Res. 00572-2021 Tribunal Agrario — Titling forested land outside protected wild areasTitulación de terrenos con bosque fuera de áreas silvestres protegidas

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00572 - 2021

Fecha de la Resolución: 23 de Junio del 2021 a las 15:38

Expediente: 15-000017-1129-AG

Redactado por: Ruth Alpízar Rodríguez

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de áreas silvestres protegidas.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Posibilidad de titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de la zona mediante información posesoria agraria.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Posibilidad de inscribir propiedades dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.

Temas estratégicos: Ambiental

Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución



 

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 0




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

[Nombre3]   Y OTROS

VOTO N° 572-F-2021

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas treinta y ocho minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno.-

Proceso de INFORMACIÓN POSESORIA interpuesto por [Nombre1]  , casado una vez, empresario, cédula CED1    ; [Nombre2]  , casada una vez, socióloga, cédula CED2      ; [Nombre3]  , divorciada una vez, profesora, cédula CED3    , todos mayores, vecinos de San Isidro de Pérez Zeledón. Intervienen como partes interesadas la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, cédula jurídica CED4         , representada por Daniela Vargas Delgado, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Grecia, cédula CED5  , carnet CED6      ; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), cédula jurídica CED7             - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada dos veces, abogada, vecina de San Ramón de Alajuela, cédula CED8    , letrada veintiún mil trescientos cuarenta y dos. Actúa como abogada directora de la parte promovente: [Nombre4]  , letrada tres mil ciento doce. Tramitado ante el Juzgado Agrario de del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón).

Redacta la Jueza Alpízar Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

I.- La parte promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre por PARTES IGUALES en el Registro Público Inmobiliario un terreno de 53016 metros cuadrados, situado en la localidad de Pedregoso, [Dirección1]  San Isidro [Dirección2] General, cantón diecinueve Pérez Zeledón de la provincia de San José, de naturaleza de tacotal y bosque, descrito en el plano catastrado número 1-1764292-2014 (apartado de documentos asociados: archivo 25/04/2018 07:05.08).

II.- El juez Eduardo Rojas Rojas, del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, en sentencia 45 de 30 de abril de 2021 resolvió: " POR TANTO: De conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA, en la cual han intervenido como partes la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Rural. El terreno a titular quedará afectado por las siguientes reservas: a) Que el inmueble a titular descrito por el plano catastrado No. SJ-1764292-2014, con una medida de 53016 m², queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de los caminos públicos que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a), de la Ley de Informaciones Posesorias y otras que por Ley correspondan.- Proceda el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD a inscribir EN PARTES IGUALES, libre de gravámenes, condueños, con las cargas reales ya señaladas, y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, a nombre de [Nombre1]  , mayor de edad, casado una vez, empresario en negocio propio, vecino de San Isidro de Pérez Zeledón, Pedregoso, frente a la finca del Colegio de Abogados, [Dirección3]    , cédula de identidad numero CED9; [Nombre2]  , mayor, casada una vez, Socióloga, vecina de San Isidro de Pérez Zeledón, [Dirección4]      , cédula de identidad número CED10 y [Nombre3]  , mayor, divorciada, una vez, Profesora, vecina de San Isidro de Pérez Zeledón [Dirección5] ,     , cédula de identidad numero CED11, el siguiente inmueble: Terreno de tacotal y Bosque Secundario, situado en Pedregoso, [Dirección1]  San Isidro del General, cantón diecinueve Pérez Zeledón de la provincia de San José, linda al NORTE: Agroindustrial Proave S.A y [Dirección6] ; al SUR: La Masía S.A, y [Nombre3]  ; al ESTE: [Nombre5]   , [Nombre6]  , [Nombre7]   , [Nombre8]  , [Nombre9]   , [Nombre10]  , [Nombre11]  , [Nombre12]  , [Nombre13]  , [Nombre14]  , [Nombre15]   y [Nombre11]   y al OESTE: Sucesión de [Nombre16]  , [Nombre17]  , Sucesión de [Nombre18]   y Villafa Limitada. Mide: Cincuenta y tres mil dieciséis metros cuadrados, descrita en el plano catastrado número 1-1764292-2014, cuya causa adquisitiva es donación. La finca a titular a titular y las presentes diligencias fueron estimadas en la suma de dos millones de colones (¢2.000.000,00). El edicto salió publicado en el Boletín Judicial número 181 del veintiuno de setiembre del dos mil dieciséis. Los colindantes fueron notificados y no opusieron objeción alguna. El fundo esta fuera de cualquier área silvestre protegida y se han ejercido los actos posesorios cumpliendo con el uso conforme de suelo. Declararon como testigos [Nombre19]   cédula de identidad CED12, [Nombre20]    cédula de identidad CED13-  y [Nombre21]   cédula de identidad CED14.- Sirva la certificación de esta resolución una vez que esté firme como documento para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de la finca relacionada” (apartado de documentos asociados: archivo 30/04/2021 09:28:47).

III.- Se comparte lo concluido sobre lo hechos probados, por ser reflejo de lo que se deriva de la prueba evacuada.

  IV.- En la sentencia impugnada se aprobó la información posesoria y se ordenó inscribir el inmueble con las limitaciones que establece la Ley de Caminos Públicos y otras. La Procuraduría General de la República (PGR) apela con base en lo siguiente: La certificación SINAC-ACLA-P-GASP-SIG-233, del 10 de noviembre del 2020, acredita el terreno base de este proceso está fuera de las Áreas Silvestres Protegidas, pero también indica es parte del Patrimonio Natural del Estado, lo que la sentencia ignora. Resalta, tal está compuesto por las Áreas Silvestres Protegidas y por los terrenos de bosque y forestales o de aptitud forestal “de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública” (Ley Forestal, art 14). Al respecto, se pronunció la SALA CONSTITUCIONAL en la sentencia 16975/2008, entre varias: “(….) el Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N°7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata”. Igual en votos de la SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 17126/2006, 17650/2008, 17659/2008, 2020/2009, 16938/2011, 2678/2012, 10570/2012, 7934/2013, 12973/2013, 2752/2014, 16362/2015, entre otras. Del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SECCION PRIMERA: 2/2015 y 44/2015; SECCION SEGUNDA: 7/2008; SECCION CUARTA: 24/2015; SECCION QUINTA: 241/2011; SECCION SEXTA: 63/2009, 2166/2010, 2642/2010, 175/2011, 46/2013 y 47/2015; SECCION SÉTIMA: 89/2013; la PROCURADURÍA: dictámenes C-016-2002, C-321-2003, C-297-2004, C-351-2006, C-176-2013 y C-293-2013; Opiniones Jurídicas: OJ-92-2002 y OJ-069-2008”. La afectación legal inmediata incorpora los bienes de manera automática al dominio público, sin necesidad de otro acto o procedimiento posterior de la Administración. SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 3789/1992, 4587/1997 y 16975/2008. SALA PRIMERA DE LA CORTE, sentencia 350/2012. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SECCION SEXTA, la 175/2011, y SECCION SÉTIMA, la 89/2013, etc. Por ser de dominio público, el PNE tiene condición de inembargable, inalienable e imprescriptible, no susceptible de inscribirse por medio de Información Posesoria (Ley Forestal, art 14), como se indicó al contestar la audiencia final. La Ley de Informaciones Posesorias, artículo 7°, establece que las fincas ubicadas fuera de las áreas silvestres protegidas, que tengan bosques, “sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural”. La posesión válida para titular en los casos de terrenos de bosque, forestales o de aptitud forestal, debe demostrarse desde 1959, sea 10 años antes de la entrada en vigencia de la Ley Forestal 4465/1969, primera Ley que sometió a dominio público dichos bienes y afectación que, bajo el concepto de patrimonio forestal del Estado, se mantuvo en la Ley número 7032/1986, y 7174/1990, retomado la actual Ley Forestal, n°7575/1996, que lo denomina "patrimonio natural del Estado ". Desde entonces, el sometimiento al dominio público no ha perdido continuidad. De ahí que la posesión de la titulante debe remontarse hasta 1959, lo que no demostró en este trámite. Pide se impruebe el proceso (apartado de escritos: archivo 10/05/2021 03:29:59).

V.- El agravio no es de recibo, conforme lo que se explica a continuación.  Las personas privadas gozan del derecho de inscribir terrenos con cobertura boscosa, dentro  o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio Natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio" (artículo 13 Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 íbid). Su posesión por personas privadas no les otorga derecho real de naturaleza privada y la acción reivindicatoria del Estado para recuperar esos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público Inmobiliario mediante información posesoria (artículo 33 íbid). Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo 7 citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos en áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser anterior a diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal 4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por la persona legisladora al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no incluir o no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, se mantuvo una posición diferente. Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia del criterio de la PGR, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso.

 VI.- Sobre la aplicación e interpretación del citado numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias este Tribunal ha destacado: "La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios" (Voto 573-F-09). De igual forma, la Sala Constitucional rechazó nuevamente la consulta de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, quedando vigente tal norma y sus efectos (voto 1667 de 27 de enero de 2010).

        VII.- Conforme a lo explicado y lo indicado en la sentencia recurrida sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley para titular el bien, no objetados por la PGR, su recurso resulta improcedente. Procede por ende confirmar la sentencia en lo que fue objeto de apelación.

POR TANTO

En lo apelado, se confirma la sentencia 45 de 30 de abril de 2021.

 

 

 

	

	

 




	



ST6UDDEE9GK61

[Nombre22]   - JUEZ/A DECISOR/A

	




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NVKIB47WV9PE61

[Nombre23]    - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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3OXWSDBQ1TC61

[Nombre24]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección7] ,     , [Dirección8]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:30:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Vote No. 572-F-2021

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.– At three thirty-eight p.m. on the twenty-third of June two thousand twenty-one.–

Process of POSSESSORY INFORMATION filed by [Name1] , married once, businessman, ID CED1    ; [Name2] , married once, sociologist, ID CED2      ; [Name3] , divorced once, teacher, ID CED3    , all of legal age, residents of San Isidro de Pérez Zeledón. Appearing as interested parties are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), legal ID CED4         , represented by Daniela Vargas Delgado, of legal age, married once, attorney, resident of Grecia, ID CED5  , card CED6      ; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INDER), legal ID CED7             - , represented by Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, divorced twice, attorney, resident of San Ramón de Alajuela, ID CED8    , lawyer twenty-one thousand three hundred forty-two. Acting as directing attorney for the promoting party: [Name4]  , lawyer three thousand one hundred twelve. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Zona Sur (Pérez Zeledón).

Drafted by Judge Alpízar Rodríguez; and,

CONSIDERING:

I.- The promoting party filed a possessory information process (proceso de información posesoria) seeking to register in their name in EQUAL SHARES in the Public Real Estate Registry (Registro Público Inmobiliario) a plot of land measuring 53,016 square meters, located in the locality of Pedregoso, [Address1]  San Isidro [Address2] General, canton nineteen Pérez Zeledón of the province of San José, of scrubland (tacotal) and forest nature, described in cadastral map number 1-1764292-2014 (section of associated documents: file 25/04/2018 07:05.08).

II.- Judge Eduardo Rojas Rojas, of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, in judgment 45 of April 30, 2021, resolved: " THEREFORE: In accordance with the POSSESSORY INFORMATION LAW (LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS) number one hundred thirty-nine of July fourteen, nineteen forty-one and its amendments, these POSSESSORY INFORMATION proceedings are APPROVED, in which the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) and the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) have participated as parties. The land to be titled shall be encumbered by the following reservations: a) That the real property to be titled, described by cadastral map No. SJ-1764292-2014, with a measurement of 53,016 m², is subject to the reservations regarding rights-of-way of public roads provided for in articles 4 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos) and 19, subsection a), of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) and others that by Law correspond.- Let the PUBLIC REAL ESTATE REGISTRY (REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD) proceed to register IN EQUAL SHARES, free of encumbrances, co-owners, with the real charges already indicated, and without prejudice to third parties with better right, in the name of [Name1] , of legal age, married once, entrepreneur in own business, resident of San Isidro de Pérez Zeledón, Pedregoso, in front of the Colegio de Abogados property, [Address3]    , identity card number CED9; [Name2] , of legal age, married once, Sociologist, resident of San Isidro de Pérez Zeledón, [Address4]      , identity card number CED10 and [Name3] , of legal age, divorced once, Teacher, resident of San Isidro de Pérez Zeledón [Address5] ,     , identity card number CED11, the following real property: Land of scrubland (tacotal) and Secondary Forest (Bosque Secundario), located in Pedregoso, [Address1]  San Isidro del General, canton nineteen Pérez Zeledón of the province of San José, bounded to the NORTH: Agroindustrial Proave S.A and [Address6] ; to the SOUTH: La Masía S.A, and [Name3] ; to the EAST: [Name5]   , [Name6]  , [Name7]   , [Name8]  , [Name9]   , [Name10]  , [Name11]  , [Name12]  , [Name13]  , [Name14]  , [Name15]   and [Name11]   and to the WEST: Succession of [Name16]  , [Name17]  , Succession of [Name18]   and Villafa Limitada. Measures: Fifty-three thousand sixteen square meters, described in cadastral map number 1-1764292-2014, the acquisitive cause being donation. The property to be titled and the present proceedings were valued at the sum of two million colones (¢2,000,000.00). The edict was published in Judicial Bulletin number 181 of September twenty-first, two thousand sixteen. The adjoining owners were notified and did not raise any objection. The land is outside any protected wild area (área silvestre protegida) and possessory acts have been exercised in compliance with the compliant use of soil (uso conforme de suelo). [Name19]   ID CED12, [Name20]    ID CED13-  and [Name21]   ID CED14 appeared as witnesses.- Let the certification of this resolution, once final, serve as a document for the registration in the Public Real Estate Registry (Registro Público de la Propiedad Inmueble) of the related property” (section of associated documents: file 30/04/2021 09:28:47).

III.- The conclusion regarding the proven facts is shared, as it reflects what is derived from the evidence taken.

IV.- In the appealed judgment, the possessory information (información posesoria) was approved and the registration of the real property was ordered with the limitations established by the Public Roads Law (Ley de Caminos Públicos) and others. The Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República, PGR) appeals based on the following: Certification SINAC-ACLA-P-GASP-SIG-233, of November 10, 2020, certifies that the land underlying this process is outside Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), but also indicates it is part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), which the judgment ignores. It emphasizes that this is composed of Protected Wild Areas and the forest lands and forestry or forestry-suitable lands “of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration” (Ley Forestal, art. 14). In this regard, the CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) ruled in judgment 16975/2008, among several: “(….) the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas (Ley Forestal, arts. 6 sub. a and 13 para. 2°, and 14; Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), article 32, para. 2°). It consists of two components: a) The Protected Wild Areas, whatever their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves (reservas forestales), protective zones (zonas protectoras), national parks (parques nacionales), biological reserves (reservas biológicas), national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre), wetlands (humedales) and natural monuments (monumentos naturales) (Ley Forestal 7575, arts. 1°, para. 2°, 3° subsection i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, article 32; Biodiversity Law N° 7788, arts. 22 et seq. and 58; National Parks Service Law N° 6084, article 3° sub. d and f, in relation to the Organic Law of MINAE N° 7152 and its Regulations; Wildlife Conservation Law N°7317, article 82, subsection a). b) The other forests and forest lands or lands of forestry suitability (terrenos forestales o de aptitud forestal) of the State and public institutions (article 13 of the Ley Forestal), which have an immediate legal encumbrance (afectación legal inmediata)”. Same in votes of the CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 17126/2006, 17650/2008, 17659/2008, 2020/2009, 16938/2011, 2678/2012, 10570/2012, 7934/2013, 12973/2013, 2752/2014, 16362/2015, among others. From the CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO): SECTION ONE: 2/2015 and 44/2015; SECTION TWO: 7/2008; SECTION FOUR: 24/2015; SECTION FIVE: 241/2011; SECTION SIX: 63/2009, 2166/2010, 2642/2010, 175/2011, 46/2013 and 47/2015; SECTION SEVEN: 89/2013; the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL: opinions C-016-2002, C-321-2003, C-297-2004, C-351-2006, C-176-2013 and C-293-2013; Legal Opinions: OJ-92-2002 and OJ-069-2008”. The immediate legal encumbrance automatically incorporates the assets into the public domain, without the need for any further act or subsequent procedure by the Administration. CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 3789/1992, 4587/1997 and 16975/2008. FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT (SALA PRIMERA DE LA CORTE), judgment 350/2012. CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL: SECTION SIX, 175/2011, and SECTION SEVEN, 89/2013, etc. Being of the public domain, the PNE has the status of unseizable, inalienable and imprescriptible, not susceptible of being registered through Possessory Information (Información Posesoria) (Ley Forestal, art. 14), as was indicated when answering the final hearing. The Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), article 7°, establishes that properties located outside protected wild areas (áreas silvestres protegidas), which have forests, “may only be titled if the promoter demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession (posesión decenal), exercised for at least ten years and having protected that natural resource”. The valid possession to title in cases of forest lands, forestry or forestry-suitable lands (terrenos de bosque, forestales o de aptitud forestal), must be demonstrated since 1959, being 10 years before the entry into force of Ley Forestal 4465/1969, the first Law that submitted such assets to public domain, an encumbrance (afectación) that, under the concept of forest heritage of the State (patrimonio forestal del Estado), was maintained in Law number 7032/1986, and 7174/1990, resumed by the current Ley Forestal, No. 7575/1996, which calls it “Natural Heritage of the State (patrimonio natural del Estado)”. Since then, the submission to public domain has not lost continuity. Hence, the titleholder’s possession must date back to 1959, which was not demonstrated in this proceeding. It requests that the process be disapproved (section of briefs: file 10/05/2021 03:29:59).

V.- The grievance is not admissible, as explained below. Private persons enjoy the right to register lands with forest cover (cobertura boscosa), inside or outside protected wild areas (áreas silvestres protegidas), provided they meet all the legal requirements demanded in the various applicable normative bodies (consult in this regard vote 51 of May 26, 1995 of the First Chamber). Given the arguments of the appellant, it is important to clarify that the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) is "constituted by the forests and forest lands (terrenos forestales) of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except real properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage" (article 13 Ley Forestal). Said forest lands and forests are effectively unseizable and inalienable (article 14 ibid). Their possession by private persons does not grant them a real right of a private nature, and the State's action to recover said lands (acción reivindicatoria) is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Real Estate Registry (Registro Público Inmobiliario) through possessory information (información posesoria) (article 33 ibid). For its part, article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) allows the titling of forested areas, demanding as specific requirements (additional to the general ones of the Possessory Information Law) to demonstrate the legal rights of ten-year possession (posesión decenal), to have protected the natural resource, and that the property is duly demarcated and with fences or clean lanes (carriles limpios). Thus, it must be concluded that the cited article 7 contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands included within protected wild areas (áreas silvestres protegidas). In these cases, the norm allows titling provided the property right was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wild area, since such areas form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wild areas that have forests. In this scenario, the norm only requires that the promoter demonstrate "being the holder of the legal rights of ten-year possession (posesión decenal), exercised for at least ten years and having protected that natural resource, with the understanding that the real property must be duly demarcated and with fences or clean lanes (carriles limpios)". It is not specified, as occurs with protected wild areas, that possession must be prior to ten years before the declaration of forest heritage of the State (patrimonio forestal del Estado), first carried out in the repealed Ley Forestal 4465. This is understandable, since otherwise what was permitted by the legislator in this regard would be a contradiction. That is, if their intention had been not to allow the titling of those forested areas after the enactment of the 1969 Ley Forestal (which contains the first declaration of forest heritage of the State (patrimonio forestal del Estado)), the correct thing would have been not to include or not to allow that second scenario. But as was analyzed, a different position was maintained. Therefore, it must be concluded, contrary to the PGR's criterion, that the seventh article of the Possessory Information Law (modified upon issuance of the current Ley Forestal 7575), expressly authorized the titling of forested real properties through this type of process.

VI.- Regarding the application and interpretation of the cited numeral 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), this Tribunal has highlighted: "The constitutionality of said norm and of the interpretation given at one time by this Tribunal was questioned on constitutionality grounds, an action that generated the issuance of vote of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) 4587-97, precisely cited by the appellant. In said vote, the Chamber declared the constitutionality of the norm, maintaining its validity. Given this situation, the appropriate course in this case is to confirm what was resolved by the Judge, the promoter having proved the fulfillment of the requirements set forth in that article, namely: ten-year possession (posesión decenal), protection of the natural resource and delimitation of the real property through fences or clean lanes (carriles limpios)" (Vote 573-F-09). Likewise, the Constitutional Chamber rejected again the consultation of unconstitutionality against article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), said norm and its effects remaining in force (vote 1667 of January 27, 2010).

VII.- In accordance with what has been explained and what is indicated in the appealed judgment regarding compliance with the requirements demanded by law to title the asset, not objected to by the PGR, its appeal is inadmissible. It is therefore appropriate to confirm the judgment regarding what was appealed.

THEREFORE

In the part appealed, judgment 45 of April 30, 2021 is confirmed.

EXP: EXPN1

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