Res. 00012-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección I — INDER cannot award parcels to a possessor who has not requested recognition of possessory statusINDER no puede adjudicar parcelas sin que el poseedor haya tramitado el reconocimiento de su posesión

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección I

Resolución Nº 00012 - 2022

Fecha de la Resolución: 09 de Febrero del 2022 a las 15:15

Expediente: 10-004376-1027-CA

Redactado por: Carlos José Mejías Rodríguez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Instituto de Desarrollo Rural

Subtemas:

Competencias y régimen regulatorio de las propiedades asignadas a su cargo.

"VIII SOBRE LAS COMPETENCIAS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Y EL RÉGIMEN JURÍDICO REGULATORIO DE LAS PROPIEDADES ASIGNADAS A SU CARGO: Dispone la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 del 14 de octubre de 1961, que el Instituto de Desarrollo Rural tiene por objeto vincular al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra, velando por que la asignación de este recurso promueva el aumento gradual de la productividad, propugnando por una justa distribución de su producto y la elevación de su condición socioeconómica, para de esa forma hacerlo partícipe consciente del desarrollo de la nación, logrando así una justa distribución de la riqueza y evitando las formas indirectas de explotación de la tierra (artículo primero), reconociendo la existencia y legitimidad de la propiedad privada. Se trata en efecto de una norma de ejecución del canon 50 de la Constitución Política, que pretende en esencia promover la reforma agraria y otorgar tierras a aquellas personas que realmente lo necesitan. En razón de tales cometidos, la Junta Directiva de dicha entidad tiene la facultad de promover planes de parcelación, disponer la adquisición de propiedad particular a fin de cumplir con sus fines económico-sociales, de constituir en propietarios a los campesinos a quienes les adjudica una parcela y de aprobar la adjudicación de fundos para el otorgamiento de los títulos respectivos. Todo ello sin duda establece un régimen especial de propiedad, tutelado y protegido en forma agravada, con el objeto de destinarla al fin encomendado por ley, evitando así que la tierra sea dedicada a fines contrarios a su fin social, lo cual implicaría su desnaturalización. Así las cosas, existe un control de parte de esta entidad en cuanto a quién o quiénes solicitan una parcela para su explotación agraria, lo cual se materializan en una serie de controles, filtros y fiscalizaciones que, en el ámbito de sus competencias, permiten el cumplimiento del llamado fin. Por ello, es que el acto final que culmina este ejercicio de función pública se materializa en la adjudicación de las parcelas por venta, ésta última determinada por los gastos de adquisición y demás cargas administrativas, toda vez que no se pretende lucrar, el Instituto expidiendo a favor del ocupante que ha superado todas las etapas de control señalado y obteniendo a cambio un título de posesión provisional en que constan sus derechos y obligaciones, los cuales a su vez, mantienen una vigilancia de parte del Instituto señalado para verificar que la tierra cumpla con el fin para el cual ha sido entregado, es decir, verificar si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado y cumplido a satisfacción las demás obligaciones, por lo que, una vez superado el plazo asignado para este control, finalmente tendrá derecho a que se le otorgue el título de propiedad (artículo 65 de la ley citada) [...]

No obstante, tratándose de terrenos declarados como reservas nacionales, se le prohíbe a los particulares encerrar con cercas, construir, cultivar, extraer leña, madera, bejuco o cualquier otro producto con fines de explotación, o usar tales fundos (ordinal 8 de la Ley 2825). En razón de ello, estipula el numeral 11 de la Ley 2825, que pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales, mientras no se pruebe lo contrario, "a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y  d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos". Destacándose la excepción contemplada en el ordinal b), supracitado para casos de posesión decenal, lo cual es concordante con lo estipulado en el numeral 92 de la Ley ibid, que faculta a los poseedores en precario que realicen actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, aunque el terreno esté inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público, y que tengan posesión decenal a inscribir su derecho por el procedimiento de información posesoria[...]".

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

10-004376-1027-CA - 4




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

OLIVIER SANCHEZ JIMENEZ




DEMANDADO/A:

	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.-

 

Nº12-2022-I

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas quince minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós.-

 

Proceso de conocimiento, interpuesto por Olivier Sánchez Jiménez, casado, agricultor, vecino de Agua Buena del Cantón de Coto Brus de la Provincia de Puntarenas, cédula de identidad número 5-105-641, representado por su apoderado especial judicial Daniel Rojas Pochet, carnet de colegiado 10402, en contra del Instituto de Desarrollo Rural, representado por su apoderada especial judicial Licda. Verónica Ulloa Hernández, carnet de colegiada 25223, el Estado, representado por la Procuradora Silvia Elena Quesada Casares, carnet de colegiada 13586 y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), representado por la Licda. Mauren Solís Retana, carnet de colegiada 16235.

RESULTANDO

I. Con el presente proceso de conocimiento se acciona con el objeto de que en sentencia se declare, conforme las pretensiones fijadas en audiencia preliminar que: “a-El derecho subjetivo del señor Olivier Sánchez Jiménez aquí actor sobre los terrenos en los cuales ejerce la posesión así reconocido por el INDER a saber: a) Plano catastrado P-7474952001 correspondiente a la parcela B-5-11 cuya medida es 17 hectáreas 0224,25 (metros cuadrados); b) Plano catastrado P-746453-2001 correspondiente a la parcela B-4-11 cuya medida es de 1 hectárea 6519,47 (metros cuadrados); c) Plano catastrado P-748001-2001 correspondiente a la parcela B-4-13 cuya medida es de 10 hectáreas 2081, 63 (metros cuadrados) y se otorgue las parcelas señaladas consecuentemente como propietario de dichas parcelas sin las limitaciones del artículo 67 de la Ley 2825 en armonía con lo acordado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario hoy INDER en su artículo N° 12 de la Sesión 032-2004 celebrada el 30 de agosto de 2004. d- Que se condene a los demandados autores de las conductas al pago de ambas costas del proceso”. (Imagen 1610 y audio de la audiencia preliminar en SIGAO).

II. Conferido el traslado de rigor, las accionadas se opusieron a la presente acción y formularon las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de derecho, así como la condenatoria en costas a la promovente. (Imágenes 317 a 336, 341 a 377 del expediente judicial).

III. Que se realizó audiencia preliminar en fechas 9 de noviembre de 2012. (audio en CD aportado al efecto y minuta a imágenes 528 a 531 del expediente judicial).

IV. Que en la audiencia de juicio se realizó en fecha 24 de enero de 2013 y se requirió de prueba para mejor resolver en los términos de los numerales 82, 85 y 110 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el proceso se reabrió el día lunes 04 de febrero en curso (audio y video en CD y minuta a imágenes 547 a 549 del expediente judicial digital).

V. Que en fecha 30 de enero, 4 y 7 de febrero, todos de 2013, se continuó con la sesión de juicio y se ordenó un reconocimiento judicial, disponiéndose la reapertura del debate acorde al artículo 110 del CPCA, con el fin de evacuar en el lugar del terreno en disputa dicha prueba trascendental. (CD de audiencia de juicio, minuta a imágenes 575 a 579 del expediente judicial digital).

VI. Que el día jueves 28 de febrero en curso, al ser las trece horas, se efectuó el reconocimiento judicial y las partes efectuaron conclusiones sobre dicha probanza (lugar de los hechos, video en CD de prueba).

VII. Por medio de la resolución 23-2013-IV, la Sección Cuarta de este Tribunal emitió sentencia sobre el fondo del presente asunto. (Imágenes 594 a 626 del expediente judicial digital).

VIII. Por medio de voto 921-F-S1-2015, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declara con lugar recurso de casación en contra de la sentencia citada anteriormente, y ordena integrar a los autos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). (Imágenes 1059 a 1075 del expediente judicial).

IX. Por medio de resolución de las 16:26 minutos del 18 de abril de 2016, se concede traslado al SINAC. (Imágenes 1098 del expediente judicial digital).

X. El SINAC contestó negativamente la demanda alegando falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. (Imágenes 1102 a 1112 del expediente judicial digital).

XI. Por medio de escrito de fecha 29 de agosto de 2016, la parte actora replica la contestación del SINAC sin aportar contraprueba. (Imágenes 1250 a 1257 del expediente judicial digital).

XII. Por medio de resolución 2028-2016, se declara parcial desistimiento a favor de la Contraloría General de la República. (Imágenes 1267 a 1656 del expediente judicial).

XIII. En fecha 23 de agosto de 2019 y 15 de octubre de 2020, se realizó la audiencia preliminar con la presencia de todas las partes, se admitió prueba a evacuar, se fijaron las pretensiones y los hechos controvertidos. (Audio y video en SIGAO así como minuta a imágenes 1396 a 1398 y 1609 a 1614).

XIV. En fecha 19 de enero de 2022, se realizó el juicio oral y público en presencia de esta Cámara de Jueces. Se realizó saneamiento y ajuste de la prueba para juicio, se desistió de la prueba testimonial, se declaró el asunto de puro derecho y se rindieron las conclusiones de manera oral. (Audio y video en el SIGAO y minuta a imágenes 1650 a 1656 del expediente judicial digital).

XV. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales de rigor, y no se observan vicios u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta esta resolución previa deliberación, dentro del término de ley y por unanimidad.

Redacta el juez Mejías Rodríguez, con el voto favorable de las Juezas Bolaños Salazar y Chacón Gómez; y,

CONSIDERANDO

I. PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: Tal y como se señaló en audiencia de juicio de fecha 19 de enero de 2022, con la finalidad de sanear el proceso respecto a la prueba, se determinó incorporar a los autos toda la prueba que conste previamente en el expediente. Asimismo, se determinó que, conforme el 49.4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se admitió en condición de prueba documental las declaraciones rendidas en este proceso en las sesiones de fecha 24 y 30 de enero, 4 y 7 de febrero, todos del 2013.

II. HECHOS PROBADOS: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés para la resolución de este asunto: 1) Que mediante venta y cesión privada de derechos de un inmueble, se hace constar que el señor Nelson Porras Aguilar cédula de identidad número 9-032-177, le cedió los derechos de un inmueble de su propiedad al señor Olivier Sánchez Ramírez, adquiridos del señor Nelson en el año de 1969 de Misael Valverde Granados y que a partir de 1979 se los traspasó a Don Olivier, propiedad que se describe como de naturaleza pasto, situada en Santa Marta de Agua Buena, cantón de Coto Brus, de la Provincia de Puntarenas, con una medida aproximada de 17 hectáreas y sin plano catastrado. (Imagen 302 del expediente judicial, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez). 2) Que mediante escritura número 44 del 23 de enero de 1987, el señor Leonardo Picado Arguedas, cédula de identidad número 2-135-639, le vende al señor Olivier Sánchez Ramírez el derecho de posesión por más de 14 años sobre un terreno situado en Pueblo Nuevo de Agua Buena, distrito tercero, Coto Brus, Cantón Octavo, que para aquel momento era terreno de pastos, con un corral, dos nacientes de agua, con una medida aproximada de dos hectáreas. (Imágenes 300 y 301 del expediente judicial digital, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez). 3) Que mediante escritura número 86 del 19 de abril de 1991, el señor Leonardo Picado Arguedas, cédula de identidad número 2-135-639, le vende al señor Olivier Sánchez Ramírez el derecho de posesión por más de 22 años sobre un terreno situado en Santa Marta de Agua Buena, Coto Brus, Puntarenas, que es terreno de pastos, con una medida aproximada de diez hectáreas. (Imágenes 300 y 301 del expediente judicial digital, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez). 4) Que el señor Olivier Sánchez Jiménez ha poseído por más de veinte años y en forma quieta, pública, pacífica, continua, a título de dueño y con antelación a que fuera donada por el antiguo Banco Anglo al INDER, la propiedad del Partido de Puntarenas parcela número B5-11 con una medida de 17 hectáreas 0224.25 metros cuadrados, plano catastrado número P-747495-2001,  la cual cuenta con áreas verdes, nacientes y quebradas y se encuentra ubicada en el Distrito 03 de Agua Buena, cantón 8 Coto Brus, la cual es parte de Folio Real del Partido de Puntarenas número 119-266-000 y que se encuentra destinada para pasto y ganadería, realizando en ellas reforestación, mantenimiento, arreglo de cercas, chapias, así como cuidado de las nacientes. (Imágenes 300 a 303, 587, 593, reconocimiento judicial, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez). 5) Que el señor Olivier Sánchez Jiménez ha poseído por más diez años y en forma quieta, pública, pacífica, continua y a título de dueño y con antelación a que fuera donada por el antiguo Banco Anglo al INDER, la propiedad del Partido de Puntarenas parcela número B4-11 con una medida de 1 hectárea 6519.47 metros cuadrados, plano catastrado número P-746453-2001, ubicada en el Distrito 03 de Agua Buena, cantón 8 Coto Brus, la cual es parte de Folio Real del Partido de Puntarenas número 119-266-000 y que se encuentra destinada para pastos y ganadería, la cual cuenta con áreas verdes, nacientes y quebradas, realizando en ellas reforestación, mantenimiento, arreglo de cercas, chapias, así como cuidado de las nacientes. (Imágenes 300 a 303, 587, 593, reconocimiento judicial, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez). 6) Que el señor Olivier Sánchez Jiménez ha poseído por más diez años y en forma quieta, pública, pacífica, continua y a título de dueño, y con antelación a que fuera donada por el antiguo Banco Anglo al INDER, la propiedad del Partido de Puntarenas parcela número B4-13 con una medida de 10 hectáreas 2081.63 metros cuadrados, plano catastrado número P-748001-2001, ubicada en el Distrito 03 de Agua Buena, cantón 8 Coto Brus, la cual es parte de Folio Real del Partido de Puntarenas número 119-266-000 y que se encuentra destinada para pastos y ganadería, la cual cuenta con áreas verdes, nacientes y quebradas y realizando en ellas reforestación, mantenimiento, arreglo de cercas, chapias, así como cuidado de las nacientes. (Imágenes 300 a 303, 587, 593, reconocimiento judicial, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez). 7) Que las fincas del Partido de Puntarenas matrícula de Folio Real número 8508-000 y 12402-000, le pertenecían al extinto Banco Anglo, las cuales fueron donadas el día al INDER por intermedio del Estado mediante decreto ejecutivo número 28788 del 02 de junio del año 2000. (Imágenes 121 a 125, 265 a 267, así como declaración testimonial de Don Berny Quirós Zúñiga y de Don Bernal Mora Calvo). 8) Que antes de ser donadas al INDER, las fincas del Partido de Puntarenas matrícula de Folio Real número 8508-000 y 12402-000 se encontraban ocupadas, invadidas y poseídas por particulares desde hace más de 25 años, entre los que se encontraba el señor Olivier Sánchez Jiménez (Imágenes 121 a 125, folios 01 al 04 del expediente administrativo, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez y de Don Bernal Mora Calvo). 9) Que mediante oficio ST-075-99 del 22 de marzo de 1999 remitido por el señor Gilberto Rodríguez Soto en su condición de Supervisor del Departamento Ordinario Agrario al Ingeniero señor José Joaquín Acuña Mesén, Presidente Ejecutivo del INDER, recomienda requerir a la notaría del Estado el traspaso gratuito de las fincas del partido de Puntarenas número 8508 y la 12402. (folios 1 al 3 del expediente administrativo, tomo 3). 10) Que mediante oficio DAJ-538-99 del 8 de octubre de 1999, el señor Carlos Enrique García Anchía en su condición de Director de Asuntos Jurídicos, emite criterio legal dirigido a la Junta Directiva, en el cual manifiesta que en el caso de las fincas ocupadas del Banco Anglo se admite otorgar el título de propiedad sin las limitaciones del numeral 67 de la Ley 2825. (folios 5 al 11 del expediente administrativo, tomo 3). 11) Que mediante decreto ejecutivo número 28788 del dos de junio del año 2000, publicado en la Gaceta 143 del 26 de julio del año 2000, se dispuso a asignar e inscribir a nombre del INDER el día 06 de setiembre del año 2001, con el objeto de que cumpla con los fines que le han sido legalmente encomendados, los inmuebles del Partido de Puntarenas número 8508-000 y la 12402-000. (Imágenes 265, 266 y 271 a 279 del expediente judicial). 12) Que la finca número 12402 del Partido de Puntarenas se segregó en el año 2001 en las propiedades 121.368-000, 121369-000, 121370-000 y la 121371-000 y la finca número 8508 del mismo partido, se segregó en la 121.959-000, la 121960-000, la 121961-000, la 121962-000, la 121963-000, la 121964-000 y la 121965-000. (Imágenes 121 a 125, 281 a 295 del expediente judicial). 13) Que los funcionarios del el INDER censaron en el año 2002 en la propiedades del extinto Banco Anglo a un total de 112 ocupantes, dentro de los que se encontraba el señor Olivier Sánchez Jiménez en las parcelas B-4-11 con una medida de 16.519,47 metros, plano P-746453-01, la B-5-11 con una medida de 170.224,25 metros, plano P-747495-01, y la B-4-13 con una medida de 102.061,63 metros, plano P-748001-01. (folios 17 al 33 del expediente administrativo tomo 3, declaración testimonial de Don Berny Quirós Zúñiga, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez y de Don Bernal Mora Calvo). 14) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural dispuso en el artículo 19 de la sesión ordinaria 048-2003 del 20 de octubre del año 2003, realizar adjudicaciones de propiedades a los ocupantes de las tierras del extinto Banco Anglo. (folios 50 al 59 del expediente administrativo tomo 3, así como declaración testimonial de Don Berny Quirós Zúñiga). 15) Que por oficio AJRB-230-2004 del 06 de junio del 2004, la Asesoría Legal de la Región Brunca emitió criterio legal en torno a la adjudicación de 61 predios en las fincas del extinto Banco Anglo, requiriendo a la Dirección Región Brunca, Ingeniero Bernal Mora Calvo, que se les debía adjudicar sin aplicar el artículo 67 de la Ley 2825. (Imagen 258 a 264 del expediente judicial, así como folios 105 al 111 del expediente administrativo tomo 3, así como testimonial de Don Bernal Mora Calvo). 16) Que, en fecha 11 de junio de 2004, la Dirección Regional Brunca emite el criterio técnico OSCB-131-2004. (Imágenes 129 a 133 del expediente judicial digital. 17) Que por oficio AJRB-236-04 del 07 de julio del 2004, la Asesoría Legal de la Región Brunca emitió criterio legal en torno a la adjudicación de 113 predios en las fincas del extinto Banco Anglo, requiriendo al Gerente General, Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, que se les debía adjudicar sin aplicar el artículo 67 de la Ley 2825. (Imágenes 121 a 125 del expediente judicial). 18) Que por oficio GG-2161-04 del 18 de agosto del año 2004 emitido por la Gerencia General del INDER, se le requirió a la Junta Directiva del INDER otorgar 113 títulos de propiedad sin las limitaciones que establece el artículo 67 de la Ley 2825 del 14 de octubre de 1961, fundado en que las fincas pertenecientes al extinto Banco Anglo ubicadas en el distrito de Aguabuena, cantón de Coto Brus, fueron traspasadas al IDA, con ocupantes con más de 25 años de estar en ese predio (Imágenes 111, 120 a 125 y 555 del expediente judicial digital). 19) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural dispuso en el artículo 12 de la Sesión 032-04 del día 30 de agosto del año 2004, adjudicar sin las limitaciones de ley, 113 predios a ocupantes de las tierras del extinto Banco Anglo. (Imágenes 111 a 118 del expediente administrativo tomo 3, así como declaración testimonial de Don Berny Quirós Zúñiga). 20) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural en el artículo 58 de la sesión 016-06 del 02 de mayo del año 2006, estableció el procedimiento para eximir de la encuesta de selección de familias y titulación de tierras en asentamientos que fueron adquiridos por el INDER para solucionar conflictos de ocupación de tierras (folios 93 al 98 del expediente administrativo tomo 3, imágenes 13220 al 13226 del expediente administrativo digital de la Contraloría General de la República, así como declaración testimonial de Don Berny Quirós Zúñiga). 21) Que la Contraloría General de la República emitió el informe número DFOE-ED-7-2007 del 15 de marzo del año 2007, denominado Informe sobre el cumplimiento y vigencia de las funciones asignadas al IDA, mediante el cual le ordenó a la Junta Directiva del INDER, acápite 4.2.2. a) No emitir acuerdos de adquisición de inmuebles hasta que esa Junta Directiva demuestre ante esta Contraloría General la corrección de las debilidades, deficiencias e irregularidades comentadas en los puntos 2.1 y 2.5 de este informe, y en el acápite 4.2.2. c), derogar el acuerdo número 58 del 02 de mayo del año 2006, emitido en la sesión 16-06 en el que se aprobó el procedimiento abreviado de adjudicación, segregación y titulación, todo lo cual no fue impugnado por la actora. (Imágenes 169 a 238 del expediente judicial digital, expediente administrativo digital de la Contraloría General de la República folios 1 al 56 de la fase recursiva, así como declaración testimonial de Don Berny Quirós Zúñiga y de Don Bernal Mora Calvo). 22) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural ordenó en el artículo 3 de la sesión 012-2007 del 09 de mayo del año 2007, derogar el acuerdo número 58 del 02 de mayo del 2006, emitido en la sesión número 016-06 en el que se aprobó el procedimiento abreviado de adjudicación, segregación y titulación (folios 168 al 195 del expediente administrativo tomo 3). 23) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural en el artículo 47 de la sesión ordinaria 044-2008 del 09 de diciembre del año 2008, acordó solicitar criterio a la Procuraduría General de la República en relación a la titulación de tierras sin limitaciones en las propiedades del extinto Banco Anglo (folio 75 del expediente administrativo tomo 3). 24) Que la Procuraduría General de la República mediante dictamen C-037-2009 del 12 de febrero del año 2009, le expresa al INDER que los ocupantes de terrenos objeto de parcelación también deben someterse a los procedimientos normales de selección de beneficiarios a que se refieren los artículos 55, 62 y 63 de la Ley de Tierras y Colonización (folios 128 al 133 del expediente administrativo tomo 3, así como expediente interno de la Procuraduría tomo 1). 25) Que mediante oficio DFOE-SD-960 del 10 de noviembre del año 2010, la Licenciada Marjorie Gómez Chaves, de la Gerencia de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, manifiesta que el INDER cumplió con las disposiciones 4.2.2.a) y 4.2.2.c) del informe DFOE-ED-7-2007 (Imagen 408 del expediente judicial). 26) Que al señor Olivier Sánchez Ramírez el INDER no se le adjudicó título de propiedad sin limitaciones en las parcelas B-4-11 con una medida de 16.519,47 metros, plano P-746453.01, la B-5-11 con una medida de 170.224,25 metros, plano P-747495,01, y la B-4-13 con una medida de 102.061,63 metros, plano P-748001,01 (folios 17 al 33 del expediente administrativo tomo 3, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez). 27) Que el señor Olivier Sánchez Jiménez tiene inscrito a su nombre la propiedad del partido de Puntarenas la matrícula 22129, que es potrero con una casa, ubicada en Agua Buena, cantón Coto Brus de la provincia de Puntarenas, con una medida de 427,75 metros cuadrados (Imágenes 572 a 574 del expediente judicial digital, así como declaración de Don Olivier Sánchez Jiménez). 28) Que dentro de la finca se ubican nacientes de agua y zonas de árboles debidamente protegidas, sin observarse deterioro de la zona boscosa. (Video de reconocimiento judicial). 29) Que, por medio de criterio SINAC-ACLAP-SRCB-975-2013 de fecha 8 de agosto de 2013, el Área de Conservación La Amistad, Subregión de Coto Brus del SINAC, señala en su “informe de análisis del plano P-747459-2001” de relevancia lo siguiente: “…Que según consulta de registro se determinó que el predio correspondiente al plano P­747495-2001, corresponde al número de matrícula 6-119266-000, el cual es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario… se considera que los terrenos correspondientes al plano catastrado número P-747495-2001, incluye áreas que pueden conformar parte de Patrimonio Natural del Estado que indica el artículo 13 la Ley Forestal 7575, sin embargo, aún se debe de finalizar la verificación de campo para confirmar dicha situación, los resultados de la verificación serán remitidos en los próximos días”. (Imágenes 857 a 867 del expediente judicial digital). 30) Que, por medio de criterio SINAC-ACLAP-SRCB-1015-2013 de fecha 14 de agosto de 2013, el Área de Conservación La Amistad, Subregión de Coto Brus del SINAC, señala, como “informe final de análisis de plano P-747495-2001” expone en lo que interesa: “…presenta dos bosques de cobertura forestal los cuales cubren una superficie de 4.11 ha lo cual corresponde a aproximadamente una cuarta parte del área total del predio y que podrían conformar parte del Patrimonio Natural del Estado… se considera que la masa forestal observada dentro de los terrenos correspondientes al plano catastrado P-747459-2001 coincide con la definición legal del bosque establecida en la Ley Forestal 7575… el predio correspondiente al plano P-747495-2001, corresponde a la matrícula número 6-119266-000, que es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario… se considera que las 4,11 ha de masa forestal ubicada dentro del plano P-747495-2001, coinciden con la definición de Patrimonio Natural del Estado, descrita en el artículo 13 de la Ley Forestal, por corresponder a terrenos de bosque propiedad de una institución estatal”. (Imágenes 841 a 844 del expediente judicial digital). 31) Que, por medio de criterio SINAC-ACLAP-SRCB-1022-2013 de fecha 14 de agosto de 2013, el Área de Conservación La Amistad, Subregión de Coto Brus del SINAC, señala en su “informe de análisis del plano P-746453-2001” de relevancia lo siguiente: “… Que entendiendo como suelo forestal aquellas tierras que se localizan dentro de las clases de capacidad de uso del suelo VIl y VIII (decreto 23214-MAG MIRENEM), se entiende que la totalidad de los terrenos comprendidos dentro del plano catastrado P-746453-2001 corresponden entonces a suelos forestales o da aptitud forestal… Que según consulta de registro se determinó que el predio correspondiente al plano P-746453-2001, corresponde al número de matrícula 6-119269-000, el cual es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario… se considera que los terrenos correspondientes al plano catastrado número P- 746453-2001 coinciden con la definición de Patrimonio Natural del Estado que indica el artículo 13 la Ley Forestal 7575”. (Imágenes 845 a 856 del expediente judicial). 32) Que, por medio de criterio SINAC-ACLAP-SRCB-1023-2013 de fecha 14 de agosto de 2013, el Área de Conservación La Amistad, Subregión de Coto Brus del SINAC, señala en su “informe de análisis del plano P-748001-2001” de relevancia lo siguiente: “… Que entendiendo como suelo forestal aquellas tierras que se localizan dentro de las clases de capacidad de uso del suelo VII y VIII (decreto 23214-MAG MIRENEM), se entiende que la totalidad de los terrenos comprendidos dentro del plano catastrado P-7 48001-2001 corresponden entonces a suelos forestales o de aptitud forestal. … Que según consulta de registro se determinó que el predio correspondiente al plano P-748001-2001, corresponde al número de matrícula 6-119269-000, el cual es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario… Por tanto, y con base en la información anteriormente mencionada, se considera que los terrenos correspondientes al plano catastrado número P-748001-2001 coinciden con la definición de Patrimonio Natural del Estado que indica el artículo 13 la (sic) Ley Forestal 7575”. (Imágenes 868 a 879 del expediente judicial). 33) Que, por medio de criterio SINAC-ACLA-P-SRCB-518-2016 de fecha 23 de mayo de 2016, el Área de Conservación La Amistad, Subregión de Coto Brus del SINAC, señala en su “Aclaración de resultados relacionados a la atención de las solicitudes 03791 y 06684-2013 de la Contraloría General de la República sobre los planos P-747495-2001, P-746453-2001 y P-748001-2001” de relevancia respecto del plano P-747495-2001 lo siguiente: “… Se determinó que las áreas de cobertura forestal presentes en el predio, las cuales cubren una superficie total de aproximadamente 4,11 ha presentan características que coinciden con la definición de bosque establecida en la Ley Forestal 7575. Y que al ser estas partes de una finca inscrita a nombre de una institución del Estado, coinciden con la definición de Patrimonio Natural del Estado establecida en el artículo 13 de la misma ley. No se identificaron áreas que pudieran considerarse como terrenos forestales”, respecto del plano P-746453-2001 señaló: “Se identificaron áreas que coinciden con la descripción de la categoría de suelo VII (terrenos forestales o de aptitud forestal), de acuerdo con lo indicado en el punto 3. 7 de la Metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras en Costa Rica, decreto 23214-MIRENEM, específicamente en lo relacionado a relieve escarpado y zona de vida pluvial (Este último parámetro cubre la totalidad del predio). Por lo que al ser una finca inscrita a nombre de una institución del Estado, hay coincidencia con la definición de Patrimonio Natural del Estado establecida en el artículo 13 de la misma ley. No se identificaron áreas que pudieran considerarse como bosque”, y respecto del plano P-748001-2001: “Se identificaron áreas que coinciden con la descripción de la categoría de suelo VI I (terrenos forestales o de aptitud forestal), de acuerdo con lo indicado en el punto 3.7 de la Metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras en Costa Rica, decreto 23214-MIRENEM, específicamente en lo relacionado a relieve escarpado y zona de vida pluvial (Este último parámetro cubre la totalidad del predio). Por lo que, al ser una finca inscrita a nombre de una institución del Estado, hay coincidencia con la definición de Patrimonio Natural del Estado establecida en el artículo 13 de la misma ley. No se identificaron áreas que pudieran considerarse como bosque”. (Imágenes 1238 y 1239 del expediente judicial).

III. HECHOS NO PROBADOS: Se considera como hechos no probados relevantes para el fondo del presente asunto: 1) Que el actor tenga a su favor un acto administrativo específico y concreto que le reconozca derecho subjetivo de adjudicación sobre las parcelas B-4-11,  B-5-11 y la B-4-13 o que exista, por parte del INDER; un interés de excluir o no tomar en consideración al actor del proceso de adjudicación; 2) Que el actor haya presentado trámite de solicitud de adjudicación y titulación de tierras de las parcelas B-4-11,  B-5-11 y la B-4-13, consecuentemente, que el INDER haya hecho pronunciamiento en estos términos (los autos). 3) Que las parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13 que posee Don Olivier Sánchez Jiménez no se encuentren ubicadas dentro de las fincas del Partido de Puntarenas número 12402 y 8508 (los autos). 4) Que Don Olivier Sánchez Jiménez no haya ejercido la posesión sobre las parcelas B-4-11,  B-5-11 y la B-4-13 en forma quieta, pública, pacífica, de buena fe, y a título de dueño sobre las parcelas B-4-11,  B-5-11 y la B-4-13 (los autos).

IV. SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA: En síntesis, la parte actora basa su teoría del caso en el hecho de ser poseedor de las parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13 ubicadas en Agua Buena de Coto Brus, en el lugar conocido como Metaponto, ello desde el año 1987, adquiriendo de quien había iniciado su posesión sobre dichos terrenos desde 1969. Explica que, registralmente, las señaladas parcelas formaban parte de las matrículas partido de Puntarenas 12402-000 y 8508-000 que pertenecían al Banco Anglo Costarricense adquiridas a razón de garantía hipotecaria, pasando posteriormente a nombre del IDA, hoy INDER, por medio de decreto 28788-H del 2 de julio del 2000, siendo entonces, al momento de adquirir el señalado Banco, la preexistencia de la posesión del actor. Afirma que, en el año 2004, la Junta Directiva del IDA en sesión 32-04 del 30 de agosto de 2004 por medio de acuerdo número 12 ordenó la adjudicación de 113 fincas a los ocupantes, entre los que se encuentra el actor, ello sin las limitaciones del artículo 67 de la ley 2825. Para el año 2006, la Junta Directiva del IDA en sesión 16-06 del 4 de mayo de 2006 creó un procedimiento abreviado de adjudicación, segregación y titulación sin las limitaciones de la ley 2825, comenzando la institución a la ejecución de lo previamente aprobado hasta el 9 de mayo de 2007 en el que la Junta Directiva del IDA en la sesión 12-2007, se conoce el informe DFOE-ED-7-2007 de la Contraloría General de la República, ordenándose suspender las adjudicaciones en trámite y derogar el acuerdo del año 2006, es decir, suprimiendo el procedimiento especial de adjudicación. Señala que, al día de hoy, el señalado acuerdo 12 del año 2004 no ha sido declarado lesivo o de forma alguna afectado el derecho subjetivo que, a favor del actor, generó, por lo que “no existe motivo alguno para la omisión de no haberse adjudicado los terrenos ya identificados supra y así, satisfacer la función social como parámetro rector de los motivos y fines del IDA, sin que tampoco se hayan ejecutado los acuerdos adoptados por la Junta Directiva de esa entidad sobre los terrenos del extinto Banco Anglo Costarricense”. En conclusiones, la parte afirma que estamos en presencia de una actividad omisiva ya que el INDER no ha ejecutado el acuerdo 12 que le da derecho subjetivo a su representado y no tiene una justificación objetiva para no ejecutar sus propios actos, aclarando que el señalado acuerdo está mutilado ya que solamente habla de 113 fincas cuando en realidad se trata de más de 800 poseedores, sobre todo por el hecho de que la situación acá discutida se ancla entre el 2000 y el 2004, no siendo por ende posible que se exija realizar trámite alguno creados con posterioridad, ello sin violentar el principio de irretroactividad de la ley. En lo que refiere a la introducción del SINAC y al tema de Patrimonio Natural del Estado, rescata dos cosas, primero, que su representado nunca se ha opuesto o ha tenido pretensiones de que se titule a su favor los terrenos que tienen tal característica, ni tampoco se ha demostrado que su representado haya ejercido algún acto en perjuicio del Patrimonio Natural, por otra parte, el artículo 13 de la Ley Forestal que constituye la base de los criterios técnicos del SINAC, claramente establecen como excepción de que la norma no aplica a los terrenos garanticen operaciones del sistema bancario nacional, que es justamente este caso, ya que fueron adquiridas por el Banco Anglo en razón de operaciones crediticias, lo que se demuestra por el hecho de que la propia Procuraduría, a través de la Notaría del Estado le pasó los terrenos al IDA, no al SINAC.

V. RESPECTO DE LA POSICIÓN DEL INDER: Al momento de contestar la demanda, realiza una precisión respecto de las afirmaciones de la demanda, ya que “el artículo 15 de la Ley de Disolución del Banco Anglo Costarricense No 7471 del 27 de diciembre de 1994, dispuso que los activos y bienes de cualquier naturaleza que al finalizar el proceso de liquidación de dicha institución bancaria no hayan sido vendidos ni transferidos a otras entidades, pasaran a ser propiedad del Estado. Posteriormente mediante el Decreto Ejecutivo N° 28788-H del 02 de julio del 2000, dispuso entre otros, que los inmuebles ubicados en Puntarenas, matriculas número 8508-000 y 12402-000 fueran traspasados al Instituto de Desarrollo Agrario con la finalidad de cumplir con los fines que le han sido legalmente encomendados, siendo estos los establecidos en la Ley de Tierras y Colonización; es decir, la dotación de tierras a personas que carezcan de ellas o las posean en forma insuficiente para su desarrollo, previa realización de los estudios socio-económicos”. En lo que refiere al punto central del acuerdo 12 del 30 de agosto de 2004, donde se ordena adjudicar 113 predios, siguiendo la línea tanto de la Contraloría General de la República, como el criterio de C-037-2009, los interesados deben seguir los procedimientos normales de selección de beneficiaries a que se refieren los artículos 55, 62 y 63 de la Ley de Tierras y Colonización y regulado en el Reglamento de Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, sobre todo considerando la derogación del procedimiento abreviado de adjudicación que estuvo vigente entre el 2006 y 2007. Además, dicho acuerdo no cita el nombre del actor específicamente, por lo que no puede derivar un derecho subjetivo en los términos afirmados en la demanda, sin mencionar que “…También es necesario resaltar que el actor no ha demostrado haber ejercido una posesión de más de cuarenta años; lo cual, debe estar plenamente acreditado mediante elementos probatorios y no basta con el simple hecho de la parte; por lo que tampoco es procedente tal afirmación”. De manera puntual, señala que la pretensión del actor no encuentra asidero en tanto no existe un mecanismo para excepcionar el trámite ordinario y que el actor no lo ha realizado. En conclusiones señaló que el actor no tiene inclusión dentro del acuerdo 12, y que el INDER no le ha realizado, en su particularidad, un reconocimiento a la tenencia de la tierra, ni se ha acercado al INDER a realizar el trámite de regularización, de verificación o con estudios técnicos a su favor o de sus predecesores, conducta que no puede ser achacable al INDER, por lo que no hay adjudicación expresa a favor del actor y por ende no puede hablarse de omisión administrativa, teniendo a su favor, en el mejor de los casos, una expectativa de derecho que no se consolidó como tal. Los censos que se levantan a nivel institucional siempre son de naturaleza preliminar, y no son generadores de derechos subjetivos a quienes cita y nunca sustituyen el trámite de verificación administrativa. Finaliza su exposición afirmando que, en todo caso, no es posible la titulación de Patrimonio Natural del Estado.

VI. RESPECTO DE LA POSICIÓN DEL ESTADO: En contestación, la representación Estatal señala que, aún y cuando exista en un “censo” o declaraciones de testigos funcionarios, la simple manifestación de un funcionario del Instituto de Desarrollo Agrario sobre la ocupación de personas en fincas del Banco Anglo Costarricense no demuestra ese dicho, y mucho menos si no se indica la forma en que le consta ese hecho. Señala que “De todas formas, de los documentos que constan en autos, no se desprende que el Instituto de Desarrollo Agrario le haya reconocido al actor un derecho de posesión por más de 25 años sobre alguna de las fincas Nos. 12402 y 8508 del Partido de Puntarenas. Tratándose de bienes de dominio público (según la Sala Constitucional los terrenos del IDA objeto de trámites de parcelación tienen la condición de bienes demaniales), no basta una simple manifestación en un acuerdo institucional de que en un determinado sector hay ocupantes con un cierto tiempo de posesión para tener por acreditada ésta. Tales manifestaciones se hicieron en forma genérica y cuando se detalla las supuestas personas en esas condiciones dentro de la comunidad de Agua Buena de Coto Brus no se menciona al actor Olivier Sánchez Jiménez ni a sus transmitentes”. Afirma que, el hecho de que haya existido un procedimiento especial en el año 2006 – 2007, ello no le genera, por sí mismo, un derecho subjetivo. Alega en su contestación falta de legitimación pasiva, falta de derecho. En conclusiones afirmó que hay que limitar el objeto del proceso a la pretensión que fijó la parte actora, ya que no se trata del reconocimiento de un derecho de titulación de una población, sino de un sujeto en particular y frente a tres terrenos específicos, mismos que, según el actor, devienen del acuerdo 12-2004, cuando de la prueba obrante en autos, no lo menciona ni a él, sus predecesores o los terrenos, lo que significa que carece de legitimación para su reclamo. Por otra parte, el decreto ejecutivo que traspasa los terrenos a favor del IDA siempre hizo la salvedad de no incluir bienes como el Patrimonio Natural del Estado. Por otra parte, no existe gestión o tramitación alguna particular a favor del actor sobre los terrenos que alega propios, ya que ni tan siguiera presentó una solicitud, ergo, tampoco hubo una denegatoria o pronunciamiento para evaluar la situación jurídica del actor, siendo que, lo que pretende, es una sustitución de la actuación de la administración activa, sin el procedimiento previsto en la ley y reglamentos. La jurisprudencia de la Sala Primera y el antecedente de la Sección Sétima ha señalado que el derecho subjetivo debe constar expresa y determinada en el acto administrativo de adjudicación. Ninguno de los elementos de prueba obrando en autos son útiles para demostrar los requisitos que debe demostrar el actor en el trámite administrativo respectivo. La parte pretende derivar un valor probatorio a los censos que no posee. En todo caso, existe presencia de Patrimonio Natural del Estado que impide la titulación privativa conforme la Ley Forestal. Reitera la falta de legitimación ad causam activa y pasiva, así como la falta de derecho.

VII. RESPECTO DE LA POSICIÓN DEL SINAC: Señala que, los terrenos solicitados por la parte actora constituyen patrimonio natural del Estado, por lo que resultan no susceptibles de titulación. Además, en el expediente no existe información que acredite el reconocimiento del derecho de posesión del actor en las fincas 12402 y 8508. El reconocimiento de este derecho no basta con a simple manifestación de un funcionario (oficio OSCB-131-2004 de fecha 11 de junio de 2004), el cual indica que hay ocupantes en dichas propiedades, pero al analizar la lista denominada "Lista de los solicitantes Banco Anglo” no consta el nombre del actor, ni de quienes le venden o ceden los derechos al actor. Como se comprueba con los planos y la información aportada par el propio actor, el terreno sobre el cual se reclama derecho subjetivo por haberse operado según él, prescripción adquisitiva a su favor, no solo se encuentra dentro de la finca del IDA hoy INDER, sino que se encuentra dentro del Patrimonio Natural del Estado con base en lo dispuesto por los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal No 7575, según los oficios SINAC-ACLAP-SRCB-1015-2013, SINAC-ACLAP-SRCB-1022-2013 y SINAC-ACLAP-SRCB-1023-2013. Señala que en este proceso no existe ninguna actuación concreta -activa u omisiva- del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que este siendo impugnada por el actor en relación con su derecho posesorio. Alega falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. En conclusiones, afirmó que, de las pretensiones son incompatibles con la tutela de bienes de dominio público, lo que deviene en necesario el rechazo de lo solicitado por el actor y frente a los criterios técnicos del SINAC que no han sido combatidos, reiterando las excepciones interpuestas en la contestación.

VIII SOBRE LAS COMPETENCIAS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Y EL RÉGIMEN JURÍDICO REGULATORIO DE LAS PROPIEDADES ASIGNADAS A SU CARGO: Dispone la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 del 14 de octubre de 1961, que el Instituto de Desarrollo Rural tiene por objeto vincular al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra, velando por que la asignación de este recurso promueva el aumento gradual de la productividad, propugnando por una justa distribución de su producto y la elevación de su condición socioeconómica, para de esa forma hacerlo partícipe consciente del desarrollo de la nación, logrando así una justa distribución de la riqueza y evitando las formas indirectas de explotación de la tierra (artículo primero), reconociendo la existencia y legitimidad de la propiedad privada. Se trata en efecto de una norma de ejecución del canon 50 de la Constitución Política, que pretende en esencia promover la reforma agraria y otorgar tierras a aquellas personas que realmente lo necesitan. En razón de tales cometidos, la Junta Directiva de dicha entidad tiene la facultad de promover planes de parcelación, disponer la adquisición de propiedad particular a fin de cumplir con sus fines económico-sociales, de constituir en propietarios a los campesinos a quienes les adjudica una parcela y de aprobar la adjudicación de fundos para el otorgamiento de los títulos respectivos. Todo ello sin duda establece un régimen especial de propiedad, tutelado y protegido en forma agravada, con el objeto de destinarla al fin encomendado por ley, evitando así que la tierra sea dedicada a fines contrarios a su fin social, lo cual implicaría su desnaturalización. Así las cosas, existe un control de parte de esta entidad en cuanto a quién o quiénes solicitan una parcela para su explotación agraria, lo cual se materializan en una serie de controles, filtros y fiscalizaciones que, en el ámbito de sus competencias, permiten el cumplimiento del llamado fin. Por ello, es que el acto final que culmina este ejercicio de función pública se materializa en la adjudicación de las parcelas por venta, ésta última determinada por los gastos de adquisición y demás cargas administrativas, toda vez que no se pretende lucrar, el Instituto expidiendo a favor del ocupante que ha superado todas las etapas de control señalado y obteniendo a cambio un título de posesión provisional en que constan sus derechos y obligaciones, los cuales a su vez, mantienen una vigilancia de parte del Instituto señalado para verificar que la tierra cumpla con el fin para el cual ha sido entregado, es decir, verificar si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado y cumplido a satisfacción las demás obligaciones, por lo que, una vez superado el plazo asignado para este control, finalmente tendrá derecho a que se le otorgue el título de propiedad (artículo 65 de la ley citada). De conformidad con todo lo expuesto, es claro que el ocupante aspirante a titular y posterior titular obtiene el terreno con una serie de límites y limitaciones, entre la que se destaca que el beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo, subdividirlo sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas, por lo cual los contratos privados celebrados por el adjudicatario con terceros, no vincula a la entidad. Ha de recordarse que, lo que pretende la norma es la parcería rural agraria, negando la posibilidad de la concentración de tierra y el latifundio como se dio en otras latitudes. No está demás indicar que, pese al interés legislativo por demás válido, presenta el defecto que le niega al adjudicatario la posibilidad de crédito por las instituciones bancarias, dejando la inversión en los recursos personales del adjudicatario quien por regla los carece. En ese sentido se dispuso que, incluso transcurrido tal plazo, si la enajenación de la parcela produce la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, el Instituto podrá adquirirlas en forma prioritaria (numeral 67 del mismo cuerpo normativo), con lo que hace manifiesto la permanencia de la vigilancia y control público en la materia. No obstante, tratándose de terrenos declarados como reservas nacionales, se le prohíbe a los particulares encerrar con cercas, construir, cultivar, extraer leña, madera, bejuco o cualquier otro producto con fines de explotación, o usar tales fundos (ordinal 8 de la Ley 2825). En razón de ello, estipula el numeral 11 de la Ley 2825, que pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales, mientras no se pruebe lo contrario, "a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y  d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos". Destacándose la excepción contemplada en el ordinal b), supracitado para casos de posesión decenal, lo cual es concordante con lo estipulado en el numeral 92 de la Ley ibid, que faculta a los poseedores en precario que realicen actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, aunque el terreno esté inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público, y que tengan posesión decenal a inscribir su derecho por el procedimiento de información posesoria. Se trata de un régimen de propiedad derivado de la posesión, especial y revestido de interés público. De igual forma, el ordinal 101 ibid tutela los derechos de posesión de fincas ocupadas por poseedores que tengan más de 10 años de poseerlas en forma directa o por sus transmitentes y sin que sea necesario el título traslativo de dominio que exige el Código Civil, para que los hagan valer en el proceso expropiatorio. Asimismo, en el artículo 122 ibid, de igual forma se le exime al poseedor decenal de tener que pedir autorización del INDER para vender, gravar, arrendar o segregar el fundo. En consecuencia, en tales hechos y situaciones se salvaguarda la prescripción positiva adquirida por los poseedores, sin que deban someterse a los trámites ordinarios de parcelación del INDER, con la aplicación de las limitaciones que expresa el ordinal 67 ibid. En estos casos no es la figura de la parcería rural típica, sino de la regularización de situaciones de hecho que el ordenamiento tutela.

IX. CASO CONCRETO. AUSENCIA DE OMISIÓN ADMINISTRATIVA ACUSADA. EL ACTOR NO HA GESTIONADO EL RECONOCIMIENTO DE SU ESTADO POSESORIO. EL JUEZ NO SUSTITUYE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA: De manera concreta, la teoría del caso de la parte actora gira en torno a la alegación de una supuesta omisión de parte del INDER de no ejecutar, a su favor, el artículo N° 12 de la sesión 032-2004 celebrada el 30 de agosto de 2004 de su predecesor el IDA, afirmando que, de éste, se desprende un derecho subjetivo que se encuentra en perjuicio. Al respecto hemos de recordar que la omisión, como causal de responsabilidad administrativa, ha de analizarse en un doble parámetro: por un lado, la existencia de un deber de actuación jurídicamente válida, y por otro, la acreditación material de la inacción administrativa frente a tal deber jurídico de actuar. Aclaramos que, el deber de acción debe ser, necesariamente, válido desde la perspectiva jurídica, en tanto no es posible exigirle el actuar a la Administración de una conducta que no encuentre asidero en los términos del artículo 11 Constitucional y 11 de la Ley General de Administración Pública, e incluso, si por alguna anormalidad dicha Administración reconociese a favor de un administrado determinada actuación que no cumpla con tales parámetros, ésta llamada a inaplicar dicho acto y suprimirlo por los mecanismos que establece nuestro ordenamiento, con la revocación, la supresión que narra el 173 y 183 de la Ley General de Administración Pública o lesividad, en aquellos casos que la anormalidad haya provocado un derecho subjetivo a favor del particular. Así, entiende esta Cámara de jueces, más allá de la discusión de si el actor o sus predecesores cuentan o no con un pronunciamiento expreso dentro del acuerdo 12-2004 del IDA, o si los terrenos marcados como parcelas B-4-11, B-5-11 y la B-4-13 están o no citados expresamente en dicho acuerdo, debemos determinar primero si, el acuerdo en sí, constituye la base de un deber activo de actuación administrativa que forma parte del presupuesto de la omisión alegada. Para ello, debemos detenernos en detalle en el señalado acuerdo, para remarcar varios aspectos de interés. El acuerdo en cuestión señala: “De conformidad con el oficio GG-2161-04… a) La justificación planteada por la Dirección de la Región Brunca Baja, para que los títulos de propiedad se entreguen, sin las limitaciones que establece el art. 67 de la Ley 2825, ya que las fincas pertenecientes al extinto Banco Anglo ubicadas en el distrito de Aguabuena, cantón de Coto Brus, fueron traspasadas al IDA, con ocupantes, con más de veinticinco años de estar en ese predio, lo que ha generado que esos ocupantes tengan derechos que en muchos casos superan la posesión decenal. b) Que el IDA como ente rector en materia agraria, debe de dar una flexibilización en lo (sic) requisitos de selección a la hora de adjudicar este tipo de familias, con el propósito de dar una solución a un problema de tenencia de la tierra. c) Que las familias que se encuentren en situaciones como las de estos asentamiento (sic), deberán de cancelar al Instituto los costos administrativos y topográficos en que incurra el Instituto, para la producción de títulos de propiedad. POR LO ANTES EXPUESTO Y CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL QUE ESOS POSEEDORES CONTAR CON SUS TITULO DE PROPIEDAD, SE ACUERDA: Adjudicar 113 predios a los ocupantes de las tierras del extinto Banco Anglo” (Imágenes 555-562 del expediente judicial digital), citando un total de 87 parcelas distribuidas en 59 personas físicas y/o jurídicas, donde, efectivamente, no se logra identificar las parcelas B-5-11, B-4-11 y B-4-13, ni tampoco el nombre del actor o de sus predecesores Nelson Porras Aguilar, Misael Valverde Granados o Leonardo Picado Arguedas. No obstante, conforme el artículo 136 de la Ley General de Administración Pública, es forzoso, para determinar en su totalidad la cobertura del contenido motivacional del acto, referirnos al oficio GG-2161-04, y de la propia referencia que da el acto de 113 predios, pese a que en el enlistado solamente aparecen 87, sin que se observen expresamente una voluntad del órgano colegiado de separarse del criterio técnico y no pronunciarse sobre las 26 fincas que no se citan en el acuerdo. Ahora bien, el referenciado oficio GG-2161-04 en realidad no es un criterio propio, sino un memorando remisivo del Gerente hacia la Junta Directiva que solamente expresa como “asunto”: “Adjudicaciones en Finca del extinto Banco Anglo”, y en el cuerpo del memo señala: “Nota AJRB 236-04. Para conocimiento y resolución de la Junta Directiva, la Dirección de la Región Brunca Alta solicita la adjudicación de 113 predios, distribuidos de la siguiente manera: Lotes = 18, Granjas = 22 y Parcelas = 73” (Imagen 120 del expediente judicial). Siguiendo con la línea de análisis, el criterio AJRB 236-04 de la Asesoría Legal de la Región Brunca de fecha 7 de julio de 2004, basa su opinión legal en el oficio realizado por la Dirección Brunca Alta DRB-A-584-2004, de fecha 16 de junio de 2004, el cual señala en lo de interés: “En atención al oficio adjunto OSCB-131-2004, le solicito gestionar ante la Junta Directiva la adjudicación de los poseedores de terrenos de fincas Banco Anglo, ubicadas en Aguabuena de Coto Brus. Tal como se indica en la citada nota, se trata del tercero y cuarto grupo, ya que anteriormente fueron aprobadas adjudicaciones del mismo asentamiento, con fundamento en el oficio DAJ-1005-2002 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde se interpreta, entre otros aspectos, que los títulos a gestionar posteriormente, no serán afectados por las limitaciones del artículo 67 de la Ley 2825” (resaltado es nuestro, imágenes 126 a 128). Lo anterior nos lleva, finalmente, al criterio técnico OSCB-131-2004, elaborado por la Dirección Regional Brunca de fecha 11 de junio de 2004, el cual señala de interés: “Le solicitamos la colaboración de su parte en el trámite ante Junta Directiva de adjudicaciones de familias ocupantes del asentamiento Banco Anglo, ubicado en el distrito Aguabuena de 1 cantón de Coto Brus según detalle de cuadros adjuntos. Se trata del tercer y cuarto grupo para el citado trámite, ya que en el Artículo XXX de la Sesión 083-02 del 09 de diciembre del 2002 fue adjudicado el primer grupo, posteriormente mediante Artículo 26, Sesión 028-03 del 16 de junio de 2003 se adjudicó el segundo grupo de estas familias donde, de acuerdo al oficio DAT -1005-02 y antecedentes, los poseedores reúnen los requisitos y condiciones que establecen los artículos 62, 63, 92, 101, 130 de la ley 2825 y sus reformas. En el mismo acuerdo, se indica que en el trámite de escrituras de ese asentamiento deberá de tomarse en cuenta el fundamento del oficio DAJ-1005-02, lo cual se interpreta entre otros aspectos, que los títulos no serán afectados por las limitaciones del artículo 67 de la ley 2825” (Imágenes 129 a 133 del expediente judicial digital, resaltado es nuestro), y en donde se adjunta el cuadro en detalle de los predios y poseedores, sin que se describa las parcelas B-5-11, B-4-11 y B-4-13, ni tampoco el nombre del actor o de sus predecesores Nelson Porras Aguilar, Misael Valverde Granados o Leonardo Picado Arguedas. Con todo este panorama, podemos ahora sí determinar los elementos fundamentales del acto administrativo que contiene el artículo N° 12 de la Sesión 032-2004 celebrada el 30 de agosto de 2004 del IDA, ello en aplicación del artículo 136 de la Ley General de Administración Pública, encontrando que, primero, el acto es, en realidad, el tercero de su tipo, junto con los acuerdos de las sesiones 083-02 del 09 de diciembre del 2002 y 028-03 del 16 de junio de 2003, abarcando un total de cuatro grupos de predios que forman parte del asentamiento desarrollado en las fincas que pertenecían al Banco Anglo; segundo, que dichos grupos habían pasado previamente por análisis técnicos y legales, antes del pronunciamiento de la Junta Directiva del IDA, y tercero, contrario a la tesis del actor, el señalado acuerdo no posee efectos a su favor, ni de los predios que éste posee o de los previos poseedores. En otras palabras, llevan razón las representaciones demandadas de que el actor no tiene a su favor, un derecho subjetivo que derive del señalado acuerdo 12, que le permita sustentar su teoría del caso. No obstante, si seguimos la línea temporal de eventos, es cierto que mediante el acuerdo número 58 del 02 de mayo del 2006, emitido en la sesión número 016-06 la Junta Directiva del IDA aprobó un procedimiento abreviado de adjudicación, segregación y titulación para los terrenos ocupados en dicha locación, mismo que fue posteriormente derogado por el artículo 3 de la sesión 012-2007 del 09 de mayo del año 2007 de la misma Junta Directiva, empero, de los autos no se desprende que el actor haya participado en el primero, segundo, tercero o cuarto de los grupos analizados por el IDA o grupos subsecuentes, antes, durante o después de la vigencia de dicho procedimiento especial. Por ende, es ayuna la prueba obrante en autos para identificar que el actor haya cumplido con el principio dispositivo de participar de los procedimientos de calificación y trámite técnico del IDA para resultar beneficiario de una adjudicación de dicha institución, quedando solamente acreditado con la prueba obrante en autos que éste estaba mapeado como parte de la totalidad de las parcelas que pertenecían al Banco Anglo, como se desprende del censo realizado y las declaraciones que se recibieron de parte de los funcionarios del IDA, mas ello no es suficiente para acreditar que el actor contase, respecto de los predios reclamados, una gestión propio o individualizada que determinase el cumplimiento de los requisitos de titulación, coincidiendo así con la tesis del demandado INDER al señalar que los censos son de naturaleza preliminar y que en todo caso no pueden sustituir el trámite de verificación administrativa. Hemos de entender entonces, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores de esta sentencia, que no es posible sustentar una supuesta omisión administrativa, dado que no queda acreditado que exista algún trámite propiciado por el actor, en participar de alguno de los grupos que ya regularizaron su tenencia de tierra, no siendo, como lo pretende hacer ver el actor, que exista una carga obligacional del demandado INDER de propiciar el trámite de oficio, sin que se hayan agotado previamente los análisis técnicos y procedimentales que, al menos con la prueba que obra en autos, sí se realizaron con los sujetos que pertenecieron a los grupos primero a cuarto. Nótese que, en este proceso, la parte actora no cuestiona ninguna de esas tres actuaciones, es decir, la acción no está planteada en términos de revisar el contenido del acto, o de alguna de las actuaciones preexistentes en las cuales se le haya incluido o excluido de alguna manera, sino que da por sentado que a éste le asiste la pertenencia a alguno de esos grupos (particularmente el grupo tercero – cuarto amparados al artículo 12 de la sesión 032-2004), sin llegar a demostrar que sea así, ello conforme la prueba documental ya señalada. Ahora bien, conforme los numerales 1, 2, 36, 42 y 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo debemos recordar el control jurisdiccional sirve de fiscalización de la conducta activa o pasiva, no tiene por finalidad realizar una sustitución de la Administración, es decir, el juez no sustituye a la Administración en un primer orden, sino que controla el actuar de ésta, valorándola y tomando las decisiones de confirmación, corrección o determinación de los parámetros aplicables a un caso concreto. En ese orden de ideas, no es posible para este Tribunal que, para el caso en marras, se sustituya la valoración técnica y en general, procedimental de titulación de tierra a favor del actor, sin que éste haya previamente requerido a la Administración competente el ejercicio de sus competencias legales, en otras palabras, no queda demostrado que el actor haya gestionado el reconocimiento de su estado posesorio ante el IDA, hoy INDER, por lo que no es posible confirmar la existencia de una omisión administrativa en esos términos, y tampoco es posible que el Tribunal sustituya el ejercicio normal de competencias que le corresponde al INDER, por lo que el argumento no es de recibo.

X. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE FONDO. LEGITIMACIÓN: Como derivación del considerando anterior, encontramos que, tal y como lo alegan las partes demandadas, debemos analizar la legitimación activa que el actor pretende ejercitar en este proceso y para ello, nos remitimos a la pretensión que es objeto de pronunciamiento, la cual pretende que se declare: “El derecho subjetivo del señor Olivier Sánchez Jiménez aquí actor sobre los terrenos en los cuales ejerce la posesión así reconocido por el INDER… y se otorgue las parcelas señaladas consecuentemente como propietario de dichas parcelas sin las limitaciones del artículo 67 de la Ley 2825 en armonía con lo acordado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario hoy INDER en su artículo N° 12 de la Sesión 032-2004 celebrada el 30 de agosto de 2004”, como puede observarse, la pretensión se fundamenta en la derivación de un supuesto derecho subjetivo originado en el ya estudiado acuerdo N°12 del IDA. En este sentido, y reiterando lo ya expuesto en el considerando anterior, no es posible identificar una causalidad entre este acto y el actor, por cuanto, ni tan siquiera remitiéndonos a los criterios que le dan contenido conforme el artículo 136 de la LGAP al señalado acuerdo, se logra identificar las parcelas objeto del proceso ni a los poseedores previos o al propio actor en éste, con lo que se confirma que no existe legitimación activa a favor del actor, en tanto tal acto del IDA (o los que lo sustentan) no le brinda la cobertura en términos del sustento fáctico o jurídico de un derecho subjetivo a su favor, implicando consecuentemente que su demanda ha de ser declarada sin lugar. Ante la ausencia de este presupuesto necesario para la acción, resulta innecesario el pronunciamiento de las demás defensas de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Asimismo, por la forma en cómo se está resolviendo, se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos de fondo de este proceso.

XI. COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto como se dijo supra, el actor ha perdido esta demanda al no asistirle legitimación activa; por ende, se le condena al pago de ambas costas del proceso.

POR TANTO:

Se acoge la falta de legitimación ad causam activa. Se omite pronunciamiento de las demás defensas y excepciones por innecesario. En consecuencia, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la acción formulada por el señor Olivier Sánchez Jiménez en contra del Instituto de Desarrollo Rural, el Estado y el SINAC. Son ambas costas a cargo del actor. Notifíquese.

 

CARLOS JOSÉ MEJÍAS RODRÍGUEZ

CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR    LAURA GÓMEZ CHACÓN

 

	


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CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 10-004376-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 (EXT 01-2707) ó 2545-0099 (EXT 01-2599). Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:17:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Trial Court for Contentious-Administrative Matters, Section I

Resolution No. 00012 - 2022

Resolution Date: February 9, 2022 at 15:15

Case File: 10-004376-1027-CA

Drafted by: Carlos José Mejías Rodríguez

Type of Matter: Contentious-administrative ordinary proceeding

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER

Resolutions in the Same Case File

Content of Interest:

Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: Administrative Law

Topic: Rural Development Institute

Sub-topics:

Powers and regulatory regime of the properties assigned under its charge.

"VIII ON THE POWERS OF THE RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE, AND THE REGULATORY LEGAL REGIME OF THE PROPERTIES ASSIGNED UNDER ITS CHARGE: The Ley de Tierras y Colonización, number 2825 of October 14, 1961, provides that the Rural Development Institute has the purpose of linking the citizen to a sound land possession regime, ensuring that the allocation of this resource promotes the gradual increase of productivity, advocating for a just distribution of its product and the elevation of their socioeconomic condition, thereby making them a conscious participant in the nation's development, thus achieving a just distribution of wealth and avoiding indirect forms of land exploitation (article one), recognizing the existence and legitimacy of private property. This is indeed a rule for executing canon 50 of the Political Constitution, which essentially aims to promote agrarian reform and grant land to those who truly need it. By reason of such duties, the Board of Directors of said entity has the power to promote plans for subdivision (parcelación), arrange the acquisition of private property to fulfill its economic-social purposes, to establish the peasants to whom it adjudicates a parcel as owners, and to approve the adjudication of estates for the granting of the respective titles. All of this undoubtedly establishes a special property regime, guarded and protected in an aggravated manner, with the purpose of allocating it to the purpose mandated by law, thus preventing the land from being used for purposes contrary to its social purpose, which would imply its denaturation. As such, there is a control by this entity regarding who requests a parcel for their agricultural exploitation, which materializes in a series of controls, filters, and audits that, within the scope of its powers, allow the fulfillment of the stated purpose. Therefore, the final act that culminates this exercise of public function materializes in the adjudication of the parcels by sale, the latter determined by the acquisition costs and other administrative charges, since the Institute does not intend to profit, issuing in favor of the occupant who has passed all the indicated control stages and obtaining in exchange a provisional possession title stating their rights and obligations, which, in turn, maintain a surveillance by the indicated Institute to verify that the land fulfills the purpose for which it was delivered, that is, verifying whether the occupant has cultivated the minimum indicated and satisfactorily fulfilled the other obligations, such that, once the period assigned for this control has passed, they will finally have the right to be granted the property title (article 65 of the cited law) [...]

However, in the case of lands declared as national reserves, private individuals are prohibited from enclosing with fences, building, cultivating, extracting firewood, timber, vines (bejuco), or any other product for exploitation purposes, or using such estates (section 8 of Law 2825). By reason of this, section 11 of Law 2825 stipulates that the following belong to the State as national reserves, unless proven otherwise: 'a) All lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, or property of the Municipalities or the Autonomous Institutions; b) Those not covered by decennial possession (posesión decenal); c) Those that, by special laws, have not been designated for the formation of agricultural colonies; and d) In general all those that, not being private property, are not occupied for public services.' Highlighting the exception contemplated in subsection b), cited above for cases of decennial possession (posesión decenal), which is concordant with what is stipulated in section 92 of the Ibid Law, which empowers precarious possessors who perform stable and effective acts of possession, as owner, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, even if the land is registered in the name of a third party in the Public Registry, and who have decennial possession (posesión decenal) to register their right through the possessory information procedure [...]."

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Legislation and Doctrine Citations

Resolution Text

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CASE FILE:

10-004376-1027-CA - 4

PROCEEDING:

ORDINARY

PLAINTIFF:

OLIVIER SANCHEZ JIMENEZ

DEFENDANT:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.-

Nº12-2022-I

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIAL COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and fifteen minutes on February ninth, two thousand twenty-two.-

Ordinary proceeding, filed by Olivier Sánchez Jiménez, married, farmer, resident of Agua Buena of the Coto Brus Canton, Puntarenas Province, identification card number 5-105-641, represented by his special judicial attorney-in-fact Daniel Rojas Pochet, bar association number 10402, against the Rural Development Institute, represented by its special judicial attorney-in-fact Licda. Verónica Ulloa Hernández, bar association number 25223, the State, represented by Procuradora Silvia Elena Quesada Casares, bar association number 13586, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), represented by Licda. Mauren Solís Retana, bar association number 16235.

WHEREAS

I. With the present ordinary proceeding, action is taken so that in judgment the following be declared, according to the claims set in the preliminary hearing: "a-The subjective right of Mr. Olivier Sánchez Jiménez, plaintiff herein, over the lands in which he exercises possession, as recognized by the INDER, namely: a) Survey plan P-7474952001 corresponding to parcel B-5-11 measuring 17 hectares 0224.25 (square meters); b) Survey plan P-746453-2001 corresponding to parcel B-4-11 measuring 1 hectare 6519.47 (square meters); c) Survey plan P-748001-2001 corresponding to parcel B-4-13 measuring 10 hectares 2081.63 (square meters) and that the indicated parcels be granted consequently as owner of said parcels without the limitations of article 67 of Law 2825 in harmony with what was agreed by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, now INDER, in its Article No. 12 of Session 032-2004 held on August 30, 2004. d- That the defendants responsible for the conduct be ordered to pay both costs of the proceeding". (Image 1610 and audio of the preliminary hearing in SIGAO).

II. Once the corresponding procedural step was granted, the defendants opposed this action and formulated the defenses of lack of active standing, lack of passive standing, and lack of right, as well as the order to pay costs against the plaintiff. (Images 317 to 336, 341 to 377 of the judicial case file).

III. That a preliminary hearing was held on November 9, 2012. (audio on CD provided for this purpose and minute at images 528 to 531 of the judicial case file).

IV. That the trial hearing was held on January 24, 2013, and evidence was requested for a better resolution under the terms of sections 82, 85, and 110 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and the proceeding was reopened on Monday, February 4 of the current year (audio and video on CD and minute at images 547 to 549 of the digital judicial case file).

V. That on January 30, February 4, and February 7, all of 2013, the trial session continued and a judicial inspection (reconocimiento judicial) was ordered, ordering the reopening of the debate in accordance with article 110 of the CPCA, in order to evacuate said transcendental evidence at the site of the land in dispute. (CD of the trial hearing, minute at images 575 to 579 of the digital judicial case file).

VI. That on Thursday, February 28 of the current year, at thirteen hours, the judicial inspection (reconocimiento judicial) was carried out and the parties made conclusions regarding said evidence (locus in quo, video on evidence CD).

VII. By means of resolution 23-2013-IV, Section Four of this Court issued a judgment on the merits of this matter. (Images 594 to 626 of the digital judicial case file).

VIII. By means of vote 921-F-S1-2015, the First Chamber of the Supreme Court of Justice grants the cassation appeal against the previously cited judgment, and orders the joinder of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) to the record. (Images 1059 to 1075 of the judicial case file).

IX. By means of a resolution at 16:26 minutes on April 18, 2016, a procedural step is granted to SINAC. (Images 1098 of the digital judicial case file).

X. SINAC answered the complaint negatively, alleging lack of right and lack of active and passive standing. (Images 1102 to 1112 of the digital judicial case file).

XI. By means of a written submission dated August 29, 2016, the plaintiff replies to SINAC's answer without providing counter-evidence. (Images 1250 to 1257 of the digital judicial case file).

XII. By means of resolution 2028-2016, a partial dismissal is declared in favor of the Contraloría General de la República. (Images 1267 to 1656 of the judicial case file).

XIII. On August 23, 2019, and October 15, 2020, the preliminary hearing was held with the presence of all parties, evidence to be evacuated was admitted, and the claims and disputed facts were set. (Audio and video in SIGAO as well as minute at images 1396 to 1398 and 1609 to 1614).

XIV. On January 19, 2022, the oral and public trial was held in the presence of this Panel of Judges. Sanitation and adjustment of the evidence for trial were carried out, the testimonial evidence was waived, the matter was declared purely of law, and conclusions were rendered orally. (Audio and video in SIGAO and minute at images 1650 to 1656 of the digital judicial case file).

XV. The relevant legal prescriptions have been observed in the proceedings, and no vices or omissions capable of causing the nullity of the proceedings or defenselessness to the parties are observed. This resolution is issued after deliberation, within the term of law, and by unanimity.

Drafted by Judge Mejías Rodríguez, with the favorable vote of Judges Bolaños Salazar and Chacón Gómez; and,

WHEREAS

I. EVIDENCE FOR A BETTER RESOLUTION: As indicated in the trial hearing on January 19, 2022, with the purpose of sanitizing the proceeding regarding evidence, it was determined to incorporate into the record all evidence already contained in the case file. Likewise, it was determined that, in accordance with 49.4 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the declarations made in this proceeding in the sessions dated January 24 and 30, February 4 and 7, all of 2013, were admitted as documentary evidence.

II. PROVEN FACTS: The following facts of interest for the resolution of this matter are deemed proven: 1) That by means of a private sale and assignment of rights of a real estate, it is stated that Mr. Nelson Porras Aguilar, identification card number 9-032-177, assigned the rights of a real estate of his property to Mr. Olivier Sánchez Ramírez, acquired by Mr. Nelson in the year 1969 from Misael Valverde Granados and that as of 1979 he transferred them to Don Olivier, a property described as pasture in nature, located in Santa Marta de Agua Buena, Coto Brus canton, Puntarenas Province, with an approximate measurement of 17 hectares and without a survey plan. (Image 302 of the judicial case file, as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez). 2) That by means of deed number 44 of January 23, 1987, Mr. Leonardo Picado Arguedas, identification card number 2-135-639, sells to Mr. Olivier Sánchez Ramírez the possession right for more than 14 years over a land located in Pueblo Nuevo de Agua Buena, third district, Coto Brus, Eighth Canton, which at that time was pasture land, with a corral, two springs (nacientes) of water, with an approximate measurement of two hectares. (Images 300 and 301 of the digital judicial case file, as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez). 3) That by means of deed number 86 of April 19, 1991, Mr. Leonardo Picado Arguedas, identification card number 2-135-639, sells to Mr. Olivier Sánchez Ramírez the possession right for more than 22 years over a land located in Santa Marta de Agua Buena, Coto Brus, Puntarenas, which is pasture land, with an approximate measurement of ten hectares. (Images 300 and 301 of the digital judicial case file, as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez). 4) That Mr. Olivier Sánchez Jiménez has possessed for more than twenty years, in a quiet, public, peaceful, continuous manner, as owner, and prior to its being donated by the former Banco Anglo to the INDER, the property of the Partido de Puntarenas, parcel number B5-11 with a measurement of 17 hectares 0224.25 square meters, survey plan number P-747495-2001, which has green areas, springs (nacientes), and streams and is located in District 03 of Agua Buena, canton 8 Coto Brus, which is part of the Folio Real of Partido de Puntarenas number 119-266-000 and which is used for pasture and livestock, carrying out in them reforestation, maintenance, fence repair, clearing (chapias), as well as care of the springs (nacientes). (Images 300 to 303, 587, 593, judicial inspection (reconocimiento judicial), as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez). 5) That Mr. Olivier Sánchez Jiménez has possessed for more than ten years, in a quiet, public, peaceful, continuous manner, and as owner, and prior to its being donated by the former Banco Anglo to the INDER, the property of the Partido de Puntarenas, parcel number B4-11 with a measurement of 1 hectare 6519.47 square meters, survey plan number P-746453-2001, located in District 03 of Agua Buena, canton 8 Coto Brus, which is part of the Folio Real of Partido de Puntarenas number 119-266-000 and which is used for pasture and livestock, which has green areas, springs (nacientes), and streams, carrying out in them reforestation, maintenance, fence repair, clearing (chapias), as well as care of the springs (nacientes). (Images 300 to 303, 587, 593, judicial inspection (reconocimiento judicial), as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez). 6) That Mr. Olivier Sánchez Jiménez has possessed for more than ten years, in a quiet, public, peaceful, continuous manner, and as owner, and prior to its being donated by the former Banco Anglo to the INDER, the property of the Partido de Puntarenas, parcel number B4-13 with a measurement of 10 hectares 2081.63 square meters, survey plan number P-748001-2001, located in District 03 of Agua Buena, canton 8 Coto Brus, which is part of the Folio Real of Partido de Puntarenas number 119-266-000 and which is used for pasture and livestock, which has green areas, springs (nacientes), and streams, carrying out in them reforestation, maintenance, fence repair, clearing (chapias), as well as care of the springs (nacientes). (Images 300 to 303, 587, 593, judicial inspection (reconocimiento judicial), as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez). 7) That the farms of the Partido de Puntarenas, Folio Real registration numbers 8508-000 and 12402-000, belonged to the extinct Banco Anglo, which were donated to the INDER through the State via executive decree number 28788 of June 2, 2000. (Images 121 to 125, 265 to 267, as well as the testimonial declaration of Don Berny Quirós Zúñiga and Don Bernal Mora Calvo). 8) That before being donated to the INDER, the farms of the Partido de Puntarenas, Folio Real registration numbers 8508-000 and 12402-000, were occupied, invaded, and possessed by private individuals for more than 25 years, among whom was Mr. Olivier Sánchez Jiménez (Images 121 to 125, folios 01 to 04 of the administrative case file, as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez and Don Bernal Mora Calvo). 9) That via official letter ST-075-99 of March 22, 1999, sent by Mr. Gilberto Rodríguez Soto, in his capacity as Supervisor of the Ordinary Agrarian Department, to Engineer Mr. José Joaquín Acuña Mesén, Executive President of the INDER, he recommends requesting from the State notary's office the free transfer of the farms of Partido de Puntarenas numbers 8508 and 12402. (folios 1 to 3 of the administrative case file, volume 3). 10) That via official letter DAJ-538-99 of October 8, 1999, Mr. Carlos Enrique García Anchía, in his capacity as Director of Legal Affairs, issues a legal opinion addressed to the Board of Directors, in which he states that in the case of the occupied farms of Banco Anglo, it is admissible to grant the property title without the limitations of section 67 of Law 2825. (folios 5 to 11 of the administrative case file, volume 3). 11) That via executive decree number 28788 of June second, year 2000, published in La Gaceta 143 of July 26, year 2000, it was ordered to assign and register in the name of the INDER on September 6, year 2001, so that it fulfills the purposes legally entrusted to it, the real properties of Partido de Puntarenas numbers 8508-000 and 12402-000. (Images 265, 266 and 271 to 279 of the judicial case file). 12) That farm number 12402 of Partido de Puntarenas was segregated in the year 2001 into properties 121.368-000, 121369-000, 121370-000, and 121371-000, and farm number 8508 of the same partido was segregated into 121.959-000, 121960-000, 121961-000, 121962-000, 121963-000, 121964-000, and 121965-000. (Images 121 to 125, 281 to 295 of the judicial case file). 13) That INDER officials conducted a census in the year 2002 on the properties of the extinct Banco Anglo of a total of 112 occupants, among whom was Mr. Olivier Sánchez Jiménez on parcels B-4-11 with a measurement of 16,519.47 meters, plan P-746453-01, B-5-11 with a measurement of 170,224.25 meters, plan P-747495-01, and B-4-13 with a measurement of 102,061.63 meters, plan P-748001-01. (folios 17 to 33 of administrative case file volume 3, testimonial declaration of Don Berny Quirós Zúñiga, as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez and Don Bernal Mora Calvo). 14) That the Board of Directors of the Rural Development Institute ordered in article 19 of ordinary session 048-2003 of October 20, 2003, to carry out adjudications of properties to the occupants of the extinct Banco Anglo lands. (folios 50 to 59 of administrative case file volume 3, as well as the testimonial declaration of Don Berny Quirós Zúñiga). 15) That via official letter AJRB-230-2004 of June 6, 2004, the Legal Advisory Office of the Brunca Region issued a legal opinion regarding the adjudication of 61 parcels on the extinct Banco Anglo farms, requiring the Director of the Brunca Region, Engineer Bernal Mora Calvo, that they should be adjudicated without applying article 67 of Law 2825. (Image 258 to 264 of the judicial case file, as well as folios 105 to 111 of administrative case file volume 3, as well as the testimony of Don Bernal Mora Calvo). 16) That, on June 11, 2004, the Brunca Regional Directorate issues technical opinion OSCB-131-2004. (Images 129 to 133 of the digital judicial case file). 17) That via official letter AJRB-236-04 of July 7, 2004, the Legal Advisory Office of the Brunca Region issued a legal opinion regarding the adjudication of 113 parcels on the extinct Banco Anglo farms, requiring the General Manager, Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, that they should be adjudicated without applying article 67 of Law 2825. (Images 121 to 125 of the judicial case file). 18) That via official letter GG-2161-04 of August 18, 2004, issued by the General Management of the INDER, the Board of Directors of the INDER was requested to grant 113 property titles without the limitations established by article 67 of Law 2825 of October 14, 1961, based on the fact that the farms belonging to the extinct Banco Anglo, located in the district of Aguabuena, Coto Brus canton, were transferred to the IDA, with occupants who had been on those parcels for more than 25 years (Images 111, 120 to 125 and 555 of the digital judicial case file). 19) That the Board of Directors of the Rural Development Institute ordered in article 12 of Session 032-04 of August 30, 2004, to adjudicate without the legal limitations, 113 parcels to occupants of the extinct Banco Anglo lands. (Images 111 to 118 of administrative case file volume 3, as well as the testimonial declaration of Don Berny Quirós Zúñiga). 20) That the Board of Directors of the Rural Development Institute in article 58 of session 016-06 of May 2, 2006, established the procedure to exempt from the family selection survey and land titling in settlements that were acquired by the INDER to resolve land occupation conflicts (folios 93 to 98 of administrative case file volume 3, images 13220 to 13226 of the digital administrative case file of the Contraloría General de la República, as well as the testimonial declaration of Don Berny Quirós Zúñiga). 21) That the Contraloría General de la República issued report number DFOE-ED-7-2007 of March 15, 2007, called Report on the compliance and validity of the functions assigned to the IDA, through which it ordered the Board of Directors of the INDER, section 4.2.2. a) Not to issue real estate acquisition agreements until said Board of Directors demonstrates before this Contraloría General the correction of the weaknesses, deficiencies, and irregularities commented on in points 2.1 and 2.5 of this report, and in section 4.2.2. c), to repeal agreement number 58 of May 2, 2006, issued in session 16-06, which approved the abbreviated procedure for adjudication, segregation, and titling, all of which was not challenged by the plaintiff. (Images 169 to 238 of the digital judicial case file, digital administrative case file of the Contraloría General de la República folios 1 to 56 of the recourse phase, as well as the testimonial declaration of Don Berny Quirós Zúñiga and Don Bernal Mora Calvo). 22) That the Board of Directors of the Rural Development Institute ordered in article 3 of session 012-2007 of May 9, 2007, to repeal agreement number 58 of May 2, 2006, issued in session number 016-06, which approved the abbreviated procedure for adjudication, segregation, and titling (folios 168 to 195 of administrative case file volume 3). 23) That the Board of Directors of the Rural Development Institute, in article 47 of ordinary session 044-2008 of December 9, 2008, agreed to request an opinion from the Procuraduría General de la República regarding the titling of lands without limitations on the extinct Banco Anglo properties (folio 75 of administrative case file volume 3). 24) That the Procuraduría General de la República, through opinion C-037-2009 of February 12, 2009, expressed to the INDER that the occupants of lands subject to subdivision (parcelación) must also submit to the normal beneficiary selection procedures referred to in articles 55, 62, and 63 of the Ley de Tierras y Colonización (folios 128 to 133 of administrative case file volume 3, as well as internal case file of the Procuraduría volume 1). 25) That via official letter DFOE-SD-960 of November 10, 2010, Licenciada Marjorie Gómez Chaves, of the Management of Follow-up of Dispositions of the Contraloría General de la República, states that the INDER complied with dispositions 4.2.2.a) and 4.2.2.c) of report DFOE-ED-7-2007 (Image 408 of the judicial case file). 26) That the INDER did not adjudicate a property title without limitations to Mr. Olivier Sánchez Ramírez on parcels B-4-11 with a measurement of 16,519.47 meters, plan P-746453.01, B-5-11 with a measurement of 170,224.25 meters, plan P-747495.01, and B-4-13 with a measurement of 102,061.63 meters, plan P-748001.01 (folios 17 to 33 of administrative case file volume 3, as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez). 27) That Mr. Olivier Sánchez Jiménez has registered in his name the property of the Partido de Puntarenas registration number 22129, which is a pasture (potrero) with a house, located in Agua Buena, Coto Brus canton, Puntarenas province, with a measurement of 427.75 square meters (Images 572 to 574 of the digital judicial case file, as well as the declaration of Don Olivier Sánchez Jiménez). 28) That within the farm are located water springs (nacientes) and properly protected areas of trees, with no deterioration of the forested area being observed. (Judicial inspection video). 29) That, through opinion SINAC-ACLAP-SRCB-975-2013 of August 8, 2013, the Área de Conservación La Amistad, Subregión de Coto Brus of SINAC, indicates in its "analysis report of plan P-747459-2001" the following of relevance: "…That according to a registry consultation, it was determined that the parcel corresponding to plan P-747495-2001 corresponds to registration number 6-119266-000, which is the property of the Instituto de Desarrollo Agrario… it is considered that the lands corresponding to survey plan number P-747495-2001 include areas that may form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) indicated by article 13 of the Ley Forestal 7575; however, the field verification must still be finalized to confirm said situation, the results of the verification will be submitted in the coming days." (Images 857 to 867 of the digital judicial case file). 30) That, through opinion SINAC-ACLAP-SRCB-1015-2013 of August 14, 2013, the Área de Conservación La Amistad, Subregión de Coto Brus of SINAC, indicates, as a "final analysis report of plan P-747495-2001," it states in relevant part: "…presents two forests of forest cover (cobertura forestal) which cover an area of 4.11 ha which corresponds to approximately one quarter of the total area of the parcel and which could form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado)… it is considered that the forest mass observed within the lands corresponding to survey plan P-747459-2001 coincides with the legal definition of forest established in the Ley Forestal 7575… the parcel corresponding to plan P-747495-2001 corresponds to registration number 6-119266-000, which is the property of the Instituto de Desarrollo Agrario… it is considered that the 4.11 ha of forest mass located within plan P-747495-2001 coincide with the definition of Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), described in article 13 of the Ley Forestal, as they correspond to forest lands owned by a state institution." (Images 841 to 844 of the digital judicial case file). 31) That, through opinion SINAC-ACLAP-SRCB-1022-2013 of August 14, 2013, the Área de Conservación La Amistad, Subregión de Coto Brus of SINAC, indicates in its "analysis report of plan P-746453-2001" the following of relevance: "… That understanding forest land (suelo forestal) as those lands that are located within land use capability classes VII and VIII (decree 23214-MAG MIRENEM), it is understood that the entirety of the lands comprised within survey plan P-746453-2001 then correspond to forest lands or lands of forest aptitude… That according to a registry consultation, it was determined that the parcel corresponding to plan P-746453-2001 corresponds to registration number 6-119269-000, which is the property of the Instituto de Desarrollo Agrario… it is considered that the lands corresponding to survey plan number P-746453-2001 coincide with the definition of Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) indicated by article 13 of the Ley Forestal 7575." (Images 845 to 856 of the judicial case file). 32) That, through opinion SINAC-ACLAP-SRCB-1023-2013 of August 14, 2013, the Área de Conservación La Amistad, Subregión de Coto Brus of SINAC, indicates in its "analysis report of plan P-748001-2001" the following of relevance: "… That understanding forest land (suelo forestal) as those lands that are located within land use capability classes VII and VIII (decree 23214-MAG MIRENEM), it is understood that the entirety of the lands comprised within survey plan P-7 48001-2001 then correspond to forest lands or lands of forest aptitude. … That according to a registry consultation, it was determined that the parcel corresponding to plan P-748001-2001 corresponds to registration number 6-119269-000, which is the property of the Instituto de Desarrollo Agrario… Therefore, and based on the aforementioned information, it is considered that the lands corresponding to survey plan number P-748001-2001 coincide with the definition of Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) indicated by article 13 the (sic) Ley Forestal 7575." (Images 868 to 879 of the judicial case file).

33) That, by means of criterion SINAC-ACLA-P-SRCB-518-2016 dated May 23, 2016, the La Amistad Conservation Area, Coto Brus Subregion of SINAC, states in its “Clarification of results related to the attention of requests 03791 and 06684-2013 of the Comptroller General of the Republic regarding plans P-747495-2001, P-746453-2001 and P-748001-2001,” of relevance with respect to plan P-747495-2001, the following: “… It was determined that the areas of forest cover (cobertura forestal) present on the property, which cover a total surface area of approximately 4.11 ha, present characteristics that coincide with the definition of forest (bosque) established in the Forestry Law (Ley Forestal) 7575. And since these are parts of a farm registered in the name of a State institution, they coincide with the definition of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) established in article 13 of the same law. No areas were identified that could be considered as forest lands (terrenos forestales),” with respect to plan P-746453-2001 it stated: “Areas were identified that coincide with the description of soil category VII (forest lands or lands of forest aptitude), in accordance with what is indicated in point 3.7 of the Methodology for the determination of land use capacity in Costa Rica, decree 23214-MIRENEM, specifically in relation to steep relief and pluvial life zone (This last parameter covers the entirety of the property). Therefore, since it is a farm registered in the name of a State institution, there is coincidence with the definition of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) established in article 13 of the same law. No areas were identified that could be considered as forest (bosque),” and with respect to plan P-748001-2001: “Areas were identified that coincide with the description of soil category VII (forest lands or lands of forest aptitude), in accordance with what is indicated in point 3.7 of the Methodology for the determination of land use capacity in Costa Rica, decree 23214-MIRENEM, specifically in relation to steep relief and pluvial life zone (This last parameter covers the entirety of the property). Therefore, since it is a farm registered in the name of a State institution, there is coincidence with the definition of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) established in article 13 of the same law. No areas were identified that could be considered as forest (bosque).” (Images 1238 and 1239 of the judicial file).

III. FACTS NOT PROVEN: The following are considered relevant facts not proven for the merits of this matter: 1) That the plaintiff has in his favor a specific and concrete administrative act that recognizes a subjective right of adjudication over parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13 or that there exists, on the part of INDER, an interest in excluding or not taking the plaintiff into account from the adjudication process; 2) That the plaintiff has submitted a request for adjudication and land titling of parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13, consequently, that INDER has issued a pronouncement in these terms (the court records). 3) That parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13 possessed by Mr. Olivier Sánchez Jiménez are not located within the farms of the Partido de Puntarenas numbers 12402 and 8508 (the court records). 4) That Mr. Olivier Sánchez Jiménez has not exercised possession over parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13 in a quiet, public, peaceful, good-faith manner, and as owner over parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13 (the court records).

IV. REGARDING THE ARGUMENTS OF THE COMPLAINT: In summary, the plaintiff bases his theory of the case on the fact of being the possessor of parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13 located in Agua Buena de Coto Brus, in the place known as Metaponto, since the year 1987, acquiring from someone who had begun possession over said lands in 1969. He explains that, in terms of registration, the indicated parcels formed part of the Partido de Puntarenas registrations 12402-000 and 8508-000 that belonged to Banco Anglo Costarricense, acquired by reason of a mortgage guarantee, later passing to the name of IDA, today INDER, by means of decree 28788-H of July 2, 2000, thus, at the time of acquisition by the indicated Bank, the preexistence of the plaintiff's possession existed. He affirms that, in the year 2004, the Board of Directors of IDA in session 32-04 of August 30, 2004, by means of agreement number 12, ordered the adjudication of 113 farms to the occupants, among whom the plaintiff is found, without the limitations of article 67 of Law 2825. By the year 2006, the Board of Directors of IDA in session 16-06 of May 4, 2006, created an abbreviated procedure for adjudication, segregation, and titling without the limitations of Law 2825, the institution beginning the execution of what was previously approved until May 9, 2007, when the Board of Directors of IDA in session 12-2007, became aware of report DFOE-ED-7-2007 from the Comptroller General of the Republic, ordering the suspension of adjudications in process and the repeal of the 2006 agreement, that is, eliminating the special adjudication procedure. He points out that, to this day, the indicated agreement 12 of the year 2004 has not been declared detrimental or in any way affected the subjective right that it generated in favor of the plaintiff, and therefore “there is no reason whatsoever for the omission in not having adjudicated the lands already identified above and thus, satisfying the social function as a guiding parameter of the motives and purposes of IDA, nor have the agreements adopted by the Board of Directors of that entity regarding the lands of the former Banco Anglo Costarricense been executed.” In closing arguments, the party affirms that we are in the presence of an activity of omission since INDER has not executed agreement 12 that grants a subjective right to its represented party and has no objective justification for not executing its own acts, clarifying that the indicated agreement is truncated since it only speaks of 113 farms when in reality it concerns more than 800 possessors, especially due to the fact that the situation discussed here is anchored between 2000 and 2004, it therefore not being possible to demand the completion of any procedure created subsequently, without violating the principle of non-retroactivity of the law. Regarding the introduction of SINAC and the issue of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), it highlights two things: first, that its represented party has never opposed or had pretensions that the lands having such characteristic be titled in its favor, nor has it been demonstrated that its represented party has carried out any act detrimental to the Natural Heritage; on the other hand, article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), which forms the basis of SINAC's technical criteria, clearly establish as an exception that the norm does not apply to lands guaranteeing operations of the national banking system, which is precisely this case, since they were acquired by Banco Anglo as a result of credit operations, which is demonstrated by the fact that the Attorney General's Office itself, through the State Notary, transferred the lands to IDA, not to SINAC.

V. REGARDING THE POSITION OF INDER: When answering the complaint, it makes a clarification regarding the affirmations of the complaint, since “article 15 of the Law on the Dissolution of Banco Anglo Costarricense No. 7471 of December 27, 1994, provided that the assets and goods of any nature that at the end of the liquidation process of said banking institution have not been sold or transferred to other entities, shall become property of the State. Subsequently, by means of Executive Decree No. 28788-H of July 2, 2000, it provided, among others, that the real estate located in Puntarenas, registration numbers 8508-000 and 12402-000 be transferred to the Institute of Agrarian Development in order to fulfill the purposes legally entrusted to it, these being those established in the Land and Colonization Law; that is, the allocation of lands to persons who lack them or possess them insufficiently for their development, after carrying out the socio-economic studies.” Regarding the central point of agreement 12 of August 30, 2004, where it is ordered to adjudicate 113 properties, following the line of both the Comptroller General of the Republic and criterion C-037-2009, the interested parties must follow the normal procedures for the selection of beneficiaries referred to in articles 55, 62, and 63 of the Land and Colonization Law and regulated in the Regulation for the Selection and Assignment of Land Applicants, especially considering the repeal of the abbreviated adjudication procedure that was in force between 2006 and 2007. Furthermore, said agreement does not cite the plaintiff's name specifically, and therefore a subjective right cannot be derived in the terms affirmed in the complaint, without mentioning that “… It is also necessary to highlight that the plaintiff has not demonstrated having exercised possession for more than forty years; which must be fully accredited by means of evidentiary elements and is not satisfied by the mere assertion of the party; therefore such affirmation is also not admissible.” Specifically, it points out that the plaintiff's claim finds no basis as there is no mechanism to exempt the ordinary procedure and the plaintiff has not carried it out. In closing arguments, it stated that the plaintiff is not included within agreement 12, and that INDER has not, in his particular case, made a recognition of land tenure, nor has he approached INDER to carry out the regularization procedure, verification, or technical studies in his favor or that of his predecessors, conduct that cannot be attributed to INDER, therefore there is no express adjudication in favor of the plaintiff and consequently one cannot speak of administrative omission, having in his favor, at best, an expectation of right that did not become consolidated as such. The censuses conducted at the institutional level are always preliminary in nature, and are not generators of subjective rights for those they cite and never replace the administrative verification procedure. He ends his presentation by affirming that, in any case, the titling of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) is not possible.

VI. REGARDING THE POSITION OF THE STATE: In its answer, the State representation points out that, even if there exists in a “census” or declarations of official witnesses, the simple statement of an official of the Institute of Agrarian Development about the occupation of persons on farms of Banco Anglo Costarricense does not prove that assertion, and much less if the manner in which that fact is known to him is not indicated. It points out that “In any case, from the documents contained in the court records, it does not appear that the Institute of Agrarian Development has recognized in favor of the plaintiff a right of possession for more than 25 years over any of farms Nos. 12402 and 8508 of the Partido de Puntarenas. Dealing with goods of public domain (according to the Constitutional Chamber, the IDA lands subject to subdivision proceedings have the condition of public domain goods), a simple statement in an institutional agreement that in a certain sector there are occupants with a certain time of possession is not sufficient to consider it accredited. Such statements were made generically and when the supposed persons in those conditions within the community of Agua Buena de Coto Brus are detailed, the plaintiff Olivier Sánchez Jiménez nor his transferors are mentioned.” It affirms that the fact that a special procedure existed in the year 2006 – 2007 does not, by itself, generate a subjective right. It alleges in its answer a lack of passive standing, lack of right. In closing arguments, it affirmed that the object of the process must be limited to the claim set by the plaintiff, since it is not about the recognition of a right to titling of a population, but of a particular subject and regarding three specific lands, which, according to the plaintiff, derive from agreement 12-2004, when from the evidence in the court records, it does not mention him, his predecessors, or the lands, meaning he lacks standing for his claim. On the other hand, the executive decree that transfers the lands in favor of IDA always made the exception of not including goods such as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). Moreover, there is no specific administrative action or process whatsoever in favor of the plaintiff regarding the lands he claims as his own, since he did not even submit a request, ergo, there was also no denial or pronouncement to evaluate the plaintiff's legal situation, his claim being a substitution of the active administration's action, without the procedure provided for in the law and regulations. The jurisprudence of the First Chamber and the precedent of the Seventh Section has indicated that the subjective right must be expressly and specifically stated in the administrative act of adjudication. None of the elements of evidence in the court records are useful to demonstrate the requirements that the plaintiff must demonstrate in the respective administrative procedure. The party attempts to derive probative value from censuses that they do not possess. In any case, there is the presence of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) that prevents private titling in accordance with the Forestry Law (Ley Forestal). It reiterates the lack of active and passive ad causam standing, as well as the lack of right.

VII. REGARDING THE POSITION OF SINAC: It points out that the lands requested by the plaintiff constitute State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), and therefore are not susceptible to titling. Furthermore, in the file there is no information accrediting the recognition of the plaintiff's right of possession in farms 12402 and 8508. The recognition of this right is not satisfied by the simple statement of an official (document OSCB-131-2004 dated June 11, 2004), which indicates that there are occupants on said properties, but upon analyzing the list called "List of applicants Banco Anglo" the name of the plaintiff does not appear, nor that of those who sold or assigned the rights to the plaintiff. As proven by the plans and the information provided by the plaintiff himself, the land over which a subjective right is claimed for having taken place, according to him, adverse possession in his favor, is not only located within the farm of IDA, now INDER, but is located within State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) based on the provisions of articles 13, 14, and 15 of Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, according to documents SINAC-ACLAP-SRCB-1015-2013, SINAC-ACLAP-SRCB-1022-2013, and SINAC-ACLAP-SRCB-1023-2013. It points out that in this process there is no concrete action – active or omissive – by the National System of Conservation Areas (SINAC) that is being challenged by the plaintiff in relation to his possessory right. It alleges lack of right and lack of active and passive standing. In closing arguments, it affirmed that the claims are incompatible with the protection of public domain goods, making it necessary to reject what is requested by the plaintiff and regarding SINAC's technical criteria that have not been challenged, reiterating the defenses raised in the answer.

VIII. ON THE COMPETENCIES OF THE INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT, AND THE REGULATORY LEGAL REGIME OF THE PROPERTIES ASSIGNED TO ITS CHARGE: The Land and Colonization Law, number 2825 of October 14, 1961, provides that the Institute of Rural Development has the purpose of linking citizens to a healthy regime of land possession, ensuring that the assignment of this resource promotes the gradual increase of productivity, advocating for a just distribution of its product and the elevation of their socioeconomic condition, in order to make them a conscious participant in the development of the nation, thus achieving a just distribution of wealth and avoiding indirect forms of land exploitation (article one), recognizing the existence and legitimacy of private property. It is indeed a norm implementing canon 50 of the Political Constitution, which essentially seeks to promote agrarian reform and grant lands to those persons who really need them. By reason of such tasks, the Board of Directors of said entity has the power to promote subdivision plans, order the acquisition of private property in order to fulfill its economic-social purposes, to make owners of the peasants to whom it adjudicates a parcel, and to approve the adjudication of farms for the granting of the respective titles. All of this undoubtedly establishes a special property regime, safeguarded and protected in an aggravated form, with the object of destining it to the purpose entrusted by law, thus preventing the land from being dedicated to purposes contrary to its social aim, which would imply its denaturation. Thus, there is control on the part of this entity as to who or who request a parcel for agricultural exploitation, which materializes in a series of controls, filters, and oversight that, within the scope of its competencies, allow the fulfillment of the so-called aim. Therefore, the final act that culminates this exercise of public function materializes in the adjudication of the parcels by sale, the latter determined by the acquisition costs and other administrative charges, since no profit is intended, the Institute issuing in favor of the occupant who has passed all the stages of the indicated control and obtaining in exchange a provisional possession title in which their rights and obligations are stated, which in turn maintain surveillance on the part of the indicated Institute to verify that the land fulfills the purpose for which it has been delivered, that is, to verify if the occupant has cultivated the indicated minimum and satisfactorily fulfilled the other obligations, so that, once the period assigned for this control has been exceeded, they will finally have the right to be granted the property title (article 65 of the cited law). In accordance with all the foregoing, it is clear that the occupant aspiring to be titled and later title holder obtains the land with a series of limits and limitations, among which it stands out that the beneficiary may not transfer the domain of their property, nor encumber it, lease it, subdivide it without authorization from the Institute, except if fifteen years have elapsed since the acquisition of the parcel and all obligations with said entity have been cancelled, for which reason private contracts entered into by the adjudicatee with third parties do not bind the entity. It must be remembered that what the norm seeks is rural agrarian smallholding, denying the possibility of land concentration and large estates as occurred in other latitudes. It is worth noting that, despite the legislator's interest, which is otherwise valid, it presents the defect of denying the adjudicatee the possibility of credit from banking institutions, leaving the investment to the personal resources of the adjudicatee who, as a rule, lacks them. In this sense, it was provided that, even after such period has elapsed, if the alienation of the parcel produces the concentration or excessive subdivision of property, the Institute may acquire them preferentially (numeral 67 of the same normative body), thereby making manifest the permanence of public surveillance and control in the matter. However, in the case of lands declared as national reserves, private individuals are prohibited from enclosing with fences, building, cultivating, extracting firewood, wood, vines, or any other product for exploitation purposes, or using such farms (ordinal 8 of Law 2825). By reason of this, numeral 11 of Law 2825 stipulates that the following belong to the State as national reserves, unless proven otherwise: "a) All lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, of Municipalities, or of Autonomous Institutions; b) Those not covered by decennial possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general all those that, not being private property, are not occupied in public services." Highlighting the exception contemplated in ordinal b), cited above for cases of decennial possession, which is consistent with what is stipulated in numeral 92 of the same Law, which empowers possessors in precarium who carry out stable and effective acts of possession, as owner, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, even if the land is registered in the name of a third party in the Public Registry, and who have decennial possession, to register their right through the possessory information procedure. This is a property regime derived from possession, special and vested with public interest. Likewise, ordinal 101 ibid safeguards the possession rights of occupied farms by possessors who have possessed them for more than 10 years directly or through their transferors and without the need for the transfer of title required by the Civil Code, to assert them in an expropriation process. Similarly, in article 122 ibid, the decennial possessor is also exempted from having to request authorization from INDER to sell, encumber, lease, or segregate the farm. Consequently, in such events and situations, the adverse possession acquired by the possessors is safeguarded, without them having to submit to the ordinary subdivision procedures of INDER, with the application of the limitations expressed in ordinal 67 ibid. In these cases, it is not the figure of typical rural smallholding, but rather the regularization of de facto situations that the legal system protects.

IX. SPECIFIC CASE. ABSENCE OF ALLEGED ADMINISTRATIVE OMISSION. THE PLAINTIFF HAS NOT MANAGED THE RECOGNITION OF HIS POSSESSORY STATUS. THE JUDGE DOES NOT SUBSTITUTE ADMINISTRATIVE ACTION: Specifically, the theory of the case of the plaintiff revolves around the allegation of a supposed omission on the part of INDER not to execute, in his favor, Article No. 12 of session 032-2004 held on August 30, 2004, of its predecessor IDA, affirming that from it a subjective right detaches that is being harmed. In this regard, we must remember that omission, as a cause of administrative liability, must be analyzed on a double parameter: on one hand, the existence of a legally valid duty to act, and on the other, the material proof of administrative inaction in the face of such legal duty to act. We clarify that the duty to act must necessarily be valid from a legal perspective, as it is not possible to demand the Administration act on a conduct that finds no basis in the terms of article 11 Constitutional and 11 of the General Law of Public Administration, and even if, due to some abnormality, said Administration recognized in favor of an administered party a certain action that does not comply with such parameters, it is called to disapply said act and suppress it through the mechanisms established by our legal system, with revocation, the suppression described in 173 and 183 of the General Law of Public Administration, or declaration of detrimental effect, in those cases where the abnormality has provoked a subjective right in favor of the individual. Thus, this Chamber of judges understands, beyond the discussion of whether the plaintiff or his predecessors have or do not have an express pronouncement within agreement 12-2004 of IDA, or whether the lands marked as parcels B-4-11, B-5-11 and B-4-13 are or are not expressly cited in said agreement, we must first determine if the agreement itself constitutes the basis of an active duty of administrative action that forms part of the premise of the alleged omission. To do this, we must dwell in detail on the indicated agreement, to highlight several aspects of interest. The agreement in question states: “In accordance with document GG-2161-04… a) The justification raised by the Directorate of the Brunca Baja Region, so that the property titles are delivered without the limitations established by art. 67 of Law 2825, since the farms belonging to the former Banco Anglo located in the district of Aguabuena, canton of Coto Brus, were transferred to IDA, with occupants, with more than twenty-five years of being on said property, which has resulted in those occupants having rights that in many cases exceed decennial possession. b) That IDA as governing entity in agrarian matters must provide flexibility in the selection requirements when adjudicating these types of families, with the purpose of giving a solution to a problem of land tenure. c) That the families who find themselves in situations such as those of these settlements must pay to the Institute the administrative and topographic costs incurred by the Institute for the production of property titles. FOR THE FOREGOING AND CONSIDERING THE IMPORTANCE THAT THESE POSSESSORS HAVE THEIR PROPERTY TITLES, IT IS AGREED: To adjudicate 113 properties to the occupants of the lands of the former Banco Anglo” (Images 555-562 of the digital judicial file), citing a total of 87 parcels distributed among 59 individuals and/or legal entities, where, effectively, it is not possible to identify parcels B-5-11, B-4-11, and B-4-13, nor the name of the plaintiff or his predecessors Nelson Porras Aguilar, Misael Valverde Granados, or Leonardo Picado Arguedas. However, in accordance with article 136 of the General Law of Public Administration, it is necessary, to determine in its entirety the scope of the motivational content of the act, to refer to document GG-2161-04, and to the act’s own reference of 113 properties, despite the fact that in the list only 87 appear, without an express will of the collegiate body being observed to separate itself from the technical criterion and not pronounce on the 26 farms that are not cited in the agreement. Now, the referenced document GG-2161-04 is in reality not an original criterion, but a forwarding memorandum from the Manager to the Board of Directors that only expresses as “subject”: “Adjudications on the Farm of the former Banco Anglo,” and in the body of the memo states: “Note AJRB 236-04. For knowledge and resolution of the Board of Directors, the Directorate of the Brunca Alta Region requests the adjudication of 113 properties, distributed in the following manner: Lots = 18, Small Farms = 22 and Parcels = 73” (Image 120 of the judicial file). Continuing with the line of analysis, criterion AJRB 236-04 of the Legal Advisory of the Brunca Region dated July 7, 2004, bases its legal opinion on the document prepared by the Brunca Alta Directorate DRB-A-584-2004, dated June 16, 2004, which states regarding the point of interest: “In response to the attached document OSCB-131-2004, I request you process before the Board of Directors the adjudication of the possessors of lands of the Banco Anglo farms, located in Aguabuena de Coto Brus. As indicated in the cited note, this concerns the third and fourth group, since previously adjudications of the same settlement were approved, based on document DAJ-1005-2002 of the Directorate of Legal Affairs, where it is interpreted, among other aspects, that the titles to be processed subsequently will not be affected by the limitations of article 67 of Law 2825” (emphasis is ours, images 126 to 128). The foregoing finally leads us to the technical criterion OSCB-131-2004, prepared by the Brunca Regional Directorate dated June 11, 2004, which states regarding the point of interest: “We request your collaboration in the processing before the Board of Directors of adjudications of occupying families of the Banco Anglo settlement, located in the district of Aguabuena of 1 canton of Coto Brus according to the detail of attached tables. This concerns the third and fourth group for the cited procedure, since in Article XXX of Session 083-02 of December 9, 2002, the first group was adjudicated, subsequently through Article 26, Session 028-03 of June 16, 2003, the second group of these families was adjudicated where, according to document DAT -1005-02 and antecedents, the possessors meet the requirements and conditions established by articles 62, 63, 92, 101, 130 of Law 2825 and its amendments. In the same agreement, it is indicated that in the processing of deeds for that settlement, the basis of document DAJ-1005-02 must be taken into account, which is interpreted among other aspects, that the titles will not be affected by the limitations of article 67 of Law 2825” (Images 129 to 133 of the digital judicial file, emphasis is ours), and in which the detailed table of properties and possessors is attached, without describing parcels B-5-11, B-4-11 and B-4-13, nor the name of the plaintiff or his predecessors Nelson Porras Aguilar, Misael Valverde Granados, or Leonardo Picado Arguedas.

With all this overview, we can now determine the fundamental elements of the administrative act contained in Article No. 12 of Session 032-2004 held on August 30, 2004 of the IDA, this in application of Article 136 of the General Public Administration Law, finding that, first, the act is, in reality, the third of its kind, together with the agreements of sessions 083-02 of December 9, 2002 and 028-03 of June 16, 2003, encompassing a total of four groups of properties that form part of the settlement developed on the farms that belonged to the Banco Anglo; second, that said groups had previously undergone technical and legal analyses, before the pronouncement of the IDA Board of Directors, and third, contrary to the plaintiff's thesis, the indicated agreement has no effects in his favor, nor for the properties he possesses or for the previous possessors. In other words, the respondent representations are correct that the plaintiff does not have in his favor a subjective right derived from said agreement 12 that allows him to support his theory of the case. However, if we follow the temporal line of events, it is true that through agreement number 58 of May 2, 2006, issued in session number 016-06, the IDA Board of Directors approved an abbreviated procedure of adjudication, segregation, and titling for the lands occupied in that location, which was subsequently repealed by Article 3 of session 012-2007 of May 9, 2007 of the same Board of Directors; however, it does not emerge from the record that the plaintiff participated in the first, second, third, or fourth of the groups analyzed by the IDA or subsequent groups, before, during, or after the validity of said special procedure. Therefore, the evidence on record is devoid of identifying that the plaintiff complied with the dispositive principle of participating in the qualification and technical processing procedures of the IDA to become a beneficiary of an adjudication from that institution, it being only accredited with the evidence on record that he was mapped as part of the totality of the parcels that belonged to the Banco Anglo, as emerges from the census conducted and the declarations received from IDA officials, but that is not sufficient to accredit that the plaintiff had, with respect to the claimed properties, his own or individualized management that would determine the fulfillment of the titling requirements, thus coinciding with the thesis of the respondent INDER in pointing out that censuses are preliminary in nature and that in any case they cannot substitute the administrative verification process. We must understand then, according to what was set forth in the previous recitals of this judgment, that it is not possible to sustain an alleged administrative omission, given that it is not accredited that there exists any proceeding initiated by the plaintiff to participate in any of the groups that have already regularized their land tenure, it not being, as the plaintiff intends to make it seem, that there exists an obligatory burden on the respondent INDER to initiate the proceeding ex officio, without the technical and procedural analyses having been previously exhausted which, at least with the evidence on record, were indeed carried out with the subjects that belonged to groups one through four. It should be noted that, in this proceeding, the plaintiff does not question any of those three actions; that is, the action is not framed in terms of reviewing the content of the act, or any of the preexisting actions in which he was somehow included or excluded, but rather takes it for granted that he has membership in one of those groups (particularly the third – fourth group covered by Article 12 of session 032-2004), without demonstrating that this is so, according to the documentary evidence already indicated. Now, pursuant to numerals 1, 2, 36, 42, and 122 of the Contentious Administrative Procedure Code, we must remember that judicial review serves to supervise active or passive conduct; its purpose is not to substitute the Administration; that is, the judge does not substitute the Administration in the first order, but rather controls its actions, evaluating them and making decisions of confirmation, correction, or determination of the parameters applicable to a specific case. In this vein, it is not possible for this Tribunal, in the case at hand, to substitute the technical and, in general, procedural evaluation of land titling in favor of the plaintiff, without him having previously requested the competent Administration to exercise its legal powers; in other words, it is not demonstrated that the plaintiff has managed the recognition of his possessory status before the IDA, now INDER, and therefore it is not possible to confirm the existence of an administrative omission in those terms, nor is it possible for the Tribunal to substitute the normal exercise of powers that corresponds to INDER, so the argument is not receivable.

X. ANALYSIS OF THE MERITS BUDGET. STANDING: As a derivation of the preceding recital, we find that, as the respondent parties allege, we must analyze the active standing that the plaintiff intends to exercise in this proceeding, and for this, we refer to the claim that is the object of pronouncement, which seeks that it be declared: “The subjective right of Mr. Olivier Sánchez Jiménez, plaintiff herein, over the lands on which he exercises possession, thus recognized by INDER… and that the indicated parcels be granted consequently as owner of said parcels without the limitations of Article 67 of Law 2825 in harmony with what was agreed by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, today INDER, in its Article No. 12 of Session 032-2004 held on August 30, 2004”; as can be observed, the claim is based on the derivation of an alleged subjective right originating from the already studied Agreement No. 12 of the IDA. In this sense, and reiterating what was already set forth in the preceding recital, it is not possible to identify a causality between this act and the plaintiff, since, not even referring us to the criteria that give content to said agreement pursuant to Article 136 of the LGAP, can one identify the parcels that are the object of the proceeding nor the previous possessors or the plaintiff himself therein, which confirms that there is no active standing in favor of the plaintiff, insofar as such act of the IDA (or those that support it) does not provide him coverage in terms of the factual or legal support of a subjective right in his favor, consequently implying that his claim must be declared without merit. Given the absence of this necessary prerequisite for the action, it becomes unnecessary to rule on the other defenses of lack of passive standing and lack of right. Likewise, due to the manner in which it is being resolved, a ruling on the other merits aspects of this proceeding is omitted.

XI. COSTS: In accordance with numeral 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so. Dispensation from this award is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In this case, this Collegiate Body finds no reason to apply the exceptions set forth in the applicable regulation, since, as stated supra, the plaintiff has lost this claim by lacking active standing; therefore, he is ordered to pay both costs of the proceeding.

THEREFORE:

The lack of active standing ad causam is upheld. Ruling on the other defenses and exceptions is omitted as unnecessary. Consequently, the action filed by Mr. Olivier Sánchez Jiménez against the Institute of Rural Development, the State, and SINAC is declared WITHOUT MERIT in all its aspects. Both costs are borne by the plaintiff. Notify.

 

CARLOS JOSÉ MEJÍAS RODRÍGUEZ

CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR    LAURA GÓMEZ CHACÓN

 

	


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DAZPNKBUZ3W61
CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 10-004376-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 (EXT 01-2707) or 2545-0099 (EXT 01-2599). Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: [email protected]

 

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