja de Escritos, archivo del 3/2/21 de las 7:00:49 p.m.).-

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

Redacta el juez Darcia Carranza;

CONSIDERANDO

I.- El Tribunal comparte el elenco de hechos tenidos por demostrados al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos.

II.- La Procuradora Adjunta, licenciada Daniela Vargas Delgado, representante estatal, interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada por el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón No. 2021000009 de 11:02 horas del 2 de febrero de 2021, con fundamento en lo siguiente: Indica, el Patrimonio Natural del Estado tiene orígenes previos a la actual Ley Forestal, puede verificarse en la Ley Forestal No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, donde se le denominaba Patrimonio Forestal del Estado, con las mismas notas de inalienabilidad e inembargabilidad. Para usucapir los terrenos objeto de este proceso, la posesión decenal debe acreditarse diez años antes de la vigencia de esa Ley, porque en este expediente hay una calificación de Patrimonio Natural del Estado, emitida por el ente competente, de acuerdo con el informe presentado por el Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, No. SINAC-ACLA-P-GASP-SIG-11 del 3 de febrero del 2017. En la sentencia que se recurre no se valoró este aspecto, que sobrepasa la descripción de la naturaleza “bosque” o “montaña”, como en algunas ocasiones se le denomina, se tratan de terrenos que tienen calificación de Patrimonio Natural del Estado, no hay prueba técnica en el expediente que desacredite tal calificación. Téngase en cuenta que el Patrimonio Natural del Estado lo conforman los bosques, los terrenos forestales o los de aptitud forestal. Por lo anterior, solicito se remita el expediente al Superior para que con base en lo expuesto, anule la sentencia No. 2021000009 y posteriormente se denieguen las diligencias por pretenderse la inscripción de un bien demanial, (ver escritorio virtual Bandeja de Escritos 03/02/2021 19:00:49 Recurso de Apelación).

III.- En cuanto a lo alegado por la apelante no lleva razón por los siguientes motivos: Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional. Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado. El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).

IV.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal.Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. [Telf1], de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales , y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección6]       Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que ��Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal ; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.��De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada ��Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales��. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas ��reservas nacionales��, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: ��El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.�� Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales , no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA). En este caso particular se logra determinar que la naturaleza de los terrenos objeto de titulación, es de bosque secundario según se desprende de los Certificados de Uso conforme de Suelos (ver imágenes 12 y 14 presentada con el escrito inicial agregado el 14/11/2017 a las 04:21:29). El certificado de uso conforme, indica claramente "... SE HA EJERCIDO el uso conforme de suelos... ". Partiendo de lo anterior implica que el promovente ha protegido el recurso dejando que se regenere a través de una segunda sucesión regeneracional (bosque secundario), lo que significa, que lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual se puede verificar en el estudio de suelos y patrón de uso de la tierra. Considera este Tribunal que no permitirles la titulación sería un castigo por tratar de proteger los recursos, lo cual podría más bien servir para incentivar que los terrenos con cobertura vegetal, sean desprovistos de la misma para poder titularlos, no se les permitiría la titulación, ello podría mal interpretarse, lo cual considera este despacho sería un contrasentido si lo que se persigue es proteger los recursos. Los terrenos ha titular se encuentran fuera de cualquier área silvestre protegida, tal y como ha quedado demostrado con una serie de prueba documental aportada al efecto como lo es la certificación del Sistema de Areas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía (ver imágenes 9 y 10 del expediente electrónico presentada con el escrito inicial agregado el 14/11/2017 a las 04:21:29). Sobre el inmueble se ha ejercido el uso conforme de suelos según certificación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria ( Certificados de Uso conforme de Suelos,ver imágenes 12 y 14 presentada con el escrito inicial agregado el 14/11/2017 a las 04:21:29). Los testigos [Nombre2]  , [Nombre3]   y [Nombre4]    dijeron conocer el fundo desde hace más de 15 años el primero, desde hace más de 14 años el segundo y 15 años el tercero según orden citados (ver testimonios en archivo de audio y video formato digital en archivos del Despacho). De lo expuesto, resulta evidente en este caso se ha protegido el recurso y lo han dedicado a la conservación por lo que la mayoría de los terrenos integrantes de los fundos a titular están dedicados a la conservación al haber bosque sobre los mismos, y se han dejado regenerar constituyéndose bosque secundario por disposición de sus dueños y no por la naturaleza misma del fundo al tratarse de una regeneración de áreas que no tenían tal vocación forestal,según la certificación de uso de suelos antes señalada, lo cual evidencia su intención de conservación de los recursos naturales al dejarlos regenerarse a través de una segunda sucesión regeneracional. Aparte de lo anterior, la Ley de Informaciones Posesorias en su artículo 7 párrafo segundo permite la titulación de áreas boscosas si se demuestra haber ejercido la posesión decenal y haber protegido el recurso, en el entendido el inmueble deberá estar debidamente deslindado con cercas y carriles limpios, lo cual en este caso son elementos que se han demostrado según lo expuesto, de ahí se deba confirmar la sentencia dictada.

POR TANTO:

En lo apelado, se confirma la resolución dictada.

 

 

 

 

 

	

	

 




	



XIV4747H5T6CQ61

[Nombre5]   - JUEZ/A DECISOR/A

	






HVSLNS56QVU61

[Nombre6]    - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	



S5IBO0FXPRO61

[Nombre7]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección7] ,     , [Dirección8]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf2]. Fax: [Telf3] ó [Telf4]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:30:15.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

**1.-** The promoting company CLOUDBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA filed these possessory information proceedings so that, through this avenue, the following land be registered in the Public Property Registry, described as follows: "FARM ONE: Mountain and Secondary Forest Land, located in La Chuma, [Dirección1], canton nineteen Pérez Zeledón of the province of San José; bounded to the north NORTH: Rio Chirripó Pacífico; SOUTH: [Dirección2] street with a frontage of 564.5 linear centimeters; EAST: [Dirección3] with a frontage of 104.71 linear centimeters and Rio Chirripó Pacifico; and to the WEST: Amanzimtoti S.A. Area: Seventy-nine thousand seven hundred twenty-one square meters and twenty-six square decimeters, described in cadastral map SJ-797344- 2002. FARM TWO: Mountain and Secondary Forest Land, located in La Chuma, [Dirección1], canton nineteen Pérez Zeledón of the province of San José; bounded to the NORTH: Rio Chirripó Pacifico and public road with a total linear frontage of 696.92 centimeters; SOUTH: access easement (servidumbre de paso) for the ascent to Cerro Chirripó, through [Nombre1]; EAST: The State (Ministry of Environment and Energy, MINAE); and to the WEST: Cloudbridge Sociedad Anónima. Area: Four hundred eighty-two thousand four hundred twenty-two square meters and seventy-seven square decimeters, described in cadastral map SJ-797345-2002," (See the Virtual Desktop of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, in the Filing Tray, file dated 11/14/17 at 4:21:29 p.m.).-

**2.-** The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the process under the terms set forth in the document incorporated into the virtual desktop, file dated 8/12/19 at 3:49:32 p.m.; in turn, the Institute of Rural Development did so under the terms set forth in the file dated 6/12/18, at 8:49:07 a.m., (See the Virtual Desktop of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, in the Filing Tray).-

**3.-** Judge Carlos Eduardo Rojas Rojas, of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, through judgment number 2021000009 at eleven hours zero minutes on February two, two thousand twenty-one, resolved: "POR TANTO: In accordance with the LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS number one hundred thirty-nine of July fourteen, one thousand nine hundred forty-one and its amendments, THESE possessory information (INFORMACIÓN POSESORIA) proceedings ARE APPROVED, in which the Office of the Attorney General of the Republic and the Institute of Agrarian Development have participated as parties. The lands to be titled shall be affected by the following reservations: a)- That the property to be titled be subject to the reservations regarding rights-of-way of public roads provided by articles 4 of the General Law of Public Roads and 19, subsection a of the Ley de Informaciones Posesorias;- b) That the area adjacent to watercourses constitutes a protection area, pursuant to article 33 subsection b) of the Ley Forestal No. 7575 and that the cutting or elimination of trees is prohibited. Likewise, that the channel and the waters of said watercourse are of public domain (Water Law, article 1, subsection IV and 3 subsection III) - c) That the surface and underground waters existing on the property are of state public domain and do not form part of the farm, and others as provided by Law.- Let the PUBLIC PROPERTY REGISTRY proceed to register free of liens, co-owners, with the real charges already indicated, and without prejudice to third parties with better right, in the name of CLOUDBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED7, the following properties: FARM ONE: Mountain and Secondary Forest Land, located at [Dirección4], , canton nineteen Pérez Zeledón of the province of San José; bounded to the north NORTH: Rio Chirripó Pacífico; SOUTH: [Dirección5] with a frontage to it of 564.5 linear centimeters; EAST: [Dirección3] with a frontage of 104.71 linear centimeters and Rio Chirripó Pacifico; and to the WEST: Amanzimtoti S.A. Area: Seventy-nine thousand seven hundred twenty-one square meters and twenty-six square decimeters, described in cadastral map SJ-797344- 2002. FARM TWO: Mountain and secondary forest land, located in La Chuma, [Dirección1], canton nineteen Pérez Zeledón of the province of San José; bounded to the NORTH: Rio Chirripó Pacifico and [Dirección3] with a total linear frontage of 696.92 centimeters; SOUTH: access easement (servidumbre de paso) for the ascent to Cerro Chirripó, through [Nombre1]; EAST: The State (Ministry of Environment and Energy, MINAE); and to the WEST: Cloudbridge Sociedad Anónima. Area: Four hundred eighty-two thousand four hundred twenty-two square meters and seventy-seven square decimeters, described in cadastral map SJ-797345-2002, the causative acquisition of both being purchase. The farm to be titled with Cadastral Map: SJ-797344-2002, was estimated at the sum of eleven million nine hundred fifty-five thousand colones (₡11,955,000.00), while the Farm with Cadastral Map SJ-797345-2002, is estimated at the sum of seventy-two million three hundred sixty thousand colones (₡72,360,000.00) and the present proceedings were estimated at three million five hundred thousand colones (₡3,500,000.00). The edict was published in Judicial Bulletin number 61 on April nine, two thousand eighteen. All adjoining landowners were notified and raised no objection. The property is outside any protected wildlife area and possessory acts have been exercised in compliance with the compliant soil use (uso conforme de suelo). [Nombre2], identity card CED8, [Nombre3], identity card CED9, and [Nombre4], identity card CED10, declared as witnesses.- Let the certification of this resolution, once final, serve as the document for registration in the Public Property Registry of the related farms," (See the Virtual Desktop of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, in Associated Documents, file dated 2/2/21 at 11:00:06 a.m.).-

**4.-** Deputy Attorney General Daniela Vargas Delgado filed an appeal expressly indicating the reasons for which she refutes the thesis of the lower Court, (See the Virtual Desktop of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, in the Filing Tray, file dated 2/3/21 at 7:00:49 p.m.).-

**5.-** In the substantiation of the process, the legal requirements have been observed, and the existence of errors or omissions in the ruling capable of producing its nullity is not noted.-

Judge Darcia Carranza writes;

**CONSIDERANDO**

**I.-** The Court shares the set of facts taken as proven, as it is a faithful reflection of what occurred in the case file.

**II.-** The Deputy Attorney General, Ms. Daniela Vargas Delgado, state representative, filed an appeal against the resolution issued by the Agrarian Court of Pérez Zeledón No. 2021000009 at 11:02 a.m. on February 2, 2021, based on the following: She indicates that the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) has origins prior to the current Ley Forestal, which can be verified in Ley Forestal No. 4465 of November 25, 1969, where it was called State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), with the same notes of inalienability and unattachability. To usucapt the lands subject to this process, the decennial possession must be accredited ten years before the validity of that Law, because in this case file there is a classification of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), issued by the competent entity, according to the report presented by the Director of the La Amistad Pacífico Conservation Area, No. SINAC-ACLA-P-GASP-SIG-11 of February 3, 2017. In the appealed judgment, this aspect was not evaluated, which goes beyond the description of the nature as "forest (bosque)" or "mountain," as it is sometimes called; these are lands that have a classification of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), and there is no technical evidence in the case file that discredits such classification. It must be considered that the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) is made up of forests, forest lands, or lands with forest aptitude. Therefore, I request that the case file be sent to the Superior Court so that, based on the foregoing, judgment No. 2021000009 be annulled and subsequently the proceedings be denied because the registration of a public domain asset is being sought, (see virtual desktop Filing Tray 02/03/2021 19:00:49 Appeal).

**III.-** Regarding what was alleged by the appellant, she is not correct for the following reasons: Although it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that forest-covered lands without private occupation were part of the national reserves, said dedication to the public domain has been changing with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of those of the third generation, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 amended article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to allow usucaption on forest-covered lands, but demonstrating ecological possession (posesión ecológica), through the conservation of the forest resource, for more than ten years, being able to take advantage of the transferred possession (see judgment of the Constitutional Chamber No. 4587-97). The Agrarian Court held the criterion that said possession had to be personal, but the Chamber declared that this was unconstitutional. That is why the Court has rectified the criterion in subsequent resolutions indicating: "V.- Regarding what was alleged by the appellant that the lower court judge makes an error in applying article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which he considers was declared unconstitutional, so the proceedings must be analyzed in light of the provisions of article 1 of said Law, this Court considers he is not correct because cited article 7 was not declared unconstitutional; rather, what was declared unconstitutional was the interpretation that the Court had been making regarding the failure to count the possession exercised by the previous transferors. Hence, with ordinal 7 of the Ley de Informaciones Posesorias being in force, the promoter must demonstrate a decennial possession prior to the declaration of the protected wildlife area, as indicated by the Constitutional Chamber in vote No. 4587-97 (published in Judicial Bulletin No. 188 of October 1, 1997). It is important to mention that the law would not be applied retroactively either, as indicated by the appellant, because the ten-year possession period for usucaption is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to usucaption that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucaption. In that sense, it is important to note what the Constitutional Chamber said in this regard in the cited vote. The first paragraph of the contested article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text is prior to the last amendment by Ley Forestal No.7575 of February 13, 1996, regulates the case of the titling of real property comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wildlife area. The questioned provision regulates the case of titling a real property that has been dedicated to the public domain by the declaration of a protected wildlife area, whatever its specificity. It is now appropriate to determine if, in accordance with the hypothesis contemplated by the contested norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of usucaption and the possession necessary for usucaption, set forth above, the questioned norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership of real property, which imposes specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. Firstly, it must be noted that the questioned article does not modify—increase or decrease—the ten-year possession period necessary for usucaption, set in article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire ownership of real property by adverse possession (prescripción positiva). The extension of the period that the claimant alleges as infringing the right to property does not occur, because given the nature of the asset being sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for usucaption must elapse before the dedication of the asset to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wildlife area prevents possession subsequent to the dedication from counting, and prevents the fulfillment of the usucaption requirements if the right has not been acquired at that time, that is, the ten years of possession suitable for usucaption have not elapsed under the conditions established by law. The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and the condition of its exercise as owner, necessary for possession ad usucapionem. Remember that assets dedicated to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by usucaption if, before the dedication occurred, the necessary conditions for the acquisition of the right did not arise. In that sense, the questioned provision, despite apparently regulating a specific case of usucaption, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year possession period for usucaption is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to usucaption that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucaption. That is, the norm does not come to establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of usucaption. It simply specifies the way in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the status of the asset to be titled as a public domain asset. Hence, it is not considered that the amendment to article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text is contested, introduced a different regime in relation to the requirements of usucaption, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Agrarian Court, No. 173 at 4:29 p.m. on March 31, 2003).

**IV.-** Thus, the possessor who intends to acquire by usucaption a land covered with forest, which was part of the national reserves, must demonstrate decennial possession (original or transferred), and having conserved the forest resource. This criterion was recently ratified by the Constitutional Chamber, in Vote No. [Telf1], at 9 a.m. on January 7, 2015, when responding to a judicial consultation of constitutionality, related to titling in the national reserves: "VI.- THE TITLING OF LANDS IN THE NATIONAL RESERVES, THE STATE NATURAL HERITAGE (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO), THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Court, regarding the consultation submitted for consideration, deems it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves, and that of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), formerly called State Agricultural Heritage. The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its article 7, established the so-called State Agricultural Heritage, starting from a concept of agrarian property as originating from the Nation. The State Agricultural Heritage comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by denouncement or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the Islands, the border strip, the banks of navigable rivers, the [Dirección6] National Parks (articles 7 to 10). That is, the Heritage comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in article 11, by indicating that 'Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, or that of Municipalities or Autonomous Institutions; b) Those not covered by decennial possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services.' From the foregoing, it follows that lands forming part of the national reserves, as lands of agricultural, livestock, or forest vocation, possessed by private individuals for more than ten years and not forming part of the State Agricultural Heritage, were susceptible to legal recognition. Such recognition is achieved by private individuals through possessory information (Información Posesoria) processes, or through the instrument created through Multiple Land Titling, later called 'Titling of Lands Located in National Reserves.' Subsequently, Ley Forestal No. 4465 of 1969 introduces the concept of State Forest Heritage, conferring the forest administration of forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the General Forest Directorate. At that time, the Public Administration realized that within the so-called 'national reserves,' the two regimes coexist, which led to the signing of an agreement in 1972 by representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (on which the General Forest Directorate depended), the Institute of Lands and Colonization, and the Costa Rican Tourism Institute, which precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (Convention MAG-ITCO-ICT), March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the still-in-force Ley de Tierras y Colonización entrusts the administration of national reserves with agricultural and livestock vocation to the Institute of Lands and Colonization, the body responsible for parceling and colonization. For its part, the Organic Law of the Environment No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wildlife areas, indicating that they form part of the state natural heritage and establishing their lifetime tenure (irreductibilidad) character (articles 32 to 38). Subsequently, the current Ley Forestal No. 7575 of 1996 incorporates, in Title Two, single chapter, the concept of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), even clarifying what it comprises from the national reserves: 'The state natural heritage shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage.' This excludes lands with agricultural and livestock aptitude from being part of the state natural heritage, as they are not forestal; these lands continue to be part of the national reserves and are susceptible to usucaption by private individuals. Finally, the same Ley Forestal of 1996 amended article 37 of the Organic Law of the Environment, and article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, to authorize usucaption, and thus the registration via possessory information (and the repealed procedure of titling in national reserves), of lands belonging to the national reserves with forest vocation, and even privately possessed lands that were comprised within some category of protected wildlife area (State Natural Heritage - Patrimonio Natural del Estado), provided that a decennial possession prior to the creation date of the respective area was demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de tierras (later, the Law on Titling in National Reserves) came to allow streamlining the titling procedures for agrarian possessors who had completed a short usucaption period (first three, and then five years), so they could obtain a property title and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. This is without prejudice to third parties with a better right, understood as those private individuals who may have filed a better right of possession action within the areas considered as national reserves, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would be fully consolidated, as the period of negative prescription was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with the private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that when creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Institute of Lands and Colonization, later the Institute of Agrarian Development, overlapped with properties registered in the name of private individuals (since the requirement was that in the delimited geographic zone there be at least 20% of lands without a title registered in the public registry). This consequently meant that the title granted by ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to reivindicate, just as the same norm establishes, but not within the three-year period applicable to third parties with a better right, but within the ten-year period." (END OF QUOTE). In this particular case, it can be determined that the nature of the lands subject to titling is secondary forest, as is clear from the Certificates of Compliant Soil Use (ver imágenes 12 y 14 presentada con el escrito inicial agregado el 14/11/2017 a las 04:21:29). The certificate of compliant use clearly indicates "... THE compliant soil use HAS BEEN EXERCISED... ". Based on the foregoing, it implies that the promoter has protected the resource by allowing it to regenerate through a second successional regeneration (secondary forest), which means that, far from affecting the resource, a sustainable agroforestry activity has taken place, leading to the conclusion that sustainable possession has been exercised, which can be verified in the soil study and land-use pattern. This Court considers that not allowing them the titling would be a punishment for trying to protect the resources, which could instead serve to incentivize the removal of vegetation cover from lands in order to title them; if titling were not permitted, it could be misinterpreted, which this office considers would be a contradiction if what is sought is to protect the resources. The lands to be titled are located outside any protected wildlife area, as has been demonstrated by a series of documentary evidence provided for this purpose, such as the certification from the System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy (ver imágenes 9 y 10 del expediente electrónico presentada con el escrito inicial agregado el 14/11/2017 a las 04:21:29). The compliant soil use has been exercised on the property, according to certification from the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (Certificates of Compliant Soil Use, ver imágenes 12 y 14 presentada con el escrito inicial agregado el 14/11/2017 a las 04:21:29). Witnesses [Nombre2], [Nombre3], and [Nombre4] stated that they have known the property for more than 15 years the first, for more than 14 years the second, and 15 years the third, in the order cited (see testimonies in digital audio and video file format in the Office files). From the foregoing, it is evident that in this case the resource has been protected and dedicated to conservation, so the majority of the lands making up the properties to be titled are dedicated to conservation, as there is forest on them, and they have been allowed to regenerate, constituting secondary forest by the disposition of their owners and not by the very nature of the property, as it involves the regeneration of areas that did not have such forest aptitude, according to the aforementioned soil use certification, which demonstrates their intention to conserve natural resources by allowing them to regenerate through a second successional regeneration. Apart from the foregoing, the Ley de Informaciones Posesorias in its article 7, second paragraph, permits the titling of forested areas if a decennial possession is demonstrated and the resource has been protected, on the understanding that the property must be duly delineated with fences and clean tracks, which in this case are elements that have been demonstrated according to the foregoing, hence the judgment rendered must be confirmed.

**POR TANTO:**

Regarding the appealed matter, the rendered resolution is confirmed.

**EXP: EXPN1**

Email: [...]

 

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:30:15.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República