Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Son inadmisibles los recursos de apelación. El artículo 452 del Código Procesal Penal señala: "....Además de lo dispuesto en el procedimiento contravencional y en la ejecución penal, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones de los tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o imposibliliten que esta continúe...". Por su parte, el numeral 458 del mismo cuerpo legal indica: "...Son apelables todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la ley determina..." y finalmente, el artículo 459 reza: "... El recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la incorporación y valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena. El tribunal de alzada se pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente cuestionados, pero declarará, aun de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso que encuentren en la sentencia...". Resulta evidente que las impugnaciones que plantean los señores defensores no son admisibles, dado que no se encuentra dentro de los supuestos de ley que admiten el recurso de apelación, no sólo por no darse en las etapas previas a la fase de juicio, como lo estipula el artículo 452 citado, sino porque el dictado de la medida cautelar como tal, no encuadra dentro de los supuestos de los artículos 458 y 459 en mención. Véase que la imposición en sentencia de la prisión preventiva, responde no a elementos de fondo o procesales que puedan ser cuestionados ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, sino a una salvaguarda para garantizar que las imputadas se mantengan sujetas al proceso penal, de conformidad con el numeral 258 del código de rito, misma que carece de medio de impugnación alguno en esta etapa del proceso.
English (translation)The appeals are inadmissible. Article 452 of the Code of Criminal Procedure provides: ‘… In addition to what is provided in the contraventional procedure and in the execution of sentences, appeals shall lie only against decisions of the courts in the preparatory and intermediate proceedings, provided that they are declared appealable, cause irreparable harm, terminate the action, or prevent it from continuing…’ Furthermore, Article 458 of the same code states: ‘…All judgments and dismissals issued during the trial phase that resolve criminal, civil, incidental, and other matters determined by law shall be appealable…’ and finally, Article 459 reads: ‘… The appeal of a judgment shall allow a comprehensive review of the decision when the interested party claims disagreement with the determination of the facts, the admission and assessment of evidence, the legal reasoning, or the imposition of the penalty. The appellate court shall rule on the points expressly challenged, but shall declare, even sua sponte, absolute defects and violations of due process found in the judgment…’ It is evident that the challenges raised by defense counsel are not admissible, as they do not fall within the legal grounds that allow an appeal, not only because they do not arise at stages prior to the trial phase, as stipulated in the cited Article 452, but also because the imposition of the precautionary measure itself does not fit within the scenarios of the aforementioned Articles 458 and 459. Note that the imposition of preventive detention in a judgment responds not to substantive or procedural elements that could be challenged before the Criminal Appeals Court, but rather to a safeguard to ensure that the defendants remain subject to the criminal process, pursuant to Article 258 of the procedural code, a measure that has no means of challenge at this stage of the proceedings.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Resolución Nº 00259 - 2021 Fecha de la Resolución: 30 de Abril del 2021 a las 07:45 Expediente: 20-000023-0030-PE Redactado por: Hannia Soto Arroyo Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Declaración universal de derechos humanos, Pacto internacional de derechos civiles y políticos Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución 1 Expediente: 20-000023-0030-PE Contra: [Nombre1] y otros. Delito: Venta de Drogas, Sustancias o Productos sin Autorización Legal. Persona ofendida: La Salud Pública. Res: 2021-259 Exp: 20-000023-0030-PE Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Primera. A las siete horas cuarenta y cinco minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Recurso de apelación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, nacida el 24 de octubre de 1993, con cédula de identidad número CED1 y [Nombre2] , mayor, nacida el 28 de enero de 1966, con cédula de identidad CED2, por el delito de Venta de Drogas, Sustancias o Productos sin Autorización Legal, en perjuicio de La Salud Pública. Intervienen en la decisión del recurso la jueza Hannia Soto Arroyo, así como los jueces Gustavo Gillen Bermúdez y Carlo Díaz Sánchez. Se apersonaron en apelación los licenciados Guido Núñez Jarquín y Leonel Villalobos Salazar, en calidad de defensores particulares de las imputadas. RESULTANDO: 1. Que mediante sentencia número 170-2021, de las quince horas dieciocho minutos del nueve de de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39, 41 y 50, de la Constitución Política, 8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941; 1045 y 1048 del Código Civil; Decreto de Honorarios de Abogado número 39078-JP, vigente al momento de los hechos; 221 y 222 del Código Procesal Civil; 1, 21, 22, 30,31,45, 49 a 51,57, 71 a 76, 227 inciso 2, 281 y 361 del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 37,38, 70,75,110,111 a 124,142,184, 200, 258, 265 a 270, 303, 306, 308, 341 al 368 del Código Procesal Penal; 1 y 3 incisos a) y d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 58, 69, 77 inciso f), 87,90,93 y 94, de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas, ley número 8204; 11, 33, 34, 58 inciso a) y b) y 61 inciso c) de la Ley Forestal número 7575, 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ley número 8754; por el resultado de los votos y por unanimidad se DECLARA a [Nombre3] , autor responsable de los delitos de INFRACCION A LA LEY FORESTAL en las modalidades de INVASIÓN EN ÁREA DE PROTECCION, APROVECHAMIENTO y TALA ILEGAL DE RECURSO FORESTAL Y CAMBIO DE USO DEL SUELO en concurso ideal CON EL DELITO DE USURPACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO, que a su vez concursan de manera material con el delito de PECULADO DE USO, E INFRACCIÓN A, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas en las modalidades de CULTIVO, PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE CANNABIS SATIVA CON FINES DE TRAFICO en forma AGRAVADA, que a su vez concursa de manera material con UN DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, LA SALUD PUBLICA, LA ADMINISTRACION PUBLICA y el ORDEN SOCIOECONOMICO, y en tal sentido se le impone UN AÑO DE PRISON POR LOS DELITOS DE INFRACCION A LA LEY FORESTAL en las modalidades de INVASIÓN EN ÁREA DE PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO Y TALA ILEGAL DE RECURSO FORESTAL Y CAMBIO DE USO DEL SUELO, en concurso ideal con USURPACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO; por el delito de PECULADO DE USO la pena de TRES AÑOS DE PRISON y DOCE AÑOS DE PRISIÓN por el delito de Infracción a Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas por CULTIVO, PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE CANNABIS SATIVA CON FINES DE TRAFICO EN LA FORMA AGRAVADA; Y DIEZ AÑOS POR EL DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES, para un total de VEINTISEIS AÑOS DE PRISIÓN. En cuanto al acusado [Nombre4] , se le impone la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION POR EL DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES. Se declara también a [Nombre2] , autora responsables del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES en perjuicio de EL ORDEN SOCIECONOMICO, en tal sentido se le impone el tanto de DIEZ AÑOS DE PRISION y un delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA y en tal carácter se le impone UN año de prisión para un total de ONCE AÑOS DE PRISION. Se declara también a [Nombre5] , autora responsables del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES en perjuicio de EL ORDEN SOCIECONOMICO, en tal sentido se le impone el tanto de DIEZ AÑOS DE PRISION y un delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA y en tal carácter se le impone UN año de prisión para un total de ONCE AÑOS DE PRISION. Penas que deberán descontar todos los imputados en los sitios y formas que determinen los respectivos reglamentos carcelarios previo abono de la preventiva sufrida. EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO UNIVERSAL DE IN DUBIO PRO REO, SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A [Nombre6] , por todos los hechos que le venía atribuyendo el Ministerio Público. Se fijan las costas de la querella en el monto de SEISCIENTOS MIL COLONES, las cuales están a cargo en forma solidaria del querellado. Se declara con lugar la Acción Civil Resarcitoria, incoada por el actor civil EL ESTADO, presentado por la Procuraduría General de la República (Procuraduría Penal), contra el demandado civil [Nombre3] , y en tal sentido se le condena al pago de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA COLONES(5.203,260,00), del daño ambiental, más los intereses legales apartir de la firmesa de esta sentencia y hasta su efectivo pago; Así como al pago de las costas, las cuales se fijan en UN MILLON CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS COLONES(1,040.652,00), a favor del estado. Se declara con lugar la Acción Civil Resarcitoria, incoada por la Procuraduría General de la República (Ética Pública) contra el demandado civil [Nombre3] , y en tal sentido se les condena en forma solidario al pago del daño social causado por el monto de CINCO MILLONES DE COLONES. Se declara con lugar el pago del daño material a los demandados civiles [Nombre3] y [Nombre4] EN ABSTRACTO más los intereses legales apartir de la firmesa de esta sentencia y hasta su efectivo pago, a favor del estado. Se condena a dichos demandados civiles al pago de ambas costas en abastracto a favor del estado, las cuales deberan de establecerse en la vía de ejecucion de sentencia. Se les advierte a los demandados civiles que, deberán proceder con el pago de dichos montos dentro de los quince días siguientes a la firmeza de la presente sentencia. En cuanto a los bienes que fueron decomisados, una vez firme la sentencia, se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de un vehículo marca Mitsubishi, estilo Montero Sport GLS, placas de circulación [Placa1], modelo 2016, Una romana color gris y lanco marca Ferton, con capacidad para 50 kilogramos, Una romana de tamaño mediana marca Detecto con un recipiente plástico de color blanco, Un celular (DM29) color negro, con borde gris, marca Huawei, Un teléfono celular (DM14) marca BlackBerry, color azul, CED3 y tarjeta SIM Claro. Una computadora portátil (PC01) marca Toshiba, con su cargador, serie 8B054359Q, setenta y seis mil cuatrocientos colones exactos(76.400), decomisados al condenado [Nombre3] . Comuníquese mediante oficio al Instituto Costarricense sobre Drogas. Una vez firme la sentencia se ordena la devolución de los siguientes bienes: una motocicleta, marca Yamaha, estilo XTZ125E, placa de circulación [Placa2] se dispone su devolución a su propietario registral el imputado [Nombre6] y de ciento cuarenta mil colones exactos a favor de la condenada [Nombre5] . Se ordena mantener en custodia de este despacho en el deposito de objetos devolver a la Sección Especializada en Cibercrimen los siguientes indicios:Un dispositivo de almacenamiento marca Kingstone, color negro de 64Gb de capacidad, rotulado “63”. Un disco duro marca Toshiba, serie 5589H94ASTZ5, capacidad de 2TB y cuatro reportes de respaldo. Una vez firme la sentencia se ordena la destrucción de la siguiente evidencia: Tres bolsas plásticas, conteniendo bolsas plásticas de tamaño medio, y un rollo de plástico, para sellar al vacío, Un trozo de cinta tapagoteras, color gris con negro. Cuatro bolsas plásticas transparentes, de empaque al vacío con una leyenda que dice "Food Saver". Una libreta de apuntes marca Kolbi, con anotaciones numéricas, con referencias a pisos con 21 folios. Quince folios de facturas de Ferretería Boston (indicio 10), 17 folios con las consultas del 16 al 32 de facturas de Ferretería Palmares (indicio 10), 14 folios con los consecutivos del 33 al 46 de facturas de Coopemadereros R.L (indicio 10), 11 folios con los consecutivos del 47 al 57 de facturas de Ferretería AVM (indicio 10), 75 folios con los consecutivos del 58 al 72 de facturas de varios comercios y ferreterías (indicio 10), tres folios con los consecutivos del 73 al 75, con recibos por dinero y facturas, todos a nombre de [Nombre4] (indicio 10). Una bolsa plástica embalada, lacrada y sellada, conteniendo dos trozos de papel, ambos con letras, números y nombres, escritos en color azul. Una bolsa plástica, rotulada, lacrada y sellada, conteniendo una factura, por recibo de dinero, de Motos del Sur, otra factura de Motos del Sur y un voucher de pago de seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Un folio de recibido de dinero y un cuaderno café, una bolsa plástica rotulada, sellada y lacrada, conteniendo documentación varia (recibos de pago a Wilba del Sur S.A). Una bolsa plástica, rotulada, sellada y lacrada, conteniendo dos folios, estado de cuenta orden patronal cédula CED4- . Una bolsa plástica rotulada, sellada y lacrada, conteniendo ocho cuadernos y documentación varia. Una bolsa plástica, rotulada, sellada y lacrada, conteniendo once vouchers, diez del Banco Nacional y uno de Mutual Alajuela y cinco recibos de dinero. Una bolsa plástica rotulada, sellada y lacrada, conteniendo un cuaderno color azul, marca Skipper. Una bolsa plástica, rotulada, sellada y lacrada, conteniendo una agenda de color rojo, y once vouchers del Banco Nacional. Una bolsa plástica transparente, conteniendo un recibo de transferencia de dinero, color amarillo, debidamente sellada y lacrada. Una bolsa plástica rotulada, sellada y lacrada conteniendo una agenda color café. Un folder color rojo con café, con el nombre de la empresa Veinsa Motors, el cual tiene una copia de solicitud de compra número 78726, a nombre de [Nombre5] de fecha 22 de marzo de 2016, del vehículo marca Mitsubishi, estilo Sport, color gris, y cuatro folios de copias de depósitos bancarios de diferentes entidades financieras. Un libro de bitácora de puesto operativo, Estación Biológica Altamira, con doscientos folios, un libro de actas con doscientos folios, un ampo, rotulado informes de patrullajes, puesto Pittier, Un libro de bitácora puesto operativo, estación Biológica Altamira, que corresponde a una libreta de control de uso de vehículos de 35 folios, dos despegados, del vehículo 29-614.Una bolsa plástica, sellada y lacrada, conteniendo una boleta de control vehicular.Una bolsa cadena de custodia conteniendo una libreta de control vehicular "Control de uso de vehículos 29- 733" de 20 folios. Una bolsa plástica sellada y lacrada, conteniendo un folder de color azul, con estampados de barcos, con apuntes varios y varios folios, una bolsa plástica transparente, conteniendo en su interior un celular (DM16) marca Blu Mol Life One XL, color negro con número de CED5 , con tarjeta SIM Kolbi y tarjeta de memoria marca Maxell cargador y batería, tapa posterior. Con base en lo que establece el artículo 258 del Código Procesal Penal, por un plazo de SEIS MESES que corren a partir de hoy nueve de abril del año 2021 al 09 de octubre del año 2021, se ordena la prisión preventiva de las condenadas [Nombre2] Y [Nombre5] . Se ordena el cese de todas las medidas cautelares vigentes en la presente causa dictadas contra [Nombre6] , por haberse dictado sentencia absolutoria en su favor, si otra causa no lo impide. Se ordena el levantamiento de la garantía real de hipoteca constituida a favor de La Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial, cédula jurídica: CED6, por la suma de Veinte millones de colones netos. Hipotéca que aparece inscrita bajo el Tomo: 2016, Asiento: 678180 Secuencia: 01, Subsecuencia: 0001, Consecutivo: 001, sobre la finca del Partido de de Puntarenas, inscrita en el Registro Nacional, bajo el sistema mecanizado de folio real, con matricula número:[Placa3]. Una vez firme la sentencia, inscríbase en el Registro Judicial y envíense los testimonios de estilo para el juzgado de ejecución de la pena y el Instituto Nacional de Criminología, para lo de sus cargos. Es todo. Maureen Castillo Vargas, Leonardo Brenes Gómez y Jofrey Salas Fuentes. Jueza y Jueces de Juicio." (sic). 2. Que contra el anterior pronunciamiento, específicamente con respecto, al dictado de la prisión preventiva, los licenciados Guido Núñez Jarquín y Leonel Villalobos Salazar, interpusieron el recurso de apelación. 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso. 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la jueza Soto Arroyo, y; CONSIDERANDO: I.- Los licenciados Guido Núñez Jarquín, defensor particular de la acusada [Nombre5] y Leonel Villalobos Salazar, defensor particular de [Nombre2] , interpusieron sendos recursos de apelación, contra el dictado de la prisión preventiva contra sus representadas, dictada en la lectura de la parte dispositiva de la sentencia N° 170-2021, de las 15:18 horas, del 9 de abril de 2021, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón. II.- Según se desprende del audio de la audiencia en la que se dictó la parte dispositiva, ambos defensores señalan que no hay elemento de fondo alguno que sustente la presunción del peligro de fuga, pues las imputadas se han presentado al debate y al proceso en todo momento, y que, en el caso de la acusada [Nombre5] , la misma presenta un problema de salud degenerativo que con la prisionalización puede complicarse. Solicitan se declaren con lugar sus recursos. III.- Son inadmisibles los recursos de apelación. El artículo 452 del Código Procesal Penal señala: "....Además de lo dispuesto en el procedimiento contravencional y en la ejecución penal, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones de los tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o imposibliliten que esta continúe...". Por su parte, el numeral 458 del mismo cuerpo legal indica: "...Son apelables todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la ley determina..." y finalmente, el artículo 459 reza: "... El recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la incorporación y valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena. El tribunal de alzada se pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente cuestionados, pero declarará, aun de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso que encuentren en la sentencia...". Resulta evidente que las impugnaciones que plantean los señores defensores no son admisibles, dado que no se encuentra dentro de los supuestos de ley que admiten el recurso de apelación, no sólo por no darse en las etapas previas a la fase de juicio, como lo estipula el artículo 452 citado, sino porque el dictado de la medida cautelar como tal, no encuadra dentro de los supuestos de los artículos 458 y 459 en mención. Véase que la imposición en sentencia de la prisión preventiva, responde no a elementos de fondo o procesales que puedan ser cuestionados ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, sino a una salvaguarda para garantizar que las imputadas se mantengan sujetas al proceso penal, de conformidad con el numeral 258 del código de rito, misma que carece de medio de impugnación alguno en esta etapa del proceso. Por ello, se declaran inadmisibles los recursos de apelación. POR TANTO: Se declaran inadmisibles los recursos de apelación planteados contra el dictado de la prisión preventiva. Notifíquese.- MTP2SDUYRD461 HANNIA SOTO ARROYO - JUEZ/A DECISOR/A JWNQFCMKIFQ61 CARLO [Nombre8] - JUEZ/A DECISOR/A E43ZKIDL70GA61 GUSTAVO GILLEN BERMÚDEZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 20-000023-0030-PE Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:35:32. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 20-000023-0030-PE Against: [Name1] and others. Offense: Sale of Drugs, Substances or Products without Legal Authorization. Victim: Public Health. Res: 2021-259 Exp: 20-000023-0030-PE Appellate Court of Criminal Sentencing of Cartago, First Section. At seven forty-five hours on the thirtieth of April, two thousand twenty-one. Appeal filed in the present case against [Name1], of legal age, born on October 24, 1993, with identity card number CED1 and [Name2], of legal age, born on January 28, 1966, with identity card CED2, for the offense of Sale of Drugs, Substances or Products without Legal Authorization, to the detriment of Public Health. Judge Hannia Soto Arroyo, as well as judges Gustavo Gillen Bermúdez and Carlo Díaz Sánchez, participate in the decision on the appeal. Attorneys Guido Núñez Jarquín and Leonel Villalobos Salazar appeared in the appeal as private defense counsel for the accused. WHEREAS: 1. That by judgment number 170-2021, at fifteen hours eighteen minutes on the ninth of April, two thousand twenty-one, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39, 41 and 50 of the Political Constitution, 8(2) of the American Convention on Human Rights, 11 of the Universal Declaration of Human Rights, 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, current rules on civil liability of the 1941 Criminal Code; 1045 and 1048 of the Civil Code; Attorney Fee Decree number 39078-JP, in force at the time of the facts; 221 and 222 of the Civil Procedure Code; 1, 21, 22, 30, 31, 45, 49 to 51, 57, 71 to 76, 227(2), 281 and 361 of the Criminal Code; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 37, 38, 70, 75, 110, 111 to 124, 142, 184, 200, 258, 265 to 270, 303, 306, 308, 341 to 368 of the Criminal Procedure Code; 1 and 3(a) and (d) of the Organic Law of the Attorney General's Office of the Republic; 1, 58, 69, 77(f), 87, 90, 93 and 94 of the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use and Related Activities, Law number 8204; 11, 33, 34, 58(a) and (b) and 61(c) of the Forest Law (Ley Forestal) number 7575, 9 of the Law Against Organized Crime, Law number 8754; by the result of the votes and unanimously, [Name3] is DECLARED responsible as perpetrator for the offenses of VIOLATION OF THE FOREST LAW in the modalities of INVASION OF A PROTECTED AREA, EXPLOITATION AND ILLEGAL LOGGING OF FOREST RESOURCES AND LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DEL SUELO) in ideal concurrence (concurso ideal) WITH THE OFFENSE OF USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY, which in turn materially concur with the offense of PECULATION OF USE, AND VIOLATION OF the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use and Related Activities in the modalities of CULTIVATION, PREPARATION, EXTRACTION AND TRANSPORTATION OF CANNABIS SATIVA FOR TRAFFICKING PURPOSES in AGGRAVATED FORM, which in turn materially concurs with ONE OFFENSE OF MONEY LAUNDERING (LEGITIMACIÓN DE CAPITALES) committed to the detriment of NATURAL RESOURCES, PUBLIC HEALTH, THE PUBLIC ADMINISTRATION and the SOCIOECONOMIC ORDER, and in that sense, ONE YEAR OF PRISON is imposed for the OFFENSES OF VIOLATION OF THE FOREST LAW in the modalities of INVASION OF A PROTECTED AREA, EXPLOITATION AND ILLEGAL LOGGING OF FOREST RESOURCES AND LAND-USE CHANGE, in ideal concurrence with USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY; for the offense of PECULATION OF USE, the penalty of THREE YEARS OF PRISON and TWELVE YEARS OF PRISON for the offense of Violation of the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use and Related Activities for CULTIVATION, PREPARATION, EXTRACTION AND TRANSPORTATION OF CANNABIS SATIVA FOR TRAFFICKING PURPOSES IN AGGRAVATED FORM; AND TEN YEARS FOR THE OFFENSE OF MONEY LAUNDERING, for a total of TWENTY-SIX YEARS OF PRISON. As for the accused [Name4], the penalty of TEN YEARS OF PRISON FOR THE OFFENSE OF MONEY LAUNDERING is imposed. [Name2] is also declared responsible as perpetrator for the offense of MONEY LAUNDERING to the detriment of THE SOCIOECONOMIC ORDER, and in that sense, the penalty of TEN YEARS OF PRISON is imposed, and for one offense of UNLAWFUL ASSOCIATION (ASOCIACIÓN ILÍCITA) to the detriment of PUBLIC TRANQUILITY, and in that capacity, ONE year of prison is imposed, for a total of ELEVEN YEARS OF PRISON. [Name5] is also declared responsible as perpetrator for the offense of MONEY LAUNDERING to the detriment of THE SOCIOECONOMIC ORDER, and in that sense, the penalty of TEN YEARS OF PRISON is imposed, and for one offense of UNLAWFUL ASSOCIATION to the detriment of PUBLIC TRANQUILITY, and in that capacity, ONE year of prison is imposed, for a total of ELEVEN YEARS OF PRISON. Penalties that all the accused must serve in the locations and manner determined by the respective prison regulations, with prior credit for the time spent in pretrial detention. IN APPLICATION OF THE UNIVERSAL PRINCIPLE OF IN DUBIO PRO REO, [Name6] IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY for all the acts attributed to him/her by the Public Prosecutor's Office. The costs of the complaint are set at the amount of SIX HUNDRED THOUSAND COLONES, which are jointly and severally borne by the respondent. The Civil Action for Damages, brought by the civil plaintiff THE STATE, represented by the Attorney General's Office of the Republic (Criminal Prosecution Office), against the civil defendant [Name3] is granted, and in that sense, he is ordered to pay FIVE MILLION TWO HUNDRED THREE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY COLONES (5,203,260.00) for environmental damage, plus legal interest from the date this judgment becomes final and until its effective payment; As well as the payment of costs, which are set at ONE MILLION FORTY THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-TWO COLONES (1,040,652.00), in favor of the State. The Civil Action for Damages, brought by the Attorney General's Office of the Republic (Public Ethics) against the civil defendant [Name3] is granted, and in that sense, they are jointly and severally ordered to pay the social damage caused in the amount of FIVE MILLION COLONES. The payment of material damages to the civil defendants [Name3] and [Name4] IN THE ABSTRACT, plus legal interest from the date this judgment becomes final and until its effective payment, is granted in favor of the State. Said civil defendants are ordered to pay both costs in the abstract in favor of the State, which must be established in the sentence enforcement proceedings. The civil defendants are warned that they must proceed with the payment of said amounts within fifteen days following the finality of this judgment. As for the assets that were seized, once the judgment is final, confiscation is ordered in favor of the Costa Rican Institute on Drugs of a Mitsubishi brand vehicle, style Montero Sport GLS, license plate [Placa1], model 2016, One gray and white Ferton brand scale, with a capacity of 50 kilograms, One medium-sized Detecto brand scale with a white plastic container, One black cell phone (DM29) with a gray edge, Huawei brand, One BlackBerry brand cell phone (DM14), blue color, CED3 and Claro SIM card. One Toshiba brand laptop computer (PC01), with its charger, series 8B054359Q, seventy-six thousand four hundred exact colones (76,400), seized from the convicted person [Name3]. Notify the Costa Rican Institute on Drugs by official letter. Once the judgment is final, the return of the following assets is ordered: a Yamaha brand motorcycle, style XTZ125E, license plate [Placa2], its return is ordered to its registered owner, the accused [Name6], and one hundred forty thousand exact colones to the convicted person [Name5]. It is ordered to keep in the custody of this office, in the evidence storage facility to be returned to the Specialized Cybercrime Section, the following evidence: One Kingstone brand storage device, black color, 64Gb capacity, labeled "63". One Toshiba brand hard drive, series 5589H94ASTZ5, 2TB capacity, and four backup reports. Once the judgment is final, the destruction of the following evidence is ordered: Three plastic bags, containing medium-sized plastic bags, and a roll of plastic for vacuum sealing, One piece of gray and black waterproofing tape. Four transparent plastic bags for vacuum packing with a legend reading "Food Saver". One Kolbi brand notebook with numerical annotations, with references to floors, of 21 folios. Fifteen folios of invoices from Ferretería Boston (exhibit 10), 17 folios with inquiries 16 to 32 of invoices from Ferretería Palmares (exhibit 10), 14 folios with consecutives 33 to 46 of invoices from Coopemadereros R.L (exhibit 10), 11 folios with consecutives 47 to 57 of invoices from Ferretería AVM (exhibit 10), 75 folios with consecutives 58 to 72 of invoices from various businesses and hardware stores (exhibit 10), three folios with the consecutives 73 to 75, with receipts for money and invoices, all in the name of [Name4] (exhibit 10). One packed, sealed, and stamped plastic bag containing two pieces of paper, both with letters, numbers, and names written in blue. One labeled, sealed, and stamped plastic bag containing an invoice for a money receipt from Motos del Sur, another invoice from Motos del Sur, and a payment voucher for insurance from the Costa Rican Social Security Fund. One folio of a money receipt and a brown notebook, one labeled, sealed, and stamped plastic bag containing various documentation (payment receipts to Wilba del Sur S.A). One labeled, sealed, and stamped plastic bag containing two folios, employer account statement, ID CED4. One labeled, sealed, and stamped plastic bag containing eight notebooks and various documentation. One labeled, sealed, and stamped plastic bag containing eleven vouchers, ten from Banco Nacional and one from Mutual Alajuela, and five money receipts. One labeled, sealed, and stamped plastic bag containing a blue Skipper brand notebook. One labeled, sealed, and stamped plastic bag containing a red agenda and eleven vouchers from Banco Nacional. One transparent plastic bag containing a yellow money transfer receipt, duly sealed and stamped. One labeled, sealed, and stamped plastic bag containing a brown agenda. One red and brown folder with the name of the company Veinsa Motors, containing a copy of purchase request number 78726, in the name of [Name5], dated March 22, 2016, for a Mitsubishi brand vehicle, Sport style, gray color, and four folios of copies of bank deposits from different financial institutions. One operational post logbook, Altamira Biological Station, with two hundred folios, one minute book with two hundred folios, one binder labeled patrol reports, Pittier post, One operational post logbook, Altamira Biological Station, which corresponds to a vehicle use control logbook of 35 folios, two detached sheets from vehicle 29-614. One sealed and stamped plastic bag containing a vehicle control slip. One chain-of-custody bag containing a vehicle control logbook "Vehicle Use Control 29-733" of 20 folios. One sealed and stamped plastic bag containing a blue folder with boat prints, with various notes and various folios, one transparent plastic bag containing inside a cell phone (DM16) brand Blu Mol Life One XL, black color with number CED5, with Kolbi SIM card and Maxell brand memory card, charger and battery, back cover. Based on the provisions of Article 258 of the Criminal Procedure Code, for a period of SIX MONTHS running from today, the ninth of April of the year 2021 to October 9 of the year 2021, the pretrial detention of the convicted persons [Name2] AND [Name5] is ordered. The cessation of all precautionary measures in force in the present case ordered against [Name6] is ordered, an acquittal having been issued in his/her favor, unless another case prevents it. The lifting of the real guarantee of mortgage constituted in favor of the Supreme Court of Justice, Judicial Branch, legal ID: CED6, for the sum of twenty million net colones, is ordered. This mortgage is registered under Volume: 2016, Entry: 678180, Sequence: 01, Subsequence: 0001, Consecutive: 001, on the property of the Canton of Puntarenas, registered in the National Registry under the mechanized folio real system, with registration number: [Placa3]. Once the judgment is final, register it in the Judicial Registry and send the corresponding certified copies to the sentence enforcement court and the National Institute of Criminology for their respective responsibilities. That is all. Maureen Castillo Vargas, Leonardo Brenes Gómez and Jofrey Salas Fuentes. Judge and Trial Judges." (sic). 2. That against the previous pronouncement, specifically regarding the issuance of the pretrial detention order, attorneys Guido Núñez Jarquín and Leonel Villalobos Salazar filed an appeal. 3. That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 466 of the Criminal Procedure Code, amended by Law 8837 published on the ninth of December, two thousand eleven (Creation of the Judgment Appeal Remedy), the Court considered the issues raised in the appeal. 4. That the relevant legal requirements have been observed in the proceedings. Authored by Judge Soto Arroyo; and; WHEREAS: I.- Attorneys Guido Núñez Jarquín, private defense counsel for the accused [Name5], and Leonel Villalobos Salazar, private defense counsel for [Name2], filed respective appeals against the issuance of the pretrial detention order against their clients, ordered during the reading of the operative part of judgment No. 170-2021, at 15:18 hours, on April 9, 2021, by the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón Courthouse. II.- As is evident from the audio of the hearing in which the operative part was read, both defense counsels indicate that there is no substantive element whatsoever to support the presumption of flight risk (peligro de fuga), as the accused have appeared for the debate and throughout the proceedings at all times, and that, in the case of the accused [Name5], she presents a degenerative health problem that may be complicated by imprisonment. They request that their appeals be granted. III.- The appeals are inadmissible. Article 452 of the Criminal Procedure Code states: "....In addition to what is provided in the contraventional procedure and in criminal enforcement, the appeal remedy shall proceed only against the resolutions of the courts in the preparatory and intermediate proceedings, provided they are declared appealable, cause irreparable harm, terminate the action, or prevent it from continuing...". For its part, article 458 of the same legal body indicates: "...All judgments and dismissals (sobreseimientos) issued in the trial phase that resolve criminal, civil, incidental, and other aspects determined by law are appealable..." and finally, article 459 reads: "... The appeal of judgment shall allow a comprehensive review of the ruling when the interested party alleges disagreement with the determination of the facts, the incorporation and assessment of evidence, the legal reasoning, or the setting of the penalty. The appellate court shall rule on the points expressly challenged, but shall declare, even ex officio, the absolute defects and breaches of due process it finds in the judgment...". It is evident that the challenges raised by the defense counsels are not admissible, given that they do not fall within the legal assumptions that allow the appeal remedy, not only because they do not occur in the stages prior to the trial phase, as stipulated by the cited Article 452, but because the issuance of the pretrial detention order as such does not fit within the assumptions of the mentioned Articles 458 and 459. Note that the imposition of pretrial detention in a judgment responds not to substantive or procedural elements that can be challenged before the Appellate Court of Criminal Sentencing, but rather to a safeguard to ensure that the accused remain subject to the criminal proceedings, in accordance with Article 258 of the procedural code, which lacks any means of challenge at this stage of the proceedings. Therefore, the appeals are declared inadmissible. THEREFORE: The appeals filed against the issuance of the pretrial detention order are declared inadmissible. Notify.- Circuit Court of Cartago, Telephones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [...] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:35:32. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República