Res. 00625-2021 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Statute of limitations for land-use change crime — instantaneous crime with permanent effectsPrescripción en delito de cambio de uso de suelo — delito instantáneo con efectos permanentes

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 00625 - 2021

Fecha de la Resolución: 22 de Junio del 2021 a las 11:00

Expediente: 12-200167-0591-PE

Redactado por: Yadira Godínez Segura

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Prescripción de la acción penal
Subtemas:
Análisis sobre los delitos permanentes, continuos, instantáneos y de estado.
Temas (descriptores): Infracción a la ley forestal
Subtemas:
Análisis sobre la prescripción y los delitos permanentes, continuos, instantáneos y de estado.
Temas (descriptores): Delito instantáneo
Subtemas:
Análisis con relación a la prescripción y los delitos permanentes, continuos y de estado.
Temas (descriptores): Delito permanente
Subtemas:
Análisis con relación a la prescripción y los delitos instantáneos, continuos y de estado.
Temas (descriptores): Delito de estado
Subtemas:
Análisis con relación a la prescripción y los delitos instantáneos, continuos y permanentes.
Temas (descriptores): Cambio no autorizado del uso de la tierra
Subtemas:
Análisis sobre la prescripción y los delitos permanentes, continuos, instantáneos y de estado.
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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

           PODER JUDICIAL                              

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN                      

           Tel: 2456-9069           [...]                   Fax: 24569029    

__________________________________________________________________________________

Exp: 12-200167-0591-PE

Res: 2021-00625

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN TERCERA. San Ramón, a las once horas ( 11:00 a.m.) del veintidós de junio de dos mil veintiuno.

 RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]  , aleman, portador de la cédula de residencia CED1, por un delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Yadira Godínez Segura, Annia Enríquez Chavarría y Carmen María Peraza Segura. Se apersonan en apelación de sentencia, la licenciada Zaray Chavarría Prado, en calidad de procuradora penal.

                                                        RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 204-2020 de las catorce horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con el artículo 30, inciso e, 311 inciso d del Código Procesal Penal, se ordena el sobreseimiento definitivo a favor del imputado [Nombre1]   por un delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, cometido en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se ordena levantar y dejar sin efecto cualquier orden de captura que con ocasión al presente proceso se haya emitido. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE." (sic).

      II.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Zaray Chavarría Prado, en calidad de procuradora penal, interpuso recurso de apelación de sentencia.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza de apelación de sentencia Godínez Segura; y,

CONSIDERANDO:

I. Mediante escrito presentado 12 de junio de 2020, la licenciada Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia número 204-P-20 de las 14:00 horas del 27 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal de Puntarenas.

II. Como primer motivo, alega contraria e insuficiente fundamentación de la sentencia, por omisión, -errónea- interpretación y no aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del Código Procesal Penal, en cuanto a la prescripción de los delitos permanentes. Describe la acusación emitida por el Ministerio Público, hechos que fueron calificados como un delito de cambio de uso de suelo, conforme con lo establecido en el artículo 61 inciso c) en relación con el artículo 19 de la Ley Forestal. Cita el artículo 32 del Código Procesal Penal y agrega que conforme con dicha norma, la sentencia apelada no tiene una valoración acertada del instituto de la prescripción, ya que se limitó a realizar el cómputo basado en el análisis de los artículos 31 y 33 del Código Procesal Penal, dejando de lado el artículo 32, el que para efectos del tipo penal acusado en este proceso es de relevancia, por cuanto se debe analizar la naturaleza del delito, para así computar su prescripción. Añade que en relación con el delito de cambio de uso de suelo, cuando los actos invasores consisten en obras como modificaciones o construcciones, se está en presencia de los denominados delitos continuados o permanentes, conocidos anteriormente como delitos de efectos permanentes. En este tipo delincuencias, la prescripción de la acción penal comienza su conteo una vez que cesa la permanencia de la obra invasora, ya que mientras esta se mantenga el ilícito se perpetúa en el tiempo y esa permanencia cesa cuando se elimina la estructura o construcción invasora y el recurso natural se recupera, regenera y vuelve a su estado original. Señala que en el hecho acusado se refiere a los movimientos de tierra, que implicaron el uso de maquinaria pesada, confección de terrazas y tala de árboles a ras, entre los que figuran las especies de Chaperno, Guácimo y Jobo, los cuales formaban parte de un bosque secundario, con cuyas actuaciones ilícitas ese ecosistema se destruyó, impidiendo la permanencia de su estado natural y fue transformado en terrazas, cubiertas con un tipo de zacatón alto o pasto elefante, y le colocaron unos tubos de PVC de 5 pulgadas a modo de drenaje, cambiándole su estado original y afectando gravemente el ambiente. Añade que a la fecha no hay constancia de que esas construcciones invasoras, o sea las terrazas y la siembra de zacatón alto y la colocación de los tubos PVC, hayan sido eliminadas, que la zona afectada esté regenerada y que no se estén realizando actos de detentación en el sitio invadido. Pese a lo anterior, se ordenó una prescripción de la acción penal, sin verificar previamente que tal circunstancia se haya dado, e insiste en que el análisis de la institución, conforme los numerales 31 y 32 realizado en sentencia no opera. Cita un voto del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, número 2013-1512, así como también un extracto de doctrina relacionada con el tema. En sentencia se tomó como causal de suspensión de la prescripción penal la rebeldía, no obstante considera que no procede aplicar la suspensión a un plazo que no ha empezado siquiera a correr. Añade que no hay duda de que las condiciones que generaron el delito, persisten al presente día y por tanto no se encuentra extinguida la acción penal. Solicita que la sentencia sea anulada y se continúe con el proceso. Sin lugar el reclamo.  El Tribunal de Juicio de Puntarenas, dictó la prescripción de la acción penal, en relación con los siguientes hechos: “1.- El imputado [Nombre1]  , es representante legal de la empresa denominada Seva Sociedad Anónima, cédula jurídica CED2, que a su vez es propietaria registral de la Finca matrícula de folio real [Placa1], que consiste en un terreno para construir y agricultora según registro, la cual se ubica en [Dirección1] , ,  , de la Provincia de Puntarenas, propiamente del Hotel Griss [Dirección2]   , cuyo plano catastral es el P-0870050-2003. 2.- Sin precisar fecha y hora exacta, pero aproximadamente en el periodo de tiempo comprendido entre el mes de febrero de dos mil diez y cuatro [Dirección3] junio de dos mil doce, el imputado [Nombre2]  , sin contar con los permisos otorgados por la administración forestal del Estado, con pleno conocimiento de su actuar delictivo, por medio de terceras personas que contrató, procedió a realizar movimientos de tierra que implicaron el uso de maquinaria pesada, confección de terrazas y tala de árboles a ras, entre los que figuran las especies de Chapermo, Guácimo y Jobo, los cuales formaban parte de un bosque secundario, sito en la propiedad privada, a saber la finca matrícula de folio real CED3, hoy día la CED4 inscrita a nombre de [Nombre3]   . 3.- Como parte del cambio de uso de suelo que llevó a cabo el acusado, se segregó y vendió a terceros las siguientes fincas del Partido de Puntarenas matrículas de folio real CED5, , , , , ,  y CED6". (textual, subrayado suplido, folio 133 del expediente principal). Para llegar a esa conclusión, el a quo realizó un recuento de los plazos de prescripción, que prevé nuestra normativa procesal en el numeral 30 y siguientes del Código de rito. En específico, señaló: “si realizamos un recuento de los actos procesales, el primer y único señalamiento a debate como acto interruptor de la prescripción tuvo lugar el 20 de enero del dos mil diecisiete (folio 102), produciendo el reinicio del plazo de prescripción pero reducido a la mitad, lo cual tratándose del delito de Infracción a la Ley Forestal previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley de Forestal vigente para la fecha de los hechos , el plazo de prescripción reducido a la mitad correspondería a un año y seis meses. Continuando con el recuento del cómputo, tenemos que se dio en fecha 19 de enero del 2018 un acto de suspensión de la prescripción, el cual fue la declaratoria en rebeldía del imputado, misma que superó el plazo de suspensión el 19 de julio del 2019 restando para prescribir la causa, un plazo de seis meses, pues ya había transcurrido un año antes del dictado de la rebeldía, año y seis meses restantes que terminaron de correr el 19 de enero del 2020, sin que con anterioridad a esa fecha se diera ningún otro acto capaz de interrumpir o suspender nuevamente la prescripción de la acción penal” (textual, folio 133 vuelto y 134 frente, expediente principal). La apelante no fustiga la correcta cuantificación de esos plazos, conforme con la normativa citada, sino que invoca que nos encontramos ante un delito permanente, el cual conforme con la doctrina y la norma, no empieza a tener efectos de prescripción hasta que cese el mismo. Esta Cámara ha analizado los argumentos expuestos por la recurrente en defensa de esta tesis y concluye que no le asiste razón. El tema de la clasificación de delitos permanentes o de carácter (o efectos) permanentes, no ha sido pacífico del todo en la doctrina internacional y patria, no obstante es posible obtener postulados importantes en su clasificación y conforme con la naturaleza y características de dichos delitos, extraer en forma objetiva, cuándo nos encontramos ante un delito de consumación inmediata, consumación inmediata con efectos permanentes, o bien delitos cuyo accionar se mantiene en el tiempo, dándoles el carácter de delitos permanentes. Bajo esa tesitura, tenemos que en el caso que nos ocupa, el delito de cambio de uso de suelo, resulta ser un delito inmediato con efectos permanentes. Esta clasificación nos lleva a determinar que, contrario a los delitos “permanentes o continuos”, para los cuales especifica el numeral 32 del código de rito, que el cómputo de los plazos de prescripción empiezan a correr “desde el día que cesó su permanencia”, para aquella otra clase de delincuencias operan las reglas de prescripción establecidas en los numerales 30 y siguientes del Código Procesal Penal, tal y como fueron aplicadas en la sentencia bajo examen. Ya este mismo Tribunal de Alzada, -con diferente integración -, se ha pronunciado sobre el tema mediante un análisis doctrinario y legal que se comparte plenamente, y que apunta a que no todos los delitos en contra de la Naturaleza, poseen la característica de ser permanentes. Así, mediante voto número 438-2012, de las 11:30 horas del 01 de junio de 2012, al resolver un recurso de casación en ese entonces, se plantearon los temas que aquí introduce la apelante en un delito de igual calificación jurídica, y se indicó: “Como puede claramente verse el motivo de disconformidad que nos convoca es muy puntual, el representante del Ministerio Público alega la calidad de permanente o de efectos permanentes del delito de cambio de uso de suelo, para argumentar que en tal sentido no lleva razón el fallo recurrido al establecer un punto de partida de la prescripción de dicho delito, a partir del cual se realizó el cómputo respectivo que llevó a la consecuente absolutoria.  Bien puede verse que el recurrente ni siquiera cuestiona el plazo o alega existencia de causas de interrupción de la prescripción, pues, en relación con el delito de tala ilegal acepta pacíficamente la resolución jurisdiccional que acordó la absolutoria por esta delincuencia.  En razón de lo anterior, el primer abordaje que se debe hacer es lo relacionado con las clasificaciones de los delitos que resultan relevantes a los efectos de determinar el momento en que inicia el cómputo de la prescripción.  Así las cosas tenemos que prestar particular atención a la distinción de los delitos entre permanentes e instantáneos y que, en la doctrina alemana, se conoce como la diferenciación entre delitos permanentes y de estado (ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General, § 10, aparte VIII sobre las "Clases de tipos", p. 329, con una amplia referencia bibliográfica al inicio del aparte); por considerar más ilustrativa esta segunda clasificación será la que seguiremos aquí. ROXIN, nos apunta que constituyen delitos permanentes "…aquellos hechos en los que el delito no está concluido con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad delictiva del autor tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por el mismo" (ROXIN. Op. Cit., p. 329, punto 105), tal el caso del plagio, previsto por el numeral 189 de nuestro Código Penal, en donde, mientras se mantenga la situación de servidumbre de la persona, la consumación del delito se sigue reiterando en el tiempo o de la privación del libertad sin ánimo de lucro (artículo 191 del Código Penal), donde la acción se reitera durante todo el tiempo en que el sujeto agente mantenga privado de su libertad de tránsito al sujeto pasivo. Cabe hacer especial énfasis en la relación que tiene esta clasificación con el núcleo o verbo del tipo, pues la acción típica se sigue reiterando conforme transcurre el tiempo en esta clase de delincuencias. En los delitos de estado lo característico es la producción de una determinada condición o situación en la que constituye, precisamente, ese estado, que es el que les da nombre según la clasificación establecida. Comúnmente se trata de delitos de resultado, tales como el homicidio, las lesiones y los daños. Sin embargo, con relación a esta categoría, también nos apunta [Nombre4] que: "…habrá que incluir también tipos como la bigamia (§ 171) o la falsificación de estado civil (§ 169); aunque en los mismos el autor sigue aprovechándose del estado creado por su hecho, ello no supone contraer con constante reiteración un matrimonio bígamo, y en la mayoría de los casos tampoco una repetición de la falsificación ya consumada del estado civil."  (ROXIN, op. cit., p. 329, punto 106). Esta distinción que hace el maestro alemán, resulta a nuestro parecer más precisa, aunque algunos autores, como Santiago Mir Puig, realizan una distinción tripartita diciendo: "Tanto los delitos de mera actividad como los de resultado pueden dividirse en delitos instantáneos, permanentes y de estado, según que la actividad o el resultado determinen la aparición de un estado antijurídico de cierta duración (delitos permanentes y delitos de estado) o no (delitos instantáneos). Ejemplo de delito instantáneo sería el homicidio: se consuma en el instante en que se produce el resultado, sin que éste determine la creación de una situación antijurídica duradera (la muerte, como estado naturalístico, no puede considerarse antijurídica porque no puede ya ser removida por el hombre).  Mayor dificultad encierra la distinción de las otras dos clases de delitos.  El delito permanente supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por la voluntad del autor (por ejemplo, detenciones ilegales, art. 163 CP); dicho mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica.  En cambio, en el delito de estado, aunque crea también un estado antijurídico duradero, la consumación cesa desde la aparición de éste, porque el tipo sólo describe la producción del estado y no su mantenimiento (ejemplos: falsificación de documentos, arts. 390 y ss., matrimonios ilegales, arts. 217 y ss.)" (Mir Puig, Santiago, Derecho Penal Parte General, Julio Césa Faira Editor, Montevideo-Buenos Aires, 7ª edición, reimpresión, 2005, página 227).  En todo caso, como puede claramente observarse, ambos autores coinciden en que el aspecto relevante o medular es la configuración típica del delito de que se trate, particularmente del giro verbal usado para describir la acción, al que, de ser suceptible de reiterarse en el tiempo, haría que el delito clasifique en la categoría de permanente, mientras que si el verbo típico se ejecuta en forma puntual, en un lugar y momento determinado, aún y cuando se genere una situación antijurídica que perviva en el tiempo, estaríamos ante un delito de estado o instantáneo de efectos permanentes.  Esta clasificación resulta importante o relevante con el objetivo de determinar las consecuencias en cuanto a la prescripción de la acción penal. Este previo desarrollo doctrinal resulta necesario para poner en evidencia, a nuestro entender, lo que es un error técnico del numeral 32 del Código Procesal Penal, norma que en su literalidad dispone: "Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los delitos continuados o de efectos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia" (la negrita es suplida).  Esta norma presenta una serie de imprecisiones, tales como hablar de "delitos continuados", haciendo referencia a un concepto más propio de la regulación concursal que contempla el numeral 77 del Código Penal, cuando más bien debió referir al delito continuo, que, como se ha analizado, es sinónimo del delito permanente, siendo aquel en que la conducta típica se reitera en el transcurso del tiempo y que su prescripción no se empieza a computar hasta que cese de reiterarse su consumación. La imprecisión técnica del artículo 32 del Código Procesal Penal va más allá, al dar el tratamiento de sinónimos a los delitos continuos (los que la doctrina alemana llama delitos permanentes) y los delitos de efectos permanentes (que los alemanes denominan delitos de estado). Al hacer dicha inadmisible equiparación, la ley procesal en el artículo 32 citado, introduce una incoherencia en el sistema, pues, respecto de los delitos de estado o instantáneos de efectos permanentes, tendríamos que, tal y como nos lo dice la doctrina son "... los hechos que están concluidos con la provocación de un determinado estado" (ROXIN, op.cit., p. 329), siguiendo la literalidad de la norma aludida, tendrían dos momentos diversos de inicio del cómputo de la prescripción, un primer momento, el de su consumación, un segundo, el cese de los efectos, dicotomía que sería insalvable.  En ese sentido, por tratarse de materia odiosa, debe estarse a lo que más beneficie al imputado (artículo 2 del Código Procesal Penal), por lo que sería necesario atenerse al momento de la consumación del delito como punto de partida de la prescripción, pues los efectos del delito, al tender a supervivir ese momento inicial, extenderían, en contra del imputado, la posibilidad de librarse mediante el instituto de la prescripción de la acción penal.  Esta problemática no existía con la regulación de la materia de la prescripción vigente antes de la reforma que introdujo el nuevo Código Procesal Penal, pues el artículo 83 del Código Penal, ya derogado, disponía, en forma totalmente consecuente con la doctrina penal expuesta: "La prescripción de la acción penal comienza a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y para los delitos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia.". Por ello, conforme lo dispone claramente la doctrina, los delitos instantáneos de efectos permanentes, se consuman en el momento del agotamiento de la acción típica, con independencia de que los efectos de ese delito se extendieran en el tiempo. Al interpretar como se ha expuesto el numeral 32 del Código Procesal Penal se le brinda coherencia, salvando las imprecisiones cometidas por el legislador en una interpretación armónica y sistemática del ordenamiento jurídico procesal, además de que se pone en concordancia el objeto de regulación con la posición doctrinal dominante en este aspecto. En orden a lo dicho es necesario tener en consideración el tipo penal que aquí nos ocupa, concretamente en lo que se refiere al cambio de uso de suelo, con el objetivo de establecer la naturaleza del verbo típico y discriminar la clasificación del mismo dentro de esas categorías conceptuales.  Es así como nuestra atención debe fijarse en los numerales 19 y 61 inciso c) de la Ley Forestal, el primero de dichos artículos dispone: "En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales" (la negrita es suplida).  Por su parte el tipo penal en específico dispone: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: ... c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley" (la negrita no pertenece al original).  Como puede verse la actividad de cambiar el uso del suelo es una actividad puntual y circunscrita a un momento determinado, fácilmente puede entenderse que una vez que cambia la naturaleza de un área que era bosque y el mismo se convierte en repasto, cultivo o cualquier otra actividad similar, la acción típica de cambiar la naturaleza del uso del terreno no se reitera con el hecho de que se prolongue la actividad para la que se efectuó o fue necesario el cambio del uso del suelo.  Gramaticalmente la diferenciación que debe hacerse es entre el verbo "cambiar" y el verbo, "usar" en tanto el primero se ejecuta una sola vez y ya la naturaleza de la cosa se transmutó (el suelo deja de ser bosque),  el segundo verbo implica una actividad que efectivamente puede prolongarse en el tiempo (la nueva naturaleza del suelo puede ser usada en forma indefinida), por ello, esta diferencia conceptual permite ubicar al delito que aquí nos ocupa como un delito de estado o instantáneo de efectos permanentes, es decir, un delito que aunque produce una situación antijurídica se consuma en un solo momento, cuando se produce el cambio de la naturaleza del suelo.  En vista de lo dicho consideramos correcta la argumentación ofrecida por el Tribunal de Juicio al sustentar la prescripción diciendo: "En el presente caso, se le ha acusado al aquí endilgado [Nombre5]., por el Ministerio Público como por medio de querella presentada por la Procuraduría General de la República, la infracción a la Ley forestal con base en el artículo 58 y 61, cuyas penas se encuentran de los tres meses a tres años el primero y de un mes a tres años el segundo.  Con base en lo anterior y si tomamos en cuenta el artículo 31 del Código Procesal Penal que indica los plazos de prescripción de la acción penal y la penalidad establecida para los ilícitos investigados prescriben después de transcurrido tres años, y en concordancia con el numeral 33 del mismo cuerpo legal, donde se dispone las causas de interrupción de los plazos de la prescripción de la Acción Penal, dicho plazo, de tres años, se reduce a la mitad, sea en año y medio o  dieciocho meses. Ahora bien, tenemos que la primera imputación formal de los hechos al acusado [Nombre5]. se da con la indagatoria, la cual consta a folios 62 y 63 y fue recibida el día veinte de octubre del dos mil ocho, si tomamos en cuenta el inciso 1) del artículo 33, la primera imputación formal de los hechos acusados, es la primera causa de interrupción de la prescripción de la acción Penal, por lo que, se debe tomar año y medio o dieciocho meses a partir de la fecha de la indagatoria, hasta la segunda causa de interrupción, que sería la resolución cuando se convoca por primera vez a la audiencia preliminar, que en caso concreto lo fue el día diecinueve de julio de dos mil diez, según consta a folio 195. De la fecha de la indagatoria veinte de octubre de dos mil ocho le sumamos los dieciocho meses para que prescriba la causa, ese evento se suscita el veinte de abril de dos mil diez y si el señalamiento de la audiencia preliminar lo fue el diecinueve de julio de dos mil diez, ya para esa fecha el plazo fatídico de la prescripción sobradamente ha trascurrido. Aunado a lo anterior, debemos de citar que la acusación del Ministerio Público es de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve (folios 143 a 182) y la sumaria fue pasada hasta el siete de mayo de dos mil nueve, (ver folio 194 vuelto) de lo que se colige que ya cuando la sumaria es recibida por el Juzgado Penal la causa estaba prescrita. Se alegó que existe una ampliación de la declaración indagatoria del imputado en fecha siete de setiembre de dos mil nueve a folio 104 y es a partir de esa fecha que se interrumpe nuevamente la prescripción de la acción penal, pero ello no es así, primero porque la ley no indica que cada vez que se indague al imputado es una causa de interrupción de la prescripción y por otro lado, si vemos dicho folio lo titulan como ampliación de la indagatoria, pero en realidad no es una ampliación toda vez que no se le están imputando al señor [Nombre5]. hechos diferentes a los que ya se le habían atribuido e investigado, más bien el encartado [Nombre5]. se presenta voluntariamente a la Fiscalía a realizar una manifestación o declaración que no había realizado, por lo que no se puede tener como una ampliación de la indagatoria ni mucho menos como causa de interrupción de la acción penal. Argumentó el representante del Estado que la causa no estaba prescrita por encontrarnos ante un delito permanente, argumento que esta Cámara no comparte toda vez que para poder determinar si nos encontramos ante un delito instantáneo o permanente, hay que analizar no solo la acción realizado por el infractor sino que también el momento de consumación del ilícito. En cuanto al delito instantáneo, éste se consuma en el instante en que se produce el resultado, sin que crea una situación antijurídica a través del tiempo. Con relación  se consuma en el instante en que se produce el resultado, sin que éste determine la creación de una situación antijurídica duradera. El delito permanente supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por la voluntad del autor y dicho mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica, lo que significa que mientras se esté realizando la acción ilícita del encartado se está infringiendo la norma. En el caso que nos ocupa, al encartado [Nombre5]. se le atribuyó que realizó una tala raza en un área de bosque causando un daño patrimonial y social, además que en dicha área que ordeno deforestar posteriormente quemó el suelo y realizó una siembra de tiquizque, consumando así un cambio ilegal de uso de suelo. Esas acciones atribuidas al encartado se consumaron en el momento en que realizó la supuesta acción. Véase que el delito de deforestación o tala ilegal se consume en el momento en que el agente activo corta u ordena cortar los árboles sin el permiso respectivo o en zona de protección, la cual se realiza en una sola acción, por lo que dicha acción no la realiza o se mantiene realizando por un lapso de tiempo, sino que la tala de árboles se ejecuta en un solo momento, por lo el delito de tala ilegal, y en zona de protección es un delito instantáneo que se consuma en el instante en que se produce el resultado, lo mismo sucede con el cambio de uso de suelo, que se consuma en el momento en que el agente activo realiza la acción que produce ese cambio en el suelo, que en caso concreto se consume en el momento en que se modifica un estado de bosque del suelo y lo utilizan para la agricultura. Tampoco el hecho que el perjuicio a la naturaleza lo sea en forma prolongada hace que estemos ante un delito permanente, para ello podemos indicar la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal cuando resolvió: “La naturaleza de permanente de un delito no se la da la prolongación del perjuicio (…) pues todo delito puede afectar bienes jurídicos, y por ende, producir un perjuicio que se puede prolongar en el tiempo, como el homicidio donde el perjuicio ocasionado con la muerte será prolongado, así mismo las lesiones, que hasta pueden dejar incapacidades permanentes, y sin embargo ambos son delitos de acción instantánea. Por lo que si el criterio distintivo de los delitos permanentes fuera (…) el perjuicio prolongado, tendríamos que los típicos delitos instantáneos serían permanentes”. Tribunal de Casación Penal, voto Nº 812-2002. Con base a ello, las infracciones a la ley forestal atribuidas al endilgado [Nombre5]. no sería un delito permanente, puesto que si bien el perjuicio a los recursos naturales se prolongan a través del tiempo, no es un elemento o característica fundamental para determinar si el delito es permanente o instantáneo, sino que como se indicó es la acción del autor, la permanencia de él y el momento de consumación. Por todo lo expuesto, al haber transcurrido el plazo fatídico de la prescripción, declarándose extinguida la acción penal y en consecuencia, al haberse dejado la excepción de prescripción para el análisis de fondo de la sentencia, para la íntima relación en que se encontraban los hechos atribuidos a don [Nombre5]. con los endilgados al encartado [Nombre6]., en este momento procesal lo que corresponde es ABSOLVER de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre5]. por TRES DELITOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, al haber prescrito la acción penal". (Confrontar sentencia de folio 259 vuelto a 260 vuelto).  Tal y como puede verse, la línea argumentativa del tribunal de juicio discurre por criterios similares a los expuesto anteriormente y conllevan a concluir que, sin lugar a ninguna duda, el delito de cambio de uso del suelo se encontraba prescrito, por lo que en efecto es correcta la decisión tomada en este caso.  Ante dicha situación lo procedente es declarar sin lugar el motivo de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público. Independientemente de la clasificación que se otorga por la doctrina, lo cierto es que la acusación describió hechos en un ámbito temporal muy bien definido, sin que se pueda extraer de ellos una acción continúo del orden delictivo por parte del imputado”.  De igual forma el juez Rodríguez Miranda agregó nota en dicha resolución, a través de la cual, visto el tema desde una perspectiva estrictamente legal, se llega a la misma conclusión. Dicha nota señala: “Concurro con los integrantes de este Tribunal de Apelación de Sentencia en cuanto a que, en efecto, en este caso está prescrita la acción penal por el delito de cambio de uso de suelo.  No obstante lo anterior, debo señalar que, independientemente de cómo la doctrina clasifique  la naturaleza jurídica de los delitos, sea estos en instantáneos, permanentes o de estado, o bien, en consumados o permanentes (continuos, dicen otros), es lo cierto que en nuestro medio los mismos fueron clasificados, para efectos de computar el plazo de prescripción, en “consumados” y “de efectos permanentes”, estos últimos denominados también como “continuados”.  Bajo esta tesitura, ya sea que se comparta o no, con esta distinción,  lo expuesto en la doctrina, lo cierto es que en nuestro sistema hay que partir de lo previsto en el artículo 32 del Código Procesal Penal.  Esto significa que, a efectos de establecer el plazo de la prescripción, lo que interesa es determinar si la acción delictiva se consumó de inmediato, lo que algunos llaman delito instantáneo, o bien, si el delito permanece cometiéndose en el tiempo, debido a que la acción o conducta no ha cesado, como ocurre, por ejemplo, en los delitos de usurpación.  En el presente caso, dado que la acción del ilícito de cambio de uso de suelo conlleva una consumación inmediata y ello no implica una permanencia en el actuar delictivo (en tanto cambiar significa “convertir o mudar algo en otra cosa” o “dejar una situación o cosa para tomar otra”, así “Diccionario de la Lengua Española”, Tomo I, de la Real Academia Española, España, 2001, p. 410), resulta claro que, tal y como lo acusaron el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (ver requisitoria fiscal y querella, respectivamente), esta acción la concretó el imputado “entre los meses de agosto y setiembre del año 2008”.  Así las cosas, si en el presente asunto no existió acto procesal alguno que interrumpiera el plazo de prescripción, no lleva razón el representante del Ministerio Público en su queja, toda vez que dicho período o plazo se cumplió sobradamente en la causa entre la indagatoria del imputado el 20 de octubre de 2008 y la primera convocatoria a audiencia preliminar el 19 de julio de 2010”.  La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ha examinado el tema de los delitos permanentes y/o de carácter permanente, a la luz del jurista Francisco [Nombre7] y al respecto ha señalado: “En relación con los delitos de carácter permanente, se tiene que:  “[…] De acuerdo con la doctrina, los delitos permanentes “… son hechos punibles en los cuales, de acuerdo a la interpretación del tipo penal (entendido como norma prohibitiva) resulta que después de la producción del resultado, hay la realización de otras acciones o la conservación de la situación producida (por acción u omisión), realización que constituye lo injusto típico. Estas acciones u omisiones posteriores forman una unidad con la producción del primer resultado. Lo anterior permite ver el acontecimiento total como una única realización del tipo. Como hemos indicado, el primer resultado debe ser el producto de la violación a la norma. La acción u omisión subsiguiente, que forma una unidad con el primer resultado y que constituye también lo injusto, debe ser también objetivamente imputable al autor como su obra...” ([Nombre7], Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pág. 369). Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que “… en los delitos permanentes se describe una acción o conducta de un carácter tal que se crea con su producción no solo la consumación típica sino también una injusta y duradera situación –también típica- de lesión o peligro para el bien jurídico, que se mantiene o prolonga en el tiempo sin solución de continuidad, hasta tanto no la cese el autor, como sucede también, por ejemplo, en la Privación de libertad sin ánimo de lucro (artículo 191 del Código Penal), en el Secuestro extorsivo (art. 215 C.P.), o en la Violación de domicilio (art. 204 C.P.). Esta particularidad de los delitos permanentes tiene relevancia en orden a otros problemas, como por ejemplo: a) la posibilidad de sobrevenir formas de participación o coautoría tras la consumación; b) cualquiera que sea el momento elegido para ejercer la legítima defensa, en los delitos permanentes la agresión ilegítima siempre es “actual” mientras se mantiene la situación injusta; c) para el cómputo de la prescripción de la acción penal se considera que el plazo corre desde el día en que cesó la permanencia de esa situación injusta (cfr. art. 32 del Código Procesal Penal), pues de lo contrario podría darse el absurdo de que el delito prescribiera sin haber cesado los autores en su actuación típica y antijurídica; (cfr. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2ª edición, 1990, págs. 152 y 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2ª reimpresión de la 2ª edición, 1998, pág. 335; [Nombre8] , Francisco y otra: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, pág. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, s.f.e., pág. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, pág. 10; [Nombre9] ., Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, pág. 358; [Nombre10], Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 155. Respecto al concurso de delitos, véanse las interesantes observaciones de [Nombre11], Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pág. 267 y 274). … Como se ha dicho, un delito permanente no se termina sino hasta que cesa la actividad, ya sea por la voluntad del agente o por causas ajenas a él que le impidan materialmente dar permanencia a la actividad, como ha sucedido, por ejemplo al sobrevenir su privación de libertad en sede judicial.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 2001-00036, de las 10:00 horas, del 12 de enero de 2001). Por su parte, el delito de efectos permanentes, “ocurre cuando, no obstante haber conseguido el resultado, el imputado tiene una conducta permisiva y estando en posibilidad de eliminarla, se abstiene de hacerla cesar… de acuerdo con el artículo 32 del cód. proc. pen. (sic) la prescripción empieza a correr desde que cese la situación de permanencia…” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pg. 373-374). La diferencia entre ambas figuras, es entonces que el delito permanente se ejecuta durante un extenso período de tiempo –mientras se ve agredido el bien jurídico, como por ejemplo en la privación de libertad, en la que cada momento en que el autor no libere a la víctima, implica una constante consumación del hecho-hasta que la acción material cesa por parte del autor, mientras que el delito de efectos permanentes, una vez ejecutado, y aún cesada la acción material del autor, el efecto sobre el bien jurídico se mantiene. Un ejemplo de esto sería el delito de falsificación y uso de documento falso, pues el documento, una vez falsificado, podrá ejercer sus efectos hasta que se declare su invalidez (CASTILLO, op cit., pg. 373)”. Sobre el mismo tema, el Voto 36-2001, del 12 de enero de 2001, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre el carácter permanente del delito de venta de drogas, señaló: ”...lleva razón la defensa en cuanto a que su patrocinado es autor de solamente un delito, pero no del tipo simple –como ella pretende- sino de su modalidad agravada (organización para la venta de droga al consumidor), esto así por las razones que ya fueron expuestas en el Considerando I de esta resolución, pues lo cierto es que [[Nombre12] ] . actuó conjuntamente con sus hijos [[Nombre13] ]. y [[Nombre14] ]. Es necesario precisar que la venta de droga al consumidor a que se refiere la Ley N° 7786 tiene la naturaleza de un delito permanente, cuestión que ya ha sido señalada en la jurisprudencia de esta Sala. Así, se ha dicho que: «Sin duda alguna este es un error in iudicando , pues el tribunal sancionó dos veces lo que en realidad constituye una sola conducta delictiva por parte de ambos acusados, pues en el caso de la “venta” de drogas que se hace para el uso propio de los consumidores, el carácter de la acción descrita en el tipo penal implica la posibilidad de su prolongación en el tiempo, sin solución de continuidad, esto es, que la acción consumada de “vender” puede prolongarse en el tiempo o, dicho en otras palabras, continuar consumándose por un lapso más o menos prolongado. Esto quiere decir, por ejemplo, que tanto el sujeto que realiza una sola venta de droga a un consumidor, como aquel que todos los días –durante un año- le vende a uno o diferentes consumidores, en realidad cometen un solo delito de venta de droga al consumidor, pues por “venta” no solo se ha de entender la acción y efecto de vender sino también la actividad en sí de vender» (cfr. Sala III, N° 484 de las 9:10 hrs. del 22 de mayo de 1998.En igual sentido la N° 1084 de las 15:00 hrs. del 30 de septiembre de 1997).A diferencia de los llamados delitos instantáneos (en los que la acción se consuma en un momento y en él termina, como sucede en el Homicidio), en los delitos permanentes se describe una acción o conducta de un carácter tal que se crea con su producción no solo la consumación típica sino también una injusta y duradera situación –también típica- de lesión o peligro para el bien jurídico, que se mantiene o prolonga en el tiempo sin solución de continuidad, hasta tanto no la cese el autor, como sucede también, por ejemplo, en la Privación de libertad sin ánimo de lucro (artículo 191 del Código Penal), en el Secuestro extorsivo (art. 215 C.P.), o en la Violación de domicilio (art. 204 C.P.)” (textual).  De vuelta al caso bajo examen, tenemos que el Ministerio Público le atribuyó al justiciable Mafred Michael Senner, la comisión del delito de cambio de uso de la tierra, en el siguiente espacio temporal: “Sin precisar fecha y hora exacta, pero aproximadamente en el periodo de tiempo comprendido entre el mes de febrero de dos mil diez y cuatro de junio de dos mil doce”. Se desprende entonces que el daño sufrido por la naturaleza se circunscribe a la acción ejecutada por el imputado en ese período, mientras que las características propias de un cambio de uso de tierra, hizo efectivo el resultado de inmediato. Lo anterior no significa que durante el proceso penal, no pudiera haber existido un plan de enmienda, mitigación y resarcimiento económico por el daño ambiental causado, lo que para males, no se logró en el proceso por la llegada de extinción de la acción penal.  De ahí que resultara legalmente procedente que al caso en particular, se hayan aplicado las reglas de prescripción que prevén los numerales 30 y siguientes del Código Procesal Penal, y que en definitiva conforme con el fundamento dado en el fallo, se determinara que el plazo de prescripción venció un año y medio después del último señalamiento a debate (aparte del período de rebeldía), sin que hubiera operado alguna otra causal interruptora de dicho plazo. Añade esta Cámara, que el principio pro natura y la defensa de los derechos ambientales, son de primera línea en nuestra sociedad, como parte de los derechos fundamentales de las personas, por lo que no se desconoce la trascendencia de una adecuada aplicación del ordenamiento jurídico en esta área, no obstante, esto no significa que pueda introducirse la arbitrariedad en la persecución penal, en relación con los plazos de prescripción, puesto que esto también iría en contra del Estado de Derecho y otros derechos fundamentales de la gente. El Estado, a través de sus respectivos órganos represivos, debe velar por el cumplimiento de las exigencias legales, en el marco de actuación bajo el cual se persiguen las diferentes conductas delictivas, en perjuicio de la Naturaleza. Por todas estas consideraciones, se declara sin lugar el motivo.

III. El segundo motivo es por insuficiente fundamentación de la sentencia, por omisión en cuanto a la orden de restitución de las cosas al estado anterior. La juzgadora no dispuso ni ordenó nada en relación al sitio afectado y su restauración al estado original, mediante la eliminación de las terrazas construidas, para que se permita la regeneración del mismo. En este sentido el artículo 140 del Código Procesal Penal, el numeral 99 inciso h de la Ley del Ambiente y el artículo 96 del Código Penal, son contundentes al establecer la restitución de las cosas al estado anterior, sobre todo en materia ambiental, mediante la eliminación de obras invasoras que cambiaron el uso de suelo en terrenos cubiertos de bosque. Agrega que la jurisprudencia de los tribunales de casación y hoy de tribunales de apelaciones, es categórica en señalar que en aras del principio pro Natura y de irreductibilidad del bosque, toda conducta invasora debe ser suprimida, a fin de eliminar el riesgo de perjuicio del recurso natural, e impedir que se saque provecho del ilícito, ello de oficio aún en absolutorias y hasta sin acción civil resarcitoria de por medio. Cita el voto 2014-1528 del Tribunal de Apelación de Cartago y el 2007- 0964 del Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José. Añade que en el presente asunto, aún en el caso en que hubiera operado la prescripción de la acción penal, existen pruebas en el expediente que sustentan la afirmación, de que efectivamente se realizaron movimientos de tierra, que implicaron el uso de maquinaria pesada, confección de terrazas cubiertas con tipo de zacatón alto y colocación de tubos de PVC, así como tala de árboles a ras, de ello da fe la denuncia el informe que consta en autos, emitido por la Oficina subregional Cóbano del Área de Conservación Tempisque, como también el anexo fotográfico donde se visualizan las afectaciones generadas en el lugar de los hechos, la construcción de la terrazas y la tala de árboles. También el oficio de la Oficina subregional de Cóbano, que establece la valoración del daño ambiental. Pese a lo anterior el Tribunal omitió referirse al tema. Considera que falta la fundamentación respecto a la restitución de las cosas al estado anterior, por lo que pide que se anule la sentencia y se dicte la correspondiente medida de restitución de las cosas a su estado anterior. Sin lugar el motivo.  El artículo 140 del Código Procesal Penal señala: “En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el tribunal puede ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo”. Por su parte, el numeral 96 del mismo código indica: “El otorgamiento de la amnistía, el indulto, la rehabilitación, el perdón judicial, la condena de ejecución condicional y la libertad condicional no afectan la responsabilidad civil ni el comiso. La extinción de la acción penal y de la pena no producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado, ni impedirá el decomiso de los instrumentos del delito”.  Asimismo, el artículo 99 inciso h) de la Ley del Ambiente, indica: “Artículo 99.- Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: ...h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente”.  Todas estas normativas persiguen, como lo afirma la apelante, la restitución del estado de cosas al estado que tenían antes del hecho y en definitiva la corrección de los daños causados y son una derivación de la norma contemplada en el numeral 103 del Código Penal, que señala que un hecho punible tiene como una de sus consecuencias la restitución de las cosas objeto del mismo y la reparación del daño. Sin embargo, para ello es necesario que se establezca la existencia de un hecho punible -contrario al ordenamiento-, pues dichas disposiciones no se relacionan en sentido estricto a un tema de indemnización civil, sino que como se indicó, son una consecuencia derivada del hecho punible, razón por la cual, se ha admitido en forma general por parte de la jurisprudencia patria, que puedan ser dispuestas incluso de oficio, por parte de las personas juzgadoras, aún sin existir acción civil resarcitoria. En el caso bajo examen nos encontramos ante el dictado de una sentencia de sobreseimiento definitivo, por extinción de la acción penal, mientras que dentro del proceso penal, no se llegó a debatir la existencia o no del hecho delictivo, ni ninguna otra circunstancia propia del eventual daño causado. Al tratarse de un sobreseimiento por prescripción de la acción penal, como es este caso, no se determinó la tipicidad de la conducta, su antijuridicidad, ni la culpabilidad, pues no se dio el juicio tendiente a su determinación, tampoco se estableció la inexistencia del delito y es ante esa situación que  no procede  el restablecimiento de las cosas a su estado antes del delito como se pretende. Existe un marco de referencia sobre los hechos investigados y acusados, que sirven como fundamento de la sentencia para los efectos del principio de legalidad penal non bis in idem, no obstante la sola enunciación de un cuadro típico de una conducta delictiva, no faculta en la especie al juzgador de instancia, a pronunciarse sobre algún tipo de indemnización, resarcimiento o restitución de cosas a su estado previo a los hechos. No desconoce esta Cámara que la absolutoria o el sobrevenir de  una prescripción en la causa, no son óbice para que el tribunal se pronuncie sobre la acción civil planteada, o de oficio se pronuncie sobre la necesidad de ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior. Sin embargo, esa decisión imperará cuando en el caso concreto, cualesquiera hayan sido las razones por las cuales el imputado resultó absuelto o sobreseído penalmente, consten en autos elementos de prueba que describan un estado de cosas contrario al ordenamiento jurídico y que deba enmendarse, todo lo cual debía ser discutido en un debate oral y público, en el que la persona juzgadora pudiera imponerse de las pruebas y argumentos de las partes, para tomar una decisión válida, lo cual no sucedió en la especie, toda vez que el sobreseimiento fue dictado antes del debate, como legalmente en este caso procedía. Por otro lado, si bien la recurrente alude al artículo 96 párrafo segundo del Código Penal, que es anterior a la reforma procesal que trasladó al código de rito la prescripción de la acción penal, este ha de entenderse como el derecho a accionar dentro del ordenamiento jurídico, no solamente en la sede penal, a fin de obtener una indemnización o reclamo derivado de un delito, ya sea que la causa penal haya prescrito en su acción o en la pena. Esta norma emitida con posterioridad al artículo 871 del Código Civil, (según la cual, las acciones civiles procedentes de delito o cuasidelito, se prescriben junto con el delito o cuasidelito del que proceden) derogó tácitamente la norma civil, y de ahí que se mantenga la posibilidad de accionar, aún cuando la acción penal haya prescrito, siempre que la civil no ha corrido la misma suerte, según el plazo legal que le corresponde. De esta forma lo interpretó la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante voto 2002-861 de las 10:00 horas del 20 de agosto de 2002).  En el presente asunto no se ordenó nada en sentencia, en relación con la indemnización del daño causado o la restitución de cosas a su estado anterior, lo cual deriva de la ausencia del sometimiento de parte del justiciable, a los reclamos de orden penal y civil que pudieran hacérsele y que condujeran eventualmente a una decisión penal o civil fundamentada en su contra, lo cual como se ha indicado, no es óbice para que el órgano estatal acuda a las instancias jurisdiccionales y administrativas necesarias, con el fin de establecer el daño causado y las consecuencias civiles del mismo.  Por estos motivos se desestima el reclamo y se declara sin lugar. 

POR TANTO:

 Se declara sin lugar, el recurso de apelación presentado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal.  NOTIFÍQUESE.

 

 

 

Yadira Godínez Segura

 

 

 

 

 

 Annia Enríquez Chavarría                                 Carmen María Peraza Segura

 Juezas de Apelación de Sentencia

 

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº 12-200167-0591-PE

Contra: [Nombre1]  

Delito: Forestal

En perjuicio de: Los recurso Naturales

[Nombre15]*

 

 

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:44:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal de Appeal of Criminal Sentence of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón

Resolution No. 00625 - 2021

Date of Resolution: June 22, 2021 at 11:00

Docket: 12-200167-0591-PE

Drafted by: Yadira Godínez Segura

Type of matter: Criminal appeal

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER

Content type: Majority vote
Topics (descriptors): Prescription of criminal action
Subtopics:
Analysis of permanent, continuous, instantaneous, and status crimes.
Topics (descriptors): Violation of the Forestry Law
Subtopics:
Analysis of prescription and permanent, continuous, instantaneous, and status crimes.
Topics (descriptors): Instantaneous crime
Subtopics:
Analysis in relation to prescription and permanent, continuous, and status crimes.
Topics (descriptors): Permanent crime
Subtopics:
Analysis in relation to prescription and instantaneous, continuous, and status crimes.
Topics (descriptors): Status crime
Subtopics:
Analysis in relation to prescription and instantaneous, continuous, and permanent crimes.
Topics (descriptors): Unauthorized change of land use
Subtopics:
Analysis of prescription and permanent, continuous, instantaneous, and status crimes.
Sentences in the same sense

Sentence with protected data, in accordance with current regulations

Text of the resolution

           JUDICIAL POWER

TRIBUNAL OF APPEAL OF SENTENCE OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN

           Tel: 2456-9069         [...]                   Fax: 24569029

__________________________________________________________________________________

Docket: 12-200167-0591-PE

Res: 2021-00625

 TRIBUNAL OF APPEAL OF SENTENCE OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, THIRD SECTION. San Ramón, at eleven o'clock (11:00 a.m.) on June twenty-second, two thousand twenty-one.

 APPEAL OF SENTENCE filed in the present case brought against [Name1], German, holder of residence card CED1, for a crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW, to the detriment of NATURAL RESOURCES. The judges Yadira Godínez Segura, Annia Enríquez Chavarría, and Carmen María Peraza Segura participate in the decision of the appeal. Licenciada Zaray Chavarría Prado appears in the sentence appeal, in her capacity as criminal prosecutor.

                                                        WHEREAS:

 I.- That by sentence number 204-2020 at two o'clock in the afternoon on May twenty-seventh, two thousand twenty, the Trial Court of Puntarenas resolved: "THEREFORE: In accordance with Article 30, subsection e, 311 subsection d of the Criminal Procedure Code, a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) is ordered in favor of the accused [Name1] for a crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW, committed to the detriment of NATURAL RESOURCES. Any arrest order issued in connection with this proceeding is ordered lifted and rendered void. The costs of the proceedings are to be borne by the State. NOTIFY." (sic).

     II.- That against the preceding ruling, licenciada Zaray Chavarría Prado, in her capacity as criminal prosecutor, filed an appeal of sentence.

 III.- That upon verification of the respective deliberation, in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Tribunal of Appeal of Sentence of the III Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.

 IV.- That in the proceedings the pertinent legal prescriptions have been observed.

 Drafted by the sentence appeals judge Godínez Segura; and,

WHEREAS:

I. By a written submission filed June 12, 2020, licenciada Zaray Chavarría Prado, Criminal Prosecutor, filed an appeal against sentence number 204-P-20 at 2:00 p.m. on May 27, 2020, issued by the Court of Puntarenas.

II. As the first ground, she alleges contradictory and insufficient reasoning of the sentence, due to omission, -erroneous- interpretation, and non-application of the provisions of Article 32 of the Criminal Procedure Code, regarding the prescription of permanent crimes. She describes the accusation issued by the Public Prosecutor's Office, facts that were classified as a crime of land-use change (cambio de uso del suelo), in accordance with the provisions of Article 61 subsection c) in relation to Article 19 of the Forestry Law. She cites Article 32 of the Criminal Procedure Code and adds that according to that norm, the appealed sentence lacks a correct assessment of the institution of prescription, as it merely computed the period based on the analysis of Articles 31 and 33 of the Criminal Procedure Code, leaving aside Article 32, which for the purposes of the criminal type charged in this proceeding is relevant, because the nature of the crime must be analyzed in order to compute its prescription. She adds that in relation to the crime of land-use change, when the invasive acts consist of works such as modifications or constructions, these are so-called continued or permanent crimes, formerly known as crimes with permanent effects. In this type of offense, the prescription of the criminal action begins its count once the permanence of the invasive work ceases, since as long as it remains, the illicit act is perpetuated over time, and that permanence ceases when the invasive structure or construction is eliminated and the natural resource recovers, regenerates, and returns to its original state. She points out that the charged fact refers to earthworks (movimientos de tierra), which involved the use of heavy machinery, the creation of terraces, and clear-cutting of trees, including species such as Chaperno, Guácimo, and Jobo, which were part of a secondary forest, and through these illicit actions that ecosystem was destroyed, preventing the permanence of its natural state, and it was transformed into terraces, covered with a type of tall grass or elephant grass, and 5-inch PVC pipes were placed as drainage, changing its original state and seriously affecting the environment. She adds that to date there is no evidence that these invasive constructions, namely the terraces, the planting of tall grass, and the placement of PVC pipes, have been eliminated, that the affected area has regenerated, or that acts of possession are not being carried out on the invaded site. Despite the foregoing, a prescription of the criminal action was ordered, without prior verification that such a circumstance had occurred, and she insists that the analysis of the institution, pursuant to numerals 31 and 32, as carried out in the sentence, is inapplicable. She cites a vote of the Tribunal of Appeal of the Second Judicial Circuit of San José, number 2013-1512, as well as a doctrinal excerpt related to the topic. In the sentence, the declaration of default (rebeldía) was taken as a cause for the suspension of the criminal prescription; however, she considers that suspension should not apply to a period that has not even started running. She adds that there is no doubt that the conditions that generated the crime persist to this day, and therefore the criminal action is not extinguished. She requests that the sentence be annulled and that the proceeding continue. The claim is without merit. The Trial Court of Puntarenas declared the prescription of the criminal action in relation to the following facts: “1.- The accused [Name1] is the legal representative of the company called Seva Sociedad Anónima, legal ID CED2, which in turn is the registered owner of the Property with real folio registration [Placa1], which consists of land for construction and agriculture according to the registry, located at [Dirección1], , , of the Province of Puntarenas, specifically at the Griss Hotel [Dirección2], whose cadastral map is P-0870050-2003. 2.- Without specifying an exact date and time, but approximately in the period between February two thousand ten and [Dirección3] June two thousand twelve, the accused [Name2], without having the permits granted by the State forest administration, with full knowledge of his criminal actions, through third parties he contracted, carried out earthworks (movimientos de tierra) that involved the use of heavy machinery, the creation of terraces, and clear-cutting of trees, including species such as Chapermo, Guácimo, and Jobo, which were part of a secondary forest, located on the private property, namely the farm with real folio registration CED3, now CED4 registered in the name of [Name3]. 3.- As part of the land-use change (cambio de uso del suelo) carried out by the accused, the following farms of the District of Puntarenas, with real folio registrations CED5, , , , , , and CED6, were segregated and sold to third parties.” (verbatim, underlining supplied, folio 133 of the main file). To reach that conclusion, the trial court conducted a recount of the prescription periods provided for in our procedural law in numeral 30 et seq. of the procedural Code. Specifically, it noted: “if we recount the procedural acts, the first and only scheduling of a hearing as an act interrupting prescription took place on January 20, two thousand seventeen (folio 102), causing the prescription period to restart but reduced by half, which, in the case of the crime of Violation of the Forestry Law provided for in Article 61 subsection c) of the Forestry Law in force at the time of the facts, the prescription period reduced by half would be one year and six months. Continuing the recount of the calculation, we have that on January 19, 2018, an act suspending prescription occurred, which was the declaration of default of the accused, which exceeded the suspension period on July 19, 2019, leaving a period of six months for the case to prescribe, since one year had already elapsed before the declaration of default, and the remaining one year and six months ended on January 19, 2020, without any other act capable of interrupting or suspending the prescription of the criminal action again occurring before that date” (verbatim, folio 133 verso and 134 front, main file). The appellant does not challenge the correct quantification of those periods, in accordance with the cited regulations, but rather invokes that we are dealing with a permanent crime, which, according to doctrine and the law, does not begin to have effects for prescription until it ceases. This Chamber has analyzed the arguments put forward by the appellant in defense of this thesis and concludes that she is not right. The issue of classifying permanent crimes or crimes of permanent character (or effects) has not been entirely peaceful in international and national doctrine; however, it is possible to obtain important postulates in their classification, and in accordance with the nature and characteristics of such crimes, to objectively determine when we are dealing with a crime of instantaneous consummation, instantaneous consummation with permanent effects, or crimes whose action continues over time, giving them the character of permanent crimes. Under that view, we have that in the case at hand, the crime of land-use change (cambio de uso del suelo) turns out to be an instantaneous crime with permanent effects. This classification leads us to determine that, contrary to "permanent or continuous" crimes, for which numeral 32 of the procedural Code specifies that the calculation of the prescription periods begins to run "from the day its permanence ceased," the other class of offenses are governed by the prescription rules established in numerals 30 et seq. of the Criminal Procedure Code, as applied in the sentence under review. This same Appeals Court—with a different composition—has previously ruled on the subject through a doctrinal and legal analysis that is fully shared, and which indicates that not all crimes against Nature have the characteristic of being permanent. Thus, through vote number 438-2012, at 11:30 a.m. on June 1, 2012, when resolving a cassation appeal at that time, the issues raised here by the appellant in a crime of the same legal classification were addressed, and it was indicated: “As can clearly be seen, the reason for disagreement that calls upon us is very specific; the representative of the Public Prosecutor's Office alleges the permanent nature or permanent effects of the crime of land-use change, to argue that the appealed ruling is therefore incorrect in establishing a starting point for the prescription of said crime, from which the respective calculation was made that led to the consequent acquittal. It can clearly be seen that the appellant does not even question the period or allege the existence of causes for interruption of prescription, since, in relation to the crime of illegal logging, the jurisdictional resolution that ordered the acquittal for this offense is peacefully accepted. Therefore, the first approach that must be taken is related to the classifications of crimes that are relevant for determining the moment at which the prescription period begins to run. Thus, we must pay particular attention to the distinction between permanent and instantaneous crimes and, in German doctrine, known as the differentiation between permanent crimes and status crimes (Roxin, Claus, Criminal Law. General Part, § 10, section VIII on 'Classes of types,' p. 329, with an extensive bibliographic reference at the beginning of the section); as this second classification is more illustrative, it is the one we will follow here. Roxin points out that permanent crimes are '…those acts in which the offense is not concluded with the realization of the type, but is maintained by the criminal will of the perpetrator for as long as the unlawful state created by him subsists' (Roxin. Op. Cit., p. 329, point 105), such as the case of kidnapping, provided for by numeral 189 of our Criminal Code, where, as long as the situation of servitude of the person is maintained, the consummation of the crime is continually reiterated over time, or the deprivation of liberty without profit motive (Article 191 of the Criminal Code), where the action is reiterated throughout the entire time that the agent keeps the victim deprived of their freedom of movement. Special emphasis must be placed on the relationship this classification has with the nucleus or verb of the type, since the typical action is continually reiterated as time passes in this class of offenses. In status crimes, the characteristic is the production of a determined condition or situation, which constitutes precisely that state, which gives them their name according to the established classification. Commonly, these are result crimes, such as homicide, bodily injury, and damage. However, in relation to this category, [Name4] also points out that: '…types such as bigamy (§ 171) or the falsification of civil status (§ 169) must also be included; although in these the perpetrator continues to take advantage of the state created by his act, this does not entail contracting a bigamous marriage with constant reiteration, and in most cases, it also does not entail a repetition of the already consummated falsification of civil status.' (Roxin, op. cit., p. 329, point 106). This distinction made by the German scholar seems to us to be more precise, although some authors, such as Santiago Mir Puig, make a tripartite distinction, stating: 'Both mere activity crimes and result crimes can be divided into instantaneous, permanent, and status crimes, depending on whether the activity or the result determines the appearance of an unlawful state of some duration (permanent crimes and status crimes) or not (instantaneous crimes). An example of an instantaneous crime would be homicide: it is consummated at the instant the result occurs, without the latter determining the creation of a lasting unlawful situation (death, as a naturalistic state, cannot be considered unlawful because it can no longer be reversed by man). Greater difficulty lies in distinguishing the other two classes of crimes. The permanent crime involves the maintenance of an unlawful situation of some duration by the will of the perpetrator (for example, unlawful detentions, Art. 163 CP); said maintenance continues to realize the type, so the crime continues to be consummated until the unlawful situation is abandoned. In contrast, in a status crime, although it also creates a lasting unlawful state, consummation ceases upon its appearance, because the type only describes the production of the state and not its maintenance (examples: falsification of documents, Arts. 390 et seq., illegal marriages, Arts. 217 et seq.)' (Mir Puig, Santiago, Criminal Law General Part, Julio César Faira Editor, Montevideo-Buenos Aires, 7th edition, reprint, 2005, page 227). In any case, as can clearly be observed, both authors agree that the relevant or core aspect is the typical configuration of the crime in question, particularly the verbal expression used to describe the action, which, if susceptible to being reiterated over time, would place the crime in the category of permanent, whereas if the typical verb is executed in a punctual manner, at a specific place and time, even if an unlawful situation is generated that survives over time, we would be dealing with a status crime or an instantaneous crime with permanent effects. This classification is important or relevant for determining the consequences regarding the prescription of the criminal action. This prior doctrinal development is necessary to highlight, in our understanding, what is a technical error in numeral 32 of the Criminal Procedure Code, a norm which literally states: 'Prescription periods shall be governed by the principal penalty provided by law and shall begin to run, for consummated offenses, from the day of consummation; for attempts, from the day the last act of execution was carried out; and, for continued crimes or crimes with permanent effects, from the day their continuation or permanence ceased' (bold type supplied). This norm presents a series of imprecisions, such as speaking of 'continued crimes,' referring to a concept more typical of the concurrence regulation contemplated in numeral 77 of the Criminal Code, when it should have rather referred to the continuous crime, which, as has been analyzed, is synonymous with a permanent crime, being that in which the typical conduct is reiterated over time and whose prescription does not begin to be calculated until its consummation ceases to be reiterated. The technical imprecision of Article 32 of the Criminal Procedure Code goes further, by treating as synonyms continuous crimes (what German doctrine calls permanent crimes) and crimes with permanent effects (what the Germans call status crimes). By making this inadmissible equivalence, the procedural law in the cited Article 32 introduces an inconsistency into the system, since, with respect to status crimes or instantaneous crimes with permanent effects, we would have that, as doctrine tells us, they are '...acts that are concluded with the provocation of a determined state' (Roxin, op. cit., p. 329); following the literal wording of the aforementioned norm, they would have two distinct moments for the start of the prescription calculation, a first moment, that of their consummation, and a second, the cessation of the effects, a dichotomy that would be unsolvable. In that sense, as it is a matter of odious nature, one must adhere to what most benefits the accused (Article 2 of the Criminal Procedure Code), so it would be necessary to adhere to the moment of consummation of the crime as the starting point for prescription, since the effects of the crime, tending to outlive that initial moment, would extend, against the accused, the possibility of being freed through the institution of prescription of the criminal action. This problem did not exist with the regulation of prescription in force before the reform introduced by the new Criminal Procedure Code, since Article 83 of the Criminal Code, now repealed, provided, in a manner fully consistent with the expressed criminal doctrine: 'The prescription of the criminal action begins to run, for consummated offenses, from the day of consummation; for attempts, from the day the last act of execution was carried out; and for permanent crimes, from the day their continuation or permanence ceased.' Therefore, as doctrine clearly states, instantaneous crimes with permanent effects are consummated at the moment the typical action is exhausted, regardless of whether the effects of that crime extend over time. By interpreting numeral 32 of the Criminal Procedure Code as set forth, it is given coherence, saving the imprecisions committed by the legislator through a harmonious and systematic interpretation of the procedural legal order, in addition to aligning the object of regulation with the dominant doctrinal position on this aspect. In line with what has been said, it is necessary to consider the criminal type at issue here, specifically regarding the land-use change, in order to establish the nature of the typical verb and distinguish its classification within these conceptual categories. Thus, our attention must be fixed on numerals 19 and 61 subsection c) of the Forestry Law; the first of these articles states: 'On land covered with forest, changing the use of the soil (cambiar el uso del suelo) or establishing forest plantations shall not be permitted' (bold type supplied). For its part, the specific criminal type states: 'A prison term of one month to three years shall be imposed on anyone who: ... c) Carries out activities involving a change in the use of the land (cambio en el uso de la tierra), contrary to the stipulations of Article 19 of this law' (bold type not in the original). As can be seen, the activity of changing land use is a specific activity, circumscribed to a determined moment; it can easily be understood that once the nature of an area that was forest is changed and it is converted into pasture, cultivation, or any other similar activity, the typical action of changing the nature of the land use is not reiterated by the fact that the activity for which the change was made or was necessary is prolonged. Grammatically, the differentiation that must be made is between the verb 'to change' and the verb 'to use,' insofar as the first is executed only once and the nature of the thing has already been transmuted (the soil ceases to be forest), while the second verb implies an activity that can indeed be prolonged over time (the new nature of the soil can be used indefinitely); therefore, this conceptual difference allows us to place the crime at issue here as a status crime or an instantaneous crime with permanent effects, that is, a crime that, although it produces an unlawful situation, is consummated in a single moment, when the change in the nature of the soil occurs. In view of the above, we consider the argumentation offered by the Trial Court correct in supporting the prescription by stating: 'In the present case, the defendant here, [Name5], has been accused by the Public Prosecutor's Office and through a complaint filed by the Attorney General's Office, of violating the Forestry Law based on Articles 58 and 61, the penalties for which range from three months to three years for the former and from one month to three years for the latter. Based on the foregoing, and if we take into account Article 31 of the Criminal Procedure Code, which indicates the periods for the prescription of the criminal action, and the penalty established for the investigated offenses, they prescribe after three years, and in accordance with numeral 33 of the same legal body, which provides the causes for interruption of the periods of the prescription of the criminal action, said period of three years is reduced by half, that is, to a year and a half or eighteen months. Now then, we have that the first formal imputation of the facts to the accused [Name5] occurs with the preliminary statement (indagatoria), which appears at folios 62 and 63 and was received on October twenty, two thousand eight; if we take into account subsection 1) of Article 33, the first formal imputation of the charged facts is the first cause for interruption of the prescription of the criminal action, so one must take a year and a half or eighteen months from the date of the preliminary statement to the second cause for interruption, which would be the resolution when the preliminary hearing is first called, which in the specific case was on July nineteenth, two thousand ten, as shown at folio 195. From the date of the preliminary statement, October twenty, two thousand eight, we add the eighteen months for the case to prescribe; that event occurs on April twenty, two thousand ten, and if the scheduling of the preliminary hearing was on July nineteenth, two thousand ten, the fatal prescription period has already amply expired by that date. In addition to the above, we must mention that the Public Prosecutor's accusation is dated August twenty-sixth, two thousand nine (folios 143 to 182), and the summary was not forwarded until May seventh, two thousand nine (see folio 194 verso), from which it is inferred that the case was already prescribed when the summary was received by the Criminal Court. It was alleged that there was an extension of the accused's preliminary statement on September seventh, two thousand nine, at folio 104, and that it is from that date that the prescription of the criminal action is interrupted again, but this is not the case, first because the law does not state that each time the accused is questioned is a cause for interruption of prescription, and on the other hand, if we look at said folio, they title it as an extension of the preliminary statement, but in reality it is not an extension since Mr. [Name5] is not being charged with facts different from those already attributed to and investigated against him; rather, the accused [Name5] voluntarily appeared before the Prosecutor's Office to make a statement or declaration that he had not previously made, so it cannot be considered an extension of the preliminary statement, much less a cause for interruption of the criminal action. The State's representative argued that the case was not prescribed because we are dealing with a permanent crime, an argument this Chamber does not share, since to determine whether we are dealing with an instantaneous or permanent crime, we must analyze not only the action carried out by the offender but also the moment of consummation of the offense. Regarding an instantaneous crime, it is consummated at the instant the result occurs, without creating an unlawful situation over time. Concerning this, it is consummated at the instant the result occurs, without the latter determining the creation of a lasting unlawful situation. The permanent crime involves the maintenance of an unlawful situation of some duration by the will of the perpetrator, and said maintenance continues to realize the type, meaning the crime continues to be consummated until the unlawful situation is abandoned, which means that as long as the unlawful action is being carried out by the defendant, the norm is being violated. In the case at hand, the defendant [Name5] was charged with carrying out a clear-cut in a forested area, causing patrimonial and social damage, and additionally, in that area he ordered deforestation, he subsequently burned the soil and planted tiquizque, thus consummating an illegal land-use change. Those actions attributed to the defendant were consummated at the moment he carried out the alleged action. Note that the crime of deforestation or illegal logging is consummated at the moment the active agent cuts or orders the cutting of trees without the respective permit or in a protection zone, which is carried out in a single action, meaning that said action is not carried out or maintained over a period of time; rather, the felling of trees is executed in a single moment, so the crime of illegal logging in a protection zone is an instantaneous crime that is consummated at the instant the result occurs, and the same happens with the land-use change, which is consummated at the moment the active agent performs the action that produces that change in the soil, which in the specific case is consummated at the moment a forested state of the soil is modified and it is used for agriculture.

Nor does the fact that the harm to nature is prolonged make this a permanent offense; on this point, we may cite the case law of the Tribunal de Casación Penal when it resolved: “The permanent nature of an offense is not conferred by the prolongation of the harm (…) for any offense can affect legal interests and thus produce harm that may be prolonged over time, such as homicide, where the harm caused by the death will be prolonged, likewise injuries, which may even leave permanent disabilities, and yet both are offenses of instantaneous action. Therefore, if the distinguishing criterion for permanent offenses were (…) prolonged harm, we would have to conclude that the typical instantaneous offenses would be permanent.” Tribunal de Casación Penal, Voto Nº 812-2002. Based on this, the violations of the Forestry Law (Ley Forestal) attributed to the accused [Name5] would not constitute a permanent offense, since although the harm to natural resources is prolonged over time, that is not a fundamental element or characteristic for determining whether the offense is permanent or instantaneous; rather, as stated, it is the action of the perpetrator, the permanence of that action, and the moment of consummation. For all the foregoing reasons, given that the fatal limitation period has elapsed, the criminal action is declared extinguished, and consequently, the defense of statute of limitations having been reserved for the substantive analysis of the judgment, due to the close relationship between the facts attributed to Mr. [Name5] and those attributed to the accused [Name6], at this procedural stage, it is appropriate to ACQUIT the defendant [Name5] of all punishment and liability for THREE OFFENSES OF VIOLATION OF THE FORESTRY LAW to the detriment of NATURAL RESOURCES, the criminal action having prescribed.” (Cf. judgment at folio 259 verso to 260 verso). As can be seen, the trial court’s line of reasoning follows criteria similar to those set forth above and leads to the conclusion that, without any doubt, the offense of land-use change (cambio de uso del suelo) was time-barred, so the decision taken in this case is indeed correct. In light of that situation, the appropriate course is to dismiss the appeal ground brought by the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público). Regardless of the classification granted by doctrine, the fact is that the accusation described facts within a very well-defined temporal scope, without it being possible to extract from them a continuing course of criminal conduct by the defendant.” Similarly, Judge Rodríguez Miranda added a note to that decision, through which, viewing the matter from a strictly legal perspective, one arrives at the same conclusion. That note states: “I concur with the members of this Sentencing Appeals Tribunal (Tribunal de Apelación de Sentencia) that, indeed, in this case the criminal action for the offense of land-use change is time-barred. Notwithstanding the foregoing, I must point out that, regardless of how doctrine classifies the legal nature of offenses—whether as instantaneous, permanent, or status offenses, or as consummated or permanent (continuous, as others say)—the truth is that in our system they have been classified, for purposes of calculating the limitation period (plazo de prescripción), into ‘consummated’ and ‘of permanent effects,’ the latter also referred to as ‘continued.’ Under this approach, whether or not one shares this doctrinal distinction, the fact is that in our system we must start from the provisions of Article 32 (Art. 32) of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). This means that, for purposes of establishing the limitation period, what matters is determining whether the criminal action was consummated immediately—what some call an instantaneous offense—or whether the offense continues to be committed over time because the action or conduct has not ceased, as occurs, for example, with the offense of usurpation. In the present case, since the action comprising the offense of land-use change entails immediate consummation and does not imply permanence in the criminal conduct (insofar as ‘to change’ means ‘to convert or alter something into another thing’ or ‘to leave one situation or thing to take up another,’ as per the Diccionario de la Lengua Española, Volume I, Real Academia Española, Spain, 2001, p. 410), it is clear that, just as the Public Prosecutor’s Office and the Procuraduría General de la República accused (see prosecutorial request and complaint, respectively), the defendant carried out this action ‘between the months of August and September 2008.’ Thus, if in this matter no procedural act interrupted the limitation period, the Public Prosecutor’s Office representative is incorrect in his complaint, since that period or term fully expired in the case between the defendant’s preliminary statement (indagatoria) on October 20, 2008, and the first summons to a preliminary hearing on July 19, 2010.” The Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia has examined the topic of permanent and/or permanently effective offenses in light of the jurist Francisco [Name7] and in this regard has stated: “In relation to offenses of a permanent nature, it is held that: “[…] According to doctrine, permanent offenses ‘… are punishable acts in which, according to the interpretation of the criminal statute (understood as a prohibitive norm), it follows that after the production of the result, there is the carrying out of other actions or the maintenance of the situation produced (by act or omission), which carrying out constitutes the typical wrong. These subsequent actions or omissions form a unity with the production of the first result. The foregoing allows the entire event to be seen as a single realization of the statute. As we have indicated, the first result must be the product of the violation of the norm. The subsequent act or omission, which forms a unity with the first result and also constitutes the wrong, must also be objectively attributable to the perpetrator as his or her doing...’ ([Name7], Francisco: Derecho Penal Parte General, Volume I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1st edition, 2009, p. 369). On the subject, the case law of this Chamber has indicated that ‘… in permanent offenses, an action or conduct is described of such a nature that its production creates not only the typical consummation but also an unjust and lasting situation—also typical—of harm or danger to the legal interest, which is maintained or prolonged over time without interruption, until the perpetrator ceases it, as also occurs, for example, in Deprivation of liberty without profit motive (Article 191 of the Criminal Code), Extortive kidnapping (Art. 215 C.P.), or Violation of domicile (Art. 204 C.P.). This particularity of permanent offenses is relevant with respect to other issues, such as: a) the possibility of subsequent forms of participation or co-perpetration after consummation; b) at whatever moment is chosen to exercise legitimate defense, in permanent offenses the illegitimate aggression is always ‘current’ while the unjust situation persists; c) for calculating the statute of limitations for the criminal action, it is considered that the period runs from the day the permanence of that unjust situation ceased (cf. Art. 32 of the Code of Criminal Procedure), since otherwise the absurdity could arise that the offense would prescribe without the perpetrators having ceased their typical and unlawful conduct; (cf. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, Mexico, 2nd edition, 1990, pp. 152 and 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2nd reprint of the 2nd edition, 1998, p. 335; [Name8], Francisco and another: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, p. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, n.d., p. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 10; [Name9], Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, p. 358; [Name10], Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 155. Regarding concurrence of offenses, see the interesting observations of [Name11], Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pp. 267 and 274). … As has been said, a permanent offense does not end until the activity ceases, either through the agent’s will or through causes beyond his control that materially prevent him from giving permanence to the activity, as has occurred, for example, upon his deprivation of liberty in a judicial setting.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 2001-00036, at 10:00 a.m., January 12, 2001). For its part, the offense of permanent effects ‘occurs when, despite having achieved the result, the defendant engages in permissive conduct and, being in a position to eliminate it, refrains from doing so… in accordance with Article 32 (Art. 32) of the Code of Criminal Procedure (sic), the statute of limitations begins to run from the time the situation of permanence ceases…’ (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Volume I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1st edition, 2009, pp. 373-374). The difference between the two figures, then, is that the permanent offense is carried out over an extended period of time—while the legal interest is being harmed, as for example in deprivation of liberty, in which each moment the perpetrator does not release the victim represents a constant consummation of the act—until the material action ceases on the part of the perpetrator, whereas in the offense of permanent effects, once executed, and even after the perpetrator’s material action has ceased, the effect on the legal interest persists. An example of this would be the offense of forgery and use of a false document, since the document, once forged, may produce its effects until its invalidity is declared (CASTILLO, op. cit., p. 373).” On the same subject, Voto 36-2001, of January 12, 2001, from the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, when ruling on the permanent nature of the offense of sale of drugs, stated: “… the defense is correct that its client is the perpetrator of only one offense, but not of the simple type—as she claims—but rather of its aggravated form (organization for the sale of drugs to the consumer), for the reasons already set forth in Considerando I of this decision, since the truth is that [[Name12]] acted jointly with his/her children [[Name13]] and [[Name14]]. It is necessary to specify that the sale of drugs to the consumer referred to in Law No. 7786 (Ley N° 7786) has the nature of a permanent offense, a matter that has already been noted in the case law of this Chamber. Thus, it has been said that: ‘Undoubtedly this is an error in iudicando, because the court punished twice what in reality constitutes a single criminal act by both defendants, since in the case of the “sale” of drugs for the users’ own consumption, the nature of the action described in the criminal statute entails the possibility of its prolongation over time, without interruption, that is, the consummated action of “selling” can be prolonged over time or, in other words, continue to be consummated over a more or less prolonged period. This means, for example, that both the person who makes a single sale of drugs to a consumer and the one who every day—for a year—sells to one or several consumers, in reality commit a single offense of sale of drugs to the consumer, since “sale” is to be understood not only as the action and effect of selling but also the activity itself of selling’ (cf. Sala III, No. 484 of 9:10 a.m. on May 22, 1998. In the same sense, No. 1084 of 3:00 p.m. on September 30, 1997). Unlike so-called instantaneous offenses (in which the action is consummated in a moment and ends there, as occurs in Homicide), permanent offenses describe an action or conduct of such a nature that its production creates not only the typical consummation but also an unjust and lasting situation—also typical—of harm or danger to the legal interest, which is maintained or prolonged over time without interruption, until the perpetrator ceases it, as also occurs, for example, in Deprivation of liberty without profit motive (Article 191 of the Criminal Code), Extortive kidnapping (Art. 215 C.P.), or Violation of domicile (Art. 204 C.P.)” (verbatim). Returning to the case under review, we have that the Public Prosecutor’s Office attributed to the defendant Mafred Michael Senner the commission of the offense of land-use change (cambio de uso de la tierra), within the following temporal scope: “Without specifying exact date and time, but approximately in the period between the month of February two thousand ten and the fourth of June two thousand twelve.” It follows, then, that the damage suffered by nature is limited to the action carried out by the defendant during that period, while the characteristics inherent to a land-use change produced the result immediately. The foregoing does not mean that during the criminal process there could not have been a plan for remediation, mitigation, and economic compensation for the environmental damage caused, which, unfortunately, was not achieved in the proceedings due to the extinguishment of the criminal action. Hence, it was legally appropriate that, in this particular case, the rules of statute of limitations provided for in Article 30 and following of the Code of Criminal Procedure were applied, and that, definitively in accordance with the grounds given in the judgment, it was determined that the limitation period expired a year and a half after the last scheduling of trial (apart from the period of default), without any other ground for interruption of that period having occurred. This Chamber adds that the principle of pro natura and the defense of environmental rights are of the highest priority in our society, as part of people’s fundamental rights, such that we are not unaware of the importance of proper application of the legal system in this area; however, this does not mean that arbitrariness can be introduced into criminal prosecution regarding limitation periods, since that would also run counter to the Rule of Law and other fundamental rights of the people. The State, through its respective repressive bodies, must ensure compliance with legal requirements within the framework of action under which different criminal conducts, to the detriment of Nature, are prosecuted. For all these reasons, the ground is dismissed.

III. The second ground is for insufficient reasoning of the judgment, due to omission regarding the order for restoration of things to their prior state. The trial judge did not order or provide anything concerning the affected site and its restoration to its original state, through the elimination of the constructed terraces, so as to permit the site’s regeneration. In this regard, Article 140 of the Code of Criminal Procedure, Section 99(h) of the Environmental Law (Ley del Ambiente), and Article 96 of the Criminal Code, are resounding in establishing restoration of things to their prior state, especially in environmental matters, through the elimination of invasive works that changed the land use in forest-covered lands (terrenos cubiertos de bosque). She adds that the case law of the courts of cassation and today of the courts of appeals is categorical in stating that, in furtherance of the principle of pro natura and the lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, all invasive conduct must be removed, in order to eliminate the risk of harm to the natural resource and to prevent profit from the illegal act, even on the court’s own motion in acquittals and even without a civil action for damages. She cites Voto 2014-1528 of the Tribunal de Apelación de Cartago and Voto 2007-0964 of the Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José. She adds that in this case, even if the statute of limitations for the criminal action had run, there is evidence in the file supporting the assertion that earthworks (movimientos de tierra) were indeed carried out, involving the use of heavy machinery, construction of terraces covered with a tall grass species and placement of PVC pipes, as well as clear-cutting of trees (tala de árboles a ras), as attested to by the complaint and the report on file issued by the Cóbano Subregional Office of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), as well as the photographic annex showing the impacts generated at the scene, the construction of the terraces, and the tree felling. Also, the official communication from the Cóbano Subregional Office, which establishes the assessment of environmental damage. Despite the foregoing, the Court omitted to address the issue. She considers that the reasoning is lacking with respect to restoration of things to their prior state, and therefore requests that the judgment be annulled and the corresponding measure of restoration of things to their prior state be ordered. The ground is dismissed. Article 140 of the Code of Criminal Procedure states: “At any stage of the proceedings and at the request of the victim, the court may order, as a provisional measure, the restoration of things to the state they were in before the act, provided sufficient elements exist to so decide.” For its part, Section 96 of the same code states: “The granting of amnesty, pardon, rehabilitation, judicial forgiveness, conditional stay of sentence, and parole do not affect civil liability or forfeiture. The extinguishment of the criminal action and of the penalty shall not produce effects with respect to the obligation to repair the damage caused, nor shall it prevent the forfeiture of the instrumentalities of the crime.” Likewise, Article 99(h) of the Environmental Law states: “Article 99.- Administrative sanctions. In the event of violation of environmental protection regulations or clearly established harmful conduct toward the environment under this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions: … h) Modification or demolition of constructions or works that harm the environment.” All these norms pursue, as the appellant asserts, the restoration of the state of things to their prior state and, ultimately, the correction of the damages caused, and they are a derivation of the rule set forth in Article 103 of the Criminal Code, which states that a punishable act has, as one of its consequences, the restoration of the things that were the object thereof and the reparation of the damage. However, for this, it is necessary that the existence of a punishable act—contrary to the legal order—be established, since those provisions are not strictly related to a matter of civil indemnification but rather, as indicated, are a consequence derived from the punishable act, for which reason it has been generally accepted in national case law that they may be ordered even on the court’s own motion, even in the absence of a civil action for damages. In the case under review, we are faced with the issuance of a final dismissal (sobreseimiento definitivo), due to extinguishment of the criminal action, whereas within the criminal proceedings the existence or not of the criminal act was never debated, nor any other circumstance inherent to the eventual damage caused. In the case of a dismissal due to the statute of limitations for the criminal action, as here, the typicality of the conduct, its unlawfulness, or guilt were not determined, since the trial aimed at their determination did not take place; nor was the non-existence of the crime established, and in that situation, restoration of things to their state before the crime, as sought, is not appropriate. A frame of reference exists regarding the facts investigated and charged, which serves as a basis for the judgment for the purposes of the criminal legality principle of non bis in idem; however, the mere statement of a typical framework of criminal conduct does not empower the trial judge, in this case, to rule on any type of indemnification, compensation, or restoration of things to their state prior to the facts. This Chamber is not unaware that an acquittal or the supervening of a statute of limitations in a case is no obstacle for the court to rule on a civil action brought, or to rule on its own motion on the need to order the restoration of things to their prior state. However, such a decision shall prevail when, in the specific case, whatever the reasons for which the defendant was acquitted or dismissed from criminal liability, there appear in the record evidentiary elements that describe a state of affairs contrary to the legal order and that must be corrected, all of which had to be discussed in an oral and public trial, in which the judge could become aware of the evidence and arguments of the parties in order to make a valid decision, which did not occur in this case, since the dismissal was issued before trial, as was legally appropriate in this case. Moreover, although the appellant refers to Article 96, second paragraph, of the Criminal Code, which predates the procedural reform that transferred the statute of limitations for the criminal action to the procedural code, this must be understood as the right to bring an action within the legal system, not only in the criminal jurisdiction, to obtain indemnification or a claim arising from a crime, whether or not the criminal action or the penalty in the criminal case has prescribed. This rule, enacted after Article 871 of the Civil Code (according to which civil actions arising from a crime or quasi-crime prescribe together with the crime or quasi-crime from which they arise), implicitly repealed the civil rule, and hence the possibility of bringing an action remains, even when the criminal action has prescribed, provided the civil action has not met the same fate, according to its corresponding legal period. This is how the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia interpreted it, through Voto 2002-861 at 10:00 a.m. on August 20, 2002. In this case, nothing was ordered in the judgment regarding indemnification for the damage caused or restoration of things to their prior state, which stems from the absence of the defendant’s submission to the criminal and civil claims that might have been brought against him and that would have eventually led to a reasoned criminal or civil decision against him, which, as has been indicated, is no obstacle for the State body to resort to the necessary jurisdictional and administrative instances to establish the damage caused and its civil consequences. For these reasons, the claim is rejected and dismissed.

POR TANTO:

The appeal lodged by licensed attorney Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal, is dismissed. NOTIFÍQUESE.





Yadira Godínez Segura





Annia Enríquez Chavarría                                                 Carmen María Peraza Segura

Juezas de Apelación de Sentencia









Expediente Nº 12-200167-0591-PE

Contra: [Name1]  

Delito: Forestal

En perjuicio de: Los recurso Naturales

[Name15]*







Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:44:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República