Res. 00134-2021 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Annulment of parcel award in Golfo Dulce Forest Reserve for public interest lesionNulidad de adjudicación de parcela en Reserva Forestal Golfo Dulce por lesividad

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00134 - 2021

Fecha de la Resolución: 13 de Octubre del 2021 a las 07:30

Expediente: 19-003693-1027-CA

Redactado por: Jose Roberto Garita Navarro

Clase de asunto: Proceso de puro derecho

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Bien demanial
Subtemas:
Proceso de lesividad para anular titulación a un tercero por parte del INDER.
Temas (descriptores): Proceso de lesividad
Subtemas:
Alcances y consideraciones sobre los presupuestos necesarios para su aplicación.
Nulidad de titulación de bien de dominio público.
Temas (descriptores): Lesividad del acto administrativo
Subtemas:
Análisis con respecto a su aplicación y presupuestos procesales.
Titulación de bien de dominio púbico.

Sentencia con nota separada

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Texto de la resolución

EXPEDIENTE: 19-003693-1027-CA

ASUNTO: PROCESO DE PURO DERECHO (lesividad)

ACTOR: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)

DEMANDADOS: Nombre11504  , Nombre22202   .

TERCEROS INTERESADOS: EL ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

 

No. 0134-2021-VI

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las 07 horas 30 minutos del trece de octubre del dos mil veintiuno.

 

Proceso de lesividad declarado de puro derecho, establecido por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante, INDER), representado por su apoderada especial judicial, licenciada Karinna Castro Leitón, carné CED108701, en contra de Nombre11504  , cédula de identidad número CED17832 y Nombre22202   , pasaporte número 175-61209-012136, ambos representados por el señor Nombre28274  , carné 18671. Intervienen como terceros interesados EL ESTADO, representado por la procuradora Susana Gabriela Fallas Cubero, cédula de identidad número CED11322, y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), representado por Nombre16954   , carné CED87832.

RESULTANDO

 1.- Mediante escrito presentado en este Despacho el 27 de mayo del 2019, el INDER formula la demanda que ha dado origen al presente proceso para que, en lo medular, en sentencia se disponga: "1... 2. Que se declare absolutamente nulo el punto 22) del Acuerdo VI de la sesión 002-99 celebrada el 6 de enero de 1999 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, por haber aprobado "declarar beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, sector Los Planes de Drake" a Nombre11504   y Nombre22202   , de la parcela 14 del Asentamiento Los Planes de Drake, a pesar de que esos terrenos desde 1978 se encontraban en un cien por ciento de su cabida dentro del Área Silvestre Protegida llamada Golfo Dulce (Reserva Forestal Golfo Dulce) y, que todas sus áreas conforman al Patrimonio Natural del Estado, según se demuestra en certificación No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 del 07 de febrero del 2018 y la certificación No. SINAC-ACOSA-PNE-032-2019 del 05 de abril del 2019 del Área de Conservación Osa del SINAC, puesto que ese acuerdo de Junta Directiva constituye una desafectación de terrenos de bosque afectados por Reserva Forestal Golfo de conformidad con el artículo 13, siguientes y concordantes de la Ley Forestal, y, por lo tanto, es un acto administrativo disconforme con el Ordenamiento Jurídico. 3. Que se ordene a la parte demandada a hacer entrega material inmediata y poner en posesión del bien objeto del proceso al Minae por medio de la Oficina Regional del Área de Conservación Osa." (Imágenes 226-241 del principal)

 2.- Conferido el traslado de ley, el Estado se apersonó a la causa, solicitando ser tenido como tercero interesado. (Imágenes 199-207 del principal) Los coaccionados se opusieron a la demanda y formularon las defensas de falta de legitimación activa, indebida integración de la litis, caducidad y falta de derecho. (Imágenes 148-157 del principal)

 3.- Por resolución No. 571-2020-T de las 10 horas 26 minutos del 27 de marzo del 2020, el juez de trámite dispuso el rechazo de la defensa de indebida integración de la litis. (Imágenes 140-143 del principal) De igual manera, la de caducidad fue rechazada por resolución No. 572-2020-T de las 10 horas 28 minutos del 27 de marzo del 2020. (Imágenes 135-139 del principal)

 4.- En escrito del 20 de abril del 2020, el SINAC se constituyó como tercero interesado. (Imagen 122 del principal)

 5.- La audiencia preliminar establecida en el canon 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), fue celebrada de manera virtual en fecha 03 de febrero del 2021. Luego de la fase de admisión de pruebas, el asunto fue declarado de puro derecho y se otorgó a las partes un plazo de tres días para rendir conclusiones por escrito. (Imágenes 42-45 del principal)

 6.- El INDER presentó sus conclusiones en fecha 08 de febrero del 2021 (imágenes 16-21 del principal) El SINAC las expresó en escrito del 08 de febrero del 2021 (imágenes 14-15 del principal). El Estado las formuló en esa misma data, según imágenes 11 a la 13 del expediente principal, en tanto que los co demandados las formularon en fecha 10 de febrero del 2021, según consta a imágenes 3 a 10 de esa misma carpeta, dentro de las cuales, reiteraron la defensa de caducidad.

 7.- El presente asunto fue remitido a esta Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo para la emisión del fallo pertinente en fecha 04 de octubre del 2021, según consta en detalle del Sistema Escritorio Virtual, en el que consta la totalidad del expediente principal. En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas.

Redacta el juzgador Garita Navarro con el voto afirmativo de la juzgadora Abarca Gómez y el juez Aguilar Méndez.

CONSIDERANDO

 I.- Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente proceso se tienen los siguientes:

1) Desde 1963 existió en la zona de la Península de Osa, un conflicto de ocupación precaria en terrenos de la empresa maderera Osa Productos Forestales, lo que degeneró en enfrentamientos y en un clima de gran tensión social. (No controvertido)

2) A partir de 1978, el Poder Ejecutivo de la República mediante Decretos Ejecutivos, afecta terrenos de la Compañía Osa Productos Forestales, de la siguiente manera: - Creación de los límites de la Reserva Forestal de Golfo Dulce (RFGD) por el art I del Decreto Ejecutivo No. Placa21561 (del 28 de abril de 1978); - Primera Modificación de los límites por el Decreto Ejecutivo No. 9388-A (del 30 de noviembre de 1978); - Segunda Modificación de los límites por el Decreto Ejecutivo No. 10142-A (del 12 de junio 1979). (No controvertido. Consulta de los citados decretos en sistema SCIJ)

3) En 1979, el Poder Ejecutivo de la República mediante Decretos Ejecutivos número 10088-G-H del 2 de mayo y número 10244-G del 5 de julio, ambos del año 1979, decretan la expropiación de los terrenos que mantenía la Empresa Osa Productos Forestales, localizados en la Península de Osa y, su posterior traslado al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) e inscripción en el Registro Público de la Propiedad, identificados actualmente bajo el número de folio real matrícula del Partido de Puntarenas, Placa13266. (No controvertido. Consulta de los citados decretos en sistema SCIJ)

4) Sobre los terrenos expropiados, el IDA (ahora INDER) constituyó el Asentamiento Campesino Osa. (No controvertido)

5) A partir de 1980, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) inició una etapa de adjudicación y titulación a los ocupantes de los terrenos en el Asentamiento Campesino Osa. (No controvertido)

6) Mediante Acuerdo de Junta Directiva del IDA (hoy lnder), Artículo VI de la sesión 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999, se aprobó declarar beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, Sector Los Planes de Drake, a diferentes personas, entre las cuales se encuentra en el punto 22), el señor Nombre11504   y la señora Nombre22202   , como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planes de Drake. (Folios 18-20 del administrativo de la parcela)

7) Mediante oficio OJ-129-2002 del 12 de setiembre del 2002, la Procuraduría General de la República informó a la Junta Directiva del lnder, que, para la fecha del precitado Acuerdo de Junta Directiva del IDA, Artículo VI de la sesión 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999, los inmuebles enlistados ya formaban parte del PNE desde 1978, habiendo ingresado a éste automáticamente al pertenecer a una institución autónoma y estar comprendido dentro de los límites de la Reserva Forestal Golfo Dulce, sin olvidar su cobertura boscosa. Señaló que, desde su incorporación al PNE, se convierte en un bien de dominio público, y en esa medida, deviene en inalienable e imprescriptible, por lo que el Instituto de Desarrollo Agrario estaba impedido legalmente para enajenarlo (numeral 14 de la Ley Forestal) y en esa medida, procede la anulación del citado acuerdo. (Consulta a sistema SCIJ)

8) En el expediente judicial 15-004913-1027-CA, interpuesto por Nombre22202    contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) -actual lnder-, se pretende: (i) la indemnización de dos propiedades ubicadas en la Reserva Forestal Golfo Dulce por encontrarse está en Patrimonio Natural del Estado, (ii) o la reubicación en fundo de iguales condiciones al amparo de los Acuerdos de Junta Directiva No. 11 de la sesión No. 400 del 08 de junio de 1965, No. VI de la sesión No. 1 196 de 16 de junio de 1970, No. 4 de la sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974, y No. VI de la sesión No. 712 del 2 mayo de 1967, todos encaminados a dar solución a la problemática de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A: (iii) así como el pago de daños y perjuicios por la supuesta inacción administrativa.  (No controvertido)

9) Mediante el oficio AJ-103-2019 del 26 de marzo del 2019, la Asesoría Jurídica del lNDER emite análisis jurídico en el que señala, en lo medular, que encontraba claridad de los mandatos constitucionales sobre la imposibilidad de titulación, la obligación y la necesidad de interponer un proceso contencioso administrativo de lesividad con el fin de anular las adjudicaciones otorgadas, dentro de estas, la declaración de beneficiarios otorgada mediante el punto 22) del Acuerdo VI de la sesión 002-99 celebrada el 6 de enero de 1999 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, por haber aprobado declarar beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, Sector los Planes de Drake" a Nombre11504   y Nombre22202   , de la parcela 14 del Asentamiento Los Planes de Drake, a pesar ele que se encontraban en un cien por ciento ele su cabida dentro del Área Silvestre Protegida llamada Golfo Dulce (Reserva Forestal Golfo Dulce). (Folios 15-29 del administrativo de lesividad)

10) Mediante certificación No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 del 07 de febrero del 2018 del Área de Conservación Osa del SINAC, se indica que la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planes de Drake, adjudicada a Nombre11504   y Nombre22202    identificada con el plano catastrado P-489778-1998, es parte de la finca folio real No. 6-039334-000 a nombre del INDER, la cual se encuentra en un cien por ciento de su cabida dentro del Área Silvestre Protegida llamada Reserva Forestal Golfo Dulce y. que todas sus áreas conforman al Patrimonio Natural del Estado. (Folio 102 del administrativo de lesividad)

11) Mediante oficio IRT-0175-2018 del 06 de marzo del 2018 de la Unidad de Información y Registro de Tierras del lNDER, se indicó que la propiedad identificada con el plano catastrado No. P-489778-1998 es parte de la finca folio real No. 6-039334-000, y que se encuentra afectada por la Reserva Forestal Golfo Dulce. Dicho oficio incluye levantamiento de plano no catastrado que refleja ambas zonas. (Folios 108-109 del administrativo de lesividad)

12) Mediante oficio IRT-624-2018 del 13 de agosto del 2018 de la Unidad de Información y Registro de Tierras del lNDER, se indicó que no existe correspondencia o coincidencia, en cuanto a la ubicación cartográfica que muestra el plano No. P-489778-1998, con respecto a los datos del levantamiento en la realidad física de la parcela. Se señala que hay un desplazamiento aproximadamente de 250 metros. (Folios 111-112 del administrativo de lesividad)

13) Mediante acuerdo adoptado en el artículo No. 60 de la Sesión Ordinaria 12, celebrada el 20 de mayo de 2019, de la Junta Directiva del INDER, se conoció la declaratoria de Lesividad del acuerdo de Junta Directiva del punto 22) del artículo No. VI de la sesión No. 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999 y se instruyó a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que interpusiera proceso de lesividad. (Folios 1-11 del administrativo de lesividad)

14) Que en fecha 6 de julio del 2010, los accionados suscribieron con el MINAE, Contrato de pago de servicios ambientales, modalidad protección de bosque, No. PN-01-224-0005-2010, sobre la finca que corresponde a la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planos de Drake. (Imágenes 195-198 del judicial)

15) La presente demanda de lesividad fue formulada en fecha 27 de mayo del 2019. (Imagen 226 del principal)

 II.- Hechos no probados: De relevancia para el presente asunto, se tienen los siguientes: Único: Que de forma previa al acto administrativo para declarar beneficiarios, adjudicar, segregar y traspasar las parcelas, en este caso en particular la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planes de Drake, a Nombre11504   y Nombre22202   , el IDA contara con la calificación previa del terreno por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Forestal, Ley No. 7575.

III.- Objeto del proceso. El presente proceso tiene por objeto el análisis de validez del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), para ese entonces el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), punto 22) del artículo No. VI de la sesión No. 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999, en el cual, se aprobó declarar beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, Sector Los Planes de Drake, a diferentes personas, entre las cuales se encuentra en el punto 22), el señor Nombre11504   y la señora Nombre22202   , como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planes de Drake. En lo medular, el INDER señala, la Reserva Forestal Golfo Dulce, que afecta el Asentamiento Campesino Osa, es Patrimonio Natural del Estado (PNE), por ende, dominio público. Alude al artículo 13 y siguientes de la Ley Forestal, en cuanto al PNE, norma que declara dentro de esa categoría a terrenos forestales y bosques en reservas nacionales, entre otros, los pertenecientes a las instituciones autónomas y los somete a administración del MINAE. Destaca, esos bienes son inembargables e inalienables, a la vez que su posesión por particulares no genera derecho alguno, y no se pueden inscribir por información posesoria, siendo imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado. Refiere a los componentes del PNE, a partir de los cuales, asevera, los terrenos con esa afectación, quedan sometidos al régimen especial de bienes demaniales. Menciona la resolución No. 332 de las 16 horas 20 minutos del 07 de julio del 2000 y resolución No. 49 de las 13 horas del 31 de enero del 2002, así como dictamen C-321-2003 de la Procuraduría General de la República. Detalla las características de los bienes de dominio público, remitiendo al canon 262 del Código Civil. Apunta, la tolerancia de la Administración para detener las acciones ilícitas no concede ningún derecho al transgresor. La idea de que el dominio público, por su naturaleza no puede ser objeto de posesión privada se reitera, entre otras, en las resoluciones de la Sala Constitucional números 480- 90, 1055-92, 1027-93, 4472-93, 914-94, 221 -94, 2767-94, 3793-94, 6079-94, 6322-94, 6785-94 y 422-96. Aduce, todo acto administrativo que adjudique o traspase a sujetos privados, derechos sobre un predio incorporado al Patrimonio Natural del Estado, resulta viciado de nulidad, por cuanto carece de un elemento esencial como es el objeto, por resultar el mismo legalmente imposible y fuera del comercio de los hombres. Advierte que los terrenos objeto de este proceso cumplen con los elementos subjetivo, objetivo, teleológico y normativo que determinan el régimen demanial. Menciona que el canon 15 de la misma ley Forestal establece que la Administración no podrá disponer de los terrenos sin que antes hayan sido clasificados por el MINAE, en el entendido de que, si están cubiertos de bosque, quedarán automáticamente incorporados al Patrimonio Natural del Estado, sin que sea preciso contar con la clasificación previa del MINAE. Dice, esto opera de pleno derecho, con independencia de la anuencia de las partes y trámites posteriores. Concluye, los terrenos forestales y bosques constituyen Patrimonio Natural del Estado y están afectos al régimen de dominio público, por lo que devienen en inalienables, e imprescriptibles. En ese sentido, existe prohibición para trasladar, por cualquier figura jurídica, la posesión y titularidad de esos terrenos a particulares, razón por la cual, acota, las parcelas adjudicadas al estar cubiertas de bosque y ser parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce no debían disponerse en propiedad privada a su favor como resultado de la asignación de terrenos. Remite al numeral 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554. Apunta, las competencias de asignación de tierras que posee el INDER, no permite transgredir la normativa forestal. Remarca, la parcela 14 del Asentamiento Los Planes de Nombre91110 del Asentamiento Campesino Osa, perteneciente a la finca Folio Real No. 6-039334-000 a nombre del INDER, por su afectación a la Reserva Forestal Golfo Dulce, y cobertura de bosque y como tal incorporado al Patrimonio Natural del Estado, (artículo 15 de ley forestal 7575) se torna en un bien indisponible. en el tanto su otorgamiento a sujetos de derecho privado contraviene la normativa especial que regula la materia ambiental y forestal, situación que para el caso en análisis permite atribuir la existencia de vicios en el acto administrativo de asignación. Culmina, esa nulidad se produce, además, por la lesión al artículo 22 de la Ley de Biodiversidad.

IV.- Alegatos de los codemandados. La parte pasiva de esta contiende judicial expone, el INDER formula pretensiones para las cuales no se encuentra legitimada. Dice, mediante Decreto Ejecutivo No. 8494-A del 28 de abril de 1978, se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, con la salvedad de las fincas que estuvieran inscritas e incluidas dentro de esa área a nombre de particulares. Afirma, para ese momento, existían las fincas del Partido de Puntarenas matrículas Placa21562, 894 7 y Placa25627, cuya propiedad ostentaba Osa Productos Forestales S.A, Agroindustrial Rincón S.A., y O. Sociedad Anónima. Estas fincas son las que con motivo de la Expropiación efectuada por el Estado y una vez traspasadas al Instituto de Tierras y Colonización, se reunieron en una sola, naciendo la finca matrícula Placa4406 a la que hace referencia el INDER en la demanda. De ahí que las parcelas incluidas dentro de la finca No. Placa538 nunca han formado parte del dominio público. El motivo de la expropiación fue cumplir con los objetivos de la Ley No. 2825, que buscaba constituir el Asentamiento Campesino Osa, para atender los conflictos de ocupación de tierras en la zona, motivo del acuerdo de la Junta Directiva del IDA del artículo VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999. Prosigue, la discusión de demanialidad de ese asentamiento campesino ya se ha discutido en sede judicial, en el expediente No. 13-85-419-AG, en donde se confirmó que los terrenos de la finca No. Placa538 no forman parte del dominio público. Señala, el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José, en el fallo No. 1171-F-16 estimó que esas parcelas no están dentro de la parte del dominio público de la Reserva Golfo Dulce. Menciona que esa sentencia fue confirmada, en cuanto a ese aspecto, por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 14-F-2018 de las 15 horas 30 minutos del 11 de enero del 2018. Advierten, la naturaleza jurídica de sus propiedades deviene, precisamente del Decreto Ejecutivo 10088-G-H del 2 de mayo de 1979 mencionado en el hecho tercero de la demanda, en que se expropian las fincas del Partido de Puntarenas matrículas Placa21562, Placa25628 y Placa25627 (a Osa Productos Forestales S.A / Agroindustrial Rincón S.A., y O. Sociedad Anónima), reunidas actualmente en la finca No. 39334, con el fin de destinarlas a los fines de la Ley 2825 (Ley de Tierras y Colonización - ITCO INDER). Consideran, no lleva razón el INDER al señalar que esas fincas formen parte del PNE, a la vez que no ostenta legitimación para esa declaratoria. Concluyen, de considerarse que las parcelas deben pasar nuevamente a manos del Estado, deberán reconocerse los daños ocasionados, principalmente los subjetivos, sustentados en el daño moral ocasionado al enajenar bienes que fueron válida y legítimamente otorgados, desde el año 1999. Así como los materiales, ante la existencia del Contrato de Pago por Servicios Ambientales número PN-01-22-0078- 2016, bajo la modalidad de Protección de Bosque de 76.0 Ha. suscrito con FONAFIFO y vigente hasta el 2 de enero de 2022.

V.- Alegaciones de los terceros interesados. El Estado señala que se cumplen con todos los presupuestos del proceso de lesividad, ya que la acción fue presentada por el ente público que dictó el acto, mismo que es firme y favorable, a la vez que el acuerdo de Junta Directiva del artículo VI de la sesión ordinaria No. 002-99 del 06 de enero de 1999 está viciado de nulidad absoluta. Expresa, aun cuando el Asentamiento Osa hubiera sido creado con fundamento en una normativa anterior, el IDA debía respetar todos los preceptos legales que regulaban su actuación al disponer de los terrenos en favor de particulares. Expone, el terreno adjudicado a Nombre11504  y Nombre22202  es, en su mayoría, de bosque, acorde a su descripción en el plano catastrado No. P-989778-98; la manifestación de los demandados en la declaración jurada rendida el 12 de enero del 2014 (escritura número doscientos noventa y uno, folio 81 del expediente administrativo de la parcela), de que habían suscrito contratos para la protección de bosque; el contrato de pago de servicios ambientales No. PN-01-224-0005-2010 por concepto de protección de bosque en un área de 75 ha 9000 m2 de las 80 ha 4181.64 m2 que tiene el terreno (lo que equivale al 94.38%) adjunto a este escrito; la visita efectuada el primero de octubre de 1998 donde se verificó la existencia de 50 ha de bosque y 15 ha de bosque secundario (folio 16 del expediente administrativo de la parcela); y el oficio OSO-266-2019. Agrega, el inmueble se ubica en su totalidad dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, según se desprende del visado estampado en el plano No. P-989778-98 y la certificación No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 del 7 de febrero del 2018 (folio 102 del expediente administrativo del acuerdo tomado por la Junta Directiva del INDER en el artículo No. 60 de la sesión ordinaria No. 12, celebrada el 20 de mayo del 2019). Dice, los bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Asentamiento Osa, finca No. 39334 del Partido de Puntarenas inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, constituyen Patrimonio Natural del Estado según el artículo 13 de la Ley Forestal. Alude a resoluciones judiciales sobre los componentes del PNE, el cual, es de dominio público, dentro de las que cita, de la Sala Primera números 59-F-99, 1070-F-S1-2010, 1088-F-S1-2011 y 1675-F-S1-2012; y sentencias de la Sala Constitucional números 8945-2005, 17126-2006, 2063-2007, 16975-2008, 17650-2008, 17659-2008, 21258-2010 y 16938-2011. Señala, dado el carácter inalienable, ese terreno no podía ser cedido, adjudicado o entregado de ninguna manera, acorde a los preceptos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Destaca que en el fallo No. 8098-20078 y en el No. 8075-2008, la Sala Constitucional ha establecido que el IDA no estaba facultado para otorgar títulos de propiedad en terrenos del Asentamiento Osa Forestal (Dirección16459   . ), por estar ubicados en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Estima que la lesividad fue declara de manera correcta en sede administrativa y fue formulada en tiempo. Concreta que se da una evidente afectación a los intereses públicos, por la lesión al PNE. La enajenación indebida de terrenos del Patrimonio Natural del Estado modifica el destino que la Ley Forestal ha previsto para esos bienes públicos, en pugna con el artículo 50 constitucional y el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, aprobado por Ley No. 7907 de 3 de setiembre de 1999, que garantizan el derecho a un ambiente adecuado; con el principio de la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado (entre otros, votos de la Sala Constitucional números 3341-1996 y 9193-2000) y con el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica  (Ley No. 7416 de 30 de junio de 1994). En cuanto al SINAC, si bien se apersonó como tercero interesado, en la fase escrita no formuló alegaciones, empero, en el escrito de conclusiones señala que se tiene por acreditado que la finca identificada en el plano catastrado P-489778-1998 era y sigue siendo parte del PNE, por ser parte de la finca Folio Real 6-0399334-000 que pertenece al IDA y se encuentra en su totalidad de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 8494-A del 28 de abril de 1978. Expone, es de su interés que se enmienden los yerros que dieron como resultado la entrega de una finca a particulares, antes de ser consultado el Ministerio de Ambiente y Energía y este la calificara como Patrimonio Natural del Estado, como lo establece el artículo 15 de la Ley Forestal No. 7575, antes de tomarse el acuerdo de asignación de la parcela número 14 de marras. Dice, la creación de La Reserva Forestal Golfo Dulce se dio mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 8494-A del veintiocho de abril del año mil novecientos setenta y ocho, y la expropiación de las fincas que la contienen se dio desde el año mil novecientos setenta y nueve, con los Decretos Ejecutivos No. 10244-G del cinco de julio de mil novecientos setenta y nueve y 10088-G-H de dos de mayo de mayo de mil novecientos setenta y nueve, momento en que esas tierras pasaron a nombre del Estado costarricense. De seguido se ingresa al examen de los temas debatidos.

VI.- Presupuestos para el proceso de lesividad. Atendiendo a la pretensión formulada, es necesario precisar sobre el cumplimiento de los presupuestos propios del proceso de lesividad, siendo que es esta la modalidad que se atiende en esta causa. Con todo, siendo el objeto de esta contienda el análisis de validez (vía lesividad, se insiste) de un acto administrativo de contenido favorable, se hace necesario, de manera breve, establecer el cumplimiento de los diversos presupuestos que impone el ordenamiento jurídico para la formulación de un proceso de lesividad, siendo que la ausencia de uno de estos elementos vedaría y haría imposible, acceder a lo propuesto en la demanda. Cabe indicar, el análisis de estos presupuestos deviene en una práctica oficiosa para el juzgador, por constituir elementos esenciales de la acción. De manera general, la lesividad se constituye en un mecanismo jurisdiccional en virtud del cual la Administración pretende la supresión de un acto suyo, propio, firme, que, en tesis de principio, genera un efecto favorable a un tercero destinatario. Desde ese plano, en este tipo de contiendas, la lesividad es de corte subjetivo, en tanto pretende la anulación de una conducta que concede un derecho o en general, una situación de beneficio a una persona. Si bien se analiza la validez de una conducta pública concreta (y no general) de contenido favorable, ese control exige la participación del destinatario de aquella, a efectos de que pueda ejercitar su derecho de defensa y contradictorio respecto de pretensiones que buscan la alteración de su situación jurídica. Tal figura se encuentra positivizada en el canon 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, norma que fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura. Empero, se encuentra referenciada, además, en el numeral 173.6 en relación al 183 de la Ley General de la Administración Pública. Desde la óptica de los presupuestos procesales, se imponen condiciones subjetivas, objetivas, procedimentales y temporales. En cuanto a la arista subjetiva, la legitimación activa se concede a la Administración emisora del acto cuestionado, en tanto que el legitimado pasivo es el receptor de los efectos de la conducta, sea, quien obtiene sus bondades. En lo atinente a la arista objetiva, la lesividad se constituye como un mecanismo de eliminación jurídica de actos administrativos de alcance particular y de contenido firme y favorable, que sean disconformes sustancialmente con el ordenamiento jurídico, sea, los actos que padezcan de una invalidez de grado absoluto (artículos 128, 158, 165 y concordantes de la citada Ley General No. 6227). En esa línea, la Administración debe declarar lesivo a los intereses públicos esa conducta, lo que debe ser establecido dentro de un marco de acciones internas de la Administración que son impostergables para formular la acción. En efecto, en el orden procedimental, se impone que el jerarca máximo supremo de la Administración Pública respectiva, declare la lesividad del acto, sea por lesión a intereses económicos, fiscales o de otra índole que se desprendan del interés público. Lo anterior mediante la debida motivación de las causas que sustentan esas consideraciones, para lo cual, bien puede ampararse en un criterio jurídico-técnico de base que sustente esa determinación. A diferencia de otras figuras de supresión de conductas públicas (como es el caso de la nulidad oficiosa prevista en el artículo 173 LGAP), no requiere de audiencia al tercero, sino solo de acciones a lo interno de la Administración que buscan verificar la existencia expresa de voluntad administrativa emitida por el jerarca máximo, en el sentido de pretender la supresión del acto. Es dentro del proceso judicial que el tercero podrá establecer sus alegatos de defensa. Ahora bien, cuando el acto emane del Estado (ver art. 1 Ley General), sea, de la Administración Central, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República (canon 16 de la Ley No. 8508), previo pedimento del jerarca máximo supremo y declaratoria interna de lesividad, con detalle de los motivos de ese criterio. Tal representación se impone además en el caso de los actos del Poder Judicial emitidos en el ejercicio de su función administrativa, como es el caso de los actos dictados por el Consejo Superior, cuya lesividad debe declararse por Corte Plena. Cuando dimane de un ente público, las reglas de representación judicial son las establecidas en el ordinal 17 de esa misma codificación. En cuanto a la dimensión temporal, la nueva normativa procesal establece un plazo de un año contado a partir del día hábil siguiente a su emisión (que no de su comunicación) para declarar lesivo el acto a los intereses públicos en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que el acto padeciere de nulidad absoluta, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34.1 del CPCA, esa declaratoria interna puede hacerse mientras perduren los efectos del acto. En tal hipótesis, el año se computa desde el cese de sus efectos, y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta. Luego de esa declaratoria (y no a partir del vencimiento de ese primer año), se otorga un plazo de un año para plantear la acción contenciosa administrativa a modo de plazo fatal de caducidad, según lo estatuye el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. La excepción se configura en tutela de dominio público, caso en el que la acción de lesividad no está sujeta a plazo por la aplicación de la cláusula general de imprescriptibilidad de ese tipo de bienes, según se deriva del canon 261 del Código Civil, de suerte que, tanto la declaración de lesividad, como la formulación de la correspondiente acción judicial, no se condicionan por virtud del tiempo.

VII.- Presupuestos de lesividad en el caso concreto. En la especie, en cuanto al elemento subjetivo, cabe destacar que la demanda se formula en contra del punto 22) del Acuerdo VI de la sesión 002-99 celebrada el 6 de enero de 1999 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, por haber aprobado "declarar beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, sector Los Planes de Drake" a Nombre11504   y Nombre22202   , de la parcela 14 del Asentamiento Los Planes de Drake. En ese sentido, a tono con las reglas propias de esta modalidad, la pretensión de lesividad solamente podría ser formulada por la Administración que ha adoptado ese comportamiento formal. En este caso, es justamente el INDER el ente público a quien corresponde tal prerrogativa procesal, por lo cual, se satisface la legitimación activa, acorde al precepto 10.5 del CPCA. Las alegaciones de la parte demandada en cuanto a la carencia de este presupuesto procesal no son atendibles, en la medida en que los señalamientos en cuanto a la supuesta improcedencia de declarar los terrenos objeto de disputa como PNE, no es un tema que se relacione directamente con la pretensión anulatoria planteada, sino con los motivos de fondo que podrían darle sustento. Por otro lado, la demanda se cursa en contra de las personas físicas beneficiarias del acto cuestionado, de conformidad con el canon 12.3 del CPCA, lo que dice de la cobertura satisfactoria de la legitimación pasiva. En lo que refiere a la arista objetiva, el acto cuestionado es de orden concreto e individual, que declara a los demandados como beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas que forman parte del Asentamiento Campesino Osa. Se trata, a no dudarlo, de un acto de contenido y efecto favorable, en tanto configura derechos subjetivos a favor de esas personas. De igual manera, es una conducta que se encuentra firme, condición indispensable para su reprochabilidad por estos medios. Tocante a las exigencias procedimentales, consta en autos que mediante acuerdo adoptado por la Junta Directiva del INDER en el artículo No. 60 de la sesión ordinaria 12, celebrada el 20 de mayo del 2019, ese cuerpo colegiado dispuso:

“Declarar absolutamente lesivo a los intereses públicos el punto 22) del Acuerdo VI de la sesión 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, por haber aprobado “declarar beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas del Asentamiento Los Planes de Drake” a Nombre11504   y Nombre22202   , de la parcela 14 del Asentamiento Los Planes de Drake, a pesar de que esos terrenos desde 1978 se encontraban en un cien por ciento de su cabida dentro del Área Silvestre Protegida llamada Golfo Dulce (Reserva Forestal Golfo Dulce) y, que todas sus áreas conforman al Patrimonio Natural del Estado, según se demuestra en la certificación No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 del 07 de febrero del 2018 del Área de Conservación de Osa del SINAC, puesto que ese acuerdo de Junta Directiva constituye una desafectación de terrenos de bosque afectados por la Reserva Forestal Golfo Dulce de conformidad con el artículo 13, siguientes y concordantes de la Ley Forestal, y por lo tanto es un acto administrativo disconforme con el Ordenamiento Jurídico costarricense. 2) Instruir a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que interponga ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el proceso de lesividad con el fin de anular el punto 22) del Acuerdo VI de la sesión 002-99 celebrada el 6 de enero de 1999 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, de anular el Acto Administrativo correspondiente de manera individualizada contra Nombre11504   y Nombre22202   , e integre como parte interesada al SINAC y MINAE, puesto que es el mismo Decreto Ejecutivo No. 8494-A (del 28 de abril de 1978, es decir, desde la creación de la RFGD que se indica (específicamente véase el artículo 4 y 5) la obligación en la PGR de inscribir los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como PNE, y la obligación del SINAC de deslindar y vigilar esos terrenos.”

Así consta a folios 1 a 11 vuelto del legajo administrativo. Cabe destacar, además, que el citado acto interno expone las razones de hecho y de derecho que dieron cabida a su contenido. En esa línea, la demanda bajo examen cumple con los parámetros formales en cuanto al procedimiento. En lo que respecta al elemento temporal, cabe destacar, la parte pasiva ha reiterado la defensa de caducidad de la acción, por lo que, será analizado en el considerando siguiente.

VIII.- Sobre la caducidad de la acción. Los demandados formulan defensa de caducidad. Reprochan, se solicita la nulidad del acuerdo de la Junta Directiva del IDA, artículo VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999. Acusa, el plazo de un año previsto en el numeral 34.1 del CPCA, feneció sin que la Administración lo declarara lesivo. Señalan, pese a que el INDER alega que el PNE es imprescriptible, sus propiedades no son bienes demaniales, tal y como fue confirmado por la Sala Primera en la sentencia No. 14-F-2018 del 11 de enero del 2018. Por su parte, tanto el INDER como los terceros interesados sostienen la imprescriptibilidad de la acción anulatoria, a partir del carácter demanial de las fincas en cuestión. De ahí que la definición de la naturaleza pública o privada del régimen de dominio de las parcelas concedidas a los accionados, es determinante para la definición de dos cuestiones esenciales. Por un lado, la incidencia de este régimen en cuanto al elemento temporal de la lesividad, aspecto determinante para pronunciarse sobre la defensa de caducidad opuesta. Por otro, el régimen normativo de protección que incidirá en el análisis de fondo que se propone a partir del debate que aportan los litigantes. Sobre este particular, del elenco de hechos probados se tiene que, a raíz de una serie de conflictos en el régimen de ocupación de tierras, mediante el numeral 1 del Decreto Ejecutivo 8494-A del 28 de abril del 1978, se dispuso la afectación de los terrenos de la Compañía Osa Productos Forestales, mediante la creación de los límites de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Luego, esos límites fueron modificados por el Decreto Ejecutivo No. 9388-A de fecha 30 de noviembre de 1978 y posteriormente por el Decreto Ejecutivo No. 10142-A del 12 de junio 1979. Posteriormente, por Decretos Ejecutivos número 10088-G-H del 2 de mayo y número 10244-G del 5 de julio, ambos del año 1979, se dispuso la expropiación de los terrenos que mantenía la Empresa Osa Productos Forestales, localizados en la Península de Osa y, su posterior traslado al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) e inscripción en el Registro Público de la Propiedad, los que se encuentran matriculados, actualmente, bajo el folio real del Partido de Puntarenas Placa20756. Según se ha establecido como aspecto no controvertido, en dichos terrenos expropiados, el IDA (ahora INDER) constituyó el Asentamiento Campesino Osa, siendo que, desde 1980, inició una etapa de adjudicación y titulación a los ocupantes de los terrenos en el Asentamiento Campesino Osa. En lo que respecta a los demandados, se tiene que en Acuerdo de Junta Directiva del entonces IDA, Artículo VI de la sesión 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999, se aprobó declarar beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, Dirección14233    , a diferentes personas, entre las cuales se encuentra en el punto 22), el señor Nombre11504   y la señora Nombre22202   , como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planes de Nombre91110. Los destinatarios alegan que, dados los parámetros del Decreto No. 10088, sus parcelas no forman parte del dominio público, al haber sido destinadas a favor de las funciones del IDA. Sobre ese particular, se tiene que mediante el Decreto Ejecutivo No. 8494-A del 01 de junio de 1978, publicado en La Gaceta No. 104, Alcance No. 92 del 01 de junio de 1978, se estableció la Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGD), que comprende el territorio ubicado dentro de la demarcación que consta en el mapa topográfico 1-50000 IGN-Changuera 3542 TV, Rincón 3542 II. Sierpe.4442 II, Llorona 3441 I, Golfo Dulce 3541 IV. Carate Placa25626, y cuyos límites concretos constan en ese mandato. A la luz del precepto 2 ejusdem, esa reserva comprende un área de 84.538 Ha 1875 m2, terrenos que fueron declarados inalienables (art. 3) con la orden de inscripción como finca del Patrimonio Nacional. El canon 6 de esa fuente, estableció la restricción de actividades, salvo permiso previo del “Director General Forestal” árboles, extracción de productos forestales, caza o captura de animales silvestres, recolección o extracción de sus productos o despojos, quemas, así como cualquier tipo de actividad agrícola, pecuaria, industrial, comercial o de explotación forestal. Por su parte, el numeral 8 estableció:

“Artículo 8°-Las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria establecidas dentro de los límites de la Reserva quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal. Las labores agrícolas que en estas fincas se realicen deben contar con la autorización escrita del Director General Forestal mientras el Estado no las adquiera.”

Luego, los límites de esa reserva fueron modificados por los Decretos números 9388-A del 30 de noviembre de 1978 y No. 10142-A del 12 de junio de 1979. Por otro lado, el Decreto Ejecutivo No. 10088-G-H, de fecha 02 de mayo de 1979, dispuso la expropiación de una serie de terrenos detallados en el numeral primero, que se encontraban a nombre de la empresa Osa Productos Forestales S.A. (Agroindustrial Rincón S.A.). En el numeral 5 de esa norma, se estableció la autorización a la Procuraduría General de la República para titular esas tierras a nombre del entonces Instituto de Tierras y Colonización, para que las destine a los fines de la Ley No. 2825 del 14 de octubre de 1961. Esos terrenos expropiados dieron paso a la finca matrícula de Folio Real Placa13266. Asimismo, sobre esa heredad pública, se constituyó el Asentamiento Campesino Osa, dentro de la cual, a partir de 198, el IDA inició un proceso de titulación a los ocupantes de los predios en dicho asentamiento campesino, aspecto que, en el caso de los accionados, se concretó, se insiste, con la adopción del acuerdo de Junta Directiva del IDA, artículo VI de la sesión 022-99 del 06 de enero de 1999, punto 22). Luego del análisis de las alegaciones de hecho y de derecho formuladas por las partes principales y terceros interesados en este proceso, es consideración de este Tribunal, que a partir de las implicaciones jurídicas de la Ley Forestal No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, y posteriormente, la Ley Forestal, No. 7575, vigente desde el 16 de abril de 1996, los terrenos que constituyan parte del PNE, forman parte del régimen especial de dominio público, y por ende, resultan ser inalienables, intransferibles, a la vez que las acciones de defensa para con este tipo de bienes, no se encuentra sujeta a plazo, dada su imprescriptibilidad. En efecto, a la luz del numeral 13 de la Ley No. 7575, el PNE está constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a nombre del Estado, las pertenecientes a Municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, salvedad de los bienes que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El precepto 14 ibidem estatuye las condiciones legales de inembargabilidad e inalienabilidad de dicho patrimonio natural, expresando de manera diáfana, que la posesión por parte de los particulares no confiere derecho alguno oponible frente a ese régimen prevalente. De igual manera, resalta el carácter imprescriptible de las acciones reivindicatorias que sean de rigor por parte del Estado o entes públicos competentes. Incluso, ese precepto destaca la imposibilidad de matriculación de esos bienes mediante información posesoria. Congruente con ese contenido regulatorio, el mandato 15 de la citada legislación, impone de manera expresa la restricción a la Administración de permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera entregar, ni dar en arriendo los terrenos rurales de su propiedad o administración, sin que hayan sido, previamente, clasificados por el MINAE. La norma a su vez señala que, si esos terrenos están cubiertos por bosque, quedarán automáticamente incorporados al PNE, y deberá constituirse una limitación inscribible en el Registro Inmobiliario. De esa manera, lo determinante en esta causa, estriba en establecer si esas parcelas forman parte del PNE, dada su ubicación y condiciones naturales.

 IX.- En detalle del anterior aspecto, del análisis de los autos se desprende que, al momento en que el IDA adoptó el acto administrativo de contenido favorable que concede a los accionados la adjudicación y titulación de sus parcelas, sea, Artículo VI de la sesión 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999, esos bienes ya formaban parte de la RFGD, acorde a los límites y linderos establecidos en el Decreto No. 8494-A de 1978, y sus posteriores reformas. En consecuencia, conforme al concepto y composición que estatuye la Ley No. 7575, desde ese momento, formaban parte del PNE. A partir de esa inclusión geográfica, forman parte de un régimen demanial especial de derecho público, que le impregna de las condiciones jurídicas ya señaladas, y cuyo desarrollo dogmático y jurisprudencial, se hace innecesario, por su amplitud, pero que remarca, como se ha indicado ut supra, su carácter inalienable e imprescriptible. La pertenencia a ese régimen se desprende del contenido de certificaciones que ponen en evidencia, irrefutable, que la totalidad del área que compone el terreno de los accionados, se encuentra dentro de los límites de la citada Reserva Forestal. Así puede verse en la certificación No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 del 07 de febrero del 2018 del Área de Conservación Osa del SINAC, en la que se indica que la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planes de Drake, adjudicada a Nombre11504   y Nombre22202    identificada con el plano catastrado P-489778-1998, es parte de la finca folio real No. 6-039334-000 a nombre del INDER, la cual se encuentra en un cien por ciento de su cabida dentro del Área Silvestre Protegida llamada Reserva Forestal Golfo Dulce y, que todas sus áreas conforman al Patrimonio Natural del Estado. En ese mismo sentido, en oficio IRT-0175-2018 del 06 de marzo del 2018, la Unidad de Información y Registro de Tierras del lNDER, indica que la propiedad identificada con el plano catastrado No. P-489778-1998 es parte de la finca folio real No. 6-039334-000, y que se encuentra afectada por la Reserva Forestal Golfo Dulce. Esto coincide con el contenido del oficio IRT-624-2018 del 13 de agosto del 2018 de la Unidad de Información y Registro de Tierras del INDER, se indicó que no existe correspondencia o coincidencia, en cuanto a la ubicación cartográfica que muestra el plano No. P-489778-1998, con respecto a los datos del levantamiento en la realidad física de la parcela. Se señala que hay un desplazamiento aproximadamente de 250 metros. Tales condiciones llevan a considerar que aún la percepción de los demandados en cuanto al presunto destino de la finca en cuestión a las competencias del entonces ITCO, hoy en día INDER, lo cierto del caso es que no se ha logrado rebatir que la aludida parcela número 14, asignada en el año 1999 por el mencionado acuerdo de la Junta Directiva del IDA, se encuentra dentro de los límites territoriales de la RFGD, aspecto que, aunado a su indudable cobertura boscosa, le catalogan como parte del PNE, de conformidad con el ordinal 15 de la Ley Forestal y con ello, su naturaleza jurídica no es propia del régimen privado de dominio, sino, que forma parte de los bienes demaniales, afectos a normativa y fines especiales, asociados al interés público, en este caso, de orden ambiental. De ese modo, la demanialidad de estos bienes supone que las acciones de tutela judicial respecto de aquellos, se rigen por el principio de imprescriptibilidad. Así en efecto lo estatuye el canon 34.2 del CPCA en cuanto establece: “2) La lesividad referente a los bienes del dominio público no estará sujeta a plazo.” Por ende, debe disponerse el rechazo de la defensa de caducidad formulada por la parte pasiva. Ergo, cumplido se con todas las exigencias procesales en torno a la admisión de la lesividad, de seguido se ingresa al examen de las cuestiones de fondo debatidas.

X.- Sobre las pretensiones anulatorias de la asignación de la parcela. En lo que corresponde a los reclamos planteados en contra del artículo VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999, punto 22) de la Junta Directiva del entonces IDA, dicho acuerdo dispuso:

“ACUERDO 6. De conformidad a la nota enviada por Selección de Beneficiarios por medio del oficio SSB-714-98, de fecha 16 de diciembre de 1998, se aprueba declarar beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, Sector Los Planes de Drake, sitio Sierpe, Osa, de la provincia de Puntarenas, Región Brunca: 1. (…) 22. Nombre11504   1-570-168 Dirección16460   Nombre22202  PAS.175-161209-012136 14 (…)”.

Así consta a folios 17-19 del expediente administrativo. La parcela asignada, tiene una cabida de 80 ha 4181.64 m2, según plano catastrado P-489778-98, y dio origen a la finca del partido de Puntarenas matrícula de Folio Real Placa20756 y detalle registral a folios 78-80 del administrativo. Como fue reseñado en el análisis de la caducidad formulada, a la luz de la certificación No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 del 07 de febrero del 2018 del Área de Conservación Osa del SINAC, se desprende que la citada heredad (Placa20756) que corresponde a la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planes de Drake, se localiza en su totalidad dentro del espacio territorial definido para el Área Silvestre Protegida llamada Reserva Forestal Golfo Dulce. Como se ha señalado, dicha reserva constituye Patrimonio Natural del Estado, afecto al régimen de protección de los bienes demaniales, en orden a lo estatuido por los preceptos 13 al 15 de la Ley Forestal. Desde ese plano, es claro que, a tono con la doctrina que deriva de los cánones 261 y 262 del Código Civil, junto con esas normas especiales que rigen los bienes que componen el PNE, los bienes demaniales, como los aludidos, ostentan un régimen especial de propiedad, propia del Derecho Público, y que son, en definitiva, inalienables, imprescriptibles e intransferibles. De ahí que su titulación, o bien, el otorgamiento de derechos de disposición de aquellos, a favor de personas particulares, supone, sin duda, un quebranto al régimen normativo de esta categoría de dominio. Esto supone, que cualquier acto de disposición sobre este tipo de cosas públicas, mostraría un antagonismo a la legalidad administrativa, patología que es propia de in vicio grave, que lleva a la nulidad absoluta de ese tipo de conductas administrativas habilitantes. Los accionados reprochan que la demanialidad de las parcelas que se constituyeron como derivación de las disposiciones que dieron base a la creación del RFGD, ya ha sido definido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como derivación de la casación formulada en contra de la sentencia No. 1171-F-16 del Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José, dentro del expediente No. 13-85-419-AG. En ese sentido, cita el voto de aquella instancia casacional, No. 14-F-2018 de las 15 horas 30 minutos del 11 de enero del 2018, al señalar:

“VII.- Criterio de esta Sala. (...) Se insiste, cuando a través del Decreto Ejecutivo 10088-G-H del 2 de mayo de 1979, se expropian las fincas del Partido de Puntarenas matrículas Placa21562, Placa25628 y Placa25627 (a Osa Productos Forestales S.A / Agroindustrial Rincón S.A., y O. Sociedad Anónima), y se autorizó a la Procuraduría General de la República para que traspasara esos inmuebles al ITCO, lo fue para que los destinara a los fines de la ley 2825 Ley de Tierras y Colonización - ITCO INDER) (...) Esta Sala comparte lo resuelto por el Tribunal cuando indica que tales bienes no están comprendidos en lo que se entiende como parte del dominio público de la Reserva Golfo Dulce, por lo que no debió de indicarse tal consideración en el fallo del Juzgado."

Empero, por un lado, tal juicio de valor no es oponible a esta contienda, en la medida en que no hace cosa juzgada, siquiera refleja, sobre lo que aquí se discute. Por otro, en la especie, se ha tenido por acreditado, aspecto que la parte accionada no ha logrado desacreditar, que esa finca se encuentra dentro de la cabida definida para la Reserva de Golfo Dulce. Se limita la postular la negativa del carácter demanial de esa zona, pero, en definitiva, tal derivación no se corresponde con el levantamiento topográfico que se define en esas certificaciones y que puede visualizarse en el plano interno levantado por el INDER, visible a folio 109 del administrativo de Asuntos Jurídicos de ese ente público. Por otro lado, aunado a esa pertenencia territorial, se ha tenido por acreditado que desde el momento de la adopción del acto objeto de este proceso, el terreno que compone la parcela 14 en cuestión, contaba con cobertura boscosa correspondiente a 50 hectáreas de bosque y 15 hectáreas de bosque secundario, tal y como se desprende en la descripción de montaña en el plano P-489778-98 (Folio 101 del administrativo de Asuntos Jurídicos) y el acta de la visita efectuada el primero de octubre de 1998, que rola a folio 16 del expediente administrativo de la parcela. La existencia de este factor lleva a que al momento de adoptar el acto de asignación de la parcela, en fecha 11 de enero de 1999, atendiendo a la restricción que impone el ordinal 15 de la Ley Forestal, el IDA no contaba con habilitación legal para conceder derecho alguno, sea por enajenación, cesión o cualquier medio de entrega, sobre esos terrenos, sobre los que, se insiste, había constancia inequívoca sobre la cobertura boscosa referida, aspecto que de manera directa, fortalecía su inserción dentro del PNE y por ende, su carácter demanial. Incluso, tal y como señala el Estado, como tercero interesado en esta causa, ya la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha puesto de manifiesto la ilegalidad de titulaciones realizadas por el IDA o INDER, respecto de terrenos que se encontraban afectos al régimen del PNE, postura que puede verse, a modo de referencia, en los votos 1070-2010, 252-2011, 853-2011, 1088-2011, 1675-2012. Este efecto ha sido tratado en múltiples precedentes de la Sala Constitucional, criterio que puede verse, entre muchas, en las sentencias 16975-2008, 17650-2008, 17659-2008, 16938-2011 y 12973-2013. Incluso, cabe destacar que en el voto No. 8075-2008 de las 17 horas 32 minutos del 13 de mayo del 2008, en un proceso de amparo en el que se debatía el derecho del recurrente de obtener la titulación de parte del INDER de un terreno ubicado dentro del Asentamiento Campesino Osa, ese Tribunal Constitucional expresó la tesis de que al encontrarse esa parcela dentro de la zona del RFGD, no era factible tal requerimiento. En ese sentido expresó:

“IV.- El caso concreto. El otorgamiento de títulos de propiedad en inmuebles sometidos a la Reserva Forestal Golfo Dulce. Refiere el recurrente que, manteniendo una ocupación de veintiséis años sobre una parcela del Instituto de Desarrollo Agrario en Sierpe de Osa, tal institución pública omite la titulación de las propiedades en perjuicio suyo y de una gran cantidad de ocupantes, siendo que ya se habían otorgado con anterioridad algunas escrituras, por lo que resulta inconsecuente que la administración continúe atrasando la titulación. Del informe rendido bajo la gravedad del juramento y de la prueba que consta en autos, la Sala tiene por acreditado que la parcela que ocupa el amparado se encuentra dentro del denominado Asentamiento Osa, el cual se enclava dentro de las propiedades que en su momento el Estado expropió a la compañía Osa Productos Forestales S.A., y que quedó luego afectada bajo un régimen especial de protección al constituirse la Reserva Forestal Golfo Dulce. Tal como lo señala la autoridad recurrida, el Instituto de Tierras y Colonización –luego Instituto de Desarrollo Agrario- inició en su oportunidad la titulación de los inmuebles de manera paulatina, pero que por la trascendencia de la afectación de los terrenos como pertenecientes a la citada reserva forestal, hubo de suspender la titulación pues legalmente se encuentra impedido e imposibilitado de hacerlo, pues como institución pública debe apegarse al principio de legalidad y, en el presente caso, existen claras disposiciones que ordenan la inalienabilidad de los inmuebles como el ocupado por el recurrente.

De conformidad con la jurisprudencia de cita, la Sala advierte que en efecto la administración se encuentra absolutamente impedida de continuar con el proceso de titulación de los terrenos que quedaron inmersos dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce - salvo que en el futuro sobreviniera una reforma legal técnicamente fundamentada que eliminara la afectación-, por lo que no se está en presencia de un acto arbitrario o ilegítimo de la administración, sino de actuaciones amparadas de manera justificada en un amplio espectro normativo –internacional, constitucional, legal y vía decreto ejecutivo-.

La Sala ha tenido ya oportunidad de pronunciarse en un asunto bastante similar al presente, donde también se discutió el proceso de titulación de las parcelas de la misma finca inscrita bajo el sistema de folio real número 39334-000 que reclama el amparado; en esa oportunidad, y mediante sentencia número 2007-8098, de las dieciséis horas veinticuatro minutos del doce de junio de dos mil siete, definió expresamente la Sala:

“Los recurrentes pretenden que este Tribunal, en el fondo, analice y determine la procedencia de un proceso de titulación de tierras en la zona protegida de Golfo Dulce, pues estiman que les asiste ese derecho y que los recurridos no se los ha querido reconocer. En primer término, cabe indicarle a los petentes que, según se desprende del propio memorial inicial y de los Decretos en él citados, la declaratoria de zona protegida o Reserva Forestal de Golfo Dulce, en la cual se vio inmerso un ochenta por ciento del inmueble en cuestión data de abril mil novecientos setenta y ocho y la expropiación de esas tierras a Osa Productos Forestales de mayo de mil novecientos setenta y nueve. Eso quiere decir que las tierras que habitan fueron declaradas Reserva Forestal antes de ser repartidas entre los recurrentes, por lo que de hecho no podía el ITCO y luego el IDA titular sobre las mismas. (…)

En tales supuestos, existe una imposibilidad material para los recurridos de titular terrenos dentro de las reservas de carácter forestal por resultar tal proceder inconstitucional, según lo dispuesto por este Tribunal, salvaguardándose, conforme al contenido de las sentencias transcritas, los derechos adquiridos de buena fe según el dimensionamiento que esta Sala estableció en cada una de las sentencias citadas. Por ello el recurso planteado resulta improcedente, y así debe declararse, sin perjuicio de que los recurrentes puedan iniciar en contra de los recurridos las acciones que estimen pertinentes en la vía ordinaria contencioso administrativa, tendente a la protección de sus intereses y derechos.”

En este sentido, la Sala aprecia que las actuaciones del Instituto de Desarrollo Agrario al suspender el proceso de titulación, al contrario de la apreciación del recurrente, se encuentran en estricto apego de las obligaciones asumidas por el Estado en materia de protección al ambiente, por lo que toda pretensión sobre la dimensión individual del derecho de propiedad debe ceder ante la amplia protección al ambiente con evidente interés público impuesta por la normativa constitucional y la normativa internacional de cita.”

Dicho precedente fija de manera contundente la prevalencia del régimen demanial impuesto por la Ley Forestal en los terrenos que se encuentran dentro de la zona fijada para la Reserva Forestal de Golfo Dulce, ante lo cual, es consideración de este cuerpo colegiado, las referencias a la supuesta naturaleza privada de la parcela 14, por haberse asignado al ITCO para cumplir con los fines de la Ley No. 2825, no son atendibles. De esa manera, habiéndose establecido la naturaleza dominical del terreno inserto en el plano catastrado número P-489778-98, que dio paso a la finca inscrita bajo sistema de Folio Real 039334-000, del Partido de Puntarenas, no queda duda a esta Cámara sobre la procedencia de las pretensiones anulatorias que dan base a esta demanda de lesividad. En consecuencia, debe disponerse la nulidad de las conductas arriba enunciadas, en los términos que infra se detallarán.

XI.- Sobre las demás cuestiones debatidas. Ahora bien, la tercera pretensión alude a una orden de desocupación de los terrenos asignados en el siguiente sentido: “3. Que se ordene a la parte demandada a hacer entrega material inmediata y poner en posesión del bien objeto del proceso al Minae por medio de la Oficina Regional del Área de Conservación Osa.” En rigor, el contenido sustancial de este ruego consiste en una derivación lógica de la estimación de la pretensión de lesividad. Si la titulación dictada a favor de los accionados en el acuerdo adoptado en el artículo VI de la sesión No. 002-99 del 06 de enero de 1999, de la Junta Directiva del entonces IDA es contrario a legalidad, de manera absoluta, y su supresión supone la ilegitimidad del régimen de disposición de las parcelas indebidamente adjudicadas y asignadas, resulta notorio y evidente que la consecuencia lógica de esa declaratoria es la entrega material de esos bienes y la cesación de los derechos de disposición que en virtud de aquel acto habilitante fueron otorgados. Por ende, dicho reclamo debe ser estimado, si otro motivo legal así no lo impide. Por otro lado, los demandados señalan en su escrito de conclusiones que, en caso de disponerse la nulidad de sus títulos, deben cancelarse a su favor los daños y perjuicios ocasionados, alegando lo siguiente: “En ese entendido, de considerarse que las parcelas deben pasar nuevamente a manos del Estado, deberán reconocerse los daños ocasionados a mis representados, principalmente los subjetivos, sustentados en el daño moral ocasionado al enajenar bienes que fueron válida y legítimamente otorgados a mis representados, desde el año 1999. Así como los materiales, ante la existencia del Contrato de Pago por Servicios Ambientales número PN-01-22-0078- 2016, bajo la modalidad de Protección de Bosque de 76.0 Ha. suscrito por mis representadas con FONAFIFO y vigente hasta el 2 de enero de 2022 (ver Documento 3, así como la prueba ofrecida durante la Audiencia Preliminar)”. Si bien lo demandados presentan a este proceso copia de los aludidos contratos de pago por servicios ambientales, mismos que constan a imágenes 178-179 del principal, lo cierto del caso es que, formalmente, no se ha formulado reconvención alguna en esta causa, que permita a este Tribunal pronunciarse sobre tales cuestiones. Ante la omisión de haber formulado expresamente una pretensión de contrademanda en ese sentido, no se encuentra habilitado esta Cámara para emitir un pronunciamiento sobre ese aspecto, sin lesionar el debido proceso y la máxima de congruencia procesal. Nótese que ese alegato (que no pretensión formal) se formula hasta en el escrito de conclusiones, con lo cual, no se ha presentado un debate o contradictorio de las partes en relación a ese extremo. Se trata de una cuestión que bien puede ser formulada por los accionados en ejercicio de la defensa de lo que estiman son sus situaciones jurídicas tutelables, pero que, ante la situación apuntada, no puede abordarse en esta contienda. De ahí que deba disponerse su rechazo, sin emitir juicio de fondo sobre ese particular. Con todo, cabe advertir que de conformidad con el elenco de hechos probados, en el expediente judicial 15-004913-1027-CA, interpuesto por Nombre22202    contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) -actual lnder-, se pretende: (i) la indemnización de dos propiedades ubicadas en la Reserva Forestal Golfo Dulce por encontrarse está en Patrimonio Natural del Estado, (ii) o la reubicación en fundo de iguales condiciones al amparo de los Acuerdos de Junta Directiva No. 11 de la sesión No. 400 del 08 de junio de 1965, No. VI de la sesión No. 1 196 de 16 de junio de 1970, No. 4 de la sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974, y No. VI de la sesión No. 712 del 2 mayo de 1967, todos encaminados a dar solución a la problemática de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A: (iii) así como el pago de daños y perjuicios por la supuesta inacción administrativa. No obstante, es claro para esta Cámara que la tramitación de ese proceso no constituye causa prejudicial respecto del objeto de esta contienda.  

XII.- Corolario. Como derivación de lo expuesto en los considerandos precedentes, debe acogerse la demanda en todos sus extremos y en consecuencia, se dispone: 1) Se declara declara la nulidad absoluta, para efectos de su inaplicabilidad a futuro, del Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo VI de la sesión 002-99, celebrada el 06 de enero de 1999, en su punto 22) en cuanto declara como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela 14 del Asentamiento Campesino Osa, Dirección14233    , sitio en SIERPE, Osa, al señor Nombre11504   y a la señora Nombre22202   . 2) Una vez firme la sentencia, debe disponerse el desalojo y respectiva puesta en posesión a favor del MINAE, por medio de la Oficina Regional del Área de Conservación Osa, del inmueble objeto de este proceso, si otro motivo legal así no lo impide.

 XIII.- Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal, dado que el acto objeto de este proceso consiste en una conducta de contenido favorable que fue otorgada por el propio IDA, ahora INDER, la constitución de las situaciones jurídicas positivas de los accionados se produce dentro de un ámbito de confianza legítima y buena fe. Luego, si bien se ha establecido la procedencia de la pretensión anulatoria formulada por la propia Administración emisora, dicho aspecto lleva, a juicio de este cuerpo colegiado, a la existencia de un motivo legítimo para litigar de parte de los obligados, razón por la cual, se estima, lo debido es resolver la presente causa sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO.

Se rechaza la defensa de caducidad de la acción, así como las de falta de legitimación activa y falta de derecho. En consecuencia, se declara con lugar la demanda de lesividad formulada por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, en los siguientes términos: 1) Se declara la nulidad absoluta, para efectos de su inaplicabilidad a futuro, del Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo VI de la sesión 002-99, celebrada el 06 de enero de 1999, en su punto 22) en cuanto declara como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela 14 del Asentamiento Campesino Osa, Dirección14233    , sitio en SIERPE, Osa, al señor Nombre11504   y a la señora Nombre22202   . 2) Una vez firme la sentencia, debe disponerse el desalojo y respectiva puesta en posesión a favor del MINAE, por medio de la Oficina Regional del Área de Conservación Osa, del inmueble objeto de este proceso, si otro motivo legal así no lo impide. 3) Se resuelve sin especial condena en costas. El juez Aguilar Méndez consigna nota separada. José Roberto Garita Navarro/ Cynthia Abarca Gómez/ Daniel Aguilar Méndez. *-*-*-*-*-*-*-*

NOTA SEPARADA JUEZ AGUILAR MÉNDEZ.

Con el acostumbrado respeto para mis cojuzgadores y dado que en las consideraciones de fondo de este fallo, se alude al dominio público como un derecho real administrativo, en el tanto se aborda el tema como si se tratara de un tipo especial del derecho de propiedad, debo advertir que no comparto esa tesitura, toda vez que en mi opinión el dominio público corresponde a una categoría jurídica del Derecho Público que -sin ahondar en ello-, alude a todo un régimen jurídico por medio del cual se habilita a la Administración, a partir de un título causal de intervención, al ejercicio de una serie de potestades públicas tendientes a garantizar un uso adecuado o conservación de un bien jurídico que se estima de trascendencia para la comunidad (previo acto de afectación). Conjunto de potestades que comportan la aplicación más o menos extensa, intensa o gravosa de un régimen jurídico público sobre dicho bien, a la que se le sujeta según una escala de demanialidad dentro del régimen patrimonial de la Administración Pública y conforme lo determine el ordenamiento jurídico administrativo; de modo que su funcionalidad no se agota en una discusión de titularidad, aprovechamiento y/o disfrute de un derecho subjetivo (tal y como ocurre en los derechos reales), sino que admite toda una plétora diversa de regímenes jurídicos, circunstancia que incluso admite la coexistencia bajo una misma categoría dominical, tanto de derechos reales, como de institutos del Derecho Público, mediante la aplicación, por ejemplo, entre otras técnicas legales, de las denominadas propiedades especiales (propiedad forestal, propiedad urbanística, etc). Así las cosas, la determinación específica del grado de sometimiento al Derecho Público de un bien concreto y por ende, de si estamos o no ante un vaciamiento o de una limitación del derecho de propiedad privada que se le contrapone, dependerá del estudio de cada caso en particular.- Daniel Aguilar Méndez, Juez.-

 

EXPEDIENTE: 19-003693-1027-CA

ASUNTO: PROCESO DE PURO DERECHO (lesividad)

ACTOR: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)

DEMANDADOS: Nombre11504  , Nombre22202   .

TERCEROS INTERESADOS: EL ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

IGWTHUP. JRGN 2021

 

 




- Código Verificador -
*LC1JZZOJ4EK61*
LC1JZZOJ4EK61



 

Documento firmado por:

ROBERTO GARITA NAVARRO, JUEZ/A DECISOR/A
CYNTHIA ABARCA GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A
DANIEL AGUILAR MENDEZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:05:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE No. 19-003693-1027-CA**

**MATTER:** PURE LAW PROCEEDING (lesividad)

**PLAINTIFF:** INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)

**DEFENDANTS:** Nombre11504 , Nombre22202 .

**INTERESTED THIRD PARTIES:** EL ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

 

No. 0134-2021-VI

**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION SIX, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.** Goicoechea, at 07:30 hours on October 13, two thousand twenty-one.

 

Lesividad proceeding declared of pure law, established by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter, INDER), represented by its special judicial attorney, Karinna Castro Leitón, ID card CED108701, against Nombre11504 , identity card number CED17832 and Nombre22202 , passport number 175-61209-012136, both represented by Mr. Nombre28274 , ID card 18671. EL ESTADO, represented by the prosecutor Susana Gabriela Fallas Cubero, identity card number CED11322, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), represented by Nombre16954 , ID card CED87832, appear as interested third parties.

**WHEREAS**

 1.- By means of a written brief filed with this Office on May 27, 2019, the INDER files the lawsuit that has given rise to this proceeding so that, in essence, the judgment orders: "1... 2. That point 22) of Agreement VI of session 002-99 held on January 6, 1999, of the Board of Directors of the then Instituto de Desarrollo Agrario be declared absolutely null, for having approved 'declaring beneficiaries and adjudicatees of lots and parcels in the Asentamiento Osa, Los Planes de Drake Sector,' to Nombre11504 and Nombre22202 , of parcel 14 of the Asentamiento Los Planes de Drake, despite the fact that these lands, since 1978, were located one hundred percent of their area within the Protected Wild Area called Golfo Dulce (Reserva Forestal Golfo Dulce) and that all their areas constitute the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), as demonstrated in certification No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 of February 7, 2018, and certification No. SINAC-ACOSA-PNE-032-2019 of April 5, 2019, from the Área de Conservación Osa of SINAC, since that Board of Directors agreement constitutes a declassification (desafectación) of forest lands affected by the Golfo Dulce Forest Reserve in accordance with Article 13, following and concordant articles of the Forestry Law (Ley Forestal), and, therefore, it is an administrative act contrary to the Legal System. 3. That the defendants be ordered to materially deliver immediately and place in possession of the property that is the object of this proceeding to Minae through the Regional Office of the Área de Conservación Osa." (Images 226-241 of the main file)

 2.- Once the legal transfer was granted, the State appeared in the case, requesting to be considered as an interested third party. (Images 199-207 of the main file) The co-defendants opposed the lawsuit and formulated the defenses of lack of active standing (falta de legitimación activa), improper joinder of the litis (indebida integración de la litis), expiration (caducidad), and lack of right (falta de derecho). (Images 148-157 of the main file)

 3.- By resolution No. 571-2020-T at 10 hours 26 minutes on March 27, 2020, the procedural judge ordered the rejection of the defense of improper joinder of the litis. (Images 140-143 of the main file) Similarly, the defense of expiration was rejected by resolution No. 572-2020-T at 10 hours 28 minutes on March 27, 2020. (Images 135-139 of the main file)

 4.- In a written brief dated April 20, 2020, SINAC constituted itself as an interested third party. (Image 122 of the main file)

 5.- The preliminary hearing established in canon 90 of the Contentious-Administrative Procedure Code (CPCA), was held virtually on February 3, 2021. After the evidence admission phase, the matter was declared of pure law and the parties were granted a period of three days to submit written conclusions. (Images 42-45 of the main file)

 6.- The INDER submitted its conclusions on February 8, 2021 (images 16-21 of the main file). SINAC expressed them in a written brief dated February 8, 2021 (images 14-15 of the main file). The State formulated them on that same date, according to images 11 to 13 of the main file, while the co-defendants formulated them on February 10, 2021, as evidenced in images 3 to 10 of that same folder, within which they reiterated the defense of expiration.

 7.- This matter was referred to this Sixth Section of the Contentious-Administrative Tribunal for the issuance of the pertinent ruling on October 4, 2021, as evidenced in the detail of the Virtual Desktop System (Sistema Escritorio Virtual), in which the entirety of the main file is contained. In the proceedings before this Tribunal, no nullities have been observed that need to be corrected.

Judge Garita Navarro writes with the affirmative vote of Judge Abarca Gómez and Judge Aguilar Méndez.

**CONSIDERING**

 **I.- Proven Facts.** Of relevance for the resolution of this proceeding, the following are considered:

1) Since 1963, there existed in the Osa Peninsula area a conflict of precarious occupation on lands belonging to the logging company Osa Productos Forestales, which degenerated into confrontations and a climate of great social tension. (Not contested)

2) Starting in 1978, the Executive Branch of the Republic, through Executive Decrees, affected lands of the Compañía Osa Productos Forestales, as follows: - Creation of the limits of the Golfo Dulce Forest Reserve (RFGD) by Article I of Executive Decree No. Placa21561 (of April 28, 1978); - First Modification of the limits by Executive Decree No. 9388-A (of November 30, 1978); - Second Modification of the limits by Executive Decree No. 10142-A (of June 12, 1979). (Not contested. Consultation of the cited decrees in the SCIJ system)

3) In 1979, the Executive Branch of the Republic, through Executive Decrees number 10088-G-H of May 2 and number 10244-G of July 5, both of the year 1979, decreed the expropriation of the lands maintained by the Empresa Osa Productos Forestales, located in the Osa Peninsula, and their subsequent transfer to the Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) and registration in the Public Property Registry, currently identified under the registered folio number of the Partido de Puntarenas, Placa13266. (Not contested. Consultation of the cited decrees in the SCIJ system)

4) On the expropriated lands, the IDA (now INDER) constituted the Asentamiento Campesino Osa. (Not contested)

5) Starting in 1980, the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) began a phase of adjudication and titling to the occupants of the lands in the Asentamiento Campesino Osa. (Not contested)

6) By Agreement of the Board of Directors of the IDA (today lnder), Article VI of session 002-99 held on January 6, 1999, it was approved to declare beneficiaries and adjudicatees of lots and parcels in the Asentamiento Osa, Los Planes de Drake Sector, to different persons, among whom is found in point 22), Mr. Nombre11504 and Mrs. Nombre22202 , as beneficiaries and adjudicatees of parcel No. 14 of the Asentamiento Los Planes de Drake. (Folios 18-20 of the administrative file of the parcel)

7) Through official letter OJ-129-2002 of September 12, 2002, the Procuraduría General de la República informed the Board of Directors of the lnder that, as of the date of the aforementioned Agreement of the Board of Directors of the IDA, Article VI of session 002-99 held on January 6, 1999, the listed properties already formed part of the PNE since 1978, having entered it automatically by belonging to an autonomous institution and being included within the limits of the Reserva Forestal Golfo Dulce, without forgetting their forest cover (cobertura boscosa). It indicated that, since its incorporation into the PNE, it becomes a public domain property (bien de dominio público), and to that extent, becomes inalienable and imprescriptible, for which reason the Instituto de Desarrollo Agrario was legally prevented from alienating it (numeral 14 of the Ley Forestal) and to that extent, the annulment of the cited agreement is appropriate. (Consultation of the SCIJ system)

8) In judicial file 15-004913-1027-CA, filed by Nombre22202 against the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) - current lnder -, the following is sought: (i) the indemnification of two properties located in the Reserva Forestal Golfo Dulce because the latter is in the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), (ii) or the relocation to a property of equal conditions under the protection of the Board of Directors Agreements No. 11 of session No. 400 of June 8, 1965, No. VI of session No. 1 196 of June 16, 1970, No. 4 of session No. 1832 of December 11, 1974, and No. VI of session No. 712 of May 2, 1967, all aimed at solving the land tenure problem of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A: (iii) as well as the payment of damages for the alleged administrative inaction. (Not contested)

9) Through official letter AJ-103-2019 of March 26, 2019, the Legal Advisory Office of the lNDER issued a legal analysis in which it states, in essence, that there was clarity regarding the constitutional mandates on the impossibility of titling, the obligation, and the need to file a contentious-administrative process of lesividad in order to annul the adjudications granted, within these, the declaration of beneficiaries granted through point 22) of Agreement VI of session 002-99 held on January 6, 1999, of the Board of Directors of the then Instituto de Desarrollo Agrario, for having approved 'declaring beneficiaries and adjudicatees of lots and parcels in the Asentamiento Osa, Los Planes de Drake Sector' to Nombre11504 and Nombre22202 , of parcel 14 of the Asentamiento Los Planes de Drake, despite the fact that they were located one hundred percent of their area within the Protected Wild Area called Golfo Dulce (Reserva Forestal Golfo Dulce). (Folios 15-29 of the lesividad administrative file)

10) Through certification No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 of February 7, 2018, from the Área de Conservación Osa of SINAC, it is indicated that parcel No. 14 of the Asentamiento Los Planes de Drake, adjudicated to Nombre11504 and Nombre22202 , identified with cadastral map (plano catastrado) P-489778-1998, is part of the registered folio farm No. 6-039334-000 in the name of INDER, which is located one hundred percent of its area within the Protected Wild Area called Reserva Forestal Golfo Dulce and that all its areas constitute the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). (Folio 102 of the lesividad administrative file)

11) Through official letter IRT-0175-2018 of March 6, 2018, from the Land Information and Registry Unit of the lNDER, it was indicated that the property identified with cadastral map No. P-489778-1998 is part of the registered folio farm No. 6-039334-000, and that it is affected by the Reserva Forestal Golfo Dulce. Said official letter includes a non-cadastral map survey that reflects both areas. (Folios 108-109 of the lesividad administrative file)

12) Through official letter IRT-624-2018 of August 13, 2018, from the Land Information and Registry Unit of the lNDER, it was indicated that there is no correspondence or coincidence regarding the cartographic location shown by the map No. P-489778-1998, with respect to the survey data in the physical reality of the parcel. It is noted that there is a displacement of approximately 250 meters. (Folios 111-112 of the lesividad administrative file)

13) Through an agreement adopted in Article No. 60 of Ordinary Session 12, held on May 20, 2019, of the Board of Directors of INDER, the Declaration of Lesividad (Declaratoria de Lesividad) of the Board of Directors agreement of point 22) of Article No. VI of session No. 002-99 held on January 6, 1999, was heard, and the Legal Affairs Unit was instructed to file a lesividad proceeding. (Folios 1-11 of the lesividad administrative file)

14) That on July 6, 2010, the defendants signed with MINAE an Environmental Services Payment Contract (Contrato de pago de servicios ambientales), forest protection modality (modalidad protección de bosque), No. PN-01-224-0005-2010, over the farm that corresponds to parcel No. 14 of the Asentamiento Los Planos de Drake. (Images 195-198 of the judicial file)

15) This lesividad lawsuit was filed on May 27, 2019. (Image 226 of the main file)

 **II.- Facts Not Proven:** Of relevance for this matter, the following are considered: Sole: That prior to the administrative act to declare beneficiaries, adjudicate, segregate, and transfer the parcels, in this particular case parcel No. 14 of the Asentamiento Los Planes de Drake, to Nombre11504 and Nombre22202 , the IDA had the prior classification of the land by the Ministry of Environment and Energy, in application of the provisions of Article 15 of the Ley Forestal, Law No. 7575.

**III.- Object of the proceeding.** The purpose of this proceeding is the validity analysis of the agreement taken by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), at that time the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), point 22) of Article No. VI of session No. 002-99 held on January 6, 1999, in which it was approved to declare beneficiaries and adjudicatees of lots and parcels in the Asentamiento Osa, Los Planes de Drake Sector, to different persons, among whom is found in point 22), Mr. Nombre11504 and Mrs. Nombre22202 , as beneficiaries and adjudicatees of parcel No. 14 of the Asentamiento Los Planes de Drake. In essence, the INDER states, the Reserva Forestal Golfo Dulce, which affects the Asentamiento Campesino Osa, is Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE), therefore, public domain. It alludes to Article 13 and following articles of the Ley Forestal, regarding the PNE, a norm that declares within that category forest lands and forests in national reserves, among others, those belonging to autonomous institutions and submits them to the administration of MINAE. It highlights that these assets are unattachable and inalienable, while their possession by private individuals does not generate any right, and they cannot be registered by possessory information (información posesoria), with the State's revendication action being imprescriptible. It refers to the components of the PNE, from which, it asserts, the lands with that affectation become subject to the special regime of public domain assets (bienes demaniales). It mentions resolution No. 332 at 16 hours 20 minutes on July 7, 2000, and resolution No. 49 at 13 hours on January 31, 2002, as well as opinion C-321-2003 of the Procuraduría General de la República. It details the characteristics of public domain assets, referring to canon 262 of the Civil Code. It points out that the Administration's tolerance to stop illicit actions does not grant any right to the transgressor. The idea that the public domain, by its nature, cannot be the object of private possession is reiterated, among others, in the rulings of the Constitutional Chamber numbers 480-90, 1055-92, 1027-93, 4472-93, 914-94, 221-94, 2767-94, 3793-94, 6079-94, 6322-94, 6785-94, and 422-96. It argues that any administrative act that adjudicates or transfers to private subjects, rights over a property incorporated into the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), is vitiated by nullity, since it lacks an essential element such as the object, as the same is legally impossible and outside the commerce of men. It warns that the lands that are the object of this proceeding meet the subjective, objective, teleological, and normative elements that determine the public domain regime. It mentions that canon 15 of the same Ley Forestal establishes that the Administration may not dispose of the lands without them having first been classified by MINAE, on the understanding that, if they are covered with forest, they will be automatically incorporated into the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), without the need for prior classification from MINAE. It says, this operates by full right, regardless of the consent of the parties and subsequent procedures. It concludes that forest lands and forests constitute Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) and are subject to the public domain regime, for which reason they become inalienable and imprescriptible. In that sense, there is a prohibition on transferring, by any legal figure, the possession and ownership of those lands to private individuals, which is why, it notes, the adjudicated parcels, being covered with forest and being part of the Reserva Forestal Golfo Dulce, should not have been disposed of into private property in their favor as a result of the land allocation. It refers to numeral 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554. It points out that the land allocation competencies possessed by INDER do not allow it to transgress forestry regulations. It emphasizes that parcel 14 of the Asentamiento Los Planes de Nombre91110 of the Asentamiento Campesino Osa, belonging to the Registered Folio Farm No. 6-039334-000 in the name of INDER, due to its affectation to the Reserva Forestal Golfo Dulce, and forest cover and as such incorporated into the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) (Article 15 of the Ley Forestal 7575), becomes an unavailable asset, insofar as its granting to subjects of private law contravenes the special regulations governing environmental and forestry matters, a situation that for the case under analysis allows for attributing the existence of defects (vicios) in the administrative act of allocation. It culminates, that nullity also occurs due to the injury to Article 22 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad).

**IV.- Allegations of the Co-defendants.** The passive party of this judicial dispute states, the INDER formulates claims for which it lacks standing (legitimación). It says, by Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978, the Reserva Forestal Golfo Dulce was created, with the exception of the farms that were registered and included within that area in the name of private individuals. It affirms that, at that moment, there existed the farms of the Partido de Puntarenas registrations Placa21562, 8947, and Placa25627, owned by Osa Productos Forestales S.A, Agroindustrial Rincón S.A., and O. Sociedad Anónima. These are the farms which, due to the Expropriation carried out by the State and once transferred to the Instituto de Tierras y Colonización, were merged into one, giving rise to farm registration Placa4406 to which the INDER refers in the lawsuit. Hence, the parcels included within farm No. Placa538 have never formed part of the public domain. The reason for the expropriation was to comply with the objectives of Law No. 2825, which sought to constitute the Asentamiento Campesino Osa, to address the land occupation conflicts in the area, the reason for the IDA Board of Directors agreement of Article VI of session 002-99 of January 6, 1999. It continues, the discussion of the public domain nature (demanialidad) of that peasant settlement has already been discussed in the judicial venue, in file No. 13-85-419-AG, where it was confirmed that the lands of farm No. Placa538 do not form part of the public domain. It points out that the Agrarian Tribunal of the II Judicial Circuit of San José, in ruling No. 1171-F-16, considered that those parcels are not within the public domain part of the Golfo Dulce Reserve. It mentions that said judgment was confirmed, regarding that aspect, by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in resolution No. 14-F-2018 at 15 hours 30 minutes on January 11, 2018. They warn that the legal nature of their properties derives, precisely, from Executive Decree 10088-G-H of May 2, 1979, mentioned in the third fact of the lawsuit, in which the farms of the Partido de Puntarenas registrations Placa21562, Placa25628, and Placa25627 (from Osa Productos Forestales S.A / Agroindustrial Rincón S.A., and O. Sociedad Anónima) are expropriated, currently reunited in farm No. 39334, for the purpose of allocating them to the purposes of Law 2825 (Ley de Tierras y Colonización - ITCO INDER). They consider that the INDER is not correct in pointing out that these farms form part of the PNE, while it lacks standing for that declaration. They conclude that, if it is considered that the parcels must pass back into the hands of the State, the damages caused must be recognized, mainly subjective damages (daños subjetivos), supported by the moral damage (daño moral) caused by alienating assets that were validly and legitimately granted since the year 1999. As well as material damages (daños materiales), given the existence of the Payment for Environmental Services Contract (Contrato de Pago por Servicios Ambientales) number PN-01-22-0078-2016, under the Forest Protection modality for 76.0 Ha. signed with FONAFIFO and valid until January 2, 2022.

**V.- Allegations of the Interested Third Parties.** The State points out that all the requirements for the lesividad proceeding are met, since the action was filed by the public entity that issued the act, which is final and favorable, while the Board of Directors agreement of Article VI of ordinary session No. 002-99 of January 6, 1999, is vitiated by absolute nullity. It states that, even though the Asentamiento Osa may have been created based on prior regulations, the IDA had to respect all the legal precepts that regulated its performance when disposing of the lands in favor of private individuals. It expounds that the land adjudicated to Nombre11504 and Nombre22202 is, in its majority, forest, according to its description in cadastral map No. P-989778-98; the statement of the defendants in the sworn declaration (declaración jurada) taken on January 12, 2014 (deed number two hundred ninety-one, folio 81 of the administrative file of the parcel), that they had signed contracts for forest protection; the environmental services payment contract No. PN-01-224-0005-2010 for the concept of forest protection in an area of 75 ha 9000 m2 of the 80 ha 4181.64 m2 that the land has (which is equivalent to 94.38%) attached to this brief; the visit carried out on October 1, 1998, where the existence of 50 ha of forest and 15 ha of secondary forest was verified (folio 16 of the administrative file of the parcel); and official letter OSO-266-2019. It adds that the property is located in its entirety within the Reserva Forestal Golfo Dulce, as derived from the approval stamped on map No. P-989778-98 and certification No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 of February 7, 2018 (folio 102 of the administrative file of the agreement taken by the INDER Board of Directors in Article No. 60 of ordinary session No. 12, held on May 20, 2019). It says that the forests and forest lands or lands of forest aptitude of the Asentamiento Osa, farm No. 39334 of the Partido de Puntarenas registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, constitute Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) according to Article 13 of the Ley Forestal. It alludes to judicial resolutions about the components of the PNE, which is of public domain, including citing, from the First Chamber, numbers 59-F-99, 1070-F-S1-2010, 1088-F-S1-2011, and 1675-F-S1-2012; and judgments of the Constitutional Chamber numbers 8945-2005, 17126-2006, 2063-2007, 16975-2008, 17650-2008, 17659-2008, 21258-2010, and 16938-2011. It points out that, given its inalienable character, that land could not be ceded, adjudicated, or delivered in any way, according to precepts 13, 14, and 15 of the Ley Forestal. It highlights that in ruling No. 8098-20078 and in No. 8075-2008, the Constitutional Chamber has established that the IDA was not empowered to grant property titles on lands of the Asentamiento Osa Forestal (Dirección16459 . ), because they are located in the Reserva Forestal Golfo Dulce. It considers that the lesividad was correctly declared in the administrative venue and was filed on time. It specifies that there is an evident affectation of public interests, due to the injury to the PNE. The improper transfer (enajenación) of lands from the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) modifies the purpose that the Ley Forestal has provided for these public assets, in conflict with Article 50 of the Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, "Protocol of San Salvador," approved by Law No. 7907 of September 3, 1999, which guarantee the right to an adequate environment; with the principle of the protection of environmental law by the State (among others, votes of the Constitutional Chamber numbers 3341-1996 and 9193-2000) and with Article 8 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416 of June 30, 1994). Regarding SINAC, although it appeared as an interested third party, in the written phase it did not formulate allegations, however, in the conclusions written brief, it points out that it is considered proven that the farm identified in cadastral map P-489778-1998 was and continues to be part of the PNE, as it is part of the Registered Folio Farm 6-0399334-000 that belongs to the IDA and is located in its entirety within the Reserva Forestal Golfo Dulce, created by Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978. It expounds that it is in its interest to rectify the errors that resulted in the delivery of a farm to private individuals, before having consulted the Ministry of Environment and Energy and having had it classify it as Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), as established in Article 15 of the Ley Forestal No. 7575, before taking the agreement for the allocation of parcel number 14 in question. It says, the creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce occurred through the promulgation of Executive Decree No. 8494-A of April twenty-eighth, nineteen seventy-eight, and the expropriation of the farms that contain it occurred from the year nineteen seventy-nine, with Executive Decrees No. 10244-G of July fifth, nineteen seventy-nine, and 10088-G-H of May second, nineteen seventy-nine, at which time those lands passed into the name of the Costa Rican State. The examination of the debated issues then follows.

**VI.- Requirements for the lesividad proceeding.** In view of the claim made, it is necessary to specify compliance with the specific requirements of the lesividad proceeding, given that this is the modality addressed in this case. Nevertheless, as the object of this dispute is the validity analysis (via lesividad, it is insisted) of an administrative act with favorable content, it is necessary to briefly establish compliance with the various requirements imposed by the legal system for the filing of a lesividad proceeding, since the absence of one of these elements would prohibit and make it impossible to grant what is proposed in the lawsuit. It should be noted that the analysis of these requirements becomes an ex officio practice for the judge, as they constitute essential elements of the action. In general, lesividad constitutes a jurisdictional mechanism by virtue of which the Administration seeks the suppression of its own, final act, which, in principle, generates a favorable effect for a third party recipient. From that perspective, in this type of dispute, lesividad is subjective in nature, as it seeks the annulment of conduct that grants a right or, in general, a beneficial situation to a person. Although the validity of a specific (and not general) public conduct with favorable content is analyzed, such control requires the participation of its recipient, so that they may exercise their right of defense and contradiction regarding claims that seek to alter their legal situation. This figure is regulated in canon 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code, a norm that sets the prior elements and procedural regulations for this figure. However, it is also referenced in numeral 173.6 in relation to 183 of the General Law of Public Administration. From the perspective of procedural requirements, subjective, objective, procedural, and temporal conditions are imposed. Regarding the subjective aspect, active standing (legitimación activa) is granted to the Administration that issued the questioned act, while the passive party (legitimado pasivo) is the recipient of the effects of the conduct, that is, who obtains its benefits. Regarding the objective aspect, lesividad is constituted as a mechanism for the legal elimination of administrative acts of particular scope and of final and favorable content, which are substantially non-conforming with the legal system, that is, acts that suffer from an absolute degree of invalidity (Articles 128, 158, 165 and concordant articles of the cited General Law No. 6227).

In that line, the Administration must declare that conduct harmful to public interests, which must be established within a framework of internal Administration actions that cannot be postponed in order to file the action. Indeed, in procedural terms, it is required that the supreme maximum head of the respective Public Administration declare the harmfulness (lesividad) of the act, whether due to harm to economic, fiscal, or other interests arising from the public interest. The foregoing must be done by providing due reasoning for the causes supporting those considerations, for which it may well rely on an underlying legal-technical opinion that supports that determination. Unlike other mechanisms for suppressing public conduct (such as the case of ex officio nullity provided for in Article 173 LGAP), it does not require a hearing for the third party, but only internal actions of the Administration seeking to verify the express existence of administrative will issued by the maximum head, in the sense of seeking the suppression of the act. It is within the judicial process that the third party may present its defense arguments. Now, when the act emanates from the State (see Art. 1 Ley General), that is, from the Central Administration, the lawsuit may only be filed by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) (canon 16 of Law No. 8508), upon prior request of the supreme maximum head and internal declaration of harmfulness (lesividad), with details of the reasons for that opinion. Such representation is also required in the case of acts of the Judicial Branch issued in the exercise of its administrative function, as in the case of acts issued by the Superior Council (Consejo Superior), the harmfulness (lesividad) of which must be declared by the Full Court (Corte Plena). When it emanates from a public entity, the rules of judicial representation are those established in ordinal 17 of that same codification. Regarding the temporal dimension, the new procedural regulations establish a period of one year counted from the next business day following its issuance (not its notification) to declare the act harmful to public interests at the administrative level. The foregoing, except for cases where the act suffers from absolute nullity, in which case, pursuant to the provisions of ordinal 34.1 of the CPCA, that internal declaration can be made as long as the effects of the act persist. In such a hypothesis, the year is computed from the cessation of its effects, and the judgment ordering the eventual nullity shall do so only for the annulment and future inapplicability of the conduct. After that declaration (and not from the expiration of that first year), a period of one year is granted to file the administrative contentious action as a fatal statute of limitations (plazo fatal de caducidad), as stipulated in Article 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. The exception is configured in the protection of public domain (tutela de dominio público), in which case the action of harmfulness (lesividad) is not subject to any time limit due to the application of the general clause of imprescriptibility of such types of assets, as derived from canon 261 of the Civil Code, such that both the declaration of harmfulness (lesividad) and the filing of the corresponding judicial action are not conditioned by time.

VII.- Presuppositions of harmfulness (lesividad) in the specific case. In the instant case, regarding the subjective element, it should be noted that the lawsuit is filed against point 22) of Agreement VI of session 002-99 held on January 6, 1999, of the Board of Directors (Junta Directiva) of the then Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), for having approved "declaring beneficiaries and grantees (adjudicatarios) of lots and parcels in the Osa Settlement, Los Planes de Drake sector" to Nombre11504 and Nombre22202, of parcel 14 of the Los Planes de Drake Settlement. In that sense, in accordance with the rules specific to this modality, the claim of harmfulness (lesividad) could only be formulated by the Administration that adopted that formal conduct. In this case, it is precisely the INDER that is the public entity to which such procedural prerogative corresponds; therefore, standing to sue (legitimación activa) is satisfied, in accordance with precept 10.5 of the CPCA. The allegations of the defendant party regarding the lack of this procedural presupposition are not admissible, insofar as the arguments regarding the alleged impropriety of declaring the lands subject to dispute as PNE is not an issue directly related to the annulment claim raised, but rather with the substantive grounds that could support it. On the other hand, the lawsuit is brought against the natural persons who are beneficiaries of the challenged act, in accordance with canon 12.3 of the CPCA, which speaks to the satisfactory coverage of standing to be sued (legitimación pasiva). Regarding the objective aspect, the challenged act is concrete and individual in nature, declaring the defendants as beneficiaries and grantees (adjudicatarios) of lots and parcels that form part of the Osa Peasant Settlement (Asentamiento Campesino Osa). It is, undoubtedly, an act of favorable content and effect, as it configures subjective rights in favor of those persons. Likewise, it is a final (firme) conduct, an indispensable condition for its challenge through these means. Concerning procedural requirements, the record shows that through an agreement adopted by the Board of Directors (Junta Directiva) of the INDER in Article No. 60 of ordinary session 12, held on May 20, 2019, that collegial body ordered:

“To declare absolutely harmful to public interests point 22) of Agreement VI of session 002-99 held on January 6, 1999, of the Board of Directors (Junta Directiva) of the then Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), for having approved ‘declaring beneficiaries and grantees (adjudicatarios) of lots and parcels of the Los Planes de Drake Settlement’ to Nombre11504 and Nombre22202, of parcel 14 of the Los Planes de Drake Settlement, despite the fact that since 1978 those lands were one hundred percent within the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) called Golfo Dulce (Golfo Dulce Forest Reserve) and that all its areas form part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), as demonstrated in certification No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 of February 7, 2018, from the Osa Conservation Area of SINAC, since that Board of Directors agreement constitutes a declassification (desafectación) of forest lands affected by the Golfo Dulce Forest Reserve in accordance with Article 13, subsequent and concordant articles of the Forest Law (Ley Forestal), and therefore it is an administrative act not in conformity with the Costa Rican Legal System. 2) To instruct the Legal Affairs Unit to file before the Administrative Contentious Court (Tribunal Contencioso Administrativo) the harmfulness (lesividad) proceeding in order to annul point 22) of Agreement VI of session 002-99 held on January 6, 1999, of the Board of Directors (Junta Directiva) of the then Institute of Agrarian Development, to annul the corresponding Administrative Act individually against Nombre11504 and Nombre22202, and to join SINAC and MINAE as interested party, since it is the same Executive Decree No. 8494-A (of April 28, 1978, that is, since the creation of the RFGD indicated (specifically see Articles 4 and 5) the obligation of the PGR to register the lands in the Public Property Registry as PNE, and the obligation of SINAC to demarcate and monitor those lands.”

Thus, the record appears at folios 1 to 11 verso of the administrative file. It should also be noted that the cited internal act sets forth the reasons of fact and law that gave rise to its content. In that line, the lawsuit under examination meets the formal parameters regarding procedure. Concerning the temporal element, it should be noted that the defendant party has reiterated the defense of the statute of limitations (caducidad) of the action, which will be analyzed in the following recital (considerando).

VIII.- On the statute of limitations (caducidad) of the action. The defendants raise a defense of statute of limitations (caducidad). They reproach that the annulment of the agreement of the Board of Directors (Junta Directiva) of the IDA, Article VI of session 002-99 of January 6, 1999, is sought. They accuse that the one-year period provided for in numeral 34.1 of the CPCA expired without the Administration having declared it harmful (lesivo). They point out that, although the INDER alleges that the PNE is imprescriptible, their properties are not public domain assets (bienes demaniales), as confirmed by the First Chamber in judgment No. 14-F-2018 of January 11, 2018. For their part, both the INDER and the interested third parties maintain the imprescriptibility of the annulment action, based on the public domain (demanial) character of the properties in question. Hence, the determination of the public or private nature of the domain regime of the parcels granted to the defendants is decisive for the definition of two essential issues. On the one hand, the incidence of this regime regarding the temporal element of harmfulness (lesividad), a determining aspect for ruling on the defense of statute of limitations (caducidad) raised. On the other hand, the regulatory protection regime that will affect the analysis of the merits proposed based on the debate provided by the litigants. On this particular, from the list of proven facts, it appears that, as a result of a series of conflicts in the land occupation regime, through numeral 1 of Executive Decree 8494-A of April 28, 1978, the designation (afectación) of the lands of the Compañía Osa Productos Forestales was ordered, through the creation of the limits of the Golfo Dulce Forest Reserve. Then, those limits were modified by Executive Decree No. 9388-A dated November 30, 1978, and subsequently by Executive Decree No. 10142-A of June 12, 1979. Subsequently, by Executive Decrees number 10088-G-H of May 2, and number 10244-G of July 5, both of the year 1979, the expropriation of the lands maintained by the Empresa Osa Productos Forestales, located in the Osa Peninsula, was ordered and their subsequent transfer to the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización, ITCO) and registration in the Public Property Registry, which are currently registered under the folio real of the Party of Puntarenas Placa20756. As established as an undisputed aspect, on those expropriated lands, the IDA (now INDER) constituted the Osa Peasant Settlement (Asentamiento Campesino Osa), and since 1980, a stage of award (adjudicación) and titling to the occupants of the lands in the Osa Peasant Settlement began. Regarding the defendants, it is recorded that in the Board of Directors Agreement of the then IDA, Article VI of session 002-99 held on January 6, 1999, it was approved to declare beneficiaries and grantees (adjudicatarios) of lots and parcels in the Osa Settlement, Dirección14233, to different persons, among whom is found in point 22), Mr. Nombre11504 and Mrs. Nombre22202, as beneficiaries and grantees (adjudicatarios) of parcel No. 14 of the Los Planes de Nombre91110 Settlement. The recipients allege that, given the parameters of Decree No. 10088, their parcels do not form part of the public domain, having been destined for the functions of the IDA. On this particular, it is recorded that through Executive Decree No. 8494-A of June 1, 1978, published in La Gaceta No. 104, Alcance No. 92 of June 1, 1978, the Golfo Dulce Forest Reserve (RFGD) was established, comprising the territory located within the demarcation recorded in topographic map 1-50000 IGN-Changuera 3542 TV, Rincón 3542 II, Sierpe.4442 II, Llorona 3441 I, Golfo Dulce 3541 IV, Carate Placa25626, and whose specific limits are recorded in that mandate. In light of precept 2 ejusdem, that reserve comprises an area of 84,538 Ha 1875 m2, lands that were declared inalienable (Art. 3) with the order of registration as an estate of the National Heritage (Patrimonio Nacional). Canon 6 of that source established the restriction of activities, except with prior permission from the “Director General Forestal,” of cutting trees, extraction of forest products, hunting or capturing wild animals, collection or extraction of their products or remains, burning, as well as any type of agricultural, livestock, industrial, commercial, or forest exploitation activity. For its part, numeral 8 established:

“Article 8°-Registered estates, estates with ten-year possession, and estates in precarious possession established within the limits of the Reserve are automatically subject to the Forest Regime (Régimen Forestal). Agricultural activities carried out on these estates must have written authorization from the Director General Forestal as long as the State does not acquire them.”

Then, the limits of that reserve were modified by Decrees numbers 9388-A of November 30, 1978, and No. 10142-A of June 12, 1979. On the other hand, Executive Decree No. 10088-G-H, dated May 2, 1979, ordered the expropriation of a series of lands detailed in the first numeral, which were in the name of the company Osa Productos Forestales S.A. (Agroindustrial Rincón S.A.). In numeral 5 of that norm, authorization was established for the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) to title those lands in the name of the then Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización), to destine them for the purposes of Law No. 2825 of October 14, 1961. Those expropriated lands gave rise to the estate registered under Folio Real Placa13266. Likewise, on that public property, the Osa Peasant Settlement (Asentamiento Campesino Osa) was constituted, within which, starting in 198[0], the IDA began a titling process to the occupants of the properties in said peasant settlement, an aspect that, in the case of the defendants, was concretized, it is reiterated, with the adoption of the Board of Directors (Junta Directiva) agreement of the IDA, Article VI of session 022-99 of January 6, 1999, point 22). After analyzing the allegations of fact and law formulated by the main parties and interested third parties in this proceeding, it is the consideration of this Court that, based on the legal implications of the Forest Law No. 4465 of November 25, 1969, and subsequently, the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575, in force since April 16, 1996, the lands that constitute part of the PNE form part of the special public domain (dominio público) regime, and therefore, are inalienable, non-transferable, while actions for the defense of this type of assets are not subject to any time limit, given their imprescriptibility. Indeed, in light of numeral 13 of Law No. 7575, the PNE is constituted by forests and forest lands of national reserves, of areas declared inalienable, of estates registered in the name of the State, those belonging to Municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for assets that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony. Precept 14 ibidem stipulates the legal conditions of unattachability (inembargabilidad) and inalienability of said natural heritage (patrimonio natural), clearly stating that possession by private individuals does not confer any right opposable against that prevailing regime. Likewise, it highlights the imprescriptible character of reivindicatory actions that may be brought by the State or competent public entities. Even this precept highlights the impossibility of registering those assets through possessory information. Consistent with that regulatory content, mandate 15 of the cited legislation expressly imposes a restriction on the Administration from exchanging, ceding, alienating, in any way delivering, or leasing rural lands of its property or administration, without their having been previously classified by MINAE. The norm also indicates that if those lands are covered by forest, they will automatically be incorporated into the PNE, and a registrable limitation must be constituted in the Immovable Property Registry (Registro Inmobiliario). Thus, what is decisive in this case lies in establishing whether those parcels form part of the PNE, given their location and natural conditions.

IX.- In detail of the previous aspect, from the analysis of the record it appears that, at the time the IDA adopted the administrative act of favorable content that grants the defendants the award (adjudicación) and titling of their parcels, that is, Article VI of session 002-99 held on January 6, 1999, those assets already formed part of the RFGD, according to the limits and boundaries established in Decree No. 8494-A of 1978, and its subsequent reforms. Consequently, in accordance with the concept and composition stipulated by Law No. 7575, from that moment on, they formed part of the PNE. Based on that geographic inclusion, they form part of a special public domain (demanial) regime of public law, which imbues them with the legal conditions already indicated, and whose dogmatic and jurisprudential development becomes unnecessary due to its breadth, but which emphasizes, as indicated ut supra, its inalienable and imprescriptible character. Belonging to that regime is evident from the content of certifications that demonstrate, irrefutably, that the totality of the area composing the defendants' land is located within the limits of the cited Forest Reserve. This can be seen in certification No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 of February 7, 2018, from the Osa Conservation Area of SINAC, which indicates that parcel No. 14 of the Los Planes de Drake Settlement, awarded to Nombre11504 and Nombre22202, identified with cadastral map P-489778-1998, is part of the estate folio real No. 6-039334-000 in the name of INDER, which is located one hundred percent within the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) called Golfo Dulce Forest Reserve and that all its areas form the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). In that same sense, in official communication IRT-0175-2018 of March 6, 2018, the Land Information and Registry Unit of INDER indicates that the property identified with cadastral map No. P-489778-1998 is part of estate folio real No. 6-039334-000, and that it is affected by the Golfo Dulce Forest Reserve. This coincides with the content of official communication IRT-624-2018 of August 13, 2018, from the Land Information and Registry Unit of INDER, which indicated that there is no correspondence or coincidence regarding the cartographic location shown by map No. P-489778-1998, with respect to the survey data of the physical reality of the parcel. It is noted that there is a displacement of approximately 250 meters. Such conditions lead to the consideration that even with the defendants' perception of the presumed destination of the property in question to the competencies of the then ITCO, nowadays INDER, the truth of the matter is that it has not been possible to refute that the aforementioned parcel number 14, assigned in 1999 by the mentioned agreement of the Board of Directors (Junta Directiva) of the IDA, is located within the territorial limits of the RFGD, an aspect that, together with its undoubted forest cover (cobertura boscosa), classifies it as part of the PNE, in accordance with ordinal 15 of the Forest Law (Ley Forestal) and with it, its legal nature is not characteristic of the private domain regime, but rather, it forms part of the public domain assets (bienes demaniales), subject to special regulations and purposes, associated with the public interest, in this case, of an environmental nature. Thus, the public domain (demanialidad) character of these assets means that judicial protection actions regarding them are governed by the principle of imprescriptibility. This is indeed stipulated by canon 34.2 of the CPCA, which establishes: “2) Harmfulness (lesividad) concerning public domain (dominio público) assets shall not be subject to any time limit.” Therefore, the rejection of the statute of limitations (caducidad) defense raised by the defendant party must be ordered. Ergo, all procedural requirements regarding the admission of harmfulness (lesividad) having been met, the examination of the substantive issues debated follows.

X.- On the annulment claims regarding the assignment of the parcel. Regarding the claims raised against Article VI of session 002-99 of January 6, 1999, point 22) of the Board of Directors (Junta Directiva) of the then IDA, said agreement ordered:

“AGREEMENT 6. In accordance with the note sent by Beneficiary Selection by means of official communication SSB-714-98, dated December 16, 1998, it is approved to declare beneficiaries and grantees (adjudicatarios) of lots and parcels in the Osa Settlement, Los Planes de Drake Sector, Sierpe site, Osa, province of Puntarenas, Brunca Region: 1. (…) 22. Nombre11504 1-570-168 Dirección16460 Nombre22202 PAS.175-161209-012136 14 (…)”.

Thus, the record appears at folios 17-19 of the administrative file. The assigned parcel has an area of 80 ha 4181.64 m2, according to cadastral map P-489778-98, and gave rise to the property of the party of Puntarenas, Folio Real registration number Placa20756 and registered detail at folios 78-80 of the administrative file. As outlined in the analysis of the statute of limitations (caducidad) raised, in light of certification No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 of February 7, 2018, from the Osa Conservation Area of SINAC, it appears that the cited property (Placa20756) corresponding to parcel No. 14 of the Los Planes de Drake Settlement is located entirely within the territorial space defined for the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) called Golfo Dulce Forest Reserve. As has been indicated, said reserve constitutes State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), subject to the protection regime of public domain assets (bienes demaniales), in accordance with the provisions of precepts 13 to 15 of the Forest Law (Ley Forestal). From that standpoint, it is clear that, in line with the doctrine derived from canons 261 and 262 of the Civil Code, together with those special norms governing assets composing the PNE, public domain assets (bienes demaniales), such as those mentioned, hold a special property regime, characteristic of Public Law, and are, in definitively, inalienable, imprescriptible, and non-transferable. Hence, their titling, or the granting of disposal rights over them in favor of private individuals, undoubtedly represents a violation of the regulatory regime of this category of domain. This means that any act of disposal over this type of public things would show an antagonism to administrative legality, a pathology characteristic of a serious defect, leading to the absolute nullity of such enabling administrative conduct. The defendants reproach that the public domain (demanialidad) character of the parcels constituted as a derivation of the provisions that gave basis to the creation of the RFGD has already been defined by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, as a derivation of the cassation appeal filed against judgment No. 1171-F-16 of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José, within file No. 13-85-419-AG. In that sense, they cite vote No. 14-F-2018 of that cassation instance, at 3:30 p.m. on January 11, 2018, stating:

“VII.- Opinion of this Chamber. (...) It is insisted, when through Executive Decree 10088-G-H of May 2, 1979, the properties of the Party of Puntarenas, registration numbers Placa21562, Placa25628, and Placa25627 were expropriated (from Osa Productos Forestales S.A / Agroindustrial Rincón S.A., and O. Sociedad Anónima), and the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) was authorized to transfer those immovables to the ITCO, it was so that they could be destined for the purposes of Law 2825 Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) - ITCO INDER) (...) This Chamber shares the decision of the Court when it indicates that such assets are not included in what is understood as part of the public domain of the Golfo Dulce Reserve, for which reason such consideration should not have been indicated in the ruling of the Trial Court."

However, on the one hand, such value judgment is not opposable in this dispute, insofar as it does not constitute res judicata, nor does it even reflect on what is discussed here. On the other hand, in the instant case, it has been held as accredited, an aspect that the defendant party has not managed to discredit, that said property is located within the defined area for the Golfo Dulce Reserve. The defendants limit themselves to postulating the denial of the public domain (demanial) character of that zone, but, in definitively, such derivation does not correspond to the topographic survey defined in those certifications and as can be visualized in the internal map prepared by INDER, visible at folio 109 of the administrative file of Legal Affairs of that public entity. Furthermore, in addition to that territorial belonging, it has been held as accredited that from the moment of the adoption of the act subject to this proceeding, the land composing parcel 14 in question had forest cover (cobertura boscosa) corresponding to 50 hectares of forest and 15 hectares of secondary forest, as evident from the description of woodland in map P-489778-98 (Folio 101 of the administrative file of Legal Affairs) and the record of the visit conducted on October 1, 1998, which appears at folio 16 of the administrative file of the parcel. The existence of this factor means that at the time of adopting the act of assignment of the parcel, on January 11, 1999, in light of the restriction imposed by ordinal 15 of the Forest Law (Ley Forestal), the IDA did not have legal authorization to grant any right, whether by alienation, cession, or any means of delivery, over those lands, regarding which, it is reiterated, there was unequivocal evidence of the referred forest cover (cobertura boscosa), an aspect that directly strengthened its inclusion within the PNE and hence, its public domain (demanial) character. Even, as the State points out as an interested third party in this case, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has already highlighted the illegality of titling carried out by the IDA or INDER regarding lands that were subject to the PNE regime, a position that can be seen, by way of reference, in votes 1070-2010, 252-2011, 853-2011, 1088-2011, 1675-2012. This effect has been addressed in multiple precedents of the Constitutional Chamber, an opinion that can be seen, among many, in judgments 16975-2008, 17650-2008, 17659-2008, 16938-2011, and 12973-2013. Indeed, it is worth noting that in vote No. 8075-2008 at 5:32 p.m. on May 13, 2008, in an amparo proceeding in which the plaintiff's right to obtain titling from INDER for land located within the Osa Peasant Settlement was debated, that Constitutional Court expressed the thesis that since that parcel was within the RFGD zone, such a requirement was not feasible. In that sense, it expressed:

“IV.- The specific case. The granting of property titles on immovables subject to the Golfo Dulce Forest Reserve. The appellant states that, having maintained an occupation of twenty-six years on a parcel of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) in Sierpe de Osa, such public institution omits the titling of the properties to his detriment and that of a large number of occupants, given that some deeds had previously been granted, making it inconsistent for the administration to continue delaying the titling. From the report rendered under the gravity of oath and the evidence in the record, the Chamber holds as accredited that the parcel occupied by the petitioner is located within the so-called Osa Settlement, which is nestled within the properties that the State expropriated at the time from the company Osa Productos Forestales S.A., and which was later affected under a special protection regime upon the constitution of the Golfo Dulce Forest Reserve. As indicated by the respondent authority, the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) –later the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario)- began the titling of the immovables gradually at that time, but due to the significance of the designation (afectación) of the lands as belonging to the cited forest reserve, it had to suspend the titling because it is legally impeded and unable to do so, since as a public institution it must adhere to the principle of legality and, in the present case, there are clear provisions ordering the inalienability of immovables such as the one occupied by the petitioner.

In accordance with the cited jurisprudence, the Chamber warns that indeed the administration is absolutely impeded from continuing the titling process of the lands that became immersed within the Golfo Dulce Forest Reserve – unless in the future a technically substantiated legal reform were to occur eliminating the designation (afectación)-, therefore, we are not in the presence of an arbitrary or illegitimate act by the administration, but rather actions justifiably based on a broad normative spectrum –international, constitutional, legal, and via executive decree-.

The Chamber has already had the opportunity to rule on a matter quite similar to the present one, where the titling process of parcels from the same property registered under the folio real system number 39334-000 claimed by the petitioner was also discussed; on that occasion, and through judgment number 2007-8098, at four twenty-four p.m. on June twelfth, two thousand seven, the Chamber expressly defined:

‘The petitioners intend for this Court, in essence, to analyze and determine the appropriateness of a land titling process in the protected zone of Golfo Dulce, as they believe they are entitled to that right and that the respondents have refused to recognize it. Firstly, it should be pointed out to the petitioners that, as evident from the initial submission itself and the Decrees cited therein, the declaration as a protected zone or Golfo Dulce Forest Reserve, in which eighty percent of the immovable in question was immersed, dates back to April nineteen seventy-eight, and the expropriation of those lands from Osa Productos Forestales dates back to May nineteen seventy-nine.’

This means that the lands they inhabit were declared a Forest Reserve before being distributed among the claimants, and therefore the ITCO and later the IDA could not in fact grant title over them. (…)

In such cases, there exists a material impossibility for the respondents to grant title to lands within forest reserves, because such a course of action would be unconstitutional, pursuant to the rulings of this Court, safeguarding, in accordance with the content of the transcribed judgments, rights acquired in good faith according to the dimensioning that this Chamber established in each of the cited judgments. Therefore, the remedy sought is unfounded, and must be so declared, without prejudice to the claimants' ability to bring against the respondents such actions as they deem appropriate in the ordinary administrative contentious jurisdiction, aimed at protecting their interests and rights."

In this regard, the Chamber considers that the actions of the Agrarian Development Institute in suspending the titling process, contrary to the claimant's assessment, are in strict compliance with the obligations assumed by the State regarding environmental protection, so that any claim on the individual dimension of the right to property must yield before the broad protection of the environment with evident public interest imposed by the constitutional provisions and the cited international instruments."

This precedent firmly establishes the prevalence of the public domain regime (régimen demanial) imposed by the Forestry Law (Ley Forestal) over lands located within the zone designated for the Golfo Dulce Forest Reserve, and therefore, it is the view of this collegiate body that the references to the alleged private nature of parcel 14, because it was assigned to the ITCO to fulfill the purposes of Law No. 2825, are not admissible. Thus, having established the public domain nature of the land contained in the cadastral map number P-489778-98, which gave rise to the property registered under the Real Folio system 039334-000, of the Puntarenas Registry, this Chamber has no doubt as to the admissibility of the annulment claims that form the basis of this action for declaration of lesivity (lesividad). Consequently, the nullity of the acts set forth above must be ordered, in the terms to be detailed below.

XI.- Concerning the other matters debated. Now, the third claim refers to an eviction order regarding the allocated lands, in the following terms: "3. That the defendant party be ordered to immediately surrender material possession and place into possession of the property subject to this proceeding the Minae through the Regional Office of the Osa Conservation Area." Strictly speaking, the substantive content of this request is a logical consequence of the granting of the lesivity claim. If the titling granted in favor of the defendants in the agreement adopted in article VI of session No. 002-99 of January 6, 1999, by the Board of Directors of the then IDA is absolutely contrary to law, and its suppression entails the illegitimacy of the regime of disposal of the improperly adjudicated and allocated parcels, it is notorious and evident that the logical consequence of such a declaration is the material surrender of those assets and the cessation of the disposal rights that were granted by virtue of that enabling act. Therefore, this claim must be granted, unless another legal ground prevents it. On the other hand, the defendants state in their closing arguments brief that, in the event that the nullity of their titles is ordered, the damages and losses caused must be awarded in their favor, alleging the following: "On that understanding, if it is considered that the parcels must return to the hands of the State, the damages caused to my clients must be recognized, mainly the subjective ones, based on the moral damage caused by dispossessing them of assets that were validly and legitimately granted to my clients, since the year 1999. As well as the material ones, given the existence of the Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales) Contract number PN-01-22-0078- 2016, under the modality of Forest Protection of 76.0 Ha. signed by my clients with FONAFIFO and valid until January 2, 2022 (see Document 3, as well as the evidence offered during the Preliminary Hearing)." Although the defendants have submitted to this proceeding a copy of the aforementioned payment for environmental services contracts, which appear at images 178-179 of the main file, the fact of the matter is that, formally, no counterclaim whatsoever has been filed in this cause that would allow this Court to rule on such matters. Given the omission to have expressly formulated a counterclaim to that effect, this Chamber is not empowered to issue a ruling on that aspect, without violating due process and the principle of procedural congruence. Note that this argument (which is not a formal claim) is not made until the closing arguments brief, and therefore, there has been no debate or adversarial process by the parties regarding this point. This is a matter that may well be raised by the defendants in the exercise of the defense of what they deem to be their protected legal situations, but which, given the situation noted, cannot be addressed in this dispute. Hence, its rejection must be ordered, without issuing a substantive judgment on that particular. Nevertheless, it should be noted that according to the list of proven facts, in judicial file 15-004913-1027-CA, filed by Nombre22202 against the Agrarian Development Institute (IDA) - now INDER -, the following is sought: (i) compensation for two properties located in the Golfo Dulce Forest Reserve because they are deemed to be part of the State's Natural Heritage, (ii) or relocation to a property of equal conditions under the Board of Directors Agreements No. 11 of session No. 400 of June 8, 1965, No. VI of session No. 1196 of June 16, 1970, No. 4 of session No. 1832 of December 11, 1974, and No. VI of session No. 712 of May 2, 1967, all aimed at resolving the land tenure problems of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A.; (iii) as well as the payment of damages and losses for the alleged administrative inaction. However, it is clear to this Chamber that the processing of that proceeding does not constitute a preliminary ruling issue with respect to the object of this dispute.

XII.- Corollary. As a result of what has been set forth in the preceding recitals, the complaint must be granted in its entirety and consequently, it is ordered: 1) The absolute nullity is declared, for purposes of its future inapplicability, of the Agreement adopted by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, in article VI of session 002-99, held on January 6, 1999, at its point 22) insofar as it declares Mr. Nombre11504 and Mrs. Nombre22202 as beneficiaries and grantees of parcel 14 of the Osa Campesino Settlement, Dirección14233, located in SIERPE, Osa. 2) Once the judgment becomes final, the eviction and respective placing into possession in favor of MINAE, through the Regional Office of the Osa Conservation Area, of the property subject to this proceeding must be ordered, unless another legal ground prevents it.

XIII.- Concerning costs. Pursuant to Article 193 of the Administrative Contentious Procedural Code, procedural and personal costs are a burden imposed on the losing party by the mere fact of being so. The waiver of this award is only viable when, in the opinion of the Court, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered based on evidence of whose existence the opposing party was unaware. In the instant case, this Court considers that, given that the act subject to this proceeding consists of a favorable conduct that was granted by the IDA itself, now INDER, the creation of the defendants' positive legal situations occurred within a sphere of legitimate expectations and good faith. Thus, although the admissibility of the annulment claim formulated by the issuing Administration itself has been established, this aspect leads, in the judgment of this collegiate body, to the existence of a legitimate reason to litigate on the part of the defendants, which is why, it is held, it is proper to resolve this cause without special award of costs.

THEREFORE.

The defense of expiration of the action is rejected, as well as those of lack of active standing and lack of right. Consequently, the lesivity complaint filed by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL is granted, in the following terms: 1) The absolute nullity is declared, for purposes of its future inapplicability, of the Agreement adopted by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, in article VI of session 002-99, held on January 6, 1999, at its point 22) insofar as it declares Mr. Nombre11504 and Mrs. Nombre22202 as beneficiaries and grantees of parcel 14 of the Osa Campesino Settlement, Dirección14233, located in SIERPE, Osa. 2) Once the judgment becomes final, the eviction and respective placing into possession in favor of MINAE, through the Regional Office of the Osa Conservation Area, of the property subject to this proceeding must be ordered, unless another legal ground prevents it. 3) The matter is resolved without special award of costs. Judge Aguilar Méndez files a separate note. José Roberto Garita Navarro/ Cynthia Abarca Gómez/ Daniel Aguilar Méndez. *-*-*-*-*-*-*-*

SEPARATE NOTE BY JUDGE AGUILAR MÉNDEZ.

With the customary respect for my fellow judges and given that in the substantive considerations of this judgment, public domain (dominio público) is referred to as an administrative right in rem, insofar as the matter is addressed as if it were a special type of property right, I must note that I do not share that position, since in my opinion public domain corresponds to a legal category of Public Law that - without going deeper into it - refers to an entire legal regime through which the Administration is enabled, based on a causal title of intervention, to exercise a series of public powers aimed at ensuring adequate use or conservation of a legal asset deemed to be of importance to the community (following an act of designation). A set of powers that entails the more or less extensive, intense, or burdensome application of a public legal regime to said asset, to which it is subjected according to a scale of public domain status (escala de demanialidad) within the patrimonial regime of the Public Administration and as determined by the administrative legal system; so that its functionality is not exhausted in a discussion of ownership, use, and/or enjoyment of a subjective right (as occurs with rights in rem), but rather admits a whole diverse plethora of legal regimes, a circumstance that even allows for the coexistence under the same public domain category of both rights in rem and Public Law institutes, through the application, for example, among other legal techniques, of so-called special properties (propiedad forestal, propiedad urbanística, etc.). Thus, the specific determination of the degree of subjection to Public Law of a specific asset and therefore, whether or not we are facing an emptying or a limitation of the private property right that is opposed to it, will depend on the study of each particular case. - Daniel Aguilar Méndez, Judge.-

EXPEDIENTE: 19-003693-1027-CA

MATTER: PURE LAW PROCEEDING (lesividad)

PLAINTIFF: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)

DEFENDANTS: Nombre11504, Nombre22202.

INTERESTED THIRD PARTIES: EL ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

IGWTHUP. JRGN 2021

- Código Verificador -
*LC1JZZOJ4EK61*
LC1JZZOJ4EK61

Document signed by:

ROBERTO GARITA NAVARRO, DECIDING JUDGE
CYNTHIA ABARCA GOMEZ, DECIDING JUDGE
DANIEL AGUILAR MENDEZ, DECIDING JUDGE

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 07:05:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República