Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)IX.- En particular, cuando se trata de la exposición de los razonamientos de hecho de la sentencia, es necesario distinguir, la fundamentación descriptiva de la fundamentación analítica o intelectiva. La primera consiste en una exposición, aún sucinta de la forma en que el Tribunal, conforme a los principios de oralidad, contradicción y particularmente de inmediación, logró la comprensión de lo que, quienes fueron admitidos como testigos, declararon durante el juicio, fase esencial del proceso. Para que la fundamentación descriptiva cumpla su función, es necesario que el Tribunal de Juicio se esmere en posibilitar a las partes, pero particularmente a las personas imputadas, la comprensión conceptual de lo declarado en el debate, tanto por las personas imputadas, los testigos y los peritos que eventualmente hayan intervenido. La fundamentación analítica, por su parte, es un razonamiento intelectivo en el que se realiza la valoración de los medios de prueba conforme a las reglas de la sana critica racional. Es en la fundamentación descriptiva donde se encuentra un defecto insubsanable del fallo recurrido: El Tribunal de Juicio, optó por procurar describir la prueba al mismo tiempo que intentaba realizar su valoración. En ese esfuerzo, se produce la fragmentación de las declaraciones a lo largo del Considerando 4, denominado “…Valoración de la prueba y análisis de fondo…”. Con ello, se difumina en distintos partes de dicho considerando la descripción de lo que dijeron testigos de cargo, como fueron los oficiales Leonardo Vargas Marín, Luis Alonso Aguilar Alvarado y Richard Mena Vargas. Esa fragmentación, impide la comprensión de la descripción, pues se pierde su unidad lógica y con ello se imposibilita el ejercicio adecuado del derecho de defensa, y por esa vía del principio constitucional del debido proceso, derivado del artículo 39 de la Constitución Política.
English (translation)IX.- In particular, when it comes to setting out the findings of fact in a judgment, a distinction must be drawn between descriptive reasoning and analytical or intellectual reasoning. The former consists of an account, even a succinct one, of how the court, in accordance with the principles of orality, adversarial procedure, and especially immediacy, came to understand what those admitted as witnesses stated during the trial, an essential phase of the proceedings. For descriptive reasoning to fulfil its function, the trial court must strive to enable the parties, but particularly the accused, a conceptual understanding of what was declared in the debate, both by the accused, the witnesses and any experts who may have intervened. Analytical reasoning, on the other hand, is an intellectual exercise in which the evidence is assessed according to the rules of sound critical reasoning. The descriptive reasoning contains an irremediable defect in the judgment under appeal: the trial court attempted to describe the evidence while simultaneously trying to assess it. In that effort, the testimonies were fragmented throughout Considerando 4, entitled "...Assessment of the evidence and substantive analysis...". As a result, the description of what the prosecution witnesses, such as officers Leonardo Vargas Marín, Luis Alonso Aguilar Alvarado and Richard Mena Vargas, said is scattered across different parts of that paragraph. This fragmentation prevents an understanding of the description, as it loses its logical unity, thereby making it impossible to properly exercise the right to defence, and thus the constitutional principle of due process, derived from Article 39 of the Political Constitution.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Resolución Nº 00051 - 2022 Fecha de la Resolución: 27 de Enero del 2022 a las 15:00 Expediente: 20-000023-0030-PE Redactado por: Kenneth Alvarado Aguirre Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con nota separada Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Fundamentación de la sentencia penal Subtemas: Necesario distinguir la fundamentación descriptiva de la fundamentación analítica o intelectiva. Fragmentación de las declaraciones al describir la prueba al mismo tiempo en que se realizaba su valoración. "IX.- En particular, cuando se trata de la exposición de los razonamientos de hecho de la sentencia, es necesario distinguir, la fundamentación descriptiva de la fundamentación analítica o intelectiva. La primera consiste en una exposición, aún sucinta de la forma en que el Tribunal, conforme a los principios de oralidad, contradicción y particularmente de inmediación, logró la comprensión de lo que, quienes fueron admitidos como testigos, declararon durante el juicio, fase esencial del proceso. Para que la fundamentación descriptiva cumpla su función, es necesario que el Tribunal de Juicio se esmere en posibilitar a las partes, pero particularmente a las personas imputadas, la comprensión conceptual de lo declarado en el debate, tanto por las personas imputadas, los testigos y los peritos que eventualmente hayan intervenido. La fundamentación analítica, por su parte, es un razonamiento intelectivo en el que se realiza la valoración de los medios de prueba conforme a las reglas de la sana critica racional. Es en la fundamentación descriptiva donde se encuentra un defecto insubsanable del fallo recurrido: El Tribunal de Juicio, optó por procurar describir la prueba al mismo tiempo que intentaba realizar su valoración. En ese esfuerzo, se produce la fragmentación de las declaraciones a lo largo del Considerando 4, denominado [...]" ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Fundamentación de la sentencia penal Subtemas: Sentencia es una unidad lógica jurídica que debe bastarse a sí misma. Innecesaria total transcripción de la prueba testimonial. "X.- Nota adicional: Los Jueces [Nombre1] y [Nombre2] , concurrimos con la decisión unánime expuesta, estimando importante hacer las siguientes precisiones en relación al caso particular que se resuelve: (i) Tal y como ha sido reconocido a nivel doctrinal y jurisprudencial, la sentencia constituye una unidad lógico jurídica, debiendo ser considerada en su integralidad y no de manera fraccionada, lo cual implica superar esquemas o formatos únicos. No obstante ello, la sentencia debe bastarse a sí misma, debiendo resultar posible conocer para cualquier lector todos aquéllos aspectos que fueron introducidos al debate y que constituyen la base probatoria objeto de análisis del tribunal de sentencia. Si bien es cierto, a nivel práctico los juicios quedan registrados normalmente en audio y vídeo, ello no justifica la omisión de introducir todos los elementos de juicio dentro de la sentencia. En lo que toca a la prueba testimonial, no es necesario una transcripción de todo lo manifestado por cada uno de los testigos, pero sí un resumen del contenido del testimonio, lo cual no se cumple con citar únicamente los extractos de la declaración que amparan la decisión del tribunal de sentencia. Este elemento juega especial relevancia en el caso que nos ocupa, puesto que los recurrentes [Nombre [Nombre3]] y [Nombre [Nombre4]], así como [Nombre [Nombre5]] y [Nombre [Nombre6]], se encontraron en prisión durante el plazo de impugnación de la sentencia, lo cual dificulta acceder a escuchar la prueba testimonial recibida en juicio para analizarla en relación a los argumentos que sustentan la decisión del tribunal, obstruyéndose de esta manera un ejercicio amplio de la defensa material como elemento integrante del debido proceso." ... Ver más Texto de la resolución Res: 2022-051 Exp: 20-000023-0030-PE Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. A las quince horas del veintisiete de enero de dos mil veintidós. Causa penal 20-000023-0030-PE seguida contra [Nombre1] , [Nombre1] , [Nombre2] y [Nombre3] , por el delito de Legitimación de capitales y otros en perjuicio de La Administración de Justicia y otros. Recursos de apelación de sentencia penal formulados por los Licenciados Guido Núñez Jarquín, en su condición de defensor particular de la encartada [Nombre3] ; Leonel Villalobos Salazar en calidad de defensor particular de los imputados [Nombre1] y [Nombre1] , así como de la endilgada [Nombre2] ; Gilberto Villalobos Zamora, en su condición de co-defensor de los sindicados [Nombre1] y [Nombre1] ; y Esteban Víquez Vargas, en representación del Ministerio Público; así como el interpuesto en su defensa material por los acusados [Nombre1] , [Nombre1] y [Nombre2] . Resuelven los jueces Kenneth Alvarado Aguirre, Adrián Cascante Mora y [Nombre4] Morales Chinchilla; RESULTANDO: 1. Que mediante sentencia 170-2021 de las quince horas dieciocho minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39, 41 y 50, de la Constitución Política, 8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941; 1045 y 1048 del Código Civil; Decreto de Honorarios de Abogado número 39078-JP, vigente al momento de los hechos; 221 y 222 del Código Procesal Civil; 1, 21, 22, 30,31,45, 49 a 51,57, 71 a 76, 227 inciso 2, 281 y 361 del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 37,38, 70,75,110,111 a 124,142,184, 200, 258, 265 a 270, 303, 306, 308, 341 al 368 del Código Procesal Penal; 1 y 3 incisos a) y d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 58, 69, 77 inciso f), 87,90,93 y 94, de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas, ley número 8204; 11, 33, 34, 58 inciso a) y b) y 61 inciso c) de la Ley Forestal número 7575, 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ley número 8754; por el resultado de los votos y por unanimidad se DECLARA a [Nombre1] , autor responsable de los delitos de INFRACCION A LA LEY FORESTAL en las modalidades de INVASIÓN EN ÁREA DE PROTECCION, APROVECHAMIENTO y TALA ILEGAL DE RECURSO FORESTAL Y CAMBIO DE USO DEL SUELO en concurso ideal CON EL DELITO DE USURPACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO, que a su vez concursan de manera material con el delito de PECULADO DE USO, E INFRACCIÓN A, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas en las modalidades de CULTIVO, PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE CANNABIS SATIVA CON FINES DE TRAFICO en forma AGRAVADA, que a su vez concursa de manera material con UN DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, LA SALUD PUBLICA, LA ADMINISTRACION PUBLICA y el ORDEN SOCIOECONOMICO, y en tal sentido se le impone UN AÑO DE PRISON POR LOS DELITOS DE INFRACCION A LA LEY FORESTAL en las modalidades de INVASIÓN EN ÁREA DE PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO Y TALA ILEGAL DE RECURSO FORESTAL Y CAMBIO DE USO DEL SUELO, en concurso ideal con USURPACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO; por el delito de PECULADO DE USO la pena de TRES AÑOS DE PRISON y DOCE AÑOS DE PRISIÓN por el delito de Infracción a Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas por CULTIVO, PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE CANNABIS SATIVA CON FINES DE TRAFICO EN LA FORMA AGRAVADA; Y DIEZ AÑOS POR EL DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES, para un total de VEINTISEIS AÑOS DE PRISIÓN. En cuanto al acusado [Nombre1] , se le impone la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION POR EL DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES. Se declara también a [Nombre2] , autora responsables del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES en perjuicio de EL ORDEN SOCIECONOMICO, en tal sentido se le impone el tanto de DIEZ AÑOS DE PRISION y un delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA y en tal carácter se le impone UN año de prisión para un total de ONCE AÑOS DE PRISION. Se declara también a [Nombre3] , autora responsables del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES en perjuicio de EL ORDEN SOCIECONOMICO, en tal sentido se le impone el tanto de DIEZ AÑOS DE PRISION y un delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA y en tal carácter se le impone UN año de prisión para un total de ONCE AÑOS DE PRISION. Penas que deberán descontar todos los imputados en los sitios y formas que determinen los respectivos reglamentos carcelarios previo abono de la preventiva sufrida. EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO UNIVERSAL DE IN DUBIO PRO REO, SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A [Nombre5] , por todos los hechos que le venía atribuyendo el Ministerio Público. Se fijan las costas de la querella en el monto de SEISCIENTOS MIL COLONES, las cuales están a cargo en forma solidaria del querellado. Se declara con lugar la Acción Civil Resarcitoria, incoada por el actor civil EL ESTADO, presentado por la Procuraduría General de la República (Procuraduría Penal), contra el demandado civil [Nombre1] , y en tal sentido se le condena al pago de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA COLONES(5.203,260,00), del daño ambiental, más los intereses legales apartir de la firmesa de esta sentencia y hasta su efectivo pago; Así como al pago de las costas, las cuales se fijan en UN MILLON CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS COLONES(1,040.652,00), a favor del estado. Se declara con lugar la Acción Civil Resarcitoria, incoada por la Procuraduría General de la República (Ética Pública) contra el demandado civil [Nombre1] , y en tal sentido se les condena en forma solidario al pago del daño social causado por el monto de CINCO MILLONES DE COLONES. Se declara con lugar el pago del daño material a los demandados civiles [Nombre1] y [Nombre1] EN ABSTRACTO más los intereses legales apartir de la firmesa de esta sentencia y hasta su efectivo pago, a favor del estado. Se condena a dichos demandados civiles al pago de ambas costas en abastracto a favor del estado, las cuales deberan de establecerse en la vía de ejecucion de sentencia. Se les advierte a los demandados civiles que, deberán proceder con el pago de dichos montos dentro de los quince días siguientes a la firmeza de la presente sentencia. En cuanto a los bienes que fueron decomisados, una vez firme la sentencia, se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de un vehículo marca Mitsubishi, estilo Montero Sport GLS, placas de circulación [Placa1], modelo 2016, Una romana color gris y blanco marca Ferton, con capacidad para 50 kilogramos, Una romana de tamaño mediana marca Detecto con un recipiente plástico de color blanco, Un celular (DM29) color negro, con borde gris, marca Huawei, Un teléfono celular (DM14) marca BlackBerry, color azul, CED1 y tarjeta SIM Claro. Una computadora portátil (PC01) marca Toshiba, con su cargador, serie 8B054359Q, setenta y seis mil cuatrocientos colones exactos(76.400), decomisados al condenado [Nombre1] . Comuníquese mediante oficio al Instituto Costarricense sobre Drogas. Una vez firme la sentencia se ordena la devolución de los siguientes bienes: una motocicleta, marca Yamaha, estilo XTZ125E, placa de circulación [Placa2] se dispone su devolución a su propietario registral el imputado [Nombre5] y de ciento cuarenta mil colones exactos a favor de la condenada [Nombre3] . Se ordena mantener en custodia de este despacho en el deposito de objetos devolver a la Sección Especializada en Cibercrimen los siguientes indicios:Un dispositivo de almacenamiento marca Kingstone, color negro de 64Gb de capacidad, rotulado “63”. Un disco duro marca Toshiba, serie 5589H94ASTZ5, capacidad de 2TB y cuatro reportes de respaldo. Una vez firme la sentencia se ordena la destrucción de la siguiente evidencia: Tres bolsas plásticas, conteniendo bolsas plásticas de tamaño medio, y un rollo de plástico, para sellar al vacío, Un trozo de cinta tapagoteras, color gris con negro. Cuatro bolsas plásticas transparentes, de empaque al vacío con una leyenda que dice "Food Saver". Una libreta de apuntes marca Kolbi, con anotaciones numéricas, con referencias a pisos con 21 folios. Quince folios de facturas de Ferretería Boston (indicio 10), 17 folios con las consultas del 16 al 32 de facturas de Ferretería Palmares (indicio 10), 14 folios con los consecutivos del 33 al 46 de facturas de Coopemadereros R.L (indicio 10), 11 folios con los consecutivos del 47 al 57 de facturas de Ferretería AVM (indicio 10), 75 folios con los consecutivos del 58 al 72 de facturas de varios comercios y ferreterías (indicio 10), tres folios con los consecutivos del 73 al 75, con recibos por dinero y facturas, todos a nombre de [Nombre1] (indicio 10). Una bolsa plástica embalada, lacrada y sellada, conteniendo dos trozos de papel, ambos con letras, números y nombres, escritos en color azul. Una bolsa plástica, rotulada, lacrada y sellada, conteniendo una factura, por recibo de dinero, de Motos del Sur, otra factura de Motos del Sur y un voucher de pago de seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Un folio de recibido de dinero y un cuaderno café, una bolsa plástica rotulada, sellada y lacrada, conteniendo documentación varia (recibos de pago a Wilba del Sur S.A). Una bolsa plástica, rotulada, sellada y lacrada, conteniendo dos folios, estado de cuenta orden patronal cédula CED2- . Una bolsa plástica rotulada, sellada y lacrada, conteniendo ocho cuadernos y documentación varia. Una bolsa plástica, rotulada, sellada y lacrada, conteniendo once vouchers, diez del Banco Nacional y uno de Mutual Alajuela y cinco recibos de dinero. Una bolsa plástica rotulada, sellada y lacrada, conteniendo un cuaderno color azul, marca Skipper. Una bolsa plástica, rotulada, sellada y lacrada, conteniendo una agenda de color rojo, y once vouchers del Banco Nacional. Una bolsa plástica transparente, conteniendo un recibo de transferencia de dinero, color amarillo, debidamente sellada y lacrada. Una bolsa plástica rotulada, sellada y lacrada conteniendo una agenda color café. Un folder color rojo con café, con el nombre de la empresa Veinsa Motors, el cual tiene una copia de solicitud de compra número 78726, a nombre de [Nombre3] de fecha 22 de marzo de 2016, del vehículo marca Mitsubishi, estilo Sport, color gris, y cuatro folios de copias de depósitos bancarios de diferentes entidades financierasUn libro de bitácora de puesto operativo, Estación Biológica Altamira, con doscientos folios, un libro de actas con doscientos folios, un ampo, rotulado informes de patrullajes, puesto Pittier, Un libro de bitácora puesto operativo, estación Biológica Altamira, que corresponde a una libreta de control de uso de vehículos de 35 folios, dos despegados, del vehículo 29-614.Una bolsa plástica, sellada y lacrada, conteniendo una boleta de control vehicular.Una bolsa cadena de custodia conteniendo una libreta de control vehicular "Control de uso de vehículos 29-733" de 20 folios. Una bolsa plástica sellada y lacrada, conteniendo un folder de color azul, con estampados de barcos, con apuntes varios y varios folios, una bolsa plástica transparente, conteniendo en su interior un celular (DM16) marca Blu Mol Life One XL, color negro con número de CED3 , con tarjeta SIM Kolbi y tarjeta de memoria marca Maxell cargador y batería, tapa posterior. Con base en lo que establece el artículo 258 del Código Procesal Penal, por un plazo de SEIS MESES que corren a partir de hoy nueve de abril del año 2021 al 09 de octubre del año 2021, se ordena la prisión preventiva de las condenadas [Nombre2] Y [Nombre3] . Se ordena el cese de todas las medidas cautelares vigentes en la presente causa dictadas contra [Nombre5] , por haberse dictado sentencia absolutoria en su favor, si otra causa no lo impide. Se ordena el levantamiento de la garantía real de hipoteca constituida a favor de La Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial, cédula jurídica: CED4, por la suma de Veinte millones de colones netos. Hipotéca que aparece inscrita bajo el Tomo: 2016, Asiento: 678180 Secuencia: 01, Subsecuencia: 0001, Consecutivo: 001, sobre la finca del Partido de de Puntarenas, inscrita en el Registro Nacional, bajo el sistema mecanizado de folio real, con matricula número:[Placa3]. Una vez firme la sentencia, inscríbase en el Registro Judicial y envíense los testimonios de estilo para el juzgado de ejecución de la pena y el Instituto Nacional de Criminología, para lo de sus cargos. Es todo. [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , JUEZA Y JUECES DE JUICIO. (sic)." Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Alvarado Aguirre, y CONSIDERANDO: I.- Por cumplir las exigencias de ley, se conoce del recurso de apelación incoado por el licenciado Gilberto Villalobos Zamora, en favor de los imputados [Nombre1] y [Nombre1] ; El licenciado Leonel Villalobos Salazar, en su condición de defensor particular de los acusados [Nombre1] , [Nombre1] y [Nombre2] ; el licenciado Guido Núñez Jarquín, defensor particular de la imputada [Nombre3] ; Los acusados [Nombre1] , [Nombre1] y [Nombre2] , en el ejercicio de su defensa material interponen apelación; y finalmente el licenciado Esteban Víquez Vargas, en su condición de representante del Ministerio Público, en contra de la sentencia número 170-2021, de las quince horas dieciocho minutos del nueve de abril del dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, mediante la cual se se declara a los acusados [Nombre1] , autor responsable de los delitos de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en las modalidades de INVASIÓN EN ÁREA DE PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO y TALA ILEGAL DE RECURSO FORESTAL Y CAMBIO DE USO DEL SUELO en concurso ideal CON EL DELITO DE USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO, que a su vez concursan de manera material con el delito de PECULADO DE USO, E INFRACCIÓN A, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas en las modalidades de CULTIVO, PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE CANNABIS SATIVA CON FINES DE TRAFICO en forma AGRAVADA, que a su vez concursa de manera material con UN DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, LA SALUD PUBLICA, LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA y el ORDEN SOCIOECONÓMICO, y en tal sentido se le impone UN AÑO DE PRISIÓN POR LOS DELITOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en las modalidades de INVASIÓN EN ÁREA DE PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO Y TALA ILEGAL DE RECURSO FORESTAL Y CAMBIO DE USO DEL SUELO, en concurso ideal con USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO; por el delito de PECULADO DE USO la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y DOCE AÑOS DE PRISIÓN por el delito de Infracción a Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas por CULTIVO, PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE CANNABIS SATIVA CON FINES DE TRAFICO EN LA FORMA AGRAVADA; Y DIEZ AÑOS POR EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, para un total de VEINTISÉIS AÑOS DE PRISIÓN. En cuanto al acusado [Nombre1] , se le impone la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN POR EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. Se declara también a [Nombre2] , autora responsables del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio de EL ORDEN SOCIOECONÓMICO, en tal sentido se le impone el tanto de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN y un delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA y en tal carácter se le impone UN año de prisión para un total de ONCE AÑOS DE PRISIÓN. Se declara también a [Nombre3] , autora responsables del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio de EL ORDEN SOCIOECONÓMICO, en tal sentido se le impone el tanto de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN y un delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA y en tal carácter se le impone UN año de prisión para un total de ONCE AÑOS DE PRISIÓN.- II.- La audiencia oral para conocer el contenido de los recursos de apelación planteados por las partes se celebró a partir de las las diez horas once minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno. En la Sala de debates número seis del edificio de los Tribunales de Justicia de Cartago, se constituyen, mediante la plataforma Microsoft Teams, los jueces Kenneth Alvarado Aguirre (quien preside), Marco Mairena Navarro y Jaime Robleto Gutiérrez. Por medio del mismo mecanismo tecnológico, participan los licenciados Leonel Villalobos Salazar y Gilberto Villalobos Zamora, en calidad de defensor y co - defensor respectivamente de los encartados [Nombre1] y [Nombre1] , y de la imputada [Nombre2] ; el licenciado Guido Núñez Jarquín, en su condición de defensor particular de la encausada [Nombre3] ; así como el licenciado Julián Martínez Madriz en representación del Ministerio Público, quien se encuentra presente en la sala. Todas las personas privadas de libertad en esta causa intervinieron también mediante la plataforma Microsoft Teams, desde el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz ([Nombre1] y [Nombre1] ) y el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera ([Nombre2] y [Nombre3] ), donde permanecen recluidos. En razón de que el sistema de internet, dejó de funcionar, se programó la continuación al ser las ocho horas treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno, momento en el que constató la participación de la totalidad de las partes. III.- En primer motivo de apelación presentado por el licenciado Gilberto Villalobos Zamora, en favor de los imputados [Nombre1] y [Nombre1] . Alega el defensor que, se repiten los yerros señalados por el voto 2019-438 emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago de las diez horas con trece minutos del diecisiete de setiembre del año dos mil diecinueve, incurriendo en ausencia de fundamentación descriptiva de la sentencia, por omitir consignar los relatos de la prueba testimonial recabada en debate. Indica que, el Tribunal de [Nombre9] no hace un adecuado ejercicio de fundamentación descriptiva, ya que la resolución no contiene una explicación lógica o muestra razones por las cuales el grupo redactor, decidió no dejar constando en la sentencia nada de lo declarado por los testigos que se recibieron en el debate. Señala que, los testigos solo deben declarar sobre los hechos que el tribunal de segunda instancia estaba solicitando aclarar y corregir, y no debían referirse a aspectos que ya quedaron zanjados en la anterior sentencia. Informa que, la ausencia de la declaración de los testigos en la sentencia, ha imposibilitado que la defensa logre analizar aspectos trascendentales como la aplicación del principio de derivación probatoria, esto por cuanto, se limita la posibilidad de los imputados de leer las razones de hecho y derecho por las cuales se les condenó, imposibilitando la defensa técnica y material, al no poderse examinar si, además de los datos seleccionado por el Tribunal de Sentencia, podrían extraerse otros datos de la declaración de los testigos que favorezcan su condición de responsabilidad penal. Deja claro que, la ausencia de la referencia testimonial afecta 3 aspectos: la revisión de la correcta aplicación del principio de derivación probatoria, al no poder cotejar si lo indicado en el apartado de fundamentación intelectiva, es dentro del contexto correcto dentro del cual declaró el testigo; el análisis sobre la aplicación correcta de los concursos en la comisión del delito, por cuanto, a través de la prueba testimonial, se puede recrear de manera más cercana, las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se ejecutaron las conductas castigadas.- En su segundo motivo, el defensor reclama ausencia fundamentación jurídica de la sentencia, por inobservancia de lo ordenado en la resolución 2019-438 del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, amen que, se dispuso ejecutar un correcto análisis, sobre la aplicación de los concursos en la comisión del delito, todo esto al determinar que no existía la claridad necesaria sobre qué figura debería aplicarse de manera individual y en conjunto por las criminalidades tenidas como cometidas por [Nombre1] y [Nombre1] , no obstante, la nueva integración del Tribunal Penal, no tomó en cuenta que no se estaba en un juicio de reenvío, para valorar nuevamente la participación de los acusados en los hechos o no, sino que era para el desarrollo del análisis sobre la figura correcta aplicable a cada una de las conductas que la sentencia 21-2019, había definido como cometidas. Acusa que, en la nueva sentencia existe la misma falencia en cuanto a explicar la aplicación o no de las figuras de concurso ideal, material y el concurso aparente de normas, argumentando que este último ni siquiera fue considerado por la nueva integración del Tribunal de Juicio. Denuncia ausencia en el apartado de fundamentación intelectiva de la sentencia, una sola línea que trate el tema de la absorción de los delitos que como medio o camino hacia la consecución del fin inicial perseguido por los autores. Hace ver referencia al fin ulterior y primordial por el cual [Nombre1] y [Nombre1], decidieron infringir el ordenamiento jurídico, si ésta era la actividad de trasiego de marihuana, esto como mecanismo lícito para la obtención de ganancias económicas importantes, sin análisis lo necesario a cerca de si en el recorrido del delito trajo consigo, la posible comisión de otras criminalidades que dentro del plan de autor resultaron necesarias para la consumación del ilícito original. Señala que faltó establecer si distintos autores, muchos condenados desde la primera sentencia, aportaron ingredientes y funciones significativas para el fin en común del concierto criminal, sin mencionarse si la discusión debía de centrarse sobre las circunstancias de comisión de los delitos a fin de definir si los imputados cometieron los ilícitos achacados dentro de una unidad de acción, delito continuado o dentro de figuras delictivas absorbida dentro de una conducta criminal de mayor relevancia. Finalmente, hace ver que en el apartado de la sentencia dedicado a la determinación de existencia de delito, es insuficiente y no explica de forma satisfactoria las razones por las cuales el Tribunal nuevamente determina y clasifica las conductas tenidas como probadas, dentro de los concursos ideales y materiales, por ello, existe insuficiente razonamiento jurídico, respecto a la explicación necesaria del por qué se aplicó la figura del concurso ideal, para ciertas conductas y solamente se modificó a concurso material para otras.- En su tercer motivo, el defensor denuncia ausencia de fundamentación descriptiva e intelectiva jurídica de la determinación de responsabilidad de [Nombre2] y [Nombre1] , por el delito de Legitimación de Capitales. Alega que en el caso específico de la criminalidad de legitimación de capitales, el Tribunal de Sentencia, afecta la labor de la defensa técnica y material, por cuanto, menciona en sus razonamientos, el dicho de Silvia Castro Quesada, quien como testigo y abogada que, dirigió y consignó ciertos actos notariales, sin embargo, la misma falencia de la pieza sentenciadora, sobre la no transcripción de la totalidad de los testimonios, causa que los relatos sesgados transcritos, dejen múltiples dudas sobre las verdaderas circunstancias, en que, se desarrollaron las acciones de Legitimación de Capitales, correspondientes a las hipotecas que sobre las propiedades pertenecientes a [Nombre1], se acusaron como propias del delito de encubrimiento ilícito de bienes, en contra de [Nombre1] y [Nombre2]. Finaliza señalando que, dentro de los principales aspectos no tocados en el análisis de la conducta de legitimación de capitales, es si [Nombre2] tuvo animus, conocimiento y voluntad de legalizar dineros de origen ilícito, resultaba necesario definir de manera irrefutable que, esa era una condición plenamente consciente de [Nombre2], y que además conocía la ilicitud de su acción, acreditado el conocimiento y voluntad, con el que [Nombre2] se presentaba a Farosa a cambiar cantidades de dinero, que a pesar de que era moneda extranjera, no es un indicio suficiente para comprobar la presencia de elementos subjetivos y objetivos que el tipo penal requiere. IV.- El licenciado Leonel Villalobos Salazar, en su condición de defensor particular de los acusados [Nombre1] , [Nombre1] y [Nombre2] , presenta recurso de apelación. En su primer motivo de apelación, alega violación e inobservancia del derecho de defensa y debido proceso, toda vez que, no se observó lo ordenado por el Tribunal de Apelación de Cartago, por cuanto no se realizó el juicio de reenvío, sino un nuevo juicio.- Indica en su reclamo que, la acusación por venta de drogas, es un asunto zanjado, resuelto, terminado y en el debate no se podía emitir resolución alguna al respecto, ello con base con el principio de cosa juzgada y de seguridad jurídica, por cuanto, el Tribunal de Juicio, estaba imposibilitado de conocer cualquier asunto relacionado con la venta de drogas, y se preocupó por establecer la existencia de una organización delictiva con la participación en ella de [Nombre4], Manuel, [Nombre1], [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] y [Nombre16] , aspecto ya resuelto por el Tribunal de Juicio, y confirmado, por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, aspecto que produce sentencias contradictorias dictadas por un mismo Tribunal, con integración diferente. Deja ver que, producto de la primera sentencia y la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, la venta de drogas no se acreditó en esta causa, sin embargo, señala que, en esta sentencia que se apela, se tiene por demostrada la distribución, el comercio, el suministro, transporte y venta de drogas ilícitas, aspectos que generan sentencias contradictorias, entre la sentencia número 21-2019 del Tribunal de juicio y la número 2019-438 del Tribunal de Apelación de Sentencia. Amén de lo anterior los señores Manuel Vargas, [Nombre4] Vargas, Luis Tenorio, Jhon Tenorio, Rafael Castro, Ronny Sandí, Mario Beita y [Nombre16] , no estuvieron presentes en el debate, razón por la cual, no pudieron ejercer su derecho a la defensa técnica y material respecto a la acusación por venta de drogas, la cual el tribunal tiene por acreditada en sentencia, cuando ésta nunca se demostró, considerando que existe cosa juzgada, respecto a los imputados. Alega con relación al acusado [Nombre1] , que conforme se acredita de manera clara en la resolución número 2019-438 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, y en como se estableció en la sentencia número 21-2019 del Tribunal de juicio, la responsabilidad penal de [Nombre1], por infracción a la ley de psicotrópicos, en la modalidad de transporte de droga, por lo cual, se le impuso la pena de ocho años de prisión y dos años por el delito de asociación ilícita. Informa que el Tribunal de Juicio inobservó lo resuelto, por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, y en su lugar, realizó un nuevo debate, sobre el caso de [Nombre1] , tendiente a demostrar, su participación en el delito de infracción a la ley de psicotrópicos, en la modalidad de cultivo de marihuana, encontrándole culpable, y, le aumenta la pena a 12 años de prisión, contrariando con ello lo ordenado en la resolución número 2019-438, que declaró la ineficacia del concurso aplicado, de la pena fijada, por los delitos de transporte de droga y asociación ilícita, argumenta que [Nombre1] está siendo juzgado por los mismos hechos, sobre los cuales existe una sentencia firme, siendo que el tribunal sólo tenía competencia para fijar el monto de la pena, con relación a ambos delitos, que produce que la sentencia carezca de la fundamentación, respecto a la participación de [Nombre1] en los delitos de Infracción a la ley forestal, en las modalidades de invasión en áreas de protección, aprovechamiento ilegal de recurso forestal, cambio de Uso de suelo, peculado de uso y usurpación de bienes de dominio público. Critica que la sentencia parte de un hecho no demostrado para probar la participación de [Nombre1] en los delitos referidos, y por ello, carece de fundamentación, pues se violenta el principio de derivación lógica, en el tanto que se basa en la relación de una serie de indicios anfibológicos y equívocos los cuales no permiten arribar al grado de certeza requerido para el dictado de una sentencia condenatoria. Señala que en este caso concreto la condenatoria, se basa en el análisis de conversaciones entre terceros, en las que se menciona a [Nombre1], sin que dichas conversaciones resulten contestes con otros elementos de prueba, y concluye que [Nombre1] participó en la plantación de marihuana, porque los oficiales de investigación realizan una interpretación del lenguaje utilizado en las intervenciones telefónicas, y a partir de una valoración sesgada y malintencionada qué realiza el Tribunal de la voz de [Nombre1]. Finaliza, señalando que la sentencia, aplica incorrectamente los principios de la prueba indiciaria, parte de hechos no demostrados, de indicios anfibológicos y equívocos para arribar que se tiene por acreditado la participación de [Nombre1] en los delitos forestales, peculado de uso y usurpación de bienes de dominio público.- Con relación a [Nombre1] , fustiga que pese a que se acredita de manera clara, en la resolución 2019-438 del Tribunal de Apelación de Sentencia, el delito de drogas no fue acreditado, tampoco su participación en el delito de legitimación de capitales, indicando que necesariamente, debía acreditarse que el dinero, provenía de la actividad acusada del cultivo de droga y no en ningún otro delito grave no acusado, pues ello violentaría en principio de correlación entre acusación y sentencia. Argumenta que el Tribunal Penal, debió analizar, si el dinero que supuestamente legitiman los imputados proviene del cultivo de droga, situación que no se logró acreditar en la sentencia recurrida, por cuanto según las reglas de la lógica y la experiencia, esa plantación, tenía de cinco a seis meses de haber sido cultivada, debiéndose analizar, si las acciones ejecutadas por [Nombre1], respecto al delito de legitimación de capitales, fueron a partir de si la plantación estuvo en producción, y refiere que las intervenciones telefónicas de 22 de abril del año 2016,11 y 4 de junio, la plantación de marihuana, no estaba produciendo y no había generado ingreso, así como tampoco, para los días 18, 26 de mayo, 6 y primero de julio, calificando la conclusión del Tribunal de Juicio como temeraria con relación al acusado [Nombre1]. Continúa el apelante señalando que en el caso específico de [Nombre2] , no se estableció en sentencia que las supuestas acciones ejecutadas por la imputada respecto al lavado de dinero, se enmarquen dentro del período en que la plantación de marihuana estuviera en capacidad de producción, por cuanto, la imputada constituyó, una hipoteca el día 21 de octubre del año 2014, fecha para la cual la plantación no producía, por lo que califica de carente de la debida fundamentación. Finalmente, el apelante señala que los dictámenes químicos de la droga, no establecieron el contenido de thc del material decomisado, no se establece en grado de certeza que se haya puesto en peligro el bien jurídico tutelado de la salud pública, debiendo demostrarse de manera conclusiva y no presuntiva, mediante un dictamen o análisis de laboratorio, que la droga posee capacidad efectiva, de poner en peligro el bien jurídico tutelado de la salud pública, ello por cuanto, la sentencia basa la condenatoria, sobre los resultados de la droga, contenido en el dictamen número DCF:2106-04106, el cual establece por parte de la sección de química analítica que no se puede determinar el grado de pureza del material de la planta cannabis sativa. Señala que dicha falencia, no permite establecer si se trata de marihuana o cáñamo, tampoco permite establecer por esta misma razón si se puso en peligro el bien jurídico tutelado de la salud pública requisito indispensable para establecer si se infringió o no la ley de psicotrópicos, por cuanto, no se logra establecer, sí dicho material alcanza un 1% de concentración, 10% o 20%.- V.- El licenciado Guido Núñez Jarquín, en su condición de defensor particular de la imputada [Nombre3] , en su primer motivo de apelación, señala inconformidad por violación a la norma procesal contenida en el artículo 363 inciso a) del Código Procesal Penal, al no cumplirse con la firma de los Jueces. Informa que al día nueve de abril del 2021, se cerró el debate, fue dictada la parte dispositiva de la sentencia, señalando para el día 16 de abril para la lectura integral, siendo que en esta fecha solo firmaron dos de los jueces propiamente Jofrey Salas Fuentes y Maureen Castillo Vargas, sin que conste la firma del Juez Leonardo Brenes Gómez. En su segundo motivo de apelación, sustenta su queja con la determinación de los hechos tenidos por probados de la sentencia, al señalar a [Nombre3] , como parte de una organización criminal únicamente por la compra de un vehículo, el pago fraccionado, y lo expuesto por terceros en una llamada y mensaje de voz, sin que se logre establecer, el origen ilícito del dinero. En su tercer motivo de apelación, fundamenta su queja en la inconformidad con la determinación de los hechos tenidos por probados, específicamente el décimo cuarto, ya que, remiten el conocimiento y el origen ilícito del dinero a hechos posteriores a la compra del bien inmueble el 22 de marzo del 2016 propiamente el vehículo marca Mitsubishi modelo 2015, sin que exista prueba que compruebe, que el movimiento de dinero, por parte de [Nombre3] , para la compra del vehículo, ni que conociera el origen ilícito. En el cuarto motivo de apelación, el apelante reclama inconformidad en cuanto al análisis intelectivo y probatorio con relación a [Nombre3] , señalando que, para condenar, se basó en la forma de pago del vehículo, lo cual por sí solo, no constituye delito alguno. En el quinto motivo de apelación, fija su inconformidad, con la fijación de la pena, indicando que debió valorarse el estado de vulnerabilidad de [Nombre3] , por ser una persona joven, con preparación académica, y no posee juzgamientos, al mismo tiempo que padece de lupus, y su familia depende de ella. En el sexto motivo de apelación, se queja de la valoración del tribunal, al imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por carecer de fundamento. En el séptimo motivo de apelación, finca su queja con relación al comiso del vehículo, por cuento, la dueña registral, no autorizó el uso indebido del mismo, desconociéndose que se utilizará que se realizar acciones delictivas. El octavo y noveno motivo de apelación, señala el apelante, la inconformidad en cuanto a la incorporación de la prueba obtenida de forma ilegal y utilizada por el tribunal para sentenciar, propiamente la llamada incluida en el informe policial, sin número, que se encuentra en el tomo 2, al folio 953, que no está en el disco Master ni en la transcripción de llamadas. Finalmente, considera que permitió la comisión del delito, por parte de los funcionarios, que conociendo que estaban en presencia de un delito de acción pública, no iniciaron una investigación. - VI.- Los imputados [Nombre1] , [Nombre1] y [Nombre2] , interponen un único motivo de apelación, alegando falta de fundamentación descriptiva de la sentencia, por no existir transcripción alguna de las declaraciones de los testigos referidos, señalando que tal situación causa agravio, al no poder ejercer su defensa contra la sentencia condenatoria, esto por cuanto, no se permite atacar, lo que preguntaron los defensores a los testigos, fincando su queja en que solo se transcribe, la parte que le interesa el tribunal en la sentencia, versión sesgada y parcializadas que, utilizan para condenar, sin que se pueda demostrar a través de las preguntas de la defensa, se puede arribar a conclusiones diferentes. Echan de menos que, al no constar, el dicho de los testigos de la defensa, entre ellos la declaración de [Nombre17] , el cual, acreditó el origen de los fondos de los acusados, su dicho, no la han podido utilizar en su defensa, pues no está transcrita. VII.- El licenciado Esteban Víquez Vargas, en su condición de representante del Ministerio Público de Pérez Zeledón, interpuso recurso de apelación, denunciando en su primer motivo de apelación, inconformidad con la absolutoria dictada a favor de [Nombre5] , así como el monto y sustento de la pena impuesta, a los imputados [Nombre1] y [Nombre1] . Sustenta su queja por carencia de fundamentación intelectiva y razonada, por cuanto, éste, además de una función específica, dentro de la organización criminal, la cual consistió en la adquisición de un bien mueble de alto valor, ello con la finalidad de darle apariencia legítima al dinero obtenido como producto de las ganancias del narcotráfico, hecha de menos que el tribunal omitió aspectos que, no atendieron a las reglas de la sana crítica racional, sin que justificara el valor otorgado a los indicios de forma conjunta.- En el segundo motivo de apelación, alega inconformidad con la valoración de la prueba, por errónea fundamentación intelectiva y violación a las reglas de la sana crítica, por cuanto señala que, el Tribunal incurre, en errores graves, como que, si la suma de 2900 dólares, son una suma cuantiosa para el imputado, quien no reporta salario, no tiene dinero en cuentas bancarias, no participa en sociedades, no tiene bienes muebles, ni inmuebles inscritos a su nombre, y en la pericia de auditoría contable, la policía judicial, concluyó que su perfil económico no le permitiría adquirir bienes de ese valor económico, y finalmente con el dictamen de las copia número 024-lofos-2018, se realizó un levantamiento digital, lográndose comparar con las huellas dactilares de [Nombre5] , relacionándolo con la posesión de droga y el negocio ilícito que realizaba la organización. En su tercer motivo de apelación, reclama inconformidad con la determinación y la fijación de la pena, por cuanto, correspondía pronunciarse en sentencia sobre la fundamentación de pena de los imputados [Nombre1] y [Nombre1] por los delitos que fueron sentenciados en el primer debate y cuya responsabilidad está firme. No obstante, respecto al acusado [Nombre1] , el Tribunal de Juicio únicamente, se pronunció respecto al juicio de culpabilidad, que se estableció en su contra por el delito de legitimación de capitales, pero omitió pronunciarse sobre la fijación de la sanción penal respecto a todos los demás delitos cuya responsabilidad se encuentra firme. [Nombre18] en su queja que, con relación a [Nombre1] , no resulta de recibo que, habiendo realizado como auto legitimador, que tuvo tres testaferros dentro de la organización, le impusiese la misma sanción. - VIII.- Examinados los recursos de apelación de sentencia sometidos al conocimiento de este Tribunal, se concluye, que han de prosperar el primero y tercer motivo de apelación formulado por el licenciado Gilberto Villalobos Zamora, en representación de los acusados [Nombre1] y [Nombre1] ; el único motivo de apelación formulado por los acusados [Nombre1] , [Nombre1] y [Nombre2] , en el ejercicio de su defensa material, por las razones que de seguido se pasan a enunciar.- El Tribunal de juicio cuenta con una amplia discrecionalidad para estructurar la sentencia, la cual por imperativo ineludible del artículo 363 del Código Procesal Penal, siempre ha de contener los requisitos ahí establecidos. El inciso b), de la norma que se comenta establece una exigencia en torno a la documentación del voto de las Personas Juzgadoras en la forma en que fueron planteadas durante la deliberación. A tal fin, es necesario que se realice una exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se han fundamentado cada uno de los votos, claro está, sin perjuicio de la facultad que la norma otorga, para que las otras Personas Juzgadoras intervinientes, se adhieran a las consideraciones y conclusiones de quien votó en primer término. Este inciso en particular, debe ser sistemáticamente interpretado, con las exigencias del ordinal 142 del mismo cuerpo de leyes, particularmente, en cuanto a la necesidad de expresar los razonamientos de hecho y derecho en que se basan las decisiones judiciales. IX.- En particular, cuando se trata de la exposición de los razonamientos de hecho de la sentencia, es necesario distinguir, la fundamentación descriptiva de la fundamentación analítica o intelectiva. La primera consiste en una exposición, aún sucinta de la forma en que el Tribunal, conforme a los principios de oralidad, contradicción y particularmente de inmediación, logró la comprensión de lo que, quienes fueron admitidos como testigos, declararon durante el juicio, fase esencial del proceso. Para que la fundamentación descriptiva cumpla su función, es necesario que el Tribunal de Juicio se esmere en posibilitar a las partes, pero particularmente a las personas imputadas, la comprensión conceptual de lo declarado en el debate, tanto por las personas imputadas, los testigos y los peritos que eventualmente hayan intervenido. La fundamentación analítica, por su parte, es un razonamiento intelectivo en el que se realiza la valoración de los medios de prueba conforme a las reglas de la sana critica racional. Es en la fundamentación descriptiva donde se encuentra un defecto insubsanable del fallo recurrido: El Tribunal de Juicio, optó por procurar describir la prueba al mismo tiempo que intentaba realizar su valoración. En ese esfuerzo, se produce la fragmentación de las declaraciones a lo largo del Considerando 4, denominado “…Valoración de la prueba y análisis de fondo…”. Con ello, se difumina en distintos partes de dicho considerando la descripción de lo que dijeron testigos de cargo, como fueron los oficiales Leonardo Vargas Marín, Luis Alonso Aguilar Alvarado y Richard Mena Vargas. Esa fragmentación, impide la comprensión de la descripción, pues se pierde su unidad lógica y con ello se imposibilita el ejercicio adecuado del derecho de defensa, y por esa vía del principio constitucional del debido proceso, derivado del artículo 39 de la Constitución Política. Se reitera, que no se trata de la imposición de una forma de redacción particular, pues cada Órgano Jurisdiccional, puede escoger la forma que estime más conveniente, pero lo que no puede desconocer es el derecho que le asiste a los intervinientes de comprender íntegramente la sentencia y de ahí radica el vicio que amerita que los recursos planteados sean declarados con lugar, declarándose como su consecuencia la ineficacia total de la sentencia apelada y del debate que le antecedió, así como el cese de la medida cautelar de prisión preventiva de las condenadas [Nombre2] y [Nombre3] . - X.- Nota adicional: Los Jueces Cascante Mora y Morales Chinchilla, concurrimos con la decisión unánime expuesta, estimando importante hacer las siguientes precisiones en relación al caso particular que se resuelve: (i) Tal y como ha sido reconocido a nivel doctrinal y jurisprudencial, la sentencia constituye una unidad lógico jurídica, debiendo ser considerada en su integralidad y no de manera fraccionada, lo cual implica superar esquemas o formatos únicos. No obstante ello, la sentencia debe bastarse a sí misma, debiendo resultar posible conocer para cualquier lector todos aquéllos aspectos que fueron introducidos al debate y que constituyen la base probatoria objeto de análisis del tribunal de sentencia. Si bien es cierto, a nivel práctico los juicios quedan registrados normalmente en audio y vídeo, ello no justifica la omisión de introducir todos los elementos de juicio dentro de la sentencia. En lo que toca a la prueba testimonial, no es necesario una transcripción de todo lo manifestado por cada uno de los testigos, pero sí un resumen del contenido del testimonio, lo cual no se cumple con citar únicamente los extractos de la declaración que amparan la decisión del tribunal de sentencia. Este elemento juega especial relevancia en el caso que nos ocupa, puesto que los recurrentes [Nombre1] y [Nombre1] , así como [Nombre2] y [Nombre3] , se encontraron en prisión durante el plazo de impugnación de la sentencia, lo cual dificulta acceder a escuchar la prueba testimonial recibida en juicio para analizarla en relación a los argumentos que sustentan la decisión del tribunal, obstruyéndose de esta manera un ejercicio amplio de la defensa material como elemento integrante del debido proceso. (ii). Adicionalmente a lo indicado, debemos referir que en este caso concreto se ha verificado por parte de los suscritos la existencia de un agravio, que afecta el Derecho de Defensa, el Debido Proceso y la posibilidad que tiene este Tribunal de examinar la sentencia impugnada; algunos de los motivos alegados en los recursos de Apelación se relacionan con la forma en que el Tribunal abordó la declaración de los testigos en debate, ante objeciones directas de la Defensa Técnica de las personas imputadas; según se reclama el Tribunal de Juicio permitió una ampliación importante de sus declaraciones, cuando algunos temas habían sido vedados al ordenarse el juicio de reenvío por parte de esta misma Cámara con una integración diferente; ahora bien esta forma de redacción impide al Tribunal de Apelación de Sentencia valorar si efectivamente ocurre este vicio, al no tener datos concretos para valorar el testimonio de los testigos; esto precisamente sí genera un agravio al ejercicio del Derecho de Defensa, y a la posibilidad de control que el Tribunal de Apelación debe tener de la sentencia impugnada; como se indicó líneas arriba la misma debe ser una unidad lógica jurídica y debe bastarse a si misma para permitir conocer y valorar la argumentación utilizada para sostener la conclusión que se alcanzó por parte del Tribunal de Sentencia; si una de las partes intervinientes reclama un interrogatorio indebido de los testigos sobre temas que fueron, según se reclama, vedados para el Juicio de Reenvío, esta forma de estructurar la sentencia genera un agravio al impedir el control que debe realizar este Tribunal de la misma, frente a los motivos de impugnación de la defensa técnica y material. Por tanto: De conformidad con lo expuesto, se declaran con lugar el primero y tercer motivo de apelación formulado por el licenciado Gilberto Villalobos Zamora, en representación de los acusados [Nombre1] y [Nombre1] ; el único motivo de apelación formulado por los acusados [Nombre1] , [Nombre1] y [Nombre2] , en el ejercicio de su defensa material, y en consecuencia, se declara la ineficacia de la sentencia apelada, y del debate que le precedió, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal de origen para que, con una nueva integración se realice la nueva sustanciación. Por innecesario, se omite pronunciamiento con relación al resto de los motivos de apelación planteados. Se dispone el cese de la medida cautelar de prisión preventiva de las condenadas [Nombre2] , así como el cese del arresto domiciliario de [Nombre3] Notifíquese.- HKKL5LCKHNC61 KENNETH [Nombre19] - JUEZ/A DECISOR/A VQNK6MDKPUU61 ADRIAN [Nombre20] - JUEZ/A DECISOR/A XDUCSXM8DYE61 [Nombre4] [Nombre21] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 20-000023-0030-PE 1 Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:39:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Resolution No. 00051 - 2022 Date of Resolution: January 27, 2022 at 3:00 p.m. Case File: 20-000023-0030-PE Drafted by: Kenneth Alvarado Aguirre Type of matter: Appeal Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Decision with separate opinion Decisions in the same case file Decision with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: Criminal Procedural Law Topic: Reasoning of the criminal judgment Subtopics: Necessary to distinguish descriptive reasoning from analytical or intellective reasoning. Fragmentation of statements when describing the evidence at the same time as its assessment was being carried out. "IX.- In particular, when it comes to setting forth the factual reasoning of the judgment, it is necessary to distinguish descriptive reasoning from analytical or intellective reasoning. The former consists of a presentation, even a succinct one, of the manner in which the Court, in accordance with the principles of orality, contradiction, and particularly immediacy, achieved an understanding of what those admitted as witnesses stated during the trial, an essential phase of the proceeding. For descriptive reasoning to fulfill its function, it is necessary for the Trial Court to strive to enable the parties, but particularly the accused persons, to conceptually understand what was declared in the debate, by the accused persons, the witnesses, and any expert witnesses who may have intervened. Analytical reasoning, for its part, is an intellective exercise in which the assessment of the evidence is carried out according to the rules of sound rational criticism. It is in the descriptive reasoning where an irremediable defect of the appealed decision is found: The Trial Court opted to attempt to describe the evidence at the same time it was trying to assess it. In that effort, a fragmentation of the statements occurs throughout Considering 4, called [...]" ... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Type of content: Separate opinion Branch of Law: Criminal Procedural Law Topic: Reasoning of the criminal judgment Subtopics: A judgment is a logical-legal unit that must be self-sufficient. Unnecessary full transcription of testimonial evidence. "X.- Additional Note: Judges [Name1] and [Name2], concur with the unanimous decision set forth, deeming it important to make the following clarifications regarding the specific case being resolved: (i) As has been recognized at the doctrinal and jurisprudential level, the judgment constitutes a logical-legal unit, and must be considered in its entirety and not in a fragmented manner, which implies overcoming unique schemes or formats. Notwithstanding this, the judgment must be self-sufficient, and it must be possible for any reader to ascertain all those aspects that were introduced into the debate and that constitute the evidentiary basis under analysis by the sentencing court. While it is true that, at a practical level, trials are normally recorded in audio and video, this does not justify the omission of introducing all the elements for consideration within the judgment. With respect to testimonial evidence, a transcription of everything stated by each of the witnesses is not necessary, but a summary of the content of the testimony is, which is not fulfilled by citing only the extracts from the statement that support the sentencing court’s decision. This element is of particular relevance in the case before us, since the appellants [Name [Name3]] and [Name [Name4]], as well as [Name [Name5]] and [Name [Name6]], were in prison during the period for challenging the judgment, which makes it difficult to access and listen to the testimonial evidence received at trial in order to analyze it in relation to the arguments supporting the court's decision, thereby obstructing a full exercise of material defense as an integral element of due process." ... See more Text of the resolution Res: 2022-051 Exp: 20-000023-0030-PE Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. At three o'clock in the afternoon on January twenty-seventh, two thousand twenty-two. Criminal case 20-000023-0030-PE against [Name1], [Name1], [Name2], and [Name3], for the crime of Money Laundering (Legitimación de capitales) and others, to the detriment of the Administration of Justice and others. Appeals of criminal judgment filed by Attorney Guido Núñez Jarquín, in his capacity as private defense counsel for the defendant [Name3]; Leonel Villalobos Salazar in his capacity as private defense counsel for the accused [Name1] and [Name1], as well as for the accused [Name2]; Gilberto Villalobos Zamora, in his capacity as co-defense counsel for the accused [Name1] and [Name1]; and Esteban Víquez Vargas, representing the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público); as well as the appeal filed in their material defense by the accused [Name1], [Name1], and [Name2]. Decided by Judges Kenneth Alvarado Aguirre, Adrián Cascante Mora, and [Name4] Morales Chinchilla; WHEREAS (RESULTANDO): 1. That by judgment 170-2021 issued at three twenty-eight in the afternoon on April ninth, two thousand twenty-one, the Trial Court (Tribunal de Juicio) of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing, Articles 39, 41 and 50 of the Political Constitution, Article 8(2) of the American Convention on Human Rights, Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the rules in force on civil liability from the 1941 Criminal Code; 1045 and 1048 of the Civil Code; Attorney Fee Decree number 39078-JP, in force at the time of the events; 221 and 222 of the Civil Procedure Code; 1, 21, 22, 30, 31, 45, 49 to 51, 57, 71 to 76, 227 subsection 2, 281 and 361 of the Criminal Code; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 37, 38, 70, 75, 110, 111 to 124, 142, 184, 200, 258, 265 to 270, 303, 306, 308, 341 to 368 of the Criminal Procedure Code; 1 and 3 subsections a) and d) of the Organic Law of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República); 1, 58, 69, 77 subsection f), 87, 90, 93 and 94, of the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Unauthorized Drugs and Related Activities, Law number 8204; 11, 33, 34, 58 subsection a) and b) and 61 subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal) number 7575, 9 of the Law Against Organized Crime, Law number 8754; by the result of the votes and unanimously, [Name1] is DECLARED the responsible perpetrator of the crimes of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW in the modalities of INVASION OF A PROTECTED AREA (INVASIÓN EN ÁREA DE PROTECCION), EXPLOITATION (APROVECHAMIENTO) and ILLEGAL LOGGING OF FOREST RESOURCES (TALA ILEGAL DE RECURSO FORESTAL) AND LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DEL SUELO) in ideal concurrence (concurso ideal) WITH THE CRIME OF USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY (USURPACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO), which in turn materially concur (concurso material) with the crime of PECULATION OF USE (PECULADO DE USO), AND VIOLATION OF the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Unauthorized Drugs and Related Activities in the modalities of CULTIVATION (CULTIVO), PREPARATION (PREPARACIÓN), EXTRACTION (EXTRACCIÓN) AND TRANSPORTATION (TRANSPORTE) OF CANNABIS SATIVA FOR TRAFFICKING PURPOSES (CANNABIS SATIVA CON FINES DE TRAFICO) in its AGGRAVATED FORM (FORMA AGRAVADA), which in turn materially concurs with A CRIME OF MONEY LAUNDERING, committed to the detriment of THE NATURAL RESOURCES (LOS RECURSOS NATURALES), PUBLIC HEALTH (LA SALUD PUBLICA), THE PUBLIC ADMINISTRATION (LA ADMINISTRACION PUBLICA) and the SOCIOECONOMIC ORDER (EL ORDEN SOCIOECONOMICO), and in that sense, a sentence of ONE YEAR OF PRISON is imposed FOR THE CRIMES OF VIOLATION OF THE FORESTRY LAW in the modalities of INVASION OF A PROTECTED AREA, EXPLOITATION AND ILLEGAL LOGGING OF FOREST RESOURCES AND LAND-USE CHANGE, in ideal concurrence with USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY; for the crime of PECULATION OF USE, the penalty of THREE YEARS OF PRISON and TWELVE YEARS OF PRISON for the crime of Violation of the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Unauthorized Drugs and Related Activities for CULTIVATION, PREPARATION, EXTRACTION AND TRANSPORTATION OF CANNABIS SATIVA FOR TRAFFICKING PURPOSES IN THE AGGRAVATED FORM; AND TEN YEARS FOR THE CRIME OF MONEY LAUNDERING, for a total of TWENTY-SIX YEARS OF PRISON. As for the accused [Name1], the penalty of TEN YEARS OF PRISON IS IMPOSED FOR THE CRIME OF MONEY LAUNDERING. [Name2] is also declared the responsible perpetrator of the crime of MONEY LAUNDERING to the detriment of THE SOCIOECONOMIC ORDER, in that sense a sentence of TEN YEARS OF PRISON is imposed, and a crime of UNLAWFUL ASSOCIATION (ASOCIACION ILICITA) to the detriment of PUBLIC TRANQUILITY (LA TRANQUILIDAD PÚBLICA), and in that capacity a penalty of ONE year of prison is imposed for a total of ELEVEN YEARS OF PRISON. [Name3] is also declared the responsible perpetrator of the crime of MONEY LAUNDERING to the detriment of THE SOCIOECONOMIC ORDER, in that sense a sentence of TEN YEARS OF PRISON is imposed, and a crime of UNLAWFUL ASSOCIATION to the detriment of PUBLIC TRANQUILITY, and in that capacity a penalty of ONE year of prison is imposed for a total of ELEVEN YEARS OF PRISON. Penalties that all the accused must serve in the places and in the manner determined by the respective prison regulations, after crediting the preventive detention served. IN APPLICATION OF THE UNIVERSAL PRINCIPLE OF IN DUBIO PRO REO, [Name5] IS ABSOLVED OF ALL PENALTY AND LIABILITY for all the acts the Public Prosecutor's Office attributed to him. The costs of the complaint are set at the amount of SIX HUNDRED THOUSAND COLONES, which are jointly and severally borne by the respondent. The Civil Action for Compensation (Acción Civil Resarcitoria), brought by the civil plaintiff THE STATE, represented by the Attorney General's Office (Criminal Prosecution Division), against the civil defendant [Name1], is granted, and in that sense, he is ordered to pay FIVE MILLION TWO HUNDRED THREE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY COLONES (5,203,260.00) for environmental damage, plus legal interest from the date this judgment becomes final (firmeza) until its effective payment; as well as the payment of costs, which are set at ONE MILLION FORTY THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-TWO COLONES (1,040,652.00) in favor of the State. The Civil Action for Compensation, brought by the Attorney General's Office (Public Ethics Division) against the civil defendant [Name1], is granted, and in that sense, they are jointly and severally ordered to pay the social damage caused in the amount of FIVE MILLION COLONES. The payment of material damages by the civil defendants [Name1] and [Name1] IN THE ABSTRACT is granted, plus legal interest from the date this judgment becomes final until its effective payment, in favor of the State. Said civil defendants are ordered to pay both costs in the abstract in favor of the State, which must be determined in the judgment enforcement phase. The civil defendants are warned that they must proceed with the payment of said amounts within fifteen days following the date this judgment becomes final. As for the assets that were seized, once the judgment is final, forfeiture (comiso) is ordered in favor of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) of a Mitsubishi brand vehicle, Montero Sport GLS style, license plate [Placa1], 2016 model; one Ferton brand gray and white scale with a capacity of 50 kilograms; one Detecto brand medium-sized scale with a white plastic container; one black cell phone (DM29) with a gray edge, Huawei brand; one cell phone (DM14) BlackBerry brand, blue, ID CED1 and Claro SIM card; one Toshiba brand laptop (PC01) with its charger, serial 8B054359Q; seventy-six thousand four hundred exact colones (76,400.00) seized from the convicted [Name1]. Notify the Costa Rican Drug Institute by official letter. Once the judgment is final, the return of the following assets is ordered: one motorcycle, Yamaha brand, XTZ125E style, license plate [Placa2]; its return to its registered owner, the accused [Name5], is ordered; and one hundred forty thousand exact colones in favor of the convicted [Name3]. The following evidence is ordered to be kept in custody in this office's property depository for return to the Specialized Cybercrime Section: One Kingstone brand storage device, black, 64Gb capacity, labeled "63"; one Toshiba brand hard drive, serial 5589H94ASTZ5, 2TB capacity; and four backup reports. Once the judgment is final, the destruction of the following evidence is ordered: Three plastic bags containing medium-sized plastic bags and one roll of plastic for vacuum sealing; one piece of gray and black flashing tape. Four transparent plastic vacuum-pack bags with a legend reading "Food Saver". One Kolbi brand notebook with numerical notes and references to floors, with 21 folios. Fifteen folios of invoices from Ferretería Boston (evidence item 10); 17 folios with queries 16 to 32 of invoices from Ferretería Palmares (evidence item 10); 14 folios with consecutive numbers 33 to 46 of invoices from Coopemadereros R.L. (evidence item 10); 11 folios with consecutive numbers 47 to 57 of invoices from Ferretería AVM (evidence item 10); 75 folios with consecutive numbers 58 to 72 of invoices from various businesses and hardware stores (evidence item 10); three folios with consecutive numbers 73 to 75, with money receipts and invoices, all in the name of [Name1] (evidence item 10). One sealed and packaged plastic bag containing two pieces of paper, both with letters, numbers, and names written in blue. One labeled, sealed plastic bag containing an invoice for a money receipt from Motos del Sur, another invoice from Motos del Sur, and a Social Security Fund (Caja Costarricense del Seguro Social) insurance payment voucher. One folio of money received and one brown notebook; one labeled, sealed plastic bag containing miscellaneous documentation (payment receipts to Wilba del Sur S.A.). One labeled, sealed plastic bag containing two folios, an account statement for employer payroll identification number CED2-. One labeled, sealed plastic bag containing eight notebooks and miscellaneous documentation. One labeled, sealed plastic bag containing eleven vouchers, ten from Banco Nacional and one from Mutual Alajuela, and five money receipts. One labeled, sealed plastic bag containing one blue Skipper brand notebook. One labeled, sealed plastic bag containing one red agenda and eleven Banco Nacional vouchers. One transparent plastic bag containing one yellow money transfer receipt, duly sealed. One labeled, sealed plastic bag containing one brown agenda. One red and brown folder with the company name Veinsa Motors, containing a copy of purchase request number 78726 in the name of [Name3], dated March 22, 2016, for a Mitsubishi brand, Sport style, gray vehicle, and four folios of copies of bank deposits from different financial institutions. One operational post logbook, Estación Biológica Altamira, with two hundred folios; one minute book with two hundred folios; one file labeled patrol reports, Pittier post; one operational post logbook, Estación Biológica Altamira, which corresponds to a vehicle use control notebook of 35 folios; two tear-off sheets from vehicle 29-614. One sealed plastic bag containing a vehicle control form. One chain-of-custody bag containing a vehicle control notebook, "Control de uso de vehículos 29-733," of 20 folios. One sealed plastic bag containing a blue folder with boat prints, containing various notes and several folios; one transparent plastic bag containing inside a cell phone (DM16) Blu Mol Life One XL brand, black, with number CED3, with Kolbi SIM card and Maxell brand memory card, charger and battery, back cover. Based on the provisions of Article 258 of the Criminal Procedure Code, for a period of SIX MONTHS running from today, April ninth, year 2021, to October 9, year 2021, the preventive detention (prisión preventiva) of the convicted persons [Name2] AND [Name3] is ordered. The cessation of all precautionary measures (medidas cautelares) in effect in this case ordered against [Name5] is ordered, as an acquittal judgment has been issued in his favor, unless another case prevents it. The lifting of the real guarantee mortgage constituted in favor of The Supreme Court of Justice, Poder Judicial, legal ID: CED4, for the net sum of Twenty million colones is ordered. Mortgage registered under Volume: 2016, Entry: 678180 Sequence: 01, Subsequence: 0001, Consecutive: 001, on the property located in the Partido de Puntarenas, registered in the National Registry (Registro Nacional) under the automated real folio system with registration number: [Placa3]. Once the judgment is final, register it in the Judicial Registry (Registro Judicial) and send the pertinent certified copies to the sentence enforcement court (juzgado de ejecución de la pena) and the National Institute of Criminology (Instituto Nacional de Criminología), for their respective duties. That is all. [Name6], [Name7], [Name8], TRIAL JUDGE AND JUDGES. (sic)." Drafted by the Appeals Judge Alvarado Aguirre; and CONSIDERING (CONSIDERANDO): I.- For meeting the legal requirements, the appeal filed by Attorney Gilberto Villalobos Zamora on behalf of the accused [Name1] and [Name1] is considered; that of Attorney Leonel Villalobos Salazar, in his capacity as private defense counsel for the accused [Name1], [Name1], and [Name2]; that of Attorney Guido Núñez Jarquín, private defense counsel for the accused [Name3]; the accused [Name1], [Name1], and [Name2], in the exercise of their material defense, file an appeal; and finally, that of Attorney Esteban Víquez Vargas, in his capacity as representative of the Public Prosecutor's Office, against judgment number 170-2021, issued at three twenty-eight in the afternoon on April ninth, two thousand twenty-one, rendered by the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón, by which the accused [Name1] is declared the responsible perpetrator of the crimes of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW in the modalities of INVASION OF A PROTECTED AREA, EXPLOITATION and ILLEGAL LOGGING OF FOREST RESOURCES AND LAND-USE CHANGE in ideal concurrence WITH THE CRIME OF USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY, which in turn materially concur with the crime of PECULATION OF USE, AND VIOLATION OF the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Unauthorized Drugs and Related Activities in the modalities of CULTIVATION, PREPARATION, EXTRACTION AND TRANSPORTATION OF CANNABIS SATIVA FOR TRAFFICKING PURPOSES in its AGGRAVATED FORM, which in turn materially concurs with A CRIME OF MONEY LAUNDERING, committed to the detriment of THE NATURAL RESOURCES, PUBLIC HEALTH, THE PUBLIC ADMINISTRATION and the SOCIOECONOMIC ORDER, and in that sense, a sentence of ONE YEAR OF PRISON IS IMPOSED FOR THE CRIMES OF VIOLATION OF THE FORESTRY LAW in the modalities of INVASION OF A PROTECTED AREA, EXPLOITATION AND ILLEGAL LOGGING OF FOREST RESOURCES AND LAND-USE CHANGE, in ideal concurrence with USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY; for the crime of PECULATION OF USE, the penalty of THREE YEARS OF PRISON and TWELVE YEARS OF PRISON for the crime of Violation of the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Unauthorized Drugs and Related Activities for CULTIVATION, PREPARATION, EXTRACTION AND TRANSPORTATION OF CANNABIS SATIVA FOR TRAFFICKING PURPOSES IN THE AGGRAVATED FORM; AND TEN YEARS FOR THE CRIME OF MONEY LAUNDERING, for a total of TWENTY-SIX YEARS OF PRISON. As for the accused [Name1], the penalty of TEN YEARS OF PRISON IS IMPOSED FOR THE CRIME OF MONEY LAUNDERING. [Name2] is also declared the responsible perpetrator of the crime of MONEY LAUNDERING to the detriment of THE SOCIOECONOMIC ORDER, in that sense a sentence of TEN YEARS OF PRISON is imposed, and a crime of UNLAWFUL ASSOCIATION to the detriment of PUBLIC TRANQUILITY, and in that capacity a penalty of ONE year of prison is imposed for a total of ELEVEN YEARS OF PRISON. [Name3] is also declared the responsible perpetrator of the crime of MONEY LAUNDERING to the detriment of THE SOCIOECONOMIC ORDER, in that sense a sentence of TEN YEARS OF PRISON is imposed, and a crime of UNLAWFUL ASSOCIATION to the detriment of PUBLIC TRANQUILITY, and in that capacity a penalty of ONE year of prison is imposed for a total of ELEVEN YEARS OF PRISON.- II.- The oral hearing to hear the content of the appeals filed by the parties was held starting at ten eleven in the morning on July twentieth, two thousand twenty-one. In Debate Room number six of the Cartago Courts Building, the judges Kenneth Alvarado Aguirre (presiding), Marco Mairena Navarro, and Jaime Robleto Gutiérrez are constituted via the Microsoft Teams platform. Through the same technological mechanism, the following participate: Attorneys Leonel Villalobos Salazar and Gilberto Villalobos Zamora, in their capacity as defense counsel and co-defense counsel, respectively, for the accused [Name1] and [Name1], and for the accused [Name2]; Attorney Guido Núñez Jarquín, in his capacity as private defense counsel for the accused [Name3]; as well as Attorney Julián Martínez Madriz representing the Public Prosecutor's Office, who is physically present in the room. All persons deprived of liberty in this case also participated via the Microsoft Teams platform, from the Antonio Bastida de Paz Institutional Care Center (Centro de Atención Institucional) ([Name1] and [Name1]) and the Vilma Curling Rivera Institutional Care Center ([Name2] and [Name3]), where they remain incarcerated. Because the internet system stopped working, the continuation was scheduled for eight thirty in the morning on July twenty-third, two thousand twenty-one, at which time the participation of all parties was confirmed. III.- Regarding the first ground of appeal presented by Attorney Gilberto Villalobos Zamora on behalf of the accused [Name1] and [Name1]. The defense counsel alleges that the errors pointed out in vote 2019-438 issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago at ten thirteen in the morning on September seventeenth, two thousand nineteen, are repeated, incurring in an absence of descriptive reasoning (fundamentación descriptiva) in the judgment, by omitting to include the accounts of the testimonial evidence gathered at trial. He indicates that the Court of [Name9] does not carry out an adequate exercise of descriptive reasoning, since the resolution does not contain a logical explanation or show the reasons why the drafting panel decided not to record in the judgment anything of what was stated by the witnesses heard at trial. He points out that the witnesses should only testify about the facts that the second-instance court was requesting to clarify and correct, and should not refer to aspects already settled in the previous judgment. He reports that the absence of the witnesses' statements in the judgment has made it impossible for the defense to analyze transcendental aspects such as the application of the principle of evidentiary derivation (principio de derivación probatoria), this because it limits the possibility for the accused to read the factual and legal reasons for which they were convicted, making technical and material defense impossible, as it is not possible to examine whether, in addition to the data selected by the Sentencing Court, other data could be extracted from the witnesses' statements that favor their criminal liability status. He makes clear that the absence of witness testimony affects three aspects: the review of the correct application of the principle of evidentiary derivation, as it is impossible to compare whether what is indicated in the intellective reasoning section (fundamentación intelectiva) is within the correct context in which the witness testified; the analysis of the correct application of concurrences (concursos) in the commission of the crime, since, through testimonial evidence, the circumstances of manner, time, and place in which the punished conducts were carried out can be recreated more closely.- In his second ground, the defense counsel claims an absence of legal reasoning in the judgment, due to non-observance of what was ordered in resolution 2019-438 of the Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, given that it ordered a correct analysis to be executed regarding the application of concurrences in the commission of the crime, all this upon determining that the necessary clarity did not exist regarding which legal figure should be applied individually and jointly for the criminal acts considered committed by [Name1] and [Name1]; however, the new composition of the Criminal Court did not take into account that this was not a retrial to reassess the participation of the accused in the events or not, but rather it was for the development of the analysis regarding the correct figure applicable to each of the conducts that judgment 21-2019 had defined as committed. He accuses that in the new judgment the same deficiency exists regarding explaining the application or non-application of the figures of ideal concurrence (concurso ideal), material concurrence (concurso material), and apparent concurrence of norms (concurso aparente de normas), arguing that the latter was not even considered by the new composition of the Trial Court. He denounces the absence, in the intellective reasoning section of the judgment, of a single line addressing the issue of the absorption of crimes that served as the means or path toward achieving the initial goal pursued by the perpetrators. He makes reference to the ulterior and primary purpose for which [Name1] and [Name1] decided to violate the legal order, whether this was the activity of marijuana trafficking, as a lawful mechanism for obtaining significant economic profits, without the necessary analysis as to whether in the course of the crime it brought with it the possible commission of other criminalities that within the author's plan were necessary for the consummation of the original illicit act. He points out that it failed to establish whether different co-perpetrators, many convicted since the first judgment, contributed ingredients and significant functions for the common goal of the criminal agreement, without mentioning whether the discussion should have focused on the circumstances of the commission of the crimes in order to define whether the accused committed the attributed illicit acts within a single act (unidad de acción), a continuing offense (delito continuado), or within criminal figures absorbed within a criminal conduct of greater relevance. Finally, he makes it clear that in the section of the judgment dedicated to the determination of the existence of a crime, it is insufficient and does not satisfactorily explain the reasons why the Court again determines and classifies the conducts considered proven within ideal and material concurrences; therefore, there is insufficient legal reasoning regarding the necessary explanation of why the figure of ideal concurrence was applied for certain conducts and it was only modified to material concurrence for others.- In his third ground, the defense counsel denounces an absence of descriptive and intellective legal reasoning in the determination of responsibility of [Name2] and [Name1] for the crime of Money Laundering. He alleges that in the specific case of the criminality of money laundering, the Sentencing Court affects the work of the technical and material defense, since it mentions in its reasoning the statements of Silvia Castro Quesada, who, as a witness and attorney, directed and recorded certain notarial acts; however, the same deficiency of the sentencing document regarding the non-transcription of the entirety of the testimonies causes the biased transcribed accounts to leave multiple doubts about the true circumstances in which the Money Laundering actions corresponding to the mortgages on the properties belonging to [Name1] were carried out, which were charged as pertaining to the crime of illicit concealment of assets (encubrimiento ilícito de bienes) against [Name1] and [Name2]. He finishes by pointing out that among the main aspects not addressed in the analysis of the money laundering conduct is whether [Name2] had the animus, knowledge, and will to legalize money of illicit origin; it was necessary to irrefutably define that this was a fully conscious condition of [Name2], and that she also knew the illegality of her action. The knowledge and will with which [Name2] presented herself at Farosa to exchange amounts of money must have been accredited; despite it being foreign currency, it is not sufficient evidence to prove the presence of subjective and objective elements that the criminal offense requires. IV.- Attorney Leonel Villalobos Salazar, in his capacity as private defense counsel for the accused [Name1], [Name1], and [Name2], files an appeal. In his first ground of appeal, he alleges violation and disregard of the right of defense and due process, given that the order of the Cartago Appeals Court was not observed, because a retrial hearing (juicio de reenvío) was not held, but rather a new trial. He indicates in his complaint that the accusation for drug sales is a settled, resolved, and concluded matter, and no ruling on that subject could be issued at trial, based on the principle of res judicata (cosa juzgada) and legal certainty, because the Trial Court was barred from hearing any matter related to drug sales, and concerned itself with establishing the existence of a criminal organization with the participation of [Nombre4], Manuel, [Nombre1], [Nombre11], [Nombre12], [Nombre13], [Nombre14], [Nombre15], and [Nombre16], an aspect already resolved by the Trial Court and confirmed by the Cartago Sentence Appeals Court, an aspect that produces contradictory judgments issued by the same Court with a different panel. He makes it clear that, as a result of the first judgment and the ruling of the Cartago Criminal Sentence Appeals Court, drug sales were not proven in this case; however, he notes that in this appealed judgment, the distribution, trade, supply, transport, and sale of illegal drugs is taken as proven, aspects that generate contradictory judgments between judgment number 21-2019 of the Trial Court and number 2019-438 of the Sentence Appeals Court. Beyond the foregoing, Mr. Manuel Vargas, [Nombre4] Vargas, Luis Tenorio, Jhon Tenorio, Rafael Castro, Ronny Sandí, Mario Beita, and [Nombre16] were not present at the trial, which is why they could not exercise their right to technical and material defense regarding the accusation for drug sales, which the court takes as proven in the judgment when it was never demonstrated, considering that res judicata (cosa juzgada) exists with respect to the accused. He alleges with respect to the accused [Nombre1] that, as is clearly proven in ruling number 2019-438 of the Criminal Sentence Appeals Court, and as was established in judgment number 21-2019 of the Trial Court, the criminal liability of [Nombre1] for violation of the Psychotropic Substances Law (Ley de Psicotrópicos), in the form of drug transport, for which the penalty of eight years of imprisonment was imposed, plus two years for the crime of illicit association (asociación ilícita). He reports that the Trial Court disregarded what was resolved by the Cartago Criminal Sentence Appeals Court and, instead, conducted a new trial on the case of [Nombre1], aimed at proving his participation in the crime of violation of the Psychotropic Substances Law (Ley de Psicotrópicos), in the form of marijuana cultivation, finding him guilty, and increases his sentence to 12 years of imprisonment, thereby contravening what was ordered in ruling number 2019-438, which declared the ineffectiveness of the applied concurrence and of the sentence imposed for the crimes of drug transport and illicit association (asociación ilícita); he argues that [Nombre1] is being tried for the same facts on which a final judgment already exists, and that the court only had jurisdiction to set the amount of the penalty with respect to both crimes, which results in the judgment lacking proper reasoning (fundamentación) regarding the participation of [Nombre1] in the crimes of Violation of the Forestry Law (Ley Forestal), in the forms of invasion of protected areas (invasión en áreas de protección), illegal exploitation of forest resources (aprovechamiento ilegal de recurso forestal), land-use change (cambio de uso del suelo), embezzlement of use (peculado de uso), and usurpation of public domain property (usurpación de bienes de dominio público). He criticizes that the judgment starts from an unproven fact to prove the participation of [Nombre1] in the referenced crimes, and therefore lacks proper reasoning (fundamentación), since the principle of logical derivation is violated insofar as it is based on a series of amphibological and equivocal indicia which do not permit reaching the degree of certainty required for issuing a conviction. He points out that in this specific case, the conviction is based on the analysis of conversations between third parties in which [Nombre1] is mentioned, without those conversations being consistent with other evidentiary elements, and concludes that [Nombre1] participated in the marijuana plantation because the investigating officers perform an interpretation of the language used in the wiretaps, based on a biased and ill-intentioned assessment made by the Court of [Nombre1]'s voice. He ends by pointing out that the judgment incorrectly applies the principles of circumstantial evidence, departs from unproven facts and amphibological and equivocal indicia to conclude that the participation of [Nombre1] in the forestry crimes, embezzlement of use (peculado de uso), and usurpation of public domain property (usurpación de bienes de dominio público) is taken as proven. With respect to [Nombre1], he criticizes that despite the fact that it is clearly proven in ruling 2019-438 of the Sentence Appeals Court that the drug crime was not proven, nor was his participation in the crime of money laundering (legitimación de capitales), indicating that it was necessarily required to prove that the money came from the accused activity of drug cultivation and not from any other unaccused serious crime, as that would violate the principle of correlation between accusation and judgment. He argues that the Criminal Court should have analyzed whether the money that the accused allegedly launder comes from drug cultivation, a situation that was not proven in the appealed judgment, because according to the rules of logic and experience, that plantation had been cultivated five to six months prior, and it was necessary to analyze whether the actions executed by [Nombre1] regarding the crime of money laundering (legitimación de capitales) occurred from the time the plantation was in production, and he notes that in the wiretaps of April 22, 2016, June 11 and 4, the marijuana plantation was not producing and had not generated income, nor for the days of May 18 and 26, and July 6 and 1, qualifying the Trial Court’s conclusion as reckless regarding the accused [Nombre1]. The appellant continues by pointing out that in the specific case of [Nombre2], the judgment did not establish that the alleged actions executed by the accused regarding money laundering fall within the period in which the marijuana plantation was capable of production, since the accused constituted a mortgage on October 21, 2014, a date on which the plantation was not producing, for which he qualifies it as lacking adequate reasoning (fundamentación). Finally, the appellant points out that the chemical analyses of the drug did not establish the THC content of the seized material; it is not established with sufficient certainty that the protected legal interest of public health was endangered, as it must be demonstrated conclusively and not presumptively, by means of an analysis or laboratory test, that the drug possesses effective capacity to endanger the protected legal interest of public health, because the judgment bases the conviction on the results of the drug contained in chemical analysis number DCF:2106-04106, which establishes by the analytical chemistry section that the degree of purity of the Cannabis sativa plant material cannot be determined. He points out that this deficiency does not allow establishing whether it is marijuana or hemp, nor does it allow establishing for this same reason whether the protected legal interest of public health was endangered, an indispensable requirement for determining whether or not the Psychotropic Substances Law (Ley de Psicotrópicos) was violated, because it cannot be established whether said material reaches a concentration of 1%, 10%, or 20%. V.- Attorney Guido Núñez Jarquín, in his capacity as private defender of the accused [Nombre3], in his first ground of appeal, indicates disagreement due to violation of the procedural rule contained in Article 363 subsection a) of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), for failure to comply with the signature of the Judges. He reports that on April 9, 2021, the trial was closed, the operative part of the judgment was issued, setting April 16 for the full reading, and on that date only two of the judges signed, precisely Jofrey Salas Fuentes and Maureen Castillo Vargas, without the signature of Judge Leonardo Brenes Gómez being recorded. In his second ground of appeal, he bases his complaint on the determination of the facts taken as proven in the judgment, by identifying [Nombre3] as part of a criminal organization solely because of the purchase of a vehicle, the installment payment, and statements by third parties in a call and voice message, without establishing the illicit origin of the money. In his third ground of appeal, he bases his complaint on disagreement with the determination of the facts taken as proven, specifically the fourteenth, because they refer the knowledge and the illicit origin of the money to events subsequent to the purchase of the real property on March 22, 2016, precisely the Mitsubishi vehicle, model 2015, without there being evidence proving the movement of money by [Nombre3] for the purchase of the vehicle, nor that she knew the illicit origin. In the fourth ground of appeal, the appellant claims disagreement as to the intellective and evidentiary analysis regarding [Nombre3], pointing out that to convict, the court relied on the form of payment for the vehicle, which alone does not constitute any crime. In the fifth ground of appeal, he states his disagreement with the determination of the sentence, indicating that the state of vulnerability of [Nombre3] should have been assessed, because she is a young person with academic preparation and no prior convictions, while also suffering from lupus and her family depends on her. In the sixth ground of appeal, he complains about the court's assessment in imposing the precautionary measure of pretrial detention (prisión preventiva), for lacking foundation. In the seventh ground of appeal, he bases his complaint regarding the seizure (comiso) of the vehicle, because the registered owner did not authorize its improper use, and it is unknown whether it was to be used for criminal activities. In the eighth and ninth grounds of appeal, the appellant points out disagreement as to the incorporation of evidence obtained illegally and used by the court to sentence, precisely the call included in the police report, without a number, found in volume 2, at folio 953, which is not on the Master disc nor in the call transcription. Finally, he considers that the commission of the crime was permitted by the officials who, knowing they were in the presence of a crime subject to public prosecution (acción pública), did not initiate an investigation. VI.- The accused [Nombre1], [Nombre1], and [Nombre2] bring a single ground of appeal, alleging lack of descriptive reasoning (fundamentación descriptiva) in the judgment, because there is no transcription whatsoever of the statements of the referenced witnesses, pointing out that this situation causes injury because they cannot exercise their defense against the conviction, because it is not possible to attack what the defenders asked the witnesses, basing their complaint on the fact that only the part that interests the court is transcribed in the judgment, a biased and partialized version that is used to convict, without it being possible to demonstrate through the defense’s questions that different conclusions could be reached. They regret that, because the statements of the defense witnesses are not recorded, including the testimony of [Nombre17], who proved the origin of the funds of the accused, his testimony cannot be used in their defense because it is not transcribed. VII.- Attorney Esteban Víquez Vargas, in his capacity as representative of the Public Prosecutor’s Office of Pérez Zeledón, filed an appeal, denouncing in his first ground of appeal disagreement with the acquittal issued in favor of [Nombre5], as well as the amount and basis of the sentence imposed on the accused [Nombre1] and [Nombre1]. He bases his complaint on a lack of intellective and reasoned reasoning (fundamentación), because he, in addition to a specific function within the criminal organization consisting of the acquisition of a high-value movable asset with the purpose of giving a legitimate appearance to money obtained as proceeds of drug trafficking profits, regrets that the court omitted aspects that did not follow the rules of sound rational criticism (sana crítica racional), without justifying the weight given to the indicia jointly. In his second ground of appeal, he claims disagreement with the assessment of the evidence due to erroneous intellective reasoning and violation of the rules of sound rational criticism (sana crítica racional), pointing out that the Court makes serious errors such as that the sum of $2,900 is a substantial sum for the accused, who reports no salary, has no money in bank accounts, does not participate in corporations, has no movable or immovable property registered in his name, and in the forensic accounting expert report, the judicial police concluded that his economic profile would not allow him to acquire assets of that economic value; and finally, with expert report of copy number 024-lofos-2018, a digital lifting was performed, managing to compare with the fingerprints of [Nombre5], linking him to the possession of drugs and the illicit business conducted by the organization. In his third ground of appeal, he claims disagreement with the determination and fixing of the sentence, because it was necessary to rule in the judgment on the sentencing reasoning for the accused [Nombre1] and [Nombre1] for the crimes for which they were sentenced in the first trial and whose liability is final. However, regarding the accused [Nombre1], the Trial Court only ruled on the guilt determination established against him for the crime of money laundering (legitimación de capitales) but omitted to rule on the fixing of the criminal penalty regarding all the other crimes for which liability is final. [Nombre18] in his complaint that, regarding [Nombre1], it is unacceptable that, having acted as a self-launderer with three front persons (testaferros) within the organization, the same penalty was imposed. VIII.- Having examined the sentence appeals submitted to the knowledge of this Court, it is concluded that the first and third grounds of appeal filed by attorney Gilberto Villalobos Zamora, on behalf of the accused [Nombre1] and [Nombre1]; and the sole ground of appeal filed by the accused [Nombre1], [Nombre1], and [Nombre2], in exercise of their material defense, must prosper, for the reasons set forth below. The Trial Court has broad discretion to structure the judgment, which by unavoidable mandate of Article 363 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), must always contain the requirements set forth therein. Subsection b) of the rule under comment establishes a requirement regarding the documentation of the vote of the Judges in the manner in which they were presented during the deliberation. To this end, it is necessary to set forth the reasons of fact and law on which each of the votes is based, without prejudice to the power granted by the rule for the other intervening Judges to adhere to the considerations and conclusions of the one who voted first. This particular subsection must be systematically interpreted with the requirements of Article 142 of the same body of law, particularly regarding the need to express the reasoning of fact and law on which judicial decisions are based. IX.- In particular, when dealing with the exposition of the factual reasoning of the judgment, it is necessary to distinguish between the descriptive reasoning (fundamentación descriptiva) and the analytical or intellective reasoning (fundamentación analítica o intelectiva). The former consists of a summary exposition, albeit succinct, of the way in which the Court, in accordance with the principles of orality, contradiction, and particularly immediacy, achieved an understanding of what those who were admitted as witnesses testified during the trial, an essential phase of the proceeding. For the descriptive reasoning to fulfill its function, it is necessary for the Trial Court to endeavor to enable the parties, but particularly the accused persons, to conceptually understand what was declared at trial, both by the accused persons, the witnesses, and any experts who eventually participated. The analytical reasoning, for its part, is an intellective reasoning in which the assessment of the means of proof is carried out according to the rules of sound rational criticism (sana crítica racional). It is in the descriptive reasoning where an incurable defect of the appealed judgment is found: The Trial Court opted to attempt to describe the evidence while simultaneously attempting to assess it. In that effort, the fragmentation of the statements occurs throughout Considering 4, called “…Assessment of the evidence and analysis of the merits…”. Consequently, the description of what was said by prosecution witnesses, such as officers Leonardo Vargas Marín, Luis Alonso Aguilar Alvarado, and Richard Mena Vargas, is blurred in different parts of that considering. This fragmentation impedes the understanding of the description, as its logical unity is lost, thereby making the proper exercise of the right of defense impossible, and through that path, the constitutional principle of due process, derived from Article 39 of the Political Constitution. It is reiterated that this is not about the imposition of a particular form of writing, because each Jurisdictional Body may choose the form it deems most convenient, but what it cannot disregard is the right that assists the intervenors to fully understand the judgment, and therein lies the defect that requires the filed appeals to be granted, thereby declaring as a consequence the total ineffectiveness of the appealed judgment and the trial that preceded it, as well as the cessation of the precautionary measure of pretrial detention (prisión preventiva) of the convicted persons [Nombre2] and [Nombre3]. X.- Additional Note: Judges Cascante Mora and Morales Chinchilla concur with the unanimous decision set forth, deeming it important to make the following clarifications in relation to the specific case being resolved: (i) As has been recognized at the doctrinal and jurisprudential level, the judgment constitutes a logical-legal unit, and must be considered in its entirety and not in a fragmented manner, which implies overcoming unique schemes or formats. However, the judgment must be self-sufficient, making it possible for any reader to know all those aspects that were introduced at trial and that constitute the evidentiary basis subject to analysis by the sentencing court. Although it is true that on a practical level, the trials are normally recorded in audio and video, this does not justify the omission of introducing all the elements of judgment within the judgment. Regarding testimonial evidence, a transcription of everything stated by each witness is not necessary, but a summary of the content of the testimony is, which is not fulfilled by citing only the excerpts of the testimony that support the sentencing court's decision. This element is particularly relevant in the case at hand, since the appellants [Nombre1] and [Nombre1], as well as [Nombre2] and [Nombre3], were in prison during the period for appealing the judgment, which makes it difficult to access and listen to the testimonial evidence received at trial in order to analyze it in relation to the arguments supporting the court's decision, thereby obstructing a broad exercise of material defense as an integral element of due process. (ii) In addition to the foregoing, we must note that in this specific case, the existence of an injury has been verified by the undersigned, which affects the Right of Defense, Due Process, and the ability of this Court to examine the appealed judgment; some of the reasons alleged in the appeals are related to the way in which the Court addressed the testimony of witnesses at trial, in the face of direct objections from the Technical Defense of the accused persons; according to the complaint, the Trial Court permitted a significant expansion of their testimony when certain topics had been barred when the retrial hearing (juicio de reenvío) was ordered by this same Chamber with a different panel; however, this form of writing prevents the Sentence Appeals Court from assessing whether this defect actually occurred, by lacking specific data to assess the witnesses' testimony; this precisely generates an injury to the exercise of the Right of Defense and to the possibility of control that the Appeals Court must have over the appealed judgment; as indicated above, it must be a logical-legal unit and must be self-sufficient to allow knowledge and assessment of the reasoning used to support the conclusion reached by the Sentencing Court; if one of the intervening parties claims an improper examination of the witnesses on topics that were, as claimed, barred for the Retrial Hearing, this way of structuring the judgment generates an injury by preventing the control that this Court must exercise over it in the face of the grounds of challenge from the technical and material defense. Therefore: In accordance with the foregoing, the first and third grounds of appeal filed by attorney Gilberto Villalobos Zamora, on behalf of the accused [Nombre1] and [Nombre1]; and the sole ground of appeal filed by the accused [Nombre1], [Nombre1], and [Nombre2], in exercise of their material defense, are granted, and consequently, the ineffectiveness of the appealed judgment and the trial that preceded it is declared, ordering the remand (reenvío) of the case to the Court of origin so that, with a new panel, the new proceeding may be conducted. As unnecessary, a ruling on the remaining grounds of appeal is omitted. The cessation of the precautionary measure of pretrial detention (prisión preventiva) of the convicted persons [Nombre2] is ordered, as well as the cessation of home detention (arresto domiciliario) of [Nombre3]. Notify. HKKL5LCKHNC61 KENNETH [Nombre19] - DECISOR JUDGE VQNK6MDKPUU61 ADRIAN [Nombre20] - DECISOR JUDGE XDUCSXM8DYE61 [Nombre4] [Nombre21] - DECISOR JUDGE EXP: 20-000023-0030-PE 1 Cartago Judicial Circuit Telephones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [...] Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:39:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República