Res. 00115-2022 Tribunal Agrario — Possessory information denied in Los Santos Forest ReserveImprocedencia de información posesoria en Reserva Forestal Los Santos

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Agrario

Resolución Nº 00115 - 2022

Fecha de la Resolución: 30 de Enero del 2022 a las 15:25

Expediente: 18-000131-0699-AG

Redactado por: Geison Lopez Barrantes

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencias en igual sentido


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Prueba testimonial constituye requisito de ley.
Improcedencia ante falta de una adecuada posesión ecológica.

"V.-[...] En este caso, a juicio de la mayoría de esta Cámara, no se trata de prueba tasada, sino un requisito de ley. No puede perderse de vista que nos encontramos ante un proceso de información posesoria en donde estrictamente la persona promovente debe de cumplir con los requerimientos que la ley prevee, y en el caso en particular, el cardinal 6 objeto de examen, establece como se dijo anteriormente, que la posesión en estos asuntos debe de acreditarse con la declaración de tres testigos. [...]  Con base en las razones expuestas, concluye esta Cámara que no se ha protegido los recursos naturales con base en la actividad posesoria que se ha desarrollado en el inmueble, no ejerciendo la persona titulante una posesión ecológica que tutela dichos recursos." 

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Valoración de la prueba testimonial.

"VIII.- Voto salvado de la jueza Díaz Bolaños: Me separo del criterio de mayoría, pues estimo la sentencia impugnada debe ser confirmada. a. El motivo sustancial de este criterio, radica en la forma en que fue ponderada la prueba. Se considera, al interpretar el numeral 6 de la Ley de Informaciones Posesorias lo analizan como si fuese prueba tasada. En otros términos, como si las declaraciones de las personas testigos deben ser analizadas por separado de todo el elenco probatorio. Debe tenerse presente, se debe someter al examen de los requisitos de fondo de la información posesoria, desde el memorial inicial y todos aquellos pliegos que aparte la persona gestionante, pues a diferencia de otros cuerpos legales, la ley en cita, les da el peso de ser rendidos bajo la fe de juramente (artículo 3 ibid.). No se trata de aseveraciones espontáneas como señala el código del proceso civil, es un elemento probatorio de importancia. De ahí, se parte para articular la valoración de la prueba. Todos los demás elementos de prueba se deben alinear de forma diáfana a ese memorial y los subsiguientes, de forma tal, la documental (estudios de uso de suelo, certificaciones registrales, copias de cédulas de identidad, memoriales de colindantes, memoriales de terceros interesados, documentos públicos o privados que acrediten el derecho que se pide reconocer, planos catastrados, documentos emitidos por instituciones públicas, entre muchos otros), junto con el reconocimiento judicial y la testimonial se debe ponderar en conjunto."

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución

????????????????

 

Firmar Documento

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN2 - 7




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

[Nombre1]  

 

   

VOTO N° 00115-F-2022

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas veinticinco minutos del treinta de enero de dos mil veintidós.-

 INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]  , mayor, casado, agricultor, vecino de Copey de Dota, cédula de identidad CED1 -     -    . Se tuvo como parte al INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula de persona jurídica número  CED2 -    -          - , representado por su apoderada general judicial Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada dos veces, abogada, vecina de San Ramon, cédula de identidad CED3 -     -  , colegiada veintiún mil trescientos cuarenta y dos; PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la licenciada Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, cédula de identidad CED4 -    ,    , en su condición de procuradora adjunta. Actúa  como apoderada especial judicial del promovente, la licenciada Sandra Navarro Marín, colegiada quince mil novecientos noventa y dos. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.

 Redacta el juez López Barrantes; y,

CONSIDERANDO:

 I.  DETALLE  DE ACTUACIONES: 1.- Solicita el señor [Nombre1]  que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad Inmueble el terreno que se describe así: Terreno de Naturaleza de potrero y bosque, sito en Vuelas, [Dirección1]  ,   , de la provincia SAN JOSÉ; el cual colinda al Norte: con calle pública con frente de ochocientos treinta y seis metros con cuarenta y ocho centímetros; al Sur: Quebrada en medio de Guillermo Rodríguez Badilla; al Este con MINAE, Cerro Vueltas; al Oeste con Enid Delings Fuentes.- Mide: TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS; se describe según plano catastrado número SJ-2224664-2020.- (ver gestión inicial y plano incorporado en fecha 17/08/2018 04:25:23, y 30/09/2020 11:43:11. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Cartago, demanda inicial incorporada el 17-08-2018 04:25; y plano base incorporado el 14/03/2019 01:52; sentencia de primera instancia14/10/2021 15:27). 2.- La Procuraduría General de la República y el  Instituto de Desarrollo Rural, fueron debidamente notificados y se apersonaron al proceso. (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Cartago, escritos incorporados el 29/07/2019 02:37 y 01/10/2019 003:22, 12/11/2020 04:06:06, 18/11/2020 04:31:57, 29/04/2021 07:50:58, 11/08/2021 03:13:41, 05/10/2021 01:03:12, respectivamente). 3.-  El Edicto fue debidamente publicado en el diario oficial la Gaceta número ciento treinta y tres, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. ( ver resolución incorporada el 19/01/2021 10:42.) 4.- La jueza Silvia Elena Sánchez Blanco, del Juzgado Agrario de Cartago, en sentencia número 2021000204, de las quince horas veintisiete minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno, resolvió: “POR TANTO: Por lo expuesto, de conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por [Nombre1]  , mayor, casado, agricultor cédula CED5   -    ; vecino de Copey de Dota.- Proceda el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Sección Bienes Inmuebles, a inscribir a su nombre sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las limitaciones de Ley que se dirá, la finca que a continuación se detalla: Terreno de Naturaleza de potrero y bosque, sito en Vuelas, [Dirección2]  , [Dirección3]  DOTA, de la provincia SAN JOSÉ; el cual colinda al Norte: con calle pública con frente de ochocientos treinta y seis metros con cuarenta y ocho centímetros; al Sur: Quebrada en medio de [Nombre2]  Badilla; al Este con MINAE, Cerro Vueltas; al Oeste con [Nombre3]  .- Mide: TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS; se describe según plano catastrado número SJ-2224664-2020.- Inmueble que fue estimado en la suma de cinco millones de colones, por cuanto ha cumplido con todos los requisitos que al efecto establece la ley de Informaciones Posesorias. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca citada.- Dicha inscripción deberá hacerse advirtiendo a su titulante que el derecho de vía de la calle pública que colinda con el inmueble a titular es de catorce metros de ancho, por lo cual queda afecto a las limitaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso "a" de la Ley de Informaciones Posesorias. Además artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y 1, 2, 7 y 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria así como a las limitaciones contenidas en los artículos 33, inciso b) y 34 de la Ley Forestal Número 7575, por lo cual el área contigüa a las corriente es área de protección, quedando prohibida la corta o eliminación de árboles, y Ley de Aguas, artículos 1 inciso a y b, inciso N, y 3, inciso III, por cuanto el cauce y las aguas de esas corriente son de dominio público, así como las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble, las cuales no forman parte de la finca; así como por ubicarse en su totalidad dentro de la Reserva Forestal Los Santos.- Una vez firme esta resolución, expídase la ejecutoria respectiva y archívese el presente asunto". (ver  escritorio virtual del Juzgado Agrario de Cartago, sentencia primera instancia incorporada el  14/10/2021 14:56). 5.- La Procuraduría General de la República, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya para refutar la tesis del juzgado de instancia  (ver  escritorio virtual del Juzgado Agrario de Cartago, escrito incorporado el  22/10/2021 06:01).

 II.- El Tribunal avala el hecho probado uno, pero, lo modifica para que el número de plano se lea correctamente como el 1-2224864-2020. Se admiten los hechos probados dos y tres. No se avala el hecho probado cuatro; y se prohijan los hechos enumerados del cinco al trece, al estar bien sustentado en los autos. Se adiciona por parte de esta instancia el hecho probado catorce, en el siguiente sentido: La parte promovente no ha respetado el retiro total correspondiente a la quebrada que nace en el predio a inscribir (ver estudio de uso de suelos, adjunto al escrito inicial de las diligencias y archivo 11 de reconocimiento judicial, incorporado al expediente electrónico el 26 de abril de 2021).

 III.- Para esta instancia se tiene por no probado lo siguiente: Que la persona titulante haya acreditado un ejercicio posesorio por más de diez años, antes de la creación de la Reserva Forestal Los Santos.

 IV.- RECURSO DE APELACIÓN: La Procuraduría General de la República, mediante escrito agregado al expediente electrónico en fecha 22 de octubre de 2021, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, bajo número 2021000204, dictada a las quince horas veintisiete minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno, con base en los siguientes argumentos: 1- Menciona que la sentencia recurrida tuvo por demostrado en el hecho probado cuatro, que el señor [Nombre1]  , ha ejercido una posesión derivada por más de sesenta años sobre el terreno base de estas diligencias, pese a que dice, la prueba testimonial y documental recabada en el expediente resulta insuficiente para acreditar la posesión derivada anterior al año de 1975, con motivo a la afectación del inmueble producto de la creación de la Reserva Forestal Los Santos. Expone que la persona titulante afirmó en el hecho quinto del escrito inicial de estas diligencias, haber obtenido el terreno a inscribir de su padre, sea el señor [Nombre4]   en el año 2013, sin embargo, acusa que la donación se hizo hasta el 26 de abril de 2019. En esa línea, menciona que la pieza apelada tuvo por probado en el hecho dos, que la persona titulante adquirió el inmueble el 26 de abril de 2018, siendo así, cuestiona que se hizo 43 años después de que se creó el área silvestre protegida Reserva Forestal Los Santos. Indica que en relación a bienes inmuebles no es factible la donación verbal, por esa razón, en su opinión la donación resulta ser nula (cita el voto 218-2008, de este Tribunal, así como el 583-2004, de la Sala Primera).  En su criterio, dice que la prueba testimonial es inútil para demostrar un acto traslativo de dominio de bienes inmuebles, y aún cuando se hubiere hecho la donación, dice sería nula por comprender bienes demaniales que están fuera del comercio. Cuestiona que la sentencia impugnada reconoce al titulante sesenta años de posesión derivada, con base en la escritura número 86, del tomo 7, del protocolo de la notaria pública Sandra Navarro Marín, lo cual, dice es improcedente. Ataca que en dicha escritura, otorgada en el año 2018, el compareciente [Nombre4]   dijo traspasar a su hijo, sea la persona promovente, la posesión por más de sesenta años. Por ese motivo, se muestra inconforme porque dice las manifestaciones de la persona otorgante no es válida para acreditar la antigüedad de la posesión alegada. Así también, explica que en la decisión impugnada, se tuvo por probado que el padre del titulante compró el terreno al señor [Nombre5]  , mediante la escritura CED6 del tomo 80 del protocolo del notario Álvaro Torres Vicenzi, cuyo testimonio sin número se trajo a los autos. Con base en lo anterior, dice que, en ese documento consta que fue otorgado el 30 de mayo de 1979, es decir, 4 años después de creada la Reserva Forestal Los Santos. En su opinión, no cabe posesión sobre un bien afectado al dominio público y el acto de transmisión sería absolutamente nulo por tratarse de bienes fuera del comercio. Así mismo, dice que en esa escritura el señor [Nombre4]  presuntamente compró un terreno de apenas 21 hectáreas, sea 10 hectáreas menos que las que ahora pretenden titular, y no habría identidad con el bien objeto de este trámite, ni podría suponerse en perjuicio del interés público ambiental que revisten las áreas silvestres protegidas. Cita que las escrituras de traspaso no pueden servir para acreditar el ejercicio de la posesión, pues estas dice sirven solo para ratificar el negocio jurídico que se llevó a cabo, aunado a ello, dice no es viable tener por acreditada la posesión con la información suministrada por las partes (cita el Voto 352-2012, de este Tribunal). En relación a la declaración de las personas testigos, refuta que no fueron claros, pues menciona se limitaron a decir una lista de personas de supuestos dueños del terreno, pero, menciona no se indicó el tiempo y actos posesorios (trae a colación el Voto 1058-2020, de esta Cámara). En ese punto, dice que el testigo [Nombre4]   no se refirió al número de apartos que hay en el terreno, pues dice afirmó hace mucho tiempo no ha vuelto a recorrer la finca. A su juicio, dicha declaración no resulta idónea al no visitar el terreno y ser familiar de la persona titulante. Con respecto al testigo [Nombre6]  , menciona que pese a conocer el terreno desde 1966, declaró no conocer el tiempo que el titulante ha poseído el terreno, ni de si ha tenido problemas con precaristas o extrae madera. Indica objetaron dichos aspectos ante el Despacho de instancia, sin embargo, reclama no fueron apreciados ni analizados. 2- Menciona que las presentes diligencias fueron aprobadas sin haberse comprobado el ejercicio de una posesión ecológica. Cita que en la certificación de uso conforme de suelos, se tuvo por acreditado que el 12.93% del terreno está dedicado a "silvopastoril". En igual sentido, dice que en la inspección ocular realizada se consignó que en el inmueble hay repastos hechos para ganado de leche, vacas para ordeño, y semovientes pastando. Considera que dichos actos posesorios son contrarios a la protección de los recursos naturales (menciona el Voto de esta Cámara número 836-2016). Así mismo, menciona que, al estar inmerso el terreno a titular en un área silvestre protegida, presenta una alta fragilidad hídrica. Cita el informe UEN- GA-2020-00061, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Expresa que, aun cuando no hay aprovechamiento de agua para abastecimiento poblacional el recurso hídrico debe ser protegido. En su opinión, la posesión ecológica incluye todos los recursos naturales presentes en el terreno. 3- Las áreas silvestres protegidas son bienes de dominio público y no son aptas para usucapir. En este argumento, cita la sentencia de la Sala Constitucional número 16975-2008. 4- Dice que la sentencia apelada consigna un número de plano que no corresponde al tramitado en la información posesoria. Sobre ese particular indica que, la sentencia 2021000204 señala en su parte considerativa y dispositiva que el terreno a inscribir se describe con el plano SJ-2224664-2020, que no es el utilizado en este trámite. Así se extrae de la lectura del plano que obra en autos y de la consulta realizada en la base de datos del Registro Inmobiliario. Finalmente, solicita se imprueben las presentes diligencias.

 V.- Al estar vinculados los agravios uno y dos, este Tribunal los estará conociendo de forma conjunta. Lleva razón la parte apelante con respecto a los motivos uno y dos del recurso de apelación. Del estudio del expediente por parte de esta instancia, se tuvo por acreditado que efectivamente el fundo a inscribir se encuentra situado en un cien por ciento dentro del Reserva Forestal Los Santos, tal y como consta en la certificación expedida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, número SINAC-D-ACC-0747-2018 (incorporada al expediente electrónico en fecha 23 de octubre de 2018), la cual fue creada por el Decreto Ejecutivo N°5389-A, del 12 de octubre de 1975. Siendo así, la parte titulante debe de acreditar el ejercicio de una posesión diez años antes de la creación de dicho Decreto, es decir, antes del año de 1965, lo anterior, con base en lo regulado en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Ahora bien, teniendo claro dichas reglas legales, resulta procedente analizar la prueba ofrecida y recabada en el expediente, en aras de constatar o no, sí se cumple lo regulado en ese precepto legal. En ese sentido, el agravio expuesto por la representación del Estado gira en torno a que indica la sentencia apelada tuvo por demostrado el ejercicio posesorio del titulante por más de sesenta años en relación al fundo a inscribir, pese a que cuestiona, tanto de la prueba testimonial, así como de la documental recabada, resulta insuficiente para acreditar dicha posesión derivada anterior al año de 1975, con motivo a la afectación del fundo producto de la creación de la Reserva Forestal Los Santos. Bajo ese argumento, es preciso indicar que el artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias dispone lo siguiente: "La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta que ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años, si esa posesión ha sido en forma pública, pacífica y en concepto de dueño y en qué actos ha consistido. Asimismo el Juez interrogará a los testigos de oficio o a solicitud de parte, sobre cualquier otro dato que se considere de interés para probar la posesión. Todo lo anterior se hará sin necesidad de previo interrogatorio formulado por el interesado". De acuerdo a esa norma, comprende este Tribunal que para la acreditación del ejercicio posesorio la prueba testimonial tiene una especial relevancia, dado que, al ser el trámite de información posesoria de actividad judicial no contenciosa, la parte promovente debe de cumplir las disposiciones sancionadas en la ley para lograr obtener el título que reclama en las diligencias. Con base en lo anterior, la parte titulante ofreció los testimonios de [Nombre7]  , [Nombre4]   y [Nombre6]  . En el caso del testigo [Nombre7]  declaró que tiene setenta y tres años. Menciona que llegó a vivir en el sector de Copey a la edad de tres años. Declaró conocer el fundo a inscribir desde hace setenta años. Explicó las personas que han sido dueñas del terreno, sea primero el señor [Nombre8]  , éste se la traspasó a [Nombre9]  , luego don [Nombre9] traspaso el inmueble a [Nombre10]   y éste se lo cedió a su hermano [Nombre11]  . Indica que don Dago le transmitió la propiedad en cuestión a [Nombre4]  , y dicha persona se lo donó a su hijo, sea el titulante [Nombre1] . Determinó que el fundo está dedicado a lechería y siembra de cultivos agrícolas. Por su parte, el testigo [Nombre4]  , declaró tener setenta y siete años de edad. Dice nació en el año de 1944, en Copey. Siempre ha vivido en el distrito. Manifestó conocer el terreno desde hace sesenta años cuando el dueño del fundo era [Nombre8] . Dice luego fue de "[Nombre12]" . Posteriormente dice él le vendió a [Nombre13] , padre del titulante, y éste a su vez se lo donó al promovente. No recuerda hace cuánto tiempo don [Nombre4] le donó el terreno a su hijo. Explicó que el inmueble está dedicado a la actividad agrícola y además se mantiene una vacas en el sitio. El testigo [Nombre6]   declaro en la audiencia de prueba tener sesenta y dos años. Dijo ser vecino de Dota. Manifestó conocer el inmueble por primera vez en el año de 1966. Es decir, posterior a la afectación que sufrió el inmueble producto de la creación de la Reserva Forestal Los Santos. Dice que cuando conoció el fundo era de don [Nombre14]  . Luego relató que el terreno en cuestión lo adquirió su padre [Nombre10]  , y éste a su vez se le vendió a su hermano [Nombre5]  . Siguió declarando en el sentido de que don [Nombre5] le traspaso el inmueble a [Nombre4]  , quién es el padre del promovente. Luego explico que don [Nombre4] le transmitió el inmueble al titulante de estas diligencias. Sin embargo, declaró no conocer hace cuanto se dio ese traspaso. El artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias regula lo siguiente: "La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta que ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años, si esa posesión ha sido en forma pública, pacífica y en concepto de dueño y en qué actos ha consistido. Asimismo el Juez interrogará a los testigos de oficio o a solicitud de parte, sobre cualquier otro dato que se considere de interés para probar la posesión. Todo lo anterior se hará sin necesidad de previo interrogatorio formulado por el interesado". Conforme a ese precepto legal, para acreditarse la posesión en un trámite de información posesoria como el que nos ocupa, cuya naturaleza es no contenciosa, debe la persona promovente demostrar el ejercicio de dicha posesión a través de la declaración de tres testigos, entendiendo este órgano de apelación que, si no se cumple a cabalidad lo dispuesto en la norma, no se tendría por demostrado tal posesión. En este caso, a juicio de la mayoría de esta Cámara, no se trata de prueba tasada, sino un requisito de ley. No puede perderse de vista que nos encontramos ante un proceso de información posesoria en donde estrictamente la persona promovente debe de cumplir con los requerimientos que la ley prevee, y en el caso en particular, el cardinal 6 objeto de examen, establece como se dijo anteriormente, que la posesión en estos asuntos debe de acreditarse con la declaración de tres testigos. Así las cosas, junto con esa exigencia, la misma ley contempla otros requisitos que la persona debe de cumplir para lograr la inscripción del inmueble, caso contrario, debe de denegarse la solicitud de titulación. Además, como ya se indicó, al tratarse el presente caso de un proceso no contencioso, en el que debe cumplirse de manera puntual con una serie de requisitos taxativos, la persona juzgadora debe verificar que los mismos hayan sido cumplidos tal y como  fue previsto por la ley. Y en el caso de la prueba testimonial requerida, expresamente se indicó en el citado artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias debía cumplirse con la declaración de testigos que debían cumplir con las características que allí se indican, no siendo cualquier prueba testimonial a recibir, sino que la norma es clara en especificar no solo la cantidad sino las condiciones y los aspectos que estos tres testigos debían referirse de manera puntual, sin que ello deba entenderse se está ante un caso de prueba tasada, pues el requerimiento de los 3 testigos es parte de la lista taxativa de los requisitos a cumplir. La norma no habla de prueba testifical en general como para considerar basta un solo testigo o dos, sino que como el resto de requisitos formales que se requieren deben ser cumplidos tal y como se solicitan. Nótese dentro de este tipo de procesos, la labor principal de la persona juzgadora es revisar si todos los requisitos a presentar han sido cumplidos, y a falta de uno solo de ellos deberá tenerse por improbada la información posesoria, sin que se pueda obviar algún requisito haciendo una valoración probatoria global, pues los requisitos a cumplir son puntuales y claros. Bajo ese análisis, se puede establecer que de los tres testigos ofrecidos, solamente dos conocen el inmueble en cuestión antes del año de 1965, año en el que fundo fue afectado producto de la creación de la Reserva Forestal Los Santos. Así las cosas, lleva razón el órgano procurador con respecto al reclamo planteado en torno a la demostración del ejercicio posesorio antes de la afectación del fundo a titular.

 VI.- En relación al reclamo expuesto concerniente a que en el fundo no se ha realizado una posesión ecológica, lleva razón la representación del Estado. En ese sentido, el artículo 33 de la Ley Forestal dispone: "Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado". La letra de esa norma contiene una protección especial a áreas que bordeen nacientes permanentes, riberas de ríos, quebradas, arroyos, de acuerdo a las condiciones del terreno, si es plano o quebrado. Es decir, la afectación allí establecida tiene un alcance general, y obedece a la necesaria conservación, por un lado del recurso hídrico, el cual puede verse afectado si no se respeta lo contenido en la norma jurídica, y por otro lado, se pretende brindar seguridad a las personas con motivo a eventuales desastres naturales, producto de factores físicos, químicos y bióticos del terreno, cuya alteración por el ser humano, puede ocasionar una degradación en éste, aumentando zonas desérticas y riegos para las personas. En igual sentido, la Ley de Aguas, número 276, sanciona que: "Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o a menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos". Sobre ese precepto, la Sala Primera de Casación se ha pronunciado al respecto y ha dicho: "Como se observa, la norma no distingue entre manantiales permanentes e intermitentes, por lo que no cabría hacer tal diferenciación a la hora de aplicarla. Se trata de una típica limitación de interés público (artículo 45 de la Constitución Política), que al igual que otras previstas en diversos cuerpos normativos del ordenamiento jurídico, ha evolucionado el concepto de límites a la propiedad privada, en aras de una tutela real y efectiva de la garantía constitucional (artículo 50 de nuestra Constitución Política) de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tampoco distingue el precepto entre aguas de dominio público y de dominio privado. La norma alude a aguas solamente, sea, al recurso hídrico en general, por lo que la cita de los artículos 1 a 4 de la Ley no. 276 no resulta pertinente al caso. De ahí, que no estima esta Sala que el Tribunal hubiese quebrantado el canon cuya errónea interpretación y aplicación se acusa, al establecer que sí existe amparo legal para las nacientes intermitentes". Con base en lo anterior, en el caso bajo examen observa este Tribunal que en el estudio de uso de suelos incorporado al expediente electrónico en fecha 17 de agosto de 2018, se citó: "Esta propiedad está afectada por la Ley Forestal, artículo 33 y por la Ley de Aguas N° 276 y sus reformas. El río Pedregoso y una quebrada al [Dirección4] del predio se hallan en un sector boscoso, cumpliendo con el retiro. No así la quebrada que "nace" en el predio, que cumple con el retiro parcialmente. Estas quebradas son en apariencia estacionales.". Por su parte, en el reconocimiento judicial realizado en el proceso, el cual está incorporado al expediente electrónico en fecha 26 de abril de 2021, en los archivos enumerados como cinco y once, el Despacho realizó una descripción con respecto a los afluentes de agua que atraviesan el terreno a titular. En el archivo cinco, citó que el Río Pedregoso se observó buena delimitación, estando protegido éste con árboles de roble, cipres y naturaleza del lugar. En el archivo once, la persona juzgadora indicó que con relación a la quebrada sin nombre ubicada en el fundo en cuestión, describió se trata de un accidente geográfico en la propiedad, la misma atraviesa el inmueble entre los [Dirección5]   , nace en el terreno, es poco afluente, describe el área como relieve quebrado y con relación a la cobertura bocosa, explicó hay una extensión entre cinco a diez metros a cada lado, en donde notó árboles de gran altura y vegetación típica de la zona. Bajo esos elementos probatorios recabados en el expediente, este Tribunal concluye que efectivamente no se ha dado una protección debida en relación al afluente de agua que nace en el inmueble, al no haberse realizado la protección en los términos de los artículos 33 de la Ley Forestal y 276 de la Ley de Aguas. Si bien es cierto, en el informe UEN-GA-2020-00061, emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, incorporado al expediente electrónico en fecha 15 de enero de 2020, se hizo mención que en el inmueble o en sus alrededores, no se registro ningún tipo de captación o aprovechamiento hídrico para consumo humano que afecte algún sistema comunal, sí se detalló que el terreno cuenta con una alta fragilidad hídrica al encontrarse en la sección superior de la subcuenca del Río Pedregoso de la cuenca Parrita, además de la existencia de cuerpos de aguas superficiales que limita con el inmueble (quebrada sin nombre) y el Río Pedregoso que atraviesa la propiedad, y por estar situado en la Reserva Forestal Los Santos. Con base en las razones expuestas, concluye esta Cámara que no se ha protegido los recursos naturales con base en la actividad posesoria que se ha desarrollado en el inmueble, no ejerciendo la persona titulante una posesión ecológica que tutela dichos recursos. Así las cosas, deberá de admitirse el agravio primero del recurso de apelación interpuesto por el Estado.

 VII.- Al haberse admitido los agravios primero y segundo del recurso de apelación, resulta innecesario entrar a conocer el resto de reclamos expuestos por el Estado. Así las cosas, deberá de revocarse el fallo de primera instancia en cuanto admitió las presentes diligencias, y en su lugar, rechazar las mismas.

 VIII.- Voto salvado de la jueza Díaz Bolaños: Me separo del criterio de mayoría, pues estimo la sentencia impugnada debe ser confirmada. a. El motivo sustancial de este criterio, radica en la forma en que fue ponderada la prueba. Se considera, al interpretar el numeral 6 de la Ley de Informaciones Posesorias lo analizan como si fuese prueba tasada. En otros términos, como si las declaraciones de las personas testigos deben ser analizadas por separado de todo el elenco probatorio. Debe tenerse presente, se debe someter al examen de los requisitos de fondo de la información posesoria, desde el memorial inicial y todos aquellos pliegos que aparte la persona gestionante, pues a diferencia de otros cuerpos legales, la ley en cita, les da el peso de ser rendidos bajo la fe de juramente (artículo 3 ibid.). No se trata de aseveraciones espontáneas como señala el código del proceso civil, es un elemento probatorio de importancia. De ahí, se parte para articular la valoración de la prueba. Todos los demás elementos de prueba se deben alinear de forma diáfana a ese memorial y los subsiguientes, de forma tal, la documental (estudios de uso de suelo, certificaciones registrales, copias de cédulas de identidad, memoriales de colindantes, memoriales de terceros interesados, documentos públicos o privados que acrediten el derecho que se pide reconocer, planos catastrados, documentos emitidos por instituciones públicas, entre muchos otros), junto con el reconocimiento judicial y la testimonial se debe ponderar en conjunto. Especialmente debe prestarse atención a esta situación cuando se trata de aquellas heredades ubicadas dentro de cualquier tipo de área silvestre protegida. También es imperante recordar, la Ley de Informaciones Posesorias es un procedimiento para expedir un título inscribible en el Registro Público, lo cual, según la letra del canon primero de ese cuerpo legal, la sentencia reconoce un derecho de usucapión que ya posee la persona gestionante, la cual ha consolidado antes de la presentación del proceso y cumpliendo los requisitos del artículo 856 del Código Civil, lo cual es un cambio de visión en esa ley, motivo por el cual la tesis de la demanialidad que se ha procurado sostener en innumerables casos es absolutamente improcedente. Por tal razón, se estima la decisión es lesiva por su efecto del numeral 45 y 50 de la Constitución Política, al no ponderar el acervo probatorio en su conjunto, ubicándose en el contexto del área silvestre donde se ubica la heredada a titular debido al momento histórico de la creación de esa zona. Se suma a lo anterior, no resolver la totalidad de los agravios y la forma de ponderar la probanza se incursiona en la preterición de la probanza. De acuerdo a lo explicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el alcance de la preterición es la siguiente: “XI. - Esta Sala ha expresado que la preterición de prueba ocurre: “[…] cuando los jueces dejan de considerar, total o parcialmente, las probanzas aportadas a los autos. Ello implica el desconocimiento del valor que la ley les otorga, y como tal, constituye un error de derecho. De lo anterior se colige que, desconocer un elemento demostrativo, aportado en forma debida y con incidencia en la lite, configurará ese yerro. Esto, por cuanto puede apreciarse una representación inexacta del cuadro fáctico de lo sucedido y debatido en el proceso, con el mediato quebranto que ello implica sobre el derecho sustantivo aplicado al caso concreto” (Voto número 771-F-S1-2011 de las 13 horas 30 minutos del 30 de junio de 2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). b. De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para poder obtener título inscribible a través de una sentencia que así lo ordene, de un terreno afectado por una categoría de manejo se deben cumplir una serie de requisitos. Debido a lo anterior, mediante prueba testimonial y documento de adquisición aportado, en caso de pretender aprovechar la posesión de los transmitentes (artículo 1 Ibidem.) junto con las restantes probanzas, debe demostrar se conoce de la posesión de la titulante y sus transmitentes, al menos diez años antes de la creación de esa área silvestre protegida según sea la fecha del decreto que cree la zona. La Ley de Informaciones Posesorias establece en el ordinal 6 de la ley en cita la manera de demostrar la posesión en los procesos de esta naturaleza y al respecto reza: "La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta que ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años, si esa posesión ha sido en forma pública, pacífica y en concepto de dueño y en qué actos ha consistido. Asimismo el Juez interrogará a los testigos de oficio o a solicitud de parte, sobre cualquier otro dato que se considere de interés para probar la posesión. Todo lo anterior se hará sin necesidad de previo interrogatorio formulado por el interesado". Por otra parte, el canon sétimo señala, en caso de ubicarse el fundo dentro de un área silvestre protegida, la posesión idónea a probarse debe ser al menos de un plazo anterior de diez años a la creación de la categoría de manejo respectiva. Por lo anterior, es obligatoria la valoración integral de toda la prueba arribada al expediente, por estar regidos en procesos agrarios al sistema de la libre valoración acorde con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Conviene mencionar el artículo referido establece el sistema de valoración probatoria en materia agraria. Es oportuno señalar sobre este método, lo explicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante decisión número 60-2011 de las 9 horas 15 minutos del 27 de enero de 2011: "Conforme al numeral 54 de la LJA, en materia agraria, la prueba debe ser valorada “a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.” Por su parte el mandato 61 ibídem determina “La Sala de Casación, a la hora de apreciar la prueba y de resolver el negocio, se regirá por lo dispuesto en el artículo 54 y, en general, por los principios que informan esta ley.” En lo atinente a este tema, esta Sala indicó: “IV. En el sub júdice la discusión gira en torno a un punto concreto: la apreciación del material probatorio, en cuanto a cuál de las partes incumplió el contrato. La forma cómo deben los jueces apreciar la prueba, ha variado a lo largo de la historia del Derecho Procesal. En una primera etapa, anterior a las codificaciones decimonónicas, se partía de un sistema tasado para discernir sobre la fuerza demostrativa de cada elemento. Así, la ley de antemano imponía valor a cada probanza, sin que el juzgador estuviera en la posibilidad de decidir, por sí mismo, cuáles elementos informaban mejor su convicción para resolver el caso concreto. De esa manera, se requerían medios específicos para demostrar cada derecho, variando su cantidad en torno a cada uno, así como estableciendo, a priori, discriminaciones sobre los declarantes en razón de su género, edad, oficio o clase social. Ese sistema fue superado en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, de 1855, que sirvió de base a los códigos procesales de América Latina, incluyendo a Costa Rica. En dicha legislación hispana se acogió el modelo de apreciar el material demostrativo a la luz de las reglas de la sana crítica. Se trata de la figura intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Con fundamento en la sana crítica, el juez puede llegar a un convencimiento por sí mismo sobre la certeza de los hechos sobre los cuales basa su decisión, a través de su propia valoración, pero, esta no es del todo libre, sino que está sujeta a las normas del pensamiento lógico formal y, de manera simultánea, a la experiencia humana. Sobre el punto ha expresado la doctrina, en especial, Couture, que el juez no es una máquina de razonar, sino, esencialmente, un ser humano que toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que toda persona se sirve en la vida. Por lo tanto, la autoridad judicial estará encargada de apreciar las probanzas con una debida concatenación lógica y, además, bajo las circunstancias de su entorno, observadas mediante la experiencia. La finalidad de lo anterior es que el juzgador no podrá acogerse tan solo a su discrecionalidad, sino que deberá fundamentar, con base en la lógica y la experiencia, los motivos de su convicción. Esto, además, permitirá al superior, si se impugna el fallo, revisar si los criterios del a quo, se sujetaron a tales reglas del correcto entendimiento humano. Un tercer sistema es el denominado como de libre convicción. En este, lo que decida el juzgador no deberá estar sujeto, necesariamente, a la prueba aportada por las partes al proceso. Incluso, podría resolverse contra los hechos probados y tener asidero tan solo en el saber privado del juez. Bastará con que este afirme tener la certidumbre moral de que los hechos sucedieron de tal manera, sin que se le pueda exigir el desarrollo lógico de su razonamiento. El Código Procesal Civil costarricense se enmarca en un híbrido entre las reglas de la sana crítica y la prueba tasada. Tal conclusión se extrae del precepto 330, así como de diversas regulaciones, resabios del sistema anterior, en torno al valor de los medios demostrativos como la confesión, los instrumentos públicos, los documentos que prevalecen sobre las declaraciones testimoniales y la imposibilidad de probar algunos hechos tan sólo con estas últimas. Por otra parte, la Ley de la Jurisdicción Agraria, en su artículo 54, párrafo segundo, dispone lo siguiente: “Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio”. Aunque, por similitud de terminología, en principio, podría interpretarse que se ajusta al sistema de libre convicción, en realidad no es así, pues la propia norma ordena al juzgador dar argumentos de derecho o de equidad para justificar su apreciación. Asimismo, hubo pronunciamiento sobre el tema, cuando la Sala Constitucional, en su sentencia n.º 11932 de las 15 horas 37 minutos del 21 de noviembre del 2001, explicó que la prueba no puede valorarse al mero arbitrio de la autoridad judicial. Más bien, dicho numeral 54 la obliga a que “...analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio; respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa.” Dicha Sala, en el voto de cita, refiere a su sentencia n.º 4448 de las 9 horas del 30 de agosto de 1996, donde expresó: “De esta manera, la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez –como funcionario que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derecho constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política” Entonces, debe concluirse, en realidad, el ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria no permite al juzgador acogerse a un sistema de libre convicción. Aún más, a partir de los deberes de fundamentar que se imponen y, a la luz de lo interpretado en la jurisprudencia constitucional, lo está sujetando a las reglas de la sana crítica, en el tanto, debe procurar un razonamiento lógico y acorde a la experiencia humana intersubjetiva para justificar lo que dispone. Por falta de sujeción al derecho común, según regula el propio precepto, habrá de entenderse que, a diferencia de los procesos civiles, no habrá prueba tasada alguna. En ese tanto, cuando se acuse una indebida valoración probatoria, por parte de los jueces agrarios, en realidad se estará acusando la inobservancia a las reglas de la lógica y de la experiencia, que informan el correcto entendimiento humano, al momento de fundamentar su convicción.” (Véase sentencia no. 712, de las 15 horas 15 minutos del 26 de setiembre de 2005, lo subrayado no corresponde al original)". Conforme al sistema de valoración de la prueba dispuesto en el artículo 54 citado, se procederá a analizar lo agraviado, subrayando en la disciplina agraria existe un sistema de ponderación propio, el cual se encuentra relacionado con los principios que inspiran el proceso agrario. Otro dato para considerar es inadmisible el análisis separado de las probanzas; debe hacerse en conjunto; motivo por el cual es improcedente, como pretende la Procuraduría quejosa, analizar las declaraciones de manera solitaria sin considerar la totalidad del acervo probatorio. De tal forma se arriba a la misma conclusión del órgano judicial de instancia en cuanto hay coincidencia y armonía entre las pruebas. Por un lado, las declaraciones son claras en cuanto al tiempo de conocer al promovente y su relación posesoria en el fundo. Si bien quienes rindieron declaración cuando eran infantes de diversas edades, es creíble puedan dar cuenta de la posesión, se complementan, no son contradictorias entre sí y se armonizan con la documental constante en autos. En cuanto a [Nombre6]   es quien tiene menor tiempo de conocer la heredad, sin embargo como se comentó profusamente en líneas anteriores con la valoración conjunta de las probanzas se logra comprobar una posesión 10 años antes de la creación de la Reserva Forestal Los Santos. En el pliego inicial se afirmó haber recibido mediante la fe de juramento adquirió el bien de su padre en una donación en el 2013, que fue hasta el año 2018 que se hizo el instrumento (ver hecho quinto en cuadro 2 en modo PDF). Esa situación no significa que el lapso en que se ejercieron actos de posesión entre el 2013 a 2018 no puedan aprovecharse, pues de la testimonial se desprende con claridad que la posesión se realizó. Un dato importante en la ponderación de la prueba, producto de un correcto entendimiento del sistema imperante en materia agraria, es comprender la forma en que se dan las relaciones en las zonas rurales. Normalmente sin verbales pues impera un régimen axiológico basado en creencias religiosas y culturales. De ahí es dable hasta tiempo después las partes, al contar con asesoría para realizar el trámite de información posesoria, en que describieran que tenía que constar en documento público. Lo relevante es que se convalida el acto, lo cual es admisible en nuestro ordenamiento jurídico, como paso en este asunto. El documento consta en imagen 12 con lo cual se corrobora la formalidad exigida para la donación y aprovechar esa posesión anteriormente ejercida, para completar el lapso señalado en la legislación. Con la testimonial se corrobora y armoniza con la cadena de transmisión que debe probar la persona gestionate, sin que exista duda al momento de creación de la reserva forestal el derecho de propiedad se había consolidado. Razón por la cual ha de tenerse por cumplido el requisito de fondo de la presente información posesoria. c. Respecto al tema de la posibilidad de los particulares de inscribir bienes cubiertos por bosques ubicados en terrenos no titulados, estima esta Sede considera que si es posible titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se hubieran cumplido los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables, (al respecto se puede consultar la sentencia Nº 51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). El numeral sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias, fue modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575, autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante el presente trámite. Al respecto, esta Cámara ha resuelto lo siguiente: “Dicha norma, en lo referente a las propiedades con bosque, ubicadas fuera de las áreas silvestres protegidas, señala: "... Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios." La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y la delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios”, (Tribunal Agrario, sentencia número 573-F-09). De igual forma, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó nuevamente la consulta de constitucionalidad contra el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias realizada por este Tribunal, bajo expediente EXPN1, quedando vigente tal norma y sus efectos. d. Por último, se considera que la posesión ejercida no violenta las normas de la legislación agroambiental de nuestro país. En el reconocimiento judicial, específicamente sobre la protección de las zonas adyacentes a los afluentes se destaca en el archivo 5, la descripción del río Pedregoso, el cual se observó con buena delimitación y está protegido con árboles de roble, ciprés y naturaleza del lugar. En el registro número 11, se describe sobre la quebrada sin nombre. Se explicó, es un accidente geográfico de la propiedad, atraviesa la propiedad entre el [Dirección6]    , nace en el terreno, es de poco afluente, el relieve es quebrado, en relación con la cobertura boscosa, hay una extensión entre cinco a diez metros a cada lado, en donde se notan árboles de gran altura y vegetación típica de la zona. De lo anterior se desprende existe cobertura boscosa apta para un accidente geográfico de tal naturaleza. Exigir una cobertura mayor a la relacionada es desproporcionado y un obstáculo innecesario para que la persona justiciable pueda titular. No se denota exista una lesión al ambiente y por tal razón es dable aprobar la información posesoria.

POR TANTO:

 Se revoca la sentencia venida en alzada. En su lugar, se rechazan las presentes diligencias de información posesoria promovidas por [Nombre1]  . Hay voto salvado de la jueza Díaz Bolaños.

 

 

 

	

	

 




	

???????????????

3LMDVAPIQR061

[Nombre15]   - JUEZ/A DECISOR/A

	




???????????????

VUIGHDTUSNU61

[Nombre16]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

???????????????

RF9AWJXUWFK61

[Nombre17]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN2

II Circuito Judicial San José, [Dirección7] ,     , [Dirección8]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:37:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENT:

EXP N2 - 7

PROCEEDING:

POSSESSORY INFORMATION

PROMOTED BY:

[Name1]

VOTE No. 00115-F-2022

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours twenty-five minutes on the thirtieth of January two thousand twenty-two.-

POSSESSORY INFORMATION promoted by [Name1], of legal age, married, farmer, resident of Copey de Dota, identity card CED1 - - . The INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal entity number CED2 - - , represented by its general judicial attorney Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, twice divorced, attorney, resident of San Ramon, identity card CED3 - - , bar number twenty-one thousand three hundred forty-two, appeared as a party; PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by licensed attorney Susana Fallas Cubero, of legal age, married, attorney, identity card CED4 - , , in her capacity as deputy procurator. Licensed attorney Sandra Navarro Marín, bar number fifteen thousand nine hundred ninety-two, acts as special judicial attorney of the promoter. Processed before the Agrarian Court of Cartago.

Drafted by Judge López Barrantes; and,

WHEREAS:

I. DETAIL OF PROCEEDINGS: 1.- Mr. [Name1] requests that the land described as follows be registered in his name in the Public Registry of Real Property: Land of pasture and forest nature, located in Vuelas, [Address1], , of the province of SAN JOSÉ; bordered on the North: by a public road with a frontage of eight hundred thirty-six meters and forty-eight centimeters; on the South: by a stream (Quebrada) with Guillermo Rodríguez Badilla on the other side; on the East: by MINAE, Cerro Vueltas; on the West: by Enid Delings Fuentes.- It measures: THREE HUNDRED TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY-SIX SQUARE METERS AND TWENTY-FOUR SQUARE DECIMETERS; described according to cadastral map number SJ-2224664-2020.- (see initial petition and map incorporated on 08/17/2018 04:25:23, and 09/30/2020 11:43:11. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Cartago, initial complaint incorporated on 08-17-2018 04:25; and base map incorporated on 03/14/2019 01:52; first instance judgment 10/14/2021 15:27). 2.- The Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Rural were duly notified and appeared in the process. (See virtual desktop of the Agrarian Court of Cartago, briefs incorporated on 07/29/2019 02:37 and 10/01/2019 003:22, 11/12/2020 04:06:06, 11/18/2020 04:31:57, 04/29/2021 07:50:58, 08/11/2021 03:13:41, 10/05/2021 01:03:12, respectively). 3.- The Edict was duly published in the official gazette La Gaceta number one hundred thirty-three, July sixteenth, two thousand nineteen. (see resolution incorporated on 01/19/2021 10:42.) 4.- Judge Silvia Elena Sánchez Blanco, of the Agrarian Court of Cartago, in judgment number 2021000204, issued at fifteen hours twenty-seven minutes on October fourteenth, two thousand twenty-one, resolved: "THEREFORE: Based on the foregoing, in accordance with LAW OF POSSESSORY INFORMATION No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, these POSSESSORY INFORMATION proceedings promoted by [Name1], of legal age, married, farmer, identity card CED5 - ; resident of Copey de Dota, ARE APPROVED.- Let the PUBLIC PROPERTY REGISTRY, Real Estate Section, proceed to register in his name, without prejudice to third parties with superior rights and with the legal limitations stated below, the property detailed as follows: Land of pasture and forest nature, located in Vuelas, [Address2], [Address3] DOTA, of the province of SAN JOSÉ; bordered on the North: by a public road with a frontage of eight hundred thirty-six meters and forty-eight centimeters; on the South: by a stream (Quebrada) with [Name2] Badilla on the other side; on the East: by MINAE, Cerro Vueltas; on the West: by [Name3].- It measures: THREE HUNDRED TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY-SIX SQUARE METERS AND TWENTY-FOUR SQUARE DECIMETERS; described according to cadastral map number SJ-2224664-2020.- Property that was valued at the sum of five million colones, since it has met all the requirements established for that purpose by the Law of Possessory Information. Let the certification of this judgment serve to register the cited property in the Property Registry.- Said registration must be made warning its holder that the right-of-way of the public road bordering the property to be titled is fourteen meters wide, for which reason it is subject to the limitations established in article 4 of the General Law of Public Roads and 19 subsection 'a' of the Law of Possessory Information. Also articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of the Law of Possessory Information and 1, 2, 7 and 25 of the Law of Agrarian Jurisdiction as well as the limitations contained in articles 33, subsection b) and 34 of the Forest Law (Ley Forestal) Number 7575, whereby the area contiguous to watercourses is a protection area, the cutting or elimination of trees being prohibited, and the Water Law (Ley de Aguas), articles 1 subsections a and b, subsection N, and 3, subsection III, since the channel and waters of these watercourses are public domain, as well as the surface and underground waters existing on the property, which do not form part of the farm; as well as because it is located entirely within the Los Santos Forest Reserve.- Once this resolution is final, issue the respective executorial decree and archive the present matter". (see virtual desktop of the Agrarian Court of Cartago, first instance judgment incorporated on 10/14/2021 14:56). 5.- The Procuraduría General de la República filed an appeal with an express indication of the reasons it relies on to refute the lower court's thesis (see virtual desktop of the Agrarian Court of Cartago, brief incorporated on 10/22/2021 06:01).

II.- The Tribunal upholds proven fact one, but modifies it so that the map number is correctly read as 1-2224864-2020. Proven facts two and three are admitted. Proven fact four is not upheld; and facts listed five through thirteen are adopted, being well supported in the record. Proven fact fourteen is added by this instance, in the following sense: The promoting party has not respected the total setback corresponding to the stream (quebrada) that has its spring (nace) on the property to be registered (see land-use suitability study (estudio de uso de suelos), attached to the initial brief of the proceedings and file 11 of the judicial inspection (reconocimiento judicial), incorporated into the electronic file on April 26, 2021).

III.- For this instance, the following is not proven: That the holder has accredited a possessory exercise for more than ten years, prior to the creation of the Los Santos Forest Reserve.

IV.- APPEAL: The Procuraduría General de la República, through a brief added to the electronic file on October 22, 2021, filed an appeal against the first instance judgment, under number 2021000204, issued at fifteen hours twenty-seven minutes on October fourteenth, two thousand twenty-one, based on the following arguments: 1- It mentions that the appealed judgment held proven in proven fact four that Mr. [Name1] has exercised a derivative possession (posesión derivada) for over sixty years over the base land of these proceedings, despite the fact that, it argues, the testimonial and documentary evidence gathered in the file is insufficient to prove the derivative possession prior to the year 1975, on account of the property being affected as a result of the creation of the Los Santos Forest Reserve. It states that the holder affirmed in fact five of the initial brief of these proceedings that he obtained the land to be registered from his father, that is, Mr. [Name4], in the year 2013; however, it points out that the donation was made only on April 26, 2019. In that regard, it mentions that the appealed decision held proven in fact two that the holder acquired the property on April 26, 2018; therefore, it questions that this occurred 43 years after the protected wild area, the Los Santos Forest Reserve, was created. It indicates that regarding real estate, verbal donation is not feasible, and for that reason, in its opinion, the donation is null and void (it cites Vote 218-2008, of this Tribunal, as well as 583-2004, of the First Chamber). In its estimation, it argues that testimonial evidence is useless to prove a transfer of ownership (acto traslativo de dominio) of real estate, and even if the donation had been made, it argues it would be null because it includes public demesne assets (bienes demaniales) that are outside commerce. It questions that the challenged judgment recognizes the holder sixty years of derivative possession, based on deed number 86, volume 7, of the protocol of notary public Sandra Navarro Marín, which, it argues, is improper. It attacks that in said deed, granted in the year 2018, the appearing party [Name4] claimed to transfer to his son, the promoting party, possession for over sixty years. For that reason, it disagrees because it argues that the statements of the grantor are not valid to prove the alleged age of possession. Likewise, it explains that in the challenged decision, it was held proven that the holder's father bought the land from Mr. [Name5], through deed CED6 of volume 80 of the protocol of notary Álvaro Torres Vicenzi, whose uncertified copy was brought to the record. Based on the foregoing, it argues that this document states it was granted on May 30, 1979, that is, 4 years after the Los Santos Forest Reserve was created. In its opinion, there can be no possession of an asset subject to the public domain and the act of transfer would be absolutely null as it involves assets outside commerce. Furthermore, it argues that in that deed Mr. [Name4] allegedly bought a plot of land of barely 21 hectares, that is, 10 hectares less than what is now being sought to be titled, and there would be no identity with the property subject to this proceeding, nor could it be presumed to the detriment of the environmental public interest that protected wild areas hold. It cites that the transfer deeds cannot serve to prove the exercise of possession, since, it argues, they only serve to ratify the legal transaction that took place; in addition, it argues that it is not feasible to consider possession proven with the information provided by the parties (it cites Vote 352-2012, of this Tribunal). Regarding the statements of the witnesses, it refutes that they were not clear, because it mentions they limited themselves to saying a list of people who were alleged owners of the land, but, it mentions, the time and possessory acts were not indicated (it brings up Vote 1058-2020, of this Chamber). On that point, it argues that witness [Name4] did not refer to the number of structures on the land, and affirms he has not gone back to walk the farm for a long time. In its judgment, said statement is not suitable since he does not visit the land and is a relative of the holder. Regarding witness [Name6], it mentions that despite having known the land since 1966, he declared he did not know how long the holder has possessed the land, nor whether he has had problems with squatters or extracts timber. It indicates they objected to those aspects before the lower court; however, it complains they were not appreciated or analyzed. 2- It mentions that the current proceedings were approved without verifying the exercise of ecological possession (posesión ecológica). It cites that in the land-use conformity certification (certificación de uso conforme de suelos), it was proven that 12.93% of the land is dedicated to a "silvopastoral" system. In the same sense, it argues that the ocular inspection (inspección ocular) recorded that on the property there are pastures made for dairy cattle, cows for milking, and livestock grazing. It considers that these possessory acts are contrary to the protection of natural resources (it mentions this Chamber's Vote number 836-2016). Similarly, it mentions that, since the land to be titled is immersed in a protected wild area, it presents high hydrological fragility. It cites the report UEN-GA-2020-00061 from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. It argues that, even if there is no water harvesting for public supply, the water resource must be protected. In its opinion, ecological possession includes all the natural resources present on the land. 3- Protected wild areas are public domain assets and are not suitable for acquisitive prescription (usucapir). In this argument, it cites the judgment of the Constitutional Chamber number 16975-2008. 4- It argues that the appealed judgment records a map number that does not correspond to the one processed in the possessory information. On this point, it indicates that judgment 2021000204 states in its whereas clauses and operative part that the land to be registered is described with map SJ-2224664-2020, which is not the one used in this proceeding. This is evident from reading the map in the record and from the query made to the Real Estate Registry database. Finally, it requests that the current proceedings be disapproved.

V.- Since grievances one and two are linked, this Tribunal will address them jointly. The appellant is correct with respect to grounds one and two of the appeal. From this instance's review of the file, it was proven that the property to be registered is indeed located one hundred percent within the Los Santos Forest Reserve, as confirmed in the certification issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, number SINAC-D-ACC-0747-2018 (incorporated into the electronic file on October 23, 2018), which was created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 5389-A, of October 12, 1975. Thus, the holder must prove the exercise of possession ten years before the creation of said Decree, that is, prior to the year 1965, based on the provisions of article 7 of the Law of Possessory Information. Now, given these legal rules, it is appropriate to analyze the evidence offered and gathered in the file to verify whether or not the provisions of that legal precept are met. In that sense, the grievance raised by the State's representation revolves around its indication that the appealed judgment considered the holder's possessory exercise for over sixty years in relation to the property to be registered as proven, even though it questions that both the testimonial and the documentary evidence gathered are insufficient to prove such derivative possession before 1975, due to the property being affected by the creation of the Los Santos Forest Reserve. Under that argument, it is necessary to point out that article 6 of the Law of Possessory Information provides the following: "The justification of possession shall be accredited with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located, who shall be asked since when they have known the farm, if they can attest that it has been subjected by the holder or by previous owners to possession for a continuous period of no less than 10 years, if that possession has been public, peaceful and under concept of owner and what acts it has consisted of. Likewise, the Judge shall question the witnesses ex officio or at the request of a party, on any other data considered of interest to prove the possession. All of the foregoing shall be done without the need for a prior questionnaire formulated by the interested party". According to that rule, this Tribunal understands that for the accreditation of the possessory exercise, testimonial evidence has special relevance, given that, since the possessory information proceeding is a non-contentious judicial activity, the promoting party must comply with the provisions established in the law to obtain the title claimed in the proceedings. Based on the foregoing, the holder offered the testimonies of [Name7], [Name4] and [Name6]. In the case of witness [Name7], he declared he is seventy-three years old. He mentioned he came to live in the Copey area at the age of three. He declared he has known the property to be registered for seventy years. He explained the people who have been owners of the land, that is, first Mr. [Name8], who transferred it to [Name9], then Mr. [Name9] transferred the property to [Name10], and he transferred it to his brother [Name11]. He indicates that Mr. Dago transferred the property in question to [Name4], and that person donated it to his son, the holder [Name1]. He determined that the property is used for dairy farming and planting agricultural crops. For his part, witness [Name4] declared he is seventy-seven years old. He says he was born in 1944, in Copey. He has always lived in the district. He stated he has known the land for sixty years when the owner of the property was [Name8]. He says it later belonged to "[Name12]". Subsequently, he says he sold it to [Name13], father of the holder, and he in turn donated it to the promoter. He does not remember how long ago Mr. [Name4] donated the land to his son. He explained that the property is used for agricultural activity and also some cows are kept on the site. Witness [Name6] declared in the evidentiary hearing that he is sixty-two years old. He said he is a resident of Dota. He stated he first knew the property in the year 1966. That is, after the property was affected by the creation of the Los Santos Forest Reserve. He says that when he knew the property it belonged to Mr. [Name14]. Then he recounted that the land in question was acquired by his father [Name10], who then sold it to his brother [Name5]. He continued declaring that Mr. [Name5] transferred the property to [Name4], who is the promoter's father. Then he explained that Mr. [Name4] transferred the property to the holder of these proceedings. However, he declared he does not know how long ago this transfer took place. Article 6 of the Law of Possessory Information regulates the following: "The justification of possession shall be accredited with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located, who shall be asked since when they have known the farm, if they can attest that it has been subjected by the holder or by previous owners to possession for a continuous period of no less than 10 years, if that possession has been public, peaceful and under concept of owner and what acts it has consisted of. Likewise, the Judge shall question the witnesses ex officio or at the request of a party, on any other data considered of interest to prove the possession. All of the foregoing shall be done without the need for a prior questionnaire formulated by the interested party". According to this legal precept, in order to prove possession in a possessory information proceeding such as the one before us, which is non-contentious in nature, the promoting party must demonstrate the exercise of said possession through the declaration of three witnesses, with this appellate body understanding that, if the provisions of the rule are not fully complied with, such possession would not be proven. In this case, in the opinion of the majority of this Chamber, it is not a matter of weighted evidence (prueba tasada), but a legal requirement. It cannot be overlooked that we are dealing with a possessory information proceeding where the promoting person must strictly comply with the requirements set forth by law, and in the particular case, cardinal number 6 under examination establishes, as previously stated, that possession in these matters must be proven by the declaration of three witnesses. Thus, together with that requirement, the same law provides for other requirements that the person must meet in order to achieve the registration of the property; otherwise, the titling request must be denied. Furthermore, as already indicated, since this case is a non-contentious proceeding, in which a series of mandatory requirements must be punctually met, the judge must verify that these have been fulfilled exactly as intended by the law. And in the case of the required testimonial evidence, the aforementioned article 6 of the Law of Possessory Information expressly indicated that the declaration of witnesses who met the characteristics stated therein must be fulfilled, not just any testimonial evidence to be received, but the rule is clear in specifying not only the quantity but also the conditions and the aspects these three witnesses must punctually address, without this having to be understood as a case of weighted evidence, given that the requirement of the 3 witnesses is part of the mandatory list of requirements to be fulfilled. The rule does not refer to testimonial evidence in general as to consider just one or two witnesses to be sufficient, but rather, like the rest of the formal requirements required, they must be fulfilled exactly as they are requested. Note that within this type of process, the main task of the judge is to review whether all the requirements to be submitted have been met, and if even one of them is lacking, the possessory information must be deemed unproven, without any requirement being able to be omitted by making a global evidentiary assessment, since the requirements to be met are specific and clear. Under this analysis, it can be established that of the three witnesses offered, only two knew the property in question before the year 1965, the year in which the property was affected by the creation of the Los Santos Forest Reserve. Therefore, the State's representation is correct regarding the claim made concerning the demonstration of possessory exercise before the property to be titled was affected.

VI.- Regarding the claim made concerning that ecological possession has not been exercised on the property, the State's representation is correct. In that sense, article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) provides: "The following are declared protection areas: a) Areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams (quebradas) or brooks, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters, if the terrain is steep". The wording of this rule contains special protection for areas bordering permanent springs, river banks, streams, brooks, according to the conditions of the terrain, whether flat or steep. That is, the effect established therein has a general scope and is due to the necessary conservation of, on the one hand, the water resource, which may be affected if the provisions of the legal rule are not respected, and on the other hand, it aims to provide safety to people due to eventual natural disasters resulting from physical, chemical, and biotic factors of the land, whose alteration by humans can cause degradation, increasing desert areas and risks for people. In the same sense, the Water Law (Ley de Aguas), number 276, stipulates: "It is prohibited to destroy, both in national forests and in those of private individuals, trees located less than sixty meters from springs that originate on hills, or less than fifty meters from those that originate on flat terrains". Regarding this precept, the First Chamber of Cassation has ruled on the matter and stated: "As observed, the rule does not distinguish between permanent and intermittent springs, so it would not be appropriate to make such a differentiation when applying it. This is a typical limitation of public interest (article 45 of the Political Constitution), which like others provided for in various normative bodies of the legal system, has evolved the concept of limits to private property, in pursuit of real and effective protection of the constitutional guarantee (article 50 of our Political Constitution) of a healthy and ecologically balanced environment. Nor does the precept distinguish between public domain waters and private domain waters. The rule only refers to waters, that is, water resources in general, so the citation of articles 1 to 4 of Law no. 276 is not pertinent to the case. Hence, this Chamber does not consider that the Tribunal violated the canon whose erroneous interpretation and application is alleged, by establishing that there is legal protection for intermittent springs". Based on the foregoing, in the case under examination, this Tribunal observes that in the land-use suitability study (estudio de uso de suelos) incorporated into the electronic file on August 17, 2018, it was stated: "This property is affected by the Forest Law (Ley Forestal), article 33, and by the Water Law (Ley de Aguas) No. 276 and its amendments. The Pedregoso River and a stream (quebrada) to the [Address4] of the property are located in a forested sector, complying with the setback (retiro). Not so the stream (quebrada) that 'has its spring' (nace) on the property, which partially complies with the setback. These streams apparently are seasonal." Furthermore, in the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted in the process, which is incorporated into the electronic file on April 26, 2021, in files numbered five and eleven, the Court provided a description of the watercourses crossing the land to be titled. In file five, it stated that the Pedregoso River showed good delimitation, being protected with oak trees, cypress, and natural vegetation typical of the area. In file eleven, the judge indicated that regarding the unnamed stream (quebrada) located on the property in question, she described that it is a geographical feature on the property, it crosses the property between the [Address5], has its spring (nace) on the land, has little flow, describes the area as steep terrain, and regarding the forest cover (cobertura boscosa), she explained there is an extension of between five and ten meters on each side, where she noticed tall trees and typical vegetation of the area.

Based on those evidentiary elements gathered in the case file, this Court concludes that due protection has indeed not been provided in relation to the water affluent that originates on the property, as the protection required under the terms of articles 33 of the Forest Law (Ley Forestal) and 276 of the Water Law (Ley de Aguas) has not been carried out. Although it is true that in report UEN-GA-2020-00061, issued by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), incorporated into the electronic case file on January 15, 2020, it was mentioned that on the property or in its surroundings, no type of water catchment or extraction for human consumption that affects any communal system was recorded, it did detail that the land has a high hydrological fragility since it is located in the upper section of the Pedregoso River sub-basin of the Parrita basin, in addition to the existence of surface water bodies bordering the property (unnamed creek) and the Pedregoso River that crosses the property, and because it is situated in the Los Santos Forest Reserve (Reserva Forestal Los Santos). Based on the reasons given, this Chamber concludes that the natural resources have not been protected based on the possessory activity that has been developed on the property, with the title holder not exercising an ecological possession (posesión ecológica) that safeguards said resources. This being the case, the first grievance of the appeal filed by the State must be admitted.

 VII.- Having admitted the first and second grievances of the appeal, it is unnecessary to address the remaining claims raised by the State. This being the case, the lower court's decision insofar as it admitted these proceedings must be reversed, and instead, the same must be rejected.

 VIII.- Dissenting vote of Judge Díaz Bolaños: I separate from the majority opinion, as I consider the contested judgment should be confirmed. a. The substantial reason for this opinion lies in the manner in which the evidence was weighed. It is considered that, when interpreting numeral 6 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), it is analyzed as if it were a system of atrial proof (prueba tasada). In other words, as if the statements of the witnesses must be analyzed separately from the entire body of evidence. It must be kept in mind that the substantive requirements of the possessory information (información posesoria) must be subjected to examination, starting from the initial petition (memorial inicial) and all those documents provided by the petitioner, because, unlike other legal bodies, the cited law gives them the weight of being given under oath (artículo 3 ibid.). They are not spontaneous assertions as the Code of Civil Procedure indicates; this is an important evidentiary element. The valuation of evidence starts from there. All other evidentiary elements must be clearly aligned with that petition and the subsequent ones, in such a way that the documentary evidence (land-use studies, registry certifications, copies of identity cards, neighbor petitions, interested third-party petitions, public or private documents proving the right sought to be recognized, cadastral plans, documents issued by public institutions, among many others), together with the judicial inspection and the testimonial evidence must be weighed as a whole. Particular attention must be paid to this situation when dealing with those properties located within any type of protected wilderness area. It is also imperative to remember that the Law of Possessory Informations is a procedure to issue an unregistered interest that is registrable in the Public Registry, which, according to the wording of the first canon of that legal body, the judgment recognizes an acquisitive prescription (usucapión) right that the petitioner already possesses, which was consolidated before filing the process and fulfilling the requirements of article 856 of the Civil Code, which is a change of vision in that law, a reason why the thesis of public domain status (demanialidad) that has been sought to be upheld in countless cases is absolutely inappropriate. For this reason, the decision is deemed harmful due to its effect on numerals 45 and 50 of the Political Constitution, by not weighing the body of evidence as a whole, situating itself in the context of the wilderness area where the property to be titled is located due to the historical moment of the creation of that zone. Added to the foregoing is not resolving all the grievances, and the manner of weighing the evidence ventures into the pretermission of evidence. According to what was explained by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, the scope of the pretermission is as follows: “XI. - This Chamber has expressed that pretermission of evidence occurs: “[…] when the judges totally or partially fail to consider the evidence provided to the case file. This implies ignoring the value that the law grants it, and as such, constitutes an error of law. From the foregoing, it follows that ignoring a demonstrative element, duly provided and with an impact on the lite, will constitute that error. This is because an inaccurate representation of the factual picture of what happened and was debated in the process can be perceived, with the mediate breach that this implies regarding the substantive right applied to the specific case” (Vote number 771-F-S1-2011 at 13 hours 30 minutes of June 30, 2011, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). b. In accordance with article 7 of the Law of Possessory Informations, to obtain an unregistered interest registrable title through a judgment ordering it, for land affected by a management category, a series of requirements must be met. Due to the foregoing, through testimonial evidence and the acquisition document provided, in case of intending to take advantage of the possession of the transferors (article 1 ibid.) together with the remaining evidence, it must be demonstrated that the possession of the title holder and their transferors is known, at least ten years before the creation of that protected wilderness area according to the date of the decree creating the zone. The Law of Possessory Informations establishes in ordinal 6 of the cited law the manner of demonstrating the possession in processes of this nature and in that regard it states: "The justification of possession shall be accredited with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located, who shall be asked since when they have known the farm, if they are certain that it has been subjected by the title holder or by previous owners to possession for a continuous period of not less than 10 years, if that possession has been in a public, peaceful manner and under concept of owner, and in what acts it has consisted. Likewise, the Judge shall question the witnesses ex officio or at the request of a party, on any other data considered of interest to prove the possession. All the foregoing shall be done without the need for a prior questionnaire formulated by the interested party." On the other hand, the seventh canon indicates that, in case the parcel is located within a protected wilderness area, the suitable possession to be proven must be at least for a term of ten years prior to the creation of the respective management category. Therefore, the integral valuation of all the evidence appended to the case file is mandatory, because agricultural processes are governed by the system of free valuation (libre valoración) in accordance with article 54 of the Law of Agricultural Jurisdiction (Ley de Jurisdicción Agraria). It is convenient to mention that the referred article establishes the system for weighing evidence in agricultural matters. It is timely to point out about this method what was explained by the First Chamber of the Supreme Court of Justice through decision number 60-2011 at 9 hours 15 minutes of January 27, 2011: "Pursuant to numeral 54 of the LJA, in agricultural matters, evidence must be weighed “conscientiously and without strict subjection to the rules of common law, but, in all cases, when analyzing the result of the evidence gathered in the process, it must express the principles of equity or law on which it bases its criterion.” For its part, mandate 61 ibid determines “The Court of Cassation, when assessing the evidence and resolving the case, shall be governed by the provisions of article 54 and, in general, by the principles that inform this law.” Regarding this matter, this Chamber indicated: “IV. In the sub júdice the discussion revolves around a specific point: the appreciation of the evidentiary material, regarding which of the parties breached the contract. The manner in which judges must appreciate evidence has varied throughout the history of Procedural Law. In a first stage, prior to the nineteenth-century codifications, one started from a atrial proof system to discern on the demonstrative force of each element. Thus, the law beforehand imposed value on each evidence, without the judge having the possibility to decide, by themselves, which elements better informed their conviction to resolve the specific case. In that way, specific means were required to demonstrate each right, varying their quantity around each one, as well as establishing, a priori, discriminations on declarants based on their gender, age, profession or social class. That system was overcome in the Spanish Civil Procedure Law of 1855, which served as a basis for the procedural codes of Latin America, including Costa Rica. In said Hispanic legislation, the model of appreciating demonstrative material in light of the rules of sound criticism (sana crítica) was adopted. It is the intermediate figure between legal evidence and free conviction. Based on sound criticism, the judge can reach conviction by themselves about the certainty of the facts on which their decision is based, through their own valuation, but this is not entirely free, rather it is subject to the norms of formal logical thought and, simultaneously, to human experience. On this point, doctrine has expressed, especially Couture, that the judge is not a reasoning machine, but, essentially, a human being who takes knowledge of the world around them and knows it through their sensitive and intellectual processes. Sound criticism is, in addition to logic, the correct appreciation of certain propositions of experience that every person uses in life. Therefore, the judicial authority will be tasked with appreciating the evidence with a proper logical concatenation and, additionally, under the circumstances of their environment, observed through experience. The purpose of the foregoing is that the judge may not only rely on their discretion, but must base, on logic and experience, the grounds for their conviction. This, furthermore, will allow the superior, if the judgment is challenged, to review whether the criteria of the a quo were subject to such rules of correct human understanding. A third system is that denominated as free conviction. In this one, what the judge decides need not necessarily be subject to the evidence provided by the parties to the process. It could even be resolved against the proven facts and be grounded solely on the private knowledge of the judge. It will suffice that they affirm having the moral certainty that the facts happened in such a way, without being required the logical development of their reasoning. The Costa Rican Code of Civil Procedure is framed within a hybrid between the rules of sound criticism and atrial proof. Such a conclusion is drawn from precept 330, as well as from various regulations, remnants of the previous system, regarding the value of demonstrative means such as confession, public instruments, documents that prevail over testimonial declarations, and the impossibility of proving some facts only with the latter. On the other hand, the Law of the Agricultural Jurisdiction, in its article 54, second paragraph, provides the following: “When resolving on the merits of the case, the judge shall appreciate the evidence conscientiously and without strict subjection to the rules of common law, but, in all cases, when analyzing the result of the evidence gathered in the process, must express the principles of equity or law on which their criterion is based.” Although, due to similarity of terminology, in principle, it could be interpreted that it conforms to the free conviction system, in reality it is not so, because the norm itself orders the judge to give arguments of law or equity to justify their appreciation. Likewise, there was a pronouncement on the subject when the Constitutional Chamber, in its judgment no. 11932 at 15 hours 37 minutes of November 21, 2001, explained that evidence cannot be valued at the mere discretion of the judicial authority. Rather, said numeral 54 obliges them to “...analyze the result of the evidence gathered in the process and express the principles of equity or law on which their criterion is based; thus respecting the minimum contents of the right of defense.” Said Chamber, in the cited vote, refers to its judgment no. 4448 at 9 hours of August 30, 1996, where it expressed: “In this manner, the appreciation of evidence in conscience does not imply resolving arbitrarily, because every judge – as a public official they are – is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of adequacy of public action, not only to the specific norms on a determined object, but to the entire block of legality; therefore, they cannot rule with contempt for constitutional principles and rights, since they are limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which, properly applied, lead to the harmony of jurisdictional appreciation with the Political Constitution” Then, it must be concluded, in reality, ordinal 54 of the Law of Agricultural Jurisdiction does not allow the judge to adopt a free conviction system. Furthermore, based on the duty to state reasons that is imposed and, in light of what was interpreted in constitutional jurisprudence, it is subjecting them to the rules of sound criticism, in that they must ensure a logical reasoning consistent with intersubjective human experience to justify what is ordered. Due to lack of subjection to common law, as the precept itself regulates, it must be understood that, unlike civil processes, there shall be no atrial proof whatsoever. In that regard, when an improper evidentiary valuation is alleged against agricultural judges, in reality what is being alleged is the non-observance of the rules of logic and experience, which inform correct human understanding, at the time of stating grounds for their conviction.” (See judgment no. 712, at 15 hours 15 minutes of September 26, 2005, the underlined text does not correspond to the original)". According to the system for weighing evidence set forth in the cited article 54, we will proceed to analyze the grievances, underlining that in the agricultural discipline there is its own weighing system, which is related to the principles that inspire the agricultural process. Another fact to consider is that the separate analysis of the evidence is inadmissible; it must be done as a whole; a reason why it is improper, as the complaining Attorney General's Office intends, to analyze the statements in isolation without considering the entirety of the evidentiary body. In this way, one arrives at the same conclusion as the trial court in that there is coincidence and harmony among the evidence. On the one hand, the statements are clear as to the duration of knowing the petitioner and their possessory relationship with the parcel. Although those who gave statements when they were children of various ages, it is credible that they can account for the possession; they complement each other, are not contradictory among themselves, and are harmonized with the documentary evidence contained in the case file. Regarding [Name6], this person is the one who has known the property for the least amount of time, however, as was extensively commented in previous lines, with the joint valuation of the evidence, it is possible to prove possession 10 years before the creation of the Los Santos Forest Reserve (Reserva Forestal Los Santos). It was affirmed in the initial petition that it was received under oath that the person acquired the property from their father in a donation in 2013, and that it was not until 2018 that the instrument was made (see fifth fact in box 2 in PDF mode). That situation does not mean that the period in which possessory acts were exercised between 2013 and 2018 cannot be utilized, because it clearly emerges from the testimonial evidence that possession took place. An important fact in weighing evidence, resulting from a correct understanding of the system prevailing in agricultural matters, is to understand the manner in which relationships occur in rural zones. Normally non-verbally, because an axiological regime based on religious and cultural beliefs prevails. Hence, it is admissible that the parties did not describe until later, upon obtaining advice to carry out the possessory information procedure, that it had to be recorded in a public instrument. The relevant issue is that the act is validated, which is admissible in our legal system, as happened in this matter. The document appears in image 12, which corroborates the formality required for the donation and take advantage of that previously exercised possession, to complete the period indicated in the legislation. With the testimonial evidence, it is corroborated and harmonized with the transmission chain that the petitioner must prove, without there being any doubt that at the moment of the creation of the forest reserve, the property right had been consolidated. Reason for which the substantive requirement of this possessory information must be considered fulfilled. c. Regarding the issue of the possibility for private individuals to register properties covered by forests located on untitled lands, this Court considers that it is possible to title unregistered lands with forest cover (cobertura forestal) inside or outside protected wilderness areas, provided that the legal requirements demanded in the diverse applicable normative bodies have been met (regarding this, one can consult judgment Nº 51 at 15 hours 15 minutes of May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). The seventh numeral of the Law of Possessory Informations was modified when the current Forestry Law 7575 was issued and expressly authorized the titling of forested real estate through this procedure. In this regard, this Chamber has resolved the following: “Said normative, in reference to properties with forest, located outside of protected wilderness areas, indicates: "... Farms located outside those areas and having forests may only be titled if the petitioner demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clean lanes." The constitutionality of said normative and of the interpretation given at some point by this Tribunal was questioned on constitutional grounds, an action that generated the issuance of vote 4587-97 of the Constitutional Chamber, precisely cited by the appellant. In said vote, the Chamber declared the constitutionality of the normative, maintaining its validity. Given this situation, the appropriate course in this case is to confirm what was resolved by the Judge, as the petitioner has accredited compliance with the requirements set by that article, namely: ten-year possession, protection of the natural resource, and the delimitation of the property by means of fences or clean lanes”, (Agrarian Tribunal, judgment number 573-F-09). Likewise, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice again rejected the constitutional query against the seventh article of the Law of Possessory Informations made by this Tribunal, under case file EXPN1, remaining said normative and its effects in force. d. Finally, it is considered that the possession exercised does not violate the norms of the agro-environmental legislation of our country. In the judicial inspection, specifically regarding the protection of zones adjacent to affluents, the description of the Pedregoso River is highlighted in file 5, which was observed with good delimitation and is protected with oak trees, cypress, and natural vegetation of the place. In record number 11, the unnamed creek is described. It was explained that it is a geographic feature of the property, crosses the property between [Dirección6], originates on the land, is of little flow, the relief is broken; regarding the forest cover, there is an extension between five to ten meters on each side, where tall trees and typical vegetation of the zone are noticed. From the foregoing, it follows that there is forest cover suitable for a geographic feature of such nature. Requiring a greater cover than that related is disproportionate and an unnecessary obstacle for the petitioner to obtain title. It is not denoted that there is harm to the environment, and for that reason, it is feasible to approve the possessory information.

THEREFORE:

 The judgment that is the subject of this appeal is reversed. In its place, the present possessory information proceedings initiated by [Name1] are rejected. There is a dissenting vote by Judge Díaz Bolaños.

 

 

 

	

	

 




	

????????????????

3LMDVAPIQR061

[Name15] - DECISORY JUDGE

	



????????????????

VUIGHDTUSNU61

[Name16] - DECISORY JUDGE

	

 

	

????????????????

RF9AWJXUWFK61

[Name17] - DECISORY JUDGE



 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN2

II Circuito Judicial San José, [Dirección7] ,     , [Dirección8] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:37:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República