Res. 00114-2022 Tribunal Agrario — Rejection of Possessory Information inside Río Macho Forest Reserve due to Witness DeficiencyRechazo de información posesoria dentro de Reserva Forestal Río Macho por falta de testigos

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00114 - 2022

Fecha de la Resolución: 30 de Enero del 2022 a las 15:16

Expediente: 17-000070-0699-AG

Redactado por: Geison Lopez Barrantes

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Prueba testimonial constituye requisito de ley.
Tipo de contenido: Voto salvado
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Valoración de la prueba testimonial.

Sentencia con Voto Salvado

Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución



 

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN3 - 5




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

GABRIEL ANDRÉS MORA ROMERO

 

   

VOTO N° 00114-F-2022

 

 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas dieciséis minutos del treinta de enero de dos mil veintidós.-

 INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]   , mayor, soltero, agricultor, vecino de Cartago, cédula de identidad número CED1 -     -    . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Daniela Vargas Delgado, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Grecia, cédula de identidad número CED2 -   -  , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 -    -       - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED4 -     -  , en calidad de  apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderado especial judicial del promovente el licenciado Juan Pablo Navarro Solano, mayor, casado, abogado, vecino de Cartago, cédula de identidad número CED5 -   -    . Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.-

RESULTANDO:

 1.- El promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: " inmueble que se ubica en [Dirección1] ,    , del cantón octavo El Guarco, de la provincia de Cartago, el cual es cultivos, con una medida de once mil seiscientos nueve metros cuadrados, colinda al Norte: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; Sur: [Nombre2]   ; Este: [Nombre3]      y servidumbre de paso; y al Oeste: [Nombre4]    y servidumbre de paso, según plano castrado No. C-1894868-2016," (Ver en el Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos, archivo del 9/6/17 de las 3:27:43 p.m.).-

 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en escrito incorporado al escritorio virtual, archivo del 4/6/18 de las 2:03:34 p.m.; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en los términos que corren en el archivo del 5/6/18, de las 2:41:14 p.m.. La representante del Estado solicitó se den por terminadas las presentes diligencias, en virtud de la cosa juzgada formal, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario Cartago, en Bandeja de Escritos) .-

 3.- El juez José Francisco Chacón Acuña, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia 2021000161 de las dieciséis horas ocho minutos del doce de agosto de dos mil veintiuno, resolvió: "POR TANTO: Se APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria. En consecuencia se ordena al Registro Inmobiliario, inscribir a nombre de [Nombre1]   , soltero en unión libre, agricultor, cédula CED6, vecino de Macho Gaff El Guarco, Cartago, el inmueble sin inscribir, que se describe así: Terreno de cultivos, sito en Macho Gaff, [Dirección2]  ( )   (El Guarco) de la Provincia de Cartago. Linda al Norte: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al Sur: [Nombre2]   , al Este: [Nombre3]     , y al Oeste: [Nombre4]    y servidumbre agrícola no constituida legalmente. Mide: Once mil seiscientos nueve metros cuadrados. El terreno a inscribir corresponde con el plano catastrado número C-1894868-2016 inscrito en fecha 16 de mayo del 2016. Tanto el inmueble a titular como las presentes diligencias se estimaron en cinco millones de colones cada uno. La posesión ejercida a sido en forma quieta, pública, pacífica y a título de dueño diez años antes de la creación de la Reserva Forestal Río Macho según declaraciones de los testigos [Nombre5]   , [Nombre6]   y [Nombre5]   . El citado inmueble se encuentra libre de gravámenes, cargas reales y condueños, y su inscripción se hace sin perjuicio de terceros de mejor derecho. Se hace saber que el inmueble a titular queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía en calles públicas según lo disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias. De conformidad con el numeral 33, inciso b) de la Ley Forestal número 7575, queda prohibida la corta o eliminación de árboles. Firme esta resolución extiéndase la certificación de ejecutoria correspondiente para su inscripción en el Registro Inmobiliario".

4.- La licenciada Yamileth Monestel Vargas, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (Ver en el Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos, archivo del 19/08/2021, a las 23:45:00).              

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores y omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

Redacta el juez López Barrantes; y,

CONSIDERANDO:

I.- Se avala el conjunto de hechos probados al estar bien sustentado en los autos. Se modifica el hecho tercero, para que sea lea de la siguiente forma: "Que el plano descrito en el hecho probado 2 anterior se encuentra cancelado ante el Catastro Nacional".

II.- Por parte de está instancia, se tiene por no probado lo siguiente: La persona titulante no logró acreditar el ejercicio de la posesión antes del año de 1954.

III.- RECURSO DE APELACIÓN: La licenciada Yamileth Monestel Vargas, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, formuló recurso de apelación, según escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 19 de agosto de 2021, fundamentado: 1- Cuestiona se haya aprobado la información posesoria faltando el requisito de posesión. En ese sentido, considera que la prueba testimonial no logró acreditar tal presupuesto, tomando en consideración la naturaleza del bien, sea de dominio público, al estar ubicado en un 100% en la Reserva Forestal Río Macho, creada mediante Decreto Ejecutivo 1-A del 23 de enero de 1964. Lo anterior, dice se comprueba con las certificaciones incorporadas al expediente. Además, indica que el terreno está situado en la franja de [Dirección3]  de [Dirección4]  , cuya afectación dice fue previa a la Reserva Forestal Río Macho, conforme lo está contemplado en el artículo 6 de la Ley General de Terrenos Baldíos, número 13, de 1939. Menciona que dicha franja, desde ese año de 1939, únicamente es susceptible para arriendo, no siendo posible ser poseída conforme lo sanciona el artículo 856 del Código Civil. Así también, menciona que, la Ley Número 197, del 29 de agosto de 1945, reformó la Ley de Terrenos Baldíos, adicionando el elemento de los robles, declarando parque nacional dichos terrenos, sean los comprendidos en la franja de [Dirección5]   de la [Dirección6] . Dice que la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, reiteró dicha declaratoria (cita los artículos 7, inciso a, y 10), calificando dichos inmuebles como inalienables y no susceptibles de ser adquiridos por denuncio o posesión (en su tesis cita jurisprudencia constitucional, sean las sentencias 98-2015 y 18836-2014). Explica, posteriormente, en el año de 1964, se creó la Reserva Forestal Río Macho. En su opinión, la persona titulante tuvo que acreditar la posesión decenal antes de 1939. En este punto, cuestiona los testimonios de las tres personas declarantes, sean [Nombre5]  , [Nombre6]  , y [Nombre5]   , quiénes dice, manifestaron tener 70, 71 y 65 años de edad, respectivamente, edad que menciona no alcanza para referirse al ejercicio de posesión con anterioridad a 1939. En esa línea, cita el Voto 237-2006, emitido por esta Cámara. Dice no comparte el razonamiento emitido en el fallo apelado, en cuanto acepta dichas declaraciones, pese a las cortas edades que indica tenían al calificarlos como testigos de oídas. Sobre ese punto en particular, manifiesta un testigo de oídas no percibe por sus propios sentidos los hechos sobre los que declara, sea que no los conoce en forma personal y directa; sólo informa lo referido por un tercero sin las necesarias garantías judiciales. Menciona es un testimonio débil, que no merece credibilidad, máxime si lo que informa lo oyó de quien tiene interés directo en la acreditación del hecho o en el resultado del proceso. Sustenta este tema en el Voto 950-2007, emitido por este Tribunal. Reitera que la prueba testimonial debe de ser clara, contundente y versar sobre hechos que le consten a las personas declarantes. Sobre el presupuesto de la posesión para obtener la aprobación de las diligencias, trae a colación los veredictos emitidos por este Tribunal en los Votos 516-2013, 282-2013, y 362-2012. 2- Dice el fallo apelado es contradictorio y la persona titulante en este asunto carece de justo título. Indica que la sentencia impugnada tuvo por acreditado que la persona titulante adquirió el terreno en cuestión a través de un acto de donación de su madre, el cual se refleja en la escritura número 173, el tomo 20 del notario Juan Pablo Navarro Solano, y dice también se tuvo por demostrado que el señor [Nombre7]   trató de titular el fundo descrito en el plano C-1894868-2016, base de este trámite que otrora fuese parte de terreno graficado en el plano catastrado C-336390-1996 y las diligencias le fueron rechazadas por razones de fondo, específicamente debido a que la parte promovente no demostró la posesión decenal privada del terreno. Cita que la persona que le donó el inmueble al titulante, no estaba legitimado para hacerlo. En ese aspecto, menciona no es factible disponer de un bien ajeno. Sobre el punto, manifiesta que, si el señor [Nombre7]   no pudo demostrar la posesión sobre el terreno de interés, en las diligencias de información posesoria tramitadas bajo el expediente EXPN1, tampoco podía traspasarlo a su esposa, y ésta no podía donarlo a su hijo. Dice los traspasos serían absolutamente nulos y el titulante carecería de justo título. 3- Se muestra inconforme por el análisis vertido en el fallo, con respecto a la naturaleza del bien y su afectación al dominio público, sobre los cuales rechazó los argumentos de inconformidad del Estado. En ese sentido, cita en su recurso: "El primer argumento que se utilizó para desestimar lo expresado por la PGR al contestar la audiencia final, es que el terreno no se ubica en la franja de 2000 metros, sino, más lejos, por cuanto el plano C-1894868-2016 “establece en una de sus notas el tramo existente entre vértices A (final del camino público) y B (punto de amarre en la esquina de la citada vía pública) hay una longitud de 2410.40”". Con base en ello, cuestiona que, se desconoce si la medida de esa longitud es lineal o atiende a las curvaturas existentes entre el punto A y el punto B. Además indica que las distancias entre la carretera interamericana y el inmueble podría ser medida desde distintos puntos geográficos que generarían distintas distancias. Para reforzar su tesis, incorpora en su recurso una imagen tomada del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) del Instituto Geográfico Nacional, en donde dice se observa la carretera interamericana en relación con el fundo a titular a menos de 2 kilómetros de distancia (cita que los círculos anaranjados indican la ubicación aproximada del terreno con base en las coordenadas del plano). También, expone el órgano procurador que con respecto al segundo argumento de inconformidad expuesto y analizado en la pieza apelada, sobre la demanialidad del área en donde se ubica el terreno, radica en que el artículo 7 e la Ley 2825, de Tierras y Colonización, fue derogado en 1973 por el artículo 1° de la Ley 5385. Bajo ese argumento expone lo siguiente: "Al respecto, reitero que el área de los 2 Km contiguos a la Interamericana con cobertura de robledales estuvo declarada Parque Nacional entre los años 1945 y 1973 y ha estado declarada Reserva Forestal desde el año 1964 hasta la fecha. Es decir, en ningún momento –entre 1945 al presente– ha estado desafectada". Menciona que el derecho derogado supervive para regular los hechos o situaciones acontecida o nacidas bajo su vigencia, conocida según expone como el fenómeno de supervivencia del derecho abolido o ultraactividad de las normas derogadas. Cita los votos de la Sala Constitucional número 18840-2014, 11079-2015, 15002-2007, 1668-2010, 9640-2010, 9340-201115753-2005, [Telf1], [Telf2], 0336-1998, 738-2003, 12240-2006, 12241-2006, entre otros.  En su opinión, durante la afectación a dominio público de la franja de 2000 metros de ancho a ambos lados de la [Dirección7]  cesó la posibilidad de los particulares de ejercer derechos de posesión sobre esos terrenos. Fundamenta su argumento en el Voto 256-2015, de la Sala Primera de la Corte, en donde indica estableció que son de aplicación las normas anteriores a la declaratoria de área silvestre protegida que contengan afectaciones al dominio público previas. 4- Invoca la existencia de una cosa juzgada en este asunto. Sobre el particular expuso: "En el hecho probado 2 de la sentencia recurrida se tuvo por demostrado que el fundo fue objeto de un trámite anterior de información posesoria que se desestimó por razones de fondo “al no demostrarse la posesión decenal privada del terreno”. Pese a ello, la sentencia aprobó el trámite y desestimó lo expresado por la PGR en lo tocante a ese aspecto". Menciona que este Tribunal ha admitido la existencia de la cosa juzgada en estos asuntos. Menciona los votos 723-F-2017, 762-F-17, 771/2017, 072-F-2018, 359/2018, 708-F-2018, 289-F-2019, y 728-F-19. 5- Dice que las áreas silvestres protegidas son bienes de dominio público sobre los que no cabe la posibilidad de usucapir. Cita la sentencia de la Sala Constitucional número 16975-2008. Concluye, solicitando la improbación de las presentes diligencias.

IV.- En virtud de que los agravios enumerados como uno y tres están vinculados, dado los argumentos allí expuestos, esta Cámara entrará a resolver ambos de forma conjunta. En ese sentido, lleva razón, parcialmente, la parte apelante con respecto a dichos motivos de apelación. En primer orden, es importante reconocer, tal y como lo tuvo la sentencia impugnada, que el fundo a inscribir se encuentra situado en un cien por ciento en la Reserva Forestal Río Macho, ello según certificación expedida por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, adjunta en el escrito inicial de demanda, incorporado al expediente electrónico en fecha 09 de junio de 2017, imagen 9. Dicha reserva fue creada a través del Decreto Ejecutivo 1-A de 23 de enero de 1964. Siendo así, la parte promovente debe de acreditar la posesión diez años antes de la afectación que fue emitida sobre dicho terreno, conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. No comparte este Tribunal el argumento del Estado, en el sentido de que la persona titulante debía de acreditar en estas diligencias una posesión antes de 1939, producto de la afectación que dice mantiene la franja de [Dirección5]   alrededor de la [Dirección6] . Lo anterior, tomando en consideración que si bien es cierto dicha franja fue afectada en ese año -1939- producto de la Ley General de Terrenos Baldíos (artículo 6), la cual luego fue ratificada por la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, en su artículo 7, inciso a, dichos preceptos fueron derogados el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973. Dicha norma derogatoria estableció: “Artículo 1º.- Derógase el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Derógase asimismo el artículo 10 de la citada ley, que declara Parque Nacional la zona de dos mil metros a ambos lados del trazado de la [Dirección8] , en donde existan robles y que estableció el régimen restrictivo a que quedaron sujetas dichas áreas”. Nótese que con base en ese precepto legal dicha afectación fue levantada, así las cosas, el mismo acto legislativo que sancionó esos bienes de dominio público, posteriormente fue anulado y no reservó alguna situación que deba de ser aplicada en este momento. En ese sentido, en este caso en concreto, la parte titulante debe de acreditar el ejercicio de la posesión diez años antes de la afectación del bien, pero, no del vinculado a la franja fronteriza, como lo indica la Procuraduría, sino del Decreto que creo la Reserva Forestal Río Macho en el año de 1964. Es decir, el ejercicio posesorio para lograr inscribir el terreno lo es acreditando dicho derecho antes de 1954, sean diez años antes de la afectación, tal y como lo dispone el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias (en esta misma línea puede consultarse el Voto de este Tribunal número 865-2019). En este mismo orden de ideas, del análisis de la prueba testimonial, logra apreciar este órgano de apelación que los tres testigos ofrecidos por la parte titulante no son de oídas como lo expone la Procuraduría. Las tres personas declarantes indicaron ser vecinas del lugar, conocen el terreno desde su infancia, han estado enterado de quiénes fueron las personas dueñas del inmueble, además, explicaron que actos posesorios se han ejecutado en el sitio a inscribir. Bajo ese análisis, son testigos que conocen los hechos declarados porqué lo han visto. En todo caso, en nuestro ordenamiento jurídico la declaración de un testigo de oídas no es inadmisible, solamente lleva un análisis de valoración distinto de aquel que ha presenciado los hechos de forma directa (véase en ese sentido, la sentencia número 12, de las 14:50 horas del 8 de marzo de 1974, de la extinta Sala de Casación). El otro argumento dirigido en la corta edad de las personas testigos cuando conocieron el fundo a titular, tampoco resulta procedente. En ese punto, de un estudio registral realizado en línea en la página del Registro Civil, se constató que el testigo [Nombre8]  , cédula CED7, nació el 16 de junio de 1948; el testigo [Nombre5]   , cédula CED8, nació el 22 de abril de 1949; por su parte el testigo [Nombre5]   , cédula CED9, nació el 07 de mayo de 1941. Siendo así, dichos testigos tendrían al momento de afectarse el terreno en el año de 1954, la edad de 5 años en el caso de [Nombre5] , 6 años en el caso de [Nombre8], y 13 años en el caso de [Nombre5] . Ahora bien, concluye este Tribunal que dichas edades si alcanzan para referirse a la posesión que se realizó en el inmueble previo a su afectación y no son prueba inidónea y sí merecen credibilidad. De acuerdo a lo anterior, ahora es importante analizar dichas declaraciones a fin de establecer si la parte titulante ha logrado demostrar en este asunto el requisito de posesión cuestionado por la Procuraduría. Lo anterior, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. En esa línea, en el caso de don [Nombre5]   , declaró que el vive en lugar desde los dos años de edad (es decir, a partir del año de 1951), relató que el primer poseedor del terreno lo fue el señor [Nombre9]  . Explicó la línea de transmisión del fundo, sea don [Nombre9] , luego [Nombre10] , posteriormente [Nombre7]  y su esposa, y ellos le traspasaron el terreno al titulante de este asunto. Aunado a ello, explico las actividades de siembra agrícola que dichas personas han realizado en el fundo en cuestión. Es decir, sí conoció el inmueble antes de su afectación en el año de 1954. Por otro lado, el caso del testigo [Nombre5]   , declaró que vive en el lugar desde los nueve años (es decir, a partir del año de 1950). Manifestó que [Nombre9]  fue el primer dueño del inmueble, luego él se lo vendió a don [Nombre10]  y, ésta persona se lo vendió a don [Nombre7]  y su esposa, y ambos, le traspasaron el inmueble al titulante de este trámite. También declaró sobre los actos posesorios de siembra de agricultura y carbón en el terreno. Aunado a ello, también logró comprobarse que conoció el terreno antes de su afectación. No obstante, en el caso del testigo [Nombre8]  , manifestó conocer el terreno desde que estaba en la escuela, partiendo del hecho de que en nuestro país el año escolar inicia a partir de los 6 o 7 años, aproximadamente, y al haber nacido dicho testigo en el año de 1948, se concluye así que esta persona conoció el inmueble hasta en el año de 1955. Es decir, un año después de la afectación. De acuerdo a estas tres declaraciones, solamente dos testigos, de los tres ofrecidos, lograron acreditar la posesión de la persona titulante en el fundo en cuestión. El artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias señala lo siguiente: "La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta que ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años, si esa posesión ha sido en forma pública, pacífica y en concepto de dueño y en qué actos ha consistido. Asimismo el Juez interrogará a los testigos de oficio o a solicitud de parte, sobre cualquier otro dato que se considere de interés para probar la posesión. Todo lo anterior se hará sin necesidad de previo interrogatorio formulado por el interesado". Conforme a ese precepto legal, para acreditarse la posesión en un trámite de información posesoria como el que nos ocupa, cuya naturaleza es no contenciosa, debe la persona promovente demostrar el ejercicio de dicha posesión a través de la declaración de tres testigos, entendiendo este órgano de apelación que, si no se cumple a cabalidad lo dispuesto en la norma, no se tendría por demostrado tal posesión. En este caso, a juicio de la mayoría de esta Cámara, no se trata de prueba tasada, sino un requisito de ley. No puede perderse de vista que nos encontramos ante un proceso de información posesoria en donde estrictamente la persona promovente debe de cumplir con los requerimientos que la ley prevee, y en el caso en particular, el cardinal 6 objeto de examen, establece como se dijo anteriormente, que la posesión en estos asuntos debe de acreditarse con la declaración de tres testigos. Así las cosas, junto con esa exigencia, la misma ley contempla otros requisitos que la persona debe de cumplir para lograr la inscripción del inmueble, caso contrario, debe de denegarse la solicitud de titulación. Además, como ya se indicó, al tratarse el presente caso de un proceso no contencioso, en el que debe cumplirse de manera puntual con una serie de requisitos taxativos, la persona juzgadora debe verificar que los mismos hayan sido cumplidos tal y como  fue previsto por la ley. Y en el caso de la prueba testimonial requerida, expresamente se indicó en el citado artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias debía cumplirse con la declaración de testigos que debían cumplir con las características que allí se indican, no siendo cualquier prueba testimonial a recibir, sino que la norma es clara en especificar no solo la cantidad sino las condiciones y los aspectos que estos tres testigos debían referirse de manera puntual, sin que ello deba entenderse se está ante un caso de prueba tasada, pues el requerimiento de los 3 testigos es parte de la lista taxativa de los requisitos a cumplir. La norma no habla de prueba testifical en general como para considerar basta un solo testigo o dos, sino que como el resto de requisitos formales que se requieren deben ser cumplidos tal y como se solicitan. Nótese dentro de este tipo de procesos, la labor principal de la persona juzgadora es revisar si todos los requisitos a presentar han sido cumplidos, y a falta de uno solo de ellos deberá tenerse por improbada la información posesoria, sin que se pueda obviar algún requisito haciendo una valoración probatoria global, pues los requisitos a cumplir son puntuales y claros. En el caso bajo estudio, como se indicó anteriormente, solamente los testigos [Nombre5]    y [Nombre5]    lograron acreditar la posesión para titular al conocer el inmueble diez años antes de ser afectado, sea en el año de 1954, sin embargo, el testigo [Nombre8]  , no logró acreditar la posesión antes de ese año, pues de acuerdo al análisis vertido anteriormente conoció el inmueble hasta el año de 1955. Bajo ese resultado, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, sí lleva razón la parte impugnante en este motivo de apelación debiendo de admitirse el reclamo y en consecuencia deberá de revocarse el fallo de primera instancia, en cuanto tuvo por aprobado dichas diligencias, y en su lugar rechazarlas.

V.- Al haberse admitido el agravio primero del recurso de apelación, resulta innecesario entrar a conocer el resto de reclamos expuestos por el Estado. Así las cosas, deberá de revocarse el fallo de primera instancia en cuanto admitió las presentes diligencias, y en su lugar, rechazar las mismas.

VI.- Voto salvado de la jueza Díaz Bolaños: Me separo del criterio de mayoría, pues estimo la sentencia impugnada debe ser confirmada. a. El motivo sustancial de este criterio, radica en la forma en que fue ponderada la prueba. Se considera, al interpretar el numeral 6 de la Ley de Informaciones Posesorias lo analizan como si fuese prueba tasada. En otros términos, como si las declaraciones de las personas testigos deben ser analizadas por separado de todo el elenco probatorio. Debe tenerse presente, se debe someter al examen de los requisitos de fondo de la información posesoria, desde el memorial inicial y todos aquellos pliegos que aparte la persona gestionante, pues a diferencia de otros cuerpos legales, la ley en cita, les da el peso de ser rendidos bajo la fe de juramente (artículo 3 ibid.). No se trata de aseveraciones espontáneas como señala el código del proceso civil, es un elemento probatorio de importancia. De ahí, se parte para articular la valoración de la prueba. Todos los demás elementos de prueba se deben alinear de forma diáfana a ese memorial y los subsiguientes, de forma tal, la documental (estudios de uso de suelo, certificaciones registrales, copias de cédulas de identidad, memoriales de colindantes, memoriales de terceros interesados, documentos públicos o privados que acrediten el derecho que se pide reconocer, planos catastrados, documentos emitidos por instituciones públicas, entre muchos otros), junto con el reconocimiento judicial y la testimonial se debe ponderar en conjunto. Especialmente debe prestarse atención a esta situación cuando se trata de aquellas heredades ubicadas dentro de cualquier tipo de área silvestre protegida. También es imperante recordar, la Ley de Informaciones Posesorias es un procedimiento para expedir un título inscribible en el Registro Público, lo cual, según la letra del canon primero de ese cuerpo legal, la sentencia reconoce un derecho de usucapión que ya posee la persona gestionante, la cual ha consolidado antes de la presentación del proceso y cumpliendo los requisitos del artículo 856 del Código Civil, lo cual es un cambio de visión en esa ley, motivo por el cual la tesis de la demanialidad que se ha procurado sostener en innumerables casos es absolutamente improcedente. Por tal razón, se estima la decisión es lesiva por su efecto del numeral 45 y 50 de la Constitución Política, al no ponderar el acervo probatorio en su conjunto, ubicándose en el contexto del área silvestre donde se ubica la heredada a titular debido al momento histórico de la creación de esa zona. Se suma a lo anterior, el proceder descrito incursiona en la preterición de la probanza. De acuerdo a lo explicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el alcance de la preterición es la siguiente: “XI. - Esta Sala ha expresado que la preterición de prueba ocurre: “[…] cuando los jueces dejan de considerar, total o parcialmente, las probanzas aportadas a los autos. Ello implica el desconocimiento del valor que la ley les otorga, y como tal, constituye un error de derecho. De lo anterior se colige que, desconocer un elemento demostrativo, aportado en forma debida y con incidencia en la lite, configurará ese yerro. Esto, por cuanto puede apreciarse una representación inexacta del cuadro fáctico de lo sucedido y debatido en el proceso, con el mediato quebranto que ello implica sobre el derecho sustantivo aplicado al caso concreto” (Voto número 771-F-S1-2011 de las 13 horas 30 minutos del 30 de junio de 2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Nótese al omitir resolver los restantes agravios reiteran la infracción de este vicio. b. De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para poder obtener título inscribible a través de una sentencia que así lo ordene, de un terreno afectado por una categoría de manejo se deben cumplir una serie de requisitos. Debido a lo anterior, mediante prueba testimonial y documento de adquisición aportado, en caso de pretender aprovechar la posesión de los transmitentes (artículo 1 Ibidem.) junto con las restantes probanzas, debe demostrar se conoce de la posesión de la titulante y sus transmitentes, al menos diez años antes de la creación de esa área silvestre protegida según sea la fecha del decreto que cree la zona. La Ley de Informaciones Posesorias establece en el ordinal 6 de la ley en cita la manera de demostrar la posesión en los procesos de esta naturaleza y al respecto reza: "La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta que ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años, si esa posesión ha sido en forma pública, pacífica y en concepto de dueño y en qué actos ha consistido. Asimismo el Juez interrogará a los testigos de oficio o a solicitud de parte, sobre cualquier otro dato que se considere de interés para probar la posesión. Todo lo anterior se hará sin necesidad de previo interrogatorio formulado por el interesado". Por otra parte, el canon sétimo señala, en caso de ubicarse el fundo dentro de un área silvestre protegida, la posesión idónea a probarse debe ser al menos de un plazo anterior de diez años a la creación de la categoría de manejo respectiva. Por lo anterior, es obligatoria la valoración integral de toda la prueba arribada al expediente, por estar regidos en procesos agrarios al sistema de la libre valoración acorde con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Conviene mencionar el artículo referido establece el sistema de valoración probatoria en materia agraria. Es oportuno señalar sobre este método, lo explicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante decisión número 60-2011 de las 9 horas 15 minutos del 27 de enero de 2011: "Conforme al numeral 54 de la LJA, en materia agraria, la prueba debe ser valorada “a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.” Por su parte el mandato 61 ibídem determina “La Sala de Casación, a la hora de apreciar la prueba y de resolver el negocio, se regirá por lo dispuesto en el artículo 54 y, en general, por los principios que informan esta ley.” En lo atinente a este tema, esta Sala indicó: “IV. En el sub júdice la discusión gira en torno a un punto concreto: la apreciación del material probatorio, en cuanto a cuál de las partes incumplió el contrato. La forma cómo deben los jueces apreciar la prueba, ha variado a lo largo de la historia del Derecho Procesal. En una primera etapa, anterior a las codificaciones decimonónicas, se partía de un sistema tasado para discernir sobre la fuerza demostrativa de cada elemento. Así, la ley de antemano imponía valor a cada probanza, sin que el juzgador estuviera en la posibilidad de decidir, por sí mismo, cuáles elementos informaban mejor su convicción para resolver el caso concreto. De esa manera, se requerían medios específicos para demostrar cada derecho, variando su cantidad en torno a cada uno, así como estableciendo, a priori, discriminaciones sobre los declarantes en razón de su género, edad, oficio o clase social. Ese sistema fue superado en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, de 1855, que sirvió de base a los códigos procesales de América Latina, incluyendo a Costa Rica. En dicha legislación hispana se acogió el modelo de apreciar el material demostrativo a la luz de las reglas de la sana crítica. Se trata de la figura intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Con fundamento en la sana crítica, el juez puede llegar a un convencimiento por sí mismo sobre la certeza de los hechos sobre los cuales basa su decisión, a través de su propia valoración, pero, esta no es del todo libre, sino que está sujeta a las normas del pensamiento lógico formal y, de manera simultánea, a la experiencia humana. Sobre el punto ha expresado la doctrina, en especial, Couture, que el juez no es una máquina de razonar, sino, esencialmente, un ser humano que toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que toda persona se sirve en la vida. Por lo tanto, la autoridad judicial estará encargada de apreciar las probanzas con una debida concatenación lógica y, además, bajo las circunstancias de su entorno, observadas mediante la experiencia. La finalidad de lo anterior es que el juzgador no podrá acogerse tan solo a su discrecionalidad, sino que deberá fundamentar, con base en la lógica y la experiencia, los motivos de su convicción. Esto, además, permitirá al superior, si se impugna el fallo, revisar si los criterios del a quo, se sujetaron a tales reglas del correcto entendimiento humano. Un tercer sistema es el denominado como de libre convicción. En este, lo que decida el juzgador no deberá estar sujeto, necesariamente, a la prueba aportada por las partes al proceso. Incluso, podría resolverse contra los hechos probados y tener asidero tan solo en el saber privado del juez. Bastará con que este afirme tener la certidumbre moral de que los hechos sucedieron de tal manera, sin que se le pueda exigir el desarrollo lógico de su razonamiento. El Código Procesal Civil costarricense se enmarca en un híbrido entre las reglas de la sana crítica y la prueba tasada. Tal conclusión se extrae del precepto 330, así como de diversas regulaciones, resabios del sistema anterior, en torno al valor de los medios demostrativos como la confesión, los instrumentos públicos, los documentos que prevalecen sobre las declaraciones testimoniales y la imposibilidad de probar algunos hechos tan sólo con estas últimas. Por otra parte, la Ley de la Jurisdicción Agraria, en su artículo 54, párrafo segundo, dispone lo siguiente: “Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio”. Aunque, por similitud de terminología, en principio, podría interpretarse que se ajusta al sistema de libre convicción, en realidad no es así, pues la propia norma ordena al juzgador dar argumentos de derecho o de equidad para justificar su apreciación. Asimismo, hubo pronunciamiento sobre el tema, cuando la Sala Constitucional, en su sentencia n.º 11932 de las 15 horas 37 minutos del 21 de noviembre del 2001, explicó que la prueba no puede valorarse al mero arbitrio de la autoridad judicial. Más bien, dicho numeral 54 la obliga a que “...analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio; respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa.” Dicha Sala, en el voto de cita, refiere a su sentencia n.º 4448 de las 9 horas del 30 de agosto de 1996, donde expresó: “De esta manera, la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez –como funcionario que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derecho constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política” Entonces, debe concluirse, en realidad, el ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria no permite al juzgador acogerse a un sistema de libre convicción. Aún más, a partir de los deberes de fundamentar que se imponen y, a la luz de lo interpretado en la jurisprudencia constitucional, lo está sujetando a las reglas de la sana crítica, en el tanto, debe procurar un razonamiento lógico y acorde a la experiencia humana intersubjetiva para justificar lo que dispone. Por falta de sujeción al derecho común, según regula el propio precepto, habrá de entenderse que, a diferencia de los procesos civiles, no habrá prueba tasada alguna. En ese tanto, cuando se acuse una indebida valoración probatoria, por parte de los jueces agrarios, en realidad se estará acusando la inobservancia a las reglas de la lógica y de la experiencia, que informan el correcto entendimiento humano, al momento de fundamentar su convicción.” (Véase sentencia no. 712, de las 15 horas 15 minutos del 26 de setiembre de 2005, lo subrayado no corresponde al original)". Conforme al sistema de valoración de la prueba dispuesto en el artículo 54 citado, se procederá a analizar lo agraviado, subrayando en la disciplina agraria existe un sistema de ponderación propio, el cual se encuentra relacionado con los principios que inspiran el proceso agrario. Otro dato para considerar es inadmisible el análisis separado de las probanzas; debe hacerse en conjunto; motivo por el cual es improcedente, como pretende la Procuraduría quejosa, analizar las declaraciones de manera solitaria sin considerar la totalidad del acervo probatorio. De tal forma se arriba a la misma conclusión del órgano judicial de instancia en cuanto hay coincidencia y armonía entre las pruebas. Por un lado, las declaraciones son claras en cuanto al tiempo de conocer al promovente y su relación posesoria en el fundo. Si bien quienes rindieron declaración cuando eran infantes de diversas edades, es creíble puedan dar cuenta de la posesión, se complementan, no son contradictorias entre sí y se armonizan con la documental constante en autos. En el pliego inicial se afirmó haber recibido mediante acto de donación de su madre, y el relato de la cadena de traspasos que se hicieron, los cual coincide con lo expresado con las personas testigos. Esta situación se mostró con el documento en cuadro 91 del expediente electrónico, donde se incorporó a los autos el testimonio de la escritura número 173, el tomo 20 del notario Juan Pablo Navarro Solano constituyendo un documento idóneo para aprovechar la posesión ejercida por anteriores poseedores. Como se denota de la prueba en análisis se ha comprobado la cadena de transmisión, pues para 10 años antes de la creación, primero de la reserva y luego del parque nacional, se había completado una posesión de más del plazo decenal. Razón por la cual ha de tenerse por cumplido el requisito de fondo de la presente información posesoria. c. Respecto al tema de la posibilidad de los particulares de inscribir bienes cubiertos por bosques ubicados en terrenos no titulados, estima esta Sede considera que si es posible titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se hubieran cumplido los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables, (al respecto se puede consultar la sentencia Nº 51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). El numeral sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias, fue modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575, autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante el presente trámite. Al respecto, esta Cámara ha resuelto lo siguiente: “Dicha norma, en lo referente a las propiedades con bosque, ubicadas fuera de las áreas silvestres protegidas, señala: "... Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios." La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y la delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios”, (Tribunal Agrario, sentencia número 573-F-09). De igual forma, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó nuevamente la consulta de constitucionalidad contra el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias realizada por este Tribunal, bajo expediente EXPN2, quedando vigente tal norma y sus efectos.

POR TANTO:

Se revoca la sentencia venida en alzada. En su lugar, se rechazan las presentes diligencias de información posesoria promovidas por [Nombre1]   . Hay voto salvado de la jueza Díaz Bolaños.

 

 

	

	

 




	

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[Nombre11]   - JUEZ/A DECISOR/A

	




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[Nombre12]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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[Nombre13]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN3

II Circuito Judicial San José, [Dirección9] ,     , [Dirección10]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf3]. Fax: [Telf4] ó [Telf5]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:30:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

RESULTANDO:

1.- The petitioner filed the present possessory information proceedings so that, through this means, the property described as follows may be registered in the Public Property Registry: "real property located at [Address1], , of the eighth canton El Guarco, of the province of Cartago, which is cultivated, with an area of eleven thousand six hundred nine square meters, bordered to the North: Ministry of Environment, Energy and Telecommunications; South: [Name2]; East: [Name3] and right-of-way (servidumbre de paso); and West: [Name4] and right-of-way (servidumbre de paso), according to cadastral map No. C-1894868-2016," (See the Virtual Desk of the Cartago Agrarian Court, in the Filing Tray, file dated 6/9/17 at 3:27:43 p.m.).-

2.- The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the proceedings under the terms set forth in the brief incorporated into the virtual desk, file dated 6/4/18 at 2:03:34 p.m.; in turn, the Institute of Rural Development did so under the terms set forth in the file dated 6/5/18, at 2:41:14 p.m. The State's representative requested that these proceedings be terminated, by virtue of formal res judicata, (See the Virtual Desk of the Cartago Agrarian Court, in the Filing Tray).-

3.- Judge José Francisco Chacón Acuña, of the Cartago Agrarian Court, through judgment 2021000161 at sixteen hours eight minutes on August twelfth of two thousand twenty-one, resolved: "POR TANTO: The present Possessory Information proceedings are APPROVED. Consequently, the Real Property Registry is ordered to register in the name of [Name1], single in a common-law marriage, farmer, identification number CED6, resident of Macho Gaff El Guarco, Cartago, the unregistered real property, described as follows: Cultivated land, located in Macho Gaff, [Address2] ( ) (El Guarco) of the Province of Cartago. Bordered to the North: Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, to the South: [Name2], to the East: [Name3], and to the West: [Name4] and agricultural right-of-way (servidumbre agrícola) not legally constituted. Area: Eleven thousand six hundred nine square meters. The land to be registered corresponds to cadastral map number C-1894868-2016 registered on May 16, 2016. Both the property to be titled and the present proceedings were valued at five million colones each. The possession exercised has been quiet, public, peaceful, and under a claim of ownership ten years prior to the creation of the Río Macho Forest Reserve according to the declarations of witnesses [Name5], [Name6], and [Name5]. The cited real property is free from liens, encumbrances, and co-owners, and its registration is made without prejudice to third parties with superior rights. Notice is given that the property to be titled remains subject to reservations regarding public road rights-of-way as provided in articles 4 of the General Law of Public Roads and 19, subsection a, of the Law of Possessory Information. In accordance with numeral 33, subsection b) of Forestry Law number 7575, the cutting or elimination of trees is prohibited. Once this resolution becomes final, issue the corresponding certificate of final judgment for its registration in the Real Property Registry."

4.- Attorney Yamileth Monestel Vargas, in her capacity as representative of the Office of the Attorney General of the Republic, filed an appeal with an express statement of the reasons why she refutes the thesis of the lower Court, (See the Virtual Desk of the Cartago Agrarian Court, in the Filing Tray, file dated 08/19/2021, at 23:45:00).

5.- In the substantiation of the process, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors and omissions in the judgment capable of rendering it null are not noted.-

Judge López Barrantes drafts; and,

CONSIDERANDO:

I.- The set of proven facts is endorsed, being well supported in the record. The third fact is modified to read as follows: "That the map described in proven fact 2 above is canceled before the National Cadastre."

II.- On the part of this instance, the following is deemed not proven: The titling party did not manage to prove the exercise of possession prior to the year 1954.

III.- APPEAL: Attorney Yamileth Monestel Vargas, in her capacity as representative of the Office of the Attorney General of the Republic, filed an appeal, according to the brief incorporated into the electronic file on August 19, 2021, based on: 1- She questions that the possessory information was approved despite the lack of the possession requirement. In this sense, she considers that the testimonial evidence failed to prove such a prerequisite, taking into consideration the nature of the asset, being of public domain, as it is located 100% within the Río Macho Forest Reserve, created by Executive Decree 1-A of January 23, 1964. The foregoing, she states, is verified by the certifications incorporated into the file. Furthermore, she indicates that the land is situated in the strip of [Address3] of [Address4], whose affectation she says was prior to the Río Macho Forest Reserve, as contemplated in Article 6 of the General Law of Vacant Lands, number 13, of 1939. She mentions that said strip, since that year 1939, is only susceptible to lease, and it is not possible to possess it as sanctioned by Article 856 of the Civil Code. Also, she mentions that Law Number 197, of August 29, 1945, reformed the Law of Vacant Lands, adding the element of oak trees, declaring said lands a national park, that is, those within the strip of [Address5] of the [Address6]. She says that the Land and Colonization Law, number 2825, reiterated said declaration (she cites Articles 7, subsection a, and 10), classifying said properties as inalienable and not susceptible to being acquired by claim or possession (in her thesis, she cites constitutional jurisprudence, namely judgments 98-2015 and 18836-2014). She explains that, subsequently, in the year 1964, the Río Macho Forest Reserve was created. In her opinion, the titling party had to prove ten-year possession before 1939. On this point, she questions the testimonies of the three declarants, namely [Name5], [Name6], and [Name5], who she says stated they were 70, 71, and 65 years old, respectively, an age she mentions is insufficient to refer to the exercise of possession prior to 1939. Along these lines, she cites Ruling 237-2006, issued by this Chamber. She says she does not share the reasoning issued in the appealed judgment, insofar as it accepts said declarations, despite the short ages she indicates they had when qualifying them as hearsay witnesses. On that specific point, she states that a hearsay witness does not perceive through their own senses the facts about which they declare, meaning they do not know them personally and directly; they only inform what was reported by a third party without the necessary judicial guarantees. She mentions it is weak testimony, which does not deserve credibility, especially if what they inform they heard from someone who has a direct interest in proving the fact or in the outcome of the process. She supports this issue with Ruling 950-2007, issued by this Tribunal. She reiterates that the testimonial evidence must be clear, compelling, and concern facts that are known to the declarants. Regarding the prerequisite of possession for obtaining approval of the proceedings, she brings up the verdicts issued by this Tribunal in Rulings 516-2013, 282-2013, and 362-2012. 2- She says the appealed judgment is contradictory and the titling party in this matter lacks just title. She indicates that the contested judgment found it proven that the titling party acquired the land in question through an act of donation from his mother, which is reflected in deed number 173, volume 20 of notary Juan Pablo Navarro Solano, and she says it was also proven that Mr. [Name7] tried to title the property described in map C-1894868-2016, the basis of this proceeding that was formerly part of the land depicted in cadastral map C-336390-1996, and the proceedings were rejected on substantive grounds, specifically because the petitioner did not demonstrate private ten-year possession of the land. She cites that the person who donated the real property to the title holder was not legally authorized to do so. In that aspect, she mentions it is not feasible to dispose of another's property. On the point, she states that if Mr. [Name7] could not prove possession over the land of interest in the possessory information proceedings processed under file EXPN1, he could not transfer it to his wife, and she could not donate it to her son. She says the transfers would be absolutely null and the title holder would lack just title. 3- She expresses disagreement with the analysis provided in the judgment regarding the nature of the asset and its affectation to the public domain, on which it rejected the State's arguments of disagreement. In that sense, she cites in her appeal: "The first argument used to dismiss what was expressed by the PGR when responding to the final hearing is that the land is not located in the 2000-meter strip, but rather, further away, because map C-1894868-2016 'establishes in one of its notes the existing stretch between vertices A (end of the public road) and B (tie point at the corner of said public road) there is a length of 2410.40'". Based on this, she questions whether the measurement of that length is linear or accounts for the curvatures existing between point A and point B. She also indicates that the distances between the inter-American highway and the real property could be measured from different geographical points that would generate different distances. To reinforce her thesis, she incorporates into her appeal an image taken from the National Territorial Information System (SNIT) of the National Geographic Institute, where she says the inter-American highway is observed in relation to the property to be titled at less than 2 kilometers away (she cites that the orange circles indicate the approximate location of the land based on the coordinates of the map). Also, the prosecutorial body argues that with respect to the second argument of disagreement presented and analyzed in the appealed piece, regarding the public domain character of the area where the land is located, it lies in that Article 7 of Law 2825, Land and Colonization, was repealed in 1973 by Article 1 of Law 5385. Under that argument she states the following: "In this regard, I reiterate that the area of the 2 Km adjacent to the Inter-American Highway with oak tree coverage was declared a National Park between the years 1945 and 1973 and has been declared a Forest Reserve from the year 1964 to date. That is, at no time –between 1945 to the present– has it been released from public domain (desafectada)." She mentions that repealed law survives to regulate the facts or situations that occurred or arose under its validity, known according to her as the phenomenon of survival of abolished law or ultra-activity of repealed norms. She cites the rulings of the Constitutional Chamber numbers 18840-2014, 11079-2015, 15002-2007, 1668-2010, 9640-2010, 9340-201115753-2005, [Telf1], [Telf2], 0336-1998, 738-2003, 12240-2006, 12241-2006, among others. In her opinion, during the public domain affectation of the 2000-meter-wide strip on both sides of the [Address7], the possibility for private individuals to exercise possession rights over those lands ceased. She bases her argument on Ruling 256-2015 of the First Chamber of the Court, where she indicates it established that the norms prior to the declaration of a protected wilderness area that contain prior public domain affectations are applicable. 4- She invokes the existence of res judicata in this matter. On this subject she stated: "In proven fact 2 of the appealed judgment it was proven that the property was the subject of a prior possessory information proceeding that was dismissed on substantive grounds 'failing to demonstrate private ten-year possession of the land'. Despite this, the judgment approved the proceeding and dismissed what was expressed by the PGR regarding that aspect." She mentions that this Tribunal has admitted the existence of res judicata in these matters. She mentions rulings 723-F-2017, 762-F-17, 771/2017, 072-F-2018, 359/2018, 708-F-2018, 289-F-2019, and 728-F-19. 5- She says that protected wilderness areas are public domain assets over which the possibility of adverse possession does not apply. She cites Constitutional Chamber judgment number 16975-2008. She concludes by requesting the disallowance of the present proceedings.

IV.- By virtue of the grievances listed as one and three being linked, given the arguments presented therein, this Chamber will proceed to resolve both jointly. In that sense, the appellant partially bears reason with respect to said grounds for appeal. First of all, it is important to recognize, as the contested judgment held, that the property to be registered is located one hundred percent within the Río Macho Forest Reserve, as per certification issued by the National System of Protected Wild Areas (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas), attached to the initial complaint brief, incorporated into the electronic file on June 9, 2017, image 9. Said reserve was created through Executive Decree 1-A of January 23, 1964. This being so, the petitioner must prove possession ten years prior to the affectation that was issued on said land, as provided in Article 7 of the Law of Possessory Information. This Tribunal does not share the State's argument that the titling party had to prove in these proceedings a possession before 1939, as a result of the affectation it claims is maintained by the strip of [Address5] around the [Address6]. The foregoing, taking into consideration that while it is true said strip was affected in that year -1939- as a result of the General Law of Vacant Lands (Article 6), which was later ratified by the Land and Colonization Law, number 2825, in its Article 7, subsection a, said precepts were repealed on November 9, 1973, through Law No. 5385 of October 30, 1973. Said repealing norm established: “Article 1.- Subsection a) of Article 7 of the Land and Colonization Law, No. 2825 of October 14, 1961, is repealed. Likewise, Article 10 of the cited law is repealed, which declares as National Park the two thousand meter zone on both sides of the route of the [Address8], where oak trees exist and which established the restrictive regime to which said areas were subject”. Note that based on that legal precept said affectation was lifted; thus, the same legislative act that sanctioned those public domain assets was subsequently annulled and did not reserve any situation that must be applied at this moment. In that sense, in this specific case, the titling party must prove the exercise of possession ten years prior to the affectation of the asset, but not the one linked to the border strip, as the Office of the Attorney General indicates, but rather the Decree that created the Río Macho Forest Reserve in the year 1964. That is, the possessory exercise to achieve registration of the land is done by proving said right before 1954, that is, ten years before the affectation, just as provided in Article 7 of the Law of Possessory Information (in this same line, Ruling of this Tribunal number 865-2019 may be consulted). In this same order of ideas, from the analysis of the testimonial evidence, this appellate body can appreciate that the three witnesses offered by the titling party are not hearsay as the Office of the Attorney General claims. The three declarants indicated they are residents of the place, have known the land since their childhood, have been aware of who the owners of the real property were, and, furthermore, explained what possessory acts have been carried out on the site to be registered. Under that analysis, they are witnesses who know the declared facts because they have seen them. In any case, in our legal system, the declaration of a hearsay witness is not inadmissible; it merely carries a different valuation analysis from that of someone who has witnessed the facts directly (see in that regard, judgment number 12, at 14:50 hours on March 8, 1974, of the former Court of Cassation). The other argument directed at the young age of the witnesses when they became acquainted with the property to be titled is also not appropriate. On that point, from an online registry study conducted on the Civil Registry page, it was confirmed that witness [Name8], identification number CED7, was born on June 16, 1948; witness [Name5], identification number CED8, was born on April 22, 1949; for his part, witness [Name5], identification number CED9, was born on May 7, 1941. This being so, said witnesses would have been, at the time the land was affected in the year 1954, the ages of 5 years in the case of [Name5], 6 years in the case of [Name8], and 13 years in the case of [Name5]. Now, this Tribunal concludes that said ages are sufficient to refer to the possession that took place on the real property prior to its affectation and are not incompetent evidence, and they do deserve credibility. In accordance with the foregoing, it is now important to analyze said declarations in order to establish whether the titling party has managed to prove in this matter the requirement of possession questioned by the Office of the Attorney General. The foregoing, in accordance with Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law. Along those lines, in the case of Mr. [Name5], he declared that he has lived in the place since the age of two (that is, starting in the year 1951), he related that the first possessor of the land was Mr. [Name9]. He explained the line of transmission of the property, that is, Mr. [Name9], then [Name10], subsequently [Name7] and his wife, and they transferred the land to the title holder of this matter. Added to this, he explained the agricultural planting activities that said persons have carried out on the property in question. That is, he did know the real property before its affectation in the year 1954. On the other hand, in the case of witness [Name5], he declared that he has lived in the place since the age of nine (that is, starting in the year 1950). He stated that [Name9] was the first owner of the real property, then he sold it to Mr. [Name10] and, this person sold it to Mr. [Name7] and his wife, and both transferred the real property to the title holder of this proceeding. He also declared regarding possessory acts of planting agriculture and charcoal on the land. Added to this, it was also possible to verify that he knew the land before its affectation. However, in the case of witness [Name8], he stated he has known the land since he was in school, starting from the fact that in our country the school year begins at approximately 6 or 7 years of age, and since said witness was born in the year 1948, it is concluded that this person knew the real property only in the year 1955. That is, one year after the affectation. According to these three declarations, only two witnesses, of the three offered, managed to prove the possession of the titling party on the property in question. Article 6 of the Law of Possessory Information states the following: "The justification of the possession shall be proved with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the real property is located, who shall be questioned regarding how long they have known the farm, whether they know for a fact that it has been subject by the title holder or by previous owners to possession for a continuous period of no less than 10 years, whether that possession has been in a public, peaceful manner and under a claim of ownership, and what acts it has consisted of. Likewise, the Judge shall question the witnesses ex officio or at the request of a party, regarding any other data considered of interest to prove the possession. All of the foregoing shall be done without the need for a prior questionnaire formulated by the interested party." In accordance with that legal precept, for possession to be proven in a possessory information proceeding such as the one before us, whose nature is non-contentious, the petitioner must demonstrate the exercise of said possession through the declaration of three witnesses, with this appellate body understanding that, if what is provided in the norm is not fully complied with, such possession would not be considered proven. In this case, in the judgment of the majority of this Chamber, this is not a matter of fixed evidentiary value (prueba tasada), but rather a legal requirement. It cannot be lost sight of that we are before a possessory information proceeding where the petitioner must strictly comply with the requirements that the law provides, and in this particular case, the cardinal 6 under examination establishes, as stated previously, that possession in these matters must be proven with the declaration of three witnesses. Thus, along with that requirement, the same law contemplates other requirements that the person must fulfill to achieve the registration of the real property; otherwise, the titling request must be denied. Furthermore, as already indicated, given that the present case is a non-contentious proceeding, in which a series of exhaustive requirements must be punctually complied with, the adjudicating person must verify that they have been fulfilled just as provided by law. And in the case of the required testimonial evidence, it was expressly indicated in the cited Article 6 of the Law of Possessory Information that it had to be complied with the declaration of witnesses who had to meet the characteristics indicated therein, and not just any testimonial evidence to be received, as the norm is clear in specifying not only the quantity but also the conditions and aspects these three witnesses had to punctually refer to, without this having to be understood as a case of fixed evidentiary value (prueba tasada), since the requirement of the 3 witnesses is part of the exhaustive list of requirements to be fulfilled. The norm does not speak of testimonial proof in general as if to consider a single witness or two to be sufficient, but rather that like the rest of the formal requirements that are required, they must be fulfilled just as requested. Note that within this type of process, the main task of the adjudicating person is to review whether all the requirements to be presented have been fulfilled, and lacking just one of them, the possessory information must be deemed disallowed, without being able to bypass any requirement by making a global evidentiary valuation, since the requirements to be met are punctual and clear. In the case under study, as indicated previously, only witnesses [Name5] and [Name5] managed to prove the possession for titling by knowing the real property ten years before being affected, that is, in the year 1954; however, witness [Name8] did not manage to prove the possession before that year, since according to the analysis provided above, he knew the real property only in the year 1955. Under that result, in accordance with Articles 6 and 7 of the Law of Possessory Information, the appellant does bear reason in this ground for appeal, the claim must be admitted, and consequently the first instance judgment shall be revoked, insofar as it approved said proceedings, and instead, they shall be rejected.

V.- Having admitted the first grievance of the appeal, it becomes unnecessary to address the rest of the claims raised by the State. Consequently, the first instance judgment shall be revoked insofar as it admitted the present proceedings, and instead, reject them.

VI.- Dissenting vote of Judge Díaz Bolaños: I separate myself from the majority criterion, since I believe the contested judgment must be confirmed. a. The substantial reason for this criterion lies in the way the evidence was weighed. I consider that, when interpreting numeral 6 of the Law of Possessory Information, they analyze it as if it were fixed evidentiary value (prueba tasada). In other words, as if the declarations of the witnesses must be analyzed separately from the whole body of evidence. It must be kept in mind that the examination of the substantive requirements of the possessory information must be subjected to, from the initial brief and all those documents that the petitioner provides, since unlike other legal bodies, the cited law gives them the weight of being rendered under oath (Article 3 ibid.). These are not spontaneous assertions as indicated by the civil procedure code; it is an evidentiary element of importance. From there, one starts to articulate the valuation of the evidence. All the other evidentiary elements must align clearly with that brief and the subsequent ones, so that the documentary evidence (land use studies (estudios de uso de suelo), registry certifications, copies of identification documents, briefs from adjoining landowners, briefs from interested third parties, public or private documents that prove the right sought to be recognized, cadastral maps, documents issued by public institutions, among many others), together with the judicial inspection and the testimony, must be weighed as a whole. Special attention must be paid to this situation when dealing with those properties located within any type of protected wilderness area. It is also imperative to remember that the Law of Possessory Information is a procedure to issue a title registrable in the Public Registry, which, according to the letter of canon one of that legal body, the judgment recognizes an adverse possession right (derecho de usucapión) that the petitioner already holds, which they have consolidated before the filing of the process and fulfilling the requirements of Article 856 of the Civil Code, which is a change in vision in that law, a reason why the thesis of public domain character that has been attempted to be sustained in countless cases is absolutely improper. For such reason, I consider the decision is harmful in its effect of numerals 45 and 50 of the Political Constitution, by not weighing the probative collection as a whole, placing itself in the context of the wilderness area where the property to be titled is located due to the historical moment of the creation of that zone. Added to the foregoing, the described procedure incurs in preterition of the evidence. According to what has been explained by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, the scope of preterition is as follows: “XI. - This Chamber has expressed that preterition of evidence occurs: “[…] when the judges fail to consider, totally or partially, the evidence provided in the record. This implies ignoring the value that the law grants them, and as such, it constitutes an error of law. From the foregoing, it follows that ignoring a demonstrative element, duly provided and with incidence in the lite, will configure that error. This is because an inaccurate representation of the factual picture of what happened and what was debated in the process can be appreciated, with the immediate harm that this implies on the substantive law applied to the specific case.” (Ruling number 771-F-S1-2011 at 13 hours 30 minutes on June 30, 2011, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Note that by omitting to resolve the remaining grievances, they reiterate the infringement of this defect. b. In accordance with Article 7 of the Law of Possessory Information, to obtain a registrable title through a judgment ordering it, for land affected by a management category, a series of requirements must be met.

Due to the foregoing, by means of witness testimony and the acquisition document provided, if one seeks to avail oneself of the possession of the transferors (article 1 Ibidem.) together with the remaining evidence, it must be demonstrated that the possession of the titleholder and her transferors has been known for at least ten years prior to the creation of that protected wilderness area (área silvestre protegida), according to the date of the decree creating the zone. The Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) establishes in article 6 of the cited law the manner of proving possession in proceedings of this nature, and in this regard it reads: "The justification of possession shall be accredited by the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located, who shall be asked since when they have known the farm, whether it is evident to them that it has been subjected by the titleholder or by previous owners to possession for a continuous period not less than 10 years, whether that possession has been public, peaceful, and in the capacity of owner, and in what acts it consisted. Likewise, the Judge shall examine the witnesses ex officio or at the request of a party, on any other information considered of interest to prove possession. All the foregoing shall be done without the need for a prior questionnaire formulated by the interested party." On the other hand, article seven provides, in the event the property is located within a protected wilderness area (área silvestre protegida), the suitable possession to be proven must be for at least a period of ten years prior to the creation of the respective management category. Because of the foregoing, it is mandatory to carry out an integral assessment of all the evidence brought to the file, since agrarian proceedings are governed by the system of free assessment (sistema de la libre valoración) in accordance with Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria). It is worth mentioning that the referenced article establishes the evidentiary assessment system in agrarian matters. On this method, it is appropriate to point out what was explained by the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) through decision number 60-2011 of 9:15 a.m. on January 27, 2011: "Pursuant to article 54 of the LJA, in agrarian matters, evidence must be assessed 'conscientiously and without strict subjection to the rules of common law, but, in all cases, when analyzing the result of the evidence collected in the proceeding, it must express the principles of equity or law on which it bases its criterion.' For its part, provision 61 ibidem determines 'The Chamber of Cassation, when assessing the evidence and resolving the matter, shall be governed by the provisions of article 54 and, in general, by the principles that inform this law.' Regarding this topic, this Chamber stated: 'IV. In the sub júdice, the discussion revolves around a specific point: the assessment of the evidentiary material, as to which of the parties breached the contract. The manner in which judges must assess evidence has varied throughout the history of Procedural Law. In a first stage, prior to the nineteenth-century codifications, it was based on a fixed-value system (sistema tasado) to discern the probative force of each element. Thus, the law in advance imposed a value on each piece of evidence, without the judge having the possibility of deciding, on his own, which elements better informed his conviction to resolve the specific case. That way, specific means were required to prove each right, their quantity varying for each one, as well as establishing, a priori, discriminations regarding declarants by reason of their gender, age, occupation, or social class. That system was overcome in the Spanish Civil Procedure Law, of 1855, which served as a basis for the procedural codes of Latin America, including Costa Rica. In that Spanish legislation, the model of assessing evidentiary material in light of the rules of sound criticism (sana crítica) was adopted. It is the intermediate figure between legal proof (prueba legal) and free conviction (libre convicción). Based on sound criticism, the judge can reach a conviction on his own regarding the certainty of the facts on which he bases his decision, through his own assessment, but this is not entirely free, rather it is subject to the norms of formal logical thinking and, simultaneously, to human experience. On this point, doctrine has expressed, especially Couture, that the judge is not a reasoning machine, but, essentially, a human being who takes cognizance of the world surrounding him and knows it through his sensitive and intellectual processes. Sound criticism is, besides logic, the correct appreciation of certain propositions of experience that every person uses in life. Therefore, the judicial authority will be charged with assessing the evidence with a proper logical concatenation and, furthermore, under the circumstances of its environment, observed through experience. The purpose of the foregoing is that the judge may not resort only to his discretion, but rather must substantiate, based on logic and experience, the reasons for his conviction. This, moreover, will allow the superior, if the judgment is challenged, to review whether the criteria of the a quo were subject to such rules of correct human understanding. A third system is that denominated free conviction. In this, what the judge decides need not necessarily be subject to the evidence provided by the parties to the proceeding. It could even be resolved against the proven facts and be based only on the judge's private knowledge. It will suffice for him to affirm having the moral certainty that the facts occurred in such a way, without being required to set forth the logical development of his reasoning. The Costa Rican Civil Procedure Code is framed within a hybrid between the rules of sound criticism and the fixed-value proof. This conclusion is drawn from precept 330, as well as from various regulations, remnants of the prior system, regarding the value of evidentiary means such as confession, public instruments, documents prevailing over witness testimony, and the impossibility of proving some facts only with the latter. On the other hand, the Agrarian Jurisdiction Law, in its article 54, second paragraph, provides the following: "When resolving on the merits of the matter, the judge shall assess the evidence conscientiously and without strict subjection to the rules of common law, but, in all cases, when analyzing the result of the evidence collected in the proceeding, he must express the principles of equity or law on which he bases his criterion." Although, due to similarity of terminology, it could initially be interpreted as conforming to the free conviction system, in reality it is not so, for the provision itself orders the judge to provide arguments of law or equity to justify his assessment. Likewise, there was a pronouncement on the subject when the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in its judgment No. 11932 of 3:37 p.m. on November 21, 2001, explained that evidence cannot be assessed at the mere discretion of the judicial authority. Rather, said article 54 compels it to "...analyze the result of the evidence collected in the proceeding and express the principles of equity or law on which it bases its criterion; thereby respecting the minimum contents of the right of defense." Said Chamber, in the cited vote, refers to its judgment No. 4448 of 9:00 a.m. on August 30, 1996, where it expressed: "In this way, the conscientious assessment of evidence does not imply resolving in an arbitrary manner, since every judge –as a public official that he is– is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative for the adjustment of public action, not only to the specific norms on a determined subject, but to the entire block of legality; thus he cannot decide with contempt for constitutional principles and rights, as he is limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which, duly applied, lead to the harmony of jurisdictional assessment with the Political Constitution." Then, it must be concluded, in reality, article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law does not permit the judge to resort to a free conviction system. Even more, from the duties to provide reasoning that are imposed and, in light of what has been interpreted in constitutional jurisprudence, it subjects him to the rules of sound criticism, insofar as he must seek a logical reasoning and one in accordance with intersubjective human experience to justify what he orders. For lack of subjection to common law, as the precept itself regulates, it shall be understood that, unlike civil proceedings, there shall be no fixed-value proof whatsoever. In this sense, when an improper evidentiary assessment is alleged against agrarian judges, in reality what is being alleged is the failure to observe the rules of logic and experience, which inform correct human understanding, at the time of substantiating their conviction.' (See judgment No. 712, of 3:15 p.m. on September 26, 2005, the underline does not correspond to the original)." In accordance with the evidence assessment system set forth in the cited article 54, we shall proceed to analyze what is aggrieved, underscoring that in the agrarian discipline there is its own weighting system, which is related to the principles that inspire the agrarian process. Another element to consider is that the separate analysis of the evidence is inadmissible; it must be done as a whole; for which reason it is improper, as the complaining Attorney General's Office (Procuraduría) intends, to analyze the declarations in isolation without considering the entirety of the evidentiary collection. In this way, we arrive at the same conclusion as the trial court judicial body, in that there is coincidence and harmony among the evidence. On the one hand, the declarations are clear as to the time of knowing the petitioner and his possessory relationship to the property. Even though those who rendered testimony were infants of various ages, it is credible that they can account for the possession, they complement each other, are not contradictory among themselves, and harmonize with the documentary evidence on file. The initial pleading stated having received it through an act of donation from his mother, and the account of the chain of transfers made, which coincides with what was expressed by the witnesses. This situation was shown with the document in box 91 of the electronic file, where the certified copy of deed number 173, volume 20 of Notary Juan Pablo Navarro Solano was incorporated into the record, constituting an ideal document to take advantage of the possession exercised by prior possessors. As is denoted from the evidence under analysis, the chain of transmission has been proven, since for 10 years before the creation, first of the reserve and later of the national park, a possession of more than the ten-year period had been completed. Reason for which the substantive requirement of this possessory information (información posesoria) must be deemed satisfied. c. Regarding the issue of the possibility of private individuals to register properties covered by forests located on untitled lands, this Court (Sede) considers that it is indeed possible to title unregistered lands with forest cover (cobertura boscosa) within or outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), as long as the legal requirements demanded in the various applicable normative bodies have been met (in this regard, one may consult Judgment No. 51 of 3:15 p.m. on May 26, 1995 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Article seven of the Possessory Information Law was modified when the current Forestry Law (Ley Forestal) 7575 was issued, which expressly authorized the titling of forested real estate through this procedure. In this regard, this Chamber has resolved the following: "Said provision, concerning properties with forest, located outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), states: '...Farms located outside of those areas and that have forests, may only be titled if the petitioner demonstrates being the holder of legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be properly surveyed and with fences or clear paths (cercas o carriles limpios).' The constitutionality of said provision and of the interpretation given at some point by this Tribunal was challenged on constitutional grounds, a petition that gave rise to the issuance of Constitutional Chamber (Sala Constitucional) vote 4587-97, precisely cited by the appellant. In said vote, the Chamber declared the constitutionality of the provision, maintaining its validity. Given such situation, what is proper in this case is to confirm what was resolved by the Trial Judge, the petitioner having accredited compliance with the requirements set forth in that article, namely: ten-year possession, protection of the natural resource, and the delimitation of the property through fences or clear paths (cercas o carriles limpios)", (Agrarian Tribunal, judgment number 573-F-09). Likewise, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice again rejected the constitutional consultation against article seven of the Possessory Information Law made by this Tribunal, under file EXPN2, such provision and its effects remaining valid.

THEREFORE:

The judgment brought on appeal is reversed. In its stead, the present possessory information (información posesoria) proceedings promoted by [Name1] are dismissed. There is a dissenting vote by Judge Díaz Bolaños.





	


	


 





	


KGDONTJEEGM61

[Name11] - JUDGE






BQHARHUGPTC61

[Name12] - JUDGE


	


 


	


PK0B3GDGVAI61

[Name13] - JUDGE




 


	


	


 

EXP: EXPN3

II Circuito Judicial San José, [Address9], , [Address10] of Goicoechea in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: [Phone3]. Fax: [Phone4] or [Phone5]. Email: [...]

 

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:30:53.

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