Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas, ha de indicarse, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. [...] Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica : "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."
English (translation)Regarding the land tenure regime in protected wilderness areas, it must be noted that, regardless of their management category, they are to be understood as zones subject to a specific regulatory and administrative regime, governed by management plans ensuring their protection, conservation, and rational use of natural resources. [...] This is complemented by Article 7 of the Posesory Information Law, which states: "When the property referred to in the possessory information is located within a protected wilderness area, regardless of its management category, the applicant must prove they hold legal rights over ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wilderness area."
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Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 01070 - 2021 Fecha de la Resolución: 05 de Noviembre del 2021 a las 12:53 Expediente: 18-000075-0699-AG Redactado por: María Rosa Castro García Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Requisitos de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas. Titulación de área dentro de zona protectora. Temas (descriptores): Zonas naturales protegidas Subtemas: Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria. Temas (descriptores): Área silvestre protegida Subtemas: Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución EXPEDIENTE: EXPN1 - 7 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA PROMUEVE: FUTURE COFFEE S.A. VOTO [Nombre1]° 1070-F-2021 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las doce horas cincuenta y tres minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno.- PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovido por FUTURE COFFE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1 - - , representada por sus apoderados generalísimos sin límite de suma [Nombre2] , mayor, soltero, ingeniero agrónomo, vecino de Santa María de Dota, cédula de identidad número CED2 - - ; [Nombre3] , mayor, soltero, empresario, vecino de Santa María de Dota, cédula de identidad número CED3 - - ; y [Nombre4] , mayor, soltero, empresario, vecino de Santa María de Dota, cédula de identidad número CED4 - - . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Daniela Vargas Delgado, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Grecia, cédula de identidad número CED5 - - , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED6 - - - , representado por [Nombre5] , mayor, divorciada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED7 - - , en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderado especial judicial de la sociedad promovente, el licenciado Hugo Alberto Corella, colegiado quince mil doscientos cincuenta. Tramitada ante el Juzgado Agrario de Cartago.- Redacta la Jueza Castro García, y; CONSIDERANDOS I.- La entidad promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: " Terreno actualmente de charral con un sector de tacotal en regeneración, un galerón abierto y una bodega, sito en Copey de Dota, [Dirección1] de la Provincia de San José. Linda al Norte: En parte camino público a Zapotal y [Nombre6] ; al Sur: [Dirección2] ; al Este: [Dirección3] ; y al Oeste: [Nombre6] [Nombre6] . Mide: Treinta y tres mil cuatrocientos setenta y un metros cuadrados, con plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número uno-dos cero cuatro cinco cuatro siete uno-dos mil dieciocho," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos, archivo del 30/5/18 de las 12:24:13 p.m.).- II.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en escrito incorporado al escritorio virtual, archivo del 27/5/19 de las 2:47:13 p.m.; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en los términos que corren en el archivo del 4/6/19, de las 9:42:41 a.m, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos).- III.- El juez José Francisco Chacón Acuña, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia 2021000097 de las once horas veintidós minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, resolvió: “POR TANTO: "Se APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria. Proceda el Registro Inmobiliario a inscribir por primera vez y a nombre de la sociedad FUTURE COFFE S.A., cédula jurídica CED8 , la finca sin inscribir que se describe así: Terreno actualmente de charral con un sector de tacotal en regeneración, un galerón abierto y una bodega, sito en Copey de Dota, [Dirección1] de la Provincia de San José. Linda al Norte: En parte camino público a Zapotal y [Nombre6] ; al Sur: [Dirección2] ; al Este: [Dirección3] ; y al Oeste: [Nombre6] . Mide: Treinta y tres mil cuatrocientos setenta y un metros cuadrados, con plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número uno-dos cero cuatro cinco cuatro siete uno - dos mil dieciocho. El inmueble a titular queda afectado bajo las reservas legales en cuanto: a) las áreas contiguas a la Quebrada sin nombre, las cuales constituyen áreas de protección, según el artículo 33, inciso a) y b), de la Ley Forestal número siete mil quinientos setenta y cinco, por lo cual queda totalmente prohibida la corta o eliminación de árboles en dichas áreas; b) el cauce de las corrientes existentes son de dominio público estatal, así como las aguas superficiales y subterráneas presentes en el inmueble y no forman parte de la finca (Ley de Aguas, artículo uno, incisos a, b y IV, artículo tres, inciso III y Código de Minería, artículo cuarto); c) las cargas reales referidas al derecho de vía en caminos públicos (artículos uno y diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias y numeral cuatro de la Ley General de Caminos Públicos," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Documentos Asociados archivo, del 31/5/21 de las 11:22:23 a.m.).- IV.- Asimismo, el licenciado José Francisco Chacón Acuña por medio de la resolución de las nueve horas y siete minutos del dos de junio del año dos mil veintiuno adiciona y aclara en la parte dispositiva de la sentencia número 2021000097 de las once horas veintidós minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y resolvió: " De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 58.3 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente en esta materia, por economía y celeridad procesal y al no tratarse de un aspecto que altere en lo esencial lo dispuesto, adiciónese al contenido de la Sentencia N° 2021000097, dictado a las once horas veintidós minutos del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno, en el sentido que la estimación del proceso es de 10 millones de colones (ver imagen 4 del escrito inicial) y el inmueble fue estimado en la suma de 15 millones de colones (ver memorial incorporado al expediente virtual, bandeja escritos, 07/08/2018 04:53:41). Agréguese y certifíquese copia de esta resolución a la ejecutoria de rigor "(Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Documentos Asociados archivo, del 2/6/21 de las 9:07:24 a.m.).- V- Hechos Probados. Se prohíjan los hechos probados contenidos en la sentencia apelada por ajustarse a los elementos de prueba constantes en autos VI- Apelación. El ente procurador recurre la Sentencia N° 2021000097, de las once horas veintidós minutos del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno que aprobó el proceso de titulación. Corregida materialmente por resolución de las nueve horas siete minutos del dos de junio de dos mil veintiuno en cuanto consignó que la estimación del proceso es de 10 millones de colones y del inmueble en la suma de 15 millones de colones (apelación en imagen 13 a 16 y resoluciones en imagen 25 a 31, 22 de expediente digital modo pdf). Como motivos de reclamo en su recurso expone los que ha continuación se enumeran: 1) El terreno que se pretende titular se ubica en su totalidad dentro de un bien afectado al dominio público. Refuta, la certificación SINAC-D-ACC-0406-2018 consigna que el terreno descrito en el plano 1-2045471-2018 se sitúa en un 100% dentro de la Reserva Forestal Los Santos, creada mediante Decreto Ejecutivo 5389-a del 12 de octubre de 1975. Área silvestre protegida que es parte del dominio público y del Patrimonio Natural del Estado. Invoca como fundamento legal y jurisprudencial: artículos 13, 14 y 39 inciso i) de la Ley Forestal número 7575. Además 32 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y Sala Constitucional, votos 8945/2005, 16975/2008, 17650/2008, 17659/2008, 2020/2009, 21258/2010, 16938/2011, 2678/2012, 10570/2012, 7934/2013, 12973/2013, 2752/2014, 16362/2015. 2) Falta de demostración de la transmisión y antigüedad de la posesión. Argumenta al respecto el recurso, pese a que los testigos afirmaron que el supuesto primer poseedor fue el señor [Nombre7] , no quedó demostrado con documento idóneo la transmisión de la posesión de [Nombre6] a su hija [Nombre6] , ni el tiempo de supuesta posesión de [Nombre8] ; lo que no cabría sobre un bien de dominio público. Apela, a los autos no se ha hecho llegar documento que acredite ese supuesto traspaso. Expone, acorde con el artículo 1397 del Código Civil, la donación de un bien inmueble debe hacerse en escritura pública; bajo efecto de nulidad. No procediendo la donación verbal. Detalla, [Nombre6] indicó en escritura número 126 del tomo 14 del protocolo de la notaria Ana Graciela Zúñiga Gamboa, que ella “adquirió” el terreno a titular de su padre [Nombre7] en 1997 (ver línea 25 de la copia del primer testimonio aportada. Es decir sea 22 años después de la creación del área silvestre protegida. Por lo que su posesión sería inválida para adquirir el terreno. Indica, el “traspaso” del terreno a favor de la sociedad aquí titulante, otorgado en escritura número 250 del tomo 6° del protocolo del notario Hugo Alberto Corella Agüero devendría en nulo, pues nadie puede traspasar lo que no le pertenece. 3) Insuficiencia de la prueba testimonial para demostrar la posesión anterior a la afectación al demanio. Reclama, este agravio se hizo ver por su parte al contestar la audiencia final y se reitera en este recurso. Cita, la prueba testimonial es insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal anterior a la entrada en vigencia del Decreto que creó el área silvestre. Hace ver, [Nombre9] indicó tener 40 años de conocer el terreno, lo que remonta a 1979, [Nombre10] manifestó tener 50 años de conocerlo, sea de 1969. [Nombre11] dice tener 56 años de edad y ese mismo tiempo de conocer el terreno, por lo que tendría escasos 2 años para la fecha en que debía acreditarse el inicio de la posesión. Embate, en casos similares ha indicado el Tribunal Agrario: “Pese a que no tiene ningún impedimento para declarar, pues es mayor de edad y tiene capacidad física y jurídica, el Tribunal comparte lo señalado por la a-quo, en el sentido de no merecerle fe o credibilidad a su declaración, pues en la época en que supuestamente conoció el inmueble, tenía tan solo 5 años, edad en la cual la capacidad de discernimiento es mucho menor.” (Voto No. 237-F-06, de 14 horas 40 minutos del 10 de marzo del 2006). “Finalmente, el deponente [Nombre12] , al momento de su declaración tenía 41 años de edad, sea que nació justamente en 1965, diez años antes de la creación de la Reserva Forestal, por lo que difícilmente estaría en capacidad cognocitiva y volitiva en sus primeros años como para poder tener conocimiento de quién o quiénes poseían esos inmuebles.” (Voto No. 800-F-08, de 9 horas 45 minutos del 25 de noviembre del 2008)". Se reclama en la pieza recursiva en ningún caso el conocimiento de la posesión alcanzaría a superar los 10 años anteriores a la afectación a dominio público, de ahí que procede rechazar este proceso. 4) Falta de demostración de los actos posesorios. Acusa el ente procurador los testimonios son discordantes con el estudio de uso de suelos y entre sí, en cuanto los actos posesorios. Al respecto reseña que según el estudio de uso conforme de suelos del 6 de agosto de 2018, los usos del terreno son charral y tacotal. Y el testigo [Nombre10] afirmó que el terreno siempre se ha dedicado a la siembra de café y mora, tiene construida una bodega para la elaboración de abonos. Por su parte, reclama, [Nombre11] depuso el terreno ha estado dedicado a repasto y agricultura. Finalmente, el testigo [Nombre9] declaró que el terreno se dedica a repasto y cultivo de mora. Afirma, las declaraciones son rendidas el 20 de agosto de 2019; un año después de emitido el estudio de uso conforme de suelos. Y a pesar de que esos tres testigos tienen muchos años de conocer el terreno, su dicho no coincide en el uso que tiene. Indica, tampoco se refirieron fluidamente sobre las colindancias; lo que evidenció la falta de conocimiento que tienen los testigos del terreno y los actos posesorios. Solicita se revoque la decisión y se impruebe el proceso por falta de incumplimiento de los requisitos legales. VII- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad un inmueble con naturaleza de terreno actualmente de charral con un sector de tacotal en regeneración. Con galerón abierto y una bodega. Sito en Copey de Dota, [Dirección1] de la provincia de San José. Linda al Norte: en parte con camino público a Zapotal y [Nombre6] ; al Sur con camino público a La Piedra; al Este con camino público a Zapotal; y al Oeste con [Nombre6] . Cabida de treinta y tres mil cuatrocientos setenta y un metros cuadrados. Plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número uno-dos cero cuatro cinco cuatro siete uno - dos mil dieciocho. Lo anterior acorde con lo mencionado en el escrito inicial, así como el plano aportado (expediente digital escrito inicial y aclaraciones en imagen 149 a 153, 145, 140 129, 124 a 125, plano en imagen 157 de expediente digital modo pdf, reconocimiento judicial en acta de imagen 72 estudio de suelos en imagen 133 a 139, todas en modo pdf). Dicho bien es parte de área silvestre protegida Reserva Forestal Los Santos creada en el año 1975, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada (imagen 158 y 148 misma ubicación y modo anterior). El fundo se encuentra fuera de terrenos o propiedades administradas por el Instituto de Desarrollo Rural según certificación del ente (imagen 81 a 82 igual ubicación precedente). Se verifica, el edicto de ley fue publicado en el Diario Oficial y el titulante no ha inscrito bienes al amparo de la Ley de Informaciones Posesorias (imagen 108 y 166 de expediente digital modo pdf). La persona colindante [Nombre6] se apersonó y se encontró conforme mediante escrito de apersonamiento aportado y autenticados por el Licenciado Hugo Alberto Corella Agüero (escritos en imagen 155 expediente digital modo pdf). En igual orden de verificación del cumplimiento de requisitos legales y vistos los agravios contra la pieza apelada referidos a la insuficiencia de prueba sobre la posesión ejercida, ha de citarse que acorde con las reglas del ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se establece en el proceso agrario el sistema de la libre valoración probatoria. Sistema que exige al tribunal estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El tribunal deberá exponer los principios de equidad o de derecho sobre los cuales funda su decisión. Al respecto, la Sala Constitucional ha resuelto: "... la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" (voto 3657 del 7 de mayo de 2003. Ver en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual sentido veáse votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de 2009 y 364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario). De igual forma, se impone a la persona juzgadora la obligación de emitir una valoración integral de la prueba que conste en el expediente. Aclarado lo anterior y estudiada la sentencia recurrida, encuentra esta instancia medió un análisis adecuado de los elementos probatorios y se concluye los requisitos legales del proceso interpuesto se han cumplido por la sociedad titulante. VIII- Visto lo apelado cabe indicar, la sentencia venida aprueba el proceso de información posesoria al tener por acreditada la cadena de posesión y la antigüedad necesaria de ley. Sea la demostración de la posesión decenal sobre el inmueble a titular con anterioridad al decreto ejecutivo No. 5389-A del 12 de octubre de 1975. Como se citó en el considerando anterior el inmueble ya descrito que es objeto de este proceso, se ubica dentro de la Reserva Forestal Los Santos, creada por el decreto ejecutivo [Nombre1]. 5389-A del 12 de octubre de 1975, según consigna la certificación emitida por el MINAE-SINAC (imagen 148 y 158 de expediente digital modo pdf). Por ello, de conformidad con el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, la sociedad titulante debe acreditar el ejercicio de la posesión en condición de dueña en los términos del artículo 856 del Código Civil, con al menos 10 años antes de la afectación del terreno a esa categoría de manejo; sea anterior al año 1965. Para justificar la posesión, acorde con el ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias se deben aportar tres testigos y al pretender aprovechar la posesión de las personas transmitentes debe el titulante adjuntar el título por el que adquiere la posesión y mejoras, no así los de anteriores transmitentes. Según indica en forma expresa el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Respecto a este último aspecto reclama en su recurso el representante el Estado, en el agravio número dos, que no se demostró la transmisión y antigüedad de la posesión. Citando que pese a que los testigos afirmaron que el supuesto primer poseedor fue el señor [Nombre7] , no se probó con documento idóneo la transmisión mediante donación de la posesión de [Nombre7] a su hija [Nombre6] , ni el tiempo de supuesta posesión de [Nombre8] ; lo que no cabría sobre un bien de dominio público. Lo anterior por no aportarse documento que acredite ese supuesto traspaso; según lo exige el artículo 1397 del Código Civil. Cita que [Nombre6] indicó en escritura número 126 del tomo 14 del protocolo de la notaria Ana Graciela Zúñiga Gamboa, que ella “adquirió” el terreno a titular de su padre [Nombre7] en 1997 (ver línea 25 de la copia del primer testimonio aportada). Es decir, sea 22 años después de la creación del área silvestre protegida. Por lo que su posesión sería inválida para adquirir el terreno. Indica, el “traspaso” del terreno a favor de la sociedad aquí titulante, otorgado en escritura número 250 del tomo 6° del protocolo del notario Hugo Alberto Corella Agüero devendría en nulo, pues nadie puede traspasar lo que no le pertenece. Ha de invocarse el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias en cuanto establece que al pretenderse aprovechar la posesión de las personas transmitentes, debe el titulante adjuntar el título por el que adquiere la posesión y mejoras, no así los de anteriores transmitentes. Del estudio de los autos se denota que se presentó con el escrito inicial la escritura mediante la cual adquiere la sociedad Future Coffe S.A. de [Nombre6] otorgada el 8 de febrero del año 2018. Escritura pública número 250. En la cual se citó que [Nombre6] había adquirido el fundo que se segregó de la finca madre, de [Nombre13] , por escritura pública número 87 de fecha 30 de noviembre del año 2016. Y que [Nombre13] había adquirido de la misma [Nombre6] por compraventa previa otorgada es escritura del 10 de junio del año 2015. Y en dicho documento se mencionó que [Nombre6] había adquirido el terreno por donación de parte de su padre [Nombre7] en el año 1997; quien para dicho año lo mantenía en posesión por aproximadamente de cuarenta a cincuenta años. Los traspasos citados fueron aportados a los autos según consta en el expediente digital (escrituras de traspaso en bandeja de escritos/fecha: 30/05/2018 hora 12:24:13 imágenes 21 a 23). De forma tal que al adjuntarse la escritura por la que adquiere la sociedad titulante, según la regla del ordinal 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, le es posible aprovechar esa posesión previa. Sin que sea necesario se adjunte el traspaso mediante donación de [Nombre7] a [Nombre6] su hija, por cuanto la ley no exige ese requisito. Sin embargo se aportaron las escrituras citadas previas, que no se contradicen con la prueba testimonial que se analizará. Se rechaza el agravio segundo. IX- Sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas, ha de indicarse, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del patrimonio natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse a la luz de lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica : "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En este caso, dados los reproches de apelación, debe ser verificado si se demuestra la cadena posesoria desde el año 1965 o antes. Sea por un plazo mayor a los diez años anteriores a la afectación de la zona mediante la categoría de manejo Reserva Forestal Los Santos ocurrida en 1975, para entender que los derechos adquiridos del promovente de solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el fundo, debe serle reconocido. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto 144-96- de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996, resolvió: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." Lineamiento propio del principio del Desarrollo Sostenible. Además de lo anterior, se debe analizar en esta sede, si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos, el reconocimiento judicial que al efecto celebró la persona juzgadora y los testimonios vertidos en el subjúdice. Ha de indicarse por esta Cámara que el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias se encuentra vigente y la interpretación de esta norma del Tribunal Agrario, fue cuestionado por la Procuraduría General de la República ante la Sala Constitucional. Alto Tribunal que ha rechazado los cuestionamientos de inconstitucionalidad al respecto en votos Nos. 1997-04587 y 2010-01667. Y recientemente en el voto 01142 del 25 de enero del 2017. Que en su voto de mayoría declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Estado en contra de la interpretación jurisprudencial de este Tribunal del artículo 7°, párrafo primero, de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley No. 139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas. Donde se cuestionó que con dicha interpretación y aplicación, se conducía a la desafectación del dominio público de una cantidad indeterminada de bienes, en tanto permite la titulación de terrenos con cobertura forestal ubicados en áreas silvestres protegidas, mediante la acreditación de una ocupación decenal anterior a su respectiva ley o decreto de creación. Por lo que este Tribunal no puede desconocer los efectos de la norma cuestionada, ni inaplicarla. Por lo que se rechaza al agravio número uno referido a que se pretende titular un fundo que se ubica en su totalidad dentro de un bien afectado al dominio público. X- En cuanto a los argumentos del embate número tres respecto a la insuficiencia de la prueba testimonial para demostrar la posesión anterior a la afectación al demanio ha de denegarse. Razonó su reclamo citando que el testigo [Nombre9] , indicó tener 40 años de conocer el terreno, lo que se remonta al año 1979, [Nombre10] manifestó tener 50 años de conocerlo, sea de 1969. Y [Nombre11] dice tener 56 años de edad y ese mismo tiempo de conocer el terreno, por lo que tendría escasos 2 años para la fecha en que debía acreditarse el inicio de la posesión. Dado el agravio en este caso concreto, valoradas las tres declaraciones a la luz del canon 54 y 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria de forma integral con la restante prueba recabada, se tiene por demostrada en esta Instancia el ejercicio de una posesión idónea y en respeto a los recursos naturales, mayor a la decenal anterior al año 1965 por parte del titulante, que aprovechó la posesión ejercida de su transmitente y los anteriores, para lo cual aportó escritura pública de adquisición a favor de la sociedad titulante, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Escritura pública de venta del 8 de febrero del 2018, donde [Nombre6] vende la finca sin inscribir en cuestión a Future Coffe S.A. (imagen 172 a 174 de expediente digital modo pdf); como se citó en el considerando anterior. Respecto a la prueba testimonial cuestionada en autos consta (expediente digital/audio de testimonios en carpeta documentos/ fecha: 08/10/2019 15:03:39) se rindió esa probanza el día 20 de agosto del 2019. Recibiéndose al testigo [Nombre10] (minuto 10: 27 a fin de grabación) citó tener 61 años. Conocer la finca desde hacía 50 años. Ser vecino de siempre de Providencia. Declaró, conocer la finca de toda su vida. Afirmó haber conocido como primer dueño a [Nombre7] , que la poseyó por aproximadamente 50 a 55 años aproximadamente. Quien le transmite a su hija [Nombre6] , que la posee por 20 años aproximadamente. Misma que le vende a la titulante Future Coffe S.A. hacía unos dos años aproximadamente. Sobre el uso del terreno mencionó que se ha dedicado a café y mora. Sobre las colindancias y linderos describió que es calle pública donde hay cerca de alambre. Además de carril que la divide de la finca de la cual se segrega. Señaló, nunca ha habido conflictos por la finca. Declaró sobre la existencia de una edificación donde está la bio fábrica de abonos orgánicos. Reconoce como propietaria actual a la sociedad titulante. Observa esta Cámara, que este testigo, si bien indicó conocer el fundo hacía 50 años, sea desde 1969 considerando que declaró en el año 2019, luego mencionó que el tiempo de posesión del primer dueño que le constaba era de 50 a 55 años aproximadamente. Es decir, le consta que [Nombre7] posee como dueño al menos desde 1964, dada la fecha en que rindió testimonio. Describe como cadena posesoria a [Nombre7] como la persona poseedora que conoce. Luego a su hija [Nombre6] , que indicó la tuvo bajo su dominio por aproximadamente por 20 años, y de forma posterior a la sociedad titulante. Sin que mediara ningún conflicto por la posesión del fundo en condición de dueños. Por su parte, el testigo [Nombre11] (minuto 05:50 a 10:25) citó tener 56 años. Vivir en la comunidad de Providencia. Declaró, conocer la finca desde siempre. Afirmó haber conocido como primer dueño a [Nombre7] que la poseyó por aproximadamente 40 años. Quien le transmite a su hija [Nombre6] , que la posee por 20 años aproximadamente. Misma que le vende a Future Coffe S.A. A las preguntas respecto al uso de la finca citó que se ha dedicado antes a mora más que todo, café y tenencia de una vaca. Además de algunos cultivos orgánicos. Sobre las colindancias y linderos describió que es calle pública que deslinda la mayor parte. Donde hay cerca de alambre y hay un callejón que dirige a la biofábrica, Colinda con calle, el carril de arriba que es con la misma finca de la que se divide y le pertenece a Santos Tour. Señaló, la finca nunca ha sido abandonada por ninguna de las personas que han sido dueñas, ni la actual propietaria. Nunca ha habido conflictos por la finca. Indicó existe una edificación que se conoce en el pueblo como la bio fábrica; donde se elaboran insumos orgánicos para las fincas cafetaleras orgánicas. Afirmó, hay un cuerpo de agua muy pequeño a mitad de la finca. Reconoce como propietaria actual a la sociedad titulante. Observa esta Cámara, que este testigo crece en la comunidad y conoce el fundo desde la década de 1960, pues indicó tener 56 años al momento de declarar en el año 2019. El mismo describe la misma cadena posesoria referida por el anterior deponente. Así como que la propiedad ha estado desde esa fecha bajo dominio posesorio de los que indica han sido sus dueños y dueña. Igualmente conoce de la ausencia de conflictos por la posesión del fundo, que ha sido poseída de forma continua, pública y en condición de titulares. Por su parte, [Nombre9] (a partir del minuto 00: 57 de grabación y hasta minuto 05:45), citó tener 45 años (no cuarenta como se mencionó en el recurso de apelación). Vivir en la comunidad de Providencia. Declaró, conocer la finca desde toda su vida. Describió a los que había conocido como dueños e indicó que el primero era de [Nombre7] . Que por referencia de su padre le indicó la había tenido desde 1950. Y que cuando él la conoció, le pertenecía a esa persona. Mencionó, luego [Nombre7] se la pasa "en herencia" a su hija [Nombre6] que la posee por 25 años. Misma que se la traspasó a Future Coffe S.A., citando a sus representantes a [Nombre3] , [Nombre4] y [Nombre2] . A las preguntas respecto a las colindancias apuntó la propiedad está rodeada en su mayoría por calle pública, en otro sector linda con río. En la cabecera o parte alta, con la finca madre de la cual se segregó el inmueble y [Nombre14] en ese sector. Describió las colindancias como de mojones en la parte alta donde colinda con la finca de la cual se segregó y al costado izquierdo con [Dirección4] , en el otro sector con río. Afirmó, hay un cuerpo de agua pequeño que denominó quebrada u "ojito de agua" que se ve solo en invierno. Nunca se abandonó el fundo por ninguna de las personas que han sido dueñas, ni la actual propietaria. El inmueble se ha dedicado a agricultura, repastos y moras. Quien le da mantenimiento y cuida es la actual poseedora. Manifestó existe una edificación que se conoce en el pueblo como la bio fábrica; donde se elaboran insumos orgánicos para las fincas cafetaleras orgánicas. Reconoce como propietaria actual a la sociedad titulante. De este testigo se deduce por esta Cámara que conoce la finca desde su nacimiento y que ha vivido en la comunidad siempre. Afirmó tener 45 años al momento de su declaración. Sobre la cadena posesoria descrita cita a la primera persona que le consta era el dueño y que identifica como [Nombre7] y que su padre indicó la poseía desde 1950. Luego se enajenó de forma gratuita a su hija [Nombre6] que poseyó por 25 años. Para traspasar a la sociedad citando a sus apoderados legales. Estima esta Instancia, la integración de este testimonio con los anteriores, a la luz del ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción agraria, también resulta útil para demostrar la antigüedad en la posesión y cadena posesoria del terreno. Pues acredita que la propiedad ha estado sometida a posesión en condición de dueños y dueña de los citados de forma continua, pacífica desde el año 1950 y hasta la actualidad por constarle de forma personal desde su infancia y por referencia de su progenitor. Sin que se citara se hubiera ocasionado daño alguno a los recursos naturales o conflictos posesorios o se contradijera con el resto de la prueba testimonial o documental citada. Para esta Instancia esas declaraciones resulta útiles y pertinentes a los efectos de demostrar la posesión decenal anterior al año 1975, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuando la finca resultó afectada por la declaratoria de área silvestre protegida, mediante el decreto N. SJ-1779828-2014 que creó la Reserva Forestal Los Santos. Con respecto a la precisión de fechas de los poseedores de un fundo sin inscribir, el Tribunal Agrario ha resuelto: " Además, es importante señalar que no es preciso que los testigos sean tan puntuales en cuanto a fechas exactas de posesión de cada uno de los transmitentes, o conozcan a todos éstos, menos aún en casos como el presente en el que el fundo ha tenido tantos dueños, pues lo importante es que exista una referencia a las personas vinculadas con el ejercicio de la posesión durante todos esos años y a la protección que se está haciendo del recurso forestal dadas las exigencias que plantea el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y al uso conforme del suelo de acuerdo a la certificación de folio 179, entre otros requisitos legales que no han sido objetados por la apelante.-" (voto N. 874-F-08). Criterio que se ha sostenido en votos posteriores y que comparte esta Cámara. Lo importante a fin de determinar si procede o no una titulación de un terreno ubicado dentro de áreas silvestres protegidas, es el conocimiento que se logre acreditar por parte de los testigos del fundo, sobre la antigüedad suficiente de la cadena posesoria y los actos ejercidos en el inmueble. Nota esta Sede, lo declarado por todas las personas testigas acreditan hechos que van más allá del año 1965, al mencionar que en los años de 1950 y 1964, sabían que el terreno era de [Nombre7] y concordar en la cadena posesoria de forma cronológica. Al tenor del sistema de libre valoración probatoria y las reglas de la sana crítica racional, se concluye de su contenido, el conocimiento del fundo y de la cadena posesoria data desde la década de los años 50, como se citó, pues identificaron a las personas que fueron poseedoras en condición de dueñas de un largo período de tiempo. Por ello, los reproches del ente procurador ante la audiencia final otorgada por el despacho, referido a la falta de precisión exacta de los testigos, la corta edad de dos de ellos no resulta de recibo. Pues al ser personas que han vivido toda su vida en el lugar, tienen un conocimiento profundo histórico de lo acontecido en esa comunidad y aunque fueran de corta edad los hechos sobre los que deponen, les constan. Sus declaraciones fueron honestas, sin contradicciones, ni prueba que la desvirtúe. Lo que se concluye por esta Cámara del análisis de todas las deposiciones y la valoración integral de la prueba realizada, en cuanto se acredita un conocimiento del terreno en un periodo anterior a la afectación. Por lo que acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, se cumple la posesión de particulares, diez años antes al año 1975, fecha en que se creó la Reserva Forestal Los Santos y se afectaron las fincas existentes dentro de sus límites. Y que la misma se ha ejercido acorde con la protección de los recursos naturales existentes en el fundo. Tal y como fue analizado, esa posesión fue acreditada con las declaraciones. Que resultan contestes en la cadena posesoria, el origen y modo de la misma, siendo idóneos para probar la posesión en un plazo decenal anterior al año 1975. Los testimonios describen una cadena posesoria diáfana y coincidente con las escrituras públicas aportada a los autos por la promovente-. Por lo tanto, se tiene por cumplido el requisito del ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias respecto a la demostración de la posesión idónea por el plazo legal exigido. XII- Respecto al agravio cuarto sobre la falta de demostración de los actos posesorios. Se reclamó al respecto por el Procurador los testimonios son discordantes con el estudio de uso de suelos y entre sí en cuanto los actos posesorios. Menciona, acorde con el estudio de uso conforme de suelos del 6 de agosto de 2018, los usos del terreno son charral y tacotal. Y el testigo [Nombre10] afirmó que el terreno siempre se ha dedicado a la siembra de café y mora, tiene construida una bodega para la elaboración de abonos. Por su parte, reclama, [Nombre11] depuso el terreno ha estado dedicado a repasto y agricultura. Finalmente, el testigo [Nombre9] declaró que el terreno se dedica a repasto y cultivo de mora. Citó que declararon un año después de emitido el estudio de uso conforme de suelos, sin que el destino de la finca que mencionan coincida en el uso que tiene. Además, se reclama la ausencia de mención clara sobre las colindancias; lo que evidenció la falta de conocimiento que tienen los testigos del terreno y los actos posesorios. No esta conforme esta Sede con tales argumentaciones. Sobre el uso que se ha dado a la finca los testigos mencionan: a) agricultura, repasto y mora. Actualmente con fábrica de insumos orgánicos (testigo [Nombre9] ), b) mora, café y tenencia de vacas (testigo [Nombre11] ), actualmente bodega de insumos orgánicos y c) antes de café y mora, actualmente con bodega de insumos orgánicos (testigo [Nombre10] ). Hace ver esta Instancia, en las declaraciones se les preguntó a los testigos cuales han sido los usos dados a la finca en el pasado. Sin que lo contestado, se considere sea disconforme entre los testigos o respecto al estudio de uso de suelos. Pues todos indican se uso para actividades agrícolas diversas, que coincidieron en el cultivo de mora, café en forma anterior y actualmente a producir insumos orgánicos. Respecto a la discordancia con el uso indicado en el Estudio de Suelos (imagen 133 a 139 de expediente digital modo pdf), se observa se ejerce un uso de suelos conforme en un cien por ciento. Anotó haberse encontrado área de charral y tacotal, árboles forestal como Dama, Cupania, Uruca y Bijarro, especies de crecimiento espontáneo, Aguacatillo, Aguacate. Además de galerón utilizado para fabricar abono orgánico una bodega de madera y huerto artesanal de plátano para autoconsumo. Se anotó que el cauce de la quebrada estaba protegida y con los retiros de ley. De lo ahí indicado, concluye este Tribunal se demuestra el ejercicio de la posesión acorde con el respeto del recurso natural. Aunado a que se consigna se destina el fundo a producción de insumos orgánicos. El hecho de que se haya destinado en el pasado a mora, café y otros y actualmente no sea así, no desvirtúa que los testimonios versaron sobre el uso pasado y presente del inmueble y los destinos que se le dieron. Por otra parte en el reconocimiento judicial del 20 de agosto del 2019, se consignó: " El inmueble se deslinda por los linderos [Dirección5], [Dirección6] y [Dirección7] por un camino público, el lindero [Dirección8] se deslinda por un camino de unos cuatro metros de ancho, y por el lindero [Dirección9] se demarca con cercas de alambre. La mayor parte del terreno es terreno de charral y un área de tacotal en regeneración, con diferentes especies de árboles como dama, aguacatillos, y árboles de guava. En un área de pendiente se estaba realizando un terrazeo (sic) con el objeto de sembrar café de sombra. El terraceo se hace para evitar la erosión del suelo. El inmueble es atravezado (sic) por una quebrada la cual se encuentra protegida por cobertura forestal. Indican los representantes de la sociedad titulante, que se pretende reforestar parte de la finca para crear un corredor biologico. En el inmueble hay una galera que sirve también como bodega. Allí se tiene instalado un biofertilizante, donde se produce abono orgánico el cual es tratado con lombrices; siendo la materia prima principal la broza del café. No se observó nacientes de agua dentro del inmueble excepto la quebrada que atravieza (sic) el inmueble. Tampoco se observó corta o poda de árboles en la margen de la quebrada.." (imagen 72 expediente digital modo pdf). Lo anotado coincide con lo indicado en el estudio de suelos y con lo mencionado por los testigos respecto al uso actual de producción de abono orgánico. Sin que la falta de la presencia de cultivos de mora y café en la actualidad, conlleven a entender que los testigos desconocen la heredad. Por otra parte, según lo citado por los testigos respecto a las colindancias y lo observado en el reconocimiento judicial, no se observa que no hayan sido claramente identificados en cuanto la descripción de las mismas y la persona con la que limitan. Indicaron [Dirección10] y la sociedad que mantiene en posesión la finca madre de la cual se segregó este terreno a titular. Todas estas probanzas acreditan el cumplimiento de las exigencias legales a fin de acreditar la posesión idónea en condición de dueño del terreno objeto de este proceso. No encontrando obstáculo alguno que impida a este Tribunal considerar que procede confirmarse lo resuelto en la sentencia apelada que aprobó el proceso planteado. XII - Por los motivos expuestos se concluye, con fundamento en el artículo 1, 2, 54 y 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, por haberse cumplido los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos y su Reglamento, así como la Ley Forestal, ha de confirmarse la decisión apelada. POR TANTO: En lo apelado, se confirma la Sentencia N° 2021000097 de las once horas veintidós minutos del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno que aprobó el proceso de titulación. Corregida materialmente por resolución de las nueve horas siete minutos del dos de junio de dos mil veintiuno. F4FV3METLLI61 [Nombre15] - JUEZ/A DECISOR/A 3T6LL5JXB1U61 [Nombre16] - JUEZ/A DECISOR/A ZKPERYLYMPO61 [Nombre17] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN1 II Circuito Judicial San José, [Dirección11] , , [Dirección12] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:30:34. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**EXPEDIENTE:** EXPN1 - 7 **PROCESO:** INFORMACIÓN POSESORIA **PROMUEVE:** FUTURE COFFEE S.A. **VOTO [Name1]° 1070-F-2021** **TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.-** At twelve hours fifty-three minutes of the fifth of November of two thousand twenty-one.- **PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA** promoted by FUTURE COFFE SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED1 - - , represented by its unlimited generalísimos agents [Name2] , of legal age, single, agricultural engineer, resident of Santa María de Dota, identity card number CED2 - - ; [Name3] , of legal age, single, businessman, resident of Santa María de Dota, identity card number CED3 - - ; and [Name4] , of legal age, single, businessman, resident of Santa María de Dota, identity card number CED4 - - . Intervening in the process are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Daniela Vargas Delgado, of legal age, married once, attorney, resident of Grecia, identity card number CED5 - - , in her capacity as assistant procurator; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number CED6 - - - , represented by [Name5] , of legal age, divorced, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED7 - - , in her capacity as unlimited generalísima agent. Acting as special judicial agent for the promoting corporation is licensed attorney Hugo Alberto Corella, bar number fifteen thousand two hundred fifty. Processed before the Juzgado Agrario de Cartago.- Drafted by Judge Castro García, and; **CONSIDERANDOS** **I.-** The promoting entity filed these possessory information proceedings so that, through this means, the following described land be registered in the Public Property Registry: "Land currently shrubland (charral) with a sector of regenerating brushland (tacotal), an open shed (galerón abierto), and a warehouse, located in Copey de Dota, [Address1] of the Province of San José. Bounded on the North: Partly by the public road to Zapotal and [Name6] ; on the South: [Address2] ; on the East: [Address3] ; and on the West: [Name6] [Name6] . Area: Thirty-three thousand four hundred seventy-one square meters, with a survey plan (plano) registered in the Catastro Nacional under number one-two zero four five four seven one-two thousand eighteen," (See Digital Desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, in Filing Tray, file of 5/30/18 at 12:24:13 p.m.).- **II.-** The Procuraduría General de la República appeared in the process under the terms set forth in the document incorporated into the digital desktop, file of 5/27/19 at 2:47:13 p.m.; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural did so under the terms set forth in the file of 6/4/19, at 9:42:41 a.m., (See Digital Desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, in Filing Tray).- **III.-** Judge José Francisco Chacón Acuña, of the Juzgado Agrario de Cartago, through Judgment 2021000097 at eleven hours twenty-two minutes of the thirty-first of May of two thousand twenty-one, resolved: "POR TANTO: "These possessory information proceedings are APPROVED. The Real Estate Registry shall proceed to register for the first time and in the name of the corporation FUTURE COFFE S.A., legal identification number CED8 , the unregistered property described as follows: Land currently shrubland (charral) with a sector of regenerating brushland (tacotal), an open shed (galerón abierto), and a warehouse, located in Copey de Dota, [Address1] of the Province of San José. Bounded on the North: Partly by the public road to Zapotal and [Name6] ; on the South: [Address2] ; on the East: [Address3] ; and on the West: [Name6] . Area: Thirty-three thousand four hundred seventy-one square meters, with a survey plan (plano) registered in the Catastro Nacional under number one-two zero four five four seven one - two thousand eighteen. The property to be titled is hereby affected under the legal reservations regarding: a) the areas contiguous to the unnamed creek (Quebrada sin nombre), which constitute protection areas, according to article 33, subsections a) and b), of the Ley Forestal number seven thousand five hundred seventy-five, therefore the felling or removal of trees in said areas is completely prohibited; b) the channel of the existing watercourses is state public domain, as well as the surface and underground waters present on the property and do not form part of the farm (Ley de Aguas, article one, subsections a, b and IV, article three, subsection III and Código de Minería, article four); c) the real charges referring to the right of way on public roads (articles one and nineteen of the Ley de Informaciones Posesorias and numeral four of the Ley General de Caminos Públicos," (See Digital Desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, in Associated Documents file, of 5/31/21 at 11:22:23 a.m.).- **IV.-** Likewise, licensed attorney José Francisco Chacón Acuña, through the resolution at nine hours and seven minutes of the second of June of the year two thousand twenty-one, supplements and clarifies the operative part of Judgment number 2021000097 at eleven hours twenty-two minutes of the thirty-first of May of two thousand twenty-one, and resolved: "In accordance with the provisions of articles 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria and 58.3 of the Código Procesal Civil applied supplementarily in this matter, for reasons of procedural economy and speed, and as it does not deal with an aspect that essentially alters what was ordered, let the content of Judgment No. 2021000097, issued at eleven hours twenty-two minutes on the thirty-first of May of two thousand twenty-one, be supplemented, in the sense that the process estimate is 10 million colones (see image 4 of the initial filing) and the property was estimated in the sum of 15 million colones (see memorial incorporated into the virtual file, filing tray, 08/07/2018 04:53:41). Add and certify a copy of this resolution to the strict enforcement order" (See Digital Desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, in Associated Documents file, of 6/2/21 at 9:07:24 a.m.).- **V- Proven Facts.** The proven facts contained in the appealed judgment are adopted as they conform to the evidentiary elements on file. **VI- Appeal.** The procurator's office appeals Judgment No. 2021000097, at eleven hours twenty-two minutes of the thirty-first of May of two thousand twenty-one, which approved the titling process. Materially corrected by resolution at nine hours seven minutes of the second of June of two thousand twenty-one regarding the consignment that the process estimate is 10 million colones and the property is 15 million colones (appeal in images 13 to 16 and resolutions in images 25 to 31, 22 of the digital file in pdf mode). As grounds for complaint in its appeal, it sets forth the following: 1) The land intended to be titled is located entirely within an asset affected to the public domain. It refutes that certification SINAC-D-ACC-0406-2018 states that the land described in survey plan (plano) 1-2045471-2018 is situated 100% within the Reserva Forestal Los Santos, created by Decreto Ejecutivo 5389-a of October 12, 1975. A protected wilderness area (área silvestre protegida) that is part of the public domain and the Natural Heritage of the State. It invokes as legal and jurisprudential basis: articles 13, 14, and 39 subsection i) of the Ley Forestal number 7575. Also 32 and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente and Sala Constitucional, decisions (votos) 8945/2005, 16975/2008, 17650/2008, 17659/2008, 2020/2009, 21258/2010, 16938/2011, 2678/2012, 10570/2012, 7934/2013, 12973/2013, 2752/2014, 16362/2015. 2) Failure to demonstrate the transfer and antiquity of possession. In this regard, the appeal argues that despite the witnesses stating that the supposed first possessor was Mr. [Name7] , the transfer of possession from [Name6] to his daughter [Name6] , nor the time of the supposed possession of [Name8] , was not demonstrated with a suitable document; which would not be possible over a public domain asset. It appeals that the document accrediting this supposed transfer has not been submitted to the file. It states that, in accordance with article 1397 of the Código Civil, the donation of real property must be made in a public deed (escritura pública); subject to nullity. A verbal donation is not permissible. It details that [Name6] indicated in deed (escritura) number 126 of volume 14 of the protocol of notary Ana Graciela Zúñiga Gamboa, that she "acquired" the land to be titled from her father [Name7] in 1997 (see line 25 of the copy of the first testimony provided). That is, 22 years after the creation of the protected wilderness area (área silvestre protegida). Therefore, her possession would be invalid for acquiring the land. It indicates that the "transfer" of the land in favor of the titling corporation here, granted in deed (escritura) number 250 of volume 6 of the protocol of notary Hugo Alberto Corella Agüero would become null, as no one can transfer what does not belong to them. 3) Insufficiency of testimonial evidence to demonstrate possession prior to the public domain encumbrance. It claims that this grievance was noted by its side when responding to the final hearing and is reiterated in this appeal. It cites that testimonial evidence is insufficient to demonstrate the exercise of ten-year possession prior to the entry into force of the Decree that created the wilderness area (área silvestre). It points out that [Name9] indicated having known the land for 40 years, which dates back to 1979, [Name10] stated having known it for 50 years, meaning from 1969. [Name11] says he is 56 years old and has known the land for that same time, meaning he would have been barely 2 years old on the date when the start of possession should be accredited. It attacks that in similar cases, the Tribunal Agrario has indicated: "Although he has no impediment to testify, as he is of legal age and has physical and legal capacity, the Tribunal shares what was stated by the lower court, in the sense that his declaration does not merit faith or credibility, since at the time he supposedly knew the property, he was only 5 years old, an age at which the capacity for discernment is much less." (Voto No. 237-F-06, of 14 hours 40 minutes of March 10, 2006). "Finally, the deponent [Name12] , at the time of his declaration was 41 years old, meaning he was born exactly in 1965, ten years before the creation of the Reserva Forestal, so he would hardly have had the cognitive and volitional capacity in his early years to be able to know who possessed those properties." (Voto No. 800-F-08, of 9 hours 45 minutes of November 25, 2008)". The appeal piece claims that in no case would the knowledge of possession reach more than 10 years prior to the public domain encumbrance, hence this process should be rejected. 4) Failure to demonstrate possessory acts. The procurator charges that the testimonies are discordant with the land use study and with each other, regarding the possessory acts. In this regard, it outlines that according to the compliant soil use study of August 6, 2018, the land uses are shrubland (charral) and brushland (tacotal). And the witness [Name10] affirmed that the land has always been dedicated to planting coffee and blackberry, and has a built warehouse for the production of fertilizers. For his part, it claims, [Name11] stated the land has been dedicated to grazing and agriculture. Finally, the witness [Name9] declared that the land is dedicated to grazing and blackberry cultivation. It affirms that the declarations were given on August 20, 2019; one year after the compliant soil use study was issued. And despite these three witnesses having known the land for many years, their statements do not coincide on its use. It indicates that they also did not speak fluently about the boundaries (colindancias); which evidenced the witnesses' lack of knowledge about the land and the possessory acts. It requests the decision be revoked and the process be disapproved for failure to fulfill legal requirements. **VII-** These proceedings are formulated for the purpose of registering in the Public Property Registry a property of a land nature, currently shrubland (charral) with a sector of regenerating brushland (tacotal). With an open shed (galerón) and a warehouse. Located in Copey de Dota, [Address1] of the province of San José. Bounded on the North: partly with public road to Zapotal and [Name6] ; on the South with public road to La Piedra; on the East with public road to Zapotal; and on the West with [Name6] . Area of thirty-three thousand four hundred seventy-one square meters. Survey plan (plano) registered in the Catastro Nacional under number one-two zero four five four seven one - two thousand eighteen. The foregoing in accordance with the initial filing, as well as the survey plan provided (digital file, initial filing and clarifications in images 149 to 153, 145, 140, 129, 124 to 125, survey plan in image 157 of digital file pdf mode, judicial inspection in record in image 72, soil study in images 133 to 139, all in pdf mode). Said asset is part of the protected wilderness area (área silvestre protegida) Reserva Forestal Los Santos created in 1975, as indicated in the certification issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación provided (image 158 and 148 same location and mode as above). The farm is outside lands or properties administered by the Instituto de Desarrollo Rural according to the entity's certification (image 81 to 82 same previous location). It is verified that the legal edict was published in the Diario Oficial and the title applicant has not registered properties under the Ley de Informaciones Posesorias (image 108 and 166 of digital file pdf mode). The adjoining person [Name6] appeared and was in agreement through an appearance filing provided and authenticated by Licensed Attorney Hugo Alberto Corella Agüero (filings in image 155 digital file pdf mode). In the same order of verification of compliance with legal requirements and having seen the grievances against the appealed ruling relating to the insufficiency of evidence regarding the exercised possession, it must be cited that in accordance with the rules of ordinal 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the agrarian process establishes the system of free evidentiary assessment. A system that requires the tribunal to study and select the sources of evidence obtained, in order to establish their effectiveness in resolving the conflict submitted for its knowledge, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The tribunal must set forth the principles of equity or law on which it bases its decision. In this regard, the Sala Constitucional has resolved: "... the assessment of evidence in conscience does not imply resolving arbitrarily, since every judge -as a public official that they are- is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative for adjusting public action, not only to the specific norms on a determined object, but to the entire block of legality; therefore, they cannot rule with contempt for constitutional principles and rights, as they are limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which, properly applied, lead to the harmony of jurisdictional assessment with the Political Constitution, just as this Sala understood it in judgment 3484-94, of twelve hours on the eighth of July of nineteen ninety-four, in which it determined that the powers of judges to assess evidence in conscience are not contrary to the judge's obligation to ground their rulings, a constitutional principle that integrates due process... () the power granted to the agrarian judge to assess evidence in conscience and value it without strict subjection to the norms of common law, as provided in the second paragraph of the challenged article 54, is not unconstitutional, provided they issue a reasoned judgment, that is, they analyze the result of the evidence collected in the process and express the principles of equity or law on which their criterion is based, thereby respecting the minimum contents of the right of defense" (voto 3657 of May 7, 2003. See in the same sense, votos No. 398 of June 6, 2001, of the Sala Primera. In the same sense, see votos No. 206 of March 26, 1999, No. 46 of April 26, 1995; No. 66 of February 6, 2009, and 364 of May 28, 2009, of the Tribunal Agrario). Likewise, the judging person is obliged to issue an integral assessment of the evidence contained in the file. Having clarified the foregoing, and having studied the appealed judgment, this instance finds that an adequate analysis of the evidentiary elements was conducted and concludes that the legal requirements of the filed process have been fulfilled by the titling corporation. **VIII-** In view of the appealed matters, it must be noted that the incoming judgment approves the possessory information process by having accredited the chain of possession and the necessary legal antiquity. That is, the demonstration of the ten-year possession of the property to be titled prior to the Decreto Ejecutivo No. 5389-A of October 12, 1975. As cited in the previous considerando, the already described property that is the subject of this process is located within the Reserva Forestal Los Santos, created by Decreto Ejecutivo [Name1]. 5389-A of October 12, 1975, as stated by the certification issued by MINAE-SINAC (image 148 and 158 of digital file pdf mode). Therefore, in accordance with ordinal 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the titling corporation must prove the exercise of possession as an owner under the terms of article 856 of the Código Civil, with at least 10 years before the land's encumbrance to that management category; that is, prior to the year 1965. To justify the possession, in accordance with ordinal 6 of the Ley de Informaciones Posesorias, three witnesses must be provided, and when seeking to leverage the possession of the transferors, the title applicant must attach the title through which they acquire the possession and improvements, but not those of the previous transferors. As expressly indicated in article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias. Regarding this last aspect, the State's representative claims in its appeal, in grievance number two, that the transfer and antiquity of possession were not demonstrated. Citing that despite the witnesses stating that the supposed first possessor was Mr. [Name7] , the transfer through donation of the possession from [Name7] to his daughter [Name6] , nor the time of the supposed possession of [Name8] , was not proven with a suitable document; which would not be possible over a public domain asset. The foregoing due to the failure to provide a document accrediting that supposed transfer; as required by article 1397 of the Código Civil. It cites that [Name6] indicated in deed (escritura) number 126 of volume 14 of the protocol of notary Ana Graciela Zúñiga Gamboa, that she "acquired" the land to be titled from her father [Name7] in 1997 (see line 25 of the copy of the first testimony provided). That is, 22 years after the creation of the protected wilderness area (área silvestre protegida). Therefore, her possession would be invalid for acquiring the land. It indicates that the "transfer" of the land in favor of the titling corporation here, granted in deed (escritura) number 250 of volume 6 of the protocol of notary Hugo Alberto Corella Agüero would become null, as no one can transfer what does not belong to them. Article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias must be invoked, in that it establishes that when seeking to leverage the possession of the transferors, the title applicant must attach the title through which they acquire the possession and improvements, but not those of the previous transferors. From the study of the file, it is noted that the deed through which the corporation Future Coffe S.A. acquires from [Name6] , granted on February 8, 2018, was submitted with the initial filing. Public deed (escritura pública) number 250. In which it was cited that [Name6] had acquired the farm, which was segregated from the mother farm, from [Name13] , through public deed (escritura pública) number 87 dated November 30, 2016. And that [Name13] had acquired from the same [Name6] through a prior purchase-sale granted in deed of June 10, 2015. And in said document, it was mentioned that [Name6] had acquired the land by donation from her father [Name7] in 1997; who, by said year, had maintained it in possession for approximately forty to fifty years. The cited transfers were submitted to the file as recorded in the digital file (transfer deeds in filing tray/date: 05/30/2018 time 12:24:13 images 21 to 23). So, by attaching the deed through which the titling corporation acquires, according to the rule of ordinal 1 of the Ley de Informaciones Posesorias, it is possible for it to leverage that prior possession. Without it being necessary to attach the transfer by donation from [Name7] to [Name6] his daughter, as the law does not require that requirement. However, the cited previous deeds were provided, which do not contradict the testimonial evidence that will be analyzed. The second grievance is rejected. **IX-** Regarding the land tenure regime in protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), it must be indicated that, regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration regime and regulations, subject to management plans (planes de manejo) that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship fall to MINAET, unless a special Law indicates another situation. Article 58 of the Ley de Biodiversidad defines them as delimited geographical zones, formed by lands, wetlands, and portions of sea, declared as such for representing special significance, an interest of guardianship and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express reference to the Ley Orgánica del Ambiente regarding the regulation of requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by Law falls exclusively on the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, except for Natural Monuments. For its part, the Ley Forestal provides that when a protected wilderness area (área silvestre protegida) of state property is declared, it must immediately become part of the State's natural heritage, regulated by article 13 of said norm which expressly states that its administration corresponds to MINAET. This set of norms must be interpreted in light of what is prescribed in article 58 in fine of the Ley de Biodiversidad, which recognizes the rights acquired by indigenous populations, peasant communities, individuals or legal entities, over lands that are declared protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and their management categories. This is complemented by article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias when it indicates: "When the property to which the possessory information refers is comprised within a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over ten-year possession, exercised at least ten years in advance of the effective date of the law or decree by which that wilderness area (área silvestre) was created." In this case, given the objections of the appeal, it must be verified whether the possessory chain dating back to 1965 or earlier is demonstrated. That is, for a period greater than ten years before the encumbrance of the zone through the management category Reserva Forestal Los Santos occurred in 1975, in order to understand that the acquired rights of the promoter to request the recognition of their property right over the farm must be recognized. In this regard, the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, in voto 144-96- of 16:51 hours on January 9, 1996, resolved: "In the case of establishing forest reserves, buffer zones (zonas protectoras), and national wildlife refuges, the owner has the option of keeping their land, since, following the management plan (plan de manejo), they can continue to exploit it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, therefore they do not render their right nugatory." A guideline characteristic of the principle of Sustainable Development. In addition to the foregoing, this venue must analyze whether the exercise of ecological possession has been fulfilled, in light of the soil study, the judicial inspection conducted by the judging person, and the testimonies given in the sub judice. It must be indicated by this Chamber that article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias is in force, and the interpretation of this norm by the Tribunal Agrario was questioned by the Procuraduría General de la República before the Sala Constitucional. A High Tribunal that has rejected the challenges of unconstitutionality in this regard in votos Nos. 1997-04587 and 2010-01667. And recently in voto 01142 of January 25, 2017. Which, in its majority decision, declared without merit the action of unconstitutionality filed by the State against the jurisprudential interpretation of this Tribunal of article 7, first paragraph, of the Ley de Informaciones Posesorias, Law No. 139 of July 14, 1941, and its reforms. Where it was questioned that with such interpretation and application, it led to the removal from the public domain of an indeterminate number of assets, insofar as it allows the titling of lands with forest cover (cobertura forestal) located in protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), through the accreditation of a ten-year occupation prior to their respective creating law or decree. Therefore, this Tribunal cannot disregard the effects of the questioned norm, nor disapply it. Therefore, grievance number one, referring to the attempt to title a farm that is located entirely within an asset affected to the public domain, is rejected. **X-** Regarding the arguments of objection number three concerning the insufficiency of testimonial evidence to demonstrate possession prior to the public domain encumbrance, it must be denied. It reasoned its claim citing that witness [Name9] indicated having known the land for 40 years, which dates back to 1979, [Name10] stated having known it for 50 years, meaning from 1969. And [Name11] says he is 56 years old and has known the land for that same time, meaning he would have been barely 2 years old on the date when the start of possession should be accredited. Given the grievance in this specific case, evaluating the three declarations in light of canons 54 and 61 of the Ley de Jurisdicción Agraria, integrally with the rest of the evidence collected, this Instance finds it proven that the title applicant exercised an ideal possession, respecting natural resources, exceeding the ten-year period prior to 1965, by leveraging the possession exercised by its transferor and predecessors, for which purpose it provided a public deed (escritura pública) of acquisition in favor of the titling corporation, in accordance with article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias. A public deed of sale dated February 8, 2018, where [Name6] sells the unregistered farm in question to Future Coffe S.A. (image 172 to 174 of digital file pdf mode); as cited in the previous considerando. Regarding the questioned testimonial evidence, the file shows (digital file/testimony audio in documents folder/ date: 10/08/2019 15:03:39) that this evidence was rendered on August 20, 2019. Receiving the witness [Name10] (minute 10:27 to end of recording) stated to be 61 years old. He has known the farm for 50 years. He has been a lifelong resident of Providencia. He declared knowing the farm his whole life. He affirmed having known [Name7] as the first owner, who possessed it for approximately 50 to 55 years. Who transmitted it to his daughter [Name6] , who possessed it for approximately 20 years. The same one who sold it to the title applicant Future Coffe S.A. about two years ago approximately. Regarding the use of the land, he mentioned it has been dedicated to coffee and blackberry. Regarding the boundaries and landmarks, he described that there is a public road where there is a wire fence. In addition to a lane that divides it from the farm from which it is segregated. He pointed out there have never been conflicts over the farm. He declared about the existence of a building where the organic fertilizer bio-factory is located. He recognizes the titling corporation as the current owner. This Chamber observes that this witness, although he indicated knowing the farm for 50 years, meaning since 1969 considering that he testified in 2019, later mentioned that the possession time of the first owner that he was aware of was approximately 50 to 55 years. That is, he has personal knowledge that [Nombre7] has possessed the property as owner at least since 1964, given the date on which he testified. He describes the possessory chain as [Nombre7] being the possessor he knows. Then his daughter [Nombre6], who he indicated held it under her dominion for approximately 20 years, and subsequently the applicant company. Without any conflict over possession of the property in the capacity of owners. For his part, witness [Nombre11] (minute 05:50 to 10:25) stated he was 56 years old. Living in the community of Providencia. He declared he had known the farm forever. He affirmed having known [Nombre7] as the first owner who possessed it for approximately 40 years. Who transmits it to his daughter [Nombre6], who possesses it for approximately 20 years. The same who sells it to Future Coffe S.A. To questions regarding the use of the farm, he stated it was previously dedicated mostly to blackberry, coffee, and keeping a cow. In addition to some organic crops. Regarding the boundaries and landmarks, he described that it is a public road that borders most of it. Where there is a wire fence and there is an alley that leads to the biofactory. It borders a road, the upper lane that is with the same farm from which it is divided and belongs to Santos Tour. He pointed out that the farm has never been abandoned by any of the persons who have been owners, nor by the current owner. There have never been conflicts over the farm. He indicated there is a building known in the town as the biofactory; where organic inputs are produced for organic coffee farms. He affirmed there is a very small body of water in the middle of the farm. He recognizes the applicant company as the current owner. This Chamber observes that this witness grew up in the community and has known the property since the 1960s, since he indicated he was 56 years old at the time of declaring in 2019. He describes the same possessory chain referred to by the previous deponent. As well as that the property has been since that date under the possessory dominion of those he indicates have been its male and female owners. He likewise knows of the absence of conflicts over possession of the property, which has been possessed continuously, publicly, and in the capacity of titleholders. For her part, [Nombre9] (from minute 00:57 of the recording to minute 05:45), stated she was 45 years old (not forty as mentioned in the appeal brief). Living in the community of Providencia. She declared she had known the farm all her life. She described those she had known as owners and indicated the first was [Nombre7]. That by reference from her father, he indicated he had held it since 1950. And that when she knew it, it belonged to that person. She mentioned that later [Nombre7] passed it “as an inheritance” to his daughter [Nombre6], who possesses it for 25 years. The same who transferred it to Future Coffe S.A., naming as its representatives [Nombre3], [Nombre4], and [Nombre2]. To the questions regarding the boundaries, she noted the property is mostly surrounded by a public road, in another sector it borders a river. At the head or upper part, it borders the parent farm from which the property was segregated and [Nombre14] in that sector. She described the boundaries as having boundary markers in the upper part where it borders the farm from which it was segregated and on the left side with [Dirección4], in the other sector with a river. She affirmed there is a small body of water that she called a ravine or “ojito de agua” that is only seen in winter. The property was never abandoned by any of the persons who have been owners, nor by the current owner. The property has been dedicated to agriculture, pastures, and blackberries. The current possessor maintains and cares for it. She stated there is a building known in the town as the biofactory; where organic inputs are produced for organic coffee farms. She recognizes the applicant company as the current owner. From this witness, this Chamber deduces that she has known the farm since her birth and has always lived in the community. She affirmed she was 45 years old at the time of her declaration. Regarding the possessory chain described, she cites the first person she has personal knowledge was the owner and identifies as [Nombre7], and that her father indicated he possessed it since 1950. Then it was alienated without payment to his daughter [Nombre6], who possessed it for 25 years. To then transfer it to the company, citing its legal agents. This Court considers the integration of this testimony with the previous ones, in light of Article 54 of the Agricultural Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), is also useful to demonstrate the age of possession and possessory chain of the land. Since it proves that the property has been subject to possession in the capacity of male and female owners of those cited continuously and peacefully from 1950 to the present, as she has personal knowledge from her childhood and by reference from her parent. Without it being cited that any damage had been caused to natural resources or possessory conflicts, nor did it contradict the rest of the testimonial or documentary evidence cited. For this Court, these declarations are useful and pertinent for the purpose of demonstrating the ten-year possession prior to 1975, in accordance with Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), when the farm was affected by the declaration of protected wilderness area, through decree No. SJ-1779828-2014 that created the Los Santos Forest Reserve (Reserva Forestal Los Santos). Regarding the precision of dates of the possessors of an unregistered property, the Agrarian Court has resolved: “Additionally, it is important to point out that it is not necessary for witnesses to be so punctual regarding exact dates of possession of each of the transferors, or to know all of them, even less so in cases such as this one where the property has had so many owners, because the important thing is that there is a reference to the persons linked to the exercise of possession during all those years and to the protection being made of the forest resource given the requirements posed by Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) and the compliant use (uso conforme) of the land according to the certification on folio 179, among other legal requirements that have not been objected to by the appellant.–” (decision No. 874-F-08). A criterion that has been upheld in later decisions and that this Chamber shares. The important thing in order to determine whether the titling of a land located within protected wilderness areas proceeds or not, is the knowledge that can be accredited by the witnesses of the property regarding the sufficient age of the possessory chain and the acts carried out on the property. This Court notes that what was declared by all the witnesses accredits facts that go beyond the year 1965, by mentioning that in the years 1950 and 1964, they knew the land belonged to [Nombre7] and agreeing on the possessory chain chronologically. Under the system of free evidentiary assessment and the rules of sound critical reasoning, it is concluded from its content that knowledge of the property and the possessory chain dates back to the decade of the 1950s, as cited, because they identified the persons who were possessors in the capacity of owners for a long period of time. Therefore, the objections of the Procuracy office before the final hearing granted by the court, referring to the lack of exact precision by the witnesses and the young age of two of them, are not acceptable. Because as persons who have lived their entire lives in the place, they have a deep historical knowledge of what has occurred in that community, and even if they were young at the time of the facts they testify about, they have personal knowledge of them. Their declarations were honest, without contradictions, nor evidence to refute them. This is what this Chamber concludes from the analysis of all the depositions and the integral evidentiary assessment carried out, insofar as knowledge of the land in a period prior to the affectation is accredited. Therefore, in accordance with Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), the possession by private parties is fulfilled, ten years prior to 1975, the date on which the Los Santos Forest Reserve (Reserva Forestal Los Santos) was created and the existing farms within its limits were affected. And that said possession has been exercised in accordance with the protection of the natural resources existing on the property. As was analyzed, that possession was accredited with the declarations. Which are consistent in the possessory chain, its origin and manner, being suitable to prove the possession for a ten-year period prior to 1975. The testimonies describe a clear possessory chain coinciding with the public deeds provided to the case file by the applicant. Therefore, the requirement of Article 6 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) is deemed fulfilled regarding the demonstration of suitable possession for the required legal term. XII—Regarding the fourth grievance about the lack of demonstration of possessory acts. In this regard, the Procuracy complained that the testimonies are discordant with the land-use study and among themselves regarding the possessory acts. It mentions that according to the compliant land-use study of August 6, 2018, the uses of the land are scrubland (charral) and early secondary growth (tacotal). And witness [Nombre10] affirmed that the land has always been dedicated to planting coffee and blackberry, and has a warehouse built for the production of fertilizers. For his part, it complains, [Nombre11] deposed that the land has been dedicated to pasture and agriculture. Finally, witness [Nombre9] declared that the land is dedicated to pasture and blackberry cultivation. It cited that they declared one year after the compliant land-use study was issued, without the destination of the farm they mention coinciding with the use it has. Additionally, the absence of clear mention about the boundaries is objected to; which evidenced the lack of knowledge the witnesses have of the land and the possessory acts. This Court does not agree with such arguments. Regarding the use that has been given to the farm, the witnesses mention: a) agriculture, pasture, and blackberry. Currently with an organic inputs factory (witness [Nombre9]), b) blackberry, coffee, and keeping cows (witness [Nombre11]), currently an organic inputs warehouse, and c) previously coffee and blackberry, currently with an organic inputs warehouse (witness [Nombre10]). This Court notes that in the declarations the witnesses were asked what the uses given to the farm in the past have been. What was answered is not considered to be discordant among the witnesses or regarding the land-use study. Since they all indicate it was used for diverse agricultural activities, which coincided on blackberry cultivation, coffee formerly, and currently producing organic inputs. Regarding the discordance with the use indicated in the Land-Use Study (images 133 to 139 of the digital case file in pdf format), it is observed that a one hundred percent compliant land use is being exercised. It noted having found an area of scrubland (charral) and early secondary growth (tacotal), forest trees such as Dama, Cupania, Uruca and Bijarro, spontaneously growing species, Aguacatillo, Avocado. In addition to a shed used to manufacture organic fertilizer, a wooden warehouse, and an artisanal plantain orchard for self-consumption. It was noted that the ravine bed was protected and with the legally required setbacks. From what is indicated there, this Court concludes that the exercise of possession is demonstrated in accordance with respect for the natural resource. Coupled with the fact that it is recorded that the property is destined for the production of organic inputs. The fact that it was destined in the past to blackberry, coffee, and others and currently is not so, does not refute that the testimonies dealt with the past and present use of the property and the destinations given to it. On the other hand, in the judicial inspection of August 20, 2019, it was recorded: “The property is bounded along the boundaries [Dirección5], [Dirección6], and [Dirección7] by a public road, the boundary [Dirección8] is bounded by a road about four meters wide, and the boundary [Dirección9] is demarcated with wire fences. Most of the land is scrubland (charral) and an area of early secondary growth (tacotal) in regeneration, with different tree species such as dama, aguacatillos, and guava trees. In a sloped area, terracing (terrazeo) was being carried out with the purpose of planting shade-grown coffee. The terracing is done to prevent soil erosion. The property is crossed by a ravine, which is protected by forest cover (cobertura forestal). The representatives of the applicant company indicate that there are plans to reforest part of the farm to create a biological corridor. On the property, there is a shed that also serves as a warehouse. There, a biofertilizer is installed, where organic fertilizer is produced, which is treated with worms; the main raw material being coffee pulp. No springs (nacientes) of water were observed within the property, except the ravine that crosses the property. No cutting or pruning of trees was observed on the ravine margin either.” (image 72 of the digital case file in pdf format). What was noted coincides with what was indicated in the land-use study and with what was mentioned by the witnesses regarding the current use of producing organic fertilizer. The lack of the presence of blackberry and coffee crops at present does not lead to the understanding that the witnesses are unaware of the property. Furthermore, according to what was cited by the witnesses regarding the boundaries and what was observed in the judicial inspection, it is not observed that they were not clearly identified as to their description and the person they border. They indicated [Dirección10] and the company that maintains in possession the parent farm from which this land to be titled was segregated. All this evidence accredits the fulfillment of the legal requirements in order to prove the suitable possession in the capacity of owner of the land that is the object of this proceeding. Finding no obstacle whatsoever that prevents this Court from considering that it is proper to confirm what was decided in the appealed judgment that approved the proceeding initiated. XII—For the reasons set forth, it is concluded, based on Articles 1, 2, 54, and 26 of the Agricultural Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), that the requirements of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), Civil Code (Código Civil), Law on Management, Use, and Conservation of Soils (Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos) and its Regulations (Reglamento), as well as the Forestry Law (Ley Forestal) have been fulfilled, and the appealed decision must be confirmed. THEREFORE: In what was appealed, Judgment No. 2021000097 of eleven hours twenty-two minutes of May thirty-first, two thousand twenty-one, which approved the titling proceeding, is confirmed. Materially corrected by resolution of nine hours seven minutes of June second, two thousand twenty-one. F4FV3METLLI61 [Nombre15] - DECIDING JUDGE 3T6LL5JXB1U61 [Nombre16] - DECIDING JUDGE ZKPERYLYMPO61 [Nombre17] - DECIDING JUDGE EXP: EXPN1 II Circuito Judicial San José, [Dirección11], , [Dirección12] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:30:34. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República