Res. 00145-2021 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Lesividad upheld for titling of a plot in the Talamanca-Caribe Biological Corridor constituting illegal transfer of State Natural HeritageLesividad declarada por titulación de parcela en el Corredor Biológico Talamanca-Caribe que constituye enajenación ilícita del Patrimonio Natural del Estado

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00145 - 2021

Fecha de la Resolución: 29 de Octubre del 2021 a las 10:00

Expediente: 13-005325-1027-CA

Redactado por: Daniel Aguilar Méndez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Proceso de lesividad

Subtemas:

Nulidad con respecto al acto de titulación de una parcela que constituye una enajenación ilícita del dominio público.

Tema: Lesividad del acto administrativo

Subtemas:

Nulidad con respecto al acto de titulación de una parcela que constituye una enajenación ilícita del dominio público.

"VIII.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LA LESIVIDAD.- Siendo el objeto de esta contienda el análisis de validez (vía lesividad) de un acto administrativo de contenido favorable, se hace necesario, de manera breve, establecer el cumplimiento de los diversos presupuestos que impone el ordenamiento jurídico para la formulación de un proceso de lesividad, siendo que la ausencia de uno de estos elementos vedaría y hari´a imposible, acceder a lo propuesto en la demanda. Cabe indicar, que el ana´lisis de estos presupuestos deviene en una pra´ctica o iciosa para el juzgador, por constituir elementos esenciales de la accio´n, con lo que se impone un estudio de las condiciones subjetivas, objetivas, procedimentales y temporales, que resultan de indispensable satisfaccio´n para deducir la accio´n anulatoria embebida en el meollo de estos asuntos. En cuanto a la arista subjetiva, la legitimacio´n activa se concede a la Administracio´n emisora del acto cuestionado, en tanto que el legitimado pasivo es el receptor de los efectos de la conducta, sea, quien obtiene sus bondades. Valga indicar en este sentido, que al constituirse la accio´n de lesividad como una garanti´a para el administrado y dado que es el jerarca supremo de la Administracio´n autora de la conducta, la u´nica autoridad pu´blica autorizada para apreciar el alcance del perjuicio a los intereses pu´blicos derivados de la conducta impugnada, los o´rganos administrativos responsables del ejercicio de la defensa judicial del ente pu´blico, quedan vinculados estrictamente por el acto de declaratoria, de modo que no poseen la competencia su iciente para realizar o modi icar el alcance de e´sta. En lo atinente a la arista objetiva, la lesividad se constituye como un mecanismo de eliminacio´n juri´dica de actos administrativos de alcance particular y de contenido favorable, que sean disconformes sustancialmente con el ordenamiento juri´dico (arti´culos 128, 158 y 183.3 LGAP, Ley N° 6227). En esa li´nea, la Administracio´n debe declarar lesivo a los intereses pu´blicos esa conducta, lo que debe ser establecido dentro de un marco de acciones internas de la administracio´n que son impostergables para formular la accio´n. En efecto, en el orden procedimental, la potestad de declarar lesivo este tipo de conductas formales se advierte como una potestad de ejercicio discrecional, en tanto no existe mandato legal que instruya a la Administracio´n a demandar, por la vi´a de la lesividad, la nulidad de todos los actos administrativos disconformes con el ordenamiento juri´dico, por el contrario, los arti´culos 183.3 LGAP y 34 CPCA, habilitan al jerarca ma´ximo supremo de la Administracio´n Pu´blica respectiva para decidir si incursiona o no en la impugnacio´n judicial del acto favorable, en el entendido que es hasta “…Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación…”, esto es, una vez que haya adoptado la decisio´n de incoar la accio´n anulatoria, que debera´ avocarse a determinar si esa conducta formal resulta perjudicial para los intereses pu´blicos, para lo cual, bien puede ampararse en un criterio jurídico-ténico de base que sustente esa determinación.

IX.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA LESIVIDAD EN EL CASO

CONCRETO. Del análisis de los autos se concluye que en este caso se pretende la nulidad del acto administrativo de titulación de la parcela 9-A-2001 del proyecto de titulación BIRF 2764, que se corresponde con la inca del Partido de Limón con número de matrícula 111224-000, número de plano L-645227-2000, acto cuyo destinatario lo fue la Asociación aqui´ demandada, asi´ como una serie de actos y conductas conexas y dependientes de dicha titulación.  En concreto, se re iere al Acuerdo de Junta Directiva del entonces IDA nu´mero 161, adoptado en el Artíulo 161 de la sesio´n ordinaria número 023-2004, llevada a cabo el di´a 21 de junio de 2004, con irmado y de initivamente aprobado mediante Acuerdo n° 02 del Arti´culo 02 de la sesión ordinaria nu´mero 024-04 adoptado el 28 de junio de ese mismo an~o. Esa conducta administrativa fue declarada lesiva a los intereses públicos, mediante Acuerdo N° 5 del Arti´culo Cinco de la sesión ordinaria n° 011-2013 celebrada el di´a 18 de marzo de 2013, por parte de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, ente pu´blico que asumio´ las competencias del Instituto de Desarrollo Agrario, segu´n transformacio´n subjetiva institucional decretada mediante la Ley N.º 9036 de 11 de mayo de 2012, resultando de particular intere´s lo dispuesto en el arti´culo 14, que preceptúa lo siguiente: “...Transfórmase el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), como una institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa […] A partir de la publicación de la presente ley, toda disposición legal, reglamentaria o administrativa que haga referencia al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) deberá leerse como Instituto de Desarrollo Rural (Inder)…” (Resaltado no es del original). Lo anterior, resulta conforme lo dispuesto en los numerales 10.5 y 34.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto se trata de actos dictados entonces por parte de la misma entidad pu´blica, previa declaratoria de lesividad del superior jerárquico supremo. Aunado a lo anterior, la demanda la formula el INDER en contra de la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico de Talamanca-Caribe, por ser e´sta la persona (juri´dica) a favor de quien surgen los efectos bene iciosos del acto, por lo que, en te´rminos del ámbito subjetivo (tanto activo como pasivo), no se observa de iciencia alguna. Tampoco se observa ninguna irregularidad respecto del elemento procedimental en tanto, reiteramos, consta dentro de los autos la declaratoria de lesividad referida, con el análisis jurídico y técnico sobre los cuales, el jerarca administrativo baso´ su voluntad de acudir a esta forma de supresión o iciosa de conductas favorables. Por otra parte, los actos que se pretenden anular sin duda contienen un efecto favorable para el aqui´ demandado, porque le otorgaron el disfrute de un derecho de propiedad inmobiliaria sobre una parcela con una cabida de 183,488.35 m2. Es claro que ese acto se trata de uno que, al margen de su validez o no, contiene un efecto bene icioso para el accionado, en tanto le dota directamente de un bien patrimonial. De ahi´ que, por tutela de la doctrina de la intangibilidad de actos propios que dimana del ordinal 34 de la Constitución Política, su supresión por invalidez absoluta ha de realizarse por las sendas procedimentales ijadas por el Ordenamiento Jurídico para tales ines, como es en este caso, la vía de la lesividad. Por ello, estimamos que el presupuesto objetivo se cumple a cabalidad. Finalmente, estimamos que, en relacio´n con el elemento temporal, siendo que el acto administrativo de titulación cuya nulidad se pretende fue emitido en el an~o 2004 y, si bien, su declaratoria de lesividad se emitio´ hasta el an~o 2013, entonces cobra trascendencia determinar primero si estamos o no frente a uno de los supuestos de excepcio´n a las reglas establecidas para esta cuestio´n prejudicial. Por ese motivo, procederemos de seguido a examinar la demanda por el fondo este aspecto y luego, analizar el cumplimiento o no de este presupuesto de la acción de lesividad.-

X.- SOBRE EL EXAMEN DE LEGALIDAD DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA IMPUGNADA.-

En lo fundamental, la presente demanda de lesividad tiene por objeto determinar si la titulacio´n de la parcela 9-A-2001 del proyecto de titulacio´n BIRF 2764, que se corresponde con la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula 111224-000, nu´mero de plano L-645227-2000, llevada a cabo mediante el Acuerdo de Junta Directiva del entonces IDA nu´mero 161, adoptado en el Arti´culo 161 de la sesio´n ordinaria nu´mero 023-2004 del di´a 21 de junio de 2004, se efectuo´ o no apegada a Derecho. En ese sentido, estima el Tribunal que, una vez analizados adecuadamente los autos, se ha corroborado que en el efecto la demanda de lesividad debe ser acogida, por las razones que de seguido se detallan: -

En primer lugar, tal y como lo aduce el INDER, al momento de adoptarse la conducta administrativa no se cumplio´ con dos presupuestos necesarios para que e´sta se pudiera llevar a cabo, primero, -y esto es aceptado expresamente por la Asociacio´n demandada- se omitio´ el acatamiento de lo preceptuado en los arti´culos 58, 60 y 61 del Reglamento a la Ley de Uso de Suelos, Decreto Ejecutivo nu´mero 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, publicado originalmente en el diario o icial La Gaceta n.º 57 de 21 de marzo de 2001. No obstante, que dicho Reglamento ha sufrido varias reformas, las normas de cita se mantienen inco´lumes, de modo que tanto a la fecha en la que se llevo´ a cabo el procedimiento de titulacio´n, como en la actualidad, se dispone lo siguiente: “… Artículo 58.- En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el in de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada, y ejecutándolas con las mejores prácticas de su manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la Ley Nº 7779 y este Reglamento […] Artículo 60.- Es obligatorio para el IDA contar con estudios de suelos, al menos a nivel de semidetalle en coordinación con el MAG, de previo a toda compra de incas, parcelación, adjudicación, titulación, arrendamiento, y con mayor énfasis en la titulación de tierras ubicadas en reservas nacionales según ley 7599 del 29 de abril de 1996. Artículo 61.- Por ningún concepto el IDA podrá adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasi iquen para ines agrarios según el estudio de suelos…” (Resaltado no es del original). Es importante destacar aqui´ que no se trata, entonces, de un simple requisito de procedimiento administrativo como lo hace ver la representacio´n judicial de la Asociacio´n demandada, ya que incluso se impone una restriccio´n a la competencia del entonces IDA, hoy INDER, para titular tierras, sean o no en reservas nacionales, si el resultado del estudio de suelos arrojara la incompatibilidad de los inmuebles con una vocacio´n agraria. Es decir, que no so´lo hay un vicio en el procedimiento y en el motivo del acto, sino que adema´s, sin ese dictamen te´cnico obligatorio y vinculante, la Administracio´n no podi´a ejercer va´lidamente su competencia.

En segundo lugar, efectivamente, consideramos que nos encontramos ante una enajenacio´n ili´cita del dominio pu´blico, circunstancia que en si´ misma es, tambie´n, su icientemente grave como para dar lugar a la nulidad absoluta del acto de titulacio´n. Al respecto y una vez valoradas las probanzas allegadas al expediente, asi´ como las tesis argumentativas desarrolladas por las partes, estima este Tribunal que no se cuentan con elementos su icientes como para desacreditar la naturaleza dominical del bien inmueble titulado en la conducta impugnada, pues al amparo de la certi icacio´n emitida por el MINAE (con nu´mero de o icio SINAC-DS-OFAU-1834-2003) y aportada por la propia Asociacio´n demandada en el procedimiento administrativo de titulacio´n (cuyo extracto digital se puede apreciar en el hecho probado n.º 03), nos permite concluir de manera contundente que en efecto el fundo en cuestio´n posee tal cara´cter juri´dico, justo como lo sostiene el INDER y los coadyuvantes activos, ame´n de que no contamos en la comunidad probatoria con elementos que permitan determinar lo contrario y de esta manera, desacreditar la presuncio´n iuris tantum de la certi icación [...]

Ciertamente, podría haberse desacreditado las conclusiones de la certi icación dado su carácter de presunción iuris tantum, sin embargo, como no se cuenta con alguna otra prueba que asi´ lo hubiera permitido, no es posible entrar a aseverar la existencia de una posesio´n anterior a la demanializacio´n del inmueble en cuestio´n. Por su parte, del otro o icio aportado en ese sentido, el n° SINAC-DE-574, consistente en un documento adjunto al anterior, en e´l so´lo se detallan instrucciones giradas en su momento por la Direccio´n Ejecutiva del SINAC a las Areas de Conservación, respecto de co´mo realizar las certi icaciones de clasi icación de terrenos respecto del Patrimonio Natural del Estado, sin que se aporte ninguna informacio´n de relevancia a in de acreditar que el fundo titulado a favor de la Asociacio´n demandada no forma parte de dicho re´gimen demanial. Por u´ltimo, debemos recordar que la u´nica prueba ofrecida en la contestacio´n de la demanda fue de carácter testimonial y la misma fue rechazada durante la audiencia preliminar por parte del Juez Tramitador (ve´ase grabación de la audiencia de fecha 09 de julio de 2015, a partir de las 14:50:10 horas). En atencio´n a lo anterior, denotamos que efectivamente el acto de titulación infringe el ordenamiento jurídico, precisamente, en los te´rminos que ya han sen~alado otros precedentes de esta Seccio´n, en el entendido de que la demanialidad de estos bienes, a tono con la doctrina que deriva de los cánones 261 y 262 del Código Civil, junto con las normas especiales que rigen el Patrimonio Natural del Estado, hace que estos resulten “…en de initiva, inalienables, imprescriptibles e intransferibles. De ahí que su titulación, o bien, el otorgamiento de derechos de disposición de aquellos, a favor de personas particulares, supone, sin duda, un quebranto al régimen normativo de esta categoría de dominio. Esto supone, que cualquier acto de disposición sobre este tipo de cosas públicas, mostraría un antagonismo a la legalidad administrativa, patología que es propia de in vicio grave, que lleva a la nulidad absoluta de ese tipo de conductas administrativas habilitantes…” (Sentencia N° 134-2021-VI de las 07:30 horas del 13 de octubre de 2021. Resaltado no es del original) [...]".

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

Res N° 145-2021�VI 10 horas 29-Oct-2021 - Sentencia.docx

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
II Circuito Judicial de San José, Edi icio Anexo A
Central: 2545-00-03      Fax: 2545-00-33
Correo Electrónico ...01
EXPEDIENTE:13-005325-1027-CAPROCESO:CONOCIMIENTO Y MEDIDA CAUTELARACTOR:INSTITUTO DE DESARROLLO RURALDEMANDADA:ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO DE TALAMANCA-CARIBETERCEROS:FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTALCOADYUVANTES:EL ESTADO Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓNRESOLUCIÓN N.º 145-2021 – VI
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA - SECCIÓN SEXTASEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las diez horas del veintinueve de de octubre dos mil veintiuno. -
Proceso de lesividad establecido por INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por Nombre114598   y Nombre137818  , en calidad de apoderados especiales judiciales (f. 04 del expediente judicial escaneado), contra la ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO DE TALAMANCA-CARIBE, ce´dula juri´dica nu´mero CED109044, representada por Nombre137819  , en calidad de Presidente con cara´cter de apoderada generali´sima sin li´mite de suma (segu´n certi icacio´n registral aportada a los autos el di´a 17 de febrero de 2020, asi´ como Nombre137820   y Rosa Bustillos Lemaire, e´stas u´ltimas en calidad de apoderadas especiales judiciales (f. 179 del expediente judicial escaneado). Participan de este proceso, en condicio´n de coadyuvantes activos:  EL
ESTADO, representado por Nombre137822´   , en su calidad de Procurador y el
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por Nombre140101
Nombre140102 , en calidad de apoderada especial judicial (poder recibido en el Despacho el di´a 27 de mayo de 2019) y en condicio´n de tercero interesado, el FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL, representado por Nombre137824   , en condicio´n de apoderada general judicial y Nombre137825  , como apoderada especial judicial (f. 400 y 412 del expediente judicial escaneado).-
CONSIDERANDO:
I.- ASPECTOS PRELIMINARES, DELIBERACIÓN Y VOTO.- Se emite esta resolucio´n segu´n las formalidades establecidas en la Ley N° 9342, Co´digo Procesal Civil y el Reglamento sobre Expediente Judicial Electro´nico ante el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena en el arti´culo XXXI de la sesio´n N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013. El fallo se adopta por unanimidad, una vez realizada la respectiva deliberación, con la redacción de la resolución a cargo del informante, juzgador Aguilar Méndez y con el voto concurrente de las personas juzgadoras
Fernández Brenes y Abarca Gómez.-
II.- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. – Durante la realizacio´n de la audiencia preliminar efectuada en fecha 09 de julio de 2015 (ver grabacio´n de la audiencia a partir de las 14:02:20 horas), tanto la parte demandada, como el Estado y el FONAFIFO, e´stos u´ltimos como partes accesorias, realizaron una serie de ofrecimientos de prueba que, de manera confusa fueron cali icados por las partes y por el propio Juzgador de Tra´mite, de manera indistinta como prueba para mejor resolver, incidente de documentos nuevos, prueba extempora´nea, etc., abordaje que sin duda, dada la relevancia que comporta el tema probatorio para un proceso judicial, puede desencadenar en futuros reclamos de vulneracio´n a los derechos de defensa y debido proceso. Asimismo y con motivo de las aclaraciones solicitadas por este Tribunal en resolucio´n de las 14:10 horas del 19 de julio de 2019, la representacio´n del Nombre28548 aporto´, en su escrito de 08 de noviembre de ese an~o, un documento relativo al iniquito del contrato de pago por servicios ambientales nu´mero LM-01-222-0063-2011, sin indicar la condicio´n de ese ofrecimiento. Ahora bien, en atencio´n a lo antes dicho, esta Ca´mara antes de pronunciarse sobre esos ofrecimientos, debe llevar a cabo las siguientes aclaraciones conceptuales. De entrada, debemos recordar que el iter probatorio se compone a grandes rasgos, de cuatro etapas o fases dentro del proceso contencioso administrativo conforme la Ley N° 8508, Co´digo Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), en primer te´rmino, tenemos el ofrecimiento o introducción de la prueba, referido a la habilitacio´n que hace el ordenamiento procesal para que las partes o, inclusive, las autoridades judiciales puedan incorporar diversos elementos de prueba (momento procesal oportuno u oportunidad procesal). Luego, tendri´amos la fase de admisibilidad en la que el Juzgador, sea de Tra´mite o Decisor, determina que la prueba resulta legi´tima, pertinente y u´til en relacio´n con la causa y objeto del proceso, autoriza su uso indistinto por cualquiera de las partes o los o´rganos jurisdiccionales. Respecto del conjunto de prueba admitida o comunidad probatoria, la autoridad judicial procede con la siguiente etapa: su evacuación o recepción, sea o no mediante la realizacio´n de una audiencia complementaria (audiencia de juicio oral o de recepcio´n de prueba), segu´n sea necesario acorde con la fuente probatoria de la que se trate. Te´ngase en mente que por el disen~o del proceso contencioso administrativo y civil de hacienda, se preve´n diversas hipo´tesis en la que e´sta se suprime (Art. 69 y 98.2 CPCA), entre otros motivos, porque la fuente de prueba permite prescindir de dicha diligencia. Finalmente, tenemos la valoración de la prueba, sobre la cual, podemos decir de una manera sumaria -por no ser de relevancia para lo que se decide-, que es la fase en la que el o´rgano jurisdiccional, conforme las reglas de razonamiento probatorio que provee el ordenamiento juri´dico, extrae, va´lidamente, informacio´n sobre los hechos que constituyen la causa petitum y por tanto, tambie´n, acerca del objeto de la litis. Como resultado de ese ejercicio racional, la autoridad jurisdiccional procede a construir una hipo´tesis fa´ctica (elencos de hechos probados y no probados) a la cual dota de un estatus de certeza legal (verdad judicial), de modo que con estos y las normas juri´dicas que resulten aplicables a partir de los mismos (a manera de presupuestos de hecho), elabora entonces un razonamiento juri´dico -ma´s o menos complejo- con el que poder estimar o desestimar la accio´n, comprobando sus presupuestos materiales, a saber: legitimacio´n, intere´s actual y Derecho. Ahora bien, por ser de intere´s en vista de las discusiones que, al respecto, se tuvieron durante la audiencia preliminar, en cuanto a la primera fase, esto es, la de ofrecimiento o introducción de la prueba, resulta muy importante aclarar, adicionalmente, algunos aspectos medulares de e´sta. En esta etapa, el ordenamiento juri´dico establece un peri´odo en el proceso, en el que se autoriza, sea a las partes o a la persona Juzgadora, a introducir diversos elementos de prueba en la litis, conforme el balance de cargas probatorias que el legislador disen~o´ para el proceso de lo contencioso administrativo. Asi´ tenemos que se puede ofrecer o introducir prueba por las partes: a) ordinariamente, en la demanda y su contestacio´n, contrademanda o reconvencio´n y su contestacio´n (Art. 58 y 64 CPCA), en la audiencia de re´plica (Art. 70 CPCA), en la interposicio´n de una terceri´a con pretensiones propias y su contestacio´n (Art. 15.1.a CPCA) o bien, con la presentacio´n de una coadyuvancia y su contestacio´n (Art. 13 CPCA), y b) extraordinariamente, en dos clases de supuestos: i.- Trata´ndose de hipo´tesis de ampliacio´n de la demanda, sea en relacio´n exclusiva con la causa de pedir (hechos nuevos) y/o en conjunto con el objeto (ajuste o ampliacio´n de pretensiones), asi´ como -conforme las garanti´as de igualdad procesal y contradictorio-, en la respectiva ampliacio´n a la contestacio´n a la cual las partes accionadas tendri´an derecho (Art. 46, 50, 54.2, 55.3, 68.1, 68.2, 90.2 y 95 CPCA), y ii.- Trata´ndose de prueba de fuente documental que, sin estar ligada a una ampliacio´n de la demanda o la contestacio´n, re iera a las hipo´tesis previstas en el inciso 1) del Arti´culo 50 CPCA. En este supuesto, este Tribunal ha desarrollado una serie de precedentes que permiten distinguir entre aquellos documentos extempora´neos aportados antes y durante la audiencia preliminar, o bien, despue´s de concluida dicha diligencia judicial, en los siguientes te´rminos: “… Como se observa, la norma [Art. 50 CPCA] da un tratamiento diverso a las probanzas aportadas antes de la inalización de la audiencia preliminar, de aquellas ofrecidas luego de esa fase. En el caso de las primeras, sobre su admisibilidad se de ine en sentencia. Empero, considera esta Cámara, ello no es óbice para que, presentado el elemento de convicción, las partes puedan utilizarlo en la expresión de sus alegaciones, pues de otro modo, caso de entender que en la medida en que no ha sido admitida la prueba no puede utilizarse, se vulneraría el principio de contradictorio y defensa material. De esa manera, en los supuestos en que tal norma sea aplicable, la prueba debe tenerse por incorporada al debate, pudiendo ser utilizada o referenciada por las partes dentro de la teoría del caso que presentan al Tribunal. En cuanto a las segundas, no podrán ser consideradas como prueba de parte, sino solamente como prueba para mejor resolver, por lo que, resulta discreción del juzgador de inir su admisión o no. La diferencia es sustancial en términos procesales, pues si el juzgador no se pronuncia sobre una prueba de parte ofrecida, puede generar vicios tutelables en sede casacional, en tanto que en lo que respecta a las probanzas ofrecidas o requeridas para mejor proveer, la falta de pronunciamiento expreso de parte del órgano jurisdiccional no genera nulidad alguna, siendo que la desatención de ese pedido, hace presumir su rechazo….” (Sentencias N° 117-2014-VI de las 10:45 horas del 05 de agosto y 146-2014-VI de las 11:00 horas del 22 de setiembre, ambas de 2014, y 46-2020-VI de las 15:30 horas del 16 de abril de 2020. Resaltado no es del original) Por otra parte, el Co´digo Procesal Contencioso Administrativo, preve´ dos modalidades distintas en las que de o icio se puede introducir o incorporar elementos de prueba al proceso, esto es, por iniciativa de los propios o´rganos jurisdiccionales. Tenemos asi´:
a) el supuesto previsto en el arti´culo 93.3 CPCA, que corresponde a una habilitacio´n para que la persona Juzgadora de Tra´mite introduzca probanzas no ofrecidas por las partes “…[s]i resulta indispensable o mani iestamente útil para esclarecer la verdad real de los hechos controvertidos…” ; y b) la del arti´culo 110 en relacio´n con los numerales 82 y 148 CPCA, que otorgan al Tribunal Decisor amplias facultades para incorporar aquellos medios de prueba “…[s]i, durante la deliberación, el Tribunal estima absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas…”, es decir, que al momento de fallar por el fondo la litis, la Ca´mara judicial estime conveniente, ido´neo y necesario a efectos de esclarecer la verdad de los hechos. Ambas iniciativas probatorias dependen enteramente del Tribunal y no de las partes, por lo que es al o´rgano jurisdiccional a quien corresponde la proposicio´n de la prueba, asi´ como su examen de pertinencia, inclusive en el supuesto de que las mismas sean allegadas a los autos por medio de la actividad procesal de los sujetos procesales. Dado su cara´cter o icioso y por tanto, el riesgo que puede implicar para la igualdad procesal, el derecho de defensa y el principio de imparcialidad, la potestad de iniciativa probatoria o iciosa no es ilimitada, por el contrario, se encuentra restringida por diversos criterios: i) Su ejercicio debe llevarse a cabo una vez que hayan inalizado los momentos procesales oportunos para que las partes realicen su ofrecimiento de
prueba (ordinarios o extraordinarios, antes referidos); ii) Para efectos de poder incluir este tipo de probanzas en la comunidad probatoria, debe primero el Tribunal otorgar previa audiencia a las partes, a efectos de que e´stas puedan referirse en un plazo razonable a la misma, de modo tal que se pueda garantizar su derecho de defensa (Art. Placa25667 ); y iii) Su inalidad, se limita a permitir a la persona juzgadora el esclarecer las incertidumbres que pueden surgir una vez ponderadas las probanzas aportadas por las partes, de modo que no puede utilizarse para suplir o sustituir la debida diligencia de los litigantes o para recti icar las de iciencias en sus te´cnicas de defensa (cf. sentencias de Sala Primera n.° 1489-F-S1-2017 de las 09:45 horas del 30 de noviembre de 2017, 813-F-S1-11 de las 8:10 horas del 7 de julio de 2011, 213-F-S1-2008 de las 8:20 horas del 25 de marzo de 2008, 334-F-S1-2012 de las 09:20 horas del 08 de marzo de 2012, 547-F-2002 de las 16:00 horas del 12 de julio de 2002, entre otras). En ese sentido, se reitera que este tipo de prueba es una prerrogativa exclusiva del Tribunal sentenciador, sin que, por el mero ofrecimiento de la misma, sea obligatorio su admisio´n, por el contrario, ni siquiera es imperativa para la persona juzgadora manifestarse sobre su admisibilidad, de suerte que la ausencia de pronunciamiento al respecto, supone su rechazo y no hacerlo no genera afectacio´n alguna. Para este efecto, remitimos a la sentencia de esta Seccio´n N° 46-2020-VI de las 15:50 horas del 16 de abril de 2020. –
III.- CONTINÚA.- Aclarado lo anterior, podemos entonces pronunciarnos sobre la prueba allegada por las partes durante la audiencia preliminar en fecha 09 de julio de 2015 y la aportado por el Nombre28548 en fecha 08 de noviembre de 2019, de la siguiente manera: 1) Sobre los documentos extemporáneos presentados por las partes accesorias (Estado y FONAFIFO): Actuando en condicio´n de coadyuvante activo, el abogado del Estado ofrecio´ durante la audiencia preliminar, bajo el formato de un “incidente de documentos nuevos” varias probanzas documentales que presento´ hasta ese momento, asi´ como tambie´n lo realizo´ la representacio´n del FONAFIFO; sin embargo, esta Ca´mara estima que la misma debe ser rechazada, como en efecto se ordena, toda vez que las mismas se aprecian como innecesarias por los motivos que expondremos infra. Se recuerda a las partes que, aunque sean ellas mismas quienes presenten esos elementos y si bien, como se sen~alo´ antes, las partes se entienden autorizadas para utilizar dichas probanzas en sus alegatos de cierre, ciertamente, al inal es el Tribunal de Juicio quien debe determinar la admisibilidad de estas en el fallo de fondo: “sobre su admisibilidad se resolverá en sentencia” (Art. Placa26807 ), sin deme´rito de que el Juez de Tra´mite pondere su admisio´n en esa fase. En el sub lite, ese no fue el caso, toda vez que el Juez reservo´ a esta Ca´mara esa decisio´n. 2) Sobre los documentos extemporáneos presentados por la Asociación demandada: Durante la audiencia preliminar (ve´ase la grabacio´n a partir de las 14:18:50 horas), la representacio´n judicial de la Asociacio´n accionada ofrecio´ los o icios del Sistema Nacional de Areas de Conservacio´n n° SINAC-ACLAC-DR-277 de 24 de julio y SINAC-DE-574 de 20 marzo, ambas fechas del an~o 2014, asi´ como copias certi icadas de dos contratos de pago por servicios ambientales. Sobre dichas probanzas documentales, resolvio´ el Juez Tramitador lo siguiente: “… voy a pronunciarme a contrario sensu de como fue, pronunciada, este, presentada la prueba y como se pronunciaron, este, eh, las partes actoras. Eh, con respecto al documento que efectivamente no cumpliría los requisitos del artículo 50, igualmente, sería el mismo razonamiento que en su momento este Juzgadora indicó con respecto a los documentos que presentó la Procuraduría y en ese tanto, también entonces tendría la misma, este, eh… consecuencia, en el sentido también de la petición, es decir, sería prueba para mejor resolver y será el Tribunal el que se pronuncie con respecto a la admisibilidad o no de esos documentos, y no este Juzgador por no tener competencia…” (ve´ase la grabacio´n a partir de las 14:41:21 horas a las 14:41:58 horas). No obstante, la confusio´n conceptual en la que incurre el Juzgador, comprende este Tribunal que esos elementos fueron introducidos en ejercicio de la facultad de iniciativa probatoria de la parte, de cara´cter extraordinario, prevista en el arti´culo 50 CPCA, esto es, de documentos extempora´neos no ligados a una ampliacio´n de demanda o contestacio´n, eso si´ presentados antes de la conclusio´n de la audiencia preliminar. Asi´ las cosas, respecto de los u´ltimos, o sea, los contratos de pago de servicios ambientales, se aprecian estos como innecesarios para resolver este asunto, por los motivos que expondremos ma´s adelante; sin embargo, esta Ca´mara si´ encuentra motivo su iciente para admitir los o icios de cita emitidos por el SINAC, en el tanto los mismos se hallan vinculados con la teori´a del caso de la parte accionada, esto es, la falta de Derecho derivada de que los terrenos titulados en su momento por el entonces IDA y hoy di´a INDER, no constituyen bienes de dominio pu´blico integrantes del Patrimonio Natural del Estado. Por lo tanto, en si´ntesis, se admiten como prueba documental extempora´nea, los o icios del SINAC antes descritos, mientras que se rechazan las copias certi icadas de los contratos de pago por servicios ambientales. 3) Sobre el documento incorporado en fecha 08 de noviembre de 2019: Una de las
motivaciones de esta Ca´mara para disponer la devolucio´n de los autos a la etapa de Tra´mite, por medio de la resolucio´n de las 14:10 horas del 19 de julio de 2019, lo fue precisamente aclarar el alcance de las manifestaciones realizadas en su momento por el FONAFIFO, ya que resultaba oscuro en que´ estado habi´an quedado unas posibles pretensiones incoadas por ella y por tanto, si las mismas habi´an sido admitidas o no y en que´ extensio´n, toda vez que no constaba en el expediente una resolucio´n debidamente motivada de parte del Juez Tramitador respecto de este punto, ni tampoco una audiencia a la contraparte. Asi´ las cosas, en el escrito de comentario, la representacio´n de ese Fondo informo´ al Despacho acerca de la terminacio´n de la relacio´n juri´dica sostenida con la Asociacio´n demandada, mediante un iniquito del contrato de pago por servicios ambientales nu´mero Placa26808. En ese sentido, dijo en esa oportunidad que aportaba una “fotocopia certi icada” del documento donde se asento´ dicho acto. Asi´ las cosas y en aras de poder resolver entonces en esta sentencia lo relativo a la participacio´n de dicho Fondo, lo que corresponde en Derecho es admitir esa documentacio´n, como en efecto se ordena.-
IV.- OBJETO DEL PROCESO Y ALEGATOS DE LAS PARTES PRINCIPALES.- La demanda que da origen a este proceso fue interpuesta por el INDER en fecha 09 de agosto de 2013 (f. 112 del expediente judicial escaneado) y su objeto, tal y como fue ijado en la audiencia preliminar consiste en las siguientes pretensiones: “…PRETENSIÓN: Solicitamos que en sentencia se declare:
1. Que se tenga por interpuesta la presente demanda. 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 161, de la sesión 023-04, de fecha 21 de junio del 2004, únicamente en lo que se re iere a la titulación de la inca Nombre140103   folio real No. Placa25891 a favor de ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA-CARIBE correspondiente al Plano Catastrado L-0645227-2000. 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública número 47 otorgada a las 10:00 horas ante los notarios RANDY ANTHONY GORDON CRUICKSHANK Y EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK SMITH, actuando en el protocolo del primero, y visible al folio 42 vuelto del tomo 5 de dicho protocolo, emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se re iere a la titulación de las inca [sic] Partido de Limón folio real No. Placa25891, a favor de ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA-CARIBE correspondiente al Plano Catastrado L-0645227-2000. 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la inca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Limón Folio Real Matrícula número Placa25891 emitido por el Registro Nacional.  5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción del inmueble inscritos [sic] en el Registro Nacional, Provincia de Limón Folio Real Matrícula número Placa25891. 6. Que se condene al demandado [sic] al pago de ambas costas de este juicio…”.  En la especie, la parte actora pretende la anulacio´n del acuerdo de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, por medio del cual se titulo´ a favor de la Asociacio´n demandada la inca del Partido de Limo´n, matri´cula Placa25890° , con plano catastrado nu´mero L-0645227-2000, asi´ como los dema´s actos juri´dicos a trave´s de los cuales se ejecuto´ y formalizo´ el traspaso del inmueble. Fundamenta esta accio´n de lesividad en su consideracio´n de que la titulacio´n de la inca en cuestio´n, realizada y ejecutada mediante los actos impugnados, se llevo´ a cabo incumpliendo requisitos legales y reglamentarios en el procedimiento administrativo de titulacio´n, a saber: a) la certi icacio´n emitida por el SINAC y aportada por la demandada en el procedimiento estableci´a que el inmueble era parte del Patrimonio Natural del Estado, a pesar de que el arti´culo 10 del Reglamento  para la Titulacio´n de Tierras en Reservas Nacionales exclui´a dichos terrenos; y  b) no consta que se haya presentado un estudio de uso conforme de suelos segu´n lo estableci´a el Reglamento a la Ley de Uso de Suelos nu´mero 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, en particular, en su arti´culo 58. Considera que esta circunstancia violenta normas prohibitivas, como lo son los arti´culos 13, 14, 15, 33 y 34 de la Ley Forestal, adema´s del derecho al ambiente sano y ecolo´gicamente equilibrado conforme el arti´culo 50 de la Constitucio´n Poli´tica, de modo que el acto deviene en absolutamente nulo. Ante estas pretensiones, la parte accionada -aunque no lo expresa como tal- ejerce en el fondo una excepcio´n de falta de Derecho, pues considera que la titulacio´n se ajusto´, de buena fe, a lo que le fue exigido en su momento por parte del IDA, de modo que si alguno de los requisitos que correspondi´an no fueron cumplidos, esto no obedecio´ a una responsabilidad de la Asociacio´n, pues dicha funcio´n de iscalizacio´n le correspondi´a a la Administracio´n, la que a pesar de la certi icacio´n emitida por el MINAE, au´n asi´ recomendo´ la titulacio´n de la parcela. De este modo, aprecia que aunque pudiera haber una falta de requisitos, esto seri´a “...a nivel del análisis del procedimiento en sí de la titulación, pero no en cuanto a la procedencia del mismo en el caso especí ico de la inca matrícula Placa25890. ...”. Toda vez que en su opinio´n, esos terrenos no son parte del Patrimonio Natural del Estado, pues e´stos fueron detentados por poseedores de buena fe muchos an~os antes de la legislacio´n que establecio´ el cara´cter inalienable de los mismos, a saber la Ley Forestal 4465 de 1969 y la Ley de Tierras y Colonizacio´n N.º 2825 de 1961, de modo que lo a irmado por el INDER en la demanda es falso. En ese sentido, apunta que el inmueble fue adquirido por la Asociacio´n por venta del sen~or Nombre140104  quien a su vez lo habi´a comprado al sen~or Nombre140105  , quien llego´ a la comunidad de Gandoca alrededor del an~o 1950, siendo una de las personas fundadoras del pueblo. An~ade que la compra por parte de la Asociacio´n se llevo´ a cabo en 1993, por medio de la escritura pu´blica nu´mero 49-2 otorgada ante los notarios Nombre140106 y Nombre14854, ambos de apellidos Nombre140107  y Andre´s Arias Victory, en la que el sen~or Nombre140104  le transmitio´ una posesio´n acumulada de ma´s de 20 an~os. Sen~ala que si bien durante ese tiempo se realizaron en la inca pra´cticas agri´colas y en parte conservacio´n de bosque, gracias al cuidado de la Asociacio´n,
hoy di´a el inmueble es totalmente bosque. Aduce que esa posesio´n que les fue transmitida era una “causa de excepción”, prevista ya en el arti´culo 11 de la Ley N.º 2825 de 1961 y, aunque las certi icaciones emitidas en su momento por parte del MINAE no tomaran en cuenta esos derechos, no por ello dejaron de existir. Por u´ltimo, en relacio´n con las partes coadyuvantes activas, esto es, tanto la representación del Estado como del SINAC, en si´ntesis, alegan ba´sicamente lo mismo, esto es, que el inmueble en cuestio´n, el cual habi´a sido titulado a favor de la Asociacio´n de Organizaciones del Corredor Biolo´gico de Talamanca-Caribe, constituye un bien demanial que forma parte de la categori´a del Patrimonio Natural del Estado y que, por tanto, no es susceptible de apropiacio´n particular, en este caso por medio del sistema de titulacio´n de tierras que administra el Instituto de Desarrollo Rural, de modo que en su opinio´n debe acogerse la accio´n de lesividad planteada por dicha entidad a in de tutelar con ello la proteccio´n de dichos bienes.-
V.- HECHOS PROBADOS.- De importancia para el dictado de esta resolucio´n, se tienen los siguientes hechos como debidamente demostrados conforme las reglas de la sana cri´tica, sea que asi´ consten o se colijan de las pruebas aportadas en el expediente y admitidas durante la audiencia preliminar, o porque las partes asi´ los han aceptado:
1.- Por medio del Decreto Ejecutivo N° 18220-MAG publicado en el diario o icial La Gaceta N° 131 del 11 de julio de 1988, como parte de un acuerdo suscrito entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Reconstruccio´n y Fomento (BIRF), se dispuso lo siguiente: “… Para hacer efectivo el componente de "Catastro y Titulación", incluido dentro del Proyecto de Desarrollo Agrícola en la Zona Atlántica, de ese préstamo se hace necesario y obligatorio que las tierras afectadas al mismo, sean traspasadas al Instituto de Desarrollo Agrario [hoy Instituto de Desarrollo Rural] para que este Organismo proceda a realizar los actos catastrales y de Registro Público que se requieran para su titulación…”. Asi´ las cosas, en el arti´culo 1 se establecio´: “… Traspásase en forma gratuita al Instituto de Desarrollo Agrario [hoy Instituto de Desarrollo Rural] en tanto no estén comprendidas dentro de las excepciones que indican las leyes números 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas, 4465 de 25 de noviembre de 1969 y sus reformas o se trate de terrenos de dominio privado o que por otras causas legales no puedan ser traspasados, los terrenos de los distritos único Limón, 1° Bratsi, 2° Sixaola, 3° Cahuita de los cantones 1° Limón y 4° Talamanca de la provincia de Limón, comprendidos dentro de los siguientes linderos:…” (Resaltado no es del original). Producto de ese y otros traspasos, se inscribieron diversos inmuebles, entre ellos, la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa26809. En esos inmuebles, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) llevo´ adelante varios programas de titulacio´n de tierras en reservas nacionales, como el denominado BIRF 2764 C.R.. Sin embargo, por medio de Decreto Ejecutivo N° 34415-MAG publicado en el diario o icial La Gaceta N° 70 del 10 de abril de 2008, se derogaron varios decretos ejecutivos que habi´an traspasado a´reas de reservas nacionales al IDA, entre ellos, el Decreto 18220MAG antes mencionado (folios 90 a 92 del expediente judicial escaneado, asi´ como consulta realizada en la fecha de esta sentencia a las bases de datos pu´blicas del Sistema Nacional de Legislacio´n Vigente y de la Imprenta Nacional, disponibles en sus sitios web de ambas instituciones);
2.- Mediante nota fechada 09 de junio de 2003, el sen~or Jose´ Luis Zu´n~iga Zu´n~iga en su condicio´n de Presidente de la Asociacio´n de Organizaciones del Corredor Biolo´gico Talamanca Caribe realizo´ la siguiente solicitud ante el entonces Instituto de Desarrollo Agrario: “…De conformidad con los requisitos estipulados en los artículos 10 y 11 del reglamento para titulación de tierras en Reservas Nacional, al amparo de la Ley de Tierras y Colonizaciones N° 2825, debidamente publicado en el Diario O icial La Gaceta N° 173 del día
10 de setiembre del 2002, vengo por este medio a solicitar se me otorgue escritura publica
[sic] de mi propiedad la cual se encuentra ubicada en Gandoca, del distrito Sixaola, cantón Talamanca de la provincia de Limón, se describe: plano catastrado N° L- seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos veintisiete-dos mil, con una medida de dieciocho hectáreas tres mil cuatrocientos ochenta y ocho metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados no presenta frente lineal sino servidumbre constituida de paso de ciento veintiséis metros con setenta y ocho decímetros de largo por tres metros de ancho. Dicho inmueble lo adquirí del señor Nombre140104  , cédula CED110340° -  en fecha del trece de setiembre de mil novecientos noventa y tres, quien es mayor, de nacionalidad costarricense y vecino de Talamanca, de la cual aporto copia de la escritura. Esta propiedad la estimo en un valor aproximado de ¢ 2.000.000 colones […] También aporto conforme se me indico [sic] plano catastrado original, copia de mi cédula de identidad, copia de la cédula jurídica y certi icación de personería de mi representada, certi icación extendida por el MINAE donde consta que mi propiedad no afecta patrimonio natural del Estado; declaración jurada ante Notario Público de que mi propiedad no esta [sic] inscrita en el Registro Público, que no tengo sobre este terreno disputa judicial o extrajudicial; que con esta solicitud no pretendo evadir las consecuencias de un juicio sucesorio, que la misma la ha poseído por espacio de veinte años (incluyendo la posesión de mi antecesor) en forma quieta, publica [sic], pací ica, interrumpida y a titulo [sic] de dueño…” (f. 22 y 23 de la copia certi icada del expediente administrativo. Resaltado no es del original);
3.- Junto con la solicitud antes descrita, la Asociacio´n aqui´ demandada aporto´ la certi icacio´n nu´mero SINAC-DS-OFAU-C-1834-2003 de las 11:00 horas del 06 de mayo de 2003, emitida
por la O icina de Atencio´n al Usuario del Sistema Nacional de Areas de Conservacio´n del
Ministerio de Ambiente y Energi´a, que indica lo siguiente: -  

(f. 27 de la copia certi icada del expediente administrativo);
4.- Mediante acuerdo nu´mero 161, adoptado en el Arti´culo 161 de la sesio´n ordinaria nu´mero 023-2004 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), llevada a cabo el di´a 21 de junio de 2004, ese cuerpo colegiado dispuso, respecto de la solicitud realizada por la Asociacio´n demandada, lo siguiente: “…1-En cumplimiento a las políticas Institucionales y con la recomendación de la o icina regional de TALAMANCA según o icio OSTA-72-2004 y el visto bueno de la Dirección Regional de HUETAR ATLANTICA según o icio DRHA-257-2004 y la revisión de los requisitos exigidos para el tramite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional y de conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva descrito en el Articulo XXI, Sesión 065-00 del 11 de setiembre del 2000, y habiéndose cumplido con todos los requisitos que establece el reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales publicado en el diario o icial la gaceta no. 173 del 10 de setiembre del 2002, al amparo de la ley de Tierras y Colonización no. 2825 del 14 de octubre de 1961 y la ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario no. 6735 del 29 de marzo de 1982, se autoriza segregar y traspasar 3 lote parcela que a continuación describo, para que se le extienda el correspondiente título supletorio de dominio.
NOMBRECÉDULAPARCELAÁREAPLANO CATASTRADOVALOR DEL TRASPASOTOPOG.INSPECCIÓNEDICTOTOTAL[…]ASOCIACIÓN               DE ORGANIZACIONES
DEL CORREDOR
BIOLÓGICO
TALAMANCA
CARIBE3-002-
1824139-A-2001183,488.35L-645227-2000C17,134.00C9,000.00C26,134.00[…]…” (Resaltado no es del original) Dicho acto quedo´ con irmado y de initivamente aprobado mediante acuerdo n° 02 adoptado en el arti´culo dos de la sesio´n ordinaria nu´mero 024-04 adoptado el 28 de junio de 2004 (certi icacio´n emitida por Nombre140108   en su condicio´n de Secretario General del IDA extendida a las 11:00 horas del 22 de enero de
2009 visible de folios 47 a 50 del expediente judicial escaneado);
5.- Mediante escritura pu´blica nu´mero 47 otorgada a las 10:00 horas del 27 de julio de 2004, ante los notarios Randy Anthony Gordon Cruickshank y Eduardo Newton Cruickshank Smith, en el protocolo nu´mero 5 del primero, el sen~or Marco Aurelio Bolan~os Vi´quez en representacio´n del IDA, procedio´ a segregar varios lotes de la inca de su titularidad, Partido de Limo´n, matri´cula nu´mero Placa26809, correspondiente al proyecto de titulacio´n BIRF 2764. Entre esas segregaciones, se enlista y describe la parcela Dirección16847 con una cabida de 183,488.35 m2, con plano catastrado n° L-645227-2000, y que en ese mismo acto fue vendida a la Asociacio´n de Organizaciones del Corredor Biolo´gico Talamanca Caribe (copia certi icada registral visible de folios 66 a 73 del expediente judicial escaneado); 
6.- El 26 de octubre del 2004, quedo´ inscrita a nombre de la Asociacio´n demandada la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891, nu´mero de plano L-6452272000, consistente en el inmueble correspondiente a la parcela Dirección16847 del proyecto de titulacio´n BIRF 2764. La titularidad sobre dicho inmueble se ha mantenido invariable hasta la fecha de esta sentencia (certi icaciones registrales con nu´mero de consecutivo 2411137 y 3739332 de fechas 20 de enero de 2009 y 08 de julio de 2013, visibles de folios 59 a 65, 86 y 87 del expediente judicial escaneado y consulta realizada al di´a de hoy a la base de datos pu´blica del Registro Nacional disponible en el sitio web de dicha institucio´n);
7.- Mediante o icio n.º FOE-PGAA-0578 / 8734 de fecha 27 de agosto de 2008, la Divisio´n de Fiscalizacio´n Operativa y Evaluativa de la Contralori´a General de la Repu´blica (CGR) comunico´ a Carlos Bolan~os Ce´spedes, Presidente de la Junta Directiva del entonces IDA, el informe nu´mero DFOE-PGAA-20-2008 denominado “...resultados del estudio de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado…”.  En el mismo, la CGR ordeno´  a la Junta Directiva de dicha institucio´n auto´noma, en su cara´cter de o´rgano de control superior de la Hacienda Pu´blica, que procediera a: a) “...Realizar los procedimientos administrativos y las acciones que en derecho procedan ante las instancias correspondientes, a efecto de que se inicie un proceso de recuperación de las tierras tituladas por el IDA que pertenecen al Patrimonio Natural del Estado, y que corresponden a los 15 casos que se detallan en este documento…”, y b) “...Ordenar que se realice un análisis completo a las titulaciones efectuadas por el  IDA, que no formaron parte de la muestra analizada por esta Contraloría General en ·este estudio, con el in de determinar aquellos casos de titulaciones en terrenos propiedad del Patrimonio Natural del Estado y, de proceder, se realicen los procedimientos para recuperar las tierras…” (folios 08 a 21 del expediente judicial escaneado);
8.- Por medio del Acuerdo N° 5 del Arti´culo Cinco de la sesio´n ordinaria n° 011-2013 de la Junta Directiva del INDER, celebrada el di´a 18 de marzo de 2013, y con base en el o icio A-
PE-304-2013, suscrito por Nombre140109  , en su condicio´n de asesora legal de la Presidencia Ejecutiva de esa entidad, se emitio´ la declaratoria de lesividad a los intereses pu´blicos de una serie de titulaciones, entre las cuales se encontraba la otorgada mediante acuerdo nu´mero 161 de la sesio´n ordinaria nu´mero 023-04 de 21 de junio de 2004 a favor de la aqui´ accionada. Indica -en lo que interesa a esta causa- el acuerdo en cuestio´n:

De esta manera, en la parte dispositiva se establecio´ lo siguiente: “… POR TANTO: De conformidad con el artículo 34 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículos 176 y siguientes de la Ley General de Administración Pública, Ley de Tierras y Colonización y Ley de Creación del IDA, se ordena 1) Declarar la lesivo a los intereses públicos los actos administrativos dictados mediante los acuerdos […] 161 de la Sesión Ordinaria 023-04, celebrada el 21 de junio de 2004 […] adoptados por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, que dieron origen a los títulos de propiedad inscritos en el Registro de la Propiedad bajo el Partido de Limón con Matrícula de Folio Real números […] Placa25891 a favor de la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe […] por ser los mismos otorgados en detrimento del patrimonio natural del Estado...” (f. 100 a 111 del expediente judicial escaneado. Resaltado no es del original);
9.- El di´a 09 de agosto de 2013, se recibio´ en este Tribunal la presente demanda contencioso administrativa de lesividad por parte de la representacio´n del INDER (segu´n consta en el expediente judicial escaneado de la presente causa); y
10.-El 06 de setiembre de 2019, Jorge Mario Rodri´guez Zu´n~iga, en condicio´n de Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal e Nombre137819  , en calidad de Presidente con facultades de apoderada generali´sima sin li´mite de suma de la Asociacio´n de Organizaciones del Corredor Biolo´gico Talamanca Caribe, suscribieron un documento titulado “Finiquito de contrato de pago de servicios ambientales. Actividad de Protección de Recurso Hídrico. Contrato número LM-01-222-0063-2011”. Segu´n se desprende del mismo, ambas partes acordaron lo siguiente: “… PRIMERO: Dar por terminado el contrato de Pago de Servicios Ambientales Número LM-01-222-0063-2011  , suscrito el 24 de mayo de 2011, sin responsabilidad para las partes, reconociendo los pagos emitidos hasta la fecha en virtud de los servicios ambientales que prestó el bosque y renunciando a los efectos que quedan pendientes de éste. SEGUNDO: Rige a partir de su irma…” (Resaltado no es del original. Documento colgado en el expediente electro´nico
judicial en fecha 08 de noviembre de 2019).-
VI.- HECHOS NO PROBADOS.- De utilidad para el presente fallo se tienen por no demostrados los siguientes hechos, sea porque las partes incumplieron sus cargas probatorias, o bien, porque el Despacho no hallo´ prueba ido´nea que, a la luz de la sana cri´tica, permitiera acreditarlos:
1.- El cumplimiento de los requisitos necesarios para la titulacio´n del inmueble correspondiente a la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891, nu´mero de plano catastrado Placa26810, parcela 9-A-2001 del proyecto de titulacio´n BIRF 2764;
2.- La posesio´n del inmueble correspondiente a la parcela 9-A-2001 del proyecto de titulacio´n BIRF 2764 con plano catastrado nu´mero Placa26810, hubiera iniciado alrededor del an~o 1950, por parte del sen~or Nombre140105   y luego transmitida a favor del sen~or Nombre140104  ; y
 3.- El inmueble correspondiente a la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´culaPlaca25891
, nu´mero de plano catastrado Placa26810, parcela 9-A-2001 del proyecto
de titulacio´n BIRF 2764, estuviera fuera de las a´reas comprendidas dentro del Patrimonio Natural del Estado.-
VII.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
(FONAFIFO).- A solicitud del Estado, por medio de auto n.º 2506-2014 de las 09:45 horas del 03 de octubre de 2014, el Juez Tramitador determino´ tener como tercero interesado al FONAFIFO, con base en la siguiente justi icacio´n: “…3.-Respecto a la participación de Nombre28548 siendo que efectivamente existe un contrato entre la parte demandada y el mismo, e incluso por medio de la medida cautelar ordenada por el superior, se le indicó a los demandados que deben estar realizando un informe al Despacho, y siendo que dicho fondo tiene una personería instrumental la cual le da la capacidad procesal para apersonarse en este proceso, en calidad de tercero interesado de conformidad con el artículo 15 no como lo indica el señor Procurador del inciso 2 del artículo 12 del Código Procesal Contencioso….” (f. 379 del expediente judicial escaneado. Resaltado no es del original). Noti icado personalmente el FONAFIFO, e´ste o´rgano persona procedio´ a deducir un escrito con pretensiones propias en contra de la Asociacio´n accionada el di´a 21 de octubre siguiente, en los siguientes te´rminos: “…PETITORIA: De conformidad con los argumentos esgrimidos y de conformidad con lo establecido con en el numeral 15 del Código Procesal Contencioso Administrativo, solicitamos muy respetuosamente a su autoridad, que de acogerse las pretensiones del Instituto de Desarrollo Rural, en torno a la anulación del título a favor de la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico De Talamanca Caribe, se decrete además: 1. El iniquito del contrato de pago por servicios ambientales número LM-01-222-0063-2011, suscrito entre el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y Asociación de Organizaciones del
Corredor Biológico de Talamanca Caribe. 2. Compeler a la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico de Talamanca Caribe al reintegro de los pagos efectuados por concepto de pago por servicios ambientales, dentro del contrato LM-01-222-0063-2011. 3. Se le condene en el pago de costas a la demandada..." (Resaltado no es del original. Ver f. 384, 386, 392 a 398 y 402 del expediente judicial escaneado). En virtud de que este Tribunal advirtio´ por resolucio´n de las 14:10 horas del 19 de julio de 2019, entre otras cuestiones, una serie de defectos en el abordaje procesal dado a dicha terceri´a, se procedio´ a remitir el expediente al Area de Tra´mite a in de que se llevaran a cabo una serie de correcciones, consistentes en lo siguiente: “… Uno: Si el Nombre28548 constituye en realidad un tercero interesado (Art. 15.1.b CPCA -sin pretensiones), un tercero con pretensiones propias (Art. 15.1.a CPCA - equivalente a una parte actora tal cual) o inclusive, si se trata de un litisconsorte pasivo conforme lo estipula el art. 12.2 y 12.3 CPCA, por tratarse de un órgano con personalidad jurídica instrumental que ha derivado situaciones jurídicas activas de la conducta objeto de proceso. Dos: Si en efecto, la deducción de pretensiones por parte de Nombre28548 se hace al amparo del artículo 15.1.a CPCA o se trata de una contrademanda, y en cualesquiera de estas posibilidades, valorar las implicaciones del posible allanamiento en este asunto. Tres: Si por tratarse de un órgano persona que está accionando en contra de un particular, tiene o no capacidad, si su representación está debidamente constituida o no y si el escrito en que se formula debe o no cumplir con los requisitos de admisibilidad de los artículos 58 y 61 CPCA. Cuatro: En qué consisten especí icamente sus pretensiones y cuáles son sus alcances. Cinco: Sea que se trate de un tercero con pretensiones propias o una contrademanda, es necesario otorgar el emplazamiento correspondiente, a in de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de la demandada…”. A su vez, la Jueza Tramitadora procedio´ a trasladar estos puntos a la representacio´n del Nombre28548 por auto de las 15:51 horas del 04 de noviembre de 2019, sin embargo, e´sta por memorial recibido en el Despacho en fecha 08 de noviembre de ese an~o, informo´ al Tribunal que su “… integración como tercero interesado se produjo por cuanto el Corredor Biológico Talamanca Caribe mantenía activo un contrato de pago por servicios ambientales identi icado con el número LM-01222-0063 en el inmueble matrícula Placa25891 del Partido de Limón. A la fecha y por mutuo acuerdo la relación contractual de anterior cita fue iniquitada, por lo que no existiría interés actual por parte de mi representada de continuar en el presente proceso judicial por lo que solicito muy atentamente la exclusión del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del mismo…” (Resaltado no es del original). Asi´ las cosas y en vista de que el intere´s actual efectivamente comporta un presupuesto material que debe ser veri icado inclusive de o icio en la sentencia, consistente -en si´ntesis- en la posibilidad de que el fallo actu´e en la realidad, ya sea innovando o conservando una situacio´n juri´dica determinada; es decir, la posibilidad efectiva de proveer tutela jurisdiccional a la persona accionante, de manera que la sentencia resulte de utilidad para el titular de aquel derecho subjetivo o intere´s legi´timo afectado por el objeto del proceso. Implica entonces lo anterior, un deber para el Juez de efectuar un juicio de “utilidad” de ese pronunciamiento, con vista en la pretensio´n formulada y las circunstancias fa´cticas bajo las que se erige la accio´n (causa de pedir), cotejando los efectos de la resolucio´n jurisdiccional solicitada justamente con el marco del provecho o bene icio que tal pronunciamiento habri´a de proveer a favor de quien demanda. Asi´, no hay intere´s actual, si con todo y acceder a lo peticionado, la sentencia no tiene la virtud de ocasionar efecto alguno de provecho en la situacio´n juri´dica del accionante, deviniendo en ese tanto este´ril el fallo. Esta falta de intere´s no so´lo pueda darse de manera originaria al momento de incoar la demanda, sino que tambie´n puede ser de cara´cter sobrevenida, en caso de que decaiga la utilidad del pronunciamiento por el suceso de circunstancias novedosas (de hecho o de derecho) que afecten la necesidad de tutela judicial. Por consiguiente, al igual que con el resto de presupuestos materiales, el intere´s tambie´n debe mantenerse vigente durante todo el proceso (Ve´anse las sentencias de la Sala Primera nu´mero 465-2009 de las 10:40 horas del 07 de mayo de 2009, 900-F-S1-2011 de las 09:15 horas del 11 de agosto de 2011, entre otras). En el caso concreto, revisadas las manifestaciones dadas por el Nombre28548 y con base en el documento admitido como prueba para mejor resolver,  se ha constatado que efectivamente la desaparicio´n sobrevenida del motivo que dio origen a su incorporacio´n a la litis, toda vez que el contrato de servicios ambientales en cuestio´n ha cesado sus efectos por la propia voluntad de las partes contratantes. Se colige entonces que cualquier reclamo en ese sentido careceri´a de utilidad alguna, de modo que debe declararse, de o icio, una falta de intere´s actual sobreviniente respecto de la terceri´a con pretensiones propias promovidas en su momento por dicho o´rgano – persona, como en efecto se ordena.- 
VIII.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LA LESIVIDAD.- Siendo el objeto de esta contienda el ana´lisis de validez (vi´a lesividad) de un acto administrativo de contenido favorable, se hace necesario, de manera breve, establecer el cumplimiento de los diversos presupuestos que impone el ordenamiento juri´dico para la formulacio´n de un proceso de lesividad, siendo que la ausencia de uno de estos elementos vedari´a y hari´a imposible, acceder a lo propuesto en la demanda. Cabe indicar, que el ana´lisis de estos presupuestos deviene en una pra´ctica o iciosa para el juzgador, por constituir elementos esenciales de la accio´n, con lo que se impone un estudio de las condiciones subjetivas, objetivas, procedimentales y temporales, que resultan de indispensable satisfaccio´n para deducir la accio´n anulatoria embebida en el meollo de estos asuntos. En cuanto a la arista subjetiva, la legitimacio´n activa se concede a la Administracio´n emisora del acto cuestionado, en tanto que el legitimado pasivo es el receptor de los efectos de la conducta, sea, quien obtiene sus bondades. Valga indicar en este sentido, que al constituirse la accio´n de lesividad como una garanti´a para el administrado y dado que es el jerarca supremo de la Administracio´n autora de la conducta, la u´nica autoridad pu´blica autorizada para apreciar el alcance del perjuicio a los intereses pu´blicos derivados de la conducta impugnada, los o´rganos administrativos responsables del ejercicio de la defensa judicial del ente pu´blico, quedan vinculados estrictamente por el acto de declaratoria, de modo que no poseen la competencia su iciente para realizar o modi icar el alcance de e´sta. En lo atinente a la arista objetiva, la lesividad se constituye como un mecanismo de eliminacio´n juri´dica de actos administrativos de alcance particular y de contenido favorable, que sean disconformes sustancialmente con el ordenamiento juri´dico (arti´culos 128, 158 y 183.3 LGAP, Ley N° 6227). En esa li´nea, la Administracio´n debe declarar lesivo a los intereses pu´blicos esa conducta, lo que debe ser establecido dentro de un marco de acciones internas de la administracio´n que son impostergables para formular la accio´n. En efecto, en el orden procedimental, la potestad de declarar lesivo este tipo de conductas formales se advierte como una potestad de ejercicio discrecional, en tanto no existe mandato legal que instruya a la Administracio´n a demandar, por la vi´a de la lesividad, la nulidad de todos los actos administrativos disconformes con el ordenamiento juri´dico, por el contrario, los arti´culos 183.3 LGAP y 34 CPCA, habilitan al jerarca ma´ximo supremo de la Administracio´n Pu´blica respectiva para decidir si incursiona o no en la impugnacio´n judicial del acto favorable, en el entendido que es hasta “…Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación…”, esto es, una vez que haya adoptado la decisio´n de incoar la accio´n anulatoria, que debera´ avocarse a determinar si esa conducta formal resulta perjudicial para los intereses pu´blicos, para lo cual, bien puede ampararse en un criterio juri´dico-te´cnico de base que sustente esa determinacio´n. A diferencia de otras iguras de supresio´n de conductas pu´blicas (como es el caso de la nulidad o iciosa prevista en el arti´culo 173 LGAP), no requiere de audiencia al tercero, sino solo de acciones a lo interno de la Administracio´n que buscan veri icar la existencia expresa de voluntad administrativa emitida por el jerarca ma´ximo, en el sentido de pretender la supresio´n del acto. Es dentro del proceso judicial que el tercero podra´ establecer sus alegatos de defensa, por lo que la ausencia de su participacio´n dentro de la fase administrativa de declaratoria de lesividad, no cercena en modo alguno su derecho al debido proceso o procedimiento administrativo. Ahora bien, cuando el acto emane del Estado (ver art. 1 Ley General), sea, de la Administracio´n Central, la demanda solo podra´ ser incoada por la Procuraduri´a General de la
Repu´blica (canon 16 de la Ley No. 8508), previa declaratoria interna de lesividad y pedimento por parte del jerarca supremo, con detalle de los motivos de ese criterio. Cuando dimane de un ente pu´blico, las reglas de representacio´n judicial son las establecidas en el ordinal 17 de esa misma codi icacio´n. En cuanto a la dimensio´n temporal y conforme el Co´digo Procesal Contencioso Administrativo, se establecen dos plazos consecutivos, ambos de cara´cter anual. En el primero, la Administracio´n posee un plazo de un an~o contado a partir del di´a ha´bil siguiente a su emisio´n (que no de su comunicacio´n) para declarar lesivo el acto a los intereses pu´blicos en sede administrativa. Se exceptu´an de este primer li´mite, aquellos supuestos en que la Administracio´n pretenda la supresio´n de actos de e icacia sucesiva (continuada o inde inida) y que, asimismo, estime poseen vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso esa declaratoria interna podra´ hacerse mientras perduren tales efectos. En dicha hipo´tesis, el plazo del an~o antes aludido inicia su co´mputo (dies a quo) a partir del cese de esos efectos, sin embargo, la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hara´ u´nicamente para la anulacio´n e inaplicabilidad futura de la conducta impugnada. Establece asi´ el arti´culo 34.1 CPCA: “…El plazo máximo para ello [realizar la declaratoria administrativa de lesividad] será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos...” (Resaltado no es del original). El segundo de los dos plazos anuales antes mencionados corresponde al te´rmino de caducidad para el ejercicio de la accio´n judicial de nulidad ante esta jurisdiccio´n, conforme lo estipulado en el arti´culo 39.1.e CPCA, que indica lo siguiente: “…Artículo 39.- 1) El plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará: […] e) En el supuesto del proceso de lesividad, a partir del día siguiente a la irmeza del acto que la declara…” (Resaltado no es del original). Por u´ltimo, consideramos necesario an~adir aqui´, que diversas fuentes del ordenamiento juri´dico administrativo han dispuesto varios supuestos de excepcio´n a este li´mite temporal; por lo pronto, este Tribunal ha identi icado al menos las siguientes salvedades: las acciones en materia de tutela del dominio pu´blico y la proteccio´n del ambiente y en materia tributarias, esta u´ltima, no aplicable a este proceso.-
IX.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA LESIVIDAD EN EL CASO
CONCRETO. Del ana´lisis de los autos se concluye que en este caso se pretende la nulidad del acto administrativo de titulacio´n de la parcela 9-A-2001 del proyecto de titulacio´n BIRF 2764, que se corresponde con la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891, nu´mero de plano Placa26810, acto cuyo destinatario lo fue la Asociacio´n aqui´ demandada, asi´ como una serie de actos y conductas conexas y dependientes de dicha titulacio´n.  En concreto, se re iere al Acuerdo de Junta Directiva del entonces IDA nu´mero 161, adoptado en el Arti´culo 161 de la sesio´n ordinaria nu´mero 023-2004, llevada a cabo el di´a 21 de junio de 2004, con irmado y de initivamente aprobado mediante Acuerdo n° 02 del Arti´culo 02 de la sesio´n ordinaria nu´mero 024-04 adoptado el 28 de junio de ese mismo an~o. Esa conducta administrativa fue declarada lesiva a los intereses pu´blicos, mediante Acuerdo N° 5 del Arti´culo Cinco de la sesio´n ordinaria n° 011-2013 celebrada el di´a 18 de marzo de 2013, por parte de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, ente pu´blico que asumio´ las competencias del Instituto de Desarrollo Agrario, segu´n transformacio´n subjetiva institucional decretada mediante la Ley N.º 9036 de 11 de mayo de 2012, resultando de particular intere´s lo dispuesto en el arti´culo 14, que preceptu´a lo siguiente: “...Transfórmase el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), como una institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa […] A partir de la publicación de la presente ley, toda disposición legal, reglamentaria o administrativa que haga referencia al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) deberá leerse como Instituto de Desarrollo Rural (Inder)…” (Resaltado no es del original). Lo anterior, resulta conforme lo dispuesto en los numerales 10.5 y 34.1 del Co´digo Procesal Contencioso Administrativo, en tanto se trata de actos dictados entonces por parte de la misma entidad pu´blica, previa declaratoria de lesividad del superior jera´rquico supremo. Aunado a lo anterior, la demanda la formula el INDER en contra de la Asociacio´n de Organizaciones del Corredor Biolo´gico de Talamanca-Caribe, por ser e´sta la persona (juri´dica) a favor de quien surgen los efectos bene iciosos del acto, por lo que, en te´rminos del ámbito subjetivo (tanto activo como pasivo), no se observa de iciencia alguna. Tampoco se observa ninguna irregularidad respecto del elemento procedimental en tanto, reiteramos, consta dentro de los autos la declaratoria de lesividad referida, con el ana´lisis juri´dico y te´cnico sobre los cuales, el jerarca administrativo baso´ su voluntad de acudir a esta forma de supresio´n o iciosa de conductas favorables. Por otra parte, los actos que se pretenden anular sin duda contienen un efecto favorable para el aqui´ demandado, porque le otorgaron el disfrute de un derecho de propiedad inmobiliaria sobre una parcela con una cabida de 183,488.35 m2. Es claro que ese acto se trata de uno que, al margen de su validez o no, contiene un efecto bene icioso para el accionado, en tanto le dota directamente de un bien patrimonial. De ahi´ que, por tutela de la doctrina de la intangibilidad de actos propios que dimana del ordinal 34 de la Constitucio´n Poli´tica, su supresio´n por invalidez absoluta ha de realizarse por las sendas procedimentales ijadas por el Ordenamiento Juri´dico para tales ines, como es en este caso, la vi´a de la lesividad. Por ello, estimamos que el presupuesto objetivo se cumple a cabalidad. Finalmente, estimamos que, en relacio´n con el elemento temporal, siendo que el acto administrativo de titulacio´n cuya nulidad se pretende fue emitido en el an~o 2004 y, si bien, su declaratoria de lesividad se emitio´ hasta el an~o 2013, entonces cobra trascendencia determinar primero si estamos o no frente a uno de los supuestos de excepcio´n a las reglas establecidas para esta cuestio´n prejudicial. Por ese motivo, procederemos de seguido a examinar la demanda por el fondo este aspecto y luego, analizar el cumplimiento o no de este presupuesto de la accio´n de lesividad.-
X.- SOBRE EL EXAMEN DE LEGALIDAD DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA IMPUGNADA.-
En lo fundamental, la presente demanda de lesividad tiene por objeto determinar si la titulacio´n de la parcela 9-A-2001 del proyecto de titulacio´n BIRF 2764, que se corresponde con la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891, nu´mero de plano Placa26810, llevada a cabo mediante el Acuerdo de Junta Directiva del entonces IDA nu´mero 161, adoptado en el Arti´culo 161 de la sesio´n ordinaria nu´mero 023-2004 del di´a 21 de junio de 2004, se efectuo´ o no apegada a Derecho. En ese sentido, estima el Tribunal que, una vez analizados adecuadamente los autos, se ha corroborado que en el efecto la demanda de lesividad debe ser acogida, por las razones que de seguido se detallan: -
En primer lugar, tal y como lo aduce el INDER, al momento de adoptarse la conducta administrativa no se cumplio´ con dos presupuestos necesarios para que e´sta se pudiera llevar a cabo, primero, -y esto es aceptado expresamente por la Asociacio´n demandada- se omitio´ el acatamiento de lo preceptuado en los arti´culos 58, 60 y 61 del Reglamento a la Ley de Uso de Suelos, Decreto Ejecutivo nu´mero 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, publicado originalmente en el diario o icial La Gaceta n.º 57 de 21 de marzo de 2001. No obstante, que dicho Reglamento ha sufrido varias reformas, las normas de cita se mantienen inco´lumes, de modo que tanto a la fecha en la que se llevo´ a cabo el procedimiento de titulacio´n, como en la actualidad, se dispone lo siguiente: “… Artículo 58.- En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el in de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada, y ejecutándolas con las mejores prácticas de su manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la Ley Nº 7779 y este Reglamento […] Artículo 60.- Es obligatorio para el IDA contar con estudios de suelos, al menos a nivel de semidetalle en coordinación con el MAG, de previo a toda compra de incas, parcelación, adjudicación, titulación, arrendamiento, y con mayor énfasis en la titulación de tierras ubicadas en reservas nacionales según ley 7599 del 29 de abril de 1996. Artículo 61.- Por ningún concepto el IDA podrá adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasi iquen para ines agrarios según el estudio de suelos…” (Resaltado no es del original). Es importante destacar aqui´ que no se trata, entonces, de un simple requisito de procedimiento administrativo como lo hace ver la representacio´n judicial de la Asociacio´n demandada, ya que incluso se impone una restriccio´n a la competencia del entonces IDA, hoy INDER, para titular tierras, sean o no en reservas nacionales, si el resultado del estudio de suelos arrojara la incompatibilidad de los inmuebles con una vocacio´n agraria. Es decir, que no so´lo hay un vicio en el procedimiento y en el motivo del acto, sino que adema´s, sin ese dictamen te´cnico obligatorio y vinculante, la Administracio´n no podi´a ejercer va´lidamente su competencia.
En segundo lugar, efectivamente, consideramos que nos encontramos ante una enajenacio´n ili´cita del dominio pu´blico, circunstancia que en si´ misma es, tambie´n, su icientemente grave como para dar lugar a la nulidad absoluta del acto de titulacio´n. Al respecto y una vez valoradas las probanzas allegadas al expediente, asi´ como las tesis argumentativas desarrolladas por las partes, estima este Tribunal que no se cuentan con elementos su icientes como para desacreditar la naturaleza dominical del bien inmueble titulado en la conducta impugnada, pues al amparo de la certi icacio´n emitida por el MINAE (con nu´mero de o icio SINAC-DS-OFAU-1834-2003) y aportada por la propia Asociacio´n demandada en el procedimiento administrativo de titulacio´n (cuyo extracto digital se puede apreciar en el hecho probado n.º 03), nos permite concluir de manera contundente que en efecto el fundo en cuestio´n posee tal cara´cter juri´dico, justo como lo sostiene el INDER y los coadyuvantes activos, ame´n de que no contamos en la comunidad probatoria con elementos que permitan determinar lo contrario y de esta manera, desacreditar la presuncio´n iuris tantum de la certi icacio´n. Esto lo podemos corroborar, por un lado, de los documentos incorporados al expediente judicial y que, en principio, corresponden a los aportados durante el procedimiento administrativo de titulacio´n, en los que podemos identi icar los siguientes elementos: 1) la escritura pu´blica nu´mero 79 de las 10:20 horas del 07de abril de 2003, otorgada en el tomo once del protocolo de la notaria pu´blica Rosa Bustillos Lemaire (f. 34 del expediente judicial escaneado), que corresponde a una declaracio´n jurada suscrita por el sen~or Nombre63958´   , en su condicio´n de Presidente de la Asociacio´n demandada, en la que e´ste mani iesta -en lo que interesa- lo siguiente: “...SEGUNDO: Que adquirí la propiedad descrita del señor Nombre140104   en fecha del trece de setiembre de mil novecientos noventa y tres, el cual me traspaso la posesión ejercida por él y los anteriores poseedores de diez años. TERCERO: Que he ejercido actos de posesión en forma quieta, pací ica, ininterrumpida y a título de dueño por más de diez años, que sumados a la posesión de mis anteriores tendría una posesión total demostrable de veinte años…” (Resaltado no es del original); 2) la escritura pu´blica nu´mero 161 de las 11:00 horas del 03 de setiembre de 2003, otorgada en el tomo once del protocolo de la notaria pu´blica Rosa Bustillos Lemaire (f. 36 del expediente judicial escaneado.), que corresponde a una declaracio´n jurada suscrita por los sen~ores Jose´ Luis Zu´n~iga Zu´n~iga – en representacio´n de la Asociacio´n demandada –,  Nombre140110  , Nombre140111   , Nombre140112    y Nombre140113  , en la que mani iestan: “...PRIMERO: Que mi representada ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, es propietaria de la inca sin inscribir que es terreno de bosque, sito en el caserío de Gandoca, distrito de Sixaola del cantón de Talamanca de la provincia de Limón, plano Lseiscientos cuarenta y cinco mil doscientos veintisiete- dos mil, linda al NORTE ; Nombre140110   y Nombre140112  , SUR: Nombre140114 y colindante desconocido, ESTE: Nombre140114 y Nombre140113   OESTE: Nombre140115. SEGUNDO: Que advertidos de las penas con que se castiga el delito de falso testimonio, bajo fe de juramento declaramos y manifestamos que los linderos que detalla el plano catastrado L- seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos veintisiete- dos mil, son tal y como se indica…”; 3) la escritura pu´blica nu´mero 178 de las 16:00 horas del 17 de setiembre de 2003, otorgada en el tomo once del protocolo de la notaria pu´blica Rosa Bustillos Lemaire (f. 38 del expediente judicial escaneado.), que corresponde a una declaracio´n jurada suscrita por los sen~ores Jose´ Luis Zu´n~iga Zu´n~iga – en representacio´n de la Asociacio´n demandada –, Nombre140116   , Nombre140117   y Nombre140118  , en la que e´stos a irman lo siguiente: “...PRIMERO: Que nosotros,  Nombre140116   , Nombre140117   y Nombre140118  , somo vecinos de la localidad de Gandoca, distrito Sixaola, cantón de Talamanca, provincia de Limón. SEGUNDO: Que conocemos de la posesión ejercida por el señor Nombre63958   , de forma pública, paci ica, quieta, ininterrumpida y a titulo de dueño por espacio de mas de diez años…” (Resaltado no es del original); 4) la escritura pu´blica nu´mero 492 otorgada ante los notarios Nombre140106 y Nombre14854, ambos de apellidos Nombre140107  y Andre´s Arias Victory, actuando en el protocolo de e´ste u´ltimo, en fecha 13 de setiembre de 1993 (f. 42 del expediente judicial escaneado.), en la que el sen~or Nombre140104   le transmitio´ al Banco Cooperativo Costarricense R.L., como iduciario del Fideicomiso Corredor Biolo´gico Talamanca Caribe-Bancoop R.L. una posesio´n acumulada de ma´s de 20 an~os sobre tres terrenos sin inscribir, en los siguientes te´rminos: “… Que el primero es propietario de tres terrenos sin inscribir situados en Sixaola, Gandoca, Distrito Segundo, Cantón Cuarto,  de la Provincia de Limón, que se describen así: a- Terreno con plano catastrado número L- ochocientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta-noventa, con un área de dieciocho hectáreas con mil cuarenta y siete metros cuadrados y que colinda al Norte con Nombre140113  ; al Sur con Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón, Gandoca; Este Río Gandoca y Dirección4545  . b- Un resto de un terreno de veintidos [sic] hectáreas nueve mil novecientos setenta y ocho metros cuadrados con dieciseis [sic] decímetros cuadrados de los cuales se adquieren diecinueve hectáreas nueve mil novecientos y ocho metros cuadrados con dieciseis [sic] decímetros cuadrados, ya que el vendedor había vendido tres hectáreas; que tomando como base el croquis elavorado [sic] por el Instituto de Desarrollo Agrario, dicho terreno limita al Esta con Calle pública, al oeste y al Norte con el resto que se adquiere en este acto y al Sur con la Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón y se identi ica en el plano de dicho Instituto como la parcela trece-dos, mapa veintinueve. c- Terreno con un área de trece hectáreas cuatro mil ochocientos ochenta y seis metros cuadrados con veintiun [sic]  decímetros cuadrados; que se identi ica en el Instituto de Desarrollo Agrario como la parcela número diecisiete, mapa veintidos [sic], que se encuentra separado de a y b. Los terrenos a y b son contiguos, separados por una calle pública, y midiendo en su totalidad los tres terrenos cincuenta y un hectáreas cinco mil novecientos once metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados. Que por la suma de SEIS MILLONES DE COLONES, de los cuales entregan en este acto la suma de CUATRO MILLONES DE COLONES, recibidos en este acto a su entera satisfacción por el vendedor, y los restantes DOS MILLONES DE COLONES le serán cancelados treinta días después de que esta propiedad se encuentre debidamente inscrita en el Registro Público a nombre del Fideicomiso, el primero vende al segundo los terrenos descritos, traspasándole la posesión ejercida por sus anterior propietarios y por él mismo por más de veinte años, lo que se puede derivar de escritura treinta y ocho otorgada ante el Notario Luis Fernando Torres Ruega, de las catorce horas del diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, en forma pública, pací ica, sin interrupción y a título de dueño para que en derecho le bene icie. Dicho traspaso comprende en consecuencia el dominio pleno de lo vendido y todos los derechos, títulos e intereses de propiedad y posesión que tiene o pudiese tener ahora o en el futuro en la mencionada propiedad...” (Resaltado no es del original). Como se puede apreciar a partir de la lectura de estos extractos, o bien, de los documentos i´ntegros que corren en el expediente judicial, en ninguno de ellos se precisa una fecha de inicio de la posesio´n u´til y legi´tima del bien inmueble, tampoco un nu´mero de an~os que coincida con el peri´odo que la parte demandada aduce en su defensa, esto es, respecto de la supuesta posesio´n transmitida desde el an~o 1950, aproximadamente; adema´s trata´ndose de terrenos que en su momento formaron parte de reservas nacionales, sin que conste en ninguna prueba que los mismos carecieran de bosque o aptitud forestal, debemos entonces partir de que estos quedaron, en principio, incorporados a dicha categori´a dominical conforme los numerales 18 a 31 de la Ley Forestal nu´mero 4465 de 25 de noviembre de 1969, situacio´n de la que es re lejo la certi icacio´n emitida por el SINAC con nu´mero de o icio SINAC-DS-OFAU-18342003. Por u´ltimo, y en relacio´n con la escritura en la que dice haber adquirido el terreno en cuestio´n, no´tese que, adema´s de lo anterior, los tres terrenos de los que se alli´ se habla no coinciden con la cabida ni con la representacio´n gra´ ica del inmueble que dio lugar a la inca 111224-000, es decir, sea con el plano catastrado, o bien, con la numeracio´n de la parcela del IDA de ese inmueble. Por otra parte, respecto de la prueba de la parte demandada que fue admitida en la audiencia del 09 de julio de 2015 (ver grabacio´n de la audiencia a partir de las 14:22:10), primero, obse´rvese que si bien en la minuta de la misma (f. 591 del expediente judicial escaneado) se asentaron diversos folios del expediente, el Juez Tramitador, en realidad, no dispuso admitir ninguna en particular, ya que ba´sicamente remitio´ a la documental que habi´a ofrecido y admitido al INDER, esto por cuanto la Asociacio´n accionada no habi´a aportado documentos con la contestacio´n. Resolvio´ asi´ el Juez Tramitador: “…con respeto a las otras pruebas, efectivamente, llevan razón, este, todo, eh, el tercero, este, el coadyuvante, el tercero interesado y este… y la representación del INDER en que, efectivamente, no se presentó prueba o documentación con, este, con la contestación de la demanda, sin embargo, también deben de tomar en cuenta que los folios que, este, la parte actora [re irie´ndose a la Asociacio´n] solicita se incorporen ya ha sido prueba en común, entonces en ese sentido no tendría o no surtiría ningún efecto indicar que la parte actora [re irie´ndose a la Asociacio´n], este, no presentó prueba porque en realidad lo que está citando solamente son los folios de las mismo INDER que, en su momento, ya fueron aceptados y en ese sentido sería prueba en común y este Juzgador lo aceptaría…” (ver grabacio´n de la audiencia del 09 de julio de 2015 desde las 14:41:58 a 14:42:42. Resaltado es propio. Transcripcio´n es literal). Por otra parte, respecto de la prueba documental extempora´nea, admitida en esta sentencia y que fuera ofrecida en aquel momento de la audiencia preliminar, esto es, los o icios del Sistema Nacional de Areas de Conservacio´n n° SINAC-ACLAC-DR-277 de 24 de julio y SINAC-DE-574 de 20 marzo, ambas fechas del an~o 2014, que corren agregados a los folios 445 a 447 del expediente judicial escaneado, la misma tampoco resulta ido´nea para desacreditar la certi icacio´n de pertenencia al Patrimonio Natural del Estado (con nu´mero de o icio SINAC-DS-OFAU-1834-2003), primero, porque la parte demandada no esgrimio´ una contrademanda de nulidad en contra del Estado que hubiese permitido eliminar ese acto administrativo del ordenamiento juri´dico, careciendo por tanto de algu´n efecto u´til para la litis, sino que, adema´s, lo que se desprende a lo ma´s de esos documentos es un posible cuestionamiento de la metodologi´a empleada por el SINAC para llevar a cabo su elaboracio´n, pero sin desacreditar sus conclusiones. Dice, en lo que interesa, el o icio SINAC-ACLAC-DR-277 :

Ciertamente, podri´a haberse desacreditado las conclusiones de la certi icacio´n dado su cara´cter de presuncio´n iuris tantum, sin embargo, como no se cuenta con alguna otra prueba que asi´ lo hubiera permitido, no es posible entrar a aseverar la existencia de una posesio´n anterior a la demanializacio´n del inmueble en cuestio´n. Por su parte, del otro o icio aportado en ese sentido, el n° SINAC-DE-574, consistente en un documento adjunto al anterior, en e´l so´lo se detallan instrucciones giradas en su momento por la Direccio´n Ejecutiva del SINAC a las Areas de Conservacio´n, respecto de co´mo realizar las certi icaciones de clasi icacio´n de terrenos respecto del Patrimonio Natural del Estado, sin que se aporte ninguna informacio´n de relevancia a in de acreditar que el fundo titulado a favor de la Asociacio´n demandada no forma parte de dicho re´gimen demanial. Por u´ltimo, debemos recordar que la u´nica prueba ofrecida en la contestacio´n de la demanda fue de cara´cter testimonial y la misma fue rechazada durante la audiencia preliminar por parte del Juez Tramitador (ve´ase grabacio´n de la audiencia de fecha 09 de julio de 2015, a partir de las 14:50:10 horas). En atencio´n a lo anterior, denotamos que efectivamente el acto de titulacio´n infringe el ordenamiento juri´dico, precisamente, en los te´rminos que ya han sen~alado otros precedentes de esta Seccio´n, en el entendido de que la demanialidad de estos bienes, a tono con la doctrina que deriva de los ca´nones 261 y 262 del Co´digo Civil, junto con las normas especiales que rigen el Patrimonio Natural del Estado, hace que estos resulten “…en de initiva, inalienables, imprescriptibles e intransferibles. De ahí que su titulación, o bien, el otorgamiento de derechos de disposición de aquellos, a favor de personas particulares, supone, sin duda, un quebranto al régimen normativo de esta categoría de dominio. Esto supone, que cualquier acto de disposición sobre este tipo de cosas públicas, mostraría un antagonismo a la legalidad administrativa, patología que es propia de in vicio grave, que lleva a la nulidad absoluta de ese tipo de conductas administrativas habilitantes…” (Sentencia N° 134-2021-VI de las 07:30 horas del 13 de octubre de 2021. Resaltado no es del original).
En tercer lugar y una vez analizados los autos y determinado que, en efecto, nos encontramos en el sub iúdice en una de las hipo´tesis de excepcio´n, que permite romper la limitacio´n temporal para el ejercicio de la accio´n anulatoria, es necesario dar entonces por cumplido este requisito prejudicial, toda vez que aunque el acto administrativo de titulacio´n fue emitido en el an~o 2004 y, si bien, su declaratoria de lesividad se emitio´ hasta el an~o 2013, lo cierto del caso es que la accio´n de recuperacio´n o tutela del dominio pu´blico ejercida a trave´s de una demanda de lesividad, no esta´ sujeta a plazo, no so´lo por la aplicacio´n de la cla´usula general de imprescriptibilidad de este tipo de bienes, sino porque expresamente lo establece el arti´culo 34.2 CPCA: “… La lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo…” (Resaltado no es del original).
En virtud de lo expuesto, estimamos entonces no so´lo que se satisfacen a cabalidad, los distintos presupuestos requeridos para formular este proceso de lesividad, sino que adema´s se han comprobado en el caso concreto, los vicios apuntados por el INDER en su accio´n anulatoria, de modo que lo corresponde en Derecho es acoger la misma, como en efecto se ordena. En vista de dicha circunstancia, considera esta Ca´mara que los elementos argumentativos y de prueba aportados por los coadyuvantes activos, resultari´an entonces innecesarios, por lo que omitiremos expresamente su ana´lisis, toda vez que dicha labor resulta fu´til para la resolucio´n de la litis. 
XI.- SOBRE LAS NULIDADES QUE SE DECLARAN.- En el presente proceso, la representacio´n del INDER no so´lo ha derivado una accio´n anulatoria de sus actos propios, como es ti´pico de una demanda de lesividad, sino que adema´s, ha an~adido una serie de nulidades por conexidad o derivacio´n del acto impugnado, a saber, ha pedido anular el acto administrativo en el que se titulo´ a favor de la Asociacio´n demandada la inca del Partido de Limo´n, matri´cula Placa25890° , con plano catastrado nu´mero L-0645227-2000 (pretensio´n n° 2), asi´ como los dema´s actos juri´dicos a trave´s de los cuales se ejecuto´ y formalizo´ el traspaso del inmueble, asi´ como su inscripcio´n en el
Registro Pu´blico (pretensiones N° 3 y 4). Asi´ las cosas, como derivacio´n de lo expuesto en los Considerandos precedentes y en atencio´n a que “…[l]a lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo…” (Art. 34.2 CPCA), entonces, dichas pretensiones deben acogerse plenamente y en consecuencia, se dispone lo siguiente: 1) Se declara la nulidad absoluta parcial del acuerdo nu´mero 161, adoptado en el Arti´culo 161 de la sesio´n ordinaria nu´mero 023-2004 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER), llevada a cabo el di´a 21 de junio de 2004, exclusivamente, en tanto se dispuso alli´ la titulacio´n a favor de la Asociacio´n de Organizaciones del Corredor Biolo´gico Talamanca Caribe, de la Dirección16846  del proyecto de titulacio´n BIRF 2764, con una cabida de 183,488.35 m2 y plano catastrado n° L-645227-2000, que se corresponde actualmente con la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891; y 2) Por haberlo solicitado asi´ la parte accionante y dada su conexidad con la conducta formal anulada, de conformidad con el arti´culo 122 inciso k) del CPCA, debera´ anularse tambie´n los actos juri´dicos que se citan a continuacio´n, en los siguientes te´rminos: a) Parcialmente, la escritura pu´blica nu´mero 47 otorgada a las 10:00 horas del 27 de julio de 2004, ante los notarios Randy Anthony Gordon Cruickshank y Eduardo Newton Cruickshank Smith, actuando en el protocolo nu´mero 5 del primero, especi´ icamente, en cuanto a la segregacio´n y traspaso de la parcela Dirección16847 con una cabida de 183,488.35 m2, con plano catastrado n° L-645227-2000, realizada a favor de la
Asociacio´n de Organizaciones del Corredor Biolo´gico Talamanca Caribe y que se corresponde actualmente con la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891, y b) El asiento de inscripcio´n en el Registro Nacional de la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891, nu´mero de plano L-645227-2000, correspondiente a la parcela 9-A-2001 del proyecto de titulacio´n BIRF 2764. De conformidad con el arti´culo 171 de la LGAP en relacio´n a los numerales 39 inciso 2) y 131 del CPCA, esta declaratoria tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de los actos invalidados, salvo derechos adquiridos de buena fe.-
XII.- RESPECTO DE LA PRETENSIÓN NÚMERO CINCO.-  La parte actora establecio´ en su demanda una quinta pretensio´n, la cual se lee en los siguientes te´rminos: “…5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción del inmueble inscritos [sic] en el Registro Nacional, Provincia de Limón Folio Real Matrícula número Placa25891….” . Revisado el asiento registral de la inca en cuestio´n, se observa que en la base de datos pu´blica del Registro Nacional, a la fecha de esta sentencia dicho inmueble soporta las siguientes anotaciones y grava´menes:

Como se puede apreciar, constan tres anotaciones en el asiento registral, la primera, re iere a las limitaciones con las que fue creada la inca al momento en que fue titulada por parte del entonces IDA, las segundas son limitaciones que independientemente del motivo que las origino´ se encuentran vencidas desde el 24 de mayo de 2016 y inalmente, la anotacio´n que como medida cautelar decreto´ este Tribunal. Por consiguiente y con base en las mismas consideraciones que fueron expuestas ut supra sobre la falta de intere´s actual sobreviniente respecto de la terceri´a con pretensiones propias de Nombre28548, estima esta Ca´mara que debe declararse de o icio, una falta de intere´s actual en relacio´n con este extremo de la demanda, ya que como se a irmo´ anteriormente dicho pronunciamiento no operari´a ninguna ventaja tangible a la esfera juri´dica de la parte actora, no so´lo porque a la fecha no existe anotacio´n vigente que haga valer derecho alguno de una tercera persona, sino que adema´s con la anulacio´n del asiento registral que aqui´ se ordena, tambie´n quedari´an eliminadas ipso iure las restantes anotaciones. -
XIII.- EN RELACIÓN CON LA MEDIDA CAUTELAR- En relacio´n con las medidas cautelares dictadas a favor de la parte actora por medio de resoluciones cautelares N° 2676-2013 de las 09:40 horas 10 de diciembre de 2013, del Area de Tra´mite de este Tribunal (f. 151 del expediente judicial escaneado), y N° 273-2014-II de las 15:29 horas del 08 de julio de 2014, de la Seccio´n Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se ordena entonces mantener la vigencia de las mismas hasta tanto esta sentencia adquiera irmeza, instante a partir del cual debera´ tenerse por levantada sin necesidad de resolucio´n alguna que asi´ lo declare con posterioridad. Para efecto de claridad de esta sentencia, se resume aqui´ el contenido de dichas medidas cautelares: 1) La anotacio´n de la demanda al margen de la inca del Partido de Limo´n matri´cula nu´mero Placa25891 (resolucio´n cautelar n.º 2676-2013 del Area de Tra´mite de este Tribunal); y 2) El deber de  la Asociacio´n demandada de “...abstenerse de realizar conductas que puedan afectar directamente el patrimonio natural del Estado, y que en particular se desglosarían de la siguiente manera (reiterando la cláusula cuarta del contrato con FONANIFO): Proteger el bosque, cobertura vegetal, así como los procesos de regeneración del área comprendida en el contrato, por ende no cortar árboles o cualquier otro tipo de vegetación, contar con un regente forestal debidamente colegiado responsable de la ejecución técnica durante la vigencia del contrato, prevenir y controlar los incendios forestales, prevenir y controlar la cacería ilegal y· 'extracción ilegal de otros. productos del bosque, no desarrollar actividades agrícolas o ganaderas, no efectuar acciones de corta y extracción de productos maderables, no realizar ninguna actividad que altere el comportamiento natural del área a proteger, comunicar al MINAET cualquier alteración o contingencia que ocasione cambios en el área protegida, permitir el acceso al personal del MINAET, FONAFIFO, encargado del control al lugar del área sujeta al PCA, facilitando su labor, ceder al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal los servicios ambientales generados por su bosque, acatar cualquier recomendación técnica emitida por el MINAET o el regente en forma escrita. Debe mantener el accionado libre de invasores el área, realizar todas las acciones necesarias para proteger el inmueble ya sea en forma personal o bien comunicando a las autoridades del MINAET cuando así sea necesario, evitar cualquier acción que vaya a afectar materialmente los bienes que se encuentran en el bosque y demás recursos naturales, cubrir no solamente lo que corresponde al área forestal sino en general los ecosistemas, previniendo cualquier deterioro y ciertamente con la imposibilidad de realizar un cambio en el uso del suelo. Deberá cada tres meses a partir del día de hoy hacerse una comunicación o informe en relación con la condición del inmueble, la que se aportará al expediente judicial...” (Resolucio´n de la Seccio´n Segunda del Tribunal de Apelaciones N° 273-2014-II).-
XIV.- SOBRE LAS COSTAS.- De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo su iciente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, el Tribunal es del criterio de que, en relacio´n con la demanda de lesividad, si bien la Asociacio´n accionada ha resultado perdidosa, contaba con su iciente motivo para litigar, toda vez que teni´a un acto declaratorio de derechos que el INDER ha tenido que venir anular a esta jurisdiccio´n. En igual sentido, se entiende de parte de esta Seccio´n respecto de la deduccio´n de pretensiones propias por parte del FONAFIFO, en razo´n precisamente de la defensa de los fondos pu´blicos que habi´an sido invertidos como parte del contrato de pago de servicios ambientales que, en su momento, suscribio´ con la Asociacio´n demandada. Por ello, estimamos que el proceso debe terminar sin especial sin especial condenatoria en costas para ambas partes vencidas.-
POR TANTO
Se admite como prueba documental extempora´nea los o icios del Sistema Nacional de Areas de Conservacio´n n° SINAC-ACLAC-DR-277 de 24 de julio y SINAC-DE-574 de 20 marzo, ambas fechas del an~o 2014, ofrecidos por la Asociacio´n demandada, asi´ como el documento relativo al iniquito del contrato de pago por servicios ambientales nu´mero LM-01-222-0063-2011. Se rechazan los restantes documentos extempora´neos ofrecidos como prueba por parte de FONAFIFO, el Estado y la Asociacio´n Demandada. - De o icio, se declara una falta de intere´s actual en relacio´n con la terceri´a con pretensiones propias incoada en su momento por Nombre28548, asi´ como respecto de la pretensio´n nu´mero 5 de la demanda de lesividad. Se rechaza la falta de Derecho opuesta por la Asociacio´n demandada. Por consiguiente: A) SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de lesividad incoada por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), contra la ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO DE TALAMANCA-CARIBE. En consecuencia, por unanimidad, se declara: 1) La nulidad absoluta parcial del acuerdo nu´mero 161, adoptado en el Arti´culo 161 de la sesio´n ordinaria nu´mero 023-2004 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER), llevada a cabo el di´a 21 de junio de 2004, exclusivamente, en tanto se dispuso alli´ la titulacio´n a favor de la Asociacio´n de Organizaciones del Corredor Biolo´gico Talamanca Caribe, de la Dirección16846  del proyecto de titulacio´n BIRF 2764, con una cabida de 183,488.35 m2 y plano catastrado n° L-645227-2000, que se corresponde actualmente con la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891; y 2) Por haberlo solicitado asi´ la parte accionante y dada su conexidad con la conducta formal anulada, de conformidad con el arti´culo 122 inciso k) del CPCA, debera´ anularse tambie´n los actos juri´dicos que se citan a continuacio´n, en los siguientes te´rminos: a) Parcialmente, la escritura pu´blica nu´mero 47 otorgada a las 10:00 horas del 27 de julio de 2004, ante los notarios Randy Anthony Gordon Cruickshank y Eduardo Newton Cruickshank Smith, actuando en el protocolo nu´mero 5 del primero, especi´ icamente, en cuanto a la segregacio´n y traspaso de la parcela 9-A-2001 con una cabida de 183,488.35 m2, con plano catastrado n° Placa26810, realizada a favor de la Asociacio´n de Organizaciones del Corredor Biolo´gico Talamanca Caribe y que se corresponde actualmente con la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891, y b) En su totalidad, el asiento de inscripcio´n en el Registro Nacional de la inca del Partido de Limo´n con nu´mero de matri´cula Placa25891, nu´mero de plano L-645227-2000, correspondiente a la parcela 9-A-2001 del proyecto de titulacio´n BIRF 2764. De conformidad con el arti´culo 171 de la LGAP en relacio´n a los numerales 39 inciso 2) y 131 del CPCA, esta declaratoria tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de los actos invalidados, salvo derechos adquiridos de buena fe.- El resto de pretensiones no incluidas en el anterior pronunciamiento, se desestiman por resultar juri´dicamente improcedentes.- Se ordena mantener la vigencia de las medidas cautelares dictadas por medio de las resoluciones N° 26762013 de las 09:40 horas 10 de diciembre de 2013, del Area de Tra´mite de este Tribunal, y N° 2732014-II de las 15:29 horas del 08 de julio de 2014, de la Seccio´n Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, hasta tanto esta sentencia adquiera irmeza, instante a partir del cual debera´ tenerse por levantada sin necesidad de resolucio´n alguna que asi´ lo declare con posterioridad.-  B)  SE DECLARA SIN LUGAR la terceri´a con pretensiones propias incoada por el FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL contra la ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO DE TALAMANCA-
CARIBE.-  Se exonera a las partes vencidas del pago de las costas.-   Noti íquese.-
Daniel Aguilar Méndez
Silvia Consuelo Fernández Brenes Cynthia Abarca Gómez

1


Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:48:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VIII.- ON THE PREREQUISITES OF LESIVIDAD.- Since the object of this dispute is the analysis of validity (via lesividad (challenge of an unfavorable administrative act)) of an administrative act with favorable content, it is necessary, briefly, to establish compliance with the various prerequisites imposed by the legal system for the formulation of a lesividad process, given that the absence of one of these elements would bar and make it impossible to grant what is proposed in the complaint. It should be noted that the analysis of these prerequisites becomes a mandatory practice for the judge, as they constitute essential elements of the action, thus requiring a study of the subjective, objective, procedural, and temporal conditions that must be indispensably satisfied to deduce the annulment action embedded in the core of these matters. Regarding the subjective aspect, active standing is granted to the Administration that issued the challenged act, while the passive party with standing is the recipient of the effects of the conduct, that is, the one who obtains its benefits. It is worth indicating in this sense that, since the action of lesividad is constituted as a guarantee for the administered party and given that the supreme head of the Administration that authored the conduct is the only public authority authorized to assess the scope of the harm to public interests derived from the challenged conduct, the administrative bodies responsible for exercising the judicial defense of the public entity are strictly bound by the act of declaration, so that they do not possess sufficient competence to carry out or modify its scope. Regarding the objective aspect, lesividad is constituted as a mechanism for the legal elimination of administrative acts of particular scope and favorable content that are substantially non-conforming with the legal system (Articles 128, 158, and 183.3 LGAP, Law No. 6227). In this line, the Administration must declare that conduct harmful (lesivo) to public interests, which must be established within a framework of internal actions of the administration that are unavoidable for formulating the action. In effect, in the procedural order, the power to declare this type of formal conduct harmful (lesivo) is seen as a discretionary power, insofar as there is no legal mandate instructing the Administration to sue, via lesividad, for the nullity of all administrative acts non-conforming with the legal system; on the contrary, Articles 183.3 LGAP and 34 CPCA enable the respective supreme head of the Public Administration to decide whether or not to engage in the judicial challenge of the favorable act, on the understanding that it is only "...When the Administration itself, the author of some act declaring rights, intends to sue for its annulment...", that is, once it has adopted the decision to initiate the annulment action, it must then undertake to determine if that formal conduct is detrimental to public interests, for which it may well rely on a technical-legal criterion as a basis to support that determination.

IX.- ON THE FULFILLMENT OF THE PREREQUISITES OF LESIVIDAD IN THE SPECIFIC

CASE. From the analysis of the case file, it is concluded that in this case, the nullity is sought of the administrative act of titling parcel 9-A-2001 of the BIRF 2764 titling project, which corresponds to the property of the Partido de Limón with registration number 111224-000, plan number L-645227-2000, an act whose recipient was the defendant Association here, as well as a series of acts and conducts connected to and dependent on said titling. Specifically, it refers to the Board of Directors Agreement of the then IDA, number 161, adopted in Article 161 of ordinary session number 023-2004, held on June 21, 2004, signed and definitively approved by Agreement No. 02 of Article 02 of ordinary session number 024-04 adopted on June 28 of that same year. That administrative conduct was declared harmful (lesiva) to public interests, by means of Agreement No. 5 of Article Five of ordinary session No. 011-2013 held on March 18, 2013, by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, a public entity that assumed the competencies of the Instituto de Desarrollo Agrario, following the institutional subjective transformation decreed by Law No. 9036 of May 11, 2012, with particular interest in the provisions of Article 14, which prescribes the following: "...The Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) is transformed into the Instituto de Desarrollo Rural (Inder), as an autonomous institution of public law, with legal personality, its own patrimony, and administrative independence […] As of the publication of this law, any legal, regulatory, or administrative provision that refers to the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) shall be read as Instituto de Desarrollo Rural (Inder)..." (Highlighting is not from the original). The foregoing is in accordance with the provisions of numerals 10.5 and 34.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, insofar as they are acts dictated then by the same public entity, following a prior declaration of lesividad by the supreme hierarchical superior. In addition to the foregoing, the complaint is formulated by INDER against the Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico de Talamanca-Caribe, as it is the (legal) person in favor of whom the beneficial effects of the act arise, so that, in terms of the subjective scope (both active and passive), no deficiency is observed. Nor is any irregularity observed regarding the procedural element insofar as, we reiterate, the referenced declaration of lesividad is recorded within the case file, with the legal and technical analysis upon which the administrative head based his will to resort to this form of official suppression of favorable conducts. On the other hand, the acts sought to be annulled undoubtedly contain a favorable effect for the defendant here, because they granted him the enjoyment of an immovable property right over a parcel with an area (cabida) of 183,488.35 m2. It is clear that this act is one that, regardless of its validity or not, contains a beneficial effect for the defendant, in that it directly endows him with a patrimonial asset. Hence, by virtue of the doctrine of the intangibility of one's own acts that emanates from numeral 34 of the Constitución Política, its suppression due to absolute invalidity must be carried out through the procedural paths established by the Legal System for such purposes, as is in this case, the route of lesividad. Therefore, we consider that the objective prerequisite is fully met. Finally, we consider that, in relation to the temporal element, given that the administrative act of titling whose nullity is sought was issued in the year 2004 and, although its declaration of lesividad was issued until the year 2013, it then becomes significant to first determine whether or not we are facing one of the exceptional cases to the rules established for this preliminary question. For this reason, we will proceed next to examine the substance of the complaint on this aspect and then, analyze whether or not this prerequisite of the action of lesividad is met.-

X.- ON THE EXAMINATION OF THE LEGALITY OF THE CHALLENGED ADMINISTRATIVE CONDUCT.-

In essence, the purpose of this complaint of lesividad is to determine whether the titling of parcel 9-A-2001 of the BIRF 2764 titling project, which corresponds to the property of the Partido de Limón with registration number 111224-000, plan number L-645227-2000, carried out through Board of Directors Agreement of the then IDA number 161, adopted in Article 161 of ordinary session number 023-2004 of June 21, 2004, was carried out or not in accordance with the Law. In this sense, the Tribunal considers that, once the case file has been adequately analyzed, it has been corroborated that in effect the complaint of lesividad must be upheld, for the reasons detailed below: -

In the first place, as INDER argues, at the time of adopting the administrative conduct, two necessary prerequisites for it to be carried out were not met; first, -and this is expressly accepted by the defendant Association- compliance with the provisions of Articles 58, 60, and 61 of the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos, Decreto Ejecutivo number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, originally published in the official gazette La Gaceta No. 57 of March 21, 2001, was omitted. Notwithstanding that said Reglamento has undergone several reforms, the cited rules remain unchanged, so that both on the date on which the titling procedure was carried out and at present, the following is provided: "... Article 58.- In any possessory information or that is presented before the IDA or before the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate, with an adequate soil study (estudio de suelos), that he has exercised possession complying with the conforming use of the soil (uso conforme del suelo) for the activity he carries out according to the approved methodology, and executing them with the best management practices, according to the best available technology in compliance with the provisions of Articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43, and 64 of Law No. 7779 and this Reglamento […] Article 60.- It is obligatory for the IDA to have soil studies (estudios de suelos), at least at a semi-detailed level in coordination with the MAG, prior to any purchase of properties (fincas), parceling (parcelación), adjudication, titling, leasing, and with greater emphasis on the titling of lands located in national reserves according to Law 7599 of April 29, 1996. Article 61.- Under no concept may the IDA acquire, adjudicate, or title lands that are not classified for agricultural purposes according to the soil study (estudio de suelos)..." (Highlighting is not from the original). It is important to highlight here that it is not, then, a simple requirement of administrative procedure as the legal representation of the defendant Association makes it seem, since a restriction is even imposed on the competence of the then IDA, today INDER, to title lands, whether or not in national reserves, if the result of the soil study (estudio de suelos) showed the incompatibility of the immovable properties with an agricultural vocation. That is to say, there is not only a defect in the procedure and in the motive of the act, but furthermore, without that mandatory and binding technical opinion, the Administration could not validly exercise its competence.

Secondly, indeed, we consider that we are facing an illicit alienation (enajenación ilícita) of the public domain, a circumstance that in itself is also sufficiently serious to give rise to the absolute nullity of the titling act. In this regard, and once the evidence adduced to the case file has been assessed, as well as the argumentative theses developed by the parties, this Tribunal considers that there are not sufficient elements to discredit the domanial nature of the immovable property titled in the challenged conduct, since under the protection of the certification (certificación) issued by MINAE (with official letter number SINAC-DS-OFAU-1834-2003) and provided by the defendant Association itself in the administrative titling procedure (whose digital extract can be seen in proven fact No. 03), it allows us to conclude convincingly that in effect the property in question possesses such legal character, just as INDER and the active coadjuvants sustain, besides the fact that we do not have elements in the evidentiary community to determine the contrary and in this way, discredit the iuris tantum presumption of the certification (certificación) [...]

Certainly, the conclusions of the certification (certificación) could have been discredited given its character as an iuris tantum presumption, however, as we do not have any other evidence that would have so allowed, it is not possible to assert the existence of a possession prior to the demanialization (demanialización) of the property in question. On its part, from the other official letter provided in this sense, No. SINAC-DE-574, consisting of a document attached to the previous one, it only details instructions given at the time by the Executive Directorate of SINAC to the Conservation Areas, regarding how to carry out the certifications (certificaciones) of land classification with respect to the Patrimonio Natural del Estado, without providing any relevant information in order to prove that the property titled in favor of the defendant Association does not form part of said demanial regime. Finally, we must remember that the only evidence offered in the response to the complaint was of a testimonial nature and it was rejected during the preliminary hearing by the Processing Judge (see recording of the hearing dated July 9, 2015, starting at 14:50:10 hours). In view of the foregoing, we note that the titling act indeed infringes the legal system, precisely, in the terms that other precedents of this Section have already indicated, on the understanding that the demaniality of these assets, in accordance with the doctrine that derives from canons 261 and 262 of the Código Civil, together with the special rules governing the Patrimonio Natural del Estado, means that these are "...in short, inalienable, imprescriptible, and non-transferable. Hence, their titling, or the granting of rights of disposition over them, in favor of private persons, undoubtedly represents a breach of the regulatory regime of this category of domain. This means that any act of disposition over this type of public things would show an antagonism to administrative legality, a pathology that is typical of a serious defect, which leads to the absolute nullity of that type of enabling administrative conduct..." (Judgment No. 134-2021-VI of 07:30 hours on October 13, 2021. Highlighting is not from the original) [...].

The parties are reminded that, even though they themselves present those elements and although, as noted before, the parties are deemed authorized to use such evidence in their closing arguments, ultimately it is the Trial Court that must determine the admissibility of these in the final judgment on the merits: "admissibility shall be resolved in the judgment" (Art. Placa26807), without prejudice to the Procedural Judge weighing their admission at that stage. In the case at bar, that was not the situation, since the Judge reserved that decision to this Chamber. 2) Regarding the extemporaneous documents presented by the defendant Association: During the preliminary hearing (see the recording starting at 2:18:50 p.m.), the legal representative of the defendant Association offered the official letters of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) No. SINAC-ACLAC-DR-277 of July 24 and SINAC-DE-574 of March 20, both dated in 2014, as well as certified copies of two payment for environmental services (pago por servicios ambientales, PSA) contracts. Regarding this documentary evidence, the Procedural Judge resolved the following: "… I am going to rule a contrario sensu to how this evidence was presented and how the plaintiff parties pronounced themselves. Eh, with respect to the document that effectively would not meet the requirements of Article 50, likewise, it would be the same reasoning that this Judge previously indicated regarding the documents presented by the Procuraduría, and in that respect, it would then also have the same, eh… consequence, in the sense also of the request, that is to say, it would be evidence for better deciding and it will be the Court that rules on the admissibility or not of those documents, and not this Judge for lacking competence…" (see the recording from 2:41:21 p.m. to 2:41:58 p.m.). Notwithstanding the conceptual confusion incurred by the Judge, this Court understands that those elements were introduced in exercise of the party's power of evidentiary initiative, of an extraordinary nature, provided for in Article 50 CPCA, that is, extemporaneous documents unconnected to an amendment of the complaint or answer, provided they were presented before the conclusion of the preliminary hearing. As such, regarding the latter, i.e., the PSA contracts, these are deemed unnecessary to resolve this matter, for the reasons we will set forth later; however, this Chamber does find sufficient grounds to admit the cited official letters issued by SINAC, insofar as they are linked to the case theory of the defendant party, that is, the lack of right derived from the fact that the lands titled at the time by the then IDA and today INDER do not constitute public domain assets forming part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). Therefore, in summary, the aforementioned official letters from SINAC are admitted as extemporaneous documentary evidence, while the certified copies of the PSA contracts are rejected. 3) Regarding the document incorporated on November 8, 2019: One of the reasons for this Chamber to order the return of the case file to the Procedural Phase, by way of the resolution of 2:10 p.m. on July 19, 2019, was precisely to clarify the scope of the statements made at the time by FONAFIFO, since it was unclear in what state certain possible claims filed by it had been left and therefore, whether they had been admitted or not and to what extent, given that the case file did not contain a duly reasoned resolution from the Procedural Judge on this point, nor a hearing granted to the opposing party. As such, in its comment brief, the representative of that Fund informed the Court of the termination of the legal relationship held with the defendant Association, through a final settlement (finiquito) of the PSA contract number Placa26808. In that sense, it stated on that occasion that it was providing a "certified photocopy" of the document where said act was recorded. As such, and in order to be able to resolve in this judgment the matter of that Fund's participation, what is appropriate in law is to admit that documentation, as is hereby ordered.-

IV.- SUBJECT OF THE PROCEEDINGS AND ARGUMENTS OF THE PRINCIPAL PARTIES.- The lawsuit giving rise to this proceeding was filed by INDER on August 9, 2013 (f. 112 of the scanned judicial file) and its subject, as established in the preliminary hearing, consists of the following claims: "…CLAIM: We request that the judgment declare:
1. That this lawsuit is deemed filed. 2. That because it is harmful to public interests, the agreement adopted by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in Article 161, of Session 023-04, dated June 21, 2004, is nullified, solely insofar as it refers to the titling of the farm Nombre140103   real folio No. Placa25891 in favor of ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA-CARIBE corresponding to Cadastral Map L-0645227-2000. 3. By connection, that public deed number 47 granted at 10:00 a.m. before notaries RANDY ANTHONY GORDON CRUICKSHANK AND EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK SMITH, acting in the protocol of the former, and visible on folio 42 verso of volume 5 of said protocol, issued by the Institute of Agrarian Development, is nullified, solely insofar as it refers to the titling of the farm [sic] Partido de Limón real folio No. Placa25891, in favor of ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA-CARIBE corresponding to Cadastral Map L-0645227-2000. 4. By connection, that the registry entry of the farm registered under the Real Folio System Partido de Limón Real Folio Registration Number Placa25891 issued by the National Registry is nullified. 5. By connection, that any registration deriving from the registration of the property registered in the National Registry, Province of Limón Real Folio Registration Number Placa25891 is nullified. 6. That the defendant be ordered to pay the costs of this proceeding…". In the instant case, the plaintiff seeks the nullification of the agreement of the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development, whereby the farm of Partido de Limón, registration number Placa25890°, with cadastral map number L-0645227-2000, was titled in favor of the defendant Association, as well as the other legal acts through which the transfer of the property was executed and formalized. It bases this action of lesivity on its consideration that the titling of the farm in question, carried out and executed through the challenged acts, was done in breach of legal and regulatory requirements in the administrative titling procedure, namely: a) the certification issued by SINAC and provided by the defendant in the procedure stated that the property was part of the Natural Heritage of the State, even though Article 10 of the Regulations for the Titling of Lands in National Reserves (Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales) excluded said lands; and b) there is no record that a land-use compliance study was presented as required by the Regulation to the Land Use Law No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, in particular, in its Article 58. It considers that this circumstance violates prohibitory norms, such as Articles 13, 14, 15, 33 and 34 of the Forest Law (Ley Forestal), in addition to the right to a healthy and ecologically balanced environment pursuant to Article 50 of the Political Constitution, such that the act becomes absolutely null. In response to these claims, the defendant party—although it does not state it as such—essentially raises an exception of lack of right, as it considers that the titling conformed, in good faith, to what was required of it at the time by the IDA, such that if any of the applicable requirements were not met, this was not due to any responsibility of the Association, since that oversight function fell to the Administration, which, despite the certification issued by MINAE, even so recommended the titling of the plot. Thus, it considers that even if there might have been a lack of requirements, this would be "...at the level of the analysis of the titling procedure itself, but not as to the propriety of the same in the specific case of farm registration number Placa25890. ...". Given that in its opinion, those lands are not part of the Natural Heritage of the State, since they were held by good faith possessors many years before the legislation that established their inalienable character, namely the Forest Law 4465 of 1969 and the Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) No. 2825 of 1961, so what is asserted by INDER in the lawsuit is false. In that sense, it points out that the property was acquired by the Association through a sale from Mr. Nombre140104  who in turn had purchased it from Mr. Nombre140105  , who arrived in the community of Gandoca around 1950, being one of the founding persons of the town. It adds that the purchase by the Association took place in 1993, by way of public deed number 49-2 granted before notaries Nombre140106 and Nombre14854, both with surnames Nombre140107  and Andrés Arias Victory, in which Mr. Nombre140104  transferred to it an accumulated possession of more than 20 years. It points out that although during that time agricultural practices and, in part, forest conservation were carried out on the farm, thanks to the care of the Association,
today the property is entirely forest. It argues that that possession which was transferred to them was a "cause for exception", already provided for in Article 11 of Law No. 2825 of 1961 and, although the certifications issued at the time by MINAE did not take those rights into account, they did not cease to exist for that reason. Finally, regarding the active intervening parties, that is, both the representation of the State and of SINAC, in summary, they essentially allege the same, that is, that the property in question, which had been titled in favor of the Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico de Talamanca-Caribe, constitutes a public domain asset that forms part of the category of the Natural Heritage of the State and which, therefore, is not susceptible to private appropriation, in this case through the land titling system administered by the Institute of Rural Development, so that in their opinion the lesivity action brought by said entity should be upheld in order to thereby protect the protection of said assets.-

V.- PROVEN FACTS.- Of importance for the issuance of this resolution, the following facts are deemed duly demonstrated according to the rules of sound criticism, whether they are so recorded or inferred from the evidence provided in the case file and admitted during the preliminary hearing, or because the parties have so accepted them:
1.- By means of Executive Decree No. 18220-MAG published in the official gazette La Gaceta No. 131 of July 11, 1988, as part of an agreement signed between Costa Rica and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the following was ordered: "… To make effective the 'Cadastre and Titling' component, included within the Agricultural Development Project in the Atlantic Zone, of that loan, it is necessary and obligatory that the lands affected by it be transferred to the Institute of Agrarian Development [today Institute of Rural Development] so that this Body may proceed to carry out the cadastral and Public Registry acts required for their titling…". Thus, Article 1 established: "… The lands of the single districts Limón, 1° Bratsi, 2° Sixaola, 3° Cahuita of cantons 1° Limón and 4° Talamanca of the province of Limón, comprised within the following boundaries:… are hereby transferred free of charge to the Institute of Agrarian Development [today Institute of Rural Development] insofar as they are not included within the exceptions indicated by Laws numbers 2825 of October 14, 1961 and its reforms, 4465 of November 25, 1969 and its reforms or are lands of private domain or which for other legal causes cannot be transferred…" (Highlighting is not from the original). As a result of that and other transfers, various properties were registered, among them, the farm of Partido de Limón with registration number Placa26809. On those properties, the Institute of Agrarian Development (IDA) carried out several land titling programs in national reserves, such as the one called BIRF 2764 C.R.. However, by means of Executive Decree No. 34415-MAG published in the official gazette La Gaceta No. 70 of April 10, 2008, several executive decrees that had transferred areas of national reserves to the IDA were repealed, among them, the aforementioned Decree 18220MAG (folios 90 to 92 of the scanned judicial file, as well as a search conducted on the date of this judgment of the public databases of the National System of Current Legislation and the National Printing Office, available on the websites of both institutions);
2.- By note dated June 9, 2003, Mr. José Luis Zúñiga Zúñiga in his capacity as President of the Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe made the following request before the then Institute of Agrarian Development: "…In accordance with the requirements stipulated in Articles 10 and 11 of the regulations for titling of lands in National Reserves, under the protection of the Law of Lands and Colonizations No. 2825, duly published in Official Gazette La Gaceta No. 173 of
September 10, 2002, I hereby come to request that I be granted public deed
[sic] of my property which is located in Gandoca, district Sixaola, canton Talamanca of the province of Limón, it is described: cadastral map No. L- six hundred forty-five thousand two hundred twenty-seven-two thousand, with an area of eighteen hectares three thousand four hundred eighty-eight square meters thirty-five square decimeters it does not present linear frontage but rather a constituted right-of-way easement of one hundred twenty-six meters seventy-eight decimeters long by three meters wide. I acquired said property from Mr. Nombre140104  , ID CED110340° , on September thirteenth, nineteen ninety-three, who is of legal age, Costa Rican nationality and resident of Talamanca, of which I provide a copy of the deed. I estimate this property at an approximate value of ₡ 2,000,000 colones […] I also provide as I was instructed [sic] original cadastral map, copy of my identity card, copy of the legal entity ID and certification of legal standing of my represented entity, certification issued by MINAE stating that my property does not affect Natural Heritage of the State; sworn statement before Notary Public that my property is not [sic] registered in the Public Registry, that I have no judicial or extrajudicial dispute over this land; that with this request I do not intend to evade the consequences of a probate proceeding, that I have possessed it for a period of twenty years (including the possession of my predecessor) in a quiet, public [sic], peaceful, uninterrupted manner and under title [sic] of owner…" (f. 22 and 23 of the certified copy of the administrative file. Highlighting is not from the original);
3.- Along with the aforementioned request, the defendant Association here provided certification number SINAC-DS-OFAU-C-1834-2003 of 11:00 a.m. on May 6, 2003, issued
by the User Assistance Office of the National System of Conservation Areas of the
Ministry of Environment and Energy, which indicates the following: -  

(f. 27 of the certified copy of the administrative file);
4.- By means of agreement number 161, adopted in Article 161 of ordinary session number 023-2004 of the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development (IDA), held on June 21, 2004, that collegiate body ordered, regarding the request made by the defendant Association, the following: "…1-In compliance with Institutional policies and with the recommendation of the regional office of TALAMANCA according to official letter OSTA-72-2004 and the approval of the Regional Directorate of HUETAR ATLANTICA according to official letter DRHA-257-2004 and the review of the requirements demanded for the titling procedure by the Regional Agrarian Coordinator and in accordance with the Board of Directors Agreement described in Article XXI, Session 065-00 of September 11, 2000, and having complied with all the requirements established by the regulations for the titling of lands in national reserves published in the official gazette La Gaceta No. 173 of September 10, 2002, under the protection of the Law of Lands and Colonization No. 2825 of October 14, 1961 and the law creating the Institute of Agrarian Development No. 6735 of March 29, 1982, it is authorized to segregate and transfer 3 lot plot that I describe below, so that the corresponding possessory title be issued.
NAMEIDPARCELAREACADASTRAL MAPTRANSFER VALUETOPOG.INSPECTIONNOTICETOTAL[…]ASOCIACIÓN              DE ORGANIZACIONES
DEL CORREDOR
BIOLÓGICO
TALAMANCA
CARIBE3-002-
1824139-A-2001183,488.35L-645227-2000C17,134.00C9,000.00C26,134.00[…]…" (Highlighting is not from the original) Said act was confirmed and definitively approved by agreement No. 02 adopted in article two of ordinary session number 024-04 adopted on June 28, 2004 (certification issued by Nombre140108   in his capacity as Secretary General of the IDA issued at 11:00 a.m. on January 22 of
2009 visible on folios 47 to 50 of the scanned judicial file);
5.- By means of public deed number 47 granted at 10:00 a.m. on July 27, 2004, before notaries Randy Anthony Gordon Cruickshank and Eduardo Newton Cruickshank Smith, in protocol number 5 of the former, Mr. Marco Aurelio Bolaños Víquez representing IDA, proceeded to segregate several lots from the farm under its ownership, Partido de Limón, registration number Placa26809, corresponding to the titling project BIRF 2764. Among those segregations, the parcel Dirección16847 is listed and described with an area of 183,488.35 m2, with cadastral map No. L-645227-2000, and which in that same act was sold to the Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe (certified registry copy visible on folios 66 to 73 of the scanned judicial file); 
6.- On October 26, 2004, the farm of Partido de Limón with registration number Placa25891, map number L-6452272000, consisting of the property corresponding to parcel Dirección16847 of the titling project BIRF 2764, was registered in the name of the defendant Association. The title over said property has remained unchanged up to the date of this judgment (registry certifications with consecutive numbers 2411137 and 3739332 dated January 20, 2009 and July 8, 2013, visible on folios 59 to 65, 86 and 87 of the scanned judicial file and a search conducted as of today of the public database of the National Registry available on the website of said institution);
7.- By official letter No. FOE-PGAA-0578 / 8734 dated August 27, 2008, the Division of Operational and Evaluative Oversight of the Comptroller General of the Republic (CGR) communicated to Carlos Bolaños Céspedes, President of the Board of Directors of the then IDA, report number DFOE-PGAA-20-2008 called "...results of the study on titling of lands in national reserves on lands belonging to the Natural Heritage of the State…". In it, the CGR ordered  the Board of Directors of said autonomous institution, in its capacity as the superior control body of the Public Treasury, to proceed to: a) "...Carry out the administrative procedures and actions that are appropriate in law before the corresponding bodies, so that a process of recovery of lands titled by the IDA that belong to the Natural Heritage of the State may be initiated, corresponding to the 15 cases detailed in this document…", and b) "...Order a complete analysis to be carried out of the titlings performed by the  IDA, which were not part of the sample analyzed by this Comptroller General in this study, in order to determine those cases of titlings on lands owned by the Natural Heritage of the State and, if applicable, carry out the procedures to recover the lands…" (folios 08 to 21 of the scanned judicial file);
8.- By Agreement No. 5 of Article Five of ordinary session No. 011-2013 of the Board of Directors of INDER, held on March 18, 2013, and based on official letter A-
PE-304-2013, signed by Nombre140109  , in her capacity as legal advisor to the Executive Presidency of that entity, the declaration of lesivity to the public interests of a series of titlings was issued, among which was the one granted by agreement number 161 of ordinary session number 023-04 of June 21, 2004 in favor of the defendant here. The agreement in question indicates -as relevant to this case-:

In this manner, the operative part established the following: "… WHEREBY: In accordance with Article 34 subsection 2 of the Code of Contentious Administrative Procedure, Articles 176 and following of the General Law of Public Administration, Law of Lands and Colonization and Law Creating the IDA, it is ordered 1) To declare harmful to public interests the administrative acts issued by means of agreements […] 161 of Ordinary Session 023-04, held on June 21, 2004 […] adopted by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, which gave rise to the property titles registered in the Property Registry under the Partido de Limón with Real Folio Registration Numbers […] Placa25891 in favor of the Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe […] as the same were granted to the detriment of the natural heritage of the State..." (f. 100 to 111 of the scanned judicial file. Highlighting is not from the original);
9.- On August 9, 2013, the present contentious-administrative lawsuit for lesivity filed by the representative of INDER was received by this Court (as recorded in the scanned judicial file of the present case); and
10.- On September 6, 2019, Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, in his capacity as Executive Director of the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) and Nombre137819  , in her capacity as President with powers of unlimited general attorney-in-fact of the Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe, executed a document titled "Final Settlement of Payment for Environmental Services Contract. Water Resource Protection Activity. Contract number LM-01-222-0063-2011". As can be inferred from it, both parties agreed to the following: "… FIRST: To terminate the Payment for Environmental Services Contract Number LM-01-222-0063-2011  , executed on May 24, 2011, without liability to the parties, acknowledging the payments issued to date by virtue of the environmental services that the forest provided and waiving the effects that remain pending therefrom. SECOND: It takes effect upon its signature…" (Highlighting is not from the original. Document uploaded to the electronic judicial
file on November 8, 2019).-

VI.- UNPROVEN FACTS.- Of use for the present ruling, the following facts are deemed not demonstrated, either because the parties failed to meet their evidentiary burdens, or because the Court did not find suitable evidence that, in light of sound criticism, would allow them to be credited:
1.- Compliance with the requirements necessary for the titling of the property corresponding to the farm of Partido de Limón with registration number Placa25891, cadastral map number Placa26810, parcel 9-A-2001 of the titling project BIRF 2764;
2.- That the possession of the property corresponding to parcel 9-A-2001 of the titling project BIRF 2764 with cadastral map number Placa26810, had begun around 1950, by Mr. Nombre140105   and later transferred to Mr. Nombre140104  ; and
 3.- That the property corresponding to the farm of Partido de Limón with registration number Placa25891
, cadastral map number Placa26810, parcel 9-A-2001 of the titling project
BIRF 2764, was outside the areas comprised within the Natural Heritage of the State.-

VII.- REGARDING THE PARTICIPATION OF THE NATIONAL FOREST FINANCING FUND
(FONAFIFO).- At the request of the State, by means of order No. 2506-2014 of 9:45 a.m. on October 3, 2014, the Procedural Judge determined to have FONAFIFO as an interested third party, based on the following justification: "…3.-Regarding the participation of Nombre28548 since there effectively exists a contract between the defendant party and the same, and even through the precautionary measure ordered by the superior, the defendants were told that they must be making a report to the Court, and since said Fund has instrumental legal personality which gives it the procedural capacity to appear in these proceedings, in the capacity of interested third party in accordance with Article 15, not as the State Attorney indicates in subsection 2 of Article 12 of the Contentious Administrative Procedure Code…." (f. 379 of the scanned judicial file. Highlighting is not from the original). Once FONAFIFO was personally served, this personified organ proceeded to file a brief with its own claims against the defendant Association on the following October 21, in the following terms: "…PRAYER FOR RELIEF: In accordance with the arguments put forth and in accordance with the provisions of section 15 of the Code of Contentious Administrative Procedure, we most respectfully request your authority, that if the claims of the Institute of Rural Development are upheld, regarding the annulment of the title in favor of the Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico De Talamanca Caribe, the following be additionally decreed: 1. The final settlement (finiquito) of the payment for environmental services contract number LM-01-222-0063-2011, executed between the National Forest Financing Fund and Asociación de Organizaciones del
Corredor Biológico de Talamanca Caribe. 2. Compel the Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico de Talamanca Caribe to reimburse the payments made for payment for environmental services, within contract LM-01-222-0063-2011. 3. The defendant be ordered to pay costs..." (Highlighting is not from the original. See f. 384, 386, 392 to 398 and 402 of the scanned judicial file). By virtue of the fact that this Court noted by resolution of 2:10 p.m. on July 19, 2019, among other matters, a series of defects in the procedural handling given to said third-party intervention, the case file was remitted to the Procedural Phase so that a series of corrections could be made, consisting of the following: "… One: If Nombre28548 actually constitutes an interested third party (Art. 15.1.b CPCA -without claims), a third party with its own claims (Art. 15.1.a CPCA - equivalent to a plaintiff party as such) or indeed, if it is a passive co-party as stipulated in Arts. 12.2 and 12.3 CPCA, as it is an organ with instrumental legal personality that has derived active legal situations from the conduct under examination. Two: If indeed, the filing of claims by Nombre28548 is done under Article 15.1.a CPCA or is a counterclaim, and in either of these possibilities, to assess the implications of the possible acquiescence in this matter. Three: If because it is a personified organ that is suing against a private party, it has or does not have capacity, whether its representation is constitutionally established or not and whether the brief in which it is formulated must or must not meet the admissibility requirements of Articles 58 and 61 CPCA. Four: What its claims specifically consist of and what their scope is. Five: Whether it is a third party with its own claims or a counterclaim, it is necessary to grant the corresponding summons, in order to guarantee due process and the right of defense of the defendant…". In turn, the Procedural Judge proceeded to convey these points to the representative of Nombre28548 by order of 3:51 p.m. on November 4, 2019, however, the latter, by memorandum received by the Court on November 8 of that year, informed the Court that its "… inclusion as an interested third party occurred because the Corredor Biológico Talamanca Caribe maintained an active payment for environmental services contract identified with number LM-01222-0063 on the property registration number Placa25891 of Partido de Limón. As of today and by mutual agreement the aforementioned contractual relationship was finally settled, so there would be no current interest on the part of my client to continue in the present judicial proceeding for which reason I most respectfully request the exclusion of the National Forest Financing Fund from the same…" (Highlighting is not from the original).-

Thus, and in view of the fact that current interest effectively entails a material prerequisite that must be verified even on the court's own motion in the judgment, consisting—in summary—in the possibility that the ruling may operate in reality, whether by altering or preserving a given legal situation; that is, the effective possibility of providing judicial protection to the claimant, so that the judgment proves useful for the holder of that subjective right or legitimate interest affected by the subject matter of the proceeding. The foregoing therefore implies a duty for the Judge to carry out an assessment of the "utility" of that pronouncement, in light of the claim filed and the factual circumstances under which the action is brought (cause of action), comparing the effects of the requested jurisdictional decision precisely against the scope of the benefit or advantage that such pronouncement would provide in favor of the party bringing the claim. Thus, there is no current interest if, even by granting what was requested, the judgment lacks the capacity to produce any beneficial effect on the claimant's legal situation, thereby rendering the ruling sterile. This lack of interest may not only arise originally at the time of filing the complaint, but may also be of a supervening nature, should the utility of the pronouncement decline due to the occurrence of novel circumstances (of fact or of law) that affect the need for judicial protection. Consequently, as with the other material prerequisites, the interest must also remain in force throughout the entire proceeding (See judgments of the First Chamber number 465-2009 of 10:40 a.m. on May 7, 2009, 900-F-S1-2011 of 9:15 a.m. on August 11, 2011, among others). In the specific case, having reviewed the statements made by Nombre28548 and based on the document admitted as evidence for better resolution, it has been confirmed that indeed the supervening disappearance of the reason that gave rise to its joinder in the litigation occurred, given that the environmental services contract (contrato de servicios ambientales) in question has ceased its effects by the mutual will of the contracting parties. It follows, then, that any claim in that regard would lack any utility whatsoever, and therefore a supervening lack of current interest (interés actual) must be declared, on the court's own motion, with respect to the third-party claim (tercería) with independent claims brought at the time by said body–person, as is hereby ordered.—

VIII.- ON THE PREREQUISITES OF THE ACTION FOR LESIVITY (LESIVIDAD).- Since the subject matter of this dispute is the analysis of the validity (via lesividad) of an administrative act of favorable content, it is necessary, briefly, to establish compliance with the various prerequisites imposed by the legal system for filing a proceeding for lesividad (proceso de lesividad), given that the absence of any one of these elements would preclude and make impossible granting what is sought in the complaint. It should be noted that the analysis of these prerequisites becomes a practice undertaken on the court’s own motion, as they constitute essential elements of the action, thereby imposing a study of the subjective, objective, procedural, and temporal conditions that must be indispensably satisfied in order to bring the annulment action embedded at the core of these matters. As for the subjective aspect, standing (legitimación activa) is granted to the Administrative body that issued the challenged act, while the passive party with standing (legitimado pasivo) is the recipient of the effects of the conduct, that is, the one who obtains its benefits. It is worth noting in this regard that, since the action for lesividad constitutes a safeguard for the administered party and given that it is the supreme head of the Administration that authored the conduct who is the only public authority authorized to assess the scope of the harm to the public interests derived from the challenged conduct, the administrative bodies responsible for exercising the judicial defense of the public entity are strictly bound by the act of declaration, such that they lack sufficient competence to carry out or modify its scope. Regarding the objective aspect, lesividad is constituted as a mechanism for the legal elimination of administrative acts of particular scope and favorable content that are substantially non-compliant with the legal system (articles 128, 158, and 183.3 LGAP, Law No. 6227). In that line, the Administration must declare that conduct harmful to the public interests (lesivo a los intereses públicos), which must be established within a framework of internal administrative actions that are imperative for filing the action. Indeed, in procedural terms, the power to declare this type of formal conduct harmful is seen as a power of discretionary exercise, insofar as there is no legal mandate instructing the Administration to seek, through the action for lesividad, the nullity of all administrative acts that do not conform to the legal system; on the contrary, articles 183.3 LGAP and 34 CPCA enable the supreme highest head of the respective Public Administration to decide whether or not to pursue judicial challenge of the favorable act, on the understanding that it is only “…When the Administration itself, author of some act declaring rights, intends to seek its annulment…”, that is, once it has adopted the decision to initiate the annulment action, it must then address whether that formal conduct proves harmful to the public interests, for which it may well rely on an underlying legal-technical criterion to support that determination. Unlike other mechanisms for the suppression of public conduct (as is the case of the nullity on the court's own motion provided for in article 173 LGAP), it does not require a hearing of the third party, but only internal actions within the Administration aimed at verifying the express existence of administrative will issued by the highest head, in the sense of intending the suppression of the act. It is within the judicial proceeding that the third party may set forth its defense arguments, and therefore the absence of its participation during the administrative phase of the declaration of lesividad in no way curtails its right to due process or administrative procedure. Now, when the act emanates from the State (see art. 1 General Law), that is, from the Central Administration, the complaint may only be brought by the Procuraduría General de la República (canon 16 of Law No. 8508), following an internal declaration of lesividad and petition by the supreme head, detailing the reasons for that criterion. When it emanates from a public entity, the rules of judicial representation are those established in ordinal 17 of that same codification. Regarding the temporal dimension and pursuant to the Código Procesal Contencioso Administrativo, two consecutive time limits are established, both of a yearly nature. In the first, the Administration has a one-year period starting from the business day following its issuance (not its notification) to declare the act harmful to the public interests at the administrative level. Excepted from this first limit are those cases in which the Administration seeks the suppression of acts with successive effectiveness (continued or indefinite) and, likewise, considers them to have defects of absolute nullity (vicios de nulidad absoluta), in which case that internal declaration may be made as long as such effects persist. In that scenario, the aforementioned one-year period begins to run (dies a quo) from the cessation of those effects; however, any judgment ordering the eventual nullity shall do so only for the future annulment and inapplicability of the challenged conduct. Thus, article 34.1 CPCA establishes: “…The maximum period for this [carrying out the administrative declaration of lesividad] shall be one year, counted from the day following that on which it was issued, unless the act contains defects of absolute nullity, in which case said declaration may be made as long as its effects persist…” ( Highlighting not in the original). The second of the two aforementioned yearly periods corresponds to the statute of limitations (término de caducidad) for exercising the judicial action for annulment before this jurisdiction, as stipulated in article 39.1.e CPCA, which states the following: “…Article 39.- 1) The maximum period for initiating the proceeding shall be one year, which shall be counted: […] e) In the case of the proceeding for lesividad, from the day following the finality of the act declaring it…” ( Highlighting not in the original). Finally, we consider it necessary to add here that various sources of the administrative legal system have provided for several exceptions to this temporal limit; for now, this Tribunal has identified at least the following exceptions: actions concerning the protection of the public domain (dominio público) and the protection of the environment, and actions in tax matters, the latter not being applicable to this proceeding.—

IX.- ON THE COMPLIANCE WITH THE PREREQUISITES OF LESIVIDAD IN THE SPECIFIC CASE. From the analysis of the case file, it is concluded that in this case, the nullity is sought of the administrative act of land titling (titulación) of parcel 9-A-2001 of the BIRF 2764 titling project, corresponding to the property of the Partido de Limón with registration number Placa25891, plan number Placa26810, an act whose recipient was the Association sued herein, as well as a series of acts and conducts connected to and dependent upon said titling. Specifically, it refers to the Board of Directors’ Agreement of the then IDA number 161, adopted in Article 161 of the ordinary session number 023-2004, held on June 21, 2004, signed and definitively approved through Agreement No. 02 of Article 02 of the ordinary session number 024-04 adopted on June 28 of that same year. That administrative conduct was declared harmful to the public interests (declarada lesiva a los intereses públicos), through Agreement No. 5 of Article Five of the ordinary session No. 011-2013 held on March 18, 2013, by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, the public entity that assumed the competencies of the Instituto de Desarrollo Agrario, following the institutional subjective transformation decreed by Law No. 9036 of May 11, 2012, with particular interest being given to the provisions of article 14, which prescribes the following: “...The Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) is transformed into the Instituto de Desarrollo Rural (Inder), as an autonomous institution under public law, with legal personality, its own patrimony, and administrative independence […] As of the publication of this law, any legal, regulatory, or administrative provision that refers to the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) shall be read as Instituto de Desarrollo Rural (Inder)…” ( Highlighting not in the original). The foregoing is in accordance with the provisions of numerals 10.5 and 34.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, insofar as these are acts issued at that time by the same public entity, following a prior declaration of lesividad by the supreme hierarchical superior. In addition to the foregoing, the complaint is brought by INDER against the Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico de Talamanca-Caribe, as it is the (legal) person in whose favor the beneficial effects of the act arise, and therefore, in terms of the subjective scope (both active and passive), no deficiency is observed. Nor is any irregularity observed regarding the procedural element, given that, we reiterate, the aforementioned declaration of lesividad is recorded within the case file, along with the legal and technical analysis upon which the administrative head based his will to resort to this form of official suppression of favorable conduct. On the other hand, the acts sought to be annulled undoubtedly contain a favorable effect for the defendant herein, because they granted it the enjoyment of a real property right over a parcel with an area of 183,488.35 m2. It is clear that this act is one that, regardless of its validity or not, contains a beneficial effect for the defendant, insofar as it directly endows it with a patrimonial asset. Hence, by virtue of the doctrine of the intangibility of one’s own acts emanating from ordinal 34 of the Political Constitution, its suppression on grounds of absolute invalidity must be carried out through the procedural paths established by the Legal System for such purposes, as is, in this case, the route of lesividad. Therefore, we consider that the objective prerequisite is fully satisfied. Finally, we consider that, in relation to the temporal element, given that the administrative titling act whose nullity is sought was issued in the year 2004 and, although its declaration of lesividad was not issued until the year 2013, it becomes crucial to first determine whether or not we are facing one of the exceptions to the rules established for this preliminary question. For this reason, we shall proceed next to examine the complaint on the merits regarding this aspect and then analyze whether or not this prerequisite of the action for lesividad is satisfied.—

X.- ON THE EXAMINATION OF THE LEGALITY OF THE CHALLENGED ADMINISTRATIVE CONDUCT.—
Fundamentally, the purpose of this complaint for lesividad is to determine whether the titling of parcel 9-A-2001 of the BIRF 2764 titling project, corresponding to the property of the Partido de Limón with registration number Placa25891, plan number Placa26810, carried out through the Board of Directors’ Agreement of the then IDA number 161, adopted in Article 161 of the ordinary session number 023-2004 of June 21, 2004, was carried out in accordance with law or not. In that regard, the Tribunal considers that, having properly analyzed the case file, it has been corroborated that indeed the complaint for lesividad must be granted, for the reasons detailed below: —
In the first place, as INDER argues, at the time the administrative conduct was adopted, two prerequisites necessary for it to be carried out were not met: first—and this is expressly accepted by the sued Association—compliance with the provisions of articles 58, 60, and 61 of the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos, Executive Decree number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, originally published in the official gazette La Gaceta No. 57 of March 21, 2001, was omitted. Although said Regulation has undergone several reforms, the cited provisions remain intact, such that both at the date on which the titling procedure was carried out and currently, the following is provided: “… Article 58.- In all possessory information filed before the IDA or the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by ordinary legislation, must demonstrate, with a suitable soil study (estudio de suelos), that they have exercised possession complying with the conforming use of the soil (uso conforme del suelo) for the activity they carry out in accordance with the approved methodology, and executing them with the best management practices, according to the best available technology in compliance with the provisions of articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43, and 64 of Law No. 7779 and this Regulation […] Article 60.- It is mandatory for the IDA to have soil studies, at least at a semi-detailed level in coordination with the MAG, prior to any purchase of properties, subdivision (parcelación), adjudication, titling, leasing, and with greater emphasis on the titling of lands located in national reserves under Law 7599 of April 29, 1996. Article 61.- Under no concept may the IDA acquire, adjudicate, or title lands that do not qualify for agricultural purposes according to the soil study…” ( Highlighting not in the original). It is important to emphasize here that this is not, then, a simple administrative procedural requirement as the judicial representation of the sued Association claims, since a restriction is even imposed on the competence of the then IDA, now INDER, to title lands, whether or not they are in national reserves, if the result of the soil study showed the incompatibility of the real estate with an agricultural vocation. That is to say, there is not only a defect in the procedure and in the grounds (motivo) of the act, but also, without that mandatory and binding technical opinion, the Administration could not validly exercise its competence.
In the second place, we indeed consider that we are facing an illicit alienation (enajenación ilícita) of the public domain (dominio público), a circumstance that in itself is also sufficiently serious to give rise to the absolute nullity of the titling act. In this regard, and having assessed the evidence brought into the case file, as well as the argumentative theories developed by the parties, this Tribunal considers that there are insufficient elements to discredit the public-domain character (naturaleza dominical) of the real estate titled in the challenged conduct, since under the certification (certificación) issued by MINAE (with official communication number SINAC-DS-OFAU-1834-2003) and provided by the sued Association itself in the administrative titling procedure (whose digital excerpt can be seen in proven fact No. 03), we can conclusively conclude that indeed the property in question possesses such a legal character, just as INDER and the active joint litigants (coadyuvantes activos) maintain, besides which we do not have in the body of evidence elements allowing us to determine the contrary and thereby discredit the iuris tantum presumption of the certification. We can corroborate this, on the one hand, from the documents incorporated into the judicial file and which, in principle, correspond to those provided during the administrative titling procedure, in which we can identify the following elements: 1) public deed number 79 of 10:20 a.m. on April 7, 2003, executed in volume eleven of the protocol of the notary public Rosa Bustillos Lemaire (f. 34 of the scanned judicial file), which corresponds to a sworn statement executed by Mr. Nombre63958´   , in his capacity as President of the sued Association, in which he states—in relevant part—the following: “...SECOND: That I acquired the described property from Mr. Nombre140104   on the thirteenth of September, nineteen ninety-three, who transferred to me the possession exercised by him and the previous possessors of ten years. THIRD: That I have exercised acts of possession in a quiet, peaceful, uninterrupted manner and as owner for more than ten years, which added to the possession of my predecessors would result in a total demonstrable possession of twenty years…” ( Highlighting not in the original); 2) public deed number 161 of 11:00 a.m. on September 3, 2003, executed in volume eleven of the protocol of the notary public Rosa Bustillos Lemaire (f. 36 of the scanned judicial file), which corresponds to a sworn statement executed by Messrs. José Luis Zúñiga Zúñiga – on behalf of the sued Association –, Nombre140110  , Nombre140111   , Nombre140112    and Nombre140113  , in which they state: “...FIRST: That my represented party, ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, is the owner of the unregistered property that is forest land, located in the hamlet of Gandoca, district of Sixaola of the canton of Talamanca of the province of Limón, plan Lsix hundred forty-five thousand two hundred twenty-seven- two thousand, bordering to the NORTH; Nombre140110   and Nombre140112  , SOUTH: Nombre140114 and unknown adjoining owner, EAST: Nombre140114 and Nombre140113   WEST: Nombre140115. SECOND: That warned of the penalties for the crime of false testimony, under oath we declare and state that the boundaries detailed in cadastral plan L- six hundred forty-five thousand two hundred twenty-seven- two thousand, are exactly as indicated…”; 3) public deed number 178 of 4:00 p.m. on September 17, 2003, executed in volume eleven of the protocol of the notary public Rosa Bustillos Lemaire (f. 38 of the scanned judicial file), which corresponds to a sworn statement executed by Messrs. José Luis Zúñiga Zúñiga – on behalf of the sued Association –, Nombre140116   , Nombre140117   and Nombre140118  , in which they affirm the following: “...FIRST: That we, Nombre140116   , Nombre140117   and Nombre140118  , are neighbors of the locality of Gandoca, district Sixaola, canton of Talamanca, province of Limón. SECOND: That we are aware of the possession exercised by Mr. Nombre63958   , in a public, peaceful, quiet, uninterrupted manner and as owner for a period of more than ten years…” ( Highlighting not in the original); 4) public deed number 492 executed before notaries Nombre140106 and Nombre14854, both with surnames Nombre140107  and Andrés Arias Victory, acting in the protocol of the latter, on September 13, 1993 (f. 42 of the scanned judicial file), in which Mr. Nombre140104   transferred to Banco Cooperativo Costarricense R.L., as trustee of the Fideicomiso Corredor Biológico Talamanca Caribe-Bancoop R.L., accumulated possession of over 20 years over three unregistered parcels of land, in the following terms: “… That the first party is the owner of three unregistered parcels of land located in Sixaola, Gandoca, Second District, Fourth Canton, of the Province of Limón, which are described as follows: a- Land with cadastral plan number L- eight hundred seventy-three thousand eight hundred fifty-nine, with an area of eighteen hectares and one thousand forty-seven square meters and bordering to the North with Nombre140113  ; to the South with Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón, Gandoca; East with Río Gandoca and Dirección4545  . b- A remainder of a parcel of twentytwo [sic] hectares nine thousand nine hundred seventy-eight square meters with sixteen [sic] square decimeters of which nineteen hectares nine thousand nine hundred and eight square meters with sixteen [sic] square decimeters are acquired, since the seller had sold three hectares; that based on the sketch prepared [sic] by the Instituto de Desarrollo Agrario, said land borders to the East with a public street, to the West and to the North with the remainder acquired in this act, and to the South with the Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón and is identified in the plan of said Institute as parcel thirteen-two, map twenty-nine. c- Land with an area of thirteen hectares four thousand eight hundred eighty-six square meters with twenty-one [sic] square decimeters; identified in the Instituto de Desarrollo Agrario as parcel number seventeen, map twentytwo [sic], which is separate from a and b. Lands a and b are contiguous, separated by a public street, and measuring in their entirety the three parcels fifty-one hectares five thousand nine hundred eleven square meters with thirty-seven square decimeters. That for the sum of SIX MILLION COLONES, of which the sum of FOUR MILLION COLONES is delivered in this act, received in this act to the seller’s entire satisfaction, and the remaining TWO MILLION COLONES shall be paid thirty days after this property is duly registered in the Public Registry in the name of the Fideicomiso, the first party sells to the second the described lands, transferring the possession exercised by his previous owners and by himself for more than twenty years, which can be derived from deed thirty-eight executed before Notary Luis Fernando Torres Ruega, at two o'clock in the afternoon on June nineteenth, nineteen eighty-nine, in a public, peaceful, uninterrupted manner and as owner so that it may benefit him in law. Said transfer therefore comprises the full dominion of that sold and all the rights, titles, and interests of property and possession that he has or may have now or in the future in the mentioned property...” ( Highlighting not in the original). As can be seen from reading these excerpts, or from the full documents contained in the judicial file, in none of them is a date of commencement of the useful and legitimate possession of the real estate specified, nor a number of years that coincides with the period that the defendant claims in its defense, that is, regarding the alleged possession transmitted since the year 1950, approximately; moreover, being lands that at the time formed part of national reserves, and with no evidence in the record showing that they lacked forest or forest aptitude (aptitud forestal), we must then assume that these were, in principle, incorporated into said public-domain category (categoría dominical) pursuant to numerals 18 to 31 of the Forestry Law (Ley Forestal) number 4465 of November 25, 1969, a situation reflected in the certification (certificación) issued by SINAC under official communication number SINAC-DS-OFAU-18342003. Finally, and in relation to the deed in which it claims to have acquired the land in question, note that, in addition to the foregoing, the three parcels of land referred to therein do not coincide in area nor in the graphic representation with the real estate that gave rise to property 111224-000, that is, neither with the cadastral plan, nor with the IDA parcel numbering of that real estate. On the other hand, regarding the evidence of the defendant that was admitted at the hearing on July 9, 2015 (see recording of the hearing starting at 2:22:10 p.m.), first, observe that although the minutes thereof (f. 591 of the scanned judicial file) recorded various folios of the case file, the Procedural Judge, in reality, did not order the admission of any in particular, since he essentially referred to the documentary evidence that INDER had offered and had been admitted, this because the sued Association had not provided documents with the response to the complaint. The Procedural Judge thus resolved: “…with respect to the other evidence, indeed, they are correct, this, all, uh, the third party, this, the joint litigant, the interested third party and this… and the representation of INDER in that, indeed, no evidence or documentation was presented with, this, with the response to the complaint, however, they must also take into account that the folios that, this, the plaintiff [referring to the Association] requests be incorporated have already been common evidence, therefore in that sense it would have no or would produce no effect to indicate that the plaintiff [referring to the Association], this, did not present evidence because in reality what it is citing are only the folios of the INDER itself that, at the time, were already accepted and in that sense it would be common evidence and this Judge would accept it…” (see recording of the hearing of July 9, 2015 from 2:41:58 p.m. to 2:42:42 p.m. Highlighting is ours. Transcription is literal). On the other hand, regarding the untimely documentary evidence, admitted in this judgment and which was offered at that moment of the preliminary hearing, that is, the official communications of the Sistema Nacional de Areas de Conservación No. SINAC-ACLAC-DR-277 of July 24 and SINAC-DE-574 of March 20, both dated in the year 2014, which are attached at folios 445 through 447 of the scanned judicial file, said evidence is likewise not suitable to discredit the certification of belonging to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) (under official communication number SINAC-DS-OFAU-1834-2003), first, because the defendant did not file a counterclaim for nullity against the State that would have allowed the elimination of that administrative act from the legal system, thus lacking any useful effect for the litigation, but also because what is at most evident from those documents is a possible questioning of the methodology employed by SINAC to carry out its preparation, but without discrediting its conclusions. The official communication SINAC-ACLAC-DR-277 states, in relevant part:

Admittedly, the conclusions of the certification could have been discredited given its character as an iuris tantum presumption; however, as there is no other evidence available that would have so allowed, it is not possible to proceed to assert the existence of a possession predating the conversion of the real estate in question into public domain. For its part, regarding the other official communication provided in that regard, No. SINAC-DE-574, consisting of a document attached to the previous one, it only details instructions given at the time by the Executive Directorate of SINAC to the Conservation Areas regarding how to carry out certifications of land classification with respect to the Heritage of Natural State, without providing any relevant information to establish that the property titled in favor of the sued Association does not form part of said public-domain regime (régimen demanial). Lastly, we must recall that the only evidence offered in the response to the complaint was of a testimonial nature and it was rejected during the preliminary hearing by the Procedural Judge (see recording of the hearing dated July 9, 2015, from 2:50:10 p.m. onwards).

In light of the foregoing, we denote that the titling act indeed infringes the legal order, precisely in the terms already indicated by other precedents of this Section, in the understanding that the public domain character (demanialidad) of these assets, in accordance with the doctrine derived from canons 261 and 262 of the Civil Code, together with the special rules governing the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), renders them “…ultimately, inalienable, imprescriptible, and non-transferable. Hence, their titling, or the granting of rights of disposal over them to private individuals, undoubtedly represents a breach of the regulatory regime of this category of domain. This means that any act of disposal over this type of public things would show an antagonism to administrative legality, a pathology characteristic of a serious defect, leading to the absolute nullity of such enabling administrative conduct…” (Judgment No. 134-2021-VI of 07:30 hours on October 13, 2021. Highlighting not in the original).

Thirdly, and having analyzed the case records and determined that, indeed, we find ourselves in the sub iúdice in one of the exceptional hypotheses that allows breaking the temporal limitation for the exercise of the annulment action, this prejudicial requirement must therefore be deemed satisfied, given that although the administrative titling act was issued in 2004 and, although its declaration of lesividad was not issued until 2013, the truth of the matter is that the action for recovery or protection of the public domain exercised through a lesividad claim is not subject to any time limit, not only due to the application of the general clause of imprescriptibility of this type of assets, but also because Article 34.2 CPCA expressly establishes it: “…Lesividad concerning the protection of public domain assets shall not be subject to any time limit…” (Highlighting not in the original).

By virtue of the foregoing, we therefore consider not only that the various prerequisites required to bring this lesividad proceeding are fully satisfied, but also that the defects pointed out by INDER in its annulment action have been proven in the specific case, so that what is appropriate in Law is to uphold it, as is hereby ordered. In view of this circumstance, this Chamber considers that the argumentative and evidentiary elements provided by the active coadjuvants would then be unnecessary, and we will therefore expressly omit their analysis, since such a task is futile for the resolution of the litis.

XI.- ON THE NULLITIES DECLARED.- In the present proceeding, the representation of INDER has not only derived an annulment action against its own acts, as is typical of a lesividad claim, but has also added a series of nullities by connection or derivation from the challenged act, namely, it has requested the annulment of the administrative act in which the Limón Party property (finca del Partido de Limón), title number Placa25890°, with survey plan number L-0645227-2000, was titled in favor of the defendant Association (claim No. 2), as well as the other legal acts through which the transfer of the property was executed and formalized, and its registration in the Public Registry (claims No. 3 and 4). Thus, as a derivation of the foregoing Considerandos and in view of the fact that “…[l]esividad concerning the protection of public domain assets shall not be subject to any time limit…” (Art. 34.2 CPCA), said claims must be fully upheld and, consequently, the following is ordered: 1) The partial absolute nullity is declared of agreement number 161, adopted in Article 161 of ordinary session number 023-2004 of the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA), today Institute of Rural Development (INDER), held on June 21, 2004, exclusively insofar as it provided therein for the titling in favor of the Association of Organizations of the Talamanca-Caribe Biological Corridor, of Dirección16846 of the BIRF 2764 titling project, with an area of 183,488.35 m2 and survey plan No. L-645227-2000, which currently corresponds to the Limón Party property with title number Placa25891; and 2) As requested by the plaintiff and given its connection to the annulled formal conduct, in accordance with Article 122 subsection k) of the CPCA, the following legal acts must also be annulled, in the following terms: a) Partially, public deed number 47 executed at 10:00 hours on July 27, 2004, before notaries Randy Anthony Gordon Cruickshank and Eduardo Newton Cruickshank Smith, acting in protocol number 5 of the former, specifically regarding the segregation and transfer of parcel Dirección16847 with an area of 183,488.35 m2, with survey plan No. L-645227-2000, executed in favor of the Association of Organizations of the Talamanca-Caribe Biological Corridor and which currently corresponds to the Limón Party property with title number Placa25891, and b) The registration entry in the National Registry of the Limón Party property with title number Placa25891, plan number L-645227-2000, corresponding to parcel 9-A-2001 of the BIRF 2764 titling project. In accordance with Article 171 of the LGAP in relation to numerals 39 subsection 2) and 131 of the CPCA, this declaration has declaratory and retroactive effects to the date of the invalidated acts, save for rights acquired in good faith.-

XII.- REGARDING CLAIM NUMBER FIVE.- The plaintiff established a fifth claim in its complaint, which reads as follows: “…5. By connection, annul any registration arising from the registration of the property registered [sic] in the National Registry, Province of Limón, Real Folio Title Number Placa25891….” . Having reviewed the registry entry of the property in question, it is observed that in the public database of the National Registry, as of the date of this judgment, said property bears the following annotations and encumbrances:

As can be seen, there are three annotations in the registry entry; the first refers to the limitations with which the property was created at the time it was titled by the then IDA; the second are limitations which, regardless of the reason that originated them, have been expired since May 24, 2016; and finally, the annotation that this Court decreed as a precautionary measure. Therefore, and based on the same considerations set forth ut supra regarding the lack of current supervening interest with respect to the third-party proceeding with own claims of Nombre28548, this Chamber considers that a lack of current interest in relation to this part of the complaint must be declared ex officio, since as previously stated, said pronouncement would yield no tangible advantage to the legal sphere of the plaintiff, not only because as of today there is no valid annotation enforcing any right of a third person, but also because with the annulment of the registry entry ordered herein, the remaining annotations would also be eliminated ipso iure. -

XIII.- IN RELATION TO THE PRECAUTIONARY MEASURE- In relation to the precautionary measures ordered in favor of the plaintiff by means of precautionary resolutions No. 2676-2013 of 09:40 hours on December 10, 2013, from the Processing Area of this Court (f. 151 of the scanned judicial file), and No. 273-2014-II of 15:29 hours on July 8, 2014, of the Second Section of the Administrative and Civil Tax Appeals Court, it is ordered that they remain in effect until this judgment becomes final (firmeza), at which time they shall be deemed lifted without the need for any subsequent resolution declaring such. For clarity of this judgment, the content of said precautionary measures is summarized herein: 1) The annotation of the complaint on the margin of the Limón Party property, title number Placa25891 (precautionary resolution No. 2676-2013 from the Processing Area of this Court); and 2) The duty of the defendant Association to “...refrain from engaging in conduct that could directly affect the natural heritage of the State, which would specifically be broken down as follows (reiterating the fourth clause of the contract with FONAFIFO): Protect the forest, vegetation cover (cobertura vegetal), as well as the regeneration processes of the area covered by the contract, therefore not cutting down trees or any other type of vegetation, having a duly licensed forestry manager (regente forestal) responsible for technical execution during the contract's term, preventing and controlling forest fires, preventing and controlling illegal hunting and illegal extraction of other forest products, not carrying out agricultural or livestock activities, not carrying out logging and extraction of timber products, not carrying out any activity that alters the natural behavior of the area to be protected, notifying MINAET of any alteration or contingency causing changes in the protected area, allowing access to the protected area for MINAET and FONAFIFO control personnel, facilitating their work, ceding the environmental services generated by their forest to the National Forest Financing Fund, complying with any technical recommendation issued in writing by MINAET or the forestry manager. The defendant must keep the area free of invaders, carry out all necessary actions to protect the property either personally or by notifying MINAET authorities when necessary, avoid any action that could materially affect the assets found in the forest and other natural resources, covering not only the forest area but ecosystems in general, preventing any deterioration and certainly with the impossibility of carrying out a land-use change (cambio de uso del suelo). Every three months from today, a communication or report must be made regarding the condition of the property, which will be added to the judicial file...” (Resolution of the Second Section of the Appeals Court No. 273-2014-II).-

XIV.- ON COSTS.- In accordance with numeral 193 of the CPCA, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party for the mere fact of being so. Waiver of this condemnation is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the present case, the Court is of the opinion that, in relation to the lesividad claim, although the defendant Association has been unsuccessful, it had sufficient reason to litigate, given that it had a declaratory act of rights that INDER has had to come to this jurisdiction to annul. In the same sense, this is understood by this Section with respect to the deduction of own claims by FONAFIFO, precisely by reason of the defense of the public funds that had been invested as part of the payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales) contract that, at the time, it signed with the defendant Association. Therefore, we consider that the proceeding must end without a special condemnation of costs for both losing parties.-

POR TANTO

The following are admitted as untimely documentary evidence: the official letters from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) No. SINAC-ACLAC-DR-277 of July 24 and SINAC-DE-574 of March 20, both dated 2014, offered by the defendant Association, as well as the document relating to the validity (iniquito) of the payment for environmental services contract number LM-01-222-0063-2011. The remaining untimely documents offered as evidence by FONAFIFO, the State, and the defendant Association are rejected. - Ex officio, a lack of current interest is declared in relation to the third-party proceeding with own claims initially brought by Nombre28548, as well as regarding claim number 5 of the lesividad complaint. The lack of Right asserted by the defendant Association is rejected. Consequently: A) THE LIABILITY CLAIM brought by the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INDER) against the ASSOCIATION OF ORGANIZATIONS OF THE TALAMANCA-CARIBE BIOLOGICAL CORRIDOR is PARTIALLY UPHELD. Consequently, unanimously, the following is declared: 1) The partial absolute nullity of agreement number 161, adopted in Article 161 of ordinary session number 023-2004 of the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development (IDA), today Institute of Rural Development (INDER), held on June 21, 2004, exclusively insofar as it provided therein for the titling in favor of the Association of Organizations of the Talamanca-Caribe Biological Corridor, of Dirección16846 of the BIRF 2764 titling project, with an area of 183,488.35 m2 and survey plan No. L-645227-2000, which currently corresponds to the Limón Party property with title number Placa25891; and 2) As requested by the plaintiff and given its connection to the annulled formal conduct, in accordance with Article 122 subsection k) of the CPCA, the following legal acts must also be annulled, in the following terms: a) Partially, public deed number 47 executed at 10:00 hours on July 27, 2004, before notaries Randy Anthony Gordon Cruickshank and Eduardo Newton Cruickshank Smith, acting in protocol number 5 of the former, specifically regarding the segregation and transfer of parcel 9-A-2001 with an area of 183,488.35 m2, with survey plan No. Placa26810, executed in favor of the Association of Organizations of the Talamanca-Caribe Biological Corridor and which currently corresponds to the Limón Party property with title number Placa25891, and b) In its entirety, the registration entry in the National Registry of the Limón Party property with title number Placa25891, plan number L-645227-2000, corresponding to parcel 9-A-2001 of the BIRF 2764 titling project. In accordance with Article 171 of the LGAP in relation to numerals 39 subsection 2) and 131 of the CPCA, this declaration has declaratory and retroactive effects to the date of the invalidated acts, save for rights acquired in good faith.- The remaining claims not included in the foregoing pronouncement are dismissed as legally improper.- It is ordered that the precautionary measures decreed by means of resolutions No. 26762013 of 09:40 hours on December 10, 2013, from the Processing Area of this Court, and No. 2732014-II of 15:29 hours on July 8, 2014, of the Second Section of the Administrative and Civil Tax Appeals Court, remain in effect until this judgment becomes final, at which time they shall be deemed lifted without the need for any subsequent resolution declaring such.- B) THE THIRD-PARTY PROCEEDING WITH OWN CLAIMS brought by the NATIONAL FOREST FINANCING FUND against the ASSOCIATION OF ORGANIZATIONS OF THE TALAMANCA-CARIBE BIOLOGICAL CORRIDOR is DISMISSED.- The losing parties are exempted from the payment of costs.- Notify.-

Daniel Aguilar Méndez
Silvia Consuelo Fernández Brenes Cynthia Abarca Gómez

1

Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or onerous distribution is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 05:48:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República