Res. 01097-2021 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Land-use change is a permanent offense, prescription runs from cessationCambio de uso de suelo es delito permanente, prescripción corre al cesar

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 01097 - 2021

Fecha de la Resolución: 23 de Julio del 2021 a las 10:20

Expediente: 09-003649-0412-PE

Redactado por: Edwin Salinas Durán

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Prescripción de la acción penal
Subtemas:
Consideraciones sobre su aplicación en el delito de cambio de uso de suelo e invasión de área de protección.
Temas (descriptores): Cambio no autorizado del uso de la tierra
Subtemas:
Naturaleza, bien jurídico tutelado y prescripción aplicable.
Sentencias en igual sentido

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Resolución: [Telf1]

Expediente: 09-003649-0412-PE(5) 

 

             TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos, del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.-

             RECURSOS DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre [Nombre1]], [...] y contra [Nombre [Nombre2] ] . “[Nombre [Nombre3]]”, [...]; por los delitos de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE CAMBIO DE USO DE SUELO, PREVARICATO, FALSEDAD IDEOLÓGICA, y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO; cometidos en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Edwin Salinas Durán, Roy Antonio Badilla Rojas y la jueza Elizabeth Montero Mena. Se apersonaron en esta sede, el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, Fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público; la licenciada Paola Madriz Pérez, en representación de la Procuraduría General de la República; el máster [Nombre4]    y el licenciado Josué Arturo Bogantes Carvajal, apoderado especial judicial y codefensor particular del acusado [[Nombre5]  ]; y, el licenciado Manrique Antonio Lara Bolaños y el licenciado José Luis Ocampo Rojas, defensores particulares y civiles del acusado [[Nombre1]  ]; y,

RESULTANDO:

             I.- Que mediante resolución número 151-2021, de las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: "POR TANTO : De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 a 13, 15, 16, 30 inciso 6, 31, 32, 33, 38, 42 inciso c, 111 y siguientes, 142, 180 a 184, 265 a 267, 269, 324 y siguientes, 341 y siguientes, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 378 inciso d) del Código Procesal Penal, 1, 357, 367, 368 del Código Penal, artículos 57 y 58 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, artículo 61 con relación al 19 de la Ley Forestal, Decreto de Honorarios para Abogados y Notarios vigente N° 36562-JP, por la unanimidad de sus votos, este Tribunal resuelve: 1) Se declaran prescritos TRES DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO así recalificados por el Ministerio Público -hechos dos, siete y doce-, y TRES DELITOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE CAMBIO DE USO DE SUELO -hechos cinco, diez y quince-, con relación a [Nombre [Nombre2]], y TRES DELITOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE CAMBIO DE USO DE SUELO - hechos cinco, diez y quince-, con relación a [Nombre [Nombre1]]. 2) SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A [Nombre [Nombre2]] por TRES  DELITOS DE FALSEDAD IDEOLÓGICA -hechos uno, seis y once-, y a [Nombre [Nombre1]] por TRES DELITOS DE PREVARICATO - hechos diez y quince, y hecho cinco (así recalificado por el Tribunal)-, Y TRES DELITOS DE FALSEDAD IDEOLÓGICA -hechos cuatro, nueve y catorce así recalificados por el Tribunal-, delitos todos que en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA se les venía atribuyendo. 3) Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República contra los demandados civiles [[Nombre5]  ] y [[Nombre1]  ], y se condena a la parte actora civil al pago de las costas procesales, mismas que se fijan en la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES para cada codemandado civil, para un total de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES. Se ordena el cese de cualquier medida cautelar, en caso de que exista. Los gastos del proceso por el ejercicio de la acción penal corren por cuenta del Estado. Notifíquese por lectura. [Nombre6]  . JORGE TABASH FORBES. JOSE MARIA ARGUEDAS SALAZAR. JUEZA Y JUECES DE JUICIO". (sic, expediente digital)

II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, Fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público y la licenciada Paola Madriz Pérez, en representación de la Procuraduría General de la República, interpusieron el recurso de apelación de sentencia penal.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en las impugnaciones.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

          Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Salinas Durán, y;

CONSIDERANDO:

             I.- Planteamiento de los recursos . i.-) Recurso del Ministerio Público. El licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, Fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público, presenta el recurso de apelación de sentencia penal, contra la resolución número 151-2021, de las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. Como primer motivo del recurso alega " Inconformidad con la determinación de los hechos probados y en la valoración de la prueba". Reclama que no se acreditó ninguno de los hechos acusados, concluyendo el tribunal de juicio que el suelo de las fincas en litigio no estaba cubierto de bosque para la fecha de los hechos y con anterioridad, conclusión que alega surge de un análisis sesgado que consideró solo elementos negativos, pero no los positivos. Señala que el hecho litigioso debe enmarcarse antes de la construcción de las obras, que va del año 1996 a la fecha que se acusó, sin que tengan importancia períodos anteriores, pues era permitido eliminar bosque y utilizar el terreno para cualquier actividad. Sin embargo posterior al año 1996 sí lo tutela la prohibición. Por lo que, reitera, el período que interesa es del año 1996 a la fecha que señaló la acusación y durante el contradictorio sí se cumplieron los requisitos exigidos por el numeral 3, inciso d), de la Ley Forestal: 1) que era un ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural o otras técnicas forestales, lo acreditó el testigo [Nombre8]  , quien recordó que había una amplia zona boscosa cerca de la playa, también [Nombre9]    que señaló que habían doce o quince especies nativas; 2) que ocupa una superficie de dos o mas hectáreas, lo dijo Sandra María [Nombre11]  quien, con referencia al informe GEO-0172-12, del 05-12-12 a folios 1021 a 1024, indicó que para el año 1997 las tres fincas presentaban una cobertura superior a las dos hectáreas; 3) caracterizada por la presencia de árboles maduros, lo acreditó [Nombre12]   , con base en su dictamen 2015-00195-BIO de folios 1476 a 1488; 4) de diferentes edades, especies y porte variado, lo declaró [Nombre9]    y con los datos de folios 11 a 21 del Legajo de prueba; 5) con uno o mas doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie, lo dijo [Nombre11]    con referencia al informe GEO-0172-12, del 05-12-12 a folios 1021 a 1024; 6) donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP), se acreditó con al declaración de [Nombre13]   y su informe 994-ING-2013, igual con el informe técnico de [Nombre9]    de folios 11 a 21 del Legajo de prueba. Expone que si analizan en conjunto esos elementos probatorios es evidente que sí se acreditó que el sitio investigado cumple con todos los requisitos establecidos por la ley para ser considerado bosque, lo que exigía un análisis conglobado de toda la prueba, pero al avocarse por las limitaciones de la prueba, la sentencia se distrajo en ese único aspecto, para concluir que no era bosque, lo que lesiona el deber de fundamentación. Reprocha que el tribunal lejos de respetar el principio de libertad probatoria le asignó la condición de prueba tasada, en el que solo se puede acreditar que es bosque si se cuenta con un único análisis que concluya que se cumplen todos los requisitos de la Ley Forestal. Reitera que el análisis resulto fragmentado, planteando exigencias que no se podían cumplir por el paso del tiempo y que ya era un área construida, considerando que de nada sirven los análisis foto interpretativos si no están acompañados de una visita de campo, lo que basaron en los testimonios de [Nombre14]  , [Nombre15]   , [Nombre16]   y [Nombre17]   , a los que se les asignó credibilidad absoluta, pero que era necesario contrastar con la restante prueba testimonial y pericial. Reprocha que la credibilidad asignada a unos testigos, provocó contradicciones en su discurso y crítica, con referencias al fallo, lo que estima son inconsistencias en el análisis probatorio. Recalca que el fallo adolece de severas incongruencias en su fundamentación, así como una sesgada y parcializada fundamentación, por lo que de haberse analizado correctamente la prueba se hubiera arribado a una conclusión distinta. Gestiona se acoja el recurso, se anule la sentencia y se ordene el reenvío. En el segundo motivo, expone: "Inconformidad con la valoración jurídica de las reglas de la prescripción". Reclama que se aplicó incorrectamente el cómputo para la prescripción del delito de cambio en el uso de la tierra cubierta por bosque, porque el artículo 32 del Código Procesal Penal, establece que para aquellos delitos permanentes o continuos que el cómputo de la prescripción comenzará a correr hasta que haya cesado su permanencia. Con cita de resoluciones del Tribunal de Apelación de Cartago indica que el delito de cambio de suelo como el de invasión de un área de conservación  o protección, son delitos permanentes y por consiguiente la prescripción empieza a correr hasta que cese su permanencia, siendo erróneo que, como consideró la sentencia, el mismo se consumó al realizarse el aprovechamiento de los productos forestales. Estima que el cambio del uso de suelo se cometió cuando se cambio el uso del suelo para la construcción de un hotel, una calle pública y una piscina, no como indicó la sentencia, que mas bien hace referencia a un aprovechamiento forestal y que no forma parte del articulo 61 inciso c) de la Ley Forestal. Reitera que una correcta interpretación de la norma y del momento de consumación del delito hace ver que se trata de un delito de efectos permanentes y mientras permanezcan aquellas obras en el suelo que corresponde al bosque, no cesa la permanencia del ilícito, lo que hasta ahora se mantiene, pues cambio de ser terreno de bosque a terreno para actividades turísticas y tránsito público. Reitera que la acción penal no está prescrita y gestiona anular la sentencia y ordenar el reenvío. En el tercer motivo alega: "Inconformidad con la incorporación de la prueba". Reclama que durante el debate se rechazó el testimonio del perito [Nombre18] , experto en manejo de bosques, quien fue oportunamente ofrecido y aceptado en la etapa intermedia, pues se dijo que éste no había realizado ninguna pericia, como lo dispone el artículo 218 del Código Procesal Penal, lo que no es correcto, pues se refiere al contenido de un documento, siendo que es el numeral 350 del mismo Código el que establece como debe recibirse un perito en juicio y no exige que éste previamente haya realizado un peritaje, ya que lo puede realizar en el momento. Gestiona acoger el reclamo, anular la sentencia y ordenar el reenvío.  ii.-) Recurso de la Procuraduría General de la República . La licenciada Paola Madriz Pérez, Procuradora de la Ética Pública, de la Procuraduría General de la República, interpone también el recurso de apelación, reclamando, como primer motivo: " Inobservancia de la ley procesal, no aplicación de lo dispuesto en el  artículo 32 del Código Procesal Penal, en cuanto a la prescripción de los delitos permanentes". Expone que se accionó civilmente contra los imputados pues éstos con sus acciones permitieron que se autorizara la tala de árboles en zona de bosque. Con cita parcial del fallo refiere que el tribunal omite exponer por qué la infracción a la  Ley Forestal, propiamente el cambio de uso de suelo, no es un delito continuo o permanente. Con cita del artículo 32 del Código Procesal Penal indica que es claro que hubo transformación de un área de bosque, en que se talaron sus árboles, lo que permitió construir infraestructura hotelera, lo que constituyó un cambio en el uso del suelo. Reitera que el delito de cambio de uso de suelo es un delito continuo o permanente por lo que la prescripción opera en el momento de que cesa la permanencia, es decir, el ilícito permanece mientras se mantenga el daño. En apoyo de su propuesta cita el voto [Telf2], de las 9:15 horas del 15 de julio de 2013, de este Tribunal, con distinta integración; y del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, el voto 324-2015, de las 11:51 horas, del 5 de junio de 2015. Recalca que al mantenerse los efectos no ha transcurrido ni un solo día de prescripción. Gestiona declarar la ineficacia de la sentencia apelada y ordenar el reenvío. En el segundo motivo, expone: " Errónea valoración e interpretación de prueba esencial". Reclama que el tribunal a quo realizó una valoración inadecuada de la prueba, dejando de lado elementos esenciales de la prueba de cargo versus la prueba de descargo, así como la conceptualización de lo que debe entenderse por bosque. Con cita del artículo  3, inciso d), de la Ley Forestal, en relación con el concepto de bosque refiere que la prueba es abundante en el expediente, pero se omite o interpreta erróneamente, siendo que el mismo imputado [Nombre [Nombre2]] acreditó la existencia de diversas especies de árboles, de edades y porte variado, cumpliéndose con uno de los requisitos para establecer la existencia de área de bosque, con más de dos mil especies nativas. Igual el testigo [Nombre8]   narró como había en el lugar un aproximado de cinco hectáreas de bosque primario y unos mil quinientos metros cuadrados de manglar, así como un estero, una quebrada, un arrecife y una zona rocosa, lo que fue eliminado del sitio. Reprocha que no se valoró adecuadamente ese testimonio. En igual sentido la testigo [Nombre11]    narró cómo, con un análisis foto interpretativo, hubo un área de bosque que fue disminuyendo hasta desaparecer, lo mismo refirió el testigo [Nombre19]   , en su dictamen criminalístico que estableció la cantidad de árboles, especies y diámetro, cumpliendo con el concepto de bosque que establece la Ley Forestal. Señala que para aquel momento habían más de sesenta árboles por hectárea de diversas especies y edades, lo que determinaba la existencia de bosque. También, con cita de parcial de la deposición del testigo [Nombre20]  , refiere que en su oficio DEGEO-018-12 constató que la mayor parte del área era de bosque. Reprocha que el tribunal no le creyó a los testigos [Nombre11]  y [Nombre20]  por realizar sus informes con base a fotografías aéreas y no haber inspeccionado el sitio, lo que desvaloriza el conocimiento y experiencia de esos profesionales, siendo que ambos concluyeron que si había bosque y hubo una modificación drástica del terreno. Con cita de informes y diagramas, del testimonio de [Nombre21]    , reitera que el análisis de prueba esencial resulto erróneo. Gestiona declarar la ineficacia de la sentencia apelada y ordenar el reenvío. En el tercer motivo alega: " Errónea apreciación de los hechos y errónea fundamentación al condenar en costas a la parte actora civil". Reclama, con cita de la sentencia recurrida, que el tribunal a quo obvió que al amparo del artículo 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el artículo 16 del Código Procesal Penal en los delitos relacionados con el ambiente, la zona marítimo terrestre y el deber de probidad, la Procuraduría tiene la facultad de accionar por lo que su participación es justa y valida. Se ignoro que había una acusación con prueba testimonial y pericial que amparaba que los actos de los demandados civiles cambiaron el uso del suelo, que era bosque. Si bien es cierto que se solicitó al MINAE valorar el daño ambiental, siendo la respuesta que no había daño de esa naturaleza, esto no impedía, sino exigía, a la Procuraduría la búsqueda de la verdad real, además de que el reclamo resarcitorio era por el daño social causado, y que por acusarse delitos contra la probidad, si eran susceptibles de resarcimiento. Expone que los oficios del MINAE, al ser elaborados por los compañeros del imputado [[Nombre1]  ] no resultaban confiables dada la duda sobre la objetividad e imparcialidad de quienes los realizaron, además de que no eran expertos en foto interpretación como para que consideraran que no había bosque, pero también conocieron la zona hasta después de que se cambio el uso del suelo. Considera que no es suficiente la mala elaboración probatoria realizada por el tribunal para sostener que la Procuraduría no tenía derecho a participar en el proceso. Reitera que la participación de la Procuraduría como parte actora civil se relaciona al ejercicio como víctima en representación de intereses difusos y colectivos, siendo sus pretensiones fundadas y justificadas. Expone que para el tribunal solo hay razón plausible para litigar cuando se tiene certeza absoluta de culpabilidad de la persona acusada y con ello el criterio de responsabilidad civil, aspecto que es resultado del debate. Reitera de la mala valoración de la prueba pero que, la presentada, generaba la razón para que la Procuraduría planteara la demanda civil resarcitoria, por lo que su actuar se dio al amparo de la buena fe, con respeto a las partes y evitando dilaciones en el proceso, por lo que no procedía la condena en costas. Cita las resoluciones 2011-00499 y 2011-00937 de la Sala Tercera. Gestiona se declare improcedente la condena en costas o, en su defecto, se declare la ineficacia de la sentencia apelada y se ordene el reenvío. iii.-) Audiencia oral. Al contestar el emplazamiento del recurso el máster [Nombre4]    y el licenciado Josué Arturo Bogantes Carvajal, defensores penal y civil del acusado [[Nombre5]  ]; y, los licenciados Manrique Antonio Lara Bolaños y José Luis Ocampo Rojas, defensores penal y civil del acusado [[Nombre1]  ], solicitaron una audiencia oral para oponerse verbalmente a los recursos. A las catorce horas y treinta minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia oral peticionada en esta causa. El Tribunal se integró con la presencia de los Jueces Edwin Salinas Durán, quien preside, Roy Antonio Badilla Rojas y Elizabeth Montero Mena, mismos que concurren a votar este asunto. A la audiencia se apersonó el acusado [[Nombre5]  ], sus abogados defensores: máster [Nombre4]    y el licenciado Josué Arturo Bogantes Carvajal; los licenciados Manrique Antonio Lara Bolaños y el licenciado José Luis Ocampo Rojas, defensores del imputado [[Nombre1]  ], quien se excusó; y los apelantes: licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, en representación del Ministerio Público y la licenciada Paola Madriz Pérez, en representación de la Procuraduría General de la República. Hicieron uso de la palabra y expusieron ampliamente los motivos de sus impugnaciones, solicitando acogerlas. Por su parte, los abogados defensores externaron ampliamente las razones para su oposición, gestionado todos, rechazar los recursos interpuestos. El imputado  [[Nombre5]  ] se abstuvo de intervenir. En la audiencia no se evacuó prueba y quedó registrada en respaldo digital.

             II.- En lo que se dirá, los recursos de apelación son atendibles . Al tenor de los argumentos impugnaticios de los recurrentes, la posición asumida por las defensas penal y civil de los acusados, como de las manifestaciones vertidas durante la audiencia oral, pero particularmente del examen del sumario y realizado el análisis integral del fallo, como dispone el numeral 459 del Código Procesal Penal, el que por tratarse de una sentencia dictada dentro de un procedimiento con expediente electrónico, cuenta con respaldo que, aunque escrito, radica de manera digital en el archivo correspondiente; la que una vez examinada por esta Cámara de Apelación, permite determinar que los señalamientos de los apelantes, en lo que se dirá, son atendibles. Si bien se trata de dos recursos separados, uno presentado por el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, Fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público y, el otro, por la licenciada Paola Madriz Pérez, en representación de la Procuraduría General de la República, ambos presentan reclamos similares. Así el motivo segundo de la fiscalía y el primero de la Procuraduría, tratan del cómputo de la prescripción; los motivos primero y tercero del recurso fiscal junto con el motivo segundo del recurso de la Procuraduría, a lo que aluden es a la fundamentación de la sentencia y la valoración de la prueba; y por último, el motivo tercero de la Procuraduría que trata de las costas de la acción civil, por lo que para evitar reiteraciones e imprecisiones, procede conoce esos alegatos en forma conjunta y en el orden citado. En el primer tema propuesto se hace referencia a la prescripción de tres delitos de falsificación de documento privado, así recalificado, (hechos dos, siete y doce de la acusación) seguidos únicamente contra [[Nombre5]  ], y tres delitos de Infracción a la Ley Forestal en su modalidad de cambio de uso de suelo, (hechos cinco, diez y quince de la acusación), en relación con [[Nombre5]  ] y [[Nombre1]  ] , que la sentencia recurrida acoge en el considerando primero del fallo. Sin embargo, se debe aclarar de una vez, al tenor de los reclamos impugnaticios, que la inconformidad de los recurrentes se relaciona únicamente con los tres delitos de cambio de uso de suelo seguidos contra [[Nombre5]  ] y [[Nombre1]  ], no así en relación con los tres delitos de falsificación de documento privado, así recalificados, seguidos únicamente contra [[Nombre5]  ]; lo que implica, no otra cosa, que a falta de recurso ese aspecto de la sentencia se ha de estimar adquirió firmeza. En otras palabras, en este primer apartado la presente resolución aborda lo que es objeto del recurso, sea la disconformidad de los apelantes respecto a que se haya declarado la prescripción de los tres delitos de cambio de uso de suelo de la tierra cubierta por bosque, señalando que se aplicó incorrectamente el cómputo para la prescripción. Esto porque el artículo 32 del Código Procesal Penal, establece que para aquellos delitos permanentes o continuos el cómputo de la prescripción comenzará a correr hasta que haya cesado su permanencia, por lo que siendo que hubo transformación de un área de bosque, se talaron sus árboles y se construyó infraestructura hotelera, ese cambio en el uso del suelo es un delito continuo o permanente y, entonces, la prescripción opera en el momento de que cese esa permanencia, por lo que el ilícito permanece mientras se mantenga el daño. Argumentos en los que se debe dar razón a los apelantes, pues se corrobora que para establecer la prescripción en los delitos de cambio de uso de suelo de bosque el tribunal a quo estimó que: " si hacemos un análisis del delito de infracción a la Ley Forestal, en su modalidad de cambio de uso de suelo, el Tribunal estimada que el delito de cambio de uso de suelo se consumó en el momento que se ejecutó la tala o aprovechamiento de los árboles, pues esa fue la actividad que implicó el cambio de uso de suelo, es decir, el artículo 61 inciso c) supracitado, refiere a una actividad que implique el cambio de uso de suelo, y la acusación establece que el aprovechamiento o la tala de dichos árboles fue la actividad que implicó ese cambio de uso de suelo, por ende, no estamos en presencia de un delito "continuo" o "permanente", porque el establecimiento o efecto en el tiempo del cambio de uso del suelo no es lo que determina el factor que haya que considerar para establecer el plazo de prescripción de la acción penal en este tipo de acciones, pues claramente hubo una acción que se dice generó el cambio de uso de suelo, por lo que al haberse consumado el delito en el momento en que se realizó la tala o aprovechamiento de árboles-, empezó a correr la prescripción de la acción penal, y si nos fijamos en las fechas que se indican en la pieza acusatoria, supra citados, dichos aprovechamientos o tala de árboles ocurrieron entre setiembre del 2006 y enero del 2007, y es a partir de estas fechas que empieza a correr el plazo de prescripción establecido en el artículo 31 del CPP". Empero, el cambio de uso de suelo (artículos 19 y 61 inciso c de la Ley Forestal), a como lo es el delito de usurpación, la usurpación de bienes de dominio público, la invasión de área protegida, a infracción a la zona marítimo terrestre, el drenaje de humedales entre otros, son delitos de efectos permanentes, por lo que mantienen sus efectos en el tiempo y se renueva de manera constante, más aún en los casos de protección a los recursos naturales. No se puede perder de vista que, como alegan los impugnantes, el fin de talar los árboles no era su aprovechamiento, sino levantar construcciones y caminos, que aún permanecen en el lugar, por lo que resulta notorio que al seguir manteniéndose en el sitio impiden la regeneración natural del bosque, por lo que el cambio del uso del suelo permanece de manera constante y continua. Ello implica que mientras se mantengan esas condiciones, día a día la conducta delictiva se ajusta al tipo penal, lesionando el bien jurídico tutelado por la Ley Forestal. De la relación de la pieza acusatoria se desprende sin mayor dificultad que la imputación no sólo se limitó a describir la tala de los árboles, sino que los terreno en que ello ocurrió tenían la naturaleza de bosque, lo que, conforme se resuelve en el apartado siguiente no se ha desvirtuado, por lo que, entonces, se debían dedicar a la conservación; no obstante, el propósito de la tala, como se indico, no era el aprovechamiento de esos recursos sino construir edificaciones hoteleras, caminos y piscinas. Es decir, el cambio del uso del suelo (artículos 19 y 61 inciso c de la Ley Forestal), operó con esas construcciones, no con la corta de los árboles nativos de diversas especies, todo lo cual estaría generando un importante daño ecológico pues, como se dijo, mientras permanezcan en el tiempo, tienen la virtud de lesionar constante y reiteradamente el bien jurídico tutelado, lo que implica que mientras no cese la conducta ilícita, sea el cambio en el uso de la tierra, resultaría prematura e infundada la declaratoria de prescripción. Establecido, entonces, que el delito de cambio del uso del suelo es un delito de efectos permanentes, a la luz del numeral 32 del Código Procesal Penal, la prescripción no corre sino hasta que cese esa permanencia y, en consecuencia, se debe acoger el reclamo, anular parcialmente lo resuelto y ordenar el reenvío para que se conozca de los tres delitos de Infracción a la Ley Forestal, en su modalidad de cambio de uso del suelo (hechos cinco, diez y quince de la acusación, en relación con [[Nombre5]  ] y [[Nombre1]  ]. En los motivos primero: "Inconformidad con la determinación de los hechos probados y en la valoración de la prueba" y en el tercero " Inconformidad con la incorporación de la prueba" del recurso del ente acusador, como en el motivo segundo: "Errónea valoración e interpretación de prueba esencial" del recurso de la Procuraduría General de la República, se evidencia que la inconformidad de ambos apelantes está referida propiamente a la fundamentación de la sentencia y la valoración de la prueba, sosteniendo no solo que hubo un análisis sesgado de los elementos probatorios, sino particularmente en la determinación del concepto de bosque, que aunque estiman los recurrentes está acreditado, el tribunal a quo no lo consideró así, partiendo principalmente de que la historia registral de esas propiedades reflejó que era un terreno potrerizado, sean terrenos de potrero. De la revisión integral del fallo se evidencia que, en efecto, ambas propuestas encuentran apoyo en diversos documentos y testimonios, por lo que no es de extrañar que se haya dado preferencia a algunos elementos probatorios sobre otros según la derivación de los jueces. Empero una primer critica es que, pese a la abundante prueba testimonial y documental evacuada, la sentencia señala como hechos probados, que "no se tiene por demostrado ningún hecho de interés ", lo que en principio luce contradictorio con la decisión final, pues al menos acusándose que en esa zona había bosque, bajo esa tesitura debió acreditarse, al menos, que no lo había, contrario a lo que señaló la pieza acusatoria. No obstante esa omisión advierte que, en efecto y como se reclama, pese a que la sentencia es extensa la fundamentación luce incompleta. Nótese que aunque se desarrolla con detalle los antecedentes históricos de la finca [Valor [Nombre22]] para determinar que era un terreno potrerizado, su posterior venta la empresa [Nombre [Nombre23]] S.A., luego de ésta a la compañía [Nombre 007] S.A., que posteriormente se llamó [Nombre [Nombre24]] S.A., consignándose en aquellos traspasos que la naturaleza de los mismos era terreno de potreros, lo que en todo caso era de esperar registralmente, dado el interés por construir en la zona, sin que esas circunstancias se contrastaran con los diversos testimonios y probanzas que adversan esa característica del suelo y que, entonces, hacían dudar de la veracidad de esa información registral, aún cuando también hay otra prueba testimonial que lo apoya, siendo relevante el análisis, que no se hizo, de las motivaciones particulares de los diferentes deponentes y que era necesario para la asignación de credibilidad. Para estimar un fallo correcto se requiere de una adecuada fundamentación probatoria descriptiva, en que se detallen los medios probatorios admitidos e incorporados al contradictorio, cualesquiera que sean, e intelectiva, constitutiva de sus razonamientos en torno a la apreciación de esos medios probatorios: su legalidad, suficiencia y credibilidad respecto del cuadro fáctico acusado por el ente fiscal o querellante y, por supuesto, de ser el caso, la configuración típica del tipo penal imputado. Es claro, que dicho razonamiento no podría, de ninguna forma, encontrarse supeditado por la acreditación mediante determinados medios probatorios, pues ello sería contrario al sistema de libertad probatoria que rige en nuestro ordenamiento. En el presente caso, al tenor del desarrollo de la resolución se denota que si bien se han considerado los criterios técnicos de los funcionarios del Área de Conservación Tempisque (ACT), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio de Ambiente y Energia (MINAE), según las deposiciones vertidas en juicio por [Nombre25]   , [Nombre14]  , [Nombre17]   , [Nombre16]    y [Nombre26]   , auxiliados por diversos informes. A lo que se sumaron los criterios de [Nombre9]   , [Nombre27]   y [Nombre28]   , para concluir que el sitio no era patrimonio natural del Estado, es decir, bosque. Lo que se contrapone al testimonio de quienes afirmaron que ese terreno sí era bosque, como: [Nombre8]  , [Nombre13]  , [Nombre11]   , [Nombre20]  , [Nombre29]    y [Nombre19]   , empero, al analizar su valoración se comprueba que, como lo argumentan los apelantes, ese examen resultó sesgado y tendiente a favorecer la  línea argumentativa que elaboran las jueces en relación al primer grupo testimonial citado e, incluso, se dejaron de valorar los testimonios de [Nombre30]   y de [Nombre31]   , de modo tal que si ignora si tuvieron alguna relevancia para la decisión. Es decir, se advierte que se dejó de lado todo el estudio probatorio que aporta la prueba de cargo al confrontarla con la prueba de descargo, y que se evidencia en que el tribunal a quo no haya tenido ningún hecho por probado, pese a que sí se estableció la existencia de diversas especies de árboles, de edades y porte variado, que acorde a diversos testigos sí conformaban áreas boscosas, las que fueron eliminadas a efecto del desarrollo hotelero que allí se construyó. Se debe acotar que aún cuando los antecedentes de la finca [Valor [Nombre22]] se remontan al año 1975, la acusación parte de que antes del 1 de setiembre de 2006, esos terrenos tenían naturaleza de bosque, por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 7575, Ley Forestal, sí era de interés determinar sí para después del año 1996, que entró en vigencia y hasta antes de que se talaran los árboles para dar paso a las obras constructivas, estos terrenos tenían la condición de bosque como se acusa, o si por el contrario, se mantenían en el estado que referían las inscripciones registrales y para lo cual la prueba testimonial y pericial resultó contradictoria, pues no se puede negar en este caso que por el paso del tiempo y la variación en el terreno en razón de las edificaciones hoteleras realizadas en el sitio, tanto la prueba es referencial, como también surge a raíz de elaboraciones foto interpretativas, sin que tampoco se indique con rigurosidad porque esos estudios no resultaron fiables, cuando bajo las reglas de la sana crítica, en especial la experiencia, al observar actualmente el lugar, se evidencia que está rodeado de áreas boscosas, lo que no descarta la regeneración natural del suelo y, en particular, del bosque. De modo tal que permite, advertir, como lo indicaron algunos testigos, la posibilidad de existencia de bosque para cuando los acusados ejecutaron los actos que se les reclaman, siendo relevante, aspecto que no propone el fallo, establecer cual es el concepto de bosque que dispone la Ley, pues aun cuando aquellos terrenos pudieran tener vocación de potrero, es innegable que allí había gran cantidad de árboles, sin que se descarte que éstos no constituyeran un bosque, desde que las autorizaciones de tala se dispusieron para poco más de 3000 árboles de varias especies, cantidad nada despreciable, como para descartar que no constituyeran un área boscosa y, por consiguiente, protegida para su conservación, como se acusó. Reclama la representación fiscal que durante el debate se rechazó el testimonio del perito [Nombre18] , quien es un experto en el manejo de bosques, que aunque fue oportunamente ofrecido y aceptado en la etapa intermedia, el tribunal a quo lo rechazo, al considerar que no había rendido ningún peritaje. En efecto, al revisar los respaldos digitales se confirma que en la audiencia celebrada a las nueve horas del quince de febrero de dos mil veintiuno, se rechazo al perito [Nombre18]  ; no obstante, por la forma en que se resuelve este asunto, nada impide que en el reenvió aquí ordenado se reciba su experticia, por lo que corresponderá al tribunal de juicio determinar su pertinencia y, bajo el entendido de que en relación con los testigos, llamados en condición de peritos, el artículo 350 del Código Procesal Penal, dispone: " Serán llamados los peritos que fueron citados y responderán las preguntas que se les formulen. De ser posible, el tribunal ordenará que se realicen las operaciones periciales en la audiencia. Los peritos tendrán la facultad de consultar documentos, notas escritas y publicaciones durante su declaración. Si es necesario, quien preside ordenará la lectura de los dictámenes periciales". En conclusión, la sentencia de mérito, si bien asume una posición, ésta nace de un análisis que no contempla una valoración integral de la prueba analizándola de forma conjunta y armoniosa, con lo que eventualmente tanto se pudo haber llegado a una conclusión diferente o reafirmado la decisión tomada. Por lo expuesto, se deben declarar con lugar los motivos primero y tercero del recurso del Ministerio Público y el primero de la Procuraduría General de la República y por consiguiente, se anula también el fallo y se ordena el reenvío respecto a tres delitos de falsedad ideológica (hechos uno, seis y once de la acusación) contra [Nombre [Nombre2]]; y, tres delitos de prevaricato (hechos cinco, diez y quince de la acusación) y tres delitos de falsedad ideológica (hechos cuatro, nueve y catorce de la acusación) contra [Nombre [Nombre1]]. Por último, en el motivo tercero del recurso de la Procuraduría General de la República, el reclamo trata sobre los aspectos civiles, en particular sobre la condena en costas de la acción civil resarcitoria al Estado, partiendo de que no le asistía razón plausible para litigar. No obstante, en razón de que, conforme se declaró, se acogen los reclamos impugnaticios y, en consecuencia, la sentencia debe ser anulada, carece de interés resolver los alegatos civiles de la recurrente, desde que al realizarse el juicio de reenvío que aquí se ordena, no solo deberá discutirse de nuevo la procedencia de la demanda civil resarcitoria, sino lo relativo a los costas que produce dicha acción. En consecuencia, el reenvío ordenado también contempla lo decidido sobre la Acción Civil Resarcitoria incoada por el Estado, por ser accesoria a la causa penal. Consecuentemente, se omite pronunciamiento sobre el tercer motivo del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Finalmente, es necesario señalar, para que se tome nota de ello, que con lo dispuesto en la presente resolución no se está prejuzgando sobre el resultado a que deberá llegarse finalmente en esta causa, pues sólo se han señalado vicios de forma, que afectan la validez del fallo de instancia. En consecuencia, al realizar el juicio de reenvío, deberán los Jueces valorar la prueba en su forma originaria, para llegar a las conclusiones que se estimen pertinentes, para establecer si existieron o no los delitos acusados y si los mismos fueron cometidos por los imputados [[Nombre5]  ] y [[Nombre1]  ].

POR TANTO:

            Se declaran con lugar los recursos de apelación presentados por la representación del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se anula parcialmente lo resuelto y se ordena el reenvío sobre tres delitos de Infracción a la Ley Forestal, en su modalidad de cambio de uso del suelo (hechos cinco, diez y quince de la acusación), y tres  delitos de falsedad ideológica (hechos uno, seis y once de la acusación) contra [[Nombre5]  ]; y por tres delitos de Infracción a la Ley Forestal, en su modalidad de cambio de uso del suelo (hechos cinco, diez y quince de la acusación), tres delitos de prevaricato (hechos cinco, diez y quince de la acusación) y tres delitos de falsedad ideológica (hechos cuatro, nueve y catorce de la acusación) contra [[Nombre1]  ]. Se mantiene incólume lo resuelto en relación con la prescripción de tres delitos de falsificación de documento privado (hechos dos, siete y doce) seguidos contra [[Nombre5]  ] únicamente. Se omite pronunciamiento sobre el tercer motivo del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República y se ordena también el reenvío sobre la Acción Civil Resarcitoria incoada por el Estado, por ser accesoria a la causa penal. NOTIFÍQUESE.-

 

 

 

Edwin Salinas Durán

 

Roy Antonio Badilla Rojas                                                     Elizabeth Montero Mena

Jueces y Jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

 

Expediente: 09-003649-0412-PE(5)

Imputados: [[Nombre1]  ] y otro

Delito: Infracción Ley Forestal

Ofendido: Los recursos naturales                                                                                            [Nombre32]

Expediente N° 09-003649-0412-PE(5) Voto N° [Telf1] - Pág.:  2

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:43:58.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

RESULTANDO:

I.- Through resolution number 151-2021, issued at nine thirty hours on March sixteen, two thousand twenty-one, the Criminal Tax Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, Articles 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 to 13, 15, 16, 30 subsection 6, 31, 32, 33, 38, 42 subsection c, 111 et seq., 142, 180 to 184, 265 to 267, 269, 324 et seq., 341 et seq., 360, 361, 363, 364, 365, 366, 378 subsection d) of the Criminal Procedure Code, 1, 357, 367, 368 of the Criminal Code, Articles 57 and 58 of the Law Against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office No. 8422, Article 61 in relation to 19 of the Forest Law (Ley Forestal), the current Attorneys' and Notaries' Fee Decree No. 36562-JP, by unanimous vote, this Tribunal resolves: 1) Three offenses of FALSIFICATION OF PRIVATE DOCUMENT, as reclassified by the Public Prosecutor's Office—acts two, seven, and twelve—are declared time-barred, and THREE OFFENSES OF VIOLATION OF THE FOREST LAW IN THE MODALITY OF LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO)—acts five, ten, and fifteen—in relation to [Nombre [Nombre2]], and THREE OFFENSES OF VIOLATION OF THE FOREST LAW IN THE MODALITY OF LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO)—acts five, ten, and fifteen—in relation to [Nombre [Nombre1]]. 2) [Nombre [Nombre2]] IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY for THREE OFFENSES OF IDEOLOGICAL FALSEHOOD (FALSEDAD IDEOLÓGICA)—acts one, six, and eleven—and [Nombre [Nombre1]] for THREE OFFENSES OF PREVARICATION (PREVARICATO)—acts ten and fifteen, and act five (as reclassified by the Tribunal)—AND THREE OFFENSES OF IDEOLOGICAL FALSEHOOD (FALSEDAD IDEOLÓGICA)—acts four, nine, and fourteen, as reclassified by the Tribunal—all of which offenses were being attributed to them to the detriment of THE DUTIES OF PUBLIC OFFICE. 3) The Civil Action for Damages brought by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) against the civil defendants [[Nombre5]] and [[Nombre1]] is denied, and the civil plaintiff is ordered to pay procedural costs, which are set in the sum of TWO MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY THOUSAND COLONES for each civil co-defendant, for a total of FIVE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND COLONES. The cessation of any precautionary measure, should any exist, is ordered. The costs of the proceedings for the exercise of the criminal action shall be borne by the State. Let it be notified by reading. [Nombre6]. JORGE TABASH FORBES. JOSE MARIA ARGUEDAS SALAZAR. TRIAL JUDGE AND JUDGES." (sic, digital case file)

II.- Against the preceding pronouncement, licensed attorney José Alejandro Alpízar Arrones, Auxiliary Prosecutor of the Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office of the Public Prosecutor's Office, and licensed attorney Paola Madriz Pérez, representing the Office of the Attorney General, filed the criminal sentence appeal.

III.- Having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Tribunal considered the issues raised in the challenges.

IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Criminal Sentence Appeals Judge Salinas Durán, and;

CONSIDERANDO:

I.- Statement of the appeals. i.-) Appeal of the Public Prosecutor's Office. Licensed attorney José Alejandro Alpízar Arrones, Auxiliary Prosecutor of the Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office of the Public Prosecutor's Office, files the criminal sentence appeal against resolution number 151-2021, issued at nine thirty hours on March sixteen, two thousand twenty-one, issued by the Criminal Tax Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José. As the first ground of appeal, he alleges "Disagreement with the determination of the proven facts and the assessment of the evidence." He complains that none of the charged acts were proven, with the trial court concluding that the soil of the properties under dispute was not covered with forest (bosque) at the date of the acts and previously, a conclusion he claims arises from a biased analysis that considered only negative elements, but not positive ones. He points out that the litigious act must be framed before the construction of the works, ranging from 1996 to the date charged, without earlier periods being relevant, since it was permitted to eliminate forest and use the land for any activity. However, after 1996, the prohibition does protect it. Therefore, he reiterates, the period of interest is from 1996 to the date indicated in the accusation, and during the adversarial process, the requirements demanded by numeral 3, subsection d), of the Forest Law (Ley Forestal) were met: 1) that it was a native or autochthonous ecosystem, intervened or not, regenerated by natural succession or other forestry techniques, attested to by witness [Nombre8], who remembered there was a large forested area near the beach, also [Nombre9] who indicated there were twelve or fifteen native species; 2) that it occupies an area of two or more hectares, stated by Sandra María [Nombre11] who, with reference to report GEO-0172-12, dated 05-12-12 on folios 1021 to 1024, indicated that in 1997 the three properties presented coverage of more than two hectares; 3) characterized by the presence of mature trees, attested to by [Nombre12], based on his expert opinion 2015-00195-BIO on folios 1476 to 1488; 4) of different ages, species, and varied size, declared by [Nombre9] and with the data on folios 11 to 21 of the Evidence File; 5) with one or more canopies covering more than seventy percent (70%) of that surface, stated by [Nombre11] with reference to report GEO-0172-12, dated 05-12-12 on folios 1021 to 1024; 6) where there are more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height (DBH), accredited by the statement of [Nombre13] and his report 994-ING-2013, also with the technical report of [Nombre9] on folios 11 to 21 of the Evidence File. He submits that if these evidentiary elements are analyzed together, it is evident that it was indeed proven that the investigated site meets all the requirements established by law to be considered forest (bosque), which required a comprehensive analysis of all the evidence, but by focusing on the limitations of the evidence, the judgment became distracted on that single aspect, concluding that it was not forest, which violates the duty to provide reasoning. He reproaches that the tribunal, far from respecting the principle of freedom of evidence, assigned it the condition of strict evidence, in which it can only be proven that it is forest if there is a single analysis concluding that all the requirements of the Forest Law (Ley Forestal) are met. He reiterates that the analysis was fragmented, posing demands that could not be met due to the passage of time and because it was already a built-up area, considering that photo-interpretive analyses are useless if not accompanied by a field visit, which they based on the testimony of [Nombre14], [Nombre15], [Nombre16], and [Nombre17], to whom absolute credibility was assigned, but which needed to be contrasted with the remaining testimonial and expert evidence. He reproaches that the credibility assigned to some witnesses caused contradictions in their discourse and critique, with references to the ruling, which he considers inconsistencies in the evidentiary analysis. He emphasizes that the ruling suffers from severe inconsistencies in its reasoning, as well as biased and partial reasoning, so that had the evidence been correctly analyzed, a different conclusion would have been reached. He requests that the appeal be granted, the judgment be annulled, and a retrial be ordered. In the second ground, he states: "Disagreement with the legal assessment of the rules on statute of limitations (prescripción)." He claims that the computation for the statute of limitations (prescripción) for the offense of change in the use of land covered by forest (bosque) was incorrectly applied, because Article 32 of the Criminal Procedure Code establishes that for permanent or continuous offenses, the computation of the statute of limitations will begin to run only when its permanence has ceased. Citing resolutions of the Cartago Court of Appeals, he indicates that the offense of land-use change (cambio de uso de suelo), like the invasion of a conservation or protection area, are permanent offenses, and therefore the statute of limitations begins to run only when their permanence ceases, making it erroneous that, as the judgment considered, it was consummated upon the harvesting of forest products. He considers that the land-use change (cambio de uso de suelo) was committed when the land use was changed for the construction of a hotel, a public street, and a pool, not as the judgment indicated, which rather refers to forest harvesting that is not part of Article 61 subsection c) of the Forest Law (Ley Forestal). He reiterates that a correct interpretation of the norm and the moment of consummation of the offense shows that it is an offense with permanent effects, and as long as those works remain on the land corresponding to forest, the permanence of the illicit act does not cease, which continues to this day, since it changed from forested land to land for tourist activities and public transit. He reiterates that the criminal action is not time-barred and requests that the judgment be annulled and a retrial be ordered. In the third ground, he alleges: "Disagreement with the incorporation of the evidence." He complains that during the trial, the testimony of expert witness [Nombre18], an expert in forest management, who was timely offered and accepted in the intermediate stage, was rejected because it was said that he had not conducted any expert examination, as provided by Article 218 of the Criminal Procedure Code, which is not correct, as it refers to the content of a document, and it is numeral 350 of the same Code that establishes how an expert must be received at trial and does not require that they have previously conducted an expert examination, since they can do it at that moment. He requests that the claim be granted, the judgment be annulled, and a retrial be ordered. ii.-) Appeal of the Office of the Attorney General. Licensed attorney Paola Madriz Pérez, Public Ethics Prosecutor of the Office of the Attorney General, also files the appeal, claiming, as the first ground: "Non-observance of procedural law, non-application of the provisions of Article 32 of the Criminal Procedure Code, regarding the statute of limitations (prescripción) for permanent offenses." She submits that civil action was brought against the defendants because they, through their actions, allowed the felling of trees in a forested area to be authorized. Citing part of the ruling, she states that the tribunal omits to explain why the violation of the Forest Law (Ley Forestal), specifically land-use change (cambio de uso de suelo), is not a continuous or permanent offense. Citing Article 32 of the Criminal Procedure Code, she indicates that it is clear there was transformation of a forest area, in which its trees were felled, which allowed the construction of hotel infrastructure, which constituted a change in land use. She reiterates that the offense of land-use change (cambio de uso de suelo) is a continuous or permanent offense, so the statute of limitations operates at the moment the permanence ceases, that is, the illicit act persists as long as the damage continues. In support of her proposal, she cites ruling [Telf2], of 9:15 a.m. on July 15, 2013, from this Tribunal, with a different composition; and from the Cartago Criminal Sentence Appeals Tribunal, ruling 324-2015, of 11:51 a.m. on June 5, 2015. She emphasizes that as the effects are maintained, not even a single day of the statute of limitations has elapsed. She requests that the appealed judgment be declared ineffective and a retrial be ordered. In the second ground, she states: "Erroneous assessment and interpretation of essential evidence." She complains that the trial court carried out an inadequate assessment of the evidence, leaving aside essential elements of the prosecution's evidence versus the defense's evidence, as well as the conceptualization of what should be understood by forest (bosque). Citing Article 3, subsection d), of the Forest Law (Ley Forestal), in relation to the concept of forest, she states that the evidence is abundant in the case file, but is omitted or erroneously interpreted, given that the very defendant [Nombre [Nombre2]] proven the existence of various tree species, of different ages and varied size, meeting one of the requirements to establish the existence of a forest area, with more than two thousand native species. Likewise, witness [Nombre8] narrated how there were approximately five hectares of primary forest and about one thousand five hundred square meters of mangrove swamp, as well as an estuary (estero), a stream (quebrada), a reef, and a rocky area, all of which were eliminated from the site. She reproaches that this testimony was not adequately assessed. In the same sense, witness [Nombre11] narrated how, with a photo-interpretive analysis, there was an area of forest that was diminishing until it disappeared; the same was stated by witness [Nombre19], in his criminalistics expert opinion that established the number of trees, species, and diameter, meeting the concept of forest established by the Forest Law (Ley Forestal). She points out that at that time there were more than sixty trees per hectare of various species and ages, which determined the existence of forest. Also, citing part of the deposition of witness [Nombre20], she states that in his official communication DEGEO-018-12, he confirmed that most of the area was forest. She reproaches that the tribunal did not believe witnesses [Nombre11] and [Nombre20] because they prepared their reports based on aerial photographs and had not inspected the site, which undervalues the knowledge and experience of those professionals, given that both concluded that there was indeed forest and there was a drastic modification of the land. Citing reports and diagrams, and the testimony of [Nombre21], she reiterates that the analysis of essential evidence was erroneous. She requests that the appealed judgment be declared ineffective and a retrial be ordered. In the third ground, she alleges: "Erroneous appreciation of the facts and erroneous reasoning in ordering the civil plaintiff to pay costs." She claims, citing the appealed judgment, that the trial court ignored that under Articles 1 and 3 of the Organic Law of the Office of the Attorney General and Article 16 of the Criminal Procedure Code, in offenses related to the environment, the maritime-terrestrial zone, and the duty of probity, the Office of the Attorney General has the power to bring action, so its participation is fair and valid. It was ignored that there was an accusation with testimonial and expert evidence that supported that the acts of the civil defendants changed the land use, which was forest. While it is true that MINAE was requested to assess the environmental damage, and the response was that there was no damage of that nature, this did not prevent, but rather demanded, the Office of the Attorney General's search for the real truth, in addition to the fact that the claim for damages was for the social damage caused, and that because crimes against probity were charged, they were indeed susceptible to compensation. She submits that the official communications from MINAE, having been prepared by colleagues of the defendant [[Nombre1]], were not reliable given the doubt about the objectivity and impartiality of those who produced them, besides the fact that they were not experts in photo interpretation so as to consider that there was no forest, but they also only became aware of the area after the land use was changed. She considers that the poor evidentiary preparation carried out by the tribunal is not sufficient to hold that the Office of the Attorney General had no right to participate in the process. She reiterates that the participation of the Office of the Attorney General as a civil plaintiff relates to its exercise as a victim representing diffuse and collective interests, its claims being well-founded and justified. She submits that for the tribunal, there is only plausible reason to litigate when there is absolute certainty of the guilt of the accused person and, with it, the criterion of civil liability, an aspect that is the result of the trial. She reiterates the poor assessment of the evidence, but that the evidence presented gave the Office of the Attorney General reason to bring the civil action for damages, so its action was taken under the protection of good faith, with respect for the parties and avoiding delays in the process, so the order to pay costs was not appropriate. She cites resolutions 2011-00499 and 2011-00937 of the Third Chamber. She requests that the order to pay costs be declared inappropriate or, failing that, that the appealed judgment be declared ineffective and a retrial be ordered. iii.-) Oral hearing. In responding to the summons of the appeal, the Master [Nombre4] and licensed attorney Josué Arturo Bogantes Carvajal, criminal and civil defense attorneys for the accused [[Nombre5]]; and licensed attorneys Manrique Antonio Lara Bolaños and José Luis Ocampo Rojas, criminal and civil defense attorneys for the accused [[Nombre1]], requested an oral hearing to verbally oppose the appeals. At fourteen thirty hours on July eight, two thousand twenty-one, the requested oral hearing was held in this case. The Tribunal was composed with the presence of Judges Edwin Salinas Durán, presiding, Roy Antonio Badilla Rojas, and Elizabeth Montero Mena, who concur in voting on this matter. Appearing at the hearing were the accused [[Nombre5]], his defense attorneys: Master [Nombre4] and licensed attorney Josué Arturo Bogantes Carvajal; licensed attorneys Manrique Antonio Lara Bolaños and licensed attorney José Luis Ocampo Rojas, defense attorneys for the defendant [[Nombre1]], who was excused; and the appellants: licensed attorney José Alejandro Alpízar Arrones, representing the Public Prosecutor's Office, and licensed attorney Paola Madriz Pérez, representing the Office of the Attorney General. They took the floor and extensively set out the grounds for their challenges, requesting they be granted. For their part, the defense attorneys extensively stated the reasons for their opposition, all requesting that the filed appeals be rejected. The defendant [[Nombre5]] abstained from intervening. No evidence was taken at the hearing, and it was recorded on a digital backup.

II.- In what will be stated, the appeals are admissible. In light of the challenging arguments of the appellants, the position taken by the criminal and civil defense of the accused, as well as the statements made during the oral hearing, but particularly from the examination of the summary and the comprehensive analysis of the ruling, as provided by numeral 459 of the Criminal Procedure Code, which, as it is a judgment issued within a procedure with an electronic case file, has a backup that, although written, is located digitally in the corresponding file; once examined by this Chamber of Appeals, it allows determining that the points raised by the appellants, in what will be stated, are admissible. While these are two separate appeals, one filed by licensed attorney José Alejandro Alpízar Arrones, Auxiliary Prosecutor of the Deputy Agrarian Environmental Prosecutor's Office of the Public Prosecutor's Office, and the other by licensed attorney Paola Madriz Pérez, representing the Office of the Attorney General, both raise similar claims. Thus, the second ground of the Prosecutor's Office and the first ground of the Office of the Attorney General address the computation of the statute of limitations (prescripción); the first and third grounds of the prosecutor's appeal, together with the second ground of the Office of the Attorney General's appeal, allude to the reasoning of the judgment and the assessment of the evidence; and finally, the third ground of the Office of the Attorney General addresses the costs of the civil action, so to avoid reiterations and inaccuracies, it is appropriate to consider these arguments jointly and in the order cited. In the first proposed topic, reference is made to the statute of limitations (prescripción) for three offenses of falsification of private document, as reclassified, (acts two, seven, and twelve of the accusation) filed solely against [[Nombre5]], and three offenses of Violation of the Forest Law in the modality of land-use change (cambio de uso de suelo), (acts five, ten, and fifteen of the accusation), in relation to [[Nombre5]] and [[Nombre1]], which the appealed judgment accepts in the first considerando of the ruling. However, it must be clarified forthwith, in light of the challenging claims, that the appellants' disagreement relates solely to the three offenses of land-use change (cambio de uso de suelo) filed against [[Nombre5]] and [[Nombre1]], and not in relation to the three offenses of falsification of private document, as reclassified, filed solely against [[Nombre5]]; which implies, nothing else, that absent an appeal, that aspect of the judgment must be deemed to have become final. In other words, in this first section, this resolution addresses what is the subject of the appeal, that is, the appellants' disagreement that the statute of limitations was declared for the three offenses of change of use of land covered by forest (bosque), pointing out that the computation for the statute of limitations (prescripción) was incorrectly applied. This is because Article 32 of the Criminal Procedure Code establishes that for permanent or continuous offenses, the computation of the statute of limitations will begin to run only when their permanence has ceased, so given that there was a transformation of a forest area, its trees were felled, and hotel infrastructure was built, that change in land use is a continuous or permanent offense, and therefore, the statute of limitations operates at the moment that permanence ceases, so the illicit act persists as long as the damage continues. Arguments in which the appellants must be given reason, as it is corroborated that to establish the statute of limitations (prescripción) for the offenses of land-use change (cambio de uso de suelo) of forest, the trial court considered that: "if we analyze the offense of violation of the Forest Law, in its modality of land-use change, the Tribunal considers that the offense of land-use change was consummated at the moment the felling or harvesting of the trees was executed, since that was the activity that involved the land-use change, that is, Article 61 subsection c) cited above, refers to an activity that involves the change of land use, and the accusation establishes that the harvesting or felling of said trees was the activity that involved that land-use change, therefore, we are not in the presence of a 'continuous' or 'permanent' offense, because the establishment or effect over time of the land-use change is not what determines the factor to be considered to establish the limitation period for the criminal action in this type of action, since there was clearly an action that is said to have generated the change of land use, so upon the offense having been consummated at the moment the felling or harvesting of trees was carried out, the statute of limitations for the criminal action began to run, and if we look at the dates indicated in the accusatory document, cited above, said harvesting or felling of trees occurred between September 2006 and January 2007, and it is from these dates that the limitation period established in Article 31 of the CPP begins to run." However, land-use change (cambio de uso de suelo) (Articles 19 and 61 subsection c of the Forest Law (Ley Forestal)), as is the offense of usurpation, usurpation of public domain property, invasion of a protected area, violation of the maritime terrestrial zone, drainage of wetlands, among others, are offenses with permanent effects, so they maintain their effects over time and are constantly renewed, even more so in cases of protection of natural resources. One cannot lose sight of the fact that, as the challengers argue, the purpose of felling the trees was not their harvesting, but to erect buildings and roads, which still remain in the place, so it is notorious that by continuing to remain on the site, they impede the natural regeneration of the forest (bosque), so the land-use change (cambio de uso de suelo) remains constant and continuously. This implies that as long as those conditions are maintained, day by day the criminal conduct fits the criminal type, harming the legal interest protected by the Forest Law (Ley Forestal). From the account of the accusatory document, it emerges without great difficulty that the charge was not only limited to describing the felling of trees, but that the land on which this occurred had the nature of forest (bosque), which, as is resolved in the following section, has not been refuted, so, therefore, it should have been devoted to conservation; however, the purpose of the felling, as stated, was not the harvesting of those resources but to construct hotel buildings, roads, and pools. That is, the land-use change (cambio de uso de suelo) (Articles 19 and 61 subsection c of the Forest Law (Ley Forestal)), operated with those constructions, not with the cutting of native trees of various species, all of which would be generating significant ecological damage since, as stated, as long as they remain over time, they have the virtue of constantly and repeatedly injuring the protected legal interest, which implies that as long as the illicit conduct does not cease, that is, the change in land use, the declaration of the statute of limitations (prescripción) would be premature and unfounded. Having established, then, that the offense of land-use change (cambio de uso de suelo) is an offense with permanent effects, in light of numeral 32 of the Criminal Procedure Code, the statute of limitations (prescripción) does not run until that permanence ceases and, consequently, the claim must be granted, what was resolved partially annulled, and a retrial ordered so that the three offenses of Violation of the Forest Law, in its modality of land-use change (cambio de uso de suelo) (acts five, ten, and fifteen of the accusation, in relation to [[Nombre5]] and [[Nombre1]]) may be heard. In the first ground: "Disagreement with the determination of the proven facts and the assessment of the evidence" and in the third ground "Disagreement with the incorporation of the evidence" of the appeal of the accusing entity, as in the second ground: "Erroneous assessment and interpretation of essential evidence" of the appeal of the Office of the Attorney General, it is evident that the disagreement of both appellants refers properly to the reasoning of the judgment and the assessment of the evidence, maintaining not only that there was a biased analysis of the evidentiary elements, but particularly in the determination of the concept of forest (bosque), which although the appellants consider to be proven, the trial court did not consider it so, starting mainly from the fact that the registry history of those properties reflected that it was land converted to pasture (potrerizado), that is, pasture lands (terrenos de potrero). From the comprehensive review of the ruling, it is evident that, in effect, both proposals find support in various documents and testimonies, so it is not surprising that preference was given to some evidentiary elements over others according to the judges' reasoning. However, a first criticism is that, despite the abundant testimonial and documentary evidence adduced, the judgment indicates as proven facts that "no fact of interest is deemed proven," which initially appears contradictory with the final decision, since at least in accusing that there was forest (bosque) in that area, under that approach, it should have at least been proven that there was none, contrary to what the accusatory document indicated.

Notwithstanding that omission, it observes that, in fact and as claimed, even though the judgment is lengthy, the reasoning appears incomplete. Note that although the historical background of the property [Valor [Nombre22]] is developed in detail to determine that it was pastureland (terreno potrerizado), its subsequent sale to the company [Nombre [Nombre23]] S.A., then from it to the company [Nombre 007] S.A., which was later called [Nombre [Nombre24]] S.A., recording in those transfers that the nature of same was pastureland (terreno de potreros), which in any case was to be expected for registration purposes, given the interest in building in the area, without those circumstances being contrasted with the diverse testimonies and evidence that oppose that characteristic of the soil and that, then, cast doubt on the veracity of that registry information, even though there is also other testimonial evidence that supports it, the analysis being relevant, which was not done, of the particular motivations of the different deponents and which was necessary for the assignment of credibility. To consider a correct ruling, adequate descriptive evidentiary reasoning is required, in which the evidentiary means admitted and incorporated into the adversarial proceedings are detailed, whatever they may be, and intellective reasoning, constituting its reasonings regarding the appreciation of those evidentiary means: their legality, sufficiency, and credibility with respect to the factual framework alleged by the prosecutorial entity or complainant and, of course, if applicable, the typical configuration of the charged criminal offense. It is clear that said reasoning could not, in any way, be subordinated to accreditation by means of certain evidentiary means, because that would be contrary to the system of freedom of proof (libertad probatoria) that governs in our legal system. In the present case, following the development of the decision, it is denoted that although the technical criteria of the officials of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque, ACT), the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) and the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE) have been considered, according to the statements given at trial by [Nombre25], [Nombre14], [Nombre17], [Nombre16] and [Nombre26], aided by various reports. To which were added the criteria of [Nombre9], [Nombre27] and [Nombre28], to conclude that the site was not a natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), that is, forest (bosque). Which is opposed to the testimony of those who affirmed that this land was indeed forest (bosque), such as: [Nombre8], [Nombre13], [Nombre11], [Nombre20], [Nombre29] and [Nombre19], however, upon analyzing its assessment, it is verified that, as the appellants argue, that examination was biased and tending to favor the line of argument that the judges elaborate in relation to the first cited testimonial group and, even, the testimonies of [Nombre30] and [Nombre31] were left unassessed, in such a way that it is unknown whether they had any relevance for the decision. That is, it is noted that all the probative study that provides the evidence for the prosecution was set aside when confronting it with the evidence for the defense, and which is evidenced in that the trial court (tribunal a quo) did not have any fact as proven, even though it did establish the existence of diverse species of trees, of varied ages and bearing, which according to diverse witnesses did form forested areas (áreas boscosas), which were eliminated for the purpose of the hotel development that was built there. It must be noted that even though the history of the property [Valor [Nombre22]] dates back to the year 1975, the accusation posits that before September 1, 2006, those lands had the nature of forest (bosque), so in accordance with the provisions of Law No. 7575, Forestry Law (Ley Forestal), it was indeed of interest to determine whether after the year 1996, when it came into force and until before the trees were felled to give way to the construction works, these lands had the condition of forest (bosque) as is alleged, or whether on the contrary, they remained in the state that the registry inscriptions referred to and for which the testimonial and expert evidence was contradictory, because it cannot be denied in this case that due to the passage of time and the variation in the land by reason of the hotel buildings constructed on the site, both the evidence is referential, as it also arises from photo-interpretative elaborations, without it being rigorously indicated why those studies were not reliable, when under the rules of sound criticism (reglas de la sana crítica), especially experience, upon currently observing the place, it is evident that it is surrounded by forested areas (áreas boscosas), which does not rule out the natural regeneration of the soil and, in particular, of the forest (bosque). In such a way that it allows one to note, as some witnesses indicated, the possibility of the existence of forest (bosque) for when the accused executed the acts of which they are accused, it being relevant, an aspect that the ruling does not propose, to establish what the concept of forest (bosque) that the Law provides is, because even though those lands could have a pastureland (potrero) vocation, it is undeniable that there were a large number of trees there, without discarding that these did not constitute a forest (bosque), since the logging authorizations were issued for a little over 3000 trees of various species, a not inconsiderable quantity, so as to discard that they did not constitute a forested area (área boscosa) and, consequently, protected for its conservation, as was alleged. The prosecutorial representation claims that during the debate the testimony of the expert witness (perito) [Nombre18] was rejected, who is an expert in forest management, who although was opportunely offered and accepted in the intermediate stage, the trial court (tribunal a quo) rejected him, considering that he had not rendered any expert report (peritaje). In fact, upon reviewing the digital records it is confirmed that at the hearing held at nine o'clock on the fifteenth of February two thousand twenty-one, expert witness [Nombre18] was rejected; however, due to the manner in which this matter is resolved, nothing prevents his expertise from being received in the remand (reenvío) here ordered, so it will be for the trial court to determine its relevance and, under the understanding that in relation to witnesses, called in the capacity of expert witnesses (peritos), article 350 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal) provides: "The expert witnesses who were summoned shall be called and shall answer the questions formulated to them. If possible, the court shall order that the expert operations be carried out in the hearing. Expert witnesses shall have the power to consult documents, written notes, and publications during their testimony. If necessary, the presiding judge shall order the reading of the expert opinions (dictámenes periciales)." In conclusion, the judgment on the merits, although it assumes a position, this arises from an analysis that does not contemplate a comprehensive assessment of the evidence, analyzing it in a joint and harmonious manner, with which eventually one could have either reached a different conclusion or reaffirmed the decision taken. For the foregoing, the first and third grounds of the appeal of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and the first ground of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) must be declared with merit and consequently, the ruling is also annulled and remand (reenvío) is ordered regarding three offenses of ideological falsehood (falsedad ideológica) (facts one, six and eleven of the accusation) against [Nombre [Nombre2]]; and, three offenses of breach of duty by a public official (prevaricato) (facts five, ten and fifteen of the accusation) and three offenses of ideological falsehood (falsedad ideológica) (facts four, nine and fourteen of the accusation) against [Nombre [Nombre1]]. Lastly, in the third ground of the appeal of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), the complaint deals with civil aspects, in particular regarding the award of costs (condena en costas) of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) to the State, starting from the premise that it had no plausible reason to litigate. However, by reason that, as declared, the appellate claims are upheld and, consequently, the judgment must be annulled, it lacks interest to resolve the civil arguments of the appellant, since when the remand trial (juicio de reenvío) ordered herein is conducted, not only must the suitability of the civil action for damages (demanda civil resarcitoria) be discussed again, but also matters related to the costs (costas) produced by said action. Consequently, the ordered remand (reenvío) also contemplates what was decided regarding the Civil Action for Damages (Acción Civil Resarcitoria) brought by the State, as it is accessory to the criminal cause. Consequently, a ruling on the third ground of the appeal filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) is omitted. Finally, it is necessary to point out, so that note is taken of it, that with what is provided in the present decision, it is not prejudging the result that must finally be reached in this cause, since only formal defects that affect the validity of the instance ruling have been pointed out. In consequence, when conducting the remand trial (juicio de reenvío), the Judges must assess the evidence in its original form, to reach the conclusions deemed pertinent, to establish whether or not the accused offenses existed and whether the same were committed by the accused [[Nombre5]] and [[Nombre1]].

THEREFORE:

The appeals filed by the representation of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) are declared with merit. Consequently, the ruling is partially annulled and remand (reenvío) is ordered regarding three offenses of Violation of the Forestry Law (Ley Forestal), in its modality of land-use change (cambio de uso del suelo) (facts five, ten and fifteen of the accusation), and three offenses of ideological falsehood (falsedad ideológica) (facts one, six and eleven of the accusation) against [[Nombre5]]; and for three offenses of Violation of the Forestry Law (Ley Forestal), in its modality of land-use change (cambio de uso del suelo) (facts five, ten and fifteen of the accusation), three offenses of breach of duty by a public official (prevaricato) (facts five, ten and fifteen of the accusation) and three offenses of ideological falsehood (falsedad ideológica) (facts four, nine and fourteen of the accusation) against [[Nombre1]]. What was resolved in relation to the statute of limitations (prescripción) of three offenses of falsification of a private document (facts two, seven and twelve) pursued against [[Nombre5]] only, remains unchanged. A ruling on the third ground of the appeal filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) is omitted and remand (reenvío) is also ordered regarding the Civil Action for Damages (Acción Civil Resarcitoria) brought by the State, as it is accessory to the criminal cause. NOTIFY.-

Edwin Salinas Durán

Roy Antonio Badilla Rojas                                                     Elizabeth Montero Mena

Judges of the Sentence Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal)

Expediente: 09-003649-0412-PE(5)

Accused: [[Nombre1]] and another

Offense: Violation of the Forestry Law (Infracción Ley Forestal)

Victim: Natural resources                                                                                [Nombre32]

Expediente No. 09-003649-0412-PE(5) Voto No. [Telf1] - Page: 2

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 06:43:58.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República