Res. 01025-2021 Tribunal Agrario — Possessory Title Granting in Barra del Colorado Wildlife Refuge with Pre-Existing Livestock FarmingTitulación posesoria en Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado con posesión ganadera previa

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01025 - 2021

Fecha de la Resolución: 22 de Octubre del 2021 a las 18:03

Expediente: 11-000170-0507-AG

Redactado por: María Vanessa Fisher González

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Concepto y requisitos.
Deber de demostrar posesión decenal anterior a la declaratoria de área silvestre protegida.
Temas (descriptores): Zonas naturales protegidas
Subtemas:
Requisitos para la procedencia de información posesoria.
Temas (descriptores): Refugio de vida silvestre
Subtemas:
Requisitos para la procedencia de información posesoria.
Temas (descriptores): Área forestal protegida
Subtemas:
Requisitos para la procedencia de información posesoria.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Requisitos para la procedencia de información posesoria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*110001700507AG*

 

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 5




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

ELDON KORNELSEN DUECK

 

   

VOTO N° 1025-F-2021

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciocho horas tres minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno.-

 Proceso de INFORMACIÓN POSESORIA interpuesto por [Nombre1]  , mayor, casado una vez, empresario agrícola y ganadero, vecino de San Rafael de Heredia, cédula de identidad número CED1 -     -    . Intervienen como partes interesadas; TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA DIÓCESIS DE CIUDAD QUESADA, cédula jurídica número CED2 -    -      , representada por su Apoderado General Sin Limite de Suma Ignacio Anibal Mesén Aguilar, mayor, casado una vez, administrador de empresas vecino de Ciudad Quesada, San Carlos, cédula de identidad número CED3 -     -  ; LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, cédula jurídica número CED4         , representada por la Procuradora Adjunta Daniela Vargas Delgado, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Grecia, cédula de identidad número CED5 -   -  , carnet diecinueve mil  doscientos noventa y CED6; y el  INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) cédula jurídica número CED7             - , representada por su Apoderada General Judicial, [Nombre2]   , mayor, divorciada dos veces, abogada, vecina de San [Nombre3] de Alajuela, cédula de identidad número CED8 -     -  , letrada veintiún mil trescientos cuarenta y dos. Actúa como  Apoderado Especial Judicial de la parte actora el licenciado Ronald Córdoba Artavia, colegiado cuatro mil ciento treinta y nueve; y como abogado director de la parte interesada Temporalidades De La Iglesia Católica Diócesis De Ciudad Quesada, la licenciada Ivannia Barboza Carvajal, letrada ocho mil quinientos veintitrés. Tramitado ante el Juzgado Agrario de del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles).

  RESULTANDO:

 I.- La parte promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre el fundo descrito en el plano catastrado H-2145765-2019, pues sostiene ha ejercido una posesión para usucapir en los términos descritos en la Ley de Informaciones Posesorias y sus reformas. (Ver en el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, en la sentencia de primera instancia, fecha 28/05/2021 14:22:44).

 II.- El Instituto de Desarrollo Rural y la Procuraduría General de la República se apersonaron al proceso, mediante la resolución de las catorce horas  cincuenta y nueve minutos del veintidós de abril del dos mil trece. El licenciado Aníbal Mesén Aguilar en su calidad de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Ciudad Quesada, se apersonaron al proceso mediante la resolución de las siete horas y dieciséis minutos del catorce de enero del año dos mil veinte (Ver el expediente físico del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, folio 92 y del expediente Virtual, en bandeja de documentos asociados de fecha 14/01/2021 07:16:51).     

 III.-  El licenciado Geison López Barrantes juez del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, en sentencia 2021000294, de las catorce horas veintidós minutos del veintiocho de mayo del año dos mil veintiuno, resolvió: " POR TANTO: Se RECHAZAN las presentes diligencias de información posesoria que ha planteado el señor [Nombre1]  . Una vez firme esta sentencia, envíese el expediente a su archivo definitivo. Se resuelve sin especial condenatoria en costas, al no haber mérito para ello. HÁGASE SABER. (Ver en el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, en la sentencia de primera instancia, fecha 28/05/2021 14:22:44).

    IV.- El promovente por medio de su apoderado Especial Judicial el licenciado Ronald Córdoba Artavia, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia, (Ver en el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, en bandeja de escritos incorporado en fecha 14/06/2021 03:05:30).

.

 V.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-                

  Redacta  la Jueza FISHER GONZÁLEZ; y,

CONSIDERANDO:

 I. El Tribunal avala el primero y segundo hechos tenidos por demostrados por ser el reflejo de los elementos que constan en el expediente. En lo atinente al tercero, se reformula de la siguiente forma: En el fundo objeto de este proceso, se han ejercido ejercido actos posesorios agrarios reales y efectivos, por un espacio superior a los cuarenta y cinco años, iniciando a partir del año de 1970, consistentes principalmente en actividades de siembra de agricultura y ganadería, mantenimiento de cercas y repastos, de manera que el promovente lo ha hecho a partir del año 2005, y anteriormente, los poseedores que antecedieron en la tenencia del bien (testimonios de [Nombre4]  , [Nombre5]   y [Nombre6]    en audio incorporado al expediente electrónico y el disco compacto adjunto al expediente físico; escrituras públicas a folios 10 al 37, acta de primer reconocimiento judicial a folio 120 del expediente físico; segundo reconocimiento judicial en disco compacto). Se aprueba el cuarto hecho por ser conforme con lo acreditado. El hecho sexto está incompleto, de ahí que se reformula así: Mediante escritura pública número once-veintinueve, otorgada ante el Notario Ronald Córdoba Artavia, de las doce horas del veintinueve de [Nombre7] del dos mil cinco,  Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar Sociedad Anónima, vende al promovente [Nombre1] , el fundo objeto de estas diligencias, descrito en esa oportunidad en parte del plano catastrado  H- 862114-2003, con una medida de un millón ochocientos setenta y cuatro mil  setecientos seis metros cuadrados, y se indicó que se trasmitía una posesión derivada desde 1974 (escritura pública a folios 10 y 11 del expediente físico).

 II. El Apoderado Especial Judicial de la parte promovente fundamenta su recurso de apelación con base en los siguientes agravios: 1) La sentencia impugnada va en preterición del principio constitucional que regula el artículo 34 de la Constitución Política, que en su letra dice: “A ninguna ley se le dará efectivo retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.” Ello en relación con el artículo 7 de la ley de informaciones posesorias, que también es infringido en esta sentencia, concordado con el artículo 9° del DECRETO NO 16358-MAG, que crea el Regio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, que igual es infringido. La sentencia de mérito, deja de aplicar las disposiciones de la Ley Forestal No. 4465 del 25 de noviembre de 1969 y sus reformas. 2) En el hecho probado tercero de la sentencia, el A quo es claro cuando dice que la persona promovente, ha ejercido actos posesorios agrarios reales y efectivos, por espacio de 35 años, iniciando a partir del año 1970, sobre el inmueble a inscribir, consistentes principalmente en actividades de siembra de agricultura y ganadería, entre otros. Ello lo tuvo por demostrado con la declaración de los tres testigos ofrecidos. En el considerando V,  agrega el A Quo, un aspecto de mucha relevancia, para fundar el argumento expuesto, cuando dice: “….Por último el testigo [Nombre6]    declaró que, conoce el fundo hace unos 45 años. Así también, a partir del minuto 07:05 comienza a explicar que el fundo fue hecho en el año 1974. Aclara que hacer el fundo es sembrar agricultura e ir haciendo pastos.” Sin embargo, rechaza las diligencias, porque la finca no está acorde con las disposiciones del citado Decreto No. 16358-MAG, ya que en él se ejerce actividad ganadera. Argumento que no está acorde a derecho, ni a la letra de ese mismo decreto, como se dirá. 3) De una revisión exhaustiva del Decreto Ejecutivo No 16358 MAG que se invoca en la sentencia y sirve de base para rechazar la información, se puede observar que por ningún lado le prohíbe a las personas que ya tenían las fincas, desde 10 años antes de su creación, en cuanto a no poder continuar con actividades de agricultura y ganadería. Todo lo contrario, el artículo 9° de ese Decreto dice textualmente: "Artículo 9. Que el Régimen de Refugios Nacionales de Fauna Silvestre no obliga al Estado a expropiar a los propietarios legales de tierras incluidas en ellos, sino por el contrario estimula a las personas que han conservado áreas inalteradas con la exoneración del impuesto territorial además de beneficiarlos con asistencia técnica en el campo forestal, agrícola y ganadero.” Ese artículo lo inobservó el A quo, lo que se expresa como un fuerte agravio a los intereses del titulante. 4)  Al haber demostrado el titulante, como en efecto lo hizo,  que él ejerció la posesión decenal  antes a la fecha de entrada en vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó esa área silvestre protegida Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, sumando la posesión de los anteriores propietarios. A la luz del artículo 7 de la ley de la materia, igualmente demostró, que antes de esa fecha ya la finca estaba hecha de agriculturas y pastos, con ello consolidó una situación jurídica y adquirió u obtuvo un derecho patrimonial, también consolidado, en los términos del principio constitucional de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 34 de la Constitución Política, arriba citado. Ello implica que no sea posible aplicar el mencionado Decreto Ejecutivo que invoca el A Quo, porque le está dando efecto retroactivo a ley en perjuicio de un administrado, lo que está prohibido expresamente por esta norma,

nada menos que de rango constitucional. 5) De un análisis detallado de la Ley Forestal No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, que dicho sea de paso, estuvo vigente hasta el día 16 de abril de 1996, en que entra en vigencia la actual y vigente No. 7575, y que regía antes de crearse el Decreto Ejecutivo de mérito, a los dueños de fincas se les permitía aprovechar árboles en sus fincas, siempre que obtuvieran el permiso, incluso se permitían concesiones para explotar madera en terrenos propiedad del  Estado. Basta ver entre otros, los artículos 2, 7, 43, 47, 49, 54, 60, 61,71, 92 y siguientes de dicho cuerpo legal. Esto quiere decir, que la finca del caso, se hizo de pastos y agriculturas varias, antes de 1985, según así está acreditado en autos, es decir al amparo de esta Ley Forestal, y antes de que entrara en vigencia el referido decreto No 16358-MAG de fecha 4/6/1985. Ese decreto no le prohibió a los dueños de fincas hechas antes de esa fecha, continuar con esas actividades agrarias, más bien los estimula a continuar con ellas, según así lo dispone ex profeso el artículo 9° del mismo. 6) Por otro lado, se observa que la sentencia impugnada, nunca se tomó en cuenta ni valoró la buena fe del titulante y su actitud plena de respetar la naturaleza y los recursos naturales: flora, fauna y la belleza escénica que son los objetivos del Decreto No. 16358-MAG, lo que se constata con lo que de seguido se expone.  En la grabación del reconocimiento judicial, se  abunda en el argumento que tanto la quebrada [Dirección1] como el río [Dirección2] están debidamente protegidos, incluso indica que las colindancias, están cubiertas de filas de montaña y de árboles, además constata que en la finca existen áreas de bosque y abundantes árboles, y al inicio de la grabación del reconocimiento se enfoca un rótulo que dice que la finca está sometida al "Pago de Servicios Ambientales". Ello ha conllevado un compromiso con la conservación de la naturaleza, y al final del recorrido, el juzgado, expresamente manifiesta que observa que el inmueble se encuentra en buenas condiciones.  El video tomado ese día 3/9/2020 en que se practica la inspección de ley, se observa con claridad una finca bien cuidada y protegida, acorde con el respeto a la naturaleza, no se observan suelos fangosos, como los que menciona el decreto, e incluso el estudio de suelos es claro cuando dice que es conforme a derecho. Es decir, sin la menor duda, en ella se desarrolla a plenitud toda la flora y la fauna, que menciona la sentencia, la cual no riñe con la actividad agraria ganadera racional que ahí se desarrolla, y que permite que la finca se conserve bien, sin ser recargada, precisamente para darle oportunidad a los recursos naturales y estos sean bien llevados y protegidos. En ningún lado del reconocimiento judicial, así lo demuestra el video, se observa que hayan animales muertos o afectados por el mal uso de la finca. Existe una enorme contradicción,  ya que el final del recorrido dice que la finca se encuentra “en buenas condiciones,” que pudo apreciar de mano propia una actividad agraria bien llevada, respetuosa y luego a la ahora de resolver, se desdice y resuelve contrario al propio convencimiento que adquirió de la inmediación de la prueba. 7) Otro aspecto importante, es el hecho que a las 9:30 horas del 28/08/2013 –visible a folios 120 y 121-, el otrora juez agrario Sergio Ramos Álvarez, cuando realizó el reconocimiento judicial, ordenó al titulante eliminar del plano original No. H-1416707-2010, el área de captación, y la llamada laguna, ello con el fin de satisfacer las pretensiones de la representación estatal. Ese nuevo plano conllevó mucho tiempo obtenerlo –unos 5 años-, dados los problemas catastrales que existen en la zona, pero poniendo todo el esfuerzo se obtuvo el plano A-2.145-765-2019, ya con todas las áreas de protección excluidas, lo que implica que se cumple a cabalidad, con los designios que pretende el Decreto Ejecutivo No 166358- MAG. Lamentablemente esta actitud de buena fe y respetuosa que exhibe el promovente, de frente a proteger los recursos naturales, la dejó pasar el A quo, sin darle valor alguno, porque de haberlo hecho otro hubiese sido el resultado de la sentencia. 8) La sentencia apelada, pasa por alto y deja de observar los más elementales principios sobre los que se erige el moderno derecho agrario, enseñados por los más ilustres estudiosos de esta disciplina, desde el maestro Antonio [Nombre8] hasta el Dr. Ricardo [Nombre9] Zeledón, entre muchos otros. Que dice entre otras cosas, que el derecho agrario: “ Es aquella rama del Derecho, que persigue ajustar las relaciones jurídicas de carácter agrario a los dictados de la justicia social, con el objeto de facilitar y crear las condiciones necesarias para llevar a cabo una auténtica Reforma Agraria Integral, o sea, para lograr un aumento de la producción agrícola y para hacer posible una más justa y equitativa distribución de la propiedad agraria.” Y en si misma la teoría de la agrariedad, para lo cual se sita un texto recogido de una de las obras más destacadas conocida como "Impacto de la teoría de la agrariedad y de las enseñanzas Carrozzianas en el diseño de la teoría del caso". Autor. Cortés Téllez, Gloria, publicado en Revista Iberoamericana de Derecho Agrario: No. 11 del mes de marzo de 2020, que dice: “Partiendo de un trabajo colectivo, pero iluminado de manera particular, [Nombre8] sistematiza la Teoría de la Agrariedad, creando escuela junto con destacados juristas que hacen posible la Ciencia del Derecho Agrario, cuyos principales integrantes: Carrera,  Zeledón, Massart, Brebbia, Vivanco, Alvarenga, Galloni, Figallo, Duque Corredor, Guerra Daneri, Pietro Romano, María Adriana, Nancy, Benussi, entre otros destacados juristas, no siendo posible mencionarlos a todos, pero cuya importancia innegable permitió el grado de desarrollo de nuestro actual Derecho Agrario contemporáneo, que surge a partir del reconocimiento de que el Derecho en general y el Agrario en particular, evolucionan con los cambios establecidos por el desarrollo económico social, teniendo como principal exponente a [Nombre9]   y [Nombre10]  ; sin embargo, como una de las bases fundamentales de esta evolución, es digna de destacar la teoría de la Agrariedad, ampliamente conocida entre los especialistas en Derecho Agrario, enunciada por [Nombre8] de la siguiente manera: “Es la actividad que se desarrolla incidiendo en el ciclo biológico vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas genéticas y de los recursos naturales y que se resuelve económicamente en la obtención de frutos vegetales o animales, destinados al consumo directo, tal y como se producen en la naturaleza o bien sometidos a una o múltiples transformaciones” (Carrozza y [Nombre9]). Es decir este fallo apelado, no le da la oportunidad al productor agrario, de cumplir con la función social y económica del fundo agrario, que es lo que la sociedad necesita para desarrollarse, enerva las fuentes de trabajo y el progreso social y condena a este generador de progreso a la ruina total, junto con la cadena social que genera si se le permite.

 III. El terreno que nos ocupa, tal y como se tuviese acreditado por parte del juzgador de instancia, se encuentra comprendido dentro del Refugio de Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, creado en Decreto Ejecutivo Nº 166358 de 4 de junio de 1985. En razón de ello, es factible titular, siempre y cuando se demuestre en forma convincente, el ejercicio de una posesión personal o derivada, que date al menos desde el año 1975.    Así el ordinal 7, párrafo primero, de la ley de informaciones posesorias establece: "Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre". De igual modo, el artículo 6 de esa misma ley dispone que la posesión se acreditará con tres personas testigas, y  se seguido el canon 9 refiere que deberá de practicarse un reconocimiento judicial mediante el cual -entre otros aspectos, se verifique si el fundo acusa larga posesión, si existen construcciones o cultivos, o bien si la finca es ganadera. De esta forma, lleva razón el recurrente que la ley permite la titulación si se demuestran los presupuestos sustantivos. Lo anterior porque la declaratoria del  Refugio de Vida Silvestre, lo es sin perjuicio de un derecho de usucapión, dado que se podían incluir en la declaratoria terrenos, sin excepturarse o censarse los que tuvieran ya un derecho consolidado, razón por la cual debían acreditarlo, caso por caso, en las diligencias de información posesoria respectivas. Por otro lado, previo a referir el análisis de la prueba en concreto, resulta oportuno mencionar lo que la Sala Constitucional ha delineado. Particularmente en cuanto a la diferenciación entre la usucapión como la forma de adquisición de un derecho real de propiedad,  y las diligencias de información posesoria como mecanismo mediante el cual se formaliza ese derecho ya consolidado. En el voto No. 04587-97 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete -que resolvió una acción relativa al  procesos de titulación por medio de información posesoria en áreas protegidas, propiamente la posibilidad de aprovechar la posesión derivada ejercida por anteriores poseedores- la Sala consideró: "RÉGIMEN GENERAL DE LA USUCAPIÓN: En principio, debe indicarse que las diligencias de información posesoria reguladas en la Ley de Informaciones Posesorias No.139 de 14 de [Nombre7] de 1941 y sus reformas, son un procedimiento judicial no contencioso por medio del cual se formaliza un título de propiedad de bienes inmuebles inscribible en el Registro Público. En general, con ese procedimiento se pretende que los poseedores que carecen de título inscribible en el Registro Público, lo obtengan. El artículo 1 de esa Ley dispone que para que el poseedor de bienes raíces solicite el otorgamiento del título con base en el procedimiento de información posesoria, deberá demostrar una posesión por más de diez años con las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil, a saber, en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. Los anteriores requisitos de tiempo y condición, caracterizan la posesión necesaria para usucapir. Para obtener la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva, además de la posesión en las condiciones indicadas, el artículo 853 del Código Civil señala como requisitos: el título traslativo de dominio y la buena fe. De lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, que caracteriza el procedimiento de información posesoria como un proceso judicial no contencioso -en el que al surgir un reclamo u oposición de alguna persona o del Estado, provoca que el asunto se suspenda y se remita a la vía declarativa para su discusión y solución, o que se archive el expediente y se tenga por agotada la vía administrativa, respectivamente-, se desprende que la titulación del bien inmueble tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento en que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible" (El subrayado no es del original).

 IV. Este Tribunal ha procedido a valorar la abundante prueba que consta en el proceso, con base en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria que contiene el principio de libre valoración. De igual modo se integran las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología. Se evacuaron tres testigos, vecinos del lugar, que  refirieron con precisión la historia de la finca y la cadena de poseedores que antecedieron al actual titulante. En síntesis, se aprecia que toda esta materialidad, a principios de los años 1990, fue conformada por varias porciones que el señor [Nombre11]   fue comprando a diferentes poseedores, algunos de ellos originarios desde inicios de los 1970 y otros compradores de esos poseedores.  Es por ello, que se puede tener por demostrado con meridiana claridad, que en la materialidad objeto de este proceso, se han ejercido actos posesorios agrarios reales y efectivos, por un espacio superior a los cuarenta y cinco años, iniciando a partir del año 1970, consistentes principalmente en actividades de siembra de agricultura y ganadería, mantenimiento de cercas y repastos, conservación de áreas de protección de recursos hídricos. El promovente lo ha hecho a partir del año 2005, y anteriormente, los poseedores que ejercieron la tenencia agraria del bien. Lo anterior con base en los testimonios de [Nombre4]  , [Nombre5]   y [Nombre6]    (en audio incorporado al expediente electrónico y el disco compacto adjunto al expediente físico) escrituras públicas a folios 10 al 37, acta de primer reconocimiento judicial a folio 120, toda del expediente físico, y un segundo reconocimiento judicial (en disco compacto). Los declarantes atestiguaron en el año 2020. En primer término, [Nombre4]  , expuso conocer el terreno desde 1973. Mencionó en forma general que había tenido varios dueños anteriores, entre ellos [Nombre12] , [Nombre13]  , don [Nombre14],  don [Nombre11], [Nombre15] , [Nombre16]  y que se fue comprando "por partes". Explicó que el promovente adquirió por compra a Agropecuaria Río Gaspar,  en el 2005. Detalló quiénes eran todos los colindantes. Narró que desde 1973, se empezó a "hacer esa finca", es decir, introduciendo repastos, porque la actividad ganadera era la que predominaba en la zona. Explicó que actualmente el inmueble mide 112 hectáreas, y que se llegó a esa unidad en virtud de que [Nombre11]   fue comprando varios pedazos o porciones de anteriores poseedores, hasta llegar a armar la finca grande actual. Refirió que [Nombre17]   era el dueño de la sociedad Río Gaspar, que le vendió al promovente, de manera que esa entidad tuvo la finca como unos nueve o diez años. Añadió que antes de esa sociedad, el dueño era [Nombre11]  quien la tuvo desde el año 1992, pues [Nombre11] le compró a [Nombre13]   71 hectáreas, [Nombre13] a su vez se las había comprado a [Nombre12]   "[Nombre18]", de forma tal que "[Nombre18]" había entrado en el año 1974, pues fue quien llegó a "acarrilar". Precisó que luego [Nombre11] le compró al papá de [Nombre13] , señor [Nombre14]  , 21 hectáreas, de forma tal que [Nombre14] tuvo la finca un tiempo, quien a su vez se la había comprado a [Nombre15]  . Luego expresó, [Nombre15] la tuvo por mucho tiempo quien a su vez le había comprado una parte a [Nombre19] , en el 1974. De igual modo que [Nombre19] fue uno de los fundadores, pues entró en los años 1970 ó 1971, por ahí. También acotó que [Nombre15] entró en esa época a hacer las fincas como parte de ese grupo originario. Por otro lado, manifestó que [Nombre11] también compró otras 17 hectáreas a [Nombre3]  , aproximadamente en el año 1992 o 1995, por  donde está la casa, de manera que [Nombre3] tuvo esa porción no por mucho tiempo, quien a su vez le había comprado a [Nombre20]  . Explicó que el citado [Nombre20], era de los que había llegado en la época de [Nombre19], años 1970.  En este mismo sentido, narró que otra porción de 4 hectáreas se la compró [Nombre11] a [Nombre21]  [Nombre22] "Conejo", que [Nombre21] la tuvo poco tiempo, quien a su vez se la había comprado a [Nombre3]  . Asimismo que [Nombre3], a quien conoció bien,  llegó a la zona de primero, como los otros poseedores originarios, en los 70, por ahí, y que tenía esas 4 hectáreas desde esa época.  Asimismo indicó, que [Nombre11] le compró a [Nombre7]   la parte de la casa, como media hectárea, que [Nombre7] la había tenido desde 1973 donde tenía una ranchita y que trabajó bastante "haciendo" la finca. Concluye declarando que toda esa gente que mencionó fue conocida en el pueblo como los dueños, sin problemas, y que el promovente viene a menudo a su finca. En segundo termino declaró [Nombre5]  , quien manifestó conocer al promovente desde hace 15 años, pero expresó que su persona llegó a la zona en 1969. Coincidió  con el anterior declarante en cuanto al hecho de que la unidad actual, fue conformada por la unión de varias porciones, que tuvieron en su momento diferentes poseedores originarios. Primero, refirió en forma general, a [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre19] , [Nombre11] ,  quienes estaban en el lugar trabajando diferentes por fundos, cuando él llegara en el año 1969. Explicó que [Nombre15]  le compró en dos partes a [Nombre19] , una en el año 1972 y otra en el año 1974. Asimismo que [Nombre13]  le había comprado a un señor que había entrado de nombre [Nombre12]  [Nombre22] "Lalo", de forma tal que [Nombre13] le vendió luego a [Nombre11] .  Reiteró que  fue [Nombre11] quien conformó la unión de toda esa área, que las fue trabajando, se las vende luego a Desarrollo Agroindustrial Río Gaspar (de un señor [Nombre12]), entidad que finalmente trasmite al titulante. Explicó constarle que la finca en general siempre se ha dedicado a la ganadería y que el promovente ha continuado con esa actividad económica. Mencionó todas las colindancias y que hay una casa y el corral. De igual modo, expuso que la posesión ha sido continua, sin problemas entre los distintos poseedores que ha tenido, y que el promovente es conocido en el pueblo como el dueño actual.  Detalló que conoció a [Nombre17]   que es el de la  sociedad Río Gaspar, entidad que fue dueña como 9 años y que le vendió al promovente. De igual forma, que [Nombre17]  le había comprado a [Nombre11]  . Expresó que la finca ahora mide como 112 hectáreas, conformada por porciones que [Nombre11] compró en los años 1992 y 1993.  Manifestó que [Nombre11] primero le compró una porción a [Nombre15]  , luego otra a [Nombre13] , pues éste último le había comprado a [Nombre12]  "[Nombre18]". Añadió que  [Nombre11] le compró a [Nombre13]  71 hectáreas, que las "había hecho" [Nombre12]  , toda vez había acarrilado en el 1974 ó 1973. Asimismo que [Nombre14]   es el papá de [Nombre13] , y que [Nombre11] le compró una parte a [Nombre14]. Explicó que [Nombre14] compró cuando ya era charral, y la chapió más para ganadería, porque "era lo que la gente hacía en esa época".  Indicó haber conocido a [Nombre15]  , que había comprado dos partes de la finca a  [Nombre19] , quien había entrado al lugar en el año 1973. Señaló que [Nombre15] le vendió a [Nombre14]. En general explicó que todas esas personas eran los dueños legítimos porque poseían cuando él llegó al lugar, y que esa finca "tiene una historia larga", entre buenos vecinos. Por otro lado, señaló que conoció a [Nombre7]  , quien también le vendió a [Nombre11] una parte, y que [Nombre7] a su vez le había comprado a [Nombre3]  . Detalló que en el año 1973 ya [Nombre7] estaba ahí y tenía una ranchita. Mencionó que [Nombre3]   tenía una parte y se la vendió a [Nombre11] , como 14 hectáreas, de manera que  [Nombre3] le había comprado a [Nombre20]  , por el año 1974. Por último, explicó que conoce a [Nombre21]    [Nombre22] "Conejo" y que [Nombre11] le compró una parte que era de [Nombre3] . Concluye mencionando que tanto [Nombre3] como [Nombre21] llegaron en la misma época, pues venían de Guatuso como "compañeros de viaje", y que [Nombre3] ya en el año 1974 era dueño. En tercer término, se recibió la declaración de [Nombre6]   . Manifestó  conocer la finca hace muchísimos años, el cual cuenta con 76 años de edad, y precisó tener más de 45 de conocer la materialidad de interés. Explicó que el promovente le compró a [Nombre12] en el 2005, quien la había tenido como 9 o 10 años. Expresó que esa zona se empezó a hacer finca desde 1974 aproximadamente, y que en esos tiempos se hacía introduciendo repastos. Acotó que el promovente le compró a [Nombre17]  . Asimismo que  [Nombre13]   tuvo como 71 hectáreas en la parte de las lomas y se la compró a [Nombre12]  , que ya estaba en la finca desde el año 1972-1974. De igual modo, señaló que [Nombre11] le compra a [Nombre13] en el año 1992. Asimismo que ese mismo [Nombre11] le compró a [Nombre14]   20 o 24 hectáreas pegando con lo que era de [Nombre13]. Añadió que [Nombre15]   era el dueño de esas 20 o 24 hectáreas, pues se las había comprado a [Nombre19]. En el mismo sentido que [Nombre15] le vendió a [Nombre14] como en el año 1974. Por otro lado, que [Nombre11] compró la tercera parte de 17 hectáreas a [Nombre3]   por la zona del pozo, como en el año 1993, que [Nombre3] la tuvo un tiempo y antes se la había comprado a [Nombre20]  , en el  año 1974. Asimismo que [Nombre11] le compró 4 hectáreas a [Nombre21]   en 1994,  quien a su vez le había comprado a [Nombre3]  , de forma tal que [Nombre3] había "acarrilado" desde el año 1973. Manifestó conocer a [Nombre7]  , quien tenía media hectárea desde el año 1973 y se la vendió a [Nombre11]  en el  año 1993. Concluye manifestando que [Nombre11] la dedicó a ganadería. Estas declaraciones testimoniales,  coinciden con las escrituras públicas aportadas al proceso, visibles en los folios que se dirán del expediente físico. A saber, escritura pública No. 31-27, otorgada ante los Notarios Ronald Córdoba Artavia y Marcos Fernández Herrera, otorgada a las trece horas del veintiuno de [Nombre7] del dos mil cinco en la que Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar S.A., vende al promovente  la finca objeto de este proceso (folios 10 y 11); escritura pública No. 316, otorgada ante el Notario Marcos Fernández Herrera de las doce horas del veintidós de febrero del dos mil uno,  en la que  Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar S.A., le compra a [Nombre17]    ciento ochenta hectáreas (folios 14 y 15); escrituras públicas número 23-27 ante el Notario Ronald Córdoba Artavia, de las catorce horas con treinta minutos del catorce de [Nombre7] del dos mil cinco, y No.12, ante la Notaria Mayra Cecilia Rojas Guzmán, de las 11 horas del 4 e mayo de 1992, en las que [Nombre13]    vende a [Nombre11]  , 71 hectáreas (folios 17 y 18 ); venta privada de fecha 30 de abril de 1992 en la que [Nombre12]    vende a [Nombre13]   , dos terrenos, uno por la cantidad de treinta y cuatro hectáreas y otro por treinta y seis hectáreas (folio 19); venta privada de tres porciones, de las 11 horas del 25 de febrero de 1992, en las que [Nombre14]   vende a [Nombre11]    tres terrenos, uno de once hectáreas, otro de siete hectáreas cinco mil metros cuadrados y otro de tres hectáreas aproximadamente, los cuales fueron complementados en la escritura pública No. 21-27, ante el Notario Ronald Córdoba Artavia  de las trece horas del catorce de junio del dos mil cinco   (folio 21 a 23); documento privado de fecha 17 de febrero de 1990,  en la que [Nombre15]   vende a [Nombre14]  , veintinueve manzanas (documento a folio 24); escritura pública No. 19, ante la Notaria Clara Isabel Vega Rodríguez, de las 11 horas del 9 de noviembre de 1989,  en la que [Nombre23]   le vende a [Nombre14]   quince manzanas (folio 25); escritura pública No. 28, otorgada ante el Notario Agenor Antonio Acevedo Altamirano, de las catorce horas del cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve en la que [Nombre23]   le vende a [Nombre14]   diez manzanas (folio 26); escritura pública No. 44, ante la Notaria Adela Villegas Pérez, de las once horas del catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres, en la que [Nombre7]   le vende a [Nombre11]   media hectárea (folio 29); escritura pública No. 110, ante el Notario Ronald Córdoba Artavia,  de las 15 horas del 30 de mayo de 1995, en la que  [Nombre3]   vende a [Nombre11]  , una porción de diecisiete hectáreas (folio 32) y escritura pública No. 33, de las 10 horas del 24 de mayo de 1996, ante la Notaria Adela  Villegas Pérez, en la que [Nombre21]    vende a [Nombre11]  , cuatro hectáreas aproximadamente (folio 36).  De igual modo se tiene, como lo tuviese por acreditado el juzgador de instancia, que en esta finca de pasturas, se ha ejercido el uso conforme del suelo y se han respetado las zonas de protección de los recursos hídricos existentes, a saber Río Gaspar, Quebrada La Venada, Laguna, zona aledaña al pozo, según certificación aportada y reconocimientos judiciales practicados (acta a folio 120 de expediente físico y segundo reconocimiento judicial en fotografías y videos registradas en disco compacto). Nótese además que en el estudio de suelos se verificó que el Río Gaspar se encuentra protegido y no se vierten contaminantes sobre su cauce (folios 102 y 103 del expediente físico).           

 V. El juzgador de instancia decidió rechazar la información posesoria, acogiendo argumentaciones de la Procuraduría  General de la República, y pese a tener por acreditada la posesión desde 1970, consideró que la misma al haber sido ganadera, no era conforme a la naturaleza de protección ambiental que debía de tener el bien. Sin embargo, ello no resulta de recibo, pues como se indicó ampliamente, la declaratoria de Refugio de Vida Silvestre lo es sin perjuicio de los derechos ad usucapionem ya consolidados, y debe necesariamente contextualizarse que a inicios de los años 1970, la ganadería fue la actividad económica que se inició en la zona. Además como se ha analizado ampliamente, cuando se da la declaratoria de Refugio, en 1984, ya la finca era ganadera. Asimismo de acuerdo al estudio de suelos aportado, esa actividad se está realizando actualmente en forma racional, pues se indicó: "La actividad de pastoreo con suficientes apartos permite darle una buena rotación al uso de las tierras obteniéndose un buen uso del suelo de acuerdo a su capacidad, se recomienda continuar con el uso que se está dando. La cobertura existente con pasto y bosque proteger el suelo disminuyendo su degradación por erosión" (folio 103). Por último, importante señalar que esta finca está en la parte de la comunidad donde se ubica la Iglesia Católica, la [Dirección3]  , el pozo que abastece a la comunidad, que permiten complementar con razonabilidad su  antigüedad y la posesión que públicamente se ha ejercido. Sin dejar de lado, la vieja data del corral observado que permite apreciar que la materialidad acusa larga posesión (artículo 9 de la Ley de Informaciones Posesorias).  Así las cosas procede acoger los agravios en cuanto a que no debió rechazarse la información posesoria  y por consiguiente revocar la sentencia.

 VI. De conformidad con lo anteriormente expuesto, lo procedente es  revocar la sentencia. En su lugar deben de aprobarse las presentes diligencias de información posesoria tramitadas de conformidad con la Ley de Informaciones Posesorias No. 139 del 14 de [Nombre7] de 1941 y sus reformas. Proceda el Registro Público de la Propiedad Inmueble, a inscribir a nombre de [Nombre1]  , mayor, casado una vez, empresario agrícola y ganadero, vecino de San Rafael de Heredia, cédula de identidad número CED9 -     -    , libre de personas condueñas, gravámenes y cargas reales, y sin perjuicio de persona tercera con mejor derecho, la materialidad que  le pertenece y se describe así: NATURALEZA: Terreno de repastos, bosque,con una casa y un corral. SITUACIÓN: La Aldea, Llanuras del Gaspar, del cantón décimo Sarapiquí de la provincia de Heredia. MEDIDA: ciento doce hectáreas con siete mil novecientos setenta y seis metros cuadrados. LINDEROS: al NORTE con el Estado, servidumbre agrícola en medio de [Nombre24]   , [Nombre25]  , Don Coqui M H Sociedad Anónima, y Río Gaspar, al SUR con El Estado, [Nombre25]  , con quebrada La Venada, con Río Gaspar en medio de Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar Sociedad Anónima y en parte con Temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis de Ciudad Quesada, Asociación de Desarrollo Integral de La Aldea de Llanuras del Gaspar de Sarapiquí y con dos calles públicas una con un frente a ella de catorce metros y la otra la otra que va del [Dirección4]    con frente a ella de setenta metros cincuenta y cinco metros lineales, al ESTE con El Estado, con calle pública, sea [Dirección5]   con un frente a ella de quinientos veintiún metros con cincuenta y un centímetros lineales, [Nombre26]   , [Nombre4]  , Temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis de Alajuela, [Nombre25]  , Río Gaspar y con calle pública con un frente a ella de seis metros cuarenta centímetros lineales y al [Dirección6] con [Dirección7] , Don Coqui M H Sociedad Anónima, Desarrollo Agrícola Industrial Río Gaspar S.A. PLANO CATASTRADO:  H-2145765-2019. El edicto relativo salió publicado en el Boletín Judicial No. 59 del 25 de marzo del 2013. El fundo fue estimado en la suma de  sesenta y dos millones quinientos mil colones. La finca a titular, quedará afectada por las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos, en cuanto a que el ancho mínimo de las calles por las que colinda por los rumbos sur y este es de catorce metros, y que la ruta nacional por la que colinda por el rumbo este es de veinte metros, de acuerdo a los artículos 19 de la Ley de Informaciones Posesorias y 4 de la Ley General de Caminos Públicos. La zona  contigua al Río Gaspar, Quebrada La Venada y la laguna existente, constituyen áreas de protección, según el artículo 33, inciso b), de la Ley Forestal N° 7575 y queda prohibida la corta o eliminación de árboles. El cauce y las aguas de esa corriente y de la laguna son de dominio público, conforme a los artículos 1, inciso IV, y 3, inciso III) la Ley de Aguas. Todas las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble son de dominio público estatal y no forman parte de la finca, según Ley de Aguas, artículos 1, inciso a y b, y 3, inciso III y Código de Minería, artículo 4. Deberá proceder el juzgado de instancia a emitir la correspondiente ejecutoria, y en caso de que sea necesario, proceder a corregir eventuales errores para lograr la inscripción. En relación a la servidumbre que se dibuja en el plano catastrado por el rumbo norte, la misma no debe de consignarse como carga real, toda vez se encuentra fuera del cuerpo de ese plano y en consecuencia no es parte del fundo (imagen 82 del expediente electrónico).

       POR TANTO

 Se revoca la sentencia. En su lugar se aprueban las presentes diligencias de información posesoria tramitadas de conformidad con la Ley de Informaciones Posesorias No. 139 del 14 de [Nombre7] de 1941 y sus reformas. Proceda el Registro Público de la Propiedad Inmueble, a inscribir a nombre de [Nombre1]  , mayor, casado una vez, empresario agrícola y ganadero, vecino de San Rafael de Heredia, cédula de identidad número CED9 -     -    , libre de personas condueñas, gravámenes y cargas reales, y sin perjuicio de persona tercera con mejor derecho, la materialidad que  le pertenece y se describe así: NATURALEZA: Terreno de repastos, bosque,con una casa y un corral. SITUACIÓN: La Aldea, Llanuras del Gaspar, del cantón décimo Sarapiquí de la provincia de Heredia. MEDIDA: ciento doce hectáreas con siete mil novecientos setenta y seis metros cuadrados. LINDEROS: al NORTE con el Estado, servidumbre agrícola en medio de [Nombre24]   , [Nombre25]  , Don Coqui M H Sociedad Anónima, y [Nombre27] , al SUR con El Estado, [Nombre25]  , con quebrada La Venada, con Río Gaspar en medio de Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar Sociedad Anónima y en parte con Temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis de Ciudad Quesada, Asociación de Desarrollo Integral de La Aldea de Llanuras del Gaspar de Sarapiquí y con dos calles públicas una con un frente a ella de catorce metros y la otra la otra que va del [Dirección4]    con frente a ella de setenta metros cincuenta y cinco metros lineales, al ESTE con El Estado, con calle pública, sea [Dirección5]   con un frente a ella de quinientos veintiún metros con cincuenta y un centímetros lineales, [Nombre26]   , [Nombre4]  , Temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis de Alajuela, [Nombre25]  , Río Gaspar y con calle pública con un frente a ella de seis metros cuarenta centímetros lineales y al OESTE con Rio Gaspar, Don Coqui M H Sociedad Anónima, Desarrollo Agrícola Industrial Río Gaspar S.A. PLANO CATASTRADO:  H-2145765-2019. El edicto relativo salió publicado en el Boletín Judicial No. 59 del 25 de marzo del 2013. El fundo fue estimado en la suma de  sesenta y dos millones quinientos mil colones. La finca a titular, quedará afectada por las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos, en cuanto a que el ancho mínimo de las calles por las que colinda por los rumbos sur y este es de catorce metros, y que la ruta nacional por la que colinda por el rumbo este es de veinte metros, de acuerdo a los artículos 19 de la Ley de Informaciones Posesorias y 4 de la Ley General de Caminos Públicos. La zona  contigua al [Nombre27] , Quebrada La Venada y la laguna existente, constituyen áreas de protección, según el artículo 33, inciso b), de la Ley Forestal N° 7575 y queda prohibida la corta o eliminación de árboles. El cauce y las aguas de esa corriente y de la laguna son de dominio público, conforme a los artículos 1, inciso IV, y 3, inciso III) la Ley de Aguas. Todas las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble son de dominio público estatal y no forman parte de la finca, según Ley de Aguas, artículos 1, inciso a y b, y 3, inciso III y Código de Minería, artículo 4. Debe proceder el juzgado de instancia a emitir la correspondiente ejecutoria y en caso de que sea necesario proceder a corregir eventuales errores para lograr la inscripción.

 

 

 

 

 

	

	

 




	

*T0U8SVIPZGG61*

T0U8SVIPZGG61

[Nombre28]    - JUEZ/A DECISOR/A

	




*SYEMUICGPIE61*

SYEMUICGPIE61

[Nombre29]    - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*WZ2IK3PN1SG61*

WZ2IK3PN1SG61

[Nombre30]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección8] ,     , [Dirección9]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:30:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**AGAINST THE MAJORITY VOTE**
**FILE:**
**EXPN1 - 5**
**PROCEEDING:**
**POSSESSORY INFORMATION**
**PROMOTED BY:**
**ELDON KORNELSEN DUECK**

**VOTE No. 1025-F-2021**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At eighteen hours and three minutes on the twenty-second of October two thousand twenty-one.-

A POSSESSORY INFORMATION proceeding filed by [Name1], of legal age, married once, agricultural and livestock entrepreneur, resident of San Rafael de Heredia, identity card number CED1 - - . Interested parties include: TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA DIÓCESIS DE CIUDAD QUESADA, legal identification number CED2 - - , represented by its General Agent Without Limit of Sum Ignacio Anibal Mesén Aguilar, of legal age, married once, business administrator, resident of Ciudad Quesada, San Carlos, identity card number CED3 - - ; THE PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, legal identification number CED4 , represented by the Deputy Attorney Daniela Vargas Delgado, of legal age, married once, attorney, resident of Grecia, identity card number CED5 - - , professional license number nineteen thousand two hundred ninety and CED6; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), legal identification number CED7 - , represented by its General Judicial Agent, [Name2], of legal age, divorced twice, attorney, resident of San [Name3] de Alajuela, identity card number CED8 - - , attorney number twenty-one thousand three hundred forty-two. Acting as Special Judicial Agent of the claimant is attorney Ronald Córdoba Artavia, bar number four thousand one hundred thirty-nine; and as directing attorney for the interested party Temporalidades De La Iglesia Católica Diócesis De Ciudad Quesada, attorney Ivannia Barboza Carvajal, attorney number eight thousand five hundred twenty-three. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles.

**WHEREAS:**

**I.-** The claimant filed a possessory information proceeding to have the property described in cadastral plan H-2145765-2019 registered in his name, as he maintains he has exercised possession for usucapion under the terms described in the Ley de Informaciones Posesorias and its amendments. (See the virtual desktop of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, in the first-instance judgment, dated 28/05/2021 14:22:44).

**II.-** The Instituto de Desarrollo Rural and the Procuraduría General de la República appeared in the proceeding, through the resolution issued at fourteen fifty-nine hours on the twenty-second of April two thousand thirteen. Attorney Aníbal Mesén Aguilar, in his capacity as General Agent without Limit of Sum of Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Ciudad Quesada, appeared in the proceeding through the resolution issued at seven sixteen hours on the fourteenth of January of the year two thousand twenty (See the physical file of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, folio 92 and the Virtual file, in the associated documents tray dated 14/01/2021 07:16:51).

**III.-** Attorney Geison López Barrantes, judge of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, in judgment 2021000294, of fourteen twenty-two hours on the twenty-eighth of May of the year two thousand twenty-one, resolved: "THEREFORE: The present possessory information proceedings filed by Mr. [Name1] are DENIED. Once this judgment is final, the file is to be sent to its definitive archive. It is resolved without special condemnation regarding costs, there being no merit for it. LET IT BE KNOWN. (See the virtual desktop of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, in the first-instance judgment, dated 28/05/2021 14:22:44).

**IV.-** The claimant, through his Special Judicial Agent, attorney Ronald Córdoba Artavia, filed an appeal with express indication of the reasons on which he bases his refutation of the lower court's thesis, (See the virtual desktop of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, in the documents tray incorporated on date 14/06/2021 03:05:30).

**V.-** In the substantiation of the proceeding, the legal requirements have been observed, and the existence of errors or omissions capable of causing the nullity of the ruling is not noted.-

Drafted by Judge FISHER GONZÁLEZ; and,

**CONSIDERING:**

**I.** The Tribunal upholds the first and second facts held as proven as they reflect the elements on file. Regarding the third, it is reformulated as follows: On the property object of this proceeding, real and effective agrarian possessory acts have been exercised for a period exceeding forty-five years, beginning in the year 1970, consisting mainly of agricultural planting and livestock activities, maintenance of fences and pastures, in such a way that the claimant has done so from the year 2005, and previously, the possessors who preceded him in the tenure of the property (testimonies of [Name4], [Name5], and [Name6] in audio incorporated into the electronic file and the compact disc attached to the physical file; public deeds on folios 10 to 37, minutes of the first judicial inspection on folio 120 of the physical file; second judicial inspection on compact disc). The fourth fact is approved as it conforms with what has been accredited. The sixth fact is incomplete, hence it is reformulated as follows: By public deed number eleven-twenty-nine, granted before Notary Ronald Córdoba Artavia, at twelve hours on the twenty-ninth of [Name7] two thousand five, Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar Sociedad Anónima, sells to the claimant [Name1], the property object of these proceedings, described on that occasion in part of cadastral plan H-862114-2003, with an area of one million eight hundred seventy-four thousand seven hundred six square meters, and it was indicated that a possession derived from 1974 was being transferred (public deed on folios 10 and 11 of the physical file).

**II.** The Special Judicial Agent of the claimant bases his appeal on the following grievances: 1) The contested judgment preterits the constitutional principle regulated by Article 34 of the Political Constitution, which literally states: "No law shall be given retroactive effect to the detriment of any person, or their acquired patrimonial rights or consolidated legal situations." This is in relation to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which is also violated in this judgment, concordant with Article 9 of DECREE NO. 16358-MAG, which created the Regio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, which is equally violated. The judgment on the merits fails to apply the provisions of the Ley Forestal No. 4465 of November 25, 1969, and its amendments. 2) In the third proven fact of the judgment, the A quo is clear when stating that the claimant has exercised real and effective agrarian possessory acts for a period of 35 years, beginning in 1970, over the property to be registered, consisting mainly of agricultural planting and livestock activities, among others. He held this as proven through the statements of the three witnesses offered. In considering V, the A Quo adds a highly relevant aspect to support the argument presented, when stating: "….Lastly, witness [Name6] declared that he has known the property for about 45 years. Also, from minute 07:05 he begins to explain that the property was made in the year 1974. He clarifies that making the property means planting agriculture and gradually creating pastures." Nevertheless, he denies the proceedings because the farm is not in line with the provisions of the cited Decree No. 16358-MAG, since livestock activity is carried out there. An argument that is not in accordance with law, nor with the letter of that same decree, as will be discussed. 3) From an exhaustive review of Decreto Ejecutivo No. 16358 MAG invoked in the judgment and used as a basis to deny the information, it can be observed that it nowhere prohibits persons whose farms already existed 10 years before its creation from continuing with agricultural and livestock activities. Quite the contrary, Article 9 of that Decree literally states: "Article 9. That the Régimen de Refugios Nacionales de Fauna Silvestre does not obligate the State to expropriate the legal owners of lands included within them, but on the contrary encourages persons who have conserved unaltered areas with the exoneration of the territorial tax, in addition to benefiting them with technical assistance in the forestry, agricultural, and livestock fields." The A quo ignored this article, which is expressed as a strong grievance to the interests of the title holder. 4) Having demonstrated the title holder, as he indeed did, that he exercised decennial possession before the date of entry into force of the respective law or decree creating that protected wilderness area (área silvestre protegida), Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, adding the possession of the previous owners. In light of Article 7 of the law on the matter, he equally demonstrated that before that date the farm was already made with agriculture and pastures, thereby consolidating a legal situation and acquiring or obtaining a patrimonial right, also consolidated, under the terms of the constitutional principle of non-retroactivity of the law enshrined in Article 34 of the Political Constitution, cited above. This implies that it is not possible to apply the aforementioned Decreto Ejecutivo invoked by the A Quo, because it is giving retroactive effect to the law to the detriment of an administered party, which is expressly prohibited by this norm, no less than of constitutional rank. 5) From a detailed analysis of the Ley Forestal No. 4465 of November 25, 1969, which, by the way, was in force until April 16, 1996, when the current and effective law No. 7575 came into effect, and which governed before the Decreto Ejecutivo on the merits was created, farm owners were allowed to harvest trees on their farms, provided they obtained permission, and concessions were even allowed to exploit timber on lands owned by the State. It suffices to see, among others, Articles 2, 7, 43, 47, 49, 54, 60, 61, 71, 92 and following of said legal body. This means that the farm in question was made into pastures and various agricultural lands before 1985, as is thus accredited in the case file, that is, under the protection of this Ley Forestal, and before the referenced decree No. 16358-MAG of 4/6/1985 came into effect. That decree did not prohibit the owners of farms made before that date from continuing with those agrarian activities; rather, it encourages them to continue with them, as expressly provided by Article 9 thereof. 6) On the other hand, it is observed that the contested judgment never took into account nor assessed the good faith of the title holder and his attitude of fully respecting nature and natural resources: flora, fauna, and scenic beauty, which are the objectives of Decree No. 16358-MAG, as evidenced by what is set forth below. In the recording of the judicial inspection, it is expanded upon that both the stream (quebrada) [Address1] and the river [Address2] are duly protected; they even indicate that the boundaries are covered by mountain ranges and trees, and it is also verified that on the farm there are forest areas and abundant trees, and at the beginning of the inspection recording, a sign is focused on stating that the farm is subject to "Pago de Servicios Ambientales". This has entailed a commitment to the conservation of nature, and at the end of the inspection, the court expressly states that it observes the property is in good condition. In the video taken on that day, 3/9/2020, when the legally required inspection was carried out, a well-cared-for and protected farm is clearly observed, in accordance with respect for nature; muddy soils, like those mentioned in the decree, are not observed, and even the soil study is clear when stating it is in accordance with law. That is, without the slightest doubt, all the flora and fauna mentioned in the judgment fully develop there, which does not conflict with the rational livestock agrarian activity developed there, and which allows the farm to remain well conserved, without being overcrowded, precisely to give opportunity to the natural resources and for these to be well managed and protected. Nowhere in the judicial inspection, as the video demonstrates, is it observed that there are dead or affected animals due to misuse of the farm. There is a huge contradiction, since at the end of the inspection it says the farm is "in good condition," that he could appreciate firsthand a well-conducted, respectful agrarian activity, and then at the time of resolving, he contradicts himself and resolves contrary to the conviction he himself acquired from the immediacy of the evidence. 7) Another important aspect is the fact that at 9:30 hours on 28/08/2013 – visible on folios 120 and 121–, the then agrarian judge Sergio Ramos Álvarez, when conducting the judicial inspection, ordered the title holder to remove from the original plan No. H-1416707-2010 the capture area and the so-called lagoon, this in order to satisfy the claims of the state representation. Obtaining this new plan took a lot of time – about 5 years – given the cadastral problems that exist in the area, but by putting in all the effort, plan A-2.145-765-2019 was obtained, now with all protection areas excluded, which implies full compliance with the designs sought by Decreto Ejecutivo No. 166358-MAG. Unfortunately, the A quo overlooked this attitude of good faith and respect exhibited by the claimant towards protecting natural resources, giving it no value whatsoever, because had he done so, the outcome of the judgment would have been different. 8) The appealed judgment overlooks and fails to observe the most elementary principles on which modern agrarian law is built, taught by the most illustrious scholars of this discipline, from the master Antonio [Name8] to Dr. Ricardo [Name9] Zeledón, among many others. Which states, among other things, that agrarian law: "Is that branch of Law that seeks to adjust legal relationships of an agrarian nature to the dictates of social justice, with the object of facilitating and creating the necessary conditions to carry out an authentic Integral Agrarian Reform, that is, to achieve an increase in agricultural production and to make possible a more just and equitable distribution of agrarian property." And the theory of agrariety itself, for which a text is cited taken from one of the most outstanding works known as "Impacto de la teoría de la agrariedad y de las enseñanzas Carrozzianas en el diseño de la teoría del caso" [Impact of the Theory of Agrariety and Carrozzian Teachings on the Design of the Theory of the Case]. Author. Cortés Téllez, Gloria, published in Revista Iberoamericana de Derecho Agrario: No. 11 of the month of March 2020, which says: "Starting from a collective effort, but illuminated particularly by [Name8], he systematizes the Theory of Agrariety, creating a school together with distinguished jurists who make the Science of Agrarian Law possible, whose main members: Carrera, Zeledón, Massart, Brebbia, Vivanco, Alvarenga, Galloni, Figallo, Duque Corredor, Guerra Daneri, Pietro Romano, María Adriana, Nancy, Benussi, among other distinguished jurists, not being possible to mention them all, but whose undeniable importance allowed the degree of development of our current contemporary Agrarian Law, which arises from the recognition that Law in general and Agrarian Law in particular evolve with the changes established by social and economic development, having [Name9] and [Name10] as the main exponents; however, as one of the fundamental bases of this evolution, it is worthy to highlight the theory of Agrariety, widely known among specialists in Agrarian Law, enunciated by [Name8] as follows: 'It is the activity developed by affecting the biological plant or animal cycle, linked directly or indirectly to the enjoyment of genetic forces and natural resources and that is economically resolved in the obtaining of plant or animal fruits, destined for direct consumption, just as they are produced in nature or subjected to one or multiple transformations' (Carrozza and [Name9])." That is to say, this appealed ruling does not give the agrarian producer the opportunity to fulfill the social and economic function of the agrarian property, which is what society needs to develop; it enervates sources of work and social progress and condemns this generator of progress to total ruin, along with the social chain it generates if allowed.

**III.** The land that concerns us, as accredited by the lower court judge, is comprised within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, created in Decreto Ejecutivo No. 166358 of June 4, 1985. Due to this, titling is feasible, provided it is convincingly demonstrated that a personal or derived possession has been exercised, dating at least from the year 1975. Thus, Article 7, first paragraph, of the Ley de Informaciones Posesorias establishes: "When the property to which the information refers is comprised within a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, the title holder must demonstrate being the holder of the legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that protected wilderness area". Similarly, Article 6 of that same law provides that possession shall be accredited with three witnesses, and the following canon 9 refers to the necessity of a judicial inspection to verify – among other aspects – whether the property shows long-standing possession, whether there are constructions or crops, or whether the farm is a livestock operation. In this way, the appellant is correct that the law permits titling if the substantive requirements are demonstrated. This is because the declaration of the Refugio de Vida Silvestre is without prejudice to a usucapion right, given that lands could be included in the declaration without excepting or registering those that already had a consolidated right, which is why they had to prove it, case by case, in the respective possessory information proceedings. On the other hand, before referring to the analysis of the specific evidence, it is appropriate to mention what the Constitutional Chamber has delineated. Particularly regarding the differentiation between usucapion as a form of acquiring a real property right, and the possessory information proceedings as a mechanism through which that already consolidated right is formalized. In vote No. 04587-97 at fifteen hours forty-five minutes on the fifth of August one thousand nine hundred ninety-seven – which resolved an action related to titling processes through possessory information in protected areas, specifically the possibility of taking advantage of derived possession exercised by previous possessors – the Chamber considered: "GENERAL REGIME OF USUCAPION: In principle, it must be indicated that the possessory information proceedings regulated in the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of 14 of [Name7] 1941 and its amendments, are a non-contentious judicial procedure through which a property title for real estate registrable in the Public Registry is formalized. In general, this procedure is intended for possessors who lack a title registrable in the Public Registry to obtain one. Article 1 of that Law provides that for the possessor of real estate to request the granting of title based on the possessory information procedure, they must demonstrate possession for more than ten years with the conditions indicated by Article 856 of the Civil Code, namely, in capacity as owner, continuous, public, and peaceful. The previous requirements of time and condition characterize the possession necessary for usucapion. To obtain ownership of real property by positive prescription, in addition to possession under the indicated conditions, Article 853 of the Civil Code indicates as requirements: the translative title of ownership and good faith. From the foregoing and from the provisions of Article 8 of the Ley de Informaciones Posesorias, which characterizes the possessory information procedure as a non-contentious judicial process – where the emergence of a claim or opposition from any person or the State causes the matter to be suspended and sent to the declarative route for discussion and resolution, or the file to be archived and the administrative route considered exhausted, respectively – it is inferred that the titling of the real property has as a requirement the acquisition of ownership. That is, a distinction is made between the moment of acquisition of ownership by usucapion and the moment when that situation is asserted in the possessory information procedure to obtain a title registrable in the Public Registry. Hence, usucapion is considered a mode of acquiring ownership and other possessable real rights, and titling as the procedure through which, once the requirements of usucapion are verified, the registrable title of ownership is conferred" (The underlining is not from the original).

**IV.** This Tribunal has proceeded to assess the abundant evidence on file, based on Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, which contains the principle of free evaluation. Likewise, the rules of logic, experience, and psychology are integrated. Three witnesses were examined, local residents, who precisely recounted the history of the farm and the chain of possessors who preceded the current title holder. In summary, it can be appreciated that all this materiality, in the early 1990s, was formed by several portions that Mr. [Name11] was purchasing from different possessors, some of them original possessors since the early 1970s and others buyers from those possessors. It is for this reason that it can be held as demonstrated with crystal clarity, that on the materiality object of this process, real and effective agrarian possessory acts have been exercised for a period exceeding forty-five years, beginning in the year 1970, consisting mainly of agricultural planting and livestock activities, maintenance of fences and pastures, conservation of water resource protection areas. The claimant has done so from the year 2005, and previously, the possessors who exercised the agrarian tenure of the property. This is based on the testimonies of [Name4], [Name5], and [Name6] (in audio incorporated into the electronic file and the compact disc attached to the physical file), public deeds on folios 10 to 37, minutes of the first judicial inspection on folio 120, all from the physical file, and a second judicial inspection (on compact disc). The declarants testified in the year 2020. In the first place, [Name4] stated he knew the land since 1973. He mentioned in a general way that it had had several previous owners, among them [Name12], [Name13], Mr. [Name14], Mr. [Name11], [Name15], [Name16] and that it was bought "in parts". He explained that the claimant acquired it by purchase from Agropecuaria Río Gaspar, in 2005. He detailed who all the adjacent landowners were. He narrated that since 1973, they began "making that farm", that is, introducing pasture, because livestock activity was predominant in the area. He explained that currently the property measures 112 hectareas, and that it reached that unit because [Name11] was buying various pieces or portions from previous possessors, until assembling the current large farm. He referred to [Name17] as the owner of the company Río Gaspar, which sold to the claimant, so that entity held the farm for about nine or ten years. He added that before that company, the owner was [Name11], who held it from 1992, as [Name11] bought 71 hectares from [Name13]; [Name13] in turn had bought them from [Name12] "[Name18]", such that "[Name18]" had entered in 1974, as he was the one who arrived to "clear the path". He specified that later [Name11] bought from the father of [Name13], Mr. [Name14], 21 hectares, such that [Name14] held the farm for a time, who in turn had bought it from [Name15]. He then expressed that [Name15] held it for a long time, who in turn had bought a part from [Name19] in 1974. Likewise, that [Name19] was one of the founders, as he entered in the years 1970 or 1971, around then. He also noted that [Name15] entered at that time to make the farms as part of that original group. On the other hand, he stated that [Name11] also bought another 17 hectares from [Name3], approximately in 1992 or 1995, where the house is located, so that [Name3] held that portion not for long, who in turn had bought it from [Name20]. He explained that the cited [Name20] was one of those who had arrived during the time of [Name19], in the 1970s. In this same vein, he narrated that another portion of 4 hectares was bought by [Name11] from [Name21] [Name22] "Conejo", that [Name21] held it for a short time, who in turn had bought it from [Name3]. Likewise, that [Name3], whom he knew well, arrived in the area first, like the other original possessors, in the 70s, around then, and that he had those 4 hectares since that time. He also indicated that [Name11] bought from [Name7] the part with the house, about half a hectare, that [Name7] had held it since 1973, where he had a little house and worked a lot "making" the farm. He concludes by declaring that all those people he mentioned were known in the village as the owners, without issues, and that the claimant comes to his farm often. In the second term, [Name5] declared, who stated he had known the claimant for 15 years, but expressed that he himself arrived in the area in 1969. He agreed with the previous declarant regarding the fact that the current unit was formed by the union of several portions, which at the time had different original possessors. First, he referred in a general way to [Name13], [Name14], [Name15], [Name19], [Name11], who were in the place working different portions of land when he arrived in 1969. He explained that [Name15] bought in two parts from [Name19], one in 1972 and another in 1974. Also, that [Name13] had bought from a man who had entered named [Name12] [Name22] "Lalo", such that [Name13] later sold to [Name11]. He reiterated that it was [Name11] who assembled the union of all that area, worked them, and then sold them to Desarrollo Agroindustrial Río Gaspar (belonging to a Mr. [Name12]), an entity that finally transfers to the title holder. He explained that he knows for a fact that the farm in general has always been dedicated to livestock and that the claimant has continued with that economic activity. He mentioned all the boundaries and that there is a house and the corral. Likewise, he stated that the possession has been continuous, without problems among the different possessors it has had, and that the claimant is known in the village as the current owner. He detailed that he knew [Name17] who is the one from the company Río Gaspar, an entity that was the owner for about 9 years and that sold to the claimant. Similarly, that [Name17] had bought from [Name11]. He expressed that the farm now measures about 112 hectares, comprised of portions that [Name11] bought in the years 1992 and 1993. He stated that [Name11] first bought a portion from [Name15], then another from [Name13], as the latter had bought from [Name12] "[Name18]". He added that [Name11] bought 71 hectares from [Name13], which [Name12] had "made", as he had cleared the path in 1974 or 1973.

Likewise, that [Nombre14] is the father of [Nombre13], and that [Nombre11] bought a part from [Nombre14]. He explained that [Nombre14] bought when it was already scrubland (charral), and cleared it further for livestock farming, because "that is what people did at that time." He indicated having known [Nombre15], who had bought two parts of the farm from [Nombre19], who had entered the place in 1973. He pointed out that [Nombre15] sold to [Nombre14]. In general, he explained that all those people were the legitimate owners because they possessed it when he arrived at the place, and that this farm "has a long history," among good neighbors. On the other hand, he pointed out that he knew [Nombre7], who also sold a part to [Nombre11], and that [Nombre7] in turn had bought from [Nombre3]. He detailed that in 1973 [Nombre7] was already there and had a small ranch (ranchita). He mentioned that [Nombre3] had a part and sold it to [Nombre11], about 14 hectares, and that [Nombre3] had bought from [Nombre20], around 1974. Finally, he explained that he knows [Nombre21] [Nombre22] "Conejo" and that [Nombre11] bought a part that belonged to [Nombre3]. He concludes by mentioning that both [Nombre3] and [Nombre21] arrived at the same time, as they came from Guatuso as "traveling companions," and that [Nombre3] was already the owner in 1974. Thirdly, the statement of [Nombre6] was received. He stated that he has known the farm for a great many years, being 76 years of age, and specified that he has known the materiality of interest for more than 45 years. He explained that the applicant bought from [Nombre12] in 2005, who had held it for about 9 or 10 years. He expressed that this area began to be made into farms starting around 1974, and that in those times it was done by introducing pasturelands (repastos). He noted that the applicant bought from [Nombre17]. Likewise, that [Nombre13] had about 71 hectares in the part of the hills and bought it from [Nombre12], who was already on the farm since 1972-1974. Similarly, he pointed out that [Nombre11] bought from [Nombre13] in 1992. Likewise, that the same [Nombre11] bought 20 or 24 hectares from [Nombre14], adjoining what belonged to [Nombre13]. He added that [Nombre15] was the owner of those 20 or 24 hectares, having bought them from [Nombre19]. In the same sense, that [Nombre15] sold to [Nombre14] around 1974. On the other hand, that [Nombre11] bought the third part of 17 hectares from [Nombre3] in the area of the well, around 1993, that [Nombre3] held it for a time and had previously bought it from [Nombre20], in 1974. Likewise, that [Nombre11] bought 4 hectares from [Nombre21] in 1994, who in turn had bought from [Nombre3], such that [Nombre3] had "carried on" since 1973. He stated that he knew [Nombre7], who had half a hectare since 1973 and sold it to [Nombre11] in 1993. He concludes by stating that [Nombre11] dedicated it to livestock farming. These witness statements coincide with the public deeds provided to the proceeding, visible in the folios of the physical case file that will be mentioned. Namely, public deed No. 31-27, granted before Notaries Ronald Córdoba Artavia and Marcos Fernández Herrera, granted at one o'clock in the afternoon on the twenty-first of [Nombre7], two thousand five, in which Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar S.A. sells to the applicant the farm object of this proceeding (folios 10 and 11); public deed No. 316, granted before Notary Marcos Fernández Herrera at twelve o'clock on the twenty-second of February, two thousand one, in which Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar S.A., buys one hundred eighty hectares from [Nombre17] (folios 14 and 15); public deeds number 23-27 before Notary Ronald Córdoba Artavia, at two thirty in the afternoon on the fourteenth of [Nombre7], two thousand five, and No. 12, before Notary Mayra Cecilia Rojas Guzmán, at 11 o'clock on May 4, 1992, in which [Nombre13] sells 71 hectares to [Nombre11] (folios 17 and 18); private sale dated April 30, 1992, in which [Nombre12] sells to [Nombre13], two plots of land, one for the amount of thirty-four hectares and another for thirty-six hectares (folio 19); private sale of three portions, at 11 o'clock on February 25, 1992, in which [Nombre14] sells to [Nombre11] three plots of land, one of eleven hectares, another of seven hectares five thousand square meters, and another of approximately three hectares, which were complemented in public deed No. 21-27, before Notary Ronald Córdoba Artavia at one o'clock in the afternoon on the fourteenth of June, two thousand five (folios 21 to 23); private document dated February 17, 1990, in which [Nombre15] sells twenty-nine manzanas to [Nombre14] (document at folio 24); public deed No. 19, before Notary Clara Isabel Vega Rodríguez, at 11 o'clock on November 9, 1989, in which [Nombre23] sells fifteen manzanas to [Nombre14] (folio 25); public deed No. 28, granted before Notary Agenor Antonio Acevedo Altamirano, at two o'clock in the afternoon on December fourth, nineteen eighty-nine, in which [Nombre23] sells ten manzanas to [Nombre14] (folio 26); public deed No. 44, before Notary Adela Villegas Pérez, at eleven o'clock on October fourteenth, nineteen ninety-three, in which [Nombre7] sells half a hectare to [Nombre11] (folio 29); public deed No. 110, before Notary Ronald Córdoba Artavia, at 3 o'clock in the afternoon on May 30, 1995, in which [Nombre3] sells a portion of seventeen hectares to [Nombre11] (folio 32) and public deed No. 33, at 10 o'clock on May 24, 1996, before Notary Adela Villegas Pérez, in which [Nombre21] sells approximately four hectares to [Nombre11] (folio 36). Similarly, it is held, as the lower court judge had accredited, that on this pasture farm, the compliant use of the soil has been exercised and the protection zones of the existing water resources have been respected, namely the Gaspar River, La Venada Stream, Lagoon, and the area surrounding the well, according to the certification provided and judicial inspections conducted (record at folio 120 of the physical file and second judicial inspection in photographs and videos recorded on compact disc). Note also that in the soil study it was verified that the Gaspar River is protected and no pollutants are discharged into its channel (folios 102 and 103 of the physical file).

V. The lower court judge decided to reject the possessory information, accepting arguments from the Procuraduría General de la República, and despite having accredited possession since 1970, considered that the same, having been for livestock farming, was not in accordance with the environmental protection nature the property ought to have. However, this is not acceptable, as was extensively indicated, the declaration of a Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre) is without prejudice to the rights ad usucapionem already consolidated, and it must necessarily be contextualized that at the beginning of the 1970s, livestock farming was the economic activity that began in the area. Furthermore, as has been amply analyzed, when the Refuge declaration occurred, in 1984, the farm was already used for livestock farming. Likewise, according to the soil study provided, that activity is currently being carried out in a rational manner, as it indicated: "The grazing activity with sufficient paddocks (apartos) allows for a good rotation in land use, achieving good use of the soil according to its capacity; it is recommended to continue with the current use. The existing cover with pasture and forest protects the soil, reducing its degradation by erosion" (folio 103). Finally, it is important to note that this farm is in the part of the community where the Catholic Church, the [Dirección3], and the well that supplies the community are located, which reasonably complement its age and the possession that has been publicly exercised. Without leaving aside the old age of the observed corral, which allows one to appreciate that the materiality shows long possession (article 9 of the Ley de Informaciones Posesorias). Thus, it is appropriate to admit the grievances insofar as the possessory information should not have been rejected and, consequently, to overturn the judgment.

VI. In accordance with the foregoing, the appropriate course is to overturn the judgment. In its place, the present possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) processed in accordance with the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of the 14th of [Nombre7], 1941, and its amendments, must be approved. Let the Public Registry of Real Property (Registro Público de la Propiedad Inmueble) proceed to register in the name of [Nombre1], of legal age, married once, agricultural and livestock entrepreneur, resident of San Rafael de Heredia, identity card number CED9 - - , free of co-owners, encumbrances (gravámenes) and real burdens (cargas reales), and without prejudice to any third party with a better right, the materiality that belongs to him and is described as follows: NATURE: Land of pasturelands (repastos), forest, with a house and a corral. LOCATION: La Aldea, Llanuras del Gaspar, of the tenth canton Sarapiquí of the province of Heredia. AREA: one hundred twelve hectares, seven thousand nine hundred seventy-six square meters. BOUNDARIES: to the NORTH with the State, agricultural easement (servidumbre agrícola) between [Nombre24], [Nombre25], Don Coqui M H Sociedad Anónima, and the Gaspar River; to the SOUTH with the State, [Nombre25], with La Venada Stream, with the Gaspar River between Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar Sociedad Anónima and partly with Temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis de Ciudad Quesada, Asociación de Desarrollo Integral de La Aldea de Llanuras del Gaspar de Sarapiquí, and with two public roads, one with a frontage of fourteen meters onto it and the other, the one that goes from the [Dirección4], with a frontage of seventy meters fifty-five linear meters onto it; to the EAST with the State, with a public road, that is, [Dirección5], with a frontage of five hundred twenty-one meters and fifty-one linear centimeters onto it, [Nombre26], [Nombre4], Temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis de Alajuela, [Nombre25], the Gaspar River, and with a public road with a frontage of six meters forty linear centimeters onto it; and to the WEST with the Gaspar River, Don Coqui M H Sociedad Anónima, Desarrollo Agrícola Industrial Río Gaspar S.A. CADASTRAL MAP: H-2145765-2019. The corresponding edict was published in the Boletín Judicial No. 59 of March 25, 2013. The property (fundo) was estimated at the sum of sixty-two million five hundred thousand colones. The farm to be titled shall be subject to the reservations indicated by the Ley General de Caminos Públicos, in that the minimum width of the roads it borders on the south and east boundaries is fourteen meters, and that the national route it borders on the east boundary is twenty meters, according to articles 19 of the Ley de Informaciones Posesorias and 4 of the Ley General de Caminos Públicos. The zone adjacent to the Gaspar River, La Venada Stream, and the existing lagoon constitute protection areas, according to article 33, subsection b), of the Ley Forestal N° 7575, and the cutting or elimination of trees is prohibited. The channel and waters of that stream and of the lagoon are of public domain, in accordance with articles 1, subsection IV, and 3, subsection III) of the Ley de Aguas. All surface and underground waters existing on the property are state public domain and are not part of the farm, according to the Ley de Aguas, articles 1, subsections a and b, and 3, subsection III, and the Código de Minería, article 4. The lower court must issue the corresponding enforceable judgment (ejecutoria), and in case it is necessary, proceed to correct eventual errors to achieve registration. In relation to the easement (servidumbre) drawn on the cadastral map on the north boundary, it must not be recorded as a real burden (carga real), as it is located outside the body of that map and consequently is not part of the property (fundo) (image 82 of the electronic file).

THEREFORE

The judgment is overturned. In its place, the present possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) processed in accordance with the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of the 14th of [Nombre7], 1941, and its amendments, are approved. Let the Public Registry of Real Property (Registro Público de la Propiedad Inmueble) proceed to register in the name of [Nombre1], of legal age, married once, agricultural and livestock entrepreneur, resident of San Rafael de Heredia, identity card number CED9 - - , free of co-owners, encumbrances (gravámenes) and real burdens (cargas reales), and without prejudice to any third party with a better right, the materiality that belongs to him and is described as follows: NATURE: Land of pasturelands (repastos), forest, with a house and a corral. LOCATION: La Aldea, Llanuras del Gaspar, of the tenth canton Sarapiquí of the province of Heredia. AREA: one hundred twelve hectares, seven thousand nine hundred seventy-six square meters. BOUNDARIES: to the NORTH with the State, agricultural easement (servidumbre agrícola) between [Nombre24], [Nombre25], Don Coqui M H Sociedad Anónima, and [Nombre27]; to the SOUTH with the State, [Nombre25], with La Venada Stream, with the Gaspar River between Desarrollo Agro Industrial Río Gaspar Sociedad Anónima and partly with Temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis de Ciudad Quesada, Asociación de Desarrollo Integral de La Aldea de Llanuras del Gaspar de Sarapiquí, and with two public roads, one with a frontage of fourteen meters onto it and the other, the one that goes from the [Dirección4], with a frontage of seventy meters fifty-five linear meters onto it; to the EAST with the State, with a public road, that is, [Dirección5], with a frontage of five hundred twenty-one meters and fifty-one linear centimeters onto it, [Nombre26], [Nombre4], Temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis de Alajuela, [Nombre25], the Gaspar River, and with a public road with a frontage of six meters forty linear centimeters onto it; and to the WEST with the Gaspar River, Don Coqui M H Sociedad Anónima, Desarrollo Agrícola Industrial Río Gaspar S.A. CADASTRAL MAP: H-2145765-2019. The corresponding edict was published in the Boletín Judicial No. 59 of March 25, 2013. The property (fundo) was estimated at the sum of sixty-two million five hundred thousand colones. The farm to be titled shall be subject to the reservations indicated by the Ley General de Caminos Públicos, in that the minimum width of the roads it borders on the south and east boundaries is fourteen meters, and that the national route it borders on the east boundary is twenty meters, according to articles 19 of the Ley de Informaciones Posesorias and 4 of the Ley General de Caminos Públicos. The zone adjacent to [Nombre27], La Venada Stream, and the existing lagoon constitute protection areas, according to article 33, subsection b), of the Ley Forestal N° 7575, and the cutting or elimination of trees is prohibited. The channel and waters of that stream and of the lagoon are of public domain, in accordance with articles 1, subsection IV, and 3, subsection III) of the Ley de Aguas. All surface and underground waters existing on the property are state public domain and are not part of the farm, according to the Ley de Aguas, articles 1, subsections a and b, and 3, subsection III, and the Código de Minería, article 4. The lower court must proceed to issue the corresponding enforceable judgment (ejecutoria) and in case it is necessary, proceed to correct eventual errors to achieve registration.